Que en Canarias o en Madrid bajen las compraventas de casas y en Castilla y León se disparen puede parecer contraintuitivo, pero es lo que ha ocurrido en 2025. Si se mira solo el volumen de operaciones de compraventa, siguen ganando en cifras aquellas zonas que tradicionalmente han estado más tensionadas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid). Sin embargo, cuando nos fijamos en la evolución, vemos que Madrid y Canarias han bajado un 4,7% las compraventas, lo mismo que Baleares, donde disminuyen un 0,4%. En el otro extremo, se puede ver en el mapa cómo se ponen de moda las dos Castillas, País Vasco, Aragón o Extremadura, según se deduce de las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Notariado.

Es el efecto "mancha de aceite", explica José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Los precios altísimos y cada vez más disociados de los salarios, la escasez en la oferta y la demanda desbocada hacen que la gente, aun trabajando en grandes núcleos como Madrid, se mueva hacia la periferia o hacia otras comunidades. "El desplazamiento de la demanda, que antes era hacia anillos externos de las ciudades, ahora llega hasta el cambio de comunidad", señala Alfaro. De hecho, en 2025 se invirtió el flujo de población entre Valladolid y Madrid. Por primera vez en 25 años, la capital vallisoletana recibía a más personas desde Madrid de las que se iban a vivir a la capital. "El flujo es del pueblo a la ciudad para trabajar y de la ciudad al pueblo para poder vivir", concluye Alfaro.

La parte mala es que los precios de estas zonas, que hasta ahora resultaban relativamente asequibles, también empiezan a sentir la fiebre inmobiliaria. Si vamos a la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 2025 las mayores subidas interanuales de precios se produjeron en Castilla y León (15,3%); Aragón, Murcia y La Rioja (14,4%); la Comunidad de Madrid (14,2%) y Galicia y Asturias (que rondaron el 14,0%).

Con el impulso de los precios también aumentan las decisiones precipitadas por el miedo a quedarse fuera y la capacidad de negociar de los compradores prácticamente desaparece. Es uno de los efectos que generan los mercados tensionados cuando hay un torbellino de demanda. "Ofertas que luego no coinciden con lo que se vende, desperfectos o derramas que aparecen después de la compraventa", enumera el abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experto en vivienda, Javier Rubio. Él trabaja con casos de este tipo en Madrid y lo achaca a la creciente aceleración del mercado. "Las operaciones se hacen muchas veces bajo presión por miedo a perder la oferta y sin tomar las debidas precauciones", concluye. Una velocidad que también constata Alfaro, quien señala que muchas veces las inmobiliarias no publican ofertas porque no consiguen gestionar el aluvión de peticiones de compra que ya se dan también en las comunidades menos tensionadas.

La ebullición del mercado inmobiliario en los últimos años no para de firmar récords y tampoco da tregua a unos precios de compra que cada vez se distancian más de los salarios. A finales de 2025 se habían vendido más de 714.000 casas, una cifra que no se alcanzaba en las tablas del INE desde 2007, justo antes de que la burbuja inmobiliaria dinamitara todo el sistema económico.

Otro dato que respalda este desplazamiento de la demanda es la serie de compradores extranjeros. Cuando se menciona esta estadística, solemos tener en mente segundas residencias, paisajes de sol y playa o chiringuitos al lado del mar. También jubilados de países nórdicos que adquieren una segunda residencia o compradores que llegaban en busca de las ya extintas golden visa, derogadas en abril de 2025 y que permitían a quienes adquirían una vivienda de más de 500.000 euros disfrutar de permisos de residencia. Pero la tensión desmedida sobre los precios en los destinos tradicionales y la llegada de trabajadores extranjeros está introduciendo cambios en este paisaje y también acelerando las ventas en mercados más allá de los habituales, como la Costa del Sol o las islas. 

Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura lideran el crecimiento en compraventas por parte de extranjeros con incrementos a dos dígitos si comparamos el total de 2024 con el de 2025. En el extremo opuesto de la tabla, la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares y la Comunitat Valenciana reducen el número de compraventas con respecto al ejercicio anterior. En el gráfico, elaborado a partir de los datos del Notariado, se comprueba cómo  las compraventas por parte de extranjeros caen un 0,8% a nivel nacional. Esta dinámica se ve empujada por el descenso de las compraventas entre no residentes, que podría estar sufriendo una corrección por la prohibición de las golden visa. Esas operaciones de no residentes disminuyeron un 3,7% en el primer semestre del 2025 y un 15,1% en la segunda mitad de ese año con respecto a los mismos periodos del año previo. 

Aunque en los datos generales, sin separar por tipo de comprador, la dinámica es más suave y las compras caen en menos comunidades, sí se puede constatar (como muestra el primer mapa) un cierto desplazamiento desde grandes mercados como Madrid o Canarias hacia otros menos tensionados como las dos Castillas o el País Vasco. 

"Al final, de lo que se trata aquí es de que la gente se siente insolvente económicamente y también escéptica con respecto a poder llegar a tener una casa propia en estos grandes mercados que son también núcleos laborales", apunta el secretario general de las asociaciones inmobiliarias. Y la solución que encuentran, relata, es comprar en otro sitio: bien para poder tener algo en propiedad más adelante, o bien para desplazarse diariamente al trabajo sacrificando una parte considerable de su tiempo. 

Las estadísticas de los notarios dicen que quienes más pagan por adquirir una casa son los extranjeros no residentes, que en la segunda mitad de 2025 (último dato disponible) procedían principalmente de Países Bajos (acaparan un 12% de las compraventas), Alemania (11,9%), Reino Unido (11,5%) y Bélgica (8%). De media, este grupo pagó unos 3.242 euros por metro cuadrado, un 55% más que los 1.839 euros que pagaron de media los compradores nacionales y un 49% más de lo que pagan los extranjeros que viven en España. Si miramos dónde han comprado, los holandeses se fijaron sobre todo en la Comunitat Valencia, Murcia, Andalucía y Aragón; los alemanes optaron por Baleares, Cantabria, Canarias, Galicia o Asturias; y los belgas, que compraron en Murcia, Aragón, Extremadura y Comunitat Valencia. En general, este conjunto suele adquirir propiedades más caras ya que los precios siguen siendo relativamente asequibles en relación al poder adquisitivo de Alemania, Reino Unido o Bélgica. 

Las estadísticas de compradores que no viven en España hacen referencia a aquellas personas que no pasan en el país más de 183 días y que no están obligadas a pagar impuestos aquí, por lo que, en general, estaríamos hablando de segundas residencias, de inversores o de personas que buscan lugares en los que pasar tiempo después de la jubilación.

¿Y los extranjeros residentes? Esta categoría incluye a aquellas personas que poseen un permiso de residencia, tienen actividad económica y pasan en el país más de 183 días al año. En este conjunto los números cambian. Pagan de media 1.963 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de la media nacional, pero muy por debajo de los no residentes. Por nacionalidades, son marroquís (con un 12% del total de compraventas, principalmente en Murcia, Navarra, Aragón y La Rioja), italianos (que acaparan un 9,2% de adquisiciones, sobre todo en Canarias, Baleares o Madrid) y rumanos (con un 9,3% de las compraventas, sobre todo en Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja) los que más casas adquirieron en 2025. En este contexto, cabe destacar que Marruecos y Rumanía son dos países que lideran también los datos de afiliación extranjera en el mercado laboral español.

El mercado inmobiliario y el problema de la vivienda son dos conceptos muy diferentes. Dos caras de una misma moneda que atañe a algo tan básico y necesario como tener una casa, pero donde también prosperan negocios como el alquiler de oficinas, los centros de datos, las residencias..., que requieren de suelos, de obras y de grandes caseros. En el ámbito de la vivienda, mientras el ladrillo brilla al calor de la especulación, de la falta de oferta o de la necesidad de construir más casas, los precios de compra y alquiler cada vez se separan más de los presupuestos de los ciudadanos. Algo que ha creado una crisis que la coloca como el principal problema para la ciudadanía en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los datos de las principales empresas del sector inmobiliario dan una pista del despegue del sector, que, sin embargo, no muestra síntomas de contención en los precios. En el caso de las promotoras y las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que se dedican a adquirir, promover o rehabilitar inmuebles para su arrendamiento, el despegue de sus cuentas es llamativo. Entre las seis principales (Colonial, Merlín Properties, Metrovacesa, Neinor, Realia y Renta Corporation) firman unos beneficios de más de 980 millones de euros y, en conjunto, el resultado neto agregado supera los 1.440 millones, casi duplicando los resultados obtenidos en 2024, de en torno a 733 millones. 

Por otro lado, en el conjunto del sector había, al cierre del año pasado, 159 socimis en España, tras haberse incorporado 21 durante el ejercicio, según un informe de la consultora ArmanexT.

Las cifras marean y se concretan en productos como la vivienda, las oficinas, los centros de datos, las residencias, los centros comerciales, etc. Todo unido muestra un sector en auge a nivel macro, que contrasta con los precios a los que se enfrentan los ciudadanos cuando intentan comprar o alquilar una casa. El primer trimestre de 2026 cerró con un incremento trimestral del precio de la vivienda del 4,7% y uno interanual del 21,1%, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con los alquileres, la dinámica se replica y, si se observa la serie en el Instituto Nacional de Estadística, entre enero de 2019 y diciembre de 2025, los precios habrían aumentado más de un 30% para los arrendatarios.

"La iniciativa privada no puede producir viviendas asequibles. No va a producir vivienda a 300 o a 700 euros porque a lo más que llegan los Planes Vive de colaboración público-privada es a precios de 1.200 euros, inasumibles para dos tercios de los trabajadores", apunta el arquitecto y profesor de urbanismo Gerardo Roger. La única forma de contrarrestar la concepción de la vivienda como negocio y como mercado es, insiste, crear modelos de gestión íntegramente pública. "Las empresas no son ONG y no pueden permitirse construir y recuperar a largo plazo la inversión, pero la Administración sí, porque ademas el suelo le cuesta cero. Por eso lo ideal sería que se creasen más modelos como Casa 47 a nivel autonómico y municipal, para crear bolsas de vivienda y gestionarlas", señala. "Porque además es una inversión que tiene retorno", concluye.

Colonial es la que más beneficios firmó el año pasado, con 344 millones, un 12% más que en 2024. La multinacional, que se fusionó con la francesa SFL, habría vendido edificios por valor de 300 millones de euros y su principal negocio es el alquiler de oficinas. Por su parte, Merlin Properties obtuvo un resultado neto de 786 millones de euros, un 176% más que los 284 millones de 2024 y un beneficio de 327 millones. Su fuerte son los centros de datos y, al igual que Colonial, apenas se dedican a la vivienda residencial. 

La compañía madrileña Metrovacesa es una de las principales promotoras de España. Obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, una cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024. Entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y poseía al cierre del año 3.917 en construcción. En sus propias cuentas detallan que adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuatro de las plazas más caras de España en materia de vivienda.

Neinor es otro de los grandes nombres del sector que aportó en beneficios 122 millones de euros a los resultados del conjunto. Este importe aumentó en un 80% con respecto al año anterior gracias a la adquisición de uno de sus rivales, Aedas, lo que la convierte en la mayor promotora del país. Esta compañía de origen vasco cuenta con banco de suelo para construir 38.000 viviendas y el año pasado alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 euros por unidad, según sus propios datos.

Realia, la promotora inmobiliaria de FCC que también tiene una participación en Metrovacesa, ganó 129,4 millones de euros en 2025, un 74% más. Entre las circunstancias que la han ayudado a llegar a estas cifras está el incremento del precio de los alquileres, tanto de viviendas, como de oficinas. "La mejora de la actividad de patrimonio se explica por el alza del 3,8% en las rentas que cobra a sus inquilinos", señalaba un análisis de Europa Press.

Finalmente, Renta Corporation, con un beneficio en 2025 de 2,5 millones, es la única que ha visto menguar sus cifras en un 24,2% con respecto al ejercicio previo. Una merma que ellos achacan a un "mayor gasto impositivo". Aunque sus ingresos sí crecieron un 72%, hasta los 45,6 millones.

Si en algo suelen coincidir los expertos es en la necesidad de construir más vivienda. Las discrepancias suelen surgir al tratar de ponerle número a ese déficit o al trazar el papel que debe tener lo público en el control de los precios. Con todo, el ritmo de construcción ha crecido un 8% el año pasado si se observan los datos sobre visados de obra nueva que proporciona el Ministerio de Vivienda, pero nada se ha notado en los precios, que siguen al alza. También se puede apreciar en el gráfico la espectacular diferencia con los años previos a la burbuja, cuando los visados llegaron a superar los 800.000 anuales.

El despegue del sector no ha conseguido que la tensión en la demanda se alivie. Un reciente estudio de BBVA Research señala que la escasez de oferta "limitará las ventas y mantendrá la presión al alza sobre los precios", mientras que la demanda se mantendrá fuerte. "El precio de la vivienda crecerá con fuerza, con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027", señalan los analistas de la entidad financiera.

En cuanto a su análisis sobre las empresas del sector, BBVA Research apuntaba que "la rentabilidad de las empresas españolas en 2024 continúa siendo inferior a la media europea". Esto se debe, explican, a que el tamaño medio de las empresas es más pequeño y hay un gran peso de las pymes en el sector. Estas son, en general, "más dependientes de la financiación y poseen menos recursos propios", lo que termina repercutiendo en la capacidad de ampliación del parque de viviendas.

Para Roger, la Administración pública debería ganar músculo con respecto a la iniciativa privada, de forma que al mercado llegue una oferta suficiente de casas públicas a precio asequible que pueda torcer las dinámicas del mercado. Para él, lo público y lo privado no son excluyentes, pero un mayor equilibrio sería la clave para calmar el comportamiento de los precios y el malestar social. "Si renunciamos a la promoción pública y nos movemos solo con musculatura privada, pues tendremos que terminar ayudando con subvenciones a los inquilinos. Y eso sí que es a fondo perdido", concluye el urbanista.

El informe de la UPV construye su narrativa sobre un pilar principal: la crónica y extrema escasez de oferta. Los datos son incontestables. En seis años, el número de "testigos" (viviendas nuevas en oferta) se ha desplomado, mientras el precio medio se ha más que duplicado. Esta tensión se ha visto exacerbada, según el documento, por un crecimiento poblacional "no orgánico" de unos 40.000 nuevos residentes entre 2022 y 2025, para el cual el parque de viviendas no estaba preparado.

El informe acierta al señalar la incompetencia e incoherencia de la política pública. Critica con dureza que se haya sustituido "el análisis técnico por el relato político", implementando medidas "sin base científica" que, lejos de proteger a los vulnerables, los han expulsado del sistema. Su denuncia de que el Estado es el "principal beneficiario" de la escalada de precios —con aproximadamente el 31% del precio final correspondiendo a impuestos— es un golpe certero a la hipocresía fiscal en un contexto de emergencia. Pero las soluciones que propone son las propias del paradigma tecnocrático: movilizar suelo, producir vivienda pública y privada de forma sostenida, profesionalizar la gestión, reducir trámites y, sobre todo, apostar por el Plan VIVE y la colaboración público-privada. Es el discurso, legítimo pero demostradamente limitado, el de la eficiencia, la coordinación y el incentivo correcto. Un discurso que, desde la óptica de la crítica a las estructuras del mercado, se queda en la superficie del problema.

La perspectiva crítica y el movimiento por el derecho a la vivienda parte de una premisa radicalmente distinta: la crisis no es un fallo del mercado, sino su lógica de funcionamiento actual. Para este análisis, el problema central no es meramente la insuficiencia cuantitativa de viviendas, sino el cambio cualitativo en su naturaleza: ha dejado de ser un bien de uso para convertirse en un activo fundamental para el sistema financiero global. Hasta que pincha la burbuja, e incluso entonces, las pérdidas ocasionadas son incorporadas al “haber” y no al “debe” en los libros de contabilidad.

