TRIBUNAL DE CUENTAS

La CEOE pagó parte del sueldo de dos directivos con cargo a las subvenciones de la formación

El mundo tal como le gustaría a la CEOE: jubilación a los 70, despido gratis, 'minijobs', sin funcionarios ni EPA

El informe del Tribunal de Cuentas sobre los cursos de formación para ocupados ha levantado ampollas en la patronal y los sindicatos, las entidades que reciben y gestionan las subvenciones públicas para financiarlos. La nota de prensa que emitió el órgano fiscalizador desvelaba el “desvío a empresas especializadas” de la gestión de los fondos de formación “concedidos por el Estado a las organizaciones empresariales y sindicales”. El informe no habla en ninguna de sus 247 páginas de “desvío”, aunque sí hace una prolija descripción de deficiencias e irregularidades en la convocatoria de subvenciones de 2010. La CEOE no ha dudado en defender la “legalidad” de su gestión advirtiendo de acciones judiciales, mientras UGT, CCOO y la Fundación Laboral de la Construcción tachan de “tendencioso” el informe”.

El Ministerio de Empleo, por su parte, niega que del informe del Tribunal de Cuentas se pueda deducir un “fraude extendido”, aunque sí múltiples deficiencias. Anomalías que, aseguran fuentes del departamento, se han corregido desde 2012, con el Gobierno del PP.

Tanto las patronales CEOE y Cepyme como los sindicatos coinciden en replicar que las irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas no son tales, sino que, en realidad, se trata de prácticas acordes con la ley tal y como estaba vigente en 2010. Así ocurre con la subcontratación de los cursos, que el informe considera “excesiva” e “injustificada”, de forma que sindicatos y patronal se han convertido en “meros intermediarios” del sistema. La norma, destacan, permitía entonces la subcontratación, total o parcial, de los cursos. También permitía contratar sin solicitar previamente tres presupuestos, si se justificaba que se había elegido un proveedor según “criterios de eficacia y economía” o si en el mercado no existía un número suficiente de entidades que suministraran el servicio requerido. Esta excepción ha desaparecido ya de la última convocatoria de subvenciones, del pasado mes de agosto.

Lo mismo aducen patronal y sindicatos sobre la queja recurrente, a lo largo de todo el informe, de que las organizaciones carecen de medios internos de control para verificar que las horas de formación declaradas han sido realmente impartidas. En 2010 la ley no exigía partes de trabajo diarios para justificarlas; bastaba con una certificación, indican.

El 34% del sueldo bruto

Pero el informe también detalla otro tipo de actuaciones que considera contrarios a los principios de transparencia y concurrencia, que producen un “menoscabo al erario público” o sobre los que el Tribunal de Cuentas lanza la sombra de la sospecha.

La CEOE recibió 9,8 millones de euros en 2010 para el plan de formación intersectorial. Según el Tribunal de Cuentas, la patronal pagó de ese dinero a 38 de sus trabajadores por las “labores de apoyo” al plan que éstos realizaron. Esos gastos se consideran “costes asociados”. Entre estos empleados se encuentran dos directivos, a los que pagaron 90.985 euros y 49.812 euros con cargo a la subvención, respectivamente. En el primer caso, esa cantidad suponía el 34,5% del coste de ese directivo para la CEOE. En el segundo, el 20,8%. Es decir, sus sueldos brutos triplican y quintuplican esas cifras.

El informe asegura que una mera certificación salarial no basta para justificar el gasto, porque no permite conocer las tareas desarrolladas por esos dos directivos en el plan de formación. Tampoco es posible saber, por falta de “medios internos –partes de control, aplicación informática, etcétera–”, si las horas que declaran ambos haber dedicado a esas tareas son las que realmente hicieron.

Como en la patronal madrileña

El caso repite lo ocurrido en la patronal madrileña, CEIM, y que fue revelado por la Cámara de Cuentas autonómica el pasado marzo. Este órgano aseguraba que en 2009 se habían “financiado con fondos públicos el 35% de los costes salariales del secretario general, el 54% en el caso de la directora del departamento de Asuntos Laborales, el 50% de los costes en el caso del director financiero, de la directora de Asuntos Económicos y del director de Comunicación, y en el 90% de la directora de Formación”. Todos ellos cobraban más de 100.000 euros anuales.

Tanto el presidente de CEIM, Arturo Fernández, entonces como la CEOE ahora defienden la legalidad de esta práctica. El representante de la patronal en la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo –encargada de gestionar estos fondos–, Manuel San Juan, explica que las labores de coordinación y seguimiento de los cursos no se pueden subcontratar, tiene que realizarlas el personal de la propia CEOE y se imputan al plan como gastos asociados. “La propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas se pronunció en el caso de CEIM y dictaminó que no es irregular. “La hora de un directivo es superior a la de una secretaria, y esa cantidad es la que se ha facturado por las horas que ha dedicado a gestionar el plan de formación”, aclara.

¿Derivación de responsabilidad o doble garantía de cobro?

El informe reprocha también a CEOE y a Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que haga firmar a las empresas con las que subcontrata los cursos unas “cláusulas de indemnidad” que liberan a la patronal de “cualquier responsabilidad que pudiera derivarse” de la realización de las acciones formativas. Según el Tribunal de Cuentas, la responsable de la ejecución del plan es la patronal y no puede derivarla a las empresas contratadas.

“No sé por qué critican esa cláusula, cuando es una doble garantía de cobro para la Administración”, contesta Manuel San Juan, “porque obliga a la empresa a indemnizar a la CEOE por lo que ésta haya tenido que pagar por culpa suya [intereses, apremio o incluso sanciones]”.

El Tribunal de Cuentas tampoco ve con buenos ojos el alto número de trabajadores de la propia CEOE –y de Cepyme y los sindicatos– que asisten a los cursos de formación subvencionada. Considera que este tipo de formación debería financiarse con cargo al sistema de bonificaciones; es decir, deberían cofinanciarla las patronales. También resalta que un total de 1.095 alumnos participaron tanto en cursos de la CEOE como de Cepyme. “El informe insinúa que apuntamos a los alumnos para rellenar”, se queja Manuel San Juan. Él lo niega. Y explica que participar en esos cursos es voluntad del trabajador. “Yo no puedo discriminar a unos alumnos frente a otros”, añade.

El representante de la CEOE en la Fundación Tripartita, donde se sientan tanto la Administración como la patronal y los sindicatos, es muy crítico con el informe del Tribunal de Cuentas. Habla incluso de “mala fe” en muchas de sus conclusiones. “Coincide con la reforma por decreto del sistema de formación que el Gobierno quiere hacer” la reforma, protesta. San Juan advierte de que “el diseño del sistema de formación no lo puede hacer el Tribunal de Cuentas o un interventor”. Y ahora se pretende reformar “desde el prejuicio contra el fraude”, apunta, de forma que la necesidad de “control” está condicionando el diseño del sistema. El problema, a su juicio, es que en lugar de poner en marcha un control “real”, con visitas a los cursos y un régimen de sanciones, se quiere implantar un “sistema rígido, asfixiante, muy burocrático, llenos de requisitos y limitaciones, que convierten la solicitud de una subvención en una auténtica carrera de obstáculos”.

Un 25% menos de cursos este año

Así que el representante de la patronal no duda en calificar de “desastrosa” la última convocatoria de ayudas, a la que se han presentado un 30% menos de solicitantes. Y entre las que menos, las empresas de formación, precisamente las que en principio debían verse beneficiadas por el fin del oligopolio que mantenían hasta ahora los sindicatos y la patronal en este ámbito. Entre las organizaciones que han desistido este año San Juan cita a Unesa, la patronal de las eléctricas.

Además, este año la convocatoria ha añadido una nueva limitación: el Estado sólo adelantará el 50% de la subvención, el 25% lo pagará al concluir el curso y el 25% restante una vez justificada la ayuda. “De modo que ahora tienes que financiar tú el curso y acudir al banco para que te dé ese último 25%”, lamenta Manuel San Juan. “Es decir, pierdes dinero”. El representante de la CEOE vaticina que las organizaciones van a renunciar a ese 25% y, por tanto, se van a hacer un 25% menos de cursos que el año pasado. Lo que, concluye, redundará a su vez en un ahorro de ese importe para la Administración. San Juan cree que esos recursos se destinarán a políticas activas de empleo: el dinero previsto para formar a ocupados pasará a formar desempleados.

Para San Juan, se trata de una política equivocada. “Lo inteligente es emplear el dinero lo más estratégicamente posible”, concentrando los recursos en las acciones informativas que demandan las empresas. Así, estás ganarán en competitividad y podrán crear nuevos puestos de trabajo.

Cepyme extravía documentos

Cepyme recibió en 2010 un total de 9,9 millones de euros en subvenciones para la formación. El Tribunal de Cuentas le reprocha que haya imputado a cargo de las subvenciones públicas los 1,34 millones de euros que facturó a una entidad de la CEOE sin que mediara contrato alguno. O que fuera incapaz de localizar el contrato que firmó con una empresa informática por 401.400 euros.

Curiosamente, ambas patronales comparten los motivos con los que justifican ante el órgano fiscalizador la inexistencia de estos y otros documentos que no pueden aportar. Dicen que los responsables del plan ya no trabajan para la CEOE, o que los archivos físicos han sido trasladados, o que la documentación ha sido “extraviada accidental o indebidamente destruida”.

Cepyme también comparte con CEOE la citada cláusula de indemnidad. Y los reproches sobre la falta de detalle de las tareas de apoyo que, en su caso, realizaron 10 de sus trabajadores cuyos sueldos fueron imputados al plan. También se facturaron con cargo a las subvenciones los trabajos de dos técnicos de Cepyme que no figuraban en la relación personal de la solicitud que había presentado. Y los gastos de ITV, gasolina, seguro, lavado, reparación y multas de tráfico de dos vehículos utilizados por trabajadores de esta patronal.

Entre las recomendaciones de su informe, el Tribunal de Cuentas pide a la Fundación Tripartita y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que aumente sus controles sobre las subvenciones. También que revise todas las partidas y facturas en las que sus auditores han descubierto irregularidades. Entonces el SEPE podrá pedir a sindicatos y personal el reintegro de las cantidades indebidamente cargadas a cuenta del erario público. Sin embargo, Manuel San Juan no cree que esa revisión se vaya a traducir en devoluciones de importancia. En caso contrario, la CEOE volverá a acudir a los tribunales, donde acaban de darle la razón en un pleito contra una inspección de sus cursos, advierte.

Cepyme no ha contestado a la petición de infoLibre para que replicara a las acusaciones del informe de Tribunal de Cuentas.

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