La ciudad de Timişoara, segunda o tercera aglomeración urbana del país con cerca de 400.000 habitantes, está mejor situada que la mayoría de las localidades de Rumanía. Pero incluso en esta región del suroeste del país, cerca de las fronteras con Serbia y Hungría, las dificultades y el descontento son palpables en el mercado de la ciudad.

“¡Pfff, es la crisis económica!”, exclama con evidentes motivos Niculae, de 67 años y cuarenta de experiencia en el mercado, cuando se le pregunta cómo van los negocios. “La gente ya no lleva dinero en el bolsillo, así que eso nos afecta inevitablemente. He vendido por 10 lei [2 euros, ndr] durante todo el día. ¡Y tengo que pagar 637 lei [125 euros, ndr] al mes por este pequeño puesto!”. Tras dudar, una mujer se marcha sin comprarle ni perejil ni un tarro de miel a 5 lei.

El responsable de esta caída, el que materializa el descontento popular, es Nicușor Dan, el exalcalde liberal de Bucarest elegido presidente de la República en mayo de 2025, tras unas elecciones anuladas en diciembre de 2024 por sospechas de injerencia rusa. Robó su título de economista en la Sorbona, asegura Niculae entre andanadas de insultos, retomando el mensaje de moda difundido por la extrema derecha, el autoproclamado bando “soberanista” contra los “globalistas”.

¿Ha estado Rumanía alguna vez mejor? “¡Sí, con Ceaușescu! El mercado llegaba hasta allá”, señala con el dedo, “el dinero tenía valor, había trabajo, comida, se podía ir de vacaciones a la montaña y al mar, y si tenías dos hijos, te daban vivienda.”

“Tres décadas de trabajo se han ido al traste en un año”, resume Nicolae Popa, geógrafo de la Universidad del Oeste. “Hace solo dos años, la extrema derecha era prácticamente inexistente en Rumanía, en comparación con la mayoría de los países europeos. Ahora tengo alumnos que dicen que Ceaușescu no era tan malo y que Rusia es nuestra amiga”, dice con pena.

La región de Timişoara, el Banat, más diversa y abierta a Europa que el resto del país, con sus fuertes minorías alemana, serbia o húngara, no se ha librado. “Las elecciones fueron un shock enorme”, afirma la antropóloga Smaranda Vultur. “Vivíamos con la nostalgia de un multiculturalismo que pensábamos que nos protegería de la extrema derecha... No ha sido así”.

Nicolae Popa tiene algunas explicaciones. En primer lugar, el pequeño milagro económico rumano, que ha dejado atrás a toda una parte de la población, especialmente en el sur y el este del país. Miles de empresas han quebrado o han pasado a manos de multinacionales. “El PIB ha crecido de forma extraordinaria, pero una parte importante de la población no se ha beneficiado. En los pueblos, en particular, cuesta ver los bondades de la UE.”

Millones de rumanos de la diáspora, frustrados por ser tratados como subordinados en su país de acogida, se han sentido menospreciados incluso en su propio país, que se ha desarrollado mucho en su ausencia durante la década de 2010. Su apoyo a la extrema derecha ha sido notable. El pesado legado de la Guardia de Hierro, el movimiento fascista de entreguerras, tras haber sido ocultado, les ofrece un refugio en estos tiempos turbulentos.

Tras la crisis financiera de 2008-2009, que hundió la economía, Rumanía experimentó una gran mejora en la década de 2010, pero luego sufrió los consecutivos impactos de la pandemia y la guerra en la vecina Ucrania, según relatan Luiza y Andreea, dos amigas que trabajan por cuenta propia en el sector cultural local.

“Acaban de aprobar una disposición de emergencia para suprimir el reembolso del primer día de baja por enfermedad. Es cierto que había fraudes, pero esto penaliza a todo el mundo”, dice esta última, que regresó tras pasar unos años en Marsella y se dio cuenta de que la vida es más cara aquí.

Las elecciones presidenciales de diciembre de 2024 fueron anuladas después de que un outsider, Călin Georgescu, saliera victorioso en la primera vuelta tras una campaña llevada a cabo únicamente en las redes sociales y la activación repentina de miles de cuentas, al tiempo que declaraba cero euros de gastos de campaña. Un año después, se identificaron vínculos entre Rusia y dos empresas que hicieron campaña a favor de Georgescu, pero hasta la fecha no hay pruebas de una injerencia directa de Rusia.

Georgescu salió en cierto modo ganador de una serie de circunstancias, explica Ciprian Cucu, profesor de Ciencias de la Información y experto en desinformación al servicio de ONG. Cuando la candidata de extrema derecha Diana Șoșoacă, que había sido eliminada, decidió transferir sus votos a Georgescu, “se abrió una ventana de oportunidad” por la que se colaron todos los revanchistas del Estado, exejecutivos perdedores con la integración euroatlántica del país.

“Ahí es donde entraron en juego los rusos”, añade Ciprian Cucu. “Pero Georgescu no es una creación de Rusia y es imposible que no se haya beneficiado de la complicidad de los servicios de seguridad. Ya estaba ahí, simplemente bajo radar.” Desde entonces, George Simion, del partido Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), es la esperanza de venganza del autoproclamado bando “soberanista”, a pesar de su derrota por 46-54% frente a Nicușor Dan en las elecciones repetidas en mayo de 2025.

Vlad Șendroiu, de 29 años, fue elegido en diciembre de 2024 diputado por el partido Unión Salvad a Rumanía (USR), que se presentaba como una alternativa liberal y proeuropea al establishment, es decir, al duopolio de socialdemócratas y conservadores, el PSD y el PNL, que se han repartido el poder desde la década de 1990. Pero ahora se encuentra en una gran coalición contra la extrema derecha.

“Nos sentíamos realmente amenazados por la AUR. Lo hemos hecho por sentido de la responsabilidad, con dos objetivos: reformar el sistema y mantener al país dentro de los límites de la Unión Europea. Hoy en día, la línea divisoria se encuentra entre los proeuropeos y los populistas”, afirma Sendroiu para explicar este cambio de rumbo. Su partido está llevando a cabo reformas a toda velocidad para reducir el gasto público y absorber el déficit presupuestario más alto de Europa (8,5 % a finales de 2025). Aunque pueda llegar a encarnar el “sistema” y convertirse en el chivo expiatorio de una población escarmentada.

“Esperemos que la gente vea que somos reformistas, que hacemos que las cosas cambien, que comprendan que, hasta hace dos años, vivíamos en una enorme mentira y que eso no podía seguir así. En este comienzo de año, la gente empieza a notar las nuevas subidas de impuestos. Estamos en un momento delicado, pero hacemos todo lo posible para ahorrarles una cura de austeridad aún mayor”, afirma el diputado.

El 1 de enero entró en vigor un segundo paquete de medidas de austeridad que aumenta los impuestos locales. Es una bendición para la extrema derecha y su buque insignia, la AUR, que las encuestas de opinión sitúan en un nivel récord de popularidad.

“Cualquier estudiante de secundaria te dirá que, cuando hay una crisis económica, no se suben los impuestos ni el IVA, ni se castiga a la gente que ya está sufriendo”, explica Ciprian Titi Stoica, senador de la AUR por el departamento de Timiş. “Hace años que los salarios, las pensiones y las prestaciones familiares ya no se indexan a la inflación, como exige la ley.” Y rechaza en bloque a una clase política “sin visión”, que habría malvendido los intereses nacionales y empujado a la emigración de 8 millones de rumanos desde 1990, “¡y todo ello sin que haya guerra!”.

Su partido aún no ha superado las “elecciones robadas” de diciembre de 2024. “El Tribunal Constitucional no tenía prerrogativas para anular las elecciones. Yo lo llamo un golpe de Estado administrativo”, afirma Titi Stoica. Desde hace cinco días, su partido organiza una petición y debates parlamentarios porque “en toda democracia debería ser lo normal un debate abierto con las instituciones y el público”: “Esperamos respuestas”. “La única forma de volver a la democracia y al Estado de derecho” sería, en su opinión, celebrar elecciones legislativas anticipadas, para que un nuevo Parlamento dominado por la AUR pueda destituir al presidente.

Quizás los Estados Unidos de Donald Trump les ayuden a poner en marcha ese escenario ideal. El senador acaba de regresar de un viaje a Washington con una nutrida delegación de 40 parlamentarios para aprovechar la solicitud mostrada por el vicepresidente J. D. Vance, quien, durante la conferencia de Múnich en febrero de 2025, esgrimió la anulación de las elecciones rumanas como ejemplo de los errores democráticos de una Europa liberal.

Mientras tanto, la extrema derecha se aprovecha de los sucesos para alimentar la confusión. El lunes 26 de enero, la eurodiputada Diana Șoșoacă, su cara más icónica, visitó el lugar donde un joven fue asesinado por un chaval de 13 años, en un pueblo de la región de Timişoara. El martes 27, después de clase, varios cientos de estudiantes de secundaria se reunieron en la plaza de la Ópera, el lugar exacto donde comenzó la revolución en 1989, a los pies de la gran catedral ortodoxa.

Ante las cámaras de la televisión nacional y los medios de comunicación locales, gritaban: “¡Justicia para Mario!”. Indira y Melissa, de 18 años, dijeron a Mediapart que querían un endurecimiento del Código Penal, ya que habían visto en Instagram y Facebook que el asesino seguía en libertad. “¡Nicușor Dan, dimisión!”, gritaba un hombre al margen de la concentración. En una Rumanía afectada por la austeridad, la desinformación está por todas partes y la sombra de la extrema derecha se cierne más que nunca.

Tradución de Miguel López

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presentará este miércoles su propuesta de Presupuesto con el doble reto de reducir el déficit y la deuda y aliviar el coste de la vida, sin romper la promesa electoral laborista de no subir los impuestos a la "gente que trabaja", informa EFE.

En una reunión el lunes, la ministra pidió a los diputados de su partido, preocupados por posibles recortes del gasto público, que respalden su plan, que resumió en tres prioridades: "aliviar el coste de la vida, reducir las listas de espera en el NHS (servicio nacional de salud) y recortar el coste de la deuda", en alusión al aumento de los intereses sobre los bonos soberanos.

Tras semanas de especulación sobre una posible ruptura del programa electoral laborista, Reeves -sujeta a una estricta disciplina fiscal autoimpuesta- descartó recientemente subir el impuesto sobre la renta, si bien se espera que congele, en lugar de aumentar, el umbral de ingresos a partir del cual se empieza a pagar.

También se prevén ajustes en impuestos indirectos, como una posible rebaja del IVA aplicado a la factura energética o una ampliación de la tasa sobre bebidas azucaradas. Según la prensa, podría asimismo introducir un gravamen sobre viviendas de más de dos millones de libras (2,3 millones de euros).

Antes de detallar sus cuentas ante la Cámara de los Comunes, la ministra divulgará las previsiones actualizadas de crecimiento, inflación y deuda elaboradas por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), el organismo independiente que supervisa las finanzas públicas.

En marzo, la OBR rebajó al 1% la previsión de crecimiento del PIB para 2025, que subiría al 1,9% en 2026 y en porcentajes muy parecidos en los tres años siguientes. La inflación interanual, actualmente en el 3,8%, alcanzaría el objetivo oficial del 2% en 2027, mientras que la deuda acumulada se situaría en torno al 83% del PIB hasta 2027.

Reeves, primera mujer en ocupar la Cancillería del Exchequer, afronta una gran presión para acertar con su segundo presupuesto, después de que el presentado en noviembre de 2024, tras la llegada al poder de los laboristas en julio, despertara críticas tanto del sector empresarial como de su propio partido, por recortes en prestaciones sociales que luego tuvo que rectificar.

En aquel primer presupuesto, la ministra anunció un incremento de la carga fiscal, principalmente mediante el aumento de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, con el que esperaba recaudar 40.000 millones de libras (45.600 millones de euros, al cambio de hoy).

Con el plan que presentará mañana, Reeves abordará el déficit actual, que volvió a ampliarse por el alza del coste de la deuda y se estima que ronda los 20.000 millones de libras (22.800 millones de euros).

La titular de Economía sostiene que los ajustes impositivos son necesarios para cumplir las reglas fiscales que ella misma se ha marcado para tranquilizar a los mercados, y que obligan a alcanzar un superávit en 2029/30 y a que la deuda neta caiga respecto al año anterior.

Tras la victoria del Partido Laborista en las elecciones del año pasado, su valoración entre el electorado ha ido cayendo en picado. A las polémicas medidas como los recortes a las subvenciones para personas con discapacidad para incrementar el gasto militar, se le suma el escándalo de los regalos de donantes valorados en miles de euros. Además, la política de austeridad defendida por algunos laboristas como Rachel Reeves, también han perjudicado a la imagen del partido.

El pasado mes de abril, el partido de extrema derecha Reform UK superó en intención de voto al partido gobernante y, actualmente le saca más de 10 puntos de ventaja, según el medio Politico, convirtiéndose en la formación ganadora de unas hipotéticas elecciones. Estos resultados han propiciado que Starmer adopte una postura europeísta.

El descenso de aprobación a los laboristas se ha materializado en las elecciones parciales de este octubre al Parlamento galés en la circunscripción de Caerphilly. En dicha circunscripción, históricamente vinculada a los laboristas, se impuso Lindsay Whittle, líder de los nacionalistas galeses.

Elegido en abril para hacer frente a Donald Trump, Mark Carney, primer ministro canadiense, presentó su primer presupuesto federal el martes 4 de noviembre. Se trata de un momento importante para Canadá y para el Gobierno liberal, que ahora debe definir los límites de su oposición al presidente estadounidense y reactivar una economía bajo presión.

La economía canadiense, muy dependiente de su vecino del sur, no pasa por su mejor momento. Según las estadísticas nacionales, el producto interior bruto (PIB) retrocedió cinco veces en los ocho primeros meses de 2025, con una caída del 0,3% en agosto. Tan solo en el segundo trimestre, el descenso fue del 1,6%.

Pero hay que señalar que, si bien la guerra comercial con Estados Unidos ha acelerado el malestar, especialmente al afectar al sector manufacturero, este ya existía anteriormente. Según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita constante de Canadá en paridad de poder adquisitivo disminuyó entre 2022 y 2024, lo que situó al país, en 2024, por debajo del nivel de 2019.

En otras palabras, las políticas del ex primer ministro Justin Trudeau ya eran un fracaso. Incluso antes de que Donald Trump se desatara, los liberales ya tenían dificultades electorales. Solo el auge nacionalista anti-Trump permitió a Mark Carney, sucesor de Justin Trudeau al frente del Partido Liberal de Canadá, ganar las elecciones a la Cámara de los Comunes, aunque sin mayoría absoluta.

En esas circunstancias, el presupuesto de 2026 y las previsiones para los próximos cinco ejercicios eran muy esperados. La promesa de Mark Carney y de su ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, era presentar un “presupuesto generacional” capaz de redefinir los perfiles del modelo económico canadiense.

El sábado 1 de noviembre, Mark Carney, exdirector del banco central, anunció un presupuesto para entrar en una “nueva era”, para “definir el nuevo siglo” y para hacer que el país pase “de la dependencia a la resiliencia”. El lunes, el ministro Champagne aumentó las expectativas: “Es el tipo de presupuesto que se recordará”.

Más allá de los efectos de estilo, este presupuesto trasciende el caso canadiense: da una idea de la alternativa que los neoliberales tradicionales pueden ofrecer a la política trumpista. En este sentido, la propuesta presentada en Ottawa el martes 4 de noviembre no ha decepcionado.

Lo más llamativo es que el presupuesto retoma las grandes líneas de las políticas neoliberales del pasado. El Estado apoya firmemente al sector privado, en nombre de la “competitividad”, y ese apoyo se financia en gran parte con recortes en los servicios públicos. Pero este principio general se lleva a un extremo que parece definir un capitalismo de Estado al servicio exclusivo del capital privado.

Champagne ha presentado un presupuesto con un déficit de 78.000 millones de dólares canadienses, (unos 48.000 millones de euros), a pesar de que este presupuesto prevé ya 13.000 millones de dólares (8.000 millones de euros) de recortes presupuestarios anuales durante cinco años. Estos ahorros se apoyan en la reducción del número de funcionarios, prevista en 40.000 en cinco años, pero también una “revisión general del gasto”.

Hay que decir que este nuevo presupuesto federal se basa en un engaño, la división contable entre gastos “operativos” y “gastos de capital”. Se trata de la institucionalización de la vieja —y falsa— división entre gastos “buenos” y “malos”. El gasto en inversión es bueno, y el gasto de funcionamiento de los servicios públicos, malo.

Evidentemente, eso es engañoso: en realidad, el mantenimiento diario de los servicios públicos y los salarios dignos para los funcionarios que garantizan su funcionamiento constituyen bases indispensables para el futuro y representan inversiones. Pagar mal y sobrecargar de trabajo a un profesor es un peligro tan grande para el futuro de una economía como una escuela en mal estado.

Pero Mark Carney ha decidido basar su presupuesto en este truco de magia que le permite continuar, y acelerar, la política de Justin Trudeau. Como resultado, ha logrado la hazaña —que no es nueva, como demuestra el caso francés— de combinar una austeridad reforzada con un déficit récord. Por un lado, llueven miles de millones, por otro, se aprieta el cinturón.

Para el capital, las compuertas están abiertas. En los próximos cinco años, el gasto adicional ascenderá a 141.000 millones de dólares canadienses (unos 87.000 millones de euros). Una gran parte se destinará al nuevo El Dorado del capitalismo contemporáneo: la defensa. A pesar de su aparente oposición a Donald Trump, Carney se toma muy en serio la promesa que le hizo al presidente estadounidense de alcanzar un nivel del 5% del PIB en gastos militares.

Nada menos que 72.000 millones de dólares canadienses (44.000 millones de euros) adicionales se destinarán a ese sector en cinco años, sobre un presupuesto total de defensa de 81.000 millones. En comparación, el gasto total en infraestructuras será de 51.000 millones de dólares canadienses en diez años, es decir, unas tres veces menos.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Carney recurre a los habituales medios neoliberales para “impulsar el crecimiento” (supercharging growth): recortes de impuestos sobre el capital y desregulación. Las inversiones permitirán así a las empresas obtener generosas deducciones fiscales.

En cuanto al medio ambiente, ahora se sacrifica claramente en aras de las esperanzas —limitadas, como veremos— de crecimiento. Se eliminarán los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el petróleo y el gas. También se suprimirán los impuestos relacionados con la propiedad de aviones privados, mientras que se distribuirán diversas ayudas para proyectos de extracción, en particular de “minerales críticos” (subvencionados con 214 millones de dólares).

Un detalle espinoso: el Gobierno de Carney también suprime el impuesto relacionado con la propiedad de viviendas vacías, al tiempo que afirma querer luchar contra la especulación inmobiliaria y la escasez de viviendas.

Pero, como guinda del pastel, este presupuesto también marca el regreso a una política migratoria superrestrictiva. Utilizando una retórica que podría haber sido propia de la derecha estadounidense, el Gobierno de Carney afirma querer “recuperar el control” de la inmigración reduciendo los nuevos permisos de residencia temporal de 673.650 en 2025 a 385.000 en 2026, lo que supone un descenso del 42 %. Ottawa, además, pondrá el acento en la “inmigración de alto nivel” de investigadores, también mediante medidas fiscales.

La impresión general que se desprende del primer presupuesto de Mark Carney es doble. Por un lado, la continuación de las viejas recetas neoliberales que, a pesar de la evidencia de lo contrario, siguen creyendo que las reducciones de impuestos sobre el capital favorecen el crecimiento, y por otro, una especie de alineamiento con el trumpismo, desde la negación del cambio climático hasta la represión de la inmigración, pasando por las inversiones masivas en defensa.

Este presupuesto subraya el espejismo de una alternativa neoliberal al trumpismo. La evolución del capitalismo conduce a un desplazamiento del punto central de las políticas económicas hacia un conjunto de opciones comunes al trumpismo y a sus adversarios centristas. La lógica es la de un creciente apoyo del Estado al capital, que se basa, en particular, en una militarización de la economía, junto con la destrucción de los servicios públicos y el rechazo de la inmigración.

En realidad, este proyecto de presupuesto no propone realmente una salida a la crisis canadiense, salvo una doble huida hacia adelante en base a la lógica militarista y extractivista. Pero Carney es incapaz de proponer una visión en la que Canadá encuentre una nueva especialización en la división internacional del trabajo.

A decir verdad, el presupuesto de Carney no convence mucho en Canadá. Es cierto que el propio Gobierno propone unas previsiones de crecimiento bastante tímidas y poco acordes con sus rimbombantes anuncios. La derecha conservadora critica el aumento del déficit, mientras que los liberales del PLC habían previsto un déficit de 42.000 millones de dólares canadienses, y la izquierda del NDP y los autonomistas del Bloque Quebequense denuncian la austeridad del presupuesto.

