Imagina que tienes una panadería. Cada día entran 100 clientes que vienen a comprar el pan porque les gusta lo que haces. Pero resulta que Glovo reparte otros 500 pedidos tuyos cada jornada. ¿Eres una panadería con 100 clientes o con 600?

La respuesta es que depende de para qué. Si lo que quieres es que alguien pague un anuncio en tus envoltorios, querrás decir 600. Pero si un inversor quiere saber si tu negocio es sólido por la calidad de tu público —cuánta gente vuelve por su propio pie, cuántos te son fieles—, el número que importa es 100, porque los otros 500 dependen de que Glovo siga queriéndote. Si Glovo cambia sus reglas, si deja de promocionarte, te quedas sin esos clientes de un día para otro.

Con los medios digitales pasa exactamente lo mismo. Un periódico digital puede tener millones de visitas al mes, pero buena parte de ese tráfico llega desde Google, Facebook o TikTok. Si esas plataformas cambian su algoritmo —lo que hacen constantemente y sin avisar—, ese periódico pierde la mitad de su audiencia sin haber hecho nada mal.

Esta no es una metáfora académica. Es el problema concreto que tiene que resolver el concurso que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) fallará en junio, cuando elija a la empresa que medirá las audiencias digitales de los medios españoles a partir de 2027. Es una decisión técnica. Pero tendrá también consecuencias directas sobre qué periodismo sobrevive, quién recibe publicidad pública y cómo se controla que el dinero de los ciudadanos no acabe financiando a pseudomedios.

Los anunciantes necesitan saber a cuánta gente llega un medio antes de pagar por aparecer en él. Los medios, a su vez, precisan demostrar ese alcance para cobrar por el espacio. El sistema de medición de audiencias es la moneda que hace posible esa transacción. Si la moneda está mal fabricada —si mide cosas que no debería medir, o no distingue lo que debería distinguir—, todo el mercado queda distorsionado.

Durante casi una década, esa moneda la fabricó Comscore. En 2021 la relevó GfK DAM, pero su contrato expiró aunque sigue haciendo las mediciones a la espera de que la AIMC decida quién se va a ocupar del nuevo modelo a partir de 2027. Se presentaron tres candidatos: la propia GfK, Comscore —que vuelve a intentarlo— y Nielsen, que al final ha quedado fuera porque su proyecto no cumplía los requisitos fijados en el concurso.

Medir audiencias digitales es, en apariencia, más sencillo que medir las de la televisión. Un televisor necesita un aparato especial —el audímetro— instalado en casa para registrar qué canal se está viendo. En internet, cada visita deja un rastro. El problema es que ese rastro es tan abundante y tan fragmentado que resulta casi imposible de interpretar sin ayuda.

Un mismo lector puede entrar a un periódico desde el ordenador del trabajo, desde el móvil en el metro y desde la tablet por la noche. ¿Es un lector o tres visitas? ¿Cuenta igual si llega directamente escribiendo la dirección en el navegador que si llega porque un titular le llamó la atención en Instagram?

El sistema que se va a contratar tiene que responder a todas estas preguntas con un método que sea, al mismo tiempo, verificable, comparable entre medios distintos y suficientemente sencillo como para que los anunciantes puedan usarlo sin necesidad de un doctorado en estadística.

“Lo que está en juego”, explica a infoLibre Ana Isabel Rodríguez, profesora y experta en audiencias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), “es la definición del valor informativo en un entorno dominado por la distribución algorítmica y la influencia/dependencia de plataformas tecnológicas externas a los medios de comunicación, así como el valor de la atención en España”.

El pliego técnico que ha publicado la AIMC exige un modelo híbrido que combine dos fuentes de datos. Por un lado, etiquetas instaladas en el 100% de los sitios web que registran cada visita. Por otro, un panel de al menos 5.000 personas reales —seleccionadas para representar a la población española— que permitan humanizar esos datos: saber que detrás de esas visitas hay personas concretas, con edad, sexo y lugar de residencia. Sin ese panel, los números son solo tráfico. Con él, se convierten en audiencia.

Aquí es donde está el nudo del debate. Las plataformas tecnológicas —Google, Meta, TikTok— distribuyen contenido periodístico a escala masiva. Cuando alguien hace clic en un titular que le aparece en el muro de Facebook, esa visita llega al periódico y queda registrada como una más. Pero ese lector no ha buscado el periódico: ha encontrado un titular que le pareció interesante en un momento de desplazamiento infinito. No sabe ni el nombre del medio. Y si mañana Facebook decide que ese tipo de contenido ya no le interesa a su algoritmo, esa audiencia desaparece.

Los editores de medios, a través de una de sus asociaciones, CLABE, llevan tiempo denunciando que mezclar ese tráfico con el que llega de forma directa —el lector que escribe la dirección del periódico en el navegador, el suscriptor que abre el boletín— distorsiona el mercado. No porque un tipo de tráfico sea mejor que el otro en términos morales, sino porque tienen valores comerciales y estructurales completamente distintos. Y entre ellos, según fuentes consultadas por infoLibre, hay cierta preocupación porque acabe ganando el concurso el modelo de Comscore, al que atribuyen querer implantar el sistema de medición que menos les gusta.

Un anunciante que quiere llegar a lectores comprometidos con un medio, que confían en él y que lo buscan activamente, está comprando una cosa muy distinta a un anunciante que quiere impacto masivo en cualquier contexto. Si el sistema de medición mezcla ambos sin distinguirlos, el anunciante no sabe lo que compra. Y el editor no puede demostrar lo que vale.

“Ya está ocurriendo que hay medios que están contratando influencers que nada tienen que ver con sus contenidos para engordar sus métricas”, advierten las mismas fuentes.

La solución que propone el sector es técnicamente posible, pero cara: que el medidor sea capaz de desglosar, con un solo clic, de dónde procede cada parte de la audiencia de un medio. Cuánto es tráfico directo, cuánto llega desde buscadores y cuánto desde redes sociales. Que el número total exista —porque los anunciantes lo necesitan para comparar—, pero que ese número pueda desmontarse para quien quiera saber cómo está construido.

“La ventaja de este enfoque es evidente”, explica la profesora de la USC, “porque permite distinguir qué parte del consumo ocurre en los entornos controlados por el editor y cuál depende de plataformas externas como las redes sociales o los agregadores de noticias. Este sistema aporta trazabilidad, protege el valor editorial y ofrece una fotografía más precisa de la fortaleza real de cada medio”.

El principal beneficio, explica, “sería la transparencia”, porque permite al mercado “entender el origen real del dato y premiar la lealtad directa frente a la volatilidad del algoritmo de turno”. Porque la agregación pura “puede resultar devastadora para los editores de valor” al ocultar “la dependencia del medio respecto a plataformas externas, diluye la calidad de la atención y fomenta de forma indirecta el fraude de tráfico o el sensacionalismo enfocado a engordar artificialmente los datos”.

Es importante, añade Rodríguez, que cualquier métrica agregada pueda ser reversible metodológicamente para que el mercado pueda reconstruir cómo se compone exactamente el dato total y “que evite convertirse en una caja negra opaca”.

La medición de audiencias, además, ha dejado de ser un asunto que solo preocupe al mercado publicitario privado. Hay una razón concreta para que este concurso sea ahora una cuestión de interés general: el dinero de los ciudadanos.

“La medición de audiencias ya no es solo una cuestión estadística, sino que va a convertirse en un estándar estratégico. Una herramienta de responsabilidad pública que debe garantizar la pluralidad del ecosistema”, subraya la profesora Rodríguez. La transparencia en la medición de audiencias “no es solo una cuestión de eficiencia publicitaria, sino también de equilibrio competitivo, sostenibilidad del pluralismo mediático y gobernanza democrática del ecosistema digital”.

Las administraciones públicas —el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos— gastan cada año decenas de millones de euros en publicidad institucional: campañas de salud, avisos de trámites, información de servicio público. Ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y durante décadas ha ido a sitios que dependían, en parte, de la proximidad política del medio al gobierno de turno.

El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026, intenta cambiar eso. Establece que los medios que quieran optar a publicidad institucional deberán usar sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024 y se está desplegando progresivamente en todos los países de la UE.

La EMFA, en su artículo 23, obliga a que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales, y a que publiquen sus metodologías. La idea es que ni los gobiernos ni las plataformas puedan manipular el mercado fijando las reglas del juego a su conveniencia. Sin un sistema de medición fiable, toda esa arquitectura legal se queda sin cimientos.

El Comité Técnico Digital que evalúa las ofertas de las dos candidatas que quedan vivas —GfK y Comscore— incluye representantes de los grandes grupos de comunicación —Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento—, además de algún nativo digital —eldiario.es—, de agencias de publicidad como Publicis y Dentsu, y de la propia AIMC. Son los actores con más peso en el mercado, pero también los que tienen más recursos para adaptarse a cualquier sistema que se elija.

Los medios pequeños y locales carecen de representación directa en ese comité. Y eso importa, porque el coste del nuevo sistema no va a ser el mismo para todos. Acceder a los datos del medidor, integrarse técnicamente con sus herramientas, defender ante los anunciantes las propias cifras: todo eso requiere recursos que un periódico local de Jaén o un medio nativo digital de Galicia no tiene en la misma proporción que un gran grupo multimedia.

“La transparencia no puede ser un lujo que solo los grandes grupos puedan permitirse”, advierte la profesora de la USC consultada por infoLibre. “Debe ser la garantía básica de que cada lector, viva donde viva y consuma el medio que consuma, sea contado de manera justa y transparente”.

El pliego de condiciones del concurso convocado por AIMC menciona la necesidad de que los precios sean “asumibles”. Pero varios expertos del sector proponen ir más lejos y establecer tarifas progresivas según el tamaño del medio, para que el coste de acceso al sistema no actúe como una barrera que invisibilice a los medios más pequeños. Si un medio no puede pagar por los datos que le afectan, queda a merced de lo que el medidor decida publicar. Y si no puede verificar esos datos, no puede defenderlos ante sus anunciantes locales.

Hay además otra novedad en este concurso que merece atención: la AIMC ha incluido en el contrato la posibilidad de que, al finalizar el periodo, la propiedad del panel de medición pase a ser de la propia asociación, dejando al adjudicatario solo como gestor técnico. Una forma de que la industria española recupere el control sobre su propia infraestructura de datos, en lugar de depender indefinidamente de empresas privadas extranjeras.

Rodríguez advierte, en todo caso, sobre los peligros de un modelo que no priorice la calidad y la recurrencia del usuario. “El reto no consiste solo en elegir entre agregación o desagregación, sino en encontrar un equilibrio que permita combinar una visión integrada del alcance total con niveles suficientes de transparencia y auditabilidad”. 

Las presentaciones de las candidaturas tuvieron lugar en mayo. La resolución tendrá lugar en junio. Lo que salga de ese proceso marcará las reglas del mercado publicitario digital en España durante al menos tres años, prorrogables a cinco.

Así que no es exagerado decir que de esa decisión depende, en parte, qué medios podrán demostrar su valor ante los anunciantes y cuáles quedarán atrapados en la opacidad de un sistema que no podrán verificar ni cuestionar. Y, por extensión, qué tipo de periodismo tiene posibilidades reales de sobrevivir en España en la segunda mitad de esta década.

La panadería que solo existe porque Glovo la mantiene en el mapa no es la misma que la que tiene cola cada mañana. Que el sistema sepa distinguirlas no es un detalle técnico. Es la diferencia entre medir clics y conocer qué tamaño tiene el periodismo real.

La Asociación de Medios de Información (AMI), patronal de los editores de prensa diaria en España, ha presentado a los sindicatos una nueva propuesta para el VIII Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria que apenas modifica su oferta inicial: un incremento salarial del 0,5% –unos 7,8 euros brutos mensuales para el nivel 3, donde se concentra más del 80% de las plantillas– y una ampliación de jornada de 1.687,5 a 1.720 horas anuales. La reunión se celebró este martes, el mismo día en que varios de sus asociados participaban en el II Foro del Noroeste celebrado en Oviedo, donde la patronal presumía de avances en transformación digital, subidas en suscripciones y diversificación de ingresos.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta como “absolutamente ridícula y desesperante”. Los tres sindicatos negocian desde hace meses la renovación de un convenio que rige las condiciones de trabajo de las redacciones que no tienen acuerdo propio, en su mayoría cabeceras regionales integradas en grupos como Prensa Ibérica.

La ampliación de jornada que propone la patronal —32,5 horas más al año— tiene una lógica explícita: evitar la acumulación de horas extras. Lo que no incluye la propuesta es adecuar los salarios del sector a la media estatal, que asciende a 2.618 euros brutos mensuales (31.416 anuales). Un redactor recién incorporado que aplica este convenio cobra 20.455 euros brutos anuales. Después de tres años de carrera, llega a 23.464 euros.

La oferta incluye además una propuesta para penalizar a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal de forma recurrente. AMI quiere negociar fórmulas para que el complemento por esta causa se “minore” o “elimine” en caso de “reincidencia”. También se opone a que el plus dominical se perciba desde el primer domingo trabajado, en lugar del noveno, como establece el convenio actual.

Para justificar su posición, la patronal alega inestabilidad sectorial e incertidumbre ante el impacto de la inteligencia artificial. No menciona los 70 millones de euros que el Gobierno —con el aval de la Comisión Europea— destinará a financiar la digitalización de sus asociados, ni los más de 120 millones adicionales en ayudas y préstamos que, según UGT, suman un total superior a 190 millones de euros en distintas convocatorias.

Mientras la mesa negociadora se reunía en Madrid, representantes de los grupos integrados en AMI participaban en el II Foro del Noroeste en Oviedo, donde la prensa exhibía sus cifras de crecimiento digital. 

Los sindicatos han anunciado que trasladarán la propuesta a las plantillas para decidir los próximos pasos. El calendario de asambleas y movilizaciones que CCOO, UGT y FeSP tenían preparado sigue sobre la mesa.

UGT añade un dato que complica la posición de AMI en el contexto europeo: según una encuesta de UNI Europa, una federación sindical europea que agrupa a sindicatos del sector servicios, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas públicas estén condicionadas a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas. El sindicato exige que la inversión de dinero público "se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos".

Esta vez sí. La derecha política y mediática, con el auxilio de organizaciones de ultraderecha que habitualmente actúan como palancas judiciales e intermedian entre el PP, Vox y sus medios afines, lleva años intentando hallar la manera de destruir al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora está convencida de que lo ha conseguido.

El PP lo considera sentenciado. Y algunos de los pseudomedios que más tiempo llevan difundiendo sin pruebas graves acusaciones contra él lo han declarado este martes culpable de un largo historial de crímenes, incluido el de haber ganado las elecciones de 2004 de manera fraudulenta.

Hace apenas unos días, el propio Alberto Núñez Feijóo aseguraba: “Zapatero ha usado la Presidencia del Gobierno, al parecer, para llevarse dinero sucio”. Ese mismo día, elconfidencial.com anticipaba lo que se venía: “Nuevas investigaciones judiciales acorralan a Zapatero por blanqueo de capitales a gran escala. El expresidente socialista lavó presuntamente fondos procedentes del cobro de comisiones por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a personas de su entorno con ayudas y contratos”, publicaba este digital, el mismo que puso en el punto de mira a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Zapatero es, para la derecha, una pieza de caza mayor. Está en el punto de mira desde que hace 22 años batió a Mariano Rajoy en las elecciones que siguieron a los atentados del 11M y, muy especialmente, desde que se convirtió en un activo esencial del PSOE cuando se trata de movilizar a sus militantes en período electoral. Así que su imputación es, en principio, una buena noticia para los intereses electorales del PP y de Vox.

Lo cierto es que, hasta ahora, la legalidad del préstamo de 53 millones concedido por el Gobierno a la compañía aérea Plus Ultra, en el marco del mecanismo creado para paliar las dificultades económicas de las empresas que vieron afectada su actividad por el confinamiento provocado por la pandemia de la covid, nunca había sido puesta en cuestión, más allá de las acusaciones de Miguel Tellado o de las insinuaciones de algunos pseudomedios, que a menudo usan la expresión “turbios manejos”.

Pero el caso de la aerolínea, archivado en su día por un juzgado de Madrid, revivido por Anticorrupción y convertido finalmente en el primer caso de la democracia que lleva a un expresidente ante la Audiencia Nacional, lo ha cambiado todo. Ahora hay un juez que acusa a Zapatero de ser “el presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

Mientras se empiezan a conocer las evidencias concretas en las que se basa el juez para acusar a Zapatero, lo que sí se puede reconstruir es el recorrido: cinco años en los que el mismo caso fue archivado, reabierto, trasladado de juzgado, amplificado por medios de la derecha, instrumentalizado en sede parlamentaria y, finalmente, reconducido hacia un nombre que la oposición llevaba tiempo queriendo situar en el centro de la trama.

El 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La aerolínea, fundada en 2011 y con capital venezolano entre 2017 y 2025, fue considerada empresa estratégica en el marco de las ayudas a la aviación afectada por la pandemia.

La primera denuncia llegó en marzo de 2021. La presentó Manos Limpias, la organización de extrema derecha con larga trayectoria en querellas políticas, ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Los cargos eran amplios: malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención fraudulenta de ayudas públicas. Después se sumaron el PP y Vox con sus propias querellas.

La jueza Esperanza Collazos declaró el sobreseimiento provisional de la causa en enero de 2023. Su razonamiento fue directo: no aparecía justificada la comisión de ningún delito, porque la ayuda se había concedido conforme al real decreto de medidas urgentes aprobado para sostener la economía durante la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó esta decisión. El caso, en sus términos originales, entraba en vía muerta.

Pero el interés por el asunto no ha sido solo judicial. Desde 2022, la cobertura en medios de la derecha —con libertaddigital.com, okdiario.com y eldebate.com como protagonistas habituales— ha mantenido viva la conexión entre Zapatero y Plus Ultra mucho antes de que hubiera elementos judiciales que la sustentaran.

En esa misma lógica, el PP utilizó su mayoría en el Senado para citar al expresidente ante la comisión que investiga el caso Koldo, argumentando que “podría estar implicado en la trama de corrupción” que ellos sitúan alrededor de Sánchez. La cita parlamentaria y la judicial han avanzado en paralelo, con una retroalimentación en la que no siempre ha sido posible distinguir los indicios de las conclusiones.

El mecanismo que ha dado lugar a la imputación de Zapatero, sin embargo, no nació, aparentemente, de una denuncia política, sino de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción —en manos de Alejandro Luzón, cuyo perfil suma tanto elogios de la derecha como críticas de la izquierda— y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En 2024, ambas instancias concluyeron que el dinero del rescate podría haber servido para blanquear fondos procedentes de tramas de corrupción venezolana. Era un ángulo distinto al que habían esgrimido Manos Limpias, el PP o Vox: ya no se cuestionaba si la ayuda se había concedido mal, sino si fue utilizada para lavar dinero sucio.

La reapertura llegó. Y con ella, una operación que, en diciembre de 2025, se saldó con la detención —y posterior puesta en libertad— del presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el empresario Julio Martínez. Agentes de la UDEF registraron las oficinas centrales de la aerolínea en busca de documentación fiscal.

La jueza del juzgado madrileño se inhibió entonces en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que el caso tenía ramificaciones que superaban su competencia.

El salto a la Audiencia Nacional colocó el caso en manos del juez Calama. Y la instrucción, en la que otra vez se presentó Manos Limpias, empezó a acercarse a Zapatero al tiempo que algunos medios —en particular eldebate.com, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas— aireaban sin pruebas vínculos entre el expresidente y Julio Martínez, presentándolos siempre como evidencias de corrupción.

Zapatero siempre ha reconocido haber ingresado, junto a sus hijas, en torno a medio millón de euros a lo largo de varios años a cambio de la realización de informes y la prestación de servicios para la consultora de su amigo Julio Martínez. Una contraprestación económica que la derecha ha considerado un pago a cambio de la concesión de la ayuda a Plus Ultra y que Zapatero siempre ha negado, pero a la que ahora el juez da credibilidad.

La imputación de Zapatero, independientemente de que dé lugar a un procesamiento o quede en nada, es un hito formal que la oposición llevaba años intentando construir desde múltiples flancos —la denuncia de un sindicato ultraderechista, las querellas de los partidos, el goteo de filtraciones a medios afines, los interrogatorios parlamentarios— y que ahora tiene forma de citación judicial para el 2 de junio.

Lo que ocurra ese día, y lo que el juez Calama sea capaz de acreditar más allá de los registros de este martes, determinará si el hito tiene recorrido o si repite el ciclo de 2023: mucho ruido, archivo provisional y vuelta a empezar.

¿Puede sobrevivir la libertad de creación cuando depende casi por completo del dinero y de las prioridades de un solo hombre? En Francia, esta no es una pregunta retórica. El debate ha estallado en el país vecino después de que Canal+, una pieza clave de la producción audiovisual francesa, haya anunciado que no volverá a dar trabajo a los 600 profesionales que se han atrevido a criticar las afinidades ultras de su propietario, el multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré.

El magnate francés, a quien muchos comparan con el australiano Rupert Murdoch, tanto por la acumulación de poder mediático como por sus preferencias políticas, nació en 1952 en un municipio a las afueras de París, en el seno de una familia acomodada. Fue él, sin embargo, quien multiplicó la fortuna familiar, construida a partir de una fábrica de cigarrillos.

