Abu Dabi está en el ojo del huracán. El país árabe se ha posicionado de una forma clara y cada vez más beligerante del lado de los intereses israelíes y estadounidenses. Si bien en el Golfo Pérsico ya era una tendencia conocida, una que incluso otros buscaban emular, cada paso que se ha dado en las últimas semanas ha ido en la dirección de situar más a la monarquía de ese lado.

No solamente hemos visto cómo Emiratos Árabes Unidos firmaba el primer gran acuerdo de normalización de relaciones con Israel que patrocinaba Donald Trump, sino que además ha ejercido como motor de la subsiguiente estrategia regional. En ese sentido, Abu Dabi ha apostado por la presión sobre Irán y Arabia Saudí para facilitar la agenda de Tel Aviv en Oriente Medio.

No solo se ha tratado, por lo tanto, de una estrategia orientada sobre Teherán. Las desavenencias con Riad se han plasmado en una crisis árabe con ecos por todas sus áreas de influencia.

El gobierno emiratí ha gozado de una relación privilegiada con Washington de la misma manera que el de Riad y el de Tel Aviv. Pero mientras Arabia Saudí apostaba por su propia agenda internacional, intentando posicionar a Estados Unidos de su lado en conflictos como el sudanés, Emiratos imponía los hechos de forma más directa. A través del patrocinio de dinámicas sobre el terreno.

Y, además, lo ha hecho a través del rupturismo. En casi todos los conflictos donde chocaban los intereses de algún país árabe o islámico e Israel, ahí aparecía la influencia emiratí.

Por eso, tras el abandono emiratí de la OPEP, que ha dañado la capacidad de Arabia Saudí de controlar el precio del petróleo, se apunta a organizaciones como la Organización para la Cooperación Islámica, la Liga Árabe o el Consejo de Coordinación del Golfo.

Este movimiento, tan deseado por Estados Unidos, sigue a la coordinación activa que han llevado a cabo durante la guerra de Irán. Emiratos Árabes habría sido el primer país de la región en recibir defensas israelíes durante el conflicto, así como en haber participado en los ataques contra Irán, según algunos reportes regionales.

Cada día que pasa mayor es el órdago emiratí en los conflictos donde sus vecinos tienen intereses. La milicia paramilitar sudanesa Fuerza de Apoyo Rápido está siendo acusada de perpetrar un nuevo genocidio en Darfur con apoyo emiratí. Y para ello Abu Dabi ha involucrado a sus socios en la región: desde Chad hasta las autoridades orientales de Libia pasando por la reciente sospecha sobre Etiopía.

En el otro lado, Irán y Arabia Saudí apoyan al ejército sudanés. Pero el estancamiento del conflicto hace que otros ejemplos resulten más palmarios. En Yemen, las fuerzas apoyadas por Emiratos Árabes han combatido durante años no solo al gobierno de los hutíes, apoyados por Irán, sino que han vivido sus episodios más duros en los enfrentamientos de principios de 2026 con el gobierno apoyado por Arabia Saudí.

Es absolutamente esencial para Israel y Emiratos acceder al mar Rojo y garantizar su tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb. Por este motivo, tras el fracaso del sector pro-emiratí en su última campaña en Yemen, la apuesta volvió a la costa somalí, en frente de Yemen.

De esta manera, Israel se ha convertido en el primer país de la ONU en reconocer la independencia de Somalilandia, la región norteña somalí que se autogobierna desde 1991. El movimiento israelí sorprendió a muchos ya que Emiratos y socios como Kenia o Etiopía estaban muy bien posicionados para ser los primeros en romper con la soberanía de Somalia. Desde entonces Somalilandia ha ofrecido un acuerdo a Israel que les permita acceder a un puerto en África frente a las costas de Yemen.

El rupturismo regional que ha beneficiado los intereses israelíes, emiratíes y estadounidenses también ha tenido ecos en los acuerdos internacionales. Egipto, Turquía, Eritrea y Somalia han firmado diferentes acuerdos para resistir la amenaza que perciben en Etiopía. Pakistán y Arabia Saudí han sacado adelante una alianza con paraguas nuclear incluido, frente al estrechamiento de relaciones entre Emiratos, Israel e India. Y por último, Turquía también se ha acercado notablemente a Arabia Saudí en sus tensiones con Tel Aviv y Abu Dabi.

El mundo se está volviendo cada vez más complejo y hace falta entender que los intereses se entrelazan regionalmente. Lo que sirve para el Golfo Pérsico puede no servir para comprender las relaciones al otro lado de la Península Arábiga. Pero los tentáculos de cada potencia están ahí.

Y la apuesta de Emiratos muestra una tendencia clara. En lugar de replantearse sus alianzas en el Golfo Pérsico con Estados Unidos, motivo de la respuesta iraní, se aferra a Washington y redobla su voluntad estratégica con Israel. Una entente muy potente que deberá encarar el nuevo Oriente Medio que la guerra de Irán nos deje.

No está claro aún de qué manera se reconfigurará la región pero si algo está claro es que el equilibrio anterior al último estallido no es sostenible. Incluso puede que sea imposible retornar a la etapa previa al 7 de octubre de 2023, que es donde Washington se encontraba más cómodo. Sin los palestinos en la mesa, los demás actores árabes irían hacia Tel Aviv, se podría contener a Irán y así Washington se podría centrar en China con sus intereses cubiertos en Oriente Medio. Pero, después de todo, parece que Irán y Palestina no se van a marchar del mundo.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

EDGE, uno de los grupos líderes mundiales en tecnología avanzada y defensa, e Indra, una empresa líder mundial en tecnología de la información y sistemas de defensa con presencia en más de 140 países de todo el mundo y un actor relevante en los principales programas europeos, han alcanzado un acuerdo para la constitución de una nueva entidad conjunta (joint venture), denominada PULSE, con sede en Abu Dhabi. PULSE pretende promover las capacidades locales de desarrollo y fabricación de sistemas radar de última generación, respaldada por una sólida cartera de pedidos de clientes existentes y potenciales en mercados de alto potencial en todo el mundo. El acuerdo consolida y refuerza la colaboración entre ambas compañías, iniciada en 2023.

El director general y CEO de EDGE, Hamad Al Marar, y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, han suscrito en Madrid el acuerdo Joint Venture, que incluye los Pactos de Accionistas, en presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles; la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el presidente de EDGE Group, H.E. Faisal Al Bannai; el presidente ejecutivo de Indra, Marc Murtra; y responsables del Ministerio de Defensa español, entre otras personalidades.

En el acto de firma celebrado en el Ministerio de Defensa español, el presidente de EDGE, H.E. Faisal al Bannai, afirmó: “La constitución de PULSE marca un hito transformador en el avance del panorama de defensa global, al ofrecer sistemas radar de tecnología punta. Esta joint venture entre EDGE e Indra aborda brechas de capacidad críticas y muestra el poder de la innovación y la transferencia de tecnología para mejorar la excelencia operativa y la seguridad global. Refleja nuestro esfuerzo para crear alianzas significativas que impulsen el progreso y fomenten la estabilidad en regiones clave”.

Marc Murtra, presidente de Indra, destacó: “Este acuerdo, en asociación con EDGE, proveerá la siguiente generación de sistemas radar. Incluirá una avanzada intraestructura de investigación, laboratorios e instalaciones de pruebas, todas ellas ubicadas en Emiratos Árabes Unidos. Este es un paso importante que permitirá a Indra ampliar su huella internacional y desarrollar nuestra valiosa relación con EDGE”.

La nueva entidad, denominada PULSE, se focalizará en la ingeniería, desarrollo, fabricación, integración y mantenimiento de sistemas radar y sus componentes, tanto existentes como de futuro, así como en su comercialización en mercados de alto potencial, abriendo numerosas oportunidades de negocio internacional.

El acuerdo dará lugar a la creación de dos sociedades. La primera de ellas, estará participada en un 50,01 por Indra y en un 49,99 por EDGE, y estará centrada en el desarrollo, diseño, integración, venta y mantenimiento de radares de última generación. La segunda, participada en un 50,01 por EDGE y en un 49,99 por Indra, se encargará de la fabricación de estos radares en una nueva factoría de última generación en Abu Dhabi.

El objetivo de la nueva joint venture es incrementar la capacidad de producción y las ventas de radares, dotar de nuevas capacidades de radar a los Emiratos Árabes Unidos mediante la transferencia de conocimiento y experiencia, así como la formación y desarrollo de profesionales locales cualificados. Está previsto que la empresa cuente inicialmente con profesionales altamente especializados de Indra y empleados emiratíes, tanto recién graduados y jóvenes profesionales como ingenieros, técnicos y perfiles comerciales.

También está previsto mejorar estratégicamente las capacidades locales de investigación y desarrollo que allanen el camino para el desarrollo de la tecnología de radar de próxima generación, a través del establecimiento de infraestructuras de investigación avanzadas, laboratorios e instalaciones de prueba mejoradas, la adquisición de tecnologías de vanguardia, la colaboración con expertos líderes y la implementación de programas de capacitación especializada para los equipos de investigación.

El director general y CEO de EDGE, Hamad Al Marar, señaló: “PULSE es la mejor prueba del poder de la colaboración, combinando las capacidades de EDGE y de Indra para diseñar, desarrollar y fabricar sistemas radar de última generación y exportarlos a nuestros clientes clave. Al invertir en instalaciones de producción avanzadas, estamos posicionando Emiratos Árabes Unidos como un hub global de innovación en radar, dando forma al futuro de la tecnología de defensa en los dominios aéreo, terrestre y marítimo. PULSE también encarna nuestra visión estratégica de expandir la capacidad industrial de Emiratos Árabes Unidos en tecnologías avanzadas y establecer capacidades soberanas, impulsando la autosuficiencia y la innovación a escala global”.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, explicó: “En Abu Dhabi tenemos previsto crear una nueva factoría de última generación con la tecnología más sofisticada, preparada para dar respuesta a la gran demanda prevista de los sistemas radar más innovadores para los próximos años. La nueva entidad que vamos a crear con EDGE nos ayudará a acelerar la transformación del negocio de defensa hacia un perfil y una mentalidad más internacional, tal como marca nuestro Plan Leading the Future”.

El nuevo negocio, PULSE, contará también con derechos preferentes para los pedidos actuales y futuros adjudicados a Indra y a EDGE de radares basados en la tecnología pactada dentro del acuerdo. Además, se generarán nuevas oportunidades en mercados internacionales de alto potencial, de acuerdo con el objetivo marcado en el Plan Estratégico de Indra Leading the Future.

La Justicia rodea a los espías de Emiratos Árabes Unidos. Según informaciones de la agencia AFP, Mediapart y la radio televisión suiza RTS, fiscales franceses y suizos han abierto tres investigaciones judiciales contra la agencia de inteligencia privada Alp Services, con sede en Ginebra, sospechosa de llevar a cabo operaciones clandestinas en Europa por cuenta de los servicios secretos de los Emiratos.

Estos procedimientos judiciales, que se refieren en particular a una supuesta elaboración de perfiles ilegal, espionaje por cuenta de una potencia extranjera, difamación y blanqueo de dinero, se basan en las revelaciones de los Abu Dhabi Secrets, publicadas entre marzo y julio de 2023 por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, gracias a miles de documentos filtrados de Alp Services y obtenidos por Mediapart, socio de EIC al igual que RTS.

A las denuncias en Francia y Suiza se añaden otras dos en Estados Unidos, una contra Alp Services y el profesor de la Universidad George Washington Lorenzo Vidino y otra contra el mismísimo Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

A cambio de al menos 5,7 millones de euros, la empresa suiza desplegó durante años todos sus recursos para perjudicar a los enemigos de los Emiratos, en concreto Qatar y los Hermanos Musulmanes: investigaciones dirigidas contra el Elíseo y la Unión Europea, operaciones de influencia y campañas de desprestigio mediante artículos falsos y la manipulación de ciertos medios de comunicación, donde Alp disponía de una red de periodistas a sueldo. En España, fue Okdiario el medio que publicó hasta seis reportajes escritos por la agencia de detectives suiza.

Las investigaciones judiciales apuntan personalmente al emblemático y controvertido jefe de Alp Services, Mario Brero, de 77 años, condenado en Francia por haber intervenido en el escándalo del grupo nuclear francés Areva, y colaborador de Alexandre Benalla, antiguo consejero y guardaespaldas de Emmanuel Macron.

Según las informaciones de Mediapart, que confirman las de AFP, en el otoño de 2023 la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra Alp, confiada a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) de la Policía Judicial de París, a raíz de una denuncia presentada por la periodista, escritora y cineasta francesa Rokhaya Diallo, por recogida, tratamiento y comunicación ilícitos de datos personales.

Diallo, conocida por su activismo antirracista y feminista, es una de las víctimas de la operación ilegal de recogida de datos a gran escala revelada por los Abu Dhabi Secrets. Alp facilitó a las autoridades emiratíes los nombres de más de 1.000 europeos presuntamente vinculados a los Hermanos Musulmanes, entre ellos 160 españoles y más de 200 residentes en Francia, acusados de formar “una red de tipo mafioso continental”.

Sin embargo, muchas de las personas que figuraban en la lista no tienen ninguna relación con la Hermandad: el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon, la teniente de alcalde de Marsella y exsenadora Samia Ghali, el periodista y activista Taha Bouhafs y un periodista de Mediapart son algunos de ellos. En España fueron falsamente señalados sin pruebas como islamistas radicales políticos, feministas, representantes de organizaciones islámicas y activistas contra la islamofobia. Pero en los numerosos mapas de relaciones enviados por Alp Services a la autocracia del Golfo llegaban a aparecer hasta el narcotraficante Marcial Dorado, el expresidente madrileño Ignacio González o el exconseller valenciano Rafael Blasco, ambos del PP.

Un señalamiento que se convierte en problemático por cuanto que los Hermanos Musulmanes están clasificados como organización terrorista por los Emiratos Árabes Unidos.

De forma que, al asociar falsamente a Rokhaya Diallo con los Hermanos Musulmanes, Alp le ha causado “un daño considerable a su reputación y está fomentando su acoso”, explica su abogado, Vincent Brengarth.

