Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado en el juzgado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas, sobre los que ha asegurado no le informó la Policía, sino que les reconoció en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había enviado antes.

Rodríguez ha declarado este miércoles como querellado por presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía en las cercanías del domicilio de Isabel Díaz Ayuso el 19 de marzo de 2024.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid citó el pasado mes de marzo para este miércoles a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", así como a los dos periodistas de 'El País' perjudicados, a otro profesional de este medio y al director general de seguridad de la Comunidad de Madrid.

Se trata de las primeras declaraciones en esta causa, que la magistrada abrió en marzo por orden de la Audiencia Provincial, que determinó que -en contra de lo que estipuló la jueza- había que admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas.

Los dos informadores se han ratificado en lo denunciado, mientras el periodista que firmó informaciones relativas a esos hechos ha defendido lo publicado, han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.

Por su parte el máximo responsable de seguridad de la Comunidad de Madrid ha declarado que no tuvo nada que ver con lo que se investiga, ya que ni recibió ni transmitió información sobre los periodistas. Ha precisado que entre los agentes que les identificaron y él hay cargos intermedios, policiales.

Miguel Ángel Rodríguez ha declarado durante aproximadamente media hora y ha contestado a todas las partes, negando el supuesto delito de revelación de secretos.

En su primera declaración ante los medios ha explicado él se limitó a comentar en un chat que dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional, y de hecho él se enteró porque le envió una foto de los dos informadores "un vecino enfadado porque habían molestado a su hija".

Al salir y ser preguntado por si la jueza le ha pedido que identificara a ese vecino, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha precisado que fue el novio de la presidenta, Alberto González Amador, el que le envió esa foto. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", ha aclarado.

"Me habré expresado mal, porque no creo haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono", ha dicho irónicamente, tras lo que ha añadido que "lo más importante es que no fue la Policía".

Rodríguez ha reiterado que no le hace falta nadie "para reconocer a dos personas que conozco" y ha afirmado que "el Partido Socialista mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo", ha afirmado.

Y ha dejado claro que nunca habló con la Policía de este asunto, y de hecho no se enteró de que varios agentes habían identificado en la calle a esos periodistas hasta "después", y ni siquiera sabe qué policías son.

"Son dos personas que firman cada día en su periódico, no es ningún secreto... ¿dónde está el secreto?", se ha preguntado.

Por su parte su letrada, Blanca Alguacil, ha explicado al término de las declaraciones que esta defensa está contenta por el resultado de las declaraciones practicadas este miércoles porque confirman que hubo delito.

La denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez relata que envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. l

Le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.

Sábado, 15 de enero de 2022. Tras una larga tarde de congreso popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sienta a cenar en un conocido restaurante del centro de León. El local, ubicado en pleno corazón del Barrio Húmedo, ha sido cerrado para la ocasión. En la mesa se sientan alrededor de una quincena de personas. Entre ellas, el directivo de Quirón Fernando Camino y su mujer, una farmacéutica llamada Gloria Carrasco. El matrimonio es, en aquel momento, desconocido para el público en general. Pero no para Alberto González Amador, cuyo nombre llevaba ya unos meses ligado al de Díaz Ayuso. Ambos han hecho negocios con él. Y la cita, desvelada por El País, pone de relieve la conexión de todos los vértices del triángulo.

La relación de Camino y González Amador es vieja. Ambos coincidieron en la firma de reconocimientos médicos Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa, que luego pasaría a denominarse Fraterprevención. Y ambos se han mantenido conectados a través de Quirón Prevención SL, una de las filiales del gigante sanitario en la que acabaría disuelta La Frater. Camino, como su presidente. Y González Amador, al menos de cara al exterior, como un supuesto proveedor. Alguien externo que, no obstante, ha tenido correo corporativo, ha figurado con su contacto en la intranet de la compañía y ha llegado a presentar los servicios de la firma al otro lado del Atlántico en el marco de los negocios mantenidos con la misma.

La Comunidad de Madrid es, desde hace años, cliente de Quirón Prevención. En marzo de 2018, pocos meses después de su creación, se alzó con un primer contrato de 840.068 euros para la gestión de reconocimientos médicos después de que la única competidora que tenía fuera excluida del proceso. La orden de adjudicación fue firmada por Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia. Y aunque en un primer momento estaba pensado para 2018 y 2019, al final se extendió hasta 2021.

Cuando en el verano de aquel último año estaba a punto de expirar la última de las cuatro prórrogas aprobadas, el Ejecutivo madrileño resolvió el nuevo expediente de "reconocimientos médicos específicos dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid y pruebas complementarias". Convocado para 12 meses, el concurso lo ganó de nuevo Quirón Prevención SL. Esta vez, sin competidores: a la licitación solo se presentó la filial del holding sanitario, que se quedó con los dos lotes que componían la adjudicación.

En principio, la duración de este nuevo encargo iba a ser por doce meses. No obstante, el contrato recogía la posibilidad de ir alargándolo. Y eso es lo que se ha hecho. Año tras año, el Ejecutivo regional ha ido acordando prórrogas. La última, el pasado verano. El 9 de junio, se firmó la orden para extender el "Lote B", el relativo a la realización de pruebas específicas de laboratorio, radiografías de tórax o consultas médicas a especialistas. Y cuatro días después, el 13, la prórroga del "Lote A", centrado en los reconocimientos médicos específicos. De esta manera, Quirón Prevención cobrará hasta julio de 2026 un total de 481.621 euros –11.775 euros por el primer servicio y 469.846 por el segundo–.

Los nombres de González Amador y Camino ya se habían cruzado en Latinoamérica en torno a la sociedad panameña Insumos Médicos del Pacífico, de la que Camino fue cofundador y a cuya junta directiva perteneció González Amador entre 2014 y 2022. Y en pandemia lo hicieron en torno a Mape Asesores. Se trata de la empresa gallega para la que intermedió la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la espera de juicio por fraude fiscal, en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros. Una firma en la que, de nuevo, figuraba como consejero el presidente de Quirón Prevención.

Camino no está, por el momento, investigado en la causa que persigue a González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla. Pero sí su mujer: la farmacéutica Gloria Carrasco. La que fuera presidenta del Colegio de Farmacéuticos de León y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid entraron en contacto, según el relato que él mismo ofrece en sus escritos judiciales, a finales de 2018 a través de Camino. Ambos firmaron un "contrato de asesoramiento continuado". Y durante los dos siguientes años, la primera ayudó al segundo en diferentes cuestiones –desde la preparación de fármacos hasta protocolos de distribución– a cambio de un módico precio.

Una relación que escala en el año más duro de la pandemia. A finales de 2020, González Amador compra a Carrasco Círculo de Belleza SL. Por dicha empresa pagó por 499.836 euros, a pesar de que facturaba muy poco, de que no tenía trabajadores ni inmuebles a su nombre y de que unos meses antes Carrasco había abonado solo 16.000 euros por hacerse con las acciones que tenían en la empresa su hermano y su marido. La Fiscalía cree que ese abono es, en realidad, una comisión encubierta al directivo de Quirón por el pelotazo de las mascarillas o por los negocios con Quirón Prevención. Pero González Amador lo niega. Y dice que el precio pagado obedecía al potencial de la sociedad. La investigación está, por el momento, a la espera de un informe solicitado hace meses a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Se trata de una pieza separada de la principal, la del fraude fiscal, que ya está a la espera de juicio y que los investigados tratan de tumbar agarrándose a la condena del ex fiscal general del Estado. Un caso que vio la luz a raíz de una investigación tributaria en la que González Amador estuvo representado por Javier Gómez Fidalgo. Se trata de un reconocido fiscalista que ejerce a escasos cinco minutos del bar en el que Camino, Carrasco y Ayuso estuvieron cenando aquel 15 de enero de 2022. Y cuyo nombre está ligado al ático en pleno centro de Madrid del que han estado disfrutando González Amador y la presidenta. Ubicado justo encima del piso que compró el primero tras el fraude fiscal, estaba a nombre de Babia Capital SL, cuyo administrador era Fidalgo. Hace unos meses, el inmueble fue adquirido definitivamente por el empresario.

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alegado en su escrito de defensa ante el juicio por supuesto fraude a la Hacienda que el condenado ex fiscal general Álvaro García Ortiz vulneró sus derechos a un proceso justo y que, además, no cometió ningún fraude fiscal.

En el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la defensa de González Amador asegura también que no existe deuda tributaria alguna en los ejercicios fiscales de los años 2020 y 2021 y que las facturas que presentó son reales y no falsas.

La pareja de la presidente madrileña se enfrenta en este caso a la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de penas de tres años y nueve meses de cárcel y una multa de 448.927 euros por los delitos de fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

En primer lugar, los abogados de González Amador alegan en su defensa la vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa y la presunción de inocencia en este procedimiento por la actuación en el asunto del entonces fiscal general del Estado, que fue condenado por ello a dos años de inhabilitación para el cargo y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados.

"El procedimiento que nos ocupa constituye, desde antes de existir y durante todo su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo", sostiene la defensa del acusado.

En concreto, alega que en él la pareja de Ayuso ha sufrido "la perversión de cuantos mecanismos garantes de la legalidad existen, hasta ser sustituidos por el delito", como evidencia la condena por el Supremo a García Ortiz.

Mantiene la defensa de González Amador en su escrito que sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia han sido lesionados "por todos los miembros y autoridades del Poder Ejecutivo de forma continuada", entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declaró que la presidenta madrileña "es pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda" y "que ha cometido un delito fiscal".

"Este procedimiento penal fue precedido, antes de existir, por la actuación delictiva del Fiscal General del Estado", esto es, que "el máximo defensor y garante" de la legalidad y de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se transformó "en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales" de González Amador.

"Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal a que se refiere la Acusación Popular, PSOE/Mas Madrid", añade el escrito de defensa.

El pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid avaló el procesamiento de González Amador en esta causa junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar.

La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024, frustrando las pretensiones del empresario de resolver sus problemas con la justicia por medio de un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado que pusiera un rápido punto final a la causa contra él por fraude fiscal. En un primer momento, la entonces instructora, Inmaculada Iglesias, rechazó la ampliación de la investigación reclamada por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acción popular. Pero tras un recurso de ambas formaciones, rectificó y aceptó abrir una nueva línea en las pesquisas, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid.

Los hechos se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria, que en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación" para generar "bases imposibles negativas" en la sociedad a compensar en el "futuro". Masterman, decía, no tenía medios suficientes como para realizar los servicios cedidos.

Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020 se transmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza, que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Y de la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", analizaba el Ministerio Público en un escrito.

"En tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%", recogía la magistrada instructora –ya jubilada– en una de sus últimas resoluciones, en la que recordaba que en septiembre de ese mismo año Carrasco había comprado a su esposo y a su hermano sus participaciones en la sociedad –el 40%– por un total de 16.000 euros. Un auto en el que deslizaba que existían "indicios" de que la operación "se llevó a cabo para retribuir la intermediación" en la operación de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, en cuyos ficheros internos, según reveló eldiario.es, aparece el empresario pareja de Díaz Ayuso bajo el nombre "Alberto Burnet González".

Aquella resolución, fechada el pasado 27 de junio, fue, precisamente, la que activaba al grupo de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos, dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". Unas pesquisas cuyo estado se desconoce más de medio año después. Las partes personadas en el procedimiento siguen a la espera del informe de la UCO. "Esta oficina de prensa no tiene constancia oficial de que [el informe] haya llegado al juzgado", apuntan desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La unidad de élite de la Guardia Civil ha ejercido y ejerce labores de investigación en los casos de mayor impacto político y mediático de los últimos tiempos. Y en algunos, pese a su complejidad, suele actuar con bastante diligencia y rapidez. En febrero del año pasado, por ejemplo, el instructor del entonces caso Koldo le solicitó que elaborara un estudio sobre el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su hijo, entregando una primera aproximación del mismo un mes después. Y mes y medio tardó la UCO en hacer llegar al magistrado que lleva la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, un primer informe sobre supuestos amaños en la adjudicación de obras públicas denunciados por Víctor de Aldama –el documento que hizo caer al sucesor de Ábalos como secretario de Organización, Santos Cerdán–.

Según publicó El Mundo, la causa del retraso en las pesquisas relacionadas con González Amador se debe a la lentitud en la remisión de las actuaciones a la unidad investigadora, trámite que se no se habría producido hasta principios de noviembre.

La decisión de la jueza instructora de activar a la UCO se produjo tras una primera batería de declaraciones en la que tanto la pareja de Díaz Ayuso como Carrasco negaron la existencia de un soborno al directivo de Quirón, alegando que el elevado precio pagado por la empresa obedecía al potencial de la misma. El mismo argumento que ya esgrimió en la inspección fiscal: "Es una apuesta por esta empresa y es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con Mape. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza con estas empresas, dado que en ese momento resultaban atractivos".

Pero ni todas estas explicaciones ni los documentos aportados al juzgado, entre ellos una adenda al contrato de compraventa de la sociedad en la que Carrasco se comprometía a no competir con él y a conectarle con clientes, convencieron ni a la jueza ni a la Fiscalía. "Una vez practicadas las declaraciones de los investigados, es llano que los indicios de criminalidad no se han desvirtuado en absoluto", recogía el fiscal Diego Lucas en el escrito con el que solicitó que se pusiera el caso en manos de la Unidad Central Operativa.

Y concluía el Ministerio Público: "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas".

Presunción de inocencia, indefensión, derecho a una sentencia fundada en derecho, derecho a no ser condenado por una conducta no prevista como delito (legalidad penal) y libertad de expresión. Son los cinco derechos fundamentales y garantías procesales que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha invocado este lunes ante el tribunal que lo condenó para reclamar la nulidad de su sentencia por revelación de datos reservados que lo apartó del máximo cargo del Ministerio Público el pasado diciembre. El escrito, último trámite antes de recurrir en amparo al Constitucional, denuncia las sucesivas "incoherencias", "mutaciones" e "inconsistencias" que llevaron a cinco de los siete magistrados de la Sala de lo Penal a apoyar el fallo y recoge párrafos enteros del voto particular radicalmente discrepante de Ana Ferrer y Susana Polo, que propusieron sin éxito la absolución de García Ortiz y acusaron a sus propios compañeros de retorcer la Constitución para lograr su inhabilitación.

Los abogados del Estado que defendieron al ex fiscal general, la ex abogada general Consuelo Castro y su compañero José Ignacio Ocio consideran la indefensión de García Ortiz se produjo, en primer lugar, por los sucesivos cambios del objeto del proceso provocados por el Supremo. Mientras que el auto de admisión a trámite del caso, redactado el 15 de octubre de 2024, excluía que la redacción del desmentido oficial al bulo –difundido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la confesión de dos delitos fiscales por el novio de aquella– fuera ilegal, la sentencia considera que esa nota de prensa, por sí sola, sí era constitutiva de delito. El fiscal general argumentó durante la instrucción y el juicio que desconocía de qué se debía defender, si de la filtración de un correo electrónico, o de la redacción de esa nota cuya autoría él mismo confesó.

El escrito que solicita la nulidad considera que ese cambio de acusación constituyó "una mutación incongruente, generadora de indefensión" y recuerda que el voto particular –una de cuyas firmantes es la autora del auto de admisión que descartó que el desmentido fuera delito– mostraba la "absoluta discrepancia con la afirmación de la mayoría sobre que la nota informativa sea por si misma constitutiva de infracción penal".

Otro de los aspectos de la sentencia que ataca con más firmeza el escrito es que los cinco magistrados que apoyaron la condena dieran una importancia crucial a que García Ortiz hubiera borrado el contenido de su teléfono un día después de que se iniciara la causa contra él. En realidad, de las diligencias que se practicaron en el juicio, es imposible conocer de manera directa qué borró García Ortiz ese día de su teléfono. Tampoco era posible conocer el motivo concreto que lo llevó a cancelar sus datos. Sin embargo, la mayoría de los miembros del tribunal concluyó que, en las tripas de ese dispositivo estaban las pruebas directas de la filtración del correo con la confesión del novio de Ayuso que los magistrados no han encontrado.

La defensa de García Ortiz considera que esa suposición o sospecha en la que se basa en parte el fallo vulnera su presunción de inocencia. "Inferir que el único motivo posible del borrado es la existencia de pruebas de la comisión de un delito, sin ningún elemento adicional que sustente tal conclusión, transforma un acto neutro o ambiguo en una prueba de cargo autónoma, lo que vulnera de manera directa la presunción de inocencia". Pero es que, además, el tribunal no solo desconoce qué había exactamente en el teléfono, sino que, al aceptar su borrado como prueba, ataca directamente a otro derecho fundamental que tiene cualquier acusado, también el fiscal general: el de no declarar contra sí mismo o autoinculparse.

Durante el juicio del pasado noviembre en el Supremo, cuatro periodistas que tuvieron acceso al correo con la confesión de los delitos de Alberto González Amador, declararon –bajo juramento y apercibidos de que se podría actuar contra ellos por falso testimonio en caso de que no dieran la verdad– que García Ortiz no había sido la persona que les había facilitado ese documento. El escrito de la Abogacía del Estado considera que, al obviar sus declaraciones, el Alto Tribunal atentó contra el derecho del entonces fiscal general a obtener una resolución fundada en derecho.

Los cinco magistrados que sostuvieron el fallo, aseguraron en el texto de la sentencia que los periodistas tenían credibilidad, pero en realidad no dieron ni la más mínima relevancia a sus testimonios. Para dar ese giro argumental compraron el criterio esgrimido por el abogado de González Amador: que el testimonio de un periodista, al tener el derecho constitucional de no revelar sus fuentes, era equiparable al de un acusado. Es decir, que un periodista puede mentir en un proceso. Esa argucia, según la defensa de García Ortiz, permite al tribunal "ignorar las pruebas directas de la inocencia del acusado".

Los periodistas, según el escrito de García Ortiz y el voto particular discrepante con la sentencia, pueden no revelar sus fuentes, pero como cualquier otro testigo están obligados a decir la verdad sobre lo que se les pregunte. No pueden mentir. La aceptación por el tribunal de lo contrario permitió a los magistrados no valorar sus declaraciones lo que "habría conducido a una conclusión diferente sobre la autoría de la filtración del correo electrónico". Los periodistas no revelaron quién fue su fuente, pero aseguraron que no fue García Ortiz. Cuando lo dijo el ex director adjunto de eldiario.es, José Precedo, el presidente del tribunal interpretó su declaración como una "amenaza". Esgrimir que los periodistas pueden faltar a la verdad le permitió al tribunal orillar una prueba directa (de primera mano) de que el fiscal general no fue autor del delito.

La declaración que, sin embargo, sí tuvo en cuenta el tribunal fue la de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que relató sin prueba alguna sus sospechas de que García Ortiz hubiera sido el autor de la filtración. También afirmó que era partidaria de desmentir el bulo de Ayuso, pero no con la contundencia que defendía su superior, el fiscal general. Además, Lastra fue, en última instancia, quien ordenó la publicación de la nota con el tenor que le impuso su jefe, pese a considerarla ilegal. La defensa de García Ortiz sostiene que esto último supone una "incoherencia patente" de la sentencia. "Si la nota de prensa en en sí misma constitutiva de un delito de revelación de secretos, como sostiene la sentencia condenatoria, resulta jurídicamente inexplicable que no se anude responsabilidad penal alguna a quien ejecuta conscientemente una orden que, según esa misma lógica, sería manifiestamente ilícita", dicen los abogados del Estado.

El recurso que reclama la nulidad de la sentencia carga también contra la valoración como indicio relevante de una llamada sin respuesta (saltó el buzón de voz) del periodista que primero publicó el correo –Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER– a García Ortiz. Esa llamada, recuerda la defensa del ex fiscal general, se produjo a las 21,38, al menos 20 minutos antes de que el entonces jefe de la Fiscalía hubiera tenido acceso al correo. Pero es que, además, el registro de llamadas recabado por el Supremo muestra que justo en el momento en que la recibió, estaba al habla con la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que le estaba ayudando a recopilarlos para elaborar la nota de prensa. La abogacía también recuerda que el email con la confesión de Amador se envió a una cuenta de correo genérico a la que tenían acceso 12 fiscales y cuatro funcionarios.

García Ortiz, según su representación fue condenado por una conducta que no está recogida como delito en la ley, otra garantía prevista en la Constitución (el derecho a la legalidad penal). Los magistrados, según el recurso, lo hicieron al considerar que la nota de prensa que desmintió el bulo de Ayuso era delictiva porque "revelaba" datos reservados. La Abogacía del Estado recuerda, sin embargo, que, en realidad, no revelaba nada, ya que todo su contenido estaba ya en los medios cuando se envió. Así lo consideró el propio Supremo en octubre de 2024 al abrir la causa contra el fiscal general y centrarla únicamente en la filtración del correo.