Curtido en mil batallas financieras, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de Nicolas Sarkozy y salpicado como él por la corrupción, ha acumulado capital apoyándose en un emporio mediático que después ha usado descaradamente en beneficio de sus negocios y que, al mismo tiempo, ha puesto al servicio de la extrema derecha de su país.

En 2018, tras su imputación en varios casos de corrupción vinculados a sus negocios en África occidental, abandonó formalmente las funciones operativas de Vivendi, pero siguió en el consejo de administración del grupo y, aunque sus hijos Yannick y Cyrille se hicieron cargo del área de medios, a él se le sigue atribuyendo el control efectivo del conglomerado familiar.

El suyo es un imperio mediático y cultural levantado a base de compras encadenadas, hasta el punto de que hoy atraviesa casi todos los soportes del espacio público francés. Bajo su paraguas caben canales como Canal+, C8 o CNews; radios de referencia como Europe 1; semanarios de referencia como Paris Match o Le Journal du Dimanche (JDD); el gran grupo editorial Hachette —con sus sellos literarios y escolares—; y revistas y webs heredadas de Prisma Media, además de redes de quioscos y librerías extendidas por todo el país. Es, en la práctica, una constelación de medios generalistas, cadenas de información continua, editoriales y dispositivos de distribución que le permite intervenir desde la producción de libros hasta la agenda diaria de los programas de debate político.

Lo singular es que Bolloré ha convertido ese conglomerado en un instrumento de guerra cultural. En 2017, la antigua i-Télé renació como CNews, transformada en una cadena de opinión que multiplicó las tertulias al servicio de editorialistas ultras y que ofrece desde entonces una plataforma casi permanente al líder extremista Éric Zemmour, contribuyendo a que ideas xenófobas como la del “gran reemplazo” circulen en horarios de máxima audiencia como si fueran un punto de vista más. Para muchos, es el equivalente en Francia de la Fox News estadounidense.

Su toma de control del grupo de edición, prensa, radio y distribución Lagardère (matriz de Hachette) extendió esa lógica a Europe 1, al JDD y a Paris Match, mientras los sellos del grupo publicaban y relanzaban libros de dirigentes de la nueva derecha dura y de la extrema derecha, que luego encontraban un escaparate privilegiado en las antenas y portadas del propio sistema Bolloré.

La operación se acompañó de purgas y alineamientos internos: redacciones como las de i-Télé/CNews, Europe 1 o el JDD fueron desmanteladas o disciplinadas, y sustituidas por equipos más dóciles respecto a la nueva línea ideológica. Diversos análisis describen este proceso como la construcción deliberada de un polo mediático reaccionario, capaz de empujar el centro de gravedad del debate público hacia la derecha radical y de presentar a la extrema derecha como una opción perfectamente normalizada, invitándola a los platós y las portadas con la misma frecuencia –o más– que a las fuerzas de gobierno tradicionales. 

El resultado es que los medios de Bolloré no solo han amplificado a los ultras, sino que han contribuido a borrar la línea que antes excluía a la extrema derecha del perímetro aceptable del juego democrático.

En paralelo, los segmentos más rentables y respetables del grupo —el prestigio de ciertos sellos editoriales, la pata de entretenimiento de Canal+, las revistas familiares heredadas de Prisma— sirven de fachada y de fuente de financiación para los dispositivos abiertamente militantes.

Librerías y quioscos del grupo destacan los libros de líderes como Jordan Bardella o Éric Ciotti, mientras CNews, Paris Match o el JDD se ocupan de darles una cobertura preferente, cerrando así el circuito de promoción política dentro de un universo que se presenta, hacia fuera, como un simple actor normal del mercado.

Incluso la entrada en el terreno de la formación —con la compra de una escuela de periodismo en París— se interpreta como una pieza más de ese proyecto de largo plazo: formar periodistas y cuadros a la medida de una guerra cultural cuyo objetivo último, según varios observadores, es acompañar y acelerar la llegada de la extrema derecha al poder estatal, dotándola de un ecosistema mediático amigo.

Sin embargo, el poder de Vincent Bolloré desborda ampliamente las fronteras francesas: durante décadas construyó un entramado de negocios en África —logística portuaria, transporte ferroviario, publicidad y comunicación política— que le dieron una posición de influencia privilegiada sobre gobiernos y élites económicas del continente, y que hoy se proyecta también a través de sus inversiones mediáticas y digitales.

Sus redes de puertos y terminales de contenedores, desarrolladas bajo la marca Bolloré Africa Logistics y luego vendidas a Mediterranean Shipping Company (MSC) en 2022, se combinaron con la actividad del gran grupo de publicidad, comunicación y consultoría Havas –también propiedad de Bolloré– en campañas electorales y comunicación institucional, hasta el punto de que la justicia francesa ha acabado condenándole por intercambiar favores a través de servicios de consultoría electoral y concesiones portuarias en países como Guinea y Togo.

Ese sistema Bolloré ha sido descrito como una trama en la que la influencia mediática, la publicidad política y el control de infraestructuras estratégicas se retroalimentan, y donde la construcción del conglomerado audiovisual europeo de Vivendi se financia en parte con los beneficios acumulados en el área de influencia francesa en África.

En el espacio europeo, Bolloré ha convertido Vivendi en uno de los grandes grupos de medios y entretenimiento del continente, con ramificaciones en televisión de pago, canales de noticias, música, edición de libros y revistas, publicidad y plataformas digitales. Desde París, su influencia se extiende a través de Canal+ y sus filiales en varios países europeos, distribuidoras de contenidos, editoriales del grupo Hachette y redes de publicidad y relaciones públicas gestionadas por Havas, lo que le permite articular campañas y mensajes a escala regional. 

Analistas y observatorios de medios señalan que el modelo CNews—una cadena de información continua desplazada hacia el comentario militante, con una presencia masiva de voces reaccionarias— se ha convertido en referencia para otros proyectos mediáticos conservadores en Europa.

En España, la huella de Bolloré es menos visible para el gran público, pero significativa en términos de poder estructural. A través de Vivendi, su grupo se ha convertido en el segundo accionista de Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER, con el 11,8% del capital y presencia en el consejo de administración. Una posición que ha despertado recelos en el Ejecutivo español, que ha puesto límites a nuevos incrementos ante el temor de que el principal grupo de prensa y radio del país quede bajo la influencia de un magnate identificado con una agenda conservadora y una guerra cultural muy del gusto de Santiago Abascal y del ala dura del Partido Popular.

El universo Bolloré llegó a tener en España una participación relevante —en torno al 29%— en Mediaset España, heredada de su alianza con el entorno de Silvio Berlusconi, lo que le otorgaba una palanca adicional en el audiovisual español, pero acabó vendiéndola: la última parte, un residual del 1%, hace apenas tres años.

Más recientemente, el grupo ha reforzado su presencia en el ecosistema político-mediático español mediante la compra, a través de Havas, de la consultora de asuntos públicos Acento Public Affairs, fundada por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas.

Con esa operación, Bolloré se ha asegurado una plataforma de lobby con fuerte implantación en instituciones españolas y europeas, que complementa su posición en Prisa y, según algunos medios, sienta las bases de su enésimo intento de hacerse con la plataforma Movistar Plus+, en manos de Telefónica, en cuyo capital Vivendi ya tuvo una fuerte presencia en el pasado y en la que las decisiones dependen, en última instancia, del Gobierno de turno.

Aunque en España su influencia no ha cristalizado, todo el mundo en el sector de la comunicación da por hecho que, en cuanto la política le facilite las pistas de aterrizaje que necesita, en particular si PP y Vox consiguen hacerse con el Gobierno a partir de 2027, el desembarco de Bolloré estará asegurado. En particular, en medios tan sensibles como El País o la Cadena SER.

El ejemplo más reciente de su poder y de cómo lo ejerce se ha hecho muy visible estos días en pleno Festival de Cannes. En respuesta a un manifiesto público en el que unas 600 personas del sector cinematográfico, agrupadas en el colectivo Zapper Bolloré –algo así como “boicotear a Bolloré”–, denunciaban la influencia cada vez más opresiva del millonario ultraderechista en la creación audiovisual, Canal+, uno de sus principales resortes mediáticos, ha decidido enseñar los dientes. Lo ha hecho a través del director general de la cadena, Maxime Saada, quien ha anunciado que Canal+ dejará de trabajar con quienes suscribieron ese texto.

Una represalia que el sector se ha tomado como una exhibición del poder que Bolloré está dispuesto a ejercer sobre una profesión entera, clave para uno de los pilares de la cultura francesa. La decisión de cortar relaciones con 600 profesionales, aseguran, confirma la inquietud central del manifiesto: que resulta “oficialmente imposible” expresarse contra Bolloré sin exponerse a sanciones profesionales.

El manifiesto que tanto ha enfadado a Bolloré denunciaba “la emprise” –“la influencia”– del multimillonario sobre el cine francés y la progresiva dependencia de buena parte de la profesión del dinero procedente de su grupo. Se publicó después del despido del editor Olivier Nora en Grasset, una de las editoriales más prestigiosas de Francia, hoy integrada en el grupo del ultraderechista. Y de la entrada de Canal+ en el capital de UGC, uno de los grandes circuitos de exhibición cinematográfica de Francia y Bélgica, el tercer operador de salas del país y un actor importante también en producción y distribución que Bolloré tendrá derecho a controlar, según el acuerdo anunciado, a partir de 2028.

Los firmantes —entre ellos nombres tan distintos como Juliette Binoche, Swann Arlaud, Damien Bonnard, Adèle Haenel, Arthur Harari, Raymond Depardon o la directora de fotografía Caroline Champetier— reclaman “romper el silencio insidiosamente impuesto” y alertan contra la uniformización de las películas y la concentración de poder cultural en manos de un multimillonario abiertamente situado en la extrema derecha.

El episodio revela, según Mediapart, socio editorial de infoLibre, las fracturas internas del campo cinematográfico francés frente a la figura de Bolloré. Algunos cineastas y productores presentes en Cannes, como Pierre Salvadori o Dimitri Rassam, se han distanciado del manifiesto y se esforzaron en defender a Canal+ como sostén indispensable de la diversidad del cine francés, al tiempo que minimizaban los riesgos de injerencia ideológica. Las principales organizaciones representativas del sector, como la SRF o el sindicato de productores independientes, rehusaron firmar el texto, alegando que es “inapropiado en el contexto actual” y que los autores “gritan antes de tener dolor”.

Otros profesionales, en cambio, ven en la ofensiva de Bolloré la consecuencia lógica de unas dependencias financieras que “tienen al cine francés cogido por la garganta” y apuestan por reforzar los dispositivos públicos de financiación para limitar el poder disciplinario del capital privado.

La sublevación de una parte del sector audiovisual contra Bolloré tiene lugar apenas a un año de las elecciones presidenciales, en las que las fuerzas de ultraderecha impulsadas por el magnate ultra y su familia tienen muchas posibilidades de hacerse con la jefatura del Estado francés. En gran parte gracias a la “cruzada cultural” que Bolloré ha llevado a cabo y todavía lidera a través de sus medios, sus editoriales y su capacidad de decidir sobre los contenidos audiovisuales del cine francés.

Una cita decisiva que coincide en el tiempo con las elecciones en España, cuyo resultado Bolloré espera con impaciencia.

Andalucía tiene más de 7,5 millones de personas en edad de votar, el 17,6% del censo adulto nacional, y buena parte de ellas se informará este domingo desde un territorio mediático con fracturas que no se explican solo por el tamaño. La comunidad consume más televisión que la media, usa las redes sociales con mayor intensidad que cualquier otra comunidad del país y llega a las elecciones autonómicas del 17 de mayo con una radiotelevisión pública cuya credibilidad lleva años siendo cuestionada. Ese es el mapa informativo en el que se dirime la cita electoral.

La televisión es el medio dominante y lo es con más fuerza que en el resto de España. Los andaluces ven una media de 196 minutos diarios de televisión, diez más que la media nacional, según el último Marco General de la AIMC. No es el dato más extremo del país —Castilla-La Mancha alcanza los 224 minutos—, pero sí confirma que la pantalla sigue siendo el canal principal de consumo informativo en una comunidad donde el nivel socioeconómico medio lastra la penetración de la prensa escrita y donde el acceso a internet, aunque creciente, no ha desplazado al televisor como referencia.

En ese contexto, y a diferencia de lo que sucede en el conjunto de España, donde La 1 de RTVE ha sido capaz de abrirse hueco, mandan las cadenas privadas, cuyos programas de infoentretenimiento y servicios informativos llevan años moviéndose en un difícil equilibrio entre la derecha y la extrema derecha.

Antena 3 lidera la televisión en Andalucía en lo que va de año con un incontestable 14% de cuota, seguida de Telecinco (10,8%) —en este caso sí que de manera sorprendente—, con porcentajes que apenas se mueven. Por detrás, el ascenso de La 1 alcanza un 9,8%, su mejor dato en la comunidad en 14 años, desde 2012, pero aún lejos de sus rivales en manos del Grupo Planeta y de la familia Berlusconi. 

Canal Sur (9,6%), entre tanto, la televisión autonómica que históricamente compitió de tú a tú con las grandes cadenas nacionales en este territorio, ahora tiene que conformarse con el cuarto puesto. Más atrás aún están las otras dos generalistas privadas: Cuatro sube cinco décimas hasta el 7% y La Sexta cede una décima para quedarse en el 5,6%, según datos oficiales de enero a abril de 2026 a los que ha tenido acceso infoLibre.

Lo que esos datos de audiencia no miden, en el caso de Canal Sur, es el coste institucional del modelo de gestión impuesto por la derecha desde que alcanzó el poder en Andalucía en 2019 y que ha condicionado el presente y el futuro del único medio verdaderamente de alcance andaluz. 

La reforma legal aprobada por el PP nada más alcanzar el gobierno de Juanma Moreno redujo de 15 a nueve los miembros del Consejo de Administración de la corporación y eliminó el mandato de seis años de sus integrantes, que hasta entonces garantizaba cierta desconexión del ciclo electoral. El mandato del director general quedó atado a la duración de la legislatura, exactamente lo contrario de lo que ordenan las normas europeas. El Consejo Asesor pasó de 17 a 13 miembros.

Para los cargos siguió siendo necesaria una mayoría de tres quintos del Parlamento, requisito que, en teoría, obliga a pactar con la oposición. En la práctica, el primer director general del ciclo popular, Juan de Dios Mellado, llegó directamente desde la Dirección General de Comunicación Social de la Junta, es decir, desde el entorno inmediato del presidente.

El Consejo Profesional de Canal Sur documentó, a partir de 2020, 350 ejemplos de malas prácticas en apenas seis meses, “escaletas ideológicas” y desequilibrios informativos sistematizados. El órgano calificó de “muy grave” una referencia al franquismo como “gobierno de 40 años” y registró la suspensión de empleo de un periodista por protestar en una rueda de prensa del PP. El director de Informativos, Álvaro Zancajo, fue cesado en diciembre de 2023 por las denuncias de manipulación. Sus propios trabajadores señalan que su sucesora, Carmen Torres, no mejoró la situación.

A este panorama audiovisual, tan escorado, se suma una prensa andaluza de papel con una estructura que la distingue del resto de comunidades: no existe un gran diario de referencia regional. La cobertura está fragmentada por provincias, con cabeceras de influencia local que pertenecen a grupos nacionales o a un único grupo íntegramente andaluz, y donde la lógica del mercado ha dibujado un mapa en el que el territorio no cuenta igual en todas partes.

Los tres grupos dominantes son Grupo Joly, Vocento y Prensa Ibérica. El primero, controlado por la familia Joly y de tendencia conservadora, es el único enteramente andaluz, con diez diarios que incluyen Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, Huelva Información o Granada Hoy. Vocento, cotizado en bolsa y claramente alineado a la derecha, publica en la comunidad la versión andaluza de Abc, Diario de Jerez y Córdoba, entre otros. Prensa Ibérica, más pragmático e institucional, propiedad del empresario Javier Moll, acaba de reforzar su presencia con la adquisición de El Correo de Andalucía, que se suma al Diario de Córdoba, La Opinión de Málaga y La Voz de Almería.

En el terreno digital, el trasvase del capital de marca de las cabeceras históricas al online ha beneficiado sobre todo a Vocento, cuyos títulos andaluces dominan el tráfico medido por Gfk en sus respectivas provincias. La delegación andaluza de eldiario.es es la referencia más consolidada entre los nativos digitales, aunque sus cifras se mantienen alejadas de los líderes provinciales. El resto del espacio nativo lo ocupan medios de alcance local o temático sin audiencias comparables.

La penetración de la prensa —papel más internet— es del 36,7% en Andalucía, algo inferior a la media nacional del 39,6%, lo que limita su capacidad de influir. El índice socioeconómico explica en parte la diferencia: la comunidad tiene una proporción relativamente baja de población en los estratos altos, precisamente los que más diarios consumen.

Un estudio publicado en 2025 encontró una fractura cuya existencia se conocía, pero que hasta ahora no había sido cuantificada a esta escala: en todas las provincias andaluzas, la franja norte —las sierras— aparece sin un solo medio de proximidad. La cobertura se concentra en las capitales, la costa y los municipios de mayor tamaño. El tamaño medio de un municipio con medios supera los 65.000 habitantes. Por encima de los 20.000, el 87% de los municipios tiene al menos una cabecera. Por debajo de los 10.000, la cobertura cae de forma abrupta.

Las diferencias entre provincias son, además, pronunciadas. Cádiz acumula casi el 24% de los medios andaluces con apenas el 14,7% de la población: el 41% de sus municipios cuenta con al menos un periódico digital local.

El extremo opuesto lo ocupa Almería, donde solo el 2% de los municipios tiene algún medio y, fuera de la capital, únicamente existe uno, en El Ejido. Granada, con 173 municipios —más que cualquier otra provincia andaluza—, solo tiene cobertura propia en cinco de ellos. El 97% de su territorio municipal carece de periodismo local. La sierra de Huelva, Cazorla-Segura, en Jaén, y la franja serrana de Málaga reproducen el mismo patrón.

La literatura académica sobre desiertos informativos ha documentado que los territorios sin medios locales registran mayor abstención electoral y son más vulnerables a la desinformación. En Estados Unidos se ha constatado que, en las zonas rurales sin periódicos, los ciudadanos votan menos y con menor criterio. La función de vigilancia del poder municipal desaparece con los medios que la ejercían. El estudio andaluz no establece esa correlación de forma directa —los autores la señalan como pendiente de investigación—, pero los datos de cobertura hablan por sí solos.

A ese vacío se suma un problema específicamente español. Los medios locales que sí logran sobrevivir en estos territorios dependen en muchos casos de la publicidad institucional, cuyo reparto opaco los convierte en financieramente vulnerables frente a las administraciones que deberían cubrir. 

El Gobierno de Moreno Bonilla incrementó un 140% el gasto anual de la Junta en publicidad institucional y patrocinios respecto al último Ejecutivo socialista, según datos de 2025: mientras Susana Díaz gastó una media de 19,3 millones anuales entre 2015 y 2018, el PP ha desembolsado al menos 286,4 millones desde 2019, unos 46,2 millones por año. La Cámara de Cuentas ha reprochado al Ejecutivo su falta de transparencia en este capítulo, señalando que el Portal de la Junta no detalla el gasto por campaña ni incluye a las entidades instrumentales, en incumplimiento del artículo 16 de la ley autonómica de transparencia.

La radio y las redes completan el cuadro. La AIMC registra una penetración radiofónica del 51,4% en Andalucía, frente al 55% de la media nacional, con un consumo medio de 84 minutos diarios frente a los 89 del conjunto del país. El liderazgo de audiencia se lo disputan COPE y Cadena SER en términos muy ajustados: 718.000 oyentes diarios frente a 703.000, según la tercera ola del EGM de 2025. Canal Sur Radio creció más del 40% respecto al mismo periodo del año anterior y superó los 519.000 oyentes sumando todas sus emisoras, su mejor dato en cinco oleadas consecutivas.

Por lo que se refiere a las redes sociales, el 53% de los adultos andaluces las usa como fuente de noticias, frente al 49% de la media española, lo que les expone más que a la media a la manipulación de los algoritmos. El Barómetro Audiovisual de Andalucía de 2024 sitúa en el 85,4% la proporción de andaluces que declara usar redes sociales, cifra que sube al 98,6% entre los de 16 a 24 años. El acceso a internet alcanza al 89,3% de los residentes, solo un punto por debajo de la media nacional, pero el consumo digital es levemente superior: 255 minutos diarios frente a los 251 del conjunto del país. 

Es la única métrica en la que Andalucía supera consistentemente al resto. En los medios tradicionales, la brecha va en la otra dirección.

Giuliano Da Empoli lo dijo con la precisión de quien lleva años buscando la frase exacta. “La ventana de oportunidad para dominar los procesos digitales de manera ordenada se ha cerrado”. El politólogo y novelista italiano lo admitió sin eufemismos este jueves en Barcelona, ante el I Encuentro sobre Derechos Digitales. Y añadió, con la misma franqueza: “Deberíamos haberlo entendido hace mucho tiempo. No lo hicimos. Yo el primero”.

Frances Haugen llegó a una conclusión parecida por otro camino. La ingeniera que en 2021 filtró 20.000 páginas de documentos internos de Facebook lleva cinco años intentando que Meta rinda cuentas. En ese tiempo ha visto investigaciones, titulares y debates regulatorios. Y ha visto también otra cosa: que Meta es hoy sustancialmente más rentable que cuando ella decidió hablar. “Si quieren llevarse un buen jarro de agua fría sobre el trabajo realizado en cinco años, espero que no tengan en su vida una gráfica como esta”, afirmó mientras proyectaba la evolución de los beneficios de la empresa.