El pasado 15 de enero, Mediapart y su periodista presentaron una denuncia ante la Fiscalía de París por los mismos delitos. “Uno de nuestros periodistas ha sido identificado erróneamente como informador de los Hermanos Musulmanes por la agencia Alp Services y, al hacerlo, ha sido entregado a los servicios secretos emiratíes. Este expediente atenta indebidamente contra su seguridad y su reputación, así como contra las del periódico”, declara Carine Fouteau, presidenta de Mediapart.

En apoyo de su denuncia, el digital francés ha proporcionado a los tribunales un documento interno de Alp Services en el que se enumeran los ciudadanos franceses cuyos nombres fueron enviados a los Emiratos Árabes Unidos, así como una foto que prueba que Alp presentó infografías similares a su agente emiratí, el jeque Matar.

Los investigadores de la Brigada de Represión de la Delincuencia se pusieron en contacto con Mediapart, pero aún no han sido citados a declarar. “En principio, estamos dispuestos a cooperar con las autoridades judiciales para ayudar a descubrir la verdad y evitar que se repitan este tipo de actos, sea cual sea el país”, asegura Carine Fouteau.

La investigación judicial es muy delicada, dada la luna de miel política y económica entre París y Abu Dabi, cimentada por la venta de armas y la determinación compartida de luchar contra el islamismo. El presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene una estrecha relación personal con su homólogo emiratí, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Casualmente, otra presunta víctima de Alp Services, Sihem Souid, portavoz catarí en Francia y Bélgica, ha tenido grandes dificultades para llevar su caso ante los tribunales. Mediapart y The New Yorker revelaron que Alp la había estado vigilando, tomando fotos de su domicilio y luego la había puesto en el punto de mira como parte de una operación bautizada como Constelación y diseñada para desprestigiar a los contactos de Qatar en Bruselas.

Sihem Souhid presentó una denuncia ante la Fiscalía de París el 30 de marzo de 2023, pero fue desestimada sólo 13 días después por “falta de pruebas suficientes para constituir una infracción”. Contactada al respecto la Fiscalía, no ha proporcionado una respuesta.

El 25 de abril, Sihem presentó una segunda denuncia, esta vez ante la Fiscalía de Créteil, una ciudad del departamento de Val-de-Marne, próxima a París. Pese a cursar dos requerimientos, no tuvo éxito. El 2 de octubre, presentó una tercera denuncia, de carácter civil, para que se abriera una investigación judicial, confiada a un juez de instrucción independiente. Gracias a esta acción, el fiscal abrió finalmente una investigación preliminar el 30 de octubre de 2023 por allanamiento de morada, robo y violación del secreto o supresión de correspondencia, según la Fiscalía de Créteil.

Además, Mario Brero está siendo investigado en su propio país. El 5 de diciembre de 2023, la Fiscalía Federal suiza (MPC) reunió en una sola investigación varios procedimientos abiertos basados en los Abu Dhabi Secrets. Alp Services, Mario Brero y su socia, Muriel Cavin, son sospechosos de haber cometido seis delitos, según un documento judicial obtenido por RTS.

Una primera tanda de procedimientos, por espionaje, actividades ilegales a favor de un Estado extranjero, calumnias e injurias, se inició a raíz de tres denuncias. Una de ellas fue presentada por la ministra belga de Medio Ambiente, Zakia Khattabi, miembro del partido Écolo, que fue erróneamente incluida en la lista de personas próximas a los Hermanos Musulmanes en el marco de la operación que también se investiga en París.

El segundo denunciante, el islamólogo Tariq Ramadan –que también está procesado por violación en Francia, pero fue absuelto del mismo delito en Suiza–, declinó explicar a EIC de qué acusa a Alp Services. Se desconoce quién presentó la tercera denuncia.

El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores suizo también ha denunciado a Alp ante la MPC por incumplimiento de la obligación de declarar una actividad: la legislación suiza exige que las agencias de inteligencia privadas declaren que trabajan para un Estado extranjero, cosa que Alp no hizo.

Por último, la MPC también ha procesado a la agencia de Mario Brero por blanqueo de capitales, como consecuencia de un chivatazo de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales (MROS) suiza. La Policía Federal, de la que depende la MROS, declinó hacer comentarios. Pero la investigación de EIC reveló que Alp Services fue pagada por un centro de investigación emiratí llamado Al Ariaf, que servía de tapadera a los servicios secretos. Resulta que Mario Brero y Muriel Cavin también tenían un contrato de trabajo ficticio con Al Ariaf: los directores de Alp, con sede en Ginebra, estaban empleados oficialmente como “documentalistas” en Abu Dabi.

Cuando se contactó con ellos a través de sus abogados, Mario Brero y Muriel Cavin no respondieron.

Farid Hafez, politólogo austriaco de la Universidad de Salzburgo, fue una de las víctimas de la Operación Luxor, una gigantesca investigación policial llevada a cabo en noviembre de 2020 por el Gobierno austriaco. Hafez se encontró entre las treinta personas detenidas bajo sospecha de tener vínculos con el terrorismo y el islamismo radical. Al final, sin embargo, no se presentaron cargos contra ninguna de ellas, y la operación se consideró ilegal en 2021. Traumatizado, Farid Hafez abandonó Austria para instalarse en Estados Unidos.

La Operación Luxor se basó en parte en un informe del académico Lorenzo Vidino, especialista en islamismo radical y profesor en la Universidad George Washington que, según reveló investigación de los Abu Dhabi Secrets, fue pagado por Alp Services como parte del trabajo que hizo para los Emiratos. Un detalle inquietante: los correos electrónicos enviados por Mario Brero a su controlador emiratí, revelados por la revista austriaca Profil, sugieren que el jefe de Alp conocía la Operación Luxor dos meses antes de que se pusiera en marcha.

En su denuncia, Farid Hafez acusa a Alp y a Vidino de ser responsables de la campaña de difamación contra él que condujo a su detención, al presentarle falsamente como un islamista próximo a los Hermanos Musulmanes. Lorenzo Vidino reconoció a EIC que había facilitado información a Alp Services, pero afirmó que desconocía la identidad del cliente de la agencia. El académico es miembro del consejo científico del Real Instituto Elcano desde 2020.

A finales de marzo, Hafez, presentó una denuncia en Washington contra Alp y contra Lorenzo Vidino.

Finalmente, en enero de 2024, Hazim Nada, un estadounidense de origen egipcio que ha creado una comercializadora de petróleo en Suiza, presentó también una denuncia en Estados Unidos por las actividades de Alp Servicios al servicio de Emiratos. Basándose en que su padre era un destacado miembro de los Hermanos Musulmanes, la agencia suiza llevó a cabo una campaña para desacreditarlo, presentándolo como un islamista radical. La operación fue tan eficaz que los bancos cerraron las cuentas de su empresa y ésta quebró. Alp y Emiratos le “arruinaron la vida”, declaró a The New Yorker.

La batalla legal de Hazim Nada promete ser muy difícil. Ha optado por demandar a todos los que participaron en la campaña pero también al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, pese a que una ley estadounidense concede inmunidad legal a los Estados extranjeros. El empresario egipcio reclama 2.800 millones de dólares –2.624 millones de euros– a Alp Services, a sus directivos, a uno de sus empleados y a un periodista suizo cercano a la empresa.

El rey emérito ha aterrizado este domingo por la tarde en el aeropuerto vitoriano de Foronda tras poner punto final a su estancia de cinco días en la localidad gallega de Sanxenxo y sin que haya trascendido oficialmente el motivo de su visita a la capital alavesa, según recoge Europa Press. De esta manera, alarga su estancia en España por motivos personales, antes de partir hacia Abu Dabi, lugar donde reside desde 2020.

Juan Carlos de Borbón ha abandonado pasadas las 17.15 horas la casa de su anfitrión, y amigo personal, el regatista Pedro Campos, en Sanxenxo (Pontevedra), donde había estado alojado desde el pasado miércoles.

Desde allí se ha desplazado hasta el aeropuerto de Peinador, en la ciudad de Vigo, donde ha despegado sobre las 18.15 horas poniendo punto final a su estancia de cinco días en el municipio pontevedrés. Juan Carlos de Borbón pensaba participar en la Copa del Rey de Vela, aunque finalmente no ha sido posible debido a las condiciones meteorológicas.

El viaje del rey Juan Carlos a Galicia se ha caracterizado por la discreción. Al contrario que en su anterior visita, no ha dedicado ni una sola palabra a los periodistas, pese a que multitud de medios han seguido día a día sus movimientos desde que aterrizó en Vigo.

El exmonarca ha volado desde Vigo en avión privado hasta el aeropuerto vitoriano de Foronda donde ha aterrizado sobre las 19.00 horas. Tras bajar las escaleras de la aeronave y dar la mano a dos operarios de pista, se ha introducido en una furgoneta Mercedes y ha abandonado el aeropuerto saludando a los medios de comunicación desplazados al lugar. Según varias informaciones, todo apunta a que visitará a uno de sus médicos de referencia, el traumatólogo Mikel Sánchez.

Durante los últimos años, Juan Carlos de Borbón ha visitado en varias ocasiones territorio alavés por motivos personales. Además, en marzo de 2015 mantuvo una comida en Vitoria con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y dos años después, en junio de 2017, asistió en Samaniego a la inauguración de la Bodega Rothschild&Vega Sicilia.

La segunda visita del rey emérito a España desde su partida al exilio en agosto de 2020 ya tiene fecha, la próxima semana, y también destino, la ciudad gallega de Sanxenxo desde la que en su momento puso rumbo hacia Emiratos Árabes Unidos y a la que regresó a finales de mayo de 2022 en su primera visita, según ha informado Europa Press.

Juan Carlos tiene intención de asistir a una regata de la Copa de España en Sanxenxo el 22 y 23 de abril, según ha adelantado este lunes el diario El Mundo, que precisa que antes de este desplazamiento, que se prolongará durante varios días, acudirá a un almuerzo privado en Londres al que le ha invitado el rey Carlos III, cuya coronación está prevista para el próximo 6 de mayo.

Como en la primera ocasión, Juan Carlos ha aprovechado la celebración de una regata en la localidad pontevedresa en la que participará su barco, el Bribón, como argumento para justificar su desplazamiento a España, sin que por ahora desde la Casa del Rey se haya indicado si esta vez también habrá una visita al Palacio de la Zarzuela.

Hace un año, la visita durante once horas que realizó a la que fuera su residencia durante más de cinco décadas fue el colofón a un desplazamiento mucho menos discreto de lo que a priori se esperaba a la luz de sus palabras en la carta que envió a Felipe VI para notificarle que se instalaba definitivamente en Abu Dhabi pero que tenía intención de viajar con asiduidad a España, ahora que su panorama judicial había quedado despejado.

Juan Carlos y Felipe no se habían visto desde que el primero puso rumbo a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020 y solo había constancia pública de una conversación telefónica entre ambos, precisamente con motivo del viaje a este país del Golfo que hizo el monarca tras la muerte de su presidente apenas dos semanas antes.

Padre e hijo mantuvieron "un amplio tiempo de conversación", que desde Zarzuela no se quiso cuantificar, y que les permitió tratar "cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que el emérito se instaló en Abu Dhabi, en aparente referencia al malestar que habían generado actividades pasadas de Don Juan Carlos y que habían estado en el punto de mira de la justicia.

Posteriormente, Felipe VI y el rey emérito han vuelto a verse en otras dos ocasiones. La primera de ellas fue con motivo del funeral de Isabel II en Londres a finales de septiembre. Entonces, el protocolo británico hizo que los reyes Felipe VI y Letizia fueran sentados junto a Juan Carlos y Sofía, en la primera imagen de todos juntos en años.

La segunda tuvo lugar también por otro funeral, en este caso el de Constantino, antiguo rey de Grecia y hermano de Sofía. A él acudieron también las infantas Elena y Cristina junto a sus respectivos hijos. Los reyes no habían coincidido en un acto público con los eméritos y las infantas desde el funeral de la infanta Pilar, hermana de Juan Carlos, en enero de 2020.

El entierro de Constantino dejó también para el recuerdo las imágenes del saludo afectuoso entre Felipe y su padre, a quien dio dos besos y unas palmadas en el hombro y con quien intercambió algunas palabras durante la ceremonia que tuvo lugar en la finca Tatoi de la familia real griega.

Al margen de si finalmente vuelve a producirse un reencuentro familiar en Zarzuela, donde en la anterior visita hubo también un almuerzo al que asistieron la reina Letizia, la infanta Sofía, la reina emérita así como la infanta Elena y sus dos hijos y la infanta Margarita, hermana del emérito, y su marido, Carlos Zurita, está por ver cómo trascurre la estancia en Sanxenxo y si esta vez opta por un perfil bajo.

Aunque en su carta a Felipe VI de marzo de 2022, el rey emérito trasladó su voluntad de que sus desplazamientos a España transcurrieran en el "ámbito privado", lo cierto es que su primera visita estuvo marcada por lo contrario, con un seguimiento al minuto de todos los desplazamientos y una gran expectación allá donde iba.

Quizá por ello, desde Zarzuela se le recordó antes de regresar a Abu Dhabi que su decisión "de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".

El mensaje aparentemente caló en el antiguo monarca, ya que aunque inicialmente su entorno había adelantado que regresaría unas semanas después a España, de nuevo para las regatas, esa visita no se produjo y de hecho ha tenido que esperar casi un año para materializarla.

Las grandes energéticas españolas se unirán en los próximos días a sus competidoras internacionales en la publicación de los beneficios históricos que les reportó en 2022 la guerra en Ucrania. Si los más de 210.000 millones de euros que han conseguido las siete grandes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia han superado todas las expectativas, las ganancias de los tres gigantes del petróleo y el gas en España, Repsol, Cepsa y Naturgy, prometen consolidar las cifras récord cosechadas hasta septiembre. En los nueve primeros meses de 2022, el trío sumó 5.265 millones de euros, un 64% más de lo que ganó en el mismo periodo del año anterior. Pero sus volúmenes de negocio han crecido aún más, rozando un alza del 78%. Los elevados precios del crudo y del gas, junto con unos márgenes de refino disparados, han obrado maravillas en sus cuentas de resultados.

De forma que, mientras estudian si recurren el impuesto del 1,2% que el Gobierno va a aplicar a sus ingresos, las petroleras también van a repartir generosos dividendos a sus accionistas. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar del extraordinario desempeño de estas compañías?