La situación es delicada para el Gobierno. A los liberales les faltan cuatro votos para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Si los tres partidos de la oposición unen sus votos, el presupuesto puede ser rechazado. Si eso ocurriera, Mark Carney ya ha advertido que convocará nuevas elecciones.

La amenaza fue reiterada por el ministro Champagne tras la presentación del presupuesto, pidiendo a la oposición que "se lo pensara dos veces” antes de rechazarlo. Así pues, solo la amenaza puede hacer que se apruebe este texto, lo que demuestra que la alternativa centrista al trumpismo es un callejón sin salida.

Traducción de Miguel López

Montpellier (Francia).– Transcurrieron dos buenas horas pasándose el micrófono, lanzando ideas, reivindicaciones. Compartiendo la ira contra el Gobierno, los poderosos, el reinado del dinero que nunca llega a “la gente humilde”.

El martes 26 de agosto, sentadas en las escaleras del Corum, el palacio de congresos de Montpellier, unas doscientas personas participaron en una asamblea general con vistas al día 10 de septiembre y a los llamamientos a “bloquearlo todo” lanzados tras los anuncios de austeridad del primer ministro, François Bayrou, a mediados de julio.

Al término de esta asamblea general sin líderes —en la que un voluntario distribuía el turno de palabra y otros dos se encargaban de tomar notas—, se aprobó, por voto a mano alzada, bloquear las carreteras el 10 de septiembre al amanecer, seguido de una manifestación a las 11 de la mañana en Montpellier.

La víspera de esta asamblea general, el primer ministro había anunciado que el próximo 8 de septiembre convocaría una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para presentar una moción de confianza. Las posibilidades de que François Bayrou permanezca en el poder son prácticamente nulas, ya que el PS y el RN han anunciado que votarán en contra.

Una caída inminente que no ha desanimado en absoluto a la gente en la asamblea general de Montpellier. “¿Está todo el mundo de acuerdo en continuar a pesar del carnaval de Bayrou?”, pregunta de entrada Daniel, ex chaleco amarillo de la rotonda de Près-d'Arènes, lugar emblemático de las protestas de 2019 en Montpellier. “¡Sí! ¡Sí!”, responde al unísono la asamblea.

Es una multitud diversa: exdirigentes de los chalecos amarillos, sindicalistas (principalmente de Sud) de los sectores de la química, el transporte, la educación y las colectividades territoriales, pero también estudiantes, activistas ecologistas o pro-Palestina y muchos otros que se presentan como simples ciudadanos.

“Represento a un público no sindicado, poco politizado, y me relaciono con gente que lo está aún menos”, dice una joven, Atsem de profesión (agente territorial especializada en escuelas infantiles). Con la voz un poco temblorosa, se declara a favor de una manifestación el 10 de septiembre, el tema objeto de debate. “Sí, ya se sabe que son los izquierdistas los que calientan el ambiente”, continúa con tono más seguro. “¡Pero es bueno estar juntos y reunirse en torno a las mismas reivindicaciones!”.

La cuestión de las reivindicaciones, precisamente, resurge cada poco en las intervenciones, al día siguiente de la rueda de prensa de François Bayrou. “Su ‘renuncia’ ha hecho barajar las cartas”, admite Daniel haciendo gestos con los dedos. “Es evidente que habrá que hacer algunos cambios.”

Las desigualdades, la injusticia social, la voluntad del Gobierno de aumentar el presupuesto de armamento mientras predica la austeridad son algunos de los temas que se abordan micrófono en mano. “Nos están arruinando, ¡hay que arruinarlos también a ellos!”, recomienda una mujer, llamando a bloquear los centros comerciales.

Esta asamblea general es la cuarta desde principios de agosto en Montpellier. La primera fue iniciada por los chalecos amarillos. “Empezamos siendo veinte y esta noche somos más de doscientos”, dice contento Daniel a Mediapart. A través de este movimiento del 10 de septiembre, espera que “las personas que están cabreadas se unan y manifiesten su malestar”. Daniel, exfotógrafo artesano, dejó de trabajar a los 68 años y vive con “una pensión muy pequeña”. Echa pestes del Gobierno, cuya línea, según él, es “ayudar a los ricos en detrimento de los pobres”.

Durante la asamblea se organiza en directo el reparto de tareas. Se forman o se amplían comités, uno se encarga de la comunicación, otro de redactar los folletos y un tercero del comedor popular. Surge la idea de crear una caja de resistencia. También la de federarse por barrios. “Necesitamos un signo distintivo de unión, como un brazalete”, sugiere un participante. “¿Un chaleco amarillo?” (risas generalizadas). “¡Para mí, el símbolo distintivo es este!”, grita una mujer agitando su kufiya, el pañuelo que se ha convertido en el emblema de Palestina.

“¡Lo importante es la convergencia de luchas!”, replica una mujer que se presenta como ex chaleco amarillo y sindicalista. Se mencionan sucesivamente el apoyo a Palestina, la huelga feminista y la causa medioambiental. “¡También hay que ir a ver a la gente de los barrios populares, a hacer despertar el cabreo!”, propone un hombre que se presenta como “simple ciudadano”. Al observar una asamblea poco racializada, continúa: “Aquí somos en su mayoría blancos... ¡Pero la sociedad que sufre no es solo blanca!”, terminando entre aplausos.

La cuestión de la presencia de la extrema derecha en la movilización se menciona varias veces. “Se decía que los chalecos amarillos eran de extrema derecha y ahora seguimos oyendo lo mismo”, dice una mujer con un chaleco amarillo. “No creo que sea así y, la verdad, me da igual. Lo importante es que este movimiento ha surgido desde la base”. Un sindicalista de Sud se dirige a la multitud: “¡Aquí estamos bien, estamos entre izquierdistas! Pero cuidado con que la extrema derecha no nos devore y nos supere. ¡Son violentos, son peligrosos y votan con los burgueses!”.

Otros sindicalistas toman la palabra. “El sindicato no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, y estamos aquí para presentar los preavisos de huelga”, afirma una. “Haremos nuestro trabajo y estaremos ahí”, corea otra, miembro de Sud-Rail, que ya ha presentado un preaviso de huelga para el 10 de septiembre.

Un estudiante, que se presenta como “electrón libre no sindicado”, pone mala cara. “Estamos demasiado acostumbrados a las formas clásicas de movilización”, intenta argumentar. “Tenemos que decirnos que esta vez será diferente. Y que esta vez funcionará”.

Preguntado al término de la asamblea general, Daniel coincide con él: “Espero que podamos reproducir un poco el modelo de los chalecos amarillos y la belleza de ese movimiento saliéndonos de las sendas habituales”. Pero admite su pesimismo: “Tengo mis reservas sobre el resultado de nuestras acciones. Soy alguien que actúa sin esperanza, pero estoy condenado a actuar porque no tengo otra solución”.

Traducción de Miguel López

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

Dos meses y una semana después de su aplastante victoria electoral en el Reino Unido en julio –412 escaños sobre 650–, los laboristas introducen la austeridad privando a unos 10 millones de pensionistas de una subvención para ayudarles a pagar las facturas de gas y electricidad este invierno.

Esta medida ha sido defendida en los Comunes esta semana por 348 diputados laboristas. Votaron en contra 228 diputados. Eso es una mayoría de 120, que sigue siendo muy cómoda, pero muestra que los elementos más progresistas y menos conformistas se oponen internamente, y se abstuvieron para mostrar su desacuerdo.

Invirtiendo los papeles, Mel Stride, el conservador encargado de trabajo y pensiones en el gabinete en la sombra, se permitió el lujo de apelar a la “conciencia” de los laboristas y se puso del lado de la tercera edad, amenazada con no poder calentarse este invierno.

Por su parte, el primer ministro, Keir Starmer, y su canciller de Hacienda, Rachel Reeves, abogan por una austeridad comedida: los tories dejaron las finanzas públicas en un estado deplorable, con un déficit de 22.000 millones de libras (unos 26.000 millones de euros) descubierto tras las elecciones. El discurso del nuevo Gobierno dice ser responsable: hay que poner las cosas en su sitio, será doloroso al principio pero beneficioso a la larga; la redistribución llegará cuando el presupuesto del Estado se haya estabilizado.

Pero esta línea argumental no convence: la medida consistente en privar de subsidio a todos los pensionistas que no vivan por debajo del umbral de la pobreza no se mencionaba en el programa laborista. Y los laboristas, que aún no han aplicado nada, empiezan por recortar los gastos destinados a proteger a los más vulnerables de la población –y a su electorado–, que no es precisamente la política más justa ni la más inteligente.

Rígido como una tabla, Sir Keir Starmer, respaldado por las fuerzas de su partido herederas del “Nuevo Laborismo” de Tony Blair, pretende mantener un lenguaje de sinceridad al anunciar un mañana sombrío, marcado por un presupuesto de casi penitencia económica a partir del mes que viene.

Y lo pagará un electorado de izquierdas que esperaba recuperarse de los catorce años de dureza conservadora que comenzaron con David Cameron, cuando no con la década de crueldad social thatcheriana. El gobierno Starmer insiste, por ejemplo, en que no va a rescatar lo que queda de la vieja industria: el dinero público se destinará exclusivamente a las empresas “verdes” y a la transición energética, con un apoyo austero a los servicios públicos al borde del colapso.

Los sindicatos, que ayudaron a fundar un Partido Laborista que logró sin embargo escapar a su influencia con Tony Blair, ya están alzando la voz. Las advertencias más enérgicas proceden del TUC (Trades Union Congress), reunido en Brighton del 8 al 11 de septiembre. El secretario general del sindicato ferroviario (RMT), el vociferante Mick Lynch, expresó su “hartazgo general” con la austeridad.

También en Brighton, el ex canciller de Hacienda del gabinete en la sombra de Jeremy Corbyn, John McDonnell, que representa la corriente de izquierdas de la línea Starmer (que éste ha reducido a escombros), ha dado la voz de alarma: “Optar por la austeridad es una opción política, no una realidad económica, y sólo arruinaría una reactivación del crecimiento.”

Pero el Partido Laborista está bloqueado, el autoritarismo del ex fiscal Starmer se aplica con puño de hierro y John McDonnell ya ha sido suspendido de las filas de su partido en el Parlamento, por votar en contra del “discurso del Trono” que, el 17 de julio, fijaba las líneas maestras de la próxima legislatura.

El martes 10 de septiembre, durante los debates previos a la votación de la supresión del subsidio energético para la mayoría de los pensionistas del Reino Unido, John McDonnell volvió a arremeter contra la retórica laborista, que pretende “hacer que los que tienen las espaldas más anchas carguen con el peso de la deuda”, cuando realmente está “golpeando más duramente a los más pobres”.

Hay voces discrepantes pero aisladas, como la de la diputada Diane Abbott, de 70 años, musa de la izquierda y diputada desde 1987, a la que el equipo de Starmer intentó en vano mantener fuera de los Comunes y que, en vísperas de la votación, contó a la Radio 4 de la BBC todo lo que veía mal del giro hacia la austeridad, tan precipitado y, en su opinión, con mal comienzo.

ásLa presión de la dirección laborista sobre los diputados dejó abierta la posibilidad de sanciones no sólo a los que votaran en contra, sino también a los que se abstuvieran. Porque 53 diputados no han participado en la votación que defendía la postura laborista sobre la supresión de la subvención energética, y un diputado por Yorkshire, Jon Trickett, votó en contra, sumando su voto al de los opositores al Gobierno y que explica los motivos de su rebelión en la red social X.

Keir Starmer, que se encuentra así su mayoría reducida en más de un tercio, está aún lejos de apreciar el espectro de la tortura política que sufrió la primera ministra conservadora Theresa May, que vió cómo su apoyo se deshacía inexorablemente entre 2016 y su dimisión en 2019. Pero esta victoria pírrica del 10 de septiembre de 2024 augura posiblemente una legislatura que parece haber empezado mal demasiado pronto.

Esto vale para Europa y Estados Unidos: ¿hay que elegir simplemente entre un gobierno de extrema derecha –o casi– y una izquierda que pretende sacrificarlo todo a una ortodoxia económica inflexible, incluso despótica?

Traducción de Miguel López

El posible auge de la extrema derecha en las elecciones europeas del próximo mes de junio es sólo uno más de los fantasmas que recorren el planeta este año. Mientras en EEUU Donald Trump se acerca a las urnas de noviembre sumando victorias en las primarias republicanas, en Indonesia y El Salvador ya han ganado el exgeneral Prabowo Subianto y el autoritario Nayib Bukele, al tiempo que en Países Bajos el ultra Geert Wilders negocia, con dificultades, la formación de un gobierno.

De hecho, las encuestas se hacen eco de un aumento de la intención de voto en Europa a los partidos que integran Identidad y Democracia (ID), el grupo de Marine Le Pen y Matteo Salvini, y a Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde están integrados Vox y los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Según las proyecciones de diciembre de 2023 elaboradas por Europe Elects, portal de referencia en información electoral europea, ID puede llegar al 12,3% de los votos, lo que le daría 91 escaños, mientras que ECR reuniría un 11,3% de apoyos, que se traducirían en 80 escaños. Ahora ID tiene 62 escaños y ECR 66. Sumados ambos –171–, se convertirían en la segunda fuerza tras el Partido Popular Europeo, al que la encuesta otorga 180 escaños.

Pero, como advierten este mismo miércoles en la revista Fortune Clifford Young y Chris Jackson, presidente y vicepresidente de Ipsos, una de las principales empresas mundiales de investigación de mercados, el fenómeno es global. En su artículo mencionan el “síndrome del caudillo [en castellano]”. Según la última encuesta que ha hecho Ipsos para medir la evolución del populismo en 28 países –un sondeo que lleva repitiendo desde 2016–, el 63% de los preguntados coincide en que su país necesita un líder fuerte al que no le importe romper las reglas para sacarlo de su supuesto declive. La sensación de estancamiento económico y la desigualdad, aseguran, se unen a la nostalgia por el pasado para crear un cóctel de éxito.

Qué explica el alza de los partidos populistas es una pregunta recurrente que ha dado lugar a múltiples análisis. Cinco investigadores europeos acaban de publicar en el British Journal of Political Science de la Universidad de Cambridge un informe que, sobre la base de 36 estudios anteriores, confirma la relación causal entre la inseguridad económica y el avance del populismo. Esa inseguridad va más allá del desempleo o de las crisis económicas; se define como el “riesgo de pérdida económica al que se enfrentan los trabajadores y los hogares ante los acontecimientos imprevisibles de la vida social”. Una forma novedosa de descontento, resaltan, que no tiene que ver con los resultados económicos a corto plazo. De los 36 estudios, seleccionados por su robustez estadística, se desprende que un tercio del reciente ascenso de los populismos se debe a esa sensación de incertidumbre económica que en algunos países no ha hecho más que aumentar.

Tanto uno de los autores del estudio, Manuel Serrano-Alarcón, del Centro de Investigación de Dinámicas Sociales y Políticas Públicas Dondena, de la Universidad Bocconi de Milán, como el economista de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, coinciden en destacar como “muy significativa” esa contribución del malestar económico al cambio en el comportamiento electoral de tantos ciudadanos en todo el mundo.

En realidad, la relación entre las crisis financieras y el avance de los extremismos políticos es claro, aunque sólo sea desde el periodo de entreguerras del siglo pasado, cuando la depresión de 1929 –entre otros factores– arrojó a Alemania e Italia en brazos del nazismo y el fascismo. Pero, como destaca Serrano-Alarcón a infoLibre, ahora se ha podido verificar un “vínculo causal sólido” –no una mera correlación–. Con importantes diferencias geográficas.

Así, el deterioro económico sufrido por la clase trabajadora de Estados Unidos por culpa de las importaciones de China está detrás de buena parte del éxito de Donald Trump desde 2016. Aunque hay matices adicionales: los votantes blancos descontentos buscaron remedio en los republicanos y en Trump, pero los votantes no blancos se inclinaron por los demócratas. También hay que tener en cuenta la “brutal” desigualdad que caracteriza a la sociedad estadounidense, tercia Manuel Alejandro Hidalgo.

En general, la robotización está radicalizando a los ciudadanos de las economías avanzadas, mientras que los países de la eurozona, al igual que EEUU, están más expuestos al impacto de las importaciones baratas de otras áreas. Por su parte, los del Europa del Este lo estuvieron al desplome de sus respectivas divisas con la crisis financiera de 2008. En Brasil la inseguridad del mercado laboral tuvo mucho que ver en la victoria de Jair Bolsonaro en 2018 –más en los hombres que en las mujeres–. Y en Hungría Manuel Alejandro Hidalgo cree que el peso de la culpa puede atribuirse más bien a la escasa tradición democrática del país.

¿Y en España? Ninguno de los 36 estudios analizados por Manuel Serrano-Alarcón y sus colegas se refería a la extrema derecha nacional. “No había ninguno con la suficiente robustez estadística para incluirlo”, revela el investigador.

Sin embargo, Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa, traza con precisión el recorrido que ha llevado a Vox a convertirse en el tercer grupo del Congreso tras PP y PSOE. Nacido un mes antes que Podemos, en diciembre de 2013 –es decir, en lo peor de la crisis financiera, con una tasa de paro del 26% y la austeridad y los recortes en plena ebullición–, no consiguió entrar en el Parlamento Europeo en 2014. “Aunque se quedó sólo a 1.200 votos de conseguirlo”, advierte no obstante Guillermo Fernández.

De ese fracaso no se recuperó hasta 2018, tras el intento fallido de referéndum en Cataluña, cuando sectores conservadores decepcionados por la gestión del conflicto que hizo el Gobierno del PP ven en Vox y su discurso nacionalista español la respuesta a la “alarma patriótica” activada por los independentistas. La manifestación de la Plaza de Colón en Madrid se celebró apenas siete días después del 1-O catalán.. Siete meses más tarde, la moción de censura que dio el Gobierno a Pedro Sánchez, apoyada en Unidas Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes y que la derecha consideró casi “un acto ilegítimo”, explica la “efervescencia” de Vox, que ya ese verano multiplica su militancia, en octubre llena el Palacio de Vistalegre de Madrid y en diciembre entra en el Parlamento andaluz con 12 escaños.

Como desveló Stuart Turnbull-Dugarte, profesor de la Universidad de Southampton, ni el nivel de ingresos ni la desconfianza política ni el rechazo a la inmigración son el principal motor del voto a Vox, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la extrema derecha europea. Al menos en aquellas elecciones andaluzas, el rechazo al procés fue el catalizador que introdujo a la ultraderecha por primera vez en un parlamento autonómico. Entonces la economía española empezaba a respirar tras cuatro años en la UCI poscrisis.

Guillermo Fernández ve en la recesión económica de 2008, seguida de una pésima gestión europea basada en la austeridad, la mecha que prendió el populismo en el continente. Pero añade un segundo componente, la “crisis de representación” a la que llevaron los numerosos casos de corrupción destapados no sólo en España sino también en otros países como Francia. Si además coincide con la crisis de los refugiados, y con los atentados yihadistas –Bataclán, Charlie Hebdo, ambos en 2015–, la mezcla se convierte en explosiva. La “inseguridad cultural” se suma a la económica. Finalmente, el Brexit –votado en referéndum en 2016 y ejecutado en 2020– y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos –en noviembre de 2016– dieron el impulso definitivo al populismo global. En enero de 2017, la extrema derecha europea celebró un macroevento en la ciudad alemana de Coblenza, al que ya acudió Vox y donde Marine Le Pen, Matteo Salvini, Frauke Petry –de la AfD alemana– y Geert Wilders anunciaron la llegada de la “primavera de las naciones”, recuerda Guillermo Fernández.

El politólogo no pone en duda que un tercio del auge populista proceda del desencanto económico de muchos ciudadanos, pero añade que el resto de la fórmula se asienta sobre la idea de que la “identidad nacional” está en riesgo. “Tu nación, tus valores corren peligro”, se esgrime. Para Le Pen, la amenaza viene de los emigrantes. Para Wilders, de los musulmanes, en concreto. Para Santiago Abascal, de los independentistas.

Una tesis repetida señala que la extrema derecha ha ganado impulso combinando su base tradicional de clase media con nuevos votantes de la clase trabajadora, los perdedores de la globalización y la modernización. Antes, la clase trabajadora tenía la oportunidad de ingresar en la clase media, un ascensor que se ha detenido o incluso descendido en las democracias avanzadas.

Otros dicen que los nuevos apoyos electorales de la ultraderecha proceden de trabajadores que han perdido la protección laboral de la que gozaban, pero que no se encuentran precisamente entre los más perjudicados por la crisis económica.

