Pullmantur, la única naviera de cruceros española, solicitó el concurso de acreedores el pasado 22 de junio culpando a los “vientos en contra” generados por la pandemia. Ya antes había tenido que suspender todos sus viajes hasta el 15 de noviembre, lo que hizo saltar por los aires el alza del negocio que había conseguido el último año. Sin embargo, de española Pullmantur tenía ya muy poco.

Las oficinas las mantiene en España, con una plantilla de 261 personas, apenas el 5,3% de sus 4.932 trabajadores y ahora acogidos a un ERTE. El 40% de sus clientes, 400.000 pasajeros el año pasado, son españoles. Más de la mitad de su facturación procede de España.

Pero sus accionistas son dos holdings radicados en Países Bajos, RCL Holdings Coöperatief UA, y Luxemburgo, Cruises Investment Holding SA. El primero posee el 49% del capital y forma parte del gigante mundial de los cruceros Royal Caribbean, con sede en Miami. El segundo es un instrumento del fondo suizo Springwater, que lo controla a través de otra sociedad luxemburguesa, Springwater Cruises Holding.

Además, como ocurre desde hace tiempo con la mayoría de las navieras españolas, sus barcos ondean banderas extranjeras. En el caso de Pullmantur, la de Malta, donde tiene registrados sus tres cruceros, el Monarch, el Sovereign y el Horizon. Hasta enero de 2020, cuando lo jubiló, también poseía una cuarta nave, el Zenith, matriculada en la isla. Cada uno de estos barcos es, en realidad una sociedad distinta inscrita en el Registro Mercantil maltés. Una política también común a las navieras: one ship, one company. En Malta posee una quinta empresa, Pullmantur Cruises Ship Management Limited, que presta servicios de gestión a los buques.

Finalmente, para contratar a sus tripulantes Pullmantur utiliza una sociedad que ha creado en Bahamas, Pullmantur Ship Management Limited, una agencia de embarque para sus 4.600 trabajadores extranjeros. La mayoría de ellos son filipinos –886–, pero también los hay indios –611–, hondureños –524–, indonesios –508– o brasileños –411–. Así hasta 61 nacionalidades distintas. Sólo 110 españoles están embarcados en los cruceros de Pullmantur, según las cifras aportadas por la propia empresa en su informe no financiero de 2018.

Lejos quedan pues los tiempos en que Pullmantur era la naviera de Marsans, el grupo propiedad de Gerardo Díaz Ferrán. El expresidente de la CEOE se la vendió a Royal Caribbean en 2006, mucho antes de que Marsans declarara el concurso de acreedores en 2010 y de que su dueño terminara en la cárcel por vaciar la empresa y fraude fiscal. En 2016 fue cuando entró en el capital el fondo suizo Springwater.

Disputas con Hacienda

En España figura como sociedad dominante Pullmantur Holdings, que facturó en 2018 –las últimas cuentas que ha enviado al Registro Mercantil– un total de 344,50 millones de euros. Se apuntó entonces unos beneficios de 19,3 millones de euros. Sin embargo, en su informe no financiero la empresa asegura que no tiene ganancias en España y que no paga, por tanto, impuestos por ellas. Sí que perdieron dinero ese año las otras dos empresas que tiene registradas en territorio nacional, Pullmantur SAU –10,9 millones– y Pullmantur Cruises SL –9,1 millones–. El año anterior, en cambio, ambas sumaron 72,24 millones de euros en beneficios. También dice que no obtiene beneficios en Malta, aunque al mismo tiempo apunta en su informe un pago de 1,52 millones de euros en el impuesto sobre sociedades en esa isla, así como 74.272 euros en el impuesto sobre el tonelaje por sus cuatro barcos matriculados allí. Además, tributa en Colombia, donde posee oficinas comerciales y una filial, Cruceros Turismo de Colombia SAS, con 10 empleados. En total, entre impuesto sobre sociedades, IVA y dos impuestos locales de turismo e industria, ingresa en el fisco del país andino 379.537 euros.

En Bahamas informa de unos beneficios de 927.412 euros en 2018, por los que no paga impuestos.

Por lo que se refiere a España, Pullmantur abonó ese año 1,24 millones de euros en concepto de IVA, tras acogerse al régimen especial para las agencias de viaje, conocido como TOMS (Margen de los Tour Operadores), que le permite pagar el impuesto sólo sobre su margen de beneficio. En retenciones del IRPF y cotizaciones sociales de su plantilla española, Pullmantur empleó 3,17 millones más, explica en el informe.

Las cuentas de 2018 enviadas en el Registro Mercantil revelan además que, un año antes, la naviera había tenido que arreglar sus cuentas con la Agencia Tributaria, que le había inspeccionado las declaraciones del impuesto sobre sociedades, el IVA y el IRPF de la plantilla entre 2011 y 2015. Como resultado, Pullmantur pagó a Hacienda 1,75 millones de euros, de los que 1,27 millones correspondieron al impuesto sobre los beneficios, 430.000 euros al IRPF y 54.000 euros más al IVA. La Agencia Tributaria también le corrigió la declaración de bases imponibles negativas de esos años en el impuesto sobre sociedades, en una cantidad que no especifica. Se trata de una de las actuaciones habituales de la agencia, que consiguió aumentar el año pasado en 7.200 millones de euros las cuotas de las empresas tras reducir las bases imponibles negativas –las pérdidas– que éstas habían declarado incorrectamente. El 73% de esa cantidad correspondió a grandes compañías. Aparte de estos pagos, Pullmantur tiene recurridos otros 2,8 millones de euros que Hacienda le reclama por diferencias en el cálculo del IVA.

En 2019, la naviera anunció que había elevado la facturación un 5%, aunque eludió precisar el importe exacto alcanzado. Sólo aseguró que era su récord histórico en ventas. Aun así, la situación financiera de la empresa era, cuanto menos, apurada antes de la llegada del covid-19. En las cuentas de 2018 reconoce que su capital circulante era negativo en 106,82 millones de euros; es decir, se encontraba en insolvencia técnica: sus deudas a corto plazo eran superiores a sus créditos a corto plazo. En ese ejercicio, el patrimonio era negativo por importe de 90,64 millones de euros como consecuencia de las pérdidas acumuladas de años anteriores. Pero la empresa decía contar con liquidez suficiente para atender sus obligaciones durante 2019 y con el “apoyo financiero” de sus dos socios, Royal Caribbean y el fondo Springwater. De hecho, la primera le prestó 14 millones de euros en 2018.

infoLibre ha preguntado a Pullmantur por su situación financiera, las inspecciones de la Agencia Tributaria y el concurso de acreedores, pero la naviera ha declinado hacer ningún tipo de comentario, dado que se encuentra “en un proceso delicado” e inmersa en “diferentes negociaciones”.

Las ventajas fiscales del registro español no evitan la huida a Malta y Chipre

En España, el tercer país de la Unión Europea en tráfico portuario, el tonelaje inscrito bajo pabellones extranjeros supone un 52,9% de la flota controlada por armadores nacionales y supera, por tanto al de bandera española. Lleva ocurriendo dos años, aunque el porcentaje de barcos de pabellón español no ha dejado de recortarse desde 2012: se ha reducido en 11,6 puntos porcentuales. Según las estadísticas que elabora la Asociación de Navieros Españoles (Anave), a 1 de enero de este año de los 216 buques por encima de 300 GT –toneladas brutas, la medida del volumen del barco– en manos de armadores españoles, 106 ondean banderas extranjeras. De éstos, 29 son barcos de pasaje.

Malta es, después de Chipre y Madeira, el tercer registro favorito de los armadores españoles. Allí se encuentran inscritos el 15,1% de los buques que tienen propietario español pero bandera extranjera. Entre esos tres registros, comunitarios pero de baja tributación, acaparan el 75,7% de la flota controlada por armadores españoles. No obstante, por tonelaje, Malta sube al segundo lugar de la lista, por delante de Chipre; es decir, los barcos allí registrados son más grandes. Desde que ambas islas mediterráneas ingresaron en la UE, en 2004, el número de naves atraídas por sus ventajas fiscales no ha cesado de aumentar. Y ello pese a que desde 1994 España cuenta con un Registro Especial en Canarias (REC) que también proporciona un libérrimo esquema tributario, pensado precisamente para evitar la huida de los armadores a pabellones más o menos de conveniencia.

Así, los armadores que acuden al REC disfrutan de una bonificación del 90% en el impuesto de sociedades, así como otra bonificación del 90% en la cuota empresarial a la Seguridad Social de sus tripulantes y una deducción del 50% en la base imponible del IRPF de esos trabajadores. También están exentos de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. Y a los tripulantes no se les aplica el tope de horas extraordinarias establecido en el Estatuto de los Trabajadores. “Es un régimen fiscal bastante generoso”, concede el director general de Anave, Manuel Carlier, quien asegura que la preferencia de los armadores españoles por los registros extranjeros se debe menos a las ventajas tributarias que a la agilidad y rapidez de éstos en los trámites administrativos. “Dar de baja un barco en España puede costar tres meses; en cualquier otro registro basta con 48 horas”, lamenta.

Ni en Malta ni en Chipre está bonificado el pago de las cotizaciones sociales de las tripulaciones, por lo que no es inusual que éstas se contraten a través de empresas ubicadas en Bahamas, como hace Pullmantur, a la búsqueda del gratis total. Eso sí, en Malta no hay obligación de reservar un tanto por ciento de las tripulaciones a nacionales de la UE. En el Registro Especial de Canarias, por el contrario, las navieras deben contratar a ciudadanos comunitarios para los puestos de capitanes y primeros oficiales, y del resto, sólo la mitad pueden ser ciudadanos de fuera de la UE. Para emplear sin limitaciones a filipinos, indios y hondureños, por tanto, hay que irse a Malta o más lejos. “En un petrolero, un granelero o un portacontenedores, se embarcan entre 14 y 22 personas; en un ferry, unas 50; pero en un crucero pueden hacer falta 2.000”, explica Carlier, “por lo que el peso del componente laboral es brutal”.

Por ejemplo, Balearia, la principal naviera de ferries española, con 32 buques y rutas en las islas Baleares y Canarias, el norte de África y el Caribe, tiene 14 de ellos abanderados fuera de España. En 2018 sacó del Registro de Canarias el fast ferry Jaume II y lo matriculó en el de Chipre antes de que empezara a cubrir el trayecto entre Florida y Bahamas. También tiene inscrito en Chipre su otro ferry caribeño, el Bimini Blue Marlin, o el Hedy Lamarr, que une Valencia y Mallorca. Pero el Bahama Mama y el Passió per Formentera están registrados en Malta.

Es en esta isla donde Pullmantur paga el impuesto sobre el tonelaje, apenas 74.272 euros, un régimen especial del que también se benefician las navieras y que sustituye en España al impuesto sobre sociedades. Es alternativo y voluntario: la empresa que quiere acogerse debe solicitarlo a la Dirección General de Tributos, que entonces recibe una autorización por 10 años. A la naviera se le aplica entonces una fórmula objetiva según el tonelaje neto que posea. De forma que la resultante suele ser “una base imponible relativamente baja”, explica Manuel Carlier. Por lo general, este sistema interesa sólo a las empresas que tienen beneficios, precisa. Si prevén pérdidas, pueden solicitar su salida del régimen especial para el siguiente ejercicio, pero ya no pueden regresar. El director general de Anave calcula que la mitad de las navieras españolas tributan en el impuesto sobre el tonelaje en lugar de en el general de sociedades.

Cuatro filiales en Bahamas 

La presencia de Pullmantur en Bahamas es muy antigua, comienza cuando aún era parte del grupo Marsans. Según ha podido comprobar infoLibre en los cerca de un millón de documentos del Registro Mercantil caribeño proporcionados a este periódico y a sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC) por el colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets (DDoS), que actuó como intermediario de una fuente anónima, Pullmantur Ship Management Limited, la agencia de embarque, fue creada en Bahamas el 2 de enero de 2004. En 2005 y 2006, además, la naviera constituyó allí otras tres sociedades: Pullmantur Freedom Ltd, Pullmantur Leisure Ltd y Pullmantur Oceanic Ltd, cuyos consejos de administración encabezaba el entonces presidente de la empresa, Alfonso López Pérez. Esta última sociedad es en realidad el Oceanic, un buque de pasaje de 238 metros de eslora que compró en 2002 y vendió en 2009 tras navegar por el Caribe y el Mediterráneo. Un barco, una empresa, una vez más, o una sociedad cuyo único activo es la nave en cuestión.

Manuel Carlier recuerda que Pullmantur, tras una década en Anave, abandonó la patronal naviera española cuando la adquirió Royal Caribbean. Catorce años después, se desconoce cuál va a ser el futuro de los tres barcos de Pullmantur, que pertenecen a la empresa estadounidense y que, según publican estos días los confidenciales náuticos, pueden estar navegando en estos momentos en aguas del Mediterráneo camino del desguace en Turquía.

Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, aseguró entonces a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por este periódico muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas.

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban la nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez. En la reunión de este órgano parlamentario Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– y Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones. Sólo el PP se opuso.

Además, los diputados han acordado quiénes completarán la lista de comparecientes en las dos sesiones que la comisión celebrará este mes de marzo. El viernes 13 intervendrá también Carlos Ramos, que era el director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid en la época en que le fue concedido el aval a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Correos con Eva Piera y Díaz Ayuso

Como ha publicado infoLibre, Carlos Ramos fue la persona a la que Eva Piera remitió a Díaz Ayuso en julio de 2011 cuando ésta le pidió un contacto en Avalmadrid, cuatro meses después de que la sociedad de garantías le hubiera concedido el aval a la empresa de sus padres. A continuación, Díaz Ayuso envió a Carlos Ramos un correo en el que le proporcionaba los datos de MC Infortécnica SL y le contaba que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad” de su padre. “Es todo muy difícil”, concluía. En septiembre de ese año, la entonces diputada le pidió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque temía que los primeros estuvieran vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

Cuando dos días después de que Piera le facilitara a Carlos Ramos el teléfono de Isabel Díaz Ayuso, éste le pidió a una empleada de Avalmadrid que mirara si la empresa sus socios estaban en un fichero de morosos, escribió como asunto del correo “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)”. Ese mismo mes Díaz Ayuso, que hasta entonces trabajaba para Esperanza Aguirre en la presidencia madrileña, pasó a ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid junto a Eva Piera.

Carlos Ramos, además de responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo en su primera comparecencia en la comisión.

Quien estaba en el “día a día” de Avalmadriden el “día a día” de Avalmadrid

También declarará ante los diputados el viernes 13 Juan Luis Fernández-Rubíes, que ejerció como consejero delegado y director general de Avalmadrid entre 2004 y 2016. Fue Fernández-Rubíes el consejero delegado que aprobó el aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL. Según explicó en su primera comparecencia en la comisión el entonces presidente de la sociedad de garantías, Juan Manuel Santos Suárez, no era él, más bien dedicado a las “labores institucionales”, sino Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad. “Quien de verdad estaba en el Comité de Morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

Su nombre también aparece entre los directivos que fueron denunciados por la propia sociedad de garantías ante la Fiscalía en abril de 2019, por su presunta implicación en la concesión de avales a empresas vinculadas con consejeros concesión de avales a empresas vinculadas con consejerosde Avalmadrid: Viajes Marsans, grupo Cantoblanco, Casbar y The Tie Gallery. Estas irregularidades fueron desveladas por una inspección del Banco de España, que puso 167 operaciones en el punto de mira y que terminó en un expediente sancionador. El organismo supervisor pide sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y directivos de Avalmadrid.

Además, deberá dar cuenta de sus relaciones con Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid subcontrató el recobro de los avales morosos. Un informe encargado por la propia sociedad a la consultora PwC destapó una posible duplicidad de pagos a Cobralia y su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares.

Finalmente, el día 17 de este mes deberán comparecer en la comisión de investigación Jorge Morán, director general de Avalmadrid entre junio de 2016 y julio de 2019, e Isabel Cruz Oruezabala, que lleva en la sociedad de garantías desde 2006 y trabaja en su departamento jurídico desde 2012.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denegado a la comisión de investigación sobre Avalmadrid todos los datos y documentos que ésta le había solicitado sobre MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios sus padres y que recibió un supuesto trato de favor cuando no devolvió el aval de 400.000 euros concedido por la sociedad de garantías en marzo de 2011.

Además de solicitar toda una serie de comparecencias, la comisión abierta en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre hizo al Ejecutivo madrileño un total de 136 peticiones de documentos relacionados con el funcionamiento y las irregularidades destapadas en Avalmadrid por las inspecciones del Banco de España, el informe forense encargado por la propia sociedad de garantías a una consultora privada y las informaciones publicadas por infoLibre.