Fondos de inversión, bancos y fondos soberanos extranjeros copan la propiedad de Repsol, Naturgy y Cepsa. Lejos quedan los tiempos en que La Caixa (tanto en Repsol como en Naturgy), Sacyr (Repsol), ACS (Unión Fenosa) o el Banco Central (Cepsa) eran los dueños de los grandes del petróleo español. O los días en que el Estado controlaba Repsol, privatizada de forma progresiva entre 1989 y 1997. Las mayores compañías de un sector clave se encuentran en manos de inversores financieros foráneos.

En Repsol no hay ningún accionista de control. El principal es el fondo de inversión Blackrock, el mayor del mundo, propietario además de buena parte del Íbex 35, incluidas participaciones en el Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, ACS… En la petrolera presidida por Antonio Brufau el fondo estadounidense entró en 2009 y en estos momentos posee un 5,47% del capital. El segundo accionista es Norges Bank, que administra el fondo soberano de Noruega, uno de los más grandes del planeta, con un 3,25%. El fondo de inversión francés Amundi –cuya matriz es el banco Credit Agricole—tiene el 1,85%. Este mismo enero el banco estadounidense JP Morgan vendió el 1,59% que le quedaba en la petrolera, donde entró en junio de 2014 y en la que llegó a tener un 6,85% en marzo de 2020. En 2011 Caixabank era aún el dueño del 12,97% de la petrolera, que abandonó en 2019. También se fue Sacyr, el pasado mes de junio, tras vender el 2,9% que poseía en la compañía. Había llegado a tener el 20% en 2006. En 2021 el Santander contaba con un 3,8% de Repsol. Otro banco, Goldman Sachs, se hizo con hasta un 5,6% el año pasado a través de derivados financieros. Y Temasek, propiedad del Gobierno de Singapur, se hizo con un 2,43% en 2018.

Las acciones de Cepsa, por el contrario, se las reparten dos únicos actores: el fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, con un 61,36%, y el fondo de inversiones estadounidense Carlyle, con el 38,4% restante. Los emiratíes llegaron a Cepsa en 1988, a través de International Petroleum Investment Company (IPIC), también propiedad de la familia real, y fueron aumentando su presencia en la española comprando sus participaciones a Santander, Unión Fenosa y la petrolera francesa Total, que en 2011 dejó de ser el principal accionista. Ese año IPIC se hizo con el 100% de Cepsa. Desde 2017, y tras su fusión con Mubadala Development Company, el vehículo de inversión de Abu Dabi pasó a llamarse Mubadala Investment Company. Y, tras fracasar su intento para salir a Bolsa en 2018, los emiratíes le vendieron a Carlyle un 37% de la petrolera.

En Naturgy, Criteria Caixa, el hólding de inversiones industriales de Caixabank, aún mantiene una participación mayoritaria, del 26,7%. Le acompaña, con un 20,7% Rioja Acquisition Sàrl, una firma de inversión de Luxemburgo tras la que se encuentra el fondo británico CVC Partners y la familia March. CVC ha firmado un polémico acuerdo de financiación con LaLiga, al tiempo que cuenta con participaciones en otras empresas punteras españolas como Cortefiel y Deoleo o los geriátricos Vitalia. Un 20,6% de Naturgy tiene también Global Infrastructures Partners (GIP), un fondo estadounidense especializado en invertir en infraestructuras. Aunque tiene su sede en Nueva York, la inversión en Naturgy la gestiona a través de una sociedad registrada en Luxemburgo, GIP III Canary 1, Sàrl.

Además, un 14% es propiedad de Global InfraCo O (2) Sàrl, otra sociedad luxemburguesa tras la que figura el fondo australiano IFM, gestor de los ahorros de 120 millones de pensionistas en todo el mundo. En octubre de 2021 IFM fue el protagonista de una OPA fallida, con la que pretendía adquirir el 22,69% de las acciones de Naturgy, pero no pudo conseguir más que el 10,83%. A día de hoy ha ampliado su participación hasta el 13,9%.

Completa el accionariado de la compañía de Francisco Reynés Sonatrach, la empresa estatal de petróleo de Argelia, con un 4,1%.

La OPA de IFM vino precedida de seis meses de enfrentamiento con la dirección de Naturgy y con su principal accionista, Criteria. El nuevo socio había anunciado su intención de proponer la supresión del dividendo con el fin de impulsar las inversiones. Tanto los responsables de la empresa como el brazo inversor de Caixabank se opusieron. Adujeron que de ellos depende la financiación de los numerosos proyectos desarrolllados por la obra social de la Fundación La Caixa. En 2021, Naturgy repartió 1.707 millones de euros entre sus accionistas, y fueron más, 1.802 millones, los que distribuyó en 2020, el año de la pandemia. Hasta septiembre de 2022, el dividendo pagado alcanza los 769 millones de euros. Es decir, más de la mitad de esas cantidades, el 55,2% para ser precisos, se los han embolsado tres fondos extranjeros a través de firmas luxemburguesas: 942,26 millones en 2021 y 424,48 millones sólo hasta septiembre de 2022.

Los dividendos repartidos por Repsol en 2021 ascendieron a 1.326 millones de euros. En 2022, hasta septiembre, los accionistas recibieron 986 millones, un 66,2% más que en los mismos nueve meses de 2021. Este año, además, se les remunerará con 0,70 euros la acción, un aumento del 11%, y se ejecutará un plan de recompra de acciones de 36 millones de euros tras llevar a cabo una reducción de capital de 50 millones de acciones, lo que aumenta aún más la retribución a los accionistas.

Cepsa también fue generosa con sus dividendos. En 2021 repartió 523 millones entre Mubadala y Carlyle, un 166,8% más que en 2020, y hasta septiembre de 2022 pagó 250 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

–Majestad…, ¡majestad! Hemos llegado.

Don Juan Carlos abrió los ojos y contempló la indescriptible belleza del pantano de la Serena.

–Mira, no sé yo.

–Señor, desde que vuestra majestad marchó a Abu Dabi, las cosas han cambiado mucho por aquí. Ibiza y Marbella dejaron de ser chic; ahora, la jet set se va de pantanos. Créame, la costa está insoportable con tanto populacho, pero esto… ¡mire qué despejadito!

El emérito asomó la cabeza por la ventanilla y vio a media Diputación de la Grandeza en chanclas y bermudas: el duque de Alba se ajustaba una gorra de la Caja Rural, media docena de Hohenlohes jugaban con un balón de Nivea y el conde de Salvatierra churruscaba unas chistorras en una de esas barbacoas endebles. Al reconocer al jubilado, todos comenzaron a vitorear.

Mientras sucedía el sainete, en mi cabeza resonaba aquella reunión unos días antes en  Zarzuela:

–Mi padre está empeñado en regresar a España durante las vacaciones y lo de Sanxenxo no puede repetirse.

–Lo entiendo majestad, pero…

–Tiene que mantenerlo entretenido lejos de la prensa. Es de vital importancia. Le ruego la mayor de las discreciones.

–Ya, pero es que…

–Por favor, es nuestra única esperanza. No hemos reparado en gastos: aquí tiene treinta cheques comedor, las llaves de una Citroën C15, el teléfono de un funcionario que trabaja a media jornada y dos carnés de alberguistas. ¡El destino de la corona está en sus manos!

***

Cuando me quise dar cuenta, don Juan Carlos se había lanzado al agua pertrechado con unos manguitos rojigualdas. Allí, se entretenía mojando el cardado a unas señoras que, por las pintas, habrían conocido a Fernando el Católico en sus tiempos mozos. "Mirad, ¡la cosa del pantano!", voceaba.

Aliviado, me senté en una silla plegable y cogí una de esas repugnantes cervezas con limón de la neverita de algún marqués que pasaba por allí. Estaba sorprendido con la convocatoria. Me figuré que Casa Real debía de haberlos amenazado con requisarles el título. Al cabo de media hora, vi acercarse al rey, zampándose un bocadillo de filetes empanados.

–¿Lo pasa bien, señor?

–Son unos cachondos –dijo, con una carcajada– pero, ¿es que no vamos a regatear o qué?

–Está todo previsto. Mire.

Señalé dos hidropedales fastuosos, uno rojo Ferrari y el otro blanco inmaculado. Don Juan Carlos gritó: "¡Para mí el del tobogán!". Agarró por el brazo a dos ricoshombres que me miraron con consternación y los arrastró hasta las barcazas.

–¡No se olvide el protector solar!, grité, mientras se alejaba.

Volví a sentarme y escribí un SMS a Zarzuela: "progenitor neutralizado". Pasados unos segundos, recibí contestación: tres pulgares hacia arriba.

Su majestad surcaba el embalse con gallardía. Perseguía al otro bote que, espantado, huía del intento de abordaje. "Esta noche dormirá como un bendito", me dije. Unos metros más allá, unos condes empujaban a otro al agua. "Esperad, esperad", protestaba el desdichado, "¡que se me moja el toisón!". Abrí una latita de aceitunas con anchoas y recliné la tumbona con la satisfacción del deber cumplido.

Las sanciones al Chelsea FC por los vínculos de su propietario, Roman Abramovich, con el régimen de Vladímir Putin, han puesto de nuevo en el punto de mira la proximidad de los clubes ingleses a los estados autoritarios. Documentos de Football Leaks, obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, revelan ahora que el Manchester City fue financiado directamente por una agencia gubernamental de Abu Dabi.

Según esos documentos, la sociedad matriz del Manchester City pagó millones en comisiones a agentes de jugadores, violando las normas internacionales, y que estuvo detrás de un acuerdo triangular secreto para fichar a un futbolista menor de edad español. Numerosos documentos de Football Leaks llegan a lo más profundo del club, así como a la Autoridad de Asuntos Ejecutivos (EAA por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental de Abu Dabi que asesora sobre política estratégica al príncipe heredero del emirato, el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Además, su operativa financiera llegó hasta España, donde utilizó como intermediario para camuflar sus pagos a Mediapro, el grupo audiovisual de Jaume Roures.

El muro defensivo del Manchester City tiene 7,40 metros de altura, 109 años de edad y costó unos 244 millones de euros. Está formado por los defensas Rúben Dias, John Stones, João Cancelo y Kyle Walker, y es una de las razones por las que el club va camino de su cuarto campeonato inglés en cinco años. El equipo que entrena Pep Guardiola también está en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ningún club de fútbol del mundo gasta tanto dinero en jugadores como el Manchester City. Según el CIES Football Observatory, el club inglés ha gastado 1.700 millones de euros en fichajes en los últimos 10 años. Sus recursos financieros parecen ilimitados: pertenece al jeque Mansur Bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Abu Dabi.

Tras décadas de fútbol mediocre en el mejor de los casos, el ManCity se convirtió rápidamente en uno de los mejores clubes internacionales desde que Mansur se hizo cargo de él. En la Liga inglesa, sólo el Liverpool FC de Jürgen Klopp puede alcanzarle.

La proximidad del Manchester City al autoritario estado de los Emiratos Árabes Unidos está obligando al club a invertir también mucho dinero en otro tipo de defensa, la legal. Su dirección ha contratado a algunos de los abogados más conocidos y caros del Reino Unido para hacer frente a las acusaciones de prácticas comerciales irregulares y para dilatar las investigaciones que tiene abiertas sobre posibles violaciones de las normas internacionales del fútbol.

Al igual que la inversión catarí en el París Saint-Germain y la inversión del fondo soberano saudí en el Newcastle United, los miles de millones de los EAU probablemente tienen como objetivo principal mejorar la imagen de ese Estado gracias al fútbol: los Emiratos no toleran ningún tipo de oposición política, desprecian los derechos humanos y sobre ellos recae la sospecha de haber cometido crímenes de guerra en el conflicto de Yemen, una acusación que rechazan. Para brillar con la mejor luz en el escenario del fútbol de élite, los propietarios de los clubes parecen estar dispuestos a pagar cualquier precio. Así, uno de los países más ricos del mundo está financiando operaciones deportivas y haciendo pagos opacos para eludir los controles financieros impuestos por los organismos internacionales.

En 2020, la UEFA prohibió al Manchester City participar durante dos años en la Liga de Campeones después de que Der Spiegel revelara cómo se financiaba el club. Representado por casi una docena de abogados de primera línea, recurrió la decisión ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS). La UEFA perdió el caso, a pesar de que hay muchas pruebas sólidas de las cuestionables prácticas financieras del ManCity.

Abu Dabi United Group Investment & Development (ADUG) es propiedad de Mansur y, a su vez, fue la dueña del Manchester City desde 2008, hasta que fue sustituida por otra empresa del jeque el año pasado. Según recalcaban siempre sus responsables, ADUG es una empresa privada y la entrada de Mansur en el club inglés fue una inversión puramente personal. Incluso antes de que el caso llegara al TAS, un abogado del Ministerio de Finanzas de Abu Dabi aseguró que ADUG es “completamente ajena” al Gobierno del emirato o al Estado de los EAU.

Sin embargo, la investigación de Football Leaks revela ahora que los pagos de ADUG al club se autorizaron en una agencia gubernamental de Abu Dabi, la Autoridad de Asuntos Ejecutivos (EAA). Responsable de proporcionar asesoramiento estratégico al emirato, también gestionaba las cuentas de ADUG. Los documentos internos así lo indican. El presidente de la agencia, Jaldún Al Mubarak, primer ministro de facto de Abu Dabi, dirige el fondo de inversión estatal y es también presidente del Manchester City. Según los documentos de la investigación, Al Mubarak aprobó los flujos de dinero que eran encauzados por el Gobierno y acababan en las cuentas del club de fútbol. Además, las solicitudes de pago de las comisiones de los agentes se enviaron al director jurídico de la EAA y una factura a Etisalat, una empresa pública emiratí que patrocina al equipo, fue enviada por el ManCity a Omar Awad, director financiero de la agencia gubernamental. Ni el Manchester City ni los responsables de EAA han querido responder a las preguntas de Der Spiegel.

En el Manchester City, las líneas entre el régimen autoritario y el club de fútbol privado se difuminan. Y las nuevas revelaciones de Football Leaks podrían causar considerables problemas al líder de la Premier League. Durante años, la Liga inglesa ha investigado al Manchester City sin hacer demasiada publicidad sobre el caso. Según la información obtenida por Der Spiegel, la investigación tiene tres acusaciones centrales.

