“Cada mañana, antes de comenzar la tarea, todos los trabajadores realizamos un briefing en nuestras zonas correspondientes con los supervisores. Se repasan medidas de seguridad, te dicen que el cuerpo es lo primero, todo muy bonito… La primera vez que lo ves te quedas alucinado porque todo parece maravilloso, hasta que los mánagers empiezan a deslizar determinados mensajes”, señala un empleado de uno de los centros logísticos de Amazon. “Intentad ir poco al servicio, pedid permiso antes de ir, vuestro tiempo de inactividad ha aumentado, acudid a la empresa si tenéis alguna reivindicación…”, enumera. Es un "capitalismo arcoíris", como lo llama Jaime Caro en su libro Infiltrados en Amazon y Starbucks, que muchos trabajadores han comenzado a percibir a medida que la tecnología gana peso en algunas multinacionales.

Amazon podría ser un país en sí misma. A nivel global tiene alrededor de un millón y medio de trabajadores, y en Estados Unidos (EEUU) es el segundo mayor empleador después de Walmart. En España, este gigante estadounidense obtuvo el año pasado un beneficio de 290 millones y facturó más de 9.000 millones de euros en las siete filiales que tiene registradas en territorio español. Su actividad es muy diversa: desde centros logísticos a trabajo en oficinas, reparto o consultoría, y da trabajo fijo a alrededor de 28.000 personas.

Sin embargo, la multinacional siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, vigilancia constante de los trabajadores o una política antisindical marcada. De hecho, en EEUU la multinacional había invertido años atrás más de cuatro millones de dólares en consultoría antisindical, según cuenta Caro en su libro. Y es que la compañía habría exportado, además de un engranaje logístico envidiable, algunas prácticas laborales que los sindicatos llevan tiempo reclamando.

Santiago M. Sánchez es secretario de Comunicación de la sección sindical de CCOO en Amazon Fulfillment, ha trabajado en varias sedes de la compañía y ahora está instalado en un centro logístico de Asturias. Para él, una de las cuestiones más problemáticas es el seguimiento que se hace de la actividad de los empleados y las consecuencias que eso puede llegar a tener en la salud física y mental. "Uno de los principales problemas es la falta de transparencia. La plantilla sabe, o al menos intuye, que su actividad se mide constantemente mediante distintos indicadores de productividad, calidad, tiempos de trabajo o periodos de inactividad, pero desconoce cómo se calculan esas métricas, qué datos se tienen en cuenta y qué consecuencias concretas pueden tener", señala.

Otra persona que conoce de cerca el sistema, aunque en este caso en el área de oficinas y contact centers, lo corrobora. “Es un modelo muy americano, han conseguido que todo sea una métrica verificable y en la parte de consultoría te encuentras con esa mentalidad de tiburones: chicas diciendo que no quieren planes de igualdad para nada o discursos del tipo ‘no queremos derechos, queremos promociones'”.

En el trabajo de logística todo está medido, todos los tiempos del trabajador desde que entra hasta que se marcha de las instalaciones. Y esas métricas, señala Sánchez, generan dinámicas laborales tóxicas, ya que el trabajador desconoce cómo se obtienen y solo recibe la información que sus supervisores le dan.

“Llega un mánager, siempre con una sonrisa por delante, y te dice que vas por debajo de la media. Otra frase habitual es que tu productividad no es suficiente o que tus números no son buenos, o que tienes demasiado tiempo improductivo. Pero en cuanto preguntas cuál es la media y cómo la calculan, te dicen que esos datos no te lo pueden facilitar”, señala Sánchez.

No es un trabajo por objetivos, ya que no aparecen estipulados, ni se pueden negociar con la empresa, lo que dificulta que el empleado pueda responder cuando su evaluación es negativa. “Un trabajador puede no haber descargado el número de paquetes que ellos estiman que debería debido a que no es lo mismo mover cajas de bolígrafos que un paquete pesado o voluminoso”, apunta, “pero como eso no te lo dicen, ni siquiera te puedes defender”, concluye. De hecho, señala que en algunos de sus encuentros sindicales internacionales otros trabajadores afirman que en países con legislaciones más laxas era la propia aplicación de seguimiento la que generaba automáticamente las cartas de despido.

"El algoritmo puede marcar ritmos de trabajo, identificar supuestos tiempos improductivos, comparar rendimientos o influir en evaluaciones y procesos disciplinarios, pero resulta muy difícil conocer su funcionamiento y poder detectar, discutir o corregir posibles errores", explica Sánchez. Él lo llama “la política del miedo”, porque ha visto cómo eso genera situaciones de agotamiento y estrés constante. "Trabajar sometido de forma continua a determinados ritmos, objetivos y controles puede generar presión, ansiedad, fatiga física y una sensación permanente de vigilancia", concluye el representante.

El efecto de trabajar bajo los parámetros de un algoritmo que calcula métricas y mide en abstracto, sin los matices de las circunstancias que pueden afectar a un trabajador en un día cualquiera, es una de las cuestiones que desde el ámbito sindical intentan redefinir como un riesgo laboral. El sociólogo francés, Dominique Cardón, lo advertía así en su libro Con qué sueñan los algoritmos: “Aún hay tiempo para decirles a los algoritmos que nosotros no somos la suma imprecisa e incompleta de nuestros comportamientos”.

“Si no sabes qué es lo que esperan que hagas, no puedes equilibrar las fuerzas y siempre vas al límite. En una empresa, si un día te piden que eches el resto, puedes decidir hacerlo porque al final quieres que a tu empresa le vaya bien, pero si todos los días te dicen que tienes que trabajar como si fuese el fin del mundo, terminas destrozado”, concluye.

Si en la logística el tiempo es oro para Amazon, en el ámbito de oficinas pasa lo mismo, aunque de diferente manera. “La inteligencia artificial y la deslocalización son los dos grandes problemas”, señala Erick Carrión, responsable de CCOO en el sector de Contact Center de Amazon.

Un trabajador del área de oficinas que prefiere no dar su nombre, explica cómo la presión de la inteligencia artificial sobre los trabajos ha exacerbado el ambiente de competitividad. “Te piden que seas competitivo o te dan unas métricas en las que pone que estás siendo poco proactivo. Cosas muy etéreas que no queda muy claro cómo interpretar”, explica. “Sería mucho mejor que te dijeran directamente que te quieren despedir. Con esas métricas te ofrecen irte o te meten en un proceso de mejora donde se produce una ‘carrera de ratas’ por no ser el último”. El problema, explica, es que si un equipo tiene un 85% de cumplimiento y eso está dentro de los parámetros adecuados para la empresa, quienes estén más abajo en ese equipo, aunque estén cumpliendo, están expuestos. “Como alguien tiene que quedar el último, es muy común en este mundillo que la gente termine con ansiedad y depresiones aunque esté trabajando bien”, concluye.

Erik Carrión ha participado en la creación de la mayoría de comités que han ido apareciendo en su área en España. Los comienzos, apunta, fueron duros, sobre todo en una compañía con una mentalidad tan individualista en lo que a la negociación se refiere. “En los últimos dos años hemos hecho diez comités nuevos de la parte de oficinas y unos 100 delegados sindicales”, señala. Explica que al principio fue más complicado poner sobre la mesa la tarea sindical, pero que ahora las relaciones se han normalizado y actúan “como cualquier gran compañía”. Aunque eso sí, la enorme burocracia y la necesidad de que “todo pase por Seattle” ralentizan enormemente la tarea, matiza. Sánchez, que también puso la primera piedra para la representación sindical en el ámbito de la logística, coincide en el análisis, y señala que la gente poco a poco "ha ido perdiendo el miedo" a sindicarse.

Trabajar para un algoritmo o para alguien que solo responde a las métricas es una de las cuestiones centrales que se están tratando de incluir en los planes de riesgos laborales, aunque la velocidad a la que cambia la tecnología y los modelos de negocio no lo pone fácil.

Este periódico se ha puesto en contacto con Amazon y fuentes de la compañía señalan que los empleados "trabajan en un entorno moderno y seguro, bajo los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo". Si bien no explican nada relacionado con la operativa y la opacidad de los algoritmos de seguimiento, insisten en que la infraestructura e instalaciones de sus centros logísticos "están diseñadas para garantizar un entorno laboral seguro".

“La organización del trabajo en una empresa como Amazon es impresionante desde el punto de vista productivo. El problema surge cuando esa tecnología se utiliza para ejercer un control salvaje de los trabajadores”, resume Santiago Sánchez. El riesgo, añade, es que los empleados acaben reducidos a un engranaje más del sistema. Ya lo decía Dostoyevski en sus Apuntes del subsuelo: quizá un día los hombres tendrían que convencerse de que son hombres “y no un teclado de piano”. También habría que convencer a Amazon.

Los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- obtuvieron un beneficio conjunto de 20.164 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un 18% más respecto al mismo periodo de 2025.

Según los datos recogidos este viernes por EFE, solo entre abril y junio, estos seis bancos ganaron 9.349,3 millones de euros, que se suman a los más de 10.800 millones que obtuvieron en los tres primeros meses del año.

El Banco Santander se anotó las mayores ganancias con un beneficio atribuido de 8.973 millones en el mejor primer semestre de su historia, un 31% más que en el mismo periodo de 2025, aunque incluían una plusvalía de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia.

El resultado ordinario, que excluye esa partida excepcional y 250 millones para la reestructuración tras la compra de TSB en Reino Unido, ascendió a 7.328 millones, un nuevo récord y un 15% más, gracias al tirón del negocio, la captación de clientes y el ahorro de gastos.

El grupo que preside Ana Botín ganó 3.518 millones solo en el segundo trimestre y la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE en el argot por sus siglas en inglés) subió al 15,6%.

En segundo lugar figura el BBVA, que obtuvo un beneficio de 6.051 millones en el primer semestre de 2026, un 11,1%, impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y favorecido por el incremento de la actividad crediticia, con un incremento de los créditos a empresas del 13% y del 7% a particulares.

El ROTE alcanzó el 22,2%, pero además de los resultados, el banco que lidera Carlos Torres anunció el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones.

El podio de los beneficios de la gran banca española lo completa CaixaBank, que ganó 3.203 millones en los primeros seis meses del año, un 8,5% más, gracias al crecimiento de la actividad comercial y de los ingresos por servicios. La rentabilidad sobre el capital tangible se situó en el 18% en el primer semestre.

En el caso del Sabadell, el banco obtuvo un beneficio neto de 971 millones de enero a junio, un 0,5% menos, con unas plusvalías netas de 322 millones por la venta de TSB, su filial británica, aunque los extraordinarios se reducen a 201 millones descontado los gastos del plan prejubilaciones.

Sin tener en cuenta los 79 millones que aportó TSB de enero a abril y los impactos extraordinarios, el beneficio se situó en 691 millones, un 14,1% menos, y el ROTE recurrente en el 13,6%.

Bankinter, por su parte, se anotó un beneficio neto de 605 millones en el primer semestre del año, un 12% más, gracias a la buena evolución del negocio con clientes y el incremento de los ingresos, situando sus ratios de rentabilidad en niveles récord. El RoTE llegó al 20,4%.

Y, por último, este viernes Unicaja reportó un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre del año, un 7% más, impulsado por el crecimiento del margen bruto, la estabilidad de los ingresos recurrentes, la menor dotación de provisiones y la mejora de la calidad del balance.

La rentabilidad, destaca el banco, se mantiene "sólida", con un ROTE ajustado del 12%.

Este jueves se ha confirmado la candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con ello ponía fin a meses de rumores que apuntaban en esa dirección, pero no terminaban de confirmarse. Este organismo, con sede en Ginebra, es una agencia vinculada a Naciones Unidas que se dedica a promover el trabajo decente y los derechos laborales, elaborando convenios, informes y recomendaciones internacionales.

Díaz se presentará frente al actual presidente de la OIT, el togolés Gilbert F. Houngbo, que ostenta la presidencia desde 2022 y no ha anunciado que se vaya a retirar. Por el momento no se han anunciado más candidaturas, aunque el plazo estará abierto durante el mes de agosto y las elecciones tendrán lugar el 16 de noviembre. En la votación participan 28 representantes de los gobiernos, 14 de los sindicatos y otros 14 de las patronales; todos ellos componen el Consejo de Administración, encargado de la elección. 

A lo largo del día, las organizaciones sindicales han celebrado la noticia. “El sindicato considera la opción de Yolanda Díaz muy buena, ya que ha demostrado tener en su agenda todas las cuestiones importantes relacionadas con el mundo del trabajo”, señalaba UGT. Por su parte, Comisiones Obreras apuntaba su respaldo a la candidatura y hacía un llamamiento “para que gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos apoyen un proyecto basado en el trabajo decente, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la transición justa, la libertad sindical y un multilateralismo que defienda la democracia y la justicia social”. Pero además de convencer a los representantes sindicales, tendrá que hacer lo mismo con patronales y representantes de los distintos países.

Fuentes conocedoras señalan que por ahora la candidatura está en un momento muy incipiente y aún no se han concretado los detalles de cómo será la campaña. Sin embargo, sí confirman que la ministra seguirá desarrollando sus funciones en el Ejecutivo sin cambios, ya que ante una hipotética victoria, la toma de posesión del cargo no tendría lugar hasta noviembre de 2027.

Otras fuentes señalan que, pese a la posible cercanía de los sindicatos a la candidatura de Díaz, en el ámbito patronal obtener apoyos no será tan sencillo. De hecho, en febrero de este año el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazaba con acudir precisamente a la OIT al considerar que Trabajo se saltaba las recomendaciones sobre el diálogo social. "Lo quiero dejar muy claro. Tendremos que acabar yendo a la Organización Internacional del Trabajo a denunciarlo", señalaba Garamendi tras referirse al diálogo social como “bipartito” e insistir en que los acuerdos entre Ejecutivo y sindicatos no eran diálogo social.

Desde el ámbito sindical y también desde Trabajo se ha criticado en varias ocasiones la gestión actual de la OIT. En junio, Yolanda Díaz acudió a la sede de la organización y pronunció allí un discurso que ahora encaja con la noticia de su candidatura. "La OIT se debe tomar en serio a sí misma. El mandato de la OIT está en crisis, pero si el trabajo no es una mercancía, tampoco puede serlo la organización que representa el trabajo”, señaló la ministra con motivo de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2026.

Uno de los problemas del organismo está en el hecho de que Estados Unidos haya cortado parte de la financiación, aunque sin abandonar del todo la OIT, como ha hecho con otros organismos internacionales. Este distanciamiento ha generado una deuda que asciende a 280 millones de euros, el 70% de todo lo que adeudan distintos países a la organización.