El último derecho fundamental que García Ortiz y su defensa consideran vulnerado es de la libertad de expresión. La sentencia, recuerda el recurso, "asfixia la función de comunicación pública del Ministerio Fiscal cuando más necesaria resulta", es decir, "ante ataques políticos que comprometen la confianza ciudadana en la independencia y neutralidad de la institución". La condena del Supremo, además omite el deber del Ministerio Público de informar a la ciudadanía y el contexto de ataques públicos de Ayuso y su entorno, que afirmaban que había orquestado una operación de Estado contra ella y su novio. "Tal construcción doctrinal comporta, en la práctica, un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada", concluye la abogacía, "vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto de amedrantamiento".

El incidente de nulidad instado por García Ortiz se suma al presentado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que acusó al Alto Tribunal de "crear un tipo delictivo" para condenarlo. El Supremo, casi con total seguridad, rechazará ambos recursos por la misma mayoría que sacó adelante la sentencia. Una vez resueltos, la vía judicial quedará cerrada pero el ex fiscal general del Estado podrá seguir reclamando que se le haga justicia ante el Tribunal Constitucional. Fuentes del órgano de garantías estiman que su sentencia, en caso de que el ex fiscal general presente su recurso de amparo en las próximas semanas, no estará lista hasta después del próximo verano.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) fue el primero en denunciar a la Fiscalía por el desmentido de un bulo aireado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la confesión de dos delitos fiscales por el novio de esta, el comisionista Alberto González Amador. Inmediatamente después de acabar el juicio que terminó con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, tres magistrados acudieron a la sede de ese colegio profesional para impartir un curso pagado por la institución. Y a solo nueve días de conocerse el fallo condenatorio, en pleno proceso contra el jefe del Ministerio Público, el Gobierno de Ayuso convirtió el centro de estudios del ICAM en una universidad privada adscrita a la Complutense.

Dos asociaciones progresistas de abogados –la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Libre de la Abogacía (ALA)– han denunciado públicamente por esos hechos la falta de neutralidad del ICAM y han acusado a su decano, Eugenio Ribón, de poner la institución al servicio de intereses partidistas, en concreto los de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A las denuncias de ambos colectivos se suma la de Defiéndete en derecho, otra asociación que tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales, las garantías democráticas y el Estado de derecho. ADADE es conocida por actuar como acusación popular en causas de corrupción como Gürtel, Koldo, Púnica, Lezo o Kitchen.

ADADE y Defiéndete en derecho consideran que el ICAM se ha convertido "en punta de lanza partidista". Las dos asociaciones ven "insólito" el apoyo del colegio a González Amador, "un particular que habiendo reconocido sus deudas con Hacienda, está procesado". Ambas organizaciones recuerdan que el ICAM fue el único colegio de toda España que decidió acusar a García Ortiz, para el que pidió cuatro años de cárcel (el Consejo General de la Abogacía Española, que engloba a todos, rechazó hacerlo). Los colectivos subrayan la "singular circunstancia de la simultaneidad de la posición como acusación del ICAM y la concesión de una universidad privada por la Comunidad de Madrid, con absoluta falta de transparencia".

Tanto ADADE como Defiéndete en derecho se suman a ALA. La asociación de abogados progresistas ya denunció durante el juicio al fiscal general "la inusitada celeridad en la respuesta" de la dirección del colegio, que denunció a la Fiscalía solo seis días después del desmentido oficial de Ayuso y su entorno difundido por el Ministerio Público. ALA también criticó entonces el "desorbitado y sobreactuado protagonismo" del equipo de Ribón, que afirmó actuar "no solo en nombre de la abogacía madrileña", sino "en nombre de la sociedad en su conjunto". La asociación progresista aseguró que el colegio se había posicionado de forma innecesaria conforme a las tesis de la defensa de González Amador, apuntando incluso a una operación diseñada desde la presidencia del Gobierno que el Supremo descartó desde el primer momento.

El ICAM y su decano mantuvieron una actitud especialmente beligerante contra la Fiscalía y su máximo responsable desde el primer momento por la supuesta revelación en una nota de prensa de unas negociaciones de conformidad del novio de Ayuso en las que confesaba la comisión de dos delitos fiscales. Pero, tanto en la instrucción como durante el juicio al jefe del Ministerio Público, se demostró que la primera filtración de esas conversaciones había partido del propio González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso. Sin embargo, el colegio mantuvo "un clamoroso silencio" sobre este chivatazo, como recuerda ALA. El Estatuto General de la Abogacía establece que "el deber de secreto profesional del profesional de la abogacía comprende todas las comunicaciones que, como profesional de la abogacía, haya recibido en su ejercicio profesional".

De las tres asociaciones que denuncian la politización de la institución, ADADE y Defiéndete en derecho solicitan al colegio "que vuelva a los cauces de la debida neutralidad política y la defensa de los intereses profesionales de los abogados". También reclaman que se les entregue "el expediente completo que llevó a la personación como acusación del ICAM contra el fiscal general" y que se convoque "una asamblea extraordinaria para debatir sobre esta actuación del colegio". Y avisan de que, si no se atienden sus peticiones, solicitarán "la inmediata dimisión" de Ribón "por la absoluta falta de neutralidad del colegio bajo su mandato".

Nuevo giro de guion. Alberto González Amador ahora es Alberto Burnet González. Según publicó elDiario.es, el novio de Ayuso aparece con este nuevo nombre dentro del grupo sanitario Quirón. Usa esa identidad alternativa, aunque la persona es él: mismo teléfono, misma posición, mismo vínculo laboral... Ayuso defiende públicamente que “cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le dé la mismísima gana” y habla de acoso mediático.

Las redes se han cachondeado de esta nueva revelación y los creadores de memes han estado bastante prolíficos y afinados con sus bromas. "Mi defraudador confeso ha elegido una identidad secreta para sus emprendimientos con Quirón. En el sector le llaman Pimpinela Manos Largas", se ríe @Idiazaquso, "Solo porque MAR tenga en su agenda a "Alberto Quirón", que este tenga un correo corporativo en Quirón y opere allí con un nombre falso mientras el gobierno de su pareja, a quien le paga la casa, multiplica las inversiones en Quirón ya veis cosas raras. Joder, qué suspicaces", apunta @BenderOfuscado, "Este es el testaferro de Ayuso. Da igual el nombre con el que actúe", postea @Andiclau2266

La muerte de Robe Iniesta ha dejado un hueco irremplazable en la música española. El pasado 10 de diciembre, tras la noticia de su fallecimiento, las redes se pusieron de luto y se llenaron de sus canciones. También hubo espacio para la crítica hacia el PP, partido político que gobernaba en Plasencia y que vetó durante 13 años la música de Extremoduro en la ciudad natal del artista. No volvieron a tocar en allí hasta 2008, ya con otro contexto político. "D.E.P. Robe, tu voz seguirá retumbando en nuestras mentes", postea @CarlWinslou, "Ahora todos los que hemos crecido con las canciones del Robe sabemos que allí arriba tenemos una estrellita pequeñita, pero firme", tuitea @robbhaifisch

La imagen de Santiago Abascal a caballo también ha sido objeto de mofas en X y Bluesky. "No Curro Jiménez", se cachondea @Brantifasco

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Las magistradas del tribunal que ha juzgado y condenado al fiscal general del Estado discrepantes con la sentencia que ha provocado su inhabilitación lo citan como un precedente que demostraría, en contra del criterio de los cinco magistrados conservadores que promovieron el fallo condenatorio, que la nota de prensa cuya autoría confesó Álvaro García Ortiz incluso antes de que se iniciara el proceso contra él carece de relevancia penal.

Se trata de un auto de la Sala de lo Penal que archivó de plano una querella presentada por el exteniente Luis Gonzalo Segura en 2014 contra el entonces ministro de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), Pedro Morenés. El teniente acusaba al ministro de revelación de secretos por difundir en una nota de prensa datos reservados del expediente disciplinario que se había abierto contra él y que había motivado su arresto. Sin embargo, en este caso, el tribunal rechazó abrir causa contra el titular de Defensa porque el contenido de la nota ya había sido publicado por los medios y en esa difusión había colaborado el propio Segura.

El auto, dictado el 14 de diciembre de 2014, fue redactado por Antonio del Moral, uno de los magistrados conservadores que han promovido ahora la condena de García Ortiz, y firmado por el también conservador promotor del fallo Manuel Marchena y los progresistas Cándido Conde-Pumpido (actual presidente del Tribunal Constitucional), Alberto Jorge Barreiro y Joaquín Giménez. "A diferencia de lo apuntado en la sentencia mayoritaria", escriben Susana Polo y Ana Ferrer en su voto particular discrepante con la condena del fiscal general, ese auto "sí incorpora criterios que resultan perfectamente aplicables a la presente causa" y que, de haberse utilizado, habrían demostrado que "los hechos carecen de relevancia penal".

Las magistradas discrepantes recuerdan que, "en aquella ocasión, el querellado era el ministro de Defensa, por una nota de prensa dada a conocer por el citado ministerio explicando a la ciudadanía que el querellante, un teniente del Ejército de Tierra, tenía abierto un expediente disciplinario, que se le había impuesto una sanción de dos meses de arresto a cumplir en establecimiento militar, resolución que había sido recurrida y que no era firme". La nota describía "con todo lujo de detalles" el expediente "en que se encontraba incurso el querellante y las demás causas que le afectaban". Ese expediente, recuerdan Polo y Ferrer, "era reservado en virtud de la ley de secretos oficiales".

Sin embargo, la querella contra Pedro Morenés fue archivada con el informe favorable del fiscal. En la resolución de Del Moral se sostenía que "los hechos carecían de relevancia penal" porque, en primer lugar, "es difícil hablar de secreto o de datos reservados en relación con episodios o incidencias (expediente disciplinario seguido) que han sido aireadas, difundidas y divulgadas por quien invoca esa 'confidencialidad". Pero también porque "la puntualización por un órgano de la Administración del Estado sin valoraciones subjetivas, de manera comedida y extremadamente aséptica, y consignando datos objetivos que circulaban ya libremente por los medios de comunicación a impulsos del querellante, no comporta la violación de ningún deber de reserva". "Las manifestaciones atribuidas en los expedientes al querellante y difundidas mediante la nota de prensa", recuerdan las magistradas citando ese caso anterior, "habían circulado ya amplia y propiamente en los medios de comunicación, propagadas, entre otros, por el querellante. Ningún 'secreto' se desvela".

