La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas.

La lista de 2023 incluía 97 empresas, de las que siete han sido eliminadas, por lo que ahora son un total de 158, en su mayoría israelíes (138), aunque también hay seis de Estados Unidos, dos de Francia y otras dos de Reino Unido, además de las cuatro españolas.

Se trata de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI)*, Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), de acuerdo con la lista de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Según la ONU, las cuatro han participado en proyectos ferroviarios en Israel, en especial en la red de tranvía de Jerusalén, que une esta ciudad en algunas de sus líneas con paradas en territorios ocupados. A este respecto, fuentes del Ministerio español de Transportes, de la que depende la pública Ineco, han explicado que la firma únicamente tiene actividad allí para concluir los contratos pendientes, pero que ya hace tiempo que no busca nuevas oportunidades de negocio en ese país.

Por su parte, ACS se ha puesto en contacto con infoLibre para aclarar que SEMI ya no es una empresa suya, dado que se vendió con Cobra hace años a Vinci, "y no tenemos actividad alguna en Israel".

La guipuzcoana CAF dice no haber constatado "ninguna vulneración de los derechos humanos" en el proyecto del tranvía de Jerusalén en el que participa, sino que, al contrario, "genera impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes".

Otras firmas no israelíes destacadas en la lista son las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking, la también norteamericana Motorola, la empresa de ingeniería francesa Egis y su filial ferroviaria, o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.

La lista no lleva asociadas sanciones, su carácter es simplemente informativo, aunque la oficina de la ONU pide a las empresas incluidas que "tomen medidas adecuadas para abordar el adverso impacto en los derechos humanos" de sus actividades.

Según el alto comisionado Volker Türk, al frente de la oficina de Naciones Unidas, la lista subraya la necesidad de que se asuman responsabilidades y se cumpla la debida diligencia a la hora de operar en contextos de conflicto, "con el fin de garantizar que las actividades no contribuyen a abusos de derechos humanos".

La oficina también anima a los once Estados con empresas en la lista (los arriba citados más Portugal, Canadá, Alemania, China, Luxemburgo y Países Bajos, con una firma cada uno) a tomar medidas al respecto.

"Deben garantizar con medios judiciales, administrativos, legislativos u otros que cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales dentro de su territorio o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a remedios efectivos", destacó.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió en 2024 información sobre hasta 596 empresas posiblemente involucradas en actividades en la Cisjordania ocupada, pero solo pudo estudiar hasta el momento una tercera parte del total.

Todas las empresas de las que se habían presentado alegaciones fueron informadas sobre ello e invitadas a colaborar, destacó el organismo de la ONU, aclarando que su mandato no incluye estudiar actividades en Gaza.

El Consejo de Derechos Humanos encargó en 2016 a la oficina la elaboración y actualización de esta lista, centrada específicamente en actividades que incluyeran el abastecimiento de materiales para la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de viviendas y propiedades de los palestinos, seguridad y vigilancia, uso de recursos naturales, u operaciones que contaminaran localidades palestinas.

Entre las empresas que han salido de la lista tras figurar en la de 2023, al considerarse que ya no llevan a cabo alguno de esos tipos de actividades en los asentamientos ilegales, se encuentran la francesa Alstom o la plataforma de reservas eDreams ODIGEO, actualmente con sede central en España aunque en la primera versión de la lista (de 2020) figuró como firma de Luxemburgo.

Las nuevas empresas incluidas con la actualización de 2025 se dedican principalmente a actividades relacionadas con la construcción, el sector inmobiliario y la minería, sectores a los que ha dado prioridad la ONU en sus recientes pesquisas, mientras que en su próxima actualización primarán las del sector de la seguridad.

En 2020, poco después de que la ONU publicara su primera versión de la lista, el Gobierno palestino aseguró que daría tiempo a las empresas extranjeras que operan en asentamientos ilegales israelíes para que cesen esas actividades, pero que de no hacerlo se les podría exigir una indemnización. 

* Esta noticia ha sido objeto de modificación al considerar, en un principio y por error, a SEMI como una filial de ACS cuando, en realidad, no tiene vínculo alguno. Consulta aquí la base de datos de la ONU.

CriteriaCaixa, el brazo industrial de la Fundación Bancaria la Caixa, ha alcanzado una participación del 9,4% en ACS por un importe de 983 millones de euros, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

A este respecto, ACS ha comunicado también al supervisor que ha acordado la cancelación anticipada de los dos contratos forward sobre acciones propias, liquidables exclusivamente en metálico por diferencias, que afectan en la actualidad a un total de 25.431.299 acciones propias, para ser compradas por CriteriaCaixa, lo que supone una participación del 9,361% del grupo presidido por Florentino Pérez.

Tras la operación, CriteriaCaixa se convertirá en el segundo mayor accionista de ACS y propondrá a su consejo de administración el nombramiento de Isidro Fainé como consejero dominical.

La operación se enmarca en la política de inversión de CriteriaCaixa –compañía presidida por Isidro Fainé y cuyo consejero delegado es Ángel Simón–, que selecciona empresas líderes en sectores altamente atractivos, con capacidad de crecimiento y generación de valor.

Las acciones de ACS registraban un descenso del 0,30% a las 9.31 horas, hasta los 39,62 euros.

Esta toma del 9,4% de ACS por parte de Criteria sucede a la intención del holding de La Caixa de elevar al 10% su participación en Telefónica y de hacerse con un 17% de Colonial, a la vez que se prepara para reforzar su posición en Naturgy en el marco de la OPA que tiene previsto lanzar el grupo emiratí Taqa.

El presidente ejecutivo de ACS, Florentino Pérez, percibió 6,65 millones de euros por el ejercicio de sus funciones en el ejercicio 2022, mientras que el consejero delegado, Juan Santamaría, fue retribuido con 3,84 millones de euros.

Según el informe de remuneración de consejeros remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del total percibido por Pérez el pasado ejercicio, 5,260 millones fue la retribución total en metálico, mientras que 1,362 millones correspondió a la retribución por sistemas de ahorro y 32.000 euros por otros conceptos.

La retribución total de Florentino Pérez aumentó el pasado ejercicio un 12,57%, al pasar de los 5,911 millones de 2021 a los 6,654 millones de 2022. No obstante, su retribución en 2018, de 6,759 millones, era superior a la del pasado año.

De su lado, Juan Santamaría, que accedió al cargo el 6 de mayo de 2022, percibió 2,267 millones en metálico, 480.000 euros en sistemas de ahorro y 33.000 euros por otros conceptos. Además, percibió 1,063 millones como retribución devengada en sociedades del grupo. Cabe recordar que Santamaría es también CEO de Hochtief y presidente ejecutivo de Cimic, consejero de Turner Corporation, y Thiess, entre otras.

José Luis del Valle, consejero secretario de ACS, obtuvo una retribución en 2022 de 4,348 millones de euros, de los que 3,417 millones los percibió en metálico, 657.000 euros en sistemas de ahorro y 272.000 euros por la retribución devengada en sociedades del grupo.

El vicepresidente de ACS, Antonio García Ferrer, percibió un total de 2,197 millones de euros por su actividad en 2022.

En total, el consejo de administración de ACS percibió una retribución en 2022 de 19,65 millones de euros.

La remuneración media de los empleados de ACS fue en 2022 de 50.000 euros, un 11,11% más de los 45.000 que percibieron un año antes.

Las grandes empresas del Íbex 35 salieron de la crisis del coronavirus ganando 51.993,73 millones de euros en 2021. Sólo seis repitieron pérdidas, de las 10 que terminaron 2020 en números rojos. Y redujeron sus plantillas, aunque sólo un 0,9% respecto al año anterior: emplean a 1,24 millones de trabajadores en todo el mundo. Pero con los salarios no fueron generosos, o al menos no con los de sus plantillas, porque el sueldo medio en esas 35 compañías sólo subió un 2%, en un año que cerró con el 6,5% de inflación. Por tanto, los trabajadores de estas empresas perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo. Muy distinta suerte corrieron las retribuciones de los altos directivos, que mejoraron en 2021 un 16,1%, multiplicando por ocho el alza concedida a los empleados. Las de los miembros del consejo de administración crecieron sólo un poco menos, un 11,9%, el doble que el IPC.

Los datos proceden del Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35 que elabora desde 2016 el sindicato Comisiones Obreras. El resultado de esa disparidad de comportamiento entre los salarios de los trabajadores y de las cúpulas directivas de las mayores compañías españolas es que la retribución media de un consejero es 14,5 veces la de un empleado y la de un directivo la multiplica por 19,4. Con los primeros ejecutivos –presidentes y consejeros delegados– la brecha se disparó en 2021: su salario multiplica por 89,6 el de un trabajador. Ese año, la distancia aumentó en 12,4 puntos por efecto de la enorme remuneración extraordinaria que percibió al jubilarse Jaume Guardiola en el Banco Sabadell, 24,3 millones de euros. Sin ella, las retribuciones de los primeros ejecutivos del Íbex 35 habrían subido sólo un 2%, lo mismo que las de sus empleados.

En cualquier caso, el peso de los sueldos y otras remuneraciones de los primeros ejecutivos es tal que suponen casi la mitad de las retribuciones percibidas por los consejos de administración, según destaca el informe. “Está claro que hay un comportamiento desalineado entre los salarios de las plantillas y los de quiénes deciden esos salarios”, criticó el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en la presentación del documento, “que resulta aún más sangrante en un año en que los trabajadores perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo por la inflación”. Bravo mencionó la “creciente contestación” en las juntas generales de accionistas a las elevadas remuneraciones de ejecutivos y consejeros.

En el año de la recuperación las empresas del Íbex 35 también fueron mucho más generosas con sus accionistas que con sus trabajadores. Repartieron como dividendo 19.847,45 millones de euros, el 38% de sus beneficios. La cifra supera en un 26,1% la de 2020. De hecho, hubo dos empresas que, aun con pérdidas, distribuyeron dividendos: la compañía de telecomunicaciones Cellnex –56 millones– y la farmacéutica Almirall –54 millones–. Además, la cantidad pagada a sus accionistas por Enagás y Endesa superó la cifra de los beneficios obtenidos –110% y 104%, respectivamente–. Por el contrario, Amadeus, Solaria y Grifols, que cerraron con ganancias, no repartieron dividendos. Las que más dinero destinaron a remunerar a sus accionistas fueron Inditex, con 2.894,5 millones de euros; Iberdrola, con 2.821,1 millones, y BBVA, con 2.027,4 millones.

De los 1,24 millones de trabajadores que los gigantes del Íbex 35 emplean en todo el mundo, el 63,2% se encuentra fuera de España. Con enormes diferencias: en Cíe Automotive la plantilla en el extranjero alcanza el 90,6% y el 86,7% en Banco Santander, mientras que en la farmacéutica Rovi y en Endesa, sin embargo, es sólo el 2,4%, mientras que en Enagás no llega ni al 1,3%. En Ferrovial, que la semana pasada anunció el traslado de su sede social a Países Bajos aduciendo, entre otros motivos, su internacionalización, de sus 63.070 trabajadores, el 51,3% se encuentra fuera de España. Las empresas con mayores plantillas son Banco Santander, que emplea a 197.000 personas en todo el mundo; Inditex, con una nómina de 165.000; BBVA, con 110.000, y Telefónica, con 103.000. Pero en 2021 sólo Inditex, que contrató a 20.000 personas, Caixabank –14.000 nuevos empleados procedentes de Bankia–, Banco Santander –5.000 más– y Acciona –3.000 más– crecieron en personal. Ferrovial, por el contrario, lo redujo en 17.000 trabajadores, ACS en 15.000, BBVA en 12.000 y Telefónica en 8.000.

En las grandes empresas, el empleo temporal está por debajo de la media española. Las 35 del Íbex tienen una tasa de sólo el 9,6%, mientras que la nacional era en 2021 del 25,4%. Aun así, en ACS, Acciona y Meliá superaban ese porcentaje. En cambio, sólo el 0,2% del empleo es temporal en Caixabank o el 0,3% en Bankinter. Mientras los contratos de este tipo se redujeron ese año –muy poco, un 0,9%– aumentaron los de tiempo parcial, casi cuatro puntos porcentuales, hasta el 16,5%. Donde más contratos por horas firman sus trabajadores es en Inditex, con un 55,8%, seguida de ACS, con un 40,7%. Es más, el grupo de Amancio Ortega duplicó en 2021 el número de trabajadores a tiempo parcial, mientras que ACS lo aumentó en un 44%.

De esos 1,24 millones de trabajadores, el 48,5% son mujeres. Pero aquí también hay enormes diferencias. La empresa con más mujeres es Inditex, con un 75,7% de empleo femenino, y la que contrata menos es Arcelor Mittal, con sólo un 6,3%.

En las cúpulas directivas, el panorama cambia. Sólo nueve empresas tienen al menos un 40% de mujeres en su consejo de administración: Red Eléctrica –la que más, el 50%–, Bankinter, Cellnex, Iberdrola y Amadeus. Pero en los de Solaria, Fluidra y Rovi sólo hay una mujer sentada en el consejo. Aun así, han aumentado las compañías que cumplen con el porcentaje recomendado por la CNMV, porque en 2020 eran sólo cinco. Los consejeros del Íbex 35 son 421 personas. El personal de alta dirección, 409 ejecutivos. Pero entre ellos el número de mujeres es muy inferior, el 22%, aun así 3,6 puntos porcentuales por encima de la cuota de 2020. La empresa con más altos directivos es Acciona, con un equipo de 45 personas, por sólo cinco con esa consideración en Telefónica, los mismos que en una compañía mucho más pequeño como Solaria. Por géneros, el 60% de los altos ejecutivos de la pública AENA son mujeres, pero sólo el 10% en Almirall y el 8% –una mujer– en Ferrovial. En Acerinox, Naturgy y Solaria no hay ni una sola mujer al mando. En Amadeus, Cellnex, Fluidra, Meliá, Merlín Properties, Siemens y Telefónica, sólo una.

Trasladada a los salarios, la brecha de género bruta en el Íbex 35 es del 11,3% de media, pero la superan ampliamente el Santander, con un 32,3%, IAG –26%–, Fluidra –24%– y Telefónica –21,8%–. Las que menor diferencia muestran son Meliá, con sólo un 1,1%, y AENA, con un 1,7%. Incluso en tres empresas, Siemens Gamesa, Arcelor Mittal e Iberdrola las mujeres cobran más que los hombres.

El salario medio de un empleado en uno de los grandes del Íbex 35 asciende a 54.871 euros anuales, muy por encima del sueldo medio español, que se situaba en 21.519 euros en 2021, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Sin embargo, también dentro del selectivo las diferencias son enormes. El sueldo medio más bajo de todos corresponde a Meliá, con sólo 16.000 euros al año, seguido de Cíe Automotive, con 17.000 euros, e Inditex, con 23.000 euros. Por arriba, las cifras son expresivas: un primer ejecutivo del Íbex cobró de media 4,9 millones de euros en 2021, un consejero, 796.399 euros y un alto directivo, 1,06 millones al año.

De vuelta a estas tres empresas concretas, la distancia con el primer ejecutivo se convierte en astronómica: el consejero delegado de Cíe Automotive percibió en 2021 una retribución de 5,9 millones de euros en beneficio bruto de las acciones, mientras que el de Inditex cobró 12,4 millones. Es decir, en el fabricante de componentes para coches el sueldo de su principal ejecutivo es 560 veces el salario medio de sus empleados, y en Inditex lo multiplica por 541.

Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

El diluvio de 220.000 millones de dólares –211.000 millones de euros– que Catar ha destinado durante la última década a hacer del tórrido y desértico emirato un lugar adecuado para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 atrajo como un gigantesco imán a empresas de todo el mundo. Para hacerse una idea de la cantidad de dinero que los riquísimos jeques cataríes pusieron en juego: equivale al PIB de Grecia según las previsiones del FMI para este año, e incluso supera al PIB del mismo Catar, que se calcula en 180.833 millones de dólares. De esa cantidad, sólo 10.000 millones han ido a parar a los siete nuevos estadios de fútbol con que se ha dotado el país.