El Gobierno ha rechazado una cuarentena. Entre ellas, todas las que se refieren a MC Infortécnica SL. Se niega a facilitar a la comisión el expediente completo de la concesión del aval a la empresa de los padres de Díez Ayuso, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembrosse ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. 

Ni Marsans ni Cantoblanco ni PwC

El Gobierno madrileño también ha denegado a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El motivo que esgrime el Gobierno de Díaz Ayuso para denegar los documentos es que estas peticiones están “relacionadas con la actividad de una sociedad mercantil” en la que la Comunidad de Madrid tiene una participación “no mayoritaria” y que “actúa con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Es el mismo argumento que le ha servido al Ejecutivo madrileño para no facilitar a la comisión de investigación los informes que la empresa de cobros Racmo Gestión elaboró el pasado mes de julio, a petición de la propia Avalmadrid, sobre las actuaciones de la sociedad de garantías para recuperar el importe impagado del aval de MC Infortécnica SL. Del mismo modo el Gobierno rechaza la entrega de los informes realizados por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre la venta de la cartera de fallidos de Avalmadrid a otra empresa de cobros, Cobralia, que también arrojó serias dudas sobre la operación por las conexiones entre directivos de ambas firmas. Al igual que los informes ya citados de Forest Partners y del Banco de España sobre 167 avales con irregularidades.

Nada sobre la inspección del Banco de España

Tampoco tendrá la comisión en sus manos –pese a que como los anteriores han sido profusamente revelados por los medios de comunicación– el expediente que abrió el Banco de España tras inspeccionar dos veces Avalmadrid, que como todas las sociedades de garantía recíproca está sometida a su supervisión. Además, la Comunidad de Madrid no entregará a la Asamblea la lista de personas de Avalmadrid que actuaron de interlocutores con los inspectores del Banco de España, ni las actas e informes relacionados con sus inspecciones, ni los miembros del Gobierno madrileño que a su vez integraban el consejo de administración de Avalmadrid y a los que el organismo supervisor acusó en su expediente, ni siquiera la lista de los 167 avales donde detectó anomalías.

El Gobierno de Díaz Ayuso rehúsa también facilitar a la comisión la lista de los miembros de los consejos de administración y comités ejecutivos de Avalmadrid desde 2007, así como las actas de las reuniones de todos esos órganos, que también habían sido solicitadas por los diputados. O la denuncia que la sociedad de garantías presentó en la Fiscalía el año pasado para dilucidar las responsabilidades de algunos de sus antiguos consejeros y directivos en la concesión de los avales bajo sospecha.

La comisión de investigación quería saber igualmente el número de ejecuciones hipotecarias y de subastas que se han llevado a cabo para recuperar avales impagados de Avalmadrid, pero el Gobierno autonómico lo ha impedido. Ni siquiera facilitará a los diputados una copia de la normativa interna de la sociedad de garantías.

Por último, el Ejecutivo madrileño no permitirá a los diputados acceder a los correos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. El motivo, que la información solicitada “afecta a datos de terceros que no han tenido relación con la Comunidad de Madrid”.

“No me enteré de nada de esa operación, no tuve conocimiento entonces ni la tengo ahora. No revisé el informe de análisis”. El presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos-Suárez, aseguró este martes en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de la sociedad de garantías madrileña que, pese a formar parte de los comités ejecutivo, de morosidad y directivo, no asistía a los dos últimos, y desconocía por completo la concesión del aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También respondió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera que le “extrañaba” que su nombre figurara en los documentos que dan fe de las reuniones de los comités directivo y de morosidad donde se trató sobre el aval de MC Infortécnica y su posterior impago. “Si hay un acta figurarán los asistentes, y yo no asistí. El que iba era [Juan Luis] Fernández-Rubíes”, señaló en referencia al entonces consejero delegado y después director general de la sociedad de garantías.

En los documentos de dichos órganos a los que ha tenido acceso infoLibre, figura claramente el nombre de Santos-Suárez, así como los de Fernández-Rubíes, Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Borja Cubillo (director comercial) y Antonio Chorro (director de Riesgos), en la resolución que aprueba el aval el 2 de febrero de 2011. Y, además de los tres primeros, los de Darío B. Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (director de Seguimiento del Riesgo), en las resolución que cancela el aval y ordena ejecutar la hipoteca y actuar contra los avalistas, adoptada el 2 de abril de 2012 y de nuevo el 16 de noviembre de aquel año. Pese a estos acuerdos, Avalmadrid jamás actuó contra los avalistas del préstamo, entre los que estaban los padres de Ayuso.

La tónica de la comparecencia de Santos Suárez en la Asamblea de Madrid se movió entre las apelaciones a la desmemoria –“No me acuerdo”– y el señalamiento de las responsabilidades ejecutivas hacia el entonces consejero delegado de Avalmadrid. Según indicó en varias ocasiones, era Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad, mientras que él se dedicaba a “labores institucionales”. “Quien de verdad estaba en el comité de morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

El expresidente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez, en la comisión de la Asamblea de Madrid.

Al igual que Eva Piera poco antes, Juan Manuel Santos-Suárez aseguró que no estaba al tanto de avales concretos. En el caso de MC Infortécnica SL, recalcó que “desconocía completamente” la operación. “Nunca la analicé”. Tampoco conocía ni conoce a Díaz Ayuso. Incluso dijo que ignoraba si era un aval para apoyar una inversión o para garantizar el circulante de la empresa. Pero en otro momento aseguró que el piso que los padres de Díaz Ayuso le donaron –para que no fuera embargado por Avalmadrid– no formaba parte de las garantías aportadas por los socios de MC Infortécnica SL. Así era, en efecto: integraba el patrimonio de los avalistas –los cuatro matrimonios socios de la empresa–, como también aclaró después. Un patrimonio con el que tendrían que haber respondido al dejar impagado el crédito. Sostuvo que sería relevante si Avalmadrid lo hubiera sabido. “Pero me extrañaría que lo pudiera saber”, concluyó, en contra de toda evidencia puesto que las donaciones y ventas realizadas por los avalistas se inscribieron en los respectivos registros de la propiedad, que son públicos y cuya consulta realizan de forma habitual los gestores de Avalmadrid.

De igual modo ignoraba el expresidente de la sociedad de garantías por qué ésta no actuó para recuperar el aval impagado por MC Infortécnica SL. Como ha publicado este periódico, Avalmadrid lleva siete años incumpliendo los acuerdos de su comité de morosidad –ésos en los que figura el nombre de Santos-Suárez, pese a que dice que no asistió a las reuniones– y hasta el momento sólo ha conseguido embargar una nave en Sotillos de la Adrada (Ávila). Mientras, los avalistas donaron a familiares o traspasaron a terceros los inmuebles que debería haber embargado Avalmadrid para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL.

El mismo desconocimiento esgrimió Juan Manuel Santos-Suárez respecto a si la empresa de los padres de Díaz Ayuso cumplió el fin para el que se le concedió el aval: comprar unos equipos para acudir a un concurso del Servicio Vasco de Salud. También ignora la información que Carlos Ramos proporcionó a Isabel Díaz Ayuso tras serle facilitado su contacto por la exviceconsejera de Economía Eva Piera Rojo. Pese a que Ramos, según él mismo destacó en la comisión, era su “principal apoyo”. “Le sigo viendo ahora y seguimos manteniendo una amistad”, indicó. En todo caso, al expresidente de Avalmadrid le parece “muy mal” que un empleado de la sociedad de garantías dé información que ha conocido “en razón de su cargo o por razón de una operación, a cualquier persona, porque está cubierto por el secreto”.

Un recuerdo vago de la venta a Cobralia

Santos-Suárez negó después que conozca a Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE y propietario de Marsans, al que Avalmadrid concedió ocho avales por importe total de 3,3 millones de euros en 2010, apenas cuatro meses antes de que el grupo se declarara en concurso. Estos avales fueron señalados primero en el expediente del Banco de Españael expediente del Banco de España y después en el informe que la propia Avalmadrid encargó a una consultora y que sirvió de base para la presentación de una querella ante la Fiscalía que fue archivada al considerar el posible delito prescrito.

El expresidente de la sociedad de garantías precisó a los diputados que el aval no se había concedido al grupo Marsans, en comprometida situación económica, sino a una pyme del grupo que no tenía problemas. Y tras aprobar un informe positivo elaborado por el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid.

Por el contrario, sí que conoce Santos-Suárez a Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM y dueño del Grupo Cantoblanco, otra empresa sospechosa de haber sido favorecida en la concesión de avales.

Pero a quien apenas recordaba tampoco era a Fernando Cañellas, fundador de Cobralia, la empresa a la que Avalmadrid vendió su cartera de fallidos en junio de 2012. Según sostuvo el expresidente de Avalmadrid, se trató de una operación “no muy importante”. “La recuerdo muy vagamente”. Esa venta fue también objeto de un informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) en 2018 que advertía de una posible duplicidad de pagos a Cobralia y a su presidente, Fernando Cañellas, que cobró 270.245 euros por sus servicios jurídicos.

“Las cartas no me influyeron nada”

En la misma desmemoria han caído también las cartas que Antonio Beteta y el propio Arturo Fernández le remitieron para interceder en favor de la concesión de avales a Marsans y Cantoblanco. Santos-Suárez no recordaba si había recibido otras cartas del mismo tenor, pero sí que las dos citadas se habían incluido en los respectivos expedientes. “Pero no me influyeron nada”, rechazó, “llegaron después de que recibiéramos los informes sobre ambas empresas”.

De igual modo Juan Manuel Santos-Suárez negó al diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez que hubiera informado a ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid que Avalmadrid se encontraba en riesgo de disolución en 2010 si no se aportaban 10 millones de euros al capital. El expresidente sí admitió que ese año había bajado la solvencia “rápidamente y de forma extraña” hasta el 10%, por lo que se acercaba peligrosamente al 8% establecido como límite, mientras aumentaba la morosidad por efecto de la crisis. Pero atribuyó la caída a un “error informático” que “no pudieron detectar ni KPMG ni el Banco de España”. Lo describió como un problema “con un paréntesis antes o después de una cifra”. “Por eso pedimos el reafianzamiento y el aumento del fondo de provisiones técnicas”, recordó, en referencia al convenio que Avalmadrid firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid para que ésta complementara los reavales de la compañía pública Cersa.

Juan Manuel Santos-Suárez comenzó su intervención resaltando que él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, alegó. La diputada de Unidas Podemos Isabel Serra utilizó el matiz para reclamar que acudan a comparecer a la comisión los presidentes madrileños desde 2008, una petición que fue rechazada en su día por el PP y Ciudadanos.

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Eva Piera Rojo, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, admitió este martes que pidió al director de Relaciones Institucionales de la sociedad de garantías, Carlos Ramos, que facilitara información a Isabel Díaz Ayuso sobre la empresa de la que eran socios sus padres. “Yo no doy mandatos, sólo le pedí que atendiera a una persona [la actual presidenta de la Comunidad de Madrid] que quería información”, explicó Piera Rojo en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid, desveladas en su mayor parte en diversas informaciones de infoLibre.

Piera relató que, Ayuso, "cuando aún no ocupaba ninguna responsabilidad política" –fue elegida diputada autonómica el 15 de julio de 2011–, le pidió un “contacto” en Avalmadrid porque quería “asesoramiento respecto a la empresa de sus padres”. Lo hizo “en persona, en una conversación fuera de mi despacho”. Según recordó, Díaz Ayuso fue “escueta” y ella misma, “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”. “Nunca me envió un correo”, abundó después. “Y le di el contacto como hacía con cualquier persona que se me acercaba y se interesaba por las ayudas e instrumentos de financiación de la Comunidad de Madrid”, explicó la exviceconsejera, quien describió la consulta como una más de las 16.000 que recibe anualmente la sociedad de garantía recíproca madrileña en busca de “asesoramiento e información”.

Esta explicación, sin embargo, no se corresponde con la realidad en el caso de Ayuso, que no necesitaba ningún asesoramiento sobre "los instrumentos de financiación" de Avalmadrid, puesto que la sociedad de garantías ya había afianzado un crédito de 400.000 euros de la empresa de sus padre el 15 de marzo de 2011. Y la petición a Piera fue cuatro meses después. Lo que quería saber Ayuso es qué ocurriría en el caso de que dicha empresa no devolviera el dinero, puesto que sus padres eran avalistas solidarios, y temía que pudieran perder su patrimonio. La compañía efectivamente no devolvió ni un euro. Y los padres de Ayuso salvaron su patrimonio donándoselo a sus hijos, lo que permitió a la ahora presidenta madrileña apropiarse de un piso que en caso contrario habría tenido que responder de la deuda con Avalmadrid.

A preguntas de los diputados, Eva Piera subrayó que no sabía ni el nombre de la empresa, MC Infortécnica SL, y repitió en varias ocasiones que desconocía los detalles concretos de la operación. Tampoco hizo un seguimiento de ésta, ni volvió jamás a hablar del asunto con Díaz Ayuso, añadió, pese a que ambas fueron compañeras de grupo desde julio de 2011 hasta febrero de 2013.

Los diputados le preguntaron igulamente por el correo electrónico que envió al director de Relaciones Institucionales el 13 de julio de 2011, desvelado por infoLibre, donde le daba “mil gracias otra vez por anticipado” por atender a Ayuso y le proporcionaba el número de móvil de quien había sido su compañera en las listas del PP y dos días después se iba a convertir en compañera de escaño. Para entonces, y pese a que Piera reiteró en la comisión que Díaz Ayuso sólo buscaba "asesoramiento financiero", Avalmadrid ya había concedido a la empresa de sus padres el aval de 400.000 euros que después no devolvió. 

Un día después de que Eva Piera hiciera de intermediaria ante Carlos Ramos, Ayuso envió a éste un correo en el que le facilita los datos de MC Infortécnica SL y le cuenta que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”. En septiembre de ese año, Díaz Ayuso le pide a Carlos Ramos datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque teme que los primeros estén vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

La expresidenta de Avalmadrid dijo desconocer “qué información pidió Díaz Ayuso” e incluso aseguró que no ha hablado con ella desde hace “bastantes años”, a excepción de una breve conversación que mantuvieron al encontrarse hace escasas fechas en en la Copa Davis celebrada en Madrid y que patrocina su actual empresa, Mapfre Seguros. Negó que proporcionarle el contacto de Carlos Ramos fuera “un favor” y se desentendió del hecho de que éste hubiera incluido “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)” como “asunto” del correo que sólo dos días después de haberle dado el teléfono de Díaz Ayuso, el 15 de julio, envió a una empleada de Avalmadrid para pedirle que mirara si la empresa y sus socios estaban en un fichero de impagados.

Carlos Ramos, además de director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo minutos después en la misma comisión.

La culpa fue de la Gran Recesión

Eva Piera defendió en todo momento la gestión realizada en Avalmadrid durante los años en que estuvo a su frente y sentada en su consejo de administración. Pese a que formó parte durante años de su comisión ejecutiva, que aprobaba los avales superiores a 500.000 euros y los vinculados con consejeros o socios protectores –además de la Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal CEIM, posteriormente también Banco Santander y Caixabank–, rechazó una y otra vez que tuviera conocimiento de ninguna operación concreta. En varias ocasiones, aseguró que no recordaba los nombres de los responsables de algunos departamentos por los que le preguntaron los diputados.

La expresidenta de Avalmadrid rechazó también que el consejo de gobierno de la Comunidad le hubiera dado ningún tipo de indicación sobre la concesión de avales. O de cartas, como la que el entonces consejero de Economía, Antonio Beteta, mandó a Juan Manuel Santos-Suárez, invitándole a tener en cuenta los muchos empleos que el Grupo Marsans creaba en la región, a la hora de discutir en un próximo consejo de administración el aval que le había solicitado la empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Pese a la mala situación económica en que se encontraba Marsans, Avalmadrid le concedió avales por un importe total de 3,3 millones de euros. Cuatro meses después, el grupo se declaró en concurso de acreedores. Eva Piera reveló que no sabía si Avalmadrid se había personado en ese concurso para intentar cobrar los avales adeudados. “No estaba en la comisión ejecutiva en ese momento”, alegó. Los avales a Marsans son algunos de los que la propia Avalmadrid llevó a la Fiscalía años después, en abril de 2019, tras ser señalados primero en el expediente abierto por el Banco de España y después en un informe realizado por la consultora Forest Partners.

Eva Piera precisó que la comisión ejecutiva aprobaba “prácticamente todos” y “por unanimidad” las propuestas de aval que realizaba el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid. “En ningún caso nos oponíamos a lo que dictaban los analistas, aunque a veces sí pedíamos que se reforzaran las garantías, se concediera un plazo adicional o se modificara algún aspecto de la propuesta”, concedió. Si, después, los avales no se devolvían porque las empresas quebraban, argumentó, se debió sólo a la Gran Recesión, unos años en que los concursos de acreedores eran una constante y la morosidad, por tanto, se cuadriplicó.