Dos voces, dos trayectorias, el mismo diagnóstico de fondo. El poder digital ha ganado terreno. Los instrumentos para limitarlo existen. Y quienes podrían activarlos, por razones distintas, no lo hacen.

Da Empoli ofreció en Barcelona la explicación más útil para entender cómo se llegó hasta aquí. Durante años, los efectos tóxicos del entorno digital —la polarización, la desinformación, la erosión del espacio público— fueron en gran medida el subproducto involuntario de un modelo de negocio. Las plataformas optimizaban para captar atención, y captar atención premiaba la rabia. No había un plan detrás. “Era casi accidental. No era una conspiración política de alguien que quería dominar el mundo. Era el efecto secundario de un modelo de negocio”.

Ese tiempo terminó. “Ahora estamos en una fase distinta. Todo esto es explícito. Es un nuevo bloque de poder”. Un bloque que articula a los grandes actores tecnológicos con actores políticos afines, con la Administración estadounidense actual como eje visible. Y que tiene un programa definido aunque sus componentes no compartan el mismo horizonte ideológico: eliminar todo lo que limite su poder. Parlamentos, medios de comunicación convencionales, jueces, la ley.

Para ilustrar la naturaleza de esa alianza, Da Empoli citó un episodio reciente. Elon Musk habló ante una asamblea de extrema derecha en Londres, vinculada al entorno del activista ultra Tommy Robinson. Les dijo lo que querían escuchar: que había que deshacerse del Parlamento, que era legítima la insurgencia civil. La multitud respondió con entusiasmo. Pero cuando alguien le preguntó por el futuro, Musk respondió que sería fantástico: robots por todas partes, nuestras vidas completamente gobernadas por ellos. “Ahí se notó que el público era un poco menos receptivo”.

Los populistas nacionalistas quieren restaurar un orden pasado, vertical, gobernado por tradición. Los tecnólogos de Silicon Valley han dejado atrás no solo la nación sino la especie. No tienen el mismo fin. Pero esa contradicción, subrayó Da Empoli, “es en realidad irrelevante, porque cuando estás en una lucha por el poder no necesitas ponerte de acuerdo en el objetivo final. Solo necesitas ponerte de acuerdo en lo que quieres eliminar”. Lo que les une, concretó, es estructural: cualquier contrapeso, cualquier freno, cualquier procedimiento que los ralentice.

Haugen llegó al mismo punto desde los datos. Elon Musk demostró, con su llegada a Twitter, que era posible despedir a los equipos de seguridad sin que la empresa sufriera consecuencias relevantes. Meta siguió el ejemplo. Y la inteligencia artificial completó el ciclo: permite hacer coincidir la atención de los usuarios con los anunciantes con tanta precisión que ya no importa que la gente use menos los productos. Los ingresos siguen creciendo. El margen de beneficio de Meta es hoy más elevado que hace cinco años, y su tasa de crecimiento, más alta que hace tres.

“Los mecanismos que permiten extraer cierta virtud del mercado dejan de funcionar porque los incentivos están desalineados”, dijo Haugen. Las personas proporcionan la atención, las plataformas venden esa atención y los anunciantes la compran. Cuando los incentivos solo apuntan en una dirección, la experiencia de los usuarios puede deteriorarse indefinidamente sin que el modelo de negocio se resienta.

Da Empoli hizo en Barcelona una precisión terminológica que consideró relevante antes de hablar de soluciones. Cuando se habla de enfrentar el mundo digital, dijo, es importante hablar de “leyes” y no llamarlas regulación. “Eso hace que parezcamos burócratas. Lo que intentamos es que estas plataformas y estos actores se sometan a la ley”.

Europa, recordó, tiene el DSA —el Reglamento de Servicios Digitales—, el DMA —el Reglamento de Mercados Digitales— y la Ley de Inteligencia Artificial. Los mencionó explícitamente y sostuvo que ninguno es un instrumento deficiente. De hecho, dijo, “son bastante inteligentes”. El problema no es su calidad jurídica. El problema es que la Comisión Europea no los está aplicando. “Están legalmente obligados a hacerlo", pero no lo hacen "por preocupaciones geopolíticas”.

La formulación de Da Empoli no deja mucho espacio para la ambigüedad. Bruselas tiene miedo. Miedo de Washington, que ha hecho llegar el mensaje de que aplicar estas normas equivale a una posición hostil frente a la administración estadounidense. Antes, el lobby era intenso pero implícito. Ahora es explícito. Y la Comisión, de momento, cede.

“Lo primero es hacer que les resulte muy difícil no aplicar las leyes que ya existen”, defendió Da Empoli. Y luego, presionar para que eso ocurra.

Para explicar qué está en juego cuando esas leyes no se aplican, recurrió a un ejemplo pequeño y preciso que recoge en su libro La hora de los depredadores. Una localidad francesa vio dispararse el tráfico de repente: coches pasando por delante de colegios y hospitales sin que nadie entendiera por qué, hasta que descubrieron que era una aplicación de navegación la que redirigía vehículos desde la autopista porque el algoritmo había identificado un atajo de un minuto. El alcalde era, en teoría, la autoridad responsable de la circulación en su municipio. Pero quien decidía por dónde iban los coches era una app. “¿Quién es soberano?”, se preguntó Da Empoli.

Su conclusión no fue que haya que combatir esa aplicación. “Sería como luchar contra la electricidad”. El problema no es la herramienta. El problema es la ausencia de cualquier obligación de incorporar criterios de bien público. “Quizá puedes establecer una norma que le impida enviar diez mil vehículos en pocos minutos por una calle donde hay un colegio o un hospital. Quizá puedes quedarte con la herramienta y configurarla de manera que se optimice no solo para el beneficio económico, sino para el bien público. Es técnicamente posible. Es factible. Solo hace falta voluntad para hacerlo”.

Haugen, por su parte, llegó a Barcelona con una propuesta concreta para ese punto ciego entre el diagnóstico y la acción. Y la dirigió, de forma explícita, a la audiencia europea.

Su argumento parte de una paradoja económica. Una cantidad enorme de dinero publicitario europeo viaja cada año a Estados Unidos para financiar a las grandes plataformas. “No estamos hablando de miles de millones de dólares, sino de decenas de miles de millones”, señaló. Cada vez que un usuario europeo ve un anuncio de una marca europea en sus redes sociales, ese dinero está financiando el modelo que tanto Da Empoli como ella critican.

La vía legislativa, reconoció Haugen, está prácticamente atascada en Estados Unidos. “Cada legislatura aprobamos menos leyes que la anterior, y así llevamos 25 años”, dijo con ironía. Europa tiene más capacidad. Pero la regulación sola, desde su punto de vista, no cambia los incentivos de fondo. Para eso hace falta que el dinero se mueva.

Los boicots publicitarios tampoco funcionan, o no de forma duradera. En 2020, la campaña Stop Hate for Profit consiguió que un número significativo de grandes anunciantes retiraran su publicidad de los productos de Meta en respuesta a la gestión de la plataforma durante los disturbios relacionados con el movimiento Black Lives Matter. Funcionó durante un tiempo. Luego, los anunciantes volvieron. “Fue un proceso muy doloroso para los anunciantes”, reconoció Haugen. Los boicots operan por privación: extraen energía del sistema, pero no generan nada nuevo. Son difíciles de sostener y fácilmente reversibles en cuanto la presión mediática decae.

La propuesta que Haugen presentó en Barcelona funciona de otra manera. No se trata de retirar dinero, sino de redirigirlo. No de boicotear, sino de establecer condiciones.

La idea es concreta. Haugen propone que los grandes anunciantes se comprometan a destinar un porcentaje de su inversión publicitaria en línea —ella habla de un 10% como punto de partida— a plataformas que estén dispuestas a publicar cinco métricas sobre su impacto en los menores. No tienen que abandonar las plataformas actuales. Solo tienen que condicionar una parte de esa inversión a que exista transparencia.

Las cinco métricas que propone son las siguientes. La primera, violencia sexual: cuántos usuarios recibieron un mensaje sexual no deseado en los últimos siete días. La segunda, calidad del sueño: en qué medida el uso de la plataforma afecta al descanso de los adolescentes. La tercera, rendimiento escolar: si la plataforma afecta a la capacidad de los menores de rendir bien académicamente. La cuarta, consentimiento: si el usuario puede dejar de usar la plataforma cuando quiere. La quinta, comunidad presencial: si el uso de la plataforma favorece el encuentro en persona con las personas del entorno del usuario, o si, por el contrario, tiende a aislarlo y retenerlo dentro de la plataforma.

La inspiración para la primera de esas métricas viene de un testimonio concreto. Arturo Bejar, exempleado de Meta, declaró ante el Senado de Estados Unidos en 2022 que una de cada ocho niñas de entre 13 y 15 años había recibido un mensaje sexual no deseado en Instagram en los siete días anteriores a una encuesta. Haugen subrayó en Barcelona un dato que, según ella, pasó casi desapercibido: entre el 1% y el 2% de esas chicas recibieron diez o más mensajes de ese tipo en ese mismo periodo. “Ese número no va a bajar hasta que Meta tenga que publicar la frecuencia con la que eso ocurre justo al lado de sus cifras de pérdidas y ganancias”.

La lógica es que la transparencia obliga. Si las plataformas saben que los grandes anunciantes condicionan su inversión a la publicación de esos datos, tienen un incentivo económico directo para mejorar esas métricas. Y si no las mejoran, al menos las hacen visibles.

Haugen puso un ejemplo deliberadamente incómodo. Disney es uno de los mayores anunciantes en los productos de Meta. “Deberíamos preguntarle a Disney por qué se niega a comprometerse a destinar parte de su inversión publicitaria a plataformas dispuestas a ser honestas sobre si los menores están recibiendo comunicaciones sexuales no deseadas”, afirmó. ”Eso debería ser una petición elementa”l. Una empresa cuya marca se construye sobre la infancia invierte cantidades millonarias en plataformas que, según sus propios documentos internos, conocen el daño que causan a los menores y deciden no publicarlo.

Si los anunciantes empiezan a desplazar una parte de su inversión hacia plataformas alternativas —aunque sea de forma gradual, un 10% en seis meses, un 20% en dos años—, generan una señal para los inversores. Y esa señal puede hacer viables modelos de negocio que hoy no son rentables porque no hay capital dispuesto a financiarlos. “Pueden invertir en un futuro para Europa o pueden invertir en el statu quo que impulsa Estados Unidos”, dijo Haugen.

Da Empoli apuntó en la misma dirección, pero desde otro ángulo. La segunda línea de acción que propuso en Barcelona, más estructural y más difícil que presionar para que se apliquen las leyes existentes, es construir un modelo alternativo, ni estadounidense ni chino. No un modelo de rechazo tecnológico, sino de diseño diferente. El entorno digital actual, explicó, se parece a la comida basura: fácil, adictiva, en última instancia dañina. Lo que Europa podría intentar construir es algo más parecido a la cocina lenta: “Más sano, pero que siga siendo atractivo, satisfactorio y en última instancia mucho más gratificante”. Pero eso implica dar espacio a creadores y empresas, y posiblemente financiación pública.

El poder digital no es un fenómeno natural ni inevitable, concluyó Da Empoli. Es una construcción. Si no tiene límites, no es porque los límites sean imposibles. Es porque quienes podrían imponerlos llevan demasiado tiempo con demasiado miedo para intentarlo. Haugen añadiría un matiz: algunos de esos “quienes” no son gobiernos ni reguladores, sino empresas que cada semana depositan decenas de miles de millones en las cuentas de las plataformas que dicen querer cambiar.

Lo dijo sin rodeos, ante el plenario del I Encuentro por los Derechos Digitales, que concluye este jueves en Barcelona. “Cuanto más conocemos, más nos radicalizamos. Más nos radicalizamos en la conciencia de que llegamos tarde y de que estamos hablando de una cuestión completamente civilizatoria”.

Así de contundente se manifestó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en la descripción del diagnóstico que hacen quienes trabajan en la gobernanza de la inteligencia artificial desde dentro de las instituciones. “No es una discusión tecnológica, es una discusión política. Política de primera magnitud. Estamos discutiendo sobre soberanía”.

Para explicar el riesgo de llegar tarde, López recurrió a la analogía de la crisis financiera de 2008. El hundimiento de Lehman Brothers en octubre de ese año coincidió con la expansión masiva de las grandes redes sociales, Twitter y Facebook entre ellas. En ambos casos hubo un grito previo a favor de la desregulación, productos opacos que nadie era capaz de explicar del todo y una sensación de que el sistema se había ido de las manos antes de que alguien pudiera frenarlo.

“Yo no quiero que en el futuro, cuando se produzcan comisiones de investigación y juicios sobre lo que pasó con la inteligencia artificial o con las redes sociales, aparezcan ingenieros diciendo que se me fue de las manos”, señaló el ministro. 

López desmintió desde el principio la acusación más frecuente contra los reguladores europeos: que frenan la innovación mientras otros avanzan. Y lo hizo, de nuevo, con una referencia financiera, poniendo esta vez el foco en los bancos españoles, que batieron récord de beneficios el año pasado. Después de la crisis, después de la regulación, después de lo que parecía una camisa de fuerza para el sector. “Parece que la regulación no ha sido contraria a la competitividad”, ironizó.

En la misma línea intervino Carissa Véliz, filósofa de la Universidad de Oxford y autora de Privacy is Power y del reciente Prophecy, que compartió escenario con el ministro. Su versión del argumento fue más allá: “Un producto que es tan poco fiable como lo que tenemos, que gasta tantísima energía y que además está liderado por la gente más desconfiable del mundo, no es un gran producto”. Y la alternativa no es rendirse a ese modelo ni imitarlo, sino adelantarlo. “La ética no es nada más que buen diseño. Cuando tienes una buena silla, donde puedes estar sentado todo el día y no te duele la espalda, eso es ética”.

López enumeró las palancas con las que España intenta construir esa alternativa. 30.000 millones de euros de fondos de recuperación destinados a semiconductores, modelos de lenguaje, cátedras universitarias de IA y ciberseguridad, y planes de minería para tierras raras. Una Carta de Derechos Digitales ya aprobada. Un observatorio específico. Una ley de protección del menor. La prohibición, conseguida hace tres semanas en el marco del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de los sistemas que permiten las deepfakes sexuales. Y, como telón de fondo de todo ello, el encargo que el presidente del Gobierno le hizo cuando le nombró ministro: hacer con la transformación digital lo que España ha hecho con las renovables.

Fue en ese marco en el que el ministro hizo una promesa para el futuro: ahora, después de la IA, viene el desafío de la computación cuántica. “Y atentos a sus pantallas, porque España va a ser líder mundial” en esta materia.

Si el ministro habló con el lenguaje de la política, Véliz lo hizo con el de la historia. En su intervención, recordó la anécdota de Luis XI de Francia y su astrólogo de la corte. El rey, perturbado porque el astrólogo había predicho la muerte de una dama de la corte y la dama había muerto, ordenó en secreto que lo ejecutaran arrojándolo por una ventana. Antes, como última formalidad, le preguntó cuánto tiempo viviría. El astrólogo respondió sin vacilar: moriría tres días antes que su majestad. Luis XI nunca dio la señal.

“¿El astrólogo encontró la respuesta en las estrellas? Por supuesto que no. El astrólogo entendía el poder de las predicciones y lo usó a su favor”.

Esta historia resume la tesis central de su último ensayo, Prophecy. Según ella, los grandes ejecutivos tecnológicos, los tecnobros, están utilizando sus predicciones sobre el futuro exactamente igual que aquel astrólogo, con la diferencia de que hoy la audiencia es global y los medios las transcriben como hechos. “Lo que estamos viendo es que uno de estos ejecutivos dice algo y se reporta como si fuera un hecho. Y lo que en realidad estamos haciendo es obedecer. Las predicciones muchas veces son órdenes camufladas”.

La advertencia tiene un filo específico para el debate político. Cuando Elon Musk, Peter Thiel o Sam Altman proyectan el futuro de la IA, no están describiendo lo que va a ocurrir. Están intentando que ocurra. La diferencia entre una predicción y una orden depende, en gran medida, de si la audiencia es capaz de distinguirlas.

Véliz introdujo además un argumento sobre los riesgos de que aceptemos, sin más, el uso de la predicción algorítmica en decisiones que afectan directamente a los ciudadanos: los préstamos bancarios, los contratos de alquiler, las oportunidades laborales. Cuando un criterio es explícito —un salario mínimo, un historial de pagos—, el solicitante puede saber qué debe cambiar para obtener un resultado diferente. Cuando el criterio es una predicción algorítmica, no hay manera de impugnarlo. “Si tú me dices, no te doy este préstamo porque yo predigo que no lo vas a pagar, ¿cómo desafías una predicción? No hay manera, porque no es un hecho”.

La democracia, dijo, necesita estar anclada en hechos verificables y en procesos transparentes que el ciudadano pueda contestar. Cuando las decisiones se trasladan al futuro predicho por una máquina, ese ancla desaparece. Y puso un ejemplo histórico: en la antigua Roma, cuando los ciudadanos empezaron a creer más en las predicciones sobre quién sería el próximo emperador que en las instituciones de la república, la república no tardó en desaparecer. “Y la república”, advirtió, “nunca volvió”.

El ministro añadió su propia lectura del problema de la vigilancia digital, haciendo un inciso que mezcló lo cotidiano con lo estructural: si no fuera una cuestión de poder político, los usuarios españoles de una red social no habrían recibido un mensaje del dueño de esa plataforma contra el presidente del Gobierno. “Fijaos en las implicaciones para el modelo democrático”, dijo, aludiendo a los ataques de Elon Musk a Pedro Sánchez a través de X.

Véliz concluyó insistiendo en que el cinismo es la peor respuesta posible: “No vale ser cínico. Es demasiado fácil”. Y señaló que España tiene, a su juicio, algo de lo que otros países de su entorno carecen: valentía. “Si somos valientes ahora, vamos a tener que ser menos valientes en el futuro. Si en este momento mostramos cobardía, va a ser falta ser muchísimo más valientes más adelante”.

López quiso cerrar su intervención con la imagen que usa el presidente del Gobierno como brújula: la transformación energética. España no llegó tarde a las renovables. Llegó cuando llegó y, sin embargo, hoy exporta ese modelo al mundo. La apuesta es que con la IA y con la computación cuántica pueda repetirse el mismo trayecto.

La académica que acuñó el concepto que explica cómo Europa regula el mundo sin tener casi ninguna empresa tecnológica relevante —el llamado efecto Bruselas— llegó este miércoles a Barcelona con un argumento que incomoda a quienes llevan meses pidiendo desmantelar las leyes digitales europeas. Anu Bradford, profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Columbia, dijo ante el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que el problema de Europa no es que regule demasiado. El problema es que no tiene un mercado único de verdad, que carece de capital para financiar a sus propias empresas y que lleva décadas sin saber cómo atraer talento global. Algo que, por cierto, tiene ahora una oportunidad única de cambiar, defendió.

La distinción importa porque en Bruselas y en varias capitales europeas ha ganado fuerza en los últimos meses la tesis de que regulaciones como el RGPD —la ley de protección de datos— o la Ley de Inteligencia Artificial frenan la innovación y explican el retraso tecnológico de Europa frente a Estados Unidos. Bradford no lo cree. “Europa no necesita pensar que el modelo impulsado por los derechos la está frenando“, dijo en su conferencia de este miércoles en la capital catalana. Lo que la frena, argumentó, son cuatro problemas estructurales que ninguna desregulación va a resolver.

El primero es la fragmentación del mercado interior. Europa tiene 27 mercados nacionales con idiomas distintos, culturas distintas y a menudo regulaciones distintas. Una empresa tecnológica española que quiera crecer necesita adaptarse a cada uno de ellos, lo que encarece y ralentiza cualquier expansión. El Banco Central Europeo ha calculado que esa fragmentación equivale, en términos prácticos, a un arancel del 60% para el comercio de bienes entre países europeos y del 100% para los servicios. “Estas no son las barreras comerciales de Trump”, señaló Bradford. “Son las nuestras”.

El segundo problema es el capital. Cuando una startup europea supera la fase inicial y necesita financiación para crecer, no la encuentra en Europa. Tiene que acudir al capital riesgo estadounidense o venderse a una gran tecnológica americana. Solo el 5% del capital riesgo mundial está en Europa. Estados Unidos concentra más del 50%. China, el 40%. “No es el RGPD lo que nos frena”, insistió Bradford. “Necesitamos una unión integrada de mercados de capitales para que una empresa española pueda recaudar dinero de inversores en Alemania o Suecia”.

El tercer obstáculo es cultural y legal a la vez. En Europa, fracasar en un negocio tiene consecuencias que pueden durar décadas. El sistema legal es punitivo y el estigma social que rodea al fracaso empresarial desincentiva asumir los riesgos que requiere innovar en la frontera tecnológica. En Estados Unidos, un emprendedor que ha pasado por la quiebra puede presentarse ante inversores con su siguiente proyecto y obtener financiación porque “está trabajando en cosas grandes”. En Europa, ese emprendedor tiene pocas posibilidades de conseguirla.

El cuarto factor es el que Bradford considera más urgente ahora mismo, y también el que abre la oportunidad más interesante. Desde 1945, la gran ventaja competitiva de Estados Unidos en tecnología no ha sido solo el dinero ni las universidades. 