Que la concesión del Mundial en diciembre de 2010 estuviera rodeada de sospechas de corrupción, que 6.500 trabajadores migrantes murieran levantando los estadios, según publicó The Guardian, y que la vulneración de los derechos de mujeres y homosexuales formen parte de las leyes del emirato no han sido obstáculo para que las empresas españolas pujaran por los suculentos contratos ofrecidos por las autoridades públicas cataríes. Todas las grandes constructoras, pero también medianas consultoras de ingeniería figuran entre quienes han ayudado a preparar al país para la llegada de los 1,3 millones de visitantes que se esperan a partir de este domingo –el emirato sólo tiene 2,9 millones de habitantes, de los cuales el 80% son emigrantes–. Han construido redes de alcantarillado y plantas desalinizadoras, también carreteras y hoteles de lujo. Hasta el chef Dani García abrió un restaurante BIBO en la capital, Doha, en 2020 y otro, Lobito de Mar, el pasado mes de marzo. Y la institución educativa SEK abrió un colegio también en la capital catarí en 2013.

Las principales constructoras españolas ya estaban en Catar antes de que lloviera el maná del Mundial de Fútbol. ACS desde 2005, Técnicas Reunidas desde 2006 y la constructora alicantina Ecisa desde 2008, por ejemplo. Pero con las milmillonarias inversiones del Mundial otras se sumaron: Ferrovial en 2010, FCC en 2012, Sacyr en 2013, la empresa gestora del agua Global Omnium en 2015…

De todas ellas, es ACS, la compañía de Florentino Pérez, la que más contratos y por mayor importe ha conseguido. En una suma no exhaustiva, son unos 4.324 millones de euros si se incluyen los 1.300 millones en que se adjudicó la construcción del centro comercial Barwa Comercial Avenida en 2009. ACS funciona en el Golfo Pérsico a través de su filial Hochtief, que a su vez concursaba con otra filial, australiana, primero llamada Habtoor Leighton Group y después Cimic.

Entre su cartera de contratos en Catar se cuenta la autopista New Orbital, por importe de 1.233 millones de euros, concedida en 2014 en alianza con Al Jaber Engineering, y el tranvía de Doha, en 2012, por otros 328 millones, también conjuntamente con la alemana Siemens. Además, Leighton se hizo con hasta siete contratos licitados por Kahramaa, la compañía pública de electricidad y agua, el último de los cuales, de 2015, incluía la construcción de cinco embalses por 560 millones de euros. Ya antes había conseguido los embalses de Duhail y Umm Qarn en 2009 –162 millones–, otros dos en Al Shahaniya en 2010, un tercero en Al Kaaban en 2012, así como un contrato adicional de 52,3 millones para los dos primeros pantanos y otro para instalar 120 kilómetros de tuberías por 220 millones más.

La filial de ACS también construyó, entre 2015 y 2019, un túnel de 14,7 kilómetros que forma parte del sistema de alcantarillado del país por 265 millones. En 2016 obtuvo el encargo de levantar dos torres de viviendas, las Al Mutahidah Towers, situadas en la una de las islas artificiales del emirato. Costaron 151 millones de euros. Finalmente, fue la encargada de la construcción y mejora de las carreteras de Azizya East, un contrato de 53 millones.

Pero la trayectoria de Cimic en el Golfo Pérsico tuvo un final abrupto. El pasado mes de abril, el periódico Australian Financial Review informaba de que la filial de Hochtief y ACS, que también es la mayor constructora australiana, abandonaba la bolsa del país, Australian Securities Exchange (ASX), tras haberse hecho público el conflicto que mantenía con 150 empleados por el impago de siete meses de salarios. En marzo ya había anunciado su retirada del Golfo.

Un año antes, las pérdidas de Cimic se llevaron por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Entonces se le consideró responsable de los 1.100 millones de euros en que se calculaban las pérdidas ocasionadas por la venta de BIC Constructing, la marca con la que operaba en Oriente Próximo.

El segundo gran jugador español en Catar es menos conocido. La constructora alicantina Ecisa, que levantó más de 30 rascacielos en Benidorm, salió rumbo a Catar cuando estalló la crisis del ladrillo en España y constituyó allí una filial, Harinsa Qatar, cuyo 51% pertenecía a Al Alfia, un holding propiedad de la familia real. Desde entonces, ha firmado al menos 13 contratos. De 2012 data el que le brindó la construcción de la Torre Bin Samikh, un hotel de 45 plantas para el grupo Meliá que costó 57 millones de euros. También llevan su firma el Hotel Waldorf Astoria de Doha –85 millones—y el Marriott, 53 pisos y 200 millones de presupuesto. Además, obtuvieron un contrato de 135 millones para levantar seis torres con viviendas de lujo en La Perla, una de las islas artificiales del emirato.

En 2015 se le encargó construir el hotel de cinco estrellas –y 90 metros de altura— Gran Mercure, por 62 millones. En 2012 ya había comenzado la Buzwair Tower, de 45 plantas y con un coste de 86 millones. El edificio residencial Bilal Plaza fue uno de sus primeros proyectos, por 4,7 millones más, al igual que la academia militar de Qatar, dos contratos por un total de 41 millones. Además de las torres, Ecisa construyó dos centros de datos para la Qatar Foundation por 90 millones de euros e incluso un centro logístico por otros 40 millones. En total, una cartera de más de 800 millones de euros.

Tan importante ha sido Catar para Ecisa que la familia Al Thani empezó por ampliar su participación en el capital de la empresa alicantina, inicialmente sólo un 25%, hasta el 76% en 2017, para terminar haciéndose con el 100% en 2020. En julio de 2021, Urbas adquirió Ecisa, al tiempo que el holding Al Alfia entraba en el capital del grupo financiero español.

Una de las obras de mayor volumen licitadas por Catar han sido las del Metro de Doha. Tres líneas –Roja, Verde y Dorada—, 211 kilómetros de vías, con contratos distribuidos en 12 lotes. Una inversión total de 20.000 millones de euros. El doble de la destinada a construir los estadios de fútbol. Dos constructoras españolas participaron en los concursos: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OHL. Así como otras dos firmas de ingeniería: Typsa y Sener, que han diseñado tramos de algunas de las líneas, además de sus talleres y cocheras. Sener también ha sido la responsable en los últimos 13 años del servicio de supervisión de obra del metro ligero de Lusail, otra ciudad del emirato.

En 2014, FCC consiguió una adjudicación de 506 millones de euros para construir un tramo de la Línea Roja junto con la empresa griega Archirodon, la turca Yüksel y la pública catarí Petroserv Limited. Un año antes, OHL obtuvo el contrato para diseñar y construir dos estaciones, en realidad intercambiadores con otros modos de transporte como el tren: Msheireb y Education City. El importe total del contrato ascendía a 1.100 millones de euros, y se lo repartía con Samsung C&T y Qatar Building Company, una empresa del emirato. Pero la historia terminó mal. En 2016 Qatar Railways Company rescindió el contrato, cuando la obra no se había terminado, alegando que el consorcio había incumplido “ciertas obligaciones contractuales”. Según explicó entonces la empresa de Luis Amodio, la decisión de los cataríes era la respuesta a las “notificaciones de disputa” que las adjudicatarias habían presentado a Qatar Railways Company mostrando su desacuerdo con algunos aspectos del contrato. Su intención, decía OHL, era resolverlo “entre las dos partes o mediante la mediación de un experto independiente”.

El fiasco de este contrato no fue sino el segundo capítulo de un conflicto anterior mucho más crudo que aún sigue en los tribunales. Catar también le había rescindido a OHL un proyecto aún mayor, el diseño, construcción y mantenimiento durante dos años de un gran centro hospitalario –seis edificios– en Sidra. El contrato, de 1.645 millones de euros, fue en su momento, 2008, el mayor conseguido por la constructora española hasta entonces. Lo compartía con Contrakt International, filial del grupo egipcio Orascom. La Qatar Foundation acusaba al grupo español de “falta de diligencia, particularmente en el ritmo de los trabajos y en los plazos de entrega”. En el momento de su rescisión, el contrato estaba ejecutado en un 95%, según alegaba OHL, que presentó una reclamación ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en Londres y que arbitra en disputas entre empresas. Pedía 783 millones de euros a los cataríes, que luego rebajó a 376. Catar, por su parte, exigía al consorcio hispano-egipcio 1.134 millones. Desde entonces, la ICC ha emitido una decena de laudos parciales, pero aún no ha dictado el laudo final, que establecerá las responsabilidades de cada parte. El importe total de los dos contratos fallidos de OHL en Qatar suma 1.235 millones de euros. Los de FCC ascienden a 845 millones de euros si, al del Metro de Doha, se añaden los 300 millones de la gestión del saneamiento de Al Dhakhira, un servicio de 10 años que la filial FCC Aqualia comparte con la coreana Hyundai, y los 39 millones de la urbanización de la zona de Barzán en Al Wajba.

Otra española que tuvo problemas en Catar fue Ferrovial, a la que el Gobierno de Doha anuló un contrato de 750 millones de euros en 2017. También asociada con la turca Yüksel, iba a construir una sección de la carretera de Al-Bustan. En este caso, la responsabilidad cayó del lado de la empresa turca, que no consiguió los avales y garantías exigidas. Además, la compañía de Rafael del Pino consiguió, a través de su filial británica Amey, un contrato para asesorar durante cinco años a la Autoridad de Obras Públicas de Catar en el mantenimiento y mejora de las carreteras del país. Con otra filial, FMM, que Ferrovial ha creado con Qatar Airways, la empresa española se encarga de la gestión del aeropuerto de Hamad y del mantenimiento de cinco instalaciones de la petrolera Schlumberger Qatar. FMM también se hizo con el mantenimiento del Museo de las Artes Islámicas de Catar, situado en una de las famosas islas artificiales del emirato.

Los museos han sido precisamente una de las bazas que ha jugado Acciona para hacer negocio en la península catarí. A través de Acciona Cultura –antes Acciona Producciones y Diseño— es la responsable del diseño, desarrollo y gestión del Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, que se publicita como el mayor del mundo dedicado al deporte, y está situado dentro del estadio internacional Khalifa de Doha. También llevan su firma un buen número de exposiciones temporales en el Museo de las Artes Islámicas y el Museo Nacional de Catar, así como el proyecto Msheireb, cuatro museos temáticos situados en otras tantas casas tradicionales cataríes, con una superficie total de 3.000 metros cuadrados.

Pero los mayores contratos de la compañía de José Manuel Entrecanales en el emirato son dos desaladoras, conseguidas en consorcio con Mitsubishi y Toyo Thai Corporation. Las de Ras Abu Fontas y Umm Al Houl, en el sur de Doha, costaron 462 millones de euros y son, según Acciona, las de mayor tamaño de Catar, que depende de este tipo de instalaciones para proveerse de agua potable, debido a la escasez de lluvia y al alto contenido de sal de sus corrientes subterráneas.

Para proporcionar servicios de limpieza y gestión de residuos, Acciona utiliza Acciona & GSSG, otra empresa conjunta, que por 35 millones de euros se encarga de los hospitales de Al Wakrah, Al Khor, Dukhan, dos centros pediátricos de urgencias, cinco centros de salud, 50 centros de servicios médicos de emergencias y el almacén central de la Hamad Medical Corporation, la principal entidad de salud pública del emirato.

Sacyr también ha dispuesto de una abultada cartera de contratos en Catar, que superan los 800 millones de euros. Llegó en 2013, con una adjudicación para construir carreteras en Al Rayyan a cambio de 70 millones de euros, junto a un socio local, Combined Group Company. Otros 65 millones corresponden ese mismo año a los trabajos de urbanización del municipio de Al Khessa. En 2015 se alió con Urbacon Trading & Contracting (UCC) para realizar las mismas tareas en Ras Bufontas, en un contrato de 415 millones de euros. El alcantarillado en esa misma zona también fue responsabilidad suya, por 19 millones más. La urbanización de Bani Hajer le supuso otros 125 millones de euros y la de Al Meshaf, 114 millones.

La empresa Global Omium, propietaria de Aguas de Valencia, ha hecho igualmente su viaje al Golfo Pérsico con al menos cinco contratos. De los estudios sobre diseños y modelos hidráulicos para el aeropuerto de Hamad y de redes de agua potable para el Gobierno, por importe superior a los cinco millones de euros, pasó a conseguir un contrato para operar y mantener las estaciones depuradoras y estaciones de bombeo de una parte del área metropolitana de Doha que dan servicio a un millón de personas. Para ello creó una empresa conjunta con Mace, una firma catarí de ingeniería. Recibirán a cambio 50 millones de euros al año durante cinco años prorrogables a otros cinco. Es decir, 250 millones que pueden ampliarse a 500.

Técnicas Reunidas ha sumado en sólo dos proyectos recientes contratos por valor de 1.052 millones de euros. El año pasado le fue adjudicada –482 millones de euros– por Qatar Petroleum la ampliación de las instalaciones de North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no vinculado a un pozo de petróleo. Catar es el mayor exportador mundial de gas natural. Y el pasado abril obtuvo un contrato de Qatar Energy por importe de 570 millones de euros para construir una planta de tratamiento de azufre en el mismo North Field. Técnicas Reunidas tiene el 70% del consorcio que ha creado con la china Wison Engineering.

Mención aparte merece Iberdrola, que creó en 2016 un centro de innovación en Doha, el Iberdrola Innovaction Middle East, en colaboración con la Agencia de Promoción de la Inversión de Catar (IPA Qatar). Es un caso especial porque el fondo soberano del emirato es desde 2011 el mayor accionista de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, con un 8,69% del capital. En 2010 Iberdrola puso en marcha la que por entonces era la mayor central de ciclo combinado de Oriente Próximo, una planta de gas situada en Mesaieed que fue inaugurada por el mismo emir de Catar y le fue adjudicada a la empresa española por 1.593 millones de dólares. Ella sola aporta el 40% de la electricidad del país.

En abril de 2015, el entonces embajador de España en Catar, Ignacio Escobar Guerrero, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores las peculiaridades políticas, económicas y sociales del emirato. Además de describir sus estructuras de gobierno, el seguimiento del respeto a los derechos humanos que hacía la UE y la política exterior de Catar, enumeró algunas de las empresas españolas que habían obtenido contratos del plan de infraestructuras del Mundial. Junto a las grandes constructoras –Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC— citó a la constructora asturiana Coprosa, con un contrato de 15 millones de euros en acuartelamientos militares, así como a Indra –suministró sistemas de ayuda de navegación a la Autoridad de Aviación Civil— y la vallisoletana Construcciones y Obras Llorente (Collosa), que construyó el intercambiador de Ain Khalid y la estación de autobuses CNG Bus en Doha, dos contratos que superaron los 60 millones de euros.

La aventura catarí de Coprosa, sin embargo, estuvo lejos de ser un caso de éxito. La asturiana, especialista en obra ferroviaria, emprendió en 2012 su expansión internacional y lo hizo dando el salto hasta el emirato. Creó una sociedad, BC Group, con Qatar Bin Laden Group, propiedad de uno de los hijos de Osama Bin Laden, Omar. Y consiguió contratos para construir dos cuarteles militares en Doha, así como carreteras, obras ferroviarias, e hídricas. Pero los impagos de algunas de estas obras abocaron a Coprosa al concurso de acreedores en 2018 y a la liquidación este mismo año.

Pero no sólo las constructoras se han interesado en los millones de Catar. También los bancos españoles han financiado la presencia de las empresas en el emirato. Según un informe de Fair Finance International, la banca española ha financiado con un total de 1.843 millones de euros proyectos en Catar entre 2019 y 2022. Se trata de préstamos y suscripción de acciones y bonos, así como inversiones en acciones y bonos de un grupo seleccionado de grandes empresas, tanto en los sectores de la construcción –946 millones– como en hostelería –898 millones–. Para obtener la cifra han utilizado como fuente los datos de Bloomberg, Thomson Eikon e IJGlobal, además de los informes anuales de las compañías e informes de bolsa. Los números españoles quedan muy por debajo de los 17.163 millones de los bancos alemanes o los 9.556 millones de los británicos. A la cabeza de los españoles figura el BBVA, con un total de 840 millones en financiación, de los cuales 704 millones fueron a parar a constructoras y 136 millones a proyectos hoteleros. Le sigue el Santander, con 645 millones de euros –241 para la construcción y 403 para hoteles– y Caixabank, con 136 millones. Banco Sabadell financió proyectos por valor de 81 millones, los mismo que Bankinter. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sumó 61 millones de euros en financiación.