En cuanto al apoyo que pueda tener entre los distintos gobiernos, no todos participan en los comicios y los países con derecho a voto son casi una treintena: Alemania, Bangladés, Barbados, Brasil, Brunéi, Canadá, China, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gabón, India, Italia, Japón, Libia, Lituania, Malawi, Níger, Omán, Perú, Polonia, Corea del Sur, República Dominicana, Reino Unido, Sudán y Uruguay. Cabe destacar que Díaz se reunió en junio con sus homólogos de la mayoría de estos países, al término de su visita a la cumbre de la OIT en Ginebra. Además, mantiene una posición próxima al gobierno de Lula da Silva en Brasil y en junio acudió a la XV edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, donde se reunió con los ministros de Trabajo de Uruguay y de República Dominicana.

La última vez que las tres partes llegaron a un gran acuerdo fue en 2021, para poner en marcha la reforma laboral y lejos quedan ya las prórrogas de los ERTE, consensuadas de forma tripartita hasta seis veces. Desde entonces, la patronal no ha respaldado las últimas cinco subidas del SMI, ha rechazado la reforma de la ley de riesgos laborales, los permisos por fallecimiento o cuidados paliativos y también mantiene un rechazo frontal a la intención de Trabajo de regular de forma más estricta el control horario y las horas extraordinarias.

La patronal culpa al Ejecutivo de la falta de acuerdo y esto puede ser un escollo en el camino hacia la OIT, ya que se trata de un órgano en el que también tienen participación y derecho a voto los empresarios.

Tras confirmarse la candidatura, el entorno de Podemos también se ha mostrado crítico. "Implica que a alguien, después de haber estado en un gobierno, se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", afirmó el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a la vez ha señalado que Díaz se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia". Por su parte, Pablo Echenique, publicaba un mensaje en la red social X que ahondaba en la misma crítica. “Hoy es necesario recordar que existe una izquierda que no se vende. Una izquierda que sabe que trabajar para el PSOE tiene premio y no hacerlo tiene castigo”, apuntó.

También el Partido Popular, a través de X, se ha expresado de forma crítica. Su cuenta oficial ha compartido el mensaje del presidente del Gobierno con un texto que rezaba: "Ya sabemos la contraprestación por callar a todo".

Francisca López Ruiz, “Paquita”, tiene 82 años y ha vivido los últimos 28 en la calle Santa Ana de Madrid. Lleva más de medio siglo en el barrio de La Latina, a donde llegó desde su Huelva natal. Hasta este miércoles, que es cuando estaba prevista la ejecución del desahucio sobre la vivienda que comparte con su hijo Carlos, de 47 años. "He cumplido siempre con el pago de mi alquiler y esta es mi casa. A mis 82 años, lo único que quiero es poder seguir viviendo aquí, en el barrio donde he hecho mi vida", declara a través de la asociación de vecinos La Chispera, que la ayuda en este trance.

Paquita y su hijo conviven con el pesar de saber que van a tener que irse de su casa, pero también con la extrema incertidumbre que generan los procesos judiciales de desahucio. En la mañana del martes, esperaban a una comitiva judicial que aparecería hoy miércoles en su casa, pero poco después de las ocho de la tarde, coincidiendo también con una presión social y mediática en aumento, su abogado informaba de que el lanzamiento se posponía. "Lo tomamos como gran noticia", señalan sus vecinos, quienes a su vez pedían mantener el pulso: "Seguimos necesitando que Paquita no esté sola, porque un aplazamiento sin alternativa habitacional deja intacto el problema".

El edificio era propiedad de una única persona, pero pasó a sus herederos tras el fallecimiento de la dueña y ahora va camino de convertirse en un bloque destinado a la vivienda turística, según afirman desde la asociación. La sociedad propietaria del edificio, Tolesanta SL, tiene "docenas de viviendas en la zona", detallan, y por eso su intención es que les den "un tiempo razonable antes de echarla" para poder buscarle una alternativa en el barrio a la mujer. “No pedimos ganarles, porque judicialmente se han agotado las vías, pedimos un poco de tiempo para poder encontrar otra casa en el barrio”, señala Daniel Piedrabuena, portavoz de la agrupación vecinal.

Tras fracasar en sus intentos ante los tribunales, Paquita y su hijo saben que tendrán que abandonar el piso, pero piden tiempo para poder encontrar una casa en su vecindario de toda la vida. “Es una persona de 82 años para la que son importantes los vínculos con el barrio: salir a merendar con su amiga, darse su paseo por el barrio, ir a las tiendas de siempre que quedan…”, señala el portavoz. “A su edad, esas pequeñas relaciones de proximidad no son un detalle menor, sino un elemento fundamental para mantener la autonomía”.

Pero salir al mercado del alquiler en un barrio como La Latina, y más siendo una persona mayor que podría ser considerada vulnerable —está diagnosticada de parkinson—, es casi una garantía de no poder encontrar nada. “No son insolventes económicamente; entre los dos tienen ingresos suficientes y han pagado religiosamente el alquiler siempre”, detalla Piedrabuena, pero por el momento no tiene un sitio al que ir y tampoco los resortes sociales han sabido darle una solución.

Paquita pagaba "religiosamente" 1.150 euros de alquiler, pero si algo ha demostrado el mercado es que el arrendamiento se ha hecho inaccesible también para las personas que pueden pagar. Entre quienes abonan una renta, cuatro de cada diez hogares ya destinan más del 40% de sus ingresos solo al pago de la mensualidad, según el Consejo General de Economistas. Si se observan los cuartiles de población con menos renta, la cosa se complica más y el bocado a los presupuestos alcanza el 70% de los ingresos medios. Es decir, de todo el dinero que ganan, solo un 30% queda libre para comer, vestirse, desplazarse o afrontar gastos corrientes.

La historia de Paquita tiene paralelismos con otras en las que un cambio de manos en la propiedad y la espectacular rentabilidad del mercado inmobiliario han hecho que la balanza se decante hacia el negocio turístico. Porque mantener los alquileres de larga duración no resulta una opción tan lucrativa. En Madrid la ley dicta que para poder tener una licencia de vivienda turística, todo el edificio debe estar dedicado a ese fin, de forma que estos pisos no convivan con otros de uso residencial. La normativa del Ayuntamiento estipula que no se den licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico “para garantizar una oferta turística ordenada y legal”, recoge una nota del consistorio madrileño. Algo que, lejos de hacer retroceder a los inversores, ha provocado que se fuerce la salida de muchos vecinos que llevan tiempo en los inmuebles.

Pese al aplazamiento del desahucio de Paquita, la asociación vecinal ha mantenido una convocatoria de protesta este miércoles a las 10:30 h ante su vivienda, a la vez que hace un llamamiento a los vecinos del barrio con viviendas en alquiler para que le ofrezcan una alternativa a la familia. “En un barrio gentrificado como este, donde compites con cientos de personas por un piso, conseguir una casa requiere tiempo”, señala Piedrabuena. Pero tiempo es justo lo que no tienen, porque el plazo para abandonar la vivienda expira ya y el aplazamiento no establece ningún margen específico de tiempo.

“Mientras el Plan Reside —la norma del consistorio madrileño que regula el uso de las viviendas— siga facilitando la especulación en los barrios en vez de defender los hogares de la vecindad, este tipo de prácticas seguirán campando a sus anchas”, protestan desde la agrupación. “Las empresas seguirán desarrollando estrategias de expulsión de las vecinas para poder hacer negocio con sus hogares”, concluyen. De hecho, hartos de que estas situaciones se repitan, han decidido unirse para denunciar las viviendas turísticas ilegales que detectan en el barrio.

Sobre la empresa propietaria, La Chispera señala que se dedica de manera profesional a explotar viviendas turísticas: "Se dedica a la reforma de inmuebles para su explotación turística, en muchos casos, como el que nos ocupa, mediante la expulsión de los antiguos inquilinos", apuntan en una nota de prensa. Por otro lado, mencionan también que la empresa ha tenido una sanción reciente tras un pleito con vecinos que se dirimió en la Audiencia Provincial de Madrid. Tal como relata elDiario.es, la sentencia llevó a clausurar cinco pisos de Tolesanta por molestias y ruidos que afectaban a los inquilinos habituales.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Tolesanta para recoger su versión, aunque a fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) lleva tiempo protestando por el fenómeno de las viviendas de uso vacacional y denunciando que hay una alta cantidad de pisos que operan sin las licencias oportunas. Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

Desde la Chispera también han decidido tomar la iniciativa contra este fenómeno. "Estamos organizando diferentes actividades para hacer barrio, pero una parte de nuestra actividad va por la lucha contra los pisos turísticos, a los que además estamos empezando a denunciar ya", explica Piedrabuena. Lo que han hecho es mapear el barrio e ir presentando denuncias ante el Ministerio de Consumo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda. "Hemos detectado más de 800 pisos turísticos ilegales solo en nuestro barrio", señala el portavoz.

Por ahora, solo notifican su presencia a las Administraciones para que hagan algo, pero no siempre reciben respuesta. La Comunidad ha sido la única en contestar, señalan, aunque solo para pedirles más documentación y, pese a que llevan poco tiempo con esta iniciativa de denuncias, esperan que sirva para mostrar la magnitud del problema. "Es lo único que podemos hacer por ahora sin tener que meternos en juicios", apunta el portavoz de La Chispera. "Cuando en un bloque hay pisos turísticos y aún quedan vecinos viviendo tratamos de pelear —porque eso es ilegal—, pero si ya solo quedan viviendas vacacionales damos el edificio por perdido", concluye.

En la madrugada de este domingo, en plena celebración de la victoria de España en el Mundial, un joven sale de un bazar con varias bocinas en la mano y las reparte entre sus amigos: “Me ha cobrado lo que ha querido”, dice sin dejar de sonreír. Inmediatamente retoma los cánticos futbolísticos a coro con sus compañeros sin darle mayor importancia a lo que ha pagado, que ha sido algo más de lo conveniente. Un día es un día, pero ¿qué impacto tiene a nivel económico un evento como este, con millones de personas dispuestas a gastar un poco más y con empresas preparadas para aprovechar el tirón? ¿En qué sectores se nota más la ola de euforia?

Aunque hay mucha literatura acerca del impacto económico de este tipo de eventos en los países organizadores, no hay tanta cuando se trata de los países que ganan un gran evento deportivo, explica Mario Sorribas-Fierro, profesor de OBS Business School. Sin embargo, cita tres factores que se deben tener en cuenta: el consumo interno, el turismo, la promoción de la marca España y las exportaciones. “En cuanto al consumo de los hogares, en el ámbito de la hostelería se habla de unos ingresos de alrededor de 130 millones en estos poco más de 40 días”, aunque aquí, matiza, es difícil separarlo de otras variables y atribuirlo solo al Mundial de fútbol, y tampoco todo ese dinero es una inyección neta a la economía “porque habría que restarle la bajada en la productividad del día de hoy”, concluye.

En esto coincide también David Echeverry, profesor de economía de la Universidad de Navarra. Para Echeverry el efecto económico para el país ganador es “ambiguo”, ya que “en regiones muy apegadas al fútbol la gente suele pedirse días libres y ello repercute en una menor productividad”, pero matiza que una gran victoria también puede servir de escaparate y animar el consumo, el comercio o incluso el turismo. “Es el poder de las narrativas sobre los efectos económicos, como lo llamaba el premio Nobel de Economía Robert Shiller. España es un buen ejemplo para analizar, porque su victoria y su papel como anfitrión en el próximo Mundial hará que más países del mundo se interesen a nivel turístico e incluso comercial”, concluye Echeverry.

De hecho, la otra parte que se debe observar es precisamente esa, las visitas y el refuerzo de la marca de país. “Un estudio de 2024 señala que los países que ganan el Mundial consiguen un aumento en las llegadas turísticas, aunque ese impacto es mayor cuanto más desconocido es el país; sí cabe esperar que la actividad de influencers y la promoción de un hito deportivo como este atraiga más actividad”, apunta Sorribas-Fierro.

Finalmente, en el comercio internacional también podría verse algún cambio. “Se dice que los países que ganan el Mundial ven aumentar entre un 0,25% y un 0,5% su PIB en los dos trimestres siguientes”, señala el profesor de OBS Business School. Algo, explica, que viene dado por el efecto de promoción internacional que puede llegar a tener una victoria a nivel global. “Es un efecto psicológico asociado que dura un tiempo y que puede suponer gran cantidad de dinero”, concluye. Las cantidades, matiza, son mucho más difíciles de obtener y requerirán ver la evolución a medio plazo.

Durante las semanas que ha durado el Mundial de fútbol se han sucedido las estimaciones sobre el impacto que puede tener en el consumo, el comercio, las importaciones, etc. Aunque para saberlo con cifras redondas habrá que esperar, ya se han dado algunas cifras. En Estados Unidos, que acogió la mayoría de los partidos, el Bank of America estimó que el evento habría movido unos 40.000 millones de dólares, la mitad de ellos dentro del país y el resto repartido en los otros dos países anfitriones: México y Canadá.

Por otro lado, de acuerdo con los cálculos de Bloomberg, el torneo ha sido uno de los más rentables de la historia, con unos ingresos para la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de más de 13.100 millones de euros, superando en más de 1.700 millones las previsiones que se habían calculado previamente. La agencia económica estima también que solo la publicidad de las pausas de hidratación habría procurado unos ingresos en torno a 500 millones de dólares, si se tiene en cuenta que un anuncio de 30 segundos en estos huecos publicitarios se movía en una franja de entre 250.000 y 750.000 dólares.

Además de mirar menos los precios, como le ocurría en la noche del domingo al joven con cuya historia comienza este artículo, hay otro factor que los expertos destacan y es que con la euforia de estos grandes eventos también bajamos la guardia en lo que tiene que ver con las compras por internet y nos exponemos más al fraude, con el consiguiente impacto económico. “Los atacantes aprovechan la emoción, la urgencia y el interés que generan estas ocasiones para engañarnos mediante invitaciones falsas, cambios de fecha, promociones inexistentes o supuestas celebraciones exclusivas”, explica José Manuel Moreno, director de Ciberseguridad de la tecnológica NTT DATA. “Y no hace falta ser un fanático del deporte para caer en la trampa: cualquiera puede recibir un mensaje aparentemente legítimo y terminar haciendo clic en un enlace malicioso o visitando un sitio fraudulento”, concluye. De hecho, según sus datos, el 20% de la criminalidad registrada en España en 2025 tenía que ver con estafas realizadas por medio de ciberdelitos.