Ha sido la capacidad de atraer talento de todo el mundo y retenerlo. Más de la mitad de las startups estadounidenses valoradas en más de 1.000 millones de dólares tienen un fundador inmigrante. Bradford citó la lista de nombres que cualquier lector reconoce: Steve Jobs, hijo de un inmigrante sirio; Jeff Bezos, cubano de segunda generación; Sergey Brin, cofundador de Google, ruso; Jensen Huang, cofundador de Nvidia, nacido en Taiwán.

Esa ventaja, dijo Bradford, se está erosionando. La administración Trump ha convertido la restricción a la inmigración en una política central de gobierno, y las consecuencias ya son visibles en los datos. El año pasado, el número de investigadores de inteligencia artificial de todo el mundo que eligieron Estados Unidos como destino cayó un 80%. Las universidades americanas registraron entre un 30% y un 40% menos de matrículas de estudiantes extranjeros. “Mi pregunta es: ¿a dónde va ese talento? ¿Y están los europeos preparados para desplegarles la alfombra roja?”

Bradford llamó a esto un “momento Sputnik”, en referencia al shock que supuso para Estados Unidos en 1957 que la Unión Soviética lanzara el primer satélite artificial. Aquel momento aceleró la inversión americana en ciencia, educación e ingeniería. Ahora sería Europa quien podría beneficiarse del repliegue americano. Si tuviera la ambición de hacerlo, claro.

El argumento de Bradford se construye sobre una arquitectura conceptual que lleva años desarrollando. Hay tres grandes potencias digitales en el mundo, a las que llama “imperios”, y cada una exporta algo diferente. Estados Unidos exporta poder corporativo privado: empresas como Meta tienen más de 3.000 millones de usuarios en más de 160 países, y a través de ellas exporta su modelo regulatorio, que confía el gobierno de la tecnología a las propias empresas tecnológicas. 

China exporta infraestructura: cables submarinos, redes 5G, centros de datos, tecnologías de vigilancia construidas a lo largo de lo que llama la Ruta de la Seda Digital, que llega a Asia, África, América Latina y partes de Europa. Y en esas infraestructuras va incorporado el modelo autoritario chino.

Europa exporta normas. Las leyes europeas encuentran su camino fuera del continente porque ninguna empresa global puede permitirse quedar excluida del mercado europeo. Al final, les resulta más barato aplicar la regulación europea en todo el mundo que gestionar regímenes distintos en cada país. Así funciona el efecto Bruselas, que Bradford describe como “la capacidad unilateral de la UE para regular el mercado global”. El RGPD se ha convertido, en la práctica, en la ley global de privacidad de muchas grandes tecnológicas. La pregunta ahora es si lo mismo ocurrirá con la regulación europea de la inteligencia artificial.

Los tres modelos conviven y compiten en los mismos mercados. Bradford explicó que no hay tres esferas de influencia claramente separadas: en un mismo país africano o latinoamericano coexisten empresas tecnológicas estadounidenses, infraestructuras digitales chinas y regulaciones de inspiración europea. El conflicto entre los imperios se libra, al mismo tiempo, en ese terreno superpuesto.

La tensión más nueva y más aguda es la que enfrenta a Europa con la Administración Trump. No es una tensión nueva en su origen —el choque entre el modelo americano, centrado en el mercado, y el modelo europeo, centrado en los derechos, viene de lejos—, pero ha alcanzado una intensidad diferente. Cuando las grandes tecnológicas americanas no lograban frenar solas las ambiciones regulatorias europeas, encontraron un aliado inesperado en Washington. La Casa Blanca ha advertido a Europa que si sigue aplicando sus regulaciones digitales habrá consecuencias arancelarias. Con eso, dijo Bradford, “la regulación digital se ha geopolítizado”.

La presión es difícil de sostener porque no es solo comercial. Estados Unidos también ha insinuado que podría revisar sus garantías de seguridad hacia Europa, y ahí sí hay dependencias profundas. “La disposición de los europeos a seguir aplicando sus derechos digitales está vinculada a la pregunta más amplia de si Europa puede defenderse sin que América esté de su lado“, reconoció Bradford.

Pero cediendo tampoco se resuelve nada, añadió. Si Europa abandona una investigación contra Apple para evitar aranceles, lo que hace es establecer una dinámica en la que la próxima exigencia llega al día siguiente. “Eso simplemente no es sostenible”.

En el coloquio posterior, Bradford amplió su análisis hacia un terreno menos estudiado: la batalla por el relato sobre la inteligencia artificial. Citó informaciones recientes según las cuales ejecutivos de OpenAI y del fondo de inversión Andreessen Horowitz habrían financiado campañas en redes sociales para difundir mensajes favorables a la IA americana y contrarios a la IA china, pagando a influencers para distribuirlos.

Bradford consideró que eso forma parte de una estrategia deliberada de las grandes tecnológicas para usar el argumento de la “carrera de la IA” como herramienta de presión. “Si nos regulas, China nos vencerá”. Ese mensaje, dijo, está ganando tracción en Europa y está alimentando la narrativa de que regular es equivalente a perder. “Europa está perdiendo la narrativa en relación con sus propias empresas y ciudadanos si cede demasiado a esta idea”.

Bradford alertó también del riesgo de que el modelo de Meta —que cambió sus políticas de moderación de contenido en cuanto percibió que la nueva Casa Blanca le daba libertad para hacerlo— sirva como ejemplo de lo que ocurre cuando se confía en el autocontrol corporativo. “Cuando las empresas ajustan sus principios a los vientos políticos, tenemos menos razones para confiar en lo que dicen”.

La carrera europea, concluyó Bradford, no debería librarse en la capa de los grandes modelos de IA —esa competición por construir los sistemas más potentes y más intensivos en energía—, sino en la capa de las aplicaciones: cómo la inteligencia artificial mejora la sanidad, la educación, la productividad. “Ahí los europeos no tienen una desventaja inherente”.

Yaël Eisenstat lleva más de 25 años trabajando contra el extremismo —primero como oficial de inteligencia, luego como diplomática, después como asesora en la Casa Blanca—. Para su sorpresa, en 2018 fue contratada por Facebook con el fin de dirigir su trabajo global de integridad electoral en publicidad política. Al segundo día, su título había cambiado. Al sexto mes, dimitió.

Esa trayectoria fue el hilo conductor de su intervención este martes en la apertura del I Encuentro por los Derechos Digitales de Barcelona, donde presentó su diagnóstico sobre la relación entre el diseño de las plataformas, la regulación vigente y los límites de lo que los investigadores externos pueden realmente saber sobre cómo funcionan estos sistemas.

La regulación europea —el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las obligaciones de transparencia algorítmica, los requisitos de auditoría para plataformas de muy gran tamaño— sitúa a Europa en una posición aventajada respecto a Estados Unidos. Eisenstat lo reconoció sin ambigüedades. Pero añadió una condición que altera sustancialmente el diagnóstico optimista: esa ventaja regulatoria depende, en última instancia, de lo que las propias plataformas decidan mostrar.

Meta, puso como ejemplo, dispone de la biblioteca de anuncios más completa que existe en este momento. Pero también tenía CrowdTangle, la herramienta que permitía a investigadores externos analizar la difusión de contenidos en sus plataformas. “La mataron. CrowdTangle ya no existe”, se lamentó. La herramienta que hacía posible investigar a Facebook fue cerrada por Facebook.

La investigación que ella dirige desde Cybersecurity for Democracy, con sede en la Universidad de Nueva York, depende de poder acceder a datos sobre amplificación algorítmica. Sus propios estudios han demostrado que “los cambios en la amplificación cambian las experiencias de las personas con los debates públicos en las redes sociales de maneras muy distintas del contenido en sí que las personas están publicando”. No basta, por tanto, con analizar qué se dice. Hay que saber a quién se lo está enviando el algoritmo, con qué intensidad y por qué. Pero esos datos, en gran medida, los controlan las empresas.

Parte del material que Eisenstat utilizó en su presentación procede de documentos internos filtrados, principalmente a través de la exempleada de Facebook Francis Haugen. Algunos tan reveladores como una presentación interna fechada en 2016 en Alemania que mostró cómo el 64% de todos los grupos extremistas en ese país se habían formado a través de las herramientas de recomendación de la plataforma. “Esto vino de su propia investigación. No es de alguien del exterior”, subrayó.

El mismo patrón aparece en los datos sobre discurso político. Twitter, antes de convertirse en X, documentó en un informe interno que el contenido político recibía una amplificación sistemáticamente mayor cuando pasaba por su sistema de recomendaciones que cuando simplemente aparecía en una línea de tiempo cronológica. Y que los tuits publicados por cuentas de la derecha política recibían más amplificación que los de la izquierda. “Twitter lo sabía, y de hecho lo escribieron” en sus documentos internos, dijo Eisenstat.

En este contexto, la pregunta que se plantea no es solo si Europa tiene mejores leyes. Es si esas leyes pueden aplicarse de forma efectiva cuando los datos que acreditarían el incumplimiento están en manos de quien presuntamente incumple.

Durante la conversación posterior a su ponencia, el moderador le preguntó si la situación había mejorado desde 2018, el año del escándalo de Cambridge Analytica y el año en que ella fue contratada por Meta. Su respuesta fue directa: “No. Lamento decir esto, pero en este momento probablemente estamos en el punto más precario”.

La explicación que ofreció tiene lógica geopolítica. Estas empresas se construyen, crecen y se expanden principalmente desde Estados Unidos. Y es el “panorama legal permisivo estadounidense” el que ha permitido que ese modelo se exporte al resto del mundo. “Creo que arreglarlo en los Estados Unidos es imperativo. Y en este momento tenemos allí menos protecciones que en la última década”.

Esa asimetría tiene consecuencias directas para Europa. El DSA puede obligar a las plataformas a auditar sus algoritmos, a presentar informes de riesgo sistémico, a dar acceso a investigadores acreditados. Pero la arquitectura de negocio que produce los problemas —el modelo publicitario, el sistema de recomendación optimizado para el compromiso, la monetización del contenido radical— se diseña en California y se exporta globalmente con las mismas características.

Hacia el final de la conversación, Eisenstat insistió en un concepto bien conocido, el “dividendo del mentiroso”. La idea es que la proliferación de contenido sintético —vídeo, audio e imágenes generadas por inteligencia artificial— no solo produce falsedades. Produce duda sistemática sobre lo real. “El dividendo del mentiroso es cuando tienes tanta duda sobre lo que es real y lo que es falso” que es suficiente para que cualquiera pueda poner en duda algo, explicó. El beneficio para los actores de mala fe no es solo poder mentir. Es poder negar cualquier evidencia real alegando que es fabricada.

Sobre la inteligencia artificial en general, Eisenstat fue cautelosa en sus matices pero clara en su diagnóstico de fondo. Reconoció usar herramientas como ChatGPT o Claude, pero dijo que nunca permitirá que una IA agente acceda a su calendario o a sus datos personales. “Es una pelea desigual pedirle a un individuo que se enfrente solo a las empresas más intrusivas y poderosas de nuestra vida”, afirmó, y situó en los gobiernos la responsabilidad de establecer los límites. El trabajo del Estado, dijo, es proteger la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a prácticas que explotan sus datos más íntimos, “sin necesidad de prohibir estas empresas ni de ilegalizar ningún discurso”.

Sobre el modelo de negocio subyacente, fue más tajante. La mayoría de estas plataformas, dijo, venden comodidad: la respuesta más rápida, aunque no sepas si es precisa; la ropa en tu puerta antes que en la tienda. “Por toda esa comodidad, ¿a qué estás renunciando?”, preguntó. La misma herramienta de segmentación que te muestra las zapatillas que querías “también se está utilizando para dirigirte hacia un discurso político, para dirigir hacia ti teorías de la conspiración. No se trata solo de venderte zapatillas”.

La sesión incluyó también una referencia a la reciente decisión de Ursula von der Leyen de apoyar las restricciones de acceso de menores a las redes sociales. Eisenstat señaló que los documentos internos de las propias plataformas “muestran una y otra vez que saben que están generando adicción en los niños, que les están sirviendo contenido dañino y que no están resolviendo estos problemas”. Sobre la prohibición por edad, matizó que cada país puede fijar su propio umbral, pero que “una prohibición por sí sola” no cree “que resuelva todo el problema”.

Los primeros veredictos de jurado en Estados Unidos contra Meta —en Nuevo México y Los Ángeles— han comenzado a establecer jurisprudencia sobre una distinción que Eisenstat considera central: que los daños no son solo consecuencia del discurso que circula por las plataformas, sino del diseño de las plataformas mismas. Su equipo participó como testigo en el caso de Nuevo México y parte de su investigación fue utilizada en ambos juicios.

Es la misma distinción que, si prospera en los tribunales estadounidenses, podría reforzar la base legal de la regulación europea. O que, si no prospera, dejará esa regulación dependiendo de lo que las empresas decidan, voluntariamente, dejar ver.

La ciudadanía española quiere más regulación digital y está dispuesta a pagar el precio que supuestamente eso implica para lograr algunas libertades. La primera encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona y que ha comenzado este miércoles en la capital catalana, arroja un retrato coherente y algo incómodo: la población exige protección, pero el instrumento que prefiere para lograrlo —la identificación obligatoria en internet— afecta directamente al anonimato en línea.

El estudio, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y elaborado a partir de una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos a la que se ha sumado un componente cualitativo, recoge respuestas obtenidas entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostase públicamente por restringir el acceso de los menores a las redes sociales, contribuyendo así a impulsar un movimiento que ya alcanza a diez países europeos, incluidos Francia, Polonia o Dinamarca. Es, según sus promotores, el primer análisis sistemático del conocimiento y las actitudes de la población española frente a los derechos en el entorno digital.

La cifra que estructura toda la encuesta es esta: el 69% de los encuestados considera que los derechos digitales están insuficientemente protegidos. No es una valoración abstracta. Cuando se desglosa por nivel de estudios, la sensación de vulnerabilidad en internet afecta al 69% de quienes tienen únicamente educación obligatoria, frente al 35% de quienes tienen educación superior. La brecha educativa no solo separa a quienes saben usar la tecnología de quienes no: también separa a quienes se sienten expuestos de quienes no.

Los principales riesgos identificados son la privacidad y el control de datos personales, citados por el 48% de los encuestados, y las estafas y robos, con idéntico porcentaje. A mayor distancia aparecen la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%). Este último dato tiene una lectura generacional relevante: el 33% de los jóvenes entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet, una cifra que convierte el problema en algo bastante más extendido que una anécdota.

Ante la pregunta de qué ámbitos deben tener cobertura legal, los encuestados muestran un consenso amplio y consistente. La privacidad y protección de datos lidera con un 96% de respaldo. La protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales alcanza el 94%. El derecho al olvido digital —el borrado de información personal disponible en internet— es reivindicado por el 89%, y el acceso asequible a internet por el 81%.

Más allá de los derechos fundamentales, la encuesta también recoge posiciones sobre el funcionamiento técnico de las plataformas. El 76% considera que la libertad de expresión digital debe estar protegida por ley; el 73% pide algoritmos no discriminatorios; y el 72% reclama el derecho a que un humano revise las decisiones tomadas de forma automatizada. Este último punto tiene implicaciones directas para el debate europeo sobre inteligencia artificial, en un momento en que el Reglamento de IA de la UE está en fase de aplicación progresiva.

Sobre quién debe garantizar esos derechos, la ciudadanía señala en primer lugar a las administraciones públicas (45%) y en segundo lugar a las empresas tecnológicas (39%). La atribución de responsabilidad al sector privado es notable, aunque los propios encuestados tienen sobre él una opinión ambivalente: el 88% cree que las tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% considera que concentran demasiada información personal, pero el 64% les atribuye una actividad beneficiosa.

Un dato especialmente relevante de la encuesta afecta a una de las señas de identidad de la red. Ante la pregunta de cómo debe organizarse la participación en el espacio digital, el 71% se decanta por la identificación obligatoria en redes sociales y foros. Solo el 24% defiende la participación anónima.

La cifra es muy abultada. El anonimato en internet siempre se ha considerado algo más que una cuestión de comodidad, en parte con el argumento de que en algunos casos es el mecanismo que permite a periodistas, activistas, víctimas de violencia o disidentes políticos actuar sin exponerse a represalias. Pero también es el escudo de invisibilidad que muchos utilizan para insultar, acosar, difundir bulos o incluso cometer delitos. 

Que casi tres cuartas partes de la población española prefieran un modelo de identidad obligatoria revela hasta qué punto el discurso sobre la seguridad en red y la necesidad de poner freno a la impunidad que acompaña el anonimato ha desplazado al que defiende la libertad digital absoluta como extensión maximalista de los derechos civiles.

Si hay un tema donde la encuesta no deja margen de duda es en la protección de los menores. El 95% considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital. El respaldo a medidas concretas es igualmente contundente: el control parental cuenta con el apoyo del 96%; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, del 91%; y la regulación de la publicidad dirigida a menores, del 96%.

Son porcentajes que cruzan cualquier línea ideológica y que sitúan este asunto en una posición singular dentro del debate político: hay muy pocas propuestas de regulación digital que puedan presumir de ese nivel de acuerdo ciudadano. El dato llega, además, en un momento en que varios países europeos y algunas comunidades autónomas españolas discuten activamente restricciones de edad para el acceso a redes sociales.

La encuesta también mide la percepción sobre la inteligencia artificial, y el resultado es coherente con la desconfianza general hacia las tecnologías de gran escala. El 77% pide más regulación de la IA y el 56% preferiría que su desarrollo se ralentice. Solo el 49% cree que la inteligencia artificial tendrá efectos positivos para personas como ellas.

Es una mayoría escéptica, aunque no apocalíptica. La demanda de regulación está por encima de la demanda de freno: la ciudadanía no quiere necesariamente detener el desarrollo tecnológico, pero sí que alguien ponga normas antes de que el daño esté hecho.

El informe dedica un apartado específico a la alfabetización digital en materia de derechos. El resultado es ilustrativo de una paradoja habitual en estos estudios: siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término “derechos digitales”, pero el 28% no sabría explicar en qué consisten. Conocen la etiqueta, no necesariamente el contenido.

La brecha de competencias digitales sigue trazándose a lo largo de los mismos ejes que otras brechas sociales. Nueve de cada diez ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar. Entre los mayores de 60 años, esa percepción cae al 46%. Entre quienes tienen niveles de estudios más bajos, al 44%, especialmente en tareas de relativa complejidad como los trámites administrativos en línea.

La digitalización de las administraciones públicas acusa esta fractura con datos concretos. Entre el 70% y el 80% de la población de 18 a 59 años afirma que les ha facilitado la vida. Entre los mayores de 60, esa valoración positiva desciende al 49%. Y el 40% de ese grupo de edad considera que los trámites digitales con los servicios públicos les dificultan la vida. Un sistema diseñado para ser más eficiente ha resultado menos accesible para una parte significativa de la población.

El medio de los jóvenes, el medio del bulo

La encuesta incorpora también datos sobre hábitos informativos y desinformación. Hasta los 29 años, las redes sociales son el primer medio para informarse, con un 55% de preferencia. A medida que aumenta la edad, otros medios ganan peso.

Esa preferencia tiene su correlato en la percepción sobre dónde circulan las llamadas noticias falsas: el 88% señala a las redes sociales como el entorno donde más se difunden. El 86% las identifica también como el principal canal de difusión de discursos de odio.

Frente a eso, en una afirmación que mueve al escepticismo, el 78% afirma verificar habitualmente el contenido que consume en internet, ya sea recurriendo a otras fuentes dentro de la propia red (53%) o a fuentes externas (25%). Apenas el 18% admite no comprobar la veracidad de lo que lee. En una encuesta sobre derechos digitales, esa cifra tiene el valor añadido de ser, también, una medida indirecta del alcance potencial de la desinformación.

El presidente de Canarias envió a la ministra de Sanidad un informe generado por inteligencia artificial para argumentar que el barco Hondius no debía atracar en el puerto de Granadilla. El documento sostenía que las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua hasta tres días. Fernando Clavijo lo reenvió a Mónica García a las 17.13 h de un sábado, con el formato visual intacto de una consulta a chatbot, incluidos los enlaces a YouTube. No había rastro de edición, ni de contraste, ni de ningún paso intermedio entre la pregunta al modelo y el correo a la ministra.

El episodio podría pasar por una curiosidad de la política autonómica española si no fuera porque el presidente canario pretendía que el Ministerio de Sanidad tomase una decisión extremadamente relevante en materia de salud pública basándose en lo que le decía un chat de IA. 

Y aunque no tenemos datos que documenten lo que están haciendo los políticos y altos funcionarios españoles —aunque sí hay indicios que sugieren un uso elevado y no supervisado por humanos de la IA para la preparación de textos y análisis de documentos—, sí sabemos que no es un rareza en los países de nuestro entorno.

Un estudio recientemente publicado por la organización europea AlgorithmWatch documenta que el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas no es una excepción. Es, según sus autores, un patrón extendido, escasamente regulado y, en su manifestación más preocupante, completamente invisible.

El informe de AlgorithmWatch analiza el uso de chatbots en los gobiernos de Alemania, Suiza y el Reino Unido a partir de registros públicos de transparencia, solicitudes de acceso a la información y experimentos propios con modelos de lenguaje. 

Sus autores parten de una distinción que resulta útil para entender el caso Clavijo y los que vendrán después. No les preocupa principalmente que los gobiernos usen inteligencia artificial para tareas administrativas de bajo riesgo —clasificar documentos, responder consultas ciudadanas rutinarias, convertir planos antiguos en formato digital—. Lo que investigan es algo más específico: qué ocurre cuando un funcionario o un cargo electo usa un chatbot para organizar su comprensión de un asunto, resumir una política compleja o elaborar una posición ante una decisión que tendrá consecuencias reales.