Hasta mediados de este año, la banca española había dedicado 350 millones de euros a proyectos en Catar. A la cabeza, Caixabank, con 71 millones, seguida de BBVA, con 58. Pero en la lista figuran unos cuantos más: Santander, Kutxabank, Banca Marcha, Sabadell, Ibercaja, y las gestoras de fondos GVC Gaesco y EDM Group, además de las aseguradoras Mapfre, Santalucía y Mutua Madrileña.

Independientemente de cómo discurra el Mundial de Fútbol, de si resulta un éxito organizativo o se hacen patentes las discordancias que el régimen del emir intenta blanquear con el evento, Qatar seguirá siendo un potente polo de atracción para las empresas del resto del mundo una vez haya concluido el último partido. Y no sólo porque la guerra en Ucrania ha elevado la demanda de gas natural licuado, del que el emirato es el primer exportador mundial, garantizando una inagotable fuente de ingresos para el ya de por sí rico país del Golfo. Cuando se haya dado el pitido final, Catar empezará ya a preparar los Juegos Asiáticos de 2030, otra oportunidad para continuar con su apuesta por convertirse en una potencia turística. Pero cuenta, además, con un proyecto estratégico, y seguro que de nuevo milmillonario, Qatar National Vision 2030, con el que pretende llevar a cabo la transición energética, diversificar su economía y, por supuesto, seguir atrayendo inversiones. 

ACS acaba de lanzar un órdago que le permitirá hacerse con el control de Abertis, una de las mayores concesionarias de autopistas del mundo. Este jueves anunció la compra del 14,46% de Hochtief, empresa alemana en la que entró en 2018 y de la que ahora posee ya el 68,01%. Con los 577,8 millones de euros que le ha costado la operación, la constructora de Florentino Pérez hace salir a la familia Benetton de Hochtief y puede ya pensar en adquirir también el 20% que ésta tiene en Abertis, un movimiento que hasta ahora le impedía el pacto de accionistas por el que tanto ACS como Atlantia –la compañía de los Benetton– habían entrado en la concesionaria de autopistas en 2018 tras una cruenta pugna. En Abertis, el 50% del capital más una acción está aún en manos de los italianos, mientras que el 30% pertenece a ACS y el 20% a Hochtief.

El grupo, que factura 4.854 millones por sus negocios repartidos por todo el mundo, es un bocado apetitoso ahora que ACS pretende pasar de la construcción a las mucho más lucrativas autopistas de peaje. El beneficio de Abertis en 2021 ascendió a 691 millones de euros en 2021.

Pero el envite se produce justo cuando Abertis corre el riesgo de perder todo su negocio en Argentina. Sólo un día antes de comunicar a la CNMV su avance en Hochtief, el presidente argentino, Alberto Fernández, acompañado de su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció ante los periodistas que iniciaba el procedimiento para pedir al juez que anule los acuerdos por los que el Gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, había renegociado las concesiones a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) en 2018. Tras una auditoría que ha durado dos años el Ejecutivo peronista ha declarado que ambos acuerdos son “lesivos al interés general en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad”. De forma cautelar, también pedirá al tribunal de lo contencioso-administrativo que entregue al Estado ambas autopistas de peaje.

Aunque el peligro puede ir más allá. Porque, al mismo tiempo, un tribunal de lo Penal investiga la comisión de un posible delito de lavado de dinero mediante esos acuerdos. “Hemos identificado que en toda esta operación hubo funcionarios de los dos lados del mostrador: funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en la dirección de Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Cumplieron las instrucciones que desde sus antiguos empleadores les iban determinando”, explicó el ministro de Obras Públicas.

Ambas concesiones fueron otorgadas en 1994 por el Gobierno de Carlos Menem a estas empresas, que construyeron y gestionan las dos mayores autopistas de peaje que dan acceso a Buenos Aires: Ausol, 119 kilómetros en la Autopista Panamericana, y GCO, los 59 kilómetros de la Buenos Aires-Luján. Abertis posee el 31,59% de Ausol, y el 42,87% de GCO a través de Acesa, otra empresa del grupo ACS. Pero la presencia española en la primera se remonta a los 90, cuando era Dragados, también del grupo de Florentino Pérez, uno de los accionistas, junto con Sideco, una empresa de la familia del expresidente Macri.

Porque la pugna entre el Estado argentino y estos dos concesionarios ha sido larga y feroz. Además de contar con otros elementos políticos.

En efecto, un tercio del capital de Autopistas del Sol pertenecía a la empresa del padre de Mauricio Macri, Franco. En 2001 vendió el 25% a Dragados, y en 2017 el 7% que le quedaba. En 2015 su hijo fue elegido presidente de Argentina, cargo en el que permaneció hasta 2019. Un año antes su gobierno había renegociado las concesiones tanto de Ausol como de GCO. Así, reconoció una deuda por inversiones no recuperadas mediante el cobro de los peajes por importe de 540,52 millones de dólares con la primera y de 272,62 millones con la segunda. Un total de 813,14 millones. Según el actual Ejecutivo argentino, ese reconocimiento de deuda y la “dolarización del contrato” se hicieron “sin ninguna justificación”.

Además, se prorrogaron –“de manera arbitraria, según el ministro Katopodis– hasta 2030 las adjudicaciones, que tenían un plazo inicial hasta 2020, de forma que “se transformó un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”. Al tiempo, se pactó una subida de los peajes del 8% anual, el mismo porcentaje que se aplicó a los intereses de la deuda. Estos, explicaron fuentes del Gobierno peronista a la web infobae, era capitalizable; es decir, pasaba a formar parte del capital y, por tanto, aumentaba la deuda. Hasta los 1.161,13 millones de dólares. Como, además, las obligaciones de pago de las concesionarias –deuda, intereses e impuesto sobre sociedades– debían ser sufragadas mediante los peajes, éstos debían subir 22 veces en la autopista de Ausol –de 80 pesos (56 céntimos) a 1.830 (12,74 euros)– y 11 veces en la de GCO –de 100 pesos a 1.072–. En total, según los cálculos gubernamentales, la deuda a la que debía hacer frente el Estado argentino alcanza los 2.000 millones de dólares.

Ambas empresas respondieron este jueves asegurando que los acuerdos por los que se renovaron las concesiones son “plenamente legítimos” y resultado de un proceso de renegociación que duró 16 años. “Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006, y que se completó en el año 2018 con la firma del acuerdo integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable”, precisaron en un comunicado enviado a la CNMV argentina.

Ausol y GCO se refieren al pleito que ambas instaron ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), un tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial en 2015. Las concesionarias reclamaban entonces 3.000 millones de dólares por la deuda que les había ocasionado la congelación de peajes ordenada por el Gobierno den 2003. En agosto de 2017, cuando comenzaron las conversaciones para renegociar las concesiones con el Ejecutivo de Macri, las autopistas anunciaron que desistían de su pleito ante el Ciadi. Los acuerdos se firmaron en junio de 2018.

“Les ofrecimos a las empresas extender el contrato hasta 2030 con el mismo sistema tarifario que había aprobado en su momento Néstor Kirchner [anterior presidente argentino]. Les dijimos: ‘Esto es lo que les podemos dar; si les sirve, bien, y si no, se sigue el juicio. Las concesionarias aceptaron eso y eliminamos un juicio de 2.000 millones de dólares. No les dimos nada más que lo que decía el contrato original”, respondió el director general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, uno de los negociadores del equipo de Macri, en la emisora Radio con Vos. Según detalló, el contrato estaba “dolarizado” ya antes de que llegara Macri al poder y Kirchner había reconocido a las empresas de Abertis una deuda de 600 millones de dólares por la congelación de los peajes. También aseguró que Ausol y GCO fueron a juicio porque el Gobierno peronista “violó su propio contrato” después. “Es la nueva y gran mentira de este presidente [Alberto Fernández]”, zanjó.

El pasado mes de agosto, las dos concesionarias intentaron recusar al ministro de Obras Públicas, al responsable de Vialidad Nacional y al procurador del Tesoro de la Nación por el “prejuzgamiento” –al emitir una opinión judicial antes de dictar sentencia-- en que habían incurrido. El Gobierno rechazó la recusación y ahora ha emitido un decreto para instar a la justicia a actuar.

Abertis también está en pleito, y desde hace años, con el Estado español, al que desde 2006 viene reclamando que le compense por las obras realizadas y un tráfico por debajo de las previsiones en las autopistas cuya concesión se le otorgó. En total, hasta 4.200 millones de euros, de los que, de momento, las arcas públicas sólo le han pagado 1.070 millones por el fin de la concesión del tramo catalán de la AP-7.

Mientras, se arriesga a perder en Argentina dos autopistas que le suponen unos ingresos anuales de 7.474,8 millones de pesos (53,06 millones de euros) –Ausol– y 5.416,3 millones (38,45 millones de euros) –GCO–, según figura en sus cuentas anuales de 2021. Pero que cerraron ese año con unas pérdidas de 521,23 y 462,7 millones de pesos (3,7 y 3,3 millones de euros), respectivamente.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, obtuvo una remuneración total de 5,91 millones de euros en 2021, lo que supone un ligero incremento del 1% respecto a 2020, debido a una mayor retribución variable a corto plazo. Según consta en el informe de remuneraciones de los consejeros publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pérez mantuvo su sueldo y su retribución fija sin cambios en 1,72 millones y 390.000 euros, respectivamente.

Respecto a la retribución variable a corto plazo, esta se incrementó un 2,5%, hasta 2,4 millones de euros. Por otra parte, su remuneración por sistemas de ahorro fue de 1,36 millones de euros, la misma cantidad que hace un año.

Aparte de Pérez, ACS cuenta con otros tres consejeros ejecutivos, todos con una mayor retribución que el resto de consejeros externos. Entre ellos, destaca Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de la compañía hasta marzo de 2021. Su retribución fue de 1,9 millones de euros, un 58% menos que en 2020.

El resto de ejecutivos son el secretario general, José Luis del Valle, que percibió 4,3 millones, un 21% más, y el vicepresidente, Antonio García, cuya retribución fue de 2,16 millones de euros.

En total, sumando a todo el consejo de administración, la retribución devengada en 2021 alcanzó los 17,34 millones de euros, un 8,4% menos que los 18,96 millones del año anterior.

El año pasado, ACS obtuvo un beneficio neto de 3.045 millones de euros en 2021, lo que supuso multiplicar por cinco los 574 millones de euros que ganó en 2020, un aumento que se explica por los ingresos extraordinarios procedentes de la venta de su división industrial (Cobra) a Vinci por unos 5.500 millones de euros.

La nacionalización del banco malo, como se dio en llamar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que acaba de decidir el Consejo de Ministros en un decreto ley, es sólo el penúltimo caso en que los contribuyentes terminan pagando sumas milmillonarias por fiascos que, en principio, no les iban a costar “ni un euro”. Esa fue la promesa del Gobierno respecto al rescate financiero, en palabras del exministro del PP Luis de Guindos. También la que repitió su compañera de partido y exministra Ana Pastor sobre las autopistas radiales quebradas. Pero la compra del banco malo resulta ser especialmente escandalosa no sólo por su cuantía, unos 35.000 millones de euros, sino porque, además, el desembolso viene a sumarse a los 66.577 millones de euros públicos que ya ha costado el rescate financiero entre 2012 y 2018, según los últimos cálculos del Tribunal de Cuentas.

Otros pufos sonados, aunque de menor volumen, saltan a la memoria, la mayoría relacionados con infraestructuras acometidas bajo la fórmula de la colaboración público/privada por constructoras a las que ha tenido que rescatar o indemnizar el Estado. Es decir, el contribuyente. Las autopistas radiales, el proyecto Castor, el túnel del Pertús o la AP-7 son los casos más sangrantes.

El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no quiere llamarla “nacionalización”, pero la compra por un precio simbólico de las participaciones del resto de los accionistas de la Sareb supone su toma de control por el Estado. Desde que Eurostat obligó a España a reclasificar como sector público al banco malo e incluir sus 10.500 millones de patrimonio neto negativo como déficit público y sus 34.918 millones pendientes de devolver como deuda del Estado, el cambio de su régimen jurídico era obligado. Aunque también hay otra realidad imperiosa: la Sareb se encuentra en quiebra técnica. Ni siquiera la conversión de 1.429 millones de euros de deuda subordinada en capital el pasado julio –hubo otra en 2016, por 2.170 millones–, que debería haber servido para restablecer el equilibrio patrimonial y compensar las pérdidas de 2020 –1.073 millones– ha conseguido salvar al banco malo.

Según admite la Sareb en el informe de actividad del primer semestre de 2021, los números rojos han consumido íntegramente sus fondos propios, incluida la deuda subordinada. Pero, como desde marzo de 2020 y mediante real decreto-ley, al banco malo no se le aplica el artículo de la Ley de Sociedades de Capital que obliga a una sociedad a disolverse si su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, se le permite seguir trabajando “incluso con insuficiencia de recursos propios”.

La Sareb fue una idea controvertida desde su nacimiento. Cuando en 2012 adquirió los más de 200.000 activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas –inmuebles y préstamos morosos– lo hizo por un precio inflado: 50.781 millones de euros. La Comisión Europea calculó que se habían pagado 19.000 millones por encima de su valor de mercado. En sus nueve años de vida ha conseguido vender el 40% de esa cartera y cancelar el 31,2% de la deuda que emitió para adquirir el ladrillo tóxico. Mientras acumulaba unas pérdidas que rozan los 6.000 millones de euros. En ese último informe semestral, la Sareb reconoce que le va a resultar “imposible” generar flujos de caja suficientes” hasta 2027 –el plazo fijado para vender todos los inmuebles– con los que amortizar íntegramente la deuda emitida.

Ésa es la sociedad que compra ahora el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ya ha hecho una oferta a los 26 bancos y aseguradoras con los que se reparte el capital social de la Sareb: un céntimo por cada 39.710 acciones. Lo que supone valorar el banco malo en 360 euros. El FROB compraría las participaciones de las entidades privadas por un máximo de 194,35 euros.

Hasta ahora, el FROB poseía el 45,9% de la Sareb. Y no podía por ley superar el 50%. Es lo que acaba de cambiar el Gobierno para adaptarse a las exigencias de la UE. El resto del capital se lo reparten el Santander –22,23%–, CaixaBank –12,24%–, Sabadell –6,61%–, Kutxabank –2,53%–, Ibercaja –1,43%–, Bankinter –1,37%–, Unicaja –1,27%–, Cajamar –1,21%–, Mapfre –1,11%– y otras 17 entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.

La próxima duda es si los bancos venderán toda su participación, lo que les haría perder sus activos fiscales diferidos o DTA, que les permiten rebajar la factura con Hacienda por el impuesto de sociedades. También si será necesario prorrogar más allá de 2027 la vida de la Sareb, en vista de los problemas que está teniendo para cumplir con su mandato y liquidar el ladrillo tóxico que se pudre en sus cuentas.

El agujero del banco malo hará un poco más indigerible si cabe la enorme factura del rescate financiero. La última cifra sobre su coste corresponde al Tribunal de Cuentas, que eleva en 852 millones el cálculo del Banco de España. El supervisor bancario no actualiza el dato desde noviembre de 2019 y con números referidos a diciembre de 2018. Según el Tribunal de Cuentas, el coste asumido por el FROB se eleva a 45.344 millones de euros, mientras que los 21.295 millones restantes han corrido a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de los bancos. De la cifra total, sólo se han recuperado, de acuerdo con el Banco de España, 4.477 millones de euros. Y únicamente podrán recuperarse 9.560 millones de euros cuando el FROB venda su participación en la antigua Bankia, desde marzo integrada en Caixabank.