El PSOE ha pedido la comparecencia de un total de 187 personas en la comisión que investigará las supuestas irregularidades y trato de favor de Avalmadrid a determinadas empresas, vinculadas con el PP y con miembros de su consejo de administración. Entre ellas se incluye MC Infortécnica SL, participada por los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que esta sociedad semipública otorgó un aval de 400.000 euros cuyo importe no fue devuelto.

Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas relacionadas con el PP o con consejeros de la propia Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

De este total de comparecientes, casi un centenar son miembros de los diferentes consejos de administración de AvalmadridAvalmadrid, así como sus presidentes y principales cargos directivos desde 2007 hasta la actualidad. Otros 56 son consejeros o administradores de las empresas que consiguieron un aval de la sociedad de garantías madrileña pese a los informes en contra de los analistas de riesgos o que mantenían lazos con miembros del órgano de administración de Avalmadrid.

Al igual que Unidas Podemos y Más Madrid, el PSOE ha pedido la presencia en la comisión de los últimos seis presidentes de la Comunidad de Madrid, desde Esperanza Aguirre hasta la actual, Isabel Díaz Ayuso, así como de los seis consejeros de Economía en ese tiempo, incluido el actual, Manuel Giménez, de Ciudadanos. Los anteriores son Ferndando Merry del Val, Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Matías Ossorio y Engracia Hidalgo.

Todos los consejos de administración desde 2007

También figuran en la exhaustiva lista confeccionada por el PSOE todos los presidentes y directores generales de Avalmadrid desde 2007, desde Pablo Abejas y Juan Manuel Santos-Suárez, hasta José María Rotellar, Rosario Rey García y el actual, Isaac Martín Barbero. Igualmente deberían ser llamados a explicar las anomalías de la sociedad de garantías, a juicio de los socialistas, los viceconsejeros de Economía y Empleo, así como los directores generales y secretarios técnicos de esos departamentos que se han sentado en el consejo de administración de Avalmadrid a lo largo de estos años. Entre ellos, Javier Ruiz Santiago, Eva Piera RojoEva Piera Rojo, Rocío Albert López-Ibor, Jesús Valverde Bocanegra y Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, quien fue luego directora adjunta del Gabinete de Presidencia de Mariano Rajoy y ahora trabaja en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, el PSOE quiere que acudan a la Asamblea de Madrid quienes formaron parte de los consejos de administración de Avalmadrid. La Comunidad de Madrid es el principal accionista de la sociedad de garantías, con un 26,1% del capital, seguida de Bankia, con un 25,3%. La Cámara de Comercio de Madrid posee el 4,2%; el Banco Santander cuenta con un 3,1%; Caixabank, un 1,5%, Plus Ultra Seguros Generales, un 0,02%, y la patronal madrileña (CEIM), un 0,018%. Precisamente algunas de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid estaban vinculadas a consejeros de la Cámara de Comercio y la patronal madrileñas. Así, el PSOE pide la comparecencia de Alfonso Carcasona, Jesús Martín Sanz, Juan Pablo Lázaro, Salvador Santos Campano, José Miguel Guerrero Sedano –ahora presidente de Confemetal– y de Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, expresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

Otro bloque de comparecientes lo integran los cuadros directivos de Avalmadrid en los últimos 12 años, incluidos sus actuales gestores. Los responsables de los departamentos de riesgos, morosidad, recuperaciones, auditoría y control internos, finanzas e incluso relaciones institucionales han sido convocados por los socialistas.

Empresas favorecidas

En la nómina de empresarios citados cabe destacar a Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y su hijo Ignacio, al frente del ya desaparecido Grupo Marsans. También Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco y expresidente de la patronal CEIM. Y los dueños y gestores de las empresas que fueron señaladas en los informes del Banco de España y de la consultora Forest Partners –contratada por la propia Avalmadrid para investigar las irregularidades–: Grupo Casbar, Bionostra, Grupo Nupcial Novíssima, Máscara Films –la productora del director Antonio Fernández del Real –, Vipventa, Volupte, Cubenube, Club Social Santo Domingo, Cavali, Ercam Accuore Inversiones y Viajes Dos.

De MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso, el PSOE pide la asistencia de dos de sus administradores: Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría.

Además, ha pedido que comparezca en la comisión Alfonso Ferrón del Río, administrador de Alfedel SL, una promotora imputada en el caso Púnica por una concesión irregular de colegios concertados.

Informes, cobradores de deudas y un director de periódico

Por último, los socialistas quieren que acudan a explicar su trabajo los autores del informe que Forest Partners envió a Avalmadrid y que sirvió a ésta para presentar una denuncia ante la Fiscalía. El ministerio público la archivó al considerar prescritos las irregularidades. Lo mismo solicita de los inspectores del Banco de España que abrieron expediente a la sociedad de garantías madrileña pos su deficiente gestión y control de los avales que concedía, así como del responsable del informe encargado a PriceWaterhouseCoopers para analizar si esas anomalías tenían consecuencias penales.

También solicita el PSOE la asistencia de los responsables de la empresa Racmo Gestión España, encargada ahora de los cobros de deudas para Avalmadrid, que también han emitido sus propios informes. Y de Darío B. Hernández Martínez, quien fue responsable del departamento de Recuperaciones de Avalmadrid además de miembro de su comité de morosidad en 2012, y actualmente figura como director general de Ramco. Igualmente ha sido convocada CobraliaCobralia, la empresa que estaba al cargo del cobro de deudas en la época en que MC Infortécnica SL no devolvió el aval.

El apartado final de comparecencias incluye la del director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, “por declaraciones sobre la situación de Avalmadrid atribuidas a él por la prensa”, según argumenta el PSOE en el documento registrado este martes en la Asamblea. Y de Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, “por su relación con el fondo Inicap”, propiedad de la Comunidad de Madrid, que invertía en empresas de alto riesgo luego avaladas por la sociedad semipública. López Madrid se ha visto salpicado también por los casos de corrupción Púnica, Lezo y las tarjetas black de Caja Madrid.

Más Madrid pide la comparecencia de 79 personas en la comisión que investigará el supuesto trato de favor y las irregularidades cometidas en Avalmadrid, la sociedad semipública que concedió un aval a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero no actuó con la debida diligencia para recuperarlo cuando no le fue devuelto su importe. Entre esas comparecencias se encuentran las de todos los presidentes de la Comunidad de Madrid desde 2003, incluidos Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, así como la propia Díaz Ayuso y su antecesor en el cargo, Ángel Garrido.

También quieren que expliquen su conocimiento de los procedimientos utilizados por Avalmadrid en la concesión, seguimiento y recuperación de avales quienes ocuparon la Consejería de Economía mientras se produjeron las anomalías reveladas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre. La Comunidad madrileña es el accionista con mayor participación en la sociedad de garantías recíprocas, con un 26,1% del capital, por lo que nombra a su presidente y a un vocal del consejo de administración. En el Gobierno de Díaz Ayuso la Consejería de Economía está en manos de Ciudadanos. Más Madrid solicita que comparezcan en la comisión el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, procedente de la formación naranja, y el actual viceconsejero de Economía y presidente de Avalmadrid, Isaac Martín Barbero.

Igualmente deberán explicar sus actuaciones en la concesión de avales, algunos de ellos otorgados a empresas con vinculaciones con el PP o a empresas relacionadas con miembros del consejo de administración de Avalmadrid a una veintena de estos últimos: desde Rocío Albert López-Ibor, actual viceconsejera de Política Educativa, hasta Juan Iranzo –condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid–, Aurelio García de Sola –presidente de Madrid Network, donde trabajó Díaz Ayuso– y José María Guerrero Sedano, presidente de Confemetal, o Juan Pablo Lázaro, expresidente de la patronal madrileña CEIM.

Directivos

Además, Más Madrid pide la presencia en la comisión de los directivos de Avalmadrid que tuvieron responsabilidades en la concesión de estas garantías bajo sospecha, incluida la otorgada a MC Infortécnica SL, la empresa participada por los padres de Ayuso. Así, pretende que se llame a comparecer a los ex directores generales Juan Luis Fernández Rubíes y Jorge Morán Santor, así como al anterior presidente Juan Manuel Santos Suárez. También a los responsables de riesgos, morosidad, auditoría interna y recuperaciones de Avalmadrid cuando se produjeron las irregularidades, así como a algunos miembros de su comité ejecutivo y otros directivos comerciales y jurídicos.

Respecto a MC Infortécnica SL, se solicita la comparecencia de sus administradores, Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría, así como el director financiero del grupo al que pertenecía la empresa, Manuel Pérez Campos.

A esta empresa de suministros médicos, Avalmadrid le concedió un aval de 400.000 euros. La presidenta madrileña admitió, después de que este periódico desvelase el escándalo, que se había interesado por saber “con qué persona había que hablar” para que Avalmadrid avalara a la empresa de su familia, “si se daban las condiciones”. Esas gestiones se produjeron antes de que, en febrero de 2011, el Comité Directivo de Avalmadrid aprobase la operación. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro del préstamo, que estaba avalado por los ocho accionistas de la empresa. Pese a que en dos reuniones del Comité de Morosidad de Avalmadrid celebradas en 2012 se decidió actuar contra los bienes de los avalistas, ese acuerdo jamás fue ejecutado. No sólo eso, sino que la entidad controlada por la Comunidad de Madrid permitió que los dueños de MC Infortécnica SL se deshicieran de todos sus bienes, en operaciones típicas de un alzamiento de bienes. La presidenta madrileña fue una de las beneficiadas, al apropiarse de un piso en el centro de Madrid, que le donaron sus padres para evitar que terminase respondiendo de la deuda de Avalmadrid.

Empresarios 

Entre los empresarios presuntamente favorecidos por Avalmadrid Más Madrid intenta que acudan a dar explicaciones Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y dueño del Grupo Marsans, así como los representantes de Máscara Films y del Club Social Santo Domingo. Y la exdirectora de Comunicación de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego. Les deberían acompañar también los representantes de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, que además de ser consejeros de Avalmadrid vieron cómo las empresas de algunos de sus miembros recibían avales. Más Madrid ha pedido igualmente la asistencia a la comisión del resto de los accionistas de la sociedad de garantías, como el Banco Santander o Bankia.

Finalmente, Más Madrid pretende que acudan a la comisión de investigación los autores de los informes que revelaron las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, desde el Banco de España hasta las consultoras Forest Partners y PriceWaterhouse Coopers.

Los principales nombres

1. Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid, con responsabilidades políticas dentro del PP desde 2012.

2. Esperanza Aguirre. Presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2012.

3. Ignacio González González. Presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015.

4. Cristina Cifuentes. Presidenta de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018.

5. Ángel Garrido García, presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta el final del periodo que será investigado por la comisión.

6. Pedro Rollán Ojea. Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid entre abril y agosto de 2019.

7. Ignacio Aguado Crespo. Actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Miembro de la ejecutiva de Ciudadanos.

8. Consejeros de Economía entre 2007 y 2018: Enrique Ossorio Crespo, Percival Manglano, Fernando Merry del Val, Antonio Beteta Barreda.

9. Tres exviceconsejeros y presidentes de Avalmadrid: Eva Piera Rojo, que facilitó a Díaz Ayuso un contacto en la sociedad de garantías, José María Rotellar, exviceconsejero de Hacienda entre 2011 y 2014, e Isaac Martín, actual presidente. También está en la lista de comparecientes la expresidenta Rosario Rey García, que encargó un informe a Forest Partners para denunciar ante la Fiscalía las irregularidades reveladas en el documento. Y Juan Manuel Santos Suárez, presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, cuando se produjo el grueso de las irregularidades reveladas por los informes del Banco de España y Forest Partners.

10. Juan Luis Fernández Rubíes: director general de Avalmadrid hasta 2016 y miembro del comité de morosidad en 2012, cuando se concedió a MC Infortécnica SL el aval que no se recuperó.

11. Isabel Parga Raventós. Directora del Departamento de Riesgo y Recuperaciones de Avalmadrid.

12. Fernando de la Fuente Gómez. Director financiero y de administración de Avalmadrid, así como presidente el Comité de Recuperaciones.

13. Jaime Echevarría Rey. Miembro del Comité de Morosidad de Avalmadrid en noviembre de 2012 y responsables de Recuperaciones.

14. Darío Hernández Martínez. Director del departamento de Recuperaciones y miembro del Comité de Morosidad en 2012. Actualmente, director general de Racmo, empresa de cobro de deudas contratada por Avalmadrid.

15. Christian de la Torre González. Analista de riesgos de Avalmarid.

16. Los responsables de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos que emitieron el informe sobre actividades de recuperación del expediente de MC Infortécnica el 30 de julio de 2019.

17. Borja Cubillo Santamaría. Director comercial de Avalmadrid.

18. Sandra Coego Benavides. Empleada del departamento comercial de Avalmadrid que intervino en la concesión, seguimiento y recuperación del aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso.

19. José Luis Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría. Administradores de MC Infortécnica SL.

20. Manuel Pérez Campos, director financiero de Grupo MC, al que pertenecía MC Infortécnica SL.

21. Gerardo Díaz Ferrán. Expresidente de la CEOE y dueño del Grupo Marsans, una de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid en la concesión de garantías.

22. Isabel Gallego Navarrete. Ex directora general de Comunicación de Esperanza Aguirre cuando ésta presidía la Comunidad de Madrid. Avalmadrid le vendió un piso a su padre por 30.000 euros cuando su valor de mercado era de 82.000.

23. Pedro Rodríguez Martín. Esposo de Isabel Gallego y presidente del comité de empresa de Avalmadrid.

24. Más Madrid solicita la comparecencia del responsable de la División de Expedientes Sancionadores y Colaboración con Órganos Judiciales del Banco de España. Así como de Miguel Graell Funes, del departamento de Inspección de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Y de Daniel Pérez García, instructor adjunto del Banco de España del expediente disciplinario abierto a Avalmadrid.

Este martes arranca en la Asamblea de Madrid la comisión que investigará el “presunto trato de favor y las irregularidades” cometidas por la sociedad semipública Avalmadrid en la concesión de garantías a empresas y su posterior recuperación cuando no eran devueltas. Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas vinculadas con el PP o con consejeros personas vinculadas con el PP o con consejerosde la propiedad Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

Los socialistas presentarán un candidato para presidir la comisión, Modesto Nolla, que el grupo confía en sacar adelante con el apoyo de al menos el resto de los grupos de la izquierda. También intentarán, según han explicado a este periódico, que se apruebe cuanto antes el plan de trabajo de la comisión; en el caso de que no sea este mismo martes, sí en una sesión extraordinaria de carácter técnico antes incluso de ratificar la lista de comparecientes, para lo que acaba el plazo el próximo martes, día 29. Esa lista “amplia”, indican fuentes socialistas, la integrarán desde los máximos responsables políticos –presidentas de la Comunidad de Madrid, consejeros– hasta los miembros del consejo de administración de Avalmadrid entre 2007 y 2018, así como el equipo técnico y directivo de esta sociedad de garantías, el Banco de España e incluso las empresas a las que se concedieron avales.

Por su parte, Más Madrid va a solicitar que se pongan a disposición de todos los miembros de la comisión las actas de todos los consejos de administración, el comité ejecutivo y los diferentes comités de Avalmadrid –auditoría, nombramientos, riesgos, gestión, recuperación y seguimiento– entre 2007 y 2018.

La comisión tendrá 18 miembros, tres por grupo parlamentario, pero su voto será ponderado, por lo que, si votan conjuntamente, la mayoría estará en manos de PP, Ciudadanos y Vox. Así, por ejemplo, los grupos de la oposición temían que los conservadores pusieran obstáculos a la comparecencia de los técnicos del Banco de España que han investigado Avalmadrid.

El organismo supervisor, que inspeccionó la entidad en 2012 y 2016, abrió expediente sancionador en junio de 2018 no sólo a la sociedad de garantías madrileña, sino también a todos los que habían sido sus consejeros y directores generales desde 2013. Finalmente, pide sanciones para un total de 16 altos cargos16 altos cargos, por importe de 667.000 euros.

Los inspectores del Banco de España descubrieron “deficiencias de control” continuadas detrás de un aumento del 30% en los fallidos –16 millones de euros– y del 56% en los saldos dudosos –13 millones más–. Llegaron a esas conclusiones tras seleccionar una muestra de 167 avales. Entre los que consideraron irregulares se encuentran los otorgados al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña, (CEIM), Arturo Fernández. Avalmadrid está participada en un 26,1% por la Comunidad de Madrid, en un 25,3% por Bankia y en porcentajes menores por la propia CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid, Santander, Caixabank y Plus Ultra Seguros.