Desde este ángulo, el informe de la UPV comete una omisión capital: no pregunta quién posee la vivienda y con qué fin. No hay en sus páginas un análisis del peso de los fondos de inversión internacionales en la compra de promociones enteras (en ocasiones a precios rídículos) en Valencia. No se menciona cómo la compra por parte de no residentes (facilitada antaño por mecanismos como las 'golden visas') puede estar distorsionando la demanda. Tampoco se analiza el stock de viviendas vacías mantenidas por grandes tenedores a la espera de mayor revalorización, una práctica de especulación pasiva que agrava artificialmente la escasez.

El informe menciona de refilón —es inevitable, son conscientes— que algunas políticas han generado "miedo a la okupación" y han llevado a "pequeños propietarios a retirar viviendas del mercado". Pero aquí hay que hacer una distinción crucial: el problema no es el pequeño propietario, sino el gran tenedor institucional. Mientras el primero puede verse acosado por normativas mal diseñadas, el segundo opera con una lógica puramente financiera, ajena a las necesidades del territorio.

Otro punto ciego del informe es la turistificación. Aunque dedica una sección al alquiler temporal —que ya representa el 37% de los alquileres en Valencia—, lo hace como un dato más, sin conectar este fenómeno con la expulsión de residentes y la presión alcista sobre los alquileres de larga duración. Para Palomares, la turistificación no es un efecto colateral, sino un mecanismo de extracción de renta que convierte barrios en parques temáticos para visitantes, vaciándolos de vida comunitaria y encareciéndolos más allá del alcance de sus propios vecinos.

El informe confía en que el Plan VIVE, con su promesa de vivienda protegida (VPP), puede comenzar a revertir la situación. Pero desde la crítica a la financiarización, esta confianza es ingenua. Sin mecanismos que impidan que esa nueva vivienda pública o protegida sea luego absorbida por el mercado secundario especulativo, o sin atacar la raíz del poder de los grandes actores financieros, se corre el riesgo de que el Estado simplemente subvencione un mercado disfuncional.

Abogar por medidas que el informe ni siquiera contempla parece fuera de toda valoración: la expropiación o incautación de uso de viviendas vacías en manos de fondos, la creación de un parque público de alquiler social masivo gestionado democráticamente, la prohibición del alquiler turístico en zonas tensionadas, y el establecimiento de controles estrictos a la propiedad concentrada. La lucha es por el derecho a la vivienda en la Constitución, no como una declaración retórica, sino como un derecho exigible judicialmente, que prime el uso social sobre el beneficio privado.

El informe de la UPV es un documento necesario y valioso. Su denuncia de una década de negligencia institucional y su llamamiento a la acción técnica y coordinada son imprescindibles. Sin embargo, opera dentro de los límites de lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría el "pensamiento abismal": solo ve lo que su marco técnico le permite ver. No ve la lucha de clases en el mercado de la vivienda, no ve la transformación de la ciudad en una máquina de generar rentas para el capital financiero, no ve la vivienda como un derecho humano inalienable.

Esta crítica nos recuerda que no se trata solo de construir más, sino de decidir para quién y para qué se construye. Mientras el informe clama por "movilizar suelo" y "reducir trámites", el movimiento por la vivienda clama por "movilizar derechos" y "reducir el poder del capital especulativo".

El futuro de Valencia —y de todas las ciudades españolas— se debate entre estos dos polos. Por un lado, un futuro de gestión tecnocrática que quizás logre moderar los precios, pero manteniendo intacta la lógica de la vivienda como inversión. Por otro, un futuro de transformación radical, donde la vivienda sea, por fin, un derecho garantizado, y la ciudad, un espacio para vivir y no solo para invertir. El informe de la UPV nos dice que la casa se está quemando. La perspectiva crítica nos pregunta quién trajo la gasolina y nos recuerda que, a veces, apagar el incendio requiere cambiar por completo la estructura de la casa.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Cuando hablamos del problema de la vivienda todos pensamos en un piso o en una casa en alquiler, pero en los laterales de esta crisis proliferan oportunidades para inversores que nacen de las carencias del sistema. Los estudiantes, siempre con menos ingresos y con un margen de acceso a la vivienda mucho más limitado a la hora de pasar los casting a los que muchos caseros someten a sus potenciales inquilinos, son uno de los eslabones más débiles. “El mercado de la vivienda está imposible para el estudiantado. Al final las residencias de estudiantes son una alternativa, pero tampoco son asequibles si hablamos de 700 euros por una habitación individual o 500 por una compartida”, explica María de los Ángeles Guzmán, miembro de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “La vivienda pone una primera criba económica que los estudiantes no pueden pasar, pero además, está llegando el momento en que el piso compartido se está equiparando con las residencias (tradicionalmente más caras)”, concluye.

Por eso, el negocio de las residencias de estudiantes está subiendo como la espuma. En 2025 la inversión en este tipo de alojamiento alcanzó los 1.700 millones en transacciones en España, un 151% más que en el ejercicio anterior, según un informe publicado por la consultora Jones Lang LaSalle (JLL). 

El tirón de las residencias de estudiantes lo atestiguan los grandes movimientos empresariales dentro de un ámbito que está dominado por los fondos de inversión. En agosto de este año, el fondo canadiense CPP Investments realizó una operación de compra sobre 22 residencias propiedad de Livensa por valor de 1.200 millones, con la que sumaría 9000 plazas a las 13.000 con las que ya contaba Nido, su filial en el sector, en España y Portugal. En el informe de la consultora detallan quiénes son los principales nombres del sector.  

Resa, asociada al grupo inversor holandés PGGM ofrece 11.000 plazas; la gestora de fondos Stoneshield, que controla MiCampus, supera las 8.700 camas y cierra el pódium de mayores inversores por número de plazas CPPIB, propietario de Livensa y Nido, que cuenta con más de 8.200 plazas en España. Y también en lo que se refiere a los proyectos en cartera, las cifras marean, con más de 8.000 nuevas plazas proyectadas por nombres como Azora, uno de los caseros más grandes de España, o el fondo estadounidense Ares. 

Pero, ¿qué llama tanto a la inversión en este ámbito? “La movilidad estudiantil nacional e internacional convierte a España en un país muy atractivo para la inversión y el segmento se consolida como un pilar clave dentro del Living”, apunta Paola Erhardt, directora de Living de JLL España. Además de un número de estudiantes que ha crecido en los últimos años —en el curso 2024-2024 había 1,8 millones matriculados, frente a los 1,7 del curso anterior—, la falta de oferta en vivienda asequible ha movido a muchos de estos jóvenes al mercado de las residencias. Otro factor, apunta el informe, el gran número de estudiantes extranjeros que recibe España, que es, además, el principal destino para los Erasmus.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) constata lo difícil que es estudiar y emanciparse a la vez. Entre las personas jóvenes con estudios superiores que seguían formándose, el 14,9% se encontraba emancipada a finales de 2024, pero entre quienes no seguía estudiando la tasa de emancipación se eleva hasta un 30%. Y es que sin un empleo es muy difícil vivir fuera de casa sin ayuda.

El sobreesfuerzo económico de quienes viven en pisos se acentúa a medida que descendemos en las franjas de edad más próximas a la etapa universitaria. En el rango entre 18 y 21 años, los jóvenes se dejan el 56,7% de sus ingresos disponibles y uno de cada tres recibe ayuda familiar para pagar la renta, según los datos recogidos en el informe Un problema como una casa, realizado por el CJE.

Y con un mercado del alquiler nada amable, el mercado de las residencias de estudiantes se amplía. En términos macro, el déficit de vivienda para estudiantes alcanzará las 335.000 plazas en 2029-2030, señala JLL. Por lo que el dinero también comienza a fluir en esta dirección. Y en esta potencialidad del mercado reside la fiebre inversora, explica Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín.

“En España hay una ratio de camas por estudiante del 7%, mientras que en Europa la media ronda el 14% y llega al 34% en el Reino Unido. Y lo que tenemos es una demanda muy alta para una oferta muy escasa”, explica Balado. A esto se suma, que las residencias públicas solo cubren un 9% de las plazas totales. “En términos económicos, invertir en residencias ofrece una rentabilidad de entre un 5% y un 5,3% y es el tercer factor de oportunidad de inversión detrás de los centros de datos y las infraestructuras energéticas”, concluye el profesor.

“Por número de camas operativas y en stock, las provincias de Madrid (más de 27.700 plazas en stock y 6.300 en proyecto), Barcelona (15.250 operativas y más de 5.800 proyectadas) y Sevilla (9.200 en funcionamiento y más de 2.100 en desarrollo) se consolidan como las tres principales plazas”, recoge el estudio. Son las que más estudiantes acogen, pero también son grandes capitales en las que los alquileres crecen a buen ritmo.

Desde CREUP, Guzmán advierte que la escasa oferta pública en residencias y colegios mayores también supone un cuello de botella para los estudiantes. “Debería fomentarse también la creación de residencias públicas”, añade, porque la crisis de vivienda está afectando de forma “más critica” al estudiantado. “Esto se ha acompañado de una privatización de residencias con precios desorbitados”, advierten en su informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil y piden que, en el medio plazo, la oferta pública aumente en este ámbito por lo que, pese al trasvase que pueda darse hacia el mercado de las residencias, la precariedad parece asegurada.

Comprar una casa de segunda mano es la opción más barata para quien quiere ser propietario, pero cada día sale más caro. En el tercer trimestre de este año, los inmuebles de segunda mano aumentaron de precio un 13,4%, mientras que los de nueva construcción lo hicieron un 9,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. Adelantan a las casas de nueva construcción en aumento de precios desde que comenzó el año, mientras que en estas últimas el encarecimiento se mantiene, pero de manera más lenta.

Entre las causas, el precio inaccesible de los nuevos inmuebles, que hacen que pongamos la vista en los menos buenos; pero también, un mercado sustentado en reformar para luego vender que no para de crecer. Es el conocido como house flipping en la jerga del sector. 

Por su parte, los precios se incrementaron un 12,8% de media nacional, con diez comunidades por encima de esta barrera. Murcia (15%), Aragón (14,6%), Ceuta y Melilla (14,5%), Castilla y León (14,8%) y Madrid (14,2%) lideraron los incrementos. Donde menos subieron fue en Navarra (10,9%), Cataluña (11,3%) y País Vasco (11,6%). Cabe destacar que estas tres últimas aplican en algunos de sus municipios las limitaciones de precios que establece la ley de vivienda para zonas de alquiler tensionado. Algo que podría estar teniendo un efecto también en la demanda y, por tanto, en los precios de venta.

Pero ¿qué ha encarecido tanto a las casas de segunda mano? Como se puede ver en el gráfico, en los últimos trimestres se separan considerablemente del aumento de precios de la obra nueva.

La alta demanda y la escasa oferta de casas para vivir es el combustible que alimenta el encarecimiento del mercado inmobiliario y también esta dinámica. “Hasta 2022 había muchos compradores buscando obra nueva y estaban dispuestos a pagar un plus por ella. Eso empujó mucho los precios de los pisos nuevos porque había poca construcción, e hizo que se separasen mucho de los importes de las casas de segunda mano”, explica José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, quien señala, además, que una casa similar en el mismo barrio llegó a costar un 50% más si era de reciente construcción. “El problema es que los precios fueron subiendo tanto y la falta de oferta era tanta, que la gente tuvo que poner de nuevo el foco en las viviendas de segunda mano”, señala. Y aquí comenzó el tirón de los precios. 

“La obra nueva parece que ya se ha estancado y el encarecimiento ha tocado sus máximos, pero ahora la que recorre ese camino es la vivienda de segunda mano, que corre más deprisa desde el año 2022”, apunta Alfaro. Otro factor que la empuja, además, son los tiempos de la construcción: “La gente cuando necesita vivienda no puede apuntarse, en general, a una promoción que tardará dos años en terminarse y eso hace que miren al parque ya existente”, concluye. Sobre todo, si mientras espera está pagando un alquiler cada vez más caro.

Además de los problemas de oferta del mercado, también hay otros factores que están influyendo en este comportamiento. Y es que la posibilidad de extraer una rentabilidad muy superior a cualquier otro producto de inversión a través de operaciones inmobiliarias ha hecho que las casas antiguas también sean objeto de deseo para sacar rentabilidad al dinero. La especulación en vivienda llega a todos los rincones del mercado.

Un ejemplo es el conocido como house flipping, que se traduce por remodelación de casas y que consiste en comprar viviendas, reformarlas y venderlas por encima del precio de adquisición en un tiempo relativamente breve. “Nosotros lo que observamos de este fenómeno es que esas remodelaciones son, por así decirlo, de fachada. Pintar, cambiar el suelo, algunos electrodomésticos y poco más”, explica Eloy Gutiérrez, técnico de vivienda de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. “Tenemos un parque de vivienda muy antiguo, muchas veces sin aislamientos y sin garantías de eficiencia energética, pero este tipo de operaciones ni siquiera fomentan una mejora en este sentido”, concluye, ya que su objetivo se ciñe a ganar dinero.

Y lo cierto, es que la rentabilidad es considerable. “La vivienda sigue siendo un nicho seguro en el que invertir con una rentabilidad promedio entre el 4% y el 6%”, señala Alfaro, quien apunta a que esta actividad no es algo nuevo, aunque sí se ha extendido en los últimos años. “Es un fenómeno que, aunque siempre ha estado ahí, ha tomado peso y ahora atrae a pequeños inversores porque es un nicho de inversión”, concluye.

El análisis en torno a los datos de la vivienda hace tiempo que se centra solo en subidas de precio, que suelen ser más o menos agudas, y en récords de precio por metro cuadrado, que ya superan en muchos casos los años de la burbuja de 2007. Para traducir a euros la tendencia estadística de la que hemos hablado aquí, las estadísticas de los registradores de la propiedad señalan que en el tercer trimestre la vivienda nueva costaba 2.199 euros por metro cuadrado (un 0,2% menos que en los tres meses anteriores), mientras que la de segunda mano aumentaba su precio un 3,2%, hasta los 1.838 euros. En definitiva, ni siquiera las casas viejas parece que se vayan a librar de la fiebre de precios.

Hablar de desahucios en España remite inmediatamente a los peores años de la crisis inmobiliaria. Un estudio del Observatori DESCA de vivienda llegó a cifrar en más de 684.000 el número de lanzamientos (como se denominan en la jerga jurídica a los desahucios) ejecutados entre 2008 y 2019, con más de 1,7 millones de personas afectadas. Los años de la Gran Crisis dejaron una cicatriz difícil de borrar, pero que se fue haciendo más pequeña a medida que la situación económica se normalizaba. Sin embargo, en 2020, con la llegada de la pandemia, ese fantasma reapareció y para evitar otro drama social de esa envergadura se puso en marcha la denominada “moratoria antidesahucios”, un mecanismo que permitía a los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. También recogía la posibilidad de que los caseros recibiesen una compensación por esta prórroga si los servicios sociales no encontraban una alternativa en tres meses. Pero ese escudo dejará de funcionar el último día de diciembre. 

Esta norma, que se integró en el escudo social, habría detenido alrededor de 60.000 desahucios entre 2020 y 2024, un 24% del total, según DESCA. Pero el 31 de diciembre, si el Gobierno no lo prorroga de nuevo, esta medida dejará de tener efecto. “Entre enero y febrero habrá una cascada de desahucios”, advierte Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda. Esto será consecuencia de la reactivación de los procesos de desahucio en un momento en el que los precios de los alquileres crece a dos dígitos: por ejemplo, en octubre de este año (último dato disponible en el portal inmobiliario idealista) los precios habían aumentado un 10,9% interanual. Las negociaciones para prorrogarlo no han dado resultados hasta el momento y esto ocurre en un momento nada propicio.