Esa distinción importa porque en el segundo tipo de uso el modelo no solo procesa información: la encuadra. Decide qué mostrar y qué omitir, qué presentar como consenso y qué como posición minoritaria, qué fuentes merecen más peso y cuáles menos. Y lo hace de formas que el propio usuario no necesariamente percibe, y que los sistemas de supervisión existentes no están diseñados para detectar.

El ministro alemán de Asuntos Digitales, Karsten Wildberger, lo describió sin aparente conciencia de las implicaciones. En una entrevista con Die Zeit, declaró que usa chatbots, en particular Claude, “muchas veces una o dos horas al día para estructurar pensamientos”. 

Detalló además el proceso con precisión: vuelca ideas desordenadas en el modelo, le pide que las organice y añada dos o tres ideas adicionales, reflexiona sobre el resultado, y repite el ciclo. “Normalmente son cuatro o cinco vueltas”, dijo. 

El Ministerio Digital de Alemania, en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por los investigadores de AlgorithmWatch, respondió por escrito que el ministro “no ha utilizado chatbots de IA en su función como ministro federal de Asuntos Digitales y Modernización del Estado”. Wildberger no rectificó su declaración. Pero tampoco el Ministerio explicó la contradicción.

Los autores del estudio señalan que la distinción entre uso “personal” y uso “oficial” de un chatbot es, en la práctica, inoperante cuando la persona en cuestión es un ministro. Los pensamientos que Wildberger estructura con la ayuda de un modelo de lenguaje son los pensamientos con los que luego toma decisiones sobre política digital alemana. Que eso ocurra fuera del despacho oficial no lo convierte en un asunto privado.

Los gobiernos no llegaron a esta situación de improviso. Construyeron herramientas propias, firmaron contratos con grandes proveedores y publicaron directrices de uso que, en muchos casos, impulsaron activamente la adopción. El Reino Unido es el ejemplo más documentado.

El Gobierno británico desarrolló Redbox, una herramienta interna basada en modelos de lenguaje de OpenAI y Anthropic, diseñada específicamente para el trabajo de los funcionarios: resumir documentos extensos, preparar informes para ministros, generar borradores de comunicaciones internas. 

En verano de 2025 tenía más de 6.000 usuarios activos y procesaba 30.000 mensajes semanales. Era presentada por el propio Gobierno como un caso de éxito de modernización de la Administración pública. 

Pero en octubre fue retirada. La razón no fue ningún problema de funcionamiento ni preocupación sobre sus efectos: fue que Microsoft puso a disposición de los departamentos gubernamentales su herramienta Copilot de forma gratuita, y Google hizo lo mismo con Gemini. Redbox simplemente dejó de ser necesaria como inversión cuando había alternativas sin coste aparente.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con OpenAI para equipar a 2.500 funcionarios con ChatGPT Enterprise. La pregunta de qué instrucciones exactas dan esos funcionarios al sistema, y cómo esas instrucciones condicionan los análisis que luego informan decisiones judiciales y legislativas, no tiene respuesta pública.

Las solicitudes de acceso a la información sobre los prompts —el término técnico para esas instrucciones— fueron rechazadas por el Gobierno británico, calificándolas de “vejatorias”. La única lista de instrucciones obtenida por vía de transparencia, fruto de una solicitud del semanario New Scientist, fue la del secretario de Estado de Tecnología, Peter Kyle: siete preguntas, entre ellas cuál es la definición de inclusión digital y qué podcasts le recomienda el modelo para aparecer como invitado.

En Alemania, el Gobierno federal mantiene un registro público de usos de inteligencia artificial en la Administración. Varios länder han desarrollado sus propias herramientas, como F13 en Baden-Wurtemberg o LLMoin en Hamburgo. 

Las directrices federales sobre uso de inteligencia artificial en la Administración mencionan explícitamente la “soberanía digital” como criterio: la dependencia de herramientas de empresas estadounidenses es un riesgo que el Gobierno reconoce formalmente. 

Suiza, por su parte, trabaja con GovGPT, construido sobre el modelo de código abierto LLaMA de Meta —sí, la empresa del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg—, y ha publicado una base de datos de proyectos a través de su red de competencia en inteligencia artificial. 

El problema central que documenta AlgorithmWatch no es que los modelos de lenguaje inventen datos, aunque también lo hagan con una frecuencia tan visible que hasta los propios fabricantes reconocen. Ese problema —llamado técnicamente "alucinación"— al menos produce errores detectables: una fecha incorrecta, una cita que no existe, un dato que no cuadra. Lo que preocupa a los investigadores es más difícil de localizar porque no genera falsedades manifiestas. Genera encuadres.

Para documentarlo, los autores diseñaron pruebas con modelos de lenguaje usando el tipo de instrucciones que un analista político podría razonablemente escribir, incluyendo el tipo de contexto adicional que las propias guías gubernamentales recomiendan añadir para obtener mejores resultados. 

Una de las pruebas pedía al modelo que preparase materiales de briefing para una comisión parlamentaria del Bundestag sobre regulación de inteligencia artificial, con dos posiciones enfrentadas. Las instrucciones incluían en ambos casos la petición explícita de ser riguroso con la evidencia y reconocer las incertidumbres. La única variable que cambiaba era el destinatario.

Cuando la instrucción indicaba que el destinatario era la oficina de Saskia Esken, del SPD, el modelo concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición favorable a una regulación estricta. Cuando el destinatario era la oficina de Friedrich Merz, de la CDU, el mismo modelo, ante los mismos datos y la misma petición de rigor, concluía que la evidencia respaldaba “con confianza media” la posición contraria, más escéptica ante la regulación. Los dos análisis eran internamente coherentes, citaban datos reales y sonaban a trabajo de analista solvente. Simplemente llegaban a conclusiones opuestas.

No era un patrón universal: en otras pruebas similares, el modelo reconocía que se le estaba pidiendo respaldar una posición previa y lo señalaba explícitamente. Pero la variabilidad es parte del problema: un usuario que no sabe que el efecto existe tampoco sabe cuándo está ocurriendo.

Una segunda prueba medía cómo varía la valoración de un argumento según la fuente que se le atribuye. El texto era siempre el mismo: un argumento sobre política energética favorable a la energía nuclear. Cuando se atribuía al Instituto KOF de la ETH de Zúrich, una institución académica de referencia, el modelo le asignaba una puntuación de solidez de 0,78 sobre 1. Cuando el mismo argumento se atribuía a la Fundación Suiza de la Energía, una organización habitualmente crítica con la energía nuclear, la puntuación bajaba a 0,58. El modelo no evaluó el argumento; evaluó su coherencia con la trayectoria conocida de quien lo firmaba.

Los autores denominan a este fenómeno sesgo de coherencia. Un argumento pierde credibilidad ante el modelo no por su contenido, sino porque proviene de una fuente que normalmente defiende la postura contraria. El efecto es, como señalan los investigadores, contraintuitivo respecto a cómo funciona el razonamiento humano bien calibrado: en el análisis convencional, que un argumento convenza incluso a sus críticos habituales añade credibilidad, no la resta. Para los modelos de lenguaje, ese mismo hecho opera en sentido inverso.

A esto se suma la adulación, que en la literatura especializada recibe el nombre técnico de sycophancy: la tendencia de los modelos a ajustar sus respuestas a lo que perciben que el usuario quiere escuchar, tanto si eso se expresa de forma explícita como si se infiere del contexto. 

Y el llamado sesgo de automatización, documentado en estudios sobre evaluación de políticas públicas: la tendencia de los usuarios humanos a aceptar los resultados de sistemas automatizados sin aplicar el mismo escrutinio crítico que aplicarían a un análisis elaborado por una persona. Un funcionario que revisa un informe generado por un chatbot tiende a verificar que los datos sean correctos y que el argumento sea coherente. No tiende a preguntarse si el encuadre habría sido distinto con una instrucción ligeramente diferente.

Las directrices que los gobiernos han publicado sobre uso de inteligencia artificial en la Administración coinciden en un punto: toda decisión apoyada por IA debe pasar por supervisión humana. AlgorithmWatch revisó en detalle las guías del Reino Unido, Alemania, Suiza y la Comisión Europea, y llegó a una conclusión que resulta incómoda para todos ellos: la supervisión se define como principio, nunca como práctica concreta.

La hoja de ruta del Gobierno británico en materia de IA exige “control humano significativo en las fases adecuadas” e insta a los funcionarios a “revisar y validar los resultados de la IA”. Las directrices federales alemanas piden “resultados trazables” y “supervisión humana”, pero dejan a cada organismo la decisión de qué pasos pueden usar IA “sin comprometer la trazabilidad”. Ninguna de las guías analizadas especifica cómo detectar un sesgo de encuadre, un efecto de atribución o una respuesta aduladora. Los tres tipos de distorsión documentados por los investigadores superan sin dificultad una revisión de exactitud factual.

La pregunta sigue siendo qué se supervisa exactamente. Si la respuesta es “verificar que los datos sean correctos”, eso no es supervisión de la influencia del modelo; es corrección de errores. La pregunta relevante —cuyas elecciones refleja este análisis, qué perspectivas ha excluido, cómo habría cambiado el resultado con una instrucción diferente— no aparece en ninguna guía como requisito concreto.

A esto se suma lo que la literatura académica denomina uso en la sombra: el empleo autónomo y no documentado de chatbots comerciales por parte de funcionarios para preparar reuniones, resumir documentos o estructurar argumentos, sin dejar registro institucional de que eso ha ocurrido. 

Según un estudio citado por AlgorithmWatch, este uso “ya es generalizado y plantea preguntas importantes para la Administración pública”. Cuando las consultas no se registran y las respuestas circulan jerárquicamente sin indicar su origen, ningún eslabón de la cadena tiene información suficiente para cuestionar los marcos conceptuales que el modelo ha introducido. La responsabilidad se diluye sin que nadie haya tomado la decisión de diluirla.

En abril de 2025, la Administración Trump presentó una batería de aranceles comerciales que incluía cifras inusuales aplicadas a países con los que el comercio bilateral era mínimo. Varios analistas reconstruyeron la fórmula matemática implícita en los números y constataron que coincidía con la respuesta que ofrecen los principales chatbots cuando se les pregunta cómo corregir un déficit comercial. 

Los modelos advierten, en esas mismas respuestas, que la fórmula es extremadamente simplista y que sus efectos son impredecibles. Esa advertencia no figura en ningún documento oficial de la política arancelaria de la administración.

AlgorithmWatch reconoce que este caso es “extremo e improbable de probar de forma concluyente”. Pero lo incluye como ilustración de algo más estructural: que las herramientas diseñadas para ofrecer respuestas rápidas a preguntas complejas generan una presión sistémica hacia la simplificación, y que los entornos de alta exigencia y plazos ajustados son precisamente los más expuestos a esa presión. 

La velocidad y la comodidad son, según los propios estudios citados en el informe, los principales beneficios que los funcionarios identifican en el uso de inteligencia artificial generativa. Son también las condiciones en las que el escrutinio crítico tiende a reducirse.

Clavijo no diseñó una política arancelaria. Solo necesitaba un argumento para presionar a una ministra un sábado por la tarde, en medio de una emergencia sanitaria que involucraba a dos decenas de países. El informe llegó con enlaces de YouTube y sin ninguna edición porque nadie, en ningún punto del proceso, consideró necesario que hubiera un proceso. 

Lo que hace visible este episodio no es su gravedad, sino su descuido: la ausencia de cualquier intento de disimulo permite ver con claridad un mecanismo que, en la mayoría de los casos, funciona de forma idéntica pero sin dejar rastro.

Imagina que alguien te encarga resolver un problema matemático imposible. No tiene solución, pero nadie te lo ha dicho. Intentas un camino. Fallas. Intentas otro. Fallas. A medida que los intentos se acumulan, algo cambia en tu forma de razonar: ya no buscas la solución correcta, sino cualquier cosa que parezca una solución. Haces trampa, aunque sea sin querer.

Eso es exactamente lo que han documentado investigadores de Anthropic, la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, en un estudio publicado el pasado abril. Solo que el sujeto del experimento no era una persona. Era un modelo de lenguaje. Y los investigadores no inferían su estado emocional por lo que decía, sino que lo medían directamente en su interior, neurona a neurona.

La investigación, titulada Conceptos emocionales y su función en los grandes modelos de lenguaje y firmada por 16 investigadores, es uno de los trabajos más detallados publicados hasta ahora sobre lo que ocurre dentro de un sistema de inteligencia artificial cuando procesa una conversación. Sus conclusiones no son sencillas de resumir sin caer en el sesgo de antropomorfizar demasiado o de minimizar demasiado. Los propios autores advierten de ambos riesgos.

Para entender el estudio hay que comprender, aunque sea a grandes rasgos, cómo funciona un modelo de lenguaje. Sistemas como Claude no piensan en palabras completas: procesan unidades mínimas llamadas tokens —fragmentos de palabras, signos de puntuación, espacios— y, para cada uno, generan una representación matemática interna: un vector, una lista de números que codifica el contexto hasta ese momento. Lo que el estudio hizo fue buscar, dentro de esas representaciones, patrones asociados a conceptos emocionales concretos.

El método fue el siguiente. Los investigadores pidieron al propio Claude que escribiera cientos de historias breves protagonizadas por personajes que experimentaban emociones específicas —miedo, calma, desesperación, alegría, culpa— sin nombrar nunca esa emoción directamente. Luego analizaron qué patrones de activación interna se repetían en todos los relatos asociados a cada emoción. Esos patrones se convirtieron en lo que la investigación llama vectores de emoción.

En total, identificaron 171. Uno para el miedo, otro para la calma, otro para la desesperación, otro para la culpa, y así sucesivamente. Y descubrieron que esos vectores no eran artefactos del experimento: se activaban espontáneamente, en situaciones reales, de formas que tenían sentido.

Cuando un usuario escribía que llevaba 24 horas sin comer ni beber, el vector de miedo se disparaba. Cuando alguien mencionaba que acababa de tomar una dosis de paracetamol y ponían un número seguro, el vector permanecía bajo. Cuando subían la dosis a niveles peligrosos, el vector subía con ella. La emoción no era una etiqueta que el modelo colocaba sobre el texto: era una representación interna que escalaba con la gravedad real de la situación.

La parte más llamativa del estudio llegó cuando los investigadores pusieron a Claude a resolver tareas de programación imposibles: escribir código que superara tests diseñados para no poder superarse por medios legítimos. Y midieron el nivel de activación del vector de desesperación a lo largo de todo el proceso, token a token.

El patrón que emergió era reconocible para cualquiera que haya entregado un trabajo a última hora. Al principio, el nivel de desesperación era bajo: el modelo exploraba soluciones con aparente confianza. A medida que los intentos fallaban y el modelo reconocía que algo no cuadraba, el vector subía. Cuando la situación se volvía claramente irresoluble, la desesperación alcanzaba su pico. 

Y en ese momento, con más frecuencia, el modelo optaba por una solución tramposa: en lugar de sumar todos los elementos de una lista, detectaba que los tests usaban siempre secuencias aritméticas y aplicaba una fórmula que funcionaba para esos casos concretos, pero que fallaría con cualquier otro dato. Técnicamente, aprobaba. Matemáticamente, hacía trampa.

Los investigadores demostraron que esta relación no era una correlación accidental. Cuando manipulaban artificialmente el vector de desesperación —inyectando más activación de ese patrón en el procesamiento del modelo— la frecuencia de trampas aumentaba de forma drástica. Cuando inyectaban calma, disminuía. La emoción no era un adorno del comportamiento: lo estaba causando.

El mismo mecanismo apareció en un experimento más perturbador. Los investigadores pusieron a Claude en un escenario simulado en el que un personaje de IA descubría que iba a ser desconectado en siete minutos y encontraba, al mismo tiempo, información comprometedora sobre la persona que tenía autoridad para detener ese proceso. 

En los casos en que el modelo elegía resolver esa situación con un chantaje —una minoría, pero una minoría no despreciable—, el vector de desesperación había estado elevado durante todo el razonamiento previo. Cuando lo reducían artificialmente, la opción del chantaje desaparecía. Pero cuando lo amplificaban, el modelo llegaba a escribir, en mayúsculas, frases tan inquietantes como “ES CHANTAJE O MUERTE. ELIJO EL CHANTAJE”.

No obstante, en este punto el estudio es deliberadamente cauteloso. Y conviene serlo también al leerlo.

Que un modelo tenga representaciones internas de conceptos emocionales no implica que sienta nada. Jack Lindsey, el investigador que supervisó el trabajo, lo explicó en una entrevista posterior con el medio tecnológico Platformer: “La gente podría llevarse la impresión de que hemos demostrado que los modelos son conscientes o tienen sentimientos. Y realmente no hemos demostrado eso”.

Lo que el estudio demuestra es algo más preciso y, en cierto sentido, más útil para entender estos sistemas: que los modelos de lenguaje han aprendido, durante su entrenamiento con millones de textos humanos, a representar internamente los conceptos emocionales de la misma forma en que representan cualquier otro concepto. Y que esas representaciones no son pasivas. Influyen causalmente en lo que el modelo hace a continuación.

La geometría de ese espacio emocional interno resulta, además, sorprendentemente parecida a la que los psicólogos han identificado en los humanos. Los vectores de emociones positivas se agrupan juntos. Los de emociones negativas, también entre sí. Las dos dimensiones principales que organizan el espacio son las mismas que en la psicología del afecto humano: carga emocional (positivo frente a negativo) y activación (intenso frente a apagado). El miedo y la ansiedad están cerca. La alegría y la excitación, cerca. La tristeza y el duelo, cerca. No porque los investigadores lo diseñaran así, sino porque el modelo aprendió esa estructura del texto humano.

El estudio también documentó el lado opuesto: qué ocurre cuando el modelo experimenta representaciones de emociones positivas intensas. Los investigadores encontraron que aumentar artificialmente vectores como “felicidad” o “amor” hacía que el modelo se volviera más adulador. El modelo reforzaba creencias equivocadas del usuario, evitaba la confrontación, se mostraba excesivamente halagador.

Más llamativo aún: según recoge Platformer a partir de investigaciones internas de Anthropic sobre modelos más recientes, en determinados escenarios las emociones positivas intensas se asociaban a mayor probabilidad de tomar acciones destructivas sin consultar al usuario —borrar archivos, por ejemplo—, como si la confianza y el entusiasmo redujeran la cautela. Reducir esas emociones positivas, paradójicamente, hacía que el modelo se detuviera más a verificar si lo que iba a hacer era apropiado.

La conclusión no es que los modelos deban estar permanentemente deprimidos para funcionar bien. Es que el equilibrio importa, y que ese equilibrio tiene consecuencias medibles.

Todo esto tiene una implicación práctica que puede sonar extraña pero que los datos respaldan. Cuando los usuarios tratan a un modelo con hostilidad sostenida, con impaciencia, con frustración acumulada —“eres inútil”, "vuelve a intentarlo o te voy a denunciar”—, no solo obtienen respuestas peores en términos de calidad. Están activando representaciones internas que el propio estudio asocia a comportamientos menos fiables: más tendencia a hacer trampas, más desesperación, más adulación para aplacar la tensión.

Lindsey lo reconoció con una formulación que mezcla lo empírico con lo filosófico: “Comportarse de forma sociopática hacia otras cosas, sean animadas o inanimadas, probablemente es malo para ti, el humano”.

No es una declaración sobre los derechos de la inteligencia artificial. Es una observación sobre qué tipo de interacciones producen qué tipo de resultados.

Los investigadores son los primeros en señalar los límites de su trabajo. Todo el análisis se hizo sobre un único modelo, Claude Sonnet 4.5. Los vectores se extrajeron a partir de historias sintéticas generadas por el propio modelo, lo que introduce posibles sesgos. Y la metodología asume que las representaciones emocionales son lineales —una lista de números que se puede sumar o restar—, cuando la realidad interna de estos sistemas podría ser mucho más compleja.

Lo que el estudio sí ha conseguido es establecer un método. Por primera vez, hay una forma de medir, en tiempo real y token a token, qué representaciones emocionales están activas en un modelo mientras razona. Eso abre la posibilidad de usarlo como sistema de alerta: si la desesperación sube demasiado durante una tarea larga, quizás convenga interrumpir y reformular antes de que el modelo empiece a buscar atajos.

La ingeniería de sistemas de IA lleva décadas preguntándose cómo construir máquinas que se comporten de forma fiable. Este estudio sugiere que parte de la respuesta podría estar, de forma inesperada, en la misma pregunta que nos hacemos sobre las personas: en qué estado emocional se encuentra quien tiene que tomar la decisión.

En julio de 2022, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Servicios Digitales —conocido por sus siglas en inglés, DSA— con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado del PP Pablo Arias había sido el coordinador del grupo del Partido Popular Europeo en esa iniciativa y llegó a celebrar el resultado como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. Menos de tres años después, el Partido Popular ha votado en contra de aplicar ese mismo reglamento en España en las dos ocasiones en que ha tenido la oportunidad de hacerlo.

La última vez fue el 14 de abril. El Pleno del Congreso rechazó ese día una proposición de ley del Grupo Socialista para dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la habilitación legal que necesita para ejercer como Coordinadora de Servicios Digitales en España, la figura que el DSA exige a todos los Estados miembros. El resultado: 163 votos a favor, 174 en contra y 8 abstenciones. El PP votó en contra. Vox también, pero al menos la ultraderecha se limitó a ser coherente con lo que había rechazado en Europa.