Las juezas que han quedado en minoría recuerdan que en el caso de García Ortiz también hubo "autodivulgación" previa por parte de González Amador de los hechos contenidos en el desmentido contra los bulos difundidos por él mismo, su abogado, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez. Esa ruptura de la confidencialidad se produjo, en primer lugar, por Carlos Neira, el abogado que redactó la confesión de dos delitos fiscales por su cliente y no solo la envió a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, "sino también a un Abogado del Estado no personado en la causa" y que era un "conocido" suyo. También por el propio novio de Ayuso, "contándoselo todo al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, D. Miguel Ángel Rodríguez quien dio difusión al correo del 12 de marzo a través de distintos grupos de WhatsApp de periodistas".

Lo hizo "de una forma tergiversada" y "hablando directamente con el periodista de El Mundo e informándole de los términos de la conformidad que estaba negociando" con el Ministerio Público, "extremo que fue publicado en el citado medio de comunicación". Ese periodista fue Esteban Urreiztieta, autor de la primera información que difundió las conversaciones del pacto para que González Amador confesara los dos delitos fiscales a cambio de no entrar en prisión. Su noticia, sin embargo, incluyó el bulo de que había sido la Fiscalía quien lo había propuesto, cuando en realidad fue, como en todas las conformidades, el denunciado. Esa información se elaboró con la colaboración del propio Miguel Ángel Rodríguez y del novio de Ayuso, tal y como declararon ambos durante el juicio.

Las magistradas aseguran en el voto particular que la pareja de la presidenta madrileña, en su entrevista con Urreiztieta, le ocultó que la iniciativa de la conformidad partió de su defensa, "lo que coloca al Sr. González Amador en el centro de la estrategia informativa que el Sr. Miguel Ángel Rodríguez desarrolló, orientada a desprestigiar la actuación de la Fiscalía General del Estado, según dijo, con el objetivo que guía su actuación: defender la reputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Los datos contenidos en la nota ya eran públicos, por filtraciones previas que no pueden ser imputadas, como hemos analizado, al fiscal general del Estado", concluyen Susana Polo y Ana Ferrer. "Lo que se hace con la nota es salir al paso de esas filtraciones, de contenido no ajustado a la verdad en algunos extremos, ofreciendo una información aséptica y objetiva y que no contiene ninguna revelación". Por ello, la sentencia mayoritaria, que considera el desmentido oficial un delito –cuya autoría asumió el fiscal general antes incluso de que se iniciara el proceso– "se aparta de una reiterada jurisprudencia de esta Sala".

El análisis de los indicios que sustentan la condena al fiscal general del Estado permite alcanzar "alguna conclusión alternativa perfectamente razonable". Porque al correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del novio de Ayuso confesó a la Fiscalía los dos delitos contra la Hacienda Pública de su cliente llegó, inicialmente, al menos a 23 personas. Las dos magistradas discrepantes, Ana Ferrer y Susana Polo, consideran, como hizo en junio su compañero de la Sala de Apelaciones Andrés Palomo que "no existe base probatoria mínimamente sólida que permita atribuir al Sr. García Ortiz la filtración del correo de 2 de febrero". Las juezas sostienen que sus compañeros promotores del fallo que inhabilita al fiscal general del Estado hacen "interpretaciones contra reo" y vulneran "la presunción de inocencia" del jefe de la Fiscalía al que han descabalgado de su puesto.

El contenido del voto particular a la condena mayoritaria prescinde de la cortesía a la que tradicionalmente se recurre al mostrar discrepancia con el tribunal. Porque la posición de Ferrer y Polo es diametralmente opuesta a la del resto de sus compañeros, a los que imputan graves vulneraciones de derechos fundamentales. Las magistradas no solo consideran que la acusación se ha dirigido de manera expresa hacia García Ortiz despreciando la posibilidad perfectamente posible de que fuera cualquier otra persona con acceso al correo el que lo hubiera filtrado. También afirman que la publicación de la nota de prensa, no solo no es delictiva –como sostuvo la propia Sala al iniciar el proceso– sino que fue de obligada difusión para desmentir "una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía (...) para tratar de desviar la atención sobre la presunta defraudación fiscal judicialmente investigada".

El voto desmonta varios de los indicios que sus compañeros utilizan unívocamente contra García Ortiz rebajándolos a meras sospechas y, al contrario que los promotores del fallo, valora los testimonios de los periodistas que aseguraron que el fiscal general no había sido la fuente de su información al recordar que el derecho constitucional de los informadores a revelar sus fuentes no ampara que mientan cuando declaran como testigos bajo juramento y apercibidos de una posible sanción penal por falso testimonio. Estos, según recuerdan las magistradas discrepantes, "niegan rotundamente que la filtración proviniera del fiscal general, incluso alguno apuntó a que se trataba de fuentes de la Fiscalía de Madrid, los cuales conocían con anterioridad a que lo hiciera el fiscal general el correo de 2 de febrero de 2024", lo que para Ferrer y Polo constituye "prueba directa (...) que desdibuja totalmente la prueba de indicios", defendida por sus compañeros de tribunal.

Entre las "conclusiones alternativas razonables" a que fuera García Ortiz quien filtró el correo, las firmantes del voto señalan que a ese mensaje habían tenido acceso "numerosas personas". Y nombran al fiscal al que correspondió inicialmente el caso de González Amador, Julián Salto; a la fiscal jefa de Delitos Económicos de la fiscalía de Madrid, Virna Alonso; a las 20 personas "entre funcionarios y fiscales" que trabajan en esa fiscalía o incluso al abogado del Estado al que el defensor del novio de Ayuso envió también su confesión, "un conocido del letrado" que no intervino en el caso. "Cuando la noche del 13 de marzo tuvieron acceso a ellos [los correos] todos los intervinientes, permite concluir que cualquier persona pudo filtrar a la prensa el correo, al igual que ocurrió con el expediente tributario y la denuncia", sostienen las juezas discrepantes.

Uno de los aspectos de la sentencia mayoritaria más criticados por el voto particular es que aquella da por cierto que el periodista de la Cadena SER que contó por primera vez el contenido del correo, Miguel Ángel Campos, habría hablado por teléfono con García Ortiz durante cuatro segundos antes de publicar su información. Los agentes de la UCO testificaron durante el juicio que esa llamada pudo corresponder a una llamada no atendida o en la que salta el buzón de voz. "La sentencia mayoritaria descarta esta última versión, sugiere la más perjudicial para el fiscal general, que D. Miguel Ángel Campos pudo hablar con él cuatro segundos y darle en ese tiempo la información necesaria". El problema, recuerdan las juezas discrepantes es que en ese momento, García Ortiz todavía no tenía el correo. La llamada se produjo a las 21,38 y el jefe de la Fiscalía no lo recibió hasta las 21,59. Se trata de "una clara interpretación contra reo", según las magistradas firmantes.

"Entendemos que no ha quedado acreditado que el fiscal general sea el autor de la filtración (...) 'con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación', según el relato de hechos mayoritario", escriben Polo y Ferrer en su versión alternativa. "Pese a indicar que la filtración proviene de la Fiscalía General del Estado, no se describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios tiene lugar esa llamada 'intervención directa' y menos su conocimiento y colaboración con un tercero", prosiguen. "Tampoco se relata", añaden, "cómo pudo promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto la acción delictiva, según el relato, con amplio abanico de autoría directa o indirecta, mediata o inmediata; o cómo pudo transmitir personalmente la información o a través de qué personas, o a quiénes dio su aceptación para llevarlo a cabo". "Por todo lo anterior entendemos que las conclusiones alcanzadas implican una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que la inferencia resulta muy abierta, pues caben conclusiones alternativas aunque no se den por probadas", concluyen.

La condena mayoritaria, al igual que hizo el instructor del caso, valora el borrado de los datos del teléfono de García Ortiz como uno de los indicios más contundentes de su culpabilidad. Las magistradas firmantes del voto, sin embargo, consideran que, al hacerlo, sus compañeros vulneran "el derecho que toda persona acusada en un proceso le asiste a no autoinculparse; a no colaborar con la acusación, sin dufrir por ello consecuencias negativas, núcleo esencial del derecho a un proceso equitativo, al derecho de defensa y a la garantía de presunción de inocencia". "El silencio o la equivalente falta de contribución a conformar un material probatorio que se interpreta de cargo carece de idoneidad para integrar indicio inculpatorio", concluyen.

Por último, Ferrer y Polo muestran su "absoluta discrepancia" con la tesis de la mayoría de que la nota informativa con la que se desmintió el bulo difundido por el entorno de Isabel Díaz Ayuso "sea por sí misma constitutiva de infracción penal". Las magistradas recuerdan que lo que justificó la instrucción del caso fue investigar la supuesta filtración del correo y no el comunicado cuya autoría ha reconocido como propia el fiscal general desde antes de que se iniciara la causa contra él. El voto considera que la nota no reveló nada, porque todo su contenido estaba publicado previamente. Además, su difusión fue necesaria para evitar "una acusación falsa de una actuación ilícita de la Fiscalía". Por último, su contenido no era confidencial ya que el propio González Amador había roto esa confidencialidad al trasladar uno de los correos intercambiados con la Fiscalía al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Ordóñez, al que había autorizado a difundirlo. Este lo envió a su vez a decenas de periodistas.

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral debe saberlo. Porque fue presidente de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial entre 2022 y 2024 y, debido a su rango, uno de sus miembros más destacados los dos años anteriores. Ese organismo, que eligen directamente los jueces y magistrados en activo, lleva avalando años las actividades docentes de los jueces que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite compatibilizar con la judicatura. Pero en sus dictámenes, ese órgano avisa de que la participación en cursos, seminarios, mesas redondas y otros actos formativos también puede comprometer la apariencia de imparcialidad de los jueces o magistrados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene establecido que esa apariencia es una garantía fundamental en el proceso penal cuya vulneración puede conllevar la anulación de una condena, aunque no coincida con una causa concreta de abstención o recusación.

Del Moral, junto al también magistrado de la Sala de lo Penal Juan Ramón Berdugo y al presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, participaron, justo después de terminar el juicio al fiscal general, en un curso remunerado sobre el recurso de casación penal en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Esa entidad fue la primera en denunciar a la Fiscalía y actuó como acusación popular contra el fiscal general del Estado en el juicio en que ha acabado condenado.

Del Moral, además, fue codirector de tesis de abogados de otras dos acusaciones en ese proceso. De la del representante del novio de Isabel Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez-Ramos, y de la de Álvaro Bernad, uno de los miembros del equipo de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que también actuó como acusación popular en el caso y pidió la pena más alta para Álvaro García Ortiz (seis años de prisión). Del Moral, Berdugo y Arrieta, junto con sus compañeros Manuel Marchena y Carmen Lamela, fueron los cinco magistrados que sacaron adelante el fallo condenatorio del que todavía se desconoce la fundamentación.