Así, además del fin de la moratoria, a finales de 2025 también se va a producir una revisión masiva de los alquileres que se firmaron durante la pandemia. Más de 300.000 hogares que tenían contratos por cinco años y que se firmaron cuando los precios estaban muy por debajo de los actuales, tendrán que negociar de nuevo o volver a buscar piso en el mar revuelto de los portales de vivienda y las inmobiliarias. “Al final de la pandemia fue la última vez que hubo precios ligeramente más asequibles, porque las viviendas vacacionales estaban anuladas y la economía paralizada”, explica Carlos Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Al término del contrato se puede elevar el precio lo que el casero considere y eso, apunta, redundará en desahucios silenciosos que, sumados al fin de la moratoria, pueden agravar el problema. 

La rotación, o ir de piso en piso al término del contrato, es uno de los problemas que han venido denunciando las plataformas de vivienda, ya que esta dinámica eleva el ritmo de crecimiento de los precios. Esto es así porque cuando el contrato termina el piso se puede poner en el mercado a un precio muy superior y, por tanto, lo más rentable es que esa rotación se produzca a menudo. “Se van a juntar dos factores que harán que más gente se vaya a la calle”, concluye Castillo. Por eso, ante esta coyuntura, varias asociaciones se han unido para protestar y este próximo martes hablarán en una rueda de prensa conjunta los sindicatos de inquilinas, asociaciones de consumidores y centros de investigación. 

“En este contexto de emergencia habitacional lo que está pasando es que a la gente se le vence el contrato, el casero no lo renueva, y se cambia a los inquilinos por otros que paguen mucho más. Con suerte se les ofrece un nuevo contrato, pero pagando el doble o el triple”, explica Alejandra Jacinto. Por eso, sus reivindicaciones no van solo hacia un mantenimiento de la moratoria, sino que piden una ley más amplia y más estable: “La forma de evitar esto, teniendo en cuenta que en la mayoría de municipios no hay limitación de precios, es obligando a hacer una prórroga de contratos de tres años más”, concluye. 

Aunque los estragos de la pandemia han quedado atrás, la crisis de vivienda sigue muy presente y las medidas para atenderla no consiguen adelantarse a las circunstancias. “Nosotros defendemos que hay que mejorar la redacción del real decreto y eso pasa por crear una nueva medida. Sabemos que con la correlación de fuerzas es complicado de aprobar, pero se necesita un abordaje estructural”, explica Irene Escorihuela, directora del Observatori DESCA. “No puede ser que levantemos la moratoria y no pongamos ninguna red para todas esas familias que están pendientes de desahucio”, concluye. 

En lo político, el acuerdo no ha llegado. Podemos y Sumar piden extender la duración de la medida, aunque esta misma semana fuentes de la negociación señalaban a EFE que no había avances hacia el acuerdo. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, aseguraba que el Gobierno estaba analizando “con rigor” todas las medidas del “escudo social”, aunque sin concretar nada más al respecto.

Por su parte, y en línea con las asociaciones de vivienda, Sumar ha pedido que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto ley que establezca una prórroga de tres años para los 300.000 contratos de alquiler que vencen el próximo 31 de diciembre, con el fin de congelar sus precios y evitar que a esos inquilinos les suban la renta.

Contra esta postura se ha manifestado la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que no ve visos de que la moratoria se vaya a levantar y pide “mejorar la protección de la propiedad privada”. La asociación asegura que la mayoría de los 6.000 grandes y pequeños propietarios que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda. “Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler”, señalaba Laura Fernández, directora general de la agrupación.

Vivir de alquiler es asumir un cierto grado de inestabilidad, pero si además hablamos de familias vulnerables, el panorama es aún más complicado. “Hay muchísimas personas que están ahora mismo en una situación de incertidumbre e inseguridad vital, porque no saben si de aquí a un mes van a reactivarse sus procedimientos de desahucio”, explica Jacinto, que concluye posicionándose contra quienes hablan de inseguridad jurídica. “Me parece profundamente injusto que se hable permanentemente de la inseguridad jurídica para los operadores inmobiliarios y no se hable de la inseguridad vital que viven ahora mismo tantísimas familias”, remata.

El pasado 15 de enero, Miguel (nombre falso para preservar su identidad) recibió una llamada en la puerta de su casa en el Barrio del Pilar (Madrid) que todavía recuerda con angustia: tres individuos vestidos de negro, al estilo militar, irrumpieron violentamente en el piso donde vivía con su madre y su hermana para avisarle de que debían desalojar la casa cuanto antes. Al negarse y defender su derecho a permanecer en la vivienda, Miguel estuvo recibiendo durante meses golpes en la puerta, gritos, insultos y toda clase de intimidaciones. Aquellos hombres de negro anónimos llegaron incluso a poner silicona en la cerradura. Enseguida pudieron comprobar que su casera, en su afán de vender cuanto antes el inmueble, había contratado a una de las autodenominadas empresas de desokupación para “vaciarlo” de inmediato. Aunque el inquilino tenía derecho, por la vigencia de su contrato, a seguir residiendo ahí, vivió meses con pánico a salir a la calle por miedo a ser agredido. Según el afectado, muchos desahucios invisibles en España se producen de esta manera.

La empresa de desokupación que se dedicó a hostigar durante semanas a Miguel es la ya conocida D.I.O. Express, una de las tantísimas distribuidas en todo el país y dedicadas a amedrentar y amenazar a inquilinas para expulsarlas de sus viviendas. En su web prometen “desalojos express en 48 horas” con la garantía de haber realizado más de 5.000 desahucios al margen de la ley, para que el propietario pueda esquivar los “largos procesos judiciales” que implica llevar a cabo un desahucio por orden judicial. “En D.I.O. Express, gracias a nuestro equipo multidisciplinar, formado por expertos en negociación y asesoramiento legal, logramos que los okupas abandonen el inmueble sin conflictos ni dilaciones”, prometen. En los últimos años, los sindicatos de vivienda advierten de la proliferación de estos grupos que operan al margen de la legalidad para acelerar desalojos a la fuerza.

Estas entidades calificadas de “parapoliciales” por parte de las activistas provivienda han conseguido hacer del miedo a la llamada “inquiokupación” un negocio muy lucrativo que crece día a día. Aunque la mayoría se definen a sí mismas como “mediadoras” e insisten en sus webs en la legalidad de sus acciones, en la práctica suelen amasar grandes cantidades de dinero a base de amedrentar, violentar y acosar, en su mayoría, a inquilinas en situación de vulnerabilidad. 

Desokupa, por ejemplo, afirma en su perfil público que su labor se centra en la recuperación de inmuebles “a través de acuerdos con okupas” mientras que en realidad se dedican a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales por medio de coacciones y actos intimidatorios. Otras como Desokupacyl presumen de contar con “un equipo altamente cualificado y comprometido, que acometerá el desalojo de manera segura y legal, garantizado un proceso respetuoso y metódico”, si bien su líder, Luis Núñez, fue detenido en Valladolid por extorsión y amenazas tras la denuncia de una empresa.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aseguran que normalmente, en contra de la creencia general, las empresas se encargan de desalojar a personas con contratos en vigor y sin estar en situación de impago: “En la mayoría de casos han sido contratados para pisos de alquiler donde los dueños querían hacerse con el piso sin haber finalizado el contrato”, alegan desde esta organización. En muchos otros supuestos, tal y como apunta la abogada del CAES Alejandra Jacinto, quienes contratan son empresas pequeñas y medianas que compran inmuebles con inquilinos con contrato en vigor a un precio muy barato a través de una subasta y quieren venderlos más caros. Otras veces se trata de caseros que han invertido en viviendas donde residen mayoritariamente familias vulnerables con procesos judiciales abiertos sin concluir, ya que en estos casos su precio es mucho mayor de lo habitual.

Tan solo algunas de estas empresas figuran realmente como entidades jurídicas, alertan desde algunas asesorías. “Hay constancia de que hay empresas o grupos que están actuando sin ningún registro como empresa ni ninguna sociedad jurídica que responda sobre esa actividad. Hay que entender que primero surgió la empresa ultra Desokupa, de Daniel Esteve, y a raíz de esa empezaron a surgir otras, muchas de las cuales son low cost, están integradas por personas con muy dudosos historiales profesionales, algunas con antecedentes penales y muchas no registran la sociedad”, aclara Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda.

Las organizaciones por el derecho a la vivienda coinciden en la necesidad de denunciar que buena parte de estas empresas opera de manera ilegal. Esto sucede, por ejemplo, con Desokupa Gador, del que es imposible hallar su identidad legal como empresa en los registros. “Son grupos organizados que funcionan como mafias, personas que están actuando totalmente fuera de la ley, algo ante lo cual hay muchísima permisividad”, desliza Nacho Martín, inquilino en lucha en el bloque de San Ildefonso en Lavapiés, víctima de la empresa de desokupación Serviokupas y miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Cuando la empresa quiso echar a las vecinas de su edificio, cuenta Martín, ofrecieron 6.000 euros a cada familia para que se fueran del inmueble. 

En grupos de este tipo que sí figuran como entidades jurídicas, la descripción oficial de sus servicios no suele corresponderse con aquellas actividades que realizan en la práctica. Es el caso de Horus Desokupa: en el registro legal, figuran como una empresa de “actividades de seguridad privada”, aunque en su web dejan claro que se dedican a “desalojos de okupas y mediación con inquilinos morosos o en situación precaria” evitando “procesos judiciales largos y complejos mediante mediación extrajudicial”.

Por su parte, Antiokupa Tarraco, a pesar de que se trataba de una empresa dedicada a ejecutar desalojos extrajudiciales a la fuerza, figura en el registro mercantil como operadora de “servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria, administración y gestión de fincas rústicas y urbanas, servicios integrales de auxilio en trabajos de metal, construcción, industria, jardinería, mantenimiento”. Fue desarticulada finalmente por los Mossos d’Esquadra en 2024 tras acumular más de 60 denuncias. Como transmitió Tarragona Digital, los miembros de este grupo eran “especialmente violentos” contra personas racializadas y algunos de ellos acumulaban antecedentes por “coacciones, amenazas, lesiones y trato degradante”. El ensayo Poder Inquilino, publicado este año por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogateres, revela que esta empresa instaló GPS en las víctimas para vigilarlas y geolocalizarlas e, incluso, llegaron a sustraer a una niña de tres años de su madre para desalojar una vivienda. Posteriormente, ha sido declarada como organización criminal. 

Con cada una de estas operaciones extrajudiciales las empresas consiguen amasar grandes cantidades de dinero: Idealista afirma que el precio de cada desalojo ronda los 3.000 euros. No obstante, los precios varían en función de la empresa. Por ejemplo, Brigada Desokupa ofrece en su web ejecuciones extrajudiciales “desde 2.500 euros”. En otros casos, como afirman desde el CAES, se ha llegado a dar la circunstancia de que una empresa llegó a cobrar cerca de 1.600 euros por la “visita”, con una prima adicional de éxito o recompensa en caso de que finalmente lograran expulsar a los inquilinos. 

Pero los ingresos que obtienen estas empresas no se circunscriben únicamente a la ejecución de desalojos: algunas venden a través de sus páginas web todo tipo de dispositivos de seguridad, desde alarmas inteligentes hasta puertas blindadas. Por ejemplo, Bastión Desokupación, empresa que también presume de no respetar los tiempos judiciales a la hora de llevar a cabo sus actividades, ofrece “puertas antiokupa”, alarmas resistentes a inhibidores con videovigilancia 24 horas y controles de acceso para impedir que los inquilinos puedan acceder a sus viviendas. 

En los últimos años se han multiplicado las ventas de estos dispositivos, al igual que los llamados “seguros antiokupación”, tanto por parte de estos grupos como por aseguradoras e inmobiliarias. Empresas como Securitas Direct, Prosegur, Segurma, Visegur o Mutua Madrileña, pero también portales inmobiliarios como Idealista. Securitas cuenta con “alarmas antiokupación” con tecnología ZeroVision (un sistema de seguridad que se activa en caso de intrusión y llena el área protegida de humo denso, bloqueando la visión del intruso y dificultando el robo) desde 400 euros el equipo. Mutua Madrileña, por su parte, ha lanzado un seguro antiokupación por 7,5 euros al año: “La garantía antiocupación cubre el pago de un alojamiento alternativo (durante un máximo de seis meses y 800 euros de renta de alquiler) en el caso de que la ocupación se produzca en el hogar habitual familiar”, promueven desde su página.

En los portales web de todas estas empresas, las aseguradoras presumen de contar con una tecnología avanzada y de una efectividad probada para garantizar la seguridad de los propietarios. En el caso de Securitas Direct, ofrecen protección reforzada en la puerta principal “para detectar al intruso antes de que entre”, puertas “antiokupa” de alta seguridad capaces de resistir intentos de forzado, sofisticados sistemas de alarma, cerraduras especialmente diseñadas para resistir métodos de apertura forzada “como el bumping, el ganzuado o el taladrado con sistema anti-picking” y un largo etcétera de sistemas de protección. Aunque describen con minuciosidad el inmenso abanico de herramientas del que disponen y reiteran constantemente su infalibilidad, en ningún momento deslizan datos sobre el número de viviendas que han logrado “salvar” de intentos reales de “inquiocupación”. Sí dan otros datos cómo los relativos al número de personas que se declaran con miedo a la ocupación o de cuántas familias ya disponen de sus productos, cerca de 5,7 millones en 17 países. 

Lo mismo sucede con los anuncios de este tipo de servicios en Idealista, donde tampoco aparecen cifras relativas a su porcentaje de éxito en casos de ocupación. Ni siquiera proporcionan información sobre el número de viviendas que se han visto afectadas por intentos de ocupación, pese a que en la descripción del Seguro Anti Okupas que ofertan apelan a esta amenaza y la sitúan como un peligro permanente. Por un importe de 39,85 euros anuales, prometen cubrir al casero en caso de poder demostrar pérdidas financieras asociadas con la ocupación ilegal de sus propiedades. Las opiniones de los clientes, exhibidas en las webs de ambas empresas, dejan claro que las personas que han contratado los servicios se han sentido “mucho más tranquilas y seguras” desde que disponen de estos dispositivos, aunque ninguna traslada haber sufrido intentos de ocupación.

A juicio de los sindicatos provivienda, existe todo un negocio en torno al “miedo a la inquiokupación” difundido desde determinados medios, principalmente de derecha. Desde el Sindicato de Inquilinas mantienen que “durante los últimos años las campañas contra la okupación en algunos medios han sido muy frecuentes y alarmantes, hasta el punto de que gran parte de la población vive atemorizada de que alguien okupe su casa”. 

En este sentido, Palomo asevera que “ha salido todo un negocio, ya no solamente de las empresas de antiokupación, sino también de alarmas y seguros inmobiliarios que garantizan una fuerte protección al propietario: como la Agencia de Negocios de Alquiler, Alquiler Seguro y todas estas que gastan un fuerte patrimonio en publicidad, sobre todo en las radios, para meter mucho miedo a la gente y lo que está haciendo es criminalizar a los inquilinos”, recalca Palomo. Por su parte, desde Acción contra el Odio indican que “la visibilidad de estas empresas corre paralela a los alarmistas discursos sobre la ocupación de vivienda, que hace que la opinión pública crea que hay casi 1.000 veces más ocupaciones de las que existen”. 

El negocio de estas empresas se mantiene a flote gracias a la impunidad de la que a menudo gozan quienes obtienen beneficio de ese miedo pese a llevar a cabo acciones delictivas. Desde organizaciones como PAH Vallekas señalan directamente a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado por no actuar con la contundencia necesaria cuando una víctima llama para informar sobre el acoso que está sufriendo.