Trato de favor, alzamiento de bienes

Pero Marsans y Cantoblanco no eran los únicos favorecidos. El mismo patrón irregular se había seguido también con la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL, dedicada a la distribución de suministros médicos, había obtenido un aval por importe de 400.000 euros en marzo de 2011, del que no devolvió ni un euro. Es más, como desveló este periódico, durante años Avalmadrid no hizo nada por cobrar esa deuda. Una pasividad que permitió a los padres de Díaz Ayuso y a otros cuatro avalistas desprenderse del patrimonio con el que habían presentado para obtener la garantía. Es lo que el Código Penal califica como alzamiento de bienes. Lo comete quien enajena u oculta patrimonio para evitar que un acreedor cobre su deuda. Y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión de bienes.

Ése es el caso de Isabel Díaz Ayuso. A ella sus padres le donaron una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí y a su hermano, una vivienda unifamiliar de 212 metros en Sotillo de la Adrada (Ávila). Unos meses más tarde, también les donaron el 100% de las participaciones de Sismédica SL, otra de sus empresas, propietaria a su vez de un local por el que ninguno de los hermanos ha pagado el IBI durante cinco años. Entre otros, ésos eran los bienes que Avalmadrid debería haber embargado para recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió.

Aunque las relaciones sospechosas entre Díaz Ayuso y Avalmadrid habían comenzado antes. En finales de 2010 o principios de 2011, según confesó ella misma, la hoy presidenta madrileña preguntó en la sociedad de garantías “con qué persona” había que hablar para conceder un aval a la empresa de la que sus padres eran socios junto con otros tres matrimonios. Isabel Díaz Ayuso llevaba desde 2006 trabajando para el PP e incluso había estado adscrita al Gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre. A pesar de que el coordinador del departamento de Riesgos de la entidad advirtió de que parte de la nave de Sotillo de la Adrada, uno de los bienes presentados como garantía por los socios de MC Infortécnica SL, podía ser derribado, el consejero delegado de Avalmadrid obvió el riesgo y le pidió que siguiera adelante con el aval. Así que la operación se escrituró. Tres meses después de recibir los 400.000 euros, la empresa dejó de pagar las nóminasla empresa dejó de pagar las nóminas.

En julio, Díaz Ayuso contactaba, por intermediación de la entonces viceconsejera de Economía, Eva Piera, con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió información sobre la solvencia económica del grupo de empresas del que formaba parte MC Infortécnica SL. Al día siguiente de esa gestión ocupaba su escaño en la Asamblea de Madrid como diputada del PP. En septiembre repitió el contacto con el directivo, esta vez para solicitarle información confidencial –facturación y clientes– de las empresas de los socios de sus progenitores. Sospechaba que estos tres matrimonios querían dejar morir MC Infortécnica SL y montar otras sociedades. Ese mismo mes, MC Infortécnica despidió a casi toda su plantilla. Y en diciembre no devolvió el primer plazo del aval, 100.000 euros del principal más 3.292 euros de intereses.

Ni una actuación en siete años

Avalmadrid decidió en abril del año siguiente cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía –la nave de Sotillo de la Adrada– y proceder contra los socios de la empresa morosa. Pero para entonces ya había desaparecido el patrimonio que podría haberse embargado: el piso de Madrid había sido donado a Isabel Díaz Ayuso y la vivienda de Sotillo, a su hermano Tomás. Otra nave en ese pueblo abulense se había vendido a una tercera persona.

Los gestores de la sociedad de garantías no movieron un dedo para ejecutar lo que había aprobado: no llevaron al juzgado el expediente de MC Infortécnica SL pese a que su normativa interna les obliga a hacerlo en un plazo de 15 días. Tampoco hicieron nada en noviembre de 2012, cuando el comité de morosidad examinó de nuevo el expediente. En esa fecha ya habían desaparecido siete de los 14 inmuebles que los socios de la empresa de suministros médicos habían presentado como garantía para que se les otorgara el aval. Todos los que podían enajenar, ya que el resto estaban hipotecados.

De hecho, hasta enero de 2013 Cobralia, la firma de cobro de deudas contratada por Avalmadrid, no puso el caso en manos del juzgado. Pero como el procedimiento no avanzaba, en marzo de 2015, más de dos años después, Cobralia preguntó a Avalmadrid cuál debía ser el próximo paso. La sociedad de garantías no respondió. Ni entonces ni nunca. Así que, transcurridos siete años sin que la sociedad de garantías actuara, la deuda de MC Infortécnica SL permanece sin cobrar: a 30 de junio de 2019 ascendía a 270.000 euros.

Desde que se hicieron públicos estos detalles, la presidenta madrileña ha negado siempre que mediara o presionara para que Avalmadrid otorgara el aval a la empresa de sus padres, porque entonces carecía de poder político. Y ha justificado la distracción de los bienes familiares: “A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía lo heredáramos”.

Del Banco de España al análisis forense y a la denuncia en la Fiscalía

Los partidos de la oposición pedirán –tienen un plazo de cinco días para elaborar una lista– la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la comisión, como también de los inspectores del Banco de España que desvelaron las deficiencias en el funcionamiento de Avalmadrid. Según explican éstos en sus informes, la sociedad de garantía recíproca no revisaba los riesgos con la periodicidad a que le obligaba su propia normativa interna –ocurrió en 46 de los 167 avales verificados– y redactaba informes de seguimiento deficientes, sin evaluar la capacidad de pago del avalado y sin incluir “decisiones y conclusiones claras” –en 64 operaciones–. En otros 52 informes de seguimiento no se menciona cómo obtener o ejecutar garantías y en 12 más la clasificación crediticia del avalado se hizo con tanto retraso que hubo que esperar a que lo señalara la auditoría externa.

En vista de estas anomalías, Avalmadrid encargó a la firma Forest Partners un análisis forense sobre esos mismos 167 avales investigados por el Banco de España. Y aunque Forest Partners sólo examinó la fase de concesión de las garantías, los resultados fueron demoledores. Avalmadrid había concedido avales a proyectos de capital riesgo donde participaban fondos y sociedades gestoras vinculadas a algunos de los socios protectores –como se ha explicado más arriba, Comunidad de Madrid, Bankia, CEIM, Cámara de Comercio de Madrid–. Además, esas operaciones generaron “importantes pérdidas”, por lo que los analistas concluyen que Avalmadrid “no debería haber entrado” en ellas. Si se aprobaron, resaltan, fue por los “intereses cruzados de determinadas entidades y profesionales con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión” de la sociedad semipública. La sociedad de garantías también otorgó avales a empresas en dificultades que estaban ligadas igualmente a miembros de su propio consejo de administración. Y, en otros casos, las garantías infringían las normas sobre importes o plazos, carecían del preceptivo reaval o éste era muy bajo.

Ese análisis forense sirvió de base para que el pasado mes de abril la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, presentara una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra una quincena de antiguos directivos y consejeros de la entidad por la posible comisión de “ilícitos de carácter patrimonial” en perjuicio de la sociedad con los avales concedidos a Rural Tours Viajes SA y Trapsa –del Grupo Marsans–, Grupo Casbar, The Tie Gallery España SL y Grupo Cantoblanco. Según destacaba la propia Avalmadrid en su denuncia, las operaciones se habían aprobado “sin atender a razones de lógica económica y con apariencia de discrecionalidad”, existían vinculaciones de miembros del consejo de administración y socios protectores con las empresas avaladas y las operaciones causaron un “perjuicio económico” a la sociedad de garantías. La Fiscalía archivó la denuncia porque consideró prescritos los posibles delitos, cometidos entre 2009 y 2013.

Pero el ministerio público tiene aún que decidir si abre diligencias por la denuncia que Más Madrid ha interpuesto ante la Fiscalía contra la presidenta de la Comunidad por alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias, y contra la cúpula de la sociedad de garantías por trato de favor y administración desleal. 

A día de hoy, Rosario Rey no es ya la presidenta de Avalmadrid.  Y Ciudadanos se ha hecho cargo de la Consejería de Economía, que es quien nombra al máximo responsable de la sociedad semipública y ha puesto a su frente a Isaac Martín. Al tiempo, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, también de la formación naranja, ha dado orden de abrir el procedimiento para desvincularse de Avalmadrid por la “sombra de corrupción” que la acecha. Ese proceso será simultáneo a los trabajos de la comisión, que debe concluirlos antes de diciembre de 2020.

De hecho, según datos oficiales obtenidos por infoLibre de documentos registrales de las propias empresas, así como de anuncios y edictos publicados por la Seguridad Social, al menos 13 de las empresas citadas en ambos informes mantienen aún a día de hoy una deuda total de cuatro millones de euros por impago de cotizaciones sociales.

A continuación se detallan las empresas morosas y su deuda con la Seguridad Social:

1. Casbar Tecnología Industría: 1,3 millones

El mayor moroso es Casbar Tecnología Industrial, que debe más de 1,3 millones de euros. Se trata de una empresa de fabricación de muebles metálicos a la que se otorgaron siete avales por importe de 7,94 millones de euros entre 2008 y 2012. Su presidente y consejero delegado, además de propietario del 22,5% de las acciones, era José Miguel Guerrero Sedano, quien ocupó el cargo de consejero de Avalmadrid entre 2004 y 2013 como representante de la Cámara de Comercio de Madrid, uno de los socios protectores de la sociedad de garantías.

Según el informe de Forest Partners, la reestructuración de la operación que aprobó Avalmadrid cuando Casbar empezó a tener problemas para devolver el aval no sólo aumentó el importe de la garantía –una decisión “sin sentido”, apunta–, sino que además dividió la responsabilidad entre sus cinco avalistas, que consiguieron así reducir su riesgo al perder el carácter solidario que compartían hasta ese momento. Esta circunstancia, destacan los analistas, favorecía a los avalistas, entre ellos a Guerrero Sedano. A 31 de diciembre de 2018, la deuda que Casbar mantenía con Avalmadrid ascendía a 764.000 euros.

2 y 3. Rural Tour Viajes y Trapsa: 660.000 euros

Le sigue el Grupo Marsans, dos de cuyas empresas, Rural Tours Viajes SA y Trapsa, adeudan a la Seguridad Social más de 660.000 euros. El grupo fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien entre 2002 y 2007 había presidido también CEIM, la patronal madrileña, a su vez miembro de CEOE. CEIM es otro de los socios protectores de Avalmadrid, que concedió seis avales a Rural Tours Viajes SA y dos a Trapsa por un importe total de 3,39 millones de euros en 2010. El accionista al 100% de las dos empresas es Viajes Marsans, que entró en concurso de acreedores sólo cuatro meses después de recibir los avales sus dos filiales. Éstos fueron aprobados por la comisión ejecutiva de Avalmadrid pese a que el analista de riesgos había desaconsejado las operaciones tras advertir de la “muy mala situación patrimonial” del Grupo Marsans y de los “fuertes riesgos” que suponían para la sociedad de garantías.

“Cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente”, concluye la consultora. En aquel momento, tres de los miembros del consejo de administración de la sociedad de garantías madrileña ocupaban cargos en CEIM: Jesús Martín Sanz, vicepresidente de la patronal; Sol Olábarri Cervantes, directora del Departamento de Asuntos Económicos, y Juan Pablo Lázaro, también vicepresidente de CEIM.

Además, Avalmadrid recibió dos cartas en enero de 2010, apenas unas semanas antes de que se formalizara la concesión de los avales, firmadas por el entonces presidente de CEIM, Arturo Fernández, y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta. Con una redacción “casi idéntica”, resalta Forest Partners, las cartas de Fernández y Beteta pedían a los responsables de Avalmadrid que tuvieran en consideración “en la próxima sesión ordinaria” donde se iban a analizar los avales para las empresas de Díaz Ferrán, las 4.000 personas a las que Marsans proporcionaba trabajo en Madrid, “lo que da idea de la importancia del empleo que genera la actividad del grupo en el mercado laboral madrileño”.

Como ni Rural Tours ni Trapsa pudieron devolver las garantías, fueron ejecutadas. En junio de 2013 el grupo quedó liquidado, dejando a deber a Avalmadrid un total de 2,72 millones de euros.

4. Isolux Corsan: 582.000 euros

También otra empresa con graves problemas financieros, Isolux Corsán, solicitó un aval a la sociedad de garantías madrileña. Lo hizo en 2011 y por importe de 412.608 euros, de los que no devuelto ni un euro. Entró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2017.

En su caso Forest Partners sólo aprecia un “incumplimiento”: su “tardía” calificación como dudoso subjetivo. Isolux debe a la Seguridad Social 582.000 euros.

5. Grupo Cercal de Alimentación: 425.000 euros

El Grupo Cercal de Alimentación, que se dedicaba a proveer a supermercados de masa congelada para pan y dulces, debe a la Seguridad Social 425.000 euros. Consiguió de Avalmadrid 2,3 millones de euros en seis avales financieros en 2009 y 2010. Su nombre aparece tanto en el informe de Forest Partners como en el del Banco de España. El primero determina que no se le debieron conceder los avales porque los tres años anteriores había incurrido en graves pérdidas, un total de 4,2 millones de euros desde 2006. En 2011 entró en concurso de acreedores.

Ha dejado a deber a Avalmadrid casi un millón de euros. Según el Banco de España, en el caso de Grupo Cercal, la sociedad de garantías madrileña no efectuó la revisión de riesgos en el plazo establecido, sus informes de seguimiento eran deficientes, no recogían información fundamental para determinar cuál era la capacidad de pago de la empresa, y cuando ésta no pagó, no aportaban información sobre las posibilidades de ejecutar las garantías.

6. Grupo Nupcial Novissima: 405.000 euros

Grupo Nupcial Novíssima SL debe 405.000 euros a la Seguridad Social. Le fueron concedidos cuatro avales financieros por valor de 1,7 millones de euros entre 1998 y 2008. Entró en concurso de acreedores en 2010 y adeuda a Avalmadrid 1,38 millones de euros.

Es otra de las empresas que estaban vinculadas a los gestores de la sociedad de garantías. En concreto, Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño, además de consejero de Avalmadrid, era director general de Capital Riesgo Madrid (CRM)Capital Riesgo Madrid (CRM), una sociedad de capital riesgo participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de la sociedad de garantía recíproca madrileña. CRM había adquirido el 20% del capital de Grupo Nupcial Novíssima SL. Para los analistas de Forest Partners, se trata de un conflicto de interés claro. Sobre todo, teniendo en cuenta que los avales no debieron concederse debido a la delicada situación financiera de la empresa y a la presentación de unos planes de negocio que el informe no duda en calificar de “poco creíbles”.

7. Grupo Bionostra: 190.000 euros

Grupo Bionostra SL mantiene una deuda con la Seguridad Social de 190.000 euros. Avalmadrid aprobó 18 operaciones para diferentes empresas del grupo, un total de 4,39 millones de euros entre 2008 y 2010. De esa cantidad, nunca recuperará 2,86 millones. Dedicada a vender sistemas de control y seguridad alimentaria, también contaba entre sus socios con la sociedad de Capital Riesgo de Madrid.

Además, apunta Forest Partners, Imade y la Comunidad de Madrid le “concedían subvenciones de forma continuada”. Así, Pedro Olabarría ocupó diferentes cargos en Bionostra, al igual que Alfonso Carcasona García –al tiempo consejero de Avalmadrid–. Además, en aquellos años, la Comunidad de Madrid participaba en la sociedad de garantías a través de Imade. Como en otras operaciones, en el caso de Bionostra, los avales fueron aprobados en contra de los informes de los analistas de riesgos, que destacaban las fuertes pérdidas del grupo y la falta de apoyo financiero. El Banco de España también incluye a Bionostra y a Grupo Nupcial Novíssima entre las operaciones con informes llenos de deficiencias.

8. Clalu Restauración: 109.000 euros

La deuda de Clalu Restauración SL con la Seguridad Social asciende a casi 109.000 euros. Le fueron otorgados tres avales entre 2008 y 2009 por importe de 1,21 millones de euros, de los cuales Avalmadrid nunca recuperará 862.092 euros. Según el Banco de España, ni se revisaron los riesgos en el plazo legal ni sus informes contenían la información necesaria para determinar si la empresa podía devolver el dinero o se le podían ejecutar las garantías.

9. Gold Bridge: 96.000 euros

En el caso de Gold Bridge SL, una empresa de alquiler de coches de gama alta a directivos, la Seguridad Social le reclama 96.000 euros. Avalmadrid le concedió tres avales por un total de 1,02 millones de euros entre 2009 y 2012. Forest Partners asegura que no se debieron aprobar las operaciones puesto que o no presentó un plan de negocio o los que proporcionó después no estaban suficientemente contrastados. Gold Bridge SL se declaró en concurso en 2014.