La compatibilidad de ese tipo de actividades docentes con el ejercicio de la magistratura está permitida por Ley Orgánica del Poder Judicial previo permiso de la comisión permanente del CGPJ, que a lo largo de la década de los 2000 fue muy restrictiva con estas autorizaciones para los magistrados del Supremo, a los que, posteriormente, el órgano de gobierno de los jueces terminó dando carta blanca. Sin embargo, algunos de los que se dispusieron a ejercer este tipo de actividades privadas plantearon sus dudas éticas a la comisión que entre 2022 y 2024 presidió el propio Del Moral. Como criterio general, sus siete miembros no consideran que ese tipo de actividades afecten a los principios éticos de integridad, independencia e imparcialidad judicial. Pero al mismo tiempo avisan de que sí pueden darse situaciones en las que la apariencia de imparcialidad de los jueces y magistrados –aunque no estén incursos en ninguna causa de abstención o recusación– puede verse comprometida.

Uno de estos magistrados pidió criterio a la comisión en 2019. El autor de la consulta impartía clases como profesor asociado en el departamento de Derecho Mercantil y Procesal de una universidad con autorización del CGPJ. El juez explicaba que ese departamento estaba dirigido por dos catedráticos que, en ocasiones, actuaban como abogados en casos que podrían llegar a su juzgado y se interesaba con lo que éticamente tendría que hacer en esos casos. También en los que, de acuerdo con su criterio, interpretara que esos dos profesores universitarios serían los mejores para convertirse en administradores concursales de empresas en suspensión de pagos.

"La imparcialidad afecta directamente a los vínculos que pudiera tener el juez con las partes y con el objeto de la decisión", afirmó en su dictamen la comisión de ética. "No puede desconocerse que la apariencia de imparcialidad puede verse afectada por la relación y trato que se tenga con los profesionales que intervienen en el proceso", añadía. El dictamen concluía que el juez "debe comprobar si puede verse afectado por un prejuicio o predisposición originado por la intervención del director del departamento y, en caso afirmativo, tratar de superarlo para evitar que tanto en la tramitación del procedimiento como la dirección del juicio y la consiguiente decisión se vean influenciadas por aquel". Sobre el nombramiento de administradores concursales –que cobran por su labor–, la comisión advertía de que "puede poner en riesgo la apariencia de imparcialidad e integridad".

Otro magistrado se dirigió a la comisión para comprobar si es conforme a la ética judicial haber sido invitado a ser profesor en un máster organizado por una universidad privada y "un importante despacho internacional y multidisciplinar con sedes en distintas provincias españolas y del extranjero". El solicitante mostraba su preocupación por el hecho de ser destinado a una provincia en la que ese despacho de abogados tuviera una de sus oficinas y poder coincidir con alguno de ellos en su órgano judicial y quería saber si, en ese caso, podría verse comprometida su apariencia de imparcialidad. La duda era si debía aceptar la oferta, si tendría que rechazarla en caso de ser destinado a una provincia donde el bufete tuviera sede y si, incluso en el caso de haber terminado su actividad docente, sería recomendable que se abstuviera en los casos en los que sus empleados participaran.

"La asistencia y participación de un juez/a en un foro de debate organizado por un despacho profesional puede, en determinadas circunstancias y ocasiones, afectar a la apariencia de imparcialidad, lo que hace preciso efectuar una previa evaluación ética sobre su participación en tal actividad", concluyó la comisión en su dictamen. Sus miembros consideraron "elementos relevantes para tal valoración", "la vinculación concreta del despacho profesional y el objeto de la actividad organizada con causas determinadas que se sigan en el juzgado donde el juez/a ejerce su jurisdicción". También "el volumen de asuntos" que el despacho tenga "en el partido judicial en cuestión", "la publicidad que se dé a la actividad organizada y a la identidad de los intervinientes en la misma, el número de participantes en la actividad" y "su variada procedencia profesional".

Después, añadía: "Especial relevancia adquiere el lugar de celebración de las jornadas en cuestión, puesto que su celebración en la sede o local del despacho profesional organizador incrementa el riesgo de que la apariencia de imparcialidad se vea afectada". Eso sí, ningún problema, en principio, con "la percepción de una remuneración o gratificación por la participación del juez/a en ese foro de debate", algo que "no afectaría al mantenimiento de la apariencia de imparcialidad" , al contrario, "podría alejar cualquier sospecha de finalidad espuria en la relación entre el juez/a y el despacho organizador de la actividad formativa".

Los cursos en colegios de abogados, como el protagonizado por Arrieta, Del Moral y Berdugo, también han sido objeto de dudas éticas. Un juez expresó las suyas cuando se le ofreció coordinar unas jornadas de formación en una institución de ese tipo. Su trabajo, retribuido, consistiría en "ponerse en contacto con algunos de los ponentes" a fin de "concretar el contenido de sus respectivas ponencias y demás detalles sobre su concreta intervención". La comisión concluyó que este tipo de actividades, "en condiciones que no afecten a la imparcialidad o a la apariencia de imparcialidad" permiten al juez "ejercer su derecho y obligación de formarse, así como cumplir una valiosa función divulgativa en relación con la sociedad". Sin embargo, avisaba que "pueden concurrir riesgos para la apariencia de imparcialidad que en cada caso corresponde valorar al juez".

En el caso de los tres magistrados del Supremo que fueron determinantes para sacar adelante el fallo condenatorio contra Álvaro García Ortiz, no parece que apreciaran en ningún momento ningún riesgo en la organización y participación de cursos en el colegio de abogados que ejercía una de las acusaciones contra el fiscal general del Estado. En el caso de Del Moral, tampoco parece que le suscitara ninguna duda haber codirigido las tesis doctorales de dos de los abogados de otras dos acusaciones: la del denunciante, Alberto González Amador, y la de la acción popular que pedía el castigo más duro, la APIF.

El Gobierno ha comunicado al Congreso de los Diputados la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscala general del Estado, después de que obtuviese el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Peramato comparecerá este jueves 4 de diciembre en el Congreso para sustituir a Álvaro García Ortiz.

Tras conocerse la decisión del Supremo que condenaba a García Ortiz a inhabilitación, el Gobierno anunció que su intención era que el puesto de fiscal general pasase directamente a Peramato, fiscala de carrera con 35 años de ejercicio, progresista y con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género. La nueva fiscala es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como el de fiscala delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid o fiscala de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025. 

La Comisión de Justicia de la Cámara Baja evaluará a las 13 horas del jueves los méritos e idoneidad de Peramato, último trámite antes de que el Consejo de Ministros proceda a su nombramiento.

El Gobierno anunció y aprobó el pasado 25 de noviembre la propuesta de Peramato como fiscala general del Estado, un día después de que García Ortiz presentase una carta de cese, tras su condena por un delito de revelación de datos reservados en el caso de Alberto González Amador, supuesto defraudador a Hacienda y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De esta forma, el mecanismo para relevar a García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado continúa su andadura, mientras que aún no se ha hecho pública la sentencia condenatoria a García Ortiz por parte de cinco magistrados del Tribunal Supremo y los dos votos particulares contrarios al fallo.

Aunque el fallo se adelantó públicamente el pasado 20 de noviembre, la inhabilitación de Álvaro García como fiscal general del Estado no surtirá efectos hasta que la sentencia se redacte y se notifique.

Que uno de los cinco magistrados que han apoyado la insólita condena del fiscal general del Estado, el conservador Antonio del Moral, haya sido director de la tesis doctoral del abogado que ejerció la acusación particular en nombre del novio de Isabel Díaz Ayuso –como adelantó eldiario.es– y la de uno de los letrados de la acusación popular de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), puede afectar a la apariencia de imparcialidad del tribunal. También que ese mismo magistrado del Supremo, su compañero Juan Ramón Berdugo y el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, a su vez promotores del fallo contra Álvaro García Ortiz, hayan cobrado por un curso organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), otra de las acusaciones populares del caso y la que presentó la primera querella.

Pero más allá de deteriorar todavía más la imagen de una Sala muy cuestionada, lo cierto es que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), esas actividades que pueden considerarse docentes, están mucho más limitadas para los magistrados del Tribunal Supremo, a diferencia de las otras dos categorías de la carrera –jueces y magistrados– que sí pueden compaginar con carácter general el ejercicio de la jurisdicción con "la docencia o investigación jurídica" o con la "creación literaria, artística, científica y técnica". La norma establece, sin embargo, un estatuto especial para los miembros del Alto Tribunal para que se centren en "una magistratura de ejercicio" y que "ese ejercicio tenga carácter exclusivo", según ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese órgano en varias resoluciones.

En la redacción actual de la LOPJ, el artículo 348 bis establece que los magistrados del Supremo se degradarán a la categoría de magistrado raso cuando abandonen el servicio activo para desempeñar cualquier otra actividad pública o privada, algo que solo está previsto para los que ostentan este rango en la carrera. Solo podrán mantener su estatus de miembros del Alto Tribunal al volver a la judicatura cuando ejerzan, exclusivamente, los cargos de vocal del Poder Judicial, magistrado del Constitucional o de un alto tribunal internacional (como los de Luxemburgo o Estrasburgo), fiscal general del Estado, jefe del servicio de inspección del Consejo o fiscal de la Fiscalía Europea.

Dos reformas sacadas adelante por el Gobierno de José María Aznar en 1997 y en 2000 recogían expresamente, además, que estos altos magistrados solo podían compaginar su actividad en el Supremo con las funciones de presidente de tribunales de oposiciones a la carrera judicial, miembro de la Junta Electoral Central, presidente de la Mutualidad General Judicial o miembro del organismo perteneciente al Ministerio de Justicia destinado a la informatización y renovación tecnológica de la administración de justicia (antiguo artículo 350.3). Así estuvo establecido hasta enero de 2004 cuando se cambió el texto de este último precepto pero se mantuvo un estatuto mucho más riguroso para los miembros del Alto Tribunal que se justificaba "por la especialidad y trascendencia de su labor", según recogía su exposición de motivos de la reforma.

Con esa regulación, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dio la razón al menos en tres ocasiones al Consejo General del Poder Judicial al prohibir a magistrados del Alto Tribunal dirigir seminarios de doctorado en la universidad, presidir asociaciones o institutos internacionales o ser patronos de fundaciones benéficas. A un magistrado de la Sala de lo Penal se le llegó a vetar convertirse en profesor "honorario" de la Universidad Autónoma de Madrid, un cargo no retribuido que requería una actividad docente "muy esporádica".