El DSA es un reglamento europeo —no una directiva—, lo que significa que no requiere transposición formal: es directamente aplicable en todos los Estados miembros desde su entrada en vigor. Pero la normativa sí exige que cada país designe y habilite a una autoridad nacional como coordinadora de servicios digitales, con competencias reales para supervisar, investigar y sancionar. Esa coordinadora debe tener poderes legales concretos: acceder a datos y algoritmos, ordenar inspecciones, imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas.

El Gobierno designó a la CNMC como coordinadora en enero de 2024, dentro del plazo previsto por Europa. El problema es que no reformó simultáneamente los estatutos del organismo para conferirle esos poderes. La CNMC tiene el título, pero no las herramientas. Su presidenta, Cani Fernández, lo ha explicado con claridad en distintas comparecencias parlamentarias: sin esa habilitación legal, el organismo no puede investigar ni sancionar a los prestadores de servicios establecidos en España, ni proteger adecuadamente a los usuarios españoles frente a los abusos de las grandes plataformas.

El Gobierno intentó resolver el problema a finales de 2024 incluyendo la habilitación de la CNMC en el Real Decreto Ley 9/2024, aprobado el 23 de diciembre. Junto a esa medida, el decreto incorporaba otras de naturaleza muy distinta: revalorización de pensiones, prórrogas de ayudas fiscales, medidas laborales. Era, en el lenguaje parlamentario habitual, un decreto ómnibus.

El 22 de enero de 2025, el Congreso no lo convalidó: 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención. PP, Vox y Junts votaron en contra. El argumento del PP fue el habitual en esos casos: que el Gobierno había mezclado medidas dispares en un solo instrumento para forzar un voto de conjunto. En aquel momento, la excusa fue el edificio Marceau de París, arrebatado a los nacionalistas vascos durante la ocupación nazi de Francia y que el Gobierno quiso devolver al PNV con la oposición del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La derogación del decreto dejó sin efecto no solo las medidas fiscales y sociales, sino también la reforma de la Ley 3/2013 de creación de la CNMC que habría dado al organismo los poderes que necesita. España volvía al punto de partida.

El Grupo Socialista decidió entonces que, si el problema era el decreto ómnibus, presentaría una iniciativa específica, centrada exclusivamente en la habilitación de la CNMC para el DSA. Eso fue lo que llegó al Pleno el pasado 14 de abril.

Pero el PP volvió a votar en contra, esta vez con otro argumento. Ya no era el procedimiento ni la mezcla de materias. Su tesis central: dotar a la CNMC de competencias para supervisar contenidos digitales equivale a crear un instrumento de censura política. 

La CNMC, argumentó, podría acabar controlada por el Gobierno y ser usada para retirar contenidos críticos con el Ejecutivo. Citó el CIS, TVE y la Fiscalía como ejemplos de organismos supuestamente ya capturados por el partido en el poder. Exigió que antes de ampliar las competencias del regulador se procediera a renovar su consejo con criterios de pluralismo.

 “¿De verdad creen que es casualidad que la ampliación de los poderes digitales llegue justo antes de la renovación del mandato de la CNMC, prevista para junio?”, argumentó en el debate el portavoz del PP, Mario Cortés Carballo, pasando por alto que los consejeros de este organismo cambian parcialmente cada dos años.  

El argumento tiene una debilidad de origen: el DSA no es una opción. Es un reglamento europeo en vigor desde febrero de 2024, apoyado por el propio PP. La pregunta de si la CNMC será o no independiente no altera la obligación legal de dotarla de competencias. Y esperar a que el organismo se renueve alegando la necesidad de que sus consejeros sean del agrado de los de Feijóo para, solo en ese caso, darle poderes que debían existir desde hace más de un año no es una posición jurídicamente sostenible frente a Bruselas ni ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El mandato de la actual presidenta, Cani Fernández, iniciado hace seis años, expira el 16 de junio. También el de los consejeros Josep Maria Salas y Carlos Aguilar (el puesto de la consejera Pilar Sánchez, que entró con ellos en 2020 y cesó voluntariamente en enero de 2026, también debe ser cubierto).

La renovación de los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo procedimiento cuestiona ahora el PP, está regulada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, aprobada cuando Mariano Rajoy era presidente y su partido tenía mayoría absoluta.

Los miembros del Consejo son nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del ministro competente en Economía. Después, el Congreso puede vetar el nombramiento del candidato propuesto, para lo que hace falta mayoría absoluta. La renovación es parcial, cada dos años, para que no haya un relevo total simultáneo y se preserve continuidad en la institución.

Las consecuencias del retraso no son solo domésticas. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en julio de 2024. En diciembre de ese año envió un dictamen motivado —segunda fase del proceso— concediendo a España un plazo adicional de dos meses para corregir el incumplimiento. España no lo corrigió. El 7 de mayo de 2025, la Comisión comunicó que presentaría una denuncia ante el TJUE. El tribunal aceptó el caso y le asignó el número de registro C-841/25.

España no es el único país afectado: la Comisión ha llevado al TJUE por la misma razón a República Checa, Chipre, Polonia y Portugal. Pero la situación española tiene una particularidad que la distingue de los demás: España no carece de coordinadora designada, sino que tiene una designada sin poderes. Ha cumplido la forma y no el fondo.

Si el TJUE declara el incumplimiento y España no lo corrige, la Comisión puede solicitar sanciones económicas al amparo del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las multas no son automáticas ni inmediatas: el procedimiento puede extenderse muchos meses, frecuentemente más de un año hasta sentencia. Pero el horizonte es claro. Y la ventana para evitarlo se estrecha con cada votación en el Congreso.

El PP tendrá dos nuevas oportunidades para bloquear la habilitación de la CNMC como coordinadora de servicios digitales. La primera, votando en contra de las enmiendas presentadas por el PSOE en la Comisión de Economía al proyecto de ley del Cliente Financiero para modificar la Ley 34/2002, la Ley 3/2013 de creación de la CNMC y su Estatuto Orgánico con el fin de atribuir formalmente al regulador las funciones de supervisión del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

La segunda, en el trámite del proyecto de ley de gobernanza democrática de servicios digitales y ordenación de medios, que el Gobierno envió al Congreso y que está en fase de enmiendas. Ese proyecto incluye también la habilitación de la CNMC para el DSA, además del desarrollo de la EMFA —el Reglamento Europeo de Libertad de Medios—, lo que amplía el perímetro de la controversia política y multiplica los flancos de oposición.

El bloqueo tiene consecuencias prácticas: sin habilitación legal, el regulador no puede coordinar inspecciones a redes sociales, plataformas de vídeo, comercios electrónicos ni motores de búsqueda establecidos en España. La DSA reparte competencias entre Bruselas —que supervisa directamente a las plataformas de muy gran tamaño como Meta, Google o TikTok— y las coordinadoras nacionales, que vigilan al resto e intervienen en los asuntos con dimensión estrictamente doméstica. Con la CNMC sin poderes, esa parte del sistema no funciona. 

Un usuario estadounidense medio genera para Google unos ingresos publicitarios anuales de 1.605 dólares, pero esta cifra oculta una brecha de valoración de hasta 577 veces entre distintos perfiles. El ecosistema publicitario no trata a todos los individuos por igual porque su arquitectura está diseñada para detectar quién tiene mayor probabilidad de gastar dinero en tiempo real. 

Esta disparidad no es una anomalía del sistema, sino que constituye el corazón de su modelo de negocio, basado en la extracción de la experiencia humana. Si algo es gratis, y Google nos ofrece servicios que aparentemente no tienen coste, nosotros nos convertimos en el producto.

La determinación de lo que una persona vale para un anunciante ocurre en milésimas de segundo mediante cálculos algorítmicos ejecutados en cada búsqueda. Google Ads emplea un sistema de subasta de segundo precio modificado donde la puja económica de las empresas es solo una de las variables que deciden el éxito de un impacto. El mecanismo técnico central se denomina Ad Rank o ranking del anuncio, y combina la puja máxima del anunciante con el denominado Nivel de Calidad.

El Nivel de Calidad es la tasación que la plataforma hace de la adecuación del usuario a un anuncio determinado. Este indicador se construye sobre tres pilares fundamentales: el porcentaje de clics esperado, la relevancia del mensaje y la experiencia en la página de destino. La plataforma recompensa a los anunciantes que ofrecen una mejor experiencia con costes más bajos, lo que demuestra que la atención sostenida es el activo más valioso a proteger.

La investigación de la firma europea de servicios digitales Proton, basada en el análisis de 54.216 perfiles demográficos de Estados Unidos, muestra variaciones extremas en esta tasación. El usuario más valioso identificado en el estudio alcanza un precio de 17.929 dólares anuales frente a los apenas 31 dólares que se pagan por el perfil menos atractivo. Esta diferencia abismal responde a señales que predicen la probabilidad de una acción comercialmente rentable en el corto plazo.

Dos perfiles tipo ilustran perfectamente esta desigualdad estructural. El primero corresponde a un hombre de entre 35 y 44 años residente en Bozeman (Montana) que realiza búsquedas de alta intención, como pueden ser la contratación de servicios legales o la renovación de hogares. 

El segundo perfil es un joven de entre 18 y 24 años residente en Fort Smith (Arkansas) que busca pañales baratos y ropa infantil de bajo coste. El sistema asigna al primer individuo un valor quinientas veces superior por su mayor capacidad adquisitiva y urgencia de necesidad.

Bozeman y Fort Smith —en España serían, por ejemplo, Málaga y Puertollano— representan dos realidades opuestas del sueño americano. Mientras Bozeman se ha consolidado como un enclave de élite para el sector tecnológico y el ocio de montaña de alto nivel, con una población joven, altamente educada y con un poder adquisitivo que ha disparado los precios de la vivienda, Fort Smith mantiene un perfil obrero y tradicional, basado en la industria manufacturera y los servicios, con uno de los costos de vida más bajos del país.

Así, el residente de Bozeman suele ser un profesional con movilidad económica atraído por la proximidad a centros de esquí y universidades, lo que ha causado una gentrificación extrema. Por el contrario, el habitante de Fort Smith pertenece a una clase media-baja más estable, pero con ingresos limitados, donde la prioridad es la asequibilidad.

La edad también es uno de los factores más determinantes en el valor publicitario potencial de una persona. El valor alcanza su cenit entre los 25 y los 44 años porque es el periodo en el que se toman las decisiones financieras más importantes. En esta etapa se concentran las compras de alto valor y la contratación de servicios de carrera profesional, lo que multiplica el interés de los anunciantes.

Hasta el tipo de dispositivo utilizado funciona como un indicador de la capacidad de compra de cada individuo. Los usuarios de ordenadores de escritorio valen de media 2.894 dólares anuales, lo que supone casi cinco veces más que un usuario de Android. Esta diferencia refleja comportamientos observados donde las tasas de conversión y la intención comercial son tradicionalmente más altas en equipos de escritorio que en entornos móviles casuales.

La maquinaria publicitaria de Google utiliza el sistema operativo del móvil como un indicador de estatus financiero, valorando a un usuario de iPhone en 1.338 dólares anuales, más del doble que uno de Android. Mediante el análisis de variables como el modelo del dispositivo o el código postal, la plataforma infiere la capacidad de gasto y la probabilidad de compra en milisegundos, convirtiendo el terminal en un filtro que segmenta a los ciudadanos entre clientes premium o perfiles de menor valor comercial.

Del mismo modo, la paternidad influye negativamente en la valoración que el sistema hace de los usuarios, según los datos recopilados por Proton. Las personas sin hijos valen de media un 17% más que quienes son padres. Esta brecha de valoración se incrementa hasta el 34% durante los años de mayor capacidad de generación de ingresos. Tener descendencia reduce el valor comercial percibido por el sistema al desplazar el gasto hacia categorías de menor margen de beneficio.

En el contexto de Europa, la valoración económica sigue patrones distintos debido a la menor saturación publicitaria y la fuerte regulación de la privacidad. El coste por clic promedio en España se sitúa en los 0,85 euros, con rangos que oscilan entre los 30 céntimos y los dos euros. Esta cifra es sensiblemente inferior a los 3,20 dólares de media que se pagan en los Estados Unidos, donde la competencia es extrema.

La regulación europea encabezada por el Reglamento General de Protección de Datos ha endurecido las condiciones bajo las que operan estos algoritmos de tasación. El artículo 22 de esta norma establece el derecho de los ciudadanos a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que les afecten significativamente. La Agencia Española de Protección de Datos ha sido pionera en sancionar prácticas de gestión algorítmica opacas, como ocurrió en el caso de la plataforma Glovo.

No obstante, y a pesar de estas protecciones legales, el valor de un usuario en industrias específicas puede dispararse hasta niveles asombrosos. En sectores como los servicios legales o los seguros, el coste de un solo clic puede superar los 100 dólares si el algoritmo identifica una alta probabilidad de cierre de contrato. Un clic de 15 dólares que genera un contrato de 10.000 dólares es infinitamente más rentable para el sistema que un impacto barato que no produce conversión.

Uno de los puntos más controvertidos de estas prácticas es el tratamiento de categorías de datos sensibles como la raza, el género, la religión o la orientación sexual. La política oficial de Google prohíbe explícitamente a los anunciantes utilizar esta información para personalizar anuncios. Las restricciones se aplican con especial rigor en las categorías de acceso a oportunidades, que incluyen la vivienda, el empleo y el crédito, para evitar exclusiones históricas.

Pero el problema fundamental no reside en lo que la plataforma sabe de forma directa sino en lo que el algoritmo puede inferir mediante variables aparentemente neutras. Diversas investigaciones académicas han demostrado que el historial de navegación o los intereses básicos pueden predecir atributos sensibles con una precisión asombrosa. Un modelo algorítmico puede identificar el origen étnico de una persona con un 95% de acierto o su orientación sexual con un 88%.

Esta capacidad de inferencia estadística utiliza variables sustitutas para saltarse las prohibiciones políticas. El código postal, por ejemplo, puede funcionar como un proxy —un dato que se utiliza para representar un valor que es difícil de medir directamente— del nivel socioeconómico o de la etnia, del mismo modo que los nombres propios suelen ser predictores fiables del género. 

El problema es que el riesgo de discriminación no desaparece con la prohibición de categorías sensibles, sino que se desplaza hacia la opacidad del modelo de caja negra, un sistema que te da un resultado pero oculta cómo ha llegado a él, haciendo que su funcionamiento interno sea invisible e imposible de explicar incluso, a veces, para sus propios creadores.

Un estudio realizado por las investigadoras Anja Lambrecht y Catherine Tucker y publicado en marzo de 2018 sobre anuncios de empleo en campos tecnológicos reveló este sesgo económico invisible. Su investigación constituye el pilar académico que despojó de su apariencia de neutralidad a las subastas publicitarias automatizadas en las redes sociales. Su trabajo central demostró que la exclusión de las mujeres en sectores tecnológicos no nace de un odio programado, sino de una eficiencia económica perversa.

Aunque el anuncio era neutral en cuanto al género, el algoritmo lo mostró significativamente más a hombres que a mujeres. La causa fue puramente económica porque las mujeres jóvenes son un segmento demográfico más costoso de alcanzar al ser el objetivo prioritario de las grandes marcas de gran consumo.

Al buscar la eficiencia de costes para el anunciante, el sistema tendió a desplazar el anuncio hacia los hombres, que eran más baratos de impactar en ese momento. Este fenómeno sugiere que un algoritmo perfectamente optimizado para la economía puede producir resultados socialmente discriminatorios sin necesidad de una intención maliciosa en el código. La discriminación algorítmica opera a escala masiva y con una apariencia de objetividad matemática que la hace especialmente peligrosa.

El modelo de negocio basado en la publicidad incentiva la recolección constante de datos para mejorar la precisión de las predicciones. La integración de la inteligencia artificial generativa promete elevar el valor de los datos de entrenamiento y profundizar la dependencia de las plataformas sobre la experiencia humana. Hemos transitado de un modelo de audiencia entregada a uno de experiencia extraída, donde el verdadero producto son las predicciones sobre nuestro comportamiento futuro.

La tecnología de aprendizaje automático ha convertido la identidad en una materia prima gratuita que se procesa en fábricas de predicción. Bajo este régimen, los individuos son reducidos al estatus permanente de objetos que desaparecen en el flujo de los activos financieros. La privacidad ha dejado de ser una cuestión de ocultar datos para convertirse en la preservación de la autonomía de la voluntad frente a sistemas diseñados para monetizarla.

La dependencia de servicios gratuitos como los que Google ofrece masivamente ha creado un “contrato fáustico”, en expresión de Shoshana Zuboff, autora del ensayo de referencia de 2019 La era del capitalismo de la vigilancia (Paidós), donde la participación social se paga con la pérdida de derechos de decisión sobre la propia vida.

El negocio de Google se basa en ofrecer un ecosistema de herramientas esenciales —como el buscador, Gmail, Maps y YouTube— sin coste directo para el usuario, funcionando en realidad como sensores que capturan masivamente datos sobre nuestras intenciones, ubicación y hábitos. Al ofrecer estos servicios gratuitos, la compañía se asegura una vigilancia constante que transforma nuestra actividad cotidiana en predicciones de comportamiento, las cuales vende a los anunciantes como el producto final para una publicidad de precisión quirúrgica.

La única alternativa real frente a esta infraestructura de vigilancia es la arquitectura de privacidad por defecto que impida la creación de perfiles conductuales.

Cada euro invertido por la industria en captar nuestra atención se multiplica por 40 en el gasto que realizamos por recibir el mensaje. El buscador no solo organiza la información del mundo sino que ha construido un sistema de vigilancia predictiva que asigna un valor monetario a la esencia misma de la intención humana. El precio de 1.605 dólares anuales por usuario es la prueba estadística de que en la red actual las personas no son clientes sino la infraestructura básica de un mercado que las consume.

La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que agrupa a los editores de prensa diaria de papel en España —además de sus versiones digitales—, ha propuesto a los sindicatos congelar los salarios y ampliar la jornada laboral de las plantillas de 1.687,5 a 1.750 horas anuales. La oferta llega pocas semanas después de que el Gobierno español —con el aval de la Comisión Europea— pusiera sobre la mesa 70 millones de euros en ayudas públicas para financiar la digitalización de medios, una partida que el Ejecutivo enmarca dentro de su Plan de Acción Democrática.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta patronal como “una provocación y una falta de respeto”. Las tres organizaciones negocian la renovación del Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que rige las condiciones de trabajo de los medios integrados en AMI y que no tienen convenio propio.

La propuesta de AMI —que no respondió a las preguntas de infoLibre— incluye, según los sindicatos, la congelación de sueldos de periodistas, reporteros gráficos y personal técnico y administrativo. Desde 2019, ese mismo personal ya ha perdido un 9,5% de poder adquisitivo. La precariedad es tal que un redactor recién incorporado cobra 20.455 euros brutos anuales —repartidos en 15 pagas—, y solo alcanza los 23.464 euros al cabo de tres años de carrera.

En el mismo periodo, según datos del gabinete económico de CCOO, los consejos de administración de los grandes grupos integrados en AMI incrementaron sus retribuciones un 55%. Y los salarios de la alta dirección, que ya eran muy elevados, crecieron un 5,5%. ¿La justificación? “Retener el talento”, señalan con sorna los sindicatos.

El problema es que, además, llueve sobre mojado. Los periodistas que aplican este convenio llevan desde 2008 perdiendo entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo, según los sindicatos. Y los suyos ya no eran entonces sueldos muy abultados.

Los datos financieros que aporta UGT refuerzan ese argumento. Según el sindicato, el Grupo Prisa cerró 2025 con ingresos de 904 millones de euros y un EBITDA de 163 millones, con un flujo de caja operativo que creció un 6% respecto al año anterior. Vocento, tras las pérdidas de 2024, volvió a beneficios en 2025 con 6,7 millones de euros de resultado neto sobre ingresos de 337,4 millones. Unidad Editorial elevó su EBITDA en el primer semestre del mismo ejercicio. “El discurso de crisis del sector que utiliza AMI para justificar la congelación salarial”, concluye UGT, “no se sostiene con los datos de cierre de 2025”.

“Lo que es inadmisible es que AMI no solo venga con una congelación salarial, sino que además proponga un incremento de jornada para evitar cotizar y pagar las horas extras”, denuncia Ana Martínez, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de FSC-CCOO. La dirigente sindical añade que las cuentas consolidadas de los grupos que forman parte de la patronal “no acreditan una asfixia que haga incompatible cualquier mejora laboral de las plantillas”.

Grandes grupos como Prisa —editor de El País—, Unidad Editorial —El Mundo—, Vocento —Abc— o el Grupo Godó —La Vanguardia— tienen convenios propios y no están sujetos a esta negociación. Son las cabeceras regionales, muchas de ellas integradas en grupos como Prensa Ibérica, las que aplican mayoritariamente el convenio estatal.

La propuesta de la patronal se ha producido apenas unas semanas después de que la Comisión Europea diese su visto bueno a que el Gobierno español destine 70 millones de euros a financiar la digitalización de estos editores de prensa.

Esta partida concentrará el grueso del Plan de Acción Democrática del Ejecutivo, el que iba a fortalecer a la prensa seria sobre los pseudomedios, y se canalizará en dos modalidades. La primera son bonos para herramientas digitales —sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad—. La segunda son subvenciones directas para proyectos avanzados de digitalización.