En la estimación económica también es relevante el premio que se llevan los ganadores. En conjunto, la FIFA anunció que repartiría 655 millones de dólares en premios en metálico a las federaciones, un 50% más que en la edición anterior. La prima del país ganador, es decir, de España, será de 50 millones de dólares, 33 millones se irán a Argentina y 29 millones para Inglaterra. Del quinto al octavo, reciben 19 millones. Del noveno al decimosexto, las federaciones perciben 15 millones y la cifra se va reduciendo hasta llegar a los nueve millones para los que menos se llevan.

De esas asignaciones salen el dinero de las federaciones nacionales y las primas de los jugadores. Tal y como adelantó Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE, el acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que los futbolistas se lleven el 45% de esa cantidad como premio por su victoria, lo que les dejará un total de 750.000 euros por jugador.

BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo, con una cartera valorada en 14 billones de dólares (es decir, 14 millones de millones de dólares) y hace unos días anunció su entrada en el capital de Unicaja, con una participación del 3%. A lo inabarcable de las cifras que maneja esta entidad, se suma una comparación sorprendente: si fuera un país, sería la tercera potencia del mundo por detrás de Estados Unidos y China, pero por delante de Alemania, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Además, con esta operación sobre Unicaja, el grupo inversor se hace un hueco en todos los bancos cotizados españoles. Pero, ¿cuánto dinero ponen y quiénes son los principales accionistas de la gran banca española?

En España había 8.634 fondos privados institucionales de todo el mundo al cierre de 2024, “sobre todo procedentes de Europa y los Estados Unidos”, de acuerdo con el último Informe anual sobre la propiedad de las acciones cotizadas españolas de BME, el gestor de la Bolsa española. De hecho, el 48,7% de las acciones del mercado nacional estaban en manos de inversores extranjeros. En la imagen general, las corporaciones internacionales han ido ganando peso, pero también siguen teniendo un peso relevante algunos apellidos: Botín, Masaveu, Olivo o Domínguez de la Maza, entre otros.

Si comenzamos por los fondos, BlackRock, fundado y dirigido por Larry Fink desde 1988, es el más relevante. Recientemente, su responsable en España, Luís Mejía, aportaba al diario económico Expansión los datos de sus operaciones en España: invierte 104.900 millones. De estos, 67.300 millones van a empresas cotizadas; 22.500 millones de euros a deuda pública; 12.200 millones a deuda corporativa y 2.900 millones en activos no cotizados. Su inversión ha crecido en dos años un 70%, remarcaba el responsable.

Atendiendo al valor actual de los títulos en el mercado, la reciente inversión en Unicaja superaría los 250 millones en acciones. Con este cambio, el fondo entraba a formar parte de los accionistas significativos, aunque la Fundación Unicaja se mantiene como el accionista mayoritario (30,23% de los títulos); seguida de Santa Lucía Seguros, con un 10%; el promotor de centros comerciales Tomás Olivo, con un 5,18%; y el brazo inversor de la marca de ropa infantil Mayoral (Indumenta Pueri), con el 5%. Este último es propiedad de la familia Domínguez de la Maza, que, con un patrimonio de 1.300 millones, es la mayor fortuna de Andalucía. Además, están presentes en muchas empresas del Ibex 35 y han dado un impulso a la reciente salida a bolsa de la compañía de telecomunicaciones Digi con un compromiso de inversión de 100 millones.

Volviendo a Blackrock, el megafondo estadounidense también se sienta en el accionariado del mayor banco de España, el Santander, con un 6,86% y aparece como único accionista significativo en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el BBVA ocurre lo mismo, y aparece con una participación del 7,15%; en Caixabank posee el 4,68% de las acciones; en el banco Sabadell, el 8,44% y en Bankinter, el 5,91%.

Fuera del ámbito financiero, el vehículo inversor de Larry Fink también posee acciones en ACS (5,057%), Aena (5,037%), Amadeus (5,498%), Cellnex (5,001%), Enagás (7,427%), Iberdrola (6,254%), Redeia (5,225%), Repsol (7,176%) o Telefónica (5,940%).

Otro gran inversor internacional que tiene peso en la banca española es Vanguard Group, que también ha puesto un pie en todas las entidades bancarias del Ibex 35. Fundado en 1975 en Pensilvania (Estados Unidos), mueve alrededor de 12 billones de dólares (con b) y se definen como “pioneros” en la creación de fondos indexados (aquellos que replican el comportamiento de un determinado índice bursátil). Destaca su posición en el Banco Santander (6,11%), seguido de BBVA (4,95%), Bankinter (3,70%), Caixabank (2,37%), Sabadell (1,13%) y Unicaja (1,82%), según datos de Bloomberg.

Norges, el fondo soberano noruego ligado al Norges Bank, es otro gigante de la inversión en las empresas del selectivo español y en la banca. También está presente en las seis entidades cotizadas, aunque en menor medida que BlackRock o Vanguard. Posee un 2,29% de títulos del Sabadell, un 1,6% del Santander, un 1,57% de Bankinter, un 2,87% de BBVA, un 0,33% de Unicaja y un 0,41% de Caixabank. Este grupo inversor se nutre de los beneficios obtenidos por la venta de petróleo y gas de Noruega y es el fondo soberano más grande del mundo. El año pasado su patrimonio cerró en 1,89 billones de euros, ligeramente por encima del PIB de España (1,6 billones de euros al cierre de 2025).

Si se observa la información de participaciones significativas que las empresas envían a la CNMV, aparecen otros nombres y apellidos que siempre han estado ligados al mundo empresarial y financiero en España.

Entidades como Bankinter cuentan con accionistas significativos diversos. Además de los citados fondos, aparece entre su accionariado la sociedad patrimonial Cartival SA, propiedad de una rama de la familia Botín, que posee el 23,19% de la entidad. Cartival fue fundada por el banquero Jaime Botín, hermano del que fuera presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La hija de este último, Ana Botín, es actual presidenta del Banco Santander.

Entre el accionariado de Bankinter también aparece Fernando Masaveu Herrero, presidente del grupo Masaveu, que posee el 5,31%. El origen de la fortuna de esta familia está en la Banca Masaveu, fundada en 1840 y que se fusionó con el Banco Herrero a finales de los años 90, hasta que este fue absorbido por el Sabadell en 2001.

Entre los accionistas significativos de la entidad naranja figuran la corporación de gestión de activos estadounidense, Fidelity Management and Research (3,77%); Bank of America Corporation, con un 3,10%; Lazzar Asset Management, una firma de inversión con sede en Nueva York, que posee el 3,03%; y la gestora Fidelity International, también de EEUU, con el 1,9%.

Por su parte, en la información que el Sabadell remite al regulador español vuelven a aparecer corporaciones internacionales como la aseguradora suiza Zurich Insurance Group LTD, con un 4,94%; el empresario mexicano David Martínez Guzmán, fundador de Fintech Advisory; y, finalmente, Fintech Europe SARL (3,1%), una sociedad de inversión radicada en Luxemburgo y vinculada también con Guzmán.

En cuanto a Caixabank, BlackRock aparece con un 4,68% de acciones significativas. Están también como accionistas significativos Criteria Caixa (30,01%), la Fundación La Caixa (30,01%) y dos entidades públicas: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con un 16,11% de participaciones, y Bfa Tenedora de Acciones (16,11%). Esta última participada al 100% por el FROB.

Si bien los movimientos financieros que acoge la espectacular cúpula de la Bolsa de Madrid siguen teniendo apellidos reconocibles, los fondos extranjeros comienzan a tener cada vez un mayor protagonismo en el mercado español. Son, utilizando las palabras con las que el exbanquero y escritor William D. Cohan describió a Larry Fink, los "hombres detrás de la cortina", aquellos que, como en El Mago de Oz, manejan los mecanismos sin ser vistos.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. En este contexto de crisis habitacional, el Gobierno anunció recientemente la tramitación de un decreto con medidas que ayuden a los inquilinos frente a un mercado cada vez más caro y menos accesible. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, enumeraba alguno de los puntos que se barajaban, como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10%, dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. 

En las semanas que han transcurrido desde entonces, los diferentes grupos parlamentarios han estado tratando de alcanzar un acuerdo y en el centro del debate ha reaparecido un tema que ya había generado polémica antes: la inclusión (o no) de bonificaciones fiscales para los caseros dentro del decreto. Algunas informaciones apuntaban esta semana a que esta cuestión podría haber erosionado la negociación, aunque fuentes cercanas a la misma señalan que no ha sido así y que las conversaciones avanzan en positivo.

"El sapo que ha planteado Junts, que son rebajas fiscales para la adquisición de primera vivienda, es un sapo asumible, si a cambio durante dos años el alquiler no va a subir”, declaraba este martes, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. El de Sumar también se dirigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para exigirle que se “desbloquee” el acuerdo y criticaba al PSOE por su cercanía con medidas como las exenciones, según recogía EFE. Por su parte, desde Podemos se ha mantenido en todo momento el no a las bonificaciones fiscales. “Nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”, señalaba Ione Belarra, secretaria general de la agrupación morada.

Ante las dudas que comenzaban a surgir, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiso salir al paso y señaló que el decreto “progresa adecuadamente” y que será “ambicioso”, pero que debe recoger los pareceres de los “distintos grupos planteamientos que tienen que hacer viable su aprobación”. En la misma línea, varias fuentes de la negociación señalan que no ha habido ningún bloqueo y que las conversaciones siguen en marcha y van “por buen camino”.

Este mismo debate ya se dio a principios de año, cuando el Gobierno planteó una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renovaran los contratos sin subir el precio a sus inquilinos. En aquel momento, Podemos se refería a ellas como un “regalo a los rentistas” y Sumar las rechazaba. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideraba que con estas exenciones se regalaba dinero público a quienes más renta tenían. Y es que, más allá de la actual negociación, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política.

La medida fiscal —que se suele justificar como una forma de conseguir que se movilice vivienda vacía, que aflore la que está en el mercado negro o que no se retire la que ya hay en oferta— tampoco ha caído bien en los movimientos sociales de vivienda. “Ahora mismo un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador”, señala Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña. “El trabajador paga impuestos sobre el 100% del salario, mientras que aquellos que no trabajan, porque viven en trabajo ajeno, tributan mucho menos”, subraya.

En su opinión, el diseño de una política fiscal en este ámbito se podría elaborar castigando los comportamientos abusivos. “Tú podrías tener incentivos fiscales que dijeran: ‘Si subes el alquiler, te quito la bonificación', pero ahora mismo un casero que se dedique a expulsar inquilinos o a subir los precios, disfruta de las bonificaciones igualmente”, concluye.

A falta de un texto claro en el que se detallen las propuestas en las que se podrían concretar los acuerdos, los sindicatos de inquilinas mantienen su posición y piden condicionar las eventuales rebajas a quienes bajen los precios de sus inmuebles en alquiler. Sin embargo, pese a las críticas, Junts ya señaló que su apoyo al decreto de vivienda —indispensable para que salga adelante— estará condicionado a la adopción de las bonificaciones fiscales.

Por lo poco que ha trascendido hasta ahora, las principales medidas en materia de impuestos son las que apuntó Junts. Por un lado, una deducción en el IRPF del 15% por los gastos de alquiler (tanto para arrendadores como para arrendatarios) o hipoteca de la vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros. Por otro, que los ahorros destinados a comprar vivienda se puedan desgravar. También está sobre la mesa la medida planteada por los socialistas en su anterior propuesta para combatir la especulación inmobiliaria de dar incentivos en el IRPF a quienes pongan sus viviendas a precios asequibles y rebajen el alquiler hasta esos estándares.

Sin que ninguna de estas medidas haya tomado forma de propuesta aún, el plazo para que el decreto avance comienza a estrecharse, ya que debería aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de julio.

Los grandes pasos marítimos del petróleo ya no se dividen entre importantes y secundarios, sino entre los que están bajo asedio, los que tienen dueño, los que están naciendo y los que sostienen todo el sistema.

Cuando los mercados temen un cierre en el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo se dispara en cuestión de horas. Lo hemos visto muy de cerca en todo 2026 La razón es bien conocida: por ese angosto paso del golfo Pérsico transita cerca del 20 % del crudo y el 25 % del gas natural licuado (GNL) que consume el mundo, según la Agencia Internacional de Energía. Pero fijarse sólo en Ormuz es leer solo una página del atlas y creer que se ha entendido el mundo.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estima que el 76 % del petróleo mundial viaja por mar. Ese océano de crudo y gas no fluye libremente: se estrangula en una docena de pasos que concentran los flujos en espacios de pocos kilómetros, a veces de pocos cientos de metros. Lo interesante no es catalogarlos, sino entender que se dividen en cuatro familias con lógicas de riesgo muy distintas: los pasos clásicos que están bajo asedio, los que tienen dueño con nombre y apellidos, los que están naciendo ante nuestros ojos y los que sostienen silenciosamente todo el edificio.

Durante medio siglo, la seguridad de los cuatro grandes pasos del petróleo –el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el Índico; el canal de Suez, que sirve de paso entre el Mediterráneo y el mar Rojo; el de Bab el-Mandeb, entre el mar Rojo y el Índico, y el paso de Malaca, que conecta el Índico con el Pacífico– descansó sobre una premisa simple: ningún actor racional se atrevería a desafiar a la marina estadounidense. Esa premisa ha muerto entre 2023 y 2026, y su certificado de defunción se firmó en el mar Rojo.

En 2023, los hutíes atacaron desde la costa yemení los buques comerciales estadounidenses y británicos en tránsito por Bab el-Mandeb, como una declaración de apoyo a Hamás en la guerra contra Israel. Entonces, las milicias demostraron que un arsenal de drones y misiles baratos bastan para desviar el comercio mundial. No necesitaron hundir ninguna flota: la mera amenaza disparó los seguros marítimos y obligó a las navieras a rodear África, elevando los fletes entre un 200 y un 300 %, y alargando cada viaje entre 10 y 15 días.

Tras los ataques, el canal de Suez –con apenas 313 metros de ancho en sus tramos críticos y por el que transitan unos 12 millones de barriles diarios– vio evaporarse buena parte de su tráfico sin que nadie lo bloqueara físicamente. Las flotillas navales multinacionales desplegadas en la zona, analizadas en detalle por la propia EIA, no lograron restaurar la confianza: la disuasión clásica no funciona contra quien no tiene nada que perder.

La misma lección se proyecta sobre los dos gigantes asiáticos del mapa. Ormuz mueve unos 20 millones de barriles diarios pero Malaca lo supera: 23,2 millones de barriles diarios en el primer semestre de 2025, el 29 % de todo el comercio marítimo mundial de petróleo, apretados en un pasaje de 2,5 kilómetros entre Malasia e Indonesia.

China importa por esa vía cerca del 80 % de su crudo y esa enorme dependencia genera el llamado “dilema de Malaca”.