Debe a Avalmadrid 510.433 euros que no podrá cobrar. El informe apunta a la posible comisión de “actuaciones fraudulentas” por parte de la empresa: denunció a la Policía la desaparición de algunos de sus vehículos de lujo y una de sus naves sufrió un incendio que destruyó parte de los automóviles que poseía. “Demasiados eventos desafortunados”, sospechan los analistas.

10. Afianza Telecomunicaciones: 60.000 euros

Afianza Telecomunicaciones SL recibió un aval de 2,5 millones de euros en 2008, de los cuales aún adeuda 2,07 millones. A la Seguridad Social, además, le debe 60.000 euros.

El Banco de España la señala como una de las empresas a las que Avalmadrid no revisó el riesgo cada seis meses, como es su obligación con todos los avales que superan el millón de euros.

11. Accuore Inversiones: 34.000 euros

Accuore Inversiones SL debe 34.000 euros a la Seguridad Social. Recibió dos avales por un total de 600.000 euros en 2014 y 2015. No ha devuelto 294.000 euros. Uno de sus accionistas era Fernando Rodríguez Sousa, al mismo tiempo consejero de Avalmadrid en representación de la patronal CEIM.

Forest Partners indica que la operación carecía de reaval y que nunca se verificó el patrimonio personal de los avalistas solidarios.

12. The Tie Gallery: 27.000 euros

The Tie Gallery SL, una cadena de corbatas y complementos, recibió un aval de 100.000 euros en 2009. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo era su administrador único y propietario del 33% del capital. Otro 5% pertenecía a un hermano suyo. Rodríguez-Carmona presidía además la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y ejercía como vicepresidente de la patronal madrileña CEIM. No ha devuelto 35.000 euros tras entrar en concurso de acreedores en octubre de 2012. A la Seguridad Social le debe 27.000 euros.

Mención aparte del conflicto de intereses, el aval se aprobó pese a que la empresa llevaba tres años consecutivos en pérdidas, el plan de negocios presentado carecía de sustento y faltaba la firma de un segundo avalista que se le había requerido a la empresa.

13. Vipventa: 12.000 euros

Igualmente Vipventa SL, un outlet por internet de marcas de lujo, tenía un conflicto de interés por la presencia en su accionariado de una sociedad de capital riesgo, Inicap, donde participaba la Cámara de Comercio de Madrid, socio protector de Avalmadrid. Y Alfonso Carcasona García era consejero de la sociedad de garantías y de Möbis Corporate Venture Capital, la gestora de Inicap. A Vipventa se le concedieron tres avales financieros por valor de 1,55 millones de euros en 2008 y 2009, de los que adeuda 529.760 euros.

Según Forest Partners, se trata de operaciones de alto riesgo puesto que Vipventa sólo había generado pérdidas desde su creación. De hecho, se declaró en concurso de acreedores en junio de 2012 y fue liquidada en mayo de 2014. “El simple análisis de la situación financiera de Vipventa desaconsejaría la concesión de los avales”, concluye el informe. El tercero, en concreto, se aprobó sólo seis meses antes de que la empresa entrara en concurso. Debe a la Seguridad Social 12.000 euros.

En total, la negligente concesión y gestión del riesgo de estas 13 empresas le ha costado a Avalmadrid la pérdida de 13,42 millones de euros.

Avalmadrid, en el disparadero desde que se han conocido sus sopechosos tratos de favor a la hora de conceder avales y no cobrar los que no se devuelven, es una de las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que existen en España desde 1978. Fue entonces cuando se creó un sistema que proporciona acceso a la financiación a pymes y autónomos, los que más dificultades tienen para conseguir crédito: ha otorgado un total de 31.969 millones de euros en los últimos 40 años.

Avalmadrid nació con ese nombre en 1985, pero desde tres años antes existía como Assaf. Tiene una plantilla de 60 trabajadores y la consideración de entidad financiera, por lo que está sometida al control e inspección del Banco de España. Y es una sociedad semipública sin ánimo de lucro, donde la Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital. Lo mismo ocurre en el resto de las 17 sociedades de garantía españolas –también hay una sectorial, CREA, que avala sólo a empresas audiovisuales–, donde cada administración autonómica cuenta con una participación.

En Avalmadrid, además, Bankia, banco público por el 61,7% que posee el FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Entró en la sociedad de garantías madrileña en 1991, cuando aún era Caja Madrid. Hasta 2014 no se convirtieron en socios Banco Santander y Caixabank; Banco Popular –integrado en el Santander desde 2017– llegó en 2015. También son socios fundadores la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM.

Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento. Desde esta semana la preside Isaac MartínIsaac Martín, viceconsejero de Economía y Competitividad, y su director general es Rodrigo Tilve, también director general de Economía. La consejería es una de las carteras del Gobierno madrileño a cargo de Ciudadanos, que ha situado a su cabeza a un independiente, Manuel Giménez.

Casi 11.000 pymes y autónomos son socios

Todos los citados son socios protectores de Avalmadrid, que reúnen el 60,5% del capital. Pero cuatro quintas partes de sus accionistas deben ser pequeñas y medianas empresas, por lo que el 39,5% restante corresponde a los socios partícipes, todas las pymes y autónomos que obtienen un aval. Para conseguirlo deben adquirir acciones de la sociedad en proporción a la cuantía de la garantía otorgada. Que son reembolsables cuando cancelan el aval. Por eso su número es variable, al igual que el capital que representan en el total de la sociedad. A 31 de diciembre de 2018, Avalmadrid cuenta con 10.903 socios partícipes.

Cualquier pyme o autónomo puede acudir a la sociedad de garantías madrileña para que le avale ante la entidad financiera a la que ha pedido un préstamo. Además de la cuota de capital, deberá pagar dos comisiones: una calculada según el riesgo de la operación y otra anual que equivale a un porcentaje del principal pendiente de amortizar.

A cambio, puede pedir dos tipos de avales: técnicos y financieros. Los primeros son los que exigen las administraciones para conseguir subvenciones o participar en concursos públicos. Los segundos, los necesarios para solicitar créditos a los bancos. Según las cifras de Cesgar, la patronal de las sociedades de garantía españolas, de los casi 3,6 millones de empresas con menos de 250 trabajadores que existen en España, el 36,5% necesitó acudir a un banco en busca de crédito el año pasado y, de éstas, la mitad necesitó un aval.

De hecho, el principal problema que exponen las pymes para obtener financiación es precisamente la falta de las garantías que les piden los bancos, según los informes de Cesgar, incluso por delante del precio del dinero. Por regla general, las pequeñas empresas necesitan solicitar un crédito sobre todo para financiar el circulante, por el desajuste temporal entre ingresos y pagos.

Entre la Fiscalía y el Banco de España

En 2018 Avalmadrid concedió 1.672 avales, 944 financieros y 728 técnicos. El importe medio de los primeros fue de 58.000 euros. Una cuantía que no ha dejado de caer desde los 132.000 euros de media aprobados en 2011.

A MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Avalmadrid le proporcionó un aval que triplicaba la cuantía media de los que aprobó en 2011, 400.000 euros. Bajo escrutinio está si esta firma de suministros médicos se benefició de un trato de favor por la intervención de Díaz Ayuso, entonces parte del equipo de Esperanza Aguirre, su antecesora en el cargo.

También está en el foco del Banco de España la concesión de avales a empresas que tenían vinculaciones con miembros del consejo de administración. El organismo supervisor inspeccionó y abrió expediente a la sociedad de garantías madrileña por las numerosas irregularidades que descubrió en 167 operaciones. Y la propia Avalmadrid remitió a la Fiscalía el pasado mayo un informe donde señalaba a exconsejeros y exdirectivos como responsables de toda una serie de operaciones aprobadas de forma “discrecional” y pese a su “falta de lógica económica”, que además “causaron un perjuicio” a la entidad. El ministerio público archivó la denuncia por considerar prescritos los hechos, pero tendrá que volver a analizar éstos y otros avales, entre ellos el de los padres de Díaz Ayuso, después de que Más Madrid haya presentado este mismo miércoles otra denuncia donde se acusa a la presidenta madrileña de alzamiento de bienes, tráfico de influencias y trato de favor, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal.

Bankia, la entidad que más operaciones firma con Avalmadrid

Las SGR permiten a las empresas y autónomos conseguir condiciones ventajosas, tanto en interés como en plazos, a la hora de firmar con los bancos. Gracias a que mantienen convenios de colaboración con estas entidades financieras. Avalmadrid los ha suscrito con los que son sus socios protectores –Bankia, Santander, Caixabank–, pero también con Sabadell, Deutsche Banki, BBVA, y varias cajas –rurales de Soria, Albacete y Jaén– e incluso bancos extranjeros como el ecuatoriano Pichincha o el holandés Triodos.

La entidad con el mayor volumen de riesgo garantizado por Avalmadrid es la propia Bankia, con 99,348 millones de euros y 190 avales, según se recoge en la última memoria anual de la sociedad de garantías. Caixabank le sigue con casi una tercera parte, 33,86 millones y 182 operaciones, así como Banco Sabadell, con una cantidad parecida, 36,86 millones de euros y 108 avales. Pero si se suman los volúmenes de Santander y Popular, ambos cuentan con 44,85 millones en avales.

Para los bancos, contar con la garantía de una sociedad como Avalmadrid les supone un doble negocio.

Por un lado, reducen el riesgo de las operaciones porque saben que tienen cubierto cualquier impago. No sólo por la sociedad de garantía recíproca, sino también por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, y por la Comunidad de Madrid, que a su vez respaldan las operaciones de Avalmadrid. Por otro, los préstamos avalados por las SGR ponderan al 20% a efectos del coeficiente de solvencia, por lo que consumen menos recursos propios bancarios. De ahí que las entidades puedan ofrecer tipos más bajos y plazos más largos.

Además, es la sociedad de garantías la que efectúa todo el seguimiento de la operación. Se trata de un proceso largo, puesto que los avales se conceden con plazos que van desde tres años para un crédito hasta 15 años si son préstamos hipotecarios.

Aunque, como se ha visto en el caso de MC Infortécnica SL, hayan quedado patentes los fallos de esos controles. De hecho, nunca se recuperaron lo 400.000 euros del aval: en siete años Avalmadrid no actuó para embargar a los socios de la empresa los inmuebles que habían puesto en garantía para la operación. En ese tiempo, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica, incluidos los padres de Díaz Ayuso, los donaron a sus hijos o transmitieron a terceroslos donaron a sus hijos o transmitieron a terceros, lo que el Código Penal considera un delito de alzamiento de bienes.

Marsans y Cantoblanco

Tampoco fueron diligentes los gestores de Avalmadrid con el seguimiento y control de riesgos en los 167 avales investigados por el Banco de España, que pide sanciones por un total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia SGR y la Consejería de Economía. La decisión definitiva del supervisor se conocerá antes de que acabe este año.

El caso es que la ratio de morosidadratio de Avalmadrid no ha hecho más que aumentar desde 2012, cuando era sólo del 4,32%, hasta 2018, cuando alcanza el 11,62%. Casi la ha triplicado. De los 352,11 millones de euros que la sociedad de garantías madrileña mantiene en avales otorgados en vigor, 46,35 millones son considerados dudosos.

Según el informe del Banco de España, las irregularidades se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018. Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el supervisor, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”.

En otros avales, los informes de seguimiento sólo mencionaban el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aportaba información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en algunas operaciones la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

Cambios en la política de riesgos

Todas estas irregularidades se sucedieron pese a que el Banco de España requirió a Avalmadrid en 2012 que mejorara su política de seguimiento de riesgos. No le hizo caso hasta 2014. Y hubo que esperar hasta septiembre de 2018 para que la SGR madrileña creara el cargo de director de Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo y eligiera a Rodolfo Felipe Gómez para el puesto, además de nombrar una directora de Seguimiento y Recuperaciones, Asunción Martín Gómez.

En octubre de 2018, cuatro meses después de que el Banco de España abriera el expediente a Avalmadrid, el consejo de administración aprobó una nueva política de operaciones vinculadas que “refuerza y amplía el alcance” de las operaciones que no puede aceptar la SGR, además de endurecer los requisitos para conceder avales a empresas relacionadas con la cúpula de la sociedad, asegura la memoria anual.

Según ese informe, Avalmadrid ha concedido a empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración un total de 25 avales, por importe de 3,64 millones de euros. La empresa subraya que todas estas operaciones cumplen el Código Ético de la entidad, del que carecía hasta 2016. Esa cifra es la más alta desde 2011, cuando fueron 11 los avales otorgados a firmas relacionadas con la cúpula de Avalmadrid.

La quinta lista de los mayores morosos que publica la Agencia Tributaria no ha deparado grandes sorpresas respecto a años anteriores. Excepto quizá que ha aumentado el ritmo de reducción de la deuda: un 7,8% respecto a la anterior, referida a 2017. Si hasta entonces el volumen de lo reclamado había caído sólo un 1,9% desde que se publicó el primer listado, en diciembre de 2015 –apenas un 0,5% en 2017 respecto al año precedente–, en esta ocasión la deuda se ha reducido hasta los 14.100 millones de euros, desde los 15.600 millones de hace cuatro años. Es decir, del 9,6% total de recorte, casi cuatro quintas partes corresponden a 2018.

El número de los morosos se queda este año en 4.028, cuando en 2015 se elevaban a 4.855: una disminución del 17%.

Pero la cabeza de la clasificación no ha cambiado apenas en todos estos años. Los 17 mayores morosos, los que deben más de 50 millones, continúan teniendo los nombres de las grandes inmobiliarias fulminadas por la debacle del ladrillo. Todas ellas suman una deuda de 1.919,9 millones de euros, si a los impagos de las sociedades se les unen los atribuidos a sus principales accionistas. Así, Reyal Urbis continúa siendo el mayor moroso, con 353,23 millones de deuda. Aun voluminosa, es 8,2 millones menor que la del año anterior. Sin embargo si se suman las cantidades en el debe de Isolux Corsán e Isolux Corsán Concesiones, el montante del malogrado grupo de ingeniería supera a Reyal Urbis, con un total de 369,83 millones de euros.

Les siguen las empresas de uno de los protagonistas del hundimiento inmobiliario, Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés conocido como Sandokán. Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez acumulan, junto con el propio Sandokán como persona física, una deuda de 242,23 millones de euros. Vittone 1842 SL, una empresa de licores de Girona, debe al fisco 134,23 millones. Otro caído del ladrillo es el grupo malagueño Aifos, que a sus 98,64 millones añade 32 millones de Sun Farm, también propiedad del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado Taillefer, así como las deudas personales de ambos. En total, 129,89 millones de euros. De hecho Ruiz Casado y Maldonado Taillefer son las dos personas que más deben a Hacienda (más de 15,7 millones cada uno) después del número uno de la lista, el empresario Agapito García Sánchez, que mantiene ese puesto desde 2015.

Banreal Holding SL, una empresa de servicios financieros, repite un año más en el listado, con una deuda de 98,39 millones a la Agencia Tributaria. Tras ella, continúan los damnificados del ladrillo: Grupo Pra SA, con 97,94 millones de euros y el grupo de Francisco Hernando Contreras, El PoceroEl Pocero, que alcanza los 87,84 millones. Le pisa los talones la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una polémica ONG dedicada a la venta de cupones sin autorización, según Hacienda, que la sancionó por ello en 2015. Debe 86,13 millones de euros.

En la clasificación aparece también Anca Corporate, una sociedad formada por el empresario hotelero Antonio Catalán y la familia Cosmen, propietaria de los autobuses Alsa. Su deuda con el fisco, 81,93 millones. A Promaga, constructora del empresario gaditano Manuel Gaviria, Hacienda le reclama 70,93 millones, mientras que a la inmobiliaria Natica Classic le apunta 60 millones de euros. Rematan la lista otros dos grandes del fiasco del ladrillo: Nozar, con 56,87 millones de euros, y Martinsa-Fadesa, con 50,33 millones.

Desaparece de la lista la sociedad del paraíso fiscal de Man

Por el contrario, han desaparecido dos de los mayores morosos de ediciones anteriores. Se trata en primer lugar de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos desbancaron el año pasado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, cuando sumaban 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Salir de la lista no significa que se haya abonado toda la deuda, sólo que ésta ya no alcanza el millón de euros. La segunda es Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que fue durante dos años la segunda empresa más endeudada de la lista. Llegó a deber 227,72 millones de euros.

Entre las personas físicas con mayor volumen de deuda, además de los ya citados destaca de nuevo el exbanquero Mario CondeMario Conde. Aún se le exige el pago de 12,37 millones de euros, por debajo de los 14,96 millones de 2017 pero muy por encima de los 9,93 millones de euros con que se estrenó en la lista.

