Ahora que de casi todo se cumplen cincuenta años —disculpas a Gil de Biedma—, hay algunos hitos democráticos que tienen aún más solera. Por ejemplo, uno de los himnos libertarios con mejor poesía y mayor eco fue aquel A cántaros, de Pablo Guerrero, que apareció en 1972 despistando a la censura y calando en los corazones de miles de jóvenes ilusionados con un inminente fin de la dictadura.

Lo he recordado estos días en los que he tenido la oportunidad de salir de la burbuja de la M-30 madrileña para desintoxicar las neuronas de tanta furia y tanto ruido. De Gran Canaria a Valencia, se percibe un silencioso clamor que recorre las venas de la ciudadanía, harta en su mayoría —creo y confío— de ese odio que siembran terminales mediáticas de las derechas y sus dirigentes políticos, pero también esos jueces que comparan a Sánchez con Fernando VII o esos obispos que definen al Gobierno como “una banda de ladrones” (ver aquí).

Es una escena que se repite: te paran en la estación o el aeropuerto, en cualquier cafetería o plaza municipal y te plantean: ¿pero cuándo va a acabar este griterío? ¿Es que no se puede discutir sin insultar? ¿Vamos a permitir que llegue Vox al Gobierno? ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? ¿Es que no vamos a acabar nunca con la corrupción?

Evidentemente, uno no tiene respuestas claras y sí muchísimas dudas, pero si pegamos el oído al asfalto escucharemos la insistente reclamación de no sé exactamente cuántos y cuántas votantes progresistas, tan desanimados y decepcionados como deseosos de encontrar nombres, propuestas y motivos para votar con una renovada esperanza que no puede basarse exclusivamente en el miedo a un neofascismo que no es que pueda venir, sino que ya está aquí, ocupando poder en comunidades autónomas y asimilado por el PP de Feijóo como compañero imprescindible para llegar a la Moncloa en 2027. Los pactos PP-Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía ponen nombre al próximo vicepresidente del Gobierno central si los números cuadran: Santiago Abascal.

El martillo pilón de jueces concretos y altas instancias de la judicatura no va a parar, y es obvio que su interferencia en la política hace ya tiempo que descosió las costuras de la separación de poderes sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya movido una ceja; ni la moverá.

Da igual que se condene sin pruebas o que un instructor sustituto se permita decidir si la pareja del presidente del Gobierno pinta o no pinta en una cumbre de la OTAN. Son tantos los límites ya desbordados que cuesta creer que no haya magistrados dispuestos a sentar en el banquillo más pronto que tarde a ese Pedro Sánchez al que aborrecen desde la ley de amnistía y más acá.

De modo que un votante de izquierdas hoy en España no tiene otra que blindarse ante el azote mediático, político y judicial que le bombardea a todas horas, no tanto con el objetivo de hacerle cambiar de bloque —las encuestas indican que eso prácticamente no ocurre— como de llevarle al desánimo, la sospecha y la abstención. A ello, obviamente, contribuyen los escándalos protagonizados por nombres relevantes —otros no tanto— del Partido Socialista.

Así que sí, este otoño tiene que llover a cántaros en el territorio sociológico progresista si las izquierdas aspiran a rearmar un Gobierno de coalición capaz de poner en práctica lo que más temen los poderes cómplices de estas derechas ultramontanas: políticas reguladoras que pongan freno a una voracidad capitalista que desbarata los equilibrios de un supuesto libre mercado y convierte a los ciudadanos en meros consumidores, sin apenas voz y con el voto de su tarjeta de crédito.

Llover a cántaros significa que este otoño Sánchez está obligado a presentar con rigor, claridad y credibilidad unos Presupuestos que todo el mundo sabe que no se van a aprobar, pero que tienen que poner negro sobre blanco una hoja de ruta que mantenga a España en la senda de progreso alcanzada en las dos últimas legislaturas en el plano económico.

Por más que se grite, y asumiendo que vivamos en un fin de etapa, comparen los datos clave macroeconómicos de los años finales del felipismo, de Zapatero o de Rajoy —el final de Aznar chocó consigo mismo y sus mentiras sobre la guerra de Irak y los atentados del 11-M— con la realidad de hoy.

Comprueben los niveles de inflación, los tipos de interés, el desempleo, la deuda, el déficit o —para qué hablar— la famosa prima de riesgo. Por algo PP y Vox no quieren mencionar la economía o el empleo, y cuando Feijóo abre la boca, sube el pan, como ha ocurrido esta semana con el absentismo laboral y las bajas por enfermedad.

Una empanada mental y un nivel de incompetencia cuya única conclusión clara es que, si llega al poder, está dispuesto a aplicar por decreto el ‘programa’ de la patronal: reducir salarios, cotizaciones, pensiones… motosierra hasta quemarla. Poco importa que la OCDE advierta que una de las debilidades de nuestra economía es precisamente el insuficiente crecimiento de los salarios (ver aquí).

Esa gestión rigurosa en lo económico que firma el Gobierno de coalición y que es la envidia de Occidente tiene lagunas, la más enorme, sin duda, la de la vivienda. Ya sabemos que es complejo y que cualquier medida choca con el boicot de las comunidades gobernadas por las derechas, pero es imprescindible un plan más ambicioso tanto en la eficacia como en la habilidad para superar ese bloqueo.

Y tiene que llover a cántaros, un enorme aguacero, a la izquierda del PSOE, donde conviene que todo el mundo repase la letra de Pablo Guerrero (ver aquí), porque “la siesta se acaba” y porque “una lluvia fuerte… limpiará nuestra casa”.

No les queda otra y no tienen margen —si es que aún lo hay— más allá del otoño. Ya están tardando las formaciones que componían el llamado Espacio Sumar en ponerse de acuerdo en un liderazgo creíble, potente y atractivo, que seguramente tendrá que provenir incluso de fuera del propio espacio, para ser ajeno a cualquier contaminación de las disputas previas, de las cuentas pendientes y, por supuesto, de las profundas incompatibilidades declaradas sin disimulo entre quienes un día fueron compañeros y compañeras, unidas en el espíritu del 15-M.

Cito como premisa obligada ese liderazgo sólido y creíble porque nadie que no viva enfermo de sectarismo en el electorado de izquierdas ve complicado un programa electoral común que recoja los anhelos de entre un millón y millón y medio de votantes que no confían en el PSOE para avanzar sin una fuerza potente que tire de él con la zurda y que hoy se inclinan por la abstención.

Leyendo, viajando y escuchando fuera de Madrid —desde una visión progresista de este país y del mundo—, uno concluye que ese liderazgo ha de creer en un Estado plurinacional, en un federalismo profundo y moderno, en una fiscalidad justa y progresiva que contribuya a la solidez del Estado del bienestar, en un Gobierno regulador de los excesos del capitalismo, en reformas de la justicia valientes que equilibren ese sesgo clamorosamente conservador, en una apuesta por la vivienda pública y por controlar la especulación salvaje en el mercado de la vivienda, y en una legislación que ponga límites al uso de la inteligencia artificial para el mal.

Nombres hay para ese liderazgo, y basta fijarse en la contundencia con la que algunas voces de la propia izquierda los machacan sin que hayan abierto aún la boca ni se hayan postulado siquiera para encabezar el reto. Esa tradición ‘vivípara’ y cainita que tanto desgasta…

Pero “hay que doler de la vida hasta creer”. Tiene que llover a cántaros.

Resulta cansina e inútil la discusión permanente sobre si en este país existe lawfare (“persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política”, según la triple definición de Fundéu). Llámenlo como quieran, pero quien a estas alturas no vea actuaciones judiciales concretas cuyo origen y efectos son netamente políticos está mucho más ciego que la dama supuestamente invidente. No me refiero únicamente a sentencias y autos concretos (ya numerosos) que no resisten un análisis académico. ¿Qué dice usted, si no es jurista? Pues digo lo que me dicta la consulta permanente con juristas de contrastada solvencia y también lo que responde a la lógica, al sentido común, a la ecuanimidad… Para ser justa, la administración de justicia tiene la obligación de aparentar imparcialidad y, si es posible, ejercerla. Para ser creíble, debe ser comprensible. Todo esto no es un desiderátum sino un simple recordatorio de las obligaciones que cualquier juez tiene el deber de cumplir como servidor público –sí, público, que demasiado a menudo se olvida–.

Me atrevo a señalar que desde la judicialización del procés catalán en 2017 –desde el alucinógeno escrito de imputación del difunto fiscal Maza– no hemos parado de conocer autos “creativos” de todo tipo, que han condicionado, marcado y frustrado iniciativas políticas y legislativas –parezcan bien o mal– perfectamente legítimas. A la vista de la agenda judicial y policial de los últimos ocho años, hay mañanas que uno se pregunta desde dónde se gobierna realmente en España: ¿desde la Moncloa o desde el Supremo? ¿Desde la Carrera de San Jerónimo o desde la Audiencia Nacional? ¿Quién ejerce un mayor poder real: el ministro del Interior o el jefe de la UCO?

Para no irnos demasiado lejos, basta con observar el rosario de iniciativas judiciales y policiales que se han concentrado exactamente en el calendario del juicio oral de la Kitchen, esa cocina industrial de la corrupción de Estado que dedicó a la cúpula del ministerio del Interior y a más de setenta agentes a espiar al tesorero del PP y a tapar las pruebas que pudieran salpicar a la dirección del partido y al Gobierno de Rajoy en un sistema de corrupción sostenido en el tiempo y que incluía desde financiación irregular a sobresueldos en efectivo o uso de dinero negro para reformar la mismísima sede de la formación política.

Es fundamental en estos tiempos políticos veloces y gaseosos manejar los “focos de atención”. De qué y de quién hablamos. Y llevamos meses hablando muchísimo más de Begoña Gómez, de David Sánchez, de Ábalos, Koldo, Cerdán o Leire Díez que de un tal Fernández Díaz, que no es casi nadie, oiga, todo un exministro del Interior y su cúpula policial. Este mismo viernes se leen titulares que recogen que el juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil por “intimidación institucional” a la UCO. Mercedes González está acusada de prevaricación y de obstrucción a la justicia por haberse reunido dos veces con la ínclita Leire Díez, que al parecer pretendía –presuntamente reportando sus acciones a Santos Cerdán– presionar a jueces, fiscales y agentes para que no investigaran nada que afectara al Gobierno o al partido socialista. Se acusa a Mercedes González de generar un “efecto desaliento” en el trabajo de los investigadores. Yo no tengo datos suficientes para confirmar o desmentir tal cosa. Lo que sí conozco bien –como cualquiera que se moleste en leer, escuchar y recordar– es lo que tuvieron que sufrir jueces como Pablo Ruz o Baltasar Garzón o inspectores como Manuel Morocho, presionados, apartados, perseguidos… “desalentados” de verdad.

Pero lo cierto es que el foco de atención ya está de nuevo puesto donde se precisa para seguir desangrando al Gobierno de coalición. ¿Tuvo algún efecto o consecuencia concreta –más allá del supuesto desaliento– el siniestro trabajo de esa fontanera que tan pronto se sentaba con un fiscal como con un periodista de El Confidencial preocupado por lo que Villarejo tuviera grabado sobre él? A la vista de los procesos seguidos contra la mujer y el hermano de Sánchez, la liquidación sin pruebas del fiscal general del Estado, la condena a ¡24 años de cárcel! para Ábalos y de 19 para su ayudante por el caso Mascarillas, el premio millonario para el corruptor de la trama, Víctor Aldama… no parece que esa presunta trama de obstrucción de la justicia haya tenido el menor éxito.

Resulta complicado percibir una apariencia de imparcialidad en el trato que se ha dado al novio de Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez al exonerar a este de cualquier responsabilidad en la filtración de datos de periodistas a los que señaló además como “acosadores” cuando simplemente cumplían su trabajo. Si García Ortiz borraba los datos de su móvil siguiendo protocolos de seguridad ligados a su cargo de fiscal general, lo hacía para ocultar pruebas que le implicaran en la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. Pero que este borrara el contenido de su móvil porque alguien había hackeado el de sus abogados es considerado perfectamente lógico y creíble. Sin pudor.

Quiero quedarme en algo muy cercano: la investigación que mis compañeros Álvaro Sánchez Castrillo y Manuel Altozano vienen haciendo sobre el gigantesco sumario del caso Plus Ultra. Todo el foco de atención está puesto en Zapatero y esas “malditas joyas” (en palabras del juez Calama). Veremos si el expresidente puede aportar datos del origen de las mismas y de su valor exacto. No le quito importancia al asunto. ¿Pero por qué no poner también el foco de atención en que todo un juez en ejercicio, Manuel García-Castellón, “Manolo” para sus amigos venezolanos –el mismo, por cierto, que persiguió durante más de dos años a Podemos y sus principales dirigentes sin la menor prueba y basándose en bulos– se ofreciera a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea entonces recién rescatada por el Gobierno, con el objetivo de que Vox dejara de poner trabas a la legalidad del rescate? (ver aquí). ¿Es normal que el hoy ya exjuez ubique su despacho de abogado en la sede oficial de Plus Ultra en Madrid? (ver aquí). ¿Acaso no convendría saber si en algún momento García-Castellón recibió algún emolumento de Plus Ultra por sus gestiones? ¿No resulta curioso el giro que Vox dio en los juzgados sobre la causa Plus Ultra tras las gestiones de García-Castellón y del oscuro empresario mediático Julio Ariza? De “escandaloso” pasó a considerarlo un “pequeño caso” (ver aquí).

Los últimos datos oficiales de la UE reflejan que los españoles sitúan a los jueces a la cola de Europa en independencia, precisamente por la politización de la justicia (ver aquí). El descrédito de la dama ciega no es culpa de quienes critican/criticamos actuaciones, autos y sentencias concretas, sino más bien de esa diáfana apariencia de parcialidad, esa doble vara de medir, ese doble ritmo en el tiempo de instrucción de cada causa o esos clamorosos disparates jurídicos como los que viene cometiendo el juez Peinado en su persecución a Begoña Gómez. Cabe preguntarse por enésima vez a qué se dedica el Consejo General del Poder Judicial y especialmente su comisión deontológica. El llamado Inquisidor sí parece llevar los ojos vendados, porque ni siquiera ve ofensivo que un juez en ejercicio insulte o difame en las redes al presidente del Gobierno.

La democracia es (también) un sistema en el que cualquier juez que quiera hacer política debe presentarse a las elecciones.

P.D. La semana deja otra conclusión netamente política: adiós a la ‘vía andaluza’ del PP, a la ‘rama moderada’ de Moreno Bonilla. El documento firmado con Vox asume la “prioridad nacional” que Moreno calificó en campaña de “ilegal”, “inconstitucional” o “eslogan vacío”. Como recoge el resto de exigencias que Vox ha impuesto en los pactos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El ciclo electoral forzado por Feijóo en diciembre con el objetivo declarado de ensanchar la diferencia con Vox ha concluido con un ganador muy claro: Abascal, que será el próximo vicepresidente del Gobierno si finalmente los números dan para que las derechas extremas lleguen a la Moncloa. (Y darán, si un PSOE abrasado por sus propios errores y unas izquierdas desorientadas y sin liderazgo no terminan de despertar para volcarse en un proyecto ilusionante de país plural, diverso y moderno). Prioridad progresista.

Era esta la semana del duelo Calama-Zapatero, una cita judicial de la que estaban pendientes el Gobierno, el PSOE y más allá, la izquierda y, probablemente, cualquier ciudadano o ciudadana decente, aún noqueados todos ante la posibilidad de que el presidente más íntegro de la historia democrática termine siendo un fraude. Afilados los cuchillos de las derechas, ansiosas por asestar la puntilla a Zapatero y a Pedro Sánchez, sus dos monstruos desde 2018, sobre quienes han depositado inquinas, odios y acusaciones sin cuento, como lo hicieron con Pablo Iglesias y con algunos otros nombres de la izquierda y del independentismo, quizás para instalar una idea que las capas más conservadoras de este país vienen aventando desde principios del siglo anterior y que se resume en una simple declaración de principios: “Este país es nuestro”. ¿A quién se le ocurre pensar que una panda de rojos, nada menos que apoyados por nacionalistas vascos y catalanes, puede gobernar España? La ‘prioridad nacional’ de esas capas es muy anterior a Abascales y trumpismos: el Estado es su cortijo.

Pues bien, ese duelo en la Audiencia Nacional digamos que –al menos de momento– ha quedado en tablas. A juzgar por los audios y filtraciones que hemos conocido (ver aquí), esa cita prevista para dos jornadas y resuelta en tres horas sirvió a Zapatero para proclamar ante el juez su inocencia: “No tuve absolutamente nada que ver con Plus Ultra y su rescate ni hablé con nadie para influir”. “No tengo la menor idea de ninguna sociedad off-shore, ni en Dubái ni en ninguna parte”. Para hacernos una idea de la tensión entre Calama y Zapatero, conviene escuchar al juez espetar, por ejemplo: “Acostúmbrese a que cuando yo hablo, usted guarda silencio”, o preguntarle si durante los meses anteriores al rescate de Plus Ultra se reunió en alguna ocasión con Pedro Sánchez. Para demostrar tráfico de influencias tiene que haber un alto cargo “influido”, y ya que no termina de aparecer ningún responsable de la SEPI al que conectar con Zapatero, el juez dispara mucho más arriba. 

Es obvio que el juez y la Fiscalía Anticorrupción (ni menciono las acusaciones particulares de PP, Vox y la tropa habitual de asociaciones de extrema derecha que ya pedían prisión para el expresidente sin escucharlo siquiera) consideran que Zapatero miente. Que fue clave en el rescate de la aerolínea venezolana y que luego cobró sus gestiones de modo indirecto a través de la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez. En este punto conviene recordar que en el duelo del pasado miércoles, como en los que queden por venir, no es Zapatero quien tiene que demostrar su inocencia, sino el juez instructor quien debe aportar las pruebas que respalden las gravísimas imputaciones que ya aparecían en el auto de imputación contra él. Insisto en que la cita más temida por el Gobierno y la izquierda y ansiada por las derechas quedó en tablas porque no hubo ningún avance probatorio ni respecto al tráfico de influencias ni sobre el blanqueo de capitales ni sobre las “dichosas joyas” (el juez dixit), de las que Zapatero se negó a hablar mientras no pueda aportar detalles sobre su origen, fecha de los regalos recibidos, etc. Es obvio que el expresidente busca elementos que demuestren que no tuvo intención de cometer irregularidad alguna y que, si la hubiere en el plano fiscal, habría prescrito. Descartaría en lo judicial los delitos de fraude a Hacienda y de “contrabando de joyas” (absolutamente inverosímil). Pero también es obvio que la inmoralidad de recibir obsequios de dictaduras árabes no caduca aunque no haya delito o esté prescrito, por mucho que otros expresidentes y decenas de altos cargos disfrutaran esos mismos excesos.

El daño político del caso Plus Ultra está ya hecho, puesto que el proceso judicial contra Zapatero será largo (“acostúmbrese…”); habrá más citas, informes, filtraciones suficientes para anular cualquier posibilidad de que, antes de las próximas elecciones generales (ya sean el próximo verano o en el primer trimestre de 2027, como parece apuntar el calendario impuesto por el PNV si una vez más fracasan los Presupuestos) pueda demostrarse que esta causa nace contaminada en EEUU y aparece inflada en las 85 páginas de imputación plagadas de lagunas y deducciones sin indicios sólidos (ver aquí), más allá de las dudas éticas en relación con la empresa de las hijas o las joyas de su esposa. 

Pero sería un error (y una injusticia) contemplar lo que está ocurriendo con Zapatero sin observar el contexto. La celeridad impuesta a esta investigación desde marzo (cuando llegan los mensajes incautados por una agencia norteamericana ligada al ICE de Trump) sucede mientras el hermano de Sánchez se enfrenta a ¡seis años de cárcel! por un presunto enchufe no demostrado (ver aquí); mientras la mujer de Sánchez se ve encaminaba a un juicio oral extravagante y unas peticiones de ¡24 años de prisión! (ver aquí); mientras de un momento a otro se conocerá la sentencia del caso Mascarillas que afecta a Ábalos, a Koldo y al corruptor Aldama (ver aquí)… y con la losa previa de saber que todo un fiscal general fue expulsado del cargo por una condena sin la menor prueba e incluso con testimonios que aseveraban la falsedad de la acusación. El ponente Marchena pasará a la historia como autor de creaciones inimaginables como la interpretación de una malversación sin beneficio para el condenado o ese disparate y oxímoron de que “tuvo que ser él o alguien de su entorno” que terminó con la fiscalía general de García Ortiz.