Para Guillermo Fernández, el perfil del votante de ultraderecha, tanto en Francia como en España, al menos, no es el del ciudadano más vulnerable. Sino el de quien se siente en peligro por la supuesta “pinza” que han creado entre las élites, sobre todo las progresistas, y los más pobres, entre los que se encuentran los inmigrantes. Se trata de una clase media y media/baja que tiene vivienda propia, pero en el extrarradio de las capitales porque no puede vivir en el centro, aunque trabaje en él, y que se percibe dañada por los ricos, que sí se lo pueden permitir, y por las clases más bajas que reciben ayudas. En Madrid, pone como ejemplo, “existe un cinturón verde, que vota a Vox y que no está en, digamos, Fuenlabrada –el antiguo cinturón rojo–, sino más allá, en Humanes, en Arroyomolinos e incluso en La Sagra (Toledo)”.

Cierto que la situación de estos ciudadanos empeoró con la crisis económica, pero además “se sienten poco escuchados, olvidados”. Es a ellos a los que la extrema derecha “ofrece un relato y la ilusión de que los miran”, sostiene el politólogo.

Es la misma tesis que apunta Stuart Turnbull en su análisis de las elecciones andaluzas de 2018: el perfil del votante de Vox no coincidía entonces con el prototipo del perdedor de la globalización, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos. Además, a los ultras españoles los votan también las clases altas –Vox fue la segunda fuerza en Pozuelo, Boadilla, Las Rozas y Torrelodones, en el noroeste rico de Madrid, el pasado 23 de julio–, como ocurre en Francia, donde a los apoyos del norte empobrecido se les suman muchos de la riquísima Costa Azul.

En esa misma dirección, hay estudios que sostienen que la pérdida de estatus influye más en la deriva hacia la extrema derecha que, por ejemplo, el desempleo. Se trata de una doble devaluación, económica y cultural, de las capacidades y valores de la clase trabajadora, que se refuerza mutuamente y cuya brecha con las demandas de la economía posindutrial y globalizada es cada vez mayor, tal y como detallan Serrano-Alarcón y sus colegas europeos.

Además, Fernández Vázquez, introduce otro elemento: “La idea de que no hay futuro, o que el futuro va a ser muy malo, peor que el presente; por eso se idealiza un pasado de supuesta grandeza, el Make America great again va de eso”.

Porque, de eso no hay duda, se proclama, el presente sufre de una absoluta decadencia. Es una tendencia general que se da en España y en el resto del mundo, no importa si en fases de apogeo o de crisis: la diferente percepción entre la economía personal y la nacional. Lo revela el último barómetro del CIS: el 63,4% de los encuestados dice que su situación económica personal es buena –el 59,8%– o muy buena. El 24,2% dice que es mala o muy mala. Por el contrario, el 59,2% cree que la situación económica general de España es mala o muy mala. La misma disociación se producía en plena crisis financiera, hace una década, en 2019, en la prepandemia, o en 2022. Pero, a diferencia de esos años, el desajuste se repite ahora “cuando se ha creado más empleo nunca y la economía no está ni de lejos tan mal”, aclara Manuel Alejandro Hidalgo.

A su juicio, las derechas populistas tienen más éxito en países con niveles bajos de protección social. El estado del bienestar, con políticas destinadas a desempleados, pensionistas, trabajadores precarios o familias numerosas, reduce el atractivo de la extrema derecha. Las políticas redistributivas o la Seguridad Social protegen frente a la inseguridad económica y reducen el apetito por el populismo en los trabajadores en descenso. “Eso queda para un estudio posterior: ¿esas políticas de protección social reducen el voto a la ultraderecha?”, invita Manuel Serrano-Alarcón.

Guillermo Fernández advierte de que la extrema derecha “está aquí para quedarse”. A diferencia de lo que ha ocurrido con los partidos a la izquierda de la socialdemocracia europea –Unidas Podemos, Francia Insumisa, el Movimiento 5 Estrellas–, que están en retroceso o se mantienen con dificultades, la derecha radical amenaza con un triunfo en las europeas de junio y puede dar la sorpresa en Portugal el próximo día 10. Manuel Serrano-Alarcón precisa que la mayoría de los estudios con los que ha trabajado para su análisis se refieren a los populismos de derecha, y es por tanto donde han encontrado resultados más concluyentes. “Lo que nos obliga a ser más cautos con los populismos de izquierda”, advierte. En cualquier caso, el estudio mantiene que, mientras la inseguridad económica es una sólida materia prima para la extrema derecha, la izquierda radical consigue sus apoyos entre los damnificados por la automatización, la incertidumbre laboral y los fallos en la redistribución de la riqueza.

También las recientes protestas de los agricultores y ganaderos son una buena muestra de que la extrema derecha ha plantado sus cimientos en suelo europeo. Como en otras capas de la población, al empeoramiento de sus condiciones económicas se le añade el sentimiento de olvido, o incluso desprecio, de las “élites urbanitas”, dice Guillermo Fernández. Y la ultraderecha tiene una oferta política adaptada a ese agricultor: “Somos los únicos que hablamos de los problemas del campo”. Es más, el politólogo cree que la derecha radical dispone de una estrategia para convertirse en el partido del sector primario. “Por eso en los folletos de Vox se leía Vota campo”.

No obstante, Guillermo Fernández Vázquez rechaza que la historia vaya a repetirse y los años 30 de este siglo repliquen los años 30 del siglo XX. “No creo que Vox sea una especie de franquismo 2.0 o neofranquismo”, defiende. “Para ellos no se trata”, continúa, “de volver a antes de 1975, sino de reinterpretar la Constitución de 1978 para regresar a antes de esa fecha”. De forma que la meta a la que aspiran es una “democracia limitada o militante”, en la que sean ilegales los partidos comunistas o independentistas, por ejemplo. “Lo que quieren”, resume, “es ganar en 2024 las batallas que perdieron en 1976 o 1977”.

Los europeos aún no se han dado cuenta, pero podrían tener un duro despertar, como ya ilustran en Alemania las manifestaciones masivas de agricultores contra la supresión de una parte de sus subvenciones: el paréntesis abierto en la época de la crisis del Covid, prolongado con la guerra de Ucrania y los choques energético e inflacionista, que había dejado aparcadas todas las reglas fiscales y presupuestarias, está cerrado desde el 1 de enero. La norma en toda la Unión vuelve a ser la vuelta a la disciplina financiera de los Estados miembros, que salen de este periodo fuertemente endeudados. 

Pero los dirigentes europeos insisten en que han aprendido de los errores de los programas de austeridad impuestos en la eurozona durante la crisis. Errores que condujeron a una década perdida para Europa y a que la economía europea quedara muy por detrás de la de Estados Unidos. Prometen que la vuelta a la disciplina presupuestaria no será igual que el "corsé presupuestario" anterior, con su 3% de déficit presupuestario y su 60% de deuda. 

Al final de un maratón del que Europa guarda secreto, los ministros europeos de Economía aprobaron el 20 de diciembre un pacto de estabilidad transformado. Se trata de "un nuevo marco de gobernanza económica", insistió Nadia Calviño, entonces ministra española de Economía y Hacienda, responsable de llevar a buen puerto el acuerdo en el marco de la presidencia de su país, que concluyó a finales de diciembre. El acuerdo debe basarse en "normas equilibradas, realistas y apropiadas" para todos los países.

Aliviados por haber encontrado un compromiso que muchos creían imposible, los ministros europeos se autofelicitaron y declararon que el pacto evitaría todos los escollos de las normas del pasado. Bruno Le Maire fue uno de los más efusivos, alabando el regreso de la entente franco-alemana, estancada desde hace meses. El ministro francés de Finanzas celebró "un acuerdo histórico". Según él, el pacto dará a los Estados miembros el margen de maniobra que necesitan para seguir invirtiendo al tiempo que aplican una política fiscal "disciplinada".  

Los ministros son los únicos que acogen con satisfacción este Pacto de Estabilidad reformado. De todos los frentes llegan críticas: economistas, políticos y sindicatos denuncian el "software inalterado" europeo de normas presupuestarias "absurdas" que sólo pueden conducir a la austeridad.  

Las nuevas normas supondrán recortes presupuestarios de "más de 100.000 millones de euros a partir del año que viene", advierte la Confederación Europea de Sindicatos, que agrupa a los sindicatos de los Estados miembros. En su opinión, la austeridad presupuestaria se traducirá probablemente en nuevas medidas contra los trabajadores y las clases medias. 

"Es el regreso del talibanismo presupuestario", afirma Philippe Lamberts, copresidente de los Verdes en el Parlamento Europeo. Para él, este nuevo pacto constituye "un suicidio económico y político para la Unión Europea". "En un momento en que Europa necesita invertir en la transición ecológica, en defensa, investigación, tecnología digital e reindustrialización, nos estamos negando a nosotros mismos el arma de la inversión", señala, apuntando a "la creciente distancia entre las palabras y los hechos" en una Europa que no para de hablar de soberanía. 

"Pueden hablarnos todo lo que quieran de la soberanía europea, pero eso hay que financiarlo", añade la eurodiputada de la Izquierda Social y Ecológica Aurore Lalucq. Este proyecto de reforma es un "error histórico" que corre el riesgo de "proporcionar un caldo de cultivo a la extrema derecha en Europa". 

A pesar de todas esas advertencias, el Parlamento Europeo aprobó el miércoles 17 de enero el proyecto de reforma del Pacto de Estabilidad por 431 votos a favor y 172 en contra, con el apoyo masivo de la derecha, el centro y los socialdemócratas. "Si los socialdemócratas hubieran votado en contra, la relación de fuerzas habría sido diferente", comentó Philippe Lamberts tras la votación en la Comisión de Asuntos Económicos, presagiando el resultado de la sesión plenaria.  

Ahora comenzarán las negociaciones entre la Comisión Europea y el Parlamento para armonizar el texto, pero las líneas maestras ya están marcadas: Europa se embarca en una senda de austeridad y recesión. 

Oficialmente, los criterios grabados a fuego del Tratado de Maastricht (3% de déficit presupuestario, 60% de deuda) ya no son las referencias insuperables de la política europea. Sin embargo, siguen siendo un subtexto omnipresente, incluso en los métodos de cálculo y las nuevas normas destinadas a dar a los países europeos una mayor flexibilidad en sus políticas presupuestarias. 

En resumen, los Estados miembros con déficits y deudas excesivos dispondrán de un periodo de ajuste de cuatro años para reconducir sus cuentas públicas a una senda presupuestaria considerada "sostenible". El periodo de ajuste podrá ampliarse a siete años si los Estados miembros adoptan "reformas estructurales" consideradas susceptibles de mejorar la "resiliencia" financiera. 

¿Es necesario aclarar qué entiende la Comisión Europea por "reformas estructurales"? Desde la crisis de la eurozona, estas reformas siempre han adoptado la misma forma: la destrucción y el empobrecimiento del Estado del bienestar, el trabajo, las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios públicos en general. 

Una concesión importante a los ojos de algunos gobiernos es que el gasto público se evaluará según el concepto de gasto primario, es decir, excluyendo los tipos de interés o los efectos fiscales. Fue este cambio el que llevó a Bruno Le Maire a felicitarse por la flexibilización de las normas, que dará al Gobierno cierto margen de maniobra: el aumento de la deuda en Francia, provocado por la rápida subida de los tipos de interés, quedará parcialmente neutralizado, lo que permitirá mostrar una recuperación de las cuentas públicas, que podría ser en parte virtual. 

Por otra parte, no se hace ninguna distinción en los gastos: se utilicen para financiar la transición ecológica, la investigación o para compensar las ventajas fiscales concedidas a unos pocos, la Comisión Europea no ve ninguna diferencia. 

La nueva flexibilidad presupuestaria propuesta por los dirigentes europeos corre el riesgo de ser muy ilusoria. A cambio de este periodo de transición, Alemania, que no ha renunciado en absoluto a sus reglas del ordoliberalismo (corriente de pensamiento económico que defiende la economía social de mercado, ndt), ha impuesto, con el apoyo de los demás países llamados frugales (Países Bajos, Austria y Estados bálticos), cláusulas de salvaguardia acompañadas de sanciones para los países más endeudados, con el fin de garantizar que sigan la senda de la disciplina financiera y el respeto de las reglas europeas. 

Aunque el déficit presupuestario se fije en el 3%, los países deberán obligarse a no superar el 1,5%, según el deseo alemán, para disponer de un colchón de seguridad en caso de crisis o choque imprevisto, y poder aportar un apoyo presupuestario a la economía sin sobrepasar el 3%.  

La Comisión establecerá programas presupuestarios para cada país cuya deuda supere el 90% del PIB. Estos países tendrán que reducir su deuda en un punto del PIB cada año mientras dure su plan nacional de gastos. Este objetivo se reducirá a la mitad para los países cuya deuda se sitúe entre el 60% y el 90% del PIB. 

Se impondrán normas adicionales a los países con déficits presupuestarios superiores al 3% y niveles de deuda superiores al 60%. A los países que no cumplan sus objetivos presupuestarios se les reforzarán las sanciones, exigiéndoles que reduzcan su gasto en un 0,5% adicional del PIB al año.

Las líneas generales de este Pacto de Estabilidad reformado no reflejan toda su complejidad y vaguedad. Todo se basa en conceptos mal definidos y fluctuantes. Aurore Lalucq dice que es “una fábrica de gas", lo que significa que ni los políticos ni el público en general pueden entender los mecanismos, negociarlos o cuestionarlos. “Ni siquiera los técnicos llegan a entenderlos", afirma. “Mi única esperanza es que estas normas sean tan complicadas que no puedan aplicarse".  

Un informe del instituto Bruegel, elaborado a finales de diciembre sobre la base de los términos del acuerdo de los ministros de Finanzas, da una idea de la complejidad de las normas previstas: hay numerosas medidas casi incomprensibles. 

La única certeza es que darán un poder exorbitante a la Comisión, mermando un poco más la esencia de los procedimientos democráticos nacionales. La Comisión se encargará de comprobar los planes presupuestarios de cada país, tendrá poder para imponer determinadas medidas y condiciones, y controlará la aplicación de los programas acordados. "Todo esto plantea un problema de credibilidad", afirma Éric Dor, director de investigación de Ia escuela de negocios IESEG de París. "El objetivo era que el sistema fuera más claro. Ahora es aún más opaco: cada país negociará sus programas presupuestarios con la Comisión. Y no todos tienen el mismo poder de negociación.” 

"Los detalles no importan realmente", insiste Philippe Lamberts. "Lo que tenemos que entender es que los halcones del presupuesto han ganado. Los recortes presupuestarios van a ser obligatorios para todos". 

Mientras Europa vuelve a la senda de la austeridad, el déficit presupuestario medio de los países de la eurozona es del 3,6%. Según las previsiones de la Comisión Europea, diez de los veinte países que comparten el euro como moneda, entre ellos Francia, Italia, Bélgica y Finlandia, superarán el fatídico umbral del 3% en 2024, Además, doce países han superado el 60% de deuda. Siete de ellos, incluidos Grecia, Bélgica, Italia y Francia, tienen niveles de deuda superiores al 100%. Sin más dilación, se espera que la Comisión inicie esta primavera procedimientos por "déficit excesivo" contra algunos Estados miembros, entre ellos Francia e Italia. 

Las primeras medidas de austeridad anunciadas por Macron en conferencia de prensa, son los impuestos sobre la electricidad en febrero y la duplicación de los gastos de franquicia para los medicamentos, que sube a 1 euro. El Gobierno francés, diga lo que diga, está decidido a hacer pagar el pasado "cueste lo que cueste" aumentando sustancialmente los impuestos, los más desiguales, y recortando los gastos sociales, en detrimento de las familias más pobres y de las clases medias. 

Bruno Le Maire ya ha anunciado la necesidad de alcanzar 12.000 millones de euros de ahorro este año. Sin embargo, según cifras citadas por la Confederación Europea de Sindicatos, Francia tendrá que hacer recortes presupuestarios de más de 26.000 millones de euros al año a partir de la entrada en vigor del nuevo Pacto de Estabilidad, si el ajuste se hace en cuatro años, y de 14.000 millones si se hace en siete años.  

Los esfuerzos exigidos a los demás Estados miembros son también descomunales. Italia deberá reducir su gasto entre 13.500 y 25.400 millones de euros, dependiendo de si sus planes son a siete o a cuatro años. España tendrá que ahorrar entre 8.900 y 13.900 millones de euros, y Alemania entre 5.800 y 11.000 millones. 

En un momento en que la subida de los tipos de interés provocada por el resurgimiento de la inflación y el choque energético vinculado en parte a la guerra de Ucrania han llevado a la zona euro al borde de la recesión desde hace seis meses, esta política deliberada de restricción presupuestaria impuesta al mismo tiempo en los mayores países europeos corre el riesgo de provocar un choque recesivo sin precedentes y marginar a Europa. 

Ante tales exigencias, cualquier opción presupuestaria se hace prácticamente imposible, y cualquier política pública se verá condenada de antemano. "Esta es la base sobre la que se construyó Europa. Niega cualquier política pública ambiciosa que pueda reforzar el poder de los Estados", señala Anton Brender, profesor emérito de la Universidad París-Dauphine. 

La influencia alemana es predominante en estas opciones. Mientras Alemania ve desmoronarse ante sus ojos todo su modelo económico industrial y exportador, el gobierno, y en particular su ministro de Finanzas, el centrista Christian Lindner, sigue defendiendo la más estricta ortodoxia presupuestaria. 

El gasto público es sospechoso de entrada. A pesar de las numerosas demostraciones en los últimos años, sin olvidar el colapso de Grecia, cualquier política de apoyo presupuestario anticíclico se considera un grave error, cuando no una herejía. El déficit se considera una falta y la deuda abre las puertas del infierno. 

Y la posición de Berlín se endureció aún más tras la sentencia del Tribunal de Karlsruhe (su tribunal constitucional, ndt) que prohibía al gobierno apartarse de la regla de oro del déficit cero: la austeridad impuesta constitucionalmente a Alemania debía extenderse a toda Europa.

"La deuda es consustancial a la actividad económica. Fijar la deuda en el 60% del PIB significa organizar la regresión económica. Tenemos que aceptar que hay que endeudarse", afirma Anton Brender. Continuando con sus reflexiones paralelas, Éric Dor comparó las trayectorias presupuestarias y de endeudamiento de Europa y Estados Unidos. A pesar de su profesada postura liberal, el gobierno federal americano proporciona un apoyo continuo a la economía, aceptando mucha más deuda que Europa. Y sigue haciéndolo hoy en día, aunque puede que demasiado, con su política de reindustrialización. 

¿Casualidad? Aunque las economías europea y americana habían seguido el mismo camino desde la década de 2000, se separaron a partir de 2013, cuando se introdujeron las políticas de austeridad en Europa. Desde entonces, la brecha no ha dejado de aumentar: la diferencia de PIB entre Europa y Estados Unidos es ahora del 80%. 

Lejos de tranquilizar a los mercados, como desearían los dirigentes europeos, el camino que está tomando la Unión puede llegar a preocuparlos. Porque las opciones de la UE están aniquilando una serie de opciones para su futuro y el desarrollo futuro de su economía. 

Según los cálculos del Instituto Rousseau, citados por el grupo de los Verdes, cada país europeo tendría que invertir cada año alrededor del 2,3% de su PIB para apoyar la transición ecológica y el desarrollo de su defensa. No se puede contar con las instituciones europeas para ello. Tras aceptar el plan europeo de recuperación en el momento de la pandemia, Alemania dejó claro que ése sería el único desvío de sus principios. Por tanto, los Estados miembros sólo pueden contar con sus propias fuerzas y capacidades. 

En un momento en que las ambiciones de Europa en materia de transición ecológica no dejan de reducirse, a medida que se revisa a la baja el Plan Verde, la orientación austeritaria de este nuevo Pacto de Estabilidad puede llegar a asestar un golpe mortal a la aplicación de las políticas de lucha contra el cambio climático. 

Como ya es su costumbre, Europa confía en el capital privado para aplicar esta política. Aparte de los problemas de control democrático, lo sucedido en los últimos cinco años plantea muchos interrogantes. Mientras abogaba por la "financiación verde", el capital privado sólo ha invertido en los proyectos más rentables, exigiendo además que los gobiernos ofrecieran garantías y asumieran todos los riesgos. En los últimos dieciocho meses, este capital se ha alejado incluso de los proyectos "verdes", volviendo sobre todo a la industria de los combustibles fósiles, mucho más rentable. 

"No debemos olvidar tampoco los proyectos medioambientales no rentables. Proteger el agua, las costas, la biodiversidad, determinadas zonas... todo eso que forma parte del bien común. Necesitamos políticas públicas para financiarlos y protegerlos. ¿Cómo hacerlo con políticas de austeridad?", se pregunta Aurore Lalucq. Del mismo modo, todas las medidas para apoyar a los hogares más pobres y ayudarles a compensar los costes de la transición ecológica parecen condenadas a quedarse a dos velas, a lo que hay que añadir el riesgo de alimentar la oposición de la extrema derecha a todas las políticas ecológicas. 