Palomo afirma que muchos policías, cuando hay un conflicto, “no detectan que hay un delito de amenazas o de coacciones sobre la vivienda y tratan de diluir el asunto en vez de tomar acta de que se está cometiendo un delito o en el peor de los casos vemos que incluso dan la razón a la empresa”. Esta situación se está dando actualmente, afirma, de forma primordial en barrios vulnerables. En septiembre del año pasado, activistas de la PAH de Carabanchel denunciaron la complicidad explícita entre Desokupa y la Policía cuando un trabajador de la empresa liderada por Daniel Esteve llamó a la Policía Nacional para ponerla en aviso, haciendo posible un operativo de cerca de 45 efectivos. El despliegue contó con un frente integrado por 15 trabajadores de Desokupa insertos en el cordón policial.

En los casos en los que las víctimas consiguen sentar en el banquillo a las empresas, es habitual que estas queden absueltas o que la causa acabe archivándose. Miguel cuenta que cuando sus acosadores tuvieron que rendir cuentas ante los tribunales “se señaló una primera fecha para juicio y, a causa de un extraño error en los juzgados, se juntaron dos causas y ese juicio se suspendió. Después se dijo que nos iban a llamar para un segundo juicio y resulta que ese juicio se llevó a cabo sin nuestra presencia, es decir, sin contar con los perjudicados y demandantes y se sentenció absolviéndolos”, traslada el afectado.

El mercado de la vivienda vive una constante tensión entre dos extremos: por un lado, personas que cada vez se dejan más dinero en un lugar para vivir o que no pueden permitirse una casa y, por otro, inversores que sacan partido a su dinero con unas expectativas de rentabilidad cada vez más golosas. A la escasez crónica que sufre el parque de vivienda español, se suma la potencialidad de un modelo de inversión que parecía no tener fin en términos de rentabilidad, pero que inevitablemente cambia a tenor de la nueva regulación de vivienda y del clamor que social que pide blindarla como un derecho. 

En un informe de la consultora inmobiliaria JLL sobre la rentabilidad de la modalidad built to rent (anglicismo que designa en la jerga inmobiliaria la inversión en construcción de vivienda nueva para alquiler) se habla de la potencialidad de este sector a medio plazo, para el que auguran un fuerte crecimiento. Pero en una nota al pie lanzan un aviso a navegantes: “este informe fue realizado antes de que trascendiese el acuerdo para la aprobación en el Congreso de los Diputados de una nueva Ley de Vivienda”.

Y es que la norma parece estar cambiando los vientos especulativos: “El pasado marzo pudimos hacer una primera estimación de número de alquileres temporales respecto al número de alquileres habituales y lo que se ve claro es la tendencia a partir del 2022 de esquivar los contratos de larga duración para buscar fórmulas más ‘flexibles’, de menor duración y que no tengan tope de precios”, explican desde el Sindicat de Llogateres de Catalunya. 

Para ellos “el punto de ruptura es la ley de vivienda”, que deja un resquicio en la norma que desprotege a los inquilinos cuando se trata de alquileres de temporada. “La falta de regulación de los alquileres temporales y de habitaciones se ha convertido en un incentivo para que rentistas y especuladores expulsen a los inquilinos de toda la vida y desvíen los alquileres de uso residencial hacia estas opciones donde pueden eludir las protecciones ofrecidas por la ley de arrendamientos urbanos”, protestan.

De hecho, en los datos que extraen de Incasol, el organismo público que se encarga de gestionar las fianzas en Cataluña, se intuye esta dinámica. Según sus estimaciones, en el segundo trimestre de 2022 —antes de la ley— se firmaron 330 contratos de temporada, y en el segundo de 2023 —ya con la norma en marcha—, se suscribieron 2.021 (se multiplican por seis); en el tercer trimestre de 2022 fueron 591 y en el mismo de 2023, 4.389 (se multiplica por 7,5). Esta forma de arrendamiento elude protecciones como aplicar gastos extra u honorarios de inmobiliaria, limitaciones de precios o propicia la rotación, ya que los contratos se rescinden con más frecuencia. 

En el terreno de las inversiones también hay indicios de este comportamiento. De hecho, hay otro anglicismo que está ganando espacio: el flex living o alquiler flexible, un modelo a medio camino entre el hotel y la vivienda destinado a nómadas digitales o personas que necesitan una casa por poco tiempo. Las promotoras lo definen como un “sistema de alojamiento que ofrece una flexibilidad única, servicios de calidad y una comunidad integrada para quienes buscan comodidad sin compromisos a largo plazo”. Pero para el sindicato de inquilinas es una forma de esquivar las restricciones que impone la ley de vivienda al alquiler, ya que la norma no regula el alquiler de corta duración y por habitaciones. “El alquiler por habitaciones o de temporada no da ninguna garantía a los inquilinos”, señala el Sindicat de Catalunya, que se muestra muy crítico con este tipo de negocio inmobiliario. Otra derivada es el modelo conocido como coliving, que consiste en alquilar edificios directamente por habitaciones. 

Algunas de las inversiones y desinversiones que se están dando siguen el compás de estas tendencias que van cambiando en el mercado inmobiliario. Recientemente, los fondos de inversión Blackstone, Cerberus y Ares han mostrado su intención de poner en el mercado 25.000 viviendas de alquiler en España, tal como informó el diario económico Expansión. Gestoras como Avalon y Fidere —la socimi del fondo norteamericano BlackStone— han puesto a la venta bloques y viviendas para alquiler que alcanzan un valor conjunto de 3.300 millones.

Por otro lado, las tipologías de alquiler flexible ganan peso y empresas de inversión como CBRE ponen el foco en este modelo. “El flex living suburbano se convierte en la tipología de activo preferido para los inversores”, señalan en un estudio sobre tendencias inmobiliarias. En cifras, CBRE apunta que más de la mitad de los inversores que encuestaban para su informe “planean incorporar más de 1.000 unidades flex living a sus carteras”.

En el lado social de la vivienda, los avances van despacio, pero en el ámbito de las inversiones cualquier pequeña variación parece reorientar los intereses de cara a obtener rentabilidad. Es el juego de los mercados. “Históricamente, la inversión inmobiliaria, ya sea por socimis, por fondos o de manera individual a través de sociedades, no iba mucho más allá de comprar y vender, pero en los últimos cinco años las tendencias han cambiado”, señala Jordi Andreu, profesor de finanzas de OBS Business School.

“Hemos visto, no sé si derivado de la ley de vivienda o por otras influencias, que estrategias de inversión inmobiliaria típicas de mercados anglosajones se han ido importando. Inversores un poco más jóvenes han ido cogiendo ideas de fuera, sobre todo de Estados Unidos, y han ido importando ideas de inversión como el flipping, que es comprar, reformar y vender; o el flex living, ya sea por habitaciones o por apartamentos”, concluye el profesor.

En el lado de los consejos de inversión, este discurso se replica. “Los nuevos modelos sociales están redefiniendo profundamente el uso de los espacios residenciales, favoreciendo soluciones como residencias de estudiantes, viviendas para jóvenes profesionales o de uso mixto”, apuntan los analistas Nina Majstorovic y Thomas Friedberger, de la gestora de fondos Tikehau Capital, que señalan este modelo como un ámbito con “oportunidades”. De nuevo, patrones de vivienda destinados a gente que está de paso.

La pasada semana, el director de la empresa pública de vivienda de Navarra, Javier Burón, plantaba en un foro de infoLibre que una regulación que acotase los movimientos especulativos podría sacar del mercado, por sí sola, a quienes buscan solo un margen de beneficio cada vez más amplio. La hipótesis, aunque es pronto para medir los impactos de una regulación aún muy incipiente en su aplicación, parece encaminada y coincide con los análisis del mercado. “Se puede decir que la gran mayoría de los inversores que antes se fijaban en Cataluña, por ejemplo, desde que empezaron las leyes de grandes tenedores y los controles de precios se han ido a Valencia o Madrid”, señala Andreu.

El diagnóstico de los sindicatos es que este desplazamiento de los intereses inversores seguirá perjudicando la evolución de los precios mientras la ley no aborde este tipo de contratos cortos en los que se da, insisten, “una absoluta desregulación”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó este viernes a España y a otros países europeos, como Portugal e Irlanda, actuar ante la crisis de la vivienda y alertó de que lastra el crecimiento económico.

"España y muchos otros países de Europa —entre ellos Portugal e Irlanda— deben centrarse en la crisis de la vivienda, en la crisis de asequibilidad, y actuar, no solo por un tema de accesibilidad económica, sino también por cuestiones estructurales", declaró el director del Departamento Europeo del organismo, Alfred Kammer, durante una rueda de prensa.

Kammer apuntó que "la vivienda social financiada por los Gobiernos ha disminuido considerablemente en las últimas décadas" en el conjunto de Europa, lo que ha supuesto un problema en muchos de sus países.

"Se refleja en el incremento de los precios de la vivienda y en la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una casa asequible, lo que también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico", comentó.

En su opinión, esto dificulta, sobre todo, a los jóvenes mudarse a centros de alta productividad, donde los salarios son mayores. Cuando esto no puede ocurrir, se genera un gran freno al crecimiento que afecta al conjunto de la sociedad.

"Necesitamos actuar en materia de planificación y zonificación para crear el entorno adecuado que permita construir más viviendas", afirmó.

España atraviesa desde hace unos años una crisis habitacional marcada por la escasez de oferta asequible y aumentos históricos en los precios. El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años.

Según el Banco de España, faltan unas 700.000 viviendas en el mercado para cubrir el déficit entre oferta y demanda. Esto no es solo porque no se construya a un ritmo suficientemente rápido, sino, porque muchas de las que existen están destinadas a alquiler vacacional.

“Redy, set, invest” o lo que es lo mismo “preparados, listos, a invertir”. Es el lema con el que comienza este martes The District World Summit 2025, “el mayor congreso inmobiliario de Europa”, según se presentan en su página web oficial. Este encuentro reúne en Barcelona a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año pasado) y 2.500 inversores internacionales “de los principales fondos” para hablar del mercado inmobiliario y de las oportunidades que ofrece. Y es en este punto, justo en las oportunidades que brinda este mercado, donde los colectivos sociales de vivienda y la percepción ciudadana chocan con la narrativa inversora. 

El año pasado la apertura de este congreso estuvo marcada por las protestas de sindicatos y asociaciones que clamaban contra la especulación y en esta edición las críticas se sostienen. "Aquí no nos encontramos con un problema de vivienda, sino con un conflicto. Los intereses de quienes se reúnen estos días para potenciar su negocio inmobiliario son contrarios al derecho a la vivienda de la mayoría", señala Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. "No se puede hablar de hacer políticas de vivienda y acoger este tipo de encuentros", puntualiza.

De hecho, los datos del mercado de la vivienda no dan tregua. El esfuerzo de compra en el tercer trimestre de este año ha crecido dos décimas, hasta el 34,8%, según un informe de la consultora Tinsa publicado este martes. Por otro lado, los cálculos del análisis apuntan que en las ciudades de Cádiz, Madrid, Málaga, San Sebastián y Barcelona, "es necesario destinar más del 50% de la renta disponible para pagar la hipoteca".

En la feria inmobiliaria se comienzan a reunir ―desde hoy hasta el jueves― diferentes empresas de toda la cadena de valor del sector, desde fondos de inversión e inmobiliarias a despachos de abogados, bancos, consultoras o socimis. Para acceder a este foro de negocios, las entradas oscilan entre 150 euros (el pase básico de un día), hasta los 1.990 del platinum pass, que da acceso a todo el recinto y a “dos almuerzos de liderazgo”, entre otras cosas.

En el otro lado se sitúan colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, año tras año, levanta la voz contra este evento, al que define como “un festival de especulación” y sostiene que el enfoque de este encuentro profundiza “en las dinámicas de expolio y acumulación que nos han llevado al escenario actual”. 

Este martes, las ponencias trataban sobre cambios en el mercado, regulación, tipos de interés o políticas sobre vivienda, pero también sobre modelos de negocio inmobiliario que han crecido al calor de unos precios que cada vez se alejan más de la clase media trabajadora. 

Un ejemplo es la compra por habitaciones, un modelo en el que lo que se adquiere es una habitación en un piso que es propiedad de varias personas. “Compra una habitación. Empieza a construir tu patrimonio”, reza el eslogan de una de las start-up ponentes. En las ofertas que aparecen en la web, los precios por hacerte propietario de un cuarto van desde los 62.600 euros por un dormitorio de 14 metros cuadrados en Fuenlabrada (Madrid), hasta, por ejemplo, 88.700 euros por otro cuarto de 29 metros en Alcalá de Henares, también en Madrid.

En otra de las charlas se presenta el denominado “crowdfunding inmobiliario”. Un modelo de inversión en el que se pueden aportar cantidades desde 100 euros a promociones inmobiliarias que prometen rentabilidades de hasta los dos dígitos. Todo por medio de una web repleta de gráficos intuitivos y sin moverte de tu casa.

“Construye tu patrimonio, recibe tus rendimientos y paga menos impuestos”, reza la consigna de otra de las empresas que se presenta este primer día. Y es que, en un mercado de la vivienda que aumenta de precio sin parar, poner el dinero en ladrillos, aunque sean digitales, es casi un sinónimo de ganancias. Eso sí, una pequeña nota al pie advierte a navegantes: "Cuanto mayor es la rentabilidad ofrecida, mayor es el riesgo de pérdida de capital o de impago de los intereses", por lo que existe "el riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido", concluyen en su web una de estas empresas.

Además de start-up y nuevas tendencias de inversión, en Barcelona también se reunirán nombres conocidos del sector inmobiliario. Entre los grandes inversores está el fondo alemán Patrizia, uno de los más grandes de Europa y que el año pasado vendió una cartera de 540 viviendas en Cataluña. Otro nombre que aparece es TPG Europe, un fondo de capital riesgo con nacionalidad estadounidense que en 2019 entró en el consejo de la socimi creada por Sareb, la entidad pública denominada como el "banco malo" que se quedó con miles de viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

También la gestora de fondos francesa, Tikehau Capital, con una cartera amplia de inversiones inmobiliarias, aparece representada entre los ponentes. La compañía se ha asociado en 2025 con la española Almond Real Estate para lanzar una socimi especializada en coliving (o vivienda granular, como se denomina en la jerga del sector al alquiler de corta duración por habitaciones). Esta entidad poseía a comienzos de este año alrededor de 2020 y, tal como informaba el periódico Expansión, su objetivo era alcanzar una cartera de 500 casas por un valor de entre 200 y 250 millones.

Starwood Capital Group, es otro de los grandes fondos que participan. Con sede en Miami, estuvo a punto de adquirir a comienzos de este año la promotora inmobiliaria española Aedas por 1.250 millones, aunque lo que iba a ser una de las mayores operaciones inmobiliarias desde la burbuja se frustró en medio de la tormenta comercial desatada por los aranceles de Trump y terminó en manos de Neinor por 1.070 millones, otra promotora que no se ha perdido el evento de The District y que posee suelos con capacidad para construir 43.000 viviendas.

La propia Aedas, que no figura entre los ponentes, pero sí entre los partners del evento, es una de las promotoras más importantes de nuestro país y sus números marean. Ingresó 185 millones en los primeros tres meses de su ejercicio fiscal, entregó 423 viviendas a particulares y el precio medio de estas fue de 404.000 euros, según detallan sus cuentas.

La lista de fondos, bancos, promotoras o socimis, entre otras, llega hasta un total de 357 (medio centenar más que el año pasado), todas ellas vinculadas al ámbito inmobiliario de alguna forma. Entre los patrocinadores institucionales, aparece el ministerio de Vivienda junto con la Comisión Europea y, además, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid. Estos últimos, en una nota de prensa, anunciaban también su participación como ponentes para dar a conocer "el Modelo Madrid y las medidas que estamos desarrollando, como la movilización de todo el suelo disponible o la flexibilización de la normativa urbanística". Para el Sindicat de Llogateres la contradicción es manifiesta: "esos encuentros sirven para ver como estas grandes empresas pueden hacer frente a las pocas leyes que hay y que, de alguna manera, protegen a los inquilinos", protestan.

La vuelta de las vacaciones no trae buenas noticias para quienes quieran comprarse una casa. Mientras el precio de la vivienda de segunda mano supera los niveles de la burbuja inmobiliaria —la tasa de incremento se situó en el 12,7% en el segundo trimestre de este año, según el INE—, los extranjeros compran más casas y el sector del lujo crece al calor de la inversión. 

“España se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para la inversión en inmuebles de lujo en Europa”, señala el Informe Sectorial Inmobiliario, realizado por CaixaBank Research y publicado este viernes. Y es que, ni el coto a las Golden Visa —que concedían automáticamente la residencia a personas que comprasen una casa de más de un millón de euros— ni las medidas que se han tomado para tratar de frenar las tensiones en el mercado de la vivienda consiguen que esta deje de ser un caramelo demasiado tentador para inversores y compradores extranjeros.

La escasa oferta, que no consigue adelantar a la demanda de casas, es uno de los principales factores, pero a esto se suma el atractivo de los inmuebles de lujo, que ganan peso en regiones como Baleares (concentra el 23% de la oferta en viviendas de este tipo en España) o Málaga, que aglutina un 20%. A estas les sigue Madrid, con un 14% de las ofertas consideradas de lujo, y la costa mediterránea (Alicante, Barcelona, Girona), de acuerdo con los datos del portal inmobiliario Idealista. 

Pero, ¿qué se considera una vivienda de lujo? Según Fotocasa y la inmobiliaria Infinitum, lo son aquellas cuyo precio supera los 800.000 euros.

Tania Moya forma parte de la plataforma ciudadana Málaga por la Vivienda y reside en una de las ciudades que más oferta de lujo mantiene. “Este modelo del lujo está afectando al mercado. En la provincia tenemos mucha demanda extranjera y poco suelo, lo que hace que se disparen los precios. Es algo que puede parecer que da prestigio a la ciudad, pero que lo que hace es poner más tensión en el mercado”, lamenta. “No solo hay inmuebles de superlujo, también casas por más de 800.000 euros, que se pueden considerar como tal”, concluye. 

El estudio de CaixaBank señala que en Baleares el déficit acumulado de vivienda “no es especialmente elevado”, pero esta región es la que más ha visto aumentar los precios frente al año pasado (10,4%) y destaca el peso del segmento del lujo como uno de los posibles motores de esta escalada en los precios. Es decir, no es solo que haya pocas casas, sino que el tirón del lujo engrosa el porcentaje de viviendas que quedan fuera del alcance de quienes buscan un lugar para vivir.

Las casas de este tipo se venden tanto que, según Fotocasa, la oferta de vivienda con precios superiores a los 800.000 euros había crecido un 150% entre enero de 2019 y marzo del año pasado. La agencia Lucas Fox, especializada en comercializar este modelo, cifraba el crecimiento de la oferta de casas con un precio de 2,5 millones o más en un 7% solo durante 2024. El perfil del comprador fue, sobre todo, extranjero: “El 66,9% de los compradores fueron internacionales, mientras que el 33,1% fueron locales”. 

De hecho, el informe de Caixabank coincide en señalar que la compra de viviendas por parte de extranjeros es una tendencia que está al alza en España. Compran más, a precios más altos y buscan “ubicaciones turísticas” con “buena rentabilidad potencial”. Sus motivaciones son vacacionales, pero también de “inversión”, concluye el documento. 

El precio que pagan los extranjeros no residentes es casi el doble del que pagan los residentes o los ciudadanos nacionales. En concreto, quienes no viven en España de manera habitual pagaron, de media, hasta 3.063 euros por metro cuadrado en la segunda mitad de 2024, frente a los 1.713 euros que abonaron los locales o los 1.795 euros que pagaron los extranjeros residentes. Cabe destacar que lo que pagan quienes no residen en España ha aumentado un 38% desde 2019 sin que el ritmo de compraventa se resienta. 

La cadencia de compra por parte de extranjeros acomodados también ha crecido pese a los intentos del Gobierno de evitarlo. Un 18% de las compras que se realizaron el año pasado (133.000) fue realizada por ciudadanos extranjeros; esto supone un 37% más de las que hicieron en 2019, lo que revela una clara tendencia al alza que también corroboran las agencias especializadas. De hecho, más de 50.000 viviendas fueron adquiridas por personas no residentes en el último año. 

“Si la vivienda de lujo ocupa suelos urbanos que se destinan a gente que no vive allí, afecta al precio general de la vivienda”, explica Manuel Gabarre, investigador de vivienda del observatorio económico CODE. Al restringir la posibilidad de crear más vivienda asequible, quita espacio para otro tipo de modelos habitacionales a precios más populares. Gabarre apunta que la promoción de este modelo de casas ocupa más espacio, porque son inmuebles más grandes y el precio del suelo también se dispara debido a que las expectativas de sacar rentabilidad son mayores que si se destinasen a alquiler asequible.

Todo esto se agrava en un contexto donde el parque de vivienda pública es casi inexistente, puntualiza Gerardo Roger, arquitecto y profesor de urbanismo. “El precio de la vivienda de lujo lo marca el que más puede pagar por ella”, explica, porque las casas son artículos singulares que no responden solo a la oferta-demanda. “Un solar en el Paseo de Gracia de Barcelona o en la Gran Vía de Madrid posee un valor de ubicación propio. Tendrán un precio siempre al margen de la oferta y demanda porque lo fija el que más quiera pagar por ella”, explica. Pero matiza que si existiese un parque de vivienda púbico en alquiler asequible, el precio de las viviendas medias “se moderaría” y la influencia del lujo en el arrastre de los precios al alza se limitaría. 

“En Europa hay alrededor de un 9% de vivienda pública sobre el total, en Países Bajos llega al 30%, pero en España estamos en torno a un 2% de vivienda protegida. Si tuviéramos un millón de viviendas públicas asequibles, la vivienda media, sin contar la de superlujo —que se rige por otros parámetros— acomodaría los precios, ya que bajaría la demanda de viviendas normales”, concluye el profesor. 

Desde la plataforma Málaga por la Vivienda, Moya explica que más allá de las viviendas que se construyen destinadas a millonarios, el precio de muchas promociones las convierte automáticamente en artículos de lujo. “En la zona de Sacaba [un barrio del litoral de Málaga] las viviendas que se construyen, sin estar calificadas como de lujo, rondan los 800.000, en un sitio que hace pocos años era un barrio obrero y de pescadores”, concluye. 

A José Ferreira la compra de su vivienda en Madrid por parte de un fondo de inversión le pilló por sorpresa. Ocurrió hace dos años, cuando les notificaron que sus contratos de alquiler no se iban a renovar y que debían abandonar sus casas, pero los vecinos se negaron. Hoy, en la estrecha calle adoquinada de San Ildefonso, situada en el barrio madrileño de Lavapiés, su portal es un ir y venir de obreros y materiales de construcción almacenados a la puerta. “Su intención era vaciar el edificio, hicimos ofertas para tratar de renegociar los contratos e incluso intentamos formar una cooperativa de vivienda en cesión de uso y comprar el edificio”, explica Ferreira. Nada de eso funcionó y aquí comenzó su penitencia burocrática y unas obras interminables con las que llevan tiempo conviviendo.

La casa en la que vive Ferreira fue adquirida por la empresa Atm Tyr Real Estate SL, una sociedad creada poco antes de la compra del bloque y en la que confluyen Trier Capital España S.L. y Taviria Capital SL, según explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que les asesora en este laberinto burocrático. Cuando trataron de proponerles una compra para crear una cooperativa en cesión de uso, el precio fijado echó por tierra cualquier posibilidad: la empresa pidió 5,1 millones de euros.

Uno de los atractivos del edificio para el negocio inmobiliario es que es de propiedad vertical, es decir, todo es de un mismo propietario. Esto resulta muy atractivo para los inversores porque, en Madrid, el Plan Reside impulsado por el ayuntamiento prohíbe los pisos turísticos dispersos en el centro de la ciudad, aunque los permite cuando el bloque entero está destinado a ese modelo de negocio. “Esta legislación es un incentivo para que los propietarios de bloques transformen los edificios de uso residencial, en vivienda turística de forma muy sencilla”, explica Alejandra Jacinto, abogada experta en vivienda. “Es una iniciativa que no soluciona lo que hay y que agrava el problema”, concluye.

“Lo habían comprado por 4,4 millones y pretendían venderlo en 5,1 millones. Evidentemente, se descartó la posibilidad”, señala José Ferreira. Después, la propiedad del edificio pasó a manos de otra sociedad y las comunicaciones se cortaron. “Fue la segunda venta en menos de un año, pero tampoco nos lo notificaron. No hemos tenido ningún contacto con la propiedad desde entonces, hemos escrito correos a través del sindicato, reiterando nuestros propósitos de adquirir el inmueble, de negociar contratos…”, concluye. Lo que sí recibieron fue un burofax que les instaba a marcharse y una oferta informal de 3.000 euros si lo hacían de forma inmediata.

En este momento, viven vecinos en nueve viviendas, siguen pagando el alquiler aún fuera de contrato, pero nada ha funcionado de momento para evitar el desalojo. Así, en marzo de este año comenzaron las obras en el edificio. “Han demolido 15 viviendas de un plumazo y convivimos con esto. El propósito no es otro más que incomodarnos, aunque ellos se acogen a que han firmado una declaración responsable para iniciar las obras”, concluye.

Más obras y silencio absoluto por parte de los propietarios es lo que están viviendo Joan Álvarez y su familia. Otros inquilinos, en este caso del barrio Gótico de Barcelona, que saben bien lo que es encontrarse con que su casa sea un activo de inversión con altísima rentabilidad. Después de 25 años viviendo en el mismo piso, los herederos de la propietaria, una gran tenedora, decidieron rescindir los contratos de los vecinos. Aquí empezó un proceso de negociación que tiene muchos paralelismos con el que está viviendo Ferreira en Madrid. “Intentamos negociar una renovación, pero se negaron y continuamos pagando. Acudimos al Sindicato de Llogateres de Cataluña y después ya no volvimos a hablar”, explica. “Se negaron a hablar con nosotros pese a que enviamos correos regulares invitándoles a hacerlo. El único contacto que recibimos fue por parte de su abogado y lo hizo para advertirnos que no debíamos intentar comunicarnos con los propietarios”.

Enfrentarse a un fondo o a una empresa inversora requiere también un curso acelerado de terminología jurídica, marcos legales, plazos y un sinfín de documentos. Joan, que vive con su pareja y su hija de 17 años, hace hincapié en que ha cambiado la forma de concebir la vivienda: “ya no somos inquilinos, sino personas a las cuales se les puede sacar el máximo dinero posible”, señala. Relata que cuando llegaron a la finca en la que viven, ellos pagaban y sentían que sería su casa para siempre, ya que su casera era una gran tenedora, pero eso ha cambiado porque su hogar se han convertido en un activo de inversión cada vez más rentable. Para Joan no es una cuestión de buscar otro lugar, sino del constante peregrinaje al que se ven sometidos quienes viven en alquiler: “Nos vamos a ir de aquí, ¿para qué?, ¿para que nos echen en cinco años de otro piso porque quieren subir el precio?, ¿y cuándo tenga 80 años sigo con la mudanza?”, concluye. Un montón de preguntas sin una solución aparente a corto plazo.

Txema Escorsa es vecino del barrio de Gràcia de Barcelona, aunque no sabe por cuánto tiempo. “El edificio, que tiene 11 viviendas, lo compró un fondo de inversión holandés en diciembre de 2023. El anterior propietario ya había dejado de renovar los contratos cuando decidió venderlo y los nuevos dueños nos notificaron que tampoco lo harían porque querían hacer reformas”, explica. Las reformas resultaron ser para la construcción de un coliving, una modalidad de alquiler por habitaciones y de corta duración que no está sujeto a las restricciones de la ley de vivienda, por lo que permite precios por encima del tope que impone la regulación autonómica de Cataluña. “Están troceando cada piso vacío en tres habitaciones. Los vecinos que quedamos pagamos un alquiler por piso de en torno a 800 euros, ellos alquilan cada habitación por hasta 980 euros. Sacan unos 3.000 euros por piso”, resume. "El mayor problema que estamos viendo los sindicatos en las zonas donde si se aplica la regulación de precios es que la Ley de Vivienda no incorporó ni los alquileres temporales ni los colivings", señalan desde el Sindicat de Llogateres. Esto, advierten, lleva a que se estén desviando los contratos de alquiler habitual hacia estas modalidades para esquivar la norma. “Está provocando una oleada de expulsiones masivas”, concluyen.

Como en las anteriores historias, también ellos, cuando se negaron a marcharse, comenzaron una penitencia burocrática y judicial que sigue su curso. “Todo el año pasado estuvieron haciendo obras y ahora, quienes nos hemos quedado, tenemos sobre la mesa demandas por desahucio”, detalla Txema. Cuenta que han pedido nuevos contratos y están tratando de negociar, asesorados por el Sindicat de Llogateres, pero la comunicación es nula.

El fondo, New Amsterdam Developers, puso en cada bloque que adquirió un administrador de fincas que se reunió con los vecinos, pero solo para ofrecerles una prórroga de seis meses para vaciar la casa. “Lo más cerca que hemos estado de hablar con ellos ha sido en febrero, a través de los abogados, que vinieron para decirnos que querían que nos fuéramos. Además, argumentaban que al tratarse de un fondo extranjero, eran muy poco permeables a nuestra situación y a las demandas que pudiéramos hacer”, concluye. A la diferencia de fuerzas entre unos pocos inquilinos contra un fondo de inversión internacional, se sumaba aquí una cadena de intermediarios que complica mucho más una negociación razonable. “Con la práctica te vas haciendo experto en temas de leyes, qué aplica o no a tu caso y a qué administraciones acudir para que se cumplan… Es un máster acelerado”, explica el vecino de Gràcia.

A todas estas conversaciones subyace el convencimiento de estar luchando por un derecho, pero también muchas dudas acerca de si lo lograrán. “Estamos a la espera de que se regule el alquiler por habitaciones y el temporal y, aunque no garantiza nada, estamos haciendo esto como una denuncia pública”, concluye Escorsa. Joan Álvarez también insiste en que “el alquiler está dejando de ser una opción” y resalta el sinsentido que supone tener que elegir entre comprar una vivienda a precio estratosférico o “acostumbrarnos a vivir permanentemente con la mochila puesta”. Para José Ferreira lo que peligra, además de su casa, es la estructura misma de una ciudad que corre el riesgo de volverse decorado: “Hemos cambiado a los antiguos caseros por nuevos rentistas y eso va a cambiar también la morfología de la ciudad”.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas danesas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas danesas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas suecas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas suecas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

En el rio revuelto de la vivienda proliferan las estrategias para pescar rentabilidad, pero también los modelos que tratan de contener la especulación. De un lado, las asociaciones de vivienda y sindicatos de inquilinos piden una intervención que frene la escalada de precios, y de otro, un mercado inmobiliario expansivo atrae a inversores que ven crecer sus ahorros transformándolos en inmuebles, pero que contribuyendo a la escalada de los precios. "Ahora mismo los alquileres y la vivienda en general son inversiones muy suculentas. Esta es la fuente del problema, por eso debemos terminar con el negocio de la vivienda", explica Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. El contrapunto son otros modelos, como las viviendas colaborativas en cesión de uso que la Comisión de Vivienda del Congreso propuso como opción alternativa al uso especulativo del suelo. Un modelo de vivienda colectiva en el que una cooperativa es propietaria del edificio y sus miembros tienen derecho a usar las viviendas de por vida y por una cuota mensual a un precio razonable. La idea es que no se pueda vender ni especular con las rentas.

En España la compraventa de inmuebles cerró el año pasado con un aumento del 10%, con 2,2 millones de transacciones. El impulso llegó sobre todo en la segunda mitad, a partir del mes de agosto y coincidiendo también con una dinámica de tipos de interés a la baja que facilitaban el acceso al crédito. Por otro lado, una demanda que no cesa y una oferta muy ajustada, están haciendo que los precios de los inmuebles no paren de subir. Así, la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizada hasta el tercer trimestre de 2024, muestra una curva muy golosa para los inversores, con una tendencia clara al alza en la última década. Lo más llamativo es que el año pasado fue también el más caro de la historia en lo que a vivienda se refiere: el importe medio de las casas llegó hasta los 2.086 euros por metro cuadrado, según la estadística de los Registradores. Ni en los años previos al estallido de la burbuja los precios estaban en esos niveles.

Y en un contexto donde se necesitan más viviendas y los precios solo suben, proliferan nuevas formas de sacar provecho. “Identificamos oportunidades inmobiliarias. Se realizan las reformas necesarias y se prepara el inmueble para su futura explotación. Gestionamos el alquiler y distribuimos los rendimientos generados entre los inversores. Vendemos ¡y cobras plusvalías!”, así se publicita una empresa dedicada a la tokenización de casas. Esta  actividad consiste en dividir un piso en porciones pequeñas o tokens y después distribuirlas entre inversores que compran de manera digital estas porciones de casas, con importes desde 100 euros. Los rendimientos se obtienen por el alquiler o la venta del piso y se abonan a los inversores en proporción al dinero que han puesto. En un mercado de la vivienda que no para de engordar sus precios, poner el dinero en ladrillos, aunque sean digitales, es casi un sinónimo de ganancias.

Para los pequeños inversores el mercado inmobiliario no es una opción debido a los altos precios, por eso han proliferado sistemas para atraer a estos capitales menores. Cuando no se puede comprar un piso para revenderlo o para destinarlo al alquiler hay otras formas de acceder a una pequeña porción del pastel a través de los conocidos como crowdfunding inmobiliarios. La idea detrás de esto es generar un modelo de financiación colectiva en el que, a través de una plataforma digital, se pueden aportar cantidades desde 50 euros a un determinado proyecto y recuperar la inversión con intereses cuando este termina.

"Mientras el negocio de la vivienda siga siendo tan rentable, siempre primará eso por encima del derecho de los vecinos", apunta el portavoz del sindicato. En una vivienda cooperativa en cesión de uso, en cambio, jugar con el capital invertido no es una opción, porque la propiedad nunca es privada de una sola persona sino un bien en uso y el inquilino es un socio de la cooperativa titular. Por otro lado, en general, suelen requerir una aportación inicial para su construcción (que en muchos se puede recuperar si se abandona el inmueble) y unas cuotas mensuales de mantenimiento que no se rigen por los precios de mercado.

En estos aspectos se han fijado quienes tratan de poner hacer efectiva la proposición no de ley destinada a desarrollar este sistema. "Además de un modelo de gestión, la vivienda cooperativa en cesión de uso puede ser un modelo de vida, al que hay que dar más cabida y recorrido, porque puede ser el camino de salida al problema del acceso a la vivienda y debe tener el impulso de todas las administraciones", defendió la diputada socialista Isabel Pérez en el Congreso. Aunque por el momento esta propuesta no tiene carácter vinculante, ha dado protagonismo a modelos de vivienda menos destinado al lucro y más próximos a crear comunidad.

Porque además, que se sepa, la empresa constructora, que por otra parte ha adquirido al gobierno correspondiente unas 5.000 hectáreas circundantes, es americana. Dicen las malas lenguas que es propiedad de unos fondos de inversión radicados en las islas del Mar de Estados Unidos (lo que antes se llamaba Mar Caribe o Golfo de México). Se rumorea que dichos dineros son en realidad una miaja de los que tiene por ahí escondidos el hombre más rico del mundo, de cuyo nombre no me acuerdo. Por cierto, las inmobiliarias clásicas han entrado en pánico; se les ha excluido del negocio.

La citada empresa —se omite su filiación para que el Tribunal de la Haya no la persiga— publicitaba el primer chalet en el Aneto con el eslogan “nunca había soñado vivir tan cerca del cielo”. A lo que después añadió: “La casa-cielo al alcance de todos”. Y, en letras más pequeñas: Lo dice la IA casi ecológica, que por eso ha propuesto que las casas se pinten de blanco y se construyan a una altura donde la contaminación del aire es nula. Así los “chaletes” han crecido sin tino. Tal idea de refugiarse en las montañas, por eso del aumento de la temperatura media global, no escapa a quienes niegan el cambio climático. En su descargo dicen que así lo disminuyen, pues van a construir un AVE hasta la base del glaciar pirenaico, así no habrá atascos en sus accesos.

Volviendo a la realidad; lo anterior debió ser un sueño. Me ha despertado del letargo mental una manifestación de ecologistas y gentes amantes de dejar tranquila la montaña. ¿Por qué piensan que siempre tienen razón en su defensa de la naturaleza? No era muy numerosa, pero chillona. Expresaban, también con cencerros de vaca, su oposición a la construcción de 2.200 viviendas a pie de pistas esquiables, en un antiguo pueblecito situado a unos 13 km andando del Aneto. En un valle que al paso que vamos se convertirá en la capital de los Pirineos. Aunque solamente sea en la temporada del crecimiento económico incentivado por el esquí masivo.

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Carmelo Marcén Albero es socio de infoLibre.

Las visas oro han quedado definitivamente derogadas después de que el Congreso aprobara el pasado día 19 la Ley de Eficiencia de la Justicia, donde se había incluido la enmienda que hace desaparecer este polémico instrumento para atraer inversiones. El pasado viernes la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero como no entrará en vigor hasta dentro de tres meses, hasta abril seguirán concediéndose permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones de 500.000 euros como mínimo.

Para entonces habrá pasado justo un año desde que el Gobierno anunció su supresión. Y no fue hasta el pasado noviembre cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó las cifras detalladas de autorizaciones concedidas desde que se crearon las visas oro, en 2013. Las colgó en el Observatorio Permanente de la Inmigración. Es la Unidad de Grandes Empresas-Colectivos Estratégicos (UGE-CE) del departamento que encabeza Elma Saiz la que centraliza la tramitación de todos los tipos de autorizaciones de residencia, pese a que en ella intervienen los ministerios de Asuntos Exteriores, Vivienda, Economía y Transformación Digital.

De acuerdo con esos datos, que se detienen en diciembre de 2023, ese año se concedieron 65.766 autorizaciones de residencia en aplicación de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores –que creó las visas oro– “y de otras figuras similares”, un 40% más que el año anterior. Si se cuentan sólo las otorgadas según esa ley, la cifra se queda en 65.404, la inmensa mayoría. En 2024, y tras anunciar el Gobierno en abril que iba a derogarlas, el número de solicitudes se duplicó, en un intento por conseguir a toda prisa los últimos permisos, según confirman los abogados e inmobiliarias que los gestionan. Es previsible que hasta abril se repitan las ansias por aprovechar los tres últimos meses de vigencia de las visas.

En realidad, el volumen de estos permisos de residencia llevaba multiplicándose desde 2021, pero escaló sobre todo desde la guerra de Ucrania, que estalló en febrero de 2022. De hecho, son los rusos los mejores clientes de este incentivo desde entonces. En total, se han concedido a ciudadanos de esta nacionalidad un total de 34.557 permisos de residencia al amparo de la Ley de Emprendedores y “otras figuras similares” en la última década. En 2021, el año anterior a la guerra, los rusos recibieron 3.146 de estas autorizaciones, que en 2022 se convirtieron en 6.925 y que se duplicaron en 2023, hasta alcanzar 14.179. Es decir, desde que Vladimir Putin invadió Ucrania, los permisos de residencia otorgados a sus compatriotas en España se multiplicaron por 4,5. De las 262.534 autorizaciones proporcionadas por España desde 2013, las conseguidas por los rusos equivalen al 13%.

La cifra es muy superior a la de las autorizaciones concedidas a ciudadanos chinos, 23.309 –el 8,8%–. Y desde luego la evolución de los permisos a los asiáticos ha sido más tranquila a lo largo de estos últimos años. En 2023 recibieron sólo 3.499. Es decir, España dio ese año cuatro veces más visas oro a rusos que a chinos. Aunque esa cifra equivale a un alza del 48% respecto a 2021, un aumento considerable, se sitúa lejos del récord ruso.

Estas cifras no se circunscriben a las llamadas visas de oro, pero prácticamente se reducen a ellas en el caso de ciudadanos rusos y chinos, teniendo en cuenta el perfil de los ciudadanos de estos países que solicitan los permisos previstos en la Ley 14/2013, y que no se corresponde con el de altos directivos, investigadores o nómadas digitales. Además, hay que añadir el hecho de que el 95% de las solicitudes recibidas son a cambio de inversiones en inmuebles. También se puede pedir el permiso de residencia temporal por invertir en deuda pública, en fondos de inversión o en empresas, pero de este tipo apenas se concedieron 313 autorizaciones en 2023.

La prevalencia rusa en España no deja de ser peculiar, porque de acuerdo con las cifras publicadas por la consultora británica Henley & Partners en su último informe sobre migración de patrimonios privados, China es el país del que más millonarios emigrarán en 2024, unos 15.200, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años, mientras que la salida de ultrarricos rusos no ha parado de menguar por culpa de las restricciones internacionales impuestas con motivo de la guerra: de los 8.500 que dejaron su país en 2022 se va a pasar en 2024 a sólo un millar, de acuerdo con los cálculos de Henley & Partners. De hecho, este año que acaba habrán salido de sus respectivos países, acompañados de sus patrimonios, más millonarios británicos, indios y surcoreanos que rusos.

También ha crecido notablemente el número de bielorrusos –tradicionales aliados del Kremlin– que han obtenido en España permisos de residencia a cambio de inversiones. Desde la guerra en Ucrania, se han más que duplicado. En total, han recibido 2.393. Muchos menos que los ricos ucranianos, 7.195 en la última década. Desde la guerra, su número se ha triplicado, hasta alcanzar los 3.601 en 2023. Y ello pese a que, si se considera la cifra total de ciudadanos de Ucrania que han conseguido autorizaciones de residencia de cualquier tipo, en 2023 sufrieron un enorme descenso, del 75%, respecto al año anterior: pasaron de 172.270 a 43.463.

A tenor de los datos, las sanciones y la mayor vigilancia a que se ha sometido a los ciudadanos rusos fuera de sus fronteras parecen no haber frenado la entrada en España de dinero procedente del país gobernado por Putin. El Gobierno tomó medidas para controlar los bienes propiedad de oligarcas del régimen en España, muchos de ellos sometidos a sanciones internacionales por su responsabilidad en la invasión de Ucrania. Lo que no significa que no haya lagunas por las que algunos han conseguido colarse.

Además, las visas oro han sido siempre un instrumento polémico. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

Las cifras publicadas por el Gobierno incluyen alguna sorpresa adicional. Por ejemplo, el tercer país con más permisos concedidos al amparo de la Ley 14/2013 “y de otras figuras similares”, tras Rusia y China, es Colombia, con 19.085 autorizaciones, después de que en 2023 su número –5.457– más que duplicara el de 2021. Le sigue Estados Unidos, con 16.872 permisos en la última década y el doble de autorizaciones en 2023 que dos años antes. También Argentina casi ha duplicado el número de permisos en estos dos últimos años.

Mención aparte merece el caso de Reino Unido. El Brexit ha expulsado a muchos millonarios de las islas británicas, y algunos han traído su dinero a España. En 2020, el año en que Londres abandonó la Unión Europea, el Gobierno español sólo concedió tres permisos de residencia de la Ley 14/2013. En 2021 ya fueron 1.467, que crecieron hasta 2.124 en 2022 y alcanzaron los 3.601 en 2023. En total, 7.195 británicos han conseguido una autorización temporal de residencia en España en esos tres años.

Los permisos de la Ley 14/2013 pueden ser de distintos tipos: para directivos y trabajadores de alta cualificación, para investigadores e incluso para teletrabajadores internacionales –desde 2022–. Para los primeros se han concedido 104.303 autorizaciones de residencia, y para inversores, 63.328. El ministerio no facilita información sobre la nacionalidad de unos y otros, los dos grupos más numerosos, seguidos de los investigadores –27.002–. Pero las autorizaciones a cambio de inversiones se duplicaron desde 2021 hasta 2023 en la zona que la estadística denomina “Europa sin UE/AELC [Asociación Europea de Libre Comercio]” y que incluye a Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Reino Unido.

infoLibre ha pedido al ministerio esos datos desglosados por nacionalidades, pero se ha negado a facilitarlos aduciendo razones de “seguridad nacional”. Sólo los publica por “áreas”. Así, la región que mayor crecimiento ha experimentado es la citada Europa sin UE/AELC, con aumentos superiores al 80% anual desde 2021. La segunda zona con mayor auge en concesiones es América central y del sur, con alzas muy inferiores –poco más del 20% en 2021 y 2023, y del 55% en 2022–.

Este periódico solicitó en septiembre de 2023 al Ministerio de Inclusión las cifras de los permisos concedidos según la Ley 14/2013, también los concedidos a ciudadanos de determinadas nacionalidades. Ante la falta de respuesta, los pidió a través del Portal de Transparencia de las administraciones. No hubo contestación en el plazo legal de dos meses, así que infoLibre hizo una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo independiente, encargado de promover la transparencia y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dictaminó en mayo de este año que el ministerio debía facilitar los datos solicitados en el plazo de 10 días. Pero no lo hizo. De forma que, siguiendo el procedimiento establecido por ley, infoLibre notificó en julio al ministerio que interpondría un recurso contencioso-administrativo para obtener los datos si en dos meses no cumplía la resolución del Consejo de Transparencia.

Este periódico no recibió ninguna comunicación al respecto hasta el pasado 3 de diciembre cuando, a través del Portal de Transparencia, le anunció que se abría el periodo de un mes previsto por la ley para tramitar la solicitud de información que había cursado el 23 de octubre de 2023; es decir, hacía más de un año. Al día siguiente, el 4 de diciembre, se le notificó que las estadísticas se encontraban publicadas en la web del Observatorio Permanente de la Inmigración. Esa comunicación se produjo un mes después de que, en efecto, las cifras fueran colgadas en internet y publicadas por varios medios de comunicación.

El ministerio ha explicado a este periódico que los datos fueron publicados tras haber sido “contrastados, comparados, actualizados y revisados”, siguiendo además diferentes criterios y directrices, entre ellos, los de “máxima transparencia” y el ya citado de “seguridad nacional”.

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

Los seis ancianos a quienes José Borque y su hijo salvaron el 29 de octubre de una muerte segura en una residencia en Paiporta acabaron recalando en otra de la localidad también valenciana de Picanya. El centro, aún no operativo aunque había anunciado su apertura para diciembre, está situado en las inmediaciones del barranco, que parte el pueblo en dos, y de un puente peatonal y otro para tráfico rodado que sucumbieron, como todos salvo uno en todo el municipio, por la fuerza de la riada. A pesar de su peligrosa ubicación, el agua sólo entró en el sótano y las cocinas, lo que permitió a la residencia Solimar alojar a los ancianos, a familias picañeras que se habían quedado sin casa, al personal y equipamientos del centro de salud que funcionaba, antes de la tragedia, a pocas manzanas de distancia e incluso, en un primer momento, a guardias civiles y mossos d’escuadra desplazados a la zona cero.

De no haber mediado las inundaciones, la inauguración del Solimar Picanya habría sido el final feliz de un proyecto que había arrancado dos décadas atrás, pero que se vino abajo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria al llevarse por delante a la promotora original.

Ese brusco pinchazo también llevó a Juan Antonio Clavería a cruzar el charco. Pasada la resaca, el empresario volvió a su tierra de la mano de una empresa panameña, Urbania Developer, que ha acabado convirtiéndose en un promotor destacado de vivienda en la zona ahora arrasada por el agua y el lodo.

El grupo francés Vivalto Vie (propietario desde 2020 de Solimar) y el emprendedor valenciano han vivido, pues, una experiencia similar: ciclo inversor al abrigo del bum hasta el estallido de la burbuja, lenta recuperación y nuevo bum, esta vez en un contexto de crisis habitacional por el encarecimiento exponencial de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades como Valencia. Hasta la gota fría de proporciones históricas que azotó parte del área metropolitana de la capital, todo parecía ir como la seda (inmobiliariamente hablando), con decenas de promociones, primeras, segundas y hasta terceras fases, carteles de todo vendido o reservado (salvo algún piso suelto, local o garaje) y la mayoría sobre plano.

Como publicó el diario económico Cinco Días, la población de la comarca de L’Horta Sud, la más afectada el pasado 29 de octubre, ha aumentado un 336% desde 1950 (la gran riada por la que se acometió el nuevo cauce del río Turia tuvo lugar siete años después) y un 661% la de Paiporta, bautizada como epicentro de la tragedia. Y como publicó Datadista, tres de cada 10 viviendas afectadas se construyeron en zonas inundables durante la burbuja. Lo que pasa es que, superada la resaca tras el crac, el negocio inmobiliario volvió a repuntar y un rastreo por las plataformas de compraventa, las páginas de las promotoras y otras fuentes arrojan un resultado demoledor: más de 3.000 viviendas entregadas recientemente o incluso en proceso de comercialización (mayoritariamente sobre plano), se ubican o ubicarán en zonas alcanzadas por el aluvión de la dana, según se desprende del cotejo de cada calle con obra nueva con el mapa cartográfico sobre la catástrofe elaborado por el Departamento de Geografía de la Universitat de València.

1.- Hasta hace muy poco, la web de Cubells Almenar informaba de que estaban haciendo lo posible por restablecer el servicio de sus oficinas, sitas en un bajo comercial anegado de Paiporta. En la pestaña de Promociones, una decena, todas desarrolladas en esta localidad inundada al 100% y, de ellas, siete atravesadas en diagonal por una banda con la leyenda vendido. Si se considera el histórico de proyectos, que suma a los anteriores los entregados en los últimos años, el volumen total de viviendas asciende a 727, de las que nueve de cada 10 se han erigido o están en proceso de hacerlo en calles dañadas por los desbordamientos. Ello se debe al casi monocultivo de esta promotora en Paiporta a la que, por cierto, califican en la última entrada de su blog (de febrero de 2023) como “un lugar para vivir ideal para ciudadanos sin estudios universitarios”.

2.- Promodern, inmobiliaria regional nacida en 1996 y con orígenes muy enfocados a la promoción de viviendas de protección oficial (VPO), ruega en su página web a “todos los interesados en la fase 3 del Residencial Nou Balaguera (Albal)” que “contacten nuevamente” con ellos “debido a que algunos archivos han sido destruidos por la dana”. Sus oficinas están, de nuevo, en un bajo, esta vez en Catarroja, localidad arrasada por el lodo y el agua que alcanzaron también la ubicación de la promoción albalense y las de las otras dos que la empresa tiene hoy vivas, en la propia Catarroja y en Aldaia. Si a éstas se le suman todos los proyectos entregados con anterioridad, estamos hablando de unas 440 casas en calles anegadas.

3.- En la misma situación de afectación por la gota fría se encuentran tres de cada cuatro viviendas, de un total cercano a las 450, promovidas desde 2018 en L’Horta Sud por Urbania Developer. La empresa, que también construye en Panamá, Nicaragua y Paraguay, tiene en la comarca valenciana un radio de acción más amplio que las anteriores (además de en Paiporta, Picanya y Albal, en Xirivella, Torrent, Benetússer, Sedaví, Algemesí, Mislata, Manises y Alcàsser), así como presencia en otras zonas y sin excluir a la capital.

4.- En la residencia de ancianos que Solimar tiene en Massanassa, el agua llegó a una altura de 1,80 metros en la planta baja. En este municipio, así como en Sedaví, Catarroja y Beniparrell, una promotora más modesta, MS Espais, lleva desde 2006 haciendo vivienda nueva. Todas sus promociones salvo una, desde la primera hasta las tres actualmente en venta en la comarca, están en calles golpeadas por la gota fría.

"Paiporta Homes tiene una ubicación privilegiada, con vistas al cauce del río, cerca del Ayuntamiento y al lado de la principal zona comercial”. El entrecomillado es de la empresa que construyó, para Neinor Homes, esta promoción de 2023 que consta de 59 viviendas (todas vendidas) entre las que se encuentran varios bajos como el de Alicia, enfermera de 30 años. Huelga explicar lo que le ocurrió a su hogar el 29 de octubre.

Históricamente, en la zona afectada por la dana abundan las casas viejas a pie de calle, pero lo que llama la atención es que hayan seguido ofertándose en promociones puestas en marcha en los últimos años, aunque esos bajos formen parte de edificios en altura; y sorprende más, si cabe, que tras la tragedia una promotora (Inmovidal, hasta ahora muy centrada en el municipio alicantino de Dénia) haya comenzado a comercializar, mediante la apelación “¡Atención, jóvenes soñadores!”, L’Alcudia Habitat, ubicada en una dirección de esta localidad (los números 12,14,16 y 18 de la calle Josep Lluís Bausset) que fue pasto de la dana según la cartografía de la Universidad de Valencia; o que otra inmobiliaria (Demidoff Inversiones) no haya retirado del portal Idealista, siquiera temporalmente, el anuncio de una parcela donde, tras derribar el inmueble que la ocupa actualmente, se podrán construir [sic] “7 bajos vivienda, 8 pisos en 1 planta, 8 aticos y 1 piso sobre atico con terraza” en una zona de Alfafar marcada en azul (inundada) en ese mapa.

Paiporta Homes, que en realidad fue asumido por Neinor al absorber en 2021 la empresa Quabit, es el caso paradigmático de construcción en primera línea de rambla y, por tanto, en zona inundable (y con bajos), pero no es el único. Ocurre lo mismo con varios inmuebles residenciales promovidos en Picanya por Careco Construcciones, compañía gestionada por la tercera generación de una familia, los Casanova, a quien se debió que el estadio Mestalla, del Valencia CF, se llamara Luis Casanova entre 1969 y 1994. A la segunda generación de esta saga se debe también la construcción, durante la dictadura, de las 600 viviendas que conforman el barrio Virgen del Carmen de Alaquás, también conocido como barrio Socusa por ser el nombre de la inmobiliaria familiar que se encargó de erigirlas. Que este barrio se inundara (de nuevo), como el de nombre Orba de Alfafar, aunque popularmente conocido como Parque Alcosa en honor a la promotora de Alfredo Corral que lo edificó allá por la década de los 50 del siglo pasado, puede resultar comprensible y hasta perdonable, ya que en aquellos años había pocos mapas de riesgo o poco precisos y el cambio climático se estaba fraguando, sí, pero ni existía como concepto.

Cosa distinta es que Careco haya seguido promoviendo en Picanya en primera o, a lo sumo, segunda línea de barranco, y que dos de sus tres proyectos hayan sido, además, de adosados unifamiliares, que por regla general suelen situar el salón y la cocina en la planta baja y los dormitorios y terraza en la primera. Tampoco en este caso los Casanova han sido los únicos en apostar por esta fórmula: Cubells Almenar también en Pincaya, Urbania Developer en Xirivella, MS Espais en Massanassa y Chilet & Chilet en Albal son algunos ejemplos, y a todos ellos llegó la crecida.

Visto lo visto, surge la siguiente pregunta: ¿pero es que se puede construir en zonas declaradas como inundables? Contestarla tras la penúltima dana (hubo otra dos semanas después, aunque con menor potencia destructiva), nos lleva a la melancolía. En pocas palabras, la respuesta es que sí, se puede; pero si se quiere una argumentación jurídica más elaborada, basta con leer este texto de Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, donde califica de “muy laxas” las medidas limitativas tras analizar la Ley del Suelo de 2015 y la regulación general y específica del dominio público hidráulico. Dicho de otra forma, esta vez en boca de Joan Olmos, profesor titular de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia: “No ha habido ningún tipo de control (...) Hasta un niño de ocho años sabe que al lado de un río no puedes poner una casa porque el río en su curso normal es el que es, pero cuando llega una venida... Esto es tan elemental que a veces da un poco de vergüenza tener que recordarlo”.

Otros expertos llevan tiempo reclamando que se coordinen el Gobierno central, encargado de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRIs) de las demarcaciones hidrográficas, las comunidades autónomas (competentes en ordenación del territorio, calificación del suelo y tratamiento de los riesgos naturales) y los ayuntamientos (con competencia en urbanismo). Sobre estos últimos cabe decir dos cosas: la primera, que en 2017 alcaldes de L’Horta del Sud se pusieron “en pie de guerra contra una normativa estatal que declaraba inundables sus términos” y limitaba “los usos del suelo”. La segunda, que la mayoría de los planes urbanísticos municipales vigentes son del siglo pasado y no recogen, por tanto, las limitaciones urbanísticas que, para el caso de la Comunidad Valenciana, se remontan a 2003, como publicó el regional Las Provincias.

La avenida alcanzó al ecobarrio de Molí D’Animeta, en Quart de Poblet, donde se están construyendo 2.330 viviendas, la mitad protegidas, de la mano de promotoras como la valenciana Ática (asociada a Inmoglaciar, del grupo Cerberus, en otra promoción afectada en Xirivella), las madrileñas Aedas Homes y Metrovacesa, la aragonesa Lobe, la alavesa Gesarqus y la italiana De Agostini (junto a Harrison Street, estadounidense). Sin embargo, que llegara el agua no implica necesariamente que el proyecto, uno de los mayores de la comarca, haya que descartarlo o replantearlo, ya que lo que ha cartografiado la Universidad de Valencia es hasta dónde llegó “una riada que sólo debía ocurrir cada 1.000 años”. Sólo la indispensable mejora y actualización de los mapas de riesgo, teniendo en cuenta este desgraciado episodio y los impactos crecientes del cambio climático, determinarán si hay que sumar esos 2.330 pisos a los más de 3.000 citados más arriba porque se estarían levantando en zona inundable y no simplemente inundada el 29 de octubre.

Lo que sí puede que se produzca es una dana inmobiliaria, de la intensidad que sea. Habrá gente, siempre que pueda, que abandonará la comarca; la habrá que se replanteará la búsqueda de un hogar en la zona y la que, si aún está a tiempo, anulará su reserva aunque la vivienda escogida esté en altura; también cabe imaginar que las autoridades competentes prohibirán definitivamente la obra nueva en áreas peligrosas, o que obligarán a las promotoras a empezar los edificios por la primera planta, como aconsejan los expertos. Sin embargo, todas estas contingencias tendrán como contrapeso la crisis habitacional.

Lo que parece descartado es que el Ayuntamiento de Picanya construya vivienda de alquiler asequible para jóvenes en el suelo que adquirió con ese fin al Sareb, porque casi se asoma al barranco.   

En noviembre de 2015, cuando ya era un hombre buscado en todo el mundo, el narcotraficante Raffaele Imperiale firmó la venta de acciones de una empresa inmobiliaria de los Emiratos Árabes Unidos a Marwan Al Maktoum, hijo del emir de Dubái, Mohamed Al Maktoum. El napolitano, uno de los grandes capos de la Camorra, residió y tuvo negocios en España durante años. En 2014 fue detenido en el emirato, adonde había huido, a resultas de una orden de detención emitida por la justicia española, que reclamaba su extradición.

También fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. La empresa conjunta con el hijo del emir, de la que Imperiale era fundador y presidente del consejo de administración, construyó cinco villas de lujo en la isla artificial de Palm Jumeirah, que se vendieron por más de 25 millones de euros.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 16 de noviembre de 2015. Ante un notario en el barrio residencial de Al Barsha, al oeste de la ciudad, dos hombres firman un contrato que establece una transferencia de acciones de una empresa. La sociedad inmobiliaria AA Real Estate and Development tiene un nuevo socio mayoritario: “Su Alteza Marwan Al Maktoum, hijo del soberano de Dubái, el emir Mohamed Al Maktoum. Le transfiere el 51% de su participación accionarial otro emiratí, un tal Atif Ahmed Karrani, que, sin embargo, no está presente ese día. Lo que hace extraordinario ese hecho es el nombre de su representante: Raffaele Imperiale, traficante de drogas de profesión que ahora colabora con la Justicia italiana.

En Dubái, un representante puede ser cualquier ciudadano mayor de 21 años sin impedimentos legales, al que se le haya asignado un poder notarial. ¿Por qué eligió Karrani a Imperiale? Porque el narcotraficante formaba parte del trato, aunque, formalmente, ya había abandonado la estructura corporativa.

El pasado de la inmobiliaria así lo sugiere: AA Real Estate fue fundada en 2013 por el propio Imperiale, que también era el presidente del consejo. Karrani, antiguo gestor del registro de la propiedad en Dubái, era en cambio su “patrocinador”. En aquel momento –la ley cambió en 2021–, para invertir en Emiratos –excluidas algunas zonas francas– era necesario tener como accionista mayoritario a un ciudadano emiratí.

Cuando los fiscales de España e Italia le identifican como un poderoso narcotraficante internacional, Imperiale se hace sustituir por respetables hombres de negocios que le ayudarían a invertir en propiedades inmobiliarias emiratíes sin comparecer en persona. Es gracias a estas inversiones que el narcotraficante puede llevar la máscara limpia de empresario. Él mismo lo confesará después ante los magistrados italianos.

Para contar esta historia, la cadena de televisión holandesa RTL Nieuws y el periódico italiano IrpiMedia, en colaboración con el consorcio de investigación OCCRP e infoLibre, tuvieron acceso a documentos oficiales en los que los nombres de Raffaele Imperiale y Marwan Al Maktoum figuran en la misma página. Los reporteros cruzaron esta información con entrevistas a decenas de fuentes y con filtraciones del registro de la propiedad de Dubái, compartidas por la organización estadounidense C4ADS en la investigación Dubai Unlocked. De este modo, los periodistas pudieron rastrear inversiones inmobiliarias hasta entonces desconocidas y atribuibles a Raffaele Imperiale en el emirato.

Ni Imperiale ni Marwan Al Maktoum han respondido a las numerosas peticiones de comentarios que les enviaron los medios autores de esta investigación. Contactado por teléfono, Karrani se negó a responder ninguna pregunta, limitándose a añadir: “Se trata de una vieja historia que he cerrado”.

La presencia del nombre de Imperiale en las escrituras notariales es importante porque empresas como AA Real Estate han transformado el horizonte de Dubái a lo largo de los años gracias a sus enormes inversiones inmobiliarias. Mientras tanto, durante el actual reinado del emir Mohamed Al Maktoum, la ciudad se ha ganado la reputación de refugio dorado para delincuentes.

Su hijo Marwan, según consta en los documentos oficiales del Registro Mercantil de Dubái, siguió siendo socio de AA Real Estate hasta mayo de 2018, cuando fue sustituido por otro ciudadano emiratí. La empresa sigue activa, pero su licencia expiró en 2022.

Originario de Castellammare di Stabia, Raffaele Imperiale suministraba drogas a la familia de la Camorra de los Amato-Pagano desde los años 90, y más tarde también al clan 'ndrangheta de los Morabito-Palamara-Bruzzaniti. Según los investigadores, su organización se convirtió en un “proveedor global de servicios” en torno a la cocaína, que vendía al por mayor a otras “organizaciones delictivas estructuradas”, auténticos “clientes fieles”.

Durante una década, el napolitano pudo dirigir el tráfico de cocaína desde el emirato, blanqueando sus beneficios mediante inversiones en lujosos proyectos inmobiliarios de Dubái. Allí fue detenido en 2021, para ser deportado y entregado a las autoridades italianas al año siguiente.

En el momento de la firma del contrato de venta de las acciones de AA Real Estate, Imperiale ya era un hombre buscado en todo el mundo. Su nombre ya había saltado a los titulares en 2014: el Gobierno español había solicitado su extradición y fue arrestado en Dubái, pero quedó en libertad enseguida. Apenas un mes antes de la reunión ante el notario de Al Barsha, un juez de instrucción de Nápoles había ordenado la detención de Imperiale por tráfico internacional de drogas.

En esas fechas, la federación de la que forma parte Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, aún no había firmado un acuerdo de cooperación judicial con Italia, que solo está en vigor desde 2019. Su extradición desde el país árabe era imposible para Italia, pero no para España, que cuenta con un acuerdo de este tipo desde 2009.

Contactada al respecto, la Fiscalía de Nápoles rechazó hacer declaraciones alegando que aún hay investigaciones en curso.

Ya en 2010, en busca de un lugar más seguro desde el que dirigir sus negocios ilegales, se había trasladado hasta Dubái desde España, país que había elegido como base de operaciones durante cinco años. También tuvo negocios legales, como un restaurante, en la calle de Santa Engracia de Madrid llamado Perla di Napoli. “Presenta platos con salsas sobreabundantes y sabores un tanto imprecisos, ya sean unos espaguetis amatriciana o unas gambas dello chef recargadísimas de curry. Correcto su Dolcetto d’Alba Roccabella 2005”. Ese fue el párrafo con el que lo despachaba en septiembre de 2008 el crítico gastronómico de El Mundo, Fernando Point –así firmaba el recientemente fallecido Víctor de la Serna sus artículos culinarios–. No es de extrañar que la calidad de su menús no constituyera la prioridad en Perla di Napoli. El restaurante, según ha podido comprobar, ya no existe. Y sus vecinos no lo recuerdan con especial cariño, precisamente. “No sé quiénes eran sus dueños y no quiero saberlo. No dejaron muy buena impresión”, resume suspicaz quien atiende en un comercio próximo.

En julio de 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 32 personas en la Operación Tarantela, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Entonces se anunció la desarticulación de varios clanes de la Camorra en España, dedicados al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. De hecho, se bloquearon 40 inmuebles valorados en ocho millones de euros. Los investigadores, que llevaban tras la pista desde 2011, sostenían que el dueño real de todo ese patrimonio era Rafaelle Imperiale.

Sin embargo, a los pocos días, el juez Andreu dejó en libertad en cargo a 30 de los 32 detenidos. Sólo una persona fue a prisión. Otro más fue liberado sin cargos. Y en octubre de 2017, tres años después  después de la macrooperación, la causa fue sobreseída provisionalmente y archivada.

Como queda dicho más arriba, Raffaele Imperiale, que tiene ahora 49 años, fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. Una, en concreto, le permitió establecerse como empresario del sector en el emirato.

Fue en 2003 cuando el emir Mohamed Al Maktoum dio a conocer un proyecto futurista, concebido por él y desarrollado por la empresa pública Nakheel: Las Islas del Mundo, un complejo de 300 islas artificiales con la forma de los cinco continentes frente a la costa de Dubái.

En las actas recogidas entre 2023 y 2024 por la Fiscalía de Nápoles, con la que empezó a colaborar, Imperiale contaba que había pagado a Nakheel, en 2008, 13 millones de euros, más una parte en negro. Con ese dinero compró una de las islas, Taiwán. Un privilegio reservado a unos pocos: sólo las islas más caras, apenas el 6%, estaban disponibles para su compra como islas privadas, según explicó el director del proyecto en una entrevista a Vanity Fair. “Presumía ante todo el mundo en Dubái, incluso haciéndome pasar por empresario. Este proyecto era mi 'tarjeta de visita”, relató Imperiale en referencia a Taiwán.

El juez de Instrucción de Nápoles ordenó la incautación de la isla en junio de este año. Considera que el valor de la propiedad –que calcula entre 30 y 50 millones de euros en la actualidad– es “muy inferior a lo que era sin duda el beneficio” del narcotráfico dirigido por Imperiale.

Por tanto, a través de un proyecto inmobiliario impulsado por la familia Al Maktoum y realizado a través de una sociedad vinculada a la misma familia real, Imperiale ha blanqueado “con toda seguridad” los beneficios obtenidos con la cocaína porque, prosigue el juez italiano, “no surgen elementos de los que deducir que [...] [la isla] pertenezca a una persona ajena al delito”.

De hecho, según declaró a los magistrados napolitanos, Imperiale pagó a Mario Sarnataro –empresario inmobiliario y comerciante de oro originario de Nápoles pero residente en Dubái– para que fingiera que la isla estaba a nombre de una de sus empresas.

IrpiMedia pudo comprobar a través del Registro de la Propiedad de Dubái que Taiwán sigue siendo propiedad de Rajaa Trading Investments Management, una empresa emiratí que, según las declaraciones de Imperiale, es propiedad de Sarnataro. El juez de instrucción opina que el registro de la isla es “sólo formal, de hecho ficticio”.

Entre 2008 y 2011, el narcotraficante comunicó a Sarnataro que quería construir 10 villas en los 10.000 metros cuadrados de la isla de Taiwán. El proyecto nunca vio la luz pero, para llevarlo a cabo, Imperiale necesitaba una mano que creara una empresa “a cuyo nombre [la isla] debería registrarse”. Sarnataro le ofreció Rajaa. Imperiale la compró por 400.000 dirhams –unos 80.000 euros– y en 2011 le cedió el título de propiedad de Taiwán.

Sin embargo, según argumentó el narcotraficante ante los fiscales italianos, “la isla pertenece a Mario Sarnataro”, porque el empresario sigue siendo formalmente “beneficiario de Rajaa”. Como la empresa estaba registrada en una zona franca de Dubái, los periodistas no pudieron rastrearla ni verificar la exactitud de la información facilitada por Imperiale a los magistrados. 

Mario Sarnataro, por el momento, no está siendo investigado y no consta que haya cometido ningún delito.

Convertido en un respetado empresario inmobiliario, Imperiale fundó en 2013 AA Real Estate and Development, la inmobiliaria de la que dos años después Marwan Al Maktoum, hijo del emir, se hizo socio mayoritario. Tiene su sede frente a Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera que se extiende frente a la costa de Dubái, en la planta 34 de la Concord Tower. Es la sede de la empresa “legal” de Imperiale, como escriben la periodista Daniela de Crescenzo y el inspector de la policía financiera Tommaso Montanino en su libro Los narcos.

Compartiendo una oficina de casi 800 metros cuadrados, con muebles de piel de cocodrilo y puertas de nogal californiano, se encuentran otras empresas con nombres similares, entre ellas AA Investments & Development –de la que Imperiale es socio directo en un 15%–. Se la confiscó el juez de Nápoles con la orden de detención de octubre de 2015.

Entre 2012 y 2017, AA Real Estate vendió cinco villas de arquitectura geométrica, que se iban a construir en la punta de la fronda M de Palm Jumeirah. El proyecto inmobiliario se llama M State. Cada villa tiene al menos cinco dormitorios, una piscina infinita e impresionantes ventanales con vistas a decenas de metros de playa privada.

Si para la isla de Taiwán, el proyecto de desarrollo inmobiliario de Imperiale, se había quedado sólo en el papel, con M State pasó de la representación futurista a la realidad. Consultando los registros catastrales, IrpiMedia calcula que las cinco villas se vendieron en 2014 sobre plano –es decir, cuando aún existían poco más que los cimientos– por un total de más de 26 millones de euros. Hoy, con la obra terminada, la propiedad central, Villa Aurum –que tiene seis dormitorios en lugar de cinco, gimnasio y sala de cine– vale sólo ella esa cifra.

Al igual que había ocurrido con Taiwán, durante la fase de construcción del proyecto inmobiliario el nombre de Imperiale desapareció de los expedientes: el 28 de septiembre de 2014, la empresa de la que era socio, AA Investment, canceló sus acciones en AA Real Estate. Así pues, formalmente, Raffaele Imperiale ya no tenía nada que ver con el proyecto inmobiliario. Como en el caso de Taiwán, le sucedió Mario Sarnataro a través de la sociedad AGK Consulting. 

“M State fue mi proyecto, importante y valioso, desde la concepción hasta la realización. Estas exquisitas villas se hicieron realidad gracias a mi pasión por el diseño y la vida de lujo”, explicaba Sarnataro en una entrevista a una publicación comercial emiratí. “Dubái es una ciudad de crecimiento, riqueza y encanto, y puede albergar propiedades tan exclusivas que satisfacen claramente las necesidades de estilo de los particulares con grandes patrimonios”. Sarnataro no respondió a varias solicitudes de comentarios enviadas por los medios que firman esta investigación.

Su relación con Imperiale, según la versión contada por el narcotraficante a los fiscales, pudo haber comenzado en 2006-2007 en Madrid, donde Sarnataro “se dedicaba a hacer trabajos para restaurantes italianos, entre ellos el Perla de Napoli, [...] y nació una relación de amistad”.

Cuando ambos se reencontraron unos años más tarde en el emirato, en el exclusivo restaurante italiano Roberto's, Sarnataro dijo a Imperiale que “trataba con una empresa gubernamental [de la familia real emiratí] para la que importaba materiales [puertas, etcétera]”.

Prueba de ello son los contratos firmados con Emaar Properties, la empresa emiratí de promoción inmobiliaria que construyó en Dubái el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. El segundo mayor accionista de Emaar sigue siendo el propio emir, Mohamed Al Maktoum, a través de su propia sociedad de inversiones. Emaar no respondió a las preguntas que los medios participantes esta investigación le hicieron llegar sobre su relación con Sarnataro.

Según los hallazgos de IrpiMedia a partir de las filtraciones del Registro de la Propiedad de Dubái, Mario Sarnataro figuraba como propietario de 20 inmuebles en el emirato. Entre ellos, dos villas en Palm Jumeirah y cuatro lujosos pisos en el Oceana Hotel and Apartments y en las Royal Amwaj Residences. Los documentos del Registro de la Propiedad de Dubái muestran que Sarnataro posee actualmente seis propiedades. Los registros de transacciones de estas propiedades, en las que el empresario aparece como comprador desde 2017 hasta la actualidad, ascienden al cambio actual a casi 20 millones de euros.

Dubái es una monarquía autoritaria gobernada por la dinastía Al Maktoum desde hace casi 200 años. “La policía y la judicatura de los Emiratos Árabes Unidos no son tontas. Disponen de sofisticados servicios de inteligencia con acceso a mucha información”, comenta Matthew T. Page, experto en corrupción asociado al instituto británico Chatham House, “por lo que es lógico suponer que sabían quién era Raffaele Imperiale. Significa que Dubái hace la vista gorda conscientemente ante delincuentes como él”.

La reputación de Dubái es desde hace tiempo la de un paraíso para delincuentes o presuntos delincuentes. Entre estos últimos se encuentra Daniel Kinahan, sospechoso de estar a la cabeza de una organización criminal que importa grandes cantidades de cocaína a Europa. En octubre de 2024, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un tratado de cooperación judicial con Irlanda, allanando el camino para la posible extradición de Kinahan.

Por otro lado, el holandés Ridouan Taghi, el bosnio Edin Gačanin, y el chileno Ricardo Riquelme Vega, alias Rico, fueron condenados en los Países Bajos. En 2017, a la boda de Daniel Kinahan en el hotel Burj al Arab de Dubái, asistieron todos ellos: Taghi, Gačanin y Riquelme. Junto con Raffaele Imperiale. 

En 2022, la operación Desert Light, coordinada por Europol, condujo a la detención de Gačanin y de decenas de personas más entre Europa y Dubái, acusadas de formar parte de un supercártel que supuestamente controlaba un tercio del comercio de cocaína sólo en Europa. Entre ellos, dos objetivos de alto valor, como los etiqueta Europol, reclamados por la Justicia española: Ryan James Hale, un ciudadano británico, miembro del clan de los Kinahan, que residió en la Costa del Sol, pero debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro, y Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, con pasaporte de Panamá.

En un gráfico elaborado por las autoridades bosnias, los presuntos miembros de esta megaorganización aparecen con apodos: El chileno, es decir, Riquelme; Pasta, es decir, Imperiale, y Mr. Cuscús, vinculado a la organización de los Kinahan. Los holandeses Taghi y Gačanin, forman parte de la banda de Tito y Dino. 

A pesar de su evocador nombre, el supercártel no parece ser una organización rígida y estructurada. Más bien, como se explica en un análisis de la fundación Insight Crime, se trata de un “exitoso ejemplo de crowdsourcing, en el que diferentes actores criminales ponen en común su dinero para comprar cocaína al por mayor a precios más bajos”. 

La fluidez del supercártel es relatada por Imperiale en un testimonio prestado en 2023 en Nápoles ante fiscales italianos y en presencia de sus homólogos holandeses. Según el narcotraficante de Campania, en 2016, el chileno Riquelme quería mandar matar a alguien en Dubái. “Y yo le digo: ‘¿Estás loco? Si quieres matarlo, pídeme consejo, yo vivo allí desde hace años y te diré cómo hacerlo. Si lo quieres matar así, qué te parece, después van a detener a todo el mundo, ¿eso es lo que quieres?”, reconstruye Imperiale.

Todavía refiriéndose a Riquelme, continúa: “A él le gustaba aparentar que había creado un megacártel, pero no era cierto, porque yo tenía mi negocio, Danny [Kinahan] el suyo, Rico el suyo y Taghi el suyo. [...] Mientras Rico estaba allí, todos éramos amigos, pero cada uno con su propia organización. Los irlandeses siempre estaban en contra de Rico y decían: ‘No debes cometer asesinatos aquí, somos tus amigos, pero vivimos aquí, aquí están nuestros hijos, éste es un país neutral [...]”.

De hecho, los asesinatos habrían llamado la atención y obstaculizado los negocios y las inversiones de los capos en Dubái. E Imperiale deja claro que no impugna el método, sino el lugar: “Si lo hubieran eliminado, me habría alegrado mucho, pero en lugar de en Dubái, quería que lo mataran en España, en Países Bajos, en Italia, en Colombia... [...] Es decir, es importante que esto quede claro, porque si no parece que quiero defender a esa gente. Nunca lo habría hecho en Dubái, esa es la verdad”.

Efectivamente, en Dubái, Imperiale ni se escondía ni tenía que preocuparse por la Justicia italiana. La situación no cambió hasta 2021, tras años de solicitudes de extradición rechazadas y de presiones políticas por parte del Gobierno de Roma.

Tras ser acogido libremente entre jeques y hombres de negocios, Imperiale fue detenido por la policía dubaití, oficialmente por estar en posesión de un pasaporte falso. Fue deportado al año siguiente y colabora con la policía desde 2023.

En octubre de este año, el juzgado de instrucción de Nápoles lo condenó a 15 años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado, y ordenó la confiscación de la isla de Taiwán. Esa isla, que según los jueces fue comprada con dinero procedente de la cocaína y que Imperiale afirma haber adquirido directamente a una empresa perteneciente a la familia real de Dubái.