Y el contexto se completa este jueves con el conocimiento de informes de Hacienda sobre Alberto González Amador, el novio de Ayuso que, con la inestimable ayuda del instructor Hurtado y de la mano derecha de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), fue acusación principal en el caso del fiscal general. Hoy sabemos que este Perla cobró del Grupo Quirón entre 2021 y 2023 (ya en plena relación con Ayuso) un total de 4.436.495 euros. Es decir que ha salido a más de millón y medio al año por sus ‘trabajos’ (es un decir) como consultor del emporio sanitario más beneficiado (con diferencia) por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid en las últimas décadas, y muy especialmente tras la pandemia. Muy lentamente en comparación con las instrucciones citadas más arriba (al estilo casi de la trama Kitchen, que sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso) quizás vayamos conociendo la magnitud de esa forma de extracción de los recursos públicos que practican quienes se dedican a facilitar negocios privados con el desmantelamiento paulatino de lo público, en la sanidad, en la educación o en lo que se tercie. El Perla ha ingresado desde que vive con Ayuso en su lujoso ático cuatro veces más que lo que ganaba antes de la pandemia.

No sería excusa, pero convendremos en que, si Zapatero se hubiera dedicado últimamente a lo que no debía, lo hizo muy torpemente en comparación con el Perla González Amador, puesto que el expresidente no cobró ni ocultó al fisco (que sepamos) millón y medio al año, sino que ganó anualmente unos 70.000 euros que declaró como ingresos sujetos a su correspondiente IRPF, según el propio sumario. A cada cual lo suyo. Las dobles varas de medir y las distintas formas de gestionar presuntos casos de corrupción no pueden ocultarse incluyéndolas en la desgastada técnica del ventilador. Es obvio que la causa que afecta al Perla lleva un ritmo de tortuga y que su pareja, la presidenta Ayuso, hace tiempo que debería haber dimitido por el uso espurio que ella y su jefe de gabinete han hecho de la institución que gestionan, todo en defensa de un individuo que, como mínimo, y se ponga como se ponga, ya admitió en su día –lo confirmó su abogado ante el Supremo– un doble delito fiscal. Lo demás corresponde a la fábrica de bulos de MAR y de la propia Ayuso.

Todo lo cual no es consuelo para una izquierda desalentada por múltiples factores y a la espera de algún revulsivo que devuelva la esperanza suficiente para afrontar una cita con las urnas que no se convierta en un paseo prepotente para el dúo de extrema derecha que ya forman con absoluto desparpajo Feijóo y Abascal o viceversa. Hará falta algo más que unos Presupuestos hilvanados como base de programa electoral, por mucho que reflejen la realidad de una economía en muy buen estado y un empleo más sólido y digno que nunca. Ya están tardando las izquierdas en afrontar la necesidad de ese revulsivo pendiente, que debe estar muy por encima de divisiones sectarias o personalistas, para abordar con credibilidad lo que de verdad importa: la vivienda, la precariedad, la desigualdad, los efectos nocivos de la IA, la calidad y sostenibilidad del Estado del bienestar o la defensa valiente de la realidad plurinacional.

O se hacen esos deberes con urgencia o los Perlas se nos van a multiplicar.

Por lo que sea, horas después de conocerse el escrito de la defensa de Zapatero solicitando al juez Calama que amplíe su comisión rogatoria a EEUU para comprobar si los mensajes que han dado origen a la causa abierta por tráfico de influencias y blanqueo de capitales se hubieran obtenido de forma ilegal (ver aquí) se produjo la filtración de la tasación de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho oficial del expresidente (ver aquí). En total, el peritaje calcula en 1,3 millones de euros el valor de las piezas incautadas. Casi de inmediato, el juez abre una pieza separada en la que ya acusa a Zapatero de un delito fiscal y otro de contrabando de joyas, dada la “posible falta de acreditación” del origen de las piezas o la “inexistencia de declaración o pago” de los tributos que pudieran corresponder (ver aquí). Aunque el propio auto establece que se trata de una investigación distinta a la de los delitos hasta ahora imputados, se insta a Zapatero a que aproveche la citación del próximo miércoles para responder también a estas nuevas acusaciones.

De modo que, en estos tiempos de competición permanente por ganar la batalla del “foco de atención” (Felipe González y Borja Sémper dixit), se ha producido velozmente una consecuencia meridiana: la conversación ya no gira en torno al origen de la investigación contra Zapatero y a las dudas que ofrece el hecho de que la agencia norteamericana tardara cinco años en enviar a Madrid los mensajes hallados en el móvil clonado a un empresario venezolano (ver aquí), sino que ya sólo se habla del joyero de Zapatero y su esposa. Con la ventaja de que es mucho más fácil componer la imagen de un contrabando de joyas de lujo que la de una compleja telaraña de movimientos políticos, policiales, mediáticos y, finalmente, judiciales contra un expresidente infinitamente molesto para muy diversos y poderosos intereses. Aunque no debería hacer ninguna falta, conviene repetir una obviedad: si se demuestra con pruebas sólidas que Zapatero ha sido un traficante de influencias, blanqueador de capitales, director de una organización criminal y –además ahora– delincuente fiscal y contrabandista de joyas, que caiga sobre él todo el peso de la ley. No seré yo –ni tampoco infoLibre– quienes salgamos a defender a quien de ese modo provocaría la mayor decepción para cualquier demócrata progresista en este país. Pero mientras lo que esté sobre la mesa sean esas gravísimas acusaciones y no los elementos que las sustentan, nuestra obligación es examinar con lupa el proceso, escuchar y leer a las partes, defender la presunción de inocencia y exigir que la justicia no sea tuerta, ni siquiera aparente serlo, cosa que no se viene cumpliendo desde hace años. No hay más que ver la celeridad con la que reacciona Calama a los informes de la UDEF en comparación con los seis meses que se ha tomado el juez Antonio Viejo para firmar la orden de investigar las cuentas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso (ver aquí).

Vayamos con las (pen)últimas y sorprendentes novedades. La joyería madrileña Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, ha tasado en 1.323.915 euros las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho oficial de Zapatero. Recordemos que su secretaria de toda la vida, Gertrudis Alcázar, declaró a los agentes de la UDEF durante el registro que esas joyas procedían de herencias familiares y de regalos en viajes de la pareja. Al parecer se mezclan en esa tasación desde varios collares, pendientes y pulseras de oro blanco con incrustaciones de zafiros, esmeraldas o rubíes hasta bisutería sin apenas valor alguno. 

Poseer joyas –independientemente de su valor– no es, obviamente, ningún delito. Lo que hay que determinar es el origen de las mismas y si fueron correctamente declaradas. Si –un suponer– las más valiosas fueron regalos realizados a Sonsoles Espinosa por parte de gobiernos de Estados visitados en la etapa de presidencia de Zapatero (probablemente de monarquías del Golfo que tienen por costumbre obsequiar de ese modo como anfitriones), habrá que comprobar si cumplieron o no la normativa vigente sobre regalos oficiales. Cabe suponer que tanto el juez como fiscalía y la propia defensa de Zapatero estarán repasando lo que dice la Ley 5/2006, sobre conflictos de intereses, incompatibilidades y declaraciones de actividades y patrimonio de los altos cargos, porque otras normas referidas al asunto son posteriores a los mandatos de Zapatero: la Ley 19/2013 sobre Transparencia y Buen Gobierno y la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. Y la Ley 5/2006 no considera alto cargo a la pareja del titular de la presidencia del Gobierno.

A efectos políticos y con los ojos de hoy, no creo que haya dudas sobre la conveniencia de que ni el jefe de gobierno ni su pareja acepten joya alguna de un ejecutivo extranjero ni de empresa de ningún tipo, o sea, de nadie. Otra cosa es deducir que un obsequio de ese tipo recibido en 2007 por Sonsoles Espinosa tuviera influencia en lo que su marido como gobernante hiciera respecto al país susodicho. Disculpen si se me considera ingenuo, pero mientras no me demuestren lo contrario, Zapatero sigue siendo el único presidente que no tuvo un solo caso de corrupción en sus distintos ejecutivos en toda la democracia española. Dudo muchísimo que vendiera una iniciativa política a cambio de un collar. Como tampoco creo que Aznar blindara la amistad de su gobierno con el del dictador Gadafi por el caballo del desierto que este le regaló (El Rayo del Líder, se llamaba o se llama, si aún vive).

A la vista de esta legislación, sorprende de nuevo la contundencia y rapidez del juez Calama a la hora de calificar los hechos y establecer acusaciones de delitos concretos. No ha esperado a escuchar al investigado, no vaya a ser que aclare la procedencia de esas joyas y si fueron o no declaradas al fisco. Tampoco parece tenerse en cuenta que el precio del oro desde la primera década de este siglo se ha multiplicado por siete, y el de otras gemas por diez. O que el cálculo de Ansorena es el valor de reposición, es decir que incluye ese 21% de IVA imprescindible en la compra que habría que descontar. Sin duda serían una buenísima inversión esos regalos (sobre todo los tres sets que suman más de un millón de euros), si Zapatero se dedicara a revender joyería en lugar de meterse en los charcos de Venezuela, de Irak, de China, de la respuesta al imperialismo de Trump o de su implicación en campañas electorales a favor de Pedro Sánchez (pese a que no le dio su apoyo para ser secretario general del PSOE frente a Susana Díaz). 

Así que, como el propio Calama escribe en su auto, habrá que establecer la “trazabilidad” de esas joyas antes de considerar su ilegalidad. De lo que quedan pocas dudas es de la capacidad de la maquinaria policial, judicial y mediática para lograr que un expresidente de gobierno sea retratado, antes incluso de su primera declaración, como traficante de influencias, blanqueador de capitales, jefe de una trama criminal, delincuente fiscal y contrabandista de joyas. Quizás también mató a Manolete, pero insisto: hacen falta pruebas. Lo de las joyas puede ser pecado y no delito. Veremos. 

Y entre tanto, estaría bien que alguien “filtrara” qué va a hacer Calama con esa solicitud de información a Estados Unidos, no vaya a ser que la prueba principal del árbol de esta escandalosa causa esté contaminada, y entonces todo se centre –efectivamente– en el joyero.

P.D. Esta es la cuarta entrega de apuntes personales alrededor de las causas judiciales que están condicionando el panorama político (ver aquí, aquí y aquí). Pero hoy no quiero dejar de señalar la incomodidad que esta semana me ha producido la exageradísima cobertura mediática que se ha dado a la visita papal. Comulgo –con perdón– con muchos de los mensajes de León XIV, especialmente los que se enfrentan sin tapujos al trumpismo, al racismo contra la inmigración o al uso malvado de la Inteligencia Artificial. Pero no entiendo que la televisión pública haya dedicado esta semana más horas a las misas que a los telediarios, por mucha audiencia que se haya congregado. En lugar de avanzar de una vez desde un Estado aconfesional a uno decididamente laico, parece que nos entregamos a la religión-espectáculo. Ojalá al menos sirviera para extender la concordia, en lugar de visibilizar las hipocresías políticas en aplausos interminables.

[Aviso: si usted no tiene hoy apenas tiempo para la lectura, no siga con esto y pase a leer otro artículo en estas mismas páginas, el que firma Daniel Valverde Ríos con el título Por qué este auto del juez Calama no se parece a los suyos. Es una comparativa de tres escritos firmados por el juez que ha imputado a Zapatero en el caso Plus Ultra. El ejercicio abre curiosos interrogantes que en algún momento debería despejar el instructor o algún tribunal superior].

El aviso viene a cuento porque cada semana política tiene su afán, y la que acaba ha desvelado un nuevo mantra de las derechas: el Gobierno y los medios progresistas se aferran a la tesis de que existe “una gran conspiración” en la que participan jueces, policías, medios y políticos de la oposición para liquidar al Ejecutivo de coalición cuanto antes y como sea. Se trata de otra artimaña clásica en el manual de instrucciones de la desinformación: si no puedes discutir sobre la realidad, dale la vuelta, intenta instalar una realidad “alternativa”. Incluso el mundo al revés.

Llevamos muchos años rechazando la técnica del ventilador cuando hablamos o escribimos sobre corrupción, porque esa táctica solo sirve para alentar la antipolítica. Defendemos la obligación de analizar cada caso en sí mismo, su contenido documental o testimonial, su contexto, su proceso judicial, los indicios, las pruebas… los autos de cada juez. Contrastando nuestras dudas con juristas que pueden acertar o equivocarse, pero cuyo criterio es tan válido y honesto como el de cualquier otro. Y ahí seguimos.  Otros –políticos, periodistas, vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones profesionales de la judicatura– se indignan en cuanto alguien expresa dudas sobre autos concretos o critica decisiones de jueces específicos. ¡Horror! ¡Panda de conspiranoicos! ¡Quieren interferir en la independencia de jueces y policías! Todo el mundo puede insultar o acusar de lo que sea al Gobierno, pero si Óscar Puente responde en X con un par de datos y una ironía… ¡La dictadura! 

Es una estrategia burda, pero eficaz. Están consiguiendo equiparar la pestilente cloaca en la que han chapoteado la tal Leire Díez (y veremos cuántos más en Ferraz) con el entramado de Kitchen, donde sí que está probada la existencia de una “estructura organizada y estable” con el fin de ocultar las pruebas de la corrupción sistémica del Partido Popular durante los gobiernos de Rajoy. Todo un exministro del Interior y su número dos, junto a la cúpula policial de la época, intentando hacernos creer que la cosa consistió en una “operación legal de inteligencia para recuperar el botín de Bárcenas”. El rostro de Fernández Díaz es de cemento armado: nunca llevaron una sola acción ante el juez ni un solo euro de Bárcenas. Todo fue ilegal, y es más fácil creer en Marcelo (el ángel de la guarda del ministro) que en la ignorancia de M. Rajoy, María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría acerca de ese entramado criminal sufragado con fondos públicos.

Por supuesto que es una obligación democrática someter las decisiones judiciales y policiales a la crítica pública. La ligereza e incluso frivolidad con la que el juez Calama afirma reiteradamente la culpabilidad de Zapatero sin aportar indicios o ejemplos de esas “órdenes e instrucciones” que supuestamente trasladaba a sus secuaces viene a dar carta de veracidad a todo tipo de insinuaciones y deducciones policiales. Esta semana hemos asistido a otra escena similar con el testimonio del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. “Se infiere”, “se deduce”, “se supone”, “sólo pudo ser…”. Le faltó aquello de “lo hizo él o alguien de su entorno”, como sostuvo la sentencia que condenó (sin pruebas, repito) al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, acusado por el novio de Ayuso (por cierto, más de un año llevamos a la espera de que la UCO haga un informe sobre sus andanzas).

No conozco a nadie en la izquierda que no viva con asco y vergüenza lo que se va sabiendo sobre los intentos de Leire Díez, con la colaboración de algunos dirigentes de Ferraz, de presionar a jueces, fiscales y policías relacionados con sumarios que afectaban al Gobierno o al Partido Socialista. Veremos hasta dónde llega el fango en lo que instruye Santiago Pedraz. Lo que sí sabemos –y nadie podrá discutir– es que de poco sirvieron los intentos de esa banda en la que no faltaron el perejil de Villarejo ni la pimienta de algún pseudomedio. Han seguido adelante investigaciones, instrucciones y sumarios con anomalías que también deberían avergonzar a cualquier político, jurista o policía honesto. El caso de David Sánchez nunca debió llegar a la vía penal, del mismo modo que la causa de Peinado contra Begoña Gómez es un absoluto despropósito, cuyo colmo sería que se admita un juicio con jurado: ¿en serio puede quedar un solo ciudadano en Madrid que no tenga ya una impresión formada sobre la mujer del presidente? Porque el artículo 8 de la Ley del Tribunal del Jurado exige “ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido” (ver aquí).

Los mismos que tachan de conspiranoicos a quienes criticamos las lagunas de autos judiciales o los errores de informes policiales lanzan de vez en cuando la especie de que vivimos bajo la “dictadura sanchista”. Cabría preguntarse de qué planeta vienen estos tipos y tipas que cada mañana lanzan verdaderas infamias contra el poder ejecutivo o legislativo con absoluta libertad, al tiempo que afirman vivir bajo una “dictadura”. Desde luego, la más extraña dictadura que en el mundo ha habido. Lo escribo sin acritud pero sí, con indignación: lo antidemocrático es la doble vara de medir, la acusación sin pruebas, la condena injusta, los autos en los que “se infiere” o “se deduce” en lugar de aportar indicios sólidos, la persecución o espionaje a rivales políticos, la financiación opaca de medios afines (ver aquí) o la deslegitimación de un Gobierno desde el minuto uno y el empeño de “echar a ese hijo de puta” como principal proyecto político. No con una moción de censura o ganando una mayoría en las urnas, sino “como sea”. Y el siguiente paso no es una sospecha conspiranoica, ya lo vienen anunciando con desparpajo Aznar, Feijóo y Abascal: quieren sentar a Pedro Sánchez en el banquillo (aún no se sabe en calidad de qué).

Seguimos…

Sostiene José Antonio Zarzalejos en su última columna (ver aquí) que los “daños” que el sanchismo está causando al régimen constitucional de 1978 pueden ser “irreversibles”, y que ya no son los socios del Gobierno quienes pueden “rescatar” al sistema: “Ya sólo lo pueden hacer los medios que estuvieron al servicio de la democracia (…). Resistir no es ganar. Por el contrario, resistir es, frecuentemente, sólo aplazar la derrota”, concluye el exdirector de ABC en lo que se podría interpretar como una (poco) velada alusión al manifiesto que infoLibre ha hecho público hace unos días (ver aquí). 

En realidad, cabe entender el llamamiento del influyente analista conservador como una clara extensión de ese “el que pueda hacer, que haga” que Aznar ha reiterado estos días, al hilo de los escándalos político-judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a José Luis Rodríguez Zapatero, un referente moral del espacio progresista. No basta al parecer con lo que ya vienen haciendo un montón de medios escritos, digitales o audiovisuales de la casi infinita derecha mediática, ni con las sonoras acciones de unos cuantos jueces, policías y fiscales, ni con la falsa equidistancia con la que ciertas cabeceras supuestamente progresistas vienen abordando esos escándalos… Ahora se trata de presionar a los (escasísimos) medios que defendemos la legitimidad del Gobierno para seguir gobernando y la de su presidente para convocar elecciones cuando considere oportuno (como estipula, por cierto, la propia Constitución).

Ni Zarzalejos ni Aznar parecen otorgar el menor recorrido a la táctica de Feijóo de presionar por tierra, mar y aire a los socios de investidura de Sánchez, y especialmente a PNV y Junts. Lo cual supone también asumir que el PP sigue teniendo un problema que él mismo se ha buscado y no sabe gestionar: ir del brazo de Vox en los gobiernos autonómicos y en el camino hacia la Moncloa produce una urticaria difícil de superar para las derechas nacionalistas que, ¡ay, se siente!, existen en España y tienen millones de votos. Aznar o Zarzalejos podrían quizás dedicar sus esfuerzos intelectuales y divulgativos a aportar ideas para convencer a los partidos conservadores mayoritarios en Cataluña o Euskadi de que apoyen una moción de censura junto a una extrema derecha que en su programa plantea precisamente la ilegalización de esos partidos nacionalistas. Complicado esfuerzo, nada respetuoso con el “sistema constitucional de 1978”, pero legítimo, por supuesto. 

Mucho menos democrática me parece esa repetida exigencia de Aznar que nunca explica en qué consiste, por lo que es obligado entender lo que todo el mundo entiende y él no desmiente: se trata de que cada juez, fiscal, policía, político o periodista, todo ciudadano desde su ámbito personal o profesional, haga lo que esté en su mano para “echar a este Gobierno de mafiosos y corruptos”. Que es en lo que estamos desde antes de que estallaran los principales casos de presunta corrupción que se investigan o que ya han empezado a juzgarse. Ese insistente llamamiento se parece demasiado a un manifiesto golpista como los que a principios de los ochenta publicaba el colectivo Almendros en El Alcázar en vísperas del 23F (ver aquí). Para sus autores, Suárez era un traidor a los principios del Movimiento como ahora Sánchez es un traidor al “sistema constitucional”.