Lo que vale para la transición ecológica vale también para la defensa, la investigación, la reindustrialización, el desarrollo de la economía digital... temas todos ellos destacados por la Comisión Europea en su apuesta por recuperar la soberanía del continente. "Vamos a la competencia mundial mancos y cojos, y luego se nos pide que corramos el maratón contra Estados Unidos y China", se queja Philippe Lamberts. "Con esta política, nos convertiremos en el juguete de esas dos potencias. Todo esto sólo puede hacerle el juego a la extrema derecha y conducir a la desintegración de la Unión", vaticina el eurodiputado.

Traducción de Miguel López

Los temidos hombres de negro de Bruselas responden en realidad a una etiqueta mucho menos sugerente: son la task force –grupo de trabajo– Recover y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Desde que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro los bautizó utilizando a los agentes que vigilan a alienígenas camuflados entre terrestres, ha transcurrido una década y la economía ya está sufriendo una nueva crisis. Este lunes ha regresado a España la misión de Bruselas, en su tercera visita desde octubre de 2021, para vigilar los avances del Plan de Recuperación y Resiliencia. Hasta el miércoles volverán a entrevistarse con ministros, agentes sociales y expertos, con el foco puesto en la segunda fase de la reforma de las pensiones, pero también en el impacto de la reforma laboral.

Los hombres de negro, además, no son tales, pues de los tres enviados de Bruselas dos son mujeres: la francesa Céline Gauer, directora general del grupo de trabajo Recover, y la española María Teresa Fábregas, directora de Recover. Aunque el más conocido es Declan Costello, irlandés y jefe del equipo que vigiló como un sabueso el rescate a Grecia. Gauer lleva trabajando en la Comisión Europea desde hace casi 30 años y desde 2020 dirige el grupo de trabajo Recover, que depende directamente de la presidenta Ursula von der Leyen. Teresa Fábregas también es veterana en la Comisión –desde 1997– y pasó al grupo de trabajo en agosto de 2020. Costello es el director adjunto de la mencionada Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros.

Este mismo lunes por la tarde se reunieron con “funcionarios del Ministerio de Seguridad Social”, según precisó el titular del departamento, José Luis Escrivá, en rueda de prensa por la mañana. El objeto de la cita, “evaluar los hitos” correspondientes al segundo trimestre de este año a los que el Gobierno se comprometió en el Plan de Recuperación y Resiliencia. En concreto, dijo, la reforma del sistema de cotización de los autónomos y las pensiones de los planes de empleo. También se entrevistarán con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos.

A preguntas de los periodistas, Escrivá negó que Bruselas haya cuestionado la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Al contrario, su evaluación de las reformas relacionadas con componente 30 del Plan ha sido “siempre muy positiva”. “Lo que ha hecho la Comisión es recordar que faltan algunos hitos, dos o tres este trimestre, y que hará una evaluación final cuando se termine el año. Y en eso no puedo estar más de acuerdo. Pero no nos está reprochando nada, nos recuerda lo que nos hemos comprometido a hacer”, explicó.

Sin embargo, el propio ministro había asegurado en una entrevista en el diario El País este verano que la Comisión Europea dudaba de que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en la primera parte de la reforma de las pensiones, vaya a ser tan eficaz a la hora de contener el gasto público en pensiones como lo era el Factor de Sostenibilidad al que pretende sustituir. Bruselas, desveló, prefiere un mecanismo automático, mientras que el MEI es sólo “semiautomático”: debe revisarse, y quizá recalibrarse, en 2032.

Aunque no se refirió a ello Escrivá, el equipo de Bruselas también se interesará por la segunda parte de la reforma de las pensiones, que debe incluir la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y el aumento de las bases máximas de cotización y de las pensiones máximas. Al menos así lo esperan patronal y sindicatos, con los que también se reunirán los hombres de negro. Por la CEOE, este martes acudirá la responsable de su departamento de Laboral, Rosa Santos. “Serán reuniones cortas”, adelantan fuentes sindicales. El miércoles se verán con UGT y CCOO. Con sus equipos técnicos. Y les preguntarán por el impacto de las reformas aprobadas hasta el momento. No sólo sobre la Seguridad Social, también por los efectos de la reforma laboral, aseguran las fuentes. La negociación con los agentes sociales de segunda fase de la reforma de las pensiones no ha hecho más que empezar. Se ha limitado a una reunión y el ministerio aún no ha entregado ninguna propuesta por escrito.

En esas conversaciones, los altos funcionarios de Bruselas se encontrarán con el rechazo de la patronal a cualquier medida que amenace la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que obvie los acuerdos del Pacto de Toledo, explican fuentes de la CEOE. Esa fue también su respuesta, y la de los sindicatos, al secretario de Estado de Seguridad Social el lunes de la semana pasada cuando éste les planteó una ampliación “suave” del periodo de cálculo de la pensión, que ahora se sitúa en 25 años. José Luis Escrivá siempre ha recalcado que no se extenderá “de ninguna manera” a 35 años. Aunque al mismo tiempo relaciona la medida con la posibilidad de rellenar lagunas de cotización y desechar los peores años de retribuciones. Y recalca que el cambio será “neutro” y no afectará a la recaudación de la Seguridad Social.

Tampoco la CEOE ve con buenos ojos el MEI, “que no es más que una sobrecarga de cotizaciones, una derrama”. El MEI consiste en una cotización adicional del 0,6% en las nóminas de los trabajadores, entre 2023 y 2032, que alimentará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la conocida como hucha de las pensiones– y debería funcionar como “válvula de seguridad” del sistema en el caso de que el gasto en pensiones se desvíe a partir de 2033 y hasta 2050. Los sindicatos no se oponen a que la aplicación del MEI, diseñado como una herramienta “contingente y temporal”, se extienda hasta 2050, según ha apuntado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

En la tercera visita de esta segunda crisis, la misión de Bruselas se dejará ver en un acto público. Tres de sus miembros participarán en otras tantas mesas de debate el próximo miércoles organizadas por la representación en España de la Comisión Europea. El “primer evento anual sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” será inaugurado por la vicepresidenta Nadia Calviño y por el letón Valdis Dombrovkskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Cada uno de los altos funcionarios de la UE participarán en una mesa distinta. En la primera, con Céline Gauer, debatirán Joan Groizard, director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica; el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José María González Moya, y la vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

En la segunda, junto a Declan Costello se sentarán la directora del Departamento Laboral de la CEOE, Rosa Santos; Luis Aribayos, secretario general de Cepyme, y los responsables de los gabinetes económicos de CCOO, Carlos Martín Urriza, y de UGT, Luis Pérez Capitán.

En la tercera, a María Teresa Fábregas la acompañarán la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero; los consejeros de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, y de Navarra, Elma Saiz, así como María Ángeles Martín Prats, profesora de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla.

El objeto de los debates es simple: hacer balance del primer año de implementación del Plan de Recuperación y debatir las oportunidades que la lluvia de millones europeos brinda a España.

Estas visitas y evaluaciones, que son técnicas y exhaustivas, sirven para liberar los sucesivos pagos de los fondos de recuperación. Superado el primer examen, en octubre de 2021, España recibió 10.000 millones de euros en diciembre. Tras la segunda, en febrero, se transfirieron 12.000 millones de euros en julio, Sumados a los 9.036 millones de euros de prefinanciación, el total percibido se eleva a 31.000 millones hasta el momento. El siguiente desembolso, pendiente de que se aprueben los hitos del primer semestre de este año, asciende a 6.000 millones de euros.

Pese a esa presión, estas visitas guardan una diferencia sustancial con las que pusieron en el foco de la atención –y el recelo– pública a los primeros hombres de negro. Los que controlaron con guante de hierro el rescate a Grecia y examinaban la gestión del Gobierno tras el rescate a la banca española en 2012 y mientras se imponían las políticas de austeridad. Entonces el motor que impulsaba las medidas europeas era el recorte del gasto público. Tras la pandemia, en cambio, Bruselas ha aprobado un fondo de ayudas milmillonario para proteger a la economía y a los ciudadanos impulsando la transición ecológica y digital, al tiempo que ha suspendido las reglas de control de gasto.

Si bien el desembolso de ese dinero está supeditado a la aprobación de las reformas comprometidas, y la Comisión verificará con lupa que las ayudas consigan el efecto previsto, los controles no tienen mucho que ver con el rigor con que se escudriñó tanto al Gobierno griego como al español una década atrás. Además, los hombres de negro de Bruselas venían acompañados de otros colegas del FMI y el BCE, la odiada Troika. Entonces el escrutinio duraba semanas. Ahora la visita se reduce a tres días y, el último, sus protagonistas debatirán en público con autoridades y representantes de la sociedad civil.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

“Una camisa de fuerza”. Así describe Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales que han gobernado las finanzas de la UE durante 23 años. Hasta que la pandemia forzó su suspensión. “No sirvieron para salir de la crisis anterior de forma adecuada y en esta no podemos permitirnos otra respuesta fallida”, advierte. Entonces, a la misma altura de la crisis en que Europa se encuentra ahora –dos años de caídas del PIB– “ya se estaban adoptando medidas de recorte y de austeridad”, recuerda Tamames, cuyo fin era volver cuanto antes al 3% de déficit público y el 60% de deuda que dictaban las normas aprobadas en 1997.

El resultado de ponerse esa camisa de fuerza es conocido: débil crecimiento económico, aumento de la desigualdad, ruptura de la cohesión social, polarización política… Una década después, el estallido del coronavirus ha impuesto un cambio radical en la forma de encarar la crisis subsiguiente: préstamos para que los gobiernos sufraguen sus planes de lucha contra el desempleo (SURE), los fondos de recuperación NextGeneration –140.000 millones para España–, las compras de emergencia de bonos que aún hace el BCE. Medidas excepcionales que están amortiguando el golpe asestado por el covid a la economía y la sociedad pero que, al mismo tiempo, han disparado de nuevo el déficit y la deuda de los Estados miembros. Por primera vez en la historia de la zona euro, la deuda pública de los países que lo integran ha superado el 100% de su PIB.

“Existe un consenso en Europa sobre que las reglas fiscales se pensaron en los años 90 teniendo en la cabeza un mundo económico que no es el de hoy y que, por tanto, hay que actualizarlas”, explica Jorge Tamames. La insatisfacción con esas normas es “general”, apunta Javier Ferri, investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Así que abrir la reforma va a ser fácil, añade. Entrar en los detalles, no tanto. Hasta el punto de que la negociación necesaria para ponerlas al día puede convertirse en un auténtico campo de batalla europeo. Sin ir más lejos, modificar el protocolo que establece los umbrales de déficit y deuda requiere la unanimidad del Consejo Europeo. La negociación debería comenzar este año, mientras dure la suspensión de las reglas fiscales, en principio hasta 2023. De momento, la reforma del Pacto de Estabilidad se encuentra en fase de consulta pública, por lo que son numerosas las propuestas que se están presentando para abordar una cuestión tan capital.

Ya antes de la pandemia había sido objeto de debate el cambio de las normas fiscales, que fueron reformadas en 2005, 2011 y 2013, y en 2016 adquirieron unas cláusulas de flexibilidad. Pero ahora atraviesan un momento crucial, apunta el investigador de Elcano. Si se recuperan en 2023 tal y como están, y vuelve la austeridad, peligrará la recuperación económica y, si dejan de aplicarse, “se socavará la autoridad de las instituciones europeas”.

En España, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el mismo Real Instituto Elcano han elaborado propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Todas ellas presentan elementos comunes. “Hay una constatación tácita de que a los umbrales del 3% de déficit público y 60% de deuda pública no se va a volver en ningún momento cercano”, concede Jorge Tamames. Cuestión distinta son cuáles deben ser los nuevos valores. Un documento elaborado por los economistas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) planteaba el pasado octubre elevar al 100% el umbral de deuda. “No hay cifras mágicas”, objeta el investigador de Elcano, “ni el 60% ni el 100% garantizan la sostenibilidad”.

Javier Ferri cree que la discusión sobre esos parámetros es importante, pero más aún lo es el “cambio de paradigma”. Y que lo deseable sería pasar “de reglas más cuantitativas a reglas más cualitativas”. “Se trata de que los agentes económicos sepan que los gobiernos se toman en serio los procesos de consolidación a medio y largo plazo”, sostiene, de forma que esos planes “hagan creíbles los objetivos [de déficit y deuda]”.

Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cree que los tan denostados umbrales de déficit y deuda darán paso a objetivos de empleo, inflación, crecimiento económico, desigualdad o convergencia de niveles de renta. “Los que antes eran indicadores auxiliares serán ahora los indicadores clave”, resume.

Tanto el Banco de España como la AIReF como el Real Instituto Elcano coinciden en sus críticas a las reglas fiscales europeas: demasiado complejas, poco transparentes e incluso poco creíbles: los países corrigen sus déficits pero no las causas estructurales que los originan, mientras que la regla de la deuda nunca se ha utilizado, “quizás con razón”, precisa el documento del Real Instituto Elcano, elaborado por Enrique Feás, Carlos Martínez Mongay, Miguel Otero-Iglesias, Federico Steinberg y Jorge Tamames. Según los cálculos del Banco de España, la zona euro necesitaría mantener un superávit fiscal del 1,1% del PIB durante 20 años para reducir la ratio de deuda al 60% fijado en el Pacto de Estabilidad.

También repiten las soluciones. La principal es un instrumento fiscal central y permanente, que consolide e institucionalice el NextGeneration creado para combatir la crisis del covid. Su fin debería ser financiar inversiones públicas, “que es lo primero que se recorta cuando hay una crisis”, destaca Jorge Tamames. En concreto, las destinadas a la transición ecológica y digital. Además, añade la AIReF, serviría para estabilizar la economía de la UE “en el caso de un shock, especialmente cuando la política monetaria está restringida”, como es el caso actual, con los tipos de interés en negativo y la capacidad de maniobra del BCE al límite. Como se financiará con eurobonos, dice la Autoridad Independiente Fiscal, ese nuevo instrumento reforzará la disciplina fiscal si el acceso a la deuda europea se condiciona al cumplimiento de los planes fiscales nacionales. La AIReF habla también de un seguro de desempleo común y de “acuerdos ad hoc y temporales, financiados con deuda común” como ya se ha hecho con el SURE o con las líneas de liquidez del MEDE.

Las tres instituciones defienden igualmente la aplicación de una regla de gasto “sencilla y transparente”, la que limita el crecimiento del gasto público –excluidos la inversión o las prestaciones de desempleo, por ejemplo– a un cierto umbral calculado a partir del crecimiento potencial o de medio plazo de la economía. La regla dispondría de una cláusula de salvaguarda para países muy endeudados y su cumplimiento sería vigilado por las instituciones europeas y nacionales.

Apoyados en los antecedentes, Jorge Tamames confía más en la eficacia de la zanahoria que en la del palo a la hora de hacer cumplir las reglas fiscales a los gobiernos. “Las sanciones pecuniarias han demostrado ser ineficaces en el pasado y deben abandonarse como mecanismo de aplicación”, aconseja la AIReF. En su lugar, prefiere dar apoyo financiero a los países en situación precaria, pero condicionado a la puesta en marcha de reformas consensuadas, dice el investigador de Elcano.

El fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo en la vigilancia de las políticas fiscal y tributaria, diseñar senderos específicos de reducción de deuda para cada país y conceder mayor protagonismo a las autoridades fiscales independientes de cada Estado miembro son también parte de los esquemas dibujados por el Banco de España, la AIReF y Elcano para hacer más flexibles y eficaces las reglas fiscales de la UE. El Banco de España, además, subraya la necesidad de que vayan acompañadas de reformas estructurales y reclama que se complete la unión bancaria y se avance en la de mercado de capitales.

Pero, ¿caminan en la misma dirección el resto de los países europeos? Alemania ya no parece estar en la disposición de blandir el látigo de la austeridad como hizo en la anterior crisis. Aunque la política económica del socialdemócrata Olaf Scholz no debería desviarse demasiado de la ortodoxia merkeliana, los nuevos vientos –“la austeridad expansiva está absolutamente desacreditada”, recalca Jorge Tamames– que soplan desde Europa invitan a la convergencia, asegura Javier Ferri. “Las propuestas [de las instituciones españolas]”, sostiene, “son fáciles de comprar también por los centroeuropeos, en principio; el debate político ya es otra cosa”.

Jorge Tamames también recela de la negociación “política”. A algunos países como Francia y Alemania, avisa, les gustaría dar “un perfil bajo” al debate en Bruselas sobre la reforma de las reglas fiscales. Emmanuel Macron afronta unas elecciones presidenciales en abril y Scholz prefiere evitar las críticas de la derecha, aunque se ha mostrado a favor de cambiar el Pacto de Estabilidad. Así que el investigador de Elcano teme que el club de los frugales –además de Alemania, lo conforman Austria, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia— opte por alargar otro año la suspensión de las normas fiscales antes que “sentarse a negociar una reforma ambiciosa”. Tampoco Países Bajos parece liderar con tanto brío como antes la cruzada frugal contra los derrochadores del sur.

Por el contrario, Javier Santacruz cree que una discusión de semejante calado va a convertirse en un debate que durará “años”. Se abrirá ahora, dice, pero de momento seguirán aplicándose las reglas fiscales, pero con flexibilidad, “no lo que se hizo en 2010”. A su juicio, 2022 será “un año perdido” para la política europea, “de transición, en el que no se va a poder reformar nada”. Para empezar porque “no se va a hacer nada hasta abril, hasta la segunda vuelta de las elecciones francesas”. Y luego, dependiendo del resultado –“la diferencia puede ser muy grande si continúa Macron o no”, apunta– habrá que “recomponer el eje franco-alemán”. Tampoco está claro qué va a suceder en Italia si finalmente Mario Draghi opta por presentarse a las elecciones presidenciales. Su pronóstico, por tanto, es que se mantendrá el objetivo de déficit en el 3% al menos hasta 2025. “Habrá un cambio total del modelo, no sólo de los parámetros”, recalca, “pero llevará tiempo negociarlo”.

Barbara Baarsma es la consejera delegada de Rabo Carbon Bank y Roel Beetsma es el vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Amsterdam. Ambos han elaborado una propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad por encargo del Gobierno holandés. Su análisis pone el foco en la “vulnerabilidad” que para la Unión Europea suponen los elevados niveles de deuda y priorizan su reducción, fundamental para conseguir márgenes presupuestarios, un colchón que permita el crecimiento y apoye la convergencia entre los Estados miembros, pero también las necesarias inversiones en la transición ecológica.

Por eso no dejan de recordar que los países que salieron más endeudados de la crisis financiera son aquellos con los mayores aumentos de deuda tras el covid: 20 puntos porcentuales de media frente a 11-13 puntos de los países con deudas media y baja. No los citan, pero se trata de España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia.

Y aquí sí que se abre una primera brecha con las propuestas españolas. De hecho, Jorge Tamames recomienda “no obsesionarse con la deuda”. “En la medida en que haya crecimiento económico y el déficit estructural se estabilice en índices bajos, la deuda en relación con el PIB decrece de forma natural”, explica. Javier Ferri admite que los “austeros se pasaron un punto” en su día. “Pero, entre el derroche y comportarse de forma frugal, me quedo con esto último”, matiza. España, lamenta, habría podido gastar más para hacer frente a la pandemia, si sus cuentas hubieran estado más saneadas. “Que a partir de ahora vaya a haber un punto menos de exigencia y de austeridad, no quiere decir que las reglas [fiscales] ya no valen y que el gasto público es libre”, zanja.

No obstante, los economistas holandeses coinciden con los españoles en buena parte de sus propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Quieren una regla de gasto más sencilla y “observable”, a diferencia de la actual, aseguran, que se basa en la brecha de PIB y es difícil de medir. También plantean sustituir –las instituciones españolas prefieren eliminarla– la regla que exige a los países más endeudados reducir en una veinteava parte cada año la diferencia de su deuda pública con el umbral del 60%. Baarsma y Beetsma plantean no tocar esta última cifra porque, a su juicio, proporciona “un ancla visible y resultaría políticamente difícil de cambiar”. Sí que consideran la regla del 1/20 “poco realista”.

Además, están de acuerdo con los españoles en reclamar más protagonismo para las autoridades fiscales independientes en la supervisión del cumplimiento de las reglas. Y en sustituir las sanciones por incentivos positivos, en forma de acceso a líneas de crédito o subvenciones, para compensar a los países que respeten las normas fiscales. Pero, he aquí la segunda brecha, ni de lejos piensan en un instrumento fiscal permanente financiado con eurobonos. Los holandeses ya fueron los más agresivos en su rechazo a mutualizar la deuda cuando en Bruselas se discutía el diseño de los fondos de recuperación contra el covid.