Ruiz Mateos, clubes de fútbol y Rodrigo Rato

Nombres ya habituales entre los mayores morosos siguen siendo los de la familia Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el antiguo dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas de los hijos de Ruiz Mateos –Garvey, Dhul, Nueva Rumasa y otras– acumulan una deuda con el fisco de 21,87 millones de euros. Las de Arturo Fernández en torno al grupo Cantoblanco deben 19,36 millones. Y las empresas de Díaz Ferrán Air Comet y Spanair superan los 21 millones de deuda fiscal.

Otro sector bien representado entre los mayores morosos es el del deporte. Clubes de fútbol como el CF de Murcia –18,3 millones de euros–, el Mérida –4,8 millones–, el Hércules de Alicante –3,9 millones–, el Real Jaén –11,16 millones–, el Rácing de Santander –3,26 millones–, la Unión Deportiva de Salamanca –13,62 millones de euros–, acompañan a los de baloncesto como el Lleida –1,04 millones– y el Girona –10,12 millones– o el Estudiantes de Madrid –8,21 millones–. Entre las novedades deportivas de la lista cabe destacar al ex motorista Sito Pons, que debe a Hacienda 1,95 millones de euros. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, continúa un año más en el listado de morosos, con 1,36 millones, al igual que el exjugador del FC Barcelona Gabriel Milito, a quien se le reclaman 1,84 millones de euros. Otro exbarcelonista, Dani Alves, por el contrario, ha salido de la lista.

Siguen sin pagar lo que deben a la Hacienda pública el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato –1,02 millones–, y Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, 1,13 millones. Lo mismo puede decirse de Francisco José Ortiz von Bismarck, a quien el fisco reclama 1,28 millones de euros, y  del juez Pascual Estevill –3,7 millones–, que fue condenado por corrupción. Además, entre los mayores morosos se encuentran dos organizaciones políticas: Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid –con poco más de un millón de euros– y Fundescan, una fundación ligada a la UGT canaria –1,05 millones–.

Desde Paz Vega hasta Okeysi

Entre los famosos del espectáculo se han estrenado en la lista la actriz Paz Vega, con casi 2,5 millones de euros, mientras que Patricia Conde se mantiene –debe 1,83 millones– y el cantante Miguel Bosé y el personaje televisivo Kiko Matamoros se caen del listado.

El empresario Javier Merino, exmarido de la actriz Mar Flores, que suma 3,4 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur– acompaña también a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, con 18,41 millones en el debe fiscal.

Antonio Navalón, periodista de El País y moroso desde 2015, continúa 2,01 millones. El articulista de La Razón César Vidal también se mantiene, con una deuda de 2,7 millones. Ya no aparece el grupo Intereconomía.

Entre las marcas del sector textil se han estrenado los dueños chinos de la cadena de tiendas Okeysi, que se unen así a Caramelo, Hakei y Blanco, en concurso de acreedores.

Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del polémico Miguel Ángel Ramírez, ha aumentado su deuda con Hacienda hasta alcanzar el último año los 6,36 millones de euros.

La Audiencia Nacional autorizó la excarcelación del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, que próximamente abandonará la prisión madrileña de Soto del Real en la que se encuentra desde su detención en diciembre de 2012 en el marco de la operación Crucero, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penintenciaria, José Luis Castro, concedió el segundo grado –un régimen de semilibertad– al que fuera presidente de la patronal española por haber cumplido ya una tercera parte de su condena. Díaz Ferrán está condenado a más de ocho años de prisión por varias causas judiciales, entre ellas el conocido caso Marsans.

El juez también tuvo en cuenta a la hora de flexibilizar el internamiento su buen comportamiento –con 17 hojas meritorias, apuntan las mismas fuentes– durante los más de cinco años que estuvo encarcelado, así como su disposición a colaborar, una vez que salga de prisión, con una ONG.

Eso sí, el juez mantendrá bajo vigilancia a Díaz Ferrán mediante una pulsera telemática, lo que permitirá no tener que volver a la cárcel todos los días. El expresidente de la CEOE, de 75 años y que padece varias enfermedades, disfrutó de varios permisos penitenciarios y estuvo estudiando Económicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Además, en febrero de 2016 el propio Díaz Ferrán mandó una carta a la Audiencia Nacional en la que mostró su arrepentimiento por el daño causado por su actuación.

Las condenas de Díaz Ferrán

Gerardo Díaz Ferrán fue condenado el 7 de julio de 2015 por la Audiencia Nacional a cinco años y medio de prisión, que él mismo aceptó al reconocer los hechos, por el vaciamiento al Grupo Marsans. Además, se le impuso la multa de 1,2 millones de euros y se le ordenó indemnizar de forma solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur por los prejuicios causados.

No obstante, por el incumplimiento del pago de la multa, se le impuso la condena de un año y diez meses de prisión; mientras que la responsabilidad civil fue satisfecha por los concursos de acreedores que tiene.

En junio del pasado año el Tribunal Supremo confirmó esta condena por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.

Díaz Ferrán fue también condenado a una pena de dos años y dos meses de prisión en una sentencia dictada en diciembre de 2013 por el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia por defraudar 99,04 millones de euros del Impuesto de Sociedades de 2001 derivado de la operación de compra de la aerolínea de bandera argentina por parte de Air Comet y Viajes Marsans.

Por otro lado, la Audiencia Nacional también impuso una pena de dos añosde prisión por el gasto de 93.984 con la tarjeta blackde Caja Madrid y Bankia, una pena que no se puede acumular a las anteriores ya que la sentencia aún no ha sido declarada firme por el Tribunal Supremo.

La tercera lista de morosos publicada este viernes por la Agencia Tributaria tiene pocas novedades respecto a las dos anteriores. Ni en volumen ni en nombres. Este año el número de los morosos se reduce un 4,6% respecto a la facilitada hace un año e incluye a 4.549 personas físicas y empresas, que suman deudas por importe de 15.400 millones de euros, un 2% menos que en la lista de 2016. Los campeones de la lista tampoco han variado: la inmobiliaria Reyal Urbis, con 363 millones de euros la encabeza, seguida de Oceanus Maritime, una empresa radicada en la isla de Man, propietaria de un yate de lujo y que debe 227 millones, y otra promotora, Nozar, con 198 millones de euros más.

Según las cifras que facilita la Agencia Tributaria, desde que publicó el primer listado, el 23 de diciembre de 2015, ha cobrado de estos grandes morosos un total de 891 millones de euros, apenas el 6% de la deuda. De esa cantidad, 100 millones los pagaron 48 morosos entre el 31 de diciembre de 2016 –fecha en que se cerró la lista publicada este viernes– y el pasado 20 de mayo. Hay que tener en cuenta que, antes de hacer públicos los nombres, los deudores son notificados por Hacienda. Otros 309 millones fueron abonados por 3.600 morosos que aparecían en la segunda lista y los 482 millones restantes, por 1.660 deudores del primer listado.

La dificultad para ingresar la deuda se corresponde con el hecho de que el 38,5% de los morosos de la última lista se encuentra en concurso de acreedores, lo que ralentiza y entorpece el cobro. Una sentencia de 2014 del Tribunal Supremo acabó con el derecho de que hasta entonces gozaba el fisco de ser el primero en cobrar las deudas, por delante del resto de los acreedores, con lo que también solía ser el que más dinero recuperaba. Esos morosos en concurso suman el 43% del volumen total de deuda con Hacienda. En el listado aparecen sólo quienes deben a la Agencia Tributaria más de un millón de euros.

Además se presenta otro obstáculo: este año el fisco ha practicado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria con 904 deudores por importe de 1.700 millones de euros, un 9,5% más que el ejercicio anterior. Estos procedimientos –Hacienda reclama el dinero a terceros– retrasan aún más la recaudación de las deudas.

Así, en la lista se perpetúan desde la primera edición los nombres de cientos de empresas constructoras y promotoras inmobiliarias quebradas con el pinchazo del ladrillo. También de otras asociadas a ellas, de los sectores de la cerámica, los muebles... Hace sólo unos días se supo que la ya citada Reyal Urbis entraba en liquidación tras cuatro años en concurso. Con un pasivo de 4.660 millones, es la segunda mayor liquidación de una inmobiliaria después de la de Martinsa Fadesa –que también aparece en el listado de morosos, con una deuda de 65,2 millones de euros–.

Continúan igualmente los viejos nombres del boom constructor. El cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a Hacienda, a través de cuatro empresas distintas, un total de 130,52 millones de euros. Francisco Hernando, El Pocero,El Pocero adeuda 86 millones a través de Obras Nuevas de Edificación 2000. Aifos aparece con un débito de 98,64 millones de euros, a los que hay que añadir los 10,5 millones a nombre de su propietario, Jesús Ruiz Casado, y otros tantos de su esposa, Teresa Maldonado Taillefer: un total de 119,7 millones de euros. Los murcianos Pedro García Meroño y Facundo Armero Madrid están detrás de Polaris World y Suelos Industriales La Hita, que deben a Hacienda 87,6 millones. Como El Pocero de Guayquil fue bautizado Manuel Gaviria, promotor gaditano al frente de Promaga SA, con una deuda de 71,9 millones de euros y que dejó a cientos de inmigrantes ecuatorianos sin casa en su propio país. El castellonense Manuel Guillén Polo, a través de 18 sociedades distintas, tiene un agujero con Hacienda que suma 75 millones de euros.

Por el contrario, Sacyr, tras sufrir una dura reestructuración y recortar su enorme deuda, ha salido de la lista de morosos tras aparecer en ella en su segunda edición.

Repiten, y con importes casi idénticos, el intermediario financiero Banreal Holding, con 98,4 millones de euros de deuda, o el grupo Pra SA, con otros 98,7 millones, que ha rebajado la cifra desde el año pasado en tres millones de euros.

Ruiz Mateos, Serratosa, Sanahúja

Se mantienen también algunos de los empresarios que más titulares han protagonizado en los últimos años por sus fiascos financieros. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña, CEIM, sigue debiendo a Hacienda 17,3 millones de euros, sólo 200.000 menos que el año pasado. Permanecen en la lista las empresas que pertenecieron al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán: Spanair, Air Comet, Viajes Marsans y Teinver. En total, casi 47 millones de euros, sólo 26.000 euros menos que en 2015.

Mario Conde, expresidente de Banesto que fue condenado a 20 años de prisión tras ser intervenida la entidad en diciembre de 1993, continúa en la lista con 9,93 millones de euros, tras reducir su deuda en sólo 49,35 euros. Su exsocio Jacques Hachuel le acompaña con un débito de 2,69 millones, el mismo que en 2015. El empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, suma 5,27 millones de euros, a través de cuatro empresas –Star Petroleum, Star Petroleum Red, Multipetróleos y Multipromotur–.

La familia Ruiz Mateos adeuda un total de 31,1 millones de euros por culpa de seis empresas: Dhul, Clesa, Garvey, Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos SA e Inversiones Ruiz Mateos. Son casi el doble de los 13 millones con que ingresó en la lista de 2015. Y este año aparecen con una sociedad más: Nueva Rumasa, que adeuda casi nueve millones de euros.

Otros nombres de la élite empresarial como los Serratosa –Valencia de Cementos– o los Sanahúja –Metrovacesa–, tampoco se apean del listado de Montoro. Estos últimos han recortado su deuda de 53,6 a 49,3 millones en el último año.

El empresario y ventrílocuo José Luis Moreno también continúa entre los morosos de Hacienda, con un importe de 1,9 millones a través de la sociedad Kulteperalia. Igual que el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, con una deuda de 3,6 millones, la misma cantidad que hace dos años. El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán Muñoz, deben al fisco en conjunto 3,4 millones de euros.

508 nuevos en la lista

En la lista figuran este año 508 morosos nuevos respecto a la lista anterior, entre ellos la presentadora de televisión Patricia Conde, con una deuda de 1,2 millones, y el también televisivo Kiko Matamoros, quien debe un millón a Hacienda. Sin olvidar a Francisco José Ortiz von Bismarck, hijo de Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck, miembros de la jet set marbellí, que debe pagar 1,2 millones de euros al fisco. En el lado de las empresas, aparecen por primera vez Unipapel, Unipost y Seguridad Integral Canaria. Propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, el rey de la seguridad low cost, adeuda 2,9 millones de euros. Los vigilantes de esta empresa llevan meses denunciando los retrasos con que cobran todos los meses sus nóminas. Y han comenzado a protestar con huelgas y manifestaciones. Sin embargo, la empresa asegura que se encuentra “totalmente al corriente de sus obligaciones con Hacienda”, después de haber abonado la cantidad con que figura en la lista. Por el contrario, dice que las administraciones públicas le deben 16 millones de euros por los servicios que les presta.

Seguridad Integral Canaria no es la única empresa del sector que aparece entre los morosos fiscales. También Magasegur, Segur Ibérica, Ombuds, Falcon, Halcón, Seguriber o Esabe.

Nuevas en el listado son igualmente las textiles Hakei, que acaba de cerrar todas sus tiendas, y Reig Martí, que se suman a la gallega Caramelo, los sevillanos Victorio y Luchino y a los vaqueros Lois. Pero la novedad con mayor volumen de deuda es Vittone 1842, una empresa que destila el fernet, un licor amargo muy popular en Argentina. La empresa, radicada en Girona, debe nada menos que 134,4 millones de euros al fisco.

En cambio, son antiguos en la nómina de Montoro el juez Luis Pascual Estevill, condenado por corrupción –3,7 millones– y la persona física con mayor volumen de deuda, el empresario Agapito García Sánchez: 17 millones de euros, una considerable rebaja desde los 26,8 millones con que ingresó en la lista.

Medios, clubes de fútbol, empresas municipales

No faltan los medios de comunicación. Repiten este año Intereconomía, con 13,2 millones de euros de deuda; la Editorial Católica –que publicaba el diario Ya–, con 4,6 millones; la editora de La Crónica de León –un millón– y Prensa Universal, responsable de Diario de Alcalá Diario de Alcalá–1,1 millones–. Como tampoco faltan dos colaboradores habituales de la prensa y la radio: Antonio Navalón –El País–, que adeuda 2,08 millones de euros, la misma cantidad desde 2015, y César Vidal –La Razón–, con 2,3 millones.

Otro sector bien representado en las tres ediciones de la lista es el de los clubes deportivos. Entre los de fútbol, el Recreativo de Huelva debe 12,5 millones; el Elche, 10,5 millones; el Hércules, 4,7 millones de euros; el Rácing de Santander, 9,1 millones; la Unión Deportiva Salamanca, 13,6 millones más. Se han caído de la nómina los clubes de baloncesto Estudiantes y Joventut de Badalona, pero continúan en ella los equipos de Valladolid, Girona, Alicante, Lleida y Menorca. También sigue debiendo dinero a Hacienda el futbolista del Zaragoza y del Barça Gabriel Milito –1,8 millones–. En cambio, han regularizado su situación fiscal el ex jugador del Barça Dani Alves y el piloto español de motos Dani Pedrosa.

En la relación de morosos de Montoro no sólo hay empresas privadas. Entre las públicas cabe destacar la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, con una deuda de 1,08 millones de euros, y las empresas municipales Almonte Territorio Sostenible, la de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, y las de Suelo de San Fernando de Henares y Algeciras.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha elaborado ya la lista provisional de beneficiarios de las subvenciones para cursos de formación este año, que incluye a 530 empresas, asociaciones y organismos. En esta convocatoria el SEPE reparte 195 millones de euros, tras denegar o rechazar solicitudes por importe de otros 139,74 millones. La partida presupuestaria era de 250 millones, con lo que 55 millones se quedan sin gastar. El listado definitivo está pendiente de que se resuelvan las alegaciones presentadas para 23 expedientes. Este pasado martes la lista fue entregada por el SEPE a la patronal y los sindicatos, después de que el organismo público se la facilitara también a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF –la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía– y a la Inspección de Trabajo, para que investiguen posibles irregularidades.

Así lo explicaron los responsables del SEPE a los agentes sociales, según ha podido saber infoLibre de fuentes conocedores de la reunión. Ésta se celebró la víspera de que fueran detenidos José Luis Aneridetenidos José Luis Aneri, presunto organizador del fraude de los cursos de formación en Madrid; el prestamista Antonio Arroyo y el ex director general de Viajes Marsans Iván Losada, quien ya fue condenado por apropiación indebida junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. La Policía cree que los tres han montado una red para captar ilegalmente subvenciones públicas a la formación. El fraude, aseguran los investigadores, puede superar los 12 millones de euros.