Y no menos antidemocrática me resulta la proclama de Zarzalejos, que como periodista emplaza a otros periodistas y medios a “acabar con el sanchismo”, ya que la derecha a la que apoya no consigue reunir suficientes votos en el Congreso para una moción de censura que tumbe a Sánchez como él tumbó a Rajoy en 2018, tras la primera sentencia de la Gürtel. Es una lástima que no seamos muchísimos más los medios y periodistas que procuramos informar de todos los asuntos de corrupción política, afecten a quien afecten, pero cumpliendo las reglas mínimas del oficio, distinguiendo hechos y opiniones, respetando la presunción de inocencia y analizando desde un pensamiento crítico toda actuación judicial que ofrezca sombras de contaminación política. O denunciando no sólo las intromisiones que desde la política se produzcan en el poder judicial, sino también las que se ejercen en sentido contrario, cuando jueces y algunos órganos de la justicia critican, rechazan o hasta incumplen las decisiones legítimas del poder legislativo o las que son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. ¿Hacen falta ejemplos? Pues ahí están las protestas de togados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba redactada (ver aquí); o la creatividad made in Marchena para no ejecutar esa misma ley en toda su extensión (ver aquí); o la impunidad con la que el magistrado García-Castellón mantuvo causas abiertas contra Podemos durante años sin una sola prueba… (ver aquí). 

Para que se entienda sin rodeos. Me parece que tiene peso el argumento de reclamar elecciones anticipadas cuando un gobierno no logra aprobar presupuestos varios años seguidos, o cuando no consigue suficiente mayoría para legislar en el Parlamento. Pero también creo que un periodista crítico debe tener en cuenta siempre el contexto. ¿En qué medida el Gobierno tiene recursos para gestionar la vida pública en esta etapa en la que todavía tenemos miles de millones de fondos europeos para utilizar antes de fin de año? ¿Es o no cierto que España vive una situación económica y de empleo que es la envidia de Occidente desde hace ya varios años? ¿Es verdad o no que, a pesar de la obvia debilidad parlamentaria, se ha seguido legislando para mejorar la vida de millones de ciudadanas y ciudadanos? Y sobre todo: ¿es o no legítimo que un presidente de gobierno convoque elecciones cuando lo considere oportuno dentro de los límites constitucionales, como ha hecho cualquier otro jefe de gobierno de la democracia?

Y sigamos con el contexto. Si uno se limita a leer los titulares o escuchar el griterío sobre cada proceso judicial que afecta al PSOE, al Gobierno o al expresidente Zapatero, será difícil no caer en la tentación del “¡que se vayan, ya!”. Pero la obligación de un periodista decente (de cualquier demócrata no sectario) es analizar caso por caso, afecte a quien afecte. Sin prejuicios, pero también sin sumisiones acríticas. Lo escribo como lo pienso: ha pasado una semana larga desde que conocimos el auto del juez Calama contra Zapatero, después los informes de la UDEF y por último el sumario (casi) completo. Y me mantengo en lo escrito (ver aquí): no encuentro un solo indicio sólido y directo que sostenga la afirmación reiterada del juez que sitúa al expresidente como “líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales”. No lo encuentro yo ni lo han encontrado juristas “de reconocido prestigio” (ver aquí o aquí o aquí). Tiene mucho que explicar Zapatero sobre sus ingresos y los de sus hijas, pero me atrevo a insistir en que por esa vía también cabría exigir muchas explicaciones a Felipe González o a José María Aznar sobre su patrimonio, sus ingresos o los de familiares directos. 

Nada más alejado de un espíritu crítico que lo conspiranoico. Pero Zarzalejos sabe perfectamente que las acumulaciones de supuestas casualidades con efectos políticos letales sólo son creíbles desde la ignorancia o la ingenuidad. Vivimos tiempos veloces en los que la excepcionalidad principal no es el sanchismo, sino los múltiples procesos paralelos y convergentes que vienen respondiendo de una u otra forma a ese “el que pueda hacer, que haga”. ¿En serio aceptamos como casual que las últimas “bombas” judiciales contra el Gobierno o sus entornos coincidan con el juicio oral de la trama Kitchen, el ejemplo más grave de una mafia que utilizó los recursos del Estado y la mismísima cúpula policial para obstruir la acción de la justicia contra la dirigencia del PP durante el Gobierno de Rajoy? ¿No tienen nada que decir el CGPJ ni las asociaciones de jueces –tan sensibles a cualquier crítica desde la política o los medios– sobre ese último auto del juez Peinado amenazando a Begoña Gómez con enviarle a la Policía si no acude a una citación que por ley no es obligatoria? (aquí). 

Sabe muy bien Zarzalejos –y esto lo hemos hablado– que la llamada “crispación” político-mediática en España empezó con la campaña de intoxicación y desinformación en torno a los atentados del 11M (campaña que a él le costó la dirección de ABC por presiones de Esperanza Aguirre). Y también sabe que hubo un precedente de operación antidemocrática practicada por el llamado “sindicato del crimen” a finales de los 90 para dar la puntilla a los gobiernos de Felipe González, también afectados por casos de corrupción. Lo contó Anson unos años después en la revista Tiempo (ver aquí). Así que sí: sobran motivos para percibir que hay movimientos políticos, empresariales, mediáticos y judiciales que vienen abonando una especie de golpismo suave, sin armas pero con poderosas herramientas que utilizan sin descanso desde la instrucción del llamado procés catalán. Con la convicción –en algunos casos pregonada– de que hay que “salvar España” de quienes quieren, en su opinión, “cargársela”. Con la prepotencia de quienes consideran que este país es patrimonio exclusivo suyo, y que todo gobierno progresista debe ser un paréntesis, sobre todo si toca los intereses de determinadas elites económicas que se niegan a aceptar cualquier tipo de regulación, ya sea en el mercado especulativo de la vivienda, en el tecnológico o en el negocio de la desinformación.

Sostiene Zarzalejos que “resistir no es ganar”. Lo que uno cree es que resistir es, hoy por hoy, una obligación democrática que debe invitar al activismo en defensa precisamente de los valores que distinguen una convivencia respetuosa con las reglas que tenemos y con las vías que permitan mejorarlas o cambiarlas, de acciones políticas, judiciales o mediáticas que utilizan la mentira, la mera sospecha o la simple inquina para liquidar reputaciones personales y colectivas. En las urnas ganará quien gane, y gobernará quien consiga una mayoría parlamentaria. La ansiedad permanente no es buena, ni para la salud personal ni para la democrática. Y hay quien lleva sufriendo ansiedad y actuando bajo sus efectos desde junio de 2018, y más aún desde julio de 2023. Un poco de calma. Ya falta menos.

P.D. Inicia su columna Zarzalejos con la cita de un editorial de Manuel Chaves Nogales en Ahora (de una fecha en la que no era director, contra lo que dice Zarzalejos), pero que comparto en lo esencial: “No estando adscritos a partido alguno, no tenemos ningún dogma cerrado que defender. En cada caso y ante cada problema sustentaremos lo que nos parezca más útil a la República y al país”, o sea, a la democracia. Ahí estamos. De modo que, igual que Zarzalejos tiene derecho a defender a las derechas hasta el extremo que considere oportuno, debe aceptar que otros defendemos de forma transparente principios progresistas y rechazamos la deslegitimación permanente del adversario o su expulsión del gobierno por cauces antidemocráticos. Resistimos… y seguimos (si podemos contar con suscriptores suficientes).

*Por cierto, para no caer en la ola hagiográfica sobre Chaves Nogales, más allá de 'A sangre y fuego' y su imprescindible (y manoseado) prólogo, son recomendables lecturas como la de Alfons Cervera (ver aquí) o la de Juan Carlos Mateos, 'La construcción de un mito', de editorial Renacimiento (ver aquí).

No soy jurista, ni fiscal ni abogado defensor. Así que leo y releo las 85 páginas del auto firmado por el juez José Luis Calama Teixeira como periodista y como ciudadano, haciendo el esfuerzo (obligado) de no dejarme llevar por una previa consideración positiva hacia el afectado. No es fácil. Se trata de que el único presidente del Gobierno en democracia bajo cuyos mandatos no se produjo un solo caso de corrupción política es ahora el primer expresidente citado como investigado, y nada menos que por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. De modo que expongo simplemente mis impresiones sobre un auto judicial muy detallado y a la vez repleto de lagunas. ¿Serán rellenadas a lo largo de la investigación pendiente después de los registros efectuados este martes? Puede ser, pero ya anticipo que me sorprende la contundencia y reiteración con la que el instructor ya condena a Zapatero, y lo hace sin aportar los indicios concretos que sostengan la acusación.

Me explico (o al menos lo intento).

1.- A lo largo del escrito se repite con una frecuencia impropia la afirmación de que José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado como “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias. Es decir, se va reiterando constantemente la conclusión de una investigación en marcha. El carro antes que los bueyes.

2.- Toda la trama parece girar en torno al préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra para sacarla del borde de la ruina en plena pandemia. Ese rescate pasó ya por un juzgado y también superó la auditoría de Bruselas y del Tribunal de Cuentas. Es posible, por supuesto, que esos tres filtros no contaran con la suficiente información sobre el estado de la compañía, pero el caso es que nadie encontró irregularidades, y el préstamo está en proceso de devolución, aunque por el momento sólo en la parte de los intereses y aún no del capital. Conviene vigilar –y esto sí es responsabilidad del Gobierno– que se devuelva hasta el último euro, como con cualquier otra operación de ayudas públicas. No vaya a ser que ocurra como, por ejemplo, con el caso Avalmadrid y los préstamos a la familia Ayuso (ver aquí).

3.- El auto recoge la acusación –también reiterada con sorprendente frecuencia– de que Zapatero era quien daba “las órdenes” o “instrucciones” en la actividad de la trama. Pero lo cierto es que en ninguna de las 85 páginas aparece una “orden” o una “instrucción” concreta dictada por el investigado. Ni tampoco un testimonio o un mensaje de ninguno de los implicados que diga “Zapatero ha ordenado” o “Zapatero ha enviado la instrucción de…” o al menos “Zapatero quiere que…”. 

4.- El propio juez parece asumir esa ausencia de elementos indiciarios directos contra el imputado al escribir en la página 56: “José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”. Es decir, que Bambi resulta ser tan listo y habilidoso que es capaz de “ejercer un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas (…) y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios…” (pág. 59) sin mancharse las manos, o sin mover una ceja (si me permiten una gracieta en este turbio asunto).

5.- Lo escribo como lo pienso: el cúmulo de “evidencias analizadas” creo que justificaría citar a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar su vinculación o relación con esa supuesta trama de tráfico de influencias. Pero el auto no busca ese objetivo, sino que ya da por demostrado el “liderazgo” del imputado en la organización criminal sin aportar –insisto– indicio alguno, sino deducciones o suposiciones sin respaldo documental.

6.- Una de las acusaciones más graves es la de que Zapatero “ordenó” crear una sociedad off shore en Dubái denominada Landside a la que sería desviado el importe de la supuesta comisión cobrada por las gestiones para el “rescate” de Plus Ultra. La sociedad existe. Lo que hasta el momento no existe es la comprobación de que esa entidad es de Zapatero o su familia. El expresidente ha negado con absoluta rotundidad que tenga ninguna sociedad “ni en España ni fuera de España”. Sostiene que todos sus ingresos los declara a Hacienda como autónomo y pagando el IRPF correspondiente. Entiendo que en algún momento se aclarará si miente Zapatero o se equivoca el juez, y la cuenta es de un tercero (o cuarto).

7.- La causa investigada por la Fiscalía Anticorrupción, a raíz también de investigaciones en Francia y en Suiza sobre blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela, procura como es lógico seguir “el rastro del dinero”. Es la forma habitual de llegar a localizar a los beneficiarios de una trama de este tipo. Sobre Zapatero, el auto mezcla en la coctelera de sus ingresos los que presuntamente procederían de “vender” su capacidad de influencia en altos responsables políticos “españoles y extranjeros” y también los que percibe por sus conferencias y participaciones en distintos foros de ámbito internacional. Esos ingresos son tan lícitos como los que vienen cobrando otros expresidentes como Felipe González o Aznar, que por cierto han compartido la misma empresa de representación, Thinking Heads. (Fuentes fiables han comentado a infoLibre que las tarifas de González y Aznar oscilan entre los 35.000 y los 50.000 euros por conferencia). No se entiende bien qué pintan en el auto esos ingresos, sobre los que la única comprobación que interesa es si cumplen sus obligaciones con Hacienda. 

8.- Aparece como una especie de guinda de este podrido pastel la presunta actuación de Zapatero como intermediario incluso en operaciones de venta de petróleo de Venezuela a terceros. No se dan muchos más datos, y se cita a China como “cliente” de esa intermediación. No tengo ni puñetera idea de cómo funciona el mercado del petróleo, pero dada la dependencia que Venezuela y el régimen de Maduro han tenido respecto a China, cuesta mucho imaginar que el Gobierno chino necesite pagar a ningún Zapatero por el petróleo venezolano.

9.- Yo no me atrevo, al menos por el momento, a incluir esta causa judicial entre los ejemplos (a mi juicio meridianos) de lawfare que se han producido en la justicia española, y que venimos denunciando en infoLibre desde hace años (García Castellón contra Podemos o Peinado contra Begoña Gómez, entre otros). Pero sí me provoca una legítima preocupación leer en el auto expresiones como “Zapatero o su entorno…” o “Zapatero o personas próximas…”. Porque esta bomba judicial (y política) estalla después de una condena a quien era fiscal general del Estado por la filtración de un correo sobre la que la sentencia llega a expresar que solo pudo ejecutarla “el acusado o alguien de su entorno”. O sea, una barbaridad jurídica se mire como se mire, un atropello mayúsculo a la presunción de inocencia. (Claro, que hay quien interpreta este tipo de quiebros en la senda de “creatividad jurídica” iniciada por el juez Manuel Marchena cuando descubrió que podía condenarse a alguien por malversación de fondos públicos aunque ese alguien no percibiera un euro de los mismos).

y 10.- A lo que sí me atrevo es a denunciar la capacidad adivinatoria que dirigentes del Partido Popular, empezando por el propio Núñez Feijóo, siguen demostrando acerca de los procesos judiciales que afectan al PSOE. Es clamorosa la precisión con la que desde hace ya años, la derecha anticipa los pasos que algunos tribunales van a dar contra miembros del partido de Gobierno. Feijóo se refirió en un mitin el pasado 12 de mayo a lo que ha ocurrido este martes con Zapatero. Le faltó dar la hora de comunicación del auto y práctica de registros. No he visto una sola denuncia por parte de las asociaciones judiciales tan preocupadas por filtraciones con intencionalidad política y por supuestas injerencias del Gobierno en la independencia judicial. Estamos a la espera de que alguna vez el Consejo General del Poder Judicial investigue las vías por las que el PP parece tener hilo directo con la UCO, con la UDEF, con la Fiscalía Anticorrupción y con determinados juzgados. 

El terremoto causado por la imputación a Zapatero es tremendo. Su efecto político inmediato es obvio: queda enterrado el golpe que para el PP supuso el resultado de las elecciones andaluzas del domingo: otra vez en manos de Vox y del discurso de la “prioridad nacional”. Feijóo ya no tiene que afrontar la pregunta de cuál es exactamente su proyecto de país más allá del antisanchismo. Esta causa judicial, llegue hasta donde llegue, logra quemar uno de los resortes que más contribuyeron en julio de 2023 a frenar una victoria de las derechas que se daba ya por descontada. Y en las filas de unas izquierdas ya sumidas en sus tradicionales vicios del derrotismo y la melancolía es sin duda un golpe muy duro. Zapatero representa los mayores avances sociales logrados en España en las últimas décadas e imitados en otras democracias occidentales. Y algo que las derechas también se niegan aún a reconocer: acertó en la vía dialogada para derrotar a ETA mientras el PP ponía palos en las ruedas. 

La hoja de servicios de Zapatero a este país y la lealtad a su partido y a dirigentes como Pedro Sánchez (a quien no apoyó para liderar el PSOE) son indiscutibles. Pero no impiden que ahora haya que exigirle explicaciones detalladas de cada imputación que se le hace en esta causa. Transparencia absoluta sobre su patrimonio y el de su familia. Pero también conviene reclamar un poquito de calma a quienes ya le dan por culpable y condenado. Y esto incluye al juez instructor, que no puede ni debe ejercer como tribunal sentenciador.

Consiguió Moreno Bonilla que el único suspense de estas elecciones fuera si él podría gobernar solo o tendría que hacerlo con Vox: “¡O yo o el lío!”. Era la premisa necesaria sobre la que reclamar el voto útil para el PP. Los resultados de este domingo recuerdan aquella mítica portada de Hermano Lobo: “¡O nosotros o el caos!”, gritaba el candidato. Y la multitud respondía: “¡¡El caos, el caos!!”. Pues eso. Andalucía ha preferido ‘el lío’, el PP pierde cinco escaños y Moreno tendrá que pactar con Vox si quiere gobernar, como ya ha ocurrido en los otros tres comicios autonómicos de los últimos meses. Repetimos: Feijóo ha hecho un pan como unas hostias. (ver aquí). Había una segunda incógnita este 17 de mayo, y era si el batacazo del PSOE sería todavía mayor que el de 2022: lo ha sido en escaños (ha perdido dos) pero ha recuperado votos. Pudo ser aún peor, si asumimos que ningún exministro de Hacienda suele recibir el aplauso de las urnas. Adelante Andalucía ha sido claro ganador este domingo, al cuadruplicar su resultado, mientras Por Andalucía –la candidatura de consenso a la izquierda del PSOE– se queda como estaba. 

¿Son estos datos extrapolables a unas elecciones generales? ¿Supondrán algún cambio inmediato en la estrategia de bloques? No, pero contienen algunos avisos importantes. Vamos por partes.

1.- La ‘vía tranquila’ del PP, la que se contrapone al ayusismo, tampoco funciona como tapón de Vox. Moreno Bonilla ha logrado adormecer voto socialista o capturarlo, planteando la utilidad de votar azul para frenar el ascenso verde, lo cual exigía rechazar el disparate de la “prioridad nacional” de Abascal (ridiculizada en medio de la campaña por la crisis del hantavirus y el rescate del barco multinacional que incluía españoles). Es decir, la campaña y el programa de Moreno suponían una rectificación de los pactos del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde los de Feijóo han tragado con todas las principales reclamaciones de Vox, sobre inmigración, sobre violencia machista, sobre agenda verde, sobre adelgazamiento de lo público y debilitamiento del estado del bienestar. El mayor obstáculo que enfrentaba Moreno era la crisis de los cribados, y lo esquivó en primer lugar cambiando de conversación (“Cataluña nos roba con la complicidad de María Jesús Montero y Sánchez”); y en segundo lugar prometiendo una reforma “de arriba abajo” del Servicio Andaluz de Salud (que se preparen los andaluces, que ya está Quirón listo para hacer caja). Ahora uno se pregunta: ¿va a tragar también Moreno con la “prioridad nacional” que ha rechazado y con el resto del pack que Feijóo viene comprando a Abascal? Me temo que sí. 

2.- María Jesús Montero tenía probablemente la papeleta más complicada de todos los candidatos (el resto eran varones). Por una parte, cargada con el “estigma” de aterrizar desde el Gobierno y por tanto dispuesta a asumir el supuesto desgaste de su cercanía a Sánchez (como le ocurrió también a Pilar Alegría en Aragón). Por otra, obligada a explicar en su tierra andaluza las bondades de un acuerdo de financiación autonómica que antes de nacer ya ha sido distorsionado por las derechas mediáticas y políticas como un regalo a Cataluña a costa del resto de autonomías. Cometió el error de definir como “accidente laboral” (que también lo era) el siniestro que costó hace unos días las vidas de dos guardias civiles en Huelva en una persecución de narcotraficantes. No fue capaz de movilizar al máximo a un electorado socialista que sigue siendo más numeroso cuando se trata de generales que en las citas autonómicas, pero, aunque ha perdido dos escaños respecto a 2022, ha conseguido recuperar más de 50.000 votos.