La fusión de ambos bancos obligó al FROB, que poseía un 61,83% de la rescatada Bankia, a actualizar el valor contable de esa participación, que se convirtió en un 16,12% de CaixaBank. Esa revisión se tradujo en un impacto negativo de 3.556 millones de euros para la entidad pública. Por ese motivo sus pérdidas en 2020 se multiplicaron por 13. En resumen, otro roto más en el descosido monumental del rescate financiero. Ateniéndose sólo a las cifras previstas por el Banco de España, sólo se ha recuperado el 9,8% del dinero público empleado y, en el mejor de los casos, sólo podrá recuperarse el 31% si se privatiza Bankia al precio que prevé el FROB.

Tampoco está claro el desenlace de otro capítulo negro para las finanzas públicas, pese a que arranca incluso más atrás que la crisis financiera. Las autopistas radiales empezaron a inaugurarse en 2003 y las empresas que las construyeron a cambio de explotarlas en régimen de concesión durante 30 años –con peajes para los usuarios– quebraron una tras otra a partir de 2012. Nunca alcanzaron el tráfico mínimo que les habría permitido sobrevivir. Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL, Comsa, Globalvía, Ploder, Sando, Azvi, Europistas, Budimex… vieron en la colaboración público/privada que les ofrecía el Estado una oportunidad de oro. Nada más lejos de la realidad. Todas ellas terminaron por reclamar la Responsabilidad Patrimonial del Estado, el derecho que asiste a cualquier ciudadano de ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El procedimiento para obtener esa reparación es largo. En el caso de las nueve radiales aún no se ha cerrado. Así que, en el transcurso de la última década, los bancos acreedores de las constructoras han tenido tiempo de vender su deuda a toda una serie de fondos: King Street, Taconic, Attestor Capital, Titulización de Activos son algunos de ellos. En otras palabras, el dinero que les pague el Estado caerá en manos de estos fondos de inversión.

Y no es poco. Según los cálculos del propio Gobierno para los Presupuestos Generales de 2019, puede alcanzar los 1.800 millones de euros. Ese mismo año, el Consejo de Ministros decidió limitar la responsabilidad patrimonial por las radiales a un máximo de 3.305 millones. Pero los propios acreedores lo elevan hasta los 4.500 millones. La patronal de la construcción, Seopan, llegó a cifrar en 5.657 millones el rescate.

De momento, las radiales R3 (Madrid-Arganda) y R5 (Madrid-Navalcarnero) costarán 119,15 millones de euros de dinero público; la AP-41 (Madrid-Toledo), 52,92 millones; la M-12 (Madrid-Barajas), 46,46 millones y la AP-36 (Ocaña-La Roda en Albacete), 319,6 millones. Las liquidaciones aún provisionales de la Circunvalación de Alicante y la Circunvalación Cartagena-Vera suponen 307,5 y 282,7 millones, respectivamente. La R-4 (Madrid-Ocaña), costará cero euros, porque el Estado tendrá que pagar por expropiaciones más de lo que costó la autopista. Y la R-2 (Madrid-Guadalajara) está aún pendiente de cálculo.

En los Presupuestos Generales de este año, se ha consignado el pago de 560 millones que, sumados a los 255,4 millones destinados a este fin en los de 2021, suponen 815,4 millones como factura inicial. Aunque la batalla puede alargarse aún más porque los fondos han recurrido en el Tribunal Supremo la fórmula utilizada por el Gobierno para calcular las indemnizaciones.

Las nueve radiales son ahora gestionadas por una sociedad estatal, Seittsa, dependiente del Ministerio de Transportes, y las autopistas son gratuitas.

También está pendiente de cálculo la compensación que reclama Abertis por el fin de la concesión de la AP-7, la Autopista del Mediterráneo. En agosto de 2021 venció el contrato, uno de los que el Gobierno decidió no renovar para que las autopistas pasaran a ser gratuitas. Acesa, filial de Abertis y ésta, a su vez, propiedad de la española ACS y la italiana Atlantia, reclama 3.826 millones al Estado por la ampliación y mejora de la autopista, que sufragó en la confianza de que el aumento del tráfico haría más que rentable la inversión. Ambas partes firmaron un convenio en 2006 que obligaba al Estado a compensar a la empresa si esa expectativa de tráfico e ingresos no se cumplía. La crisis de 2012 estalló y se llevó por delante los peajes de la AP-7. Pero el Ministerio de Transportes sólo está dispuesto a pagar a Abertis 1.291 millones. Preguntada por infoLibre al respecto, la empresa asegura que se encuentra a la espera de que la Administración se pronuncie. Por su parte, el departamento de Raquel Sánchez explica que está “terminando de calcular la cifra” y que ésta “no es objeto de negociación con la concesionaria”. “El resultado que se obtenga”, apunta, “será el de aplicar las directrices previstas en los reales decretos, los convenios firmados, las normas, etcétera, interpretados de acuerdo con los criterios jurídicos de la Abogacía del Estado y los criterios de los técnicos del departamento”. El ministerio tenía seis meses para contestar, un plazo que acaba este mismo mes de febrero.

Si el nombre de Abertis se repite en la reclamación al Estado por las autopistas radiales y por la AP-7, el de ACS, la constructora de Florentino Pérez, aparece por duplicado en otros dos fiascos pagados por el contribuyente: el proyecto Castor y el túnel del Pertús.

El cierre del almacén de gas que Escal UGS, una empresa propiedad de ACS y la canadiense UGS, construyó frente a las costas de Castellón, ha costado a las arcas públicas 1.350 millones de euros. Es la cantidad que la firma pidió al Estado en 2014 después de que los múltiples seísmos que se atribuían a la instalación pusieran en pie de guerra a los vecinos de Vinarós y forzaran su clausura. La inyección de gas en el depósito submarino había encendido las alarmas de ecologistas y partidos políticos. Pero la revelación de que, además, el Estado había firmado con la empresa una compensación millonaria por el fin abrupto de la concesión –30 años– desató el escándalo.

Aún faltaban más detalles para redondear la operación. El Gobierno adjudicó el almacén a la semipública Enagás, que además debía encargarse de pagar a Escal UGS. Y para cubrir ese desembolso, le permitió utilizar una cantidad a cuenta de los peajes y cánones del gas: 80 millones al año. De manera que sería el consumidor quien abonara en sus recibos la indemnización.

Pero Enagás transmitió ese derecho de cobro a tres bancos, Santander, Caixabank y Bankia, que le adelantaron el dinero para pagar a Escal UGS. A su vez, las tres entidades pasaron a recibir los abonos procedentes de los peajes y cánones del gas, que les ingresaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hasta que el Tribunal Constitucional anuló ese derecho de cobro en diciembre de 2017, atendiendo a un recurso presentado por el Parlament y la Generalitat de Catalunya, junto con 50 diputados nacionales del PSOE. Los bancos acudieron al Tribunal Supremo y éste les dio la razón en octubre de 2020.

Sin embargo, ACS no se da por satisfecha y, según publicó Cinco Días, está estudiando presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica por el lucro cesante de la concesión otorgada en 2008 por 30 años. La empresa de Florentino Pérez no ha querido confirmar a infoLibre si, en efecto, va a demandar al Gobierno por la clausura de Castor.

El contrato que otra filial de ACS, TP Ferro, constituida al 50% con la francesa Eiffage, firmó con el Gobierno también incluía una cláusula de rescate en caso de que el negocio no cumpliera sus expectativas de lucro. Lo suscribieron en 2004 para construir y explotar el tramo ferroviario entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia), que incluye el túnel del Pertús y por donde debería pasar el AVE. Para la obra, TP Ferro recibió una subvención de la UE de 636 millones de euros, la mitad del coste.

Al igual que ocurrió con las autopistas, las previsiones de tráfico de TP Ferro en ese tramo no se cumplieron. La empresa se declaró en concurso de acreedores en septiembre de 2015 y fue liquidada un año después. En cumplimiento del contrato, pide una indemnización al Estado de 450 millones de euros, más otros 250 millones por daños y perjuicios. Pero ni España ni Francia quieren pagar. Así que TP Ferro acudió en 2020 al tribunal arbitral de Ginebra para conseguir la compensación. La empresa culpa de la falta de tráfico en el tramo fronterizo a los retrasos en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo. Desde que se liquidó TP Ferro, son las empresas públicas española y francesa, Adif y SNCF, las encargadas de gestionar los 44,4 kilómetros de vías, a través de una sociedad constituida al 50% y llamada Línea Figueras Perpignan SA.

Sumando sólo este puñado de grandes fiascos, el coste para los contribuyentes de la socialización de pérdidas empresariales durante la última década puede alcanzar los 72.871 millones de euros.

ACS es una de esas marcas que están por todos lados. Da igual que mires hacia un puente, un hospital, una residencia de mayores o un carrito de la limpieza que se mueve de un lado a otro en cualquier institución pública. Seguramente, de una u otra forma, la multinacional esté detrás de todo ello. Como también lo está, desde hace ya años, de la formación de los más pequeños. Porque la educación infantil es también otra de las líneas de negocio que interesan a la multinacional presidida por Florentino Pérez. Es más, justamente una de sus filiales es la que se ha hecho con más de la mitad del último gran paquete que ha sacado a concurso la Comunidad de Madrid para la gestión de guarderías en la región. De una quincena de centros, siete han caído en sus manos.

Hay varios modelos de enseñanza de los más pequeños en la región. Por un lado están los centros privados, cuyo coste mensual puede moverse alrededor de los 500 euros. Por otro, los centros de titularidad pública, donde conseguir meter la cabeza suele convertirse en una odisea para padres y madres –este curso las peticiones en el primer ciclo de infantil duplicaban al número de plazas disponibles–. Y, entre medias, aquellos cuyas instalaciones son propiedad de la Administración pero cuya gestión está en manos de empresas privadas previo concurso público. Algunas de ellas son pequeñas firmas o cooperativas. Sin embargo, en los últimos años han entrado a competir con fuerza grandes multinacionales que han visto en la enseñanza infantil una oportunidad de negocio.

El pasado mes de julio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso licitó el último gran paquete de estas características. En concreto, sacó a concurso dos importantes contratos para la gestión de centros con un alumnado que se mueve entre los cero y los tres años. En juego, las riendas de una quincena de guarderías repartidas por toda la comunidad autónoma. Entraron en la pugna más de una veintena de compañías diferentes. Sin embargo, solo entre seis se repartieron finalmente un pastel cuyos contratos fueron formalizados el pasado mes de diciembre. Y más de la mitad del mismo se lo quedó una sola: Koala Soluciones Educativas, que forma parte del inmenso conglomerado empresarial que alrededor del sector servicios ha levantado el grupo ACS, según figura en su propia página.

La firma se ha hecho con siete de los lotes. E ingresará por todos ellos 8,94 millones de euros. Siete centros que gestionará, si nada lo impide, hasta julio de 2024. Dos de ellos se encuentran en Madrid: Rayuela y Rocío Durcal. El resto, están distribuidos por diferentes municipios situados al sur de la capital. Arte en Getafe, El Naranjo en Fuenlabrada, La Comba en Leganés y Zarabanda y El Manzano en Parla. Según los pliegos de prescripciones, cada una de ellas deberá prestar sus servicios durante al menos diez horas diarias y contar, como mínimo, con dos maestros y una cifra de educadores que varía en función del centro. En total, siempre según lo establecido en los documentos técnicos, entre todas estas escuelas sumarán, al menos, un millar de plazas.

Los ocho lotes restantes han ido a parar a otra media decena de firmas diferentes. Zahir infancia, Nanas Escuelas Infantiles y Atreyu Blota se han hecho, cada una, con dos centros de educación infantil, mientras que Arci Nature Intervención Social se ha quedado con uno, al igual que Domicilia Aliados por la Integración.

Las tasas de escolarización a nivel nacional en las primeras etapas han experimentado un avance con el paso de los años. Si en el curso 2009-2010, la de menos de un año se situaba en el 7,8%, en el curso 2019-2020 alcanzaba en el 13,1%, casi el doble. Con un año, la cifra se sitúa en el 43,9%, frente al 26,5% de hace una década, mientras que en el caso de dos años se coloca en el 63,1% –frente al 44,4% de hace diez años– y en el de tres años en el 96,1%. Para este curso, y con las cifras sobre la mesa, la Consejería de Educación espera que la tasa de escolarización temprana se incremente en Madrid hasta el 48,8%.

Pero el problema de oferta y demanda sigue estando ahí. "En España, la demanda es más alta que la oferta en el primer ciclo de educación infantil (menos de tres años) en la mayoría de comunidades autónomas", ya avisaba la Comisión Europea en un informe de 2019. Algo que, no obstante, afecta a la mayoría de países de nuestro entorno. Las únicas excepciones, los nórdicos.

Quizá por eso, el Ejecutivo central ha puesto esta cuestión entre sus prioridades en materia educativa de cara a la llegada de los fondos europeos. Así, en su plan de resiliencia incluye una inversión para dotar de equipamiento más de 65.000 nuevas plazas de educación infantil, prioritariamente de uno o dos años. "Permitirá la mejora de los resultados educativos futuros y reducir las desigualdades en el acceso y participación asociadas al nivel socioeconómico de la familia", recoge el documento.

Con este contexto sobre la mesa, las grandes empresas han visto en la educación infantil una oportunidad de negocio. Es el caso de ACS, que a través de Koala gestiona por todo el país 59 escuelas infantiles, con más de cinco millares de alumnos. No es la única. Eulen, que inicialmente se dedicaba a la limpieza, también tiene una rama dedicada a la enseñanza de los más pequeños. "No son empresas que crean realmente en esto, sólo buscan ganar mucho dinero fresco y fácil", explica al otro lado del teléfono Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

Para la portavoz del sindicato, el estallido de la burbuja inmobilaria fue el punto de partida para la entrada de estas grandes empresas en el juego. Un camino que se encargaron de ir despejando desde la arena política en plena era Aguirre. "Durante la etapa de Lucía Figar como consejera, se dio un vuelco a la educación infantil. Por ejemplo, flexibilizando los requisitos mínimos: se redujeron los espacios, se modificaron las ratios, las infraestructuras empezaron a ser de peor calidad... Fue durante esta época cuando comenzó a impulsarse esa externalización", explica Galvín en conversación con infoLibre.

La entrada de estas grandes firmas en la enseñanza infantil preocupa, y mucho, a la portavoz educativa de CCOO en la región. "Tiene un impacto devastador", dice. Primero, apunta, porque funcionan sobre la idea de "ganar mucho en poco tiempo". "Suelen lograr los contratos haciendo licitaciones a la baja, yendo al mínimo legal. Si la ley establece que, como poco, debe haber una maestra por cada seis unidades, ellos se quedan en eso, en lugar de ofrecer un profesor para cada tres clases", cuenta. Y eso, el quedarse en el "chasis", continúa, tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio que se ofrece: "Peor atención del alumnado, peor material, peor alimentación...".

Y también van "al mínimo legal en salarios". El sueldo de las trabajadoras, asegura al otro lado del teléfono, está solo diez euros por encima del salario mínimo interprofesional. "Son condiciones laborales leoninas. Y cuantas más escuelas infantiles gestionen más representación tienen en la mesa de negociación del convenio", explica Galvín. Por todo ello, defiende una apuesta firme en escuelas infantiles de gestión directa. Porque, sentencia, "no se puede escatimar" en la enseñanza de los más pequeños.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 127,8 millones de euros a ocho empresas dedicadas a la seguridad, señalización y comunicaciones de la red ferroviaria española por repartirse de forma fraudulenta hasta 82 licitaciones del Ministerio de Fomento y de Adif entre 2002 y 2017, ha informado Europa Press.

Las empresas con mayores sanciones son Cobra, una división de ACS, que ha recibido una sanción de 30 millones de euros; la alemana Siemens, con 28,9 millones; la finlandesa Nokia, cuya multa asciende a 24 millones de euros, y Alstom, compañía francesa que ha sido sancionada con 22 millones de euros.