La primera: el Manchester City pudo haber presionado a algunos jugadores menores de edad para que firmaran un contrato mediante el pago de dinero, lo que contraviene las normas internacionales.

La segunda: las empresas patrocinadoras con sede en Abu Dabi hicieron sólo una parte de los pagos al club; la mayor parte de ellos fue realizada por el propio jeque Mansur.

La tercera: el actual seleccionador nacional de Italia, Roberto Mancini, entrenador de 2009 a 2013 del ManCity, pudo haber recibido de forma opaca una parte considerable de su salario a través de un contrato ficticio de asesoría.

A las anteriores consultas que Der Spiegel hizo al club, éste respondió con un comunicado que no abordaba el contenido de las preguntas, sino que se limitaba a afirmar que el material de Football Leaks estaba sacado de contexto.

UEFA y FIFA han aprobado normas especiales para proteger a los talentos futbolísticos menores de edad. Por ejemplo, los clubes no pueden hacer traspasos internacionales de jugadores menores de 16 años. Más aún, no pueden prometer o pagar dinero a los menores, a sus padres o a sus asesores.

Sin embargo, numerosos clubes han incumplido sistemáticamente esta normativa durante años. Así, al Chelsea FC y al Real Madrid la FIFA les prohibió hacer traspasos. El Manchester City tuvo que pagar al menos 300.000 libras esterlinas –360.000 euros– a la Federación Inglesa de Fútbol y a la FIFA por infringir las normas que protegen a los jugadores más jóvenes.

Der Spiegel ya informó en 2019 sobre el pago de comisiones ocultas que el ManCity pagó al agente del inglés Jadon Sancho, que entonces sólo tenía 14 años. Pero ahora Football Leaks descubre otro caso: para fichar en 2013 al español Brahim Díaz, también de 14 años, la empresa emiratí preparó un contrato con la agencia del representante del jugador, Pere Guardiola, hermano de Pep, al frente del banquillo del City desde 2016. El club inglés entrenó a Brahim en su academia durante dos años antes de registrarlo oficialmente en Inglaterra.

Aunque el hecho de que Guardiola era su agente era público y así consta también en los correos internos que se cruzan los empleados del Manchester City, ADUG le encomendó que velara al mismo tiempo por los intereses del club: debía ayudar al City a “convencer al jugador y a sus tutores legales para que acepten los términos contractuales propuestos por el club”. Y, en el caso de que Brahim terminara firmando un contrato profesional con el ManCity, ADUG debía pagar 420.000 libras al agente.

De hecho, Brahim firmó un contrato profesional en Manchester en agosto de 2016, cuando cumplió los 17 años y fue traspasado al Real Madrid a principios de 2019. ¿Por qué ADUG quiso pagar la comisión al agente del jugador en lugar de hacerlo el club? Tanto entonces como ahora se trata de una clara violación de las reglas de la Asociación de Fútbol de Inglaterra: sólo el club está autorizado a pagar a los representantes de los jugadores.

Los correos electrónicos del club muestran que ADUG también pagó otros gastos del traspaso de Brahim Díaz, pero de forma opaca. Según revelan los documentos, la empresa del jeque abonó al el Málaga el club donde se formó el joven futbolista, unos honorarios por formación de 360.000 euros a través de una tercera empresa, el grupo audiovisual Mediapro. Y luego ésta remitió la suma al Málaga CF.

¿Qué tiene que ver el grupo de Jaume Roures en el traspaso de un juvenil de 14 años? La empresa de representación de jugadores de Pere Guardiola es Media Base Sports, que pertenece a Imagina Media, el grupo en el que está integrado Mediapro y que desde 2018 se encuentra en manos de Orient Hontai Capital, el primer grupo de capital privado de China. El 28 de noviembre de 2013, el Málaga CF y Mediapro, representada por Jaume Roures, firmaron un contrato por el que esta empresa se compromete a pagar 360.000 euros al club “por nombre y por cuenta del Manchester City”, como adelanto de una indemnización por la formación que le dio a Brahim Díaz. Es una práctica habitual cuando se traspasa a un jugador desde un equipo juvenil. Pero el Manchester había transferido a Brahim cuando no era posible hacer el traspaso. Esa cantidad debería ser abonada sólo cuando el jugador fuera contratado por el Manchester City al cumplir los 16 años, en 2015. Por tanto, Mediapro le está pagando un anticipo. En el documento, Mediapro “comunica” al Málaga CF “el interés del Manchester City por contratar los servicios del jugador” una vez que éste cumpla los 16 años, así como “la voluntad” del club inglés de “pagar por adelantado la indemnización por formación”.

Es más, para el caso de que el Málaga CF tenga que devolver el anticipo al club inglés, se crea una garantía, una prenda: Mediapro se descontaría la cantidad de los derechos televisivos que le corresponden al equipo español en virtud del acuerdo de cesión que éste firmó con la empresa de Roures en marzo de 2013. Mediapro también es el socio exclusivo de City TV, la televisión del club inglés.

Con esa misma fecha, Brahim Díaz, sus padres y el Málaga CF –su entonces director general, Vicente Casado Salgado, y su director general corporativo, Manuel Antonio Novo García— firmaron otro documento, en el que acuerdan resolver el contrato que habían suscrito sólo unos meses antes, en marzo de 2013, para que el futbolista jugara como infantil o cadete en el club. Lo rescindieron porque los padres querían marcharse a vivir fuera de España “por motivos personales y laborales”. Pero acuerdan que Brahim siga inscrito en la federación española como jugador de las categorías inferiores del club para que pueda ser convocado a la selección nacional.

Unos días más tarde, el 2 de diciembre, los padres de Brahim firman un tercer contrato. Éste es con Media Base Sports. En concreto, con Jaume Roures, Pere Guardiola y el abogado David Sánchez, también de la misma agencia de jugadores. Es un acuerdo por dos años, que garantiza a Media Base Sports un 10% del importe bruto de todo lo que cobre Brahim Díaz por conceptos deportivos, como un traspaso o renovación, y un 20% más por los no deportivos, desde los contratos publicitarios y de patrocinio hasta los que pudiera suscribir con medios de comunicación. Pese a que Media Base es el representante del futbolista, las comisiones se las deben pagar las empresas con las que contrate el jugador, no éste, su cliente. Y si Brahim Díaz incumple la exclusividad que suscribe en este contrato, sus padres deberán pagar a Media Base una penalización de 500.000 euros. Si incumple cualquier otra condición del documento, tendrá que abonarle 100.000 euros más. Estos tres documentos fueron firmados en Barcelona, donde tiene su sede Mediapro.

En diciembre de ese año, según los documentos de Football Leaks, Brahim Díaz ya pasa 15 días en Manchester. Y la prensa empieza a publicar que el ManCity le ha robado al Barça al “nuevo Lionel Messi”. En febrero de 2014, los correos del Manchester muestran que el club inglés está buscando colegio a las hermanas de Brahim y gestionando la apertura de cuentas bancarias para que sus padres paguen el agua y los impuestos municipales, comprándoles muebles para su nueva casa e incluso un coche. También están ayudando al padre a conseguir su número de la Seguridad Social.

En abril, un empleado del club explica en otro correo que, como no se le puede registrar hasta que cumpla 16 años, Brahim seguirá inscrito como jugador del Málaga CF. Pese a que ya está en el Manchester. En junio, los padres de Brahim, su agente y el ManCity han firmado todos los contratos necesarios, entre ellos la beca que disfrutará hasta los 16 años y un acuerdo de representación con Media Base Sports. El abogado de Media Base precisa que los documentos han sido suscritos tanto por el club inglés como “por su accionista”. Y pide que se pague a la agencia de representación 290.000 euros más el IVA.

Pues bien, cuando el ManCity inscribió a Brahim tanto en la Federación Inglesa como en la FIFA certificó que no había usado los servicios de ningún intermediario, que no había ningún agente implicado. Y cuando la FIFA investigó y preguntó al Manchester City por el fichaje del menor, el club respondió que el español había jugado tres partidos amistosos en Catar y Galway (Irlanda) con el consentimiento del Málaga; es decir, antes de que estuviera inscrito como jugador del ManCity.

Brahim Díaz tiene ahora 22 años. En 2019 fue fichado por el Real Madrid, con quien tiene contrato hasta 2025. Pero juega cedido en el AC Milan desde 2021. Y Pere Guardiola ya no es su agente, lo cambió por su padre en agosto de 2019. Ni los clubes, ni Mediapro ni Pere Guardiola han respondido a las preguntas que sobre este fichaje le ha enviado de Der Spiegel.

Los documentos de Football Leaks también muestran otros casos en los que ADUG intervino directamente. Entre 2010 y 2015, la empresa del jeque pagó al menos cuatro millones de euros y cuatro millones de libras a una empresa gestionada por el agente de Yaya Touré, que jugó en el ManCity entre 2010 y 2018. Según los correos electrónicos, las cantidades destinadas a pagar a los jóvenes jugadores fueron aprobadas, entre otros, por el director general, el español Ferran Soriano, y el presidente del club, Jaldún Al Mubarak. El desembolso a través de la agencia gubernamental de Abu Dabi fue dirigido por el director del club, Simon Pearce.

Pearce desempeña uno de los principales papeles en la acusación central de la UEFA y la Premier League contra el Manchester City: la financiación secreta de los acuerdos de patrocinio por parte del propietario del club, el jeque Mansur.

Simon Pearce gestionó los asuntos del club como miembro de la junta directiva al mismo tiempo que trabajaba como asesor especial del presidente de la agencia gubernamental EAA, Al Mubarak. Pearce mantenía el contacto con los numerosos patrocinadores del club con sede en los Emiratos, también era la persona de contacto del departamento financiero del ManCity cuando había que tratar detalles de los contratos y del desembolso de los fondos de Abu Dabi.

Der Spiegel ya publicó en su día en una serie de artículos los contratos antedatados, las inyecciones de efectivo espontáneas y las “fuentes alternativas” de la financiación con patrocinios del Manchester City. Según esas informaciones, el dinero del jeque Mansur se camuflaba como dinero de los patrocinadores. Las sumas del jeque se transferían a empresas con sede en Abu Dabi y desde allí se pagaban a su vez al club. De este modo, en las cuentas oficiales se minimizaban las inversiones del propietario del ManCity al tiempo que se inflaban los ingresos de marketing, lo que supone una flagrante violación de las normas de Fair Play Financiero de la UEFA. Esas reglas se diseñaron para evitar que los clubes gastaran más dinero del que ganaban y, por tanto, entraran en dificultades financieras o distorsionaran la competencia deportiva. Como han resultado un fracaso, ahora van a ser sustituidas por una nueva normativa.

A raíz de las informaciones de Football Leaks, la UEFA expulsó al club de la Liga de Campeones durante dos años. Como queda dicho más arriba, el club se impuso en el proceso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que dictaminó que parte de las acusaciones habían prescrito y que la UEFA no podía aportar más pruebas que las publicadas por Der Spiegel. Además, el Manchester City citó testigos que negaron enérgicamente las acusaciones de la UEFA. El TAS no vio ninguna razón para no creerlos, según declara la sentencia.

Uno de esos testigos supuestamente fiables era Simon Pearce. El tribunal deportivo le preguntó si había “organizado alguna vez pagos a Etihad [Líneas Aéreas de los Emiratos, patrocinadora del club]” en relación con el patrocinio del Manchester City. Su respuesta fue inequívoca: “Absolutamente, categóricamente no”.

Sin embargo, un correo electrónico de Pearce al entonces director de operaciones de Etihad, Peter Baumgartner, de diciembre de 2013, lo desmiente. En él, Pearce explica al directivo suizo exactamente qué sumas debía aportar Etihad, cuánto había transferido él, Pearce, por tanto, a Etihad y lo que todavía debía a la aerolínea. Der Spiegel ha preguntado a Etihad Airways al respecto y se ha limitado a contestar que “se enorgullece de ser el principal socio del Manchester City FC desde mayo de 2009”. “Todas las obligaciones financieras relacionadas con la asociación de la aerolínea con el club”, añade, “siempre han sido, y siguen siendo, responsabilidad exclusiva de Etihad Airways. Nuestra asociación con el Manchester City y con el City Football Group, en general, ofrece constantemente un sólido rendimiento de nuestras inversiones”.

Cuando Der Spiegel publicó ese correo, el Manchester City lo calificó de “intento cínico” de “volver a litigar públicamente y socavar” un proceso vencido y concluido. El club no ha respondido ahora a esta nueva consulta de la revista alemana.

Pero merece la pena volver a mirarlo con detenimiento. Los documentos de Football Leaks prueban la existencia de un sistema establecido durante años:

En 2012, parte del dinero del patrocinio de Abu Dabi se contabilizó internamente como “inversión del propietario”, que en ese momento ya ascendía a unos 150 millones de libras –180 millones de euros--.

En 2013, Pearce solicitó al director financiero, el español Jorge Chumillas, un resumen de las obligaciones de pago de ADUG y exigió que se desglosaran las partidas individuales en “pagos directos del club” y “suplementos de los socios”. Los documentos de Football Leaks muestran en qué consisten los pagos adicionales: por ejemplo, Pearce subrayó en un correo electrónico a Chumillas que Etihad sólo tenía que abonar ocho millones de los 67,5 millones de libras oficiales de su patrocinio. Por tanto, 59,5 millones de libras fueron el suplemento presumiblemente pagado por el jeque Mansur. Sólo en la temporada 2013-2014, el suplemento pagado por Abu Dabi ascendió a 92,5 millones de libras. Estas cifras eran alto secreto: “No debemos mostrar el suplemento del socio si va fuera del club”, advirtió a principios de 2013 el entonces director financiero, Andrew Widdowson.

En 2014, Chumillas y Widdowson hablaron por correo sobre el hecho de que los fondos de dos patrocinadores de Abu Dabi, Aabar y Etisalat, seguían pendientes. Y, de nuevo, distinguieron entre la aportación de ADUG y las cantidades que debían proceder directamente del patrocinador. Chumillas pidió que confirmación: “Pero, en realidad, formalmente, queremos que todas esas cantidades las paguen Aabar y Etisalat, ¿no?”. “Sí”, fue la respuesta, “si pueden”.