"La finalidad de la norma", estableció una de esas sentencias, es "dotar a los magistrados del Tribunal Supremo de un estatuto especial" para diseñar "una magistratura de ejercicio y que ese ejercicio tenga carácter exclusivo". Y seguía: "Ello se traduce en la absoluta incompatibilidad de la condición de magistrado del Tribunal Supremo con cualquier actividad externa, salvo aquellas que aparecen expresamente excluidas".

Esa visión restrictiva del órgano de gobierno de los jueces avalada por la Sala de lo Contencioso del Supremo se rompió definitivamente con el Consejo presidido con Carlos Lesmes. La comisión permanente de esa institución empezó a conceder permisos a magistrados del Supremo para compatibilizar su labor con la docencia. El expresidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena o el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez Picazo, por ejemplo, fueron autorizados para impartir clases en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), propiedad de la Asociación Española de Banca.

El caso de Díez Picazo fue especialmente polémico en 2018, cuando la Sala de lo Contencioso abordó el impuesto de las hipotecas. Una de sus secciones sostuvo que debían pagarla las entidades, pero Díez Picazo, entonces presidente, avocó la decisión al pleno de la Sala, que falló a favor de las tesis de la banca y obligó a que fuera el cliente el que lo sufragara. El escándalo obligó a Lesmes a pedir perdón a la ciudadanía y el sector progresista del Consejo se opuso, dos años después, en 2020, a renovarle la autorización para impartir clases en la universidad privada, pero el permiso fue renovado gracias a la mayoría conservadora con la que entonces contaba el órgano.

En el caso de los magistrados que han impulsado la condena a García Ortiz, justificaron su participación en el seminario del ICAM sosteniendo, en síntesis, que los magistrados del Tribunal Supremo carecen de un estatuto especial más severo en cuanto a incompatibilidades y, en este campo, están sometidos a las mismas reglas que el resto de jueces y magistrados destinados en órganos inferiores. Es decir, que pueden compatibilizar su trabajo con la docencia y la investigación jurídica. Además, aseguraron que solo deben pedir permiso al Consejo en caso de que la actividad supusiera una ocupación de más de 75 horas al año, según el Reglamento de la Carrera Judicial.

El magistrado del Supremo y presidente del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, Andrés Martínez Arrieta, se despidió de sus alumnos en un curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones en el juicio contra Álvaro García Ortiz, diciendo a los alumnos que se debía marchar para “poner la sentencia del fiscal general”, según una grabación que ha difundido La Hora de La1 de Televisión Española.

El curso se desarrolló justo en los días en los que precisamente la sala del Supremo deliberaba sobre la sentencia del tribunal que, a día de hoy, todavía no se conoce, pero que ha terminado fallando a favor de condenar a García Ortiz.

Andrés Martínez Arrieta es, además, el ponente de la sentencia dado que la encargada de hacerlo, la magistrada Susana Polo, se quedó en minoría y tuvo que ceder esa tarea, aunque presentará, cuando se publique la sentencia, uno de los dos votos particulares anunciados sobre esta decisión.

Martínez Arrieta intervino en un curso que organiza el Colegio de Abogados sobre Casación en el que participaba otro miembro de la sala Juan Ramón Berdugo y que coordina otro magistrado del Supremo, Antonio del Moral. Todas estas actividades son remuneradas pero en principio no requieren una autorización especial del Consejo General del Poder Judicial y son muy usuales en el gremio judicial.

Los dos 'profesores', Arrieta y Berdugo, cobraron 90 euros por el curso mientras que Del Moral, al ser el coordinador, cobró 270 euros, según el programa de televisión. El reglamento de la carrera judicial no cataloga esto como incompatibilidad siempre que no superen las 75 horas al año y no tengan carácter permanente.

Cuando Martínez Arrieta se despidió con esas palabras los alumnos asistentes al curso arrancaron a aplaudir entre algunas carcajadas. 

La tarde del pasado 13 de noviembre, el abogado del Estado José Ignacio Ocio, letrado de Álvaro García Ortiz, se dirigió solemnemente al Tribunal Supremo para pronunciar su alegato final en defensa del fiscal general del Estado. Tras explicar su interpretación de los hechos que, en su opinión, habían quedado acreditados, casi al final, dijo: "No sabemos de qué nos defendemos. No sé si tengo que defenderme de la nota o de la filtración de los correos. El auto de admisión a trámite decía que la nota no era "aparentemente" delictiva porque todo lo que contenía ya estaba publicado. Aún así, ese comunicado con el que la Fiscalía quiso desmentir el bulo diseminado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso sobre los delitos de su pareja, difundido el 14 de marzo de 2024, estuvo muy presente durante todo el juicio.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que también pedía la absolución de García Ortiz, sostuvo algo similar justo antes. Recordó que en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se inició el proceso –en el que inicialmente estuvieron imputados el fiscal del caso, Julián Salto y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez– "el objeto de la causa venía referido a la confección y publicación de la nota de prensa". "Cuando la causa llegó al Supremo, en la Sala de Admisión, sufrió una variación porque se reconoció que la nota no era ilícita porque los hechos ya eran conocidos y se centró en la averiguación de los correos", añadió la número dos del Ministerio Público.

Hasta llegar a la notificación del fallo condenatorio de este jueves, el proceso abierto contra el fiscal general del Estado ha mutado hasta cuatro veces su contenido. La exposición razonada (el escrito por el que se inhibió a favor del Supremo) enviada por el primer instructor del caso en el tribunal madrileño, Francisco José Goyena, al Tribunal Supremo el 15 de julio de 2024 limitó el caso a la elaboración de ese comunicado oficial y, tras archivar la investigación contra el fiscal que redactó la denuncia contra el novio de la presidenta, justificó los indicios contra la jefa provincial, Pilar Rodríguez, en que ella sí había participado en la elaboración de esa nota informativa.

Tres meses después, el 15 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida en ese momento por el conservador Manuel Marchena, decidió modificar el contenido de la causa. Tras recoger un elenco de publicaciones periodísticas anterior al comunicado, concluyó que no había "información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos". Sin embargo, en lugar de decretar el archivo, decidió trasladar las pesquisas a la supuesta filtración por el fiscal general, la noche anterior a la difusión de la nota, de un correo electrónico enviado por el abogado de la pareja de la presidenta al un correo genérico de Fiscalía en el que aseguraba que "ciertamente" se habían cometido dos delitos fiscales. El proceso ha concluido en condena pese a que no hay ninguna prueba de que García Ortiz fuera su autor.

Esa delimitación de la causa, sin embargo, no fue respetada por el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado. Uno de los hitos de su muy cuestionada investigación se produjo después de comprobar, en enero de 2025, que tras el desmesurado registro del despacho del fiscal general, la Guardia Civil no había encontrado una sola prueba en el teléfono y el resto de dispositivos de García Ortiz que demostrara que él había sido el filtrador. Hurtado decidió entonces ampliar sus pesquisas a otra supuesta filtración anterior, la de la denuncia del Ministerio Público contra González Amador por dos delitos fiscales y falsedad documental, publicada por eldiario.es el 12 de marzo de 2024, y de nuevo incluyó la redacción y distribución de la nota como un hecho punible.

El 19 de marzo, la Sala de Apelación, formada por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo del Arco y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, volvió a descartar la nota de prensa como un indicio en contra de García Ortiz. "Sin perjuicio de lo que pueda deparar la investigación, cuando se publica la nota, toda la información que se contiene en la misma, ha sido revelada", recordaron los magistrados en su auto.

Por segunda vez, Hurtado volvió a incluir la nota de prensa en la investigación, y el comunicado volvió a aparecer en el auto por el que declaró procesado a García Ortiz. Ocio, el abogado del Estado encargado de la defensa de García Ortiz, recurrió de nuevo a la Sala de Apelación advirtiendo de que se estaba vulnerando el derecho fundamental de su representado a ser informado de la acusación concreta formulada contra él. En su recurso se explicaba que Hurtado había abandonado la investigación de la supuesta filtración de la querella y el expediente tributario de González Amador sin explicar por qué. También subrayaba que el instructor no había concretado la relevancia penal de la nota pese a que los magistrados ante los que se presentaba el recurso (los de la Sala de Apelación) habían concluido en su auto anterior "que no era constitutiva de delito al contener datos ya revelados". "Sin embargo", continuaba el abogado del Estado, "el auto impugnado hace alusión reiterada a dicha nota, evidenciándose en los distintos autos una falta de coherencia relevante sobre el objeto de la investigación".

La irrelevancia del comunicado oficial, que había sido advertida por la Sala de Admisión a Trámite en la resolución que dio inicio al caso en el Supremo el 15 de octubre de 2024, y cuyo criterio fue confirmado el 19 de marzo por la Sala de Apelación, decayó sin embargo en el nuevo auto de los magistrados de esta última que, en su auto del pasado 29 de julio, se desdijeron del criterio que habían mantenido hasta entonces. Con una redacción ambigua y contradictoria, los miembros de la Sala volvieron a admitir la nota de prensa dentro de los hechos objeto de investigación.

En su resolución sostuvieron, en primer lugar, que "los hechos objeto de investigación y de los que ha tenido conocimiento el investigado son los que se concretaron en el auto de 15/10/2024", es decir, la resolución de admisión a trámite del caso en el Supremo que sostuvo que lo relevante no era la nota sino la filtración del correo. Después, afirmaban que los hechos recogidos en esa admisión a trámite "son sustancialmente los mismos que se identificaron en la exposición razonada elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)", que en realidad, no se interesó en absoluto en el correo, sino únicamente en la nota.

Por último, añadían que el objeto de la investigación "se integra tanto por la filtración del correo electrónico como la posterior inclusión de ese correo en la nota de la Fiscalía que forman un complejo fáctico dado que si bien la nota pudiera contener informaciones sujetas a reserva, lo que se ha investigado ha sido precisamente si la revelación de esos datos procedía del investigado, lo que indiciariamente así resulta". Es así como el comunicado oficial volvió a incluirse en los hechos investigados.

En su informe final ante el Supremo, el abogado de González Amador, ejerciendo la acusación particular contra el fiscal general, sostuvo sin pruebas que lo que García Ortiz había organizado era una suerte de conspiración de Estado contra su cliente en la que el jefe del Ministerio Público habría filtrado a la Cadena SER el correo del abogado de Amador con su confesión de dos delitos con la única intención de que trascendiera a la opinión pública para poder redactar después la famosa nota de prensa. Y que con la redacción de esa nota se cumplió el verdadero objetivo de esa supuesta jugada: crear "un relato de culpabilidad oficial" contra el novio de Ayuso.