Otro tipo de riesgo está en los pasos controlados por un Estado concreto que puede –legalmente o de facto– condicionar el tránsito de terceros. Esta presión es menos espectacular que un ataque con drones, pero sus efectos pueden ser igual de profundos.

Un caso de manual son los estrechos turcos. La convención de Montreux de 1936 dio a Turquía las llaves del Bósforo y los Dardanelos, únicos accesos al mar Negro, por donde sale el crudo kazajo y ruso hacia el Mediterráneo.

Tras la invasión de Ucrania, Ankara aplicó Montreux con un doble rasero: cerró el paso a los buques de guerra pero lo mantuvo abierto a los petroleros rusos con crudo barato. El estrecho se convirtió en moneda de cambio de la política exterior turca y Europa descubrió que una de sus arterias de importación dependía de la buena voluntad de un socio indispensable e imprevisible.

Menos conocidos son los estrechos daneses –Gran Belt, Pequeño Belt y Øresund–, única salida del Báltico al Atlántico. Por ellos salía alrededor de un tercio de las exportaciones marítimas rusas de crudo, antes de las sanciones económicas a Rusia por la guerra de Ucrania. Aquí no hay Montreux: Dinamarca no puede negar el paso inocente que estipula el derecho marítimo, por el que los barcos de todos los Estados pueden navegar por el mar territorial de otro, siempre que se trate de un paso rápido y sin detenciones. Pero la geografía impone su propio peaje: el Øresund apenas alcanza 8 metros de calado en algunos puntos, lo que veta a los superpetroleros y obliga a Rusia a usar buques más pequeños y costosos.

A esta familia también pertenecen Gibraltar, 14 kilómetros entre Europa y África, y puerta del GNL atlántico hacia el Mediterráneo, y el canal de Panamá, que conecta las costas atlánticas y pacíficas del continente americano y da salida al GNL texano hacia Asia. Panamá añade una vuelta de tuerca: el clima se está convirtiendo en su dueño efectivo. La sequía de 2023-24 en la cuenca del lago Gatún redujo el calado, impuso colas de semanas y demostró que la infraestructura más sofisticada puede ser rehén del ciclo hidrológico. La retórica de la administración Trump sobre “recuperar el canal” hizo el resto: hasta los pasos más institucionalizados vuelven a estar en el mercado de la geopolítica.

La tercera familia no aparece en los manuales clásicos de seguridad energética porque está naciendo ahora mismo. Son los corredores que el cambio climático, la transición energética y la rivalidad entre China y EE. UU. están dibujando sobre el mapa.

El más literal es el Ártico. El deshielo está convirtiendo la Ruta del Mar del Norte, a lo largo de la costa siberiana, en una autopista estacional que podría operar todo el año hacia mediados de siglo, recortando 7 000 kilómetros entre Rotterdam y Shanghai. Rusia lleva una década preparándose con rompehielos nucleares, nuevos puertos y bases militares en la zona, mientras que en su flanco occidental está Groenlandia, con sus tierras raras y su posición dominante, lo que explica el insistente interés de Washington por la isla.Justo debajo, el GIUK Gap (el pasillo entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido), que fue la línea antisubmarina de la Guerra Fría, se prepara para una segunda vida como corredor logístico vigilado.

En el otro extremo térmico del planeta, el canal de Mozambique se perfila como la arteria del gas africano: los yacimientos de Mozambique y Tanzania, entre los diez mayores del mundo, empezarán a exportar GNL a gran escala en la segunda mitad de la década, y sus metaneros tendrán que pasar entre la costa africana y Madagascar.

El corredor emergente más inestable no es nuevo en el mapa, sino en su significado: el estrecho de Taiwán. Por sus aguas transitan los petroleros y metaneros que abastecen a Japón, Corea del Sur y el norte de China. Pero también los semiconductores que alimentan la industria mundial y los cables submarinos que sostienen internet. Un conflicto en Taiwán no sería solo un shock energético sino también industrial y digital simultáneo, sin precedente histórico con el que compararlo. Es el único paso del mapa cuyo cierre no admite ruta alternativa que valga.

Queda una última familia, la menos visible: las piezas que no mueven barriles pero hacen posible que los demás los muevan. Son el seguro del sistema, y como todo seguro, sólo se aprecia cuando hay siniestro:

Leído así, el mapa de los cuellos de botella (chokepoints) es un mapa de poder. Para los importadores netos de combustibles fósiles, la lección es que diversificar fuentes sin diversificar rutas es hacer la mitad del trabajo: depender de un único corredor equivale a firmar un pagaré geopolítico con vencimiento impreciso.

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Enrique Parra Iglesias. Profesor Titular de la Universidad de Alcalá. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La empresa pública de vivienda, Casa 47, ha empezado a moverse en el mercado de compra de inmuebles. Tras anunciar en abril un primer paquete de financiación de 100 millones de euros con el que pretendía adquirir unas 600 viviendas, la pasada semana explicaba que habían recibido un total de 131 propuestas, de las cuales la gran mayoría procedía de empresas (115 casas) y el resto, de particulares. Con ello, la entidad pública entra a un mercado de vivienda que vive un momento de cambio. Por un lado, la desinversión de algunos gigantes del sector ha sumido a muchos inquilinos en la incertidumbre y, por otro, la entrada de otros actores que buscan hacer caja apostando por el alquiler temporal como forma de esquivar las restricciones de precios que permite la Ley de Vivienda, ha aumentado la preocupación de los movimientos sociales de vivienda.

Entre los gigantes que se repliegan están grandes fondos de inversión como Blackstone, Cerberus, Ares o Azora, que anunciaron a finales del año pasado la venta de unas 25.000 viviendas en alquiler. Más recientemente, en junio, se conocía que el gigante estadounidense Blackstone estaba en negociaciones para deshacerse de los cerca de 8.300 pisos que tiene en España dentro de la socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Testa Residencial. A la vez, el Gobierno intenta hacer crecer el parque público, aunque por el momento la negociación de estas primeras compras aún está en marcha, ya que el plazo para recibir propuestas se cerró el pasado jueves. Ahora las viviendas ofertadas deberán tasarse y ver si están en condiciones de ser habitadas antes de que se concrete la compra por parte de Casa 47.

Los sindicatos de inquilinas critican que, en su opinión, la empresa pública debería “salvar” algunos de estos pisos que empiezan a cambiar de manos en el mercado, antes de que otro inversor se haga con sus casas para especular con ellas. Por el momento no ha trascendido qué empresas habrían hecho ofertas de venta a Casa 47, pero desde el ámbito sindical llevan tiempo dándole pistas a la entidad pública sobre hacia dónde podrían dirigir sus inversiones.

Dos de esos nombres propios sobre los que el Sindicato de Inquilinas de Madrid tiene puesto el foco son Fidere y Nestar, que adquirieron en 2010 y en 2013 unas 2.400 viviendas que en su día se habían construido con respaldo público. Ahora, estos fondos ponen estos inmuebles en el mercado de nuevo y algunos de ellos incluso han aparecido en portales inmobiliarios. En este contexto, el sindicato ha pedido que Casa 47 recupere las viviendas, aunque hasta el momento, el procedimiento de adquisición de vivienda por parte de la entidad pública se ciñe a un concurso en el que los interesados en vender deben estar inscritos para luego negociar con ellos. Es decir, si los propietarios no los ofertan, la entidad pública no puede lanzarles ninguna oferta.

En la primera oferta de compra que acaba de cerrarse, Casa 47 señaló que han recibido 14 ofertas que agrupan 131 inmuebles, de los cuales el 88% corresponde a empresas que se han puesto en contacto con ellos para vender sus viviendas. El siguiente paso será que el organismo público revise y tase los pisos para llegar a un acuerdo económico. Sobre la partida presupuestaria, de 100 millones de euros, señalan que "una vez valorados todos los inmuebles", el remanente seguirá disponible para la compra de nuevas viviendas.

Sobre la distribución geográfica, la empresa pública señala que los inmuebles se encuentran principalmente en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

Otro caso mediático es el de los vecinos del PAU (Programa de Actuación Urbanística) de Carabanchel. En un video difundido por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, algunos vecinos del inmueble piden ayuda públicamente para que la administración adquiera las viviendas. "Los bloques en lucha de Carabanchel llevamos meses exigiendo a Casa 47 que recupere nuestras viviendas", lanzaban en un video en la red social Instagram.

La historia de estos inquilinos comienza cuando en 2013, bajo el mandato de Ana Botella, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió al fondo de inversión Blackstone (Testa) miles de viviendas. Ahora, esta empresa, que ha hecho ya varias operaciones de desinversión, estaría negociando revender esos inmuebles a otro fondo extranjero, según explica el sindicato madrileño. La agrupación sindical habla de 1.860 casas en las que viven personas de alquiler que no podrían permitirse comprarla y terminarían expulsadas a un mercado cada vez más caro e inaccesible. "Luchamos para que nuestras casas pasen a formar parte del parque público de vivienda de Casa 47, con alquileres estables y asequibles y garantías reales del derecho a la vivienda frente a los intereses de quienes solo buscan hacer negocio", señalan en una nota de prensa.

Los vecinos lo han intentado llamando a todas las puertas. En marzo, las tensiones llegaron incluso a un pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando miembros del sindicato y vecinos afectados entraron a la sesión y lanzaron panfletos para protestar por la venta de sus casas, que pasan "de fondo en fondo como si fueran cromos", denunciaban. 

"Se acerca el invierno para el sector europeo del automóvil y la reestructuración será un tema clave”. La advertencia figuraba en un informe del Bank of America realizado en 2024, que anticipaba años difíciles para la industria si no cambiaba de rumbo. Dos años después, ese invierno se refleja en un anuncio que ha llenado titulares varias semanas: la empresa alemana Volkswagen anunció en junio que planeaba cerrar cuatro plantas y despedir a 100.000 trabajadores en todo el mundo.

Las compañías más grandes del sector han visto en lo que va de año cómo su cotización se reducía y la presión de los coches chinos recortaba sus cifras de venta. Stellantis −uno de los mayores fabricantes de coches del mundo− ha perdido en lo que va de año un 50% de su valor en bolsa; Volkswagen Group supera el 30%, Mercedes-Benz ha caído un 29% y BMW firma desde enero una bajada de más del 35%.

Basta con echar un vistazo a las cifras de producción y ventas para ver que China es un gigante que acapara el sector y que ha ido creciendo en los últimos años. En 2025 China vendió 34,3 millones de vehículos y el segundo país que más colocó en el mercado fue Estados Unidos, con 16,6 millones, muy lejos del dato del gigante asiático. En cuanto a producción, China también ocupa el primer lugar a mucha distancia del resto: 30,2 millones de unidades, muy por encima de Japón, el segundo en la lista con 7,2 millones, o India, con 5,2 millones de coches fabricados en 2025. Cabe destacar que España está, en lo relativo a la producción, en la parte alta de la lista que elabora la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA): es el séptimo país, con una cifra de 1,8 millones de vehículos en 2025.

Pero en Europa el retroceso de la industria del automóvil lleva años manifestándose. Las causas que dan los expertos señalan hacia una tormenta con diferentes frentes. La debilidad industrial europea, unos elevados costes de producción y una demanda menos fuerte lastraron al sector del Viejo Continente. Por otro lado, la guerra comercial que desató el presidente de Estados Unidos y la amenaza constante hacia el sector hicieron que el miedo en los mercados empujara la cotización de las grandes empresas a la baja. Estados Unidos mantiene un arancel del 15% a las importaciones de vehículos desde la Unión Europea, lo que a grupos como Volkswagen les ha llegado a costar más de 2.000 millones.

A su vez, China despega con fuerza. Y el análisis sobre las causas de este despegue no se puede quedar en una sola causa, advierte Rafael Pampillón, catedrático de economía aplicada de la Universidad CEU-San Pablo. No es solo que los costes de producción en Europa sean superiores, sino que “China construyó toda la cadena de valor del coche eléctrico, invirtiendo en litio, tierras raras y otros minerales críticos”, señala. Y puntualiza que una explicación “basada únicamente en los bajos salarios chinos es insuficiente” para explicar el fenómeno. Pampillón señala que, tanto el país asiático como Estados Unidos, llevan dos décadas de ventaja a Europa y que la pregunta que plantean al Viejo Continente es si todavía está a tiempo de revertir esa situación.

Otro factor muy relevante para explicar el éxito de China, además de su pujanza tecnológica y su acceso a tierras raras y minerales, es el desarrollo de las baterías, que suponen alrededor de un tercio del coste total del coche. Con eso, explica el catedrático, ha conseguido controlar toda la cadena de valor del vehículo eléctrico. “La diferencia principal entre Europa y China es la tecnología y la innovación”, por eso, puntualiza, la estrategia europea de plantear aranceles “solo será útil si aprovecha ese margen para invertir en innovación, reducir costes energéticos y fortalecer la industria”, concluye.

“La situación que atraviesa la industria europea es el reflejo de una transición hacia la movilidad de cero emisiones que debe gestionarse preservando la competitividad industrial. Más allá de casos concretos, pone de manifiesto la necesidad de acompañar esta transformación con políticas que impulsen tanto la industria como el mercado”, explican a infoLibre desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Para la patronal, Europa se ha quedado rezagada y requerirá de políticas sobre competitividad más ambiciosas, así como medidas para acelerar la electrificación. “Europa debe avanzar con iniciativas como el Industrial Accelerator Act y España con el Plan España Auto 2030”, apuntan.

Europa ha recurrido a los aranceles sobre los coches procedentes de China, aunque para ANFAC, que coincide con Pampillón, esto no solucionará el problema. “Los instrumentos comerciales, como los aranceles a los vehículos chinos, pueden contribuir a garantizar una competencia equilibrada, pero no sustituyen la necesidad de una política industrial ambiciosa que fortalezca el conjunto del sector”, puntualizan desde la patronal.

Más allá de la industria del automóvil, Europa lleva tiempo intentando recomponer el puzle de la industria y de la denominada autonomía estratégica. El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exprimer ministro italiano Mario Draghi desarrollaba esta idea en una tribuna escrita para el periódico británico Financial Times. Allí apuntaba que las barreras internas de la UE “equivalen a un arancel del 45% para las manufacturas y del 110% para los servicios”, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, pedía revitalizar la industria del continente mirando hacia dentro, algo que ya había hecho en el famoso informe que escribió a medias con el también economista y ex primer ministro italiano Enrico Letta. Y para los analistas, esta idea está calando.