En septiembre de 2015, los responsables del club distinguieron entre un traspaso de 60,25 millones de libras y los ocho millones que, según ellos, Etihad debería “financiar directamente”. Chumillas y Pearce volvieron a desglosar en un correo electrónico qué parte del dinero del patrocinio debía proceder “directamente” de las empresas. El resto debía de proceder del presupuesto del accionista de ADUG; es decir, del jeque Mansur. Ni Aabar ni Etisalat han respondido a la solicitud de comentarios realizada por Der Spiegel.

Mientras que los dos últimos años de pandemia han hecho mella en las operaciones del fútbol profesional en general, el Manchester City se ha reforzado con los ingresos procedentes de acuerdos de marketing. A principios de este año, el club inglés añadió tres nuevos patrocinadores estatales a su cartera de socios. La Premier League quiere ahora examinar más de cerca estos acuerdos.

Podría decirse que el Manchester City ha demostrado ser extraordinariamente creativo cuando se trata de chanchullos financieros. En 2009, por ejemplo, la dirección del club pudo haber utilizado al club de fútbol Al Jazira, con sede en Abu Dabi, para camuflar el pago de parte de su salario al entrenador del ManCity, Roberto Mancini. El jeque Mansur sigue siendo el dueño Al Jazira hasta el día de hoy. Los directivos que manejan estas sumas son también el departamento financiero del ManCity y Simon Pearce.

El 19 de diciembre de 2009, el entrenador italiano firmó en Manchester. Según su precontrato, Mancini iba a recibir un sueldo de 1,45 millones de libras por temporada. Además, se le prometieron generosas pagas extraordinarias de hasta cuatro millones de libras por sus futuros éxitos deportivos. Ese mismo día, Mancini suscribió un supuesto contrato de asesoría con Al Jazira, cuya redacción era en parte idéntica al primero. Por sus servicios, el documento le garantizaba un salario anual de 1,75 millones de libras: “Los honorarios se abonarán en una cuenta designada por su empresa y se pagarán sin deducción de impuestos”.

Inicialmente, Mancini designó como empresa perceptora a una firma con sede en el paraíso fiscal de Mauricio llamada Sparkleglow Holdings.

Pero, sólo un año después, se hizo necesario un cambio. Pese a que utilizaba una sociedad offshore, Mancini se vio obligado a pagar impuestos en Italia sobre sus ingresos. Mancini lo consideró inaceptable y exigió al ManCity una compensación para alcanzar su salario neto deseado. El club aceptó y se redactó un nuevo contrato con Al Jazira. Según sus estipulaciones, el equipo emiratí reembolsaba a Mancini los impuestos pagados hasta la fecha y aumentaba sus futuros “honorarios de consultor” hasta los 3,2 millones de libras al año.

El entrenador cambió entonces de Sparkleglow Holdings a Italy International Services (IIS), domiciliada en Roma, para recibir los pagos. Esta empresa emitió a partir de entonces facturas trimestrales. Pero Al Jazira sólo simulaba pagarlas, porque IIS las enviaba al Manchester City, el club transfería el importe adeudado a ADUG, desde donde se remitía a Al Jazira, y finalmente este equipo las abonaba a IIS. Así describía un empleado del ManCity en julio de 2012 el procedimiento, que confirmó Simon Pearce por la parte del Emirato.

Es más, a pesar de que el contrato lo firmó Mancini con Al Jazira, todas las negociaciones sobre los pagos las llevaron a cabo la esposa de Mancini y el Manchester City. Y para subrayar más el carácter ficticio del documento, basta con indicar que el entrenador italiano ganaba 1,75 millones de libras primero y 3,2 millones después por sólo cuatro días de trabajo al año. Las partes implicadas en este esquema financiero no han querido hacer ningún comentario.

Después de que Der Spiegel informara por primera vez sobre el caso, éste dio mucho que hablar en Inglaterra. De hecho, a Pep Guardiola se le preguntó al respecto en una rueda prensa, si se le pagaba de forma similar. No se lo tomó muy bien. Su respuesta fue airada, despectiva… y nada concluyente.

Desde diciembre de 2018, la Premier League investiga al Manchester City porque aplica una normativa de control de gastos similar a la de la UEFA. El club se está defendiendo de la investigación con sus abogados, y con una hostilidad similar a la que empleó con la UEFA. El TAS multó al ManCity con 10 millones de euros por obstruir la investigación de la UEFA y porque se había negado a cooperar con los investigadores. La Liga Inglesa ha declinado comentar ningún aspecto de esta información.

Uno de los puntos en cuestión, si la investigación de la Premier League se podía hacer pública en Inglaterra, llegó hasta el segundo juez de mayor rango del sistema judicial inglés. El magistrado dictaminó que el procedimiento podía perfectamente ser objeto de publicidad. “Es sorprendente, y una cuestión de legítima preocupación pública, que se haya avanzado tan poco después de dos años y medio, durante los cuales, cabe señalar, el club se ha coronado dos veces como campeón de la Premier League”, lamenta la sentencia.

El rey emérito quiere volver a España en cuanto sea posible pero lo hará cuando su regreso no genere "ninguna inestabilidad" a su hijo, Felipe VI, según el periodista Carlos Herrera, que se ha reunido con Juan Carlos este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde vive exiliado desde agosto de 2020.

Según ha relatado en la Cadena COPE, y ha recogido Europa Press, Juan Carlos le dijo que está esperando a que "concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando".

"¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto", ha explicado el presentador, que considera que "antes o después eso va a ocurrir".

Une vez regrese a España, ha considerado Herrera, estará "el tiempo que considere oportuno", se volverá o dará otros pasos. "Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno", ha defendido el periodista, que asegura que ha encontrado a Juan Carlos "de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo".

Asimismo, ha precisado que el rey emérito está continuamente informado de lo que ocurre en España y por tanto también está al tanto de la decisión de la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín de separarse.

En las últimas semanas se ha venido especulando con el inminente regreso de Juan Carlos a España, una decisión que desde Moncloa aseguran que corresponde solo a este y a la Casa Real. A priori, el antiguo monarca estaría esperando a que la Fiscalía del Tribunal Supremo cierre las diligencias abiertas en su contra por tres casos diferentes, algo que podría producirse en breve.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este martes a Abú Dhabi con motivo de la celebración del Día de España en la Expo 2020, si bien desde Moncloa han asegurado que no está previsto un encuentro con Juan Carlos durante la visita.

El rey emérito ha reaparecido este viernes en público durante un partido de Rafa Nadal en un torneo de tenis en Abu Dabi, que suponía su regreso a las pistas desde el pasado mes de agosto, según informa Europa Press. Las cámaras de televisión han podido captar la imagen en la que se le ve acompañado de otras personas.

En concreto, Juan Carlos I ha estado presente en el Centro Internacional de Tenis Zayed Sports City de Abu Dabi, donde se ha celebrado la semifinal del Mubadala World Tennis Championship que ha perdido el español Rafa Nadal (6-3, 7-5) frente al escocés Andy Murray.

Precisamente, Casa Real ha distribuido este jueves la felicitación navideña de Juan Carlos y Sofía en pleno debate sobre el regreso a España del Rey emérito desde su marcha a Abu Dabi.

La publicación de la felicitación navideña del Rey emérito se produce en plenas especulaciones sobre su eventual regreso a España, ahora que su panorama judicial parece estarse despejando. Se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, donde se instaló en agosto de 2020.

No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que en su opinión el emérito debe dar "explicaciones" por sus actividades y ha asegurado que Casa Real no ha consultado al Gobierno en ningún momento sobre su eventual regreso a España.

¿Cómo influye la pequeña federación de los Emiratos Árabes Unidos sobre el país más poderoso del mundo? En su informe Dollars and Decadence, publicado en abril de 2021 por Noria Research, el investigador en relaciones internacionales Colin Powers analiza las relaciones desarrolladas estos últimos años por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el objeto de alinear la política de los Estados Unidos con sus propios intereses.

Intereses particularmente conservadores. Así, en 2011, la opulenta monarquía petrolera intervino junto a Arabia Saudita para aplacar el levantamiento en el país vecino de Bahréin. “Abu Dabi logró imponerse como el campeón de la oposición a los movimientos de protesta popular”, escribe Colin Powers en su introducción. Para el colectivo de investigadores Noria Research —que se presenta como independiente y que funciona principalmente de manera voluntaria— hay en marcha una “contrarrevolución”. “En el interregno posterior a las rupturas de la Primavera Árabe, se coaligó una constelación de fuerzas locales e internacionales para cuestionar, reorientar o sofocar a quienes impulsan el cambio”, considera el laboratorio de ideas. Entre esas fuerzas, “pocos actores ejercieron una influencia tan decisiva sobre el porvenir político de Oriente Medio y de África del Norte como los Emiratos Árabes Unidos”, dice Colin Powers.

Impulsora de una estrategia regional apoyada por los Estados Unidos, la monarquía emiratí también participa junto a Arabia Saudita en una guerra en Yemen que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó como “la peor catástrofe humanitaria del mundo”. Al igual que los otros protagonistas, los EAU habrían cometido allí múltiples violaciones a los derechos humanos, en el marco de una “impunidad endémica”. Entre otros horrores, la federación de emiratos puso en funcionamiento una red de prisiones secretas donde se habrían cometido actos de tortura. Según la periodista Maggie Michael, que reveló el escándalo, Estados Unidos estaría implicado en el interrogatorio de los detenidos.

Cambio dentro de la continuidad en Washington

Si bien la administración Trump se mostró conciliadora con los Emiratos hasta 2020, las primeras declaraciones del demócrata Joe Biden sugieren prima facie un cambio de tono. En efecto, a fines de enero de 2021, el nuevo gobierno estadounidense anunció la suspensión temporaria de las entregas de armas a Arabia Saudita y a los EAU para revisar los contratos firmados por su antecesor. La pausa duró poco: el 14 de abril, un portavoz anunció a la agencia Reuters que la administración “continuaría con las ventas previstas a los EAU”, es decir, principalmente aviones de combate F-35, prometidos tras los Acuerdos de Abraham de septiembre de 2020. “La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de ‘hacer las paces’ con Israel (…) fortaleció la posición emiratí ante grandes sectores del Partido Demócrata estadounidense”, señala Colin Powers. Por otra parte, la reciente reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el acuerdo nuclear no significa para el investigador un verdadero distanciamiento en relación a los Emiratos, que sin embargo se había opuesto al acuerdo. “De todas formas, se trataba de una antigua promesa de los demócratas”, estima Powers.

Según el investigador, el cambio de mandato de Donald Trump a Joe Biden muestra más bien una cierta continuidad. En febrero de 2021, luego de un encuentro entre el secretario de Estado estadounidense y su par del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, el Departamento de Estado se congratuló de las “oportunidades por venir para los EAU si siguen contribuyendo a un Oriente Medio más pacífico”.

“En general, Estados Unidos sigue pasando por alto el papel que los Emiratos jugaron y siguen jugando en Yemen”, afirma Colin Powers a Orient XXI. Salvo algunas voces disidentes, como la del diputado Ro Khanna (1), el investigador observa una “reticencia manifiesta del Partido Demócrata a confrontar con Abu Dabi”.

Según Powers, esa prudencia no puede explicarse solamente por la geopolítica: si bien es cierto que los EAU contribuyen a garantizar el abastecimiento energético mundial y la protección de las redes marítimas, “las cuestiones de metaestrategia solo representan una pieza de un rompecabezas”, estima Powers, que plantea otros dos parámetros que le parecen primordiales: los condicionantes económicos y sociológicos.

Un portafolio de 250.000 a 500.000 millones de dólares

“La implicación de Abu Dabi en la economía norteamericana resulta más importante de lo que suele pensarse”, juzga el investigador, debido a las inversiones de dos fondos soberanos emiratíes, Mubadala y Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Estimado entre 230.000 y 250.000 millones de dólares (entre 192.000 y 208.000 millones de euros), Mubadala invirtió en 2019 aproximadamente el 38% de su portafolio en América del Norte. ADIA, por su parte, destina a Estados Unidos entre el 35 y el 50% de sus inversiones, sobre un volumen total valuado entre 580.000 y 820.000 millones de dólares (484.000 y 685.000 millones de euros). “Así que el valor del portafolio controlado por Abu Dabi en Estados Unidos representa entre 250.000 y 500.000 millones de dólares (208.000 a 417.000 millones de euros)”, calcula Colin Powers.

Su informe describe las áreas de inversión elegidas: las finanzas (en 2020, por ejemplo, el fondo Mubadala invirtió en la empresa norteamericana de gestión de activos Blackrock (2), pero también los sectores estratégicos de la tecnología y el inmobiliario.

Colin Powers vuelve sobre la importancia de las ventas de armamento de Estados Unidos a los EAU, su tercer cliente, con gastos estimados en 6.900 millones de dólares (5.760 millones de euros) entre 2011 y 2020, según la base de datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). En este contexto, “dada la importancia y la densidad de la imbricación económica emiratí-estadounidense, se volvió más arriesgado un eventual enfrentamiento político”, considera el investigador. La potencial amenaza de una fuga de capitales emiratíes limitaría las veleidades de los críticos.

Cabilderos cercanos a los demócratas

En la segunda parte de su informe, Colin Powers detalla las estrategias de influencia social implementadas por los Emiratos, que, cabe recordar, en 2017 lanzaron una política de poder blando (“soft power”) destinada a consolidar su reputación como país “moderno y tolerante”. Eso implicaba a su vez “filtrar, eludir y desacreditar todos los discursos desfavorables”, escribe Powers. Un procedimiento “seguramente relacionado, al menos en parte, con la rivalidad regional de los EAU con Catar”, subraya por su parte el centro de investigación Corporate Europe Observatory (3), con sede en Bruselas. “Cualquiera de los rivales regionales de los EAU, incluidos Catar y Turquía, también realizan operaciones de cabildeo, al igual que los gobiernos del mundo entero”, recuerda Colin Powers.

Todo el mundo lo hace. Pero concretamente, ¿cómo proceden los emiratíes? La estrategia se coordina desde la embajada que dirige Yousef Al Otaiba, “uno de los diplomáticos más influyentes en Washington” (4). Se utilizan varios medios: para cortejar a los políticos y las políticas o visitar periodistas, el informe describe principalmente la intervención de los cabilderos de la firma Akin Gump o de la empresa The Harbour Group.

