La sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha respaldado al Consejo de Informativos de RNE después de que la corporación abriera expedientes disciplinarios contra siete de sus nueve miembros. La organización calificó la medida de “extraordinariamente preocupante” en un comunicado publicado en su cuenta de X.

El texto de RSF sostiene que “expedientar individualmente a los miembros de un órgano que vela por la independencia de un medio público, debido a un supuesto acoso psicológico que la comisión competente ha desestimado”, es "un caso grave e insólito". Y añade que "vigilará de cerca" lo que ocurra de ahora en adelante. 

La Dirección de RRHH y Relaciones Laborales de RTVE notificó pliegos de cargos por presuntas faltas laborales muy graves a siete de los nueve integrantes del Consejo de Informativos de RNE, según el comunicado del propio Consejo, fechado en Madrid el 2 de julio de 2026. Los hechos que sustentan estos expedientes son, según la misma fuente, pronunciamientos institucionales del órgano sobre la línea editorial y la programación informativa de RNE.

Esos pronunciamientos, señala el Consejo, fueron adoptados de forma colegiada, en ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, y el Estatuto de Información de la Corporación RTVE.

El Consejo de Informativos rechaza “de forma categórica” estos expedientes. Los define como “un nuevo e inaceptable intento de neutralizar el control editorial independiente que la ley obliga a ejercer a este órgano”.

El comunicado del Consejo recuerda un episodio anterior en el mismo año. El presidente del órgano y seis de sus ocho vocales fueron sometidos a evaluación psicológica dentro de un procedimiento de acoso que tuvo su origen en los mismos pronunciamientos institucionales.

Ese procedimiento no prosperó. La Comisión de Acoso Psicológico de RTVE no alcanzó, en su reunión del 18 de junio de 2026, los votos necesarios para formular una propuesta de resolución.

El Consejo describe lo ocurrido después como un intento de la empresa de perseguir los mismos hechos que ya habían sido examinados y desestimados por el mecanismo previsto específicamente para ello a través de expedientes disciplinarios individuales.

“El patrón es el mismo”, afirma el comunicado. “Cuando un cauce no ofrece el resultado buscado, se activa otro”. El objetivo, según el Consejo, no varía. Se trata de presionar, disciplinar y disuadir a quienes tienen la obligación legal de ejercer el control editorial en los medios públicos.

Los siete miembros expedientados forman parte de un órgano de nueve integrantes elegidos democráticamente por sus compañeros y compañeras de Radio Nacional de España. Su función, recogida en la normativa interna de la corporación, es velar por la independencia, el rigor y la veracidad de los contenidos informativos.

El Consejo sostiene que los mecanismos de control editorial son consustanciales a los sistemas democráticos y al servicio público de radiotelevisión. Atacarlos, señala, no es solo atacar a las personas que los ejercen. Es atacar la independencia de la información pública.

El órgano anunció que ejercerá todas las acciones legales e institucionales a su alcance para defenderse frente a estos expedientes y para proteger el mandato legal que tiene encomendado. El comunicado concluye que el Consejo seguirá ejerciendo sus funciones con la misma independencia y el mismo rigor con que lo ha hecho hasta ahora, y que ningún expediente disciplinario cambiará eso.

Tras el comunicado de RSF, los tres consejos de informativos de la corporación, los de RTVE, TVE, RNE y RTVE.es, respondieron de forma conjunta. Agradecieron públicamente a Reporteros Sin Fronteras el apoyo mostrado en el proceso y compartieron el enlace a la publicación original de la organización.

En el mismo mensaje, los tres consejos exigen el archivo de los expedientes disciplinarios contra el Consejo de Informativos de RNE en la causa abierta contra siete de sus nueve miembros, un órgano que, subrayan, es colegiado.

El comunicado conjunto añade una consideración sobre los cauces disponibles para la Dirección de RTVE. “La Dirección tiene herramientas para poder comunicar o desmentir lo que crea necesario”, señala el texto. “Los desencuentros no se pueden convertir en expedientes disciplinarios”.

Los tres consejos plantean además una pregunta sobre el funcionamiento de la corporación. Se cuestionan si existen en RTVE condiciones para poder desarrollar sus funciones con independencia.

Un conflicto que se repite dentro de la corporación

El comunicado del Consejo de Informativos de RNE deja constancia de una secuencia de hechos que se extiende a lo largo de este año. Primero, la evaluación psicológica al presidente y a seis de los ocho vocales. Después, el archivo de ese procedimiento por falta de votos en la Comisión de Acoso Psicológico. Y ahora, la apertura de expedientes disciplinarios individuales sobre la misma base fáctica.

Esta secuencia constituye, según el propio órgano, el elemento central de su rechazo. No se trata, sostiene el Consejo, de una controversia aislada, sino de un mecanismo que se repite cuando el anterior no produce el resultado buscado.

RTVE no ha respondido, a la hora del cierre de esta información, a la petición de infoLibre de dar una respuesta pública a las declaraciones de RSF ni al comunicado conjunto de los tres consejos de informativos.

Una fotografía cualquiera basta para alimentar las aplicaciones que prometen desnudar imágenes. Un retrato de perfil, una instantánea de vacaciones o una foto de campaña electoral se introducen en el programa. En cuestión de segundos, el sistema devuelve una imagen sexual manipulada de la persona retratada.

La fotografía resultante es falsa, pero el daño que provoca es muy real. Una vez publicada, la imagen se copia, se comparte y queda indexada en buscadores antes de que nadie pueda rastrear su origen.

Un análisis recién publicado en el el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) firmado por Benjamin Shultz, investigador principal de la American Sunlight Project (ASP), organización con sede en Washington dedicada a denunciar los peligros en línea, sostiene que muchas de las aplicaciones que generan vídeos con contenido sexual explícito ni siquiera funcionan con imágenes de hombres porque el sesgo de género está integrado en los datos con los que se entrenan las herramientas.

Según este investigador, en los últimos dos años los enlaces que publicitan estas aplicaciones han crecido más de un 2.400% en las principales plataformas sociales. Una práctica antes marginal y técnicamente compleja se ha convertido en un producto de consumo barato y fácil de usar.

Shultz sostiene que cuando las víctimas son mujeres con proyección pública, el objetivo de estas imágenes cambia: buscan desacreditarlas, humillarlas y silenciarlas. Políticas de distintos países han sido blanco de imágenes sexuales falsas programadas para coincidir con elecciones, controversias o momentos de visibilidad.

Hasta hace poco, la evidencia sobre el fenómeno era sobre todo anecdótica. Salía a la luz a través de testimonios individuales, incidentes virales en redes como X o 4Chan, o titulares sueltos de la prensa local.

Esa situación empieza a cambiar. ASP midió por primera vez con qué frecuencia aparecen los miembros del Congreso de Estados Unidos en sitios que alojan deepfakes. A partir de ese trabajo, Shultz ha presentado los resultados preliminares de un estudio transnacional sobre cerca de 2.200 miembros de parlamentos de ocho democracias.

Para establecer un punto de referencia, Shultz utilizó un motor de búsqueda personalizado. Comprobó si los nombres de esos parlamentarios y parlamentarias aparecían en cerca de dos docenas de dominios que alojan deepfakes. Decenas de nombres aparecieron.

El estudio encontró dos patrones principales. El género resultó ser el factor predictivo más relevante de la exposición a esos dominios. Las legisladoras tienen una probabilidad mucho mayor de aparecer en ellos que sus colegas hombres.

El segundo patrón afecta a la legislación. En los países con leyes explícitas contra este tipo de abuso, la probabilidad de que las legisladoras aparecieran en esos dominios fue significativamente menor. Una prohibición legal clara parece tener un efecto disuasorio.

La edad, la antigüedad en el cargo y el origen migratorio, en cambio, apenas influyeron en los resultados de este estudio concreto. Investigaciones anteriores sí habían vinculado esos factores con una mayor vulnerabilidad al abuso en línea. Los resultados completos se publicarán en formato académico a finales de 2026.

La conclusión que extrae Shultz es que quién resulta víctima de un deepfake no es aleatorio. Está estructurado por el género y condicionado por las políticas públicas de cada país.

Ese segundo hallazgo plantea un problema para la regulación europea de plataformas. La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea se apoya en la transparencia. Si las plataformas revelan cómo operan y qué contenido distribuyen, investigadores, reguladores y público pueden exigirles responsabilidades.

Pero esa transparencia solo funciona si la información declarada es honesta. Y según la investigación de ASP, no siempre lo es.

Esta organización colaboró el año pasado con el medio especializado Indicator para rastrear miles de anuncios de aplicaciones nudificadoras publicados en Facebook. Los anuncios habían rellenado los campos obligatorios de “beneficiario” y “pagador” —es decir, quién financia el anuncio— con información ficticia o no verificable.

Los campos de divulgación que exige la normativa europea existían, pero estaban simplemente rellenos con texto falso, a gran escala.

La investigación encontró una única excepción. En los anuncios dirigidos a países fuera de la Unión Europea, como Singapur y Taiwán, las anotaciones sí eran legítimas. La mayoría de beneficiarios y pagadores de esos anuncios tenían su sede en el sudeste asiático.

La misma herramienta de transparencia que exige la DSA se ha convertido, dentro de la Unión Europea, en un escondite. Para Shultz, eso indica dos escenarios posibles. O Meta permitió de forma deliberada ese incumplimiento, o las normas publicitarias de Singapur y Taiwán se aplican con más rigor.

La lección que extrae el investigador es que no se puede juzgar el comportamiento de las plataformas a partir de los datos que ellas mismas deciden entregar. Tampoco es posible calcular con precisión la magnitud real del problema mientras plataformas y proveedores de alojamiento web no colaboren.

La legislación no carece de efecto. Los datos internacionales recogidos por Shultz sugieren lo contrario, y varios gobiernos han empezado a actuar.

El proyecto de ley alemán contra la violencia digital prevé crear nuevos delitos penales para los deepfakes sexuales. El texto señala de forma explícita que las mujeres son el colectivo más afectado. El Reino Unido, por su parte, ha avanzado en la criminalización de la creación y difusión de este contenido.

En Estados Unidos, la Ley Take It Down obliga a las plataformas a retirar este tipo de contenido con rapidez. Son pasos reales, pero la mayor parte de ese andamiaje legal actúa después del daño. Castiga a quien crea una imagen concreta y elimina esa imagen concreta una vez publicada. 

Mientras tanto, nuevas aplicaciones de desnudos siguen apareciendo en las tiendas de aplicaciones y nuevos anuncios se siguen publicando. Y las imágenes retiradas reaparecen en otros lugares en cuestión de horas. Ni Meta ni la Unión Europea han resuelto el vacío legal en la divulgación de estos anuncios.

Shultz propone cuatro medidas a escala europea que irían más allá del actual régimen de transparencia de la DSA. La primera exige transparencia de fondo, no solo de forma. En lugar de permitir texto libre en los campos de divulgación, las plataformas deberían alojar únicamente anuncios de entidades comerciales reales y verificadas, con sede en los países a los que se dirigen.

La segunda aborda el problema en origen. Tiendas de aplicaciones, proveedores de alojamiento web y redes publicitarias deberían dejar de distribuir y monetizar herramientas cuyo propósito principal es el abuso, entre ellas las aplicaciones de intercambio de rostros.

La tercera redefine el marco del problema. Shultz la describe como una cuestión de integridad informativa e igualdad de género, y reclama financiación sostenida para la investigación, tanto académica como de la sociedad civil.

La cuarta exige unidad europea. Los 27 Estados miembros mantienen 27 regímenes distintos sobre la legalidad de la pornografía deepfake. Los datos del estudio muestran que las prohibiciones explícitas tienen un leve efecto disuasorio.

Como solución, Shultz plantea que las futuras revisiones de la DSA, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y el Reglamento de Inteligencia Artificial incorporen una política unificada a escala comunitaria. Que prohíba la pornografía deepfake no consensuada en los 27 países al mismo tiempo.

Hany Farid, catedrático en la Universidad de California en Berkeley y referencia mundial en análisis forense digital, ha dejado de fiarse de lo que ven sus propios ojos. Lo dijo en una entrevista publicada por The New York Times la semana pasada: “Siento que me estoy quedando ciego“.

Durante veinticinco años, Farid ha sido el hombre al que gobiernos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y policías acudían para saber si un vídeo era auténtico. En 2009 codesarrolló con Microsoft PhotoDNA, sistema que hoy usan la mayoría de las grandes plataformas contra el abuso infantil. Su investigación demostró que la mayoría de las personas ya no distinguen una foto real de una creación digital, ni una voz real de un clon. Y él mismo, en los últimos meses, ha empezado a dudar de sus propias pruebas.

Su caso no es una anécdota aislada, sino el síntoma de un problema que atraviesa ya redacciones, tribunales y aulas universitarias. Los vídeos falsos generados con inteligencia artificial, o deepfakes, se producen hoy más rápido de lo que cualquier experto puede analizar, y en algunos casos resultan indistinguibles incluso para quien lleva dos décadas detectándolos.

Algunos son recreaciones sexuales que buscan humillar o destruir a personas reales, sobre todo mujeres. Otros hacen creer que algo ha pasado sin que haya tenido lugar: un bombardeo, una agresión, un incendio. Muchos se amparan en el derecho a la sátira política —en España hemos visto vídeos falsos de partidos que, bajo el paraguas de la parodia, buscan destruir la reputación de sus adversarios— para justificar una difusión que enseguida escapa a su control.

El problema comienza cuando estos vídeos se despegan de su origen y se difunden como ciertos. Fabricar un deepfake con las herramientas actuales de IA generativa apenas exige unos minutos y casi ningún conocimiento especializado. Verificarlo con garantías exige, en cambio, horas de análisis fotograma a fotograma, comparación de sombras y geometría facial, y consulta a peritos; cada vez más a menudo no es posible llegar a una conclusión 100% segura. Y se multiplica cuando la producción de lo falso, por fácil, desborda la capacidad de análisis de quienes verifican.

Esa asimetría es la que describe Farid ante sus alumnos de Berkeley: cada imagen exige trazar líneas para las sombras y reconstruir la escena, un proceso que puede llevar un día entero. Mientras tanto, el contenido ya se ha viralizado: la vida media de una publicación viral, sostiene Farid, es de menos de noventa segundos. Cuando termina un análisis, confiesa con impotencia, el daño suele estar hecho y el montaje se ha asentado ya como realidad en la conversación pública.

Los ejemplos abundan. En vísperas de las primarias demócratas de New Hampshire, en enero de 2024, se difundió una oleada de llamadas automáticas con una voz clonada de Joe Biden, generada mediante IA, instando a los votantes a no acudir a las urnas y “guardar” su voto para noviembre. La maniobra buscaba desmovilizar a los demócratas.

En febrero de 2024, la consultora británica de ingeniería Arup sufrió la que se considera la mayor estafa con deepfake hasta la fecha: un empleado de su filial de Hong Kong transfirió unos 24 millones de euros tras una videoconferencia falsificada en la que los ciberdelincuentes sustituyeron a varios participantes, incluido el director financiero, por clones generados con IA imitados con tal precisión que descartó la ingeniería social.

El sector financiero enfrenta ya, según la publicación especializada en pagos virtuales Pymnts, una categoría nueva de fraude que combina vídeo falso, voz clonada e identidades sintéticas en un único perfil fabricado. Las cifras confirman la escala del problema: DeepStrike, firma de ciberseguridad, calcula que el volumen de deepfakes compartidos en redes sociales pasó de 500.000 en 2023 a unos 8 millones en 2025, un crecimiento anual cercano al 900%. La startup italiana identifAI, que ha analizado más de 10.000 incidentes desde 2020, registró 4 casos en enero de aquel año frente a 3.165 en marzo de 2026.

Las herramientas automáticas de detección, en las que Farid ha trabajado buena parte de su carrera, no resuelven el problema por sí solas: cada vez que su equipo avanza un paso, la tecnología de creación de vídeos falsos camina dos. Una guía de 2025 del Columbia Journalism Review advertía de que estos sistemas son útiles como apoyo, pero fallan en escenarios reales, quedan obsoletos con rapidez y generan tanto falsos positivos como negativos: tienen, en la práctica, escasa utilidad.

El filósofo de la información Don Fallis ya describió hace seis años el riesgo de una “infopocalipsis”: un escenario en el que dejamos de distinguir lo real de lo fabricado porque el vídeo, como soporte de prueba, deja de transmitir información fiable.

Farid ilustró el coste de esta lucha hace unos meses, cuando le llegó un vídeo viral que mostraba el impacto de un misil estadounidense sobre una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, con más de 150 muertos. Dedicó un día entero a examinar la trayectoria del proyectil, la física de la explosión y el retraso del sonido respecto a la imagen, y concluyó que no había pruebas de manipulación, veredicto que otro experto, de la Universidad de Buffalo, corroboró de forma independiente.

El caso de Minab prueba que el método de Farid funciona cuando se le dedica el tiempo necesario. Pero también que ese día completo de trabajo especializado es un lujo que ninguna plataforma social concede antes de que el contenido se viralice.

La escasez de certezas crea un efecto colateral que, desde 2019, gracias a los juristas Danielle Citron y Robert Chesney, conocemos como el dividendo del mentiroso: cuanto más sabe el público que los vídeos pueden fabricarse, más fácil resulta negar una prueba auténtica alegando que es un montaje. Si todos parecen mentir, el mentiroso queda a salvo.

Los abogados de Tesla argumentaron en 2023 que unas declaraciones de Elon Musk sobre la seguridad de la conducción autónoma de sus coches no debían admitirse como prueba, por poder ser un vídeo generado por IA. Ese mismo año, la defensa de Guy Reffitt, implicado en el asalto al Capitolio, intentó desacreditar unas grabaciones reales alegando lo mismo.

Tampoco es algo que pase solo en otros países. En España, el letrado que representaba a José Luis Ábalos en el caso Koldo, y después el de Santos Cerdán, intentaron cuestionar audios intervenidos planteando que podían estar manipulados mediante IA a partir de voces sintéticas.

Ante ese vacío, buena parte del debate público se desplaza hacia la alfabetización mediática: la formación de la ciudadanía para leer con criterio lo que consume en redes.

Pero su efecto práctico no está claro. Una investigación de la revista Online Information Review encontró correlación entre mayor alfabetización informativa y menor propensión a compartir contenidos falsos generados con IA. El MIT, en cambio, ha demostrado que aunque la alfabetización digital se asocia con mejor juicio sobre qué es verdadero o falso, no reduce la tendencia a compartir información falsa: saber detectar un bulo no implica dejar de difundirlo.