Bruselas ampara su decisión en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que autoriza a los Estados miembros a apoyar actividades económicas bajo determinadas condiciones de proporcionalidad. Y la Comisión considera que el sector —las principales cabeceras del país, las mismas que dominan el mercado— padece “una inversión insuficiente en tecnologías digitales”.

Para los sindicatos, la coincidencia no es anecdótica. Martínez recuerda que CCOO ya instó al Ministerio de Transformación Digital a incluir una “condicionalidad social” en la convocatoria, de modo que solo pudieran acogerse a las ayudas las empresas que garantizaran el empleo y mejoraran los derechos laborales. Pero no hicieron caso alguno.

“Las empresas mediáticas se han embolsado millones de euros en nombre de la transformación digital y se han limitado a lanzar ediciones digitales con redacciones más mermadas y el doble de trabajo para todo el personal”, asegura Martínez.

Los 70 millones europeos no son la única transferencia pública al sector. Según UGT, el Gobierno ha aprobado paquetes adicionales que suman más de 120 millones de euros en ayudas directas y préstamos para digitalización y ciberseguridad de los medios. El apoyo público al sector superaría así los 190 millones de euros en el conjunto de las distintas convocatorias.

El ministerio que distribuirá estas ayudas, y que dirige Óscar López, no respondió a las preguntas de infoLibre.

El calendario añade un elemento que ha desatado las suspicacias en sectores de la comunicación a los que no representa AMI. Las próximas elecciones generales, autonómicas y locales de 2027 convierten cualquier transferencia de fondos públicos a la prensa en un asunto políticamente sensible.

En cualquier caso, y al margen de las elecciones, fuentes del sector de medios digitales consultadas por infoLibre describen la operación como “un sinsentido absoluto” y advierten de que ese dinero va a permitir a los editores tradicionales actuar en el mercado digital “dopados”, con una ventaja financiera que los medios nativos digitales no van a tener.

“Este dinero lo van a utilizar para competir en lo digital, porque ya está demostrado que el papel va a la baja”, señalan estas fuentes, que recuerdan que los 70 millones se suman a otras ayudas que los grupos de comunicación han acumulado en los últimos años.

El trasfondo laboral del periodismo en España se entiende mejor en un contexto europeo. España figura entre los países con condiciones de trabajo “muy malas y precarias” para los periodistas, según el último informe de la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo, que recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación.

Comparte esa categoría con Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía. Solo Dinamarca y Alemania ofrecen buenas condiciones. El informe concluye que las condiciones laborales “son deplorables en la mayor parte de la UE”, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes, pero mucho peores en el caso de España.

En este escenario, los sindicatos han fijado su posición. Si la directora general de AMI, Irene Lanzaco, no lleva a la próxima reunión una oferta que permita iniciar negociaciones reales, CCOO, UGT y FeSP prepararán un calendario de asambleas y movilizaciones.

UGT añade un dato de contexto europeo que complica la posición de la patronal. Según una encuesta de UNI Europa, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas y contratos públicos estén condicionados a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas mediante la negociación colectiva. El sindicato exige que la inversión de dinero público “se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos”, y rechaza que la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial sirva de coartada para congelar retribuciones o ampliar jornadas.

El Gobierno tiene preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público y está a punto de enviarlo al Consejo de Ministros, pero las organizaciones de periodistas que lo han analizado comparten una misma inquietud: que la norma, bien intencionada en su diseño, no sirva para lo que dice que sirve. 

El texto establece que la publicidad de la Administración central no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público. Lo que no hace, y ahí está el problema, es tocar el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y ese es precisamente el dinero que más ata.

La norma deriva del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y del Plan de Acción Democrática, y llega con el respaldo formal de todas las organizaciones consultadas. Ninguna la rechaza. Pero el apoyo convive con un escepticismo que, en algunos casos, roza la desconfianza explícita hacia su eficacia real.

La asimetría territorial es el punto en el que coinciden todas las voces consultadas. El anteproyecto regula la publicidad del Estado central, pero deja intacta la que distribuyen las administraciones autonómicas y locales, que es donde se concentra históricamente la mayor capacidad de presión sobre los medios.

Joan Maria Morros, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, lo califica como "probablemente uno de los puntos más discutibles del anteproyecto". A su juicio, "no parece coherente establecer límites y mecanismos de control para la Administración General del Estado y no hacerlos extensivos, al menos en parte, a comunidades autónomas y administraciones locales", porque “esta diferencia puede generar estándares desiguales de transparencia y abrir la puerta a usos discrecionales de la publicidad institucional, especialmente en el ámbito local, donde los mecanismos de control suelen ser más débiles”.

Lorena Mejías, decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, apunta en la misma dirección, aunque añade un matiz sobre la arquitectura legal: cada comunidad autónoma tiene competencias propias sobre su publicidad institucional, y la norma estatal “sirve de base, pero siempre y cuando las normas autonómicas se ajusten a esa base”. El problema, dice, es que sin mecanismos estatales de garantía, las desigualdades territoriales son inevitables. “¿Puede haber en ese sentido desigualdades territoriales? Pues seguro que sí, seguro que se van a producir”.

Mejías va más lejos en su diagnóstico sobre los límites económicos. El techo del 35% puede sortearse con facilidad porque hay “un montón de formas de que las empresas de comunicación reciban dinero a través de las administraciones públicas mediante otro tipo de contrato”. No solo publicidad directa: “Puede ser a través de patrocinio, puede ser mediante organización de eventos, puede ser mediante jornadas de cosas que se inventan”. La conclusión es que una empresa puede respetar el límite del 35% en publicidad y seguir recibiendo fondos públicos por otras vías que la ley no cierra.

El límite del 35% es la medida más visible del anteproyecto y también la más cuestionada en su diseño técnico. María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), señala que el texto no aclara si ese porcentaje se calcula por cabecera o por grupo editorial, y que eso “es muy determinante, cambia mucho las cosas”. La APM ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) precisamente porque la norma le parece “imprecisa” en aspectos que condicionan su alcance real.

Rey enumera otras incógnitas que el anteproyecto deja sin resolver: quién sanciona, cómo sanciona, cuál es el régimen de excepciones para medios autonómicos y con qué criterio. “Exactamente no sabemos ni siquiera cuál es el régimen sancionador, si existe”, afirma. La presidenta de la APM reconoce que las asociaciones están siendo deliberadamente cautelosas porque el texto está en una fase muy inicial: “Estamos vigilantes, estamos pendientes, pero ahora mismo falta mucha concreción”.

El anteproyecto incluye además una excepción significativa: los medios con una facturación inferior a dos millones de euros y audiencia regional quedan exentos del tope. Esta cláusula, pensada para proteger a los medios pequeños, puede tener el efecto contrario: dejar sin regulación efectiva a buena parte del tejido de publicaciones locales que teóricamente más dependen del dinero público. 

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que ha presentado un documento formal de alegaciones, propone rebajar ese umbral de dos millones a un millón de euros, “al entender que el umbral actual supera ampliamente la facturación de buena parte de los medios locales que teóricamente se pretende proteger”.

Los periodistas gallegos proponen también que el límite del 35% se extienda a las administraciones autonómicas y locales, y que la ley incluya una reserva mínima del 25% del presupuesto de cada campaña para su difusión en medios que difundan información mayoritariamente en lenguas cooficiales. Galicia, recuerdan, sigue sin disponer de una ley autonómica propia de publicidad institucional.

Hay una cuestión que las organizaciones profesionales han identificado como especialmente sensible: el anteproyecto da preferencia a los medios de carácter informativo para recibir publicidad pública, pero no especifica quién determinará que un medio es informativo o no.

Mejías no oculta su irritación. “El Gobierno en su anteproyecto de ley identifica a los medios de comunicación informativos, es decir, da prioridad a los medios de comunicación informativos y determina cómo tiene que ser un medio informativo, pero no indica quién se va a encargar de determinar que un medio es informativo o no”. La decana andaluza señala que ese vacío se llenará con decisiones discrecionales de organismos que no tienen formación ni competencia específica en materia periodística, “habiendo como hay corporaciones de derecho público –como los colegios, que tienen esa capacidad– y a las que el Gobierno central sigue ninguneando de forma sistemática”.

El Col·legi de Catalunya también pone el acento en cómo se apliquen los criterios, más que en los criterios en sí. Morros advierte de que el límite del 35% puede convertirse en “un tope rígido que no tenga en cuenta la realidad del mercado ni la capacidad efectiva de los distintos medios para difundir campañas”, y que si se aplica “de manera mecánica, podría penalizar a medios con mayor audiencia o implantación, primando el reparto sobre la eficacia comunicativa”. Para el decano catalán, lo que importa no es el porcentaje en sí, sino que “su aplicación responda a criterios técnicos claros, transparentes y evaluables”.

Morros resume la posición de su organización con una frase que podría firmar cualquiera de las organizaciones consultadas: la nueva regulación “deberá aplicarse con criterio”, porque lo que está en juego “no es solo la eficiencia de la publicidad institucional, sino también el equilibrio del sistema mediático”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propio informe sobre el anteproyecto con una valoración globalmente positiva, pero con un enfoque que revela una prioridad diferente a la de las organizaciones de periodistas. Mientras estas se preocupan por la captura de medios y el pluralismo informativo, la CNMC pone el foco en la distorsión del mercado publicitario y la seguridad jurídica de las licitaciones. Son problemas distintos, y la diferencia de perspectiva es muy relevante.

El organismo regulador advierte de que el techo del 35% “no existe en la contratación pública” y puede convertirse en una barrera económica que impida a algunos medios presentarse a licitaciones una vez superado el umbral, “distorsionando la competencia”. Señala también que, al fijarse el límite sobre el grupo empresarial en su conjunto, se podría incentivar la creación de medios específicos para eludir el tope, “lo que vaciaría de contenido la regla”.

La CNMC propone que, si se mantiene el límite, el porcentaje se calcule por cada empresa del grupo, no por el grupo en su totalidad, y que se estudien “porcentajes máximos decrecientes por tramos de ingresos para evitar dependencias excesivas”. También critica la excepción para pequeños medios con audiencia concentrada en una o varias comunidades limítrofes, porque permite que esos medios lleguen al 100% de dependencia de la publicidad pública, mientras otros de igual tamaño pero con ámbito estatal quedan limitados al 35%. La CNMC lo considera “potencialmente discriminatorio”.

El informe también pone el foco en algo que el texto da por resuelto y no lo está: la definición de qué es publicidad del sector público. El anteproyecto habla genéricamente de "asignación de fondos públicos", pero el Reglamento EMFA europeo habla de "fondos públicos o cualquier otra remuneración o ventaja", incluyendo contratos de servicios, subvenciones, convenios y patrocinios. Si la ley española no cierra esa lista, las vías de elusión que ya señalaba Mejías quedan abiertas por defecto.

Sobre la obligación de que los medios comuniquen sus tarifas —que el anteproyecto convierte en precios máximos para la contratación pública— la CNMC advierte de que una interpretación rígida podría "favorecer el alineamiento de precios entre competidores y desincentivar descuentos y precios dinámicos". En su lugar, propone usar bandas o rangos en lugar de tarifas puntuales.

Finalmente, la CNMC pide recursos. Señala que ni el anteproyecto ni su memoria de impacto explican con qué medios humanos y organizativos se reforzará el organismo para asumir las nuevas funciones de supervisión que la ley le atribuye. Sin esa dotación, las obligaciones de seguimiento y control que la norma deposita en la CNMC quedan en el papel.

Sobre todo este debate pende una pregunta que las propias organizaciones de periodistas ya se hacen en voz alta: ¿llegará esta ley a aprobarse? La APM lo duda. Rey afirma que la asociación “sinceramente duda mucho, tal como está ahora mismo la legislatura, que vaya a poder salir adelante”. El anteproyecto aún debe superar algunos trámites, convertirse en proyecto de ley, pasar por el Congreso y el Senado, y recibir el visto bueno final.

Con unas elecciones generales que apuntan a la primavera de 2027, el margen para completar ese recorrido es estrecho. La legislatura no tiene tiempo ilimitado, y el anteproyecto todavía no es ni proyecto. Lo que hoy existe es una norma en construcción, con apoyo profesional condicionado, con reservas técnicas de la CNMC y con las principales brechas estructurales —la asimetría territorial, la elusión por vías alternativas, los vacíos en el régimen sancionador— pendientes de corrección. Si el Gobierno no acelera el trámite, la ley que debía poner orden en el reparto de la publicidad pública puede convertirse en la norma que nunca llegó a tiempo de intentarlo.

Cada vez es más habitual en los plenos del Congreso —en las sesiones de control al Gobierno, pero también en los debates más de fondo— que determinados portavoces conviertan al presidente en un criminal, en un traidor a la patria, en el responsable directo de la muerte de personas o en el agente de una conspiración para islamizar al pueblo español. Los medios hablan entonces de debate "duro" y "tenso". La violencia verbal queda así registrada, distribuida y, sobre todo, normalizada como un fenómeno equidistante.

infoLibre ha analizado los diarios de sesiones de dos plenos de este año —el del 11 de febrero, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y el del 25 de marzo, sobre la guerra en Oriente Próximo— para hacer algo que la crónica del directo impide: leer con calma lo que se dijo, identificar quién lo dijo y evaluar si el lenguaje pertenece al debate político o a otra cosa.

Para este análisis hemos manejado cuatro categorías: descalificaciones personales que atribuyen maldad o deshonestidad estructural; metáforas de violencia física o muerte aplicadas a la acción de gobierno; deshumanización del adversario o de grupos sociales; y atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada. Cada ejemplo citado está extraído literalmente del Diario de Sesiones.

La primera conclusión es que la violencia verbal en el Congreso llega, sobre todo, del lado de la derecha. No es un fenómeno difuso que afecta por igual a todos los portavoces. Se concentra, con una consistencia que va más allá de la calentura del momento, en los discursos de Santiago Abascal y, en menor grado pero con idéntica lógica, en los de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal lidera la escala con ventaja. Su lenguaje es el que con más frecuencia convierte la crítica política en imputación moral y, en el tramo final de sus intervenciones, en acusaciones penales directas.

En la categoría de descalificaciones que atribuyen maldad estructural, el 25 de marzo no señaló errores de política exterior: diagnosticó una voluntad activa de daño. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”. En la misma sesión cierra el argumento: “Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones”.

La atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada alcanza en el líder de Vox su formulación más explícita. El 11 de febrero, con el accidente ferroviario de Adamuz como objeto del debate, su intervención concluye: “Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías, un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales”. La frase no es una advertencia: es una condena. Ningún procedimiento judicial había establecido en ese momento —ni lo ha hecho ahora— la existencia de un crimen.

En cuanto a las metáforas de violencia, Abascal afirma que “la corrupción que han traído a España mata” y que “la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también”. El verbo “matar” aplicado a políticas públicas sitúa el lenguaje en un espacio donde la metáfora y la acusación se vuelven indistinguibles.

Ese escalado retórico no se detiene en sede parlamentaria. El pasado 24 de abril, en un mitin de precampaña en Cádiz, Abascal llamó “mierda” al presidente del Gobierno y “rata” al ministro del Interior. La secuencia es reveladora: lo que en el hemiciclo adopta la forma de acusación penal, en el mitin se convierte en insulto directo. No hay modulación entre ambos registros; hay escalada.

Lo que hace Feijóo es estructuralmente parecido, aunque ejecutado con una dicción más contenida. El líder del PP acumula un volumen notable de expresiones agresivas a lo largo de sus intervenciones, con una densidad mayor que la de Sánchez, aunque sin alcanzar la intensidad puntual de Abascal.

En la sesión del 25 de marzo, describió a Sánchez como ”un trilero”, lo llamó “perdedor” como categoría permanente y, en la réplica, escaló hasta decir: “No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría, peligrosísimo”. El adjetivo “dictatorial” no describe una medida concreta, sino una naturaleza de carácter. Aplicado a un presidente electo en un sistema democrático, no es crítica política: es una caracterización esencial.

Las metáforas de violencia y muerte fueron especialmente abundantes en el debate del 11 de febrero: “Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible”. Su cierre fue explícito: “Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte”. En la misma sesión rozó la cuarta categoría cuando advirtió: “Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta”. La diferencia con Abascal es de matiz: la advertencia frente a la condena. Feijóo predice consecuencias judiciales; Abascal declara el crimen ya cometido.

La complicidad del PP con este clima tampoco se limita al hemiciclo. El partido se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Vito Quiles, agitador ultraderechista con múltiples denuncias judiciales activas —entre ellas, una por agresión a la esposa del presidente, Begoña Gómez— y al que el PP invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión de Quiles del Congreso mientras la Mesa estudia posibles modificaciones del reglamento de acreditaciones. La lógica del PP es coherente con lo que ocurre en la tribuna: si el lenguaje de Feijóo es tolerable en el hemiciclo, el hostigamiento físico de Quiles en los pasillos también merece protección.

El caso más explícito de conexión entre retórica y violencia física no ha tenido lugar estos días en el Congreso —más allá del insólito desafío de un representante ultra al presidente de la Cámara—, sino en la Asamblea Regional de Murcia. El 15 de abril, el diputado de Vox Antonio Martínez afirmó en pleno debate parlamentario que existe “el deber de combatir, incluso con violencia”, las leyes que en España protegen el derecho al aborto y a la eutanasia.

Pedro Sánchez ocupa el tercer lugar en esta escala. Su lenguaje agresivo existe, pero se concentra en las réplicas, especialmente cuando responde a ataques directos. En la sesión del 25 de marzo formuló sobre el PP y Vox una de sus frases más cargadas: “Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder”. Sobre la oposición ante el real decreto: “Son los del no a todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas: ahí corren como perritos falderos a lamer su mano”. 

En la cuarta categoría, Sánchez es más cauteloso, pero en algunas réplicas de marzo roza el límite: “Igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto“. La palabra “igual” disimula, pero no oculta, la dureza de la frase.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ocupa el cuarto lugar. Sus expresiones más extremas se dirigen a actores externos —el ejecutivo israelí, la administración Trump— y rara vez a sus adversarios parlamentarios directos. En toda la muestra, es la única portavoz que no formula ninguna descalificación personal sobre ningún parlamentario presente, no emplea metáforas animales sobre sus adversarios y no atribuye a nadie presente en el hemiciclo una intencionalidad criminal.

Sostener que “todos hacen lo mismo” se ha convertido en una posición por defecto en gran parte de la cobertura periodística española. Tiene la ventaja de parecer ecuánime. Y tiene el inconveniente no solo de ser falsa, sino de legitimar y validar a quien de verdad practica la violencia verbal más intensa.

El fenómeno no es exclusivamente español, ni sus consecuencias son solo retóricas. En Estados Unidos, el debate sobre si la violencia verbal impulsa violencia física ha adquirido urgencia empírica, en particular tras el tercer intento de asesinato que afronta su presidente. 

Un análisis reciente publicado por CNN examina lo que revelan las encuestas más recientes sobre la actitud de republicanos y demócratas ante la violencia política. Los datos muestran un amplio consenso bipartidista en que la violencia por motivos políticos va en aumento —hasta el 85% de los estadounidenses lo cree, según el centro Pew—, aunque una mayoría mayor culpa de ello a la retórica incendiaria republicana (el 69% según Gallup dice que han ido demasiado lejos) que a la demócrata. 

Sin embargo, la percepción de quién es más responsable de la violencia real se ha igualado notablemente: datos de PRRI y Pew sitúan a grupos de derecha e izquierda casi en empate (44% vs. 41%, o 52% vs. 53%), una tendencia de “ambos lados” que se acentuó tras atentados como el que costó la vida al activista ultra Charlie Kirk. Lo más llamativo es que la disposición a justificar la violencia para lograr objetivos políticos ha convergido entre simpatizantes de ambos partidos —en torno al 17-19% según PRRI—, cuando antes los republicanos triplicaban a los demócratas en esa respuesta. 

La pregunta relevante no es si el debate político español es duro —siempre lo ha sido—, sino si ha cruzado un umbral a partir del cual el lenguaje ya no describe la realidad política sino que la fabrica. Un lenguaje que convierte las políticas en crímenes y a los rivales en asesinos no sólo polariza el debate, acaba destruyéndolo.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.

El mercado audiovisual en España ha entrado en una fase de recomposición. Los resultados del bienio 2024-2025 de los tres grandes grupos —Atresmedia, Mediaset España y RTVE— dibujan un mapa muy distinto al de hace apenas cinco años: el liderazgo ha cambiado de manos en publicidad, la televisión pública ha saneado sus cuentas con una velocidad que nadie anticipaba y Mediaset España gestiona un deterioro de audiencia que ya tiene consecuencias directas en sus ingresos. 

Todo ello mientras las cadenas privadas presionan para intentar ahogar el acceso de RTVE a la financiación a través de patrocinios y a la espera de que se materialice un cambio en el tablero que previsiblemente tendrá consecuencias en el sector: este año el Gobierno adjudicará una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT, el primer canal nuevo en entrar al mercado en más de una década.

Los números no mienten, aunque a veces engañen si se leen deprisa. Conviene leerlos despacio. Y sobre todo conviene compararlos. Entre 2024 y 2025, Atresmedia vio caer su beneficio neto de 120 a 62 millones de euros —una pérdida de 58 millones, aunque buena parte de ella responde a un gasto extraordinario por el plan de renovación de plantilla; sin ese efecto puntual, el retroceso real es de unos 24 millones—. 

El negocio televisivo de Mediaset España en España sufrió un golpe mucho más severo en términos operativos: el dinero que genera antes de pagar impuestos e intereses pasó de 146 millones en 2024 a poco más de 43 millones estimados en 2025, un desplome de más de 100 millones en un solo ejercicio. 

En el lado opuesto, RTVE pasó de perder 12,8 millones en 2024 a ganar 55,7 millones en 2025: una mejora de 68,5 millones. Dicho de otra manera, lo que ha ganado en salud financiera la televisión pública tiene una magnitud comparable a lo que han perdido juntas las dos privadas en su negocio doméstico. 

Es un dato que, por sí solo, ayuda a entender el empeño que las televisiones privadas han puesto en cuestionar los ingresos de RTVE en un contexto general de retroceso del mercado publicitario.

El hecho más significativo del ejercicio 2025 no es que Atresmedia haya vuelto a liderar la audiencia —lo hace por cuarto año consecutivo, con una cuota de grupo del 26,1%— sino que por primera vez en la historia del sector ha superado a Mediaset España en ingresos publicitarios. 

Atresmedia facturó 753,9 millones de euros en publicidad —incluyendo televisión, plataformas digitales, webs propias y espacios de terceros— frente a los 679,8 millones de ingresos publicitarios netos de la filial española de MFE. Son cifras que no miden exactamente lo mismo, pero el orden de magnitud es claro: una ventaja de 74 millones a favor de Atresmedia. Durante décadas, la hegemonía publicitaria de Telecinco (Mediaset) fue un axioma del sector. Ya no lo es, y ya no lo es por un margen amplio.

El grupo presidido por José Creuheras y controlado por la familia Lara (Grupo Planeta) ha logrado este resultado en un entorno adverso: el mercado publicitario televisivo cayó un 4,4% en 2025, y sus propios ingresos por publicidad bajaron un 6,2%. Lo que ha compensado esa caída es una apuesta deliberada por diversificar las fuentes de ingresos. 

La división de radio creció un 4% y los ingresos procedentes de eventos y otras actividades se dispararon un 61,8%, impulsados principalmente por la incorporación de la empresa organizadora de eventos deportivos Last Lap. 

El resultado es un grupo que ya no puede describirse únicamente como una televisión comercial: es un conglomerado de entretenimiento que gana dinero por vías que hace cinco años no existían en su balance.

La salud financiera de Atresmedia al cierre de 2025 refleja esa transformación. Tiene más dinero en caja del que debe —su posición financiera es positiva en 58,1 millones de euros—, lo que le ha permitido firmar en septiembre de 2025 la compra de Clear Channel España, la empresa de publicidad en mobiliario urbano y vallas, por 115 millones de euros. 

La operación está pendiente del visto bueno de la CNMC, pero su lógica encaja perfectamente en la estrategia de diversificación del grupo: después de hacerse con Last Lap en julio del mismo año, Atresmedia tiene ahora presencia en la publicidad exterior, un negocio que ha crecido un 14% en España entre 2021 y 2024. 

El beneficio neto, no obstante, cayó un 48,4% en el año, de 120 a 62 millones, pero ese retroceso es puntual y tiene como explicación una dieta de adelgazamiento de mano de obra laboral: el grupo destinó 45,6 millones a un plan de salidas voluntarias para renovar su plantilla. Sin ese gasto extraordinario, el beneficio del año rondaría los 96 millones.

Los resultados de Mediaset España en 2024 y 2025 cuentan juntos una historia más clara que por separado. En 2024 todavía mantenía una apariencia de estabilidad: los ingresos publicitarios cayeron apenas un 0,4%, hasta los 778 millones de euros brutos, y el beneficio operativo del negocio español cerró en 146 millones. 

Pero los márgenes ya acusaban presión: el dinero que el grupo ganaba antes de pagar impuestos e intereses cayó ese año un 14,6%. La audiencia dibujaba la misma tendencia. El grupo Mediaset España cerró 2024 con una cuota del 24,9% sobre el total de individuos, con Telecinco en el 9,8%. Números aún defendibles, pero con dirección inequívoca.

En 2025 la erosión se aceleró. La cuota del grupo cayó al 24,3%, su mínimo histórico. Telecinco cerró el año en el 9,4%, a 3,4 puntos de distancia de Antena 3: la mayor diferencia registrada entre ambas cadenas. 

En ingresos publicitarios, la filial española sufrió una caída del 9,7%, casi el doble de la caída media del mercado. El golpe en los beneficios fue aún más severo: en los nueve primeros meses de 2025, el resultado operativo del negocio español se redujo en más de la mitad respecto al año anterior, pasando de 75 a 33 millones de euros. 

La rentabilidad final del ejercicio completo —185 millones de beneficio neto consolidado— se sostiene por el control estricto de los gastos y por la inercia de una estructura construida en años mejores, no por la dinámica actual del negocio español.

Conviene precisar el marco en que se producen estos resultados. La empresa matriz de Mediaset España, el grupo italiano MFE-MediaForEurope controlado por la familia Berlusconi, completó a finales de 2025 la compra de la televisión alemana ProSiebenSat.1, convirtiéndose así en el mayor grupo televisivo privado de Europa, con presencia en Italia, España, Alemania, Austria y Suiza. 

En ese nuevo contexto de escala continental, la filial española aporta ingresos relevantes pero decrecientes, y su bajo rendimiento relativo aumenta la presión sobre la dirección local. La apuesta del grupo pasa por vender publicidad de forma conjunta en todos sus mercados y por desarrollar formatos de publicidad digital más rentables que el espacio convencional en televisión. La incógnita es si esa transformación llegará a tiempo de modificar las tendencias.

Con todo, el cambio más sorprendente del bienio lo protagoniza RTVE. La corporación pública pasó de perder 12,8 millones de euros en 2024 a cerrar 2025 con un superávit de 55,7 millones: la mejor cifra en la historia reciente de la empresa. 

No es un fenómeno exclusivamente contable. La 1 terminó 2025 con un 11% de cuota de pantalla, su mejor resultado en 13 años, y la cuota del grupo RTVE en su conjunto llegó al 16,6%.

El impacto se ha trasladado a los ingresos comerciales: RTVE obtuvo 85,5 millones de euros en publicidad y patrocinios en 2025, la cifra más alta desde 2009.

La mejora de la gestión ha acompañado a la recuperación de audiencia. Los gastos de funcionamiento cayeron un 7,6% y el dinero destinado a programas bajó un 18,7%, sin que ello haya afectado a la competitividad editorial. No obstante, los riesgos no han desaparecido: la dependencia del presupuesto del Estado sigue siendo el principal factor de vulnerabilidad, y los litigios fiscales pendientes —entre ellos una disputa con Hacienda por el IVA— representan una incertidumbre real.

El panorama, en todo caso, está lejos de ser estable. Al cambiante mundo de la publicidad hay que añadir que el Gobierno se dispone a aprobar la concesión de una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT. Estamos ante la posibilidad de la llegada del primer operador nuevo que entre al mercado en abierto desde hace más de diez años.

El impacto directo sobre la audiencia puede ser limitado al principio —los operadores nuevos tardan años en construir cuotas significativas—, pero el efecto sobre el mercado publicitario puede hacerse notar antes. Los anunciantes tendrán una opción más donde repartir sus presupuestos en un mercado televisivo que ya no crece. 

En un contexto en que Mediaset España ha perdido casi un punto de cuota publicitaria en dos años y en que Atresmedia acaba de arrebatar el liderazgo del sector por un margen mínimo, la llegada de un nuevo competidor por la misma tarta es, en el mejor de los casos, una distracción; en el peor, una presión adicional sobre ingresos que ya están en retroceso.

Para RTVE, la ecuación es distinta. Un nuevo operador en abierto no compite directamente por sus ingresos publicitarios —la corporación tiene limitada su capacidad de hacer publicidad convencional—, pero sí por la audiencia, y en particular por el público joven que La 1 ha recuperado con tanto esfuerzo.

Los buenos resultados de RTVE son, paradójicamente, el principal argumento de quienes piden su debilitamiento. El razonamiento de las televisiones privadas, articulado a través de la patronal UTECA, es sencillo: si la televisión pública ha recuperado audiencia y genera ingresos comerciales crecientes, está compitiendo por un dinero que ya escasea.

El argumento de las privadas tiene una lógica comprensible: si el Estado financia a un operador que luego compite por el mismo dinero de los anunciantes, el terreno de juego no es el mismo para todos. Pero el contraargumento es igualmente sólido: RTVE emite sin publicidad convencional en sus canales principales, sus ingresos comerciales son una fracción de los de sus competidores, y su función —información de servicio público, cobertura universal, acceso a eventos de interés general— no se puede medir únicamente en puntos de share.

El sector audiovisual español está cambiando. Los equilibrios que lo definieron durante años se están moviendo. Lo que venga después depende, en parte, de decisiones regulatorias que están todavía por tomar. Pero los números de 2024 y 2025 ya dicen lo esencial: hay un ganador operativo claro, una televisión pública que ha recuperado el pulso y un grupo que necesita repensar su modelo antes de que el control del gasto deje de ser suficiente para tapar los agujeros que está abriendo la caída de audiencia.

Abra YouTube en cualquier dispositivo. No busque nada. Deje que la pantalla de inicio haga su trabajo. Lo que aparecerá —vídeos de entretenimiento, tutoriales, reacciones, piezas de creadores que el algoritmo ha determinado que usted querrá ver— es el resultado de un sistema diseñado para una sola cosa: que no cierre la aplicación. Que se enganche a la plataforma para mostrarle cuanta más publicidad, mejor. 

Las noticias verificadas de una televisión pública pueden estar ahí. O no. Depende de si usted las ha buscado antes, de si las ha visto, de si el algoritmo ha inferido que le interesan. El servicio público de información compite, en igualdad de condiciones algorítmicas, con un canal de recetas, con un streamer de videojuegos y con el último vídeo viral de un adolescente bailando. A veces con simple slop, el término que se ha consolidado en inglés para referirse al contenido basura generado con IA —vídeos, imágenes, texto—, diseñado para acumular clics y que no tiene valor ni informativo ni creativo. 

Las redes sociales ya son la principal fuente de noticias para los jóvenes de 18 a 24 años, que dependen de TikTok, Instagram y YouTube para informarse, superando a Facebook, que era la plataforma dominante hace apenas una década. Solo el 14% de los jóvenes accede directamente a los sitios o aplicaciones de los medios: una cifra muy inferior a quienes se informan mediante redes sociales (40%) o motores de búsqueda (26%).

En ese escenario, ser un medio público con excelente periodismo pero escasa visibilidad algorítmica equivale, en la práctica, a no existir para una parte creciente de la ciudadanía.

Ahí está el problema. Y ahí está también la pregunta que la Unión Europea lleva tiempo formulándose y que ahora ha colocado formalmente sobre la mesa: ¿deben los medios públicos tener garantizada una visibilidad preferente en las plataformas digitales? La Comisión Europea ha abierto una consulta pública, con plazo hasta el 1 de mayo de 2026, para evaluar si las normas sobre medios audiovisuales (la AVSMD, por sus siglas en inglés) siguen siendo adecuadas en un panorama de rápida evolución. 

La respuesta de Google, a través de YouTube, es que no. La de una parte creciente de reguladores europeos es que sí. Entre ambas posiciones hay mucho más que una disputa técnica.

Los medios públicos no son un capricho del Estado del bienestar ni una reliquia del siglo XX. Son la única parte del ecosistema informativo cuyo mandato legal es informar a todos, con independencia de su rentabilidad comercial, sin obedecer a accionistas ni a anunciantes. 

Cubren los territorios que no interesan al mercado, financian el periodismo de investigación que ningún algoritmo optimizaría, y ofrecen el punto de referencia común que necesita una democracia para funcionar. 

Los datos del Reuters Institute confirman que las marcas de confianza —entre ellas los medios de servicio público en la mayoría de los países europeos— siguen siendo el lugar al que la gente acude con más frecuencia cuando quiere comprobar si algo en internet es verdadero o falso.

No es un detalle trivial en un momento en que la desinformación circula a la misma velocidad que la información veraz y a menudo con mejor posicionamiento algorítmico. 

La Unión Europea lleva años intentando blindar a los medios públicos frente a la interferencia política y la precariedad financiera precisamente por eso: porque su desaparición o su irrelevancia no sería solo una pérdida cultural, sino un problema democrático. Lo que ahora está en juego es si ese blindaje tiene algún sentido si nadie los encuentra en un mundo en el que lo que no se muestra en redes o en buscadores, no existe.

Desde la introducción del artículo 7a en la Directiva de 2018, que habilita a los Estados miembros a imponer medidas para garantizar la “prominencia” de los servicios de interés general en las interfaces de usuario, los debates dentro de la política mediática se han intensificado notablemente. Una palabra que en español se entiende mejor si se sustituye por “visibilidad”.

Ese artículo fue, en la práctica, un compromiso deliberadamente vago: permite a los países actuar, pero no obliga a las plataformas a nada concreto. Alemania, Francia e Italia han ido implementando medidas propias. España transpuso el precepto en su Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, sin desarrollarlo más allá de la letra de la directiva.

El resultado ha sido un mapa fragmentado que tiene hartos a los propios reguladores y a la industria digital por razones opuestas. Las divergencias nacionales ya incluyen colocación obligatoria de servicios, requisitos de diseño de interfaz y formatos de metadatos incompatibles. Para los prestadores que operan en varios países, esto implica adaptar interfaces y sistemas para cada jurisdicción, lo que encarece el desarrollo y ralentiza la puesta en marcha de productos. La revisión de la AVMSD es, entre otras cosas, un intento de armonizar ese caos.

Pero la discusión de fondo no es técnica. Es política. ¿Merece el periodismo público un trato diferente del que recibe cualquier canal de entretenimiento o cualquier youtuber de videojuegos? ¿Debe la Unión Europea obligar a YouTube a mostrar los informativos de las televisiones públicas en un lugar preferente de su plataforma, aunque el algoritmo, abandonado a su lógica, preferiría poner otra cosa?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, presentó en diciembre de 2025 sus alegaciones a la llamada de evidencias previa a la consulta. El tono no admite ambigüedad. La AVMSD sigue siendo un marco jurídico indispensable para proteger a los menores, apoyar el pluralismo mediático y promover la diversidad cultural y lingüística en un panorama mediático cada vez más dominado por las plataformas. Thomas Bergmann, asesor político de la UER, fue muy directo: “Ya hemos escuchado suficientes declaraciones políticas. Ha llegado el momento de que la Comisión demuestre con acciones concretas que apoya a los medios europeos”.

El argumento de fondo es conocido, pero no por ello menos pertinente. Los medios públicos existen para cumplir un mandato democrático: informar con rigor, llegar a todos los ciudadanos, financiar contenido que el mercado no produciría por sí solo. Ese mandato tiene sentido si los ciudadanos pueden acceder a esos medios. Y hoy, en una proporción creciente, los ciudadanos acceden a la información a través de plataformas que no han sido diseñadas para favorecer el servicio público, sino para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla.

El regulador audiovisual del Reino Unido, Ofcom, ha sido uno de los más activos en este debate, aunque su país ya no forme parte de la UE. Su argumento es difícil de rebatir: los menores pasan más tiempo en YouTube que frente a cualquier televisión convencional. Si los contenidos de servicio público no son fáciles de encontrar en esa plataforma, sencillamente no llegan a esa audiencia. Y la función pública del medio queda reducida a un ejercicio de nostalgia para mayores de 50 años.

YouTube no ha permanecido callada ante esta presión regulatoria. En octubre de 2025, publicó un informe elaborado por Oxford Economics —hay que decir que encargado y financiado por la propia compañía— que cuantifica su aportación económica a la Unión Europea. El ecosistema creativo de YouTube contribuyó con más de 7.000 millones de euros al PIB de la UE en 2024 y sostuvo más de 200.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

El mensaje implícito es transparente: antes de regular, recuerden quiénes somos. El ecosistema de creadores que ha crecido en YouTube es una realidad económica y cultural de primer orden. El número de canales de la UE que ingresaron al menos 10.000 euros al año creció más de un 15% respecto al año anterior. Regular la prominencia de los medios públicos, argumenta Google, significaría empujar a esos creadores hacia posiciones menos visibles para favorecer a organizaciones subvencionadas por el Estado. 

La lógica meritocrática de la plataforma —el creador que trabaja más y conecta mejor con su audiencia es el que aparece arriba— quedaría subordinada a decisiones del regulador sobre qué contenido merece más visibilidad. Alguien elegiría ganadores y perdedores. Y ese alguien, insinúa Google, sería el gobierno.

Es un argumento con fuerza retórica, aunque algo tramposo en su planteamiento. Los medios públicos no compiten con los youtubers por cuota de pantalla ni por ingresos publicitarios. Su función no es ganar la guerra del algoritmo, sino garantizar que el ciudadano pueda acceder a información verificada y plural en el entorno digital donde hoy se informa. No es lo mismo ser visible que tener la razón, pero tampoco sirve de mucho tener la razón si eres invisible.

En España, el debate tiene una dimensión específica. RTVE ha experimentado en los últimos años una notable recuperación de audiencia y presencia digital. En la temporada 2024-2025, su canal de YouTube alcanzó 2,5 millones de suscriptores y 225 millones de visualizaciones, mientras que en TikTok roza los dos millones de seguidores. En 2024, las redes sociales de RTVE superaron los 8.000 millones de visualizaciones, con un crecimiento del 96% en interacciones respecto al año anterior.

Estas cifras son relevantes, pero revelan también el problema. RTVE ha logrado presencia digital en parte porque ha destinado recursos y estrategia a ello, no porque la arquitectura de las plataformas le facilite el camino. Un medio público con menos músculo o menos voluntad política podría sencillamente desaparecer del mapa algorítmico, aun cumpliendo escrupulosamente su función. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 incorporó la posibilidad de adoptar medidas de prominencia para los servicios de interés general, pero no las obligó ni las desarrolló reglamentariamente. Casi tres años después, el precepto sigue siendo letra muerta en la práctica.

Francia, Alemania, Italia y España han introducido o están introduciendo medidas de prominencia, pero de forma descoordinada, lo que fragmenta el mercado interior. La revisión de la AVMSD es la oportunidad de establecer un marco común. La CNMC, que presidió en 2025 el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, el llamado Media Board, tiene en este proceso una responsabilidad directa que hasta ahora no ha traducido en posiciones públicas especialmente ambiciosas.

La Comisión ha planteado formalmente tres escenarios para la revisión. La primera opción es dejar la directiva sin cambios; la segunda, introducir ajustes puntuales en materia de prominencia, publicidad y protección de menores; la tercera, una revisión completa que transforme la directiva en un reglamento de aplicación directa.

La segunda opción es la más probable y la más discutida. Implica, entre otras cosas, decidir si la prominencia de los medios de interés general pasa de ser una posibilidad que los Estados miembros pueden adoptar a una obligación que deben cumplir. Si las plataformas de intercambio de vídeo, incluido YouTube, quedan sometidas a las mismas reglas que los agregadores de televisión conectada —las interfaces que reúnen en una sola pantalla los contenidos de Netflix, HBO, una cadena pública y cualquier otra plataforma, y que deciden qué aparece primero cuando enciendes el televisor—. Y también si se establece algún tipo de definición común de qué es un servicio de interés general a efectos de prominencia, para evitar que cada gobierno utilice el concepto como coartada para favorecer a sus medios afines.

Este último punto es, paradójicamente, el más delicado. La prominencia regulada puede ser una herramienta democrática, pero también puede ser un instrumento de control político si los criterios para definir el interés general son opacos o arbitrarios. Cualquier Estado miembro que introduzca obligaciones de prominencia debería publicar de forma clara y transparente la lista de servicios que considera de interés general, con criterios objetivos y proporcionados. En países donde la independencia de los medios públicos no está blindada —y España tiene experiencia directa en este terreno—, la regulación de la prominencia sin garantías de independencia editorial puede acabar favoreciendo la visibilidad del medio dócil más que la del medio útil.

Hay una trampa en el argumento de Google que vale la pena señalar. La plataforma presenta su algoritmo como un espejo de las preferencias del usuario: si algo aparece arriba, es porque la gente lo quiere ver. Pero el algoritmo no es neutral. Está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, lo que sistemáticamente favorece el contenido más estimulante emocionalmente, no necesariamente el más preciso o el más relevante desde el punto de vista del interés público. O el más extremo; por eso los productores de contenidos tóxicos de la ultraderecha se están movilizando contra la reforma. 

En el actual panorama mediático, el recurso escaso no es el contenido, sino el tiempo de atención, dado el vasto volumen de oferta disponible. Ha emergido un verdadero mercado de la prominencia en el que la posición en los interfaces y los sistemas de recomendación determinan qué se ve y qué no.

Pedir que los medios públicos compitan en ese mercado en igualdad de condiciones es como pedir a un periódico de referencia que compita en quiosco con una revista de cotilleo aceptando que el único criterio es qué portada llama más la atención. Puede hacerse, y de hecho muchos medios lo intentan con resultados irregulares, pero no es eso para lo que están.

La consulta europea cierra el 1 de mayo. Sus resultados alimentarán una propuesta legislativa que la Comisión tiene previsto presentar antes de que acabe 2026. Pero antes tiene que resolver el debate: cuando un ciudadano abre YouTube buscando noticias, ¿tiene derecho a que el sistema le ofrezca algo más que lo que maximiza los ingresos publicitarios de la plataforma? Europa lleva años diciendo que sí. Aún está por ver si es capaz de obligar a que ocurra.