La elección de esa última no es de ninguna manera casual: Richard Mintz, director general de la agencia, trabajó en el gobierno demócrata de Bill Clinton durante la década de 1990, antes de pasar al sector privado. Según el informe de Colin Powers, Mintz seguiría teniendo amigos bastante bien posicionados dentro del Partido Demócrata.

“Para influir sobre Washington, los emiratíes no infringen la ley. Siguen perfectamente las reglas del juego”, declara el investigador a Orient XXI. “Simplemente utilizan la decadencia de nuestra democracia, es decir, esa porosidad entre el sector público y privado que abre la puerta a influencias diversas y que hace que el funcionamiento del gobierno se aleje de la idea que podría tenerse de un servicio público”. Porque más allá de las intrigas palaciegas, el verdadero alcance de las decisiones que se toman tiene que ver –para millones de hombres y mujeres en Oriente Próximo y en África del Norte– con la posibilidad del surgimiento y el mantenimiento de sistemas democráticos.

Notas

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(1) Opositor al apoyo norteamericano en Yemen, el diputado demócrata Ro Khanna es cercano al senador independiente Bernie Sanders, que en 2019 propuso una resolución exigiendo el fin del apoyo de las fuerzas armadas norteamericanas en el conflicto en Yemen. A pesar de la aprobación de ambas cámaras del Congreso, el texto finalmente se topó con el veto del presidente Donald Trump. Más recientemente, Ro Khanna expresó públicamente su preocupación por el encarcelamiento, por parte de las fuerzas apoyadas por los EAU, del periodista Adel Al-Hasani, quien luego fue liberado.

(2) La información proviene del sitio de información económica Bloomberg. El artículo señala que fondos saudíes, kuwaitíes y cataríes también adquirieron parte de Blackrock durante la operación en cuestión.

(3) United Arab Emirates’ growing legion of lobbyists support its ‘soft superpower’ ambitions in Brussels, Corporate Europe Observatory, diciembre de 2020.

(4) Según Ryan Grim en The UAE powerful ambassador is still hobnobbing in Washington after Jamal Kashoggi’s murder , The Intercept, octubre de 2018.

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(Traducido del francés por Ignacio Mackinze)

Aquí puedes leer el texto original en francés.

Si los clubes tuvieran que vivir sólo del fútbol, hace mucho tiempo que habrían quebrado. En sus cuentas de resultados casi lo de menos es el balón. El Real Madrid ingresó en 2019 –las cifras de 2020 están distorsionadas por la pandemia, que vació los estadios– 205,7 millones de euros por la venta de entradas y 54,3 millones más gracias a sus abonados y socios. Por las retransmisiones de los partidos, 173 millones y por explotar sus instalaciones deportivas, 27 millones de euros. Pero en concepto de patrocinios y publicidad facturó mucho más, 295,1 millones. Es decir, el 40% de su cifra de negocio procede de la gigantesca valla publicitaria en que se ha convertido el club blanco. Sólo con lo que ingresa por su actividad comercial casi podría pagar los astronómicos sueldos del primer equipo, que suman una nómina anual de 308,47 millones de euros.

Cada esquina del estadio Santiago Bernabéu o del campo de entrenamiento de Valdebebas, una manga de las camisetas de los jugadores o los coches, cosméticos y trajes que utilizan Sergio Ramos, Marcelo o Isco proporcionan al Real Madrid el verdadero sustento con que cierra sus ejercicios económicos.

Según un informe de la firma de investigación de mercados Nielsen, el valor mediático generado por el Real Madrid –la visibilidad del patrocinador traducida a euros– para la aerolínea dubaití Emirates ascendía en 2018 a 147,83 millones de euros, el de Adidas a 75,63 millones –casi el doble del que le proporciona el Manchester United– y el de Movistar a 34,71 millones. Y eso sólo considerando partidos e informativos de televisión y su presencia en las redes sociales. Los analistas de Nielsen excluyeron de la medición a la prensa y los medios digitales, así como la web del club y las cuentas de los jugadores en las redes sociales.

Es a ese valor mediático donde se ha agarrado el fondo Providence para buscar el máximo rendimiento a su reciente inversión en el club. Como ha publicado infoLibre, el objetivo de los estadounidenses es multiplicar los ingresos por patrocinio de los blancos en un corto periodo de tiempo, cuatro años que pueden llegar a nueve –tras la renegociación del acuerdo el pasado año– dependiendo del éxito del proyecto. Incluso instaron a la contratación por más de un millón de euros a un ejecutivo estrella para duplicar sus beneficios en esta partida. A cambio, el club recibirá del fondo más de 200 millones de euros para financiarse. Aunque no todos los contratos de patrocinio del club merengue entran en su perímetro de negocio, el área que les permitirá recuperar su inversión. Fuera han quedado los más golosos, como los que Florentino Pérez ha firmado con la aerolínea Emirates y el fabricante de ropa deportiva Adidas, precisamente los dos principales socios comerciales del Real Madrid.

Emirates lleva desde 2013 luciendo logo en las camisetas del primer equipo. Y en ellas seguirá al menos hasta 2022, a cambio de 261,5 millones de euros las cinco temporadas. Cada año sale a unos 50 millones de euros: 41,5 millones en 2016/2017, que se van incrementando hasta alcanzar los 50,7 millones el último ejercicio, según el contrato renovado en 2017, uno de los miles de documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

La “falta de ambición” de Adidas“falta de ambición” de Adidas

Adidas es socio comercial del Real Madrid desde mucho antes, 1998, aunque sus relaciones han tenido altibajos. Pese a ello, en mayo de 2019 ambos firmaron la extensión del acuerdo de patrocinio nada menos que hasta 2028. Según los documentos de Football Leaks, el canon fijo que la marca alemana pagó al club merengue en 2017 ascendió a 43,8 millones anuales, más otros 34 millones de royalties, el 22,5% de los 150 millones de euros que facturaba por las ventas. Hasta la renovación, vestir a los madridistas le costaba a Adidas unos 84 millones de euros al año. El nuevo contrato garantiza a los blancos aún más dinero: unos ingresos anuales que fuentes periodísticas han llegado a cifrar en 110 millones de euros durante una década.

No obstante, el Real Madrid acabó muy decepcionado con el rendimiento de las tiendas que gestionaba Adidas a través de una filial, Global Merchandising. Las ventas declinaban pese a cada nuevo y mayor éxito deportivo del equipo de fútbol. Hasta el punto de que el director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, llegó a redactar una carta dirigida al consejero delegado de la firma alemana, Kasper Rørsted, para quejarse de la falta de “ambición” de la marca a la hora de vender los artículos del Real Madrid.

“No importa el éxito sin precedentes de nuestro equipo o los extraordinarios jugadores que lo integran, vuestras previsiones de ventas siempre oscilan entre 125 y 140 millones de euros. Tras conseguir la 13ª Champions vuestras previsiones para la temporada son de 120 millones, lo que se traduce en una reducción del 15% respecto al año pasado y en un horizonte de ventas por debajo de los logros de hace cuatro años”, se lamentaba Sánchez Periáñez, quien critica la “falta de inversión, la gestión deficiente y la falta de surtido e inventario” de la tienda que Adidas tiene en el Santiago Bernabéu.

Así que el pasado julio, el club cambió de socio y suscribió un acuerdo con la empresa estadounidense Legends Hospitality para que se haga cargo de las ventas de material deportivo de Adidas tanto en las tiendas físicas como en internet.

Litigio con Cepsa, socio de Movistar

El que estaba llamado a ser el contrato del siglo era el patrocinio del estadio Bernabéu por el grupo petrolero IPIC (International Petroleum Investment Company), dueños de Cepsa. A cambio de un pago anticipado de 425 millones de euros en 2017 –los tres primeros años de un contrato de 20–, el estadio de Concha Espina iba a ser rebautizado con el nombre de la compañía de Abu Dabi. El dinero debía servir para financiar la costosísima reforma del Bernabéu.

El contrato fue firmado en octubre de 2014, aunque el acuerdo se había alcanzado en una reunión previa, celebrada en abril, en el Hotel Emirates Palace de Abu Dabi, con ocasión de un foro empresarial hispano-emiratí presidido por el rey Juan Carlos I. En nombre de IPIC lo selló Jadem Al Qubaisi, que fue arrestado en agosto de 2017 por su implicación en el desvío de 3.000 millones de dólares del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Desde la firma y hasta 2017, IPIC ya pagaba 12 millones de euros al Real Madrid por el patrocinio de Cepsa.

Sin embargo, ese año IPIC se fusionó con Mubadala Development por decisión del Gobierno del emirato, formando un gigantesco fondo de inversión soberano cuyo vicepresidente es Mansur Bin Zayed Al Nahyan, también propietario del Manchester City. La relación con el grupo emiratí dio un vuelco.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara en 2015 el Plan General de Urbanismo de la capital, el Real Madrid tuvo que hacer algunos cambios en el proyecto del estadio. Los de Abu Dabi consideraron “sustanciales” esas modificaciones y las esgrimieron para resolver el contrato con el club. Por el contrario, el equipo de Florentino Pérez alegaba que el proyecto se mantenía al 100% como se había firmado con la petrolera y llevó la disputa a la Corte Internacional de Arbitraje de París, que en teoría debe dictar un laudo en breve. Cepsa desapareció de inmediato de los espacios publicitarios del club, mientras que el nombre del estadio madrileño permanece virgen hasta hoy.

Tras Adidas y Emirates, Movistar es el patrocinador que más rendimiento mediático obtiene de su inversión en el Real Madrid, 50 millones de euros según los cálculos de Nielsen. Hasta 2018 su contrato le garantizaba al Real Madrid 15 millones de euros anuales. Las negociaciones para su renovación las llevó en persona el propio Florentino Pérez. Movistar quería rebajar su factura a 10 millones, pese a que patrocinar al club blanco le redunda esos 50 millones de euros, según defiende el propio Real Madrid, más otros 11 millones en redes sociales. La compañía de José María Álvarez-Pallete argumentaba que al Barça le pagaba menos.

En el momento de renegociar el acuerdo, además, Movistar había puesto el ojo en algunos contratos para construir el nuevo Bernabéu. En concreto el que por entre dos y dos millones y medio de euros licitaba la ingeniería tecnológica del estadio y por el que competía con IBM, Siemens, Atos e Indra. También, informa el equipo directivo a Florentino Pérez antes de una reunión con Movistar, la operadora estaba interesada “de una forma u otra en prácticamente todos” los proyectos de suministros del recinto de Concha Espina, que sumaban 100 millones de euros.

Finalmente, Movistar no sólo se publicita en los primeros equipos de fútbol y baloncesto masculinos, sino que también ha añadido el femenino desde diciembre de 2020. Además, es socio tecnológico del club: le provee de fibra óptica y wifi tanto en el Bernabéu como en Valdebebas y se encarga de buena parte del proyecto de digitalización del club.

Proveedores de servicios y patrocinadores

Nivea es el cuarto patrocinador en aportación de ingresos al club. Llegó en 2012 sólo con su filial en España, pero desde la temporada 2017/2018 ya es patrocinador global. Tiene contrato hasta 2022, por un total de 37,71 millones, a razón de 7,5 millones por temporada, cinco veces la factura que pagaba cuando comenzó a publicitarse con los jugadores blancos.

Caixabank fue durante tres años y hasta el pasado mes de junio patrocinador del Real Madrid, con un contrato que reportó a los blancos 15,2 millones de euros por tres temporadas y media. Como en el caso de Movistar, que proporciona al club todo tipo de servicios de telefonía, el banco catalán también era uno de sus suministradores de servicios. Funcionaba como socio en su operativa financiera: en su día cambió a Caja Madrid por La Caixa para la venta de entradas en internet, e incluso los pagos de nóminas y a proveedores los realizaban los merengues a través de la entidad catalana. A esa relación se le sumó desde 2017 la de patrocinio. Pero ambas se rompieron en junio del año pasado. Liberbank, fusionado desde el pasado diciembre con Unicaja, sustituyó entonces a Caixabank. El nuevo banco oficial del Real Madrid ha firmado por cinco temporadas, hasta 2026.

Otro patrocinador y proveedor de servicios para el club es Sanitas, el gigante de la sanidad privada. Tiene contrato hasta el próximo mes de junio en ambos casos. Como prestador de cuidados médicos para sus jugadores, la aseguradora le cobra al Real Madrid 1,35 millones de euros anuales. Como patrocinador, Sanitas pagó a los blancos los tres últimos años 9,9 millones de euros.

Ocho casas de apuestas

Audi lleva desde 2013 unido a los merengues y seguirá hasta 2022. Además de otras promociones, los futbolistas del primer equipo conducen sus coches de más alta gama, que les son entregados en un acto al que se convoca a la prensa. Cada año, los medios reproducen qué modelo ha escogido cada uno de ellos. En 2019, el barroco y delirante David LaChapelle, que lo mismo retrata a Kim Kardashian que a Lady Gaga, firmó la sesión fotográfica con el equipo y los vehículos. Este año, el evento ha sido mucho más sobrio. Cinco millones de euros al año le cuesta al fabricante alemán la promoción de su marca, según los documentos de Football Leaks.

Con los neumáticos surcoreanos Hankook, el Real Madrid ha renovado hasta 2023. Su primer contrato, firmado en 2016, le garantizaba 4,3 millones de euros anuales. El de Mahou era de un importe similar, 4,5 millones de euros, y el de Coca-Cola, 1,2 millones.

Un capítulo aparte merecen las casas de apuestas. El Real Madrid mantiene o ha mantenido relaciones de patrocinio con hasta ocho de empresas de juego: Codere, Betcart, Manbetx, Betfair, Bet Ghana, Bwin, Fonbet y KOK Sports. Hasta este año, al menos, Codere sigue siendo su casa oficial de apuestas en España, lo que a la marca le costaba 3,2 millones de euros anuales hasta 2019. Una situación que puede cambiar con la entrada en vigor del real decreto que obliga a los clubes a cancelar los contratos de patrocinio que mantengan con empresas de apuestas en territorio nacional antes del 31 de agosto.

Con Fonbet acaba de firmar este mismo mes de enero y con KOK Sports, el pasado mes de julio. La primera cubre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán; la segunda, Asia, donde hasta junio de 2020 tenía un acuerdo con Manbetx por 2,2 millones de euros anuales. Bet Ghana tenía comprometidos 2,3 millones anuales para cubrir las apuestas en África y Betcart, por 1,2 millones anuales, se encargaba del Reino Unido, Portugal y Oriente Próximo. Con Bwin, su anterior socio de apuestas, el contrato llegó a los 4,5 millones en 2016, cuando fue sustituida por Codere.

Juan Carlos I llegó este lunes, el mismo día que la Casa del Rey anunciaba su salida de España, a un aeropuerto de Abu Dabi, la capital de Emirato Árabes Unidos. Así lo asegura este sábado Nius, el digital de Mediaset, que publica una fotografía que asegura que fue sacada ese día por la tarde y en la que se muestra al rey emérito bajando con mascarilla de un avión privado. 

Aunque algunos medios señalaron el martes que el destino de Juan Carlos de Borbón podría ser República Dominicana o Portugal, este viernes el diario Abc ya situaba al emérito en Abu Dabi. Según el periódico, tras pasar el fin de semana en Sanxenxo (Pontevedra), habría cogido un avión privado el lunes en Vigo con destino la capital de Emiratos Árabes Unidos. 

Sin embargo, según publica La VanguardiaLa Vanguardia, Abu Dabi sólo sería una parada en su viaje, cuyo destino final sería Nueva Zelanda. Concretamente, se trataría de la ciudad de Auckland, donde estos días se celebran pruebas náuticas de cara a la celebración, el próximo año, de la Copa América, en las que participan amigos regatistas del rey.

Por el momento, la Casa del Rey no ha revelado de forma oficial cuál es el destino del emérito. El Gobierno,tampoco.

El anuncio de la huida de Juan Carlos se produjo este lunes justo cuando están a punto de cumplir cinco meses desde que Felipe VI decidiera renunciar a la herencia "que personalmente le pudiera corresponder", además de también "a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la corona".

Pero no fue la única decisión que tomó Felipe VI aquel 15 de marzo, menos de 24 horas después de que el Gobierno decretara el estado de alarma por la crisis sanitaria derivada del coronavirus. En el mismo comunicado se anunció también que Juan Carlos dejaría de percibir la asignación que hasta entonces tenía fijada en los Presupuestos, donde consta una partida de 194.232 euros para el emérito. 

Aunque los problemas del emérito comenzaron hace ahora dos años. En verano de 2018, agentes de la Policía Judicial de suiza registraron la gestora de Arturo Fasana, donde se hallaron dos fundaciones con cuentas en bancos suizos: la fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, que pagó vuelos privados de Juan Carlos y de Corinna Larsen; y la panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era el emérito y el segundo, su hijo. Esta última es la que está investigada por recibir una supuesta donación de Arabia Saudí de 65 millones de euros, un dinero que terminó en manos de la examante del rey, que aseguró que el emérito se lo envió"por gratitud y por amor", tal y como dijo en diciembre de 2018 en la sede de la Fiscalía de Ginebra. 

El relator de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, David Kaye, ha afirmado este miércoles que la demanda del cierre de la cadena catarí Al Yazira como parte de las condiciones para poner fin a la crisis diplomática en la región "representa una grave amenaza a la libertad de prensa".

En su comunicado, Kaye ha recalcado que la demanda "es un ataque al pluralismo mediático", agregando que "es, sin duda, una medida draconiana de censura".

"No es sólo una demanda de filtrar contenido on line o eliminar ciertas páginas, sino de acabar con una organización de medioson line en su totalidad. Todos los estados deben considerar este tipo de pedidos como una amenaza a la libertad de información de todos", ha valorado.

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que exija a los estados solicitantes -Arabia Saudí, Baréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU)- que no impongan el cierre de Al Yazira entre sus condiciones y que no censuren a los medios en sus propios países.

La cadena catarí criticó el lunes la demanda, afirmando que "es un intento de silenciar el periodismo independiente" y "un desafío a la libertad de todos a ser escuchados e informados".

El martes, el ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahman al Zani, ha dicho que las demandas planteadas "no tienen fundamento y son inaceptables", tal y como recogió la propia Al Yazira.

"Lo que han presentado los países del bloque son meras acusaciones que no están demostradas con pruebas y no son demandas", afirmó el jefe de la diplomacia catarí. Las demandas deberían ser "realistas" y "aplicables" porque de lo contrario son "inaceptables", remachó.

Por contra, el ministro de Exteriores saudí, Adel al Jubeir, resaltó el mismo martes que las mismas "no son negociables", añadiendo que "está en manos de Catar poner fin a la financiación al terrorismo y a la incitación al extremismo en la región".

El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, manifestó que "será muy difícil" que Catar cumpla "algunas" de las demandas, si bien indicó que "hay áreas importantes que suponen una base para el diálogo existente para intentar alcanzar una solución".

Las demandas

La agencia estatal de noticias oficial de Baréin, BNA, publicó el domingo la lista de 13 peticiones entregadas el jueves a Catar para restablecer los lazos y levantar las sanciones diplomáticas y económicas.

Según BNA, entre las demandas a Catar se incluyen la reducción de lazos diplomáticos con Irán y limitar sus relaciones al comercio sin violar las sanciones impuestas a Irán ni la seguridad de los países del Consejo de Seguridad del Golfo, expulsar a la Guardia Revolucionaria iraní de Catar y cortar cualquier tipo de cooperación militar o de inteligencia con Teherán, además de cerrar la cadena de televisión Al Yazira.reducción de lazos diplomáticos con Irán y limitar sus relaciones al comercio

También se ha pedido a Catar que cierre inmediatamente la base militar turca que se está construyendo en Catar y que suspenda la cooperación militar con Turquía dentro del país.

Entre las peticiones, se incluye cortar todas las relaciones con organizaciones terroristas, sectarias e ideológicas, y otras organizaciones los Hermanos Musulmanes, Estado Islámico, Al Qaeda, Fatá Al Sham (el antiguo Frente Al Nusra) e incluirlos en una lista de organizaciones terroristas.

También se ha pedido a Catar que suspenda toda forma de financiación a personas, entidades u organizaciones terroristas o extremistas y a todos los incluidos en las listas de terroristas de los países del Golfo y en las listas internacionales. Además, han exigido a Catar que no albergue a ninguno de estos terroristas y que se comprometa a proporcionar información sobre ellos.

Los países del Golfo han ordenado a Catar que deje de interferir en los intereses y en los asuntos internos de otros países. Así se debe abstener de conceder la nacionalidad catarí a cualquier ciudadano de otro de los países del Golfo.

Los cuatro países han pedido a Catar que conviva en armonía con su entorno árabe y del Golfo en asuntos militares, políticos, económicos, sociales y de seguridad para garantizar la seguridad de la zona y reactivar el acuerdo de Riad 2013 y el acuerdo de Riad 2014, que proclama la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

Crisis diplomática

Los gobiernos de Arabia Saudí, EAU, Baréin y Egipto anunciaron a principios de junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Catar, acusando a Doha de "apoyar el terrorismo".

A la medida se sumaron después Maldivas, Mauritania, el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi, el gobierno asentado en el este de Libia. Asimismo, Jordania y Yibuti han reducido su representación diplomática en Doha.

Las tensiones entre Catar y varios países del Golfo se han deteriorado en las últimas semanas, a raíz de que QNA publicara unas declaraciones del emir en las que criticaba la postura de los países del Golfo contra Irán y hablaba de "tensiones" con Estados Unidos.

Inmediatamente después, QNA denunció haber sufrido un ataque informático y negó la veracidad de la nota publicada, pese a lo cual medios de Arabia Saudí y EAU continuaron informando acerca de las presuntas declaraciones de Hamad bin Jalifa al Zani.

Este hecho provocó las críticas de Doha, lo que llevó a varios países -Arabia Saudí, EAU, Egipto y Baréin- a bloquear el acceso a diversos medios cataríes, entre ellos Al Yazira.

El martes, el fiscal general de Catar, Alí bin Fetais al Marri, anunció que Arabia Saudí y sus aliados fueron los responsables del ataque informático contra QNA.

"Catar tiene pruebas de que ciertos iPhones originarios de países que han impuesto un bloqueo sobre Catar fueron usados en este ataque informático", dijo Al Marri, sin detallar las naciones implicadas.

Las relaciones entre Catar y otros países del Golfo ya sufrieron un periodo de tensión en 2014 debido al supuesto apoyo de Doha a Hermanos Musulmanes, organización ilegalizada en la mayoría de los países del golfo.

Sin embargo, en dicha ocasión las medidas no fueron tan duras, y sólo implicaron la retirada de los embajadores. En esta ocasión, ha supuesto además la expulsión de ciudadanos del país, así como el cierre de las vías a medios de transporte llegados de Qatar.

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso De la Serna-Arístegui, José de la Mata, investiga si los integrantes de la trama abonaron a funcionarios argelinos 1.648.000 euros de forma irregular en Emiratos Árabes Unidos, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso infoLibre.

El instructor del caso mantiene imputadas por el delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización o grupo criminal a una veintena de personas jurídicas y físicas, entre los que se encuentran el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui.

Tanto Gómez de la Serna como Arístegui estarían en el centro de la trama, ya que el juez considera que utilizaban sus despachos profesionales de abogados para el cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresas españolas que obtenían contratos en el exterior.

Los pagos de Argelia se produjeron, siempre según el sumario, en relación a la concesión de dos importantes obras a las empresas españolas Elecnor, Assignia y Rover Alcisa. En concreto, se trata de la instalación de las tuberías que conectan la planta desalinizadora de Souk Tleta y la región de Tlemcem (cerca de la frontera con Marruecos); y la construcción del tranvía de Ouargla, una localidad del interior argelino.

480 millones

La UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa se hizo con el contrato de 230 millones por el tren urbano de Ouargla, mientras que la conexión de la desalinizadora de Souk Tetla se elevó hasta los 250 millones de euros. En total, las dos obras supusieron ingresos para Elecnor y las otras sociedades españolas por 480 millones. De forma paralela, el juez De la Mata ha descubierto copias de facturas de Elecnor supuestamente abonadas a la empresa de la trama Castelino BV por 4.944.000 euros.

Así, los funcionarios argelinos, que según la Cadena Ser se trataría de al menos dos generales, habrían percibido la mordida a través de la firma holandesa Castelino BV. El magistrado considera que esta firma era una mera "sociedad instrumental que carece de actividad comercial o empresarial".

Copias de correos

En su auto de 6 de abril, el juez José de la Mata ya adelantó, en relación a los pagos a funcionarios públicos de Argelia por la empresa Internacional de Desarrollo Energético SA, del Grupo Elecnor, que "en la denuncia obran copias de distintos correos electrónicos y facturas de una sociedad holandesa Castelino BV".

Y esta sociedad holandesa percibió el dinero que después habría pagado en Emiratos Árabes Unidos, al menos 1.648.000 euros, gracias a un contrato de asesoramiento suscrito el 15 de diciembre de 2011 con Elecnor. Los representantes legales de Castelino BV son los imputados Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza.

Un nuevo imputado

La semana pasada, el juez decidió llamar a declarar como investigado en relación al cobro de comisiones en Argelia a David Luis Tomé Miller, hijo del fallecido Cristóbal Tomé Becerra y sobrino de José Luis Tomé Becerra. Estos empresarios están imputados, ya que las pesquisas apuntan que éstos habrían asumido y posteriormente "cedido la comisión de éxito del 3% del importe de la obra a la sociedad United Consultancy Services SL". Su comisión por la obra del tranvía argelino fue de 6,9 millones de euros.

Precisamente, los administradores de la mencionada United Consultancy Services SL son también los mencionados Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza, que son los representantes de la holandesa Castelino BV.

Casi cinco millones

En el auto de 6 de abril, el magistrado De la Mata resalta que entre los documentos que se incautaron a la trama corrupta se incluyen las copias de diversas facturas "que podrían ser emitidas por la sociedad holandesa Castelino BV a la sociedad Elecnor".

Estas seis facturas incluyen las cantidades de 400.000, 1.248.000, 400.000, 1.248.000, 400.000 y 1.248.000 euros. En total los supuestos pagos del Grupo Elecnor a la firma holandesa serían de 4.944.000 euros.

Tal y como adelantó infoLibre, entre las empresas que pagaban cantidades periódicas a los despachos de Arístegui y Gómez de la Serna se encontraba Eurofinsa SA, cuyo administrador único es el empresario Mauricio Toledano, patrono de la Fundación FAES dirigida por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Los Inspectores de Hacienda (IHE) lo tienen claro: la riqueza oculta en paraísos fiscales “se halla en manos de los 50 principales bancos mundiales”. En España, las dos principales entidades financieras, también las de mayor presencia internacional, cuentan con una lista bien surtida de filiales y sucursales en territorios offshore, opacos en lo mercantil y con tributación mínima o inexistente.

Pese a que tanto Santander como BBVA anuncian en sus respectivos informes anuales que tienen planes –el segundo desde 2002– para reducir el número de centros en estos países tan señalados por la prensa y la opinión pública mundiales, lo cierto es que su presencia es mucho más que anecdótica. Si el banco de Ana Patricia Botín posee 21 sociedades en paraísos fiscales, la entidad presidida por Francisco González cuenta con nueve filiales y cuatro sucursales en territorios de ultramar. Sin contar sus negocios en Suiza y Luxemburgo.

Cinco emisoras de valores y dos sucursales mantiene abiertas el BBVA en las Islas Caimán: BBVA International Limited, BBVA Global Finance Limited, Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company. Estas dos últimas proceden del Grupo Garanti, un banco turco que el BBVA adquirió en 2015. Todas ellas tienen vivas emisiones en preferentes, subordinadas y títulos de renta fija que suman 3.264 millones de eurospreferentes.

Las dos sucursales en esas islas del Caribe se dedican a la banca corporativa. La memoria anual se preocupa de precisar que en estas dos oficinas “no prestan servicios de banca privada” y que sus actividades se desarrollan “bajo el más estricto cumplimiento de las normas” tanto de las Islas Caimán, donde están ubicadas, como de Estados Unidos, donde son “efectivamente administradas sus operaciones”. Entre ambas suman unos depósitos de 532 millones de euros. Una de ellas ha concedido créditos por importe de 807 millones.

También explica el banco que sus negocios en paraísos fiscales son examinados anualmente por el Departamento de Auditoría Interna: vigila que estas filiales y sucursales cumplen las leyes contra el lavado de dinero y la veracidad de la información que remiten a la matriz, y que respetan sus obligaciones fiscales. Además, las audita una empresa externa, Deloitte, la misma que ha contratado el Santander para sus centros offshore. Sólo una de las cinco sociedades del BBVA en Caimán, Continental DPR Finance Company, tiene otro auditor externo, que el informe no nombra. Tampoco explica por qué motivo no es auditada por la misma firma que las demás filiales.

El BBVA cuenta además con otras dos sociedades en Curaçao, en las Antillas Holandesas. Se trata del Banco Provincial Overseas NV y de Inversiones Banpro International Incorporated NV, una sociedad de cartera. En ambas mantiene vivas emisiones de preferentes. Ninguna las incluye el banco en su lista de paraísos fiscales, después de que España haya firmado un convenio de doble imposición con esta isla, que forma parte de los Países Bajos aunque con un estatuto especial. En Curaçao tenía ocultas dos cuentas con uno de los hijos de Jordi Pujol, Oleguer, con 2,8 millones de euros, según publicó en su día El Mundo.

El éxito de Delaware

Donde el BBVA ha desarrollado una gran actividad es en Delaware, en Estados Unidos, una de las plazas preferidas por las grandes empresas españolas para hacer negocios pagando impuestos mínimos. En 2013, las empresas del ÍBEX 35 tenían en ese estado un total de 222 sociedades, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. De ellas, 181, el 81%, estaban ubicadas en dos direcciones de la ciudad de Wilmington, una localidad de sólo 70.000 habitantes. Del BBVA el informe citaba 30 sociedades domiciliadas allí.

A día de hoy, en la lista de sociedades que aparece en su informe anual el banco sólo incluye cuatro: Compass Southwest LP –70 millones de euros de beneficios–, State National Statutory Trust II, y dos más en liquidación, Proxima Alfa Investments Holdings (USA) Incorporated y Proxima Alfa Investments Holdings (USA) II Incorporated. Según explica un portavoz de la entidad, el BBVA tributa por estas sociedades “de forma consolidada” a través de su sucursal en Nueva York y de su filial Compass. “El banco no se aprovecha aquí de ninguna situación especial en materia de impuestos”, indica.

Aunque Delaware no está considerado como un paraíso fiscal por la Hacienda española, sus ventajas tributarias a las empresas que se asienten pero no operen en el estado y la opacidad con la que permite operar a sus propietarios lo han puesto de mira. Sí que está en la lista de centros offshore del Parlamento Europeo y de la ONG Tax Justice Network. Y es en ese estado de la Costa Este donde se domicilió la sociedad propietaria del ático que primero alquiló y luego compró el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. A su vez, el dueño último de esa sociedad era un antiguo socio del empresario Enrique Cerezo. Los tribunales deben decir ahora si el ático era un soborno a González a cambio de una recalificación urbanística.

Hong Kong y Singapur

El BBVA cuenta igualmente con una sucursal en Hong Kong, que le aportó 14 millones de euros de beneficios en 2015, según consta en su informe anual. Tiene 128 empleados. En 2014 y 2015 la entidad vendió sus participaciones en los bancos China CITIC Bank Corporation Limited (CNBC) y en el CITIC International Financial Holdings Limited, ambos con sede en Hong Kong.

También tiene una sucursal en Singapur, otro territorio que acaba de salir de la lista de paraísos fiscales españoles. Además, el banco ha abierto una oficina de representación en Abu Dabi, igualmente una plaza de casi nula imposición. Aunque las oficinas de representación no pueden abrir cuentas ni conceder préstamos, sí que pueden canalizar operaciones y clientes hacia otras sucursales del banco.

Finalmente, en 2013 el BBVA se deshizo de su filial en Panamá, que le compró Leasing Bogotá SA por 645 millones de dólares (568 millones de euros).

En Europa, el banco de Francisco González obtiene de su filial en Suiza 49 millones de euros. El año pasado pagó allí tres millones en impuestos, según consta en su informe anual de resultados. Sus cuatro sociedades en Luxemburgo aportan 14 millones de euros a sus beneficios totales.

Sabadell cultiva Andorra

El resto de los cinco grandes del ÍBEX no han llegado tan lejos, pero aun así tampoco han renunciado a las ventajas de los centros offshore. Banco Sabadell posee una filial con siete oficinas en Andorra, que le reportó 7,43 millones de euros de beneficios en 2015. También posee una sociedad para gestionar instituciones de inversión colectiva, Sabadell D'Andorra Inversions, dedicada a las sicavs, vehículos habituales de ahorro de las grandes fortunas. Y una firma de asesoría, Serveis D'Assessorament. El Principado dejó de ser considerado paraíso fiscal por España en 2011, tras firmar un acuerdo para el intercambio de información.

En Bahamas cuenta aún con el Banco Atlántico Bank & Trust, que se integró en el grupo en 2003, cuando el Sabadell compró el Banco Atlántico al BBVA. Un portavoz de la entidad que preside Josep Oliu explica que no ha podido cerrar su liquidación por culpa de “un viejo litigio que aún no tiene fecha de resolución”.

En liquidación se encuentra también el Sabadell Asia Trade Services Limited, con sede en Hong Kong. El banco confía en cerrarlo el próximo mes de julio. Ha trasladado su negocio a otra plaza también con baja imposición, Singapur. Allí presta servicio a clientes con negocios en Extremo Oriente, detalla la entidad.

Además, el Sabadell cuenta con una inmobiliaria en Tánger (Marruecos), una ciudad que disfruta de un régimen fiscal especial. En Dubai ha abierto una oficina de representación. La filial que poseía en Islas Caimán, Sabadell International Equity Limited, la cerró en 2014.

Más preferentes en el Caribe

El Banco Popular se instaló en las Islas Caimán para emitir preferentes y deuda subordinada, como buena parte de las entidades financieras españolas en los años 90, antes de que la ley permitiera vender estos instrumentos híbridos en España, en 2003. Hasta que estas emisiones no venzan, aseguran en el banco, la filial, BPE Preference Limited, seguirá activa. Suman 7,3 millones de euros.

En cambio, se encuentra ya en liquidación Popular Español Asia Trade Limited, en Hong Kong.

Caixabank cuenta con una participación del 17,24% del Bank of East Asia Limited, de Hong Kong. Un portavoz explica a infoLibre que no gestiona el banco, dedicado a la banca comercial, a prestar servicios a clientes con negocios en China. En cualquier caso, el dividendo que le correspondió en 2015 por esa participación asciende a 6,13 millones de euros. Posee también una sucursal en Tánger, donde atiende a empresas españolas o multinacionales que operan en la zona. Y oficinas de representación en Dubai y Singapur.

Finalmente, Bankia mantiene una filial en Islas Caimán y cuatro inmobiliarias en Holanda. La primera repite el caso del Banco Popular o del BBVA: sigue activa mientras no venzan las emisiones de deuda realizadas desde los años 90. Las sociedades holandesas proceden de la herencia recibida de Bancaja y de sus negocios inmobiliarios en México –investigados por la Audiencia Nacional–. Se encuentran a la venta, a la espera de un comprador. Tras ser nacionalizada en 2012, Bankia está obligada por Bruselas a deshacerse de todos sus negocios en el extranjero.

Para intermediarios financieros, bancos, constructoras. sociedades de inversión y fondos en general, el proyecto que el emirato de Abu Dabi levanta en la isla de Al Maryah es el Eurodisney de los negocios. Son 450.000 metros cuadrados de hoteles, centros comerciales y oficinas convertidos en una zona franca de negocios con 75.000 empleados de compañías internacionales canalizando inversiones y beneficios. El rey Juan Carlos I, de viaje oficial en Emiratos Árabes Unidos, ha visitado el proyecto. Es una muestra de apoyo a un plan que estará listo en 2030 y en el que participarán el BBVA y el Banco Santander, entre otras entidades, según anunciaron las autoridades del país.

El gran centro financiero internacional cubriría con su actividad el pequeño hueco de negociación que existe entre el cierre de los mercados bursátiles de Asia y la apertura de los mercados europeos.

Abu Dabi, uno de los siete emiratos que componen Emiratos Árabes Unidos, quiere desarrollar en la isla Al Maryah la quinta zona franca (Abu Dabi World Market Finance) del país. Las zonas francas (Khalifa Zona Indusrtrial, Centro Two Four 54; Masdar y Abu Dabi Airport Free Zone) permiten que las compañías internacionales establezcan relaciones y realicen operaciones en el país sin la exigencia de un socio local y con la posibilidad de repatriar beneficios y el capital sin pagar impuestos.

La aprobación formal para el desarrollo legal del proyecto comenzó en abril de 2013. El gran incentivo son los 50 años de "nula tributación" para inversores, autoridades de la zona franca, empresas y empleados. No hay impuestos sobre el beneficio empresarial o los salarios, que se pueden mover en cualquier moneda hacia el destino que se desee.

Competencia internacional

Para el amirato de Abu Dabi, la idea de crear un espacio capaz de competir con los grandes centros financieros mundiales de Singapura a Nueva York no es nueva. Abu Dabi ya lo intentó a finales de los años 90. Eligió entonces otra ubicación (la isla de Saadiyat Island), aunque el proyecto no prosperó.

La idea de gran centro financiero internacional la recogió otro emirato, Dubai, menos dependiente del petróleo que Abu Dabi, que puso en marcha la primera zona franca financiera en la región  del Golfo. Pero Abu Dabi ha retomado el plan con ambición: ha concebido la zona franca que ha visitado Juan Carlos I en un espacio capaz de prestar un servicio completo en finanzas, capitales, gestión de acivos, comercio, intermediación de valores y materias primas y derivados.

El rey emprendió el pasado domingo una gira oficial por Emiratos Árabes Unidos y Kuwait para ayudar a que empresas españolas ganen contratos en estos  países del Golfo Pérsico que tienen planes multimillonarios para desarrollar sus infraestructuras.

El Rey ha viajado acompañado de los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo; Defensa, Pedro Morenés; Fomento, Ana Pastor, e Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, además de los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Comercio e Infraestructuras.

Contratos en juego

También se han desplazado con el monarca una quincena de directivos de empresas que compiten en los dos países por jugosos contratos, como es el caso de las constructoras ACS, Ferrovial, San José, FCC, OHL, Isolux; de compañías de ingeniería como Abengoa, Ineco, Sener, Técnicas Reunidas; la tecnológica Indra, la naval Navantia y del fabricante de aviones Airbus, entre otros.

Entre los intereses españoles que pueden verse favorecidos con el viaje a Emiratos destacan los planes de varias empresas para participar en la construcción del Metro de Abu Dabi -con un volumen de negocio de 5.800 millones de euros- y en la obra civil de la feria internacional prevista para 2020, que movilizará unos 20.000 millones.

Dos años largos después de que su defensa alegase una “enfermedad degenerativa” que afectaba a sus facultades mentales para evitar el embargo de sus bienes en el caso Marsans, Carlos de Borbón-Dos Sicilias permanece en el consejo de administración de Cepsa SA.

Un comunicado oficial publicado por la petrolera el pasado martes y en el que anuncia el nombramiento de nuevo consejero delegado confirma que el primo del rey continúa ocupando uno de los ocho asientos del máximo órgano de dirección de la petrolera. Su nombre aparece precedido de las siglas S. A. R., que significan Su Alteza Real

De Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria y al que el rey concedió el título de infante de España en 1994, era consejero de Marsans, buque insignia de Gerardo Díaz Ferrán. Tras la quiebra, el administrador concursal  pidió que se determinase cuál era su estado de salud cuando en octubre de 2009 firmó las cuentas anuales de Marsans, que reflejaban el desvío de 221 millones de euros a otra empresa de Díaz Ferrán, Teinver.

A cuánto ascienden las retribuciones de los consejeros es un dato que Cepsa, exenta de cotización, no desvela en su informe de responsabilidad corporativa. Pero no es una incógnita que la petrolera está controladaal 100% por el fondo soberano –es decir, gubernamental– de Abu Dhabi IPIC. El resultado de la compañía en 2012 después de impuestos ascendió a 591,2 mllones de euros. 

Abu Dhabi mantiene una magnífica relación con la Corona española.

En noviembre de 2011, aunque la noticia no trascendió hasta siete meses más tarde, el primer ministro de los Emiratos regaló a Juan Carlos I dos Ferraris. Valorados en 500.000 euros, la Zarzuela aparcó literalmente los dos lujosos vehículos para su posterior entrega a Patrimonio Nacional. Qué ha ocurrido con ellos es un misterio.

Ayer, un portavoz oficial de Cepsa declinó valorar el hecho de que un familiar de Carlos de Borbón-Dos Sicilias hubiese aportado al juzgado en 2011 un informe médico para acreditar que el aristócrata era víctima de una patología causante de “lagunas de memoria” y dificultades del habla. 

Denegación de la solicitud de embargo

El primo del rey, se limitó a asegurar el portavoz de Cepsa, “ es consejero desde 1987”, con lo que no se trata de que haya sido “ratificado ni nombrado” esta semana. En realidad, y así consta en la última memoria anual de la operadora, la última reelección de De Borbón-Dos Sicilias como consejero se produjo “el 25 de junio de 2012”. 

Su reelección llegó, por tanto, un año y tres meses después de que uno de sus yernos, Pedro López Quesada, compareciera como testigo ante la juez del caso Marsans y afirmase lo siguiente: "Dada la dignidad de Su Alteza, nos preocupaba que siguiera atendiendo unas responsabilidades que no tenía la necesidad ni obligación de atender”.

Finalmente, la juez de lo Mercantil denegó la petición de embargo solicitada por los administradores concursales de Marsans contra  De Borbón-Dos Sicilias y los otros consejeros de la empresa, entre ellos un hijo del antes poderoso y hoy caído en desgracia Gerardo Díaz Ferrán, preso en la madrileña cárcel de Soto del Real desde diciembre. Hasta octubre de 2012, el infante Carlos de Borbón figuró igualmente como consejero de la inmobiliaria Reyal Urbis.

Precisamente la ruina de Marsas y su vaciamiento de bienes para eludir las reclamaciones de los deudores fue la clave que llevó al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a dictar orden de prisión para Díaz Ferrán eludible bajo fianza de 30 millones de euros.