La Sala de lo Penal no ha redactado todavía la sentencia con los argumentos que sustentarán el fallo que ha adelantado este jueves, pero si la culpabilidad del fiscal general se sustenta finalmente en ese comunicado, todas las diligencias ordenadas por Hurtado y avaladas por la Sala de Apelación del Alto Tribunal habrían resultado inútiles. Porque, desde el 11 de junio de 2024, el fiscal general ha asegurado cada vez que le han preguntado que fue él quien ordenó redactarlo. Lo hizo en un escrito enviado al instructor del TSJM en el que le pedía que se inhibiera al Supremo, porque, según sostenía, su publicación no se hubiera producido sin su "previa autorización" y sus "instrucciones expresas y directas". Si la nota era parte del delito, García Ortiz confesó desde el principio.

Que el Supremo haya adelantado su fallo condenatorio sin dar a conocer los fundamentos jurídicos que lo justifican no es lo habitual, aunque ha ocurrido antes en el Alto Tribunal en algunos casos de especial trascendencia mediática. Que la acusación mutara durante el proceso, que creciera y menguara para luego volver a crecer en una dinámica en la que el desmentido oficial del bulo difundido por el entorno de Ayuso entró y salió a lo largo de los sucesivos trámites, podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales y garantías procesales del fiscal general, tal y como sostienen el Ministerio Público y la Abogacía del Estado.

Dos años de inhabilitación como fiscal general, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador. Esta es la condena del Tribunal Supremo que ha recibido Álvaro García Ortiz tras la denuncia del novio de Ayuso que le acusaba de revelación de secretos. Una acusación sin pruebas, como se ha visto durante el juicio.

El eco de indignación por una condena sin precedentes está dominando la conversación en X y Bluesky. Los usuarios se decantan por las críticas al sistema judicial, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al PP, y reina la sensación de que se trata de una sentencia injusta. "Lawfare para celebrar el 20N. A ver cuándo empieza la Transición", critica @carlosbardem, "Tribunal Suprimo de Rivera", valora @hannibal.bsky.social‬, "La justicia en España está corrompida a niveles descomunales. El golpe de estado blando continúa", argumenta @Cidpedrosanchez.

La noticia de la condena al fiscal general del Estado coincidía con el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Efeméride que las redes no quisieron dejar pasar por alto echando mano a la ironía más afilada. "A ver si algún día también se puede celebrar la muerte del franquismo", postea el diputado de ERC @gabrielrufian, "Si hoy notáis el ambiente un poco húmedo, es por las lágrimas de fachas", se ríe ‪@wilma78.bsky.social‬

La declaración de Mazón en el Congreso dio el pistoletazo de salida a una semana bastante activa para los usuarios de redes sociales. Las explicaciones del ex president de la Comunitat Valenciana generaron bastante malestar entre las víctimas y eso también se dejó ver en las redes: "Cuando uno creía que Carlos Mazón no podía caer más bajo empezó la comparecencia en el Congreso", critica @BenderOfuscado.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

En un irónico giro de los acontecimientos, el fiscal general del Estado tendrá que abonar diez mil euros al paisano Alberto González Amador. Con esos eurillos, Alberto “Quirón” podría pagar, es un decir, algunas de las cuotas de la hipoteca de 600.000 que acaba de firmar para comprarse el ático dúplex en el que vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a las envidiables ganancias, todo presunto, que ha obtenido como técnico sanitario, y en concreto gracias a las comisiones que obtiene de sus mediaciones con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, el grupo empresarial que le da el alias en el listín telefónico de Miguel Ángel Rodríguez.

Porque quien se convirtiera, en sus propias palabras, en el “defraudador confeso del Reino de España”, en lugar de suicidarse o marcharse del país, decidió más bien comprarse un piso, a pesar de lo mucho que el fiscal general le había destrozado la vida. Las vueltas de esta historia son muy disparatadas, pero no menos ciertas.

Estamos a la espera de la sentencia que firmarán los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo y del voto particular que se espera que firmen las dos magistradas progresistas. Yo estoy ansioso por leerla: ¿qué argumentos nos darán esos cuatro señores –Martínez Arrieta, Marchena, del Moral y Berdugo– y la señora Lamena, que contradigan a los periodistas que afirmaron tener el maldito correo del abogado del técnico sanitario antes que el fiscal? ¿Alguien les condenará por falso testimonio? ¿Qué sortilegios utilizarán para probar lo indemostrable? ¿Habrá algún atisbo de vergüenza en el texto? ¿Será la sentencia un homenaje a Cantinflas o más bien al Diablo Cojuelo?

Podemos tomarlo a broma, pero de broma solo tiene la apariencia de sainete. Esta sentencia cuyo fallo se ha publicado de manera tan sorprendente como inédita ha sido toda la causa, será un auténtico golpe de Estado difuso. La afrenta de unos jueces conservadores al servicio de su visión política del país y de lo que parece que consideran su misión constitucional. Esos magistrados solo pueden firmar esa sentencia todavía no nacida, desde los mismos presupuestos que informan el comportamiento del juez Peinado, aunque este último resulte mucho más chusquero.

Ya digo que leeremos la sentencia con avidez, pero ese fallo solo puede entenderse, visto lo visto durante el juicio y en el año y medio que llevamos conociendo detalles, por una misión política: los jueces que condenan al fiscal quieren proteger a los suyos, siendo los suyos Ayuso, su novio procesado, el jefe de gabinete que justificó la mentira sin ningún complejo, porque él no es notario, y, por supuesto, Feijóo y el Partido Popular, casa común de todas esas almas. Lo hacen porque lo creen, no lo dudemos. Se creen en la misión de proteger a un ciudadano particular de una operación política liderada como mínimo por el fiscal general, muy probablemente por el propio presidente del Gobierno. Si no, la condena no tendría sentido alguno.

Esto que nos sucede con los jueces últimamente, en este asunto que acaso es el más grave por la absoluta ausencia de pruebas y por la altura del Tribunal que juzga, es la palmaria constatación de una lucha brutal de la derecha más montaraz contra la verdad y contra lo que considera un Gobierno ilegítimo. Ha sucedido en otros momentos de la reciente historia española y solo cabe una respuesta: la resistencia democrática. Si el fiscal general, un hombre honorable y bueno, no se rindió, nadie debe rendirse. Fue ese funcionario bravucón y cínico quien con una gran mentira puso este dislate en marcha y quien acostumbra a amenazar con su vergonzante y macarra advertencia: “pa’lante”, dice. Con la verdad por bandera, nosotros debemos responderles a él y los suyos con otra frase popular: no pasarán.  

Uno de los hechos acreditados tras el juicio al fiscal general, que terminó la pasada semana, es que la única filtración demostrada de un correo tras todo el proceso no es la que se achaca a Álvaro García Ortiz –de la que no existe prueba fáctica– sino la del novio de Isabel Díaz Ayuso a la mano derecha de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), y de este a un centenar de periodistas. Una filtración asumida tanto por Alberto González Amador, como por el primer asesor de la lideresa, en sus respectivas declaraciones. Además, la pareja de Ayuso reconoció haberse entrevistado con el periodista de El Mundo que publicó la primera información sobre la existencia de unas negociaciones de conformidad entre la defensa de Amador y la Fiscalía que implicaba necesariamente el reconocimiento de los dos delitos fiscales por los que está procesado.

Que la única filtración probada y contrastada, confirmada además por sus autores, tenga como origen a Carlos Neira, el abogado de González Amador –que le envió el correo a su cliente, este a MÁR y este último a los medios–, no ha impedido al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) seguir adelante con su acusación contra el fiscal general. De la declaración como testigo de su decano, Eugenio Ribón, el pasado 11 de noviembre en el Alto Tribunal, se deduce que el hecho de que uno de sus colegiados reenviara un correo electrónico intercambiado en unas negociaciones de conformidad (un proceso que el ICAM considera absolutamente blindado por la confidencialidad para ambas partes y cuya vulneración afectaría directamente a un derecho fundamental, el derecho de defensa) no reviste ningún problema ético para el colegio si es un colega letrado o su cliente el que viola ese sigilo.

El juicio ha acreditado, además, que tanto la filtración de ese correo –fechado el 12 de marzo de 2024 y en el que el fiscal del caso reiteraba su disposición a alcanzar un acuerdo– como la conversación de González Amador con el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta, autor de la información, se produjo durante la mañana del 13 de marzo. Varias horas antes de que el fiscal general del Estado hubiera tenido acceso al email que se le acusa de filtrar a la Cadena SER (lo obtuvo a las 21.54 de ese día), Amador ya había hablado, por indicación de MÁR, con el primer periodista que puso negro sobre blanco que existían unas conversaciones de conformidad en las que, el novio de Ayuso, tendría que confesar necesariamente sus delitos para evitar la cárcel. La información de Urreiztieta recogía además párrafos textuales de ese email del 12 de marzo lo que apunta a que el jefe de gabinete de la presidenta (que también habló con él) o el propio Amador podrían habérselo filtrado.

En el origen de la querella presentada por el ICAM –inicialmente contra cualquier fiscal que estuviera en el caso pero que luego se extendió en el Supremo al fiscal general– está el protocolo de conformidades firmado en 2009 entre el Consejo General de la Abogacía Española (que engloba a todos estos colegios profesionales) y la Fiscalía General del Estado para gestionar estos pactos en los que terminan seis de cada diez casos en la justicia española. Se trata de un procedimiento que ahorra gastos y tiempo a los juzgados y tribunales a la vez que facilita la rehabilitación del delincuente, tal y como recuerda el propio documento. La confidencialidad en las negociaciones que, muy de pasada, recoge ese protocolo, afecta a ambas partes: no solo al Ministerio Público, como defiende Ribón, también a los abogados. El ICAM no ha emprendido ninguna acción para comprobar, como ha quedado acreditado, que uno de sus colegiados –Carlos Neira– fue, a través de su cliente, una de las fuentes que, directa o indirectamente, filtró esas conversaciones en el caso de Amador.

El artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal impone a sus miembros, entre otras funciones, la de "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia" con el único límite de "los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados", es decir, que los procesos penales, es el fiscal quien tiene la obligación de explicar a los medios la marcha de los procesos cuando estos tengan repercusión. En el caso de los abogados, el Estatuto General de la Abogacía, también establece en sus artículos 21 y 22 "el deber de secreto profesional" de los abogados respecto de "hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas" que hayan "conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional" y solo queda relevado de esa obligación en caso de que su cliente así lo autorice.