3.- Vox volvía a examinarse en el escenario donde debutó. La extrema derecha entró con partido propio por primera vez en décadas en un Parlamento español en 2018, y fue en Andalucía con doce escaños, capitaneado por un juez llamado Francisco Serrano, el inventor de las “paguitas” que terminó condenado precisamente por utilizar subvenciones de forma irregular para negocios particulares tras una rigurosa investigación de infoLibre (ver aquí). El partido de Abascal sigue creciendo, aunque no tanto en Andalucía como en otras latitudes. El marco/matraca de la “prioridad nacional” que Abascal y Manuel Gavira han gritado en los 14 mítines que han protagonizado estas dos semanas ha chocado con el barco MV Hondius y el operativo coordinado por el Gobierno de Sánchez, elogiado por la OMS, por la UE y hasta por el papa, mientras Vox, el PP y el presidente canario, Fernando Clavijo, lo rechazaban o incluso boicoteaban. El nacionalismo trumpista de Vox es incompatible con la humanidad (incluso con un patriotismo decente).

4.- Adelante Andalucía ya despuntaba en las encuestas, pero lo ha hecho aún más en las urnas, donde multiplica por cuatro su presencia en el Parlamento. Las claves del éxito son variadas, pero podríamos destacar dos: un candidato creíble y eficaz, José Ignacio García –popularmente apodado El Gafas porque logró introducir una enmienda en los Presupuestos de Moreno para que la Comunidad financie las lentes de quienes las necesitan–; y un discurso pegado al terreno, al territorio, a la gente y a sus problemas inmediatos. Este segundo factor conecta con el éxito de otras candidaturas de carácter territorial que vienen cosechando muy buenos datos en muy distintos enclaves: en Galicia el BNG; en Aragón la Chunta o en Extremadura, Unidas Por Extremadura. Son signos que apuntalan la realidad de un Estado diverso y plurinacional que no tiene por qué caer en las tentaciones de nacionalismos excluyentes ni xenófobos, sino que sirven para profundizar en un federalismo eficaz para resolver los problemas más cercanos.

5.- Por Andalucía, la candidatura que reunía al espacio Sumar y a Podemos, capitaneada por Antonio Maíllo, el líder de Izquierda Unida, ha logrado mantener los cinco escaños que tenía. No es un mal resultado si partimos de las expectativas de una caída libre de ese espacio en todas las encuestas y de un acuerdo con Podemos tan frágil que su exlíder, Pablo Iglesias, lo descalificó sin ambages a las pocas horas de la firma. No pudo ser la unidad con Adelante Andalucía ni tampoco sirven los cálculos de lo que podría haber sido y no fue: creer que yendo juntos sumarían 13 no es realista, porque es difícil saber cuántos electores se habrían “bajado” de la movilización al descreer de la alianza. 

Escucharemos y leeremos estos días algunas exageraciones. Por si acaso: ni el resultado andaluz de Moreno Bonilla va a suponer una modificación de la estrategia “atrapalotodo” de Feijóo, ni va a acelerar una convocatoria de elecciones generales. Es más, desde el punto de vista de la estrategia de Sánchez, lo cierto es que en Andalucía culmina el ciclo electoral que Feijóo se empeñó en abrir en Extremadura hace unos meses. Se supone que quería distanciarse de Vox y hoy la dependencia de Abascal es aún mayor. Lo dicho, un pan como unas hostias.  

Sí debería suponer un último aviso para la izquierda alternativa, que tiene que estudiar muy bien sus pasos para remotivar de una vez a un electorado disperso y desencantado, y en su mayor parte poco o nada dispuesto (contra lo que algunos en Ferraz sueñan) a votar al PSOE, que debería también tomar muy buena nota de algo evidente: no basta con exprimir el miedo (real) a los gobiernos del PP con la extrema derecha (ya están aquí); se necesita un frente democrático y progresista cargado de esperanza y de propuestas realistas y convincentes. Nada fácil, pero sí posible.

Por lo demás, conviene no olvidar el tercer globo de aquella viñeta de Ramón en Hermano Lobo; es decir, la respuesta del candidato cuando la gente gritaba “el caos, el caos”. Rezaba: “Es igual, también somos nosotros”. Y por si algún detalle faltara a esa promesa de inestabilidad y retroceso, apunten cuál ha sido la sexta fuerza en Andalucía: Se Acabó la Fiesta. No digo más (aunque sí recomiendo la lectura de esta reflexión de Ignacio Sánchez-Cuenca sobre la “irresponsabilidad” de los votantes.

Hace ya tiempo que, cada vez que alguien me pregunta educadamente “¿cómo estás?”, mi respuesta es una repregunta: “¿en comparación con quién?”. Todo el mundo entiende que es una expresión realista. Sin entrar en detalles. La crisis originada por ese crucero con pasajeros enfermos o quizás portadores del hantavirus ha sido una oportunidad muy clara para comparar distintas formas de gestionar la salud pública, pero también de distinguir entre buenas o malas personas, entre políticos responsables o verdaderos ineptos, entre gente solidaria o ególatras de manual, entre dirigentes respetuosos con los derechos humanos y la legalidad internacional o tipos que sólo reivindican el “sálvese quien pueda”... Incluso hemos podido distinguir entre ratas y hombres, entre patriotas de boquilla y quienes defienden lo común y están donde deben estar. Sin un solo grito.

En lo peor de la pandemia se me quedó grabada una reflexión del profesor Daniel Innerarity que repito a menudo: “Ni los científicos saben tanto como creemos, ni los políticos pueden tanto como parece”. Partiendo de esa máxima, es razonable admitir que la gestión de esta crisis de salud pública por parte del Gobierno de coalición ha sido irreprochable. ¿Era su obligación? Sí, pero también habría podido ponerse de perfil, desoír la petición de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea y sumarse a la ola populista y demagógica de la “prioridad nacional”. Tiene toda la razón David Trueba cuando advierte que “los que pretendían que los pasajeros del barco en cuarentena siguieran en alta mar durante semanas con un cadáver en el congelador tan sólo prolongaban el lema populista de nosotros primero” (ver aquí). Ese patrioterismo ratero deshace cualquier “nosotros” y deshumaniza por completo la convivencia. Toda “prioridad nacional” acaba en la defensa de los intereses de las élites con mayor poder económico y financiero, quienes confían en que ese “sálvese quien pueda” los protege, primero y casi exclusivamente, a ellos.

Sí, conviene comparar para poder valorar a cada cual en su justa medida. No se trata de poner el ventilador, sino el aire acondicionado. Cada gobernante lleva su mochila en gestión de crisis. El PP tiene en su “haber” el accidente del Prestige, el del Yak-42, los atentados terroristas del 11-M, el descarrilamiento del Alvia a Santiago, el del Metro de València, el desastre de la dana… Miren al retrovisor y repasen lo que se hizo y cómo se hizo. Cualquiera diría que tienen un manual de instrucciones que siguen al pie de la letra: primero negar la realidad de lo ocurrido, segundo desviar la atención buscando culpables sin el menor fundamento, tercero demonizar a las víctimas señalándolas como activistas políticos, y cuarto obstaculizar la acción de la justicia para esquivar responsabilidades. Todo con un hilo conductor: la mentira como principal mensaje político. Y siempre con la inestimable ayuda de toda una batería mediática de potencia sufragada con dinero público. 

Los gobiernos de Pedro Sánchez han acumulado desde 2018 una experiencia inédita en gestión de crisis. Y hablamos de crisis que superan la gravedad de un accidente aéreo o un vertido de petróleo, sólo comparables (quizás) a la masacre terrorista de marzo de 2004. Examinada con perspectiva y con el análisis comparativo respecto a otros gobiernos nacionales o autonómicos, la gestión de la pandemia del covid en 2020 tiene como principal mancha la que aportaron una ultraderecha negacionista y una derecha irresponsable, muy especialmente con una presidenta de la Comunidad de Madrid que todavía a día de hoy sigue instalada en la mentira, la opacidad y el desprecio a las víctimas de los Protocolos de la Vergüenza aplicados en las residencias de mayores durante los primeros meses del covid (ver aquí).

Como ya han advertido científicos de muy diferente origen y formación, lo más parecido al brote de hantavirus del crucero MV Hondius no es el covid, sino el brote de ébola de finales del verano de 2014 que se llevó por delante las vidas de dos misioneros y una auxiliar de enfermería. Busquen, por favor, documentos y vídeos sobre la gestión que hizo la entonces ministra de Sanidad del PP, Ana Mato (ver aquí). Cualquier comparación con Mónica García y su actuación en la última semana es letal para la primera. Baste decir que en aquella ocasión tuvo que salir Fernando Simón a salvar al gobierno del PP del devastador ridículo que estaba haciendo (cosa que, al parecer, aún no le perdonan en Génova a quien Pedro Sánchez mantuvo como Coordinador de Emergencias Sanitarias). 

Por supuesto que en toda gestión de crisis se cometen errores, y es exigible que se asuman, se corrijan y se extraiga de ellos aprendizaje para el futuro. Pero, sinceramente, no quiero imaginar ya una crisis de salud pública o una catástrofe gestionada por un Rajoy, un Trillo, un Aznar, una Mato, un Mazón… No estoy hablando aquí de ideología (que también), sino sobre todo de rigor, seriedad, capacidad, eficacia, entrega… Pregunten, sin distinción de siglas, a los valencianos si les gustaría tener al frente a un Mazón ante una nueva dana (que llegará, desgraciadamente), o a los gallegos y gallegas si recuperarían a un Rajoy o a un Cuiña frente a un nuevo vertido de petróleo. O en Madrid a una Ana Botella tras un accidente en una macrofiesta de Halloween (ver aquí).

Y sí, menciono la ideología porque toda estrategia política tiene consecuencias. Cuando un partido conservador abandona la trinchera de los principios democráticos de la igualdad, la libertad, la fraternidad… y abraza disparates discriminatorios como la llamada “prioridad nacional” (con o sin “arraigo”), termina haciendo lo que el PP hizo nada más estallar la crisis del hantavirus: pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, culpar a Sánchez de un supuesto “caos” que no existía y dar la espalda a la responsabilidad de España ante la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y el respeto a los derechos humanos. Nada alejado de la alucinógena tesis de Santiago Abascal: “El hantavirus es un invento de Sánchez para ocultar los casos de corrupción”. O sea la misma idiotez que lanza la reaparecida Ayuso, que además denuncia haber sido “abandonada” (por Sánchez, obviamente) en una “situación de peligro extremo” en México (riesgo máximo que la ha obligado a pasar unos días de vacaciones discretas en la Riviera Maya, ¡sin ningún pudor!).

Lo cierto es que, pasadas casi dos semanas, seguimos sin saber exactamente qué habrían hecho las derechas en una situación similar: ¿habrían dejado el barco a la deriva? ¿Habrían enviado un comando para extraer sólo a los españoles (y mucho españoles) del pasaje? ¿Habrían quizás encargado a Netanyahu bombardear el crucero para evitar cualquier posibilidad de contagio? Aquí no solo ha hecho el ridículo Fernando Clavijo con sus ratas nadadoras; se ha retratado también el trío Feijóo-Abascal-Ayuso con su absoluta incapacidad para mostrar el más mínimo sentido de Estado. Con ese desparpajo patriotero siempre dispuesto a proteger a las élites, nunca pendiente de los vulnerables.

P.D. De ratones y hombres, de John Steinbeck, fue uno de los libros que más me impactaron en la adolescencia. Por su lenguaje, por su dureza, por la crudeza de la historia narrada. Por su retrato en parte autobiográfico de la Gran Depresión, tan deprimente como el que escribió en Las uvas de la ira. Dibuja –con casi un siglo de antelación– las consecuencias inhumanas de un capitalismo salvaje (y eso que ni podía imaginar el autor los dominios de los tecnooligarcas). Es la historia de dos migrantes que solo buscan sobrevivir. Prioridad humana (no nacional).

La penúltima hazaña del personaje ocupa portadas y telediarios. Objetivo logrado. Su penúltima víctima es Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Alguien le avisó de que la encontraría en el Es Panis, un café-restaurante a la entrada de la urbanización Los Peñascales, que se extiende entre Las Matas y Torrelodones (Madrid). Y Vito Quiles acudió para poner en práctica su manual de instrucciones, que consiste en acosar, provocar, grabar, montar y difundir de forma manipulada a mayor gloria de su miseria. Pero no nos equivoquemos: Vito Quiles es una simple herramienta, un tonto a las tres (muy bien pagado) que trabaja con tres maromos (mal pagados) que le escoltan a todas partes y graban todo lo que interesa a la causa. Da igual cómo se hayan producido los hechos: se trata de capturar imágenes que, una vez enlatadas, puedan llevar a pensar que el descarado acoso que practica parezca justo lo contrario: que el agredido es él.

Ha hecho Begoña Gómez lo que tenía que hacer: interponer una denuncia relatando los hechos ocurridos en el interior de ese café, donde se produce una invasión de la intimidad y una violencia física al impedirle salir al exterior para esquivar el acoso (ver aquí). Hicieron mal (aunque fuera con buenas intenciones) las dos amigas de Begoña Gómez en increpar al tipejo o intentar quitarle el móvil o el micrófono. Es exactamente lo que busca Quiles: cortes de vídeo donde le hayan tocado un hombro o una manga. Entonces gesticula y teatraliza como un delantero jeta en busca de un penalti. Si usted pone a cámara lenta los contactos físicos entre las acompañantes de Begoña Gómez y el acosador, puede reírse un rato. Como él hace con sus víctimas.

No es periodismo, es acoso, es pura provocación con una técnica medida y repetida que busca desquiciar a la víctima y a su entorno, para grabar imágenes que, una vez filtradas como conviene, se viralizan y monetizan. No es periodismo: son prácticas fascistas que sostienen un negocio. Porque otra cosa no, pero si algo sabe hacer cualquier sucursal de las extremas derechas es abordar sus causas ideológicas (también llamadas “batallas culturales”) con un retorno crematístico. 

Ha hecho bien Begoña Gómez en denunciar como también hizo bien Rubén Sánchez, de Facua, en irse al juzgado tras ser víctima de calumnias, injurias y difamaciones varias, además de ver su domicilio y sus datos más personales publicados porque a este individuo y a sus jefes les molesta el activismo valiente. Como les molesta que surjan voces en el ámbito progresista que utilizan con éxito formatos muy virales, como Elena Reinés o Sarah Santaolalla o Alan Barroso o Tigrillo o Héctor de Miguel… Y a todos ellos los persiguen, los acosan, los machacan e intentan deshumanizarlos. Llevan ya años haciéndolo con políticos y periodistas… siempre del espacio progresista; no verán ningún caso en que esto suceda al revés.

La reacción del Partido Popular tras el acoso denunciado de Vito Quiles a Begoña Gómez es simplemente vergonzosa. Sostiene su portavoz, Ester Muñoz, que lo que ella ha visto es que “parece que quien recibe violencia es él” y que entiende que “haya periodistas que quieran hacerle preguntas” a la esposa del presidente del Gobierno (ver aquí). Salvo que Muñoz sea otro ejemplar de estulticia bien pagada (dispuesta quizás a hacer bolos con su presuntamente admirado periodista Quiles, telonero de mítines del PP), es fácil observar que este tipejo no pregunta sino que acusa, insinúa, difama, sentencia… Lanza todo tipo de improperios buscando la inflamación de los órganos más sensibles del agredido (más habitualmente agredida, porque hay un componente genuinamente machista y machirulo en el personaje).

Y en la estela de la fascistoide reacción del PP está la de unas cuantas y unos cuantos analistas que han asumido la actividad de Vito Quiles (o de Alvises o Negres o Ndongos…) como “periodismo”. O la han comparado con el programa Caiga quien caiga, que durante muchas temporadas hizo las delicias de la audiencia televisiva desde el humor y la ironía, pero nunca invadiendo la intimidad de un personaje público; hacían preguntas, sí, no lanzaban insultos ni improperios ni infamias. Y, compruébenlo –que no cuesta tanto–: el equipo de Wyoming, o Pablo Carbonell, o Gonzo, o Arturo Valls… incomodaba a dirigentes de todo el arco parlamentario, no exclusivamente a las izquierdas ni mucho menos a periodistas profesionales. Es tan ofensivo escuchar la comparación de Quiles con los reporteros del citado programa o de El Intermedio como leer que la Asociación de la Prensa de Madrid premia a Ketty Garat por su “periodismo de investigación”. ¡¡Mátame, camión!!

Vito Quiles sería una simple anécdota si no fuera porque PP y Vox siguen bloqueando la normativa que impediría a personajes como él continuar acreditados en el Congreso de los Diputados. Quiles no merecería una sola línea si no fuera porque hay tropecientos colegas periodistas que insisten en hablar de “libertad de expresión” al enfrentarse al asunto. ¿De verdad? ¿En serio tenemos que discutir esto a estas alturas? Suelo repetir un claro ejemplo: el Parlamento Europeo es una institución cuyo carácter democrático nadie pone en duda. Pues bien: un Vito Quiles, un Ndongo o un Negre tendrían prácticamente imposible conseguir una acreditación en el Europarlamento, simplemente por los filtros profesionales y de compromiso de responsabilidad. Pero lo que sería absolutamente seguro es que bastarían un par de incidentes como los que casi a diario provocan estos tipejos para que fueran expulsados y sus acreditaciones, o las de sus medios, retiradas ipso facto. ¿De qué libertad de expresión me está usted hablando? Pues de la de quienes tienen como único objetivo destruir el periodismo, la democracia y la convivencia. 

Pero déjenme terminar con una sorpresa: ni Quiles, ni Ndongo ni el resto de esta pandilla-basura tienen la culpa. Son simples brazos ejecutores de un negocio ideológico y crematístico. Si de verdad quieren saber dónde encontrar la luna y no el dedo de este emporio, lean los datos que aportaba mi compañero Fernando Varela hace unos días en infoLibre (ver aquí) y anoten esta constelación de apellidos: Ariza, Vízner, Inda, Suárez… Sigan la pista del dinero. No falla.

Lo dicho: no es periodismo, es acoso, es fascismo… y es negocio. Y por aquí dejo un aviso (con conocimiento de causa): si no tienen suficiente con la presión mediática, capaces son de enviar un par de sicarios a tu casa, descerrajarte la puerta y robarte papeles y pendrives en busca de cualquier cosa que les afecte o con la que puedan destruirte. 

¡¡Seguimos!!

Rajoy, como en la canción de Sabina, lo niega todo, incluso la verdad. Lo cual no es ninguna sorpresa. Pero merece la pena explorar un poco lo que esconde esa natural desgana, esa retranca del personaje que al parecer produce cierta empatía aunque le sirva a la persona para esquivar responsabilidades gravísimas. Porque entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo en las múltiples irregularidades ya sentenciadas por el Supremo en el caso Gürtel. Como tampoco olvidamos que en esos mismos años, y bajo la misma presidencia del Gobierno, en el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se dedicaban (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano.

Lo que Mariano Rajoy hizo el jueves durante la media hora que pasó por la Audiencia Nacional fue defender a su amigo y subordinado durante muchos años Jorge Fernández Díaz y al número dos de este, su secretario de Estado en Interior, Francisco Martínez. Y, de paso, defenderse a sí mismo aunque formalmente nunca haya sido acusado. Por eso sostiene Rajoy que la Kitchen “no fue una operación política”, sino “una operación policial” cuyo objetivo fundamental era “coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. Y, por supuesto, todo “se ajustó a la legalidad” (ver aquí). Y los elefantes vuelan y los caballitos ladran. A estas alturas es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido. 

El pasado lunes, en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero que él mismo había nombrado (ver aquí). Rajoy asegura que eso es “absolutamente falso”. Y es la palabra de uno contra la del otro, puesto que ya se encargó precisamente la Kitchen de destruir cualquier prueba documental (o no, quién sabe si en las profundas alcantarillas de Villarejo existe alguna copia) que pudiera aclarar el enigma.

Pero lean: “Es claro que el origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. Esto escribía, negro sobre blanco, la defensa del exministro Fernández Díaz en julio de 2021. Por entonces los principales acusados iban lanzando dardos para que en las alturas del PP tuvieran claro que no se iban a “comer el marrón” de unos cuantos años de cárcel por unas prácticas mafiosas cuyo único interés era de partido, no policial. De hecho, no se conoce que durante todo ese periodo la trama llevara ninguna de sus pesquisas o acciones a la autoridad judicial correspondiente. 

Y además, a Rajoy le traiciona la cronología. El mensaje de “Luis, sé fuerte” lo envía el 18 de enero de 2013, dos días después de conocerse que Luis Bárcenas oculta una fortuna millonaria en Suiza. Dice ahora que la Kitchen, que se puso en marcha en verano del mismo año, perseguía la recuperación del dinero de Bárcenas, cosa que, a la luz de ese mensaje enviado, tenía sin dormir a Rajoy, más ocupado por esas fechas en recortar servicios públicos y subir impuestos.

