En España, un número reducido de grupos familiares y fondos de inversión, a los que se suman los obispos, concentra el control de la mayoría de los medios de comunicación con audiencia nacional. Esa propiedad determina buena parte de las narrativas que consumen millones de ciudadanos a través del papel, la radio, la televisión y las plataformas digitales.

La concentración mediática en España no es una hipótesis: es un hecho documentado por instituciones europeas y académicos, y sus efectos se dejan sentir en la calidad informativa, en la independencia editorial y en la salud de la democracia. El Media Pluralism Monitor (MPM), elaborado por el Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) con financiación de la UE, sitúa al país en riesgo medio-alto en pluralismo, alerta de que la concentración de audiencia supera el 75% en televisión, radio y prensa, y subraya la opacidad en la propiedad.

El deterioro es reconocido también desde Bruselas. La Comisión Europea lo advirtió el 19 de julio de 2026 en su informe anual sobre el Estado de derecho en España. En el mismo sentido, el Liberties Media Freedom Report 2026, publicado en mayo, destaca un avance de la “concentración monopolística” como una de las principales amenazas a la libertad de prensa en nuestro país.

La evidencia académica corrobora el diagnóstico. Un estudio de 2025 (Media Ownership and Transparency in Spain) identifica que un núcleo duro de conglomerados —Grupo Planeta, Mediaset España, Grupo Prisa y Grupo Vocento— ejerce un control sustancial sobre el paisaje informativo, con estructuras de propiedad complejas, gran internacionalización y financiación que dificultan la transparencia editorial. 

Un informe posterior de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en el marco del proyecto europeo EurOMo (2026), confirma que el poder mediático se concentra en cinco grandes grupos (Planeta, Prisa, Media For Europe, RSC y Vocento), con fuerte presencia de inversores extranjeros y actores financieros, lo que complica identificar a los propietarios finales.

Este entramado se asienta sobre vacíos regulatorios y prácticas opacas. La propiedad cruzada de medios no está regulada en España, y cuando las empresas publican su estructura de propiedad, lo hacen de manera tan compleja que resulta incomprensible para el público general. 

Atresmedia, el grupo audiovisual que lidera las audiencias de televisión con Antena 3 y laSexta como canales principales, resume bien esa lógica. Su control reside en el Grupo Planeta, propiedad de la familia Lara, que comparte el mando con los italianos de De Agostini. Planeta se divide hoy en tres linajes de los nietos del fundador: los Lara García, los Lara Hoces y los Falcó Lara. Cada rama posee un tercio del capital. Las tensiones por la posible venta de algunas de esas participaciones han marcado la agenda interna del grupo en los últimos meses.

Vocento representa la fusión de dos culturas periodísticas distintas. Por un lado, la aristocracia monárquica madrileña que dio origen a Abc. Por otro, la prensa regional del norte, con El Correo y El Diario Vasco como cabeceras principales. Las familias Ybarra, Bergareche y Luca de Tena mantienen una presencia histórica en el consejo y capacidad de veto sobre las decisiones clave. Pero el grupo ha vivido un cambio de guardia financiero silencioso. El fondo Cobas Asset Management, de Francisco García Paramés, se ha convertido en el primer accionista individual de Vocento. Su entrada presiona por la rentabilidad y la disciplina de costes en un momento de crisis estructural del papel.

En Cataluña, el Grupo Godó mantiene un modelo de control familiar casi absoluto. Javier Godó es el titular real del holding que edita La Vanguardia y Mundo Deportivo. Tras un relevo generacional planificado, su hijo Carlos Godó asume ya la presidencia ejecutiva del grupo. Godó ha sabido blindar su influencia en el territorio catalán moviéndose, históricamente, cerca de los centros de poder institucional.

Ese control familiar convive con un fenómeno menos visible mediante el cual el capital extranjero decide el rumbo de cabeceras que se presentan como profundamente españolas. Unidad Editorial, responsable de El Mundo, Marca y Expansión, es en un 96% propiedad del grupo italiano RCS MediaGroup. Detrás de esa participación está Urbano Cairo, un empresario que construyó su imperio en la publicidad y el fútbol italianos. Cairo decide hoy el rumbo estratégico de uno de los principales focos de opinión de la derecha española, sin haber ejercido nunca el periodismo.

Un fenómeno similar ocurre en Mediaset España, la matriz de Telecinco y Cuatro. El poder reside allí en los herederos de Silvio Berlusconi. A través de Media For Europe y el holding familiar Fininvest, los hermanos Marina y Pier Silvio Berlusconi controlan la mayoría de los votos. El gigante francés Vivendi, del empresario Vincent Bolloré, queda como actor de presión minoritario tras años de conflictos judiciales entre ambas partes.

El caso de Prisa, editora de El País y la Cadena SER, es quizás el más claro de entrada del capital financiero puro en un medio de referencia. El grupo está bajo el mando de Joseph Oughourlian, empresario francoarmenio y líder del fondo Amber Capital. Su autonomía, sin embargo, está condicionada por una deuda que supera los 750 millones de euros. Esa deuda otorga un poder indirecto pero decisivo a los acreedores del grupo, entre ellos la gestora Pimco, vinculada a su vez a BlackRock. En ese mismo tablero aparece de nuevo Vivendi, cuya participación en Prisa ronda ya el 12% del capital, con aspiraciones declaradas de ampliar su control en el mercado de habla hispana.

Fuera de Madrid y Barcelona, el mapa cambia de escala, pero no de lógica. El Grupo Prensa Ibérica, liderado por Javier Moll, es el máximo exponente de una estrategia construida a base de adquisiciones sucesivas. La compra del Grupo Zeta en 2019 le dio el control de El Periódico y del diario Sport. Con 24 diarios bajo su gestión, Prensa Ibérica domina hoy la opinión pública en doce comunidades autónomas. Opera como un gigante con presencia en todo el territorio, pero con perfil discreto en la capital.

En Aragón, Henneo ha pasado de gestionar el Heraldo de Aragón a convertirse en un conglomerado con proyección nacional. La familia Yarza mantiene el control, con el respaldo financiero de Ibercaja Banco como socio de referencia. En Galicia, la propiedad de La Voz de Galicia ha quedado en manos de una fundación tras el fallecimiento de Santiago Rey, su histórico editor. De esa entidad depende la continuidad del diario como eje de la vida política gallega. En Andalucía, el Grupo Joly mantiene una estructura puramente familiar, con diez cabeceras provinciales que lideran el mercado regional.

En Castilla y León, el panorama mediático se reparte entre dos empresarios con perfiles marcados por procesos judiciales. Promecal está vinculado a Antonio Miguel Méndez Pozo. Edigrup pertenece al constructor José Luis Ulibarri. Ambos mantienen un control férreo de la prensa y la televisión autonómica en sus respectivos territorios, pese a los antecedentes legales que arrastran.

La Iglesia católica también es actor mediático de primer orden. A través de Ábside Media, la Conferencia Episcopal Española controla la Cadena COPE y el canal de televisión Trece. Ambos medios funcionan como herramientas de la batalla cultural de la derecha y la ultraderecha españolas. El holding ha logrado beneficios récord gracias a la radio, pero mantiene una televisión crónicamente deficitaria. Esas pérdidas se cubren en parte con inyecciones de capital procedentes de los excedentes de la asignación tributaria del IRPF. En el accionariado de Ábside figura también el naviero Vicente Boluda como socio estratégico.

La crisis del modelo tradicional y la fragmentación de audiencias han permitido la eclosión de medios nativos digitales, que se dividen en dos filosofías de propiedad opuestas. Un primer bloque actúa como laboratorio ideológico. La Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, adquirió y relanzó gaceta.es con el objetivo declarado de librar una batalla contra lo que llama el “consenso progre”. En una órbita similar se mueven proyectos como edatv.news, controlado por Javier Negre, u okdiario.com, de Eduardo Inda, cuya estructura societaria es a menudo opaca, aunque está vinculada a redes de inversores del ámbito empresarial y la derecha política. eldebate.com representa, en ese mismo espacio, la apuesta de la Asociación Católica de Propagandistas por influir en la agenda conservadora desde el entorno digital.

Frente a ese bloque existe otro grupo de medios digitales que ha explorado modelos de propiedad alternativos para proteger su independencia editorial. En eldiario.es, su director, Ignacio Escolar, es el accionista principal, y gran parte del capital está en manos de los propios trabajadores de la redacción. Publico.es es propiedad del productor audiovisual Jaume Roures. Elsaltodiario.com funciona bajo un modelo de cooperativa en el que los suscriptores son copropietarios del medio y no existen accionistas individuales. infoLibre cuenta con un accionariado dominado por José Miguel Contreras y repartido entre periodistas, lectores y socios editoriales como el francés Mediapart, y destaca como uno de los modelos más transparentes a la hora de identificar quién es su dueño.

El negocio de los medios españoles ya no consiste solo en vender información. Casi todos los grandes grupos han iniciado una huida hacia adelante que los lleva a diversificar su actividad hacia sectores donde su influencia mediática funciona como activo comercial. 

Planeta ha convertido la educación superior en una de sus divisiones más rentables, con universidades como UNIE y escuelas de negocios como EAE presentes en varios países. Henneo ha encontrado su motor económico en Hiberus, una consultora tecnológica que ya factura más que sus periódicos. Vocento se ha expandido hacia la gastronomía, con eventos como Madrid Fusión, y hacia las agencias publicitarias. Godó, por su parte, apuesta por el marketing de experiencias y la organización de eventos corporativos.

Esa hibridación genera conflictos de interés potenciales. Cuando un mismo grupo controla universidades, editoriales, constructoras o consultoras tecnológicas, y a la vez gestiona los medios informativos que deben cubrir esos sectores, la independencia editorial queda sometida a una tensión constante entre lo que el negocio necesita y lo que la información exige.

El resultado es un mapa de la propiedad mediática española donde conviven sagas familiares que luchan por no perder el control, corporaciones internacionales con intereses políticos propios y fondos de inversión que tratan los medios como un activo financiero más. Frente a esa estructura, los digitales independientes representan hoy una fracción de la audiencia total cuyo peso en la conversación pública crece con cada ciclo electoral.

Cinco grupos de comunicación regionales, pero de tamaño más modesto que Vocento o Prensa Ibérica, dominan, sin embargo, la información local en Galicia, Navarra, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en gran parte gracias a su estrecha vinculación con el poder autonómico.

En sus páginas web detallan, con distinto grado de precisión, cuánto dinero reciben cada año de las administraciones públicas en concepto de publicidad institucional. Algunos grupos, como La Voz de Galicia o Diario de Navarra, ofrecen cifras exactas y porcentajes sobre su facturación total. Otros, como Promecal o Edigrup, no dicen nada al respecto.

Corporación Voz de Galicia es el gran grupo mediático gallego, el más influyente en la vida política y económica de la comunidad en los últimos cincuenta años gracias a la influencia del diario La Voz de Galicia, hegemónico solo en A Coruña, pero con presencia relevante en las cuatro provincias. El diario sigue siendo su cabecera central y el núcleo simbólico y empresarial del conjunto, del que forman parte Radio Voz, La Voz de Asturias y Sondaxe.

Al pie de su página de inicio, en el segundo párrafo del enlace "Aviso legal", el diario trata de dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA). Allí explica que el propietario indirecto de la empresa matriz del diario, La Voz de Galicia, SA, es la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. Los titulares reales de la compañía son los miembros de su consejo de administración, formado por su presidente, Lois Blanco Penas, el secretario, Manuel Areán Lalín, y los consejeros José Luis Nueno Iniesta, Santiago Pérez Otero y José Luis Vázquez Mariño.

En el ejercicio 2024, explican en el mismo lugar que la publicidad bruta “antes de rappel” —antes de aplicar los descuentos por volumen en la compra de publicidad— procedente de entidades, organismos y empresas de titularidad pública españolas (estatales, autonómicas o locales) “ascendió a 6.749.438 euros, equivalente al 16,18% de la cifra neta de negocio de la sociedad”. El mismo concepto de ingresos, pero procedente de gobiernos o entidades públicas de otros países, alcanzó los 31.244 euros, el 0,07% de la cifra neta de negocio.

Según el informe del Gobierno central sobre ele reparto de publicidad institucional del Ejecutivo, en 2025 recibió 59.471,54 euros, lo que hace suponer que el resto, hasta casi 6,7 millones, procedió de la Xunta y de la administración local.

La fundación que lleva su nombre fue el instrumento elegido por Santiago Rey Fernández-Latorre antes de su fallecimiento para asegurarse de quién controla el periódico y el resto de empresas del grupo.

Tras su muerte, la fundación quedó como heredera y dejó las decisiones en manos de su patronato, en el que la voz cantante la lleva Lois Blanco, un periodista vinculado al periódico desde hace 36 años.

Igual que en el caso anterior, el diario líder de la comunidad foral, el Diario de Navarra, ha optado por incluir la información relativa a la EMFA en su apartado de "Aviso Legal", al pie de la página principal. Allí hace constar que la empresa Diario de Navarra SA es propiedad, al 100%, de La Información SA.

Diario de Navarra declara una estructura de propiedad muy atomizada, sin accionistas de referencia, y una dependencia relativamente limitada de la publicidad institucional en el conjunto de sus ingresos. Según estos datos, La Información SA tiene un consejo de administración formado por seis personas, bajo la presidencia de Alfonso Bañón y vocales como Paloma Arraiza, Luis Colina, Javier Uranga, Íñigo Sobrini y Fernando Basarte, nombres que revelan una gobernanza del grupo muy pegada al poder social, económico, político e institucional de la comunidad foral.

El diario subraya que las acciones están “en manos, en su casi totalidad, de los descendientes de los 57 industriales” que impulsaron la compañía a comienzos del siglo XX. Hoy, según esa misma declaración, existen 756 accionistas y el capital está “muy diluido”.

En el mismo apartado EMFA, el diario cifra, al cierre de 2024, la publicidad de las administraciones públicas —Gobierno central, Gobierno foral, ayuntamientos y sociedades públicas— en 643.900 euros.

Esa cifra se desglosa en dos porcentajes con los que la empresa editorial quiere dimensionar el peso real de la publicidad institucional: supuso el 12% de los ingresos publicitarios totales y el 3,8% del conjunto de ingresos del periódico.

Grupo Joly es el primer grupo editorial andaluz y su eje histórico es Diario de Cádiz (1867). Reúne una red de diez diarios locales y provinciales surgidos a partir de su cabecera fundacional, que fueron sumándose progresivamente al grupo: Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy, Diario de Almería y Jaén Hoy, este último nacido ya en 2023 en formato exclusivamente digital.

Su consejo de administración está compuesto íntegramente por miembros de la familia fundadora Joly, reflejando el carácter familiar de la compañía, bajo la presidencia de José Joly Martínez de Salazar, que también ejerce el cargo de consejero delegado.

Los diarios del grupo, en su enlace de "Aviso legal", al pie de la página de inicio, reproducen la misma información sobre el grupo en su totalidad. Identifican ahí a Joly Digital, SL como la sociedad editora del portal, perteneciente a Grupo Joly, y que "el liderazgo del grupo corresponde a José Joly Martínez de Salazar, consejero delegado de la sociedad matriz, a quien se identifica expresamente como "titular real" y responsable del control efectivo de la compañía, pero sin detallar porcentaje de acciones.

El grupo no da cuentas cabecera a cabecera de su publicidad institucional, pero sí del conjunto de la compañía. Durante 2024, la publicidad institucional procedente de autoridades nacionales y "subnacionales" representó el 10,87% de los ingresos publicitarios totales.

El último informe de publicidad institucional del Gobierno revela que el grupo recibió por este concepto 70.199,75 euros en 2025.

Promecal (Promotora de Medios de Castilla y León) es un grupo de comunicación con sede en Burgos y presencia en prensa, televisión, radio y servicios multimedia. Edita en total trece cabeceras de prensa, organizadas en tres modelos de negocio diferenciados: prensa diaria, ediciones de fin de semana y prensa de distribución gratuita. 

En el bloque de ediciones diarias figuran cuatro periódicos: Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino y La Tribuna de Albacete. El segmento de distribución gratuita, el más numeroso con seis cabeceras, agrupa El Día de La Rioja, El Día de Segovia, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Talavera y La Tribuna de Toledo. Completan el grupo tres publicaciones de fin de semana: El Día de Soria, El Día de Valladolid y La Tribuna de Guadalajara.

Estas cabeceras hacen constar que su empresa matriz es Sumando TV y Web, S.A.U., pero ninguna de ellas revela quién es su propietario ni la publicidad institucional que recibe. Además del negocio de prensa, Promecal explota tanto canales autonómicos como locales —comparte con su rival regional Edigrup Media la cadena pública autonómica CyLTV y sus desconexiones locales, que se emiten en un segundo canal bajo la denominación La 8—, además de La 7 de La Rioja y Navarra Televisión. El área de radio combina emisoras asociadas a Onda Cero en varias provincias con la marca propia Vive!. Un negocio que ha expandido a servicios audiovisuales, multimedia y comunicación, servicios de prensa y un partner tecnológico.

Ni la web del grupo ni sus medios citan siquiera a su verdadero propietario, como obliga el EMFA. Ese puesto lo ocupaba, al menos hasta hace poco tiempo, Antonio Miguel Méndez Pozo, un empresario ahora octogenario condenado en 1994 por corrupción urbanística a siete años de prisión —de los que cumplió apenas nueve meses— y doce de inhabilitación.

Tampoco dan cuenta de la publicidad institucional que reciben. Sí sabemos, gracias al informe publicado por el Gobierno, que en 2025 ingresó por este concepto, procedente del Ejecutivo español, 586.617,22 euros.

Edigrup Media, por su parte, se presenta como un grupo de prensa, radio, televisión y medios digitales. En el núcleo del negocio se sitúan sus cabeceras de prensa escrita, todas con edición en papel y versión digital, que funcionan como referencia informativa en sus respectivas provincias y como soporte principal de su estrategia editorial. Bajo el paraguas de Edigrup operan el Diario de León, cabecera centenaria con más de un siglo de trayectoria; el Diario de Valladolid; el Diario de Castilla y León–El Mundo, concebido como periódico regional vinculado a la edición nacional de El Mundo; El Correo de Burgos–El Mundo y el Heraldo Diario de Soria.

En el ámbito radiofónico, Edigrup opera a través de Castilla y León Radio, que comercialmente utiliza la marca esRadio Castilla y León y funciona como red territorial asociada a la cadena nacional esRadio, de Federico Jiménez Losantos.

En televisión, Edigrup es socio de la autonómica pública Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL).

La mayoría de los diarios del grupo incluyen en su "Aviso Legal" una referencia a su empresa propietaria, Otura Comunicación, S.L., y señalan como propietaria a Milagros Fernández Alonso. Pero no dicen nada sobre publicidad institucional.

Según fuentes públicas, Otura Comunicación S.L. es una sociedad del entramado empresarial de José Luis Ulibarri, el constructor leonés que levantó el grupo.

Milagros Fernández Alonso es la esposa de Ulibarri y figura en cargos de administración de sociedades vinculadas al grupo familiar. Su marido fue condenado en 2022 por la Audiencia Nacional en la causa Gürtel Boadilla, acumulando penas por prevaricación, fraude a la Administración pública, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Colaboró con la justicia para evitar una condena inicial de siete años.

El único de sus medios que se sale de este esquema es el Heraldo Diario de Soria, cuya web declara estar a cargo de la hija de la pareja, Adriana Ulibarri Fernández.

El informe sobre publicidad institucional del Gobierno refleja una inversión de tan solo 15.146,78 euros a lo largo de 2025.

Diez medios digitales españoles señalados a menudo por su papel protagonista en el ciclo del bulo incumplen, en su mayoría, la obligación de transparencia societaria que impone desde agosto de 2025 el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

La norma europea, de aplicación directa en España sin necesidad de transposición legislativa, obliga a los medios a divulgar su estructura societaria, sus propietarios directos e indirectos y los accionistas con capacidad de influencia editorial.

El reglamento exige además que los medios informen cada año de los ingresos recibidos por publicidad institucional, tanto de administraciones españolas —del Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, incluidas las entidades y empresas bajo control público— como de organismos internacionales o gobiernos extranjeros. El objetivo es impedir que el dinero de todos sirva para sostener de forma sistemática a cabeceras afines.

Eltorotv.com, la cadena que hasta 2021 se llamaba Intereconomía TV, no explica en su web quién es su propietario. Se limita a decir que la compañía titular es Farnesio Ventures, S.L., controlada a su vez por Hadoq IT, S.L. Para averiguar que su administrador único es Julen Ariza Rossy, hijo del empresario Julio Ariza, hay que mirar en otros sitios.

Eltorotv.com es el principal activo audiovisual del antiguo Grupo Intereconomía, el conglomerado que el patriarca de los Ariza fundó en los años noventa y cuya sociedad de cabecera entró en concurso de acreedores en marzo de 2015 tras años de impagos y dificultades financieras. En 2023, un juez consideró que Ariza había contribuido con su gestión a aumentar el agujero de Intereconomía Televisión, obligándole a responder personalmente de parte de las deudas (4,5 millones de euros) y prohibiéndole durante dos años administrar empresas o representar a terceros. Julio Ariza no figura como accionista de eltorotv.com, pero es una de sus caras más visibles.

En su momento de mayor expansión, Grupo Intereconomía incluía el diario digital gaceta.com —hoy en manos de una fundación vinculada a Vox—, la propia Intereconomía TV y la emisora Radio Intereconomía. Esta última mantiene el nombre del grupo, pero pertenece a la empresa Silicon Radio SL. 

Su hijo Julen Ariza participa también en la web ultraliberal negocios.com, de la que depende el canal Negocios TV. La matriz de Negocios TV es Business Videns, SL, que reparte su capital entre cuatro socios a partes iguales. Uno es José Antonio Vizner. Otro es Dos Mil Palabras SL, la editora de okdiario.com que dirige y posee Eduardo Inda. Un tercero es Mercados y Estilos de Vida SL, vinculado al empresario Alejandro Suárez. El cuarto es Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza.

El resultado es un núcleo societario donde conviven el entorno familiar de Ariza y el círculo de Inda, junto a un promotor de medios económicos ultra como merca2.es. Negocios TV no explica en su web quién controla su matriz ni qué volumen de publicidad pública recibe, en abierta contravención del reglamento europeo. Ninguna cabecera del antiguo grupo Intereconomía publica tampoco sus ingresos por publicidad institucional.

El aviso legal de gaceta.es identifica como titular del dominio a la Fundación Disenso, pero no detalla si existen patronos o entidades vinculadas, ni informa de ingresos por publicidad institucional, contratos públicos o financiación extranjera.

Lo que se sabe de Disenso no lo cuenta gaceta.es. Se trata de una fundación privada nacida en julio de 2020 y que preside el líder de Vox, Santiago Abascal. No es un órgano formal del partido, aunque opera como su laboratorio de ideas. Sus estatutos fijan como misión “hacer frente al consenso progre" y “disentir del pensamiento dominante”.

Entre 2020 y 2026, Vox transfirió a la fundación casi 13 millones de euros, según las cuentas del partido. Ese dinero procede en gran parte de fondos públicos. Las subvenciones públicas representaron el 65% de los ingresos de Vox en 2021, el 67,6% en 2022 y en torno al 75% en 2025.

En octubre de 2020, Disenso compró el dominio gaceta.es y la cabecera de La Gaceta al Grupo Intereconomía de Julio Ariza. Días después relanzó el diario como La Gaceta de la Iberosfera, con el objetivo declarado de extender la batalla cultural de Vox al espacio iberoamericano. Su web no detalla si recibe fondos públicos o publicidad institucional.

Los accionistas que no aparecen en la web

Libertaddigital.com se presenta en su web como un grupo de comunicación multimedia y detalla el papel fundacional de Federico Jiménez Losantos, pero no identifica a sus propietarios actuales, ni el capital social, ni las participaciones significativas. Tampoco menciona ingresos por publicidad estatal o de otras administraciones ni subvenciones. En el informe publicado este año pro el Gobierno aparece este grupo con una asignación de 2.117,50 euros.

Según fuentes registrales ajenas a la propia web, la empresa está controlada por Jiménez Losantos, que también ejerce como editor. El consejo de administración incluye a Javier Somalo Martín, director gerente de esRadio, además de Dieter Brandau Hevia, Carlos Cuesta Arce, Arturo Gascó Alemán y la representación de Análisis y Estudios Inmobiliarios, SL.

El accionariado histórico se ha concentrado en torno a tres socios de referencia. Junto a Jiménez Losantos figuran el economista Alberto Recarte, primer presidente de la sociedad, y Arturo Baldasano, que entró tras la venta de la participación del 21,3% que tenía en Intereconomía.

En 2014 entraron accionistas ligados al PP, entre ellos el tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Según las investigaciones judiciales sobre la financiación irregular del PP, el partido inyectó 446.000 euros en libertaddigital.com en 2004 y 2005 a través de su caja B.

La empresa participa, junto a Unidad Editorial, propietaria de El Mundo, en una licencia de FM en Madrid, y controla Libertad Digital TV, Cronos Multimedia y Libertad Digital Publicidad.

Okdiario.com cumple de forma parcial la obligación de transparencia. Su aviso legal identifica a la sociedad editora, Dos Mil Palabras SL, y reconoce que Eduardo Inda tiene una participación accionarial que le permite “ejercer influencia” sobre las decisiones estratégicas. No precisa, sin embargo, el porcentaje ni si existen otros socios relevantes.

El mismo documento sí ofrece un dato que otros medios omiten. En 2025, los fondos públicos destinados a publicidad estatal recibidos por Dos Mil Palabras ascendieron a 2.130.026,23 euros. Para hacerse una idea de la importancia de esta cifra, es seis veces mayor que el dinero que eldiario.es ingresa por el mismo concepto. 

La cifra habla de publicidad “estatal”, lo que sugiere que puede ser solo lo que recibe de ministerios y organismos del Gobierno central, sin desglose por Administración autonómica o local. El aviso legal añade, sin más detalle, que la empresa recibió subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para transporte de mercancías en Canarias.

Eldebate.com tampoco cumple las exigencias del EMFA. Su web se limita a decir que el proyecto fue impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACP), cuyo presidente, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, preside también el consejo de Ediciones Católicos y Vida Pública (Edicavp), la sociedad editora.

La ACP es una organización católica fundada en 1908 por Ángel Herrera Oria que controla además el grupo educativo CEU. Sus propios estatutos la definen como una asociación “erigida como asociación católica y apostólica” por la Conferencia Episcopal Española, que tiene autoridad en ella, aunque está formada por seglares, no por clérigos. Eldebate.com no informa en ningún momento de sus ingresos por publicidad institucional.

Edatv.news, el portal de Javier Negre, se limita en su aviso legal a declarar que pertenece a Eda TV Consulting SL, sin más detalle sobre quién está detrás. Según registros mercantiles citados en informaciones publicadas, Negre controla el 71,3% de la sociedad y su hermano, Pablo García Negre, un 8%.

El resto del accionariado conecta el portal con el mundo empresarial. Las hermanas María del Carmen y María Esther Cordón Muro, exdirectivas del Grupo Quirón, participarían con un 5% a través de MCM Inversiones Errois SL. También figuraría María José Álvarez Mezquiriz, presidenta ejecutiva del Grupo Eulen, a través de Majal Gestión SL. El exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto aparece como inversor minoritario.

Pese a presentarse como un medio alternativo, Edatv.news ha sido uno de los grandes beneficiarios de la publicidad institucional del PP. Una investigación de El Salto publicada en noviembre de 2025 documentó que el portal recibió al menos 681.420 euros en 172 contratos menores procedentes de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos del PP entre 2021 y 2025. La plataforma ha servido además de altavoz principal al agitador Vito Quiles. Está en plena expansión en Latinoamérica.

Elconfidencialdigital.com se limita a identificar a su empresa matriz, Publicaciones Confidenciales SLU, sin explicar quién está detrás. El periodista José Apezarena, con trayectoria en la COPE, Antena 3 y Expansión, ejerce como editor y, según algunas informaciones, sería el propietario real, aunque la web no lo aclara. No hay ninguna referencia a publicidad institucional en su web.

Periodistadigital.com es propiedad de la sociedad Periodista Digital SL, pero su web tampoco explica quién la controla. Según datos publicados que registran anotaciones en registros mercantiles, el propietario es el periodista Alfonso Rojo, administrador único, director y accionista mayoritario. El dominio no dedica ninguna sección sistemática a cumplir las exigencias del EMFA sobre propiedad y publicidad institucional.

Theobjective.com es, entre los diez medios analizados, el que más se acerca al estándar europeo. El digital mantiene un portal de transparencia propio en el que detalla que su editora, The Objective Media, SL, tiene catorce socios españoles. El control recae, no obstante, en Paula Isabel Quinteros, una periodista española de origen latinoamericano que posee el 90,04% del capital.

El mismo portal indica que la publicidad institucional directa representa el 21% de sus ingresos anuales y que procede de gobiernos, ministerios, ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro. No precisa, en cambio, la cuantía exacta recibida.

De los diez medios revisados, ocho no informan de sus ingresos por publicidad institucional pese a la obligación que impone el EMFA desde agosto de 2025.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) obliga desde agosto de 2025 a los medios de comunicación a publicar de forma accesible quién es su propietario real. La norma se aplica de forma directa en toda la Unión Europea: no hace falta una ley española que lo transponga.

Su artículo 6 exige detallar el nombre legal del medio, sus datos de contacto, los propietarios directos e indirectos con capacidad de influencia editorial y los beneficiarios últimos. También obliga a explicar si el medio recibe financiación o si tiene participación estatal, directa o indirecta, y cuánta publicidad institucional ingresa cada año.

Lo que sigue es un repaso a lo que se conoce sobre la propiedad y al grado de cumplimiento del EMFA por parte de once de las cabeceras digitales nativas más importantes de España, casi un año después de la entrada en vigor del reglamento.

Cinco de los diez diarios revisados no dicen en su web quién controla realmente la empresa editora: diario-red.com, vozpopuli.com, elespanol.com, elplural.com y elindependiente.com.

Diario-red.com, presidido por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, se limita a decir que pertenece a Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, sin identificar a sus titulares. Informaciones publicadas atribuyen a Iglesias casi todo el capital de esa sociedad, pero el dato no figura ni en Diario-red.com ni en su homólogo audiovisual, canalred.tv. La sección “Quiénes Somos” del diario solo identifica a Iglesias como presidente y al exdiputado Pablo Echenique, cofundador junto a él de Podemos, como vicepresidente de la empresa editora.

Vozpopuli.com, el digital que publica la empresa VozPópuli Digital SA, tampoco dice en su web quién es su titular final ni quién toma las decisiones empresariales. Jesús Cacho figura públicamente como editor, fundador y, según varias fuentes, propietario del diario, aunque esa información no aparece en la propia cabecera.

Elespanol.com, que dirige Pedro J. Ramírez tras su salida de El Mundo, remite solo al nombre de su editora, El León de El Español Publicaciones SA. Distintas informaciones atribuyen la mayor parte del capital al propio Ramírez, algo que el diario no confirma en ningún lugar accesible.

Elplural.com, adquirido en su día por el periodista ya fallecido Enric Sopena, guarda un silencio parecido. Su editora, Corporate Communicator SL, es el único dato disponible en la web. El director, José María Garrido, comparte el cargo con el de consejero delegado de la empresa, que preside Ángeles Sopena Castiella —citada en algunos informes de acceso abierto—, aunque el diario no lo explica.

Elindependiente.com, que dirige Casimiro García-Abadillo, hace constar en su aviso legal que pertenece a Park Row Digital SL, pero no detalla quién controla esa sociedad. Fuentes abiertas externas describen un núcleo de periodistas y promotores con el 51% del capital, dentro del cual García-Abadillo, exdirector de El Mundo, tendría en torno a un 7,54% y la presidencia del consejo de administración. Pero el diario no lo publica.

Elconfidencial.com ocupa una posición intermedia. No cumple del todo la exigencia de transparencia accesible que pide el EMFA, pero sí deja rastro de su estructura accionarial en su web corporativa.

El diario, de tendencia liberal conservadora, remite desde su web a la de Titania Compañía Editorial SL, su propietaria. Ahí puede rastrearse un accionariado repartido entre Comitia Inversión SL, con el 46,17% y representada por José Antonio Sánchez; Avema XXI 1 SL, con el 16,51% y representada por Juan Perea Sáenz de Buruaga; y Antonio Rodríguez Aporta, con el 15,44% a título personal. Un segundo nivel de consejeros —Alberto Artero, Antonio Casado y Pedro Pérez— y el director, Ignacio García Cardero, con el 2,16%, completan el capital.

Sánchez, fundador del diario, comenzó su carrera periodística en 1976 en Diario 16. En 1988 pasó a la comunicación corporativa: trabajó en Telefónica, donde fue director general de Comunicación durante dos años, antes de hacerse cargo de Terra, el portal de internet con el que la compañía intentó posicionarse en el nuevo entorno digital. En la primavera de 2000 dejó Terra para fundar elconfidencial.com.

En publico.es, la propiedad tiene nombre concreto: el productor audiovisual Jaume Roures, a través de Orpheus Media SL, con el 81,15%, y Mediacable Servicios de Producción SL, con el 18,85%, controla el 100% de Display Connectors SL, la empresa editora. El diario lo explica en una página de “Transparencia” al pie de su portada.

Eldiario.es reparte la propiedad de otra manera. Su director, Ignacio Escolar, es el principal accionista y presidente de Diario de Prensa Digital SL, aunque el diario no precisa su porcentaje exacto. Más del 70% de la empresa, explica en un enlace específico titulado "¿Quién está detrás de elDiario.es?", está en manos de personas que trabajan en la redacción, pero no muestra los porcentajes.

Elsaltodiario.es tiene otro modelo. No hay accionistas individuales, sino que depende de la entidad Cooperativa Editorial S. Coop., en la que los suscriptores se convierten en socios copropietarios y participan en la asamblea general y en las decisiones estratégicas del medio. No existe, por tanto, un titular real individual que declarar, más allá de la identidad cooperativa.

Lamarea.com, editada por la cooperativa sin ánimo de lucro MásPúblico SCCL, ofrece un grado de transparencia alineado con las exigencias del EMFA: publica su estructura de propiedad y gobierno, sus cuentas, anunciantes, subvenciones y el peso de la publicidad institucional. La cooperativa pertenece a 79 personas —76 socias y socios usuarios y tres trabajadores— y funciona con el principio de una persona, un voto en la Asamblea General, mientras que el Consejo Rector es elegido por esta y sus integrantes no cobran por ejercer el cargo. Esta información, junto al listado nominal de cooperativistas y los datos económicos de la entidad, está disponible en el enlace Transparencia situado en el pie de la página principal de este medio.

infoLibre es, de los diez digitales analizados, el que mejor cumple la exigencia de transparencia sobre la propiedad. Muestra un enlace destacado en su cabecera con la identidad de su empresa editora, Prensa Libre SL, y la de sus accionistas. Puedes consultar todos los detalles aquí.

El reglamento no distingue por línea editorial, pero los datos recogidos dibujan grandes diferencias. Elconfidencial.com, elespanol.com, elindependiente.com y vozpopuli.com, las cuatro cabeceras situadas editorialmente a la derecha, no publican, de forma completa, quién es su propietario último, aunque el primero de ellos sí enlaza con una web en la que figura esa información.

En el otro extremo están elsaltodiario.com, infoLibre, publico.es, elplural.com, eldiario.es y diario-red.com. De estos seis, tres —infoLibre, lamarea.com y publico.es— cumplen la exigencia de transparencia sobre la propiedad; elsaltodiario.com la sustituye por la identidad de su cooperativa, de la que no da muchos detalles; eldiario.es la cumple solo en parte, sin detallar porcentajes; elplural.com no ofrece ningún dato sobre sus propietarios. Diario-red.com, vinculado al exvicepresidente Pablo Iglesias y a Podemos, tampoco identifica a sus titulares reales en su web.

El EMFA también obliga a declarar cuánta publicidad institucional recibe cada medio. Y aquí las diferencias son igual de marcadas.

infoLibre ingresó 1.104.437 euros en publicidad en 2025, de los que el 9,31% procedieron de administraciones públicas, y ningún anunciante superó el 10% de sus ingresos totales. Este diario publica anualmente todos los detalles.

El último dato publicado por lamarea.com corresponde a 2025: la publicidad institucional representó el 0,6% de los ingresos de MásPúblico.

Publico.es declara que las administraciones públicas aportaron 801.124 euros a sus cuentas en 2025, el 18,9% de sus ingresos totales, a los que se suman 139.104 euros de empresas públicas. El peso de lo público alcanza así el 22,1% de los ingresos del digital de Roures.

eldiario.es recibió 353.117 euros en publicidad institucional, el 2% de sus ingresos totales. El diario detalla además 253.461 euros en subvenciones de 2025: 24.000 euros del Kit Digital, 41.802 euros del Ministerio de Cultura, 12.545 euros del Parlamento Europeo, 5.500 euros de un programa de empleo de la Comunidad de Madrid y 169.614 euros de fondos europeos para el desarrollo de software e inteligencia artificial, de los que 149.118 euros se contabilizarán en 2026. Afirman que una norma interna impide que ningún anunciante, público o privado, supere el 10% de sus ingresos totales.

Elsaltodiario.es no hace constar ninguna cifra, de ninguna Administración. El informe del Gobierno correspondiente a 2025 solo refiere 1.006,72 euros en todo el ejercicio.

Elconfidencial.com y elespanol.com no publican en su web el total de publicidad institucional que reciben, pese a la obligación del EMFA. El informe del Gobierno sitúa lo recibido por elconfidencial.com en 117.998,76 euros y por elespanol.com en 340.661,08 euros durante 2025.

Diario-red.com, vozpopuli.com, elplural.com y elindependiente.com no ofrecen ningún dato propio sobre publicidad institucional.

De los diez diarios revisados, solo infoLibre y publico.es publican de forma accesible tanto la identidad de su propietario real como la cifra de publicidad institucional que reciben. Elconfidencial.com, eldiario.es y Elsaltodiario.com ofrecen una parte de esa información. Diario-red.com, Elespanol.com, Elindependiente.com, Elplural.com y Vozpopuli.com no publican en su web ninguno de los dos datos.

El Grupo Henneo se ha consolidado en la última década como un negocio multisectorial que trata de desbordar sus raíces editoriales en Zaragoza para convertirse en un referente nacional de la comunicación y la tecnología. Bajo el control de la familia Yarza y con el respaldo financiero de Ibercaja, el holding ha pasado de gestionar un diario centenario a liderar una estructura diversificada con más de 4.500 empleados repartidos entre sus distintas divisiones.

La historia del grupo se remonta a la fundación de Heraldo de Aragón en 1895, cabecera que durante más de un siglo actuó como motor editorial de una gestión marcadamente familiar y vinculada al territorio. Hasta ahí, nada muy distinto de lo que han representado, a diferentes niveles, otros diarios regionales, como La Vanguardia en Barcelona, Diario de Navarra en Pamplona o La Voz de Galicia en A Coruña.

El gran punto de inflexión moderno se produjo en el año 2000. Una profunda reestructuración societaria, tras el desacuerdo estratégico entre las familias Yarza y Bruned, permitió a los primeros tomar el control mayoritario del holding con un 59% del accionariado. Esta transformación marcó el paso de una editora provincial a un conglomerado tecnológico y de medios con ambición nacional e internacional.

Lo sustancial en este caso es que esa expansión no habría sido posible sin el apoyo financiero de Ibercaja Banco, que ostenta el 40% del capital y actúa como garantía de soporte continuo para los planes de crecimiento del grupo.

El control estratégico de la entidad reside en el seno de ese Patronato, un selecto círculo que condensa al establishment aragonés. Lo encabeza Amado Franco Lahoz, el histórico presidente que pilotó la transición de caja de ahorros a banco, y en él se sientan otras figuras de gran peso institucional.

La vinculación con los núcleos de poder financiero y empresarial se personifica en la figura de Manuel Pizarro, vocal independiente del consejo de administración y expresidente tanto de Endesa como de la propia Ibercaja. Pizarro es descrito a menudo como un protector histórico del grupo y una figura clave cuya presencia conecta el desarrollo periodístico de la familia Yarza con los centros de decisión de las grandes corporaciones nacionales y las instituciones financieras del país.

En la actualidad, el liderazgo ejecutivo del grupo recae en la quinta y sexta generación de la dinastía, con tres hermanos en posiciones estratégicas. Fernando de Yarza López-Madrazo ejerce la presidencia del holding. Por su parte, Íñigo de Yarza asume la máxima responsabilidad operativa como consejero delegado, mientras que Paloma de Yarza preside Heraldo de Aragón a la vez que forma parte del patronato que gobierna Ibercaja Banco. En ese mismo órgano también se sienta Pizarro, que a su vez es consejero de Henneo.

Pizarro se convirtió en la gran figura económica del aznarismo tras ser impulsado a la presidencia de Endesa en 2002 y a la vicepresidencia de la fundación FAES. Ese peso político y mediático llevó a Mariano Rajoy a convertirlo en su fichaje estrella y número dos del PP por Madrid en las elecciones de 2008.

A la vez, Pizarro sirvió de puente estratégico entre el centro de poder de Madrid y la élite aragonesa. Su histórico peso en la cúpula de Ibercaja y su posterior incorporación al consejo de administración del Grupo Henneo conectaron directamente el imperio mediático de la familia Yarza con el universo político del PP y el entramado financiero de la comunidad.

La cabecera nuclear y origen del grupo sigue siendo Heraldo de Aragón, que mantiene una posición de dominio informativo absoluto en su comunidad autónoma. El salto al ámbito nacional se fraguó en 2015 con la adquisición de 20minutos, en aquel momento el diario impreso más leído de España y hoy el sexto generalista, según el EGM, y el décimo digital, según GfK DAM, muy por debajo de sus mejores días. A esas dos cabeceras hay que sumar la revista Cinemanía y la cabecera provincial Diario del Alto Aragón.

En 2024, el grupo amplió su cartera de publicaciones con la adquisición de las revistas de Axel Springer España, rebautizadas ahora como Henneo Magazines, e incorporando marcas como Business Insider España, Auto Bild, Computer Hoy, Hobby Consolas, Top Gear y Retro Gamer.

Sin embargo, el área de mayor crecimiento y rentabilidad de Henneo es Hiberus, una consultora en transformación digital, desarrollo de software y big data. Con presencia en más de 30 países y una facturación que ronda los 200 millones de euros, esta división aporta ya el grueso de los ingresos del grupo, compensando el estancamiento del sector de prensa tradicional.

El peso del holding no acaba ahí. A través de la marca Factoría Henneo, opera como la tercera productora de España por horas de emisión. Su estructura audiovisual es especialmente fuerte en Aragón, donde empresas como Factoría Plural, Chip Audiovisual —encargada de los informativos— y Global Studio News —especializada en deportes— gestionan gran parte de la producción de la televisión pública regional, CARTV, controlada por el PP. El grupo cuenta además con filiales de servicios técnicos como InEvent y Now Audiovisual, y con la sociedad Séneca Audiovisual en Andalucía. 

En el ámbito publicitario, Henneo también posee Alayans Media, un hub tecnológico y comercializador que unifica las audiencias de sus propios medios y de otros 13 grupos editoriales regionales para vender posiciones publicitarias. A esta sociedad se suma la agencia Aragón Media Lab.

Aragón TV depende del grupo Henneo para producir prácticamente todo lo que emite. Tres contratos por 67,4 millones de euros ponen en manos de sus empresas —Factoría Plural, Chip Audiovisual y Global Studio News— los informativos, los programas y el deporte de la televisión pública aragonesa durante al menos tres años, con opción a una prórroga automática de casi tres años más sin necesidad de un nuevo concurso. Ese paquete consume el 40,6% de todo el presupuesto de la radiotelevisión autonómica.

Para Henneo, estos contratos refuerzan una posición ya dominante en Aragón, donde el propio grupo estima que sus medios llegan al 90% de la audiencia regional. Los informativos de Aragón TV que produce Chip Audiovisual promediaron un 23% de cuota en 2025, un punto por encima de Antena 3, y la cadena cerró el año con su mejor dato en 19 años de historia.

Se da la circunstancia de que al frente de la televisión pública aragonesa está Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en el Gobierno de coalición PP-Vox. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo.

Heraldo de Aragón y 20minutos, ambas cabeceras del grupo, han publicado sendas páginas de transparencia en cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), con datos sobre propiedad, financiación y publicidad institucional prácticamente idénticos, salvo en un punto: el peso de la publicidad pública en sus ingresos.

Las dos webs confirman que son propiedad al 100% de Henneo y que el grupo está controlado por "la familia Yarza" —sin concretar nombres, volumen individual de acciones ni cargos— junto a Ibercaja Banco como accionista. Ninguna menciona sociedades intermedias u otros socios.

En el capítulo económico, ambos medios describen la misma estructura de ingresos del grupo, repartida entre servicios tecnológicos, venta de ejemplares, publicidad, productos audiovisuales, logística e impresión. Y comparten un mismo argumento de independencia financiera: ningún anunciante, público o privado, supera el 5% de los ingresos publicitarios totales de Henneo.

La diferencia aparece en la publicidad institucional —campañas del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos—, calculada sobre los ingresos de cada cabecera por separado y no del grupo en su conjunto. En Heraldo de Aragón esa publicidad supone el 13% de sus ingresos totales, mientras que en 20minutos alcanza un significativo 23%, casi el doble.

La web del Diario del Alto Aragón sitúa esa publicidad institucional en el 21% de sus ingresos. Cinemanía declara un 5% por el mismo concepto. Ninguna publicación del grupo ofrece la cifra en términos absolutos ni detalla qué parte procede de cada Administración.

A través de los datos que sí ha hecho públicos el Gobierno de España, sabemos que Henneo ingresó en 2025 1.323.147,81 euros en publicidad institucional, justo por encima de Spotify. Y que, a través de Alayans, percibió otros 956.646,21 euros.

¿Cuánto ingresan Henneo, Heraldo de Aragón o 20minutos de la Administración autonómica y de la local? El grupo aragonés no lo revela, incumpliendo así lo dispuesto en el EMFA.

Henneo ha consolidado su perfil de grupo híbrido entre medios y tecnología con unas cuentas —las de 2024 son las más recientes publicadas— claramente marcadas por el empuje de su división digital. El ejercicio se cerró con un beneficio de explotación de 16,5 millones de euros, un 40,1% más que en 2023, lo que refleja una mejora significativa de la rentabilidad sobre un negocio en expansión. El resultado consolidado positivo ascendió a 11,5 millones, lo que demuestra que el salto en explotación se trasladó también al beneficio neto del grupo.

La cifra de ingresos totales alcanzó los 297 millones de euros, frente a los 242,9 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 22,3%. El motor de ese crecimiento es, sobre todo, Hiberus, el área tecnológica de Henneo, cuyos ingresos se dispararon hasta los 184,8 millones, un 40% más, compensando el estancamiento de la división de prensa, que se mantiene en torno a los 114,8 millones. La estructura del grupo se desplaza así, cada vez más, desde el perfil clásico de editor de medios al de conglomerado con fuerte peso tecnológico, en una estrategia que lleva ya años en marcha.

Mediaset España hace y dice lo que mandan los herederos de Silvio Berlusconi, el político y empresario italiano fallecido en 2023 que durante décadas acumuló una trayectoria que mezcla excesos personales, corrupción e instrumentalización del poder. 

Sin embargo, nada en las webs de sus principales canales de televisión, Telecinco y Cuatro, ni en el site corporativo de Mediaset España, hace referencia a los propietarios del segundo grupo audiovisual del país, contraviniendo el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. El artículo 6 del EMFA, por sus siglas en inglés, obliga a los prestadores de servicios de medios a hacer accesible y actualizada la información sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos y sus beneficiarios efectivos.

De acuerdo con esta norma, de obligado cumplimiento, un medio no puede limitarse a decir que pertenece a tal grupo o que es independiente. El artículo 6 exige identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si existe propiedad pública directa o indirecta.

Nada de eso es accesible a través de Mediaset España, que es propiedad de Media For Europe (MFE), un conglomerado europeo en el que el poder lo tiene, de forma muy clara, el bloque ligado a la familia Berlusconi (Fininvest y Simon Fiduciaria), que suma más de tres cuartas partes de los votos de su consejo de administración.

Sobre el capital social nominal, Fininvest tiene un 46,29%, Simon Fiduciaria un 17,60%, Vivendi —el gigante francés propiedad del millonario ultra Vincent Bolloré— un 4,23%, la autocartera (acciones que la propia empresa posee y que no cuentan como voto efectivo) un 2,30% y el mercado libre un 29,58%. Entre Fininvest y Simon controlan alrededor del 77-78% de los votos, una mayoría abrumadora.

En la práctica, eso significa que el bloque dominado por la familia Berlusconi puede decidir prácticamente todo lo relevante: nombrar el consejo, aprobar la estrategia y decidir fusiones, compras o ventas de activos.

El reparto accionarial actual, que incluye dos clases de acciones con distinto peso en las decisiones, resultó de la actuación de las autoridades italianas para acotar la influencia de Vivendi y evitar que se convirtiera en un segundo polo de control dentro de MFE. El equilibrio final sigue siendo favorable al bloque Fininvest/Simon, mientras Vivendi queda como actor de presión.

Controlada por Bolloré, Vivendi compró cerca del 30% de Mediaset y mantuvo durante años un conflicto judicial con Mediaset y Fininvest por la ruptura de acuerdos y su intento de ganar influencia en el grupo. El regulador italiano y la presión judicial forzaron en 2021 un pacto global: Vivendi aceptó vender la mayor parte de su participación a través de Simon Fiduciaria y quedarse con un paquete reducido, en torno al 4%, mientras Fininvest consolidaba su control mayoritario sobre el proyecto MFE.

Fininvest es la sociedad holding de la familia Berlusconi, el vehículo a través del cual controla MFE, Mediaset, Mondadori, Banca Mediolanum y el resto del grupo, y está participada en su totalidad por la familia. Antes de su muerte, Silvio Berlusconi tenía en torno al 61%, mientras sus cinco hijos se repartían el resto: Marina y Pier Silvio con alrededor del 7,65% cada uno, y Barbara, Eleonora y Luigi con un 21% largo entre los tres.

Tras su fallecimiento, el testamento y los pactos entre hermanos reordenaron esas participaciones. Los dos hijos mayores, Marina y Pier Silvio, controlan ahora conjuntamente aproximadamente el 53% de Fininvest, mientras los otros tres se reparten el resto.

Hoy, el dueño de Fininvest ya no es una sola persona, sino el conjunto de la familia, con Marina Berlusconi como presidenta y Pier Silvio como figura clave en el área audiovisual. Un pacto interno les otorga el control de la mayoría de los votos en la asamblea de Fininvest, que es a su vez el accionista principal de MFE. El poder sobre Mediaset España reside, en última instancia, en esa estructura familiar.

La línea ideológica de ambos, que explica el sesgo de Telecinco y Cuatro, es continuista con el berlusconismo: liberal-conservadora en lo económico, alineada con la derecha italiana, aunque volcada más en el poder empresarial y mediático que en la política partidista directa.

Marina Berlusconi es presidenta de Fininvest desde 2005 y de Mondadori, el mayor grupo editorial de libros de Italia. Su entorno se sitúa en la órbita del centro-derecha italiano, con defensa de la economía de mercado, continuidad del legado de Forza Italia —socios del PP de Feijóo en Italia— y escepticismo hacia las regulaciones que limiten el poder empresarial en medios y cultura. Controla además intereses en banca (30% de Banca Mediolanum) y fútbol (AC Monza, tras años al frente del AC Milan), un conglomerado que refuerza un poder que va mucho más allá de la televisión.

Pier Silvio Berlusconi es CEO de MFE-MediaForEurope y responsable del proyecto de hub paneuropeo de cadenas en abierto en Italia, España y Alemania. Se ha definido como “más hombre de empresa que político” y rechazó entrar en Forza Italia, aunque se mueve en el mismo ecosistema ideológico y apoya la coalición liderada por la ultraderechista Giorgia Meloni. Su foco está en consolidar el negocio televisivo en varios países —Mediaset Italia, Mediaset España y la entrada en ProSiebenSat.1 en Alemania— con la lógica de construir un bloque audiovisual privado hegemónico en Europa.

En la práctica, Marina manda en el holding y en la parte editorial y financiera; Pier Silvio lo hace en el brazo audiovisual, como CEO y cara visible del proyecto televisivo paneuropeo.

El EMFA, que está en vigor desde el 8 de agosto de 2025 y es de aplicación directa en los 27 Estados miembros, sin necesidad de transposición nacional, obliga también a publicar el importe total anual de fondos públicos recibidos en concepto de publicidad institucional.

Telecinco y Cuatro incumplen ese mandato: sus portales no dan cuenta de esa información. Ni telecinco.es ni cuatro.com hacen pública la publicidad pagada con fondos públicos que reciben. Los únicos datos disponibles sobre cuánto dinero público ingresa el grupo proceden del Gobierno central, no de Mediaset.

Según el informe de publicidad institucional de 2025 —primera respuesta española a la obligación paralela que el EMFA impone también a las administraciones públicas—, Mediaset España se consolidó como uno de los receptores fundamentales de estos fondos, captando inversiones millonarias a través de Telecinco, Cuatro, sus canales temáticos (MediaMax) y sus plataformas digitales (Mitele y Mediaset Infinity). Solo ese año, obtuvo por esta vía 5.756.090,33 euros, el 7,86% del total.

El grueso de la inversión provino de ministerios con presupuestos elevados para comunicación, como Igualdad, Transportes y Sanidad. En la campaña de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Mediaset captó más de 392.000 euros, repartidos entre Telecinco (152.108 euros), Cuatro (90.702 euros) y MediaMax (149.676 euros). El Ministerio de Igualdad destinó a los medios del grupo 137.474 euros para conmemorar el 20 aniversario de la ley del matrimonio igualitario.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó a Mediaset unos 281.000 euros para su plan de acciones sobre servicios de interés público, repartidos entre Telecinco (87.927 euros), Cuatro (53.993 euros), MediaMax (70.301 euros) y Mitele (69.392 euros).

El informe subraya una hibridación creciente de la inversión pública: Mediaset rentabiliza tanto sus audiencias tradicionales como su inventario digital. La campaña “Reconstruyendo juntos“ del MInisterio de Política Terrirtorial, por ejemplo, lanzada tras los daños de la dana, recibió 208.861 euros invertidos exclusivamente en Mediaset Infinity. 

Lo que resulta imposible es saber cuánto recibe el grupo de administraciones autonómicas y locales, porque Mediaset no lo revela, pese a ser obligatorio.

En todo caso, ese papel protagonista en la recepción de fondos públicos contrasta con la erosión estructural de la audiencia tradicional de Mediaset España, que en estos momentos registra los valores más bajos de su historia.

El conjunto de sus siete canales cerró la temporada 2025-2026 con una cuota media del 23,3%, mínimo histórico de la compañía. La caída sitúa al grupo a 2,3 puntos del líder, Atresmedia, la mayor distancia histórica entre ambos conglomerados.

Telecinco firmó el pasado ejercicio el peor curso de su historia, con un promedio del 8,9% de share. Por primera vez desde su fundación, no superó el 10% de cuota en ningún mes de la temporada, con un suelo del 8,4% en diciembre. La debilidad afecta a todas las franjas: mínimos históricos en la mañana (9,5%), la sobremesa (8,1%), la tarde (9,0%) y el prime time (8,8%). Incluso los realities muestran desgaste, con el tropiezo de la vigésima edición de Gran Hermano.

La crisis alcanza a los informativos, que marcaron un mínimo histórico anual del 8,3%, sin que ninguna edición promediara los dos dígitos. La edición de las 21:00 horas, con Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, se estancó en el 7,5%, a diez puntos de Antena 3 Noticias 2.

Cuatro fue la única nota de estabilidad: superó a laSexta tras doce temporadas por detrás, con un 6,06% de share, impulsado por la apuesta por la actualidad y la conversión de Horizonte en formato diario en el tramo que busca retener a la audiencia hasta el arranque de la noche. El crecimiento de los canales secundarios no compensa la caída de ingresos publicitarios, que retrocedieron un 8% en 2025, hasta 679,8 millones de euros.

En los primeros días de julio de 2026, Telecinco cayó hasta una cuota estival del 6,8% mensual. La dirección actual, con Mario Rodríguez en la presidencia y Alessandro Salem como consejero delegado, mantiene una política de eficiencia y optimización de costes para proteger los márgenes frente al retroceso de la televisión hertziana. Pese a la solidez financiera de MFE-MediaForEurope, la filial española sigue buscando una fórmula editorial para recuperar competitividad frente a la televisión pública y Atresmedia.

Un dato llamativo y revelador a la vez es que, en medio de la mayor crisis de audiencias de su historia, Mediaset España haya encontrado en Horizonte una recurso editorial: el programa, punta de lanza de la desinformación en la televisión en abierto, actúa como salvavidas de la audiencia de Cuatro. Lo que comenzó como un espacio dedicado a divulgar misterios paranormales por extensión de Cuarto Milenio ha mutado en un espacio de actualidad política y social señalado por su extrema toxicidad y por amplificar interpretaciones especulativas y conspirativas al servicio, las más de las veces, de la ultraderecha.

Mediaset España ya cerró el ejercicio 2025 con resultados que confirman la pérdida de su hegemonía histórica: fue superada por primera vez en ingresos publicitarios por Atresmedia. La facturación retrocedió un 9,7%, el doble de la media del mercado, y provocó un desplome en la rentabilidad operativa, que pasó de 146 millones de euros en 2024 a apenas 43 millones en 2025.

El grupo declaró un beneficio neto consolidado de 185 millones de euros, una cifra que las fuentes atribuyen al control estricto de los gastos más que a la salud del negocio, que navega en su mínimo histórico de audiencia.

Además de sus canales de TDT (Telecinco, Cuatro, Divinity, FDF, Boing, Energy y Be Mad), el grupo Mediaset España articula su negocio en torno a ocho sociedades y marcas corporativas —Publiespaña (comercialización publicitaria), Ventas Internacionales/Mediterráneo (distribución de contenidos), Infinity+ (suscripción OTT), Telecinco Cinema (producción cinematográfica), Atlas (agencia de noticias), Ad4Ventures (inversión en start-ups) y 12 Meses (RSC)—, una plataforma digital gratuita (Mediaset Infinity) y un puñado de servicios de nicho como Taquilla Mediaset o El Tiempo Hoy, en un intento de conformar un ecosistema audiovisual, publicitario y editorial.

Ábside Media, el holding de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la asamblea de los obispos católicos españoles, controla la cadena COPE y el canal de televisión Trece. El grupo se financia en parte con dinero público procedente del IRPF y de la publicidad institucional del Estado. Pero no publica quiénes son sus dueños ni cuánto recibe por publicidad institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos, algo a lo que está obligado por ley.

COPE y Trece son las dos piezas centrales de la batalla cultural y política que la Iglesia libra a través de sus medios. Pero no son las únicas marcas del grupo. Ábside Media agrupa también tres cadenas de radio musical, Cadena 100, RockFM y MegaStarFM. 

A ellas se suman dos marcas poco conocidas, VivaFe y Ábside Media Producciones, según su propia página oficial. VivaFe se presenta como “una comunidad digital de jóvenes que busca acercarse a Dios a través de la música, dando visibilidad a nuevos músicos católicos, produciendo temas y proyectos como el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España”. Ábside Media Producciones es la productora audiovisual de Trece, descrita como el “brazo de producción multimedia del grupo para desarrollar documentales, formatos especiales y otros contenidos”.

El capital de Ábside Media se reparte entre la Conferencia Episcopal —que tiene el porcentaje mayoritario—, casi todas las diócesis españolas, órdenes religiosas, entidades sociales como la ONCE, compañías audiovisuales privadas y un reducido grupo de personas físicas. El control, en todo caso, permanece en manos de los obispos.

Lo que no se conoce es el detalle. COPE no da información sobre sus dueños, lo que contraviene el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Lo que se conoce, y no porque la emisora sea transparente, es la arquitectura general: Ábside Media tendría el 75% de la sociedad titular de la cadena, Radio Popular SA. El resto se repartiría entre socios minoritarios.

Esa opacidad choca con el EMFA, en vigor desde agosto de 2025. Su artículo 6 obliga a los prestadores de servicios de medios a hacer accesible y actualizada la información sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos y sus beneficiarios efectivos.

Un medio no puede limitarse a decir que pertenece a tal grupo o que es independiente. El artículo 6 exige identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si existe propiedad pública directa o indirecta.

La Iglesia sostiene que no recibe financiación directa del Estado para su funcionamiento ordinario. El argumento se apoya en que la asignación del 0,7% del IRPF depende de la voluntad de cada contribuyente, no de una partida presupuestaria fija.

Cada ejercicio, millones de personas marcan esa casilla en su declaración de la renta confiando en que ese dinero sostiene el culto, el clero o la labor asistencial. Pero ese mismo mecanismo genera excedentes año tras año, y nadie obliga a la Conferencia Episcopal a reintegrarlos al Tesoro Público cuando superan esas necesidades.

Lo cierto es que los obispos llevan años dedicando parte del excedente que obtienen de la declaración de la renta a subvencionar con inyecciones millonarias de capital el funcionamiento deficitario de su cadena de TDT Trece, una televisión que compite por los mismos anunciantes que otras cadenas privadas sin ese respaldo.

El Tribunal de Cuentas cuestionó ese trasvase. El organismo advirtió de una posible vulneración de la libre competencia y de la normativa europea sobre ayudas de Estado, que prohíbe subvencionar con fondos públicos a un competidor frente a otros operadores sin ese respaldo.

Ábside Media cerró su último ejercicio con las mejores cifras de su historia. Superó por primera vez los 150 millones de euros en ingresos consolidados y rozó los 10 millones de beneficio.

COPE es la piedra angular de ese crecimiento. Gracias a ella, los ingresos del grupo pasaron de superar los 120 millones en 2023 a 134 millones en 2024, y por encima de 150 millones en el último ejercicio cerrado. Ese avance les permitió cerrar 2024 con 9,8 millones de euros de beneficio antes de impuestos.

La radio vive además un momento dulce en audiencia, que comenzó cuando en 2010 fichó casi al completo al equipo de Deportes de la SER y se reforzó con la llegada de Carlos Herrera a las mañanas en 2015. Según la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2026, COPE reúne 3,409 millones de oyentes diarios —su programación deportiva reúne habitualmente entre 1,7 y 2,1 millones—, solo por detrás de la SER (4,173 millones) y por delante de Onda Cero (2,086 millones). Es la segunda cadena generalista del país.

Trece TV es el reverso. Las últimas cifras conocidas, de 2024, muestran 3,2 millones de euros en pérdidas y una deuda acumulada de 115 millones desde su creación, hace 16 años. Su audiencia es residual, en torno al 1,6% en julio, con picos entre el 2% y el 3% cuando emite películas antiguas.

Los datos oficiales del Gobierno sí permiten reconstruir, al menos, la parte de la financiación pública que no depende de las comunidades autónomas, la Administración local y la casilla de la declaración de la renta. Es la que recibe en concepto de publicidad institucional de la Administración General del Estado.

Según el informe anual del Ejecutivo, el grupo percibió 2.491.767,75 euros en 2025 por campañas publicitarias públicas. Esa cifra representa el 3,40% de toda la inversión publicitaria directa del Gobierno en medios, una cantidad que equivale a casi la mitad del presupuesto anual de la Conferencia Episcopal.

Los datos oficiales sitúan a la empresa controlada por los obispos en la novena posición del ranking nacional, la última de los diez grupos más beneficiados. Ábside Media queda inmediatamente detrás del Grupo Prensa Ibérica y por delante de un grupo histórico como Godó, propietario de La Vanguardia.

Pero esos datos cubren solo la Administración central. Ábside Media, COPE y Trece TV no publican cuánto reciben por el mismo concepto de comunidades autónomas y ayuntamientos —tampoco del Gobierno—, pese a estar obligados a ello, desde 2025, por el EMFA, cuyo artículo 6 exige revelar el dinero que un medio ingresa por publicidad institucional.

Tampoco se conoce qué peso tienen esos fondos, los conocidos y los que permanecen ocultos, en la cuenta de resultados del grupo, ni qué porcentaje representan sobre su cifra de negocio total.

José Luis Restán preside Ábside Media de forma no ejecutiva y ejerce como director editorial. Su función consiste en velar por que la línea informativa no se desvíe del ideario eclesiástico. Javier Visiers ocupa el cargo de consejero delegado. Formado en la Universidad de Navarra y en el IESE, dirige la estrategia de transformación digital y la convergencia de recursos entre la radio y la televisión.

El consejo de administración de COPE integra también a socios estratégicos. Entre ellos el naviero Vicente Boluda, una de las mayores fortunas en España, que posee el 7% de las acciones.

Pero más allá del consejo de administración y sus órganos de gobierno, quien manda en Ábside es la Conferencia Episcopal Española, que preside Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid. Un jerarca eclesial cuya gestión al frente de la institución ha estado marcada por intervenciones públicas de enorme agresividad contra el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

El episodio más reciente de choque con el Ejecutivo se produjo el pasado 9 de julio de 2026, durante la Escuela de Verano organizada por los obispos, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI. Argüello afirmó textualmente: "Cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones. A los hechos me remito".

No fue el primero. El 20 de junio de 2025, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, dijo en rueda de prensa que Argüello había sugerido que un adelanto electoral podría ser "una salida al bloqueo institucional". La frase contraponía a la Iglesia con la posición del propio Pedro Sánchez, que en ese momento defendía agotar la legislatura.

Esas posiciones se trasladan a la línea editorial de COPE y Trece TV, que operan abiertamente en contra del Gobierno de coalición y a favor de la derecha y la ultraderecha. Una línea que defiende además los privilegios históricos de la Iglesia, entre ellos las inmatriculaciones de inmuebles y las exenciones fiscales.

Las inmatriculaciones son el procedimiento que permitió a la Iglesia registrar a su nombre miles de templos y fincas sin escritura ni pago previo. La reforma de la ley hipotecaria de 2015 limitó ese privilegio, pero no lo eliminó de forma retroactiva. El patrimonio inmatriculado por la Iglesia en España supera las 35.000 fincas.

La Conferencia Episcopal aprobó para 2026 un presupuesto de 6.280.821 euros, un 4,5% más que el ejercicio anterior, según el balance presentado en noviembre de 2025. Esa cifra corresponde solo a la estructura central de la CEE, sedes, personal y comisiones episcopales, no al conjunto de la Iglesia católica en España. De ese presupuesto, 2.325.000 euros proceden del patrimonio y de actividades económicas propias, entre ellas alquileres, editoriales y derechos.

El 8 de agosto de 2025 empezó a aplicarse en toda la Unión Europea el grueso del Reglamento (UE) 2024/1083, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).

Lleva un año en vigor, pero, entre los medios que no lo aplican o tratan de eludirlo —la inmensa mayoría—, las administraciones que actúan como si no les afectase —sobre todo las comunidades autónomas— y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitar a tiempo las leyes necesarias para que la norma desarrolle todo su potencial, el reglamento es, por ahora, poco más que papel mojado. 

Y eso que todos han tenido tiempo de sobra para prepararse y hacer las modificaciones legales oportunas, porque la norma recibió, hace ya dos años y cuatro meses, por abrumadora mayoría, el apoyo del Parlamento Europeo, en el trámite que supuso su aprobación definitiva.

El reglamento es una norma de aplicación directa. Eso significa que sus artículos obligan a los Estados y a los medios de comunicación, aunque el Parlamento español no haya tocado una sola ley nacional. No es una directiva que necesite transposición. Es un reglamento y, como tal, ya rige.

El artículo 6, por ejemplo, obliga a todos los medios a hacer pública su titularidad directa e indirecta, incluida la de quienes tengan influencia sobre sus decisiones estratégicas. Es decir, están obligados a decir quién manda, en última instancia, con nombre y apellidos, porque tiene el control de la propiedad.

Deben publicar también el importe anual de fondos públicos que reciben por publicidad estatal. Casi nadie lo está haciendo, al menos no con el grado de detalle, transparencia y accesibilidad que exige el reglamento europeo.

Los medios —públicos y privados— también están obligados, en virtud del mismo artículo, a adoptar medidas para blindar la independencia de las decisiones que toman sus periodistas. 

De acuerdo con esta disposición, todos los medios deben “garantizar que las decisiones editoriales puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial” que siga un medio y “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. El cumplimiento de este doble requisito —imprescindible para una buena praxis profesional— tampoco es la norma en España.

Otro asunto que regula el EMFA y está en vigor sin necesidad de adaptación legal afecta directamente a las empresas que miden audiencias (artículo 24), las que elaboran los datos que fijan el reparto de la publicidad. Desde hace un año, sus metodologías tienen que poder ser auditadas de forma independiente una vez al año y están, además, obligadas a entregar esa información a los medios y anunciantes que la pidan.

Abundan además las reformas legales que España no ha completado o incluso ni siquiera ha iniciado. El artículo 7 del EMFA obliga a los Estados a dotar de recursos a una autoridad reguladora nacional. El reglamento dice que “los Estados miembros garantizarán que las autoridades u organismos reguladores nacionales cuenten con los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones”.

En España, esa autoridad es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La paradoja es que, aunque Bruselas ya la reconoce como tal, el Gobierno todavía no le ha dado los medios que necesita para ejercer su papel. No la ha habilitado para poder cumplir sus nuevas funciones porque la ley que debe hacerlo está atascada desde hace un año en el Congreso.

Las comunidades autónomas deben hacer lo mismo: designar o crear órganos independientes para regular el cumplimiento del EMFA en sus respectivos territorios. Nadie lo ha hecho. Ningún gobierno autonómico está dispuesto, aparentemente, a cumplir el reglamento europeo.

Son varias las medidas derivadas del EMFA que necesitan un desarrollo legal y que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han empezado siquiera a preparar. Como si no les afectasen. Quizá la más relevante de todas ellas es consecuencia del artículo 5, el que obliga a los Estados —lo que en casos como España incluye a las comunidades autónomas— a garantizar que los medios públicos —como RTVE, TVG, Canal Sur, À Punt y todas las demás radios y televisiones que se pagan con el dinero de todos— “sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional”.

El EMFA obliga, por tanto, a reformar las leyes para que el nombramiento y la destitución de sus directivos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios”, que sus mandatos no coincidan con las legislaturas políticas y que su financiación se base en “criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano”.

No es una medida caprichosa. España lleva años ocupando los últimos puestos en dependencia política de los medios públicos en Europa.

Otra medida pendiente es la creación de una base de datos nacional que haga fácilmente accesible conocer la identidad de los dueños de todos los medios. Una tarea que el reglamento encomienda “a las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos”. Es decir, la CNMC, que sigue sin esa competencia porque aún no hay una ley que se la atribuya, y sus equivalentes autonómicos, que ni siquiera existen.

Lo mismo sucede en relación con el establecimiento de normas para evaluar las fusiones y compras en el mercado de los medios (artículo 22 del EMFA) cuando puedan afectar al pluralismo, con criterios fijados de antemano y plazos conocidos por las partes. También forma parte del mismo proyecto de ley empantanado en el Congreso que afecta a la CNMC y al registro de medios.

Además, es obligatorio, desde hace 12 meses, que el dinero público destinado a publicidad institucional (artículo 25) se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios ha pagado y cuánto. El reglamento solo exime a los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.

Hasta la fecha, solo están cumpliendo la transparencia a la hora de detallar a quién están entregando publicidad la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Sánchez, que ha empezado a hacerlo este año. Pero nadie, tampoco la Administración central, ha modificado o aprobado leyes para que el procedimiento de reparto de esa publicidad siga “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”.

En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un proyecto de reforma de la Ley reguladora de la publicidad institucional, llamado a sustituir la ley de 2005 todavía en vigor. También esta iniciativa se ha quedado en el limbo.

También sigue atascado en el Congreso, de nuevo con escasas posibilidades de culminar su tramitación, el proyecto de ley que debe regular por primera vez en España el secreto profesional de los periodistas. El artículo 4.3 del EMFA prohíbe a los Estados obligar a un periodista a revelar sus fuentes, detenerlo o vigilarlo para identificarlas, o instalar en sus dispositivos “programas informáticos de vigilancia intrusiva”, la fórmula con la que el reglamento veta el uso de programas espía como Pegasus contra periodistas. Al estar recogido este derecho de forma expresa en la Constitución, los jueces vienen aplicándolo desde hace años, pero falta una norma que lo desarrolle formalmente, como exige el reglamento europeo.

La Federación de Sindicatos de Periodistas reclamó en junio de 2026 que España “active urgentemente” el reglamento. Reporteros Sin Fronteras fue más allá en su informe anual, publicado el pasado abril, y avisó de que, sin voluntad política, el EMFA corre el riesgo de quedarse en papel mojado.

Al incumplir el reglamento, España se expone a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, un proceso legal que en teoría puede culminar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con la imposición de millonarias sanciones financieras y multas coercitivas diarias hasta que se adapte el marco legal nacional. 

Más allá del severo impacto económico, el país afrontaría un grave coste reputacional dentro de la Unión al quedar señalado por socavar los estándares comunitarios de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección del secreto profesional de los periodistas, arriesgándose incluso a la congelación de fondos europeos mediante el mecanismo de condicionalidad vinculado al respeto del Estado de derecho.

El Grupo Godó es uno de los nombres decisivos del mapa mediático español, en particular en Cataluña: un holding nacido de un periódico histórico, convertido en conglomerado multimedia y hoy extendido por prensa, radio, publicidad, impresión, distribución y negocios de marketing y experiencias. Su caso interesa no solo por lo que publica, sino por cómo combina influencia informativa, posiciones de liderazgo en Cataluña y una diversificación empresarial que va mucho más allá del periodismo.

La clave para entenderlo es doble. Por un lado, es una empresa con una tradición centenaria que arranca en La Vanguardia en 1881 y que se reorganiza como holding en 1998; por otro, es un grupo que ha crecido incorporando compañías de servicios, agencias de marketing y unidades de experiencias —empresas dedicadas a organizar eventos, campañas, presentaciones, patrocinios o acciones para conectar con el público—, de modo que la frontera entre información, negocio publicitario y activación comercial se ha vuelto más amplia y más compleja. Con todo lo que eso supone para la independencia editorial de los medios que forman parte de Godó.

La historia del grupo se explica a partir de La Vanguardia, fundada en 1881, y de Mundo Deportivo, cabecera nacida en 1906; esa base periodística fue la que permitió después articular una compañía más amplia. 

La familia Godó procede del mundo empresarial textil de Igualada (Barcelona) y su salto a la historia de la prensa llegó cuando los hermanos Carlos y Bartolomé Godó fundaron La Vanguardia en la capital catalana para dar voz a un liberalismo moderado y burgués. Desde entonces, la dinastía fue tejiendo una relación muy estrecha entre empresa, periodismo y poder social en la ciudad, hasta convertir el diario en una pieza central de la vida política y cultural barcelonesa y catalana.

La segunda generación consolidó ese proyecto con Ramón Godó Lallana, hijo del fundador de la cabecera, que modernizó el periódico, amplió su alcance y recibió el título de conde de Godó en 1916. Después llegó Carlos Godó Valls, segundo conde, que mantuvo el control del periódico durante décadas difíciles, incluidas la Guerra Civil y el franquismo, y dejó preparado el relevo a Javier Godó Muntañola, el gran impulsor del salto hacia el holding multimedia moderno.

En términos periodísticos, la historia de los Godó es la de una familia que convirtió un diario en patrimonio empresarial y en símbolo de continuidad de una determinada forma de influencia barcelonesa: primero en la prensa, luego en la radio y finalmente en un conglomerado multimedia que sigue en manos de la misma rama familiar.

Fue en 1998, en los últimos años de la edad de oro de la prensa en España, cuando tuvo lugar la reorganización como holding multimedia. Su estado de información no financiera confirma que el grupo opera desde entonces con dos grandes líneas de negocio: Godó Media y GMK, esta última dedicada a servicios de marketing.

El relato corporativo que hace la propia compañía insiste en la continuidad familiar y en la idea de independencia, rigor y calidad como rasgos identitarios. Esa autoimagen es importante, porque ayuda a entender cómo el grupo trata de resolver la contradicción entre sus marcas periodísticas y las líneas de negocio adyacentes, especialmente en publicidad, distribución e industria de eventos.

Históricamente, ha sido un periódico de centroderecha muy atento al poder institucional y al catalanismo moderado. La literatura académica sobre el diario lo describe como un negocio que ha tendido a acomodarse al color del poder. Desde la desaparición de CiU y la entrada de Junts en el tablero, La Vanguardia no se acomodó a la nueva realidad política catalana y trató de seguir influyendo en ella desde una posición de moderación, con editoriales y análisis que a menudo buscan encuadrar a Junts como actor decisivo del sistema. Nunca ha sido un altavoz independentista, pero tampoco su enemigo frontal; más bien ha intentado mantenerse cerca de los centros de poder, dialogar con el catalanismo dominante y, cuando convenía, empujar a Junts hacia posiciones que le permitiesen seguir siendo útil en Madrid y en Cataluña.

Desde una perspectiva histórica, el grupo también ha pasado por una transformación de cartera. La información pública disponible muestra salidas de activos y ajustes del perímetro, como la venta de su participación en la productora de televisión Veranda y en 8TV –su fallida aventura en la TDT—, a la vez que el grupo reforzaba sus negocios radiofónicos y digitales. No obstante, el Grupo Godó se resiste a ser interpretado como un simple editor de periódicos y trata de mantenerse como una organización multimedia con un centro periodístico y un anillo creciente de servicios alrededor.

La cartera mediática básica del grupo está formada por La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1 y RAC105. A ello se suman otras sociedades de apoyo y comercialización, como Godó Strategies, Godó Vertical Media, CRE-A Impresiones de Catalunya, Marina BCN Distribucions y Distribución y Reparto, además de la cabecera o plataforma de grupos y marcas digitales vinculadas al ecosistema del grupo.

La parte menos visible, pero más reveladora del presente del grupo, es la de sus negocios ajenos al periodismo estricto. El grupo lleva tiempo intentando diversificar su negocio con adquisiciones en marketing experiencial, social media, eventos, producción y activación de marcas. Dentro de ese perímetro aparecen sociedades como Grafik Bureau, Iberian Leaders Influencers y, desde 2023, el Grupo Experientia, que reúne firmas especializadas en experiencias, eventos y producción audiovisual.

Ese movimiento importa periodísticamente porque cambia la naturaleza del conglomerado. Cuanto más peso tienen las agencias y los servicios para terceros, más difícil resulta separar la lógica informativa de la lógica comercial. En el caso de un grupo con cabeceras de referencia, esto obliga a mirar con atención no solo la calidad editorial, sino también la arquitectura empresarial que sostiene esa calidad.

La información financiera más reciente accesible públicamente apunta a un grupo grande y rentable, pero no exento de tensiones financieras. Según informaciones publicadas sobre sus cuentas, el Grupo Godó habría cerrado 2024 con unos ingresos de 179 millones de euros y un beneficio consolidado de 3,5 millones, el doble que en 2023. Pero esas mismas referencias señalan un aumento de la deuda bancaria, que habría superado los 50 millones, con un crecimiento relevante respecto al año anterior.

En el papel, el grupo mantiene un liderazgo claro en Cataluña. El último EGM sitúa a La Vanguardia en el cuarto puesto de los diarios de papel de toda España —tercero si se excluye a los deportivos, solo por detrás de El País y El Mundo—, con cifras que duplican los de la otra gran cabecera catalana, El Periódico, propiedad del grupo Prensa Ibérica. 

En cambio, en el mundo digital las cosas son muy distintas. En audiencia media diaria, La Vanguardia está acusando en los últimos meses una fuerte caída que la ha hecho situarse por debajo de las diez principales cabeceras informativas, muy por debajo de su rival en Cataluña, según datos de GfK DAM.

En radio, el liderazgo es más contundente. El último EGM situaba a RAC1, que solo se sintoniza en Cataluña, por encima de varias cadenas nacionales, como RNE. Y por delante de sus competidoras autonómicas, como Catalunya Radio, con un 50% más de oyentes.

La Vanguardia ni siquiera ha creado un enlace específico en su portada para dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Para no dejar sin cumplir del todo la norma, se han limitado a añadir unos párrafos a la página denominada Aviso Legal, al pie de la portada. 

Ahí se limitan a decir que el Grupo Godó está “participado” “por Javier Godó Muntañola (Editor), Carlos Godó Valls y Ana Maria Godó Valls”, sin especificar en qué cuantía. Todo lo que precisan es que el “titular real” es Javier Godó.

Con lo que ofrecen sus diarios, no es posible saber mucho más. La toma de decisiones ejecutivas, no obstante, según la información disponible en otros soportes, recae hoy en Carlos Godó, quien en julio de 2025 asumió la presidencia ejecutiva del grupo tras un relevo generacional planificado. Carlos Godó, perteneciente a la quinta generación familiar, ocupaba el cargo de consejero delegado desde 2005 y ha sido el principal artífice de la diversificación del negocio hacia el marketing y la transformación digital.

Su padre, Javier Godó, al que se supone el control mayoritario de las acciones, continúa ligado a la organización después de haber liderado la compañía durante más de cuatro décadas. El núcleo de poder se completa con Ana Godó Valls, quien ejerce como consejera editorial y vocal del consejo de administración.

El artículo 6 del EMFA, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o (pertenecemos a tal grupo): debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés. 

En el mismo sitio en el que señala quiénes son los dueños del Grupo Godó, La Vanguardia da cuenta del “importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito)” que recibió en 2024: 8.347.920 euros, especificando en este caso que representa el 11,8% de la cifra de negocio del periódico.

Mundo Deportivo recurre al mismo procedimiento para declarar haber recibido 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio) en 2024. RAC1 reseña 5.380.416 (21,74% de la cifra de negocio). RAC105, su emisora musical, en cambio, no revela esta información. 

En total estamos hablando de 15.282.855 euros, el 54,62% a través de La Vanguardia, el 35,20% con RAC1 y el 10,17% mediante Mundo Deportivo.Es una suma que más que cuadriplica lo que el grupo declaró como beneficios en 2024.

Según el informe hecho público este año por el Gobierno de España, el Grupo Godó recibió de la Administración central en 2025 un total de 1.863.103,28 euros, la décima cifra más elevada de todos los grupos de comunicación en España. 

Godó no lo detalla, pero a la vista de estas cantidades se puede deducir que el grueso del dinero público que fluye hacia sus medios (un 87,8%, aproximadamente) procede de comunidades autónomas y ayuntamientos. Según El Triangle, el Grupo Godó volvió a ser en 2024 el mayor beneficiario de publicidad institucional del Govern catalán, con más de 5,3 millones de euros.

Abc, con 123 años de historia, es la cabecera visible de un grupo editorial que reúne diarios locales de varias comunidades autónomas cuyos lectores ni siquiera saben que el dueño de su periódico es el mismo que el de la histórica cabecera monárquica y conservadora madrileña.

El Grupo Vocento nació en septiembre de 2001 de la fusión entre el Grupo Correo y Prensa Española. No fue solo una operación financiera. Fue el encuentro de dos culturas periodísticas centenarias, la prensa regional del norte, con fuerte arraigo industrial en el País Vasco, y el diario conservador y monárquico de referencia en Madrid.

La rama vasca se remonta a 1910, cuando los hermanos Fernando, Gabriel y Emilio Ybarra fundaron en Bilbao el diario El Pueblo Vasco, defensor de los principios cristianos, la monarquía y los intereses de Bizkaia. El periódico cerró al estallar la guerra civil. En 1938 la dictadura lo fusionó con El Correo Español, fundado un año antes como órgano provincial de Falange. Nació así El Correo Español-El Pueblo Vasco, que no eliminó ese apellido hasta 1999 para convertirse solo en El Correo y que acabaría siendo el diario de referencia del País Vasco.

Prensa Española es anterior. Torcuato Luca de Tena fundó en 1891 la revista Blanco y Negro, preludio de Abc, nacido en 1903. El diario vivió la guerra civil partido en dos, con la edición de Sevilla junto a los sublevados y la de Madrid incautada por la República. Durante el franquismo quedó sometido a censura y llegó a la democracia manteniendo su perfil conservador y monárquico.

Vocento es hoy un mosaico donde conviven clanes familiares de ambos grupos originales e inversores financieros. Durante años, la prensa económica habló de una “guerra de familias” entre el bloque vasco (Ybarra y Bergareche) y el madrileño (Luca de Tena), con disputas ideológicas sobre la dirección editorial de Abc y algo más prosaicas en torno el reparto de dividendos.

Esa información no la facilitan los propios medios del grupo. Ninguno publica de forma clara y accesible quiénes son sus dueños, tal como exige el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), en vigor desde agosto de 2025.

El artículo 6 del EMFA obliga a hacer accesible su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional. Un medio no puede limitarse a decir que es independiente o que pertenece a tal grupo. Debe identificar quién está detrás y si existe participación pública.

Los medios de Vocento se limitan a publicar al pie de sus páginas un enlace diminuto bajo el epígrafe "Reglamento UE 2024/1083". Como hace El País, evitan decir quién es su propietario alegando que es una entidad cotizada y remiten a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, y aunque no se lo cuenten a sus lectores, se sabe que el accionariado de Vocento dio un vuelco en marzo de 2024. El gestor de fondos Francisco García Paramés, a través de Cobas Asset Management, aumentó su participación y se convirtió en el primer accionista individual del grupo, superando a las ramas fundadoras.

Los datos de la CNMV muestran un consejo de administración donde se cruzan tres fuerzas: el bloque financiero de Paramés y Cobas, las familias históricas y una dirección profesional que dirige Abc y el resto de cabeceras. Paramés y Cobas rondan el 23% del capital. Las familias Ybarra y Bergareche, junto a las sociedades Mezouna y Valjarafe (esta última vinculada a los Luca de Tena), superan el 45%.

Los apellidos históricos conservan presencia en el consejo, pero ya no monopolizan la presidencia ni la gestión. Ignacio Ybarra Aznar presidió la Fundación Vocento y el grupo hasta mayo de 2026, cuando le relevó Ignacio Eyriès García de Vinuesa como presidente independiente. El esquema actual combina ese presidente independiente con un consejero delegado profesional, Manuel Mirat, nombrado en 2024, junto a consejeros vinculados a las familias, como Álvaro de Ybarra y Zubiría o Gonzalo Soto Aguirre.

Las familias mantienen así capacidad de veto y orientación estratégica desde el consejo, pero delegan el día a día en un ejecutivo externo. Paramés y Cobas, pese a su peso accionarial, presionan más por disciplina financiera y rentabilidad que por controlar directamente la cúpula del grupo.

La línea editorial de Abc no la marca Paramés, sino el equipo directivo de Vocento y la dirección del diario, que nombra y cesa el consejo. El peso de Paramés se nota más en las decisiones económicas, venta o cierre de activos, disciplina de costes, que en el matiz ideológico de las portadas.

Vocento funciona hoy con un triángulo de poder. Un bloque financiero con más de una quinta parte de los votos, el de Paramés. Un bloque familiar y societario cercano a la mitad del capital. Y un núcleo de gestores profesionales en la presidencia y la consejería delegada. Nombrar al director de Abc, aprobar un plan de despidos o una reorientación digital requiere el consenso, o al menos la no oposición, de esos tres vértices.

El resultado es un grupo cuya ideología editorial sigue anclada en su ADN conservador, pero sometida a la presión creciente de un accionista tan exigente como Paramés.

El núcleo histórico lo encarnan las familias Ybarra y Bergareche y sus sociedades patrimoniales. A título personal, figuran Carmen Ybarra Careaga (10,675%), Enrique Ybarra Ybarra (6,536%) y Jorge Bergareche Busquet (6,722%). Ningún Luca de Tena aparece con paquete relevante a título individual. Mezouna, de la familia Ybarra Aznar, controla el 11,077%, y Valjarafe, en manos de Soledad Luca de Tena García-Conde, el 10,143%. Ambas sociedades suman además un pacto de acción concertada —un acuerdo para actuar juntos y de forma coordinada— del 6,393%.

Vocento reúne uno de los mapas de medios más extensos de España por capilaridad territorial. Abc es su buque insignia nacional, sexto diario del país según el EGM y cuarto si se excluyen los deportivos, solo por detrás de El País, El Mundo y La Vanguardia.

No obstante, la verdadera fuerza del grupo está en sus 18 cabeceras regionales, que en muchas provincias rozan el monopolio informativo. Entre ellas, diarios centenarios como El Correo (Vizcaya), El Diario Vasco (Gipuzkoa), El Norte de Castilla (Valladolid), Sur (Málaga), Ideal (Granada), La Verdad (Murcia), El Diario Montañés (Cantabria), Las Provincias (València), El Comercio (Asturias), Hoy (Extremadura) y La Rioja. Se suman marcas digitales como BURGOSconecta, Leonoticias, Salamancahoy, TodoAlicante y Huelva24, además la agencia Colpisa, que abastece de contenidos a las redacciones regionales.

Vocento se retiró de la radio y la televisión. Desde 2013 alquila sus licencias radiofónicas a la COPE, y en enero de 2022 vendió sus participaciones en Net TV y en la productora Veralia al grupo Squirrel Media. 

La diversificación hacia sectores ajenos a la comunicación ya supone el 46% de sus ingresos totales. En gastronomía, gestiona congresos como Madrid Fusión y San Sebastián Gastronomika, el campus educativo Madrid Culinary Campus, con la Universidad Pontificia Comillas, y consultoras como Mateo&Co y Grup GSR. También organiza foros de sostenibilidad marina y posee un holding publicitario con las agencias &Rosàs, Tango, Pro.Agency y Yellow Brick Road.

En clasificados digitales, el grupo se reorganizó hacia la automoción. En marzo de 2025 vendió pisos.com y HabitatSoft a la italiana Immobiliare.it por 22,5 millones de euros, y reorientó la división hacia Sumauto, que integra Autocasión y AutoScout24 en España. Además, ofrece digitalización a pymes a través de Local Digital Kit.

La compañía atravesó un proceso de saneamiento contable tras descubrir, bajo el mandato de Manuel Mirat, un fraude en la contabilización de inventarios de papel entre 2020 y 2024. Certificados de depósito falsificados inflaban el volumen almacenado, presuntamente para simular objetivos que condicionaban el pago de los bonus de determinados responsables. El hallazgo forzó una devaluación contable de 5,9 millones de euros, el despido de directivos de operaciones y acciones legales.

Ese saneamiento, sumado a la crisis del sector, provocó pérdidas de 97 millones en 2024. El grupo recuperó la rentabilidad en 2025 con un beneficio neto de 6,7 millones de euros, impulsado por el negocio digital y las divisiones de agencias y gastronomía.

Vocento ganó más dinero con su negocio principal en el primer semestre de 2026, pero terminó el periodo en números rojos por los costes de reestructurar la empresa. La compañía ingresó 164,7 millones de euros, un 3% más que un año antes, gracias sobre todo a la publicidad en sus periódicos y al empuje de negocios como los clasificados o la gastronomía, que ya suponen casi la mitad de la facturación del grupo. El beneficio del día a día (Ebitda) también mejoró con fuerza, un 42,7% más si no se cuentan las indemnizaciones, señal de que el negocio convencional funciona mejor que hace un año.

Pese a esa mejora, Vocento cerró el semestre con unas pérdidas de 14,6 millones de euros, frente a los beneficios que había logrado en 2025 gracias a la venta de algunos negocios e inmuebles. La empresa atribuye el resultado negativo, sobre todo, al coste de indemnizaciones ligadas a ajustes de plantilla. La deuda también creció, hasta 24 millones de euros, aunque el grupo considera que sigue en un nivel controlable y ha cerrado un préstamo a largo plazo con varios bancos para reforzar su liquidez.

El contraste más claro está entre lo que crece y lo que se hunde dentro del grupo. Por un lado, suben con fuerza las suscripciones digitales (19% más, hasta 222.000) y la publicidad en prensa, por encima de la media del sector. Por otro, la impresión en papel sigue cayendo, lo que ha llevado a Vocento a recortar costes de impresión y a buscar alternativas para su planta de Rotomadrid. La empresa mantiene su plan hasta 2029 para ganar más dinero con menos dependencia del papel y más peso de lo digital, los datos y los negocios diversificados.

Los medios de Vocento sí indican cuánto dinero han recibido del erario público en publicidad, como exige el EMFA. Abc revela que el importe destinado a publicidad estatal por autoridades públicas ascendió en 2024 a 5.965.070 euros. El Correo recibió 2.819.504 euros. El Norte de Castilla, 727.131. La Verdad de Murcia, 953.722. El Diario Montañés, 981.274. Hoy de Extremadura, 1.162.206. El Diario Vasco, 2.522.881. Sur, 2.145.102. Ideal de Granada, 2.632.553. Las Provincias, 1.543.749. Y La Rioja, 746.388.

El total declarado por estos medios asciende a 22.199.582 euros. Abc concentra el 26,87% de esa cifra, seguido de El Correo (12,70%), Ideal de Granada (11,86%), El Diario Vasco (11,36%) y Sur (9,66%).

Según datos del Gobierno de España, los medios del grupo recibieron de la Administración central en 2025 un total de 3.655.417 euros. Es verosímil deducir que la mayor parte del dinero público que recibe Vocento por publicidad procede, por tanto, de administraciones locales y autonómicas. Es una deducción, porque el grupo no lo especifica. Pero supone una cifra extraordinariamente reveladora: es el 83,53% de la publicidad institucional que declara. Salvo el País Vasco y Asturias, el resto de las comunidades autónomas en las que Vocento tiene cabeceras están gobernadas por el Partido Popular.

La dependencia de Vocento del dinero público es evidente a la luz del dinero que recibe de las diferentes administraciones y de que cerró 2025 con un beneficio neto de 6,7 millones de euros.

Editorial Prensa Ibérica (EPI) suma más de 24 millones de usuarios únicos mensuales y una audiencia en papel que supera los dos millones de lectores, según datos del EGM (Estudio General de Medios) y de GfK DAM, los dos paneles de referencia para medir audiencias en España. El grupo edita 22 cabeceras generalistas y dos diarios deportivos, con periodistas sobre el terreno en doce comunidades autónomas. Pero su nombre apenas aparece en las tertulias mediáticas de Madrid, porque nunca ha conseguido trasladar su influencia a la capital.

El grupo basa su fuerza en la suma de periódicos que, en algunos casos, son líderes de opinión en sus provincias, pero no componen una marca nacional única. Faro de Vigo, La Nueva España, Levante-EMV o La Provincia funcionan como referencias sociales en sus territorios antes que como piezas de un conglomerado propiedad de un empresario que poco o nada tiene que ver con las ciudades de cuya identidad forman parte estos diarios.

Ese crecimiento territorial responde a una lógica concreta. El fundador del grupo llegó a la prensa desde el mundo financiero, y esa trayectoria explica un patrón de expansión basado en la compra y consolidación de cabeceras rentables, más que en el lanzamiento de proyectos editoriales desde cero.

El fundador del grupo, Javier Moll, nació en Zaragoza en 1950 y se licenció en Derecho. Su carrera profesional comenzó en el sector financiero, con pasos por el Banco Atlántico y la Banca Garriga Nogués, además de un puesto de consejero en el Banco de las Islas Canarias.

Moll entró en el negocio de la comunicación en 1978, cuando adquirió Editorial Prensa Canaria, editora de La Provincia y del desaparecido Diario de Las Palmas. Junto a su esposa, Aránzazu Sarasola, construyó desde ese núcleo canario un grupo que hoy dirige la segunda generación de la familia. Su hijo, Aitor Moll Sarasola, es consejero delegado desde 2014, aunque Javier Moll sigue siendo la pieza clave de la estrategia del grupo.

El salto de EPI a la península se produjo en 1984, cuando el Gobierno socialista organizó la subasta de los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE). Ese conglomerado de prensa, radio y agencias procedía del Movimiento Nacional franquista, que había gestionado cabeceras incautadas tras la Guerra Civil a la prensa republicana, a partidos y a sindicatos.

Con la Constitución de 1978, el MCSE pasó a manos del Estado democrático con el mandato de privatizar progresivamente sus medios. El proceso se cerró a comienzos de los noventa, con Felipe González en la Presidencia del Gobierno, y tuvo en Javier Moll a su principal beneficiario, lo que desde entonces le etiquetó como alguien próximo a los socialistas, aunque la línea editorial de muchos de sus periódicos esté lejos del progresismo. 

En la subasta, el grupo se hizo con tres cabeceras que siguen siendo pilares de su estructura. La Nueva España, en Asturias; Levante-EMV, en Valencia; e Información, en Alicante. Dos años después, en 1986, sumó el Faro de Vigo, el decano de la prensa española, es decir, el periódico en circulación más antiguo del país —sus comienzos fueron como semanario; si atendemos al criterio de publicación diaria desde el primer día, ese puesto lo ocupa El Norte de Castilla, del grupo Vocento—, con lo que aseguró su presencia en Galicia.

Junto a las adquisiciones, EPI desarrolló una estrategia de creación de periódicos desde cero bajo la marca La Opinión, en plazas donde ya existían otras cabeceras. El grupo lanzó así ediciones en Murcia en 1988, en Zamora en 1990, en Málaga y Tenerife en 1999, y en A Coruña en 2000.

A este modelo se sumaron lanzamientos especializados, como el diario deportivo Superdeporte en 1993 y el semanario en alemán Mallorca Zeitung en 2000. Aun así, el grueso del actual perímetro del grupo procede de adquisiciones de cabeceras con más de un siglo de historia.

Con todo, el movimiento que situó a Prensa Ibérica como el primer grupo español de información general fue la adquisición del Grupo Zeta en 2019. La operación supuso la entrada de EPI en Cataluña y el control de El Periódico, una cabecera local pero de referencia nacional.

En la puja por Zeta, Prensa Ibérica se impuso a Mediapro y a su entonces presidente, Jaume Roures. El factor decisivo fue que Moll cerró un acuerdo con la banca acreedora para reestructurar la deuda del grupo, una pieza financiera que Roures no logró asegurar. La compra se cerró tras una larga negociación con la familia Asensio, propietaria de Zeta, en la que muchos vieron la influencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

El contexto político de la operación fue sensible. Zeta controlaba cabeceras con peso en Cataluña, Aragón, Extremadura y la Comunitat Valenciana, y en sectores empresariales y políticos existía el temor de que una compra de Roures reforzara un polo mediático próximo al independentismo. La banca, la Generalitat, Moncloa y el clima del procés, el proceso independentista catalán que había marcado los años previos, condicionaron el desenlace de la puja.

Además de El Periódico, la operación incorporó a EPI el diario deportivo Sport y cabeceras regionales como El Periódico de Aragón, El Periódico Extremadura, Mediterráneo y Córdoba. El grupo pasó así a tener peso en territorios donde antes no tenía presencia o era menor.

Con la fuerza territorial que le dio la compra de Zeta, Moll intentó completar su mapa con una cabecera estatal con sede en Madrid. Así nació El Periódico de España en 2021, el primer diario nacional del grupo, ideado como punta de lanza del grupo en el polarizado ecosistema mediático de la capital.

El proyecto arrancó con edición en papel y digital, pero la tirada impresa se quedó muy lejos de las expectativas. En marzo de 2024, Prensa Ibérica cerró el papel de esta cabecera para concentrar los recursos en la web, y el diario, convertido en una pieza marginal del universo mediático madrileño, quedó como marca exclusivamente digital.

A pesar de ello, el grupo ha seguido ampliando su mapa nacional con otras compras recientes. En 2022 incorporó El Correo Gallego y, a comienzos de 2024, el decano sevillano El Correo de Andalucía.

La relevancia de Prensa Ibérica no se mide solo en el número de cabeceras, sino en el liderazgo real de sus marcas en cada territorio. La Nueva España es líder indiscutible en Asturias. El Faro de Vigo es el decano y referente informativo en el sur de Galicia. Levante-EMV e Información dominan la opinión pública en la Comunitat Valenciana. La Provincia es el pilar original y líder del grupo en Canarias.

Esta capilaridad territorial, con periodistas en doce comunidades autónomas, permite a EPI intervenir en mercados locales con un peso institucional que los diarios madrileños no tienen. La información generada en cada territorio se proyecta después a escala nacional a través del intercambio de contenidos entre las cabeceras del grupo, lo que contribuye a reducir los costes, al tiempo que homogeneiza gran parte de los contenidos.

Pese a su volumen, Prensa Ibérica atraviesa un proceso de ajuste en un mercado publicitario volátil. En el ejercicio 2024, el último sobre el que hay datos publicados, el grupo cerró con pérdidas netas consolidadas de 3,2 millones de euros, una cifra que mejora los resultados de los dos años anteriores. En 2022 las pérdidas fueron de 6,6 millones y en 2023 se situaron en 5,8 millones.

El motor de esa mejora ha sido la publicidad digital, que ya representa más del 40% de los ingresos publicitarios totales del grupo, unos 53 millones de euros. Pero también una fuerte dependencia de la publicidad del sector público.

Gran parte de esos 53 millones de euros de ingresos publicitarios digitales procede de fondos públicos. La partida incluye presupuestos de comunidades autónomas, administraciones locales y del Gobierno central.

Los datos que las propias cabeceras del grupo publicaron en sus webs para cumplir con la regla de transparencia del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), por sus siglas en inglés) permiten precisar esa dependencia. 

En 2024, el conjunto de medios de Prensa Ibérica ingresó 37.959.769,04 euros en fondos publicitarios procedentes de organismos públicos.

La comparación con lo que el Gobierno de España destinó al grupo un año después, en 2025 (apenas 2,7 millones) sugiere que la mayor parte de esos casi 38 millones tiene su origen en las comunidades autónomas y en la Administración local. Prensa Ibérica no facilita el dato que permitiría conocer qué peso tiene esta financiación pública en el conjunto de sus cuentas.

En cumplimiento del EMFA, los diarios del grupo sí han incorporado un enlace, escondido al pie del site principal de cada uno de ellos, que lleva a una página que señala a Moll y a su mujer como los dueños últimos de Editorial Prensa Ibérica. Es ahí donde explican cuánto dinero público recibieron en 2024, aunque sin concretar su origen por administraciones ni cuánto supone sobre el conjunto de los ingresos de cada periódico.

El reparto por cabeceras muestra a El Periódico a la cabeza en la recepción de publicidad institucional, con más de 7,1 millones de euros. Le siguen Faro de Vigo, que superó los 4 millones, y Levante-EMV, con 2,3 millones. Completan el grupo de mayores beneficiarios La Provincia y Diario de Las Palmas, con 1,94 millones; El Periódico Mediterráneo, con 1,69 millones; y La Nueva España, con 1,63 millones.

Los negocios de la familia Moll no se limitan al negocio periodístico, lo que representa un potencial conflicto de interés en los términos establecidos por el EMFA. Tienen inversiones en sanidad, a través de la Clínica Corachan de Barcelona; en el sector inmobiliario, mediante la sociedad Laimo; y en el vitivinícola, con la Bodega Terramoll, en Formentera.

“Llevan años pontificando sobre el cambio climático; el cambio climático mata, dicen. Que el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia de la humanidad y de la Tierra, eso es de perogrullo”, declaró esta semana la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en plena ola de incendios que arrasa España.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido y aspirante a La Moncloa, se muestra siempre más ambiguo, pero discute en el fondo la gravedad del problema. Reconoce el cambio climático, pero cuestiona su vinculación con fenómenos extremos como incendios o danas, y rechaza la mitigación urgente en nombre del “sentido común” y el “equilibrio” frente a la “dictadura activista”.

En su fallido intento de investidura de 2023, Feijóo dedicó apenas dos minutos a la crisis climática dentro de un discurso de una hora y cuarenta minutos. Lo hizo para reclamar “equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico social”. “No voy a perder ni un segundo en discutir sobre el cambio climático; me propongo afrontar este asunto con las evidencias que la ciencia nos aporta, con los instrumentos que la tecnología ofrezca en cada momento y con el sentido común de la mayoría de los españoles que reclaman una economía más verde sin visiones apocalípticas”, dijo entonces. El argumento clave aquí es “el sentido común”.

Feijóo ha llegado a calificar de “cortina de humo” vincular la ciencia con los incendios que arrasaron España el verano pasado y que continúan este año. Según él, el 75% de los fuegos “tienen que ver con obra humana, ya sea de forma intencionada o de forma negligente”. Y ahí termina su razonamiento.

Lo cierto es que, por llamativo que parezca, con este planteamiento el líder del PP no inaugura una línea nueva bajo presión de Vox. Recoge un guante que su partido lleva dos décadas manejando: asumir el lenguaje del cambio climático sin aceptar sus consecuencias políticas y económicas. La trayectoria del PP, desde Mariano Rajoy hasta hoy, muestra una constante: la subordinación de la acción climática a la lógica económica y a los intereses de las grandes corporaciones.

Uno de los episodios más recordados es el de 2007, cuando Rajoy, entonces líder de la oposición, justificó su escepticismo climático invocando a un primo suyo, catedrático de Física, como fuente de autoridad científica. Cuestionó que el calentamiento global pudiera convertirse en “el gran problema mundial” y planteó que nadie podía saber con certeza qué ocurriría dentro de 300 años.

Aquella frase no fue un desliz aislado. Fue la cristalización de una estrategia que convirtió una cuestión científica en un debate de supuesto sentido común y de identidad partidista. Años después, ya como presidente del Gobierno, Rajoy admitió que se había equivocado y calificó el cambio climático de “grave problema”. La rectificación, tardía y con sordina, no borró el valor político de aquella duda inicial, que sirvió durante años como coartada cultural para que sectores conservadores minimizaran la urgencia climática.

Si Rajoy representa la duda, José María Aznar encarna el cuestionamiento frontal. En 2008, ya fuera del Gobierno, el expresidente criticó que se destinaran recursos a una causa que consideraba “científicamente cuestionable”. En una entrevista en Expansión sostuvo que no se podía “estar amenazando con el apocalipsis todos los días a cuenta del cambio climático” y describió la acción climática como “un arma arrojadiza que busca acabar con las sociedades libres”. Llegó a presentar la ecología como un "nuevo comunismo" frente al "catastrofismo".

Durante su mandato, sin embargo, España ratificó el Protocolo de Kioto y creó el Ministerio de Medio Ambiente. La gestión no fue tan escéptica como el discurso público, y esa dualidad resume el patrón del PP: aceptar el marco institucional del clima mientras se rebajan o posponen sus implicaciones económicas.

En 2015, con Rajoy en La Moncloa y el mundo preparando la cumbre de París, el PP respaldó formalmente un acuerdo global vinculante contra el cambio climático. Pero esa retórica oficial contrastaba con la trayectoria interna del partido, marcada por el retraso y la prioridad al crecimiento económico frente a la descarbonización rápida.

En 2021, ya con Pedro Sánchez en la Presidencia, el Congreso aprobó la ley española de cambio climático y el PP se abstuvo. Una decisión que fue coherente con su idea de “equilibrio”: aceptar el marco climático sin respaldar medidas que incomodaran a la industria, la energía o el mercado.

Entonces dirigía el PP Pablo Casado, cuyos cuatro años al frente del partido (2018-2022) los académicos han bautizado como "retardismo activo". Casado no negó el cambio climático, lo que le distinguía de la retórica de Vox, pero diluyó sistemáticamente la urgencia de la mitigación y se presentó a sí mismo como “adaptacionista” frente al “catastrofismo” de la izquierda. Su eslogan, la “transición ecológica justa que no deje a nadie atrás”, se traducía en la práctica en dar más tiempo a la industria para adaptarse y en proteger sectores como la automoción de combustión o la generación térmica de carbón.

En noviembre de 2019, ante el PP Europeo en Zagreb, Casado resumió su etapa con una frase: “Somos adaptacionistas ante el cambio climático. No aceptemos lecciones medioambientales de la izquierda”.

Bajo esa doctrina, el PP evitó, una vez más, vincular con contundencia la gravedad de las catástrofes naturales con el calentamiento global. Casado, igual que hace ahora Feijóo, atribuía incendios y desastres a “leyes restrictivas” del Gobierno que supuestamente impedían el desbroce forestal, una tesis que juristas y ambientalistas ya han desmentido. La prioridad era la economía: defensa del diésel, retraso del cierre de térmicas y promoción de tecnologías de captación de CO2 que la comunidad científica considera “falsas soluciones”.

Con Feijóo, el PP ha cambiado el envoltorio, pero no del todo la lógica. El líder de la derecha española apela a la ciencia y la tecnología, pero subordina de inmediato la transición ecológica al crecimiento económico y al “sentido común”. Es la forma clásica del retardismo: no negar el problema, sino aplazar o diluir las medidas transformadoras para no alterar el orden económico existente. Es su versión de la máxima que hizo famosa Rajoy: “A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, y eso es también una decisión”.

El PP ha mostrado que prioriza los intereses de las grandes corporaciones sobre la acción climática. En el sector energético defiende la nuclear como pieza central del sistema, alineado con las preocupaciones de las eléctricas, con las que su líder mantiene una relación privilegiada. El argumento: el cierre "innecesariamente anticipado" de las centrales aumentaría precios, elevaría emisiones y reduciría los fondos de Enresa.

En el automóvil, el PP prefiere fórmulas de apoyo a la competitividad industrial antes que restricciones fuertes a las emisiones. En 2024 el PP europeo presionó para flexibilizar los objetivos de emisiones de coches, alineándose con las posturas más a la derecha del grupo popular europeo, en defensa de mantener tecnologías híbridas y de combustión más tiempo y de retrasar la electrificación total prevista para 2035.

El resultado es un discurso que aparenta modernidad mientras conserva la misma jerarquía: primero el negocio, luego el clima. Esa es la verdad que el PP ha evitado durante dos décadas, que la acción climática no puede subordinarse a las grandes corporaciones sin un coste real en impacto ambiental, salud pública y justicia intergeneracional.

Detrás de cada matiz y cada "verdad de perogrullo" sobre el clima hay un nombre propio: las corporaciones que han convertido la transición ecológica en un campo de batalla empresarial. En España presionan sobre todo los sectores con mayor huella de emisiones, el petróleo y el gas, la industria pesada, el transporte por carretera y parte del sector eléctrico tradicional. Su influencia no es marginal: es estructural.

Repsol encabeza el bloque petrolero, junto a Naturgy y Enagás. A través de patronales europeas como FuelsEurope y Sedigas defienden el gas como "energía de transición", se oponen a metas de electrificación acelerada y promueven biocombustibles, hidrógeno de baja ambición y captura de carbono en lugar de reducir directamente el consumo.

La industria pesada, cemento, acero, química y vidrio, concentra emisiones elevadas y costes de descarbonización altos. Empresas como Cemex, ArcelorMittal o Ercros presionan a través de sus patronales para lograr exenciones, plazos más largos y fondos públicos que en la práctica sostienen procesos intensivos en carbono.

El transporte por carretera es el gran rezagado, con solo un 6,8% de reducción de emisiones entre 2008 y 2022 pese a representar cerca del 28-30% del total nacional. La patronal ANFAC presiona para flexibilizar los objetivos de CO₂ de la UE, y el PP europeo votó en 2025 contra esos objetivos, alineándose con la posición más dura del sector.

Las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, han asumido discursos de transición, pero el lobby del gas presiona para frenar la electrificación cuando amenaza sus negocios fósiles, para influir en el diseño del mercado eléctrico y proteger las rentas de tecnologías ya instaladas, incluida la nuclear, y para negociar cierres nucleares y de carbón con calendarios extendidos alegando seguridad de suministro y empleo. La banca y los seguros, sin ser emisores directos, financian y aseguran proyectos de alto carbono y presionan, a través de la AEB, para suavizar los criterios de financiación sostenible.

Estos sectores comparten el argumento de la competitividad y el empleo, la demanda de ayudas públicas y la apuesta por soluciones tecnológicas a largo plazo que permiten mantener la actividad fósil más tiempo, coordinados a través de grandes patronales como CEOE, AEB, ANFAC, UNESA o Sedigas. 

El resultado es un sistema en el que la acción climática se define no solo por la ciencia, sino por la capacidad de presión de los actores económicos más poderosos. Ahí es donde el PP ha encontrado su espacio cómodo: no hace falta negar el cambio climático cuando se puede subordinar la respuesta a la lógica empresarial.

PP y Vox huelen sangre. Conscientes de que es un tema sensible y del desgaste que puede suponer para el Gobierno la crisis migratoria desatada por la sentencia del Supremo que, aprovechando un vacío legal, impide la expulsión en caliente de los migrantes que acceden a Ceuta nadando, la derecha se ha lanzado con todas las armas a su alcance contra el Ejecutivo.

Unas 50.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los cálculos que manejan las fuerzas de seguridad. Más de medio centenar perdieron la vida en el intento. Eso supone aproximadamente un 60% de la población censada en la ciudad autónoma. De ellas, al menos 48.300 ya habían regresado a su país de origen a media tarde del viernes, según el Ministerio del Interior.

Sin mencionar ni la responsabilidad de Marruecos, cuyas autoridades miraron hacia otro lado durante casi toda la jornada del jueves y toleraron, de hecho, el flujo masivo de personas hacia Ceuta, ni el origen del problema —la sentencia del Supremo—, la derecha acusó a Sánchez de ser el causante del problema y de no haber reaccionado adecuadamente para hacerle frente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó primero al Ejecutivo haber reaccionado con “debilidad” y no hacer “nada suficiente para evitar” la entrada masiva de migrantes irregulares.

Y eso a pesar de que el Gobierno activó el jueves un dispositivo en Ceuta destinado a reforzar la seguridad fronteriza y ciudadana que ha incluido la movilización de militares, carros blindados, guardias civiles, policías nacionales —incluyendo unidades antidisturbios— y un grupo especial de actividades subacuáticas, además de medios aéreos y marítimos.

Pero nada de esto parece relevante para Feijóo, según el cual el Gobierno debía adoptar “instrumentos excepcionales” y solicitar la intervención de Frontex y de sus unidades de intervención rápida —una solución que tardaría días en ser operativa—, además de declarar la situación de interés prevista en la Ley de Seguridad nacional.

Coordinación reforzada

En España, una declaración de este tipo está pensada para atender una crisis que, por su gravedad, alcance, urgencia y necesidad de medidas transversales, exige una coordinación reforzada de las administraciones bajo la dirección del Gobierno. No es un estado de alarma: se afronta con medios y competencias ordinarios y no permite suspender derechos fundamentales.

A través de un comunicado, el líder del PP, Feijóo, subió después el tono adoptando la terminología propia de la extrema derecha: “Un territorio español está siendo ocupado”. Es, dijo, una “crisis de soberanía”. “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver”, subrayó, ignorando que miles de ellos ya estaban cruzando en esos momentos la frontera hacia Marruecos.

El PP, no obstante, pese a poner el foco en el Gobierno, no ha tenido más remedio que reconocer que el origen del problema es la sentencia del Supremo, al pedir la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera se aplique también a las entradas por vía marítima a las ciudades de Ceuta y Melilla y taponar así ela agujero abierto por el Supremo.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que no ha dudado en usar el término “invasión”, sobre el que se asientan las políticas xenófobas de la extrema derecha en toda Europa, ha pedido que se convoque al Congreso de los Diputados este fin de semana para aprobar una modificación por la vía de urgencia de la Ley de Extranjería.

Pero la solución a corto plazo mediante una reforma legal es imposible. Desde el punto de vista jurídico y constitucional, es totalmente imposible modificar la Ley de Extranjería en 48 horas. Al afectar a derechos fundamentales, cualquier cambio en esta norma requiere el rango de ley orgánica. Además, la Constitución prohíbe de forma expresa que el Gobierno recurra a un real decreto-ley de urgencia para regular materias que afecten a libertades públicas, por lo que la vía de un Consejo de Ministros exprés queda descartada por inconstitucional.

A esto se suman los plazos y trámites parlamentarios obligatorios del sistema bicameral español. Aunque se convocase un Pleno extraordinario de urgencia en el Congreso durante el fin de semana, como pide el PP, la legislación exige garantizar un periodo mínimo para que el resto de grupos presente enmiendas. Posteriormente, el texto debe remitirse obligatoriamente al Senado, cámara que dispone de un plazo legal de hasta 20 días para debatir, enmendar o vetar la norma. Y después, el proyecto tendría que volver al Congreso.

En el afán por culpar a Pedro Sánchez se han aplicado especialmente las voces más extremistas del PP y Vox. El secretario general del PP, Miguel Tellado, declaró este viernes que “a nadie puede sorprenderle” que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares “de un día para otro”. “El responsable de lo que pasa en Ceuta es el presidente del Gobierno”, insistió, pasando por alto que nadie que haya entrado irregularmente en España después del 31 de diciembre del año pasado puede optar siquiera a regularizar su situación.

El problema, en realidad, no ha nacido del Gobierno, sino de la sentencia del Supremo que dificulta la devolución inmediata (“en caliente”) de los migrantes que entren en Ceuta a nado, lo que ha alimentado la falsa creencia de que quienes entrasen así en España podrían quedarse. El tribunal ha establecido que llegar a nuestro país de ese modo no equivale a rebasar una valla o barrera física, que es el requisito que marca la ley para hacer posible la devolución inmediata. 

El fallo judicial obliga al Estado a aplicar el procedimiento administrativo ordinario, lo que no impide las expulsiones, solo exige abrir un expediente individualizado con asistencia letrada, intérprete y el derecho formal a solicitar asilo, un trámite que paraliza cautelarmente la devolución. En la práctica, la resolución no regulariza a la persona ni le otorga residencia, pero sí convierte un rechazo instantáneo en un proceso burocrático mucho más garantista y lento que aplaza la ejecución de las expulsiones mientras se resuelve cada caso.

No obstante, al PP y a Vox no parece importarles esa realidad. En la misma línea, pero en una afirmación todavía con menos fundamento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo el jueves por la noche que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido deliberadamente “la invasión” de Ceuta para ocultar “todos sus juicios”.

En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso opinó: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”.

La fundación FAES, que preside el expresidente José María Aznar, echó más leña al fuego atribuyendo lo ocurrido a la “actitud claudicante” del Ejecutivo y a su política “servil” hacia Marruecos.

Tampoco ha medido sus palabras el líder de Vox, Santiago Abascal. También en un mensaje publicado en la red social X, propiedad del tecnólogo ultraderechista Elon Musk, Abascal sostuvo que los inmigrantes “no vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza”, sino que “son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras, para que después deambulen por las calles de España diciendo: ‘Viva Pedro Sánchez”. En realidad, los que entraron fueron jóvenes, mujeres y familias enteras, incluidos niños.

Vox se está empleando a fondo en la difusión de mentiras, como afirmar que la llegada de inmigrantes es el resultado “de darles menú halal, construirles mezquitas o gastar millones en mataderos móviles para la fiesta del cordero”. Sin dar nombres, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), amenazó con retirar las ayudas de su comunidad a cualquier ONG que atienda a los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta.

De estas posiciones, sin base, se ha distanciado una muy significativa: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha atribuido la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”.

Y es que la entrada masiva fue posible, en gran parte, gracias a la ausencia de medios policiales del lado marroquí desplegados para contener el tránsito de migrantes hacia el espigón que marca los límites entre el reino alauita y España, algo que las autoridades de Rabat corrigieron ya este viernes, utilizando incluso material antidisturbios y permitiendo la apertura de la frontera para facilitar el retorno.

Uno de los rasgos más llamativos de esta crisis, a diferencia de la que tuvo lugar hace cinco años, es que, en sintonía con la derecha española, son numerosas las voces de la derecha y la extrema derecha de Europa y de Estados Unidos que se han sumado a las críticas a Pedro Sánchez. Algunas de forma sorprendente —teniendo en cuenta que la crisis migratoria ha tenido lugar en África, al otro lado del Mediterráneo—, como las que llegaron de Finlandia o Italia, al pedir el cierre de la libre circulación con España.

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, representante en su gobierno de la formación ultra Partido de los Finlandeses, acusó a España de haber “fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”.

El presidente español, Pedro Sánchez, les respondió a través de redes sociales recordando que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplicaron las de España. Y añadió: “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”.

En lo que parece una declaración coordinada con el PP Europeo, Antonio Tajani, el ministro de Exteriores del Gobierno italiano —liderado también por la formación de ultraderecha Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni— , que además es el interlocutor de Feijóo en ese país, relacionó la llegada de migrantes con la reciente regularización de migrantes en España. El canciller alemán, Friedrich Merz, del mismo partido, se pronunció también contra nuestro país.

También a miles de kilómetros de distancia, Francia reforzó los controles en la frontera con España. E incluso Dinamarca, situada a 2.500 kilómetros en línea recta de Ceuta, con un Gobierno socialdemócrata pero que practica duras políticas antiinmigración, se sumó a las críticas hablando de la posibilidad de cerrar fronteras con España.

Hasta la Casa Blanca atribuyó este jueves a las “políticas globalistas de extrema izquierda” de España la situación en Ceuta. “El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición”, dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

El propio presidente Trump se refirió a este asunto: “Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor”, declaró durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David.

La desinformación es tal que el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, tuvo que negar este viernes que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta hacia el continente europeo.

De hecho, Brunner acogió “con satisfacción” la “estrecha cooperación entre España y Marruecos para gestionar la situación y garantizar los retornos rápidos” y recordó que Marruecos figura en la lista de la UE de países de origen seguros.

La Comisión Europea añadió que sigue considerando a “Marruecos un socio clave y de confianza de la UE. En los últimos años, hemos intensificado la cooperación en materia de migración y gestión de fronteras, así como en la lucha contra el tráfico ilícito. Ahora estamos trabajando para elevar nuestra relación a una asociación global y estratégica”, aseguró un portavoz comunitario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a la ciudad de Ceuta para conocer de primera mano la situación, se mostró dispuesto a abordar la reforma de la Ley de Extranjería para corregir el agujero abierto por el Supremo, cuya difusión en Marruecos a través de las redes sociales atribuyó a las mafias que trafican con personas.

No obstante, y en tanto no se reforme la ley, el Ejecutivo ha ordenado a la empresa Sasemar, encargada de Salvamento Marítimo, que despliegue una barrera de separación apoyada en boyas para prolongar el espigón que separa la frontera y hacer mucho más difícil la entrada irregular en Ceuta desde territorio marroquí.

Nominalmente, Unidad Editorial es un grupo multimedia que agrupa prensa, revistas, medios digitales, radio, televisión, una productora audiovisual, una editorial de libros y divisiones de formación, contenido patrocinado, eventos y comercialización publicitaria. Pero su producto estrella sigue siendo uno solo: el diario El Mundo, el centro de su núcleo de tres periódicos impresos, que son a la vez las principales marcas digitales de la compañía y del que forman parte también el económico Expansión y el deportivo Marca.

No es ningún secreto que la línea editorial de la empresa es abiertamente de derechas. A través de sus editoriales llegó a pedir explícitamente el voto para el PP en 2008 y en 2011 y, en las últimas elecciones generales, defendió claramente al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Y emplazó a los electores a agruparse en este partido para maximizar el resultado del PP.

Esa posición es particularmente relevante teniendo en cuenta que, aunque Unidad Editorial es una empresa española, su propietario no lo es. Pertenece al grupo italiano RCS MediaGroup, que controla la práctica totalidad del capital (96,31%). Y que es, en última instancia, quien en realidad pide el voto para el PP.

RCS MediaGroup S.p.A. es un grupo editorial italiano cotizado en la Bolsa de Milán, cuyo accionista de referencia es Cairo Communication S.p.A., que posee el 60,6% de su capital ordinario, con Urbano Cairo como presidente y máximo accionista. Entre sus socios relevantes están el empresario del sector del lujo y el deporte Diego Della Valle (7,6%), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (6,5%) y otros minoritarios institucionales.

¿Y quién es Urbano Cairo, el hombre que está en la cúspide de la toma de decisiones que afectan al diario El Mundo? ¿Y Marco Pompignoli, el hombre de su confianza que desde 2021 mueve sus hilos al frente de Unidad Editorial?

Cairo (Milán, 1957) es un empresario italiano que ha construido su poder a partir de la publicidad y los medios: fue directivo en el grupo Fininvest de Silvio Berlusconi y en Publitalia —donde aprendió a moverse en el mundo de la publicidad— antes de fundar, en 1995, su propia compañía Cairo Communication, especializada en venta de espacios publicitarios y, más tarde, en edición de prensa, televisión y web.

Esa plataforma es la que le ha permitido ir agregando activos mediáticos hasta convertirse en uno de los principales editores privados italianos, con posiciones relevantes en prensa, revistas, televisión (es propietario de La7) y organización de eventos deportivos, además de controlar el Torino FC como presidente del club.

La clave para España llegó en 2016, cuando lanzó una OPA sobre RCS MediaGroup, entonces uno de los grandes grupos editoriales italianos, propietario entre otras cabeceras de Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport y ya entonces accionista de referencia de Unidad Editorial. Tras imponerse en la puja, Cairo se convirtió en el dueño último de Unidad Editorial y, por tanto, en el nuevo patrón de El Mundo y del resto de cabeceras españolas del grupo.

Cairo ha puesto en manos de Pompignoli, un directivo de perfil financiero que le acompaña desde hace más de veinte años, la tarea de corregir el rumbo de su división española.

Los lectores de El Mundo, Expansión o Marca, sin embargo, no encontrarán esta información sobre Urbano Cairo en las webs de estos periódicos, lo que supone un incumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

El artículo 6 de esta norma europea, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Desde el punto de vista financiero, y según los datos de la compañía, Unidad Editorial en España siguió ganando dinero en 2025, pero algo menos que el año anterior: ingresó menos, pero recortó costes y así mantuvo beneficios operativos. Dicho en cristiano: vende menos en papel y publicidad tradicional, pero compensa parte del golpe con suscriptores digitales y ahorro interno.

En 2025, la actividad de Unidad Editorial en España generó unos ingresos de unos 204 millones de euros, frente a unos 218 millones el año anterior, es decir, entró menos dinero en la caja que en 2024. Aun así, la empresa logró un resultado operativo positivo de 36,7 millones antes de pagar impuestos, intereses y amortizaciones; una cifra inferior a los 43 millones del año previo, de nuevo síntoma de que el negocio aguanta, pero con menos margen.

Un dato clave que ayuda a entender la foto es el peso del negocio digital: en España, los ingresos digitales ya suponen el 43% del total de Unidad Editorial, frente al 41% del año anterior. Es decir, casi la mitad del dinero que entra procede de elementos que no son el periódico en papel: suscripciones web a El Mundo y Expansión, publicidad digital o productos premium en Marca.

En términos de audiencia, Marca sigue siendo líder en España, según el EGM; El Mundo es tercero, por detrás de El País, y Expansión está en el puesto 18º. Las cifras de audiencia media diaria, sin embargo, sitúan a la web de El Mundo en segundo lugar, en este caso por detrás de elespanol.com, según datos de mayo del medidor oficial, GfK DAM.

El negocio de Unidad Editorial conserva revistas y semanarios en un contexto de retroceso para este tipo de productos, algunos de ellos vinculados a sus cabeceras periodísticas. Las más conocidas son la revista femenina Telva y el semanario Actualidad Económica. También opera en radio, a través de Radio Marca, ligada directamente a su diario deportivo. En estos momentos es la octava emisora temática más escuchada del país, con 558.000 oyentes, según el EGM.

En el campo audiovisual, Unidad Editorial opera a través de Veo Televisión, que dispone de dos frecuencias de TDT de ámbito nacional y ha explotado distintas marcas de canal, entre ellas Veo7 y Discovery Max, en este caso en alianza con Warner Bros Discovery. Son, con todo, dos canales casi testimoniales que ni siquiera destacan en la pugna con el resto de cadenas temáticas.

Unidad Editorial incluye la editorial La Esfera de los Libros como brazo específico en el mercado de libro comercial.

En busca de otros ingresos, en el ámbito formativo, Unidad Editorial explota la Escuela de Unidad Editorial (ESUE) y la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial. Y ha impulsado áreas de ingresos orientadas a servicios a otras empresas y a la creación de contenido publicitario camuflado bajo la fórmula del branded content, usando como soporte sus propios medios.

El grupo tiene además un departamento de eventos y conferencias que organiza foros, jornadas sectoriales y premios a través de los cuales genera también ingresos.

Unidad Editorial fue el sexto grupo que más dinero de publicidad institucional recibió del Gobierno en 2025, sin contar la publicidad comercial. Fueron 2.726.348,65 euros, un 3,72% del total, solo por detrás de Prisa, Atresmedia, Mediaset, Vocento y Google.

Conocemos ese dato gracias al informe publicado por el Gobierno, porque los medios de Unidad Editorial también incumplen en esto el Reglamento de Libertad de Medios y no dan cuenta ni de la publicidad institucional que reciben ni de quién es su verdadero propietario, el empresario italiano Urbano Cairo.

Sin que sus lectores lo sepan, al menos en los términos que exige la legislación europea desde agosto de 2025, en Unidad Editorial confluyen propiedad extranjera opaca para el lector, alta dependencia de ingresos comerciales y públicos y una línea editorial abiertamente alineada con una opción política concreta.

Urbano Cairo tiene intereses claros en varios sectores, no solo en prensa. Su base de negocio original fue la publicidad. Fundó Cairo Pubblicità y desde ahí construyó una plataforma que después amplió hacia medios impresos, televisión y web. Más adelante entró en televisión comercial con La7, de la que es propietario y que también tiene un perfil de derechas, y consolidó su posición como editor de prensa al frente de RCS MediaGroup, matriz de Unidad Editorial.

También tiene un interés muy fuerte en el deporte. Es presidente y propietario del Torino FC, y además RCS gestiona activos deportivos y eventos como el Giro de Italia y otras pruebas ciclistas de gran valor comercial y de marca. En la práctica, eso significa que su influencia no se limita a vender información: también se extiende a audiencias, patrocinio, derechos, eventos y explotación comercial del deporte. No es solo un propietario de medios: es un empresario cuya actividad depende también de la venta de espacios, la organización de eventos y la explotación de activos deportivos y televisivos.

Al frente de El Mundo, como director, está desde 2022 Joaquín Manso. Un periodista de la casa cuyo historial lo dice todo: encarna una línea editorial que combina una visión muy favorable del PP como partido en auge y alternativa central al sanchismo con una hostilidad sostenida hacia el PSOE y, en particular, hacia Pedro Sánchez.

España se enfrenta a un desafío existencial. Los episodios de clima extremo, que desembocan en riadas más destructivas e incendios devastadores, son cada vez más frecuentes. Los daños materiales se multiplican, así como la pérdida de vidas humanas.

En esa evidencia, avalada por la ciencia, se apoyó el año pasado el Gobierno para proponer un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, redactado con la ayuda de expertos en clima y protección civil. Es un documento pensado para durar más allá de una legislatura, lo que exigiría la implicación del PP en definir las acciones necesarias para protegernos de los desastres naturales que están por venir.

Pero el PP cuestiona el punto de partida: que España vive una “emergencia climática”, con diagnóstico científico contundente y cifras de impacto. Un hecho a partir del cual el Gobierno reclama una respuesta coordinada, multisectorial y de largo plazo, que se traduciría en aplicar el conocimiento científico en todas las políticas públicas, con paneles de expertos, evaluación de riesgos sectoriales y un registro abierto de datos climatológicos. Ese peso de la ciencia del clima, sin embargo, es difícil de asumir para un partido como el que lidera Alberto Núñez Feijóo, que relativiza el cambio climático o lo presenta como agenda ideológica.

De ahí que, pese a la urgencia, durante el último año haya sido imposible no ya el acuerdo, sino el diálogo entre el Gobierno y el PP. Tras el intercambio de acusaciones —el Ejecutivo habla de negacionismo climático del PP, y Feijóo califica la propuesta de Sánchez de “cortina de humo” para tapar casos de corrupción—, se libra una batalla ideológica y técnica que hoy por hoy deja la propuesta —en la que debería basarse nuestra respuesta como país a estas catástrofes— reducida a un documento estéril.

Del análisis de la hoja de ruta del Ejecutivo, de diciembre de 2025, y del Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención del PP, de agosto del mismo año, se desprende que las diferencias no son semánticas, sino que responden a dos formas opuestas de entender el territorio, la economía rural y la autoridad del Estado.

El primer gran abismo entre ambas propuestas reside en el modelo de gestión forestal. El Gobierno impulsa un “modelo de gestión forestal del siglo XXI” que incorpora quemas prescritas, uso planificado del fuego de baja intensidad y ganadería extensiva como herramientas de prevención, junto con incentivos por servicios ecosistémicos y mayor peso de la gestión sostenible en las ayudas agrarias europeas.

En esa línea, propone pagos por servicios ecosistémicos —gestión forestal, pastoreo, ganadería extensiva, agricultura regenerativa— y apoyo prioritario a la ganadería extensiva, incluidas las ayudas europeas, la valorización de razas autóctonas y la trashumancia.

Este giro hacia un modelo rural “verde” y hacia la condicionalidad climática de ayudas y seguros es lo que explica la resistencia del PP y Vox, porque choca con discursos que defienden sin matices la agricultura y ganadería intensivas o que recelan de condicionar ayudas al desempeño ambiental.

Para el PP, esta visión peca de proteccionismo y asfixia al medio rural. El partido defiende monetizar el monte, bajo la idea de que “el monte que se utiliza arde menos”, y exige una modificación profunda de la Ley de Montes del Estado para flexibilizar los aprovechamientos y permitir cambios de uso.

El PP argumenta que la regulación europea, centrada en la protección estricta, ha reducido la limpieza de montes y la cabaña ganadera extensiva, factores que considera clave para frenar el fuego, aunque, según los expertos consultados, esa relación no tiene base real. De ahí construyen un discurso que contrapone un supuesto monte “contemplativo” a un monte “productivo”.

Para el Gobierno, hace falta una agenda de salud climática: red estatal de refugios climáticos, rehabilitación energética de viviendas vulnerables, el binomio salud-clima en la planificación urbanística y una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con valores límite de exposición térmica y mecanismos de “cese de actividad climático” para autónomos.

Es una agenda que vincula clima, salud, trabajo y justicia social, con especial atención a la población vulnerable, mujeres y colectivos precarizados, algo incómodo para quienes se oponen a reforzar regulaciones laborales y ambientales, como el PP y Vox.

El proyecto nace con referencia a la necesidad de acelerar la transición ecológica, la neutralidad climática y el abandono progresivo de los combustibles fósiles, con marcos financieros europeos que prioricen adaptación y resiliencia. También plantea la “adaptación permanente del sistema tributario al nuevo contexto climático” y la creación de fondos con recursos nacionales y autonómicos. Es decir, vincula fiscalidad y clima, una combinación que ambos partidos rechazan explícitamente.

El PP prefiere hablar solo de ayudas económicas y fiscalidad: exige la exención total de impuestos e intereses para las ayudas, indemnizaciones o préstamos públicos recibidos por los afectados, y una automatización de las ayudas que se concedan sin necesidad de solicitud previa cuando la administración ya tenga los datos.

Existe, además, una diferencia en el alcance de la protección a la propiedad privada. Mientras el Gobierno se centra en la “población más vulnerable” y la “justicia social”, el PP garantiza por escrito que “nadie se quedará sin su vivienda habitual ni su segunda vivienda”, sin distinguir entre primera y segunda residencia.

La respuesta punitiva del PP es reveladora. El plan de Feijóo propone un Registro Nacional de Pirómanos y pulseras telemáticas para los condenados durante los meses de máximo riesgo, una medida sin equivalente en el documento del Gobierno, centrado en crear una Agencia Estatal de Protección Civil y un Cuerpo Facultativo de Técnicos.

Para el PP, el enfoque del Ejecutivo es demasiado burocrático. Los populares exigen más plantillas del Seprona y nuevos batallones de la UME. Mientras el Gobierno propone “interoperabilidad de datos y gemelos digitales” para simular emergencias, el PP reclama más agentes en el terreno y liderazgo de profesionales con “acreditada experiencia”.

La sombra de las catástrofes recientes, especialmente la dana de 2024, alimenta una desconfianza institucional que parece insalvable. El PP afirma que el Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil que el Gobierno dice haber activado en crisis previas “no existe” en la realidad, una acusación que dinamita cualquier consenso sobre la “Gobernanza del Pacto”.

La propuesta de Sánchez incluye la profesionalización de la lucha contra las emergencias, con un Cuerpo Facultativo de Técnicos especializado en emergencias climáticas, una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias con catálogo nacional de capacidades e IA para predicción de riesgos, y el refuerzo de la Escuela Nacional de Protección Civil. Un diseño que aumentaría el peso del Estado central y vincula protección civil a una narrativa de justicia social, algo incompatible con la retórica competencial de PP y Vox.

Existe también un choque narrativo sobre las causas y soluciones a largo plazo. La lucha contra la desinformación climática, que también recoge el documento del Gobierno, es uno de los asuntos más sensibles: define la desinformación como un “obstáculo directo” para la cultura de prevención.

Por eso propone campañas de alfabetización climática, protocolos oficiales durante las alertas, verificación rápida de casos virales y una red de protección frente al acoso a científicos y meteorólogos, además de apoyo al periodismo ambiental de calidad.

Ese planteamiento choca con narrativas como las de la derecha, que presentan la verificación climática como “censura” o la acción contra bulos como control ideológico de medios y redes.

La realidad es la de una España que sufre un calentamiento un 20% más rápido que la media global y que pierde el 6% de su producción agraria anual por eventos extremos. La urgencia es real, pero la solución política sigue estancada.

El PP asegura que no puede aceptar el pacto porque considera que ignora la realidad económica del monte, impone una supuesta burocracia verde que asfixia a los ayuntamientos —uno de los bulos más difundidos estos días por el PP y la extrema derecha—, carece de una política punitiva eficaz contra los pirómanos y se asienta sobre una estructura de mando en la que el PP no cree.

La distancia entre el plan del PP y la propuesta de pacto de Estado del Gobierno deriva de dos visiones de país que, por ahora, parecen incapaces de encontrarse entre las cenizas de un verano asfixiante.

Pedro Sánchez confirmó este martes que no habrá pacto de Estado frente a la emergencia climática mientras el Partido Popular no abandone el negacionismo climático. Lo dijo en su comparecencia semestral en Moncloa, con ocho grandes incendios activos en España y más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, seis veces más que en el mismo periodo de 2025.

“El negacionismo es el peor de los combustibles ante la emergencia climática”, insistió Sánchez. Negar la realidad y las alarmas de la ciencia no prepara al país. Al contrario, según el presidente, lo hace más vulnerable y más inseguro.

En una intervención ante los medios, convocada para hablar del curso político —la última de la legislatura por estas fechas—, ligó esa advertencia al balance humano de los incendios. Habló de más de una decena de víctimas mortales, de familias confinadas en sus casas y de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Con agosto y septiembre todavía por delante, y con una nueva ola de calor anunciada por la Aemet, insistió en que la pregunta pendiente es “qué más tiene que pasar” para que el conjunto de las fuerzas políticas respalde el acuerdo.

“La emergencia climática mata; el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante”, afirmó.

El pacto de Estado frente a la emergencia climática no es una propuesta nueva. Sánchez recordó que lo planteó en el verano de 2025, en plena campaña de incendios. Desde entonces, explicó, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha coordinado un proceso que ha recogido más de 4.000 aportaciones de 1.500 personas. El resultado se presentó en septiembre de 2025 en Ponferrada, en la comarca de El Bierzo.

Sánchez situó la trascendencia de ese acuerdo por encima de cualquier otro. Lo definió como “el acuerdo de país que más necesita España”. E insistió en que no es una opción, sino una obligación compartida entre fuerzas políticas, agentes sociales, comunidad científica, ONG y administraciones.

¿Y por qué, entonces, es tan difícil llegar a un acuerdo con el PP? “El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios”, afirmó. Y la unidad en la respuesta a las emergencias ya existe. La citó como ejemplo en la coordinación entre administraciones que se está viendo estos días en Castilla y León (por el incendio de Ávila), Madrid y la Comunitat Valenciana (por el fuego de la Vall d’Uixó, en Castellón).

Lo que falta, según su planteamiento, es un acuerdo sobre la prevención y sobre la reconstrucción de las zonas afectadas. Y eso, dijo, exige reconocer que la emergencia climática multiplica los riesgos de incendio, así como de otras catástrofes, como la que causó la dana en València en 2024.

Sánchez situó el pacto como una demanda ciudadana al recordar una visita a El Bierzo hace un año, donde vecinos y miembros de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) le trasladaron la necesidad de un acuerdo que trascendiera los cuatro años de una legislatura. La gestión de los montes y la respuesta a las olas de calor, las danas y las sequías, dijo, requieren políticas sostenidas en el tiempo.

Sánchez apeló también a lo que llamó “el elefante en la habitación”. Sostuvo que la ciencia exige actuar en dos frentes a la vez: la mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero, y la adaptación a un clima que ya ha cambiado. “Tenemos que hacer las dos cosas”, dijo.

El presidente reprochó a los gobiernos autonómicos del PP y Vox que, a su juicio, conviertan a algunos de sus líderes en portavoces de bulos sobre la gestión forestal. Mencionó explícitamente la ley de montes, de la que dijo que no impide lo que algunos afirman que impide. Y recordó que la limpieza y el desbroce de los montes son competencia de las comunidades autónomas. “Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas, convertirse en portavoces de bulos”, declaró.

Sánchez trazó una línea entre el pasado y el presente del PP en materia energética. Recordó que, cuando llegó al Gobierno en 2018, España tenía un impuesto al autoconsumo, conocido como el impuesto al sol, que frenaba la expansión de las energías renovables. La potencia instalada de energías limpias, según los datos que citó, ha pasado del 47% en 2018 al 72% actualmente, con un 60% del mix eléctrico procedente de fuentes limpias.

“Quienes ayer frenaron, precisamente con el impuesto al sol, el despliegue de las energías renovables son los mismos que hoy acuerdan con la ultraderecha, allí donde gobiernan en los territorios, el frenazo, el parón de las energías renovables”, acusó. Citó como ejemplos Aragón, Extremadura y Castilla y León, comunidades gobernadas por el PP en coalición con Vox.

Es precisamente esa política la razón por la que el Gobierno no espera que las comunidades gobernadas por PP y Vox se sumen a sus medidas, como la red de infraestructuras de refugios climáticos que presentó un día antes de la comparecencia.

Para contraponer lo que el Gobierno está haciendo en materia de lucha contra el fuego, Sánchez también detalló el refuerzo presupuestario del dispositivo estatal contra incendios. Según los datos que aportó, el presupuesto destinado a la prevención ha aumentado un 30% entre 2024 y 2026, y el de extinción, un 34%. La financiación de las BRIF, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, ha crecido un 47%, con un nuevo convenio que reconoce su trabajo durante todo el año. Anunció, además, la compra de siete nuevos aviones anfibios que se incorporarán a partir de 2028.

Pero con eso no basta, subrayó. La acción unilateral del Estado tiene límites. “Estamos haciendo mucho, pero no es suficiente”, reconoció. Hace falta la unión de todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos y las diputaciones, porque en la prevención estas últimas tienen competencias decisivas.

Sánchez se declaró dispuesto a hablar con las fuerzas políticas y a convocar una Conferencia de Presidentes sobre el pacto climático. Recordó que ha convocado más conferencias de presidentes que ningún otro jefe del Ejecutivo desde el inicio de la democracia. Citó como precedente la conferencia celebrada en La Palma, en la que se reforzó el Sistema Nacional de Protección Civil.

Pero matizó esa disposición. Dijo ser “un poco precavido” porque, en los gobiernos donde el PP pacta con Vox, no observa “una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática”, sino todo lo contrario.

Sobre una eventual reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez dijo que el Gobierno está siempre abierto a hablar con la oposición. Añadió el deseo de que esa oposición fuera constructiva y no destructiva, y se remitió al Congreso, donde aseguró que su grupo parlamentario y el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantienen contacto con todas las formaciones. “Si tienen a bien unirse a este pacto de Estado, pues bienvenidos sean, tienen las puertas abiertas”, afirmó.

Sánchez cerró su argumento con una idea que repitió en distintos momentos de la comparecencia. La emergencia climática, dijo, no tiene ideología y afecta a todos por igual, también a los vecinos de los territorios gobernados por el PP y Vox. Mientras esa premisa no sea compartida por todas las fuerzas políticas, el pacto de Estado que propuso hace un año sigue sin contar con todas las firmas que necesita para desarrollar medidas que trasciendan una legislatura o un eventual cambio de Gobierno.

Detrás de Atresmedia, el conglomerado audiovisual del que dependen la televisión privada más vista de España (Antena 3), el canal de sello progresista La Sexta y la emisora de radio Onda Cero, una de las referencias en algunas franjas horarias para la derecha española, hay dos familias. La primera es de aquí y tiene tres ramas que parten del tronco original que en su día representó el fundador del Grupo Planeta, José Manuel Lara, barcelonés de adopción y fallecido en 2003. La otra familia, De Agostini, es italiana, también tiene un origen editorial y hace años que comparte negocios con sus socios españoles.

En el grupo español se dan cita los nietos del fundador a través de tres linajes: los Lara García (hijos de José Manuel Lara Bosch: José Manuel, Pablo, Marta y Ángela); los Lara Hoces (hijos de Fernando Lara Bosch: Fernando y Patricia) y los Falcó Lara (hijos de Inés Lara Bosch: Laura y Juan).

Cada una de estas tres ramas ostenta aproximadamente un tercio (33%) del capital de Planeta. Esta estructura procede de la división inicial del fundador entre sus cuatro hijos: José Manuel y Fernando (26% cada uno), e Inés y Maribel (24% cada una). Con el fallecimiento de Fernando (1995), José Manuel (2015) y Maribel (2023, sin descendencia), sus participaciones se han repartido entre las ramas vivas, quedando con un tercio cada una.

En noviembre de 2023, los Lara García pusieron a la venta su tercio (33%). Encargaron la operación al banco de inversión Morgan Stanley, con una valoración de alrededor de 900 millones de euros para ese paquete, lo que implicaría una valoración total del grupo Planeta de 2.700 millones.

La decisión, según fuentes periodísticas, generó un conflicto familiar con las otras dos ramas (Lara Hoces y Falcó Lara), temerosas de una posible entrada de un socio externo en el grupo. De momento no hay constancia de que la venta se haya consumado. O de que los Lara García hayan desistido de la venta.

De Agostini, la familia italiana con la que los Lara llevan asociados desde 1982, es un holding multinacional presente en edición, coleccionables, hobbies, medios, televisión y entretenimiento. El grupo cotiza en bolsa y está controlado por la familia Drago; en su cuarta generación, la dirección estratégica y operativa la encabezan dos hermanos, Enrico y Nicola Drago, que lideran conjuntamente el holding con una estructura de gobernanza dual. Enrico se responsabiliza de los sectores de loterías y juegos, así como de todas las actividades financieras del grupo; Nicola, por su parte, dirige la división editorial y educativa, el sector sanitario y los medios de comunicación, incluidas sus participaciones en Banijay (un grupo europeo de producción y distribución de contenidos audiovisuales, con sede en Francia) y Atresmedia.

Planeta y De Agostini controlan Atresmedia a través de una sociedad instrumental llamada Grupo Pasa Cartera, que posee, según la web del grupo audiovisual, el 41,7% de las acciones. Un 15,1% está en manos de UFA/RTL, la puerta de entrada en España del Grupo Bertelsmann, el gigante alemán de medios, propietario de docenas de canales de televisión y radios en Europa, que utiliza la combinación RTL-UFA como vehículo societario.

El resto de las acciones (42,95%), siempre según la escasa información publicada por Atresmedia en su web, está en manos de “empresas”. Un bloque amplio, al parecer, de participaciones repartidas entre multitud de fondos, gestoras e inversores minoristas. Es el colchón de mercado que mantiene su condición de compañía cotizada: acciones en manos del mercado, no controladas por un solo grupo, que dan liquidez al valor y permiten la entrada y salida de nuevos inversores, pero que no configuran, hoy por hoy, un centro de mando en el gobierno de la compañía.

Nada de esta información está disponible en las webs de Antena 3 o de Onda Cero, y solo figura de forma muy incompleta en la de la matriz, Atresmedia. Ninguna de ellas publica de forma directa, clara y fácilmente accesible quiénes son los dueños de estos medios, las personas físicas que tienen la última palabra, como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

El artículo 6 de esta norma europea, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Una de las informaciones que están obligados a hacer pública es la publicidad institucional que reciben. El Gobierno reveló hace unos días que Atresmedia es el segundo grupo que más dinero por este concepto ingresó del Ejecutivo en 2025: 8.929.631 euros (12,19% del total invertido). Pero apenas se sabe nada de lo que obtienen de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales. 

Ese detalle no aparece en las webs de Antena 3 o en la de La Sexta, pese a que es obligatorio, en aplicación del EMFA. Pero sí en la de Onda Cero, que especifica, en un enlace escondido al pie de su página principal, que el importe anual de fondos públicos en publicidad para medios de comunicación del Grupo Atresmedia ascendió en el ejercicio 2025 “a la cantidad de 34.320.836 euros, que representan el 3,424% sobre el total de los ingresos del Grupo, procediendo un 3,422% de autoridades españolas y un 0,003% de autoridades de terceros países”. De lo que se deduce que el año pasado Atresmedia recibió casi tres veces más dinero de administraciones autonómicas y locales que del Gobierno de España.

Al frente de Atresmedia hay un triángulo: el presidente del consejo, José Creuheras, que también preside el Grupo Planeta; Javier Bardají, que es el consejero delegado; y el miembro del consejo de administración Mauricio Casals, conocido por el sobrenombre de “el príncipe de las tinieblas”, por su extraordinaria capacidad de influencia en la política, la economía y los medios. 

Casals preside la otra pata mediática de Planeta, el diario La Razón, uno de los más significados en el ecosistema de la derecha a pesar de sus cifras de difusión relativamente modestas (ocupa el puesto 17º en el ranking de diarios, según el último EGM). La Razón tiene como director a Francisco Marhuenda, exdiputado del PP en Cataluña y asesor de Mariano Rajoy durante su etapa como ministro. Y tampoco publica quiénes son sus dueños ni la publicidad de origen público que recibe.

La influencia mediática de Atresmedia depende directamente de Antena 3, que no solo es la cadena de televisión más vista del país, además del negocio más rentable de la compañía, sino que algunos de sus programas, en particular los de más audiencia, El Hormiguero y el informativo de la noche, presentado por Vicente Vallés, son una referencia clave para la derecha.

Otra cosa es La Sexta, formalmente de orientación progresista, cuyas cifras de audiencia están cayendo progresivamente desde hace tiempo. En la temporada 2025-2026 ha perdido seis décimas y se ha quedado en un 6% de cuota, lo que supone tener que hacer frente a una realidad traumática: haber sido adelantada por Cuatro, del grupo rival Mediaset, por primera vez en doce años.

El negocio de Atresmedia se extiende a otras cadenas de TDT –Neox, Nova, Mega, y Atreseries–, además de a Atresplayer, Flooxer y Atresmedia Digital como marcas de televisión, plataforma bajo demanda y contenidos online, respectivamente. Poseen también la productora Atresmedia Cine —a través de la filial DeAPlaneta Entertainment, que produce y distribuye películas, series de televisión y contenido de animación a nivel global— y las emisoras musicales Europa FM y Melodía FM, aunque en este campo su gran apuesta es la generalista Onda Cero, la tercera radio con más audiencia de España (algo más de dos millones de oyentes, según el EGM).

Más allá de ese perímetro, su negocio comercial se extiende a Atresmedia Publicidad y Atresmedia Diversificación, junto con Atresmedia Internacional, Atresmedia Cine, Atresmedia Studios y Atresmúsica.

El año pasado entró con fuerza en el sector de la publicidad exterior con la adquisición de uno de los actores más relevantes, la compañía Clear Channel, con una presencia muy fuerte en mobiliario urbano y centros comerciales y pionera en la digitalización de soportes en Madrid y Barcelona. Atresmedia se la quedó por unos 115 millones de euros, después de que Competencia bloquease su adquisición por parte de JCDecaux, tras la decisión de su matriz estadounidense de salir del mercado español.

La decisión de Atresmedia de diversificar sus soportes publicitarios encaja con el retraimiento del mercado de anuncios en las televisiones privadas producido en 2025.

El Grupo Planeta y sus intereses, sin embargo, se extienden mucho más allá de lo mediático. Es el primer grupo editorial y de comunicación en el mercado de habla hispana, con una posición muy destacada tanto en la edición de libros como en la educación superior.

El núcleo editorial cuenta con más de 70 sellos editoriales en España y América Latina —además de la cadena de librerías Casa del Libro y su plataforma de comercio electrónico— con los que libra un pulso titánico con su eterno rival, Penguin Random House. Entre ambos se calcula que controlan más del 45% y hasta el 50% de las ventas de literatura general (ficción y no ficción) en España.

Una de las divisiones que más ha crecido en las últimas décadas es la de educación superior. Incluye la Universidad UNIE (Madrid) y Universitat Carlemany (Andorra); escuelas de negocios como EAE Business School e Inesdi Business Techschool; y centros de formación profesional avanzada como iFP (Innovación en la Formación Profesional).

A través de Planeta Formación y Universidades, el grupo ha tejido una red de centros propios y en colaboración con instituciones académicas fuera de España, sobre todo en Francia, Italia, Colombia, Marruecos y EEUU. En Francia son propietarios de escuelas como EDC Paris Business School, ESLSCA Business School y el Institut Supérieur de Marketing du Luxe. Cuentan además con la Rome Business School en Italia, y universidades o centros formativos de alcance americano como BIU University (Broward International University, con sede en EEUU y orientada al público hispanohablante), además de instituciones en Colombia (ESEIT y la corporación IBERO).

El ámbito del entretenimiento y la cultura del ocio se articula principalmente alrededor de marcas como Altaya y Editorial Planeta DeAgostini, con negocios vinculados a la venta directa o el coleccionismo.

El tamaño y la diversidad de actividades de Planeta y De Agostini hace inevitables los conflictos de intereses en sus principales medios, Antena 3, Onda Cero, La Sexta y La Razón. Porque el grupo no solo informa, sino que también vive de sectores sobre los que luego emite juicio periodístico. La frontera entre negocio y redacción se vuelve más delicada cuando el mismo accionista controla medios, editorial, educación, librerías y entretenimiento audiovisual.

El primer foco de conflicto está en el sector audiovisual y mediático. Cualquier información sobre regulación de medios, competencia, publicidad institucional, audiencias o concentración audiovisual puede quedar bajo sospecha, porque afecta directamente a su propio perímetro empresarial.

El segundo foco es el sector editorial y librero. Planeta domina un amplio catálogo de sellos y mantiene una posición central en el mercado del libro en español, de modo que la cobertura sobre premios literarios, mercado editorial, distribución, ayudas públicas o políticas de lectura nunca es neutra del todo cuando el propio grupo tiene intereses tan amplios en ese ecosistema.

La tercera zona sensible es la educación superior y la formación. El grupo afirma que Planeta Formación y Universidades agrupa decenas de instituciones y programas en varios países, lo que convierte cualquier debate sobre universidades privadas, FP, acreditaciones, becas o regulación educativa en un terreno potencialmente conflictivo para sus medios. Y el trato a las instituciones que conceden autorización para estos centros de estudios, como ocurrió en Madrid con la concesión de una universidad, queda bajo sospecha.

En el caso de De Agostini, el riesgo más claro se concentra en juegos, loterías y actividades financieras. Según la información corporativa disponible, Enrico Drago asume precisamente esos sectores, junto con las finanzas del holding, mientras Nicola Drago se ocupa de edición, educación, medios y sanidad; esa combinación multiplica los cruces posibles entre intereses empresariales y cobertura informativa.

También hay un ámbito delicado en entretenimiento y producción audiovisual, porque De Agostini comparte negocios con Planeta en Atresmedia y participa en Banijay. Eso importa especialmente cuando los informativos tratan sobre la industria televisiva, la producción de contenidos, las plataformas o la competencia entre grupos, porque el medio no está observando el mercado desde fuera, sino desde dentro.

El problema de fondo sigue siendo la transparencia. El EMFA exige que la propiedad y los posibles conflictos de interés sean fácilmente accesibles para el público, porque sin esa información resulta imposible evaluar con rigor la independencia editorial de un medio.

Pedro Sánchez atribuye las causas judiciales que afectan a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, a una intencionalidad política compartida por el PP y Vox. Lo hizo durante la comparecencia semestral de balance de la acción de Gobierno.

Sánchez recordó que, en el caso de su hermano y de su esposa, no ha sido la Fiscalía la que ha impulsado las causas. “Fíjese, es curioso, porque en el caso de mi familia, de David Sánchez y de Begoña Gómez, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento —en el caso, por ejemplo, de Begoña Gómez, de un supuesto delito de malversación— y no ha sido requerida la Abogacía del Estado, que en teoría está para defender los intereses de la Administración pública”, afirmó.

El presidente añadió que, ante la ausencia de estas dos instancias, son las acusaciones populares las que sostienen ambos procesos. “Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Las acusaciones populares”, dijo.

Sánchez afirmó que detrás de esas acusaciones hay una intencionalidad política. “Es evidente que hay una intencionalidad por parte de estas acusaciones populares y, por cierto, por parte también de partidos políticos, de Vox, del Partido Popular, que se presentan con acusaciones populares”, subrayó.

El presidente describió la actuación de ambos partidos en los tribunales: “La única propuesta que hacen, que se conoce durante estos años, es elevar penas de cárcel. Esas son las propuestas que están haciendo. Ese es el tipo de oposición que tenemos”, se quejó. 

Preguntado acerca de si actuaría igual en 2018, cuando presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy, a la vista de los acontecimientos que han afectado al exministro José Luis Ábalos, Sánchez remarcó las diferencias entre la gestión de los casos de corrupción del PSOE y la del PP con la trama Gürtel. “Yo le ofrecí al señor Rajoy que asumieran las responsabilidades políticas, porque no asumieron ninguna. Al contrario, lo que hizo fue encubrir y proteger una corrupción sistémica que afectaba a su partido”, dijo.

Y contrapuso esa actuación con la de su propio partido. “En el caso del Partido Socialista, cuando ha habido el más mínimo atisbo, lo que hemos hecho ha sido actuar con contundencia. Creo que hay una enorme diferencia entre unos y otros”, sostuvo.

El presidente insistió en que la comparación entre partidos no se limita al pasado. “Hay múltiples casos, no solamente del pasado, sino actuales, en relación con el Partido Popular y con la ultraderecha de Vox, que también nos dicen cómo actúan unos y cómo actúan otros cuando, por desgracia, emergen casos de corrupción como el que nosotros también hemos sufrido”, afirmó.

Sánchez pidió no reducir a su hermano y a su esposa a su parentesco con él. “Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse”, afirmó.

El presidente detalló incluso la trayectoria académica de su hermano. “Uno es mi hermano, David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió seis años; habla perfectamente ruso e inglés. También habla francés e italiano”, explicó.

Sánchez defendió su derecho a recurrir la sentencia que le condenó por inhabilitación. “No es mi hermano solo; es fundamentalmente David Sánchez y, por tanto, él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta. Esperemos que otras instancias le den la razón, como yo le defiendo también”, dijo.

Sánchez trasladó el mismo argumento al caso de su esposa, investigada por un supuesto delito de malversación. “Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de diez años trabajando en su empresa”, relató.

Y explicó por qué Begoña Gómez dejó su puesto profesional al llegar él a La Moncloa. “Cuando dejó su empresa fue en el año 2018, cuando yo entré a ser presidente del Gobierno. Renunció a su empresa para evitar cualquier conflicto de interés y cualquier problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado, por parte de intereses que hoy, a través de las acusaciones populares” se están confirmando, afirmó.

Sánchez recordó también la trayectoria académica previa de su esposa. “Era una profesional antes de que yo la conociera. Antes de que yo fuera secretario general del Partido Socialista, colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másteres y estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó", dijo.

Una vez más, el presidente pidió no reducir a su esposa a su relación con él. “No es mi mujer, es Begoña Gómez. Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad y de profesionalidad, y que además han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional”, declaró.

Sánchez planteó una pregunta sobre el coste personal de ocupar la Presidencia del Gobierno. “La pregunta que nos tenemos que hacer es si la pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional. ¿Esa es la España que queremos?”, afirmó. Sobre el desenlace judicial de la causa, se limitó a decir que espera que “acabe lo que tiene que acabar”.

Sánchez abordó también, en la misma comparecencia, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, afectado por una investigación acerca del préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra y por haber aceptado joyas como regalo.

Sánchez respaldó a su antecesor sin entrar a valorar el contenido de las explicaciones que este dio la semana pasada en una entrevista concedida a Televisión Española. “Por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo. Respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales de esta investigación. Ya veremos en qué deriva”, dijo.

Lo que se negó a comentar son las palabras de Julio Martínez, una de las personas investigadas en la causa, que declaró ante el juez que Zapatero le informó del rescate a Plus Ultra antes de que lo supiera la SEPI, la sociedad estatal de participaciones industriales. “Esa es su versión”, dijo, rechazando expresamente tener que “opinar sobre las versiones de unos y otros y sus estrategias de defensa”.

Sánchez sí defendió de nuevo la legalidad del expediente. “El expediente de Plus Ultra ha sido examinado por activa, por pasiva y por perifrástica, no sé cuántas veces. Desde el Gobierno de España decimos lo que hemos dicho siempre”, que el expedientese tramitó de acuerdo con “una legalidad absolutamente intachable”.

“Quiero recordar una vez más”, añadió, “que no es un rescate, que fue un préstamo, con unos tipos de interés que no eran del agrado de ninguna de las empresas que lo recibieron”, explicó. Y que ese mecanismo permitió “la conservación de 60.000 puestos de trabajo” durante la pandemia.

Sobre las joyas recibidas por Zapatero, calificadas por el propio expresidente como “un regalo de cortesía personal sin afán lucrativo” pero cuyo origen concreto todavía no ha explicado, Sánchez remitió las explicaciones pendientes a su antecesor. “Las explicaciones las dará el presidente Zapatero en la sala, en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere. Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero", zanjó.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció el domingo en la sierra oeste de Madrid para hablar de los incendios que arrasan España este verano, pero no pronunció la expresión “cambio climático”. Describió, eso sí, un fuego “condicionado por unas condiciones meteorológicas muchas veces imprevisibles y que cambian varias veces a lo largo del día” y avisó de que, si no llueve, “nos quedan todavía dos meses y medio muy duros”.

Feijóo venía de participar el sábado en Santiago, en plena emergencia, en los actos religiosos del Día de Galicia. Y se presentó en la sierra oeste de Madrid a unas horas de emprender viaje, este mismo lunes y sin que la catástrofe esté ni mucho menos resuelta, hacia Perú para presenciar la toma de posesión de la ultraderechista Keiko Fujimori como nueva presidenta.

Preguntado acerca de si veía viable un pacto de Estado entre el PP y el PSOE frente a la emergencia climática, a la vista de lo que está pasando, esquivó la cuestión. “He venido a hablar de cómo podemos extinguir y cómo podemos acometer una situación crítica. Yo no he venido a hacer ningún tipo de declaración de contenido político. Ninguna. Se sabe muy bien el tiempo que cada uno lleva gestionando, se sabe muy bien qué es lo que ha hecho cada uno en los años de gestión de su gobierno y sabemos cuál es la situación en este momento. Habrá momento para el análisis, habrá momento para la respuesta a su pregunta, no tenga la menor duda de que sí”, respondió.

Once días antes, en Los Gallardos (Almería), donde el fuego acabó con la vida de 13 personas, el líder del PP había ido más lejos. Entonces relacionó los incendios con “determinadas leyes restrictivas, que a veces no facilitan el desbroce y que a veces no facilitan la prevención”, y pidió un “gran acuerdo nacional” para revisarlas.

La propia Isabel Díaz Ayuso abundó este lunes en el mismo bulo: “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes”, y cuyos problemas pasan por las “dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos”.

Esa misma tesis, culpar a la legislación ambiental antes que al calentamiento global, es la que sostiene Vox desde su fundación. Feijóo y el PP no la han copiado de forma literal. Pero coinciden en el diagnóstico y en la omisión.

Jorge Buxadé, coordinador nacional jurídico de Vox, lo describió en agosto de 2025 como un “bipartidismo pirómano” que “ha aprobado leyes, reglamentos” y ejecuta “políticas que han permitido y permiten la destrucción del territorio nacional”. Acusó a PSOE y PP de aplicar durante cuatro décadas una agenda que, a su juicio, favorece esa destrucción.

Santiago Abascal fue más lejos este fin de semana: habló de Pedro Sánchez como Nerón, atribuyéndole el origen del fuego y vinculando, en una declaración sin fundamento alguno, incendios, dana y apagón en un mismo relato. “España se quema, pero también hemos tenido que decir últimamente: España se inunda, España se apaga. Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia”, dijo. “El fanatismo climático, porque impide la prevención, como en la dana, como en el apagón o como en los incendios, y se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta”.

Vox necesita ese relato para sostenerse como partido negacionista del cambio climático sin quedar aislado cuando arden cientos de miles de hectáreas y se multiplican las evidencias de que el clima se está extremando, tal y como anticiparon los científicos. Culpar a la ley y no al clima le permite mantener su tesis de fondo, que el calentamiento global no explica los incendios, sin negar el fuego que todo el mundo ve.

La realidad es que la ley de montes, aprobada en 2003 y modificada en 2006 y 2015, no prohíbe limpiar ni desbrozar terrenos forestales. Establece un marco de autorizaciones para ciertas actuaciones, pero no las impide. No es cierto que exista una prohibición legal de limpiar el monte.

Más del 70% de la superficie forestal española es de titularidad privada. Así que la responsabilidad de gestionarla recae, en primer término, sobre el propietario. Lo que la ley sí hace es prohibir el cambio de uso de un terreno forestal quemado durante los 30 años siguientes al incendio. Una cláusula que busca eliminar el incentivo económico para provocar fuegos, pero que no impide la prevención.

El problema no es un exceso de protección legal. Es la ausencia de gestión activa. El 81,52% de los espacios forestales españoles carece de un plan de ordenación forestal, según datos recogidos en el Congreso Forestal Español.

El abandono rural es el factor socioeconómico que mejor explica la extensión de los incendios. Casi nueve de cada diez localidades afectadas por el fuego han perdido población en lo que va de siglo. España perdió 5,3 millones de habitantes en zonas rurales entre 1960 y 2021.

Los municipios golpeados por grandes incendios perdieron, de media, un 8,61% de su población entre 2011 y 2023. Sin actividad agrícola ni ganadera, el matorral se acumula sin control y el combustible vegetal se extiende sin interrupción.

De lo que Abascal no quiere hablar, y ahora Feijóo tampoco, es de que el cambio climático añade un segundo factor, medible y creciente. Un estudio de atribución climática concluyó que el calentamiento global hizo 40 veces más probables los incendios mortales del verano de 2025 y elevó un 30% la intensidad del fuego. Las olas de calor que alimentan esos incendios son ahora 200 veces más probables y tres grados más cálidas que en un escenario sin calentamiento global.

Ninguno de estos dos factores, el abandono del territorio y la subida de las temperaturas, aparece en las intervenciones de Feijóo sobre los incendios de este verano. Justo cuando se ha visto obligado a pactar el negacionismo climático con Abascal para poder gobernar Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

Precisamente en esta última comunidad, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, alertó del calentamiento global como causa de incendios “de dimensión desconocida, explosivos”. Y Vox, su socio de gobierno, desvió entonces la responsabilidad hacia la gestión forestal y la limpieza de montes.

Esa gestión, la prevención y extinción de incendios, es competencia autonómica. En Andalucía la ejerce el propio Gobierno de Moreno, pero el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en esa comunidad no incluye ninguna medida para frenar el aumento de las temperaturas. Todo lo contrario: prevé derogar políticas climáticas autonómicas previas.

El PP gobierna también en Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid, comunidades con competencias plenas en prevención y gestión forestal. Ninguna necesita autorización del Gobierno central para desbrozar montes o reforzar sus brigadas.

Pedro Sánchez propuso en agosto de 2025, tras los grandes incendios de ese verano, un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Lo concretó a finales de mes en diez compromisos, entre ellos fondos permanentes de reconstrucción y prevención, brigadas forestales estables durante todo el año y un nuevo modelo de gestión forestal.

El PP respondió entonces calificando la propuesta de cortina de humo. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, dijo que “traer un pacto de Estado sobre el cambio climático es como si en medio de un tsunami traes un pacto para salvar los océanos, no sirve de nada”, y reclamó en su lugar unos Presupuestos Generales del Estado.

Este mismo lunes, intentando pasar por alto que la propuesta tiene ya un año, volvió al mismo discurso y acusó al presidente de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar que se hable de su “mala gestión” y de lo que “no hacen y de lo que dejan de hacer” en materia de prevención de incendios, ignorando de paso que estas competencias son autonómicas. Según ella, además, “durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo”.

A esta tesis se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según la cual es mejor “dejar pasar” ese debate, porque en realidad “hay muchas causas de los incendios”. “No es momento de dar soluciones de brocha gorda”.

Hace apenas un año, Feijóo todavía reconocía que “el cambio climático existe”, frente a un Vox que lo niega abiertamente. Pero calificaba de cortina de humo vincularlo a los incendios de aquel verano y ponía el acento en la intencionalidad, en “perseguir a las personas que queman de forma intencionada”.

El PP presentó su propio plan, con 50 medidas centradas en ayuda inmediata e incentivos fiscales para la actividad forestal. La medida estrella era crear un censo de pirómanos, en línea con la que tradicionalmente ha sido la principal línea argumental de defensa del PP cuando tiene que hacer frente a los fuegos: la supuesta existencia, nunca acreditada, de una trama organizada de incendiarios. Una tesis que Feijóo ya había sostenido, sin pruebas, cuando presidía la Xunta de Galicia.

Esa lectura dejaba en segundo plano el cambio climático. El PP reclamaba, en cambio, “policías en los montes” y la activación del Ejército, con apenas una mención a la falta de personal y de material que denuncian las propias brigadas forestales.

Cuando los incendios afectaban a Galicia bajo su propia presidencia, Feijóo ponía el foco en el terrorismo incendiario. Una tesis que desviaba la atención de la gestión autonómica, que era la suya.

Este año, cuando la respuesta a la emergencia recae —a petición de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha— sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ya no habla de tramas incendiarias. Pide examinar la gestión de la lucha contra el fuego y señalar a sus máximos responsables; en este caso, el Ejecutivo central.

Lo que ha ocurrido esta vez es que, tras los grandes incendios de julio de 2026 en Ávila, Madrid y Toledo, las comunidades autónomas afectadas solicitaron formalmente la intervención del Estado y la activación de la emergencia nacional. El Gobierno de Sánchez asumió entonces la coordinación operativa de la extinción, lo que implica que el mando único de la emergencia pasa a la Dirección General de la Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, y que el Gobierno central se hace cargo de la dirección estratégica y operativa de la respuesta.

Eso, sin embargo, no cambia el modelo estructural de la lucha contra los incendios: en todas las autonomías, la extinción se realiza mediante la colaboración de todas las administraciones. Incluidos los dispositivos estatales. Lo que cambia con la emergencia nacional es únicamente quién coordina y dirige el operativo (el mando único estatal), no el principio de colaboración entre niveles de gobierno ni la participación de los medios propios de cada Administración.

El buque insignia de Prisa, el diario El País, fue durante años el prescriptor de la agenda de debate público en España y la base del negocio del grupo. Hoy sigue siendo el principal activo de la compañía, aunque su influencia, en un mundo digital dominado por la intermediación de las plataformas, muy polarizado y con cada vez más actores en un ecosistema informativo atomizado, es apenas una sombra de lo que fue.

El País ya solo conserva el liderazgo en el mercado residual del papel (cifras atribuidas a la Asociación de Medios de Información hablan de unas pocas decenas de miles de ejemplares vendidos, apenas la décima parte que hace 20 años), pero la Cadena SER es todavía la emisora más escuchada —el último EGM le atribuyó 4,17 millones de oyentes diarios— y la más influyente del país. La combinación de ambos medios —y la versión digital de El País, que está en el tercer puesto entre las que tienen más audiencia media diaria, 2,6 millones, apenas por detrás de El Mundo, según los datos de GfK DAM— sigue siendo el principal activo de Prisa. Aunque no el único.

La lista de productos del grupo incluye un diario económico (Cinco Días) y uno deportivo (As), así como el nativo digital huffingtonpost.es, creado en 2012 como una versión del original estadounidense, que en su día fue una referencia de tráfico viral en Estados Unidos. Al margen de la SER, Prisa posee un entramado de radios musicales y habladas que suma en torno a una veintena de marcas repartidas entre España y América Latina, con presencia destacada en Colombia y Chile.

En España agrupa grandes radios temáticas como Los40, Cadena Dial, Radiolé y varias emisoras de nicho por géneros y épocas. En Colombia opera, entre otras, Caracol Radio (información generalista) y W Radio (información y análisis). En Chile reúne ADN Radio (actualidad y deportes) y otras ocho emisoras que cubren desde música popular y nostálgica hasta rock, pop y formatos de entretenimiento, humor y actualidad.

En el área audiovisual, el grupo tiene piezas más modestas: por un lado, Podium Podcast, plataforma de audio en español creada en 2016 que se ha consolidado como firma de referencia con algunos de los podcasts más escuchados, y el desarrollo de productos para grandes empresas como Titania (Banco Santander), Jules y Ren (Renault) o Sororas (Museo Thyssen). Posee además, LACOproductora, adquirida en 2022 a José Miguel Contreras, principal accionista de infoLibre y en aquel momento directivo de Prisa.

La otra gran pata del grupo es la editorial Santillana, especializada en contenidos educativos, lo que la hace muy dependiente de las decisiones de los gobiernos en materia de enseñanza. Opera en 19 países.

La transparencia sobre la propiedad no es el fuerte del grupo. El artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Prisa ignora esta obligación. Ni El País ni la SER publican de forma directa, clara y fácilmente accesible quién es el dueño de ambos medios y se limitan a enlazar a la web del grupo. Allí tampoco detallan la propiedad y enlazan, a su vez, a la CNMV, con la excusa de que se trata de una sociedad cotizada.

De acuerdo con estos datos, actualizados por última vez en mayo de 2026, Prisa está bajo el control del empresario francoarmenio Joseph Oughourlian. Tiene bajo su mando aproximadamente el 30% de las acciones, bien directamente o a través de Amber Capital UK LLP —un fondo de inversión especializado en adquirir empresas de cualquier sector, recortar gastos y revenderlas con pingües beneficios, lo que se conoce como fondo buitre—, de Oviedo Holdings S.à r.l. —una sociedad luxemburguesa gestionada por Amber— o de Amber Capital Investment Management ICAV–Amber Global Opportunities Fund.

La figura del tiburón financiero francoarmenio levanta suspicacias desde el punto de vista de la independencia informativa. Pero el segundo gran accionista de Prisa es todavía más inquietante. Vivendi, la multinacional francesa de medios y entretenimiento propiedad del empresario de ultraderecha Vincent Bolloré, posee un 11,7%. Aunque no es el accionista mayoritario —hace años que quiere serlo y solo se lo ha impedido el veto del Gobierno de Pedro Sánchez—, ese porcentaje le otorga una posición muy relevante como socio de referencia, con peso en alianzas industriales y en la orientación del grupo hacia determinados mercados audiovisuales y digitales. 

En la mesa donde se toman las decisiones en Prisa están también otros socios minoritarios, pero significativos: los propietarios del holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales; el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%; Rucandio SA, de la que es socio Timón SA, el vehículo desde el que los herederos del fundador de El País, Jesús de Polanco, gestionan su presencia en el grupo, y que conserva un 7,6% de los derechos de voto; Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7%; el Banco Santander (4,1%) y el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària.

Estos son los dueños de Prisa y, por tanto, de El País y de la SER. Aunque, en realidad, Oughourlian nada puede hacer sin el visto bueno de Pimco, el principal acreedor de la compañía, porque cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros.

Pimco (Pacific Investment Management Company), gestora de bonos y deuda fundada en California en 1971, forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la Bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Amber, el fondo buitre que dirige Oughourlian y controla Prisa, es dueño también de un entramado de participaciones en empresas de Francia, España, Italia y América Latina que obliga a leer entre líneas cualquier información de El País, la SER o Cinco Días sobre los sectores en los que operan dichas compañías.

En Francia ha tenido participaciones en grandes empresas como Nexans (fabricante de cable eléctrico), donde su actuación fue clave para cambiar al presidente y consejero delegado en 2014; Suez (grupo de agua y residuos), donde presionó para que vendiera su filial española Agbar; Solocal (servicios digitales), donde forzó una reestructuración de deuda en 2017; y Lagardère (grupo mediático propietario de Europe 1, Paris Match y la editorial Hachette), donde su 18% de participación fue determinante para que Vivendi pudiera hacerse con el control del grupo y le reportó cerca de 600 millones de euros de plusvalías.

En España, su apuesta más significativa y reciente es Indra, la tecnológica y de defensa española. Entró en junio de 2022 con un 4,18% del capital (70 millones de euros invertidos), duplicó su posición hasta el 7,24% en 2023 (12,78 millones de títulos, valorados en 150 millones de euros), y en febrero de 2026 vendió cerca del 2% con una plusvalía de 140 millones de euros, ya que las acciones habían pasado de 10 a más de 50 euros. El Gobierno español había autorizado en septiembre de 2022 la entrada de Amber con un límite del 9,9%.

En 2024, el Consejo de Ministros validó también su entrada Applus, la empresa de inspección técnica de vehículos (ITV), donde lanzó una OPA de 1.258,4 millones de euros. Antes de eso, en 2010, Amber Capital había invertido en Ence (papelera), CIE Automotive (automoción) y Tubacex (tubos de acero).

También tiene inversiones en el sector de las telecomunicaciones, con participaciones en Telecom Italia y Telefónica, y en el sector bancario, con acciones en UniCredit SpA. Y en el ámbito deportivo, Oughourlian es propietario o copropietario de cuatro clubes: el Millonarios FC (Colombia, con más del 85 %), el RC Lens francés (que compró junto con otros inversores, incluido el Atlético de Madrid), el Calcio Padova (Italia) y el Real Zaragoza (España).

La estrategia a medio y largo plazo de Oughourlian en Prisa es un misterio. El presidente de Prisa sostiene que quiere permanecer en la empresa a medio y largo plazo, en contra de la práctica habitual de Amber. Son muchos en el sector de la comunicación en España los que creen que, en realidad, solo está esperando vender la compañía a un precio que le permita recuperar con ganancias lo que ha invertido en ella, para lo cual necesita un gran grupo con mucho dinero disponible y mucho interés en abrirse paso en España. Algo que solo está al alcance de muy pocos actores internacionales, entre los que destaca Vivendi.

Hay que tener en cuenta que el grupo cerró mal 2025. Al margen de la deuda viva, facturó mucho —904 millones de euros—, pero terminó el año con 27 millones de pérdidas netas. Es verdad que Prisa Media —la división de medios— y Santillana siguieron generando actividad y caja, pero el resultado final se vio afectado por indemnizaciones, cambios de divisa y otros efectos extraordinarios. En otras palabras: vendió y trabajó mucho, pero al final no le quedó beneficio alguno.

Oughourlian, sin embargo, es optimista a corto plazo. En la junta general de accionistas de junio prometió que la compañía cerrará 2026 con unos ingresos de más de 1.000 millones de euros y un margen de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones que estará entre el 18% y el 19% de esa cifra.

Prisa es el principal receptor del dinero que fluye desde el Gobierno hacia los medios en forma de publicidad institucional —sin tener en cuenta la publicidad comercial—, según los datos hechos públicos por la Secretaría de Estado de Comunicación en cumplimiento de la legislación europea. En 2025 recibió 12.178.931 euros, el 16,63% de la inversión total por grupos, por delante de Atresmedia-Planeta (8.929.631 euros; 12,19%) y Mediaset España (5.756.090 euros; 7,86%).

La opacidad de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos hace imposible saber cuánto dinero adicional recibió este grupo —y todos los demás— por parte del resto de administraciones públicas.