El estudio Limitaciones de la alfabetización mediática contra la desinformación en la era digital, de la Universidad Complutense (UCM), concluye que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico son herramientas insuficientes frente a la desinformación, por sobredimensionarse como solución individual a lo que en realidad es un problema con causas estructurales en el ecosistema mediático y las plataformas digitales. Sus autores advierten de un “solucionismo” que desplaza el foco desde la regulación y los incentivos económicos hacia la responsabilidad del usuario, y reclaman políticas públicas que integren la alfabetización mediática en una reforma más amplia del sistema informativo.

Hay consenso en que la alfabetización mediática ayuda, pero no basta por sí sola. Enseña a desconfiar y a preguntar, aunque no da a un ciudadano sin formación técnica herramienta alguna para analizar sombras y geometría facial con el rigor que exige Farid en sus peritajes. La formación reduce el contagio, no sustituye la verificación experta.

Hay además un riesgo señalado por el filósofo Taylor Matthews en un trabajo de Cambridge University Press: los deepfakes pueden empujar a parte de la ciudadanía hacia el cinismo intelectual, la actitud de dar por sospechoso cualquier contenido y renunciar a discriminar entre fuentes, tan dañino para el debate público como creerse cualquier vídeo sin comprobación.

La Unesco ha entrado también en este debate, alertando contra el solucionismo tecnológico: la idea de que un filtro o una aplicación resolverá por sí sola un problema social e institucional. La formación ciudadana forma parte de la respuesta, pero necesita apoyarse en referentes que hagan el trabajo de comprobación que un usuario individual no puede hacer solo.

Ese hueco es el que, según los principales actores del mundo de la comunicación, solo puede ocupar el periodismo profesional. Un análisis de la Brookings Institution —think tank estadounidense de referencia en políticas públicas y gobernanza— sostiene que la industria informativa debe apostar por un periodismo de calidad que construya confianza pública y desmienta los bulos sin darles altavoz.

La diferencia es la que separa un vídeo anónimo reenviado por mensajería de una pieza firmada por una redacción que ha contrastado fuentes, consultado a peritos y explicado qué se sabe y qué no. Esa trazabilidad es lo que ningún vídeo viral ofrece, y es lo único que ninguna IA ha conseguido automatizar.

Si ni la tecnología ni la formación individual bastan por separado, la responsabilidad se reparte entre varios actores. Para el lector, la literatura académica coincide en algo concreto: no debe dejar de compartir información, sino frenar el impulso de hacerlo antes de comprobar de dónde procede.

Ese freno tiene tres pasos recurrentes en las guías académicas: esperar a que un medio con procesos de verificación conocidos confirme o desmienta un contenido dudoso antes de reenviarlo; priorizar, entre las fuentes que se siguen, a las que explican cómo comprueban lo que publican; y sostener con dinero esos medios, porque la verificación que sustituye al ojo humano tiene un coste que alguien debe asumir.

La Brookings Institution recuerda que un periodismo capaz de desmentir bulos sin amplificarlos exige redacciones con recursos, y esos recursos dependen de modelos de negocio que no premien solo la velocidad de publicación.

Hace un mes, el editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, reivindicó en el Congreso Mundial de Periódicos, en Marsella (Francia), el papel del periodismo como prescriptor de la verdad frente a la desinformación. Lo resumió así: “Los hechos importantes que la gente conoce provienen, en última instancia, de la información original de la prensa”. Por eso, “para sobrevivir en un mundo mediado por la IA”, hace falta “un periodismo diferenciado que los lectores busquen intencionalmente”. “El periodismo tiene valor”, subrayó, siempre y cuando los medios sean “una alternativa confiable en medio de esta confusión” digital “repleta de bots y contenido de baja calidad”.

“Cada vez es más difícil saber qué es verdad y de dónde proviene la información. Si bien es problemático que la gente crea en falsedades, es aún más peligroso cuando dejan de creer en la verdad”, subrayó.

Hany Farid ha llegado a plantearse abandonar su trabajo como verificador. Él y su mujer consideran trasladarse a una granja en Vermont, al otro extremo del país, lejos de una industria a la que acusan de anteponer el beneficio a cualquier freno sobre sus propias herramientas.

Si el hombre que inventó buena parte de los sistemas de detección está en ese punto, eso significa que la solución no vendrá de la tecnología, ni tampoco de la vigilancia individual de cada usuario.

La única respuesta viable apunta a una intersección entre las audiencias que distinguen entre fuentes fiables y contenido sin verificar y los medios que documentan su proceso de comprobación, porque retienen más confianza que quienes compiten solo por publicar primero.

La desigualdad en el periodismo español sigue siendo una de las paradojas más agudas del mercado laboral contemporáneo: una profesión feminizada masivamente desde hace años en sus bases y en las aulas, pero que mantiene una estructura de mando rígidamente masculina en sus niveles de decisión.

A pesar de que las mujeres representan desde hace tiempo la mayoría de los graduados y una parte esencial de las redacciones, su acceso a los puestos de alta dirección no solo se ha estancado, sino que los datos más recientes de 2025 sugieren un preocupante retroceso estructural.

El año 2025 marcó un punto de inflexión negativo para el liderazgo femenino en la prensa de referencia en España. Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el número de mujeres ha descendido.

Este retroceso se ha hecho patente en cabeceras con mucha visibilidad. En junio de 2025, el diario El País relevó a Pepa Bueno —quien dirigía el medio desde 2021— para nombrar a Jan Martínez Ahrens. Casi simultáneamente, en la prensa económica, Amanda Mars fue sustituida al frente del económico Cinco Días por Ricardo de Querol. Estos movimientos han provocado “una descapitalización del liderazgo femenino en los nodos de decisión estratégica del Grupo Prisa”, según la APM, devolviendo estos puestos a perfiles masculinos y restableciendo pautas históricas de mando.

Actualmente, el panorama en las grandes cabeceras impresas es desolador para la paridad. De las 15 principales cabeceras de prensa en España, según el Estudio General de Medios (EGM), solo el diario económico Expansión, controlado por el grupo italiano que también posee El Mundo, cuenta con una directora, Ana Isabel Pereda, nombrada en 2010.

Al margen de eso, solo hay cuatro excepciones en papel, las dos primeras del grupo Editorial Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll. Se trata de Gemma Martínez, quien acaba de asumir la dirección del catalán El Periódico, y de Isabel Morillo, al frente de El Correo de Andalucía desde enero de 2024. A las que hay que sumar otras dos, también de ámbito local y regional: Esther Vera en el diario Ara y Teresa Cobo en La Rioja, del grupo Vocento.

Si incluimos en el análisis las cabeceras digitales, hay pocas excepciones. La primera entre los generalistas es infoLibre, dirigido por una mujer: Virginia P. Alonso asumió el cargo en marzo de 2025, después de liderar la redacción de publico.es, un caso único en el periodismo español. La segunda es el huffingtonpost.es, la versión del digital estadounidense propiedad del grupo Prisa, al frente de la cual está Laura Riestra desde junio de 2025.

La fotografía más reciente de la cúpula de los medios de prensa en España la ofrece un mapa elaborado con datos actualizados a marzo de 2026 por otra excepción: lamarea.com , dirigido desde 2015 por la periodista Magda Bandera. El resultado es contundente: 64 de los 219 directivos de los principales medios impresos y digitales del país son mujeres. Menos de tres de cada diez.

Los números se vuelven más elocuentes cuando se bajan al detalle. En El País, la dirección tiene 4 mujeres de 14 puestos directivos en los niveles analizados. En El Mundo, 3 de 11. En La Vanguardia, 4 de 14. En Abc, 1 de 9. En los consejos de administración y presidencias la proporción empeora: en varios de los grandes grupos, la cifra es de una mujer sobre cinco, cuatro u ocho hombres.

Entre los medios digitales el panorama es algo menos uniforme. eldiario.es, infoLibre o publico.es presentan mayor presencia femenina en sus estructuras que las cabeceras impresas tradicionales. Pero incluso allí la paridad no es la norma.

Las facultades de comunicación llevan años con un desequilibrio llamativo: entre el 70% y el 80% del alumnado son mujeres, y sus notas medias superan a las de los hombres —6,83 frente a 6,64, según estudios de caso. La cantera es femenina. El problema está en lo que ocurre después.

En las redacciones, las mujeres representan más del 52% del personal contratado. Son la base operativa de las empresas informativas. Pero a medida que se asciende en la jerarquía, esa mayoría se evapora. Y fuera del mercado laboral, el paro también se ceba con ellas: el 62% de los periodistas desempleados que buscan empleo como primera opción son mujeres, frente al 38% de hombres, según datos del SEPE.

La literatura académica sobre el tema ha ido abandonando la metáfora del techo de cristal —la barrera final y visible— para sustituirla por imágenes más precisas. Como la formulada en 2007 por Alice H. Eagly y Linda E. Carli, investigadoras de Northwestern y Wellesley College respectivamente. La imagen que propusieron es la del laberinto: no hay un muro al final de la carrera, sino obstáculos distribuidos a lo largo de toda la vida laboral. Entre ellos, los prejuicios sobre la autoridad femenina y la exclusión de las redes informales donde se deciden ascensos y mentorías, espacios de socialización masculinos a los que las mujeres raramente acceden. Un recorrido de obstáculos continuos —prejuicios en la promoción, resistencia cultural al liderazgo femenino, cargas familiares desiguales— que se acumulan a lo largo de toda la vida laboral.

La transición digital no ha roto la desigualdad. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados.

La tecnología ha añadido un tramo más al recorrido. En las escuelas de ingeniería, las mujeres representan el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

A las barreras verticales se suman las horizontales. Las mujeres son empujadas hacia secciones consideradas blandas —sociedad, cultura, consumo— mientras que los espacios con más peso simbólico y proyección pública —política, economía, opinión— siguen dominados por hombres. En las páginas de opinión, la cifra es elocuente, igual que en las tertulias y en la presentación de espacios informativos y de actualidad.

Resulta revelador contrastar la situación de los medios convencionales con el sector de la comunicación corporativa e institucional, que tradicionalmente ha funcionado como un entorno más igualitario. Hasta hace poco, la representación femenina en puestos directivos de departamentos de comunicación era significativamente superior a la de las redacciones, llegando a alcanzar el 65%.

Sin embargo, incluso este refugio profesional está mostrando signos de fatiga en términos de igualdad. Los datos de 2024 indican que la mujer ha perdido presencia en estos cargos directivos, cayendo del 65% al 52% en apenas un año. Este dato refuerza la tesis de que el techo de cristal no es un problema que el tiempo solucione por sí solo, sino que requiere cambios estructurales profundos en la cultura organizacional.

La desigualdad no se detiene en los organigramas. Afecta también a las condiciones materiales del trabajo. En estudios regionales se ha detectado que las periodistas cobran hasta 6.000 euros menos al año que sus compañeros varones, una brecha que se abre en una profesión donde la precariedad ya es norma compartida.

Las jornadas tampoco ayudan. El 56% de los periodistas trabaja más de 40 horas semanales, y una parte significativa supera las 45. Esa disponibilidad permanente es difícilmente compatible con una distribución desigual de las cargas domésticas, que en España sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

El desgaste tiene consecuencias medibles. Alrededor del 66% de los profesionales afirma sufrir problemas de salud mental relacionados con la precariedad y la presión laboral. Para las mujeres, esa presión tiene una capa adicional: la exigencia de demostrar de forma continua una competencia que a sus compañeros varones se les presupone.

La transición digital no ha paliado el problema. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados. En las escuelas de ingeniería, las mujeres siguen siendo minoritarias: representan, por ejemplo, el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

La ausencia de mujeres en esos equipos técnicos tiene consecuencias concretas, según los expertos. Los sistemas de IA tienden a replicar los prejuicios presentes en los datos con los que son entrenados, lo que genera un sesgo de género algorítmico que se cuela en herramientas que afectan a la selección de contenidos, la distribución de la audiencia y la visibilidad de las firmas.

El entorno digital ha traído además nuevas formas de violencia. Las periodistas sufren de manera desproporcionada campañas de acoso en línea y discursos de odio, que actúan como mecanismo de silenciamiento en la esfera pública digital.

La conclusión es que el tiempo y la formación superior de las mujeres están lejos de ser capaces de derribar las barreras de género en el periodismo español. Las facultades siguen graduando a una mayoría de mujeres, y los despachos de dirección siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres.

Para subvertir esa inercia, expertas en igualdad como Marta Ortiz y Mª Angustias Bertomeu proponen estrategias que van desde la implantación de cuotas y medidas de acción positiva en los consejos de administración hasta un pacto de reconocimiento entre las propias profesionales para visibilizar genealogías femeninas y fomentar el liderazgo. Sin una transformación de la cultura masculina de las empresas periodísticas, el periodismo seguirá siendo una profesión escrita mayoritariamente por mujeres que sigue siendo pensada y dirigida por hombres.

Las condiciones básicas para que el periodismo pueda ejercerse con libertad han empeorado en España durante el último ejercicio. El ámbito de la protección fundamental del periodismo ha pasado de riesgo medio-bajo a riesgo medio-alto entre 2025 y 2026, según la última edición del Media Pluralism Monitor (MPM), el informe con el que la Unión Europea mide cada año los riesgos para el pluralismo de los medios de comunicación en sus Estados miembros.

Esta área evalúa concretamente cuatro cosas: que haya salvaguardias legales eficaces para la libertad de expresión, que exista el derecho a buscar y difundir información veraz, que las condiciones para ejercer el periodismo sean favorables y que la autoridad reguladora de los medios sea independiente y eficaz. Se descompone a su vez en cinco indicadores: protección de la libertad de expresión, protección de la integridad de la información, protección del derecho a la información, profesión periodística (estándares y protección), e independencia y efectividad de la autoridad mediática.

El informe, publicado este lunes, evalúa el ejercicio 2025. Lo elabora un equipo de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, coordinado por Jaume Suau Martínez, bajo la supervisión del Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo, de referencia para las instituciones europeas.

El documento atribuye el deterioro en el área de la protección fundamental al proyecto de ley del Gobierno para la gobernanza de los servicios digitales, al entender que permitiría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenar la retirada de contenidos en internet. Hasta ahora, esa potestad corresponde solo a los tribunales. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 estableció que únicamente un juez puede autorizar el bloqueo o la retirada de contenidos digitales. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información advirtió de que trasladar esa facultad a un organismo administrativo elude las garantías procesales de la vía judicial. 

En realidad, lo que persigue ese proyecto de ley no es que la CNMC pueda retirar contenidos, sino que, en consonancia con la ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act, por su nombre oficial en inglés), pueda actuar como autoridad supervisora del marco digital, no como un censor general de contenidos. La retirada, en el esquema europeo, suele depender del tipo de contenido, del prestador de servicios y de los procedimientos de notificación, con obligaciones y garantías distintas para cada caso.

El indicador de integridad de la información subió hasta riesgo alto por el mismo motivo. El resto de variables del área, como la protección del derecho a la información o las condiciones de la profesión periodística, se mantuvieron en los mismos niveles que el año anterior.

Entretanto, reprocha el informe, la difamación (injurias, calumnias y delitos contra el honor) continúa siendo un acto delictivo penal en España. Los artículos 205 y 208 del Código Penal que prevén penas de hasta dos años de prisión siguen en vigor.

El país carece todavía de una legislación específica contra las demandas estratégicas destinadas a silenciar a periodistas, conocidas como SLAPP. Y eso a pesar de que un estudio de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo situó a España en segundo lugar de la Unión Europea por número de casos SLAPP entre 2022 y 2023, con el 17% del total registrado en el bloque.

Es verdad que el Gobierno prevé trasponer la directiva europea contra estas demandas, como prometió en el Plan de Acción por la Democracia de 2025, pero diferentes asociaciones consideran insuficiente esa iniciativa si, como parece, se limitará a cubrir únicamente los casos transfronterizos.

El MPM se hace eco del informe anual de la Asociación de la Prensa de Madrid de 2025, que sitúa la precariedad laboral como el principal problema estructural de la profesión. Un 45% de los periodistas encuestados gana menos de 2.000 euros mensuales. 

Y otro 70% declara además un deterioro de su salud mental. La plataforma Mapping Media Freedom registró diez agresiones físicas y 19 casos de agresión verbal contra periodistas españoles durante 2025.

La pluralidad del mercado sigue siendo, en términos absolutos, el ámbito con más riesgo del sistema mediático español, según este Monitor. Su calificación pasó de riesgo alto a riesgo medio-alto, aunque el cambio responde sobre todo a una revisión metodológica.

El indicador de transparencia en la propiedad de los medios incorpora ahora los requisitos del artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Por eso, el dato de este año no es estrictamente comparable con el de informes anteriores.

El EMFA entró en vigor en toda Europa el 8 de agosto de 2025. Pero la norma que debía adaptar la legislación española a sus exigencias, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, sigue sin aprobación parlamentaria. Mientras no entre en vigor, no hay nadie que supervise el cumplimiento de las reglas de transparencia sobre la propiedad ni los conflictos de intereses de los medios.

A su vez, el indicador de concentración de la propiedad y de audiencias empeoró hasta situarse en riesgo muy alto. Los niveles de concentración se mantuvieron por encima del 75% en televisión, radio y prensa escrita durante 2025.

Y el de independencia política de los medios del MPM empeoró también hasta riesgo medio-alto. España continúa sin una norma específica que impida a actores políticos poseer o controlar medios de comunicación, según recoge el informe.

La gobernanza de RTVE concentra buena parte de las preocupaciones del área después de que el Consejo de Informativos de la corporación denunciase en septiembre de 2025 que no había sido consultado sobre varios nombramientos directivos, pese a que el Estatuto de Información obliga a esa consulta.

El informe también se hace eco de que, en diciembre de 2025, representantes de los comités de empresa de doce radiotelevisiones autonómicas trasladaron al Congreso sus quejas por la interferencia política en las redacciones. Agrupados en la Plataforma RTVs Públicas en Lucha, también denunciaron procesos de privatización en sus respectivas cadenas.

El Mandato Marco de RTVE sigue sin actualizarse desde hace más de quince años. Su aprobación requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios que el Congreso no ha logrado reunir.

Por su parte, la igualdad de género en los medios de comunicación se mantuvo en riesgo alto. Las mujeres ocupan únicamente el 6% de los puestos de dirección editorial en los principales medios informativos españoles.

En el sector audiovisual privado, la presencia femenina en consejos de administración y cargos ejecutivos no llega al 20%. En los medios regionales, la proporción de mujeres en la dirección editorial alcanza el 37%.

El Global Media Monitoring Project registró en su edición de 2025 que las mujeres aparecen como expertas o comentaristas solo en el 32% de las informaciones. La puntuación de España en el índice GEM-I, que mide la brecha de género en los contenidos informativos, empeoró de -27.235 puntos en 2020 a -35.639 puntos en 2025.

La diversidad cultural y lingüística en los medios también se mantuvo en riesgo alto. El Gobierno español no reconoce oficialmente la existencia de minorías nacionales, lo que el informe vincula a la ausencia de un marco legal que garantice la representación de comunidades como la población gitana.