Por último, sostiene Rajoy –también en su día responsable de Interior–, que ni los ministros ni los secretarios de Estado ni, por supuesto, los presidentes “están en las operaciones policiales” ni en “los fondos reservados”. Ahora va a resultar que Rajoy defiende la inocencia de José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el Supremo en los años noventa por una operación parapolicial ilegal realizada con dinero público.

La amnesia selectiva de Rajoy, casi tan aguda como la de María Dolores de Cospedal, y las clamorosas mentiras de ambos fueron celebradas por las defensas de Fernández Díaz y Francisco Martínez con unas pocas preguntas cómplices. Y, si cabe aún más llamativo, el silencio de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Siempre hay una explicación técnico-jurídica o procesal que lo justifica todo. Y en este caso todo está condicionado, como ya hemos advertido alguna otra vez, por la instrucción del juez Manuel García-Castellón, que se esforzó muchísimo en delimitar toda la investigación de la Kitchen al ministerio del Interior, evitando explorar a fondo la vertiente política que conducía a las alturas del PP y del Gobierno. Incluso se han dejado fuera de este juicio de la Kitchen audios que todos hemos escuchado y que ponen en evidencia la declaración que este mismo jueves hizo Cospedal. “Yo a Villarejo le hacía preguntas, no encargos”, aseveró tan pancha, y añadió además que nunca había hablado por teléfono, “ni fijo ni móvil”, con el comisario, como si no hubiera escuchado media España su voz indicándole que lo de “la libretita” donde Bárcenas apuntaba sus pagos “sería mejor lograrlo parar”. Pero resulta que Cospedal puede mentir sin consecuencias, precisamente por su estatus peculiar de testigo que fue imputada con un archivo provisional de la causa (ver aquí).

Por mucho que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, justifique su actitud en los interrogatorios de estos días como consecuencia de que sólo cabe en este juicio lo que figura en los escritos de acusación, se agradecería un mínimo esfuerzo por lo que debería ser el objetivo prioritario de una causa judicial: conocer los hechos presuntamente delictivos, identificar a sus responsables y, por último, castigarlos si se demuestra su culpabilidad. Ni la retranca de Rajoy ni el sonriente cuajo de Cospedal, tan cómodos ambos con la permanente asistencia de Palacios cortando todo intento de evidenciar que es imposible juzgar la Kitchen sin conectarla con la Gürtel, ayudan en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo. Y respecto al fiscal y la abogacía del Estado, resulta asombrosa su renuncia a poner en aprieto alguno a Rajoy o a Cospedal mientras hay que leer tropecientas columnas en la prensa diestra denunciando la permanente “injerencia” del Gobierno en la acción de la justicia. A la vista está la eficacia de las “presiones” del malévolo Bolaños: Begoña Gómez, camino del banquillo con una petición de cárcel que casi dobla a la de Fernández Díaz; el hermano de Sánchez, también pendiente de juicio oral; el ex fiscal general, condenado sin prueba alguna; la Kitchen, juzgándose como si hubiera sido una ocurrencia de Villarejo y de otro policía cuya salud mental le impide declarar; y Ábalos y Koldo al borde de la trena (sobran los motivos) mientras el ínclito Aldama se pasea tan campante y el novio de Ayuso sigue comprando áticos en Chamberí. ¿Lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos.

Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos.

Hace ya tiempo que lo de menos es la realidad, el mínimo respeto a unos hechos comprobables sobre los que aportar visiones diferentes. Lo que importa es la versión parcial e interesada de la realidad que se consiga instalar en la conversación pública. Prueben a analizar portadas de periódicos, aperturas de telediarios o tiempo dedicado en programas televisivos de debate en los últimos días. Se diría que la noticia es exactamente lo que no ha ocurrido. A vueltas permanentes sobre la nada. Lo que pudo haber sido y no fue. Este mismo jueves (por ejemplo) me topo con la portada de El Mundo: "Aldama pagó un ‘catering’ para 5 ministros la noche que aterrizó Delcy" (ver aquí). Más abajo, en cuerpo más pequeñito, se matiza: "La cita no se celebró al tener la actual presidenta de Venezuela prohibida su entrada en la UE". Total, que no existió la cena, no acudieron los ministros, tampoco la actual presidenta venezolana. ¿La fuente? Un empresario inculpado por una estafa fiscal de casi doscientos millones de euros, pero que sigue en libertad, paseándose por los estudios de la COPE o por OkDiario, pregonando que él solito con su mochila de facturas liquidará el actual Gobierno y pondrá la alfombra roja a quienes considera que vendrán a “salvar” España. Patriotas especializados en hidrocarburos sin IVA y bitcoins sin factura. ¿Por qué la fiscalía consiente este bochornoso e intencionado espectáculo? Un misterio que más pronto que tarde tendrá que explicar el ministerio público.

El miércoles fue ABC quien dedicó su portada a otro tema que nos tiene sin dormir: "Bolaños presiona a Perelló con una cascada de cartas desde que es presidenta del CGPJ" (ver aquí). Se supone que esas supuestas cartas contienen quejas, “reproches”, “advertencias” o “indicaciones” del ministro de Justicia a Isabel Perelló, la jurista que el propio Bolaños propuso para presidir el órgano de gobierno de los jueces como nombre de consenso para que el PP suspendiera un bloqueo de más de cinco años en la renovación (obligada constitucionalmente) del Poder Judicial. La verdad es que bien podría ahorrarse el ministro de Justicia el feísimo (y torpísimo) detalle de poner mensajes de WhatsApp a Perelló expresando sus cabreos. Pero el resultado de esa “insoportable injerencia”, como la califica ABC, es perfectamente descriptible. No se me ocurre dictadura ni autocracia más eficaz que la que “soportamos” en España, donde ni una sola de las supuestas “injerencias” gubernamentales parece surtir el mínimo efecto. Más bien lo contrario. Y si no, ahí tienen la condena sin pruebas contra el fiscal general García Ortiz, el proceso alucinógeno de Peinado contra Begoña Gómez o la inusitada velocidad con la que Ábalos y Koldo se sientan en el banquillo (dos años desde el estallido frente a trece años desde que se destapó la trama Kitchen).

Disculpen que insista. Lo que está ocurriendo en determinadas instancias judiciales es a mi juicio lo más grave que se ha producido en la historia democrática reciente. Porque se pretende con todo el cuajo vender el mundo al revés: cuando por fin llega la hora (trece años después) de sentar en el banquillo a todo un exministro del Interior, a su número dos, a toda la cúpula de las fuerzas de seguridad de la época, con el desfile de testigos que van repitiendo que ¡oh, sorpresa!, ‘M. Rajoy’ es (...tambores…) Mariano Rajoy, también apodado El Asturiano, nada menos que presidente del Gobierno en las fechas de los gravísimos hechos delictivos; cuando otros indicios y testimonios salpican, pese a los esfuerzos del juez de instrucción por perimetrar las responsabilidades, a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; cuando en la sala del juicio se escuchan cada mañana declaraciones de testigos que ofenden a la inteligencia como la que este miércoles protagonizó Ignasi Cosidó, exdiputado del PP, exsenador y, sobre todo, ex director general de la Policía, que dice que no se enteró de nada, ni por arriba ni por abajo, de lo que hacían sus jefes y sus subordinados, dedicados en cuerpo, alma y cartera (del contribuyente) a —presuntamente— obstruir a la justicia para tapar cualquier prueba que pudiera incriminar a los dirigentes del PP o del Gobierno del Estado en delitos como la financiación ilegal, los cobros en dinero negro o el espionaje a adversarios políticos… En fin, cuando uno ve, lee y escucha todo esto y mucho más, entran ganas casi definitivas de hacerse portugués.

Porque en los principales medios audiovisuales, escritos y digitales no hay día en que las referencias a la trama Kitchen, por la que esta próxima semana tendrán que declarar (como testigos) M. Rajoy, D. Cospedal o S. S. Santamaría, entre otros altísimos cargos de la era de los recortes, no queden limitadas a media página, a un triste faldón, a veinte segundos de emisión o a una doble columna, en beneficio del enorme escándalo que provocan las decisiones del juez Peinado sobre Begoña Gómez o las vomitivas andanzas de Ábalos o Koldo.

De modo que el objetivo, por el momento, está conseguido: puro y duro ventilador, empate de escándalos de corrupción, desgaste autodestructivo del prestigio de la política (y del periodismo). Llevamos muchos años defendiendo que conviene no comparar unos casos con otros ni meterlos en la misma coctelera. Nuestra obligación es analizar uno por uno y denunciarlo en las proporciones adecuadas a su gravedad, el volumen del daño causado y también la reacción de la formación o la institución afectada. Nos han dividido estos días las pantallas en las que aparecen (en el mejor de los casos) compitiendo los Kitchen, los Ábalos y Begoña Gómez. Y es importante denunciar que se trata de un planteamiento burdo y tramposo. Por terminar por el final: el auto del juez Peinado dejando al borde del banquillo a la esposa del presidente del Gobierno contiene tantas pruebas o indicios de delito como el que en su día se llevó por delante al entonces fiscal general García Ortiz. Invito a leerlo sin gafas sectarias. No se sostienen ni por asomo la apropiación indebida, ni la corrupción en los negocios, ni el tráfico de influencias ni la malversación de caudales públicos (ver aquí). La comparación que Peinado hace de Sánchez como un nuevo Fernando VII dice mucho de la inquina que puede motivar la actuación de este inefable juez que maneja los tiempos como si fuera inevitable que un posible juicio oral contra la mujer del presidente se celebrara en puertas de las próximas elecciones generales. Todo muy casual.

P.D. La sierra extremeña parió un ratón. Después de cuatro meses mareando las perdices, PP y Vox firman un acuerdo por el que los de Abascal ocupan dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia y una denominación para echarse a temblar: Familia, Desregulación y Servicios Sociales, que a juzgar por las 74 medidas que contiene el pacto también cabría llamarla de Familia (católica tradicional), Negacionismo, Racismo y Recortes sociales (ver aquí). Vox impone su discurso, sus ejes programáticos (algunos de muy dudosa o ninguna constitucionalidad) y se queda con la gestión de las parcelas que le importan: agricultura, ganadería, caza, inmigración… El texto podrían haberlo firmado al día siguiente de los comicios extremeños. O la víspera. Confirma lo que ya sabíamos: Feijóo tiene asumido que sólo podrá llegar a La Moncloa del brazo de Abascal (pase lo que pase en Andalucía). Un ejercicio interesante para el fin de semana: compárense los contenidos políticos de este acuerdo con los que se escuchan en Barcelona en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en la que participan líderes progresistas de más de veinte países (ver aquí). Unos hablan de discriminar, de recortar, de prohibir, de rechazar… y otros de avanzar, de dialogar, de incluir, de respetar… Es un pulso de época. Democracia o barbarie. Y seguimos a la espera del reseteo pendiente (e imprescindible) en la izquierda de la izquierda.

La magia de los esquizofrénicos ritmos de la justicia ha permitido que coincidan en estos días los juicios orales de la Operación Kitchen y del caso Koldo-Ábalos-Aldama. Tal coincidencia facilita portadas y telediarios en los que se “empatan” ambas corrupciones, se cocina la salsa del “todos son iguales” y se incentiva en unos cuantos grados la antipolítica, con la satisfacción indisimulada de la extrema derecha antisistema. De ese riesgo advertía este lunes aquí mismo la politóloga Cristina Monge: todo demócrata debe ser implacable contra la corrupción, pero no debe aceptar que esa justa intolerancia hacia cualquier corrupción se convierta en “un ejercicio de antipolítica, porque ni todos son iguales ni todos los casos son lo mismo”.

¿Cómo se come que la trama Kitchen (incompleta) se siente en el banquillo ¡trece años después de conocerse! y el (gravísimo) trapicheo de mascarillas del trío de Transportes sea juzgado a los dos años de la detención de Koldo? Se dirá que tal diferencia de tiempos se debe a la gran complejidad de la primera causa y a la sencillez de la segunda. Pero es más fácil creer en la santísima trinidad que descartar el hecho de que la esencia de la Kitchen es precisamente la obstrucción de la justicia por todos los medios, incluidos los que aportaba la mismísima cúpula del ministerio del Interior y de la Policía; o la ya experimentada capacidad del PP y sus servicios jurídicos para dilatar las causas en las que se ve involucrado el partido (que se lo pregunten al juez Pablo Ruz, instructor de la primera causa de la Gürtel, la de los discos duros destrozados a martillazos…). 

Déjenme incluso que sea malpensado: ¿cómo habrá influido en la investigación de la Kitchen el hecho de que su instructor fuera Manuel García-Castellón, el mismo juez que mantuvo durante más de dos años una causa abierta contra el núcleo dirigente de Podemos sin una sola prueba (ver aquí), pero facilitando día sí día también portadas y tertulias que debatían en torno a documentos más falsos que un euro de madera? Sí, es el magistrado que concluyó que el ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a intentar robarle documentos que podían implicar al partido por financiación ilegal y salpicar a sus dirigentes en diferentes delitos. Pero es el mismo magistrado que se negó a ampliar la investigación de la Kitchen a la cúpula del PP o a los ‘habitantes’ de la Moncloa, donde “reportaba” el ministro Jorge Fernández Díaz de forma permanente. Deberán acudir a declarar como testigos Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno; María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, o Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno. Pero sólo como testigos, puesto que García-Castellón decidió perimetrar la investigación al departamento de Interior, como si este hubiera actuado como una especie de comando independiente tanto del resto del Gobierno como del partido al que toda la trama se dedicó a proteger.

El caso es que todas estas obviedades (documentadas y comprobables) permiten que hoy Feijóo, Ayuso y compañía repitan con enorme displicencia que “esto es algo de hace trece años” (ver aquí), y se quedan tan panchos, sin responder a la pregunta siguiente: ¿y por qué la trama político-policial-mediática seguramente más grave –en mi opinión– que ha afectado a la democracia en estas últimas cuatro décadas ha tardado trece años en ser juzgada? ¿Quizás porque esa trama consistía precisamente en obstruir a la justicia? ¿Quizás porque desde el propio Partido Popular y el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy se hizo todo lo que se pudo por dilatar esa causa? Mienten descaradamente cuando dicen –o insinúan– que en todo caso ya se pagó el precio político de “los errores de Fernández Díaz y su número dos” cuando Rajoy fue sacado del Gobierno por la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en 2018. Hacen la trampa de meterlo todo en la misma coctelera, olvidando que aquella moción se tramitó por una sentencia que no tenía nada que ver con la Kitchen, sino con la Gürtel, la que incluía los papeles de Bárcenas en los que figuraba un tal “M. Rajoy” cobrando sobres en efectivo, la que condenaba al PP por beneficiarse “a título lucrativo” de todo un entramado de financiación irregular que pasaba por el manejo de dinero negro para el reparto de sobresueldos a sus dirigentes o para pagar la sede nacional del partido (la misma que hoy mantiene Feijóo, pese a aquel anuncio de venta inmediata que hizo Pablo Casado en un ataque pasajero de ética política, como el que tuvo –y le honra– al denunciar la millonaria comisión por mascarillas del hermano de Ayuso, lo que le costó la presidencia del PP). 

Como también apuntaba Cristina Monge, no se trata de comparar la “gravedad” de unos y otros casos de corrupción. Allá cada cual con la calificación que le merezcan. Se trata –si somos mínimamente objetivos– de analizar el contenido de cada trama, su objetivo, sus consecuencias y también la reacción que ha merecido en el partido al que afectaba. No comulguemos con ruedas de molino: la Kitchen consiste en toda una cúpula de Interior y de la Policía dedicadas a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del partido político de Gobierno, y el caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. ¿Grave? Gravísimo a mi juicio, y por tanto merecedor de las condenas que procedan para Koldo, Ábalos, Aldama…, también aplicables a todos aquellos que se lucraron de manera absolutamente especulativa con la contratación de partidas de mascarillas, guantes, etc, en las distintas administraciones. No hace falta dar nombres. Pero no hay rastro alguno de financiación ilegal del PSOE en toda la trama en la que participaban Ábalos, Koldo y Aldama, ni con las mascarillas ni con los contratos públicos por los que también está imputado Santos Cerdán.

Lo innegable a día de hoy es que Ábalos fue expulsado del PSOE, mientras Jorge Fernández Díaz (el ministro con “un ángel de la guarda que se llama Marcelo”) solo fue suspendido de militancia en 2021 y hoy sigue perteneciendo al PP. Del mismo modo que Mariano Rajoy continúa disfrutando todos los honores en el partido y en las campañas de elecciones generales, como los disfruta José María Aznar, el del “sí a la guerra”, el presidente con más ministros imputados y encarcelados. Resulta inimaginable en cualquier otra democracia con la que queramos homologarnos que políticos con la ‘mochila’ de Aznar o de Rajoy pudieran seguir paseándose por los Hormigueros respectivos. Pero en este país nuestro el ecosistema mediático tiene un sesgo diestro anterior a la época de la desinformación y los bulos. Vemos hoy mismo cómo cabeceras de la aún llamada prensa seria fuerzan casos sin sostén documental alguno para intentar establecer una especie de “equilibrio” o “equidistancia” entre corrupciones de distinto signo. 

Si no lo escribo, reviento: a la vista de actuaciones judiciales como la condena sin pruebas del fiscal general del Estado García Ortiz o la investigación descaradamente prospectiva de Peinado contra Begoña Gómez, ¿se imaginan qué habría sido del Gobierno de coalición actual si en algún momento hubiese aparecido un documento en el que un tal “P. Sánchez” firmara la percepción de un sobresueldo en negro? “La hoguera, la hoguera, la hoguera”, como cantaba Javier Krahe.

P.D. Este lunes hemos conocido algunas encuestas con un estribillo común: el ascenso de Vox parece frenarse, lo cual beneficia al PP, mientras el PSOE rentabiliza el ‘no a la guerra’ y la negativa de Pedro Sánchez a actuar como “vasallo” de Trump. Pero si se observan las transferencias de voto, las ganancias del PP vienen de Vox como las del PSOE vienen del espacio a su izquierda. No hay novedades en las fortalezas y debilidades de cada bloque. Hoy por hoy, las derechas extremas o extremadas suman mayoría, mientras las izquierdas no podrían repetir coalición ni siquiera con apoyos nacionalistas. Hay materia para un próximo análisis, pero los datos cantan: ni hay una “derechización” en España, como presumen diferentes voces –el bloque conservador suma unos 12 millones de votos, los mismos que en 2011 sumaban PP y la UPyD de Rosa Díez (ver aquí)–, ni está escrito que las izquierdas no puedan reeditar coalición de Gobierno. Todo depende de lo que hagan en estas próximas semanas las fuerzas a la izquierda del PSOE y de si aquellas y este entienden que un futuro de progreso democrático exige gestionar la realidad de un Estado plurinacional. Con todas las consecuencias.

La tercera estación del calvario electoral programado por Alberto Núñez Feijóo el pasado otoño contra Pedro Sánchez era Castilla y León. Fecha, 15 de marzo de 2026. Datos: el PP gana dos escaños y el PSOE otros dos. El primer objetivo del planazo –desgastar al “sanchismo” hasta “sangrar”– no parece muy logrado en la comunidad que pasa por ser la más conservadora de España, a la vista de 39 años de gobiernos de la derecha. La segunda prioridad declarada por el PP en este viacrucis era la de ensanchar la distancia respecto a Vox para rebajar sus exigencias en la negociación de gobiernos territoriales. Vox ha subido (solo) un escaño, de modo que la diferencia entre las dos derechas en Castilla y León ha pasado de 18 escaños ¡a 19! En esto le ha ido al PP mejor que en Aragón o en Extremadura, donde ya escribimos que hizo “un pan como una hostias”. Pero tendrá que seguir soportando, sí o sí, la penitencia que decida Abascal para gobernar en las tres comunidades que han votado en estos últimos meses.

Las urnas despejan incógnitas aunque no aportan los porqués (por mucho que nos empeñemos los analistas en lanzar juicios de intenciones sin esperar a los estudios postelectorales). De modo que no podemos saber hasta qué punto ha podido perjudicar las expectativas de Vox (las encuestas lo situaban por encima del 20%) su posición genuflexa ante Trump, sus vodeviles internos, su bloqueo de los pactos de gobierno en Extremadura o Aragón, etc. Como tampoco podemos saber en qué grado ha podido movilizar las filas socialistas el “No a la guerra”, la confrontación rotunda de Sánchez con Trump o la participación de Zapatero en algunas plazas clave de la campaña. Sí sabemos que donde han bailado escaños a favor del PSOE ha sido en Soria y en Segovia. Quizás –sólo quizás– la cercanía al territorio, a los problemas de la gente en su ámbito vital, pesan más que la geopolítica internacional.

