El vacío de la Ley de Memoria Histórica: "ni plazos ni sanciones" para obligar a su cumplimiento

Juan Antonio Benito de Dios era alcalde de Pajares de la Laguna, un pequeño municipio de 112 habitantes de la provincia de Salamanca. Este martes, el conservador presentó su dimisión como regidor municipal, pero antes ya lo había hecho de su puesto de delegado electo de la Junta de Personal Docente No Universitaria de Salamanca por el sindicato ANPE. Ahora, solo conserva su puesto de director en el Colegio Público San Mateo, también en la provincia. El motivo de su renuncia se remonta al mes de diciembre, cuando envió una carta al Senado calificando la Ley de Memoria Histórica de "aberrante, infame, e impuesta por José Luis Rodríguez el Rojo, un indigente mental". La Cámara, presidida por Pío García Escudero –un "mamporrero", a juicio de Benito de Dios–, había tramitado una petición de Compromís en la que el grupo solicitaba la retirada de las calles con nomenclatura franquista en cumplimiento de la normativa aprobada por el Gobierno del PSOE en el año 2007.

"Si alguno de los términos empleados en la carta ha ofendido a alguien, lo retiro y pido disculpas. En ningún momento ha sido mi intención ofender", se disculpó el pasado jueves. Pero ni en su partido, el PP, se las aceptaron. Para ellos, las del ya exalcalde fueron unas declaraciones "incompatibles con el respeto que merece una alta institución del Estado como es el Senado". Mucho peor sentaron sus palabras en Compromís, que ya anunció que presentará tres denuncias: una, por "desobediencia a la autoridad al negarse a aportar una documentación oficialmente requerida por el Senado"; otra por "incumplir flagrantemente y a conciencia la Ley de Memoria Histórica"; y una tercera por "injurias y calumnias" contra el senador y portavoz del grupo en la Cámara Alta, Carles Mulet, a quien tachó de "proterrorista, maleante, delincuente o matón". 

Benito de Dios no es el único alcalde de un municipio español que se ha negado a retirar la simbología franquista de las calles. Por el contrario, este caso tan sólo se suma a la larga lista de Ayuntamientos que, a través de una negativa directa o de la ausencia de respuesta al requerimiento de retirada, incumplen la Ley 52/2007 del 26 de Diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica. Sin ir más lejos, este mismo martes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid obligó al Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz a elaborar un catálogo de toda la simbología franquista que aún permanece en sus espacios públicos y proceder a su retirada. Y el pasado mes de enero, el consistorio de Boadilla del Monte anunció que cambiaría la calle de José Antonio por el nombre de Juan Carlos I, después de haber enviado una carta a los vecinos pidiendo disculpas por los "trastornos" de tener que acatar la ley ante la posibilidad de medidas como "la retirada de subvenciones o ayudas públicas". 

Pero, además de estas posibles medidas sancionadoras, ¿qué ocurre con los alcaldes de aquellos Ayuntamientos que se niegan a realizar estos cambios o los alargan sine díe? "La ley no tiene ni plazos ni sanciones, así que su incumplimiento les sale gratis", explica a infoLibre Eduardo Ranz, abogado que, desde el año 2012, lucha en los tribunales para eliminar cualquier vestigio franquista de las calles españolas. 

De la vía contencioso-administrativa a la vía penal

Esta ausencia de plazos y sanciones complica el cumplimiento de la normativa. De esta manera, los plazos sólo se pueden establecer cuando ya existe una sentencia firme. "Primero se inicia un proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento en cuestión", explica Ranz, "procedimiento que debe ser admitido a trámite y, después, debemos ganar". En ese punto, y una vez finalizado el plazo de recurso de la sentencia, el juzgado decreta una fecha límite para su cumplimiento, es decir, para la retirada de la simbología franquista. 

Al finalizar este plazo, si el consistorio no cumple, "se puede iniciar otro procedimiento en vía penal contra el alcalde o la alcaldesa del Ayuntamiento", continúa Ranz. "En ese momento, la responsabilidad ya pasa a ser personal" mientras continúe en el cargo y, además, hay que vincular la responsabilidad del alcalde con el incumplimiento del mandato judicial. 

¿De qué delitos se le podría acusar entonces al alcalde o a la alcaldesa? "Del delito de desobediencia", responde Ranz. Así, estas personas podrían enfrentarse, según el artículo 510 del Código Penal, a penas de tres a 12 meses de inhabilitación y, según el artículo 556.1 del Código Penal, a prisión de tres a 12 meses. No obstante, como puntualiza Ranz, "es muy difícil que se llegue a la vía penal".

En este punto se encuentra el abad del Valle de los Caídos que, como informó este pasado miércoles la Cadena Ser, deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Senado el próximo 12 de marzo a petición del PSOE después de que se negara a cumplir una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). El juez autorizó la exhumación por la vía civil de los restos mortales de dos hermanos fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados al Valle de los Caídos sin permiso de sus familiares. "Hay 13 denuncias contra el abad, pero son a título particular", informa Ranz. 

"Si cumpliéramos la normativa, si nos regalásemos ese ejercicio de democracia, España sería un país mucho mejor", lamenta. 

"Se desconoce a qué José Antonio se dedica la calle"

Contra esta situación, y en la búsqueda del establecimiento de sanciones para las personas responsables de Ayuntamientos que se nieguen a acatar estas sentencias judiciales, Compromís presentó una proposición de ley para el Reconocimiento a las Víctimas del Franquismo. El objetivo, "recuperar la memoria histórica, reconocer a las víctimas, la defensa de la democracia y acabar con la impunidad de los crímenes franquistas". El pasado 13 de diciembre, con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos y el PSOE, fue rechazada por el Senado. 

Esta ha sido una de las iniciativas en favor del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica llevadas a cabo por Compromís. El pasado mes de julio, su portavoz en la Cámara Alta, Carles Mulet, informó de que el Senado estaba "tramitando un aluvión de solicitudes de documentación" a sus instancias. "Están llegando a centenares de ayuntamientos de toda la geografía del Estado español requerimientos de copias de expedientes y acuerdos municipales para corregir la existencia física o virtual de símbolos franquistas en estos municipios", aclaró entonces. 

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"Hemos conseguido que más de un centenar de municipios retiren la simbología franquista", indica Mulet en conversación con este diario. Sin embargo, hay otras muchas localidades españolas que, o con una negativa inicial o estirando el proceso lo máximo posible, no acatan la Ley de Memoria. Y algunos lo hacen "con respuestas de lo más absurdas", según el senador. 

Era médico en el municipio, fue el gasolinero del barrio, es un homenaje a Ortega Lara, no existe constancia de ninguna calle dedicada a Primo de Rivera, se desconoce a qué José Antonio se refiere, etc. Estas son algunas de las justificaciones de algunos consistorios ante los requerimientos de Compromís de retirar calles y plazas que llevan por nombre José Antonio –"a secas", como se justificó el Ayuntamiento de Rionegro del Puente, en Zamora–. 

La mayoría de estos ayuntamientos, con el PP al frente, confirman la tesis a la que apuntó Ranz en una entrevista en infoLibre: la Ley de Memoria Histórica se encuentra "derogada de facto" desde la llegada del PP al Gobierno. En aquel momento, el cierre de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura fue inmediato, y todas las líneas de financiación se suspendieron. Y quizá, con estos obstáculos a su cumplimiento, se hace efectiva la frase que, con extrañeza, pronunció el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, antes de la aprobación de la normativa por el Gobierno socialista: "¿A quién le importa eso de la memoria histórica?"