Los disturbios de Torre-Pacheco, en julio de 2025, pusieron a prueba el sistema de detección de discurso de odio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Su herramienta FARO detectó 138.204 contenidos potencialmente constitutivos de discurso de odio durante el episodio.

El MPM recuerda que solo se retiró el 22% de esos contenidos mientras duraron los disturbios. Tras la presión de la ministra de Inclusión y la creación de grupos de trabajo con las plataformas digitales, la tasa de retirada subió del 45% en el tercer trimestre de 2025 al 51% en noviembre.

Los medios comunitarios, reconocidos legalmente desde 2010, continúan sin acceso garantizado al espectro radioeléctrico. El informe contabiliza menos de cien emisoras de radio comunitaria en España, ninguna de ellas formalmente autorizada.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exigió este lunes al Gobierno y a los grupos parlamentarios que apliquen de forma inmediata dos normas europeas de protección del periodismo que España lleva meses incumpliendo. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios  (EMFA, por sus siglas en inglés) en vigor desde agosto de 2025, sigue sin ser de aplicación en su totalidad ante la falta de adaptación de las normas afectadas en España. Y la implementación en nuestro país de la directiva anti-SLAPP, que protege a periodistas y activistas frente a demandas judiciales diseñadas para silenciarlos, que tenía como fecha límite de transposición el 7 de mayo de 2026 y que tampoco se ha hecho realidad.

La denuncia, aprobada por la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP reunida este fin de semana, llega en un momento de especial tensión en el sector audiovisual público español. El caso que ha actuado como detonante es el de Andalucía Digital Multimedia (ADM), productora semipública participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía a través de Sandetel, que produce el programa Andalucía Directo para Canal Sur y cuyo consejero delegado, Gustavo Fuentes, está siendo investigado judicialmente por presunto acoso y agresión sexual a una exempleada.

ADM acumula desde hace años una controversia que va más allá del caso judicial contra su CEO. Sindicatos y trabajadores llevan tiempo denunciando que la empresa opera como una suerte de “marca blanca” de Canal Sur: produce contenidos para la televisión pública andaluza con condiciones laborales muy inferiores a las que tendrían los empleados directos de RTVA. La empresa no cuenta con convenio de empresa propio ni con plan de igualdad, según las denuncias sindicales, y ha sido señalada por sustituir trabajadores por becarios y por prácticas de cesión ilegal de mano de obra.

Su estructura societaria, ligada a la Junta de Andalucía, a Sandetel y a socios privados, la convierte en un ejemplo de hibridación público-privada que la FeSP considera especialmente grave. “La impunidad de las prácticas de acoso y abuso es el resultado directo de un modelo de subcontratación pública que prioriza el ahorro de costes sobre la dignidad de los profesionales” señala la federación en su comunicado.

Para la FeSP, el caso ADM no es una excepción, sino “el exponente de una precariedad laboral que es la tónica dominante en el sector audiovisual español”. La organización alerta de que la externalización creciente de tareas de las radiotelevisiones públicas a productoras privadas sin convenio ni planes de igualdad se está convirtiendo en “un pozo oscuro de precariedad y desregulación”. Y llama a los trabajadores del sector a responder con organización sindical y a exigir que ninguna administración pública financie a empresas que vulneren derechos fundamentales.

El trasfondo legal que la FeSP sitúa detrás de este modelo de precariedad es el vacío normativo que deja el incumplimiento de las dos directivas europeas. La EMFA establece garantías de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección frente a las interferencias políticas en las radiotelevisiones públicas. La directiva anti-SLAPP, por su parte, busca blindar a periodistas, activistas y ciudadanos frente a las demandas judiciales abusivas que empresas o poderes políticos utilizan para agotar económicamente a quienes les investigan o denuncian.

La federación pide al Gobierno y al Parlamento que actúen “de inmediato” para implementar ambas normas y que no las conviertan “en un argumento más de confrontación política”. En su comunicado subraya que se trata de disposiciones “imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia” y que su aplicación viene exigida tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Constitución española.

Presiones en IB3 y huelga en la radiotelevisión catalana

La FeSP amplía su denuncia a otras radiotelevisiones públicas. Señala a IB3, la televisión autonómica balear, como escenario reciente de presiones políticas y manipulación informativa “de manera muy grave”. Y expresa su apoyo a la huelga convocada en TV3 y Catalunya Ràdio, exigiendo al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que atienda las reivindicaciones de los comités de empresa de ambas cadenas.

El comunicado de la FeSP incluye también dos pronunciamientos internacionales. La federación celebra la liberación de Alicia Armesto Núñez y otras nueve personas detenidas en Libia cuando formaban parte de una delegación humanitaria con ayuda para Gaza, y agradece a las autoridades españolas sus gestiones. Al mismo tiempo, denuncia “las malas prácticas empleadas por quienes bloquean acciones de solidaridad” con la población de Gaza.

La organización expresa además su solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela y reclama a las autoridades venezolanas que permitan el acceso de los periodistas a las zonas afectadas para informar con las garantías de seguridad necesarias.

43 de cada 100 personas que participaron en las tertulias de los principales programas informativos y de actualidad de televisión y radio en España la semana pasada fueron mujeres. El dato corresponde a un análisis de los 26 programas más relevantes de RTVE, Atresmedia, Mediaset, Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE realizado por infoLibre del lunes 15 al viernes 19 de junio. La paridad, fijada en el 50%, quedó por debajo en el conjunto del sistema. En televisión, la presencia femenina alcanzó el 44%; en radio, el 42%.

Los datos proceden del recuento de las personas que aparecieron en los bloques de tertulia de cada programa. No se han contabilizado los presentadores ni las presentadoras, sino únicamente los invitados externos y los colaboradores fijos de tertulia.

La Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 establecen la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los medios. La segunda, que incorpora la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual, obliga específicamente a los prestadores de servicio público a garantizar esa representación. Ninguna norma fija un porcentaje mínimo vinculante para las tertulias. Pero el umbral del 50% funciona como referencia habitual en los informes de seguimiento.

El análisis de la semana pasada revela que diez de los 26 programas no alcanzaron el 40% de presencia femenina. Cuatro no llegaron al 30%.

Y ahora Sonsoles, de Antena 3, fue el espacio con mayor proporción de mujeres en sus tertulias: un 72%. En cinco días de emisión, el programa presentado por Sonsoles Ónega invitó a 18 mujeres y siete hombres. El jueves, la tertulia fue íntegramente femenina. El miércoles fue el único día en que los hombres superaron a las mujeres, con tres frente a dos. Se trata de un programa que mezcla actualidad social, política y contenidos de entretenimiento.

Las Tardes de RNE, conducido por David Cantero y Marta Solano, ocupó el segundo lugar con un 71% de presencia femenina en sus tertulias.

La Tarde de la COPE, con Pilar García Muñiz, alcanzó el 60%. En este caso, la muestra es pequeña —dos invitados por día como norma— pero la distribución fue consistente: cuatro días con más mujeres que hombres y uno en empate.

En boca de todos, de Cuatro, con Nacho Abad, fue el programa de actualidad con mayor paridad real de los analizados: 56% de mujeres —22 frente a 17 hombres a lo largo de la semana—. Lo relevante es que la proporción se mantuvo estable los cinco días: en ninguno de ellos los hombres superaron a las mujeres en más de uno.

La Hora de la 1, de RTVE, con Silvia Intxaurrondo —que esta semana estuvo ausente—, superó el umbral con un 54%: 22 mujeres frente a 19 hombres. El martes fue el mejor día, con seis mujeres y cuatro hombres. El lunes fue el peor, con tres mujeres y seis hombres.

Malas Lenguas, de RTVE, con Jesús Cintora, alcanzó el 50% exacto: 15 mujeres y 15 hombres. Todo es Mentira, de Cuatro, también llegó al 50%. El Tiempo Justo, de Telecinco, y Por Fin, el programa vespertino de Onda Cero, se situaron igualmente en el 50%. Vamos a Ver, también de Telecinco, se quedó muy cerca con un 44%: ocho mujeres y 10 hombres en la semana.

Cuatro programas de televisión se quedaron en la franja entre el 40% y el 49%, demasiado cerca de la paridad para sumarse al bloque de los que no cumplieron, pero sin alcanzarla.

Espejo Público, de Antena 3, con Susanna Griso, y Más Vale Tarde, de La Sexta, con Cristina Pardo e Iñaki López (la primera acaba de dejar el espacio para preparar un nuevo proyecto en Antena 3), se situaron ambos en el 45%. En los dos casos, la semana presentó días muy desiguales: Espejo Público tuvo el viernes una sola mujer entre diez tertulianos, pero el martes invirtió la proporción con seis mujeres y tres hombres. Más Vale Tarde siguió un patrón parecido: lunes con una mujer y tres hombres, miércoles y martes con mayoría femenina.

Mañaneros 360, de La 1, con Adela González y Javier Ruiz, y La Noche en 24h, de RTVE, con Xabier Fortes, alcanzaron el 46% y el 44% respectivamente. En Mañaneros la distribución fue estable, con dos o tres mujeres por día. La Noche en 24h trabaja con grupos más pequeños y la presencia femenina osciló entre una y dos personas según el día.

La Brújula, el nocturno de Onda Cero, fue el programa con menor presencia femenina de todos los analizados: un 20%. En una semana completa, el espacio presentado por Rafa Latorre, que a partir de septiembre estará al frente de Más de uno, tuvo cuatro mujeres como tertulianas frente a 16 hombres. El miércoles no hubo ninguna mujer entre los invitados a la tertulia.

Horizonte, el espacio ultraconservador de Cuatro, con Iker Jiménez y Carmen Porter, registró el segundo peor dato: 24%. Ocho mujeres frente a 26 hombres en cinco días. El jueves fue el día más extremo: tres mujeres y nueve hombres. El programa combina política con contenidos de corte conspirativo y su modelo de tertulia tiende a reunir grupos numerosos con predominio masculino.

La Linterna, el programa de la noche de la COPE, con Ángel Expósito, se quedó en el 25% de presencia femenina. El miércoles y el martes, sin ninguna mujer.

Herrera en la COPE anotó un 29%. Carlos Herrera organiza su tertulia en bloques de tres personas y solo en uno de los cinco analizados hubo más de una mujer. El miércoles no tuvo ninguna.

Directo al Grano, de RTVE, con Marta Flich y Gonzalo Miró, llegó al 38%. El viernes fue el día más desequilibrado: tres mujeres frente a siete hombres. El jueves, en cambio, fue el único con paridad.

El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, se quedó en el 37%: 10 mujeres y 17 hombres en la semana. El lunes fue el día de mayor desequilibrio: una mujer frente a tres hombres.

Al Rojo Vivo, de La Sexta, con Antonio García Ferreras, registró un 39% de presencia femenina: 21 mujeres frente a 33 hombres. Es el programa de mayor volumen de tertulianos de los analizados, con invitados que se van dando el relevo hasta alcanzar entre ocho y 12 personas por día. Ese volumen amplía la brecha en términos absolutos.

La radio acumula los datos más bajos. De los ocho programas radiofónicos analizados, solo La Tarde de la COPE y Las Tardes de RNE superaron el 50%. El resto quedó por debajo, con La Brújula y La Linterna en los puestos más bajos.

Hoy por Hoy (SER) y Hora 25 (SER) se situaron en el 47% y el 46% respectivamente, los datos más cercanos a la paridad entre los programas de radio. Más de Uno, de Onda Cero, llegó al 42%. La única colaboradora fija presente los cinco días fue Marta García Aller, que a partir de septiembre se hará cargo de La Brújula. Las Mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas, alcanzó el 40%. Por debajo ya se situó 24 Horas de RNE, con Rosa María Molló, que registró un 39%: siete mujeres frente a 11 hombres en la semana, con el jueves sin ninguna mujer en la tertulia.

La televisión, en conjunto, ofreció la semana pasada un panorama algo más equilibrado. Pero la diferencia entre cadenas es grande. RTVE, considerando todos sus programas analizados, superó el 48% de media. Mediaset alcanzó el 47% de presencia femenina agregando los cinco programas analizados —El Programa de AR, Vamos a Ver, El Tiempo Justo, En boca de todos y Horizonte—, aunque con una dispersión muy amplia entre ellos: Horizonte está en el 24% y En boca de todos en el 56%. Atresmedia presentó la mayor asimetría interna: mientras Y ahora Sonsoles superaba el 70%, Al Rojo Vivo no llegó al 40%.

El análisis de las apariciones individuales ofrece un contrapunto a los porcentajes globales. Aunque en conjunto hay más hombres que mujeres en las tertulias, entre quienes más repiten durante la semana predominan ellas. De las nueve personas que más veces aparecieron —con cinco o más intervenciones en distintos programas—, seis son mujeres: Ainhoa Martínez (Abc), Pilar Velasco, Marta García Aller (Onda Cero), Paloma Esteban (Abc), Cristina de la Hoz (elindependiente.com) y Ketty Garat (theobjective.com). Los tres hombres del grupo son Eduardo Inda (okdiario.com), Rubén Amón (elconfidencial.com) y Antonio Naranjo (eldebate.com).

El dato es aún más claro cuando se mide el posicionamiento en diferentes medios y espacios: las ocho personas que aparecen en más programas distintos durante la semana son todas mujeres. Ainhoa Martínez encabeza ese ranking con presencia en seis espacios diferentes —Al Rojo Vivo, Espejo Público, La Brújula, La Noche en 24h, Más Vale Tarde y Más de Uno—. Le siguen Pilar Velasco y Marta Nebot —ambas sin adscripción a un medio concreto—, presentes en cinco programas distintos cada una. Paloma Esteban, Cristina de la Hoz, Ketty Garat, Ana Pardo de Vera (publico.es) y Ángela Martialay (El Mundo) aparecen en cuatro programas diferentes. El primer hombre en este ranking llega empatado con ellas en cuatro programas.

Los números apuntan, por tanto, a una asimetría en la variedad de voces. A lo largo de la semana, infoLibre identificó 185 hombres distintos frente a 132 mujeres distintas. La diferencia no se explica solo por el mayor volumen de intervenciones masculinas: el sistema convoca a un elenco más amplio de tertulianos hombres, mientras que el grupo de mujeres que circula por los distintos espacios es más reducido y más concentrado.

El recuento de presencia no mide otros factores relevantes para evaluar la representación real de las mujeres en las tertulias. No contabiliza el tiempo de palabra por persona, la frecuencia de interrupciones, ni el tipo de temas sobre los que se les pregunta. Tampoco distingue entre colaboradoras fijas e invitadas puntuales.

Los estudios disponibles sugieren que contar sillas no basta. Un análisis de los programas de infoentretenimiento político —La hora de La 1, La mirada crítica y Al rojo vivo— correspondiente a la temporada 2023/24 sitúa la presencia femenina global en el 39,7%, una cifra que mejora los registros de estudios anteriores pero que encubre una desigualdad funcional: las mujeres ocupan el 63,2% de los roles de relatora, aquellos que contextualizan la información sin emitir opinión propia. El rol de experta, el que otorga autoridad en el debate, está en manos de mujeres solo en el 8,5% de los casos.

El libro Tertulianos, publicado en 2025, ofrece otro ángulo. Entre los 53 tertulianos más frecuentes de la quincena analizada —aquellos que aparecen más de dos veces por semana—, solo 18 son mujeres, lo que representa el 34%. El núcleo duro del sistema es más masculino que la media.

Un informe de 2025 del CAC —el Consell de l'Audiovisual de Catalunya— sitúa en esta comunidad la presencia femenina entre los tertulianos más reclamados en torno al 30%, y concluye que la representación global en la programación se ha estancado alrededor del 40%, sin avanzar hacia la paridad desde hace varios años.

Lo que sí permite el recuento semanal es establecer una línea base propia, actualizada y desagregada por programa. Esa línea sitúa al conjunto del sistema mediático español siete puntos por debajo de la paridad. En televisión, seis puntos. En radio, ocho.

Por primera vez en la historia de la democracia española, el Gobierno central ha publicado un informe de publicidad institucional que desglosa, medio a medio y campaña a campaña, cuánto dinero público fue a parar a cada cabecera, cada emisora de radio, cada canal de televisión o cada plataforma digital durante el ejercicio 2025. El documento, elaborado por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación, supera así en detalle todo lo publicado en los veinte años anteriores.

De momento, sin embargo, el informe no es completo, porque no desglosa la distribución de la llamada publicidad comercial —la ley actual no lo exige—, que depende de entidades como Renfe, Aena o Loterías del Estado y que, en conjunto, superó los 84 millones en 2025. 

El detonante es externo. Desde el 8 de agosto de 2025 es de obligado cumplimiento el  Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, conocido como EMFA, por sus siglas en inglés. Su artículo 25.2 obliga a todas las autoridades y entidades públicas a hacer pública anualmente, en formato electrónico, la distribución de su gasto en publicidad estatal. La información debe incluir las denominaciones legales de cada prestador de servicios de comunicación que haya recibido dinero, el grupo empresarial al que pertenece y el importe total y desglosado. El informe de 2025 es la primera respuesta española a esa obligación.

El Gobierno ha decidido no esperar a la modificación de la norma que regula esta materia para dejarla adaptada al reglamento europeo. La Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional sigue por tanto vigente, pendiente de que el Ejecutivo remita su reforma al Congreso de los Diputados. Pero el EMFA es de obligado cumplimiento y el Ejecutivo ha decidido cumplirlo, a diferencia de las comunidades autónomas, que siguen ocultando el reparto de su publicidad institucional.

La inversión total del Gobierno en 2025 ascendió a 88.078.848 euros, frente a los 70.430.604 euros del año anterior. El incremento es del 25,06%. El número de campañas también creció, de 108 a 120, un 11,11% más. De ellas, 26 superaron el millón de euros y concentraron el 86,15% de todo el gasto.

El soporte que lidera la inversión es el digital, con 20,85 millones de euros (el 27,60% del total de difusión, sin contar el gasto en producción y evaluación, partidas que no son compra de espacios en medios). Le siguen televisión (15,88 millones, 21,03%), radio (15,48 millones, 20,50%), publicidad exterior (10,53 millones, 13,95%) y medios impresos (10,09 millones, 13,37%). El cine apenas supuso 615.000 euros, el 0,81% del gasto en difusión.

El informe identifica quiénes se beneficiaron más. El grupo Prisa, la compañía controlada por el fondo británico de inversión Amber Capital, encabeza el ranking con 12.178.931 euros, el 16,63% de la inversión total por grupos. Su posición se sustenta en la Cadena SER, Los40, El País y Cinco Días, entre otras cabeceras. Atresmedia-Planeta recibió 8.929.631 euros (12,19%), apoyado en Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries, Onda Cero y Europa FM. Mediaset España captó 5.756.090 euros (7,86%), con Telecinco, Cuatro y sus canales temáticos como FDF, Divinity, Energy y Be Mad.

Los tres grupos juntos concentraron el 36,68% de toda la inversión pública en publicidad. Ningún otro grupo supera el 5%.

El resto del top diez lo completan, por este orden, el Grupo Vocento (3,65 millones, el 4,99%), apoyado en Abc y su extensa red de cabeceras regionales; Google (propiedad de Alphabet) (2,99 millones, 4,09%), fundamentalmente a través de YouTube; el Grupo Unidad Editorial (2,72 millones, 3,72%), con El Mundo, Marca y Expansión; la agencia especializada en publicidad en cines y soportes en espacios interiores 014 Media, S.L. (2,61 millones, 3,57%); el Grupo Prensa Ibérica, el más potente a escala local y el dueño de El Periódico de Catalunya (2,60 millones, 3,55%); el grupo Ábside Media, a través del cual los obispos controlan la COPE, (2,49 millones, 3,40%); y el Grupo Godó (1,86 millones, 2,54%), con La Vanguardia y RAC1 como principales referencias.

Entre los conglomerados que superan el 1% de la inversión total figuran también la filial española de un gran grupo británico de medios y publicidad exterior en estaciones y transporte público conocida como Global Media & Entertainment (1,79 millones); la empresa especializada en aeropuertos, mobiliario urbano, aparcamientos y centros comerciales Exterior Plus (1,78 millones), la central de publicidad en medios Delivery Media (1,51 millones), la compañía del tecnoligarca Mark Zuckerberg Meta Platforms (1,46 millones), RTVE (1,37 millones), Grupo Henneo, propietario de Heraldo de Aragón y 20 Minutos (1,32 millones), Spotify (1,29 millones), el Grupo Telefónica (1,24 millones), la plataforma de gestión de publicidad en medios conocida como Grupo Alayans (956.646 euros), NewixMedia, controlada por las televisiones autonómicas (890.290 euros), y la central especializada en televisión de pago y plataformas Pulsa Media Consulting (769.811 euros).

El resto está por debajo del 1%. infoLibre recibió, de acuerdo con el informe, 10.990,25 euros en todo el año 2025 (un 0,05%). 

La lectura del ranking por grupos revela una particularidad: varias de las entidades que aparecen como beneficiarias no son grupos editoriales, sino intermediarios técnicos o gestores de espacios publicitarios.

014 Media, séptima del ranking, no edita ninguna cabecera. Es una empresa especializada en la exclusividad de espacios en salas de cine y soportes de publicidad exterior. Su alta posición se debe a que gestiona una fracción muy amplia de la inversión del Gobierno en el soporte cinematográfico. Global Media & Entertainment y Exterior Plus operan en el mismo segmento: son gestoras de soportes exteriores (mupis, vallas, pantallas en infraestructuras de transporte) que no aparecen en los kioscos, pero sí en los contratos.

El caso más llamativo de intermediación es Grupo Delivery Media (13º del ranking, con 1,51 millones). Funciona como un agregador de soportes locales. Cuando el informe le asigna esa cantidad, el dinero no queda en una sola empresa: se distribuye entre cientos de medios de ámbito municipal, regional y comarcal. La lista completa, incluida en el informe, va del Diario de Burgos o el Diario de Ávila hasta portales como muchocastro.com, elsemanaldelamancha.com, murciadiario.com o pamplonaactual.com, entre muchos otros.

Lo mismo ocurre con NewixMedia, que gestiona la publicidad de las televisiones autonómicas agrupadas en la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos). Cuando el Gobierno compra espacio en las autonómicas, el importe consolidado figura bajo ese nombre. Y con Alayans Media, la comercializadora que representa a cabeceras del Grupo Henneo (20 Minutos, Heraldo de Aragón) y de varios grupos regionales.

La comparativa con 2024 revela cambios muy acusados en la distribución de dinero por departamentos.

Tres son los ministerios con mayor incremento en términos absolutos. En primer lugar, Política Territorial y Memoria Democrática, que pasó de 87.665 euros en 2024 a 7.058.494 en 2025 —el salto se explica por dos campañas: “El valor de las libertades y la democracia en España” (5.602.255 euros) y la sobrevenida de respuesta a la dana “Reconstruyendo juntos: respuesta y recuperación frente a la dana” (1.456.238 euros), que no estaba en el plan inicial—.

En segundo lugar, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que pasó de 125.446 a 5.971.097 euros, concentrados en la campaña de ciberseguridad del Incibe (5.661.994 euros). Vivienda y Agenda Urbana, por su parte, subió de 16.767 a 3.150.318 euros.

También crecieron de forma significativa Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (de 393.236 a 3.275.263 euros), Hacienda (de 4,81 millones a 7,19 millones), Derechos Sociales (de 2,63 millones a 5,42 millones) y Sanidad (de 2,15 millones a 4,31 millones).

En el otro sentido, Interior casi redujo a la mitad su inversión, de 10,32 millones a 5,87 millones. Agricultura bajó de 12,50 millones a 7,97 millones, aunque sigue siendo el tercer ministerio por gasto total. Industria y Turismo cayó de 4,32 millones a 1,40 millones. Y el Ministerio de Juventud e Infancia no ejecutó en 2025 ninguna de las campañas que tenía previstas, frente a 1,25 millones invertidos en 2024.

El ministerio que más gastó en términos globales fue Igualdad, con 11.885.646 euros (el 13,49% del total), seguido de Cultura (8.028.015 euros, 9,11%) y Agricultura (7.973.161 euros, 9,05%).

La campaña con mayor presupuesto fue la de sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria, con 7.190.017 euros. La de seguridad vial de la DGT fue la segunda, con 5.873.105 euros. A continuación, la de ciberseguridad del Incibe (5.661.994 euros), la de Memoria Democrática “El valor de las libertades y la democracia en España” (5.602.255 euros) y la de violencia de género del Ministerio de Igualdad (5.236.403 euros). El Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura sumó 4.416.291 euros.

Por detrás de estas destaca la campaña denominada “La naturaleza y riesgos de las cajas botín” del Ministerio de Derechos Sociales (1.932.836 euros), centrada en los riesgos del juego en el entorno digital juvenil, y las “Becas Seré” del Ministerio de Justicia (2.453.615 euros), para fomentar el acceso igualitario a la carrera judicial.

La publicación del informe estatal establece un parámetro de referencia que, a su vez, ilumina una zona de opacidad mayor: la de las Administraciones autonómicas. Ninguna comunidad autónoma española publica un informe equivalente. La mayoría ni siquiera hace pública la cuantía global de su gasto en publicidad institucional, que en conjunto supera con holgura lo que destina el Estado central.

El EMFA obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros a garantizar esa transparencia. Sin embargo, las Administraciones autonómicas no han adaptado sus marcos normativos ni sus comportamientos a la nueva legislación europea y el Gobierno central no tiene competencia directa para imponérselo. El resultado es que la mayor parte del dinero público destinado a medios de comunicación en España sigue siendo invisible.

Esa opacidad tiene consecuencias documentadas. En varias comunidades gobernadas por el PP y Vox existen indicios —en algunos casos producto de investigaciones periodísticas— de que fondos de publicidad institucional se están destinando a medios que difunden desinformación o que actúan como plataformas de comunicación partidista. Algunos de esos medios fueron creados expresamente sin estructura redaccional verificable ni audiencias acreditadas, con la publicidad institucional como principal o única fuente de ingresos.

Las mujeres presentan el 44,2% de los informativos y programas de actualidad en las nueve cadenas de televisión y emisoras de radio con más audiencia de España. Pero la cifra global esconde diferencias muy amplias entre un medio y otro.

En televisión, la media sube al 50,9%. En radio cae al 35,7%. Tres de las cinco cadenas analizadas superan el 50% de presentadoras. Ninguna de las cuatro emisoras de radio lo consigue.

El recuento incluye los informativos diarios y los principales programas de actualidad de mañana, mediodía, tarde y noche en RTVE, Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE. Cuando un espacio tiene dos presentadores, cada uno cuenta como una persona sobre el total de la cadena o emisora. No se incluyen colaboradores, tertulianos ni presentadores invitados, solo los titulares de cada espacio.

Sumados los nueve medios, hay 61 presentadores en los espacios analizados. 28 son mujeres y 33 son hombres.

RTVE reparte ocho espacios entre 11 presentadores. Seis son mujeres. Silvia Intxaurrondo dirige en solitario La Hora de La 1, Alejandra Herranz el Telediario 1 y Pepa Bueno el Telediario 2.

Jesús Cintora y Xabier Fortes presentan en solitario Malas Lenguas y La Noche en 24 Horas (en este caso, en la cadena de noticias 24 Horas). Los otros tres espacios, el Telediario Matinal, Mañaneros 360 y Directo al Grano, los comparte un hombre con una mujer. El resultado es un 54,5%.

Antena 3 es la cadena con más presentadoras de todo el análisis. Susana Griso, Sandra Golpe y Sonsoles Ónega dirigen en solitario Espejo Público, Antena 3 Noticias yY ahora, Sonsoles. Solo Manu Sánchez presenta en solitario un espacio, el informativo de la mañana.

La segunda edición del informativo de noche la conducen Vicente Vallés y Esther Vaquero. Antena 3 llega al 66,7% de mujeres.

En La Sexta ocurre lo contrario. Antonio García Ferreras, Rodrigo Blázquez y Joaquín Castellón presentan en solitario Al Rojo Vivo, La Sexta Noticias de las 20 horas y La Sexta Clave. Helena Resano conduce sola el informativo de las 14 horas y Cristina Pardo compartía Más Vale Tarde con Iñaki López (acaba de abandonar el programa para preparar un proyecto en Antena 3). La Sexta se queda en el 33,3% (menos si se tiene en cuenta la salida de Pardo).

Atresmedia, si se suman sus dos cadenas, reparte sus doce puestos casi al 50%. Pero ese resultado global esconde un desequilibrio entre canales. Antena 3 dobla el porcentaje de presentadoras de La Sexta.

Telecinco también supera la media. Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo e Isabel Jiménez presentan en solitario cuatro de los siete espacios analizados. Ángeles Blanco comparte el informativo de las 21 horas con Carlos Franganillo. Solo Bricio Segovia y Joaquín Prat dirigen en solitario un espacio cada uno. El resultado es un 62,5%.

Cuatro reparte sus cinco espacios en tres parejas y dos programas presentados en solitario por hombres, Nacho Abad en En Boca de Todos y Risto Meijide en Todo es Mentira. Marta Reyero, Mónica Sanz y Carmen Porter comparten informativo o programa con un compañero. Cuatro se queda en el 37,5%.

Mediaset repite el patrón de Atresmedia. Sumadas Telecinco y Cuatro, el grupo se sitúa en el 50%, con Telecinco muy por encima y Cuatro por debajo.

Los espacios de primera hora de la mañana están presentados sobre todo por hombres. Manu Sánchez lo hace en solitario en Noticias de la Mañana en Antena 3 y Bricio Segovia en los Informativos T5 Matinal en Telecinco. El Telediario Matinal de RTVE es la única franja matinal con una mujer, Mireia Alzaría, y la comparte con Álex Barreiro.

El cálculo cambia poco si en lugar de la media de los cinco porcentajes de televisión se cuentan los 39 presentadores de las cinco cadenas en conjunto. El resultado es un 51,3% de mujeres, una décima por encima de la media por cadena.

En radio ocurre algo parecido. Sobre los 22 presentadores de las cuatro emisoras, las mujeres son el 36,4%, frente al 35,7% que sale de la media de los cuatro porcentajes por separado.

De los 39 presentadores de televisión, 20 son mujeres. De los 22 de radio, lo son solamente 8. La diferencia entre un medio y otro no está en el número de espacios analizados, similar en ambos casos, sino en quién los dirige.

En la Cadena SER, tras la salida de Àngels Barceló, solo Mara Torres dirige en solitario un espacio, El Faro, que se emite de madrugada. José Luis Sastre, Javier Casal, Carles Francino y Aimar Bretos presentan los otros cuatro programas. La SER tiene el porcentaje más bajo de todo el análisis, un 20%.

En COPE, Pilar García de la Granja y Pilar García Muñiz conducen en solitario los informativos de mediodía y el programa de la tarde. Carlos Moreno, Carlos Herrera y Ángel Expósito dirigen los otros tres espacios. La emisora llega al 40% de peso femenino al frente de sus programas informativos y de actualidad.

Onda Cero reparte sus cinco programas entre dos mujeres, Gemma Ruiz en No Son Horas y María Hernández en el informativo de mediodía, y tres hombres, Carlos Alsina, Carlos Cantizano y Rafa Latorre. El resultado es también un 40%.

RNE es la emisora que más se acerca a la paridad dentro de la radio, aunque tampoco la alcanza. Sandra Urdín presenta en solitario el informativo de las 14 horas y Rosa María Molló el de las 24 horas. Marta Solano comparte Las Tardes con David Cantero.

Gorka Rodríguez, Juan Ramón Lucas y Carlos Núñez dirigen en solitario El Despertador, Las Mañanas y Mediodía. De los siete presentadores de RNE, tres son mujeres. El resultado es un 42,9% de cuota femenina en la emisora pública.

Las cuatro radios comparten un mismo rasgo. Las mujeres dirigen en solitario los informativos de mediodía de COPE y Onda Cero y los de RNE de las 14 y las 24 horas. En el resto de la franja, de la mañana a la noche, los programas de actualidad están presentados por hombres, salvo El Faro en la SER, que se emite de madrugada.

RTVE y RNE pertenecen a la misma corporación pública, la Corporación de Radio y Televisión Española. La televisión del grupo supera la paridad con el 54,5%. Su radio se queda en el 42,9%.

Si se ordenan los nueve medios de mayor a menor porcentaje de mujeres, el resultado queda así. Antena 3 encabeza la lista con el 66,7%, seguida de Telecinco con el 62,5% y RTVE con el 54,5%. Esas tres son las únicas que superan el umbral de la paridad.

Por debajo del 50% y de la media global del 44,2% se sitúa RNE, con el 42,9%. El resto queda por detrás. Cuatro y La Sexta rondan el 35%, COPE y Onda Cero se quedan en el 40% y la Cadena SER cierra la tabla con el 20%.

Si el umbral de referencia es la paridad, el 50%, solo tres de los nueve medios analizados lo alcanzan, y los tres son de televisión. Los otros seis, dos cadenas y las cuatro emisoras de radio, se quedan por debajo. Ninguna radio se acerca siquiera a esa cifra.

La respuesta institucional a la protesta no violenta se está endureciendo en España y en buena parte de Europa. No se trata de que haya más violencia, sino de que la reacción del sistema —de policías, fiscales y tribunales— se ha vuelto más dura ante acciones que no son violentas: pintadas, pintura roja en puertas, bloqueos simbólicos de accesos o marchas silenciosas que interrumpen el tráfico.

En España, informes como los publicados reiteradamente por Amnistía Internacional, por Defender a quien Defiende (DqD) y los diagnósticos de organizaciones como la Associació Novact muestran un aumento de la represión y de las vulneraciones de derechos. Es un fenómeno global: a escala europea, el relator especial de la ONU sobre Defensores Ambientales, Michel Forst, y la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus) apuntan a una tendencia general hacia el cierre del espacio cívico y la criminalización de la protesta pacífica, con leyes más restrictivas en varios países de la UE.

Una jueza acaba de descartar penas de prisión para los activistas climáticos que, en marzo de 2023, mancharon con témpera roja diluida en agua —un material de uso común en colegios y actividades infantiles— la fachada de los leones del Congreso de los Diputados.

Con todo, el Juzgado de lo Penal n.º 10 de Madrid impuso una multa de 1.400 euros a cuatro de ellos por un delito contra el patrimonio y absolvió a otros cinco que también participaron en la protesta, pero de quienes no se pudo probar que arrojaran la pintura. Y eso que la fracción de la escalinata que se vio salpicada de rojo, más allá de su carácter simbólico, carece de protección patrimonial, porque ni siquiera forma parte del catálogo de bienes de interés cultural de la Comunidad de Madrid.

Lo verdaderamente llamativo, más allá de la sentencia, es que la Fiscalía pedía para todos ellos un escarmiento de un año y nueve meses de prisión, a pesar de que los acusados ya habían costeado los más de 5.000 euros que, oficialmente, costó la limpieza de la escalinata y los leones. “Para que sirva de prevención”, argumentó el Ministerio Fiscal.

Los activistas habían sido convocados por las organizaciones ambientalistas Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal para concienciar sobre la alerta climática, protestar contra la pasividad del Gobierno y combatir la desinformación de los ciudadanos. Y no era la primera vez. 

En abril de 2022 ya habían pintado el Congreso con remolacha, entonces con la participación de 15 activistas, en una acción que también está en los tribunales, pero todavía pendiente de juicio. En otras ocasiones utilizaron el mismo método para señalar las sedes del PSOE, el PP, el Banco Santander y el Ministerio de Justicia.

El endurecimiento de la represión contra estas formas de protesta tiene el efecto colateral de enfriar el derecho de manifestación. Cuando la respuesta institucional se vuelve más dura, la gente se siente menos libre de protestar. Las personas pueden pensar que, si bloquean una calle o realizan una acción simbólica, acabarán afrontando cargos penales, penas de prisión o multas enormes.

El patrón tiene forma. Primero, las sanciones: multas altas por infracciones administrativas que no implican violencia, pero que pueden ser desproporcionadas. Segundo, las detenciones: intervenciones policiales que pueden incluir el uso de la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza y que terminan en cargos penales. Tercero, las imputaciones penales: procesos que pueden llevar a prisión, multas o prohibición de manifestarse. Cuarto, los discursos políticos: cuando políticos, fiscales o medios de comunicación convierten la desobediencia civil en un problema de orden público o incluso de seguridad, y cuando se utilizan figuras de “terrorismo” o “crimen organizado” para describir lo que no son más que protestas pacíficas.

Violencia es cuando se utiliza fuerza real contra personas o bienes. La protesta disruptiva no violenta, en cambio, consiste en acciones como interrumpir el tráfico, bloquear accesos, hacer pintadas o teñir puertas con pintura, pero sin causar daños reales a personas. Es ahí donde se plantea el debate sobre si asistimos a una respuesta institucional desproporcionada que busca deliberadamente, como ocurrió con la petición del fiscal en el caso de los activistas climáticos del Congreso, desincentivar el derecho de manifestación.

Este caso es el ejemplo más reciente de una tendencia que documentan organismos nacionales e internacionales con cifras crecientes. La plataforma Defender a quien Defiende (DqD), que reúne a entidades como Irídia, Novact o el Institut de Drets Humans de Catalunya, registró 261 casos y 1.184 vulneraciones de derechos en protestas durante 2022 y 2023. El salto entre ambos años fue pronunciado. En 2022 se contabilizaron 83 casos y 314 vulneraciones. En 2023 la cifra subió a 178 casos y 870 vulneraciones.

El informe de DqD sobre 2025, cerrado en marzo de 2026, eleva la cifra a 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas. Supone un incremento del 66,7% respecto a 2024 y más del doble que en 2023.

Dentro de ese conjunto, el movimiento ecologista pasó a ser en 2023 el que acumuló más vulneraciones de derechos, por delante de la vivienda o el sindicalismo. Futuro Vegetal concentró 43 casos y 159 vulneraciones solo en 2022 y 2023, con 69 detenciones, treinta de ellas en un único mes, y 29 procedimientos penales abiertos.

DqD sostiene haber documentado además malos tratos durante las detenciones. Entre ellos, la negativa a ofrecer una alimentación adecuada a personas veganas y un trato con sesgo de género hacia las activistas. La propia Fiscalía llegó a incluir el ecologismo radical en el apartado de terrorismo de su memoria anual. Rectificó después, tras las críticas recibidas.

Junto a las sanciones y las causas penales, DqD describe un segundo nivel de respuesta, más discreto y tecnológico, con escuchas telefónicas e infiltraciones, en algunos casos mediante relaciones sexoafectivas deliberadas con activistas.

El delito contra el patrimonio histórico aplicado a los activistas del Congreso no es la única vía penal o administrativa que se utiliza contra la protesta en España. La reforma del artículo 557 del Código Penal, sobre desórdenes públicos, amplió el margen para perseguir penalmente cortes de tráfico, ocupaciones simbólicas o bloqueos de infraestructuras.

La Ley Mordaza —que sigue en vigor a pesar de las muchas promesas del Gobierno y de sus aliados para su reforma—, en concreto sus artículos 36.6 y 37.4, se ha convertido en una herramienta rutinaria de sanción. Según Amnistía Internacional, desde su entrada en vigor en 2015 y hasta 2024 se han impuesto más de 480.000 sanciones por infracciones de seguridad ciudadana, la mayoría por desobediencia o faltas de respeto a la autoridad.

A esas dos vías se ha sumado una tercera en los últimos dos años. La Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, asegura DqD, pensada para sancionar agresiones en estadios, se aplica ahora a banderas, camisetas o cánticos propalestinos.

Durante la Vuelta Ciclista a España de 2025, al menos 30 personas fueron detenidas y 108 recibieron expedientes sancionadores. Amnistía Internacional contabilizó 91 de esos expedientes basados en la ley deportiva, con multas de 300, 3.000 y hasta 60.000 euros, esta última en Pontevedra.

En Valladolid, la Fiscalía pidió un año y nueve meses de prisión, la misma pena que después reclamó en el caso del Congreso, contra cuatro activistas acusados de invadir el recorrido de la Vuelta. Dos de ellos afrontaron además un cargo de resistencia a la autoridad que elevaría la pena por encima de los dos años.

El patrón se repite fuera del ciclismo. En la Universidad de Sevilla, un estudiante que participó en un encierro pacífico contra los vínculos académicos con instituciones israelíes se enfrenta a un juicio con una petición de dos años de prisión. En Madrid, doce personas que realizaron una performance ante la Feria de Armas fueron multadas con 700 euros cada una por la Ley Mordaza.

Tres movimientos explican cerca del 60% de los casos registrados por DqD en 2025. La solidaridad con Palestina supone el 24,7%, la vivienda y la okupación el 17,6% y el antifascismo el 16%.

El movimiento propalestino acumuló el año pasado 94 casos, 420 vulneraciones y 353 personas afectadas en 2025, un 65% más que en 2024. En vivienda, DqD señala como caso paradigmático el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, que dejó a unas 400 personas sin alternativa habitacional.

El reparto de responsabilidades también queda recogido en el informe. Los cuerpos policiales concentran el 54,5% de las vulneraciones, con los Mossos d’Esquadra en el 25,8% y la Policía Nacional en el 22,6%, mientras que los actores privados ya suponen el 19,2%.

La represión de la protesta ha alcanzado también a quienes la cubren. DqD documentó que un fotoperiodista identificado como prensa fue alcanzado por un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra en Barcelona, y que activistas sentados en la estación de Sants recibieron gas pimienta sin previo aviso.

Michel Forst, el relator especial de Naciones Unidas para defensores ambientales, recoge un patrón equivalente de leyes generalistas, reformas penales y retórica alarmista en Austria, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia y Dinamarca.

Forst ha documentado cómo responsables políticos y medios de comunicación de varios de esos países califican a movimientos climáticos de ecoterroristas o los presentan como una amenaza para la democracia. Cita también informes de fiscalías que encuadran a colectivos como Extinction Rebellion bajo epígrafes de terrorismo internacional o nacional, pese a reconocer que no emplean la violencia.

El relator detalla además legislaciones concretas. Entre ellas, la ley de eco-vandalismo aprobada en Italia y la norma británica que crea el delito de locking-on, consistente en encadenarse o ir equipado para hacerlo durante una protesta.

En el plano judicial, Forst observa un endurecimiento generalizado de las penas. En el Reino Unido documenta condenas de prisión de meses o años por bloqueos o marchas lentas, además de decisiones que prohíben a la defensa invocar el contexto climático ante el tribunal.

La fotografía no se limita a Europa. La también relatora especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, advirtió en 2024 de un ataque generalizado, sistemático e intensivo contra esos derechos en todo el mundo. Señaló que numerosos gobiernos instrumentalizan leyes sobre supuestos agentes extranjeros para perseguir a organizaciones sociales.

El informe anual de Civicus sobre el estado de la sociedad civil correspondiente a 2025 describe procesos de captura del Estado y una criminalización creciente de prácticas hasta ahora consideradas protestas legítimas. El texto señala un foco específico en activistas climáticos, defensores de derechos indígenas y colectivos como mujeres, personas LGBTIQ+ y migrantes.

“Pan y circo” no es solo una expresión acuñada por el poeta romano Juvenal. Resume una idea que la literatura académica sobre deporte y poder sigue desarrollando y en torno a la cual se van acumulando evidencias.

Hace tiempo que existe consenso en la comunidad científica: los grandes fenómenos deportivos globales, como los Mundiales de fútbol, actúan como anestésicos sociales incluso en los momentos de mayor tensión. Y cuando el resultado favorece al propio país, ese efecto puede transformar crisis profundas en relatos de unidad, con consecuencias más duraderas.

España, sometida a una tensión política sin precedentes, fruto de la debilidad de las mayorías que apoyan al Gobierno y de la presión a la que le someten las derechas, parte de la judicatura y el ecosistema mediático afín —“el que pueda hacer, que haga”—, ofrece estos días un escenario ideal para observar hasta dónde el fútbol es capaz de adormecer el conflicto.

El fútbol no es solo un juego. En términos de la sociología, es un hecho social total, un concepto del antropólogo Marcel Mauss para describir fenómenos que atraviesan a la vez la economía, la cultura y la política de un país.

La magnitud de ese fenómeno se refleja en la propia FIFA. La organización agrupa 211 federaciones nacionales de fútbol, 18 más que los 193 Estados miembros de la ONU. El fútbol llega a territorios que la diplomacia internacional ni siquiera reconoce como países, como Curazao, Escocia o Inglaterra.

En ese contexto, el Mundial funciona como un potente sedante para la realidad social. Una pieza esencial de la industria del entretenimiento cuya capacidad para actuar como vía de escape se explica por el rol que desempeña como tregua colectiva.

Durante un Mundial, en la sociedad manda el nacionalismo banal, un término acuñado por el sociólogo Michael Billig que describe cómo los símbolos nacionales —como la bandera, el himno o incluso el color de la ropa de la selección— se integran de forma inconsciente en la vida cotidiana, convirtiéndose en una presencia constante y pasiva.

Durante un Mundial de fútbol, este fenómeno se maximiza extraordinariamente: la bandera aparece en ventanas, coches, terrazas y pantallas de móviles, creando un sentido de pertenencia continuo que, paradójicamente, desplaza temporalmente las diferencias políticas, de clase o ideológicas que normalmente dividen a la sociedad. En teoría, también en España.

Esta cohesión por identificación se explica mediante las teorías de identidad social desarrolladas por Henri Tajfel y John Turner, que proponen que el individuo se identifica profundamente con su endogrupo (en este caso, la selección nacional y el país que representa). Durante un Mundial, las divisiones internas —sociales, económicas, políticas— se minimizan temporalmente porque toda la población enfoca su energía emocional en un objetivo común y compartido: apoyar a la selección. La identidad nacional se sobrepone a otras identidades fragmentarias, creando una ilusión de unidad que rara vez se mantiene en situaciones cotidianas.

El concepto del circo romano, analizado por los sociólogos Norbert Elias y Eric Dunning en su obra The Passionate Game, describe cómo el deporte permite canalizar las tensiones y agresividades de la sociedad de manera reglamentada, segura y simbolizada.

El Mundial funciona como una válvula de escape contemporánea que disminuye momentáneamente el nivel de conflictividad social y política real. Las emociones intensas, la adrenalina y la pasión se dirigen hacia el juego, liberando tensiones que en otros contextos podrían manifestarse como protesta, conflicto o confrontación política.

La construcción del “enemigo externo” es otro mecanismo fundamental: el enfrentamiento deportivo contra otros países fomenta una identidad colectiva defensiva y de superioridad simbólica que une a toda la población bajo una misma bandera.

Este “nosotros contra ellos” deportivo oculta las fracturas internas reales (desigualdad económica, tensiones políticas, conflictos territoriales) porque redirige la atención hacia un adversario externo, aunque sea simbólico y no amenace de verdad la identidad interna del país. Durante un Mundial, la polarización política normal se vuelve secundaria frente a la identidad nacional compartida, y fenómenos que en situaciones cotidianas parecen insalvables —como conflictos entre partidos políticos, tensiones entre comunidades autónomas o divisiones sociales— pasan a un segundo plano temporal.

Esta pausa temporal hace que asuntos que normalmente dominarían la agenda informativa pasen a un segundo plano, silenciados por el ruido de los estadios. Los problemas no desaparecen, pero durante un tiempo amortiguan su impacto.

Los regímenes autoritarios han usado este efecto durante décadas para proyectar una imagen amable del país anfitrión. En el Mundial de Italia de 1934, el régimen de Mussolini convirtió la competición en propaganda fascista. En el de Argentina de 1978, la dictadura militar buscó que la sociedad solo hablara de fútbol para tapar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Este efecto no se limita a las dictaduras. En democracia, los gobiernos también aprovechan los éxitos deportivos para reforzar su popularidad. Durante la celebración de un Mundial se aceptan medidas que en otro momento generarían más resistencia. Y los gobiernos sometidos a asedio se benefician de una pérdida de presión.

El Mundial de Brasil de 2014 es un ejemplo. Superó con creces un gasto de 10.000 millones de dólares en estadios, aeropuertos y movilidad urbana. El torneo financió sus costes operativos, pero dejó un intenso debate económico por los elevados fondos públicos utilizados en contraste con las necesidades sociales.

El desplazamiento del interés público hacia el fútbol deja en segundo plano, durante varias semanas, prácticamente cualquier asunto de interés general. La política, según esa lectura, pierde peso emocional. El ciudadano vuelve la mirada hacia el éxito deportivo como referencia de estabilidad y deja a un lado la desconfianza hacia las instituciones.

La evidencia, sin embargo, sugiere que este efecto es transitorio. La euforia suele durar lo que dura la competición, en torno a un mes.

Cuando el torneo termina, los problemas estructurales regresan a la conversación pública. A veces lo hacen agravados por el coste económico de la organización o por expectativas que no se cumplieron. Es una pausa que no resuelve las fracturas sociales. Solo las posterga, sobre todo cuando esas fracturas tienen una base real.

Pero ese efecto también puede interrumpir procesos políticos en marcha. A veces, el malestar social responde a una acumulación deliberada de descontento que busca alcanzar la masa crítica necesaria para forzar un cambio de Gobierno a través de un relato compartido. Si el Mundial llega en ese momento, la pausa puede hacer desaparecer esa oportunidad. Y da un margen de respiro al Gobierno que estaba bajo presión.

Y cuando la competición termina en una victoria relevante, el efecto cambia de naturaleza. Deja de ser una simple pausa y puede convertirse en un estímulo para la identidad nacional.

Existe incluso un correlato económico. Un análisis del banco HSBC encontró que, desde 1966, las bolsas de los países campeones del Mundial subieron en promedio un 9% más que el resto. Entre 1990 y 2014, el PIB de cada Estado campeón creció, de media, 1,6 puntos más que el año anterior.

Los economistas, sin embargo, no encuentran una relación de causalidad clara entre la victoria y esa mejora. Para explicarla recurren al concepto de “espíritus animales”, una expresión del economista John Maynard Keynes para referirse al optimismo que influye en las decisiones de consumo e inversión.

La victoria puede actuar también como una compensación frente a la desconfianza hacia las instituciones. Permite que la sociedad se vea a sí misma como una comunidad unida en torno a un éxito compartido.

El concepto que mejor explica este efecto es la communitas, un término acuñado por el antropólogo Victor Turner. Describe el sentimiento de comunidad que aparece en torno a un objetivo compartido, cuando las diferencias internas de una sociedad pierden relevancia.

Durante un Mundial, los jugadores son percibidos como representantes de todo el país. El triunfo se vive como una victoria colectiva. Las divisiones políticas o sociales habituales quedan, al menos durante un tiempo, en un segundo plano.

Pero los efectos de una victoria mundialista no duran lo mismo en todos los planos. La euforia inmediata tiende a disminuir con el paso del tiempo. Este proceso se conoce como adaptación hedónica, el mecanismo por el que las emociones intensas, buenas o malas, pierden fuerza a medida que pasan los días.

El recuerdo de la victoria, sin embargo, puede permanecer activo durante décadas en la cultura popular. Ese tipo de recuerdo se convierte en parte del relato que un país hace de sí mismo, como sucedió en España con el Mundial de Sudáfrica, y la sociedad vuelve a él en momentos de incertidumbre.

Las redes sociales y los servicios de vídeo superan ya a las webs y aplicaciones propias de los medios como la vía más usada en el mundo para acceder a las noticias. Ocurre por primera vez desde que el Digital News Report mide esta variable. La edición 2026 del informe del Reuters Institute for the Study of Journalism que se presentó este martes sitúa el uso medio de redes y vídeo en el 54% entre los encuestados de los 48 mercados analizados. Las webs y apps de las cabeceras quedan en el 51%.

El informe, la decimoquinta edición del Digital News Report, dirigida este año por el investigador Jim Egan, describe el fenómeno como una “plataformización” creciente del consumo de noticias. 

A la migración hacia redes y vídeo se suma un actor nuevo. Uno de cada diez encuestados ya usa chatbots de inteligencia artificial para informarse —tres puntos más que el año pasado—. El uso es mayor entre los menores de 35 años, donde alcanza el 16%, y la función que más valoran sus usuarios es la posibilidad de hacer preguntas de seguimiento —la cita el 42%—.

El vídeo informativo en plataformas ajenas a los medios llega ya al 77% de la población mundial cada semana, una mayoría que se registra por primera vez en los 48 países del estudio. En 45 de esos mercados, más gente ve ya vídeo informativo online que televisión convencional, y solo en Alemania, Dinamarca y Países Bajos la televisión mantiene la delantera o un empate.

TikTok es la red que más crece, aunque parte de una base pequeña, con un 20% de uso global para noticias, mientras Instagram avanza de forma más moderada pero con una presencia mayor, del 26%. Facebook sigue siendo la red más usada en conjunto, con un 43%, y revierte así caídas de años anteriores. Una cuarta parte de los encuestados ve ya noticias por demanda en aplicaciones como YouTube desde el televisor.

Mientras estas plataformas ganan terreno, el uso de la televisión y de las webs propias de los medios cae 13 y 12 puntos respectivamente desde 2020, un retroceso que el informe considera tan relevante en el caso de las webs como en el de la televisión, aunque menos conocido.

La confianza global en las noticias ha caído este año en 29 de los 48 mercados, hasta el 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015, con descensos de más de cinco puntos en 19 países. En Estados Unidos, solo una cuarta parte de los encuestados confía en las noticias la mayor parte del tiempo, mientras la preocupación por las noticias falsas sube cuatro puntos, hasta el 62% de media, y solo retrocede en Brasil.

Pese a este clima, la mayoría dice preferir noticias que no tomen partido, y el 45% de los encuestados se inclina por la “imparcialidad” como ideal, más del doble que quienes prefieren información que comparta su punto de vista, aunque ese apoyo ha bajado desde 2020.

El informe detalla el avance de los creadores individuales, que ya aportan parte de las noticias a una cuarta parte de los encuestados en el conjunto de los 48 mercados, mientras casi la mitad recurre a algún tipo de creador. La mayoría los combina con los medios tradicionales en lugar de sustituirlos, ya que solo el 3% depende únicamente de ellos, frente al 13% que cubre con creadores la mayor parte de sus necesidades informativas.

El interés general por las noticias también retrocede, ya que desde 2021 la proporción de personas muy o extremadamente interesadas en la información ha caído una media de 13 puntos. Una cuarta parte de los encuestados son ya usuarios pasivos, que consultan noticias como mucho una vez por semana, frente al 16% de 2021.

En España, Instagram se confirma como la red más usada para informarse, con un 32% de los encuestados, 14 puntos más que el año anterior, seguida de Facebook, con el 31% (siete puntos más), y de WhatsApp, con el 29% (cinco puntos más).

TikTok escala hasta el 16% como fuente de noticias, cinco puntos más que en 2025, mientras X se mantiene casi igual, en el 16% (un punto más), y YouTube no varía, en el 19%. Los chatbots de IA, todavía minoritarios, llegan al 8% de uso para informarse, el doble que el año pasado.

La comparación con la media global matiza el dato, ya que Instagram se usa más en España (32%) que en el conjunto de los 48 mercados (26%), mientras TikTok queda por debajo de la media mundial (20%).

Ese avance de las plataformas no se traduce, sin embargo, en más confianza, que en España se sitúa en el 33% (dos puntos más que el año pasado), en la zona media de los 48 mercados encuestados, frente a una media global que cae al 37%, el nivel más bajo registrado desde 2015.

El dato medio esconde diferencias entre cabeceras, ya que RTVE, Antena 3 y la prensa regional o local rondan el 52% de confianza entre quienes conocen la marca, mientras okdiario.es y Telecinco se quedan en el 35% y el 36%. Persisten además diferencias entre encuestados de izquierda y derecha sobre la mayoría de las marcas evaluadas, algo que el informe vincula a la polarización del país, mientras el porcentaje de españoles que evita las noticias a veces o a menudo se mantiene sin cambios, en el 37%.

En los 26 países con medios públicos que analiza el informe, la valoración media de su impacto social es positiva, con un 37% frente a un 22% negativo, aunque esa media no se cumple en todos los mercados. España aparece, junto a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, entre los países con mayor diferencia de opinión entre izquierda y derecha sobre el papel social de la radiotelevisión pública.

El informe detecta además una brecha según la fuente principal de información, ya que entre quienes en España se informan sobre todo por redes sociales, la valoración de la cobertura de los grandes temas es negativa en todos los casos analizados, con un saldo de -41 puntos en inmigración, frente a los -15 puntos de quienes se informan principalmente por televisión. En el conflicto de Ucrania la diferencia es de -21 frente a +12, y en la guerra de Oriente Próximo, de -27 frente a -2.

Quienes tienen las webs de noticias como fuente principal se sitúan en un punto intermedio, con saldos negativos pero más moderados en la mayoría de los temas, una brecha que el informe interpreta como reflejo del menor filtro editorial de las redes frente a las webs y la televisión.

Solo el 9% de la población española paga por acceso a noticias digitales, un punto menos que el año anterior, mientras a escala global ese porcentaje se mantiene sin cambios en el 17%, en la cesta de 20 países que el informe sigue desde hace años. En el extremo opuesto, Suecia llega al 32% de población que paga por noticias, uno de los niveles más altos del estudio.

Esa cifra del 9% convive, sin embargo, con un dato distinto, ya que España cuenta ya con algo más de un millón de suscriptores de noticias digitales, según los datos de las propias empresas editoras, con El País a la cabeza, con 451.000, seguido de El Mundo (181.000) y La Vanguardia (167.000). El estudio no detalla, sin embargo, el efecto sobre esas cifras de las agresivas ofertas de estas cabeceras, que llegan. Ofrecer suscripciones mensuales por debate del euro.

El millón de suscriptores se concentra, en todo caso, en unos pocos medios nacionales, y la proporción de población dispuesta a pagar no crece al mismo ritmo. El informe advierte de que el flujo de personas que llegan a las webs de medios para suscribirse se reduce a medida que el consumo se desplaza hacia las plataformas.

A escala global, quienes pagan por noticias lo hacen sobre todo por el acceso directo al contenido que quieren leer, motivo que cita el 81% de los encuestados, mientras casi la mitad, el 46%, añade motivaciones de valores, como apoyar el periodismo por su papel social, algo que algunas cabeceras ya explotan en sus campañas de captación.

El informe recoge datos ya conocidos, como la evolución del sector publicitario español, que cerró 2025 en 12.700 millones de euros, un descenso del 2,6% que puso fin a cinco años de crecimiento, según los datos de InfoAdex que recoge el informe. La publicidad en prensa escrita se mantuvo estable, en 750 millones, mientras la inversión en noticias digitales, con 412,5 millones, superó ya a la del papel, con 337 millones.

El Reuters Institute agrupa ambos fenómenos, el trasvase hacia plataformas y la dificultad para convertirlo en pago, bajo lo que llama “el alejamiento del consumo directo de noticias”, ya que, a medida que menos gente llega a las webs de los medios, también se reduce el embudo por el que esas mismas webs convierten visitas en suscripciones.

En una resolución sin precedentes que amplía una vez más los límites de la regulación democrática de los medios de comunicación en Francia, la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) ha dictado un requerimiento formal a la cadena de noticias CNews, propiedad del magnate ultraderechista Vincent Bolloré, para que corrija de inmediato el “desequilibrio estructural" de sus emisiones si no quiere enfrentarse a la vía sancionadora, que contempla multas económicas millonarias o la revocación definitiva de su licencia para emitir.

La vía elegida, que en francés se denomina “mise en demeure” (“carta de emplazamiento”) es una orden jurídica mediante la cual una autoridad exige oficialmente a una persona o empresa que corrija un incumplimiento legal en un plazo determinado, funcionando en la práctica como un último aviso legal. 

En el ámbito regulatorio de los medios de comunicación, no constituye una sanción económica inmediata ni la pérdida de derechos, pero sí un paso administrativo obligatorio e indispensable para dejar constancia de la infracción. De este modo, si el operador decide ignorar la orden y reincidir en su conducta, la autoridad queda plenamente facultada por la ley para activar la vía disciplinaria dura e imponer multas millonarias, suspender emisiones o, en el caso más extremo, revocar de forma definitiva la licencia para emitir. 

La decisión, anunciada formalmente este lunes tras una denuncia de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) —el origen del procedimiento también es muy relevante—, se basa en una exhaustiva investigación que se inició en marzo de 2025. Tras visionar más de 146 emisiones y un total de 168 horas de programación, la Arcom ha acreditado que la señal propiedad de Bolloré ofrece un tratamiento “unívoco” y carente de contradicción real en la inmensa mayoría de sus debates de actualidad.

El informe del regulador concluye que tres cuartas partes de las secuencias analizadas exponen exactamente el mismo punto de vista. Según la Arcom, en la parrilla de CNews los hechos objetivos han pasado a ocupar un plano “secundario”, quedando fagocitados por mesas de opinión donde las escasas posturas discrepantes son tratadas de forma “aislada” o sufren una desvalorización sistemática.

La resolución detalla que los propios presentadores actúan como “prescriptores de la opinión que se debe adoptar”, limitando activamente el tiempo de intervención de las voces discordantes. El análisis del organismo identifica una hiperconcentración editorial y un sesgo permanente en varias temáticas clave. 

La inmigración y la seguridad son abordadas bajo una insistente relación causa-efecto para sostener discursos sobre el aumento de la delincuencia. La religión musulmana es retratada de manera recurrente como una “amenaza” global para el modelo social francés. 

La guerra en Ucrania se aborda a través de coberturas monográficas orientadas fundamentalmente a erosionar y criticar la ayuda internacional prestada por el Gobierno de Emmanuel Macron. El partido de izquierda La France Insoumise (LFI) es objeto de duros ataques en plató sin que se le conceda el derecho de réplica correspondiente. Y el tratamiento de la condena judicial a Marine Le Pen fue presentado formalmente por CNews como un “golpe de Estado judicial” o un “déni démocratique” (denegación democrática), silenciando cualquier interpretación jurídica alternativa.

Con esta medida, la Arcom aplica de forma pionera la jurisprudencia histórica del Consejo de Estado impuesta en 2024. Aquella sentencia determinó que el pluralismo no puede medirse únicamente de forma cronométrica —contando los minutos de palabra otorgados a los partidos políticos en base a sus resultados electorales—, sino que el supervisor está obligado a fiscalizar el equilibrio real en la diversidad de corrientes de pensamiento y opiniones que se muestran al público.

Esta resolución sitúa a CNews ante el escenario de castigos más severo de su historia. La cadena ya acumulaba un abultado historial de sanciones por parte de la Arcom: en julio de 2024 fue multada con 80.000 euros; en noviembre del mismo año recibió dos penalizaciones de 100.000 y 50.000 euros por falta de contradicción en los programas En quête d'esprit y Morandini Live; y el pasado mes de febrero volvió a ser multada por declaraciones de carácter discriminatorio. Sin embargo, la “puesta en demora” actual activa la cuenta atrás para medidas de mayor gravedad, justo a menos de un año de las elecciones presidenciales francesas.

Thibaut Bruttin, el director general de Reporteros Sin Fronteras, la entidad cuya denuncia desencadenó la auditoría, ha celebrado el paso dado por el regulador. Según él, la Arcom “ha tocado el fin del recreo” ante una cadena que prioriza el comentario ideológico sobre la información fiable. La ONG mantendrá la vigilancia para exigir nuevas sanciones si el canal no modifica sustancialmente su línea.

Por su parte, CNews ha rechazado de manera tajante los cargos formulados por la Arcom. En un comunicado oficial, la dirección del canal ha calificado la decisión del organismo público de “infracción injustificada” contra la libertad de expresión, el pluralismo del debate y la independencia editorial, y ha anunciado que recurrirá de inmediato la resolución ante la alta jurisdicción administrativa del Consejo de Estado.

La amonestación a la cadena privada coincide en el tiempo con otra resolución de la Arcom dirigida a las emisoras de la radio pública (France Inter y Franceinfo), instándolas a equilibrar la representación diurna del partido ultraderechista Rassemblement National (RN). 

No obstante, colectivos de periodistas y analistas de medios recalcan que ambos expedientes carecen de la misma naturaleza: mientras la radio pública ha asumido un desajuste temporal y de carácter técnico en el minutaje de los partidos políticos, el expediente de CNews responde a un modelo de negocio y de intervención cultural sistemático y duradero.

CNews pertenece al grupo Vivendi, propiedad del multimillonario Vincent Bolloré, una de las mayores fortunas globales. El magnate, conocido por utilizar su emporio mediático (que incluye Canal+, Europe 1, Paris Match o la editorial Hachette) como plataforma de difusión de las tesis de la extrema derecha francesa, mantiene también una relevante presencia estructural en España. 

A través de Vivendi, Bolloré es el segundo accionista de Prisa con el 11,8% del capital y cuenta con un asiento en su consejo de administración, una posición estratégica sobre medios clave como el diario El País y la Cadena SER que mantiene en alerta al sector de la comunicación y al panorama político español.

El partido de fútbol ha dejado de ser el centro del negocio. Sigue siendo el detonante, la excusa y el catalizador, pero la economía que genera ya no depende de los 90 minutos entre dos pitidos. La Copa del Mundo de 2026, que desde este jueves se disputa en Canadá, México y Estados Unidos con 48 selecciones y 104 partidos, ha acelerado una reconfiguración del mercado audiovisual que venía fraguándose desde hace años y que todos los analistas creen que este torneo va a convertir en irreversible.

La ampliación del torneo no es solo una decisión deportiva. Es, ante todo, una operación de generación de contenido. Más partidos equivalen a más horas de programación, más material para las plataformas digitales, más contextos para los anunciantes y más oportunidades para que creadores independientes construyan audiencias paralelas a las de las cadenas con derechos de emisión. La FIFA controla el estadio; la narrativa, cada vez menos.

El indicador más elocuente de este cambio lo ha aportado la división de análisis de Bank of America. Según sus proyecciones, la final del Mundial podría consumir hasta el 7% del tráfico global de internet ese día. El dato no refleja solo la magnitud del evento. Demuestra que el aficionado ya no está sentado frente a un televisor: está sentado con el televisor de fondo y el teléfono en la mano.

Según datos de seguimiento de audiencias digitales, el 90% de los aficionados ya amplía la experiencia más allá de los 90 minutos a través del uso simultáneo de varias pantallas. Mientras el partido transcurre en el televisor del salón, el mismo usuario consulta estadísticas avanzadas en una aplicación móvil, comenta jugadas en tiempo real en redes sociales y consume repeticiones de vídeo en TikTok elaboradas al minuto de producirse la acción en la vida real. Con tantos elementos interactuando a la vez, la atención ya no pertenece a la cadena que pagó los derechos de emisión.

Esta dispersión tiene consecuencias directas sobre el modelo publicitario tradicional. Las agencias de medios confirman con datos de retención que las audiencias menores de 35 años evaden de forma sistemática la publicidad en los descansos. Cuando el árbitro señala el final de la primera parte, la mirada migra hacia el teléfono. El anuncio de treinta segundos pensado para el entretiempo pierde su audiencia en el momento preciso para el que fue diseñado. Marcas y operadores tienen que buscar al aficionado en el territorio digital que rodea el partido, no en el partido mismo.

El mercado español ha generado su propia versión de este conflicto con una disputa institucional que llegó a los tribunales. RTVE se aseguró los derechos de emisión en abierto de los partidos más destacados del torneo, entre ellos los encuentros de la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final, con el objetivo de garantizar el acceso universal a un evento de interés general.

La decisión irritó a las cadenas comerciales. UTECA, la patronal que agrupa a Atresmedia y Mediaset, activó la maquinaria legal contra la televisión pública por la comercialización de espacios publicitarios y patrocinios destinados a amortizar el desembolso del torneo. Las privadas argumentaron competencia desleal y apuntaron a la ley de financiación de RTVE de 2009 como límite que la corporación pública estaría rebasando.

La Justicia falló a favor de RTVE. Los tribunales frenaron el intento de UTECA de paralizar la venta de espacios publicitarios del torneo, aunque el litigio de fondo sigue su curso en las salas de lo Contencioso-Administrativo.

Al margen del abierto, el acceso a la totalidad del torneo quedó reservado al sector de pago. Dazn opera como ventana única para los 104 partidos en España, integrado en los paquetes premium de Movistar Plus+ y Orange TV. Para las plataformas de suscripción, el Mundial funciona como herramienta de captación masiva, pero su problema estructural es bien conocido: una parte relevante del público se da de alta durante el torneo y cancela la suscripción en cuanto el trofeo llega a manos del capitán ganador.

La transformación audiovisual del negocio del fútbol no ha dejado intacto al periodismo deportivo. Durante la última década, la prensa deportiva digital construyó sus redacciones en torno al SEO, las técnicas que se utilizan para que una página web aparezca lo más arriba posible en los resultados de Google u otros buscadores cuando alguien hace una búsqueda relacionada con su contenido. Los portales estructuraban equipos enteros para responder antes que nadie a búsquedas predecibles: “A qué hora juega Argentina”; “Cuántos goles lleva este delantero”; “Cuál es el 11 titular”.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha erosionado ese modelo. Los usuarios ya no entran en un medio para obtener ese tipo de información: se la preguntan directamente a un asistente de IA, que entrega la respuesta procesada sin necesidad de ningún clic. El tráfico derivado de búsquedas automáticas ha entrado en declive, y con él una parte sustancial de los ingresos publicitarios que sostenían las redacciones deportivas digitales.

La consecuencia es una revalorización del acceso exclusivo y del contenido audiovisual genuino. Un medio ya no puede sobrevivir indexando texto de partido. Necesita que su audiencia consuma vídeo original que no pueda encontrar en otro lugar. El valor no está en la crónica del partido; está en la entrevista en el vestuario, en el reportaje sobre los hábitos del jugador antes del encuentro, en el documento que muestra lo que la retransmisión oficial no enseña.

Las marcas han llegado a la misma conclusión. Los formatos de banner clásico —cualquier espacio publicitario dentro de una página web— ceden presupuesto ante el patrocinio de contenidos donde el creador tiene acceso real al deportista. El público busca la proximidad al futbolista: qué música escucha, cómo gestiona la presión, qué relación tiene con su entorno familiar. Lo que era accesorio se ha convertido en el centro del producto multimedia.

La televisión pública española sabía que recuperar el Mundial para la emisión en abierto no era suficiente para conectar con generaciones que crecieron con el algoritmo de YouTube. La respuesta institucional ha desembocado en el despliegue de una estrategia digital articulada a través de RTVE Play y la marca deportiva de la corporación.

Teledeporte ha comenzado a emitir fragmentos de diez minutos en YouTube de forma gratuita. El objetivo no es monetizar directamente esos vídeos. Es utilizarlos como anzuelo para arrastrar al público joven hacia el registro en la aplicación propia de streaming. El clip corto en YouTube conduce al directo en abierto; el directo en abierto empuja al registro en RTVE Play; el registro en RTVE Play permite el acceso al programa completo. Es una lógica de embudo que replica los mecanismos de las plataformas comerciales dentro de un servicio público.

Frente a la cobertura oficial convive el territorio de la transmisión independiente. Creadores españoles sin derechos de imagen montan retransmisiones paralelas en Twitch y TikTok donde el atractivo no es la imagen del partido sino la reacción en directo del streamer. Figuras como Ibai Llanos o los canales vinculados al universo de la Kings League han demostrado que una parte relevante del público prefiere sintonizar a su creador de referencia antes que escuchar la narración institucional. FIFA ha reforzado este fenómeno al designar a TikTok como plataforma preferente del torneo, lo que permite a creadores usar y co-crear con material de archivo oficial.

La mutación del consumo ha reescrito también los manuales de patrocinio corporativo. Patrocinar la Copa del Mundo en el siglo XX equivalía a comprar visibilidad durante los minutos en que el balón rodaba. En cuanto terminaba el partido, la marca se quedaba sin presencia.

Los nuevos grupos multimedia nativos digitales ofrecen algo diferente. Garantizan presencia ininterrumpida desde la gala inaugural hasta la entrega del trofeo mediante integración de marca en contenidos diarios. El patrocinio ya no es una valla en el estadio. Es financiar el autobús-estudio que recorre las ciudades sede, costear los espacios donde presentadores entrevistan a familias de jugadores o esponsorizar el análisis grabado en formato vertical en la grada cinco minutos después del pitido final.

La misma lógica se ha trasladado al espacio físico. Iniciativas como el House of Goal, desarrollado por la empresa Footballco en distritos urbanos de Nueva York, proponen festivales temáticos donde el partido en pantalla gigante se combina con exposiciones de arte contemporáneo, torneos de videojuegos, propuestas gastronómicas y conciertos en directo. En estos recintos, la interacción con el público es directa y medible. El asistente genera impactos en redes sociales de forma orgánica y deja datos que las campañas de televisión convencional no pueden capturar.

El Mundial de 2026 acumula ya más de 1.000 millones de interacciones en plataformas digitales, según datos de seguimiento agregado, lo que lo convierte en el evento deportivo con mayor presencia simultánea en múltiples canales. Esa cifra no va a un solo titular, a una sola cadena ni a un solo formato. Se distribuye entre retransmisiones oficiales, clips no autorizados, análisis tácticos en YouTube, memes en Instagram y reacciones en directo en Twitch.

La FIFA mantiene el control sobre la infraestructura física de la competición: estadios, árbitros, derechos de televisión oficiales y reglamento. Lo que ya no controla es la conversación que rodea a esa infraestructura. Esa conversación la generan millones de usuarios, cientos de creadores independientes y plataformas que no firmaron ningún contrato con la federación con sede en Zúrich.

El negocio ya no está solo en los noventa minutos. Está en los márgenes.

Ibai Llanos, El Rubius o Auronplay tienen desde esta semana una obligación que hasta ahora solo concernía a Antena 3, Telecinco o Netflix: clasificar sus contenidos por edades e indicar si incluyen violencia, lenguaje soez, escenas sexuales o referencias a apuestas. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado el proceso de firma del acuerdo de corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa que extiende al mundo de los creadores de contenido digital el mismo régimen de protección de menores que rige desde hace décadas para la televisión convencional.

El acuerdo, rubricado el pasado jueves junto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los principales agentes del sector —entre ellos RTVE, Atresmedia, Mediaset, Movistar+, Forta, Autocontrol y varias organizaciones de consumidores—, ha tardado en cerrarse más de dos años y, de momento, no se conocen todos los detalles. 

Fuentes de la CNMC consultadas por infoLibre indican que previsiblemente la semana próxima se publicará el texto íntegro en el Boletín Oficial del Estado, momento en que se conocerán las categorías de edad homologadas y el catálogo definitivo de descriptores visuales que deberán acompañar a cada contenido.

La extensión de esta normativa a los creadores de contenido digital es posible gracias a la figura jurídica de los usuarios de especial relevancia (UER), acuñada por la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 y desarrollada reglamentariamente en 2024. La ley los considera, a efectos de protección de menores y comunicaciones comerciales, prestadores de servicios de comunicación audiovisual, con obligaciones equiparables a las de un canal de televisión.

Para ser considerado UER, un creador debe cumplir dos requisitos simultáneamente. El primero es económico: haber obtenido durante el año natural anterior ingresos brutos iguales o superiores a 300.000 euros derivados de su actividad en plataformas de intercambio de vídeo. Bajo ese paraguas entran los ingresos por publicidad insertada en sus vídeos, los pagos directos de las plataformas, las cuotas de suscriptores, las ayudas públicas vinculadas a su actividad y cualquier otro ingreso derivado de ella. 

El segundo requisito es de alcance: haber superado en algún momento del año el millón de seguidores en una sola plataforma, o los dos millones sumando todas las plataformas en las que opere. Además, debe haber publicado al menos 24 vídeos en ese mismo año, con independencia de su duración.

La norma excluye expresamente a quienes no superen esos umbrales. El chaval que sube vídeos para sus amigos o el creador con decenas de miles de seguidores quedan fuera. La regulación apunta a los grandes, a quienes compiten por la misma audiencia —y la misma inversión publicitaria— que la televisión convencional.

La regulación audiovisual española contemplaba ya, para las plataformas bajo demanda, mecanismos de protección de menores distintos a los de la televisión lineal. Las restricciones horarias —que en televisión abierta prohíben contenidos para adultos antes de las 22:00 horas— no tienen sentido en servicios donde el usuario elige cuándo reproduce cada vídeo. 

La ley obliga a esas plataformas a sustituir las franjas horarias por controles técnicos: PIN parental para bloquear contenidos, perfiles infantiles que filtran automáticamente el catálogo y calificación de edad visible antes de reproducir cada vídeo.

El problema es que hasta ahora cada empresa usaba sus propios baremos. Una misma película podía estar clasificada como apta para mayores de 12 años en la televisión en abierto, de 16 en Netflix y de 14 en Prime Video, según los criterios internos de cada operador. El control parental que una familia configuraba en el televisor del salón no se trasladaba con coherencia a las aplicaciones del móvil o la tableta.

El nuevo acuerdo unifica ese sistema. El criterio de edad y los iconos descriptivos que aparezcan en una plataforma serán los mismos que en cualquier otra, y también los mismos que deberán usar los UER en sus canales de YouTube, Twitch o TikTok. Hasta ahora esos canales quedaban fuera de cualquier marco: un menor que no encontrara contenido adecuado en la televisión podía acceder sin filtro alguno a cualquier streamer.

El texto definitivo del acuerdo, pendiente de publicación, fijará las categorías de edad exactas y los descriptores visuales concretos. Con arreglo a los estándares europeos en los que se basa el sistema —similares a los del sistema europeo de clasificación por edades de los videojuegos—, los descriptores previstos se agruparán muy probablemente en áreas como violencia, sexualidad y desnudez, lenguaje soez y discriminación, consumo de sustancias y apuestas, y contenidos de impacto psicológico, entre los que se incluyen los retos o challenges peligrosos y los contenidos que puedan incitar a trastornos de conducta alimentaria o autolesiones.

Para los UER, el descriptor de lenguaje soez tiene una relevancia particular: es uno de los rasgos más habituales del entretenimiento en plataformas de streaming en directo, donde la espontaneidad del formato dificulta cualquier filtro previo.

El mecanismo de cumplimiento es inmediato. Según la información facilitada por el regulador, los prestadores de servicios audiovisuales de ámbito estatal —incluidos los UER— están obligados a adherirse a un sistema de regulación como el establecido en el acuerdo. La CNMC podrá iniciar actuaciones sancionadoras desde el día siguiente a la firma. No hay periodo de adaptación para quienes ya debían estar cumpliendo la ley: la firma activa directamente la capacidad sancionadora del regulador.

El modelo elegido es la corregulación, no la regulación unilateral. Reguladores, empresas del sector y organizaciones de la sociedad civil comparten la responsabilidad de aplicarlo. Una vez en vigor, cualquier ciudadano podrá presentar reclamaciones ante la CNMC si considera que un prestador ha clasificado mal la edad de un contenido o ha omitido algún descriptor.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández —que a partir de la semana que viene estará en funciones, al cumplir seis años en el cargo—, subrayó en el acto de firma que el sector audiovisual debe contar con marcos regulatorios adaptados a su evolución real. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, apeló a la idea de que innovación y protección no son términos incompatibles.

La incorporación de las comunidades autónomas al acuerdo será progresiva. En la firma inicial participaron el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana y las autoridades audiovisuales de Castilla-La Mancha y Navarra. El resto podrán adherirse en fases posteriores, lo que permitirá que las televisiones autonómicas y locales bajo su supervisión se incorporen gradualmente al sistema.

Durante el primer año, los órganos de gobernanza del acuerdo estarán integrados por los firmantes iniciales. A partir del segundo año funcionarán con renovación rotatoria, abierta a todos los adheridos.

Lo que queda pendiente es lo más concreto: las franjas de edad exactas, el diseño gráfico de los iconos y el catálogo definitivo de descriptores. Eso lo fijará el BOE, previsiblemente la semana próxima. 

El Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios los nombres que ocuparán los puestos vacantes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de que expiren los mandatos actuales. La presidenta, Cani Fernández, y los consejeros Josep Maria Salas y Carlos Aguilar terminan su mandato de seis años el 16 de junio. Un cuarto puesto, el de la consejera Pilar Sánchez, que entró con ellos en 2020 y cesó voluntariamente en enero de 2026, también debe ser cubierto. Que llegue esa fecha no significa que ese día se produzcan los nombramientos, pero el reloj corre y las negociaciones están en marcha.

La CNMC es uno de los organismos reguladores más importantes del Estado. Su consejo tiene diez miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. Supervisa los mercados de energía, telecomunicaciones, transporte, audiovisual y competencia. Multa a empresas por prácticas anticompetitivas, fija las tarifas de acceso a las redes eléctricas y de gas, regula el mercado ferroviario y, cuando el Parlamento le otorgue la habilitación que lleva más de un año esperando, será también la autoridad que vigile a las grandes plataformas digitales en España y supervise asuntos tan delicados para los medios de comunicación como el reparto de la publicidad institucional.

El procedimiento de renovación está fijado en la Ley 3/2013, aprobada con mayoría absoluta del PP bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno nombra a los consejeros mediante real decreto, a propuesta del ministro de Economía, entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos de actuación del organismo. Antes de que el decreto se publique, el candidato debe comparecer ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, que tiene un mes para vetarlo.

Ese veto requiere mayoría absoluta de esa comisión, es decir, al menos 19 de sus 37 diputados. El PP tiene 14 y Vox, tres. Suman 17. No llegan solos. Para bloquear un nombramiento necesitan el apoyo de, al menos, dos diputados más de otros grupos. Sin ese apoyo adicional, los candidatos del Gobierno salen adelante.

El Ejecutivo (PSOE y Sumar, con 12 y tres diputados en la comisión, respectivamente) da por hecho que no puede pactar los nombres con el PP, así que necesita llegar a acuerdos con ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG (con un diputado cada uno). 

En su última comparecencia anual ante la Comisión de Economía, el 21 de abril, la presidenta saliente, Cani Fernández, dedicó el cierre de su intervención a hablar de la renovación y de lo que considera las dos deudas pendientes del Congreso con el regulador.

La primera es la habilitación para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales de la UE, conocido como DSA por sus siglas en inglés. Ese reglamento, en vigor desde febrero de 2024, obliga a cada Estado miembro a designar una autoridad coordinadora con poderes reales para supervisar, investigar y sancionar a las plataformas.

El Gobierno designó a la CNMC en enero de 2024, pero no le dio los instrumentos legales para actuar. El organismo tiene el título, pero no las herramientas. Fernández lo resumió sin rodeos ante los diputados: sin esa habilitación —que el PP se ha negado a conceder las dos veces que se sometió a votación en el Congreso—, la CNMC no puede investigar ni sancionar a los prestadores de servicios establecidos en España ni proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las plataformas digitales.

La segunda norma pendiente es la EMFA, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que también asigna funciones al regulador nacional. España acumula retraso en ambas.

“En sus manos está, señorías”, dijo Fernández antes de pedir que la renovación se produzca con garantías de independencia, rigor técnico y continuidad institucional.

La realidad es que el Partido Popular lleva meses utilizando la renovación de la CNMC como palanca. Cuando el Congreso rechazó en abril la proposición de ley del Grupo Socialista que habría dado a la CNMC los poderes necesarios para aplicar el DSA, el PP argumentó que ampliar las competencias del regulador antes de renovar su consejo era crear un instrumento de control político. Exigió primero la renovación, con consejeros de su agrado, y después las competencias.

El argumento tiene un problema de fondo. El DSA no es una opción que el Gobierno pueda decidir aplicar o no. Es un reglamento europeo directamente aplicable. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en julio de 2024 y, tras un dictamen motivado que Madrid no atendió, llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE en mayo de 2025. El caso tiene ya número de registro: C-841/25. Si el tribunal declara el incumplimiento y España no corrige la situación, pueden llegar sanciones económicas.

La posición del PP recuerda a la que sostuvo durante años con el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación bloqueó para asegurarse de que los nuevos vocales fuesen de su agrado. La diferencia con la CNMC es que aquí el mecanismo legal no permite al PP plantear un bloqueo indefinido: la ley establece plazos y el Gobierno puede nombrar sin el voto afirmativo de los de Alberto Núñez Feijóo, siempre que no exista un veto respaldado por una mayoría absoluta que la derecha no alcanza por sí sola.

La CNMC que se renueva ahora no es la misma institución que existía cuando fue creada en 2013. Sus competencias han crecido. Tiene ya atribuida la supervisión del audiovisual, la defensa de la competencia, la regulación energética y el sector ferroviario. Le faltan dos piezas que llevan tiempo en el Boletín Oficial europeo, pero no en el español: la coordinación del DSA y el desarrollo de la EMFA.

En su comparecencia de abril, Fernández recordó que la CNMC presidirá el organismo de reguladores europeos de telecomunicaciones, BEREC, en 2027, y que durante 2025 presidió el Media Board de la UE, que se ocupa de la EMFA. La institución tiene peso internacional. Pero, en casa, el regulador lleva más de un año sin poder ejercer las funciones que le corresponden por derecho europeo.

Los mandatos que vencen el 16 de junio se renuevan de forma parcial cada dos años precisamente para evitar que un solo gobierno controle el organismo de golpe. Quien ocupe la presidencia ahora tendrá un mandato que se extenderá hasta 2032. De ahí las maniobras del PP para intentar condicionar el nombramiento o, al menos, retrasarlo, pensando en poder hacerlo a su gusto el año que viene si, como dicen las encuestas, consigue controlar el Congreso con la ayuda de la ultraderecha de Vox.

La renovación afecta a varios ministerios. Economía, ahora en manos de Carlos Cuerpo, que siempre ha sido quien ha controlado el organismo, aspira a seguir haciéndolo. Pero otros departamentos, cuya labor se ve fuertemente afectada por las decisiones de la CNMC, como es el caso de Transportes (Óscar Puente), Transformación Digital (Óscar López) y Transición Ecológica (Sara Aagesen), también tienen algo que decir. Será el presidente Pedro Sánchez quien, en última instancia, decida.

En todo caso, no hay mucho margen de maniobra, porque solo hay cuatro asientos a repartir. Si se repite el reparto de 2020, el PSOE se reservará la presidencia y un consejero, Sumar nombrará a otro —hace seis años lo hizo Podemos— y ERC al cuarto.

El problema, una vez más, es Junts, que logró en 2024 un asiento, el de Pere Soler, todavía en el cargo, pero con el que no están satisfechos por no haberse opuesto a la opa del BBVA sobre el Sabadell, y quiere volver a designar un representante. Si se alinea con PP y Vox, tiene en su mano bloquear indefinidamente la renovación.

La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) del Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado al nuevo director general de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), Miguel Ángel Fontán, su posición sobre el concurso que debe fijar el modelo de medición de audiencias digitales en España a partir de 2027. El documento, firmado el pasado jueves por José Manuel Nevado, responsable de Comunicación Institucional de Moncloa, plantea que el sistema que resulte del proceso no puede seguir tratando el volumen de audiencia como el indicador central de eficacia. Hacerlo, argumenta el texto, supone medir el ruido en lugar de medir el impacto.

El escrito del Gobierno llega una semana después de que Fontán tomara posesión del cargo. Su predecesor, Carlos Lozano, dejó la AIMC en pleno proceso de licitación tras más de 15 años al frente de la asociación. El concurso, convocado por la AIMC junto con la AEA y la IAB Spain, tiene dos candidatos en liza —GfK y Comscore— después de que Nielsen quedara descartado por no cumplir los requisitos del pliego. La resolución está prevista para este mes de junio.

Es una respuesta a una petición de opinión por parte de la AIMC y no tiene capacidad de condicionar su decisión. No obstante, sí marca una posición muy relevante por parte de un actor central del ecosistema mediático, del que dependen cada año la distribución de millones de euros en publicidad institucional.

El documento de Nevado, al que ha tenido acceso infoLibre, toma como punto de partida el comunicado que publicó el Club Abierto de Editores (CLABE) el 11 de mayo, en el que los editores advertían de los riesgos de integrar el tráfico procedente de redes sociales con el que generan los activos editoriales propios. La Secretaría de Estado comparte ese diagnóstico de partida, pero lo amplía hacia una pregunta más amplia: qué mide exactamente el sistema cuando computa una “impresión” publicitaria.

La respuesta que da el texto es que los sistemas actuales no distinguen entre un lector que pasa tres minutos leyendo un reportaje sobre una prestación social y un transeúnte que cruza frente a un panel digital sin reparar en él. Ambos computan igual. Para el Gobierno, esa equiparación tiene consecuencias directas sobre la eficacia del gasto público en comunicación institucional. “Un sistema de medición que los trate como equivalentes no está midiendo la eficacia de la comunicación; está midiendo el ruido”, subraya el escrito remitido a la AIMC.

El núcleo del argumento de Nevado descansa en una clasificación de los objetivos comunicativos de las administraciones públicas que distingue tres categorías. Las campañas de información persiguen que la ciudadanía comprenda una política pública, un nuevo derecho o un cambio normativo. Las campañas de cambio de comportamiento buscan modificar hábitos: conducción, vacunación, consumo energético, prevención de la violencia de género. Las campañas de llamada a la acción intentan que el ciudadano realice un trámite concreto en un plazo determinado.

En ninguno de los tres casos, sostiene el texto, el número de personas expuestas al mensaje es un indicador suficiente de si la campaña ha funcionado. Una campaña de seguridad vial que llega a 20 millones de personas, pero no modifica el comportamiento de ninguna es un fracaso, aunque sus métricas de audiencia sean impecables. El éxito, en esos casos, se mide por comprensión, por cambio de actitud o por tasa de conversión. Ninguna de esas variables la captura el sistema actual.

El documento introduce además un argumento técnico que va más allá del debate sobre plataformas: la relación entre audiencia e impacto no es proporcional. Duplicar el número de personas que ven un anuncio no duplica el efecto del anuncio. El impacto depende de variables que el volumen no registra: la atención real del receptor, la comprensión del mensaje, la credibilidad percibida de la fuente y la profundidad del procesamiento cognitivo.

El texto cita como ejemplo una campaña sobre una nueva ley de vivienda. Un reportaje televisivo de tres minutos puede transmitir condiciones de acceso, plazos y requisitos documentales con suficiente detalle como para que el espectador actúe. Un vistazo a un soporte publicitario urbano y digital situado en una marquesina de autobús no puede transmitir esa misma información, aunque el panel registre miles de impactos diarios. 

Tratarlos como equivalentes, argumenta el Gobierno, no produce información útil para decidir cómo distribuir el presupuesto de una campaña. Produce justificaciones para decisiones ya tomadas.

“En el ámbito de la publicidad institucional”, explica el documento, “donde el dinero invertido es dinero público y los objetivos son de interés general, la diferencia entre medir el ruido y medir el impacto no es una cuestión académica: es una cuestión de responsabilidad democrática".

La Secretaría de Estado propone que el nuevo sistema incorpore tres variables que los modelos actuales ignoran. La primera es la afinidad entre el mensaje y el perfil del receptor. Alcanzar a un millón de personas del público objetivo de una campaña sobre ayudas al alquiler para jóvenes es más eficaz que llegar a diez millones de personas de perfil aleatorio, pero el sistema basado en el volumen trata el segundo escenario como diez veces mejor que el primero.

La segunda variable es el contexto editorial. El documento precisa que cuando habla de “línea editorial” no se refiere a la orientación política del medio, sino a su especialización temática y a la disposición cognitiva de su audiencia. Un medio especializado en salud es un contexto más receptivo para una campaña de vacunación que una red social donde el usuario consume contenido de ocio.

La tercera variable es la compatibilidad entre el mensaje y el entorno en el que se inserta. El texto señala que cuando un anuncio institucional aparece en un contexto editorial que contradice su contenido, no solo pierde eficacia, sino que puede resultar contraproducente. Una campaña de prevención de la violencia de género en un entorno que trivializa la violencia, argumenta el documento, puede ser ofensiva para las víctimas y corrosiva para el objetivo de la campaña.

El escrito de Nevado se detiene especialmente en el riesgo de lo que denomina medición transmedia indiferenciada: la suma de todos los puntos de contacto de un usuario con un mensaje a través de diferentes medios y plataformas, sin distinguir la naturaleza de cada uno. Una lectura de tres minutos, un story visto durante un segundo, un clic accidental en un enlace patrocinado y una impresión de un banner que el usuario ni siquiera ha procesado conscientemente no generan el mismo impacto. “Producirá cifras más grandes y más detalladas, pero no producirá mejor información para la toma de decisiones“ advierte la SEC a la AIMC.

Para el Gobierno, esto tiene una dimensión específica que va más allá del mercado publicitario. Cuando una administración pública necesita justificar una decisión de gasto ante un órgano de control, un sistema que suma todos los puntos de contacto sin distinguirlos permite presentar cifras de alcance impresionantes aunque la campaña no haya cumplido ninguno de sus objetivos. 

El texto del responsable de Comunicación Institucional aborda también un argumento que circula con frecuencia en los debates sobre publicidad institucional: que el reparto de publicidad pública debe servir también para sostener la viabilidad de los medios pequeños y locales. El Gobierno reconoce que esa función es legítima. Pero sostiene que mezclar ese objetivo con el sistema de medición perjudica a los dos.

Si las administraciones quieren apoyar la pluralidad del ecosistema mediático, deben hacerlo mediante instrumentos específicos —subvenciones, ayudas a la digitalización, beneficios fiscales—, no distorsionando los criterios de asignación publicitaria. Un sistema diseñado para hacer las dos cosas a la vez no hace bien ninguna.

La posición del Gobierno no llega en el vacío. El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026 y pendiente todavía de aprobación definitiva antes de ser remitido al Congreso, obliga a que los medios que quieran optar a publicidad institucional utilicen sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024. El artículo 23 del EMFA exige que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales y que publiquen sus metodologías.

El documento de Nevado conecta esa arquitectura legal con el debate metodológico. Sin un sistema que mida el impacto real y no solo la exposición, argumenta, toda esa legislación se queda sin los instrumentos necesarios para cumplir su función. El estándar que fije el concurso de la AIMC será la base sobre la que descanse la distribución de publicidad pública en España durante los próximos años.

El escrito propone cinco dimensiones que debería incorporar el nuevo sistema. La profundidad de la exposición, que distinga entre formatos que permiten un procesamiento cognitivo sostenido —lectura, visionado, audio— y formatos de exposición superficial. La afinidad entre el mensaje y el público objetivo real de la campaña. La coherencia entre el entorno editorial y el contenido del mensaje. La capacidad informativa del formato, es decir, si el soporte puede transmitir información compleja o solo consignas breves. Y, por último, indicadores de resultado: comprensión del mensaje, recuerdo, intención de acción, acción efectiva.

El documento reconoce que muchos de esos indicadores ya se miden en investigaciones ad hoc de eficacia publicitaria. El problema es que no forman parte del sistema estándar de medición del mercado y, por tanto, no se aplican de forma sistemática a las decisiones de planificación de medios.

El concurso que debe resolverlo está a punto de cerrarse. El contrato con GfK, prorrogado para cubrir todo 2026 mientras se completaba el proceso, expira a final de año. El modelo que lo sustituya determinará qué cuenta y qué no cuenta en el mercado publicitario digital español hasta al menos 2030.

“Se acabó”. La periodista Àngels Barceló (Barcelona, 1963) puso este jueves fin, por sorpresa y de forma abrupta, a su etapa de siete años al frente de Hoy por Hoy, el programa estrella de la Cadena SER. “Hoy soy yo la que hablo”, dijo sin previo aviso al final de la emisión de este jueves. “Es el último Hoy por Hoy que hago. Se acabó. He acordado con la casa, y con su complicidad, que lo dejo aquí. Porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene”.

Fue la única explicación que ofreció, antes de añadir, a continuación, una metáfora reveladora. “Pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha”, subrayó.

La periodista había anunciado su renuncia a continuar en la cadena el pasado 22 de mayo, después de meses de tensiones internas entre algunos de los principales responsables de programas y Fran Llorente, director de contenidos designado dos años antes por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa. Un conflicto que se volvió especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere impulsar Oughourlian.

En los últimos meses se acumularon los indicios que apuntaban a que Prisa estaría modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

Barceló aprovechó su último programa para sacar pecho por los mejores datos de audiencia que Hoy por Hoy ha conseguido. “Que vengan a perseguirnos”, retó antes de agradecer “la complicidad de los oyentes” que les “han traído de la mano hasta aquí”. “Porque sin los oyentes nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Los oyentes nos han dado la fuerza para levantarnos todas las mañanas, para venir aquí, para decidir cómo lo hacíamos, qué poníamos, dónde íbamos, dónde conectábamos”.

En defensa de su trayectoria, puso en valor su compromiso con “la verdad, el compromiso de ser rigurosos”. “Hoy termina una etapa, comienza otra”, insistió, sin mencionar siquiera al que será su sucesor a partir del 31 de agosto, el periodista Aimar Bretos.

“Sed muy felices con lo que os toque”, añadió en referencia a los miembros de su equipo. “Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca. Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado del todo”, añadió en referencia a la cadena, “se pasa un tiempo de duelo, pero luego a gente es capaz de volverse a enamorar. O sea que enamórense; yo no me desenamoraré de la radio, de eso pueden estar bien convencidos”.

José Luis Sastre, la mano derecha de Barceló en los últimos años al frente del programa, abandonará también las mañanas y pasará a dirigir y presentar Hora 25, el programa informativo nocturno de la cadena, precisamente el que dejará libre el periodista que se hará cargo de Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto.

En un vídeo difundido por la SER, Sastre ha anunciado que dirigirá Hora 25, que se emite de 20:00 a 23:30 horas, y lo ha hecho junto a Esther Bazán, quien, por su parte, conducirá el primer tramo informativo de esta franja, desde las 20:00 hasta las 20:30 horas.

Esta reconfiguración de la parrilla de la cadena, forzada por la salida de Barceló, tendrá como consecuencia una mayor masculinización de los principales programas, que estarán dirigidos aún más por hombres. A falta de conocer qué hará ahora la emisora de Prisa con el resto de la programación, al frente de grandes espacios quedan únicamente Aida Bao (informativos del fin de semana) y Mara Torres, que dirige y presenta cada madrugada El Faro, un programa nocturno muy personal centrado en entrevistas en profundidad.

Barceló llevaba en la Cadena SER desde julio de 2005, donde comenzó al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo Hora 25 y, desde septiembre de 2019, dirige y presenta el magacín matinal Hoy por Hoy, líder de audiencia en la radio española.

OpenAI abrirá en la segunda mitad de 2026 su primera oficina en España. La sede estará en Madrid y ofrecerá, según el comunicado remitido a medios, “mejor apoyo” a una comunidad creciente de usuarios, empresas, desarrolladores, centros académicos y administraciones públicas. El anuncio coincide con un momento relevante para la compañía: el 22 de mayo presentó de forma confidencial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el documento previo a su salida a bolsa, y el 9 de junio reconoció públicamente su intención de cotizar en Wall Street antes de que acabe el año.

La apertura de la oficina madrileña no es un gesto aislado. Forma parte de una secuencia de movimientos que la empresa está ejecutando mientras ultima su oferta pública de acciones, prevista para el cuarto trimestre de 2026 y que los bancos asesores —Goldman Sachs y Morgan Stanley, con participación de JPMorgan— sitúan entre septiembre y noviembre. La valoración objetivo se mueve entre los 852.000 millones de dólares, cifra alcanzada en la última ronda de financiación de 122.000 millones cerrada en marzo de 2026, y el billón de dólares.

OpenAI justifica la elección de Madrid con un dato concreto: España figura entre sus cinco principales mercados europeos por usuarios activos semanales de ChatGPT. La compañía subraya además que el uso de sus herramientas entre empresas y desarrolladores españoles no ha dejado de crecer. La oficina, según el comunicado, reforzará tres tipos de perfil profesional: atención a clientes, puestos técnicos aplicados, y política pública e institucional. La ubicación exacta y los procesos de selección se anunciarán en los próximos meses.

Para entender qué tipo de sede será la madrileña, conviene situarla en el mapa europeo que OpenAI ha ido construyendo. La empresa ya dispone de una red de oficinas con funciones diferenciadas. Dublín actúa como ancla jurídico-regulatoria para la Unión Europea. Bruselas opera como antena de diálogo con las instituciones comunitarias. París, Múnich y Zúrich funcionan como centros de negocio y talento técnico.

Londres ocupa un lugar diferente. En febrero de 2026, OpenAI confirmó que la capital británica se convertiría en su mayor centro de investigación fuera de Estados Unidos. En abril anunció una sede permanente en el barrio de King's Cross, en los edificios Regent Quarter, Jahn Court y Brassworks Building, con una superficie de 8.200 metros cuadrados y capacidad para hasta 544 empleados. La apertura está prevista para 2027. El Gobierno británico y OpenAI firmaron además una alianza estratégica en julio de 2025 para impulsar la adopción de inteligencia artificial en el país.

Madrid no tiene ese mandato de investigación. El patrón del anuncio reproduce, casi palabra por palabra, el que de forma mucho más modesta OpenAI utilizó con París o Múnich: foco en acompañar a empresas en la integración de la IA, equipo local mixto con perfiles comerciales, técnicos e institucionales, y una retórica de “mercado en crecimiento” que convierte la decisión en lógica más que en excepcional. La capital española sería el séptimo nodo europeo de la compañía, tras Londres, Dublín, París, Bruselas, Zúrich y Múnich.

A pesar de ello, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó la llegada de OpenAI a Madrid como una prueba de que la regulación española de la inteligencia artificial “hace (a España) ser cada vez más competitiva”. La decisión de la empresa “demuestra el enfoque que damos sobre la regulación” de la IA, defendió López. “Lejos de alejar la inversión”, la apertura “muestra que somos competitivos”. Y encuadró el anuncio en una narrativa de liderazgo tecnológico nacional, insistiendo, una vez más, en que España “va a ser un líder mundial” en tecnologías cuánticas.

El propio comunicado de OpenAI habla de otra cosa. Su oficina, subraya el texto, servirá para “reforzar la capacidad de OpenAI para colaborar con las empresas españolas a medida que pasan de experimentar con la IA a integrarla de forma más profunda en sus operaciones”.

La comparación con el resto del despliegue europeo de la compañía matiza la importancia de la oficina española. OpenAI lleva años instalando equipos locales en los mercados donde confluyen una adopción empresarial consolidada, ambiciones públicas en materia de inteligencia artificial y un marco regulatorio que, más que restringir, ofrece certezas para operar. España cumple esas tres condiciones. La apertura de Madrid responde a esa lógica de expansión, no a un incentivo regulatorio específico.

La oferta de venta de acciones en una bolsa de valores abierta al público general que OpenAI prepara ayuda a entender el calendario de este anuncio. La compañía presentó el 22 de mayo el documento que pone en marcha el proceso ante el regulador de EEUU y el 9 de junio reconoció públicamente su intención de cotizar. Los bancos asesores trabajan con un horizonte de entre septiembre y noviembre de 2026, aunque OpenAI ha subrayado que no hay fecha fija y que las condiciones del mercado podrían alterar ese calendario.

La cifra que circula en los informes de los analistas es la de un billón de dólares de valoración. Si se cumple, OpenAI se situaría como la cuarta empresa más valiosa del mundo, por detrás de Nvidia, Apple y Microsoft, y por delante de Saudi Aramco, Alphabet y Amazon. Los ingresos proyectados para 2026 rondan los 20.000 millones de dólares.

Una salida a bolsa de esa magnitud requiere que los inversores vean una empresa con presencia global consolidada. Cada oficina que OpenAI abre en los meses previos al debut bursátil forma parte del relato que la compañía construye para Wall Street: una empresa que no solo domina el mercado estadounidense, sino que ha echado raíces comerciales e institucionales en los principales países de Europa.

En ese contexto, Madrid aporta algo más que un mercado. Aporta la imagen de una compañía que ha cubierto las capitales política y económica de los cinco grandes países de la Unión Europea antes de pedir a los inversores que confíen en ella a escala planetaria.

OpenAI no es la primera empresa del sector que ha presentado su solicitud de salida a bolsa ante la SEC. Anthropic, el otro gran laboratorio de inteligencia artificial, puso en marcha el proceso el 1 de junio, diez días después que OpenAI. Su valoración actual supera la de su rival: 965.000 millones de dólares frente a los 852.000 millones que OpenAI registró en su última ronda. Sus ingresos anualizados a abril de 2026 también superan a los de OpenAI: 30.000 millones frente a entre 24.000 y 25.000 millones.

Anthropic apunta a cotizar en el Nasdaq en octubre de 2026, un mes después de la ventana que los analistas manejan para OpenAI. Junto a SpaceX, que también está en pleno proceso de salir a bolsa, las tres compañías sumarían una capitalización conjunta cercana a los cuatro billones de dólares si sus debuts bursátiles se completan en los términos previstos.

En una época de saturación informativa, el youtuber, cineasta y periodista de investigación Carles Tamayo (Masnou, 1995) se ha consolidado como el referente de una nueva generación de comunicadores capaces de combinar el rigor más exigente con los lenguajes digitales para destapar asuntos tan complejos como sectas, estafas y redes de manipulación. 

Su estilo cercano y directo ha demostrado que el periodismo independiente, incómodo y comprometido con la verdad no solo puede conectar con las audiencias jóvenes, sino que sigue siendo una herramienta imprescindible para defender el pensamiento crítico, un esfuerzo que le ha valido el Premio Joven infoLibre 2026 al Periodismo Comprometido, que se entregará en una gala en Barcelona el próximo jueves 18. Si quieres asistir, aquí te contamos qué tienes que hacer.

En esta entrevista, el galardonado reflexiona sobre el salto del entorno digital a la televisión tradicional, analizando los desafíos de los rígidos calendarios televisivos frente a la libertad de YouTube, y cómo el respaldo de un gran equipo le permite ahora plantear investigaciones aún más ambiciosas y complejas. 

Infiltrarse siempre ha sido una técnica periodística complicada y arriesgada. ¿Dónde traza la línea entre el engaño necesario para que una investigación funcione y el engaño que ya no puedes justificar éticamente? ¿Hay cosas que no haría aunque la historia lo mereciera?

La infiltración es una herramienta más. Yo no creo que sea buena ni mala por sí misma. La pregunta importante es si existe una forma alternativa de obtener esa información y si el interés público justifica utilizarla. Si puedo conseguir la información dando la cara como periodista, prefiero hacerlo así. Pero hay investigaciones en las que eso simplemente no es posible. Hay personas o estructuras que nunca te van a enseñar cómo funcionan realmente si saben que les estás investigando. Y potencialmente te van a usar para hacerse propaganda.

Obviamente, siempre me surgen dudas morales y tengo mis propias contradicciones. No tengo una respuesta sencilla.

También creo que existe cierta obsesión con la idea de la imparcialidad. Yo no creo que el periodismo consista en colocarse exactamente a la misma distancia de todo el mundo. Cuando investigo cualquier cosa, normalmente hay una persona que está siendo perjudicada y otra que está provocando ese perjuicio. Tratar ambas posiciones como si estuvieran en igualdad de condiciones me parece injusto. Yo no lo voy a hacer. Para mí, el rigor consiste precisamente en contrastar toda la información, verificar los hechos y escuchar a todas las partes implicadas, pero eso no significa fingir que todos los actores tienen la misma posición de poder.

Su trayectoria arranca en canales alternativos y ahora llega a Se nos ha ido de las manos en RTVE. ¿Qué pierde y qué gana cuando el periodismo de investigación pasa de una plataforma que controlas uno mismo a una institución que tiene sus propias presiones, sus propios tiempos y su propio consejo de administración?

Honestamente, yo no he notado ninguna presión editorial. Hemos ido de la mano de Ramón Campos, de Bambú Producciones, y, si ha habido alguna presión en algún nivel, a mí no me ha llegado. Creo que el resultado lo demuestra bastante bien: hemos podido tocar los temas que queríamos, como queríamos y con el formato que creíamos adecuado. Que algo así llegue en el prime time de una televisión no es fácil. Siento que se han alineado un poco los astros.

Lo que sí cambia son los tiempos. En YouTube tenía una libertad enorme para decidir cuándo publicaba y cuánto tiempo dedicaba a cada cosa. En televisión, los calendarios son mucho más rígidos. Pero también he ganado otras cosas. De repente puedo trabajar con un equipo muchísimo más grande, cuando durante años he estado solo. Eso me permite hacer investigaciones más ambiciosas y plantear propuestas narrativas mucho más locas de las que podría asumir por mi cuenta en YouTube.

Y, sobre todo, estamos llegando a un público completamente distinto. Hay muchísima gente que nunca vería uno de mis reportajes en YouTube y que sí se ha encontrado con la serie de Prime Video o la de RTVE. Nuestro objetivo es aunar estas dos audiencias. Me emociona especialmente cuando alguien por la calle me dice que se han puesto hijos y padres delante de la tele para ver uno de nuestros documentales… antes solo se los miraban los hijos.

¿Sufre acoso e injurias en redes o en persona? No es un fenómeno nuevo ni exclusivo suyo: ocurre de forma sistemática a periodistas que tocan estructuras de poder, sean sectas, esquemas de fraude o partidos políticos. ¿Cómo afecta ese acoso a las decisiones editoriales, consciente o inconscientemente? ¿El periodismo joven está absorbiendo ese coste sin que nadie lo nombre?

Cualquier tema que toco suele molestar a alguien. A veces son amenazas, a veces campañas de desprestigio, publicaciones en redes o intentos de desacreditar el trabajo realizado. Forma parte del trabajo y estamos bastante acostumbrados.

De hecho, me preocuparía más que nadie respondiera. Cuando una investigación genera una reacción, es porque probablemente está señalando algo que incomoda o que genera problemas a alguien. Eso no significa que todas las críticas sean injustas, pero sí que muchas veces las respuestas llegan antes para desacreditar al mensajero que para discutir el contenido.

Más allá de ese ruido, la realidad es que casi nunca llega a nada. Incluso he sido denunciado por algunas de las organizaciones que he investigado y no ha prosperado. En muchos casos son estrategias destinadas a asustarte o a hacerte pensar dos veces antes de volver a hablar del tema.

Donde sí veo un problema es en la gente que empieza. Yo ya tengo una comunidad, una productora y cierta experiencia gestionando estas situaciones. Pero para un periodista joven, recibir una campaña de acoso cuando todavía está intentando abrirse camino puede ser mucho más difícil. Y creo que es un coste del que se habla menos de lo que debería.

infoLibre le reconoce por un periodismo libre, valiente y comprometido con la ciudadanía. Pero "valiente" es una palabra que a veces se usa para elogiar lo que debería ser simplemente normal. ¿Qué condiciones estructurales —laborales, económicas, legales— harían que ese periodismo dejara de necesitar valor para hacerse y pudiera hacerse, simplemente, como un trabajo? 

Lo que hace falta es algo mucho menos épico de lo que parece: tiempo, estabilidad económica y cierta seguridad jurídica. 

Investigar requiere meses de trabajo, revisar documentación, contrastar información, ganarte la confianza de las fuentes y asumir que muchas líneas de investigación acabarán en nada. Eso es muy difícil cuando vives pendiente de fechas de entrega de los reportajes muy ajustadas. Por suerte, a mí se me está dando cierta banda ancha para que mire en pro del contenido y no de “publicar antes”.

Casi todas las buenas investigaciones que he visto tienen algo en común: alguien pudo dedicarles el tiempo necesario para llegar hasta el final.