Carlos Martínez, el candidato socialista, alcalde de Soria cuyo nivel de conocimiento a nivel autonómico no pasaba del 50%, ha conseguido atraer votos de Soria Ya a su cartel, y también ha inclinado a su favor el nuevo procurador que ganaba la provincia de Segovia gracias al aumento de población derivado de los trenes de alta velocidad a Madrid y Valladolid y de la población inmigrante. En Soria y en Segovia están las claves del crecimiento socialista. Y lo están, quizás, porque Martínez no es ningún paracaidista, porque ha centrado su campaña en plantear soluciones a lo que el PP no ha sabido gestionar en cuatro décadas, y porque lo ha sabido hacer sin aparcar la fuerza del “No a la guerra”, del brazo de Zapatero o acompañando a Sánchez sin ser ‘sanchista’ de primera hora. 

Que Mañueco renueve la primera posición o incluso la mejore, a pesar de su nefasta gestión de los incendios forestales del verano pasado, los casos de corrupción en su entorno salmantino o la devaluación permanente de la calidad asistencial en la región, no debería sorprender a nadie si se tiene en cuenta el ecosistema mediático regional (ver aquí). Tendrían que ocurrir muchas cosas a la vez (y en todas partes) para que la derecha pierda el poder en una comunidad en la que la influencia social de la Iglesia aún pesa más que las andas de Semana Santa y en la que un porcentaje muy relevante de la información (o desinformación) circulante está en manos de dos constructores condenados por corrupción.

Ni una sola encuesta ha acertado el resultado de Vox. De hecho, en los últimos días no había forma de escuchar un análisis electoral que no destacara que Santiago Abascal había hecho una campaña tan intensa que salía a tres pueblos por jornada, dedicado a predicar los efectos nefastos que el acuerdo de Mercosur tendrá para los agricultores y ganaderos de la región, sin olvidarse del “reemplazo” migratorio en marcha (dos ejemplos meridianos de manipulación informativa). Tampoco nos volvamos locos de (comprensible) alegría. El juego de las expectativas hace que nos parezca un éxito que Vox no haya superado el 20% del voto en Castilla y León, como si no fuera suficientemente grave que su resultado le permita seguir condicionando las políticas de gobierno desde el negacionismo, el extremismo y el discurso del odio. Eso sí, todo apunta a que el ‘No a la guerra’ sitúa a la extrema derecha ante el espejo de un patriotismo falsario.

El resultado electoral de Unión del Pueblo Leonés demuestra la fortaleza del sentimiento leonesista. Los agravios que hasta un 60% de la población de León (segunda provincia en aportación de procuradores a las Cortes autonómicas) siente hacia el centralismo de Valladolid no pasarán. La representación leonesista es estable y creciendo entre la población joven. En algún momento de un futuro (no tan lejano) habrá que repensar un mapa autonómico diseñado en los albores de la Transición, a menudo por intereses muy verticales y poco coherentes con las identidades plurales y diversas de España (y de Castilla y León). La representación parlamentaria (aunque sea mínima) que mantienen Soria Ya o Por Ávila remachan en el mismo clavo: la necesidad de respetar y dar cauce a las reivindicaciones más pegadas a la realidad local o regional.

A la izquierda del PSOE ha ocurrido lo que se temía y más allá. La dispersión de siglas no ayuda, y aunque la barrera electoral sea del 3%, como en Aragón, y no del 5%, como en Extremadura, lo cierto es que se produce una diseminación del voto que solo favorece a formaciones que “atrapan” los restos, y es evidente que las mayoritarias (incluida ya Vox) se aprovechan de esta distorsión en el ecosistema electoral español, más dependiente de la circunscripción provincial que de la demonizada Ley D’Hont. Si las izquierdas no aprenden algo de lo ocurrido en Extremadura (para bien) y en Aragón y Castilla y León (para mal) es que todas o alguna de ellas andan ciegas y sordas.

No nos cansamos de escribirlo: si a la izquierda de un PSOE que –al menos en esta tercera estación del viacrucis– resiste y se fortalece, no surge una iniciativa removilizadora que resetee un sentimiento de decepción y lo lleve a las urnas con una ambición no sectaria sino democrática y plurinacional, será imposible una renovación de la coalición de Gobierno progresista. 

Cuarta estación, Andalucía, probablemente en junio. Disculpen que no me atreva a aventurar lo que puede ocurrir en el plano político hasta entonces. La velocidad de los tiempos de la IA y el trumpismo es más difícil de gestionar que los incendios de quinta generación. Pero nada está escrito, ni mucho menos contrastado, sobre un futuro electoral en el que unos cuantos puñados de votos pueden decidir escaños suficientes para inclinar la gobernabilidad. No parece descabellado aventurar que Feijóo no termina de conseguir tumbar al sanchismo, Abascal tampoco logra su ansiado sorpaso, el PSOE resiste (en la tierra genuina de “el que pueda hacer que haga”), el leonesismo se reafirma y la izquierda de la izquierda vuelve a ser enviada al rincón de pensar.

“¿Entiendes ahora por qué la derecha lo quiere asesinar?”. Me lo dice una señora que se me acerca al finalizar el mitin de este miércoles en Segovia, mientras suena la canción-sintonía de la campaña de Carlos Martínez por el PSOE para la presidencia de la Junta de Castilla y León y las 650 personas que desbordan el salón de actos aplauden sin descanso, gritan “No a la guerra” e intentan acercarse para abrazar a José Luis Rodríguez Zapatero. La señora quiere expresar algo más, pero termina llorando por la emoción. No es discutible: Zapatero sigue insuflando ánimos y esperanzas apelando al “orgullo socialista” y utilizando el humor y el sarcasmo para hacer reír a la concurrencia.

Hemos salido tres horas antes en su coche oficial, después de que aceptara la compañía de infoLibre en su segundo mitin de la campaña que lleva a las urnas este domingo a la comunidad más extensa de España, la que ocupa el 20% del territorio pero sólo alberga al 4,8% de la población. La tierra de Zapatero (“leonés y ciudadano del mundo”) lleva 39 años gobernada por el PP. Y Segovia es la provincia que ve crecer en un escaño su representación en las Cortes autonómicas porque su demografía ha aumentado gracias a los trenes que la comunican en un rato con Madrid o Valladolid.

– ¿Cómo preparas un mitin? (Sólo lleva el móvil en la mano, ningún papel, ninguna carpeta).

– Lo preparo en mi cabeza. Pienso ideas o mensajes, sobre todo mientras corro por las mañanas. Es cuando la mente está más fresca. Y en cuanto doy con las claves que sé que van a conectar con la gente, se me quedan grabadas. Puedo anotar algún dato concreto, para que no se me olvide, pero lo importante son las ideas. Y luego pulso antes el clima que se respira.

– ¿Cómo se pulsa el clima?

– En esto tengo un sexto sentido. Al entrar en el auditorio, viendo cómo reacciona la militancia, si veo o no gente que pueden ser votantes o que se lo están pensando pero no tienen carné, me fijo en cómo interactúan cuando hablan los que me preceden… Quizás es la experiencia, pero suelo notar si quieren escuchar, si necesitan compartir sensaciones… Ya lo verás.

Subiendo la rampa que conduce al túnel del Guadarrama es inevitable ver desde la A-6 la Cruz de los Caídos en el Valle de Cuelgamuros.

– Veo que no la miras…

– Nunca he estado ahí ni pienso. Me produce una sensación amarga sólo la visión. No te digo lo que se me ocurre que habría que hacer con ella porque se armaría gorda. 

Antes le he preguntado por el tema personal que le persigue desde hace meses: su vinculación con la empresa de su amigo Julio Martínez y las acusaciones contra él y también contra sus hijas en relación con Venezuela y con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. 

– Dije en el Senado todo lo que tenía que decir. Es un aluvión de falsedades, un cúmulo de disparates que buscan destrozarme, también a mi familia. Pero no lo van a conseguir.

– ¿Cómo lo llevan ellas?

– Hay ratos, y hay días. Pero están ya muy acostumbradas [Sonsoles, su mujer, y sus hijas] a todo ese barro en el que no pienso mancharme. 

Mientras escribo, hojeo uno de los dosieres que han circulado por las redacciones (y en algún medio se ha publicado por entregas). Se titula “José Luis Rodríguez Zapatero: Networks of influence, strategy and informal power”. En él van apareciendo personajes de lo más diversos, desde Rubalcaba a Villarejo, de José Miguel Contreras a Jordi Évole… Para hacerse una idea de la credibilidad y rigor de las 39 páginas que lo componen, sólo decir que sitúa a la periodista y escritora Nativel Preciado en la cúspide del ecosistema mediático que supuestamente controla el expresidente del Gobierno. (Le va a dar un pasmo a mi querida Nativel cuando lo lea).

– No percibo que la campaña que vengo sufriendo afecte a la imagen que la gente tiene de mí. Creo que es una cuestión de credibilidad. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. 

Llegamos a Segovia, al complejo hotelero en las afueras donde en un salón cercano al auditorio le esperan decenas de mujeres que charlan alrededor de un café con el candidato Carlos Martínez. Es un día especialmente difícil para las asociaciones feministas de la región. La noche anterior, un hombre ha asesinado a tres mujeres en Miranda de Ebro. El mal no descansa. La violencia machista sigue ahí. Y los negacionistas de esta violencia estructural están a punto de gobernar (de nuevo) en Valladolid.

Antes de empezar el mitin, hay una breve reunión de quienes van a intervenir en una pequeña salita. Están la exalcaldesa Clara Martín, el diputado en el Congreso José Luis Aceves, el cabeza de lista por Segovia (Sergio Iglesias), Carlos Martínez y Zapatero. (Admiten que nos colemos para escuchar). Bromean sobre la apuesta que alguien de la organización ha perdido porque no creía que pudiera llenarse ese auditorio. Explican el orden de los discursos y, cuando están a punto de levantarse, Zapatero les pide que esperen.

– Yo creo que no debo cerrar el mitin. Mejor yo voy el penúltimo y dedico el último a tramo a hablar de ti, Carlos, de manera que tú entres bien arriba y concluyamos con lo que más importa: las soluciones que propones para Castilla y León. Con que estés como estuviste ayer en el debate… 

– Vale, como prefieras, presidente. Pero ya sabes que también está muy presente el “No a la guerra”, apunta Carlos Martínez.

Lo hemos hablado en el coche.

– ¿Pueden el “No a la guerra” y la posición de Pedro Sánchez y las amenazas de Trump tener efectos electorales?

– No lo sé. Lo que sí sé es que está muy vivo en la sociedad española, y de una forma transversal. Responden las derechas como siempre, acusándonos de ingenuos y buenistas. No entienden nada. ¿Cómo dejaron los países que invadieron en 2003 y después? ¿Irak, Libia, Afganistán? Lo realista, lo pragmático, coincide con nuestros principios y valores. Y sí, hay un hilo que conecta el grito casi unánime del “No a la guerra” con el orgullo muy mayoritario sobre la actuación valiente de Pedro Sánchez.

– Feijóo y Abascal, incluso algún o alguna dirigente europea, también acusan a Sánchez de actuar por puro electoralismo.

– Es para reírse, si no habláramos de genocidios, de bombardeos a población civil, del asesinato de 160 niñas en una escuela iraní. Electoralismo puro es esa pesadez de las derechas con la inmigración, la inmigración, la inmigración… 

– Vox, y también Mañueco, tienen la inmigración como uno de los ejes claves de esta campaña.

– Quiero hablar de esto en el mitin. Tan patriotas, tan valientes con los inmigrantes que vienen a trabajar como tantos castellanos y leoneses emigraron a Argentina, a Alemania, a Suiza o a Bélgica para ganarse la vida y sacar adelante a los suyos. La despoblación. Ese sí que es un gran problema en esta comunidad, y son los inmigrantes quienes la están frenando en los últimos tiempos, quienes aportan para hacer crecer la economía. ¡Hasta la Iglesia les está diciendo a Feijóo y a Abascal que es un disparate la demonización y el desprecio al migrante! Menudos sentimientos cristianos tiene esta gente. Y lo digo en una Comunidad en la que el peso conservador –con una influencia tradicional de la Iglesia católica– es muy importante y muy difícil de superar.

– Algo influirá también el ecosistema mediático…

– Qué te voy a contar… Unos medios que, de forma muy mayoritaria, están en manos de dos constructores condenados por corrupción.

– Y que además reciben del grifo de dinero público de la Junta de Mañueco unos 40 millones de euros según las últimas cifras conocidas.

– Por eso se ponen de los nervios con la nueva ley de publicidad del sector público, que les va a poner más difícil esa forma de manipular la libertad de prensa. Liberales de pacotilla, y con el dinero de todos.

Pasamos de la ‘sala de máquinas’ al salón de actos abarrotado. Suena la canción que se repite al principio y al final de cada mitin. A ritmo de Rosendo y con el estribillo “Cambiemos a Mañueco por Carlos”, producto de la Inteligencia Artificial sobre una idea de Álvaro Lora, un sahagunés que ha sido procurador socialista y que es técnico de organización de la campaña actual.

Las intervenciones previas son interrumpidas de vez en cuando por ese grito de “No a la guerra”, que de vez en cuando también aparece en la pantalla del escenario. Cuando le toca el turno a Zapatero, recibido con una ovación a la que se le nota acostumbrado, arranca por algo que también nos ha anticipado: el peso fundamental que cree que hay que dar a la cultura, y en Segovia a Antonio Machado, a María Zambrano… “pensadores de la mejor España, la del conocimiento, la democracia, la libertad…”.

Y va alternando lo emocional con lo humorístico, ambos carriles paralelos en un discurso de fondo. Seleccionemos:

– Hay negacionistas que lo niegan todo y que vuelven a rezar; lo vi el otro día en la Casa Blanca. Borges reivindicaba la fuerza de la escucha, del diálogo: “Dejaron atrás las plegarias y las imposiciones…”.

– Todo el día a vueltas con la inmigración. ¡Tan valientes con los inmigrantes, tan sumisos con Trump y Netanyahu! Si este país tiene inmigración es porque somos un país próspero, con presente y con futuro. ¿No queríamos que nuestros emigrantes fueran tratados con dignidad? ¿Qué valores cristianos defienden esos que los quieren expulsar…? No hay nada más lacerante ni más torpe.

– Ya sabéis que los expresidentes, todos… tenemos un alto concepto de nosotros mismos, pero todos deberíamos reconocer que hay gobiernos que no son el nuestro que hacen cosas extraordinariamente positivas. Yo invito a todos los expresidentes [obsérvese ese “todos”, que incluye sin nombrarlo a Felipe González] a debatir sobre la gestión del Gobierno actual. Vivimos el mejor momento de España en muchas décadas… en el empleo, en el trabajo femenino… en el crecimiento económico… el mayor salario mínimo… la mayor inversión en becas… ¡hasta en los beneficios empresariales! ¡Están batiendo récords de beneficios algunos que dicen que España va fatal!

– Me siento orgulloso de Pedro Sánchez. De su negativa a subir el gasto militar al 5%. Eso habría sido restar 55.000 millones a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, a las carreteras… Me siento orgulloso de nuestra defensa de la legalidad internacional, de los derechos humanos… Como españoles y como europeos debemos ser respetados en el mundo por esos valores, no por tener misiles.

– Lo que define a la UE es el derecho. Estos días he estado un poco inquieto por cosas que se escuchan. Hay dirigentes en la UE [en referencia a Ursula Von der Leyen] que parecen no haber leído el Tratado de Lisboa (ver aquí), donde se establece la política exterior de la Unión, que debe defender la Carta de San Francisco, la legalidad internacional, donde se dice claramente que el uso de la fuerza sólo es admisible en defensa propia o con el concurso del Consejo de Seguridad de la ONU.

– No puede haber una política más ilegal, más inmoral que lo que han hecho en Gaza y lo que están haciendo ahora. A toda la derecha que anda diciendo que “es que el régimen iraní es muy malo”. Y lo es. Pero nunca les vimos pedir que bombardearan España durante la dictadura franquista… ¡Valiente Pedro Sánchez por estar del lado de la paz, la legalidad, los derechos humanos! Y dicen que lo hace por electoralismo… ¡Están a un paso de decir que Sánchez convenció a Trump de bombardear Irán!

– Todo el santo día con Sánchez en la boca… originales no son, tenaces sí…

– ¡Qué ganas tengo de que lleguen las generales, qué campaña me voy a tirar… Si no quieren caldo, dos tazas!

Y termina su mitin ensalzando la capacidad de diálogo de Carlos Martínez y su talante “respetuoso” con los adversarios. “No como ese Tellado… que sale y parece que va a sacar una flecha para disparar a cada socialista”. Y enlaza Martínez para reivindicar “el derecho a venir”, “el derecho a volver”, en una comunidad en la que este domingo están llamadas a las urnas un total de 2.097.768 personas, con más de cien mil nuevos electores, jóvenes a quienes Vox intenta atrapar con sus negacionismos, con los miedos fabricados contra los migrantes y con la desinformación en redes sociales y pseudomedios.

Volvemos al coche después de un rosario de abrazos y fotos con militantes, con claro predominio femenino. Y después de probar el cochinillo segoviano, más propio del almuerzo que de la cena. “¡Pero exquisito!”.

– ¿Satisfecho?

– Tú dirás… 

– Te veo muy lanzado a hacer campañas pase lo que pase…

– Quería y quiero dejarlo claro. Seguiré apoyando en todas partes… Incluso en estos dos días con alguna sorpresa. Tengo muy buenas sensaciones. Esto no va a ser como Extremadura ni como Aragón para el PSOE. En absoluto. Y no es optimismo, es convicción.

Conviene reconocer que por estas mismas fechas del año 2013, cuando en las pantallas comenzó a aparecer un nuevo periódico digital llamado infoLibre, pocos se atrevían a asegurar que el proyecto no naufragara como tantos otros que surgieron en la nueva era de la información por internet. Más aún cuando se trataba de la única cabecera que llevaba casi todos sus contenidos cerrados porque apostaba por sostenerse a través de suscripciones. Y además pretendía publicar una revista mensual en papel, TintaLibre, para quienes siguen poniendo en valor la lectura reposada y la calidad narrativa en tiempos de velocidad a golpe de clic. “No se pueden poner puertas al campo. Nadie va a pagar ya nunca por informarse”, nos decían incluso los colegas que más nos apreciaban. Y aquí estamos, trece años después, orgullosos (disculpen el desahogo) de la buena salud de esta aventura. Gracias, sobre todo, al apoyo de miles de socias y socios que componen esta comunidad periodística y cívica.

Nos comprometimos desde el minuto uno a ser un medio transparente y participativo, y a estas alturas, cuando ya están vigentes las exigencias que impone el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (ver aquí), podemos presumir de ir por delante y de aplicar los máximos niveles de transparencia en España, incluso aportando más información de la ya obligada aunque muy pocos medios la cumplan (ver aquí). 

Datos clave en nuestro ejercicio de 2025: infoLibre ofrece un resultado positivo de 251.230 euros y alcanza la cifra de 16.207 suscriptores, con 213.187 registrados y una audiencia media mensual de 1.334.000 usuarios únicos. Llegamos a 2026 con estos números después de una inversión total de más de 1.600.000 euros, aportados por pequeños inversores, los propios periodistas fundadores y la Sociedad de Amigos de infoLibre. Un curso, por tanto, positivo que nos aboca a un 2026 clave para garantizar la solidez y sostenibilidad del proyecto.

Justo hace un año, en esta misma página, anunciábamos un cambio en la dirección del periódico y anticipábamos que la asumiría alguien “con experiencia, pasión por el buen periodismo y conocimientos máximos de la compleja realidad digital”. Se trataba de Virginia Pérez Alonso, que dejó poco después la dirección de Público para ponerse al frente de infoLibre y es hoy una de las dos únicas mujeres que dirigen un medio generalista de ámbito estatal (el otro es el Huffington Post). Una prueba más de lo mucho que aún queda por avanzar en igualdad, también en el periodismo. El primer curso –casi completo– de Virginia y su equipo de dirección e investigación ya se refleja en el crecimiento del periódico.

En este último año hemos asistido a un avance galopante de la desinformación y del uso venenoso de redes sociales y plataformas digitales con el objetivo político de aupar a movimientos de extrema derecha en toda Europa y al servicio de intereses crematísticos de los tecnomillonarios (o tecnojetas, como uno prefiere llamarlos) que ya empujaron a Trump a la Casa Blanca. Esa telaraña de poder global erosiona la democracia porque les molesta cualquier Gobierno dispuesto a regular, a poner límites y condiciones a la voracidad, prepotencia e impunidad con la que actúan. En ese escenario aparece también la amenaza de un uso perverso de la Inteligencia Artificial en el ecosistema informativo. Las caídas de audiencia de grandes medios provocadas por la integración de la IA en los principales motores de búsqueda en internet (ver aquí) ponen en valor precisamente modelos periodísticos como el de infoLibre, con una comunidad más fiel, mucho menos dependiente del tsunami de la IA y con sólidas perspectivas de crecimiento (ver aquí). 

Vamos con los datos.

Basar el sostenimiento de un medio en la participación de lectoras y lectores no es sólo elegir una vía de ingresos complementaria a la publicidad (transparente) o la organización de eventos. Desde infoLibre llevamos trece años defendiendo que la apuesta por una comunidad de suscriptores define ya un criterio para distinguir lo que es un medio de información y lo que son (a miles) negocios de comunicación digital que se hacen pasar por “periodismo”, con fuentes de financiación opacas y volcados en lograr tráfico a golpe de clic.

En el último año se ha acentuado la práctica sobre la que ya advertimos en su día: grandes cabeceras compiten en ofertas que permiten suscribirse a un periódico por un precio mensual bastante más bajo de lo que cuesta un café. Esa práctica es puro dumping, porque resulta imposible sostener un diario, por modesto que sea, con tarifas de 50 céntimos al mes. Decir que muchos terminarán pagando bastante más es un futurible no contrastado (que yo sepa) con auditorías fiables y transparentes.

Quizás por eso grandes cabeceras intentan confundir a la hora de medir e informar sobre el número de suscriptores. No quieren distinguir lo que son socias y socios individuales, con nombres y apellidos, de las suscripciones colectivas, empresariales, gratuitas o de otros variados tipos. Lo cual incluye, obviamente, acuerdos con grandes empresas o bancos o multinacionales o grupos sanitarios o vaya usted a saber. Lo venimos diciendo y escribiendo desde hace años: respetamos que esa práctica se ejerza, pero sería deseable que hubiera transparencia sobre el tipo de suscripción y la tarifa correspondiente que cada cual aplica. No es difícil proclamar que uno tiene, por ejemplo, 300.000 suscriptores si de ellos 80.000 no pagan, otros 50.000 son clientes colectivos que suman esa cifra y otros 90.000 pagan tarifas por debajo de cualquier precio racional. Con una consecuencia aún más peligrosa: de nuevo entramos en la desvalorización completa de la materia prima que manejamos, un periodismo fiable ejercido por profesionales formados que trabajan con un salario y unas condiciones dignas. De modo que insistimos en reivindicar la transparencia total.

En el caso de infoLibre, todas y cada una de las 16.207 suscripciones al finalizar febrero son personalizadas e individuales. Son 508 suscriptores más que en el mismo mes de 2025. Es la mejor cifra en un mes de febrero de toda la historia de infoLibre.

Llevamos exactamente trece años reivindicando que la transparencia sobre las fuentes de ingresos de un medio permite a suscriptores y lectores conocer qué grado de dependencia tiene una cabecera de intereses privados y públicos. Es su derecho, pero además ya es una obligación de los medios en cumplimiento de las normas del Reglamento Europeo, que es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la UE (ver aquí). 

Después de múltiples dilaciones, por fin el pasado 24 de febrero el consejo de ministros aprobó el anteproyecto de ley que regulará (si el Congreso lo respalda) la publicidad del sector público. Un texto adelantado por infoLibre (ver aquí) que establece condiciones claras en la línea de evitar que pseudomedios dedicados a la propaganda o a la desinformación reciban financiación pública. Entre las novedades, establece un techo del 35% de la facturación anual por encima del cual un medio no podrá recibir publicidad de la Administración central, siempre que esa facturación supere los dos millones de euros y su audiencia no esté concentrada en un territorio de una comunidad autónoma o varias limítrofes. Es un intento de evitar, o al menos poner en evidencia, la usual práctica de gobiernos autonómicos o ayuntamientos que sostienen medios afines de manera hasta ahora opaca (ver aquí algún ejemplo). En cumplimiento de lo que establece el citado Reglamento Europeo de Libertad de Medios, la nueva ley exige que todo medio de información que quiera recibir publicidad estatal debe estar inscrito en el registro estatal o autonómico de medios (aún pendiente de crear), y en el que cada cabecera debe aportar los datos de su accionariado principal y sus fuentes y volumen de ingresos públicos. 

No nos cansaremos de insistir: hágase la luz. Quienes desde las empresas periodísticas se escudan en la libertad de empresa o de expresión para resistirse a hacer públicos sus ingresos de procedencia institucional están trampeando la realidad. Estas normas no afectan en absoluto a la libertad de prensa, que está siendo precisamente atacada por quienes la utilizan para desinformar, difamar, sembrar odio… de forma impune y además con dinero de todos. La obligación –incluso constitucional, art. 20– de cualquier Gobierno o institución es garantizar la pluralidad y proteger el “derecho a una información veraz”. Avancemos, que ya es hora. Y señalemos a quienes se llenan la boca de la palabra “libertad” y bloquean o rechazan toda norma (europea o española) encaminada a cumplir ese mandato. A menos desinformación, más y mejor democracia.  

Ya sabemos que quienes más gritan contra la tramitación parlamentaria de estas reformas intentan instalar que todos somos iguales, que si unos medios dependen de organismos dirigidos por la derecha, otros lo hacen de instituciones gobernadas por la izquierda. Con un poco de atención, es bastante sencillo comprobar cómo actúa cada cual. infoLibre no admite, desde su fundación, acuerdos comerciales opacos que comprometan la línea editorial, y facilitamos como cada año el desglose de nuestros ingresos, que será aportado en ese registro público pendiente de estreno.

Aquí está:

Ningún medio –como ninguna otra empresa– está obligado a detallar en qué gasta lo que ingresa, pero llevamos trece años practicando la transparencia también en este capítulo porque consideramos que los suscriptores tienen todo el derecho a conocer qué se hace exactamente con sus aportaciones y a comprobar que la gestión de “su” cabecera es rigurosa y fiable. 

Dedicamos, por tanto, el grueso de nuestros recursos –un año más– a la materia prima de este oficio: el trabajo de periodistas y analistas que investigan y elaboran la información y la opinión. En este último ejercicio hemos seguido creciendo en la organización de eventos, y por tanto en el gasto que conllevan. Además de la segunda edición de los Premios Jóvenes infoLibre y la quinta de los Premios anuales infoLibre, también hemos organizado actos de debate y reflexión sobre asuntos relacionados con la vivienda, la memoria, la igualdad o la educación, entre otros, cuyo retorno en términos de proyección de marca y en comunicación de los principios que compartimos con la sociedad civil consideramos clave. (ver aquí o aquí).

El resultado del ejercicio de 2025 ha sido de 251.230 euros de beneficios. Es el mejor dato de nuestros trece años de vida, como ya ocurrió con el de 2024, cuando el beneficio alcanzó 155.083 euros. Veníamos de muchos años con pérdidas (alcanzamos el equilibrio en el décimo aniversario), lo que nos ha obligado y sigue obligando a ser muy prudentes y austeros con el fin de garantizar la sostenibilidad económica del proyecto. El resultado actual se explica por los ahorros ya citados en diferentes partidas y por un incremento de 215.000 euros en el total de los ingresos detallados, entre suscripciones, publicidad y derechos de publicación en distintas plataformas.

En total, infoLibre y TintaLibre han necesitado en estos trece años una inversión de más de 1.600.000 euros, sin recurrir nunca a créditos bancarios. Los resultados positivos han comenzado a compensar las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores.

Para ser sinceros, en estos tiempos de constante revolución tecnológica y de las formas de comunicación, dominados por la velocidad y por el gigantesco negocio de la desinformación, el simple hecho de cumplir trece años de vida es ya un éxito rotundo. El resultado de 2025 y la confianza de una comunidad de suscriptores estable que además sigue creciendo año tras año pese a todas las dificultades nos permiten confiar plenamente en la sostenibilidad del proyecto. 

Hace ya más de un año –desde el 8 de febrero de 2025– entró en vigor en España una parte de las obligaciones de transparencia mediática aprobadas por el Parlamento Europeo. Entre ellas, la de incluir en la web, de forma “visible y detallada”, los datos de la composición de la propiedad. Cuatro meses después, prácticamente ningún medio cumplía esa obligación, y a finales de año, el suspenso general se mantenía (ver aquí).

Como saben nuestros suscriptores y lectores más antiguos, infoLibre trasladó a España el modelo empresarial de nuestro referente editorial francés, Mediapart, en el que comparten accionariado los periodistas fundadores, inversores que confían en el proyecto y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quisieron ser propietarios de acciones a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre. Este cauce de participación ciudadana –encabezado por personalidades de la cultura, la universidad o el periodismo– tiene 178 titulares y está presidido por Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta también de la Fundación Saramago.

La última ampliación de capital en infoLibre, justo antes de la pandemia en 2020, fue cubierta en su mayor parte por dos núcleos de socios inversores, uno capitaneado por el productor audiovisual y catedrático de Comunicación José Miguel Contreras (44% del capital) y otro por el editor Daniel Fernández (16%), además de nuestro aliado editorial francés Mediapart (10%). El resto del accionariado sigue en manos del equipo fundador del periódico y de la Sociedad de Amigos. Los principales accionistas, junto al equipo directivo del periódico y la presidenta de la Sociedad de Amigos, componen nuestro consejo de administración. Desde el primer día existe, y se cumple escrupulosamente, un pacto entre socios por el que todas las decisiones editoriales y periodísticas dependen de la Dirección Editorial y la de Redacción.

En vísperas de la entrada en vigor del grueso de la EMFA –8 de agosto pasado–, infoLibre realizó un ejercicio de transparencia máxima que se adelantaba y superaba incluso las nuevas exigencias legales. Desde entonces, mantenemos bien visible en nuestra home la pestaña Transparencia total, en la que aparecen todos los detalles sobre accionariado e incluso las declaraciones de intereses de los principales directivos (ver aquí).

No debería ser tan difícil hacer públicos los datos que reflejen los intereses y la responsabilidad sobre la actividad de un medio de información. Sin embargo lo es, por parte incluso de muchos que no se cansan de exigir en sus editoriales –con razón– máxima transparencia a todas las instituciones públicas. Y, por supuesto, la resistencia es feroz por parte de las grandes plataformas tecnológicas y de redes sociales, vehículos principales de la desinformación, los bulos y los discursos de odio que alientan la ola reaccionaria a nivel global. 

Los propietarios y directivos de esas tecnoempresas globales intentan por todos los medios seguir esquivando su responsabilidad sobre los contenidos que publican, una responsabilidad que sí asumimos quienes dirigimos cualquier medio de información. Es imprescindible seguir dando pasos para acabar con esa impunidad en la circulación de bulos, calumnias, difamaciones, delitos contra el honor y la intimidad, producción de manipulaciones de la imagen de cualquiera mediante inteligencia artificial o pornografía infantil. En cuanto un Gobierno anuncia reformas incluso penales para frenar esa impunidad, tecnojetas globales como Elon Musk o el presidente de Telegram fibrilan y lanzan insultos contra tal osadía. Ocurrió recientemente con Pedro Sánchez tras hacer pública su intención de poner puertas legales a ese campo minado e infinito de dudosas prácticas digitales (ver aquí).

Lo hemos escrito y seguiremos haciéndolo. Necesitamos regulación y transparencia, o transparencia y regulación. Urgentemente. Son armas democráticas útiles para reventar el macronegocio de esos tecnooligarcas que dedican sus recursos precisamente a debilitar la democracia y a respaldar sin pudor opciones autocráticas y neofascistas. Ahora que cada día escuchamos análisis que no descartan una tercera guerra mundial ante las aventuras bélicas de Trump, Netanyahu o Putin y los intereses globales de la superpotencia china, me atrevo a advertir que esa nueva guerra mundial empezó hace mucho tiempo. Sin disparar un solo misil ni hundir un barco ni secuestrar a un presidente bolivariano. Se llama DESINFORMACIÓN, está acabando a pasos agigantados con las democracias liberales y sus impulsores quieren repartirse el mundo mientras siembran el caos a lomos de la mentira. Van ganando. Quedarnos jugando con los móviles, aceptando la misteriosa opacidad de los algoritmos o dándole al clic como bots humanos no es una opción. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde.

Siempre hemos competido por la audiencia en inferioridad de condiciones los medios que por principio no nos ubicamos en la guerra del clic y que renunciamos a contenidos sensacionalistas. Apostar por la investigación contrastada, por el análisis crítico o por enfoques de mayor profundidad –con un acceso limitado a suscriptores que den valor a esa labor– no facilita una difusión masiva.

Por todo ello seguimos reivindicando que las audiencias sean medidas con criterios cuantitativos pero también cualitativos, comprobables y transparentes, que eviten y controlen las numerosas trampas que ya conocimos en los medios impresos y que no pocos actores del negocio mediático intentan trasladar a lo digital.  

Estos son nuestros datos de audiencias auditados. Seguimos creciendo en todos los parámetros en un momento en que, como hemos señalado, la mayoría de los medios sufren caídas por el efecto de la aplicación de la IA en los motores de búsqueda.

En estos (primeros) trece años de vida, infoLibre ha atravesado etapas muy complejas, marcadas por la soledad en el modelo de suscripción, por la imparable revolución tecnológica y por la constante presión de distintos poderes con el fin de intimidar o amedrentar a esta Redacción de forma directa o a través de los tribunales. Estamos orgullosos de haber ganado hasta ahora todas las demandas interpuestas contra infoLibre por dirigentes políticos, empresarios o particulares sobre los que hemos informado acerca de asuntos de interés público. Es una prueba clara del cumplimiento escrupuloso de nuestro compromiso con la veracidad y el rigor que deben caracterizar este oficio. Y si nos equivocamos, rectificamos lo antes posible, porque creemos que corregir los errores refuerza la credibilidad de un medio o de un periodista. Más aún en esta era de la desinformación, en la que tantos se esfuerzan en sembrar la confusión entre errores y bulos, para meter en el mismo saco el periodismo y el intrusismo o el negocio del odio.

Abordamos nuestro año número catorce con la intención de reforzar los contenidos de nuestro periódico y nuestra revista con el objetivo de seguir siendo útiles para la comunidad de suscriptores y lectores y para hacerla crecer en un momento periodístico, cívico y político especialmente delicado.  

La investigación y el análisis crítico son pilares esenciales en infoLibre. Por algo somos el único medio español que participa en tres de los principales consorcios internacionales de medios independientes: European Investigate Collaborations (EIC), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP e Investigate Europe (IE). En este último año, esa apuesta por la investigación de calidad y de interés global nos ha permitido abordar en exclusiva para España trabajos en profundidad como el que ha desvelado que médicos inhabilitados en Europa se trasladan dentro del continente y ejercen en otros países poniendo en riesgo a los pacientes, también en España (ver aquí); o como el que revela por primera vez el funcionamiento interno del llamado “Departamento de Guerra Legal” del Ministerio de Justicia de Israel a través del análisis de más de dos millones de correos internos y documentos confidenciales filtrados (ver aquí). 

Además, a lo largo de estos meses infoLibre ha empezado a trabajar también con la plataforma de investigación Follow the Money, con la que ha destapado que la extrema derecha en Europa (incluido Vox) se financia a través del banco húngaro MBH, propiedad en parte del Gobierno de Hungría de Viktor Orbán (ver aquí). 

Y, por supuesto, hemos seguido dedicados a la investigación nacional, con el foco puesto en denunciar cualquier abuso de poder. Así, infoLibre ha analizado, entre otras cosas, el reparto de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid y ha podido comprobar, con datos verificables, cómo Ayuso ha premiado a medios afines (incluidos pseudomedios) y ha castigado a los críticos (ver aquí). 

A lo largo de este último año hemos sumado a la nómina de analistas y colaboradores de infoLibre y TintaLibre nuevas firmas que desde distintos ámbitos aportan claves de conocimiento para alentar un pensamiento crítico.

Y en los próximos meses dedicaremos el máximo esfuerzo a profundizar en la cobertura de las parcelas que creemos decisivas en la vida de la gente y en la calidad de los análisis que ayuden a la comunidad de socias y lectores de infoLibre a encarar sin derrotismos y con elementos para la esperanza estos tiempos inciertos y convulsos. Queremos ser diferentes y útiles, y reivindicamos una resistencia activa a través del periodismo para salvaguardar los principios democráticos, una actitud de combate (en el sentido más camusiano del término) frente a esa guerra mundial de la desinformación que pretende socavar los cimientos de la democracia y del Estado de bienestar. 

En este camino, la investigación debe seguir siendo nuestra herramienta fundamental para desnudar a los antidemócratas, para sacar a relucir los intereses de los poderosos, para escrutar el uso que se hace del dinero público y denunciar sus malversaciones.

Pero para lograr este propósito y poder abordar las investigaciones que tenemos en cartera y otras que desearíamos poner en marcha, necesitamos que la comunidad que nos sostiene siga creciendo; necesitamos ser muchos y muchas más. Por eso os pido, como siempre, vuestra colaboración: corred la voz. Nos va en ello (sin exageración ninguna) el periodismo y la democracia. Y en nuestra modesta aportación al empeño, nos jugamos la consolidación de infoLibre y TintaLibre.

¡¡Gracias sinceras y abrazo!!

Hay momentos en la historia que definen a un pueblo y a sus líderes. Vivimos un tiempo convulso, atravesamos un cambio de época en el que ya sobran datos para confirmar —sin exageración alguna— que nos jugamos nada menos que vivir en democracia, sometidos a reglas, obligaciones y derechos, o bien un futuro (inminente) autocrático, sometido a la ley del más fuerte, con el trampantojo de elecciones cada cuatro años pero con Gobiernos incapaces de regular nada, de frenar el poder insaciable de una minoría de tecnojetas que dedican cantidades millonarias a financiar movimientos extremistas y a sembrar el odio desde redes y pseudomedios. 

En esta encrucijada asoman las fortalezas y las debilidades de un pueblo y de sus dirigentes. Trump y Netanyahu –o viceversa–, un dúo genocida por actuación directa o por complicidad en la masacre del pueblo palestino, decide iniciar una guerra ilegal que no cuenta con ningún respaldo de la ONU, ni siquiera del Congreso estadounidense. El objetivo del ataque es un régimen teocrático, dictatorial, criminal con su propio pueblo y especialmente con las mujeres, condenable y condenado por cualquier demócrata desde cualquier lugar del mundo, incluida España. E Irán responde a su vez, como era previsible, con ataques a objetivos en distintos países de Oriente Medio y en Chipre, miembro de la Unión Europea. Se está jugando un ajedrez bélico sobre la hegemonía estratégica global, y en esa área del mundo se disputa el control de recursos energéticos y de vías de transporte que afectan a la geoestrategia mundial. 

Hemos asistido, otra vez, a una respuesta sumisa y vergonzosa de la Unión Europea y la inmensa mayoría de sus dirigentes ante la nueva patada de Trump al derecho internacional y a la convivencia pacífica. Patética esa condena inmediata de la respuesta iraní sin mencionar siquiera la ilegalidad de los bombardeos previos ordenados por Trump y Netanyahu. La voz más sonora y discordante ha sido la del presidente español, Pedro Sánchez, acompañado a otra escala, pero también desde una posición digna, por el premier británico Keir Starmer (ver aquí).

Debería alarmarnos como europeos que suenen como “discordantes” o “rebeldes” precisamente las escasas voces que defienden los valores definitorios de la Unión, la legalidad internacional, la diplomacia como instrumento para evitar conflictos y la política como herramienta para solucionar problemas. Son Kallas, Merz, Macron (a ratos), Meloni, etc. quienes están traicionando las esencias del proyecto europeo y cayendo una y otra vez en la trampa y los chantajes de Trump.