La UDEF incluye en la trama al socio de Iván Losada, Andrés Martínez López, su socio en Fun & Rooms Hotels y copatrono en la Fun Foundation, que ambos crearon el pasado mes de junio junto a Juan Francisco Rallo, entrenador de figuras de la televisión como Pablo Motos o Christian Gálvez. Como ya informó infoLibre, Fun & Rooms había presentado al SEPE tres expedientes para conseguir subvenciones de formación en la convocatoria que está a punto de resolverse. El organismo se las ha denegado. El pasado mes de diciembre, Andrés Martínez López aseguraba a este periódico que Iván Losada era su amigo y su empleado. “Trabaja para mí”, explicaba, “como comercial y coordinando equipos de personal a través de Spanish Business Management”. También decía que estaba aprovechando los “contactos hoteleros de primer orden” que posee Losada, después de sus años de trabajo en el sector.

Andrés Martínez reveló entonces que Hacienda y la UDEF le habían preguntado por su relación con Iván Losada. De hecho, Fun & Rooms Hotels explota el Fun Aragon Hills Hotel & Spa, un establecimiento hotelero situado en Formigal (Huesca), que fue construido por el grupo Basgra, cuyo director general hasta 2008 fue Iván Losada. Ese año Losada pasó a trabajar como número dos de Ángel de Cabo, el liquidador de empresas que adquirió Teconsa –ligada a la trama Gürtel–, Nueva Rumasa y, finalmente, Viajes Marsans.

Siete años después, en 2015, la Audiencia Nacional condenó a Losada a dos años y medio de prisión por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Tras firmar un acuerdo de conformidad, confesar los delitos y devolver dos millones de euros desviados a Luxemburgo, consiguió ver reducidos a la mitad los cuatro años y tres meses que le pedía el fiscal por el vaciamiento de Marsans. En febrero de 2016, la Audiencia Nacional le condenó además a un año más de cárcel por apropiación indebida.

Ahora, según la UDEF, se ha unido a José Luis Aneri –a quien conoció en la cárcel, según El País–para desviar ayudas públicas a la formación, mediante testaferros e intermediarios, en su mayoría de nacionalidad extranjera.

Pero la empresa de Iván Losada no es la única vinculada a personas investigadas y condenadas que solicitaron subvenciones a Empleo este último año.

También les han sido denegadas las solicitudes a la Universidad Internacional de La Rioja y a la empresa Formación Lozoya. El nexo entre ambas es Ignacio Velilla Fernández, vicesecretario no consejero y apoderado de la primera, además de administrador de la segunda. Fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 por su responsabilidad contable en el llamado caso Tarrío, precisamente un caso de contratos irregulares en Forcem, la fundación predecesora de la actual Fundae, que gestiona las ayudas a la formación para el empleo.

6,27 millones para las empresas de un cargo del PP

Por el contrario, sí ha recibido subvenciones Método Estudio Consultores, propiedad de Jorge Cuntín Rey, que preside a su vez el patronato de la Fundación Análisis y Formación. En el listado, al que ha tenido acceso infoLibre, figura como beneficiaria de 2,52 millones de euros en subvenciones. El pasado 7 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía el procedimiento abierto contra ella por la Inspección de Trabajo, que investiga un posible fraude de subvenciones. El fiscal abrió diligencias previas y los responsables de la fundación prestaron declaración. La Inspección le había impuesto una multa de 187.000 euros por una infracción muy grave.

El caso se remonta a 2013, cuando el Ministerio de Empleo preguntó por Análisis y Formación a la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura. La fundación había solicitado al Protectorado autorización para contratar con empresas pertenecientes a los miembros de su patronato, una de ellas la citada Método Estudio Consultores. La ley obliga a pedir permiso porque, en principio, los patronos deben ejercer su cargo de forma gratuita.

El Protectorado denegó la autorización tras detectar un “posible abuso de la personalidad jurídica de la fundación” por parte de sus patronos. Consideraba que las empresas de éstos utilizaban “de forma encubierta” la fundación para obtener subvenciones públicas que de otra forma no podían conseguir. El Protectorado destacaba también que la Fundación Análisis y Formación carecía de otros ingresos que no fueran las subvenciones públicas, por lo que “con dificultad cabe entender que esté realmente satisfaciendo, o pueda hacerlo en el futuro, intereses generales”. “A través de la fundación se están canalizando contratos a entidades mercantiles [como la citada Método Estudio Consultores] que son las que realmente realizan, con evidente finalidad lucrativa, las funciones de formación que la fundación muestra como fines propios, pero que materialmente no parece poder satisfacer por sí misma”. Según indica Alberto Martín, abogado de la fundación, las diligencias abiertas por la Fiscalía de Vigo, han sido finalmente archivadas.

Otro de los patronos de la misma fundación es César Blanco Gómez, secretario de Formación del PP de Ourense, quien administra además Academia Postal Vigo. Esta empresa y otras del mismo grupo, que comparten un “interés comercial para aprovechar sinergias a efectos de posicionamiento de mercado”, han conseguido un total de 6,27 millones de euros en ayudas públicas: Academia Postal Uno recibe 128.296 euros; Postal Escuela de Negocios, 72.717 euros; Educatic Gap, 3,29 millones de euros, y Academia Postal 3 Vigo, 2,77 millones–.

4,78 millones para Consultora San Román

A Consultora San Román le ha otorgado el SEPE 4,78 millones de euros. Pertenece a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector, y presidente de la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

El pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha cerró las agencias de colocación de Consultora San Román porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral. En el mejor de los casos, recogían los currículos que les dejaban los desempleados; en otros, las oficinas estaban cerradas. Las irregularidades, constatadas en un informe de la Inspección de Trabajo de Albacete y denunciadas después por CCOO, no fueron óbice para que la Comunidad de Madrid concediera a Consultora San Román subvenciones para formación por valor de 1,54 millones de euros.

La Asociación para la Formación Integral y el Empleo Forinemas 2009 ha conseguido subvenciones por un importe total de 369.195 euros. La empresa figura en la propuesta de dictamen del PP en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento andaluz para investigar el fraude en los cursos de formación como una de las empresas del entramado creado por el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda y su hija Vanessa. La red pudo defraudar hasta 52,6 millones de euros. Forinemas fue creada en 2009 por dos socios de Vanessa Ojeda Romero. Otras dos empresas, Icadepro e Integración de Nuevas Tecnologías y Formación SL, han conseguido 19.871 y 43.291 euros respectivamente. De ambas es apoderado Félix Nenclares, quien a su vez lo fue de Hasa Asistencial y Satia Tecnología y Formación, dos de las empresas de Vanessa Ojeda.

Por su parte, Criteria Recursos Humanos, una de las firmas del Grupo Business Administration, se ha hecho con 111.444 euros en ayudas públicas. El grupo compró y está explotando los materiales de Editrain, una empresa de formación que entró en concurso de acreedores en 2014, con una deuda de 6,47 millones de euros. Su fundador, Jaime Brull Fontseré, está empleado ahora en Business Administration como “asesor y consejero” de su presidente.

Los mayores beneficiarios

De los 195 millones concedidos por el SEPE, el mayor beneficiario ha resultado Adalid Inmark, que se lleva un total de 10,99 millones de euros, repartidos entre las 10 empresas del grupo. Le sigue la suma de las ayudas conseguidas por Método Estudio Consultores y Academia Postal, 8,8 millones. Los agentes sociales también han conseguido su parte en las ayudas del SEPE, pero de forma desigual. Las diferentes patronales provinciales y sectoriales suman subvenciones de 8,75 millones de euros. La mayoría pertenecen a los sectores del metal y la hostelería. UGT, a través de sus federaciones y fundaciones, recibe 7,41 millones, mientras que CCOO, gracias a su fundación, Forem, consigue 546.723 euros.

Otro de los grandes beneficiados en el reparto es Manuel Martín Martín, administrador del grupo Coremsa, que aparece tras las empresas Centro Superior de Formación Europa Sur, Levelcom Servicios y Data Control Formación. El SEPE le ha concedido un total de 7,25 millones de euros en subvenciones para cursos de formación.

El grupo Adams se ha hecho con 5,65 millones de euros en ayudas públicas y Euroformac, con 5,6 millones más. Una de las grandes del sector de formación, Femxa, ha logrado 4,85 millones de euros. La empresa gallega, que resultó implicada en la Operación Zeta, un fraude a la formación en Galicia, fue una de las empresas acusadas de hinchar su red de oficinas para hacerse con los contratos del SEPE para las agencias de colocación privadas. También han recibido subvenciones los múltiples colegios e inspectorías de la orden salesiana –1,71 millones de euros–, así como las confederaciones de colegios privados CECE –1,85 millones– y de colegios católicos CECA –358.536 millones–.

La sombra de la sospecha se ha extendido sobre un sector en principio poco glamuroso y lucrativo como la formación para el empleo. A los casos de fraude de la antigua Forcem (Fundación para la Formación Continua) con que comenzó el nuevo siglo –100 millones de euros en ayudas de la UE– y que obligaron a su reconversión en Fundación Tripartita en 2004, no dejan de sucederse otros. Los cursos de formación de la Junta de Andalucía o el caso Aneri han vuelto a poner las subvenciones a los cursos para empleados y parados en el centro de las sospechas.

El Gobierno elaboró en 2015 una reforma “urgente” del sistema, para aumentar su transparencia y consagrar el principio de “tolerancia cero al fraude”, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Así, se apartó a los sindicatos y la patronal del control y gestión directa de los cursos, que se abrieron a la libre concurrencia. Además, la Fundación Tripartita ha vuelto a cambiar de nombre, rebautizada desde hace sólo unos meses como Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (Fundae).

La convocatoria de este año para la llamada formación de oferta –dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados para que aumenten sus competencias profesionales– suma 250 millones de euros. Ya han presentado solicitudes un total de 884 empresas. Un informe elaborado por CCOO, al que ha tenido acceso infoLibre, ha puesto la lupa sobre algunas de ellas, por sus conexiones societarias o por los problemas judiciales de sus responsables, que este periódico ha verificado y cribado.

Es Fundae, donde están representados tanto la Administración como los sindicatos y la CEOE, la encargada de comprobar si los solicitantes de subvenciones están al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, si el representante legal tiene los poderes suficientes y si las empresas respetan el resto de las condiciones técnicas establecidas en la convocatoria.

Cada entidad solicitante debe estar constituida antes del 1 de enero de 2015 y acreditada en el registro de empresas de formación del SEPE. También debe demostrar que posee solvencia económica para el volumen de subvención que pide. De ahí que deba acreditar un volumen de negocio en formación durante el ejercicio anterior que sea superior a la subvención solicitada. Y para ello tiene que aportar las cuentas anuales. También debe contar con instalaciones adecuadas y, al menos, una persona contratada por cuenta ajena desde el 1 de enero de 2015. Igualmente se le exige que haya realizado acciones formativas durante los 12 meses precedentes, con al menos dos trabajadores en plantilla.

Cada entidad puede pedir un máximo de 4,12 millones de euros y de 2.200 horas lectivas.

Además, los funcionarios verifican si existe contra las empresas algún procedimiento judicial en curso o denuncia, que se analizan con la asesoría jurídica y con el SEPE, explica un portavoz de la fundación. También investigan si los solicitantes cumplen los requisitos para ser beneficiarios establecidos por la Ley General de Subvenciones.

La Ley General de Subvenciones prohíbe conceder ayudas públicas a cualquier persona condenada mediante sentencia firme por prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y delito urbanístico. También a empresas en concurso, insolventes o sujetas a intervención judicial. O a las que pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas a las que se hubiera prohibido una subvención.

Pues bien, entre las empresas solicitantes de subvenciones a la formación este año saltan algunos nombres que merecen atención.

Aragón Hills e Iván Losada, condenado por Marsans

Aragón Hills, perteneciente al grupo Fun & Rooms Hotels, ha presentado tres expedientes. Detrás del grupo se encuentra Spanish Business Management, cuyo representante es Andrés Martínez López, amigo personal del último director general de Marsans, Iván Losada. Éste, a su vez mano derecha de Ángel de Cabo, fue condenado junto a éste y al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento de Viajes Marsans.

En concreto, la Audiencia Nacional le impuso en septiembre de 2015 una primera condena de dos años y medio de prisión por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Tras firmar un acuerdo de conformidad, confesar los delitos y devolver dos millones de euros desviados a Luxemburgo, Iván Losada consiguió ver reducidos a la mitad los cuatro años y tres meses que le pedía el fiscal. El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional le condenó a un año más de cárcel por apropiación indebida, así como a una multa de seis euros al día durante seis meses y a pagar una indemnización a Viajes Marsans de 400.000 euros.

Sólo unos meses después de esta segunda condena, el 10 de junio, Losada constituyó con Andrés Martínez López una fundación, Fun Foundation, cuyos fines son “la ayuda a la infancia, atender las necesidades educativas y sanitarias de los menores y promover su integración social”: compra de material escolar, actividades deportivas, promoción de eventos culturales y campañas de difusión.

La sede de la fundación, en la calle Mayor de Castellón, es la misma que tienen el puñado de sociedades que figuran detrás de Fun & Rooms, algunas de las cuales fueron creadas y administradas, o siguen siéndolo, por Iván Losada. Andrés Martínez asegura a infoLibre que Losada es un viejo amigo y, ahora, su empleado. “Trabaja para mí”, explica, “como comercial y coordinando equipos de personal a través de Spanish Business Management”. También dice que aprovecha los “contactos hoteleros de primer orden” que posee Losada, después de sus años de trabajo en el sector. Pero niega que el gestor de Marsans intervenga en la toma de decisiones o en la administración. “Las tomo yo”, zanja.

Andrés Martínez revela que Hacienda, y hasta la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, le han preguntado por su relación actual con Iván Losada. De hecho, Fun & Rooms Hotels explota el Fun Aragon Hills Hotel & Spa, un establecimiento hotelero situado en Formigal (Huesca), que fue construido por el grupo Basgra, cuyo director general hasta 2008 fue Iván Losada. Ese año Losada pasó a trabajar como número dos de Ángel de Cabo, el liquidador de empresas que adquirió Teconsa –ligada a la trama Gürtel–, Nueva Rumasa y, finalmente, Viajes Marsans.

Las subvenciones que Andrés Martínez ha solicitado a la Fundae son precisamente para impartir cursos en el hotel de Formigal, que él rescató tras permanecer dos años cerrado por orden de la Audiencia Nacional, como parte del entramado de De Cabo. En colaboración con una escuela de hostelería, pretende Martínez López “combatir la estacionalidad del hotel de invierno”, explica, “manteniendo a los trabajadores todo el año”. Sobre la fundación infantil, apunta que Losada intenta así “reparar el daño que hizo a la sociedad”.

'Caso Ojeda'

También ha presentado tres expedientes para recibir subvenciones de formación la Asociación para la Formación Integral y el Empleo Forinemas 2009, que figura en la propuesta de dictamen del PP en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento andaluz para investigar el fraude en los cursos de formación como una de las empresas del entramado creado por el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda y su hija Vanessa. La red pudo defraudar hasta 52,6 millones de euros.

La asociación fue creada en 2009 por dos socios de Vanessa Ojeda Romero, hija del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda. Estos dos últimos fueron detenidos el verano de 2014, acusados de crear una red de 36 empresas y 14 asociaciones y fundaciones que recibieron millones en subvenciones pese a que no cumplían los requisitos legales. Los dos socios son José Antonio Cárabe Álvarez y Alicia María Raigón Pleguezuelos. Vanessa Ojeda y Alicia Raigón fueron administradoras de Satia Tecnología y Formación hasta 2013.

Además, Raigón y Ojeda Romero, junto con Cárabe, son los fundadores de otra asociación, Afeme (Asociación Andaluza para el Fomento de la Empleabilidad y la Mejora de la Capacitación Profesional), constituida en Sevilla el 8 de septiembre de 2010 en la sede de Satia Tecnología y Formación.

La propuesta de dictamen del PP en la comisión de investigación andaluza detalla el sistema que utilizaba la trama de Ángel Ojeda para operar. Solicitaba las subvenciones a través de sus asociaciones sin ánimo de lucro, pues esta característica facilitaba su concesión. Después las asociaciones “subcontrataban la formación con otras empresas vinculadas al entramado, que obtenían así un porcentaje de la subvención”, al menos un 20%, asegura el informe.

Subcontratando se conseguía que las asociaciones no percibieran beneficios –carecen de ánimo de lucro–, pero las entidades vinculadas, sociedades limitadas, “les facturaban la totalidad del importe de la subvención, inflando los precios de los servicios contratados”. Forinemas, que dice estar “fiscalizada en todos sus proyectos de ámbito público” y rechaza mantener o haber mantenido “relaciones  profesionales o mercantiles” con Vanessa Ojeda.

Vinculadas igualmente con las empresas de Ángel Ojeda aparecen Icadepro e Integración de Nuevas Tecnologías y Formación SL, que presentan dos expedientes cada una. De ambas es apoderado Félix Nenclares, quien a su vez lo fue de Hasa Asistencial y Satia Tecnología y Formación, dos de las empresas de Vanessa Ojeda. Félix Nenclares niega que sus empresas formen parte de la trama del exconsejero y tacha de “sinvergüenza” a la Junta de Andalucía. “Le compramos Hasa Asistencial [a Vanessa Ojeda] y eso es todo”, indica.

Investigada por la Fiscalía

Método Estudio Consultores ha presentado seis solicitudes de subvenciones. La empresa es propiedad de Jorge Cuntín Rey, presidente del patronato de la Fundación Análisis y Formación. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de octubre remitir a la Fiscalía el procedimiento abierto contra ella por la Inspección de Trabajo, que investiga un posible fraude de subvenciones. El fiscal ha abierto diligencias previas y los responsables de la fundación ya han prestado declaración. La Inspección le había impuesto una multa de 187.000 euros por una infracción muy grave.

El caso se remonta a 2013, cuando el Ministerio de Empleo preguntó por Análisis y Formación a la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura. La fundación había solicitado al Protectorado autorización para contratar con empresas pertenecientes a los miembros de su patronato, una de ellas la citada Método Estudio Consultores. La ley obliga a pedir permiso porque, en principio, los patronos deben ejercer su cargo de forma gratuita.

El Protectorado denegó la autorización porque detectó un “posible abuso de la personalidad jurídica de la fundación” por parte de sus patronos. Consideraba que las empresas de éstos utilizaban “de forma encubierta” la fundación para obtener subvenciones públicas que de otra forma no podían conseguir.

Según el escrito remitido por Cultura e Empleo y al que ha tenido acceso infoLibre, el Protectorado destaca que la Fundación Análisis y Formación “no realizó prácticamente actividad” desde que se creó, en 2003, hasta 2012, cuando empezó a ejecutar una subvención pedida al SEPE el año anterior, por importe de 768.300 euros. Fue entonces también cuando solicitó por primera vez autorización para contratar con Método Estudio Consultores con el fin de impartir formación a menores de 30 años, por importe de 614.640 euros. Además, pidió permiso para contratar con la empresa de su presidente por una asesoría que valoraba en 10.000 euros. Directamente a Método Estudio Consultores el SEPE le había concedido otra ayuda de 131.813 euros en la misma convocatoria.

Un año después, en 2013, la fundación pidió una nueva subvención, de 297.851 euros. Los contratos con empresas de sus patronos –la citada Método Estudio Consultores, Academia Postal Vigo y Estudios Mega– sumaban 263.215 euros, el 88,37% de la ayuda pública.

El Protectorado dice que la fundación carece de otros ingresos que no sean las subvenciones públicas, por lo que “con dificultad cabe entender que esté realmente satisfaciendo, o pueda hacerlo en el futuro, intereses generales”. “A través de la fundación se están canalizando contratos a entidades mercantiles que son las que realmente realizan, con evidente finalidad lucrativa, las funciones de formación que la fundación muestra como fines propios, pero que materialmente no parece poder satisfacer por sí misma”, concluye el escrito.

Otra de las empresas pertenecientes a un patrono de la Fundación Análisis y Formación, Academia Postal Vigo, solicita este año una subvención. El administrador de esta empresa y patrono es César Gómez Blanco, secretario de Formación del PP de Ourense, quien no ha respondido a los intentos de infoLibre de contactar con él por teléfono ni por correo electrónico.

Alberto Martín, abogado de la fundación, explica que las empresas de los patronatos dejaron de impartir los cursos en cuanto el Protectorado del Ministerio de Cultura denegó la autorización. Y que sólo una pequeña parte de ellos –para una treintena de alumnos– continuaron impartiéndolos una empresa de la esposa de otro patrono, Giovanni Giuseppe Giardina, y de un pariente de César Gómez Blanco. “No hubo ninguna ocultación de información como sostiene la Inspección”, asegura, “sólo un error administrativo y de interpretación: pensaron que la prohibición de contratar era exclusivamente para los patronos, no para familiares de los patronos”. El abogado señala también que la fundación ha devuelto todo el dinero que le reclamaba la Inspección. Y niega que Análisis y Formación permaneciera sin actividad hasta 2012 como dice el Protectorado de Cultura: “Tenía locales y personal contratado para impartir cursos”. El Código Penal establece una pena de uno a cinco años de prisión por los fraudes de subvenciones.

La sucesora de la quebrada Editrain

La empresa de formación Editrain entró en concurso de acreedores en noviembre de 2014, con una deuda total de 6,47 millones de euros. La firma era contratada de forma habitual por las asociaciones de editores, tanto de libros como de prensa, para ejecutar sus cursos de formación. Tras quebrar, ni siquiera pudo pagar los sueldos adeudados ni las indemnizaciones a sus trabajadores de plantilla, que debieron recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Peor aún lo tuvieron sus formadores, todos ellos autónomos, que han terminado en la lista de acreedores del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid o reclamando las cantidades a través de juicios monitorios.

Además, la Fundae ha abierto expedientes a las asociaciones que recibieron las subvenciones para ofrecer cursos gratuitos a sus miembros. En concreto, un Master de Edición Digital, cuyo título emitía la Universidad de Alcalá de Henares y que costaba 6.200 euros. Pero que la Federación de Gremios de Editores de España ofreció gratis a las editoriales en 2013 y 2014. Mediante los Permisos Individuales de Formación (PIF) un total de 13 trabajadores cursaron cada año el máster, cuyas clases impartía Editrain en la Casa del Lector de Madrid. Esos PIF son bonificados por la Fundae: se le pagan a la empresa los costes salariales –salario y cotizaciones a la Seguridad Social– de las horas que el trabajador emplea en el curso –un máximo de 200 horas–.

Sin embargo, según las editoriales a las que ha preguntado infoLibre, la Fundae les está reclamando ahora a ellos ese dinero. “Incluso tuvimos problemas para que nos dieran el título”, aseguran, por la quiebra de Editrain. La Universidad de Alcalá de Henares figura en la lista de acreedores de la empresa con una deuda de 203.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Editrain se había especializado en formación para el sector editorial, a través de IPECC, y para el sector médico, a través de IPEM. Los materiales didácticos de esta última fueron vendidos por el administrador concursal, José María de la Cruz Bértolo, al Grupo Business Administration, por un importe de 35.482,09 euros, según explica en conversación con este periódico. Fue la única oferta recibida. Grupo Business Administration está explotando estos materiales, que Editrain no ha pagado a sus creadores, a través de una de sus empresas, 4Doctors, que ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y ha pedido subvenciones para formación a través de otras dos, Criteria y Runtos.

Pese a que el fundador y dueño de Editrain, Jaime Brull Fontseré, no aparece entre los socios de Business Administration, 4Doctors, Criteria y Runtos, sí trabaja en el grupo. A preguntas de infoLibre, dice ser “un empleado más”. “El grupo me pidió que colaborara con ellos en poner en marcha un nuevo proyecto denominado 4Doctors”, explica, “por lo que recibo la nómina correspondiente”. “Se me ha contratado por mis conocimientos y experiencia profesional”, añade, como “asesor y consejero” del presidente, Jorge Albalate, desde el pasado mes de julio. El administrador concursal, De la Cruz Bértolo, aseguró a este periódico que desconocía la existencia de ninguna relación entre Business Administration y Editrain. Sobre la quiebra de esta última, Jaime Brull indica que el concurso fue declarado “fortuito” y que aportó todo su patrimonio para intentar salvar la empresa.

Por su parte, el administrador de Business Administration, Jorge Albalate, precisa que 4Doctors, que define como una “plataforma de desarrollo” profesional para médicos, “casi” no utiliza los materiales comprados a Editrain.

Condenado por el Tribunal Supremo

Finalmente, la Universidad Internacional de La Rioja ha pedido este año una subvención para cursos de empleo, y la empresa Formación Lozoya ha solicitado tres. El nexo entre ambas es Ignacio Velilla Fernández, vicesecretario no consejero y apoderado de la primera, además de administrador de la segunda. También fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 por su responsabilidad contable en el llamado caso Tarrío.

Manuel Tarrío Berjano y su sociedad, Odón 91, fueron contratados de forma irregular por Forcem entre 1996 y 1998. Ignacio Velilla era entonces asesor jurídico interno de Forcem y Manuel Tarrío, secretario de actas. El Supremo, ratificando una condena previa del Tribunal de Cuentas, ordenó a Velilla y al gerente de Forcem, Arturo Ribero Jubete, devolver 2,1 millones de euros, correspondientes al menoscabo a los fondos públicos provocado por la “falta de diligencia” de sus responsables.

Forcem firmó con Odón 91 un contrato de asesoramiento jurídico el 21 de julio de 1994, por importe de 11,5 millones de pesetas –69.116 euros–. Estuvo en vigor hasta el 30 de abril de 1998. La sociedad la había creado en 1991 Manuel Tarrío, que es abogado del Estado, su esposa y un hijo de ambos menor de edad. En abril de 1995 Forcem nombró a Tarrío Berjano secretario de actas de los órganos de gobierno. Cobraba 300 euros por cada sesión a la que asistía. En julio de 1996 se amplió el contrato de asesoramiento con Odón 91, que pasó a percibir 30 millones de pesetas –180.300 euros– al año.

Es decir, pese a que Forcem tenía sus propios asesores jurídicos se contrató por partida doble a Tarrío, como secretario y como asesor externo a través de su empresa, explica la sentencia. Además, se le pagaron a esa empresa cinco dictámenes que ni por su “finalidad, ni por su extensión ni por su complejidad” justificaban el precio a los que fueron tasados, asegura el Tribunal Supremo. Esos cinco documentos fueron encargados y pagados por Ignacio Velilla, asegura el Supremo. Contactado por infoLibre, Ignacio Velilla ha declinado hacer comentarios sobre este asunto.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, dictó una orden, en vigor desde el martes, en la que se establece que la lista de morosos con la Hacienda Pública se publicará anualmente a partir del 1 de mayo, morosossegún informó Europa Press.

Como la Ley General Tributaria establece que esta lista debe estar publicada en el primer semestre, el plazo de publicación de la misma quedará comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de cada año, según precisó Hacienda en un comunicado.

En este listado figurarán los deudores con la Administración Tributaria con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros pendientes de pago a 31 de diciembre del año anterior, y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas.

La publicación de esta lista se efectuará por medios electrónicos en formato PDF y dejará de ser accesible tres meses después de la fecha de su difusión. Además, se impedirá que ésta se localice a través de motores de búsqueda en Internet.

Hacienda publicó la primera lista de morosos en su sede electrónica el pasado 23 de diciembre, incluyendo en ella a los deudores con la Administración Tributaria con deudas de más de un millón de euros pendientes de pago a 31 de julio de 2015.

Antes de la publicación del listado, los deudores afectados serán notificados por Hacienda y tendrán un plazo de 10 días hábiles para realizar alegaciones. Éstas sólo servirán para corregir errores materiales si los hubiera, pero no para realizar el pago de la deuda y evitar con ello la aparición en esta lista.

En la lista de morosos publicada el pasado diciembre el importe global de deudas con Hacienda superaba los 15.600 millones de euros, y la cifra total de deudores alcanzaba los 4.855, de los que 345 eran personas físicas, con una deuda que sobrepasaba los 700 millones de euros, y 4.510 eran personas jurídicas, con pagos pendientes de 14.900 millones de euros.

En la lista de mayores deudores con la Administración Tributaria se identifica completamente a los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, con su nombre, apellidos, NIF, razón o denominación social completa.

La lista anterior, a punto de desaparecer

La primera lista de morosos, publicada el pasado 23 de diciembre, dejará de ser accesible en un par de días al cumplirse tres meses desde su publicación.

En aquella lista aparecían nombres tan conocidos como el de Mario Conde, Dani Pedrosa, los hermanos Areces, Lorenzo Sanz y los Ruiz-Mateos, además de empresas como Reyal Urbis, Nozar, Marsans, Air Comet, Spanair, Pescanova y Grupo Cantoblanco.

También figuraban como deudores con Hacienda con deudas superiores al millón de euros varios clubes de baloncesto, como el Estudiantes o el Joventut, y también algunos clubes de fútbol, como el Recreativo de Huelva o el Real Murcia.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por un delito continuado de apropiación indebida cometido al apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados con el Grupo Marsans.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condena al último director general del grupo turístico, Iván Losada, a la pena de un año de prisión y le ordena indemnizar a Viajes Marsans para su reintegro en la masa del concurso con la cantidad de 400.000 euros.

El tribunal ha aplicado a ambos acusados la circunstancia atenuante de confesión después de que reconocieran los hechos en la última sesión del juicio, lo que provocó que la Fiscalía rebajara su petición inicial de cuatro años de cárcel a dos.

Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel han considerado probado que ambos se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.

En marzo de 2010, era una "práctica generalizada" entre los proveedores turísticos de Marsans exigir el prepago de los servicios que se reservaban en sus agencias. Los responsables del Grupo Marsans, "lejos de destinar los fondos depositados por los clientes al pago de los servicios contratados, los destinaron a otros fines ajenos a la actividad del grupo".

La desviación de los fondos condujo a que los clientes perdieran el dinero entregado al hacer la reserva o el precio total del servicio contratado. En total, hubo 4.706 clientes de Marsans que se vieron afectados por este fraude.

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el último director general de Marsans, Iván Losada, presentaron sendos escritos en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la apropiación de 4,4 millones de euros de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados con el grupo turístico, en los que reconocen "parte" de los hechos, algo que ha motivado que la Fiscalía haya rebajado su petición de pena de cuatro a dos años de cárcel, según recoge Europa Press.

Así lo dio a conocer su defensa en la vista que este jueves se reanudó ante el tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, en el procedimiento en el que el Ministerio Público acusa al ex jefe de la patronal y al antiguo director general de la compañía de un delito continuado de apropiación indebida y solicita el pago de sendas multas de 12.000 euros, a razón de una cuota diaria de 50 euros durante ocho meses.

En la primera sesión del juicio, Díaz Ferrán culpó a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) de provocar el hundimiento de Viajes Marsans, de la que era propietario junto al ya fallecido Gonzalo Pascual, al retirarle la licencia para vender billetes de avión en abril de 2010 por los impagos que presentaba la compañía. "Ustedes se cargaron Viajes Marsans", dijo.

En su escrito provisional de acusación, el fiscal Daniel Campos defiende que ambos se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.

Operativa de Marsans

Según el fiscal, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no fueron devueltos y se destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo. Los consumidores pagaron cantidades que oscilan entre los 130 y los 5.834 euros.

A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles el pago anticipado de los productos comercializados, por ejemplo Pullmantur pidió el dinero durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes.

"Los responsables del Grupo Marsans, lejos de destinar los fondos depositados por los clientes al pago de los servicios contratados, los destinaron a otros fines ajenos a la actividad del grupo". La "desviación" de fondos condujo a que los clientes perdieran el dinero entregado al hacer la reserva o el precio total del servicio contratado.

El 20 de abril de 2010, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. Un día antes , el 19 de abril, los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depositaran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.

Entre el 9 de junio de 2010 –el día antes de la presentación del concurso de acreedores– y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, de los que 344.481 euros fueron entregados a Naviera Grimaldi para que retiraran la solicitud de concurso, 100.000 a preparar el aval de IATA de Viajes Atenea, 300.000 retornaron a Viajes Marsans y 500.000 fueron cobraros por empresas ajenas al grupo.

El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del Grupo Marsans. La compañía quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que contaba con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros y con 11.409 acreedores.

La Audiencia Nacional ha condenado a cinco años y seis meses de cárcel al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, le ha impuesto el pago de una multa de 1,2 millones de euros por este último ilícito, que cometió al vaciar el patrimonio del Grupo Marsans.

Así lo han reflejado los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal después de que el ex jefe de la patronal aceptara esta pena de prisión en la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 2 de julio. La sentencia condena también a cinco años de cárcel y al pago de la misma caución al liquidador de empresas Ángel de Cabo.

Ambos deberán indemnizar de forma solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur por los perjuicios causados. Los nueve acusados restantes han sido condenados a las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, que oscilan entre uno y dos años y medio de prisión.

El tribunal recuerda que los acusados reconocieron su participación en los hechos, aceptaron su responsabilidad y colaboraron "en determinados casos en la reintegración a la masa de los distintos concursos de activos cuya existencia era desconocida". Por ello, les aplica la atenuante de confesión tardía y, en determinados casos, de disminución de los efectos del delito.

En este sentido, los jueces señalan que se reintegrarán los saldos intervenidos en una cuenta del BBVA de Suiza abierta por Ángel de Cabo y María Consuelo Garrido y que ascendía a 4,9 millones de euros.