El hecho de que hubiera quedado acreditado que MÁR fue quien filtró el primer correo sobre la conformidad que se estaba gestando y el dato de que lo hiciera con el permiso del propio novio de Ayuso fue lo que llevó a la defensa de García Ortiz a preguntar a Ribón sobre este chivatazo procedente, precisamente, de Amador, la teórica víctima del fiscal general, y que se produjo antes del que se achaca al fiscal general y por el que se ha sentado en el banquillo. "¿No le dieron relevancia a la filtración del email del 12 de marzo?", "¿Por qué no solicitaron una ampliación a ese otro correo?", preguntó el abogado del Estado Juan Ignacio Ocio, defensor del máximo responsable de la Fiscalía.

Ribón respondió a todas las preguntas del abogado del Estado asegurando que las acciones legales del ICAM solo se debieron a la nota de prensa del Ministerio Público que desmintió la información de El Mundo en cuya elaboración habían participado González Amador y MÁR como fuentes y que no sabía nada del resto de filtraciones sobre las conversaciones de conformidad. "Nos centramos en la nota de prensa", dijo Ribón. "No sigo cada día el recorrido del caso", añadió cuando le preguntaron por la filtración de Amador. Y agregó: "Fue la nota de prensa lo que causó inquietud". "¿El ICAM ha interpuesto acciones para buscar al autor de esa filtración? ¿Valora hacerlo?", preguntó Ocio refiriéndose a la del novio de Ayuso. "Solo se actúa sobre la nota de prensa", "nosotros damos relevancia a la nota de prensa", fueron las respuestas.

El problema es que la nota de prensa está fuera del proceso. La Sala, en su auto de admisión del 15 de octubre de 2024, ya estableció que no era delictiva porque no revelaba nada que previamente no se hubiera publicado en los medios. El objeto del proceso quedó reducido a la filtración del correo enviado por Neira, el abogado de González Amador, al fiscal de su caso, Julián Salto, en el que el primero reconocía que "ciertamente" su patrocinado había cometido dos delitos fiscales, enviado el 2 de febrero de 2024. El tribunal colocó esa fuga de información en la noche del 13 de marzo de 2024 y señaló al fiscal general sin que, tras más de un año de instrucción y juicio se haya encontrado una sola prueba de que así fuera. Así pues, la nota de prensa a la que, una respuesta tras otra, aludía Ribón, no está en el caso. El fiscal general, además, ha asegurado desde el primer momento que esa nota se elaboró porque él lo ordenó.

El ICAM no tiene ningún interés en indagar en la única filtración que, al cabo de 13 meses, ha quedado acreditada. Además, se centra una y otra vez en el comunicado oficial de desmentido que, sin embargo, los magistrados han dejado fuera de la acusación. Esa incoherencia procesal la explotó la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, al preguntar a Ribón. "¿Cuando el tribunal consideró no punible la nota de prensa no se replantearon su acusación?", le lanzó. El decano le respondió con una disertación sobre "el carácter evolutivo del proceso penal". Después la número dos de la Fiscalía insistió: "¿No se han planteado desistir de la acción penal?".

Es la asociación que pide penas más altas para el fiscal general del Estado. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), un colectivo conservador y muy minoritario en la carrera, ha ejercido una de las acusaciones populares contra Álvaro García Ortiz, para el que ha solicitado hasta seis años de cárcel. Su representación la ha dirigido Juan Antonio Frago, un exmiembro del Ministerio Público en excedencia que fue expulsado de ese cuerpo en 2013, cuando el conservador Eduardo Torres-Dulce era su máximo responsable. La sanción se debió a la desobediencia a sus superiores y varias faltas de respeto. Sin embargo, la Audiencia Nacional la declaró nula y fue readmitido. También como abogado acaba de ser sancionado –como ha adelantado eldiario.es– por atacar verbalmente a un investigado en X, la antigua Twitter.

Durante el proceso abierto contra García Ortiz en el Supremo en octubre de 2024, que ha terminado con su juicio celebrado estas últimas dos semanas, APIF, de la mano de Frago, ha solicitado algunas de las diligencias más absurdas y extravagantes. En ocasiones ha demostrado una palpable falta de información sobre el papel de los testigos que han comparecido acusándoles de acciones supuestamente sospechosas que en realidad estaban plenamente justificadas y a las que los magistrados no han prestado la mínima atención. Durante el juicio, ha planteado al tribunal alegaciones sorprendentes, como la comparación del caso del fiscal general con el de José Bretón o una violación múltiple.

APIF, a través de Frago, fue quien, durante la instrucción del caso, tras el insólito registro del despacho del fiscal general, solicitó al magistrado instructor, Ángel Hurtado, que ordenara a la Fiscalía General del Estado guardar las imágenes del día en que se clonaron todos los ordenadores y dispositivos del fiscal general. Lo hizo después de que el presidente de la asociación, el fiscal ya retirado Salvador Viada –que en los últimos meses no ha cesado de descalificar públicamente a García Ortiz siempre que ha podido– asegurara que había visto al fiscal general manipular su teléfono durante el registro de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su despacho, junto con su número dos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde. APIF acusó a ambos de alterar "una prueba crucial". Hurtado, tan reticente a practicar las diligencias solicitadas por la Fiscalía y la defensa, ordenó sin dilación conservar lo que se grabó por las cámaras de circuito cerrado.

La diligencia ordenada por Hurtado presentó varios problemas. En primer lugar, porque demostró que ni Frago ni el propio instructor se habían leído el acta de registro, en la que se consignaba que, en el momento en que se había producido esa supuesta manipulación del celular, los agentes ya se lo habían dado de vuelta después de clonarlo. La UCO quiso, además, hacer constar en esa acta, la absoluta cooperación con los guardias que había ofrecido en todo momento el máximo responsable de la Fiscalía. La supuesta manipulación, además, se había producido delante de todos, en el patio interior de la Fiscalía, un lugar de tránsito continuo de personal de la casa, pero en el que no hay cámaras. Pese a esos dos hechos notorios, el instructor Hurtado llamó a declarar como testigo a Viada que, de la alarma inicial, pasó a asegurar que el episodio "no tenía ninguna importancia".

Ya durante el juicio, a lo largo del breve interrogatorio de la número tres de la Fiscalía, la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite, Frago acusó a la testigo de haber cambiado de teléfono tras el registro del despacho del fiscal general y el de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Sanz Gaite lo negó rotundamente. "Yo no he cambiado de teléfono nunca. Llevo más de 25 años con el mismo número", respondió la testigo. "Pero mi teléfono tiene dos tarjetas. Durante un viaje al extranjero cambié el número asociado a WhatsApp, al número que me garantiza datos fuera del país. Cuando lo hago, a todos mis contactos les llega una notificación que dice que he cambiado de número. Pero cuando vuelvo de viaje vuelvo al número de siempre", añadió.

El infundio, Frago lo había sacado del medio digital The Objective que, el pasado 10 de septiembre, publicó un texto titulado La fiscal que decidirá sobre García Ortiz cambió de móvil tras el registro del despacho de su jefe. En ella se mostraba un pantallazo del WhatsApp con la notificación de Sanz Gaite había cambiado de teléfono el 1 de noviembre. Fuentes fiscales señalan que en ese momento estaba de viaje en América Latina. Era un bulo.

Durante su alegato final ante la Sala, este jueves, Frago defendió que los magistrados podrían perfectamente condenar a García Ortiz pese a que no se haya encontrado ninguna prueba en sus dispositivos de que hubiera sido él el autor de la filtración de la que se le acusa. Lo hizo comparando el caso del fiscal general, con el de José Bretón, juzgado y condenado por asesinar a sus hijos de seis y dos años en el crimen que hizo saltar todas las alarmas sobre la violencia vicaria en España. "Los cuerpos [de los niños] nunca se encontraron", dijo Frago en estrados. "Pero se ha dado por probado que dicho borrado de la prueba, que es la eliminación, desgraciadamente, física de los niños, ha sido así", añadió entre las miradas de sorpresa del público.

Después hizo otro parangón muy polémico con una violación en manada. "Cuando existe una violación múltiple a nadie se le ocurre decir que el segundo o tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción", señaló. Lo que pretendía es desmontar la propia doctrina del Tribunal Supremo sobre la revelación de secretos, que establece que, cuando lo que se revela ha sido previamente publicado, ya no es secreto. La defensa del fiscal general defiende, apoyándose en esa doctrina, que con la nota de prensa que desmintió el bulo difundido por el entorno de Ayuso, no se revelaba nada que no estuviera antes en los medios de comunicación.

"Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás", así se refería Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid a los migrantes. Unas palabras clasistas con las que respondía a Vox que le había acusado de fomentar la inmigración en la región.

La indignación ha copado X y Bluesky. "Las migrantes tienen derecho a venir a España NO porque necesitemos gente que limpie los baños a tu casera (argumento PP) o nos paguen las pensiones (argumento PSOE), sino porque son seres humanos y tienen derecho a moverse por el mundo y a tener una vida que merezca ser vivida", defiende @olympeabogados, "Ayuso ha intentado tener sensibilidad con los inmigrantes, a mí la primera tortilla de patata tampoco me salió perfecta", ironiza @donmitxel-oficial.bsky.social‬, "No habla de inmigrantes, habla de esclavos", critica @SpanishRefugee2.

La presentación del libro de Luis Rubiales vino con sorpresa. Su tío apareció en la cita cargado con huevos para lanzárselos, al grito de "sinvergüenza", al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante el acto. La forma de esquivar los lanzamientos y lo sucedido en sí, ha sido el perfecto caldo de cultivo para las bromas y los memes de los usuarios. ¡No tienen desperdicio! "Escuchado ahora mismo en la redacción: "El tío de Rubiales tiene que tener pasta porque, tal y como están los huevos, por las nubes, tirarlos así", bromea Helena Resano 😂😂

Hemos sido testigos de la segunda semana del juicio al fiscal general. En esta ocasión el plato fuerte era la declaración del propio Álvaro García Ortiz y la de los agentes de la UCO. Las redes se han hecho eco de las jornadas y a golpe de meme han analizado las declaraciones y sus consecuencias. "El mail lo filtró el fiscal con ayuda de Venezuela, ETA, los comunistas, Perro Sanxe y David Broncano", se mofa @BenderOfuscado ilustrando el post con una foto de Feijóo contando con los dedos.

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