Pedro Sánchez ha explicado su posición con una claridad meridiana: “No a la guerra”. Un mensaje y un compromiso que conecta con el mantenido por el Gobierno de coalición que preside respecto a la invasión de Ucrania por parte de Putin, respecto al genocidio cometido por Netanyahu en Gaza (con la imprescindible colaboración de Trump) o respecto al secuestro de Maduro en Venezuela por fuerzas militares estadounidenses. Y ese “No a la guerra” se traduce en la negativa a permitir que EEUU utilice las bases militares de Rota o Morón para ejecutar operaciones militares ilegales. Y debería traducirse en ir aún más lejos en el control de cualquier venta de material militar o de negocios empresariales que sigan derivando en beneficio de los genocidas en Gaza. 

Trump ha explotado como lo hace el cacique o el dueño soberbio del cortijo o del cafetal ante la rebeldía de un esclavo. Ha amenazado explícitamente a España con romper relaciones comerciales y a Sánchez con arder en el fuego del infierno. Es probable que Trump, en su infinita ignorancia y osadía, ni sepa ni le importe que las relaciones comerciales de España son las de la Unión Europea, que no existe esa capacidad directa que Trump se atribuye. Da igual, porque el documento de Estrategia Nacional de Seguridad conocido en noviembre ya explicitaba el desprecio absoluto de la Administración trumpista hacia Europa y su papel en el mundo.

Sánchez ha hecho lo que debía hacer y se convierte de nuevo en el referente de la dignidad europea y del derecho internacional frente a quienes están torpedeando el sistema establecido precisamente tras la Segunda Guerra Mundial para construir un mundo pacífico basado en el diálogo y el respeto. Las encuestas que en su día se realizaron sobre la posición del Gobierno respecto a Gaza evidenciaron que la defensa de los derechos humanos frente al belicismo y el vasallaje cuenta con el respaldo de una mayoría social clara, y bastante transversal, pese al clima de odio que preside la política nacional, muy especialmente en Madrid (ver aquí). Las reacciones que este mismo miércoles se han ido produciendo en distintos países de Europa tras la declaración institucional del presidente español en respuesta a las amenazas de Trump indican que la sociedad europea no está dispuesta a aceptar sin más ese vasallaje que muchos dirigentes muestran ante un autodeclarado ya enemigo (ver aquí esta oportuna reflexión de Cristina Monge).

Tras la explosión insultante de Trump y la respuesta institucional de Sánchez, las miradas se vuelven lógicamente al líder de la oposición. Y entonces escuchamos a un Núñez Feijóo casi tan patético como el secretario general de la OTAN, ese que le ríe las gracias al ‘amo’ que no se cansa de humillarle. Feijóo ejecuta un electoralismo sucio al acusar a Sánchez de intentar “quitarle unos votos a la izquierda más radical” (¿nadie en su entorno le sugiere mirarse al espejo y preguntarse si se limita a acusar a Sánchez de lo que él practica respecto a Vox?). Como aspirante a la presidencia del Gobierno no tiene al parecer nada que decir ante el ataque de un dirigente extranjero contra nuestro país, nuestros intereses y nuestra posición en el mundo. Como patriota representa la valentía de quienes se arrodillan ante cualquiera que ejerza un poder superior, por mucho que destroce los intereses colectivos de su país. Sigue enredado en un único proyecto político: echar a Sánchez, si es posible incluso meterlo en la cárcel, de modo que su discurso sigue cabalgando sobre ese miserable “Sánchez, hijo de puta” y aún pretende establecer esa simpleza de que quienes denunciamos los peligros del trumpismo y sus aventuras bélicas somos cómplices de Maduro, de los ayatolás y, al menor descuido, de Kim Jong-un (si es que Feijóo sabe que es líder supremo de Corea del Norte). 

Desde ámbitos conservadores vuelven a tirar del catecismo habitual: cualquier divergencia que el Gobierno muestre respecto a la ola reaccionaria impuesta por Trump y sus tecnojetas es o bien una estratagema electoralista o bien puro buenismo. Lo primero lo dicen como si cada una de las decisiones (o indecisiones) de Feijóo o de Abascal no fuera electoralista, ahora que además estamos en pleno ciclo de comicios autonómicos impulsado precisamente por el PP (que quizás ya esté arrepentido a la vista de sus propios resultados en Extremadura o Aragón). Y lo segundo confronta con la cruda realidad: lo ingenuo (lo de buenista a estas alturas es incompatible con ciertos perfiles) es creer que España y Europa salen más beneficiadas de rodillas ante Trump que defendiendo su autonomía y su fortaleza democrática. Pero uno no cree que la posición actual de las derechas españolas sea ingenua. Más bien es fruto de la combinación entre la ausencia de un proyecto de país y la estulticia de creer que la ciudadanía tragará al completo el pack desinformativo inventado por los ideólogos del trumpismo y más cargado de odio que de soluciones a los problemas complejos del presente. El tiempo juzgará a cada cual. A todas y todos.

Esta ha sido una de esas semanas en las que resulta ardua la tarea de seleccionar un asunto concreto en el que poner el foco cuando se suceden acontecimientos que son –o uno intuye que pueden ser– trascendentes para el inmediato futuro de este país, de la democracia, de la convivencia y de las cosas que más afectan a la vida de la gente (especialmente de los más vulnerables). Es preciso cada día más un ejercicio selectivo, de modo que procuremos no escribir o hablar demasiado de las falsedades o simples gilipolleces que desde los aparatos mediáticos de la extrema derecha lanzan con el fin de establecer un marco de conversación pública perverso. (Por ejemplo esa supuesta enfermedad cardiovascular de Pedro Sánchez inventada por Federico Jiménez Losantos y elevada a la tribuna parlamentaria por Cayetana Álvarez de Toledo: ni una sola prueba, pero tampoco dudas. El objetivo es obvio).

Vayamos a lo que importa.

P.D. Al cierrre de estas líneas conocemos el ataque militar lanzado por Trump y Netanyahu contra Irán (ver aquí). No disimulan su intención de acabar por la fuerza con cualquier régimen (sea autocrático o democrático) que suponga una amenaza a su dominio en Oriente Próximo. El dúo genocida aprovecha la revolución popular que en los últimos meses ha sido criminalmente reprimida para intentar debilitar definitivamente la fuerza militar iraní y colocar al frente del gobierno a alguien que se someta a sus intereses. Si lo logra, ningún demócrata echará de menos a los ayatolás (tampoco yo), pero conscientes de que se trata de un nuevo golpe en el tablero para controlar los recursos energéticos y los gobiernos que se resistan a su estrategia.

Quizás lo relevante de la convocatoria de Gabriel Rufián y Emilio Delgado este miércoles en Madrid no estuviera en el escenario sino abajo, entre las casi quinientas personas que abarrotaban la sala Galileo, un templo de la noche madrileña que a los más devotos nos trae a la memoria actuaciones irrepetibles –efímeras, como ahora se estila– de Javier Krahe, de Joaquín Sabina, de Pedro Guerra, de Rozalén… de un montón de gente con mensajes cargados de inteligencia y de compromiso. Lo que Rufián y Delgado pretendían divulgar era ya más o menos sabido, aunque Rufián lo resumiera a la manera directa y eficaz que tanto domina: "Ciencia, método y orden" (ver aquí). Lo que sus oyentes emitían era sobre todo la necesidad de escuchar propuestas en lugar de reproches, soluciones en lugar de problemas, motivos para la esperanza y no regodeos en la melancolía. De algún modo, ese acto venía a ser el prólogo del que este sábado está convocado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid por la izquierda a la izquierda del PSOE (a excepción de Podemos). Sin rodeos, se trata de recuperar ese orgullo de ser izquierda que viene siendo diezmado (aquí y en todo occidente) por el ataque bestial desde las derechas, desde los poderes que mandan en el capitalismo tecnológico, desde ámbitos equidistantes siempre dispuestos a cruzar el río cuando cambia el viento y –también– desde las propias filas progresistas, donde asoman sinvergüenzas que meten la mano en la caja o entre las faldas de subordinadas sin su consentimiento. 

La 'ciencia' de Rufián no es exacta. Nadie cree factible (no hay más que ver las reacciones inmediatas) una alianza electoral entre las izquierdas estatales y las nacionalistas. Un ejemplo meridiano: es impensable que ERC renuncie a presentarse en Barcelona en favor de los Comuns. Ni siquiera creo que Rufián lo crea. Más bien se trata de mover el eje de reflexión desde la alianza de investidura del actual Gobierno de coalición, en la que participan partidos de todo el abanico progresista pero también formaciones nacionalistas conservadoras (PNV y Junts), hacia otro esquema en el que prime la complicidad antifascista de todo tipo de formaciones progresistas de ámbito estatal, autonómico y hasta independentistas. Se le reprocha a Rufián que haya pasado de escribir aquel tuit de “las 30 monedas” dirigido a Puigdemont en el fragor de octubre de 2017 a protagonizar una propuesta política que asume la realidad de un Estado (plurinacional, pero Estado, que se llama España) que necesita abordar un pulso entre demócratas y no demócratas. Poco se valora el hecho de que la política del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Cataluña tenga, entre otros muchos efectos ansiolíticos, este tan diáfano: independentistas radicales colocan hoy como prioridad blindar la democracia antes que su ruta separatista.

Sobre ese ejercicio ‘científico’ que plantea Rufián, disponemos en la hemeroteca de infoLibre de unos cuantos textos que explican las distorsiones provocadas por una ley electoral injusta, pensada en su día para favorecer el bipartidismo y para obstaculizar mayorías de izquierda (ver aquí, aquí, aquí o aquí, entre otros). Y también propuestas concretas para resolver esa anomalía democrática sin tener que hacer reformas constitucionales imposibles (aquí un artículo firmado por Cristina Monge, nuestro añorado Jaime Miquel y otros nombres de prestigio en el ámbito sociológico, politológico y de evaluación de políticas públicas). Resumiendo: ojalá en algún momento exista la valentía de reformar con 176 votos en el Congreso ese reparto provincial de escaños que no refleja en absoluto la realidad territorial y demográfica de España.

La relación entre el llamamiento a la unidad de la izquierda y el reparto injusto de escaños es cierta aunque relativa. Pueden darse casos de circunscripciones donde resulte más importante movilizar hasta el último voto aunque sea con candidaturas distintas que acudir con una lista única que puede espantar a un porcentaje no desdeñable de votos del mismo ámbito. Pero es evidente, casi 'científica', la lista de provincias donde una división de las opciones progresistas 'regalará' escaños a la extrema derecha, por la combinación perversa para la proporcionalidad que supone la LOREG y el reparto de restos que establece la ley D´Hont. 

Sin embargo, todo esto, con ser importante, no es –a mi juicio– lo más importante. Porque, se quiera o no, el mensaje emitido desde la sala Galileo suena a la defensiva: todos contra el fascio. Y sí, conviene hacer un constante llamamiento incluso superador de las siglas de la izquierda o de la derecha. Todo demócrata que se precie debe asumir la responsabilidad de evitar que lleguen al Gobierno opciones que pretenden –sin disimulo– destrozar el sistema democrático desde dentro, ilegalizando opciones políticas, eliminando derechos conquistados sobre igualdad, dignidad laboral, protección contra la violencia de género, lucha contra el cambio climático… Un programa reaccionario que, como apunta Unai Sordo en TintaLibre de febrero (ver aquí), surge precisamente como reacción a los avances progresistas, y no por el supuesto fracaso de gobiernos de izquierdas, como hacen creer con su poderío mediático y su eficacia en el uso para el mal de las redes sociales y las plataformas digitales.

Lo importante, diría que lo imprescindible para las izquierdas, es mirar por encima del muro de las siguientes citas electorales y atender a lo que la ciudadanía mayoritariamente reclama: soluciones a la especulación con la vivienda, al crecimiento inasumible del coste de la vida, a la ausencia de horizontes en los jóvenes más formados de nuestra historia… a la DESIGUALDAD, en definitiva. Ahí radica la causa de casi todos los males que afectan no sólo a las minorías más vulnerables, sino a las clases medias trabajadoras que siempre han sido la base que aporta solidez y estabilidad a la democracia. Las mejoras salariales decididas desde gobiernos progresistas van siendo carcomidas por las escandalosas subidas de los alquileres y otras necesidades perentorias. Toda una charca de motivos de indignación en la que chapotean entusiasmados los artistas de la brocha gorda, abascales, alvises, Milei, Trump y compañía.

No hace falta mucha insistencia para que la ciudadanía mínimamente informada ponga en valor simplemente las virtudes democráticas frente a la sinrazón, la hipocresía y la ausencia de soluciones. Sólo en esta última semana hemos visto cómo las derechas –de la mano de lo más rancio de las patronales– se oponen a elevar el salario mínimo a 1.221 euros; cómo se permiten exigir dimisiones y lanzar calumnias contra el Gobierno por casos de agresiones sexuales que inmediatamente se responden con medidas tajantes mientras Feijóo y Ayuso se dedican a ignorar los escándalos en sus propias filas y arropan o consienten presiones directas sobre las víctimas para impedir que denuncien; cómo rozan el ridículo en su disposición sumisa a acatar condiciones facciosas de Vox para llegar a acuerdos autonómicos de gobierno, donde sea y como sea.

Las izquierdas compiten con una mano atada a la espalda: por las exigencias éticas de su propio electorado y por su incapacidad para trasladar datos y argumentos en un ecosistema informativo copado por los poderes emisores de desinformación pura y dura. Y esta es una clave imprescindible para entender lo que está ocurriendo en España y en el mundo. La única opción descartable es la paralización, la melancolía o la resignación. Ya hemos defendido en esta página la resistencia activa (ver aquí) desde una óptica esencialmente democrática, que debería trascender a izquierdas y derechas (sin caer en la trampa de pensar que no existen) y a siglas cuyos programas y líderes de verdad entiendan la prioridad de salvar la democracia a base de solucionar problemas frente a cualquier movimiento neofascista (llámenlo como quieran) dedicado a crearlos o a plantear soluciones inviables. Así que bienvenidas las convocatorias de estos días como llamadas a la movilización y a la esperanza, que habrá que llenar de contenido y, en el momento adecuado, de liderazgos creíbles, honestos, sólidos, capaces de abanderar el grito silencioso de millones de personas que, según las encuestas fiables, se sienten desencantadas pero no vencidas. 

Se necesitan más Galileos, más Círculos de Bellas Artes, más Ateneos, más ciencia y más Mamdanis. Absténganse los empeñados en aferrarse a sillones tan cómodos como sectarios. Quizás un viento de esperanza renovada se los lleve por delante.

Dos notas previas:

Los resultados de Aragón (ver aquí) difieren muy poco de los pronósticos de las principales encuestas: el PP gana pero fracasa en su intento de instalar un relato de crecimiento galopante. Como en Extremadura, Feijóo vuelve hacer un pan como unas hostias (ver aquí). La excusa de estos adelantos electorales procedía –supuestamente– de la imposibilidad de entenderse con Vox y de la necesidad de reforzar sus posiciones en los parlamentos para depender menos de la extrema derecha. Jugada redonda: Vox vuelve a duplicar su resultado, así que Azcón necesita a Nolasco aún más que antes de su –aparente– ruptura, lo mismo que en Extremadura Guardiola depende todavía más de su íntimo enemigo. 

Los de Abascal reciben apoyos desde el PP, desde la abstención e incluso desde la izquierda. El patadón antisistema (¡todos a la mierda!) triunfa, y con más intensidad entre los nuevos votantes, jóvenes que identifican la rebeldía natural de su condición con una opción que receta soluciones imposibles y simplonas para problemas muy complejos, espoleada además por un ecosistema mediático que constantemente compra y replica los marcos de debate basados en medias verdades o falsedades completas, cuando no directamente infamias y bulos.

El castañazo del PSOE es el previsto, algo menor que el más temido en los últimos días. Pilar Alegría pierde sin caer por debajo del mínimo de 18 escaños que obtuvo el difunto Lambán en 2015. No es consuelo, ni evita la extensión en las filas socialistas de la honda preocupación en comunidades y alcaldías ante ese calvario diseñado por las derechas en el que van cayendo piezas una tras otra mientras Sánchez resiste vaya usted a saber hasta cuándo. Esa personalización de los fracasos electorales en el presidente del Gobierno no puede sorprender cuando cada campaña vuelve a abordarse en clave abrumadoramente nacional. No solo porque Sánchez lo provoque, sino porque las derechas lo proclaman (el propio Azcón lo pregonó en mitad de la campaña aragonesa: “Hay que sacar a Sánchez de La Moncloa”. Por lo que sea… volverán pronto las golondrinas de la rumorología: ¿debería Sánchez adelantar elecciones generales cuanto antes, por ejemplo a junio –coincidiendo con las andaluzas– para frenar la “sangría” territorial? ¿No sería más lógico hacerlas coincidir, ya en 2027, con las municipales y autonómicas restantes, puesto que esta situación excede incluso el ámbito netamente electoral y parece conducir a una batalla política final y decisiva que no es ya entre izquierda y derecha sino entre demócratas y autoritarios? Si alguien duda acerca de los riesgos democráticos que afectan al sistema, puede repasar la sentencia que ha condenado a todo un fiscal general sin que asome en la misma una sola prueba indubitable, sino más bien al contrario (ver aquí).

Los resultados de Aragón, leídos en clave nacional, también contienen algún mensaje nítido: duplica su resultado la Chunta Aragonesista, que es el otro triunfador de este domingo. Recuerda –salvando las distancias y las identidades de ambas comunidades– lo ocurrido en Galicia con el ascenso del BNG: crecen las formaciones pegadas al territorio, percibidas como más ocupadas y preocupadas por los problemas reales que quienes se confunden en el griterío del Parlamento estatal o en los debates televisados que reproducen –y amplifican– ese puro ruido. La Chunta –lo confirmarán los estudios postelectorales– ha arañado apoyos en el espacio del PSOE y del resto de la izquierda. Mantiene presencia también Aragón Existe aunque pierda un escaño. Y mantiene un escaño IU-Sumar, mientras Podemos se queda sin representación. Estaba cantado que la división a la izquierda pasaría factura, por mucha confianza que algunos tuvieran en esa barrera del 3% de voto, menos exigente que en Extremadura (ver aquí).

Esta última clave tiene todo que ver con el futuro de la citada madre de todas las batallas (electorales) a escala nacional. Por más que el PSOE resistiera en un suelo digno frente a sus propios errores y las campañas de odio contra el “sanchismo”, no habrá opción alguna a repetir un Gobierno de coalición progresista si no se impulsa cuanto antes el espacio a su izquierda, con o sin un Podemos cuya fuerza principal parece en cada hito más concentrada en Madrid. Y ese urgente reseteo pasa por tener en cuenta la realidad plurinacional de este país y la necesidad de un proyecto y un liderazgo que congreguen el apoyo de fuerzas de ámbito territorial pero decididas a enfrentar la evidencia de que la extrema derecha empuja a un PP sumiso y desorientado hasta el poder, sin descartar la ambición de un sorpaso. Y una vez allí, ¿qué diferencias reales hay entre ambos en derechos y en políticas económicas y sociales? Ni en Extremadura ni en Aragón ni en ninguna parte se produce una discusión entre PP y Vox acerca de su común catecismo neoliberal. Ese que interesa a los tecnojetas que esta misma semana se han lanzado también al cuello de Sánchez por anunciar medidas reguladoras que frenen su insaciable voracidad antidemocrática (ver aquí). 

Vivimos un cambio de época absolutamente decisivo en el mundo y en España. Y no es ninguna exageración advertir que nos jugamos el futuro de varias generaciones y de la propia forma de convivencia. No es momento de sectarismos ni de envolverse en la melancolía o el derrotismo. Las fuerzas de progreso deben llenar de contenido su compromiso democrático para dar soluciones a temas capitales como la vivienda o la desigualdad y para no aceptar esa bobada de que “no se pueden poner puertas al campo”. En tiempos de capitalismo salvaje y global, ya vamos tarde a la hora de poner pie en pared ante quienes utilizan la oscuridad tecnológica para dominar gobiernos y parlamentos. Hay quienes van haciendo llamamientos para recomponer esa izquierda a la izquierda del PSOE (ver aquí) sin la que no es que sea imposible la supervivencia de Sánchez, sino la de cualquier opción de gobierno progresista que atienda a una idea de España plural y diversa. Seguro que surgirán más ante la certeza de que ese calvario diseñado no tiene por qué aceptarse como un sacrificio inevitable. 

Y si no, una vez más, nos queda Portugal (ver aquí).