“La necesidad de reforzar la autonomía europea va más allá del sector de la defensa. En este contexto, se está produciendo una movilización de capital sin precedentes: se han destinado varios cientos de miles de millones de euros a apoyar sectores clave en toda Europa”, señala Raphaël Thuin, jefe de estrategia en mercados de capitales de la financiera francesa Tikehau Capital. “El Viejo Continente está demostrando ahora su voluntad de recuperar un cierto grado de autonomía industrial”, concluye el analista.

Aun con la voluntad de reindustrializar, el anuncio de Volkswagen ha supuesto un mazazo para el mercado y para los trabajadores. Aunque las cifras del ERE podrían suavizarse a medida que la empresa negocie con los sindicatos y con el Estado, los 100.000 despidos que ha planteado suponen un porcentaje significativo de su plantilla, compuesta por alrededor de 670.000 trabajadores. Además, la compañía alemana señaló esta semana que reducirá su capacidad de producción desde los 10 millones de unidades anuales a nueve millones para adaptarla al mercado global y al aumento de la competencia china.

Esta misma semana tuvo lugar el consejo de supervisión donde se debía dar el primer paso para el expediente de regulación de empleo, sin embargo, no salió adelante el plan de gastos que Olivier Blume, presidente del grupo, había planteado. Por el momento, los despidos aún no tienen una cifra concreta, aunque de acuerdo con la información que adelantaba el diario británico Financial Times, la magnitud de este ERE podría superar otros históricos como los acometidos en los años 90 por General Motors (70.000 empleados en todo el mundo) o IBM (casi 30.000 trabajadores).

Las tensiones geopolíticas, la carrera por incrementar el gasto en defensa o el desafío demográfico y la sostenibilidad del sistema son cuestiones que están afectando a todos los países europeos. La pasada semana, Ursula von der Leyen lanzó una advertencia a los gobiernos europeos: sin nuevas fuentes de ingresos, habrá recortes. La presidenta de la Comisión Europea señaló que los países debían encontrar nuevas vías para abastecer las arcas comunitarias o, de lo contrario, apuntaba a la posibilidad de reducir partidas de gasto comunitario con recortes de hasta un 40%. El fantasma de la austeridad, los recortes recientes en países como Alemania y el abordaje que se propone desde lo político para algunos de estos desafíos, hacen que se empiecen a contraponer distintos enfoques económicos para atajar estos problemas. Y parece que es en el modelo alemán donde se miran algunas propuestas del Partido Popular.

En España, con las elecciones generales resonando ya en los argumentarios de los partidos, las propuestas empiezan a asomar y este martes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le escapó una muy polémica acerca de reducir el salario de los trabajadores que estén de baja. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quiere que le diga”, señalaba Feijóo en un encuentro con empresarios. “Este asunto tenemos que retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Si no, pues qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”, remataba. La tromba de reacciones no se hizo esperar y tanto el Gobierno como los sindicatos criticaron duramente sus declaraciones.

Pero lo cierto es que, a nivel europeo, Alemania –que ha dado un giro de austeridad en su política reciente– está diseñando ideas similares. El Gobierno de coalición de Friedrich Merz presentó un paquete de reformas para revitalizar la economía que contenía la posibilidad de suspender los certificados de baja laboral emitidos por teléfono y contemplaba introducir bajas parciales, es decir, la posibilidad de que un médico conceda bajas que impliquen trabajar el 75%, el 50% o el 25% del horario laboral. También allí se ha deslizado la idea de que detrás del aumento de las bajas puede haber fraude. “No aceptaremos el drástico aumento de las bajas por enfermedad desde el inicio de la pandemia”, señaló Merz. El discurso de Feijóo sobre el absentismo esta semana apuntaba en la misma dirección y se alineaba con el que desde hace tiempo mantienen las patronales. De hecho, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, llegó a hablar de “profesionales del absentismo” que, en su opinión, “acumulaban bajas de larga duración”.

Cabe destacar que lo que se considera como absentismo es un cajón de sastre que mezcla cosas distintas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas. Sí incluye, en cambio, bajas por incapacidad temporal derivadas de enfermedades comunes o accidentes laborales justificados con baja médica. Incluye también ausencias por permisos retribuidos o licencias por nacimiento o adopción, es decir, derechos adquiridos que los trabajadores pueden ejercer libremente, sin que ello suponga incumplir los compromisos profesionales. Más allá de la idea que se ha tratado de deslizar sobre el fraude, un problema del que no existen datos, hay factores que explican que España sea uno de los países con peores cifras de la Unión Europea: las listas de espera en la sanidad pública (121 días) y el aumento de la edad media de los trabajadores.

Pero las coincidencias del discurso de Feijóo con el modelo alemán no se limitan a las bajas. El país germano, que aprobó sus presupuestos para 2027 este lunes, ha entrado en una espiral de recortes que va desde cambiar el modelo de pensiones a una mayor austeridad en gasto sanitario. En el ámbito de las pensiones, el Partido Popular ha propuesto varias medidas encaminadas a fomentar planes privados de jubilación o reducciones sobre la cuota de autónomos cuando se cuente con uno de estos productos. Una de las medidas planteaba una reducción de cuotas para los autónomos que tengan más de 42 años y hagan aportaciones a un plan de pensiones privado. Otra idea que también exploraron los populares era incentivar las aportaciones a estos planes con beneficios fiscales. La propuesta de Alemania no es idéntica, pero sí incluye la creación de una pensión privada y obligatoria complementaria a la pública, a la que los trabajadores y las empresas aportarán el 2% de su salario anual. Además, Berlín ha ido más allá y ha planteado un aumento en la edad de jubilación que a partir de 2027 será de 67 años y se vinculará a la esperanza de vida, pudiendo llegar hasta los 70 años en lo sucesivo.

La "sintonía" entre Feijóo y Mertz es algo que el propio partido ha puesto en valor. "Ambos líderes han mostrado su sintonía en el ámbito europeo, en temas como la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde, además de compartir su preocupación por la situación internacional", señala una nota de prensa publicada en septiembre del año pasado con motivo de una reunión entre ambos políticos.

La polémica generada por las declaraciones de Feijóo ha servido a la izquierda para atacar a la agrupación popular, señalando que su hipotética victoria en unas elecciones conllevaría políticas más austeras. El presidente del Gobierno hacía referencia a ello en sus redes sociales, señalando que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". Otros miembros del PP trataban de salir al paso de las declaraciones, matizando que Feijóo no había "dicho nada de recortes" o que simplemente se refería a quienes cometían fraude (algo de lo que no hay datos contrastables, ya que la certificación la emite un médico). También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atacaba las declaraciones en los mismos términos: "Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno", escribía en Bluesky.

El país germano enfrenta una situación económica delicada. Las repercusiones de la guerra de Irán, el aumento en los precios de la energía y un crecimiento estimado para este año de apenas un 0,5% están lastrando a la principal economía de la Unión Europea. Si a ello se suma el compromiso de avanzar en defensa y las inversiones que esto conlleva, la situación adquiere un cariz aún más complejo.

El gasto militar ha sido una de las piedras angulares sobre las que se ha diseñado su proyecto de presupuestos. De hecho, el Ministerio de Defensa aumentará su atribución en un 27,9% con respecto al año anterior y la deuda contraída en este ámbito representa actualmente el 50% del total. En 2027, el presupuesto estimado para el rearme ascenderá a 109.700 millones. Para ponerlo en contexto, España gastó en 2025 alrededor de 33.000 millones.

Las razones detrás de la política económica alemana, señaló su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, son diseñar un modelo que no se vea tan afectado por las sucesivas crisis internacionales y mejorar la defensa frente a las amenazas de Rusia. "Damos tumbos de una crisis a otra", lamentó el ministro germano en la presentación de su proyecto de presupuestos.

La postura de las comunidades autónomas (CCAA) en lo relativo a la vivienda es cada vez más difícil de interpretar. Mientras el Ministerio de Vivienda señala que en las dos últimas reuniones las autonomías aceptaron los requisitos del Gobierno para acceder a los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, algunas de ellas critican públicamente esas condiciones o las han llevado a los tribunales. Aún así, el departamento que dirige Isabel Rodríguez les remitió este jueves los documentos y “un modelo de conformidad en el que las CCAA deben ratificar de nuevo, como ya han hecho en dos ocasiones en Conferencia Sectorial, que aceptan los requisitos del Gobierno para acceder a estos fondos”, señalan. Cuando lo firmen, se desbloquearán los primeros 800 millones de euros.

Pero las señales no pueden ser más contradictorias. El pasado mes de junio, la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda por invasión competencial. En la misma línea fueron Andalucía y Extremadura; la primera, anunció que presentaría requerimiento para modificar algunos artículos; y la segunda, inició un proceso contencioso-administrativo y otro ante el Tribunal Constitucional. Las tres comunidades sostienen que el Gobierno invade competencias autonómicas, y en el caso extremeño, además denuncian que el esfuerzo económico para la comunidad es "desproporcionado". Estas han sido las regiones más beligerantes, aunque según Vivienda, las tres han aceptado las condiciones para acceder al reparto de fondos.

El mapa autonómico es desigual. Las comunidades gobernadas por el PSOE respaldan el plan, pero también Galicia, del PP. Otras, pese a criticar alguno de los aspectos del plan, han optado por sumarse. La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, señaló que “el dinero vendrá bien” si se puede compatibilizar con otras políticas de vivienda; en Murcia, el popular Fernando López Miras calificó el plan de “fuegos de artificio”, aunque finalmente lo ha asumido; Cantabria (PP) también lo ha aceptado, aunque no descarta recurrirlo judicialmente, al igual que Castilla y León. Por su parte, La Rioja, también gobernada por el PP, se adscribió al Plan, aunque criticó que la aportación del Gobierno no fuera más amplia, ya que antes aportaba un 75% (aunque con menos fondos) y ahora un 60%.

Por ahora, el Gobierno aún no ha realizado ninguna transferencia porque primero las autonomías deben responder por escrito a los compromisos que les requiere Vivienda. Cuando lo hagan, se efectuará el primer desembolso de 800 millones de euros, sobre un total de 7.000 millones que tiene asignados el plan completo.

Entre los requisitos que deben cumplir se incluye que la catalogación de vivienda protegida no expire y que la comunidad ponga su parte en la cofinanciación (un 40%, frente al 60% que sale del Ejecutivo central). “El ministerio cumple de este modo con el compromiso de habilitar los mecanismos necesarios para efectuar el primer desembolso en julio”, señalan desde el ministerio del ramo. Las comunidades que más dinero recibirán son Andalucía (718 millones del Estado y 478 propios), Madrid (667 millones del Estado y 445 propios) y Cataluña (609 millones del Estado y 406 propios).

Si las comunidades aceptan las condiciones del Ministerio de Vivienda y el primer desembolso se produce este mes de julio, el plan cumplirá con los plazos dispuestos cuando se anunció, aunque los recursos judiciales podrían alterar los planes.

Las razones que han dado las comunidades para iniciar reclamaciones y procesos judiciales son similares en todos los casos. El recurso de la Comunidad de Madrid se queja de que el Plan Estatal limita “la capacidad de gestión de la autonomía regional” y considera que con ello invade sus competencias. También alegan que el modelo de cofinanciación podría suponer “una injerencia excesiva” en la autonomía financiera porque interferiría en su capacidad para emplear recursos propios. 

En la misma línea se manifestó el ejecutivo andaluz. La Junta criticó que la propuesta le restaba autonomía y las degradaba a “meras gestoras” de ayudas. Además, incidía en que, en proporción, las comunidades hacían un esfuerzo mayor para aportar fondos que el Gobierno central. Por ello, hace dos semanas planteó en Consejo de Gobierno la posibilidad de iniciar un recurso formal contra el Plan Estatal de Vivienda. Sin embargo, en mayo sacó una nota anunciando que aceptaba los criterios de reparto de fondos.

En Extremadura, la consejera de Hacienda, Helena Manzano, también se quejó de que el reparto económico que establece el citado plan “es claramente desequilibrado”. 

Una de las cuestiones que más ampollas levanta, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es la obligatoriedad de que las viviendas que se construyan con esos fondos nunca pasen al mercado y se queden en el paraguas de lo público de manera indefinida. Actualmente, las viviendas con protección oficial dependen enteramente de las CCAA, que son las que gestionan su promoción y las que deciden el plazo de duración de las restricciones que impiden su venta a precio de mercado o que fijan el alquiler a un precio asequible. Cuando caduca ese plazo, las viviendas pasan a ser de titularidad privada y entran en el mercado desregulado.

Madrid es una de las regiones que con más fuerza ha defendido el modelo actual. “El Ejecutivo madrileño considera que esta exigencia excede las competencias estatales y podría obligar a modificar marcos normativos ya consolidados, generando inseguridad jurídica y retrasando la ejecución de los programas previstos”, señala la Comunidad en una nota de prensa. De hecho, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, llegó a afirmar en la Asamblea que esta protección permanente “degrada las edificaciones” y “deteriora los barrios”.

Con estas señales contradictorias encima de la mesa comienza el despliegue del nuevo Plan Estatal de Vivienda. A la espera de lo que pase con las reclamaciones judiciales, el Gobierno central ha señalado en reiteradas ocasiones que la protección permanente –uno de los principales requisitos del plan– no es una cuestión negociable.

España ha pasado a ser este año el destino número uno del gas ruso que llega a Europa en barcos metaneros. Su gran capacidad del almacenamiento en puerto y unos precios atractivos han provocado un fuerte repunte de las descargas cuando apenas quedan seis meses para que se prohíba en la Unión Europea toda compra de gas natural proveniente de Rusia, una norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. 

Mientras Francia ha reducido drásticamente sus compras de combustible a empresas ligadas a Moscú frente a 2025 y ha perdido así su tradicional liderazgo, España ha incrementado todavía más estas importaciones hasta situarse en el primer puesto del continente. 

Según un informe publicado hace una semana por ACER, la agrupación de reguladores energéticos europeos, entre enero y abril de 2026 España recibió de Rusia 23,2 teravatios hora (TWh) de gas natural licuado (GNL), que llega en forma líquida transportado en metaneros y tiene que regasificarse al llegar a puerto. Se trata de un 32% más que en las mismas fechas del año anterior.

En los siguientes puestos se situaron Bélgica (18,6 TWh), Francia (18,5 TWh), Países Bajos (7,7 TWh) y Portugal (1,1 TWh). En el mismo cuatrimestre de 2025, España ocupó el segundo puesto porque Francia compró a Rusia 38,5 TWh de gas, pero en un año ha recortado la cifra a la mitad. Sin embargo, en volumen absoluto importado, Hungría superó a España en ese periodo porque adquirió a Rusia 24,7 TWh de gas por tubería. En conjunto, la Unión Europea importó entre enero y abril de 2026 un 11% más de GNL de Rusia que en 2025, lo que representa el 12% de sus compras totales, solo por detrás de Estados Unidos.