Para Javier Ferri, el “cambio de paradigma” debería pivotar sobre tres ejes: una reducción “a un ritmo más acompasado a la economía”, tanto de la deuda en relación con el PIB como de la exigencia de tener superávits estructurales en las fases de expansión; poner el foco en la composición del gasto público, para que contribuya al crecimiento, y que aquel sea compatible con los objetivos de la transición digital y ecológica.

Los temores de Javier Santacruz se centran en la negociación del procedimiento de déficit excesivo, el que se aplica a los países que superan el 3% y que puede terminar siendo “una batalla de todos contra todos”, así como en la del régimen sancionador a los incumplidores. “Veinte años de euro han dejado muchos muertos en el armario”, advierte, que pueden salir en un momento tan complejo como el que se avecina. El miedo de Jorge Tamames, en cambio, es que la reforma se quede corta: “La UE siempre ha sido tímida y conservadora”.

En el debate que se abre paso en Europa a favor y en contra de la vuelta al Pacto de Estabilidad, Pablo Casado está del lado de los halcones. Los países que defienden la vuelta al austericidio, que la RAE define como “el suicidio por austeridad”: la política económica basada en la reducción del gasto público mediante recortes. 

Las reglas de estabilidad de la Unión Europea exigen a los países miembros, bajo amenaza de sanciones económicas, recortes de deuda y de déficit público hasta situarlos por debajo del 60 y el 3% respectivamente. Pero están suspendidas desde que estalló la pandemia.

El líder del PP confirmó este martes, durante su intervención en un foro organizado por la asociación que agrupa a las principales empresas con intereses en el sector turístico, su apuesta por la tesis que defiende el canciller alemán, Olaf Scholz. 

El jefe de gobierno germano reafirmó en Madrid su deseo de que Bruselas vuelva a las reglas de estabilidad —suspendidas durante la pandemia— porque “el pasado ha mostrado que cuando resolvemos conjuntamente los problemas económicos en la UE es cuando mejor nos va. Y el pacto de estabilidad nos ha dado el marco necesario para el fondo de recuperación”, defendió Scholz el martes en una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez —su ministro de Finanzas, el liberal Christian Linder, es de los que quieren recuperar las reglas cuanto antes—.

No es algo que defienda el presidente del Gobierno, como quedó patente en esa rueda de prensa. España no quiere que la relajación de la reglas de estabilidad sea inmediata para no estar atada de pies y manos en plena recuperación y defiende “reformarlas” para que tengan en cuenta, de un lado, la necesidad de “dar respuesta al reto climático“ y completar la transformación digital, y del otro el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas a medio plazo. En la misma línea de reforma están también, en principio, dos de los Estados más grandes, Francia e Italia, también con cifras de deuda y de déficit elevadas.

Casado está de acuerdo con Scholz y, sobre todo, con su ministro de Finanzas. De hecho, la necesidad de recortar deuda y déficit a pesar de la flexibilización del pacto durante la pandemia forma parte de su discurso desde hace año y medio. El líder del PP culpa a menudo a Sánchez y a su Gobierno del incremento de la deuda y del déficit público. 

En mayo de 2021 ya dejó clara su posición, que ha defendido en varias ocasiones en las cumbres europeas del Partido Popular: “Ajustar el gasto público “reduciendo los ministerios a la mitad, los asesores a la mitad”, acabando “con el gasto superfluo” y enviando “un mensaje a la economía productiva de que los primeros que se abrochan el cinturón son los poderes públicos”.

Entonces Casado llegó a poner una cifra encima de la mesa: “Nos va a tocar ajustar 50.000 millones de euros a partir del momento en el que acaben los estímulos del BCE, algo que aparentemente empezará a suceder en marzo, al menos en parte, cuando la institución gobernada por Christine Lagarde ponga fin al programa de compra de bonos puesto en marcha durante la pandemia.

Esta vez no fue tan lejos y no hablo de cifras de recorte, pero sí tomó partido por los ajustes. “Scholz reclama lo que venimos pidiendo nosotros, que es volver a la responsabilidad en las cuentas públicas”. Se trata, enumeró, de reducir la deuda pública, “un baldón que es insoportable y que alcanza a un incremento de 5.800 euros más por español desde que está en el Gobierno este equipo”, y de reducir el déficit estructural. 

A lo que hay que sumar, añadió recordando su proyecto para España, la reforma de las pensiones, la profundización de la reforma laboral de Mariano Rajoy, la implantación de la llamada mochila austriaca, un modelo de flexibilidad laboral que el PP ha convertido en uno de los ejes de su propuesta porque, según este partido, “redunda positivamente en el sistema público de prestaciones de desempleo y de pensiones”.

Casado cree que nuestro país no debe esperar al momento en que Bruselas ponga fin a la excepcionalidad que supuso el levantamiento de los límites de deuda y déficit para afrontar el gasto público extraordinario causado por la pandemia y el escudo social. Algo que ya están empezando a pedir los halcones, Holanda, Austria, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia, República Checa, Finlandia y Suecia, algunos de los cuales en su día trataron de impedir, sin éxito, la creación de los fondos europeos de recuperación.

¿Por qué ya? Según el líder del PP, porque es necesario “prepararnos para un escenario en el que si se reducen las compras de los bancos centrales o se suben los tipos de interés”. Y hacer “una economía más competitiva” en un momento las incertidumbres geoestratégicas en Asia y en Europa, problemas de suministro energético o ante el riesgo de que la inflación no sea un fenómeno coyuntural.

Si eso sucede, pronosticó ante los principales empresarios del sector turístico, “países como España, con un 120% de deuda pública, un 5,4 de déficit público estructural y el peor paro de toda Europa, van a sufrir mucho más, llegando a ver comprometida su estabilidad”. 

La paradoja es que para recortar deuda y déficit Casado sigue proponiendo una reducción de impuestos que su equipo calcula en unos 10.000 millones de euros. Con el fin de reducir los riesgos causados por la economía de emergencia provocada por la pandemia, el PP propone el mismo plan que defendía antes incluso de que el virus se extendiese por Europa. 

“Lo que estamos planteando es que aprovechemos ya los fondos europeos para reducir esos riesgos y recuperar la competitividad” no sólo bajando impuestos sino abaratando la contratación mediante una reducción de las cuotas sociales con las que se financia la seguridad social. Y con “más flexibilidad laboral”, lo que significa ampliar el margen de maniobra de los empresarios a la hora de fijar las condiciones de los contratos.

A eso hay que sumar lo que Casado llama una “reducción de la burocracia”. España necesita, según el líder del PP, “adelgazar el sector público. Simbólicamente”, precisó, “reduciendo los ministerios” cuyo número hace que el dinero se vaya “en asesores y gasto superfluo”. Pero “también con mecanismos de la digitalización de la administración pública”.

Casado no sólo reivindicó a Scholz frente a Sánchez por la vuelta a la austeridad. Entre las virtudes del nuevo canciller alemán el líder del PP citó su capacidad de llegar a acuerdos con la CDU de Angela Merkel —de cuyo gobierno formó parte durante la etapa de la gran coalición— o haber “sido capaz de decir a los alemanes a pesar de ser socialista: tenemos que bajar los impuestos 30.000 millones de euros”. Aunque esta última medida no es de Scholz: la ha anunciado en el tabloide Bild su ministro liberal de Finanzas (los otros socios del Gobierno germano, el SPD y Los Verdes, proponen incrementar los impuestos a los más ricos). 

A pesar de ello, Casado no tuvo reparo en afirmar: “Nosotros pensamos que [la de Scholz] es la receta”. 

Aún no ha acabado la pandemia, pero ya han cambiado muchas cosas. Una de ellas, la política económica. A ningún gobierno, no importa su color, le ha temblado el pulso a la hora de apretar el botón del gasto público para paliar los daños que el virus y las restricciones están infligiendo a las personas y a las empresas. Donde antes se veneraba la austeridad y se demonizaba la deuda ahora se presume de generosidad en las ayudas y de eficacia en el incentivo público. En Estados Unidos se repite el New Deal un siglo después, con una explosión de inversiones en infraestructuras y de gasto social nunca visto. Y al otro lado del Atlántico la Unión Europea se acerca a una política fiscal común ensayando con los multimillonarios Fondos de Recuperación.

También los gobiernos han dado un golpe de timón a sus presupuestos nacionales. Incluso los adalides de la frugalidad se han visto obligados a abrir el grifo de los fondos públicos acuciados por el tsunami del coronavirus. La economía real acude suplicante al Estado en busca de ayuda para sobrevivir a la parálisis impuesta por las restricciones. El gasto público no sólo se ha vuelto necesario sino también virtuoso. Ya antes de dejar el cargo, Angela Merkel, látigo de los despilfarradores del sur europeo, utilizó el semestre de presidencia alemana en la UE para presionar a sus hasta entonces alumnos aventajados, los “frugales”, para conseguir el millonario fondo. Incluso se permitió invocar la “solidaridad en la crisis”. “No sólo es un gesto humanitario, sino también una inversión de futuro”, proclamó.

Ahora que un socialdemócrata la ha sucedido en la cancillería, Alemania se prepara para “refundar la economía social de mercado” y aprobar inversiones “masivas” que deberán modernizar la Administración y las infraestructuras o construir 400.000 viviendas. De hecho, el nuevo Gobierno tripartito –con Verdes y Liberales– acaba de aprobar un presupuesto adicional de 60.000 millones de euros que financiará proyectos ecológicos y de digitalización. El Ministerio de Finanzas lo dirige un liberal, conspicuo enemigo del endeudamiento y de las subidas de impuestos, Christian Lindner, pero él mismo ha definido esa inyección de dinero público como un booster –la tercera dosis de la vacuna contra el virus– para la economía y una “práctica estatal habitual”.

Eso no significa de ningún modo que en Alemania los halcones del Schwarze Null, el endeudamiento cero consagrado en la Ley Fundamental alemana, hayan sido derrotados. De hecho, Olaf Scholz se ha cuidado mucho de dejar claro que respetará el ajuste fiscal. Para empezar, los 60.000 millones no aumentarán la deuda pública, puesto que saldrán de los créditos autorizados para este año, 240.000 millones, de los que sólo se han gastado 180.000. La deuda alemana no llega ni al 70% del PIB, una cifra frente a la que sonroja el 122,1% en que está encaramada la española. La fortaleza económica y fiscal de Berlín le permitirá no subir impuestos a los más ricos –pese a que fue una de sus promesas electorales–, al tiempo que aumenta el salario mínimo, de 9,6 a 12 euros la hora.

En Países Bajos, uno de los más fieles seguidores de la política de austeridad del ministro de Finanzas de Merkel Wolfgang Schäuble, como demostró Jeroen Dijsselbloem en sus años al frente del Eurogrupo, continúa al frente del Gobierno Mark Rutte. Pero también ha cambiado la dirección de la política económica. Aunque hay un nuevo Ejecutivo, integrado por cuatro partidos de centroderecha, es el tercero que encabeza el liberal Rutte, en el puesto desde 2010. Y lo mismo que antes lideraba la ortodoxia económica del club de los frugales y fue de los más difíciles de convencer para poner en marcha el Fondo de Recuperación europeo, propone ahora un gran programa de inversiones públicas que inevitablemente aumentará la deuda pública del país. El plan incluye un fondo de 35.000 millones de euros para promover la transición ecológica de la economía holandesa. Rutte quiere además construir 100.000 viviendas, subir un 7,5% el salario mínimo, aumentar las becas universitarias o subvencionar las guarderías.

Que Francia gaste sin miedo resulta menos sorprendente, pese a que Emmanuel Macron llegó al Elíseo defendiendo un liberalismo económico que, en cualquier caso, no prescinde del Estado del bienestar, aun necesitado de reformas. El exsocio de la banca Rothschild echó la casa por la ventana con el covid-19, aprobando un plan de 100.000 millones de euros en 2020. Para abril del próximo año le esperan elecciones presidenciales, así que ha presentado unos presupuestos con un aumento del gasto de 11.000 millones. A las generosas ayudas contra el covid les sucederán ahora inversiones en transición ecológica, interior, justicia, transporte público y medidas sociales como una renta mínima de 500 euros para jóvenes ni-ni que quieran formarse. El desembolso se financiará con el crecimiento del PIB y sin subir impuestos a los ricos. Al mismo tiempo, Macron promete recortar el déficit público más de tres puntos y la deuda pública del 116% actual al 114%.

También Mario Draghi ha elaborado unos presupuestos expansivos para el próximo ejercicio. El aumento del gasto alcanza los 23.400 millones. Con ese dinero habrá para conceder deducciones en los recibos de la luz y del gas, créditos blandos para que los jóvenes compren su primera vivienda, incentivos fiscales para que las empresas contraten a jóvenes y mujeres, y ayudas para reactivar la economía, con exoneraciones fiscales para bares y restaurantes o 150 millones de euros para el turismo.

Y, como en Francia, el Gobierno italiano confía en el rebote del PIB –el 6% este año y un 4,7% en 2022– para sostener el dispendio, porque el expresidente del BCE y exdirectivo de Goldman Sachs ha prometido una rebaja de impuestos, desde el IRPF hasta el IVA pasando por los tributos regionales, que va a dejar a las arcas públicas sin una recaudación de 12.000 millones de euros.

Con estas cuentas Mario Draghi ha tenido que satisfacer a los seis partidos que forman su gobierno, desde Forza Italia y La Liga hasta el Movimiento 5 Estrellas. Una circunstancia que se repite en otros países como Finlandia, donde el Ejecutivo se lo reparten cinco partidos de centroizquierda. Para 2022 ha aumentado su techo de gasto en 900 millones de euros y 500 millones para 2023. Finlandia también ha sido uno de los defensores de la frugalidad en la Unión Europea y, aunque su deuda pública es sólo del 57,2% del PIB –por debajo del objetivo del Pacto de Estabilidad, que es del 60%– y el déficit público no supera el 5,6% del PIB pese al aumento de los gastos por el covid, el Gobierno planea una subida de impuestos de entre 100 y 150 millones de euros para el próximo año. La idea es elevar el impuesto al tabaco y eliminar la subvención fiscal al gasóleo, pero no tocar ni el IRPF ni el impuesto de sociedades.

En Austria, la coalición de gobierno une a los conservadores del ÖVP y a Los Verdes. Y su presupuesto para 2022 sufre de parecido trastorno bipolar que los de sus socios europeos. “Quiero dejar algo claro: reducción de deuda no significa programa de austeridad, más bien selección y fijación de áreas de interés”, zanjó el exministro de Finanzas, Gernot Blümel cuando presentó las cuentas. La reciente dimisión de Sebastian Kurz como primer ministro –la Fiscalía lo investiga por corrupción– ha cambiado el gobierno, pero no su política económica. Contra el coronavirus, Austria desplegó “el mayor paquete de ayudas desde el Plan Marshall”, según presumió el extitular de Finanzas: los ERTE austriacos salvaron 1,2 millones de puestos de trabajo, las empresas recibieron 3.400 millones de euros en compensaciones mientras estuvieron cerrados por la pandemia y se han aplazado o rebajado pagos de impuestos por importe de 5.100 millones más.

Para el Gobierno austriaco, ese monto de ayudas ha sido posible gracias a las políticas fiscales sostenibles que ejecutaron antes de la llegada del virus. Así que, una vez pasado lo peor de las restricciones, Viena quiere volver a ellas, reduciendo deuda. En 2020 aumentó el gasto público un 12,1% y este año crecerá un 2,5%. Para 2022, está programado un gasto de 99.000 millones, con un recorte del déficit público del 6% actual al 2,3% y una reducción de cuatro puntos en la deuda pública, hasta el 79,1% del PIB.

El crecimiento previsto de la economía este ejercicio alcanzará el 4,4%, por lo que el Gobierno cree que tiene margen para acometer una gran reforma fiscal, “la mayor transformación del sistema tributario de la Segunda República [desde 1955]”, alardeó de nuevo Gernot Blümel. El tipo del impuesto de sociedades se rebajará del 25% al 23% y se concederán primas a las inversiones verdes por valor de 350 millones de euros. Pero también se crea un impuesto sobre el CO2 que deberán pagar todos los austriacos, 30 euros por cada tonelada que produzcan con sus coches o sistemas de calefacción.

En el lado del gasto, 8.700 millones se destinarán aún a luchar contra la pandemia, 1.720 millones financiarán políticas climáticas y medioambientales –2,5 veces más que en 2021– y 250 millones ayudarán a los parados de larga duración.

En Suecia gobierna en solitario el socialdemócrata SAP, pero con un presupuesto que le han diseñado tres partidos de la oposición: el Partido Moderado, los ultraderechistas Demócratas Suecos y los Demócratas Cristianos. Magdalena Andersson se convirtió en portada de todos los medios europeos el pasado noviembre cuando, tras convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno de su país, dimitió sólo siete horas después. Una semana después volvió al cargo en una segunda votación a falta de un gobierno alternativo.

El caso es que el presupuesto de la oposición recorta el gasto previsto en las cuentas socialdemócratas en 107 millones de euros y Andersson tendrá que funcionar con él al menos hasta la primavera, cuando el Gobierno pueda presentar enmiendas, de acuerdo con las leyes suecas. También recorta los ingresos en 146 millones de euros, porque establece una reducción en el IRPF para trabajadores y pensionistas, rebajas en los impuestos al diésel y la gasolina y en los que gravan las opciones sobre acciones, las donaciones o la publicidad. Por el contrario, aumentan las partidas para pagar a los agentes de policía y equiparlos con equipos de alta tecnología, instalar cámaras de seguridad y aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.

Aunque también hay espacio para el gasto social. Para reducir las listas de espera en la sanidad causadas por el coronavirus se dedicarán 332 millones de euros y 283 millones para aumentar la capacidad de los servicios de salud. Un total de 195 millones irán a mejorar las guarderías y 59 millones más a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Dinamarca es de todos los llamados frugales el país que ha regresado a la ortodoxia fiscal con más decisión. De hecho, el Gobierno ha presentado un presupuesto cuyo objetivo declarado es “quitar el pie del pedal” para enfriar la economía. El gasto se recorta desde los 164 millones de este año hasta los 106 millones de euros en 2022. Los socialdemócratas gobiernan en solitario con el apoyo parlamentario de un partido de izquierda, Lista Unitaria, y los social liberales, pero los vientos fiscales son más propios de la derecha, al igual que su política de inmigración. En Dinamarca no tienen problemas de desempleo, que ha caído tras superar lo peor de la pandemia, pero sí sufren carencias de personal sanitario. No obstante, las cuentas de 2022 prevén recortar deducciones fiscales, como las que se deben a la adquisición de viviendas, para enfriar el mercado inmobiliario. Y habrá 113 millones para ayudas a personas sin hogar, discapacitados y ancianos. Las cuentas dedicarán sólo 4,7 millones de euros para luchar contra la escasez de mano de obra, pero 32 millones a mejorar el sistema penitenciario.

Reino Unido se ha aplicado igualmente a soportar sobre los hombros del Estado el impacto del covid. Y en ello seguirá el próximo año. Boris Johnson ya anunció su particular New Deal en 2020 cuando anunció un plan de 5.422 millones de euros para “construir y construir” todo tipo de infraestructuras, desde carreteras hasta hospitales y colegios. Unos meses después prometió la mayor inversión en defensa desde la Guerra Fría, 18.500 millones de euros adicionales para modernizar las fuerzas armadas británicas. Para 2022, Johnson promete un aumento del gasto de 177.000 millones de euros, de los que 5.900 irán al NHS, el castigado servicio de salud público.

 Además, el Gobierno conservador británico quiere subir el salario mínimo de 8,1 a 9,5 libras la hora y ha puesto fin a la congelación de los sueldos de los funcionarios. Al mismo tiempo, se ha comprometido a bajar los impuestos al alcohol, los restaurantes y los comercios. No obstante, ya después del verano anunció un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social y del impuesto de sociedades.

“No son malos datos, pero no es para estar satisfechos porque hay algunas cuestiones detrás de los mismos que hay que analizar”, apuntó la portavoz del PP en el Congreso Cuca Gamarra cuando Onda Cero le pidió un análisis de las estadísticas del paro y afiliación que publicaron este martes los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Después aseguró que las cifras, 776.478 nuevos empleos en 2021, “van dopadas de gasto público estructural que al final se va a consolidar y tendremos que hacer frente en el futuro”. Gamarra pedía que se comparase cuánto de ese empleo nuevo era público y cuánto privado porque, a su juicio, el primero era en buena parte responsable de esos datos “no tan malos”.

Las estadísticas que la Seguridad Social proporciona sobre el empleo creado en las administraciones comparan datos hasta el mes de noviembre. Así, entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 se han registrado 52.150 nuevos cotizantes en el sector público. En total, en ese mismo periodo de tiempo, el aumento de la afiliación ha sido de 730.356 personas. Es decir, un 7% del empleo generado es empleo público. Para ponerlo en perspectiva basta con recordar que en el comercio hay este año 91.945 cotizantes más que en 2020 y en la hostelería, 180.619 más. Ambos sectores han sido los dos motores del empleo, también los que más trabajadores tenían que recuperar tras el progresivo fin de las restricciones. La cifra de nuevos funcionarios es muy parecida a la de nuevos empleos en la industria o en las actividades profesionales y científicas e inferior a la de las actividades administrativas.

De esos 52.120 nuevos empleos públicos, la mitad –26.020– corresponden a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad, la actividad que más tensionada ha resultado por la pandemia. El resto se reparte entre los 19.313 de la administración estatal y los 6.786 de los entes locales. Sin embargo, ha sido la Administración central la que más ha aumentado sus plantillas, con un 5,39%. Las autonómicas lo han hecho sólo en un 1,57%.

Lo contrario de lo ocurrido entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, el periodo más duro de las restricciones y la lucha sanitaria contra el coronavirus. Entonces, el grueso del empleo público creado correspondió a las comunidades autónomas, que dieron de alta a 141. 512 de los 159.680 nuevos cotizantes de las administraciones. Un aumento del 9,34%. Entonces la Administración central sólo amplió su plantilla en 8.196 funcionarios, menos incluso que los ayuntamientos, que generaron 9.970 nuevos puestos de trabajo.

En total, las administraciones públicas cuentan con 2,78 millones de empleados a fecha de noviembre de 2021. Según cifras del sindicato de funcionarios CSIF, España tiene un empleado público por cada 18 habitantes, los mismos que Alemania y por debajo de los 12 de Francia . De hecho, el propio Ministerio de Función Pública reconoce que la Administración del Estado ha sufrido una pérdida neta de empleados de un 22% entre 2010 y 2020, debido a la reducción de las Ofertas de Empleo Público durante la anterior crisis y a que algunas plazas convocadas, sobre todo en los cuerpos superiores de funcionarios, no llegan a cubrirse ni en un 70%.

Entre 2012 y 2015, la tasa de reposición general fue del 0% como consecuencia de las políticas de recorte del gasto público que se ejecutaron durante esos años. A partir de 2016, las tasas de reposición se recuperaron hasta que en 2021 alcanzaron el 100% con carácter general y un 110 o un 115% para sectores considerados prioritarios.

Además, en los próximos 10 años se jubilará más del 50% de los empleados públicos de la Administración central: sólo el 12% tiene menos de 40 años.

“Querida doctora Merkel, es usted la primera jefa de gobierno democrática en Alemania, ésa es una fuerte señal para muchas mujeres, y ciertamente también para algunos hombres”. Con esas palaras dio la bienvenida el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, a la recién elegida canciller el 22 de noviembre de 2005. Lammert no podía saber entonces que la doctora Merkel –investigaba en química cuántica antes de entrar en política– iba a igualar –y puede que superar, si no se forma gobierno hasta diciembre– los 16 años que Helmut Kohl pasó en el poder. Konrad Adenauer, el primer canciller de la Alemania democrática y padre fundador de la UE, se quedó en 14. Cuatro mandatos en los que Angela Merkel ha gobernado en coalición, tres con los socialdemócratas del SPD y uno con los liberales del FDP. Y en los que ha lidiado con dos de las mayores crisis de los últimos 100 años: primero la financiera y su resaca europea, después la pandemia del coronavirus.

En tanto tiempo, quien empezó como la niña de Kohl se transformó en una Mutti (mamá) para sus compatriotas, pero también en la canciller de la austeridad implacable, en el tanque que dominaba la política europea con su potencia y ortodoxia económicas. Resulta fácil, por tanto, caer en la tentación de convertir a Angela Dorothea Merkel –su nombre completo– en la canciller de hierro. En realidad, es la antítesis de otra mujer en su mismo espectro ideológico y similar apodo férreo, Margaret Thatcher. La alemana está muy lejos de la arrogancia y la inflexibilidad dogmática de la británica, que pasó 11 años al frente del Gobierno, pero salió de él con los índices de popularidad por los suelos y apuñalada por su propio partido. Dimitió el mismo día que Lammert saludaba a Merkel en Berlín, sólo que 15 años antes.

Se la ha tachado de insulsa y poco emotiva, y es el origen de un neologismo, el verbo merkeln, como sinónimo de no tener una opinión definida o ser vacilante. Aunque, en la hora de su marcha, también se le prodigan los elogios por su eficiencia y sensatez, al tiempo que se destaca la dificultad con la que se están enfrentando sus posibles sucesores para aparecer tan confiables ante los votantes como lo ha sido la canciller.

Lejos quedan en la memoria los días en que Angela Merkel, y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, capitaneaban sin misericordia los cruentos rescates a Grecia, España y Portugal e Irlanda. Ni un euro para los manirrotos del sur si no era a cambio de unos recortes que se vendieron como reformas y que han precarizado las condiciones de vida de millones de ciudadanos durante años. Alemania aplicaba una mezcla de superioridad moral y dogmatismo económico con la vista siempre puesta en asegurarse al votante alemán, aterrado de perder sus ahorros por culpa de unos países endeudadísimos que se gastaban el dinero en “alcohol y mujeres y luego pedían ayuda”“alcohol y mujeres y luego pedían ayuda”, por utilizar las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, holandés, socialdemócrata, pero el mayor aliado de las políticas austericidas de Schäuble.

Tan encarnizada fue la pelea que en octubre de 2012 Angela Merkel fue recibida en Grecia con carteles de “No al cuarto Reich” en las manifestaciones y caricaturas de Adolf Hitler en los periódicos. El PIB griego no dejó de caer desde 2008 hasta 2016, ocho años en los que la economía del país perdió un 28% de su riqueza. Pese a su recuperación desde entonces, aún es el 76% de lo que registraba su contabilidad nacional antes de la crisis y el rescate europeo. Salarios hundidos, tasas de paro que compiten con las españolas, recortes criminales en la sanidad y en la educación son algunas de las huellas dejadas en Grecia por una política pensada para el beneficio de la economía alemana.

Hasta The Economist, la biblia del liberalismo, apuntaba en 2012 a la canciller alemana con una portada que reproducía un barco con el nombre “la economía mundial” hundiéndose en el océano y del que sale un bocadillo de tebeo: “Por favor, ¿podemos encender ahora los motores, señora Merkel?”.

En cuestiones alejadas de la economía, Merkel ha sido mucho más flexible. Tras el desastre nuclear en Fukushima, consciente de que la preocupación por el medio ambiente se extendía en Alemania y el partido de Los Verdes podía capitalizarla, dio la campanada al anunciar en marzo de 2011 que suspendía la extensión –recién aprobada– de la vida de las centrales nucleares. Pese a que ella misma las había defendido antes. La última se apagará el próximo año. Otro tanto ocurrió con la unión homosexual, cuya legalización el partido conversador había bloqueado durante años. Merkel incluso votó en contra en el Bundestag, pero dio libertad a sus diputados para que decidieran en conciencia. La medida fue aprobada en 2017. Según dijo entonces, consideraba que traería “más cohesión y paz social”. También es obra de la canciller la supresión del servicio militar obligatorio en diciembre de 2010, a la que siempre se había opuesto la CDU.

Después del “Wir schaffen das”

Mucha mayor repercusión tuvieron sus decisiones sobre política migratoria en 2015. Cuando más de un millón de personas expulsadas por la guerra de Siria y la violencia en Afganistán e Irak pedían refugio en Europa, Angela Merkel abrió las puertas a casi 900.000 sólo ese año. “Wir schaffen das” (“Podemos hacerlo”) fue la frase que acompañó el anuncio. La revista Time la nombró Persona del Año. La mujer sin empatía que contestó a una niña palestina envuelta en lágrimas que quizá tendría que volver a Líbano, tras años viviendo en Alemania, porque “el país no puede acoger a todos”, adoptaba una política humanitaria. Cierto que también impulsó un año después la firma del controvertido acuerdo con Turquía por el que el país de Tayyip Erdogan ha recibido ya de la UE 6.000 millones de euros a cambio de atender en su territorio a cuatro millones de refugiados que así no pisarán suelo europeo.

De esta forma, Alemania ha sido el país de la UE que ha acogido más refugiados –más de millón y medio, España sólo a 4.900–, cuya integración y contribución a la economía nacional son motivo de elogio. Pero esa generosidad tuvo una consecuencia indeseada: el despertar de la ultraderecha, xenófoba y racista, que cristalizó en Alternative für Deutschland (AfD). Al igual que luego Vox en España, la AfD primero entró en los parlamentos de los länder y finalmente accedió al Bundestag en 2017 como tercera fuerza política, con 94 escaños.

En lo que sí se ha mostrado inflexible Merkel es en el cordón sanitario a la AfD. A diferencia de lo que han hecho en España el PP y Ciudadanos, la CDU ha repudiado al partido de extrema derecha sin titubeos. Merkel pareció incluso haber abandonado su contención emocional cuando en noviembre de 2019, apremió al Bundestag a oponerse al “discurso extremista”. “De otra manera, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es”, advirtió a los diputados, entre los que se encontraban los 88 de la AfD. “Expresar una opinión no tiene coste cero. La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada”, proclamó taxativa y enérgica. La misma contundencia con que tres meses más tarde rechazó el pacto al que había llegado la CDU con la AfD para hacer presidente de Turingia a un candidato del FDP, rompiendo así el veto a la extrema derecha: “Fue un mal día para la democracia. Fue un mal día para la CDU”. Pocos días después, el liberal dimitió y el aspirante del izquierdista Die Linke fue designado presidente de este land del este de Alemania.

Esta vez sí se puede gastar

La última gran crisis de su último mandato, la pandemia del covid-19, volvió a mostrar la cara humana de Merkel, también la cara confiable. Sus didácticas explicaciones sobre el virus, en las que pudo hacer gala de su preparación científica, dieron la vuelta al mundo a caballo de las redes sociales. “No puede ser que antes de navidades tengamos muchos contactos y después sean las últimas fiestas que pases con tus abuelos”, alertó de nuevo en el Bundestag. La canciller lidió bien en la primera fase de la pandemia, cuando Alemania evitó las terribles cifras de contagios y muertos de España o Italia. Con el tiempo, las dificultades para poner de acuerdo a los länder sobre las restriccionesimpactaron en la gestión de la pandemia. También ha tenido que bregar contra los negacionistas del virus, aliados con la extrema derecha a la hora de atacar las mascarillas y las vacunas como amenazas a la libertad individual.

Con los fondos de recuperación, los miles de millones de euros que la UE va a destinar a combatir la crisis económica causada por el virus, Angela Merkel no ha aplicado la ortodoxia de la anterior crisis. De momento, ha dejado a un lado la alergia alemana a gastar, consciente de la excepcionalidad de la crisis. Tanto de puertas adentro, suspendiendo temporalmente la regla del schwarze nullschwarze null –incorporado en la Ley Fundamental alemana y que prohíbe aumentar el déficit público por encima del 0,35% del PIB– como en territorio comunitario. Aunque mantuvo su rechazo a mutualizar la deuda para hacer frente al daño económico provocado por la pandemia emitiendo coronabonos. La política europea no ha sido precisamente la protagonista de la campaña electoral alemana. Pero los conservadores tienen en principio más prisa por volver a la disciplina fiscal que los socialdemócratas. Y ya han empezado a sonar los primeros avisos para que ese regreso se decida cuanto antes.

Futuro

Angela Merkel deja una Alemania con el paro casi a niveles de prepandémica –un 5,5%–, pero con un mercado de trabajo precarizado donde la crisis se ha cebado en quienes vivían de un minijob, los contratos a tiempo parcial por 400 euros. El virus ha destruido casi 900.000 de estos puestos, ocupados sobre todo por mujeres y jubilados con pensiones bajas. Queda pendiente el reto de la digitalización y de unas infraestructuras que piden a gritos nuevas inversiones. La alemana ejerció también de contrapunto absoluto del estrambótico y excesivo Donald Trump, erigiéndose en la líder europea frente al America first, hoy ya en el olvido, que dinamitaba los acuerdos internacionales sobre el clima o el comercio internacional.

A partir de ahora, una vez retirada, la doctora Merkel sólo ha adelantado que en principio se dedicará a leer. “Se me cerrarán los ojos, porque estoy cansada. Entonces trataré de dormir un poco, y luego veremos dónde aparezco”, explicó en cierta ocasión, según publica Deutsche Welle, que cifra su pensión en 15.000 euros mensuales. Su antecesor, Gerhard Schröder, fundó una consultora y se ha dedicado desde entonces a una polémica labor de lobista, contratado por la empresa constructora del gasoducto Nord Stream, filial de la rusa Gazprom. Otro excanciller, Helmut Schmidt, se convirtió en un carísimo conferenciante. De la discreta Merkel no serán de esperar, ni de lejos, estridencias semejantes.

The Economist, la biblia del liberalismo, asegura que gastar generosamente para evitar una depresión económica mayor es el “único camino sensato” en los tiempos del covid. El conservador Boris Johnson parece haber dejado muy atrás el thatcherismo del que se reclama heredero y casi ha tenido que disculparse por la “enorme intervención gubernamental” de la economía que prepara: “No soy comunista”, se sintió en la obligación de aclarar mientras anunciaba un New Deal de 5.530 millones de euros en infraestructuras. Alemania ha metido en un cajón la sagrada regla del Schwarze Null –déficit cero– de la que hizo bandera durante la última década y lidera el aumento del gasto público contra el coronavirus, en el que empeñará un 34% de su PIB. Los mayores empresarios de España no pararon de pedir fondos públicos de todo tipo durante la semana que duró la cumbre Liderando el futuro de la CEOE. El FMI calcula que los gobiernos de todo el mundo se van gastar casi ocho billones de euros en combatir la pandemia y sus consecuencias económicas. La Unión Europea, en una cumbre histórica, aprobó un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros de los que 390.000 serán transferencias directas. Y todo ello lo financiará con deuda conjunta con cargo al presupuesto comunitario, un gasto, en el fondo y en la forma, impensable hace 10 años. 

La respuesta a la crisis de 2020 está siendo bien distinta a la que Estados y organismos multinacionales dieron a la de 2008. No ha habido ni un minuto de duda sobre cuál es la receta adecuada para superar la obligada parálisis económica de la primavera y la incierta reactivación de los próximos meses y años. “No creo que haya nadie en su sano juicio que no entienda que ahora se debe intervenir en la economía, en una crisis tan rara como ésta emerge con fuerza la necesidad de que el Estado pueda hacerlo”, sostiene Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Lo mismo cree Antón Costas, catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y presidente de la Fundación Cercle d'Economia: “Ahora es necesario gastar y gastar, y gastar bien”. Hasta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, a quien Costas encuadra dentro de la ortodoxia económica, ha dejado claro –“y con acierto”, le refrenda el catedrático– que en estos momentos no hay alternativa razonable a la expansión fiscal.

Manuel Hidalgo, no obstante, matiza que el discurso y el paradigma habían cambiado ya antes de la pandemia. La idea ya se venía gestando desde antes en la Unión Europea, asegura; el estallido del coronavirus no ha hecho más que reforzarlo y consolidarlo. Costas sí ve ahora un cambio del Zeitgeist, el clima ideológico, social y político, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis financiera. A su juicio, las élites financieras han cambiado su percepción, no como en 2008 o en 2015, precisa –“aunque no sé con qué grado de sinceridad”– y son conscientes de que hay que “reformar el capitalismo desde dentro”. Menciona como señales la declaración de Business Roundtable, la organización que reúne a los primeros ejecutivos de las 181 mayores compañías de Estados Unidos. El pasado agosto proclamó como nuevo objetivo corporativo no la maximización del beneficio, sino el interés de los empleados, los clientes y las sociedades donde operan. O la más reciente del Foro de Davos el pasado enero, también apelando a un capitalismo más “participativo”.

También se manifiestan fuerzas a favor de un cambio en la política como la senadora Elizabeth Warren en Estados Unidos e incluso algunas propuestas “espectaculares”, dice Antón Costa, de los conservadores británicos antes de la llegada de Boris Johnson. Finalmente, la presión que ejercen los grupos sociales que en Occidente desdeñan el capitalismo de mercado y la democracia liberal, centrando sus anhelos únicamente en el progreso económico, también empujan en la misma dirección. Son esos grupos sociales los que han aupado a Donald Trump al poder, explica el catedrático, o a Johnson y su Brexit, y no hacen ascos a un capitalismo de Estado sin democracia pero con un progreso social indiscutible como el que ha convertido a China en una primera potencia mundial.

“Ahora la pandemia nos ha enseñado que nuestras prioridades estaban equivocadas”, remata el argumento. Ya no va a ser suficiente elaborar unos presupuestos “para crecer”, sino que deberían estar diseñados para fortalecer toda una serie de bienes comunes, desde la salud hasta la lucha contra el cambio climático, la atención a los mayores o las pensiones. De forma que Antón Costas piensa que la mayor intervención pública no va a ser un fenómeno coyuntural, el aumento del gasto permanecerá. También Manuel Hidalgo, quien prevé una “segunda ola de gasto” una vez superada la emergencia, pero “diferente, meditada, incentivando sectores verdes, tecnológicos, reactivando la innovación, en la que Europa está muy lejos de Estados Unidos y China”.

Deuda disparada pero más barata

Para sufragar esa inyección extra, sin embargo, el profesor de la Pablo de Olavide no aconseja subir impuestos ahora, más bien esperar “uno o dos años”. Aunque Antón Costas no ve una “revolución fiscal” en el horizonte, a diferencia de lo ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y Europa o en los años 80 en España, sí que alaba los nuevos impuestos en la carpeta de la UE –tasa Google, tasas a las emisiones de carbono, un impuesto a las grandes empresas y otro para el plástico no reciclable, planteados también en la última cumbre–, que deberían recaudar 42.000 millones de euros más al año para financiar la recuperación. También aconseja recaudar mejor antes que crear nuevos tributos. The Economist, en otro giro de discurso, no ha tenido problema en recomendar un alza de impuestos sobre la herencia, la tierra, las emisiones de carbono, e incluso sobre el consumo en Estados Unidos.

Porque disparar el gasto sin asegurar los ingresos va a inflar el déficit público y, después, la deuda de los Estados. La ventaja en esta crisis respecto a 2008 es que su coste va a ser mucho menor. Los tipos en mínimos históricos darán un respiro al pago de los intereses. En 2019, Estados Unidos abonó por el servicio de su deuda el 1,8% del PIB, menos que hace 20 años. Si en 2018 el coste de financiación de la deuda española era del 0,64%, el año pasado bajó al 0,23%, un ahorro que el Tesoro Público cifra en 2.371 millones de euros.

No obstante, Costas considera necesario empezar a elaborar ya una hoja de ruta de cómo debe afrontarse el aumento inevitable de la deuda pública que se avecina. Según los cálculos del Banco de España, puede llegar al 120% del PIB este año. Aunque buena parte de esa deuda va a permanecer “mucho tiempo” en los balances del Banco Central Europeo (BCE), las compras millonarias de bonos comprometidas por esa institución no pueden ser eternos, advierte el catedrático de la Universidad de Barcelona. De manera que el crecimiento económico y una inflación moderada deberían ayudar a reducir la deuda. De nuevo es The Economist quien sorprende asegurando que, pese a los “temibles efectos secundarios” del alza de la deuda, tanto pública como corporativa, “sus ventajas son inmensas”, no sin antes desdeñar los peligros de la inflación –“una preocupación de segundo orden”– y de conminar a la Unión Europea a proporcionar una “garantía clara de apoyo soberano a Italia y otras economías periféricas”.

Consolidación fiscal, más adelante y sin recortes

Aun así, no podrá evitarse la consolidación fiscal más adelante, porque el déficit público habrá que contenerlo por imperativo comunitario. En la anterior crisis, cuando en España escaló hasta el 11,28%, se tardó una década en rebajarlo al 2,54%. Y el precio fueron recortes que entre 2009 y 2014 rozaron los 31.000 millones de euros, según los cálculos de un estudio elaborado por CCOO. Para este año el Banco de España prevé un déficit equivalente al 9,5% del PIB en el mejor de los supuestos y de hasta el 14% en el peor. Pero Manuel Alejandro Hidalgo descarta que la Unión Europea vaya a exigir a los Estados miembros un ajuste como el de 2010. “Tumbaría a las economías”, advierte. Por el contrario, la consolidación que reclamará será a más largo plazo “y con reformas, para ser más eficientes y eliminar disfunciones que generan gastos innecesarios, pero sin recortes”, apunta.

Antón Costa teme que, pasada la emergencia económica, reaparezca “algún fantasma”, pero no de la austeridad, como en el pasado reciente, sino de la “frugalidad”, como se ha dado en llamar la posición de Austria, Suecia, Dinamarca o Países Bajos, contrarios a que los fondos para la recuperación económica se otorguen sin condiciones: créditos –no transferencias– a cambio de reformas y recortes. Costa alerta de que si, oculta tras la frugalidad, regresa la austeridad, “Europa no aguantará”. El Brexit, dice, es en parte resultado de ese mal enfoque. “La solidaridad es voluntaria, pero en todo contrato debe haber mecanismos de reciprocidad”, explica. Y no los hay cuando el 50% de lo flujos de capitales hacia paraísos fiscales pasan por Países Bajos, critica. Tampoco cuando las ventajas tributarias holandesas recortan 2.200 millones de ingresos a las arcas públicas de España e Italia, según revela la organización Tax Justice Network. Sólo en el impuesto de sociedades, la Unión Europea pierde cada año 8.900 millones de euros a través del agujero fiscal holandés.

Tampoco cree Manuel Alejandro Hidalgo que deba atribuirse la enorme capacidad de respuesta a la crisis que ha mostrado Alemania únicamente al éxito de las políticas de austeridad aplicadas durante los últimos años. “No es tan sencillo, habría que hablar de las implicaciones de la moneda única y de otros factores”, opone. Berlín se ha beneficiado de un euro que permite a sus exportaciones competir en mejores condiciones que con el antiguo marco. Durante años, los organismos internacionales y los expertos han pedido a Alemania que aumentara su política de gasto para estimular la economía europea. “Ahora que va a hacerlo, es una buena noticia, bienvenido sea”, destaca.

Otro peligro será la tentación de retirar los apoyos públicos antes de tiempo. A su juicio, hay que estar preparados para cifras de déficit de doble dígito este año, “pero no debe hacerse una lectura tradicional, ésta es una situación completamente anormal”, recalca. Este ejercicio los números serán pavorosos, tras haber mantenido paralizada toda la economía durante dos meses, pero los de 2021 deberían proporcionar ya una “imagen fiel de lo que es necesario y de hasta dónde hay que llegar”. Si el apoyo a empresas y familias se retira demasiado pronto, caerá la demanda y habrá sectores que no se recuperarán, avisa Manuel Alejandro Hidalgo. “Los países ricos cometerán un grave error si sucumben a una preocupación excesiva y prematura por sus presupuestos. Mientras se encuentren en plena pandemia, retirar el apoyo de emergencia sería autodestructivo”. Palabra de The Economist.

Hace sólo unos meses los temores de analistas y gestores públicos se enfocaban en la desaceleración de la economía, en cuál iba a ser la intensidad con que el PIB se estaba enfriando. O en las consecuencias de que Alemania, la locomotora europea, flirteara con la recesión tras retroceder su PIB dos décimas entre abril y junio de 2019 y una décima más entre octubre y diciembre. El coronavirus ha convertido esos miedos en meras aprensiones infantiles: Alemania prevé para este año la mayor recesión de su historia, con una caída del 6,3% de su PIBcon una caída del 6,3% de su PIB y del 11,6% de las exportaciones, mientras que las cifras para España se elevan a la categoría de película de terror, con un desplome de la economía que el Banco de España sitúa entre el 9,5% y el 12,4%.

Pese a la recuperación de las cifras macroeconómicas nacionales desde 2015, la sombra de la crisis financiera y del ladrillo sigue siendo muy alargada en la memoria y los bolsillos de muchos españoles, que aún arrastran en sus nóminas, empleos y facturas las consecuencias del paro, las devaluaciones y los recortes que comenzaron en 2008.

Las comparaciones son odiosas, pero pueden dibujar un cuadro con la suficiente perspectiva para diagnosticar el trauma y evaluar las posibilidades y velocidad de su curación. A diferencia de lo ocurrido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que le siguió, la parálisis productiva provocada por el coronavirus ha sido autoimpuesta por la mayoría de los gobiernos del mundo. Pero la conmoción, medida en términos de PIB, va a ser mucho mayor. Y, aunque en sus condiciones más estrictas pueda parecer que el cierre ha sido breve, la resucitación de la economía no va a ser instantánea y dejará cicatrices y secuelas. Bajando al detalle, éstas son las similitudes y diferencias con la penúltima ocasión en que la economía española se desmoronó.

EL EMPLEO SIEMPRE PIERDE

El mayor golpe del desplome económico lo recibió España en el empleo. En dos oleadas. La primera, al término de 2008 –Lehman Brothers había quebrado el 15 de septiembre–, cuando se destruyeron medio millón de empleos, que se convirtieron en 1,27 millones al llegar a marzo de 2009, según las cifras que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA). Hasta ese momento, España tenía la cifra de ocupados más alta de su historia, 20,55 millones, una cota que aún no ha sido capaz de recuperar.

La segunda oleada de despidos se produjo en 2012, cuando se perdieron 734.900 puestos de trabajo. La sangría continuó hasta que en el primer trimestre de 2013 se alcanzó un mínimo de ocupación de 17 millones de personas. Desde entonces, el empleo no ha dejado de mejorar... hasta que llegó la pandemia y, sólo por el efecto de los 15 días de marzo afectados por el estado de alarma y el confinamiento, se destruyeron 285.000 empleos. A falta del recuento que haga la EPA del segundo trimestre, hay que recurrir a la afiliación a la Seguridad Social para saber cuántos empleos se han destruido durante lo peor de la parálisis: 791.562 sólo hasta abril. Está por ver cuál va a ser el comportamiento del mercado de trabajo en lo que resta de año y en los dos años próximos. Según los registros de la Seguridad Social, entre 2007 y 2013, en España desaparecieron 2,93 millones de puestos de trabajo.

CAE LA POBLACIÓN ACTIVA

Pese a la crudeza y duración de la crisis anterior, la población activa, las personas entre 16 y 65 años en disposición de trabajar, no bajó hasta 2014, justo cuando comenzaba la reactivación económica. El máximo histórico se alcanzó en junio de 2012, con 23,49 millones de personas. Una cifra que sólo se recuperó en junio de 2019, pero que se ha perdido nada más comenzar la pandemia: en los tres primeros meses de este año 164.600 personas han salido del mercado laboral.

600.000 temporales menos

Los primeros damnificados de la crisis de 2008 fueron los trabajadores con contrato temporal, que fueron inmediatamente expulsados del mercado laboral. España es el segundo país de la UE con mayor tasa de temporalidad, un 26%, sólo superado por Polonia. El abuso de esta figura contractual es una enfermedad que no ha cambiado un ápice ni durante la crisis ni durante la recuperación. Tampoco ha sido curada por las sucesivas reformas laborales. Entre la caída de Lehman Brothers y el segundo trimestre de 2009 se fueron a la calle casi un millón de trabajadores temporales en España –979.100 según la EPA–. En la segunda oleada, tras el rescate bancario y las políticas de austeridad y recortes, el número de temporales cayó en 687.500 a lo largo de 2012.

La EPA registra un descenso en el número de temporales sólo hasta marzo de este año de 255.300 temporales. Según las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, que permiten alargar el registro hasta mayo, la destrucción de empleo temporal en marzo y abril se elevó a 602.158 trabajadores. En mayo revela un aumento de 44.382 nuevos empleos eventuales. En total, en España hay ahora 3,53 millones de este tipo de empleados. Antes de la crisis financiera, en septiembre de 2008, su número se elevaba hasta los 4,53 millones.

Para los indefinidos, la ola de despidos llegó a partir del segundo trimestre de 2012, una vez aprobada la reforma laboral que los abarató y facilitó. Entre abril y septiembre de ese año perdieron su empleo 185.000 personas con contrato indefinidos. Entre abril y septiembre de 2013, otros 124.700 se quedaron sin trabajo. Antes de la crisis de 2008, en España se contaban 11,98 millones de estos asalariados, según la EPA, una cifra que no se superó hasta el fin de 2018. El máximo se alcanzó un año después, 12,44 millones. Si la mirada se dirige una vez más a las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, hay97.722 asalariados fijos menos. En mayo la cifra se ha recuperado en 32.374 personas. Hoy trabajan con este tipo de contrato 9,34 millones, 421.341 más que en septiembre de 2008.

ERE Y ERTE

Durante la anterior crisis las siglas del paro eran ERE (Expediente de Regulación de Empleo), que automáticamente se identificaban con los despidos colectivos. Pero entonces también había ERTE, las siglas que acompañan a la pandemia en lo que a empleo se refiere. En 2009, 549.282 trabajadores sufrieron un ERE, de los cuales 63.476 fueron despedidos. El resto fueron incluidos en ERE de suspensión de contrato –la mayoría, 465.215– o de reducción de jornada –20.591–. En 2012, el siguiente annus horribilis del empleo, los despidos colectivos afectaron a 82.876 asalariados, el 12%. Y se les redujo la jornada a 99.724 más. Las suspensiones de contrato correspondieron a 300.713 trabajadores.

Ocho años después, la estadística muestra dos diferencias fundamentales. La primera, que el 90% son ERE por fuerza mayor. Y la segunda que, hasta el momento, sólo ha habido 4.226 despedidos, el 0,7%. El número total de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo es superior en los tres primeros meses del año al máximo de 2009, hasta sumar 578.339, pero el 99,3% son por suspensiones de contrato y reducciones de jornada.

97 puntos de PRIMA DE RIESGO

Con la crisis financiera la prima de riesgo saltó a los titulares de los periódicos, tras convertirse en el ogro que asustaba a los mercados. Es el sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados en comparación con otros países, en el caso español con Alemania, que emite los bonos considerados más seguros. El pasado día 16 se situaba en 97 puntos, después de haber llegado en dos días de abril a un máximo de 155 y haber superado los 100 desde marzo. Sin embargo, queda aún muy lejos de los 637 puntos a los que llegó a escalar el 24 de julio de 2012. En pleno rescate a la banca española, la confianza de los mercados en la economía nacional era más bien escasa.

Pero ahora, al menos de momento, la crisis del coronavirus es sanitaria, de empleo y productiva, no financiera ni de deuda soberana como entonces. Los programas de compra masiva de deuda puestos en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) están sosteniendo la confianza en la deuda incluso de los países más dañados por la pandemia, como España.

TIPOS DE INTERÉS: del 4,25% al 0%

Los tipos de interés estaban en la UE al 4,25% en octubre de 2008, justo después de estallar la crisis financiera, pero desde entonces su caída ha sido histórica. En mayo de 2009 ya eran sólo del 1% y en septiembre de 2014 se quedaron en el 0,15%. Desde marzo de 2016 permanecen en el 0%. Una vez más, las políticas de estímulo del BCE están detrás de este dinero gratis, que ha abaratado las hipotecas pero hundido la remuneración de los depósitos bancarios. También ha aliviado el pago de la deuda pública de los países. Y castigado el negocio bancario, que lleva tiempo encarando rentabilidades muy bajas.

Con la crisis actual, en cualquier caso, el precio del dinero va a seguir en mínimos, en un intento por estimular el crecimiento económico tras el cerrojazo de los dos meses de pandemia.

INFLACIÓN negativa

El pasado mayo la inflación cerró en España con un -1%, por debajo del 0,7% de abril y el 0% de marzo. El índice, por tanto, iguala el -1% de junio y septiembre de 2009. Tras repuntar volvió a tasas negativas en 2013 y cayó incluso más en enero de 2015, cuando llegó al -1,3% y al -1,1% en abril de 2016. El IPC se animó conforme lo iba haciendo la economía, pero nunca sobrepasó el 2,3% del verano de 2018. Este año, tras la hibernación económica y con las dudas sobre la velocidad e intensidad de la reactivación, las previsiones de Funcas, el instituto de estudios de las cajas de ahorro, apuntan a que la inflación continuará en negativo hasta mediados del tercer trimestre y no superará el -0,4% de media anual. El Gobierno calcula que al final del año el IPC quedará en el -1%.

El panorama no es muy distinto en el resto de Europa, por lo que la preocupación del BCE ha dejado de ser la inflación –ese “en torno al 2%” del que era guardián–, y ha pasado al riesgo de deflación. En teoría, con la reanimación del consumo y de la economía el IPC debería volver a cotas positivas.

la BOLSA se rearma tras el golpe

El 16 de marzo pasado, el primer día hábil tras la declaración del estado de alarma, la Bolsa española se despeñó hasta los 6.107 puntos, su mínimo desde julio de 2012, justo después del rescate financiero. En octubre de 2008, no obstante, el parqué español aún aguantaba los 8.000 puntos; eso sí, tras un descalabro considerable: venía de superar los 14.000 puntos.

Desde ese lunes negro, no obstante, la Bolsa española ha seguido una tendencia al alza que puso las cotizaciones en los 7.896 puntos el pasado día 8. En el último mes, los índices de las principales bolsas europeas, menos la italiana y la británica, así como la estadounidense, crecen a dos dígitos, aupados por las medidas de estímulo del BCE y la Reserva Federal, según concluyen los analistas.

PETRÓLEO barato

Además del bajo consumo y los mínimos tipos de interés, la inflación ha caído por culpa de unos precios del petróleo igualmente en niveles nunca vistos. El 21 de abril el barril de Brent cotizaba a sólo 19,33 dólares. Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra basta con recordar que en septiembre de 2008 el precio del crudo de referencia en Europa superaba los 100 dólares. En 2011 alcanzó los 112 dólares. Pero en 2014 perdió esa cota y aún no la ha recuperado hoy. El bajo precio del petróleo fue precisamente uno de los llamados vientos de cola que empujaron la recuperación de la economía española a partir de ese año. Con la paulatina reactivación y, por tanto, el aumento de la demanda de crudo, los precios subirán. Este miércoles, el barril de Brent ya cotizaba casi a 41 dólares.

el BCE sigue inyectando liquidez

Desde 2008 hasta ahora en el Banco Central Europeo han pasado tres presidentes: Jean-Claude Trichet, Mario Draghi y Christine Lagarde. El primero es recordado sobre todo por la subida de tipos de interés del 3 de julio de ese año, cuando los elevó hasta el 4,25% ante el temor de que el precio del crudo, por encima de los 100 dólares, desbocara la inflación. En septiembre se desató la crisis financiera que llevaba meses barruntándose. Pero mientras en Estados Unidos la Reserva Federal había bajado ya los tipos hasta siete veces desde 2007 –y los había dejado en el 2%–, Trichet sólo pensó en la inflación y mucho menos en la estabilidad financiera, que ya por entonces se veía comprometida. La subida del precio del dinero elevó a continuación el euríbor a niveles históricos y disparó el euro frente al dólar.

Además, después de estallar la crisis griega, el BCE se negó a reestructurar la deuda del país heleno. Y cuando apareció la crisis de deuda española, el francés envió una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que un 5 de agosto de 2011 pidió una reforma laboral y medidas “sólidas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”. La respuesta del Ejecutivo socialista fue incorporar la estabilidad presupuestaria en el artículo 135 de la Constitución.

Tuvo que llegar Mario Draghi a Fráncfort en noviembre de 2011 para que el BCE se encomendara a la política expansiva que ya había adoptado años atrás la Reserva Federal de EEUU. El ya famoso “whatever it takes” –“El BCE hará lo que sea necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente”– pronunciado sólo ocho meses después por el italiano, resume el espíritu de las medidas adoptadas desde entonces por la institución en apoyo de la asténica economía europea.

A través del programa de expansión cuantitativa (QE), el BCE ha adquirido desde marzo de 2015 un volumen de deuda superior a los 2,6 billones de euros. Una inyección de liquidez que ha salvado a las economías de la periferia, incluida España, y a una Unión Europea que se resiste a la unión bancaria y fiscal.

Su sucesora, Christine Lagarde, no ha tenido más remedio que continuar disparando lo que se ha dado en llamar el bazuca de liquidez. Desatada la pandemia, el BCE ha seguido con el programa de compra de deuda a toda máquina: 1,35 billones, de euros “al menos” hasta finales de junio de 2021.

NI MENTAR LOS RESCATES

También la respuesta de la Unión Europea ha sido muy distinta en esta ocasión. Si en la anterior crisis Bruselas se encomendó a la austeridad y sometió a estrictos programas de rescate a España, Portugal y Grecia, la pandemia ha obligado a la UE a actuar con mucha mayor rapidez y en sentido opuesto. Ha relajado las normas que condicionaban las ayudas estatales a las empresas –lo que ha permitido al Gobierno alemán convertirse en el principal accionista de Lufthansa y al italiano nacionalizar Alitalia– y está preparando programas de ayudas que, en principio, suman 540.000 millones de euros, entre ellos 100.000 milones para financiar los ERTE y 240.000 millones más del fondo de rescate comunitario para cubrir gastos sanitarios.

Ahora la crisis está afectando a todos, no sólo a los tres países del sur, y los desplomes del PIB van a ser compartidos –Alemania prevé una caída del 6,3%, Francia e Italia del 8%–. La respuesta para todos es la misma. Aumentar el gasto para paliar el daño a las empresas y a los trabajadores, además de ayudas para estimular una reactivación que debe de ser lo más veloz y sólida posible en un contexto de elevada incertidumbre por los rebrotes del virus y la falta de una vacuna.

Así que en Bruselas se negocia un posible plan de reconstrucción que debería alcanzar los 750.000 millones de euros, en parte transferencias y en parte préstamos cuya condicionalidad está a debate. Mientras, se procura evitar la palabra rescate y las sombras añadidas a ese mecanismo: los recortes y la vigilancia de los hombres de negro de la troika.

el mayor gasto público de la historia

Primero el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la asunción del pago de la deuda como prioridad política, y después el de Mariano Rajoy ejecutando recortes y aprobando la reformas exigidas por Bruselas, abrieron una década de austeridad en las cuentas públicas y de devaluación salarial en la sociedad. El gasto en prestaciones por desempleo se redujo en un 44,8% entre 2012 y 2017, pese a que en esos años el número de parados llegó a superar los 6,2 millones de personas y el 26% de la población activa. El gasto público en sanidad se hundió hasta los 66.552 millones de euros en 2013. Entre 2009 y 2015, se redujo en casi un punto del PIB, según los cálculos del propio Ministerio de Sanidad. En educación, el recorte fue del 16,7% entre 2009 y 2014.

Pero ahora la reacción necesaria para afrontar la crisis sanitaria y acelerar la reactivación económica requiere multiplicar el gasto. En los Presupuestos del Estado para este año, el Gobierno ha previsto un gasto público que equivaldrá al 51,5% del PIB. Es la primera vez que esa partida supone más de la mitad de la economía nacional, una cifra récord. El impacto de las medidas para combatir el coronavirus y sus efectos en la economía asciende a 138.923 millones de euros.

La consecuencia de semejante despliegue, teniendo en cuenta además el recorte de los ingresos que va a provocar la caída de la recaudación fiscal, no es otro que un déficit público disparado, hasta el 10,34%. Será el mayor desde 2012 y más del triple del que registraba España al acabar 2019, un 2,82%. Es decir, el país vuelve aquí a la casilla de salida, cuando tuvo que acometer recortes para cumplir con los objetivos marcados por Bruselas.

Casi coincidiendo con la primera fase de la pandemia del coronavirus, se publicó en castellano el último libro de Paul Krugman, titulado Contra los zombis (Crítica), en el que, a través de sus principales artículos publicados en la prensa en los últimos años, demandaba transversalmente la necesidad de políticas keynesianas para salir de las crisis económicas y, en concreto, de la Gran Recesión. Sin embargo, la principal obsesión del Premio Nobel de Economía a lo largo de las 450 páginas de su texto es lo que él llama “economía zombi”, una idea que debería haber sido desterrada de la realidad, pero que se niega a morir y sigue haciendo mucho daño. Las ideas zombis son aquellas que van dando tumbos, arrastrando los pies y devorando el cerebro de los ciudadanos, pese a haber sido refutadas por las pruebas.

Krugman dice que la más persistente de estas ideas tiene que ver con los impuestos: la insistencia en que gravar a los ricos es destructiva para la economía en su conjunto y que las rebajas fiscales a las rentas altas dará lugar a un crecimiento económico milagroso. La creencia en la magia de las rebajas de impuestos a los ricos es, para él, el zombi por excelencia, “y lo cierto es que no es difícil ver por qué ha resultado imposible acabar con él: pensemos en quien se beneficia de que persista la idea de que las ventajas fiscales a los ricos son estupendas. Todo lo que se necesita son unos cuantos millonarios dispuestos a gastar una pequeña parte de su riqueza en apoyar determinadas políticas redistributivas a la inversa, laboratorios de ideas o medios de comunicación partidistas deseosos de propagar el virus de las rebajas fiscales. Con esto es suficiente para mantener a los zombis avanzando a trompicones”.

Más allá de la opinión de Krugman, la idea zombi por excelencia durante la Gran Recesión fue la de la llamada “expansión cuantitativa”. Debida sobre todo a los economistas Alberto Alesina y Silvia Ardagna, la austeridad expansiva, aplicada masivamente en Europa en los años de la recesión, es, según estos autores, una forma de deflación voluntaria por la cual la economía entra en un proceso de ajuste basado en más paro, reducción de salarios y un menor gasto social con el objeto de disminuir la deuda y el déficit. O más en paladino, todo ajuste basado en un recorte del gasto público, que tendrá finalmente carácter expansivo, olvidando a los muchos que se quedan por el camino. Alesina y sus colaboradores sofisticaron su teoría en los últimos textos, dada la catástrofe que había supuesto como filosofía madre de las políticas llevadas a cabo por la Unión Europea y la célebre troika a partir del año 2008, afirmando que, como el colesterol, no hay una sola austeridad sino dos: la austeridad mala basada en la subida de impuestos (austeridad recesiva) y la que se centra en el recorte del gasto y que es buena porque la austeridad y el crecimiento se hacen compatibles.

Todos dicen ser keynesianos

Dos hecatombes, la Gran Recesión y el shock sanitario y económico causado por el Covid-19 han recuperado la figura y la obra de Keynes. En el pasado, personajes tan antitéticos a sus ideas como el presidente republicano americano Richard Nixon y el premio Nobel de Economía Milton Friedman, máximo representante del monetarismo en el mundo, declararon: “Hoy todos somos keynesianos”. En estas circunstancias se podría dar otro giro de tuerca a la frase y convenir que quien no es keynesiano es un excéntrico. Los neoliberales más comprometidos ideológicamente están hoy escondidos debajo de las piedras ante el hecho de que una inmensa mayoría de ciudadanos de todas partes cree en la necesidad de la intervención pública para evitar la depresión económica y para disminuir el paro y el empobrecimiento masivo que parecen llegar sin remedio como consecuencia del parón productivo necesario para reducir la pandemia. 

Cuando la Gran Recesión entró en sus momentos más comprometidos, el biógrafo canónico de Keynes, el británico Robert Skidelsky, escribió: “El economista John Maynard Keynes vuelve a estar de moda. El guardián de la ortodoxia del libre mercado, The Wall Street Journal, le dedicó un reportaje a toda página el 8 de enero de 2009. La razón es evidente: la economía global está en recesión, los ‘paquetes de medidas de estímulo’ constituyen el último grito. Pero la importancia de Keynes no estriba en su condición de progenitor de políticas de ‘estímulo’. Los gobiernos han sabido cómo ‘estimular’ economías enfermizas —por lo común, mediante la guerra— suponiendo que hayan sabido hacer algo. La importancia de Keynes radica en el hecho de que tenía que proporcionar una ‘teoría general’ que explicase como caen las economías en estos agujeros e indicara las políticas e instituciones necesarias para mantenernos fuera de ellas”. En la actual situación, opina Skidelsky, es mejor no tener ninguna teoría que tener una mala teoría, pero es mejor tener una buena teoría que no tener ninguna. Una buena teoría puede ayudarnos a evitar respuestas impulsadas por el pánico y darnos una nueva percepción de las limitaciones de los mercados y gobiernos.

La revolución keynesiana es mucho más amplia que algunos de los conceptos que se han puesto de moda. Si hubiera que adecuar los puntos más significativos de la misma, en relación con lo que está sucediendo en el mundo, con picos de sierra, desde poco después del cambio de siglo, ellos nos llevarían al convencimiento de que el keynesianismo nació para corregir los excesos del capitalismo. Fue una especie de revolución pasiva de este último, pues su objeto era mitigar sus abusos, desequilibrios y crueldades más evidentes: el empobrecimiento debido al desempleo, la edad o las enfermedades. Pero sobre todo, para corregir los efectos de las recesiones, de modo que durante estas los ciudadanos tuviesen un mínimo flujo de ingresos con los que sobrevivir y consumir y, por tanto, hacer un poco más segura su existencia. Al ejercer en ese sentido, el keynesianismo limitaba la capacidad de indignación y de rebeldía de los individuos en contra del establishment y lo que, por una temporada, se denominó “la casta”.

En 1936 Keynes publicó su obra magna, Teoría general del empleo, el interés y el dinero, en la que explica que la economía puede encontrar un punto de equilibrio con paro y con infrautilización de la capacidad de producción de las empresas; es decir, que la depresión no es, por naturaleza, un asunto temporal que se corrige automáticamente cuando cambia el ciclo económico. Para romper con este nuevo equilibrio más bajo de la economía debe suplementarse la demanda existente con la inversión pública, con el objeto de aumentar la demanda global y, de paso, elevar el empleo. La Teoría general fue, sobre todo, una teoría del empleo publicada en medio de la Gran Depresión. Keynes estaba obsesionado con la tesis de que no había ninguna salida a la mayor crisis del capitalismo si no era activando el papel de la demanda mundial a través de la acción de los gobiernos.

Inversión pública

Pero la Teoría general no solo incluía la necesidad de la inversión pública para sacar a los ciudadanos de la depresión, sino también la teoría de los animal spirits. Fue durante los años de penumbra entre la paz y la guerra (entre las dos guerras mundiales) cuando en Cambridge se empezó a desarrollar la revolución keynesiana. Se preguntaba, entre otros aspectos, qué papel tienen en los análisis económicos las expectativas y los estados emocionales de la gente (la confianza, la envidia, la pereza, la ambición, la solidaridad, los acontecimientos inesperados que hoy llamamos “cisnes negros”…).

Dos premios Nobel de Economía contemporáneos, George Akerlof y Robert J. Shiller, actualizaron las reflexiones keynesianas sobre los animal spirits, con motivo de la Gran Recesión. Se preguntaban por qué la mayoría de las personas no previó la llegada de la crisis, cómo se podían comprender las dificultades que parecían haber caído del cielo sin motivo y por qué todas las medidas que se destinaron en principio para prevenir los problemas se quedaron cortas o fueron ineficaces. Akerlof y Shiller hablaron de una nueva categoría, los “keynesianos bastardos”, que practicaron una mutilación de la Teoría general, erradicando de ella el papel de los animal spirits, que subyacen en el núcleo de las explicaciones del maestro de Cambridge. La Teoría general no solo incluía la necesidad de la inversión pública y de la intervención del Estado para estimular la demanda y sacar a las sociedades del pozo, sino la exposición del papel de los animal spirits en la vida cotidiana. Ambos reflexionan: ¿En qué ha estado pensando la gente?, ¿en qué hemos estado pensando todos?, ¿por qué los ciudadanos no nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que no lo tuvimos encima? El público, los gobiernos y numerosos economistas nos sentíamos respaldados por una teoría económica que nos decía que todo iba a ir bien y que no corríamos ningún peligro. Esta teoría, luego lo hemos corroborado otra vez, era incorrecta, ya que ignoró el papel de los espíritus animales. La importancia que Keynes dio a las ideas en el devenir de la humanidad fue central. Más que la lucha de clases. Siempre estuvo dispuesto a defender las suyas en el debate público con todas las armas a su alcance.

Dentro de esos espíritus animales, Keynes subrayó con trazos muy fuertes el papel de la incertidumbre en la evolución de las sociedades y de las personas. La incertidumbre supone una especie de temor permanente sobre el futuro que constituye un freno al progreso. Miedo a perder el puesto de trabajo, a quedarse atrás en una distribución cada vez más regresiva de la renta y la riqueza, a los cambios en la vida cotidiana, a la enfermedad, a la debilidad, a que nuestros descendientes vayan a vivir peor que nosotros, o incluso a que nuestros representantes políticos, aquellos que elegimos para que nos ayuden a resolver los problemas colectivos, no puedan hacerlo porque las decisiones más importantes se toman cada vez más lejos de ellos. Los mayores males económicos son fruto del “riesgo, la incertidumbre y la ignorancia”, según el economista de Cambridge.

Durante la Gran Recesión uno de los grandes debates fue si el keynesianismo podía ser aplicado en la era de la globalización. La pandemia y las necesidades de acudir a medidas de estímulo keynesianas en todas las partes del mundo han liquidado por el momento ese debate.

*Este artículo está publicado en el número de abril de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí

Modelo castizo y modelo civilizado

En un reciente informe publicado por el Foro Económico Mundial, por tanto muy poco sospechoso de marxismo o izquierdismo, se clasifican y ordenan los países del mundo según estén transformando mejor o peor su crecimiento económico en bienestar social. Utilizando para ello un índice de lo que llaman desarrollo inclusivo (1), en el que integran doce indicadores relativos al empleo, salud, pobreza, bienestar o protección social.

Con los resultados de este índice, entre los años 2012-2017, para España se concluyen dos cosas. Que siendo un país en el que creció su economía muy por encima de la media de los 30 países más ricos del mundo aún se situaba en la posición 26ª en bienestar social o desarrollo inclusivo.

Pues cuando se consideran ese conjunto de factores y variables Noruega ocupa la primera posición, pero países como Eslovaquia, Chequia, Eslovenia o Estonia están por encima de nosotros. Por no hablar de Irlanda, Francia o el Reino Unido.

Y además, lo que es aún más grave, España era de los treinta países considerados aquél (junto con Grecia) en el que más se había deteriorado dicho bienestar social en los últimos cinco años.

Es así que el modelo económico del capitalismo español está generando un intenso crecimiento del PIB pero no desarrollo inclusivo. Por eso sostendré en este breve análisis que hay que civilizarlo (una expresión que tomo prestada de Antón Costas) y europeizarlo, para que al conjunto de la sociedad española le resulte de provecho el crecimiento económico que estamos registrando y no solo a una minoría privilegiada. Llamo a aquél modelo en el que solo mejora una minoría modelo castizo, frente a un modelo alternativo civilizado.

Tres frentes de reformas

Para civilizar nuestro capitalismo castizo debiera actuarse en tres frentes básicos. Un primer frente, en el que aquí no me detendré, tiene que ver con una urgente contrarreforma de la rampante devaluación laboral y salarial que está amplificando la brecha entre los que más y menos ganan dentro de cada empresa (hoy ya es de casi ochenta veces).

Sin olvidarse de la desmesurada subcontratación en cascada que practican nuestras empresas o su externalización hacia falsos autónomos. Mecanismos todos ellos que no solo erosionan el bienestar social de la mayoría de sus empleados, sino que también deterioran la productividad de las empresas.

Un segundo frente de reformas debiera favorecer el tránsito hacia una economía de mercados competitivos, desde una economía que con demasiada frecuencia vegeta en un capitalismo de amiguetes y gorrones del Estado. En el que oligopolios de muy pocas empresas extorsionan vía precios a los consumidores, mientras sus ejecutivos y grandes accionistas se forran, gorronean con una mano a Hacienda y con la otra a sus propios empleados precarizados.

Y ya un tercer frente de reformas debiera hacer realidad un sólido Estado de Bienestar; recortando para ello los ocho puntos menos de ingresos públicos sobre el PIB que hoy no tenemos respecto a la media de la Unión Europea, para hacer realidad una economía social de mercado.

Abandonaríamos así un modelo, nada europeo como se ve y muy castizo, en el que el más listo parece ser el que aporta lo menos posible al común (un gorrón) y al mismo tiempo recibe (cual depredador) lo más posible del Estado y sus costaleros.

Con la conjunción de esas tres vías de reformas la mayoría de los ciudadanos dejaría de recibir unos ingresos menguantes, dejaría de pagar unos precios crecientes y contaría con unos servicios públicos universales (sanitarios, educativos, de desempleo, de jubilación, de vivienda social, de dependencia, etcétera) no agónicos.

Sólo entonces nuestro crecimiento económico mejoraría la inclusividad que evalúa el Foro Económico Mundial, o el desarrollo social que otros analizamos con el mismo objetivo.

Pero para ello se hace necesario poner coto tanto al castizo señorito capitalista español con concesiones y mercados cautivos que añora un mundo de criados, como a los oligopolios del IBEX (eléctrico, bancario, energético, comunicaciones, constructor…).

También habría que jubilar el catecismo liberal según el cual el sector público cuanto más pequeño mejor, siendo así que cada uno se busca la vida (jubilación, desempleo, dependencia, estudios, vivienda, sanidad, etc.) en función de sus ingresos. Abrir camino, en suma, a un pacto socialdemócrata y de convergencia europea.

Algunas reformas competitivas

En este frente se trataría de medidas concretas para evitar el saqueo del ciudadano-consumidor previamente precarizado como trabajador.

Por ejemplo en el mercado eléctrico incorporando una Empresa Pública de la Energía sobre la base de la recuperación de concesiones hidroeléctricas pre-democráticas y como factor decisivo para la transición energética vinculada al desarrollo local.

En este aspecto no está de más recordar que una de las empresas del actual oligopolio (Endesa) es propiedad italiana con fuerte presencia del sector estatal de aquel país. No debiéramos en esto ser más papistas que el papa.

En el sector financiero dicha mayor competencia, en relación al actual oligopolio privado, debiera lanzarse con la consolidación de Bankia en el sector público y así, de paso, evitando la conformación de un nuevo gigante demasiado grande para caer. Es oportuno recordar que no se trataría de ningún sacrilegio financiero a escala europea puesto que, por poner un ejemplo, en el alemán Commerzbank mantiene una determinante posición el Estado de aquel país.

Algo semejante habría que abordar en el sector de las comunicaciones e internet a la vista del oligopolio que domina el sector y en el que, de nuevo, nos conviene recordar que en uno de los operadores (Orange) que actúan en España el Estado francés tiene una posición clave.

Tres ejemplos de referentes empresariales públicos europeos, que, más allá de contribuir a una mayor competencia en esos sectores con precios menos depredadores, ayudarían a mantener una cierta autonomía-soberanía estratégica y tecnológica.

Sectores, actividades, productos y servicios en los que un Estado Emprendedor puede abordar objetivos que la iniciativa privada no considera. Como, por ejemplo, la digitalización no privativa de múltiples servicios personales, de transportes o financieros. Todo ello frente al cosmopolitismo de los patriotas del IBEX que todo lo acaban vendiendo a los Blackrock o Vanguard Group de turno.

En el sector de la construcción, los servicios o la obra pública es singularmente importante reforzar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y dotarla de nuevas herramientas legales antimonopolio ajustadas al actual mundo 4.0. Desarrollando lo que en la actual Ley de Defensa de la Competencia tiene que ver con el control de la producción, de la distribución, del desarrollo técnico, con abusos de posición dominante o daños a la seguridad nacional.

Una institución que nunca será suficientemente fortalecida y que debe necesariamente coordinarse con la Comisión de Competencia a escala europea, como puso de manifiesto el abuso de posición dominante en el caso Google.

Y así impedir una depredación de los recursos públicos por entramados anticompetitivos como los que se conformaron en España en relación a la construcción del AVE por empresas como ACS, Huarte, Abengoa o Sacyr.

En el sector de la vivienda es necesario que el sector público genere una oferta de vivienda (en propiedad o alquiler social sobre todo para los jóvenes) que fuerce a la baja a los precios de la especulativa oferta privada. Un parque público de vivienda que en ciudades europeas como Berlín o Viena llega a superar el número de las cien o doscientas mil. Regulando además la concentración, la gentrificación y los usos no permanentes en determinadas áreas urbanas y turísticas.

Estas buenas prácticas competitivas (alemanas, italianas, francesas, austríacas, …) dentro de la Unión Europea debieran servirnos de ejemplo para abandonar el castizo modelo oligopólico español.

Reformas fiscales y en servicios públicos

El castizo capitalismo español no solo es un activo depredador de los consumidores en su formato de capitalismo del contador (del gas, de la luz, de los peajes, de las comunicaciones, etc.) por medio de mercados cautivos u oligopólicos. También lo es del Estado: con un capitalismo de amiguetes. Ya sea en contratos de obra pública, de AVEs, de concesiones de autopistas o hidroeléctricas, en conciertos educativos, sanitarios y muchos otros.

Su casticismo complementa esa depredación con un gorroneo a la baja de los ingresos fiscales (que paguen los tontos y los asalariados) y un mantra, ahora sí, a favor de un Estado menguante que gaste lo menos posible en otras cosas: sanidad, educación, pensiones, dependencia, geriatría… Sectores en los que nuestro castizo capitalista cuenta con ocupar una parte del mercado que el sector público no atienda. Y que cada uno se busque la vida.

Es ese gorroneo y Estado menguante el que nos aleja ocho puntos de la media europea de ingresos públicos en relación al PIB y, como quedó dicho al comienzo, nos sitúa en la cola del capitalismo inclusivo entre los países ricos a escala mundial.

Sobre los aspectos más domésticos de estas reformas (fiscales y de gastos prioritarios) me he ocupado recientemente en estas páginas al hilo de las pasadas elecciones generales. De forma que aquí apenas abordaré brevemente su conexión en el ámbito europeo.

Porque embridar el capitalismo castizo español requiere, en no pocos casos, cortarle la retirada a los paraísos fiscales internos (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda) donde siempre amenazan con llevar sus patrimonios, capitales y beneficios si no se les permite gozar de una devaluación fiscal permanente dentro de España. Un auténtico secesionismo de nuestros ricos y castizos patriotas.

En ese sentido Piketty ha propuesto, para empezar a escala europea (como desarrollo en mi último ensayo), un impuesto sobre el capital inmovilizado empresarial por encima del millón de euros con el que sería posible duplicar el presupuesto de la UE y atender políticas activas de empleo y una renta mínima.

También un tramo europeo del impuesto de sociedades (al que se añadiría un recargo mínimo en cada Estado miembro) que evitase las actuales triquiñuelas societarias. Sin olvidar una tasa Tobin para las transacciones financieras como se defiende desde Attac y parece asumirse en nuestros programas electorales de izquierdas.

Con dichas reformas domésticas y a escala europea nos sería posible por un lado igualar nuestros ingresos fiscales con la media de la UE al tiempo que se supera el raquitismo y nula autonomía fiscal actual de la UE.

Pero, por otro lado, podríamos atender con más holgura prioridades en servicios públicos que a día de hoy provocan, como sabemos, una erosión de nuestro desarrollo inclusivo.

Tales como: elevar el gasto sanitario del 6% al 7,5% del PIB hasta 2023, el gasto educativo del 4% al 5,6% (que permita una enseñanza de 0-3 años gratuita y universal), una prestación mínima de garantía o suficiencia de ingresos de 600 euros mensuales para jubilados o desempleados, la atención y cobertura para más de millón y medio de dependientes, incrementar la inversión pública en vivienda hasta el porcentaje medio europeo o la revalorización de las pensiones por el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad. _______

(1) El índice de desarrollo inclusivo es la media aritmética de doce indicadores agrupados en tres dimensiones. En la primera –rotulada como crecimiento y desarrollo– se incluye la riqueza por habitante, el empleo, la productividad laboral y la esperanza de vida. En la segunda –denominada inclusión– se promedian los ingresos por hogar, la rateo de pobreza, y la desigualdad relativa tanto al ingreso como a la riqueza. Ya en la tercera dimensión, relativa a la equidad intergeneracional y a la sostenibilidad, se incluyen cuatro indicadores relativos al ahorro, a la deuda pública, a la rateo de dependencia y a la intensidad de carbono por unidad de producto.

_______________Albino Prada es investigador de ECOBAS. Su último ensayo se titula Crítica del Hipercapitalismo Digital

ECOBASCrítica del Hipercapitalismo Digital

La economía española creció un 0,6% en el segundo trimestre del año, tasa similar a la del trimestre anterior, gracias al empuje de la inversión, ya que el consumo prácticamente se estancó. Por su parte, la tasa interanual se situó en el 2,5%, tres décimas menos que en el trimestre anterior, según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 2,5% es dos décimas inferior a la inicialmente estimada por Estadística a finales del mes pasado (2,7%). Sí ha coincidido, por el contrario, el dato trimestral que adelantó el INE, del 0,6%.

Debido a la revisión de la Contabilidad Nacional Anual de España, se han revisado las series desde el primer trimestre de 2015. Uno de los datos revisados ha sido el del primer trimestre de este año. Inicialmente se calculó un crecimiento trimestral del 0,7% para el periodo enero-marzo. Una vez revisados los datos, esta tasa se ha rebajado al 0,6%. De este modo, con la serie revisada en la mano, el PIB mostró tanto en el primer trimestre del año como en el segundo un crecimiento similar, del 0,6%.

Con el repunte interanual del 2,5% registrado en el segundo trimestre del ejercicio, la economía española acumula 18 trimestres consecutivos de tasas interanuales positivas, mientras que con el avance trimestral del 0,6% se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas.

La demanda nacional aportó 3,3 puntos al crecimiento del PIB interanual en el segundo trimestre, dos décimas más que en el trimestre anterior, en tanto que la demanda externa restó ocho décimas al crecimiento, cinco décimas inferior a la del trimestre anterior.