Aunque solo estas tres compañías ya concentran el 82% de la multa, otras tres empresas tendrán que afrontar el pago de 17 millones de euros en el caso de Thales, de 3,7 millones en el caso de Bombardier, y de 1,7 millones en el caso de CAF Signalling.

Asimismo, diez directivos han sido sancionados con 483.000 euros por su responsabilidad en los hechos. No obstante, a uno de ellos se le aplicará una reducción del 50% en la multa por la información aportada durante el proceso de investigación.

Además, también se le ha aplicado a Siemens el programa de clemencia. La firma alemana, que ha recibido una sanción en su matriz y otra en su división Rail Automation, minorará ambas multas al 50%, quedándose el importe total en 14,4 millones de euros.

La CNMC explica en su resolución que estas empresas crearon un cártel que se repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017 para la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y de la convencional.

Competencia asegura que las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas.

Origen

El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcaltel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (a partir de 2013 Siemens Rail), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Ambas empresas se repartieron los importes adjudicados (en los acuerdos iniciales se fijó en un 50-50%, que después se ajustó al 55-45%), y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos.

De esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50%, y se garantizaron también los contratos de mantenimiento (y sus correspondientes renovaciones). A partir de 2003, se sumaron otras empresas al cartel: Siemens, en 2003; NSN (actual Nokia), en 2007; y Cobra, en 2008.

La entrada de nuevas empresas en el mercado y el hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la evaluación del componente económico de las licitaciones favoreció la presentación de ofertas con precios más competitivos.

Sin embargo, en lugar de mantener la tensión competitiva iniciada en 2011, en la práctica, la CNMC explica que las empresas previamente competidoras acordaron establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se incorporaron al cártel. En el caso de Alstom y Bombardier, a partir de 2014, y en el de CAF Signalling, a partir de 2015.

Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del cártel decidían qué UTE (Unión Temporal de Empresas) —participada por las empresas del cártel— optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del cártel de forma individualizada, ofertas de acompañamiento.

Este tipo de acuerdos y prácticas concertadas revelan el uso de la UTE "como instrumento habitual del cártel, sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar dicha opción ni eficiencias que fueran trasladadas al órgano licitante", según señala el regulador.

Efectos del cártel

La CNMC asegura que se trata de un cártel "muy dañino", que ha tenido el efecto real de eliminar o al menos restringir significativamente la competencia en 82 licitaciones. Durante sus 15 años de duración, las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros.

En algunos casos, la ejecución de los contratos adjudicados se mantiene hasta los años 2035, 2037, 2038 y 2040, por lo que sus efectos van más allá de la duración de propio cártel. Asimismo, al tratarse de licitaciones convocadas por Adif (y previamente por el Ministerio de Fomento y el GIF), ha supuesto una merma económica para la Administración Pública, con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para contribuyentes.

Antecedentes

En el año 2019, la CNMC sancionó con 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios cárteles que se repartieron los concursos públicos para la electrificación de la red del AVE y la red convencional española y sus equipos electromecánicos.

La información recabada durante la instrucción de ese expediente, especialmente durante las inspecciones domiciliarias a algunas empresas, alertó a la CNMC sobre la posible existencia de prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones convocadas para las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones de la red de alta velocidad y convencional.

En consecuencia, la CNMC activó nuevas investigaciones e inspeccionó la sede de Thales en mayo de 2017. Posteriormente, tras la solicitud de clemencia presentada por Siemens en junio 2017, ordenó inspecciones domiciliarias en las sedes de Bombardier y CAF en diciembre de ese mismo año.

La multa de 61,3 millones de euros impuesta la semana pasada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 12 constructoras, entre ellas las principales del sector, desde ACS hasta Sacyr pasando por Ferrovial y OHL, ha vuelto a revelar las descaradas prácticas que de forma recurrente emplean las empresas para saltarse a la torera las más elementales normas del juego de los mercados. Los directivos de estas compañías amañaban los concursos públicos para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Acordaban cómo presentar las ofertas, tras crear una “bolsa de puntos” para cada tipo de licitación donde se registraban las bajas –ofertas por debajo de un determinado umbral–, excluían de los contratos a otras empresas ajenas al cártel así creado… En total, consiguieron con trampas más de 500 millones de euros en contratos. Además, son reincidentes. La CNMC ya multó con 118 millones de euros a varias de ellas en 2019 por repartirse los contratos del AVE.

Las sanciones, muy cuantiosas, contra los cárteles de empresas para distorsionar la competencia son carne de grandes titulares. Han sido investigados y castigados pactos ilegales entre petroleras, empresas lácteas, de recogida de basuras, concesionarios de automóviles, cementeras, papeleras empresas lácteaspapeleras. Pero los castigos no parecen ser lo bastante disuasorios porque las conductas mafiosas se suceden. Esos mismos titulares se han acostumbrado también a incluir la posterior anulación de las millonarias multas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Tal es así que los cárteles, que hasta que son desmantelados suelen llevar años en funcionamiento –el de las empresas lácteas, por ejemplo, una década, el del AVE 14 años–, parecen no tener miedo alguno al mazo de la CNMC, toda vez que recurrir a los tribunales puede transformar a la larga las trampas en casos de éxito: el 87,8% de las sanciones que el órgano supervisor tiene pendientes de cobro están suspendidas judicialmente. A 23 de septiembre de 2020, de los 1.012 millones de euros que las empresas debían a la CNMC por sanciones en materia de competencia, 889 millones se hallaban a la espera de que un tribunal resolviera.

Son cifras del Tribunal de Cuentas, que fiscalizó en un informe presentado en las Cortes el pasado junio la gestión de las sanciones no sólo de la CNMC, sino también de la CNMV, el Banco de España y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Para ello analizó los procedimientos, resoluciones y gestión de cobro en 2017 y 2018. En esos dos años, y sólo en materia de competencia –la CNMC también se encarga de supervisar a los sectores energético, audiovisual, postal y de telecomunicaciones– la Audiencia Nacional dictó 235 sentencias sobre recursos presentados por empresas contra la CNMC, mientras que el Tribunal Supremo firmó 64.

Litigiosidad “muy elevada” y “muy compleja”

De forma que los fallos pueden ser reveladores de la eficacia del trabajo del organismo que preside Cani Fernández desde junio de 2020. De hecho, el Tribunal de Cuentas destaca en su informe la “muy elevada” y “muy compleja” litigiosidad de las sanciones de la CNMC en materia de competencia. De las 127 sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en 2017, un total de 76 fueron a favor de las empresas, aunque en otras 31 también se estimaron parcialmente sus demandas. Sólo las 20 restantes confirmaron la sanción de la CNMC. En 2018, la Audiencia Nacional dictó 108 sentencias en este ámbito, de las cuales 28 dieron la razón a las empresas, ocho se la dieron parcialmente, 10 desestimaron sus pretensiones, 40 ordenaban recalcular el importe de la sanción –a la baja– y el resto anulaban el cálculo o tenían otro contenido.

El Tribunal Supremo, por su parte, dictó 20 sentencias en 2017 y 44 en 2018. El Tribunal de Cuentas no las detalla como hace con las de la Audiencia Nacional, pero resume que “la mayoría de ellas confirmaron” la infracción hallada por la CNMC, aunque ordenaban revisar la cuantía de la multa o los criterios del cálculo. En 14 de las sentencias de 2018, relativas a un mismo expediente, el Supremo mandó retrotraer el procedimiento para que la Audiencia Nacional volviera a pronunciarse.

En total, en esos dos años, la CNMC ha tenido que dictar 31 nuevas resoluciones sancionadoras reduciendo los importes de sus multas por orden judicial e incluso ha debido devolver cuantías –se ingresan en el Tesoro Público– si las empresas ya las habían abonado.

La Audiencia Nacional falla más a favor de las empresas

La propia CNMC ha evaluado la revisión judicial que llevaron a cabo tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo entre 2014 y 2018. Y llega a la conclusión de que la Audiencia Nacional falla mucho más a favor de las empresas que el Alto Tribunal, cuyas sentencias son firmes. En esos cuatro años, el Supremo ha anulado el 25,5% de las resoluciones de la CNMC, mientras que en otro 28,5% no confirmó su valoración sobre la existencia de una infracción. La Audiencia Nacional, en cambio, anuló un 26,2% de las resoluciones que revisó y confirmó la existencia de una infracción en el 52% de los casos.

En 2020, la Audiencia Nacional resolvió 91 recursos contencioso-administrativos, correspondientes a 18 sanciones de la CNMC, mientras que el Tribunal Supremo dictó 17 sentencias sobre otras cinco resoluciones en asuntos de competencia. La Audiencia Nacional confirmó la valoración de la CNMC en 53 recursos –el 58%–, aunque en 26 de ellos la sentencia estimaba parcialmente los argumentos de las empresas, y el Tribunal Supremo en 15 –el 88%–. Ocho sentencias ordenaron recalcular importes. Son datos aportados por la memoria del supervisor correspondiente a 2020.

En resumen, puede resultar una buena apuesta para las empresas recurrir en los tribunales una sanción de la CNMC; si no es anulada, puede recortarse su importe de forma satisfactoria. El Tribunal de Cuentas constata que, a 31 de enero de 2020, y sólo en materia de competencia, la CNMC había recibido un total de 403 recursos judiciales, que ponían en tela de juicio sanciones por valor de 1.202,72 millones de euros. Las 12 constructoras recién multadas ya han anunciado su intención de recurrir la resolución de la CNMC, que tachan de “barbaridad” y aseguran que sólo se basa en “especulaciones”, informa Europa Press.

Sólo en lo que va de año, los tribunales ya han anulado una multa de 22,6 millones a Repsol, otra de 29 millones a 20 cementeras, una tercera a cinco colegios de abogados…

Refuerzo jurídico frente a los tribunales

Pese a que la CNMC destaca que la Audiencia Nacional confirma el 75% de sus resoluciones y el Supremo aún más, casi el 83%, también ha intentado reforzar jurídicamente sus actuaciones: resoluciones más robustas, con una base de pruebas más sólida, y extremando las garantías de defensa de las empresas –dar trámite a sus alegaciones–. Por ejemplo, comenzó a llevar a cabo vistas orales, como en los juicios. También existen procedimientos de vigilancia de las resoluciones, que incluyen el seguimiento de la situación judicial y del cobro de las sanciones, así como actuaciones de control para que no se repitan las conductas sancionadas, mediante solicitudes de información e incluso inspecciones. En 2017 y 2018 se concluyeron 29 expedientes de vigilancia de resoluciones de ejercicios anteriores pero, a fecha de 30 de septiembre de 2020, no se había terminado ninguno de los expedientes de vigilancia de las resoluciones dictadas en 2017 y 2018.

Según el Tribunal de Cuentas, los llamados programas de clemencia, por los que se rebaja o se exime de las sanciones a las empresas que denunciaron las prácticas contra la competencia, delatando a sus cómplices y aportando pruebas, también han producido “resultados relevantes” en el desmantelamiento de los cárteles, al apoyar la “actividad investigadora” de la CNMC y su “capacidad para acreditar” los hechos, de forma que no los desmonten después los jueces. Entre los años 2014 y 2018 los delatores han permitido desarticular 12 cárteles.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 61,3 millones de euros a 12 empresas, entre las que se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr, por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018, ha informado Europa Press.

Competencia ha subrayado que se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha sancionado además a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Copasa; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr. La sanción más abultada corresponde a API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha sido multada con 8,5 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) ha sido sancionada con 5,7 millones de euros. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha sido sancionada con 3 millones de euros; Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones.

Según la CNMC, las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.

La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo que supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

Una de las empresas participantes en el cártel, Aceinsa, se ha acogido al Programa de Clemencia de la CNMC, por lo que no se le aplica la circunstancia agravante y se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta, quedando exenta además de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.

El ministro español “apelaba” al Gobierno de los Emiratos para que el fiscal aceptase el depósito de la fianza que se le había requerido a López-Monís y se le pusiera “en libertad con carácter inmediato”. “La continuación de su detención o su ingreso en prisión a la espera de la decisión del fiscal puede dañar muy seriamente la salud del detenido”, argumentaba García-Margallo en la carta, que forma parte de los miles de documentos de Football Leaks que la revista alemana Der Spiegel ha puesto a disposición de la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre.

Tras subrayarle el “gran eco” que el caso estaba teniendo esos días “entre la comunidad empresarial y europea en Emiratos Árabes Unidos” y en los medios de comunicación españoles, el ministro reitera al jeque que quiere hablar “personalmente” con él a la mayor brevedad posible.

López-Monís fue liberado sin cargos ni fianza el 25 de agosto, tres días después del envío de esta carta y ocho días después de su detención. Pero no volvió a España hasta diciembre.

La carta que el ministro José Manuel García-Margallo envió a su homólogo dubaití el 22 de agosto de 2016.

Preguntado por infoLibre por su papel en la salida de prisión del ejecutivo, José Manuel García-Margallo declinó hacer comentario alguno sobre su intermediación en este caso, asegurando que no podía acordarse de los "miles" que atendía cuando era ministro. Tampoco el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido más explícito. Se ha limitado a contestar que en su momento realizó “gestiones ante las autoridades del país” para conocer la situación en que se encontraba López-Monís, “las razones de su detención y prestarle la asistencia consular correspondiente”. Asegura que son las "actuaciones “habituales” del ministerio cuando un ciudadano español es detenido en el extranjero. Pero se niega a dar ningún detalle más sobre el caso amparándose en la Ley de Protección de Datos. Tampoco ACS ha respondido al intento de este periódico de obtener la versión del propio directivo, actualmente responsable de Dragados –otra filial del grupo de Florentino Pérez– en Norteamérica.

La pequeña historia de la detención y puesta en libertad del ejecutivo es un buen ejemplo de cómo las líneas entre el negocio deportivo y el constructor de Florentino Pérez son bastante difusas. El 21 de agosto, un día antes de que García-Margallo enviara su carta al ministro dubaití, el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, intenta ponerse en contacto con Butros Butros, vicepresidente del grupo Emirates, uno de los principales patrocinadores del club. Lo intenta por teléfono y, después, por correo electrónico. “Necesito hablar contigo a petición de Florentino. Necesita ayuda”, le informa. Después, Butros Butros le responde que “Habtour [sic] debería ser capaz de liberar a José [López-Monís], si te llevabas bien con él. Si no es así, por favor, llámame y te explicaré esta noche la mejor manera de hacerlo”. Al día siguiente, Butros le pregunta si ya han puesto en libertad al directivo español, a lo que José Ángel Sánchez le contesta que no y que es “una mala señal”. “Es una situación verdaderamente increíble”, subraya. Butros le sugiere entonces que escriba una carta a “HH Sheikh Mohammed”; es decir, al emir de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktum.

Ese mismo día, García-Margallo escribe al ministro de Exteriores de Emiratos y su carta la reciben Florentino Pérez y José Ángel Sánchez quien, a su vez, se la reenvía a Marcelino Fernández Verdes, entonces presidente ejecutivo de CimicCimic, filial australiana de ACS.

Cambio accionarial el día de la liberación

En 2016 Habtoor Leighton Group era propiedad en un 45% de Cimic, que habían convertido en filial australiana de ACS después de que el grupo español se hiciera con la mayoría de la alemana Hochtief. El resto del capital se repartía entre un 27,5% de Al Habtoor Holding y otro 27,5% de Riad Al Sadik, presidente de Habtoor Leighton Group desde 2007 y uno de los fundadores de la empresa en 1970. El mismo día en que Cimic comunicó a la Bolsa australiana la liberación de López-Monís, informó también de que Al Habtoor Holding vendía sus acciones en Habtoor Leighton a Riad Al Sadik. De esta forma, el presidente y cofundador pasaba a controlar la empresa. También adelantaba Cimic una revisión estratégica del negocio de Habtoor Leighton, que en diciembre fue rebautizada como HLG Contracting.

No obstante, en sus cuentas de ese año Cimic informa también de que, como parte del acuerdo para la salida de Al Habtoor del capital, ha asumido “ciertas obligaciones de los otros accionistas”, incluyendo “garantías de cumplimiento” –una fianza para asegurar que una parte cumple con sus obligaciones contractuales– y ha comprado préstamos de Al Habtoor por importe de 27,2 millones de dólares, además de adquirir una opción de compra del 55% restante de las acciones del constructor dubaití. Pero precisaba que esa opción, valorada en 54 millones de dólares, no tenía “ningún impacto actual en el control de la empresa”. Aunque pasaba de considerar HLG una filial a clasificarla como joint venture.

Fue en medio de estos movimientos corporativos cuando se produjo la detención y puesta en libertad de López-Monís. Ese año HLG comunicó un beneficio antes de impuestos de 29,4 millones de dólares australianos –22,6 millones de dólares–, un 64,2% más que el año anterior. Pero en 2017 registró unas pérdidas de 48 millones de dólares australianos –37 millones de dólares americanos–, según consta en las cuentas de ambos ejercicios publicadas por Cimic, que atribuye el vuelco en los resultados de la empresa dubaití al aumento de costes por “la revisión estratégica en curso, así como a la liquidación de varios proyectos”.

La historia termina mal para Cimic

En mayo de 2018, HLG Contracting pasó a llamarse BIC Contracting. Ese mismo año Cimic dejó de informar de los resultados de su empresa en Dubái en sus memorias anuales. Y en enero de 2020 anunció que vendía su participación del 45% en BIC Contracting y abandonaba Oriente Próximo, tras registrar unas pérdidas de 1.000 millones. La salida de BIC Contracting le supuso a la filial australiana de ACS un impacto de 1.840 millones de dólares. En el informe de ese ejercicio, Cimic se queja del “deterioro acelerado de las condiciones del mercado local”. En el de 2021, el último disponible, BIC Contracting sigue en venta, sin encontrar comprador.

Es más, la onda sísmica de los malos resultados en los Emiratos ha terminado por llevarse por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Sin embargo, el pasado marzo abandonó su cargo “por voluntad propia”. Se le considera responsable del fiasco de BIC Contracting, la antigua Habtoor Leighton. Desde febrero de 2020 el presidente y consejero delegado de Cimic es Juan Santamaría. En el consejo de la australiana se sientan otros dos españoles, ejecutivos de la máxima confianza de Florentino Pérez: Pedro López Jiménez y José Luis del Valle, ambos miembros de la junta directa del Real Madrid.

El acuerdo alcanzado este fin de semana por las siete potencias económicas del mundo, el llamado G7 –Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón– es “histórico”, tal y como han proclamado todos sus protagonistas, porque es la primera vez que se ha pactado un impuesto mínimo global para los beneficios corporativos. También porque desatasca casi una década de negociaciones en el seno de la OCDE para adaptar la fiscalidad al siglo XXI digital. Un paso que sólo ha sido posible tras el empujón que le ha propinado Joe Biden apoyando el tipo del 15% que deberán pagar a las arcas públicas mundiales las mayores compañías. Sin olvidar que también la pandemia, o más bien el descomunal aumento del gasto público al que se han visto obligados todos los Estados para preservar la salud de la población y mantener con vida la economía, ha hecho de la necesidad virtud.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea precisan ingentes recursos para financiar sus respectivos planes de recuperación. Biden ha presentado un presupuesto de seis billones de dólares, pero ya antes había puesto encima de la mesa un plan de dos billones para infraestructuras que llegó después de otro paquete de estímulos poscovid de dos billones más, mientras que Bruselas ha comprometido 750.000 millones de euros en su propio Plan de Recuperación.

Cifras mareantes que sólo se pueden sufragar subiendo los impuestos. A los estadounidenses más ricos –dos puntos y medio en el IRPF de quienes ganen más de 400.000 dólares al año y 19,6 puntos en los rendimientos de capital para quienes ingresen más de un millón de dólares vendiendo acciones o bonos, por ejemplo– y a las grandes empresas, aumentándoles el tipo de sociedades del 21% al 28% por lo que ganen dentro del país. La Unión Europea lleva ya tiempo poniendo en el punto de mira a las compañías digitales, a las que Francia y España ya gravan con la tasa Google.

De forma que a ambos lados del Atlántico se ha despertado una necesidad, incluso una urgencia, común. Que aún falta por detallar. Esta misma semana se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno del G7, tras la foto de este fin de semana de sus ministros de Economía en Londres. Pero hasta que se vean los ministros y gobernadores de bancos centrales del G20 en Venecia el 9 de julio, el acuerdo no quedará completado.

De momento, sólo se ha hecho público el tipo mínimo del 15% y que se aplicará a las “mayores y más rentables multinacionales” cuyo margen de beneficio supere el 10%. Los países donde esas compañías generen sus ventas tendrán derecho a gravar el 20% de las ganancias que obtengan. Hasta ahora, se dedicaban a desplazar sus beneficios de los territorios donde se generan hasta aquellas jurisdicciones con el nivel de tributación más bajo. Aún se desconoce qué empresas serán ésas, si el 15% será un tope máximo o un mínimo aumentable o qué va a ocurrir con las tasas Google ya en vigor en Francia y España, aunque el comunicado del G7 avanza que se “coordinará adecuadamente” la aplicación de esta nueva fiscalidad internacional y la “supresión de todos los impuestos sobre servicios digitales y otras medidas similares pertinentes, en todas las empresas”. En otras palabras, puede tener los días contados.

Así que, pese a la importancia del avance, surgen las primeras sospechas y las primeras críticas. De hecho, los mensajes de decepción son la nota dominante entre las organizaciones defensoras de la justicia fiscal: el acuerdo apunta a reformas clave –impuesto de sociedades mínimo global y pago en los países en los que se opera–, pero es cicatero con los países ajenos a las grandes potencias, ambiguo y de dudosa aplicación.

Ganan los países ricos, no aporta nada a los pobres

“No es ambicioso, las medidas sugeridas no son justas y existe un alto riesgo de que conduzcan a un sistema fiscal más complejo e ineficaz”, resume Tove María Ryding, coordinadora de Impuestos de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad).

Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, rebaja el acuerdo a una “declaración de apoyo político”, pendiente del Marco Inclusivo de la OCDE, que busca el sí de 139 países, y del G20. Ruiz afirma que, si la OCDE mantiene la línea llevada hasta ahora, el mínimo global del 15% no será obligatorio. Lo previsto, señala, es que los países que sí lo cumplan, previsiblemente todos los del G20, obliguen a las compañías que tienen la matriz en su territorio, de forma que, si pagan menos de un 15% en alguna jurisdicción a la que trasladan sus beneficios, será el país donde se halla la matriz la que cobre la diferencia hasta el 15%. Es decir, ganarán los países con más multinacionales, dice.

La responsable de Oxfam no resta impacto a la medida, pero limita sus beneficiarios. “Si Estados Unidos firma el acuerdo, y pongamos que una multinacional estadounidense opera en Irlanda con un tipo efectivo del 5%, la administración tributaria de Estados Unidos le va a gravar la diferencia [hasta el 15%]”, explica. Con ello se debilita o desaparece el incentivo de la compañía a acudir a Irlanda, por lo que también Irlanda –incluso si no aplica el 15% de mínimo, ahora su tipo es del 12,5%, el menor de la UE– acabaría por verse previsiblemente afectada. “Se supone que Irlanda acabará cambiando su diseño tributario”, apunta Ruiz, aunque eso no quiere decir que sea “obligatorio”.

Ahora bien, mientras para Estados Unidos el acuerdo es bueno, ¿cómo será para terceros países? “Supongamos que Argentina pierde impuestos porque una compañía los traslada a Irlanda. Argentina no va a recuperar esa diferencia, sino que la recupera Estados Unidos”, precisa Ruiz, por ser el país donde tiene la matriz. A su juicio, el acuerdo es una “muy mala noticia para los paraísos fiscales del 0%, una muy buena noticia para Estados Unidos” paraísos fiscalesy una noticia que “no aporta nada” a los países pobres. Además, consagra las “prácticas monopolísticas” en las grandes empresas. “No hay voluntad de que cada país pueda retener los impuestos. Sólo protege los intereses de los países ricos”, advierte.

La segunda pata del acuerdo implica que las multinacionales paguen allí donde generan sus beneficios. Susana Ruiz pone como ejemplo una empresa de intermediación entre conductores y usuarios, que podría ser –Ruiz prefiere no dar ejemplos concretos– Uber. “Los países en los que opera la empresa podrán gravar el 20% de los beneficios. Es decir, a lo que se calcule que le toque a España de ese 20%, habrá que aplicarle el 25% que se aplica aquí al impuesto de sociedades. Se va cortando el queso en lonchitas tan pequeñas que la última es casi invisible”, critica. La medida hubiera tenido un impacto importante con un porcentaje mayor, pero el 20% es escaso, subraya.

A la responsable de Oxfam le preocupa también el filtro del 10% en el margen de beneficio. Un porcentaje que puede dejar fuera a compañías como Amazon, que no superó el 6,3% en 2020. Así lo consideran también expertos consultados por The Guardian. “Basándonos en el comunicado, Amazon no está dentro”, explica al diario británico Paul Monaghan, director ejecutivo de la Fair Tax Foundation. Hay un segundo filtro, sobre el que Ruiz llama la atención: los 750 millones de facturación exigidos como requisito para acogerse a las medidas. Esta cifra ha sido manejada por la OCDE durante las negociaciones [ver aquí, en el punto 35], pero no aparece en el documento del G7. ¿Se mantendrá? Susana Ruiz es escéptica sobre el listado final de empresas afectadas, si lo hay. En cualquier caso, la responsable de Oxfam advierte del limitado impacto para España, debido a los “listones bajos” colocados por el G7. España sí se beneficiará, recalca, de la actividad exterior de sus multinacionales. Ahora bien, a cambio es previsible que tenga que ceder la tasa Google, en vigor desde enero. Ruiz duda que a España le compense.

“Una cortina de humo”

Tax Justice Network ha recibido el acuerdo del G7 como un jarro de agua fría. Alex Cobham, director general de Tax Justice Network. hace este análisis: “El G7 ha decidido trasladar por fin el sistema fiscal internacional al siglo XXI, pero sólo lo suficiente para beneficiarse descaradamente sólo a ellos mismos”. “Pocas veces se presenta la oportunidad de mejorar la vida de miles de millones de personas de un solo golpe, pero cuando la historia ha llamado hoy a la puerta, los líderes de los países más ricos del mundo le han dado la espalda”, añade Cobham, para quien el 15% queda lejos del objetivo deseable, el 25%. El director de Tax Justice Network afirma que debe ser la ONU el organismo que lidere el cambio.

“Un tipo impositivo mínimo del 15% en todo el mundo sólo significará que, en lugar de correr hacia abajo, los tipos impositivos de las empresas del mundo correrán hacia el mínimo. [...] Además, todavía tenemos que ver si este tipo mínimo será realmente efectivo. Eso depende de cómo se diseñen las normas”, señala por su parte Tove María Ryding. Coincide con Ruiz y Cobham en que el acuerdo es negativo para los países pobres. “Sólo refleja los intereses de los países más grandes y ricos del mundo. El acuerdo del G7 sugiere un enfoque que daría lugar a ingresos fiscales para los países que albergan las sedes de las empresas multinacionales, así como grandes cantidades de consumidores. Esto sería profundamente problemático para los países más pobres del mundo, que no tienen muchas sedes de empresas o consumidores, pero en cambio, por ejemplo, tienen muchos empleados”, acusa la coordinadora de Eurodad, quien también pide una negociación liderada por la ONU. Lo que puede ocurrir con el nuevo esquema es que la recaudación se traslade de los paraísos fiscales… a los países ricos. “Seguiremos teniendo un gran problema: que las normas fiscales mundiales no garantizan que los países más pobres, los más necesitados de ingresos, puedan gravar efectivamente a las empresas multinacionales”, concluye.

A Ricardo García Zaldívar, miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal y presidente de Attac, la “reforma del sistema fiscal global” le recuerda a la “refundación del capitalismo” que algún líder europeo prometió tras la caída de Lehman Brothers. A su juicio, la nueva era fiscal no deja de ser “una cortina de humo”. García Zaldívar, curtido ya en muchos trienios de debate fiscal, afirma que lo más importante es la pedagogía. Antes de prohibir, sostiene, “hay que criminalizar socialmente”. Y este acuerdo, aunque va en la buena dirección, es “ambiguo” y no aporta gran cosa en esa línea, opina. García Zaldívar cree que ha habido pasos más significativos que el dado por el G7, pero han pasado más desapercibidos. Dos ejemplos: a escala europea, las nuevas obligaciones de transparencia impuestas por la UE a las multinacionales –los informes país por país recién aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo–; en España, el impuesto de transacciones financieras, o tasa Tobin, pese a que, a su juicio “se queda corto”.

“Improbable que aumente la recaudación en la UE a corto plazo”

Pero no hace falta salir de la Unión Europea para encontrar reparos. Apenas tres días antes del anuncio en Londres, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, presentaba en sociedad el Observatorio Fiscal de la UE, dirigido por Gabriel Zucman, economista experto en paraísos fiscales y profesor de la Universidad de Berkeley, en California. Su primer informe calcula cuántos impuestos recaudarían los Estados miembros si existiera un tipo mínimo mundial del 15%, del 21%, del 25% y del 30%. Y construye una simulación de cantidades en tres supuestos: si existiera un acuerdo global como el que parece que se está fraguando, si sólo la UE aplicara el tipo mínimo de sociedades o si no hubiera más que un país –o grupo de países– que se atreviera.

Las conclusiones de Zucman y los coautores, Mona Barake, Theresa Neef y Paul-Emmanuel Chouc, apuntan a un tipo del 25% como una “tasa relativamente modesta”, que permitiría a la UE aumentar en un 50% su recaudación, unos 167.800 millones de euros, o un 1,2% del PIB comunitario, en caso de que se aplicara un acuerdo global. Con un 21%, la UE ingresaría 98.000 millones más. Pero si aplicara el 15%, el tipo que ha anunciado el G7, el aumento de la recaudación sería de sólo 48.300 millones. Una tasa tan baja, resalta el informe, “es improbable que aumente de forma significativa la recaudación en la Unión Europea a corto plazo”. Aunque también puede “allanar el camino hacia un tipo más alto en el futuro”, concede.

Si el acuerdo para imponer un tipo mínimo del 25% lo aplicaran únicamente los Estados miembros de la UE, la mejora de la recaudación sería superior, 214.500 millones de euros: 167.800 millones procederían de la tributación de las multinacionales de matriz europea y los 46.700 millones restantes del 20% del déficit fiscal –la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que debería pagar hasta el 25% del tipo mínimo– de las multinacionales de fuera de la UE. De esa cantidad, 12.300 millones procederían de compañías estadounidenses.

Por tanto, dice el informe de Zucman y sus colegas, la Unión Europea consigue un potencial recaudatorio mucho mayor subiendo los impuestos de sus propias multinacionales antes que de las estadounidenses, por ejemplo. A su juicio, es “esencial” que la UE “controle” sus propias multinacionales.

Según sus cálculos, España aumentaría su recaudación en 700 millones de euros con un tipo del 15%. Si se aplicara un 21%, el alza sería de 5.400 millones. Y, de llegar al 25% propuesto por los autores del informe, los ingresos fiscales llegarían a 12.400 millones de euros. España sería el quinto país de la UE más beneficiado en caso de imponer ese tipo mayor. Aumentaría un 43,7% su recaudación respecto de la actual. Esa cifra equivale al 11% del gasto público español en sanidad.

Para hacerse una idea del volumen de ingresos que supone gravar a las multinacionales con esos tipos mejorados, puede bastar la cifra que el Gobierno tiene previsto recaudar con la tasa Google: sólo 968 millones de euros. En todo caso, si finalmente esa tasa se suprimiera para cambiarla por sólo el 15% de tipo mínimo –700 millones, recuérdese–, España perdería 268 millones de ingresos fiscales.

Los países más beneficiados de una tasa del 25% serían Alemania –29.100 millones– y Francia –26.100 millones–. Aunque porcentualmente, los que más aumentarían su recaudación serían Luxemburgo –un 282,3%– e Irlanda –167,9%–, debido a los bajos tipos impositivos que aplican a las multinacionales.

Los déficit fiscales de ACS, Iberdrola, Teléfonica y Santander

El informe también calcula el déficit fiscal de algunas de las mayores multinacionales europeas. Y entre ellas hay algunas españolas. La que mayor déficit fiscal tiene es ACS, que debería pagar un 354% más de lo que tributa actualmente, 60,4 millones de euros. Con un tipo del 25% –ése es el tipo nominal del impuesto de sociedades en España, pero el efectivo es mucho menor–, debería pagar a Hacienda 217,8 millones de euros. Telefónica tendría que ingresar en Hacienda 409,7 millones más, un alza del 70,3%. Iberdrola tiene un déficit de 488,3 millones de euros, pero en términos relativos debería aumentar sus pagos al fisco un 59,7%. El de Repsol asciende a 133,2 millones, un 13,8%.

La multinacional europea con mayor déficit fiscal es la holandesa Shell, 2.894 millones de euros, seguida de la aseguradora alemana Allianz, con 894 millones.

Por lo que se refiere a los bancos, igualmente incluidos en el estudio, el Sabadell es el que mayor déficit fiscal tiene, un 45,2%. Sin embargo, en cifras absolutas, el Santander encabeza la lista, porque debería pagar 687,93 millones de euros más a Hacienda de lo que tributa ahora para alcanzar el tipo del 25%. El BBVA tendría que subir su tributación en 205,72 millones, un 11,2%. Por el contrario, la recién desaparecida Bankia no tiene déficit fiscal alguno. Los 502,1 millones de euros pagados en 2019 equivalen a un gravamen del 25%.

Los gigantes digitales, a gusto con el acuerdo multilateral

También despierta recelos el hecho de que las multinacionales señaladas por este giro en la fiscalidad hayan aplaudido el anuncio de Londres. Facebook no ha dudado en dar la “bienvenida” a lo que ha calificado de “importante avance” en el G7. “Facebook quiere que el proceso de reforma fiscal internacional tenga éxito y reconoce que ello podría implicar que pague más impuestos en diferentes lugares”, ha adelantado Nick Clegg, vicepresidente para asuntos globales de la red social y ex viceprimer ministro británico.

Por su parte, Google ha expresado su “fuerte apoyo al trabajo que se está haciendo para actualizar las normas fiscales internacionales”. Amazon también ha respaldado en términos similares “el proceso dirigido por la OCDE”, porque cree que “una solución multilateral ayudará a dar estabilidad al sistema fiscal internacional”. “El acuerdo del G7 supone un paso adelante en el esfuerzo por alcanzar este objetivo. Esperamos que las discusiones sigan avanzando con el G20 y la alianza del Marco Inclusivo”. Quizá, si desaparecen las tasas Google aplicadas por algunos países y el tipo se queda en un 15%, los gigantes digitales se encontrarán cómodos en el nuevo sistema tributario mundial. En un primer momento, Joe Biden anunció un tipo mínimo del 21%, que luego ha rebajado. Francia, por el contrario, según ha manifestado su ministro de Economía, Bruno Le Maire, quiere seguir presionando para aumentar ese 15%. “Es un compromiso. Luchamos para que se añadiera en el comunicado final ‘al menos un 15%’ y en las próximas semanas vamos a seguir peleando, en particular con Alemania, para que la tasa sea lo más elevada posible”.

Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo: maneja 7,32 billones de dólares en activos, según sus propias cifras. También es el principal inversor del ÍBEX 35. Posee participaciones en 21 de las 35 mayores compañías españolas, entre ellas los seis grandes bancos, cuatro energéticas –Iberdrola, Enagas, Repsol y Red Eléctrica–, las constructoras ACS y Ferrovial y cuatro semipúblicas –Bankia, AENA y las citadas Enagas y Red Eléctrica–. Además, es el accionista principal de los dos mayores bancos, Santander y BBVA, y de la tecnológica del turismo Amadeus. En total, su cartera vale en estos momentos unos 12.714 millones de euros.

Pero, como al resto de los inversores, la caída de la Bolsa por culpa de la pandemia también ha afectado a Blackrock y sus acciones valen ahora un 29% menos que en enero. Aun así, desde entonces el fondo que dirige Larry Fink ha aumentado su participación en Bankinter e Iberdrola. De hecho, ha aprovechado el mes de agosto para salir de compras y crecer en cinco grandes del ÍBEX: las constructoras ACS y Ferrovial, el gestor aeroportuario AENA, Bankia e Iberdrola.

El pasado 28 de agosto, Blackrock, que había llegado a Bankia en mayo, en plena desescalada, afianzó su posición en la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri hasta el 1,58%, un paquete por importe de unos 53 millones de euros. Unos días antes había comprado en Cellnex hasta completar un 3,04% de las acciones, que valen casi 900 millones de euros. Aun así queda lejos del 4,59% que llegó a poseer en julio. El 19 de agosto aumentó su participación en AENA hasta el 3,05% –590 millones–, pese al penoso verano del turismo internacional en España, que ha desplomado el tráfico y la actividad de los aeropuertos nacionales. En ACS creció hasta el 4,71% el día 11, lo que casi duplica la participación con que entró en la constructora de Florentino Pérez en 2016. Las acciones que posee valen ahora 314,45 millones de euros.

Mayor es aún su apuesta por Iberdrola, donde ha llegado al 5,23% del capital este mes de agosto. Es su récord hasta ahora en la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán. También es su mejor inversión en España: 3.556,95 millones de euros, casi una cuarta parte de su cartera total. Sólo en Amadeus su porcentaje es aún más elevado: un 5,27% –1.164,25 millones– pero no lo ha movido desde el julio de 2019. En Telefónica, donde alcanzó el 5,6% en junio de 2017, ha vendido hasta quedarse con un 4,8%, valorado en 868 millones de euros, pero continúa siendo el tercer mayor accionista, tras BBVA y Caixabank. Finalmente, también ha puesto más dinero en Ferrovial, hasta alcanzar un 2,94% –503 millones de euros–. Todas estas cifras proceden de los registros de la CNMV.

Acciones baratas, poco movimiento

Las operaciones del gigante estadounidense se producen cuando la Bolsa española ha caído un 30,8% desde que alcanzó su máximo del año el 18 de febrero, 10.083 puntos. Este lunes, último día de agosto, perdió los 7.000 puntos que ha estado peleando por mantener todo el mes, y se ha quedado en unos tristes 6.369. Según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME), los mercados bursátiles nacionales –continuo, MAB, Latibex y los corros de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia– abrieron 2020 con una capitalización de 1,083 billones de euros, que en julio habían encogido hasta 775.211 millones. Sólo han remontado un 6,1% desde el descalabro de marzo, cuando la declaración del estado de alarma y el confinamiento paralizaron la economía. Por tanto, las acciones están baratas, en un mes en que tradicionalmente hay muy poco movimiento y el volumen de compraventa queda reducido al mínimo.

En cualquier caso, la sombra de Blackrock es aún mayor que la descrita. Además de las 21 empresas citadas, Blackrock mantiene posiciones no significativas –por debajo del 3%– en al menos otras siete empresas cotizadas. Es el caso de Acerinox, Cie Automotive, Siemens Gamesa, IAG y Viscofan. Sin contar con las participaciones que posee en Mediaset –1,83%– y en Bolsas y Mercados Españoles (BME) –donde llegó a poseer en 3,7% pero en junio se ha quedado sólo con un 0,3%–, dos valores que desde junio ya no figuran en el ÍBEX 35.

Por qué es tan poderoso

Creado en 1988, Blackrock aterrizó en España seis años más tarde. Emplea a 16.200 personas en todo el mundo. Y se la considera un auténtico poder en la sombra. En el primer semestre de este año ha ganado 2.020 millones de dólares –1.767 millones de euros–, un 21% más que el mismo periodo de 2019. Es decir, entre abril y junio recuperó todo lo que había perdido por culpa del covid-19: sus activos a 30 de junio engordaron 744.708 millones de euros respecto al 31 de marzo.

Ese mismo mes, la Reserva Federal de EEUU contrató a una filial de Blackrock para que la asesore en la compra de valores con garantía hipotecaria y bonos de grandes compañías, en un intento por estabilizar el mercado tras el hundimiento causado por la pandemia. La decisión levantó cierta polémica porque no era la primera vez que el fondo era utilizado por la Reserva Federal en tareas donde se rozaba el conflicto de interés. En 2008, tras la crisis financiera, Blackrock fue contratada para vender los activos tóxicos de las entidades rescatadas por el Gobierno de EEUU, como Bear Stearns y AIG, unos activos que el fondo compraba para sus propios clientes.

El fondo también asesoró entonces a los gobiernos de Irlanda y Grecia con sus propias crisis financieras. Sólo un mes más tarde de firmar con la Fed, la Comisión Europea encargó al fondo neoyorquino que la asesora antes de redactar futuras normas medioambientales para la banca. Noventa organizaciones europeas pidieron entonces a Bruselas que cancelaran el contrato.

El pasado mes de enero, su consejero delegado, Larry Fink, anunció en una carta pública a sus clientes, que el fondo iba a reorientar su actividad hacia las inversiones sostenibles, abandonando aquéllas que impliquen la producción de carbón y lanzando nuevos productos financieros que eliminen combustibles fósiles. Consciente de su influencia, no dudó en pedir a los gobiernos “una respuesta internacional coordinada”, alineada con los objetivos de la Cumbre de París y en instar a la iniciativa privada a sumarse a la pública para conseguir “una transición energética justa”. No sin advertirles de que en 2019 Blackrock ya votó contra 4.800 consejeros de 2.700 empresas de todo el mundo porque no habían sido lo bastante transparentes en materia de sostenibilidad o no la habían aplicado en sus prácticas empresariales. “Cada vez estamos más dispuestos a votar en contra de los gestores de esas empresas”, subrayaba.

Entre su cartera de clientes se cuentan los mayores planes de pensiones del mundo, así como los fondos soberanos de muchos países. Para hacerse una idea de las armas de Blackrock: el volumen de activos que gestiona multiplica por cinco el PIB de España en 2019 y casi duplica el alemán.

La pandemia está causando estragos en las cuentas de las empresas. La profundidad de la herida varía dependiendo del sector pero, desde la banca y la industria hasta las empresas de transporte y el turismo, los resultados corporativos están acusando el impacto con cifras que disparan todas las alarmas. Aun así, casi la mitad del ÍBEX 35 repartirá dividendos este año. Pese a la caída de beneficios e incluso las pérdidas que algunas de las grandes compañías han registrado este primer trimestre y las negras previsiones económicas para este año y el próximo. Otras los han recortado, pero no eliminado, y algunas más han pospuesto su decisión al verano o el pago de la remuneración al accionista al otoño.

Además, los anuncios de reparto del dividendo se están sucediendo al mismo tiempo que los mandatos institucionales a las empresas para que reserven sus beneficios y refuercen su calidad financiera o los reinviertan.

Así, el Banco Central Europeo (BCE) ha exigido a las entidades financieras que no abonen dividendos sobre los ejercicios de 2019 y 2020 hasta al menos el 1 de octubre de este año. Tampoco deberían recomprar acciones. En el mismo sentido se han pronunciado la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés) y en España la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto a las aseguradoras. Según el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, la banca europea ya ha suspendido el pago de más de 27.000 millones de euros en dividendos, el 75% de la cantidad que las entidades financieras tenían previsto repartir antes de que llegara el coronavirus.

Además, las millonarias ayudas públicas con que las diferentes administraciones van a ayudar a las empresas coinciden en incluir entre sus requisitos de concesión que las beneficiarias se abstengan de remunerar a sus accionistas. La Comisión Europea permite ya a los gobiernos entrar en el capital de las compañías perjudicadas por el coronavirus, pero a cambio éstas tienen prohibido repartir dividendos –o recomprar acciones y pagar bonus a sus directivos– hasta que el Estado haya salido de sus consejos de administración.

Son las mismas exigencias establecidas por el Ministerio de Economía para conceder los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas españolas impactadas por el covid-19: deben utilizar la financiación obtenida para afrontar sus necesidades de liquidez; es decir, para pagar nóminas, impuestos y facturas o devolver créditos. Y otro tanto se requiere a las empresas a las que se exime de pagar cotizaciones a la Seguridad Social tras aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Con pérdidas

Entre las grandes compañías que han repartido dividendos pese a sufrir pérdidas se encuentran Ferrovial y Siemens Gamesa. La constructora de Rafael del Pino terminó el primer trimestre con unos números rojos de 111 millones de euros, un 13,2% más de lo que perdió en el mismo periodo del año anterior. La empresa anotó una provisión de 39 millones que ya figuraba en el plan estratégico presentado en febrero, antes del covid-19, pero que ahora aparece incluida en las medidas de “reducción de costes, reestructuración y revisión de las inversiones” que está tomando para “adaptarse” a la pandemia.

Pero las pérdidas no han sido obstáculo para que Ferrovial abone el primer pago de los dos en que tradicionalmente reparte de su dividendo anual. Eso sí, el abono, por importe de 234 millones de euros, será en acciones, lo que se conoce como scrip dividend.

Siemens Gamesa cifra en 56 millones de euros el impacto del coronavirus en sus cuentas del último trimestre, que le han conducido a unas pérdidas de 165 millones de euros, frente al beneficio de 49 millones de euros en el mismo periodo de 2019. De forma que ha retirado sus previsiones financieras para este ejercicio. Pero, como dice tener un balance y una posición de liquidez “sólidos”, 2.000 millones de euros, pagará el dividendo correspondiente a 2019, un total de 34 millones de euros, el doble de lo que desembolsó el año anterior.

La constructora Sacyr, fuera del ÍBEX desde 2016, repartirá dividendos con cargo a los resultados de 2019, pese a haber perdido 297 millones de euros en 2019 y pese a la crisis sanitaria: 0,110 euros por acción, pero no en efectivo, sino en papel.

Desplome de resultados

Telefónica, por el contrario, sí que ha tenido beneficios en el primer trimestre, 406 millones de euros, aunque la cifra supone un 56,2% menos que los registrados un año antes. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha suspendido sus objetivos financieros para este ejercicio por culpa de la pandemia. Pero, apoyada por su “confianza en la flexibilidad de su modelo de negocio”, junto con su “sólida posición de liquidez y la esperada resistencia del comportamiento” de su actividad, abonará un dividendo de 0,4 euros por acción. No en efectivo, sino mediante acciones.

Además, el covid-19 llega justo en el momento más bajo de Telefónica en Bolsa desde hace años. Su acción ha llegado a estar por debajo de cuatro euros. Sólo la fusión con Liberty Global en Reino Unido la ha animado en los últimos días. Pese a ello, su capitalización en Bolsa, que alcanzó en sus mejores tiempos los 100.000 millones de euros, no supera ahora los 20.000 millones.

Logista, que aunque no está en el ÍBEX le ronda cada año, ha recortado su beneficio casi un 12% –65,9 millones– y culpa al covid-19. Lo que no le impide mantener su política de remuneración al accionista: distribuir al menos el 90% del beneficio neto consolidado y repartir un dividendo complementario de 0,81 euros.

Acciona ha ganado 78 millones de euros hasta marzo, un 6,9% más que en 2019, pero prevé que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se reducirá este año un 15% por culpa de la pandemia. Así que ha decidido recortar a la mitad su dividendo: repartirá 105,6 millones de euros en lugar de los 211 previstos en principio. Además, ha presentado ERTE en al menos dos de sus filiales: Acciona Facility Services y EROM.

Decisión aplazada

Acerinox también han sufrido una caída de beneficios, en su caso del 14%, en los tres primeros meses del año. Ha ganado 28 millones de euros. Iba a pagar un dividendo de 0,4 euros por acción, pero ha desconvocado su junta general de accionistas, que estaba prevista para el pasado 22 de abril, y no la convocará hasta que “se den las circunstancias de estabilidad, certidumbre y visibilidad de los mercados que las decisiones importantes exigen”.

Otro tanto han decidido Aena, Inditex, Indra y Grifols. El operador aeroportuario se le han desplomado los resultados –23,1 millones– un 83,1% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2019. Por lo que ha aplazado su junta general de accionistas, inicialmente prevista para los días 31 de marzo y 1 de abril, y por tanto también el reparto de su remuneración al accionista. Además, ha dejado en suspenso las previsiones de tráfico y negocio que publicó el pasado febrero, debido a la paralización del transporte aéreo.

Inditex ha retrasado la decisión sobre los dividendos hasta el consejo de administración previo a la junta general de accionistas que celebrará en julio, y provisionará 287 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. “No se dan en el momento presente las condiciones necesarias para tomar la decisión adecuada sobre el reparto del dividendo”, ha explicado la multinacional de Amancio Ortega, cuyas ventas cayeron un 24% sólo entre 1 y el 16 de marzo pasados.

Los números de la semipública Indra son aún peores: su beneficio se ha hundió un 65,6% hasta marzo, y gana 6,3 millones de euros. También ha suspendido todos sus objetivos para 2020 y pospone la decisión sobre el abono de dividendos.

Los perjudicados del turismo

Al igual que AENA o Inditex, otro de los mayores perjudicados por la pandemia es IAG, el hólding de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, que ha retrasado hasta septiembre su junta general de accionistas y no pagará el dividendo complementario de 0,17 euros por acción. Además, IAG ha presentado un ERTE para 13.900 empleados de Iberia, 4.000 de Vueling y 32.000 en British Airways. El grupo perdió nada menos que 1.683 millones de euros en el primer trimestre, mientras que había ganado 70 millones un año antes en ese mismo periodo.

La crisis del covid-19 también ha transformado los 11,5 millones de euros de beneficio obtenidos por Meliá Hotels International en los tres primeros meses de 2019 en unas pérdidas de 79,7 millones este año. De sus 326 hoteles, según informó a la CNMV, sólo mantiene abiertos 43. Aún no ha decidido qué hará con los dividendos. La junta general de accionistas no se celebrará hasta junio.

Amadeus es una víctima más del desplome del turismo. Tras disminuir su beneficio un 12,6% ya en 2019, no repartirá un dividendo complementario este año por importe de 320 millones de euros, al tiempo que prepara un plan de recortes por otros 300 millones sólo para hacer frente a las “duras condiciones de mercado” que le amenazan por culpa del coronavirus. Además, reducirá su programa de recompra de acciones, que es otra forma de remunerar al accionista.

El negocio inmobiliario tampoco escapa del contagio. Merlin Properties ha preferido “dejar en suspenso” el pago del dividendo complementario, 0,32 euros por acción. Decidirá si lo abona o no “una vez se evalúen las consecuencias que tenga para el negocio la situación creada por la pandemia”, sin descartar su cancelación. La socimi, que cuenta con una de las plantillas mejor pagadas el ÍBEX, también ha recortado un 25% la retribución de sus consejeros.

Atresmedia y Mediaset, dos de las compañías más generosas con sus accionistas, han tomado diferentes direcciones tras toparse con el covid-19, pese a que las dos sufren la misma caída de los ingresos de publicidad. Las ganancias de la primera –21,7 millones– han caído un 24,4% hasta marzo comparadas con el año pasado, mientras que las de la segunda –48,9 millones– se han reducido un 8%. Pero mientras la matriz de Antena 3 pagará en julio 0,25 euros por acción, tras retrasar su junta general de accionistas, Mediaset no pagará nada y destinará a reservas los 168,9 millones de euros que tuvo de beneficios en 2019.

Casi toda la banca anula o aplaza

Mención aparte merecen los bancos. Especialmente castigados los últimos años en la Bolsa, se encuentran ahora también en el ojo del huracán con la crisis. Y obligados por el BCE a no repartir dividendos hasta octubre, que incluso les ha amenazado con tomar “medidas coercitivas” si desobedecen.

Banco Santander, Banco Sabadell y BBVA han cancelado la retribución a sus accionistas. La entidad que preside Ana Patricia Botín ha anulado el dividendo complementario de 2019 , cuyo reparto estaba previsto para mayo, y dejado en suspenso el dividendo de este año. La junta general de accionistas no se celebrará hasta octubre. En el primer trimestre el beneficio de Banco Santander se desplomó un 82%, hasta los 331 millones de euros, tras provisionar el impacto del coronavirus con 1.600 millones de euros.

Las ganancias del Banco Sabadell se también se hundieron en el comienzo de 2020, un 63,7%, hasta quedarse en 94 millones de euros. En su caso la provisión por la pandemia alcanzó los 213 millones de euros. Así que ha anulado el dividendo de 0,04 euros por acción con cargo a 2019 inicialmente aprobado por su junta general de accionistas.

Las pérdidas de BBVA se cifran en 1.792 millones de euros, tras anticipar saneamientos por la crisis del covid-19 por importe de 1.433 millones de euros. Tampoco abonará dividendos con cargo al ejercicio en curso al menos hasta que desaparezcan las incertidumbres generadas por la pandemia, ha asegurado la entidad.

No obstante, otras entidades han sido menos drásticas. CaixaBank ha recortado también sus beneficios con cifras alarmantes, un 83,2%. La entidad que preside Jordi Gual ganó 90 millones hasta marzo después de hacer una dotación extraordinaria de 400 millones de euros por el coronavirus. Ha reducido el dividendo de 2019, pero no ha renunciado del todo al correspondiente a 2020: lo ha recortado del 50% al 30% del beneficio neto.

El descalabro en el resultado del semipúblico Bankia ha sido un poco menor pero aun así considerable, del 54%. Ha ganado 94 millones de euros por culpa de unas provisiones de 125 millones por el covid-19. Pero mantiene el abono del dividendo complementario de 2019, 355,32 millones. Sí que ha renunciado al dividendo extraordinario comprometido para 2020.

Bankinter ha pospuesto hasta octubre cualquier decisión sobre el reparto de beneficios entre sus accionistas. El banco de María Dolores Dancausa recortó sus ganancias un 10% en el primer trimestre, hasta los 130,3 millones de euros, tras notar una provisión de 107,3 millones por la crisis. Lo mismo han hecho con sus dividendos Abanca e ING.

Por el contrario, Mapfre abonará 447 millones de euros a sus accionistas en concepto de dividendo complementario con cargo a 2019. Desoye así las recomendaciones tanto de la Autoridad Europea de Seguros como de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda. Los beneficios de la aseguradora ascendieron a 609 millones de euros el año pasado, un 15,2% más que en 2018.

Otra aseguradora, Grupo Catalana Occidente, ha suspendido el dividendo complementario, pero sí repartirá el cuarto dividendo a cuenta de 2019.

Lastrada por el descalabro de los precios del petróleo, con el barril de Brent por debajo de los 20 dólares, el beneficio de Repsol cayó en el primer trimestre un 27,7%. Ganó 447 millones de euros. Como ha ocurrido a otras grandes compañías, la de Antonio Brufau tuvo que retrasar hasta finales de este año o el primer trimestre de 2021 la presentación de su plan estratégico , así como suspender la recompra de acciones propias del 5% que había anunciado por valor de 1.000 milones de euros. Sin embargo, en julio pagará a sus accionistas 0,55 euros por acción, en forma de scrip dividend.

Viscofan también recortó sus beneficios en 2019, un 14,7%, por lo que ganó 105,6 millones de euros. Pese al coronavirus, la empresa, que se dedica a fabricar envolturas plásticas para productos cárnicos, prevé aumenar sus ganancias este año entre un 6% y un 9%, según informó a la CNMV. Así que mantiene el reparto de dividendos de 1,62 euros por acción, que incluye el dividendo complementario de 0,96 euros el 4 de junio, tras pagar 0,65 euros en diciembre.

Con el covid-19 a favor

Claro que también hay compañías que ganan a pesar del covid-19 o incluso gracias a él. Es el caso de Ebro Foods, fuera del ÍBEX 35, pero cuyo beneficio ha crecido casi un 30% –hasta los 48 millones de euros– en buena parte gracias al aumento de sus ventas de alimentos a los hogares por el confinamiento. De manera que no tiene previsto aplicar ERTE y sí pagar un dividendo de 0,57 euros por acción.

ACS, la constructora de Florentino Pérez, asegura que la crisis del covid-19 no ha tenido ningún “impacto significativo” en sus cuentas. En 2019 ganó 962 millones, un 5,1% más que el año precedente, y este ejercicio retribuirá a sus accionistas con 630 millones de euros en forma de scrip dividend.

También las eléctricas mantienen el tipo y el dividendo. Iberdrola prevé que sus ganancias superen este año su récord histórico de 3.406 millones de euros, por lo que sostiene su política de remuneración a los accionistas. Hasta marzo, el beneficio alcanzó los 1.257 millones de euros.

Tampoco Endesa cree que la crisis sanitaria no va a afectar a sus objetivos para este año y que su capacidad para pagar dividendos se mantiene “intacta”, en palabras del director financiero, Luca Passa. Con cargo a 2019, abonará 1,475 euros por acción y la de este año subirá a 1,6 euros.

Enagás ha ganado un 14,7% más en el primer trimestre, con un resultado positivo de 119,1 millones de euros. La empresa destaca que no ha notado “impactos” por la pandemia, así que mantiene el dividendo: 1,6 euros en 2019 y 1,68 euros para este año. Entre 2021 y 2023 lo aumentará hasta que llegue a 1,74 euros al final del trienio.

Por el contrario, Naturgy redujo sus beneficios un 41,6% hasta marzo respecto al mismo periodo de 2019. 199 millones de euros en el primer trimestre del año. Pero eso no le impide sostener un dividendo de 1,37 euros con cargo a 2019 e incluso aumentar el de este año hasta los 1,59 euros por título. “No hay motivos para cuestionarlo”, subrayó el presidente de la compañía, Francisco Reynés al presentar sus resultados. No obstante, ha suspendido de forma temporal su programa de recompra de acciones, 400 millones de euros.

Finalmente, la semipública Red Eléctrica (REE) distribuirá un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2019 a partir de junio de 1,0519 euros, tras cerrar el primer trimestre con unos beneficios de 172,6 millones de euros. La cifra supone un recorte del 9,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

La guerra entre Iberdrola y ACS a cuenta de las actividades del excomisario José Manuel Villarejo se recrudece. La eléctrica ha enviado una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que insta al supervisor bursátil a pedir explicaciones al presidente de la constructora, Florentino Pérez, sobre sus relaciones con el expolicía, actualmente en prisión, así como sobre los motivos de la dimisión de Manuel Delgado como consejero de ACS. También le reclama a la CNMV que el presidente del Real Madrid aclare si posee sociedades en paraísos fiscales para ocultar su patrimonio.

La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán quiere que la CNMV reclame a la constructora la publicación de toda la información de que disponga sobre el caso Villarejo, según han adelantado El Confidencial y El Mundo. El envío de la carta se produce después de que el organismo supervisor hiciera público un comunicado donde requería a las compañías cotizadas que exijan responsabilidades en cuanto se produzcan “prácticas de carácter irregular”. Además, la CNMV recordaba a las empresas que deben incluir en sus informes no financieros y en el informe de gobierno corporativo “los riesgos, incluidos los derivados de la corrupción”, en el momento en que hayan tenido conocimiento de esas prácticas irregulares o riesgos “con independencia de que hayan trascendido o no públicamente a través de medios de comunicación o de otro modo”.

A su vez, la CNMV hacía estas recomendaciones mientras el BBVA y su expresidente, Francisco González, comparecían ante el juez imputados por sus relaciones con el excomisario Villarejo y cuando se hace público que Iberdrola también había contratado al expolicía supuestamente para espiar a Florentino Pérez. El pasado día 20 dimitió el consejero de ACS Manuel Delgado, una vez El Confidencial y moncloa.com publicaron que había proporcionado información a Villarejo sobre la estrategia de ACS para hacerse con un puesto en el consejo de administración de Iberdrola.

También trascendió una conversación en la que otro policía, José Luis Olivera, responsable de la UDEF, le dice a José Manuel Villarejo que Florentino Pérez oculta parte de su patrimonio en compañías situadas en paraísos fiscales.

De ahí que Iberdrola invoque ahora en su carta la “transparencia, reputación e imagen” de la CNMV para reclamarle que pida a ACS una explicación de los motivos por los que ha emprendido actuaciones judicialesactuaciones judiciales contra Moncloa.com.

Una batalla de 13 años

La pugna entre ACS e Iberdrola se remonta a 2006, cuando la constructora adquirió un 10% de la eléctrica. Una participación que creció hasta alcanzar el 20% en 2011. Ese porcentaje le daba derecho a ocupar un asiento en el consejo de administración de Iberdrola. Para impedirlo, Sánchez Galán primero esgrimió la condición de ACS de competidor, puesto que poseía también un 22% de Unión Fenosa; después incluso modificó los estatutos de la compañía.

Finalmente, ni siquiera la que entonces se conoció precisamente como Enmienda Florentino, que eliminaba las restricciones al ejercicio de los derechos de voto en el consejo, consiguió para el presidente del Real Madrid el ansiado puesto en el consejo. En 2012, la constructora terminó por abandonar Iberdrola. Siete años después, salen a la superficie las maniobras clandestinas orquestradas bajo esas grandes jugadas corporativas.

Iberdrola utilizo al ex comisario José Manuel Villarejo para infiltrarse en el consejo de administración de ACS en plena ofensiva de la constructora para obtener el control de la empresa eléctrica. Y lo hizo a través del consejero Manuel Delgado Solís, un abogado que sigue ocupando en la actualidad un asiento en ACS, según una investigación conjunta que publican este martes Moncloa.com y El Confidencial.

La empresa eléctrica habría recurrido en 2009 a Villarejo para obtener información confidencial de la compañía presidida por Florentino Pérez. Grabaciones realizadas presuntamente por el excomisario desvelan que este habría mantenido decenas de reuniones con Delgado durante los meses en los que la constructora daba pasos para aumentar su presencia en la eléctrica. El modus operandi de Villarejo fue acercarse a Delgado con la excusa de que este fue fue uno de los primeros imputados en el caso Gürtel por diseñar una supuesta trama de testaferros para ocultar en el extranjero el dinero del cabecilla de la organización, Francisco Correa.

En este contexto, Villarejo habría ofrecido al consejero de ACS mediar ante la UDEF, la unidad policial que investigaba la trama corrupta del PP, y el propio juez instructor del caso, Baltasar Garzón, para obtener su exculpación. El objetivo de Villarejo era en realidad obtener información comprometedora de la cúpula de ACS y del propio Florentino Pérez.

Delgado fue exculpado del caso Gürtel en 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero tras un recurso de la Fiscalía, fue de nuevo imputado por la Audiencia Nacional, situación en la que continúa.

Iberdrola encargó al excomisario José Manuel Villarejo que investigara a Florentino Pérez en la época en la que el presidente de ACS y del Real Madrid tenía intención de acceder al consejo de administración de la empresa eléctrica, informan este lunes Moncloa.com y El Confidencial. Iberdrola, entonces presidida por Ignacio Sánchez Galán, habría activado este seguimiento en el año 2009, cuando el grupo ACS incrementó su presencia en la energética y reclamó presencia en el consejo de administración.

Uno de los audios publicados recoge una conversación entre Antonio Asenjo, director de Seguridad de Iberdrola, y José Manuel Villarejo en la que este destacaba que se estaban "enfrentando a un tío con todos los recursos que está echando toda la carne en el asador para el hijo de puta controlar el poder". "Lo que no podemos, desde mi punto de vista, es pescar un gran marrajo como este cabrón con una caña de sardinas", agregaba. 

En el informe preparado por Villarejo se apuntaba además a la "obsesiva protección de FLO [Florentino Pérez] respecto de su imagen personal" y a la existencia "de sobornos, actuaciones conspirativas e irregularidades" en distintos proyectos. En cuanto a su influencia como presidente del Real Madrid, se destacaba "el uso de su condición para conseguir negocios lucrativos en Asia y la quiebra fraudulenta de la sociedad Retusa".