Las cifras de Enagás, el operador de la red gasista española, llevan meses mostrando la creciente llegada de gas ruso a España. En marzo se registró un récord histórico de 9,8 TWh, rozando las importaciones de Estados Unidos y de Argelia, los proveedores principales de la península ibérica. Este pico llegó semanas después del inicio de la guerra en Irán, con los precios del gas disparados en el mercado europeo y en medio de una disputa global por asegurarse el abastecimiento.

Expertos europeos que monitorizan este comercio opinan que este giro es inaceptable porque supone incrementar la financiación de la campaña rusa en Ucrania, ya que el Kremlin ingresa ingentes cantidades de dinero a través de los impuestos que cobra sobre las ventas de combustibles. 

"Resulta escandaloso que algunos países de la UE sigan aumentando sus compras de gas ruso a pesar de que el bloque se ha comprometido a poner fin a su dependencia. Si la UE se toma en serio sus compromisos, debería poner fin a estas importaciones lo antes posible, en lugar de esperar hasta el último momento", opina Isaac Levi, portavoz del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), una organización que monitoriza desde 2022 los beneficios de Rusia por la venta de gas y crudo. Según sus cálculos, Europa ya ha pagado por gas a Rusia este año más de 8.000 millones de euros.

Ignacio Urbasos, investigador del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra, señala que la causa principal de este incremento en la importación es el ligero encarecimiento del gas natural en el mercado ibérico frente a países como Francia o Países Bajos, lo que hace más atractivo para los traders internacionales –el nombre que reciben las compañías de compraventa de combustible– llevar el combustible que compran a Rusia hasta España y venderlo ahí.

"Cuando el gas es más caro en la península, llega más combustible ruso por una cuestión oportunista. El beneficio que obtienen aquí los intermediarios es mayor que si lo venden en otros puertos europeos", afirma el experto. La diferencia de precio sigue vigente este mismo miércoles, cuando el gas natural PVB (el del mercado ibérico) vendido para el día siguiente costaba 48,97 euros/MWh, mientras que el PEG (Francia) cotizaba a 47,70 euros/MWh y el TTF (Países Bajos) a 48,10 euros/MWh. La diferencia es pequeña, pero a esa escala comercial supone un factor clave.

La importación de gas no implica que sea consumido en España ni que sea adquirido para consumo interno, recalca el informe de ACER. Como la península ibérica es la región con más plantas regasificadoras de Europa (siete de España y una de Portugal), es habitual que se utilice como puerta de entrada para el GNL, para luego exportarlo por tubería a otros países de la región. De hecho, los últimos datos de Enagás, el gestor de la red gasista, calcula que entre enero y mayo la demanda española de gas creció entre enero y mayo un 1,7% respecto a 2025, un porcentaje mucho menor que el repunte de descargas.

Al mismo tiempo, España es el país europeo con más capacidad de almacenamiento de GNL del continente, con 23.300 GWh, un tercio del total de los Veintisiete, de manera que esos tanques ubicados en puertos se utilizan a menudo como almacenes temporales para después inyectar el combustible en otros metaneros y que su viaje continúe por el mundo. Alrededor del 12% del gas que pasa por España se consume en el extranjero. 

Desde el Ministerio de Transición Ecológica opinan que esta es precisamente la causa de que se disparasen las compras en invierno y primavera. "El aumento de descargas en España responde a una reasignación logística temporal dentro de la UE por la necesidad de los traders internacionales de almacenar el GNL que no puede absorber la demanda de la UE y que tampoco pueden desviar a otros destinos", señalan fuentes de esta cartera.

En todo caso, España está comprometida con cesar todas las importaciones antes del 1 de enero de 2027. En marzo, Transición Ecológica envió a Bruselas su plan de diversificación de suministro gasista, como el resto de socios europeos, pero el documento es confidencial. En todo caso, será la principal gasista de España, Naturgy, la que tendrá que gestionar la ruptura de esta relación, ya que importa cada año de este país 3.000 millones de metros cúbicos de GNL, aunque no es la única compañía que lo hace.

Aunque los datos de ACER solo abarcan de enero a abril, España volvió a importar en mayo desde Rusia una gran cantidad de GNL ruso, por lo que ese pico comercial que se observa en las cifras del primer cuatrimestre no fue puntual. Según Enagás, en mayo se importaron de Rusia 8,72 TWh de gas licuado, el 27,8% del total ese mes, superando incluso las compras a Estados Unidos y solo por detrás de Argelia.

Las cifras recogidas por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), un centro estadounidense, evidencian además que ese combustible de Rusia está entrando, como es habitual, por el puerto de Bilbao, la regasificadora más cercana al norte de Europa. Durante el primer semestre de 2026, el ratio de utilización de esta planta alcanzó el 79%, mientras que un año antes era del 66%. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del IEEFA, considera normal este repunte temporal de las descargas de gas ruso, ya que siempre que se restringe alguna ruta comercial, los meses anteriores todo el que puede aprovecha para comprar hasta el último día. "Ya pasó cuando se cerró el paso de gas por la tubería de Ucrania. Que en los meses anteriores se registró un pico. Mientras sea legal, seguirán haciéndolo", resume.

Se espera además que el comercio de GNL se dispare en Europa en los próximos cuatro meses, ya que los almacenes de gas natural se encuentran excepcionalmente bajos, rozando el mínimo histórico de los últimos cinco años. Otro informe publicado este martes, también por ACER, advierte de que llegar al 90% de llenado para el 1 de noviembre, de cara al invierno, requerirá recargas adicionales frente a otros años. Esas compras previsiblemente serán más caras que el año pasado por impacto del conflicto de Irán en los precios de la energía.

A finales de enero de 2026, los socios europeos aprobaron definitivamente que a partir del 1 de enero de 2027 quedará prohibida cualquier importación de GNL ruso, incluso el que solo haga escala en un puerto europeo para acabar fuera de la UE. Para evitar disrupciones profundas en países del este del continente, el gas por tubería podrá seguir fluyendo desde Rusia hasta el 30 de septiembre de 2027.

El Producto Interior Bruto (PIB) es, seguramente, el indicador económico más popular. En la jerga escarpada de la macroeconomía, es de los pocos conceptos que tiene alguna posibilidad de salir a colación en una sobremesa y más si se tiene en cuenta que este martes ha comenzado la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). En el encuentro de la Alianza Atlántica, el tema central será el gasto en defensa de los distintos socios con relación a sus respectivos PIB. También volverá a cobrar protagonismo la polémica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, por la negativa de este último a elevar el gasto militar hasta el 5%. Sin embargo, hay dudas acerca de si este indicador, el PIB, es el más adecuado para ponderar cuánto aporta cada Estado miembro a la cuenta común y qué sacrificios implica ese esfuerzo.

Para Sánchez, el objetivo del 5% era “innecesario” y “desconsiderado”, una posición que le valió a España reiteradas amenazas de Trump. La OTAN, en su análisis de junio, concluyó que España es el séptimo país que más capacidades militares aporta, por lo que cumplía con los compromisos requeridos aunque se negase a implementar el polémico acuerdo de gasto. En este contexto de rearme, tensiones internacionales e inversión desbocada en la industria militar, emergen cuestiones sobre cómo se mide el impacto de esta carrera armamentística en los servicios públicos y qué coste puede tener para el estado del bienestar.

Una de las primeras críticas apunta precisamente a la forma de calcular el gasto en defensa como porcentaje del PIB. Aunque se utiliza de forma frecuente, el PIB es un indicador macroeconómico que mide la producción comercial e industrial de un país en un año, pero no equivale al presupuesto público ni al dinero disponible de un Estado. Es decir, aunque el PIB da una idea del volumen de la economía, los gobiernos no disponen de ese monto, sino que únicamente recaudan una parte mediante impuestos y otro tipo de tasas. 

Por eso surgen las críticas acerca del sacrificio que puede suponer para los servicios públicos y para el bolsillo de los ciudadanos gastar más en armas. De hecho, el PIB de dos países diferentes puede crecer, pero la calidad de ese crecimiento puede ser muy distinta. Por ejemplo, una economía crecerá "mal" si lo hace con familias endeudándose, inflación o excesiva dependencia de sectores de escaso valor añadido y sueldos bajos, lo que necesariamente dejará a esa región mucho menos margen para gastar porque necesitará, por ejemplo, más gasto social. De ahí que destinar un 5% a defensa no implique tener el resto disponible para otros gastos y la comparación entre países sea mucho más difícil.

En este punto cabe destacar también las diferencias entre crecimiento y desarrollo. Es decir, puede haber más actividad, pero no necesariamente esta puede estar traduciéndose en una mejora de la educación, la salud, el medio ambiente, las infraestructuras, la inclusión social o la productividad.

Para una parte de los economistas, el impulso inversor en el sector de la defensa puede suponer una oportunidad, un dinamizador para la industria y para el avance tecnológico; pero desde otros puntos de vista, dar prioridad a las partidas de inversión en defensa puede suponer renuncias serias en materia social. Un ejemplo es Alemania. En abril de este año, el Ejecutivo germano anunció un recorte de 38.000 millones en sanidad hasta 2030 y restricciones en prestaciones sociales para poder pagar el endeudamiento que habían asumido de cara al rearme. Esta misma semana, justo antes de la cumbre de la OTAN, tomó otra decisión polémica: aumentar su déficit en otros 200.000 millones el próximo año y dedicar una quinta parte de su gasto total estimado (555.400 millones de euros) a sus fuerzas armadas. “No te puedes defender de Putin desde el equilibrio presupuestario”, apostillaba su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil.

En España, el Gobierno ha negado siempre que el incremento del gasto en defensa vaya a traducirse en recortes, pero la duda es razonable y las críticas emergen. “De algún sitio tiene que salir el dinero”, señala Pere Ortega, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz y experto en gasto militar. Ortega apunta que una parte de la financiación en defensa procede de transferencias que hacen otros ministerios y eso, insiste, “son en definitiva recortes de otras partidas”. 

Otra de las críticas es que, aunque la inversión en defensa genere empleo y aumente el PIB, su impacto sería limitado, ya que “un tanque no crea valor económico adicional” más allá de su fabricación porque “una vez que se fabrica, o se estaciona o se destruye en combate”, explica el informe de Delàs. En cambio, una obra civil tiene un retorno superior, como por ejemplo una carretera, ya que facilita el transporte y puede, por ejemplo, repercutir en una bajada del precio de ciertos productos.

En este marco, los Estados tienen tres maneras de financiar el gasto en defensa. Una, emitir deuda pública destinada a sufragar el gasto en adquisidores militares. La segunda, financiar el aumento del gasto militar por la vía de impuestos, aumentando o creando nuevos. Y la tercera, ajustar el presupuesto anual, es decir, reducir el gasto de otros ministerios para incorporar más recursos a defensa.

Todas estas vías forman parte del dilema ante el que se encuentran los países europeos, todos ellos con el estado del bienestar como pilar, pero también como desafío. Por poner un ejemplo, en España, en el periodo entre 2010 y 2024, la mayor parte del aumento real del gasto público (112.603 millones de euros) se ha dirigido a pensiones (97.990 millones de euros) y salud (14.739 millones de euros), de acuerdo con un análisis del think tank económico Fedea.

A expensas de las polémicas que deje esta nueva cumbre de la OTAN, es indudable que la carrera por el rearme se acelera cada vez más. Y, con ello, también lo hacen las advertencias sobre el coste que puede tener en la vida de los ciudadanos. "No tenemos que aceptar eslóganes simples. Es el momento de introducir preguntas y debate: ¿Cómo se pagará este proceso de rearme? ¿Qué vamos a perder? El dinero destinado a Defensa es dinero que necesitamos para mantener unos mínimos de protección social", advierten en las conclusiones del informe Delàs.

En opinión del presidente Donald Trump, España es un país “hostil a la OTAN” y que “no juega en equipo”. Es una de las muchas perlas que el mandatario norteamericano ha dedicado a España desde que el Gobierno rehusó seguir sus directrices en materia de gasto en defensa dentro de la Alianza Atlántica y cuestionó su política exterior en lo relativo a Irán. Un año después de que estas diferencias se materializaran en la cumbre de la OTAN en La Haya, Ankara (Turquía) será esta vez el escenario en el que se retomará el debate sobre cuánto contribuye cada país a garantizar la seguridad de sus socios.

Por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a la capital turca este martes con todos los focos puestos sobre la polémica del gasto en defensa que deben afrontar los países de la Alianza y la reticencia de España de llegar hasta el 5% que exigió Estados Unidos y se acordó –sin el respaldo de España– el año pasado en La Haya. En el encuentro se debatirá sobre la posibilidad de ampliar el porcentaje de gasto efectivo o real hasta ese porcentaje (ningún país lo cumplió en 2025), pero el Ejecutivo español apuntará a mantener su 2% actual.

“España está ya en el 2% y ha entregado todas las capacidades que le ha solicitado la Alianza. Y las capacidades son lo importante para la defensa”, señaló este lunes José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, en una entrevista a RTVE. En la misma línea se expresaba Margarita Robles, ministra de Defensa, que remarcaba que España estaba cumpliendo con las capacidades que se le requerían e insistía en que “pese a lo que diga Trump”, los mandos de la OTAN sabían que España estaba haciendo su parte. La posición de aliado incómodo viene porque el Gobierno se ha negado a acatar la cifra del 5%, aunque por el momento, según las propias cifras del organismo, ningún país alcanza ese porcentaje.

Ese "pese a lo que diga Trump" de Robles hace referencia a las reacciones airadas del presidente estadounidense a la posición española. Trump ha descrito a España como un “desastre” dentro de la OTAN y ha amenazado con represalias comerciales por su reticencia a alcanzar el porcentaje del PIB que él marcó y ante la negativa del Gobierno a autorizar a EEUU el uso de las bases militares de Rota y Morón para su participación en la guerra que ha iniciado en Irán. 

Precisamente, los distintos conflictos internacionales —desde la invasión rusa a Ucrania (2014) hasta el conflicto de Estados Unidos en Irán (2025)— han ido creando un escenario donde el rearme es una realidad. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), el gasto militar mundial alcanzó los 2,6 billones de euros en 2025, es decir, un 2,9% más en términos reales respecto a 2024, cuando el salto ya había sido de un 9% con respecto a 2023. 

Si miramos el capítulo sobre España, SIPRI señala que el gasto militar aumentó un 50% el año pasado hasta los 34.265 millones de euros, lo que colocó su porcentaje de gasto en el 2% del PIB por primera vez desde 1994. En todo el continente la inversión ha aumentado en ese periodo un 14% (tres veces menos que el incremento registrado en España), llegando a los 736.000 millones de euros. Es el mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría y define bien la espiral de rearme que afecta a todo el mundo.

Desde el Centre Delàs de Estudios por la Paz, Pere Ortega, investigador y experto en gasto militar, pone el acento en el gran salto que ha dado la partida económica destinada a defensa y resalta que la espiral de rearme actual terminará por hacer que se resientan otros servicios públicos. "Hay que entender y explicar de dónde ha salido todo ese dinero, porque en parte llega desde partidas de otros ministerios que no son el de Defensa y el Gobierno no está siendo claro en esto", explica.

En los datos que proporcionó la OTAN en 2025 se puede observar cómo la mayoría de los países se sitúan en el entorno del 2% de sus respectivos PIB y a la cabeza están aquellos que cuentan con regulaciones para que el gasto anual se mantenga en un porcentaje superior a ese 2% (marcados en el gráfico con un asterisco).

En España, esta carrera militar se concreta en diferentes contratos, pero también en la actividad de algunas empresas que giran hacia la defensa, aunque ese no hubiese sido su sector antes, para subirse a esta ola. En 2025 el Gobierno pondrá en marcha 42 Programas Especiales de Modernización (PEM) en defensa antiaérea o misiles que suponen una inversión de algo más de 33.300 millones de euros y que se desplegarán a lo largo de 15 años, según el Centre Delàs. Estas partidas, explica Pere Ortega, aún no se han abonado porque están en ejecución, pero es un dinero que comenzará a fluir en 2026.

"Para desarrollar estos PEM, el Ministerio de Industria ha concedido créditos (ayudas) en concepto de I+D a empresas militares por un importe de 22.827 millones de euros. En total, los programas de armamento vigentes ascienden a 81.957 millones en conjunto, lo cual supone un enorme compromiso de gasto para las arcas públicas a pagar en los próximos tres lustros", señala el Instituto Delàs en su informe.

Con estas cifras sobre la mesa, Delàs insiste en que el gasto en defensa es superior a lo que se estima oficialmente y apunta a un 2,42% del PIB, en vez del 2,1% que ha cuantificado el Gobierno. Ortega señala que desde Delàs consideran que hay partidas que se desvían a gasto militar y no se cuentan como tal, por lo que la factura aumenta. "Por ejemplo, las ayudas que se dan a las empresas militares desde el Ministerio de Industria y que este año han sido 5.500 millones. El Gobierno no las considera gasto militar, pero nosotros sí", concluye.

En estos contratos PEM hay desde nombres de empresas españolas de defensa como Indra, Escribano, Urovesa o Navantia, hasta multinacionales como Airbus, Lockheed Martin (EEUU), Rafael (Israel), Thales (Francia) o General Dynamics Santa Bárbara (EEUU). Entre lo que se les ha encargado producir están baterías, buques, drones, helicópteros, sistemas de misiles o componentes tecnológicos. 

Pero más allá de los contratos que atañen a las armas, otras compañías españolas empiezan a fijarse en contratos de defensa, en un intento de aprovechar el ciclo de inversión desbocado que vive este sector. Entre ellas está Telefónica. En su junta de accionistas dio a conocer la intención de la compañía de fortalecer su presencia en productos de defensa y de ciberseguridad. La compañía que dirige Marc Murtra (antiguo CEO de Indra) ya cuenta con una filial de defensa (Telefónica Defensa y Seguridad) y se ha acercado a Indra para optar a posibles contratos de forma conjunta. Además, se acaba de hacer con un contrato de 89,1 millones para el suministro, renovación y soporte de licencias de software Microsoft para el Ministerio de Defensa.

No es la única que lo hace, explica Ortega: "Las industrias compiten para participar de este gran pastel y es normal". Otras que han dado un giro son las tecnológicas GMV, Sener y Oesía, que participan en el proyecto de Defensa para la creación de un nuevo caza tras el fracaso del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) y también se acercan a Indra.

El investigador de Delàs critica esta deriva y pone el acento en que el flujo de recursos hacia el ámbito militar detrae recursos que podrían ayudar a reforzar el estado del bienestar. “Dicen que muchas tecnologías militares se trasvasan a lo civil, pero resulta más bien al contrario. La tecnología civil, por ejemplo, en el ámbito de la electrónica, es la que acaba adaptándose para usos militares”, explica. "Si todos esos proyectos, en lugar de enviarlos a la industria militar, se invirtiesen en lo civil, serían mucho más eficaces: por ejemplo, se calcula que por cada millón de euros de gasto militar se crearían nueve puestos de trabajo en educación", concluye.

Ponerle límites al mercado inmobiliario está siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Prueba de ello es un decreto con medidas de vivienda que no termina de encontrar el camino hacia una mayoría parlamentaria y que probará suerte de nuevo previsiblemente antes de que termine julio. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, anunció que el Gobierno de coalición trataría de aprobar antes del parón estival un “importante” paquete de medidas sobre vivienda que incluirá cuestiones como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10% dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. En esta ocasión, fuentes de Sumar señalan que las conversaciones avanzan y el consenso en el seno del Gobierno es más firme.

En marzo, se frustró el primer intento que abanderó Sumar y que provocó un choque entre los socios de Gobierno después de que la prórroga de los alquileres se votase en un decreto separado de las ayudas anticrisis. Ahora la medida vuelve a contemplarse, aunque con un clima diferente dentro del Ejecutivo. Fuentes de Sumar señalan a infoLibre que el PSOE se está implicando más en la negociación, algo que es indispensable, apuntan, para hablar con Junts, sobre todo si sus requerimientos atañen a ministerios que lidera la parte socialista.

Este mismo miércoles, Junts advirtió que solo votaría el decreto si se contemplaban sus condiciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señalaba que por el momento solo existía “un acuerdo entre los dos partidos que gobiernan” y volvía sobre los requerimientos que ya había lanzado en la ocasión anterior. Recuperar la deducción de la cuota de la hipoteca, incluir una deducción sobre la cuota del alquiler o desgravar los ahorros destinados a comprar una vivienda, entre otros. Todas ellas, medidas que atañen al Ministerio de Hacienda, en manos de la parte socialista. Nogueras fue más allá y señaló que, si el Gobierno quiere sacar adelante el decreto, solo tiene que “copiar y pegar” lo propuesto por su grupo.

Otras fuentes dentro de Sumar apuntan que en la negociación, aún en marcha, Junts ha dejado claras por escrito sus peticiones y que sería un error por parte del Gobierno tratar de dibujar en este punto líneas rojas que podrían cambiar la disposición del grupo catalán para el diálogo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, trataba de rebajar el tono y pedía ese mismo día “generosidad” a los partidos. Explicó que el texto se encuentra ya en fase de tramitación interna y que se estaba sopesando con los socios del Gobierno. “El acuerdo exigirá renuncias, pero creo que si lo logramos, conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre”, señaló. De hecho, desde Vivienda han insistido en la medida como una necesidad social: “Si hay un motivo hoy en día para llegar a acuerdos es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía”, señalaban en la nota de prensa posterior al anuncio.

En marzo, el Presidente del Gobierno anunció el primer paquete de medidas contra la crisis desatada por el cierre del estrecho de Ormuz. Eran 80 puntos que movilizaron 5.000 millones, pero la vivienda, pese a la insistencia de Sumar, terminó por quedar fuera. Las tensiones llegaron a provocar que el inicio del Consejo de Ministros en el que se aprobó se retrasase porque los ministros del socio de Gobierno lo consideraban como "bajada de impuestos". Además, habían insistido hasta el último momento en incluir medidas relativas al mercado inmobiliario que finalmente terminaron por votarse en un decreto separado que no salió adelante. Aquella crisis se saldó con una prórroga de alquileres que duró apenas un mes, el tiempo que tardó en llegar a trámite parlamentario y decaer el decreto.

En estos meses, Sumar ha mantenido la presión y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha seguido insistiendo en la posibilidad de que la prórroga —que en su formulación inicial pedía extender los contratos de alquiler durante un máximo de dos años con un tope de incremento en el precio del 2%— se hiciese efectiva. En un vídeo publicado recientemente en Instagram, Bustinduy insistía en el compromiso de llevar esta medida al Congreso “antes de que finalice el mes de julio”.

En el anuncio que ha hecho el Gobierno estos últimos días, Elma Saiz hablaba de la nueva propuesta como “un real decreto amplio y transversal". En este nuevo capítulo, el decreto se estructurará en dos bloques: uno relativo a medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler; y otro, para incentivar que quienes tienen vivienda vacía la coloquen en el mercado. Se tratarán cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. También se ha propuesto incentivar el alquiler de larga duración penalizando con una carga impositiva superior, del 21% en el IVA, el alquiler vacacional y de temporada. Aunque por ahora, a falta de que cada partido ponga las cartas boca arriba en la negociación, no hay medidas concretas.

El pasado 22 de junio, una subestación eléctrica colapsó en Zaragoza, dejando a 50.000 personas sin luz durante un cuarto de hora. Esta semana, Francia ha tenido que reducir un 10% la capacidad de su imprescindible parque nuclear, mientras que las plantas renovables y de gas natural de toda Europa han generado menos energía de lo normal. En Alemania, se registraron hace unos días precios de la luz diez veces por encima de lo normal. Aunque están separados por miles de kilómetros de distancia, todos estos acontecimientos están conectados por el mismo factor: el calor, que lleva al límite el abastecimiento de energía en verano.

Este problema preocupa en todo el mundo desde hace más de dos décadas y la ola de calor europea de 2003 ya avanzó lo que estaba por llegar, pero las temperaturas récord de la última semana han elevado la preocupación, según advirtió este miércoles Thibault Laconde, ingeniero francés especializado en cambio climático y energía. "Ahora sabemos que podemos sufrir olas de calor en mayo y junio, antes de las vacaciones, cuando la economía está a pleno rendimiento", dijo durante un encuentro online entre expertos y periodistas.

En el caso de Francia, no solo se produjo un pico temprano de altas temperaturas, sino que se registró un máximo absoluto de calor. Esta situación provocó un número récord de reactores forzados a desconectarse porque el agua de los ríos, que necesitan para enfriarse, estaba demasiado caliente. En el peor momento de los últimos días Francia dejó de generar lo que habitualmente pierde en un año por parones derivados de las altas temperaturas. Es decir, llegaron a estar fuera de servicio ocho gigavatios (GW) de potencia nuclear, algo más del 10% del total del parque, lo que provocó solo en junio la pérdida total de un teravatio/hora de producción eléctrica.

Como subrayó Laconde, el episodio de canícula ha llegado en un momento en el que las fábricas, las oficinas y los servicios públicos operan al 100%, y a esa demanda estándar hay que añadir el uso intensivo de aire acondicionado y ventiladores en decenas de millones de hogares en Europa. En Francia, el operador del sistema eléctrico, RTE, calcula que por cada grado que se supera la temperatura media histórica, el país consume entre 0,7 y 1 GW extra de energía, lo que se tradujo la semana pasada en entre 10 y 14 GW, de media, alrededor de un 20% más de lo normal.

Al mismo tiempo que se dispara la demanda, la producción de luz sufre por varios frentes. No solo el parque nuclear francés –que alimenta a todo el centro de Europa, no solo a Francia– está mermado, sino que todas las plantas de producción pierden eficiencia durante las canículas. Los paneles solares y las centrales de ciclo combinado generan menos luz o lo hacen a mayor coste, mientras que el viento se desploma y cae la generación eólica, que es indispensable en el centro y norte del continente.

Más consumo y menos oferta se traduce en precios más altos de la luz debido a que para garantizar el suministro deben encenderse centrales de gas y de carbón menos eficientes y más caras, hasta el punto de que la electricidad llegó a registrar precios de más de 600 euros/MWh en países como Eslovaquia, Dinamarca, Alemania o Países Bajos, lo que se traduce en que se ha pagado hasta diez veces más de lo normal durante la reciente ola de calor. Mientras que el mercado de Bélgica, que tiene dos centrales nucleares en pausa programada, llegó a marcar más de 1.000 euros/MWh en los momentos de mayor tensión. El operador del sistema británico también lanzó una oferta de emergencia el 24 de junio para comprar electricidad y evitar un apagón, algo que pagó a más de 1.600 euros/MWh, 20 veces por encima de lo normal.

En España el crecimiento de esa demanda también se ha notado en todas las horas del día, pero el impacto en los precios ha sido menor porque la capacidad de interconexión de la península con el resto de Europa es muy limitada y los problemas de oferta y demanda se contagian de manera muy reducida a través de la frontera. Además, durante el día, la abundancia de electricidad renovable barata permite cubrir el incremento del uso del aire acondicionado. Los siete reactores nucleares españoles se mantuvieron operativos durante la ola de calor y las horas más caras de luz marcaron durante esos días en España un máximo de 182 euros/MWh.

Aún así, es cierto, como señalan los expertos, que la red eléctrica ibérica no está libre del impacto del calor. Ricardo Guerrero, profesor de Tecnología Fotovoltaica en la Universidad de La Laguna, afirma que los paneles solares, el gran activo del sistema eléctrico español, pierden un 0,15% de eficiencia por cada grado de temperatura por encima de 25 ºC.

Hay que tener en cuenta que lo importante no es la temperatura ambiente, sino la que alcanza la placa, que en un día de 25 ºC ya puede llegar a los 40 ºC por su exposición continua al sol. "Si la temperatura ambiente es de 40 ºC, el módulo se podría calentar hasta 65 ºC", calcula el experto. En ese caso, la pérdida equivale a un 6% de la generación de la placa.

Los molinos de viento también reducen su producción durante estos episodios, principalmente porque estos fenómenos de cúpula de calor conllevan altas presiones y ausencia de viento. En el sur de Europa esta caída no se notó, e incluso la producción eólica creció en la última semana de junio en España y Francia, pero en Alemania se hundió un 40%.

En el caso de las plantas de ciclo combinado de gas, también muy importantes para sostener la demanda energética nocturna, se estima que por cada grado de calentamiento extra, se pierde un 1% de eficiencia en la instalación. No porque se produzca menos energía, sino porque se necesita más combustible para refrigerar la central y el coste de operación se incrementa, trasladando esa subida al precio de la luz.

Otro de los puntos vulnerables del sistema eléctrico en verano es la propia red, compuesta de miles de kilómetros de cables de cobre y aluminio expuestos al sol, así como de cientos de miles de componentes, como estaciones, subestaciones, transformadores o equipos de protección, elementos metálicos sensibles al calor.

Luis Badesa, experto en redes eléctricas de la Universidad Politécnica de Madrid, no cree, sin embargo, que el apagón temporal de Zaragoza sea una señal de un problema mayor. "Es verdad que con el calor los transformadores se degradan algo más rápido, pero yo creo que fue algo más bien anecdótico. La probabilidad de avería no es mucho mayor que en otro momento del año", valora el investigador.

Badesa afirma que las limitaciones de la red en verano es un factor que el operador del sistema, Red Eléctrica, debe abordar todos los años, pero el sistema no está al límite, ni mucho menos. Los principales inconvenientes son la pérdida de eficiencia de las plantas de producción, "que no es enorme, pero sí relevante". También destaca que los cables de alta tensión, que están a la intemperie, se dilatan con las altas temperaturas y pueden curvarse y acercarse a árboles cercanos, incrementando la posibilidad de provocar incendios, aunque tampoco es una preocupación grave. "España, en general, no tiene retos enormes en verano", resume.

Los europeos pagaron un 5,1% más por la vivienda en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Los españoles lo han tenido aún más complicado: el precio de la vivienda ha crecido en el país un 12,8%, de acuerdo con Eurostat. En el mar de cifras y porcentajes con el que se cuenta la crisis de vivienda, España emerge como uno de los países de la Unión Europea (UE) donde más rápido crecen los precios, aunque los factores que alimentan la subida son prácticamente los mismos en toda la UE: poca vivienda social; la resaca de la crisis financiera que dejó el estallido de la burbuja en 2008 y que frenó en seco la construcción de obra nueva; y una concentración de la demanda en los núcleos urbanos que genera “una creciente demanda de viviendas y el hacinamiento en las ciudades”, a la vez que aumenta el número de casas vacías en zonas rurales. Según el Parlamento Europeo, estas son algunos de los motivos de un problema que crece en toda la región y que es especialmente serio en España.

“Una de las causas principales es el suelo. Se calcula que el precio de una vivienda corresponde en un 70% al precio de este y la demanda está muy concentrada en ciertas localizaciones”, explica Iván Auciello, experto en vivienda e investigador en la Universidad CY Cergy París. Si a eso se une que esos lugares de alta demanda son precisamente aquellos en los que no hay demasiada disponibilidad, la tendencia al alza está servida.

No son problemas distintos de los que aquejan a España, aunque al mirar las cifras surgen otras preguntas como por qué en España la vivienda se encarece más del doble que en Europa. De hecho, el crecimiento a doble dígito es la norma a nivel nacional desde el segundo trimestre de 2025. Si se toma el desglose por países, es el quinto país en el que más han subido los precios en el primer trimestre del año. Los cuatro anteriores son Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%).

La explicación, señala Auciello, no está en un único factor. "España ha recibido en los últimos años grandes flujos migratorios, más que otros países de Europa, pero tampoco el ritmo de construcción es adecuado", señala. Otro gran problema que agudiza la crisis a nivel nacional es el carácter turístico de España. "En un país donde la presión turística es mayor, las viviendas turísticas se desplazan hacia ese mercado. Esto último es común a otros países, como Portugal o Croacia, donde se observa un gran crecimiento de los precios", concluye.

La escasez del parque público de vivienda es un factor más a tener en cuenta, aunque aquí la Unión Europea identifica ese problema a nivel global. Según sus datos, la oferta de viviendas sociales en los centros urbanos no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico de los últimos años. En 2021 había alrededor de 14 millones de viviendas sociales en toda la UE, lo que representaba solo el 8% del parque de viviendas total. Y lo peor es que la tendencia es negativa: en 2010 había un 11%. Si miramos a España, las cifras son aún peores. El porcentaje de vivienda pública se sitúa en torno al 3,4%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria.

Y aquí entra en juego el factor de la despoblación y la concentración demográfica en centros urbanos. Un "desequilibrio" que lleva al "hacinamiento" en las ciudades y que dificulta la construcción de vivienda donde más se necesita. "A medida que las ciudades siguen atrayendo a personas para trabajar y estudiar, la población se concentra cada vez más en centros urbanos grandes y medianos. Mientras tanto, muchas zonas rurales se enfrentan a una despoblación constante", señala el informe del Parlamento Europeo.

Una de las cuestiones en las que se ha insistido en la UE es en la necesidad de reactivar la construcción. La fuerte demanda y la escasa oferta es el mantra que se repite en España para explicar la crisis inmobiliaria, pero también es un problema a nivel europeo. El análisis del Parlamento achaca este problema al lastre que dejó la crisis económica de 2008 y en el que también incidió la pandemia. "La crisis financiera mundial de 2008 provocó un importante descenso de la inversión en vivienda nueva. La pandemia de covid-19 ralentizó aún más la construcción residencial al interrumpir la concesión de licencias, retrasar la entrega de materiales y provocar escasez de mano de obra", recoge en su análisis el organismo europeo.

A nivel nacional, el ritmo de construcción también se ha desplomado en los últimos años, aunque las medidas para reactivar el sector han conseguido que empiecen a crecer poco a poco desde 2021 los visados de obra nueva. En 2025, último dato disponible, se solicitaron 139.016, un dato muy alejado de aquellos 860.000 que hubo en 2006, antes de la gran crisis.

Los datos publicados este jueves por Eurostat corroboran que el comportamiento de los precios a nivel europeo sigue caminando al alza. Su precio sube en todos los países del conjunto de los 27 con una única excepción: Finlandia. En todos los demás, incluida Austria, adalid del conocido modelo vienés que ha llevado la vivienda pública en Viena a niveles muy altos, los precios suben.

“¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?”, pregunta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). “La vivienda”, responde el 41,5% de la ciudadanía. Y es que el mercado inmobiliario es la principal preocupación de los españoles mes tras mes. Si se les interpela acerca de qué es lo que más les afecta personalmente, la respuesta es primero la economía y después, de nuevo, la vivienda. Pero lo que para la mayoría son desvelos, para el mercado es una oportunidad. Al menos, así lo presenta The District, la polémica feria inmobiliaria que reúne a bancos, fondos de inversión, socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, empresas que cotizan en bolsa y se dedican a comprar, rehabilitar y gestionar inmuebles para alquilarlos), inmobiliarias o lobistas relacionados con el sector de la vivienda y contra la que protestan los sindicatos y las asociaciones por el derecho a la vivienda. “Los participantes tendrán la oportunidad de identificar nuevas oportunidades, establecer alianzas y descubrir proyectos acerca del nuevo ciclo inmobiliario europeo”, reza una de las notas de prensa del evento.

Este miércoles se ha presentado en la Consejería de Vivienda de Madrid la edición de 2026, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre y que, por primera vez, se celebrará fuera de Cataluña tras cuatro años en Barcelona. En los últimos años, además de un evento para inversores, se había convertido en un foco de protestas en cuyas inmediaciones los movimientos de vivienda expresaban sistemáticamente la disonancia entre un mercado en ebullición y unos presupuestos familiares cada vez más tensionados por el gasto en vivienda. Allí hizo su aparición uno de los lemas más repetidos: “Fuera especuladores de nuestros barrios”. También allí comenzó a generarse un clima hostil para este tipo de eventos, que fueron reforzando su presencia policial.

El año pasado, la feria reunió a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año anterior) y 2.500 inversores internacionales de los principales fondos. Para la edición de este año, las entradas van desde los 175 euros por un acceso básico hasta los 1.493 euros del "pase platino", que cuenta con un descuento del 25%. Sin la rebaja, su precio es de 1.990 euros.

El evento abandonó Cataluña bajo el pretexto de explorar Madrid y al considerar que la capital era la puerta de entrada de inversores latinoamericanos porque ha apostado por atraer este tipo de actividad económica. Juan Velayos, el presidente de The District, se refería a la capital como un "contexto positivo" para la actividad inmobiliaria. "Así es como crece también una región", señaló por su parte Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al anunciar el pasado diciembre que la capital albergaría el evento en Ifema.

En estos años, las protestas contra la especulación se repitieron en casi todas las ediciones –incluso llegaron a lanzar polvos de colores a los asistentes– y la organización se quejó de falta de apoyos. Además, en abril del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jaume Collboni (PSC) retiró al evento una subvención nominativa de 250.000 euros que hasta ese momento le había otorgado el consistorio. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha señalado a infoLibre que The District no ha recibido ningún respaldo económico público. “No existe ninguna subvención nominativa ni de ningún otro tipo para este evento”, aseguran desde el área de Vivienda. “La presentación de hoy se ha celebrado en la sede de la Consejería de Vivienda sin coste para la Administración y no existe financiación pública autonómica del evento”, concluyen.

En su presentación inaugural en Madrid de este miércoles, en cambio, el salón del ladrillo ha tenido una acogida más calurosa y la sesión ha contado con la participación de varios representantes públicos. Álvaro González, delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, han participado en esta primera jornada. A juicio de Rodrigo, el evento “refuerza el atractivo de la región como destino para la inversión y reconoce el dinamismo de su mercado inmobiliario”. Y, aunque también habló de vivienda asequible, lo hizo para señalar que "el acceso a una casa se garantiza construyendo oportunidades".

En la sesión también participaron personas del ámbito de la consultoría y del sector inmobiliario. Un representante del fondo de inversión neerlandés Rockfield, con gran presencia en el ámbito de las residencias y que posee una cartera de activos en Europa de más de 2.500 millones de euros; un directivo de la empresa inmobiliaria cotizada Merlín Properties o la presidenta de ASPRIMA, la patronal de promotores inmobiliarios de Madrid. También participó Ricardo Martínez Rico, presidente y CEO de Equipo Económico. En cuanto a los temas que se debatían, estaba el alquiler de “oficinas y retail como motores de inversión” o la “inversión récord en un contexto incierto”.

La inversión y las cifras del sector ayudan a hacerse una idea de lo separados que están los puntos de vista en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda. Mientras una parte habla de "oportunidades" y cifras récord, la otra se queda rezagada en una crisis de acceso que se ceba con los jóvenes y multiplica la vulnerabilidad de quienes tienen menos ingresos.

Como ejemplo de estas dos realidades, cabe destacar que, por ejemplo, las seis principales socimis y promotoras casi duplican sus cifras en 2025 con un resultado neto agregado de más de 1.400 millones, frente a los 733 del ejercicio previo. Al mismo tiempo, los últimos datos señalan que el precio de la vivienda se disparó un 15,2% en el segundo trimestre, la tasa más alta en 20 años, según Tinsa. Otro dato que ayuda a medir la distancia entre los ciudadanos y el mercado lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística: en 2025 los hogares españoles dedicaron un 33,2% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros, un 5,8% más que en el año previo.

El horizonte que se dibuja es muy distinto según el lado del mercado desde el que se mire. Y en eventos como The District, donde las narrativas inversoras chocan tan abiertamente con el malestar social por la vivienda, la polémica parece servida.

Con las vacaciones a las puertas y un inicio de verano en temperaturas récord, la vivienda vacacional es objeto de deseo para algunos y una polémica agria para otros. Su incidencia en el precio de la vivienda la ha convertido en uno de los frentes sobre los que legislar para tratar de contener la crisis inmobiliaria y, en comunidades con alta presión turística, las manifestaciones y quejas de los vecinos son reiteradas. Pero ¿sabemos cuántas hay y cómo han evolucionado en estos años de crisis habitacional? A falta de que el Registro Único impulsado por el Gobierno funcione como herramienta efectiva, la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) es la mejor opción, aunque el mismo organismo admite que continúan afinando la metodología y los meses analizados han variado en los últimos años, lo que hace difícil establecer una serie homogénea.

"Los registros administrativos no recogen por sí solos toda la actividad existente; las plataformas de comercialización no ofrecen una información pública completa y estable; y las estadísticas disponibles responden a metodologías distintas", lamentaba la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en uno de sus informes.

En Madrid, Málaga, Canarias o Baleares, entre otras, las protestas de los vecinos se suceden y han llevado incluso a sabotajes hacia elementos vinculados con este tipo de negocios, como cajetines de llaves o pintadas en las inmediaciones de estos alojamientos. Muchas de estas acciones terminan compartiéndose en redes y alimentan un debate cada vez más enconado.

La intención del Gobierno era que el mecanismo de Registro Único sirviese para reunir en un mismo espacio la información de las comunidades autónomas y obtener una foto más precisa del fenómeno, pero la propuesta no cuajó. Aunque está aprobada, recientemente la Comunitat Valenciana la recurrió al considerar que invadía sus competencias, y el Tribunal Supremo declaró la nulidad de este mecanismo al considerar que el Estado carecía de competencia para establecer una regulación tan "exhaustiva".

Desde la asociación vecinal madrileña, su responsable de urbanismo y vivienda, Quique Villalobos, explica que el lema fundamental que se ha establecido entre los vecinos es que "las casas no son hoteles". Los motivos del malestar van "desde ruidos, sensación de inseguridad o deterioro de los elementos comunes en edificios que son para uso residencial", enumera Villalobos, hasta el impacto que tienen en los precios tanto de las casas como del resto de servicios que se ofertan en los barrios. "Eleva los precios de las viviendas, pero también deteriora el comercio de proximidad, haciendo que la renta de los locales suba y sustituyendo negocios de proximidad cotidianos por otros que aprovechan el tirón del turismo y pueden pagar más", señala.

La FRAVM ha denunciado pisos ilegales y están tratando de cuantificar su alcance de manera efectiva, pero no es sencillo porque "no existe una única fuente que mida de manera completa, homogénea y plenamente fiable el fenómeno", insisten.

La estadística experimental del INE se publica dos veces al año y se elabora haciendo un rastreo por las ofertas de los portales inmobiliarios como Booking o Airbnb, y eliminando después las duplicidades. En los últimos datos disponibles, relativos a mayo, constataba que este tipo de alojamientos se había reducido un 10,6% con respecto al quinto mes del año pasado: desde los 381.837, hasta los 341.001 inmuebles ofertados. Pero aunque la cifra es buena, la tendencia no refleja una reducción sostenida y, entre noviembre (último mes analizado) y mayo, este tipo de alojamientos había aumentado en 11.237.

La tendencia va cambiando, aunque el número de alojamientos de este tipo se ha reducido significativamente desde los máximos que se registraron en septiembre de 2024, cuando el organismo estadístico contabilizó 403.267. Pero, como suele ocurrir con la vivienda, los datos son escasos y las estadísticas aún tantean el terreno. De hecho, el estudio del INE es aún experimental y los meses que analiza han ido cambiando por decisiones metodológicas. Hasta 2025, el organismo lo hacía dos veces al año, durante los meses de agosto y febrero; desde entonces, los periodos de análisis son en noviembre y en mayo. La razón, explican a infoLibre, es que las reservas para verano se suelen hacer con meses de antelación a los periodos de mayor demanda turística. Así, como se puede ver en el gráfico, la serie cambia entre 2024 y 2025, dificultando la comparación.

La FRAVM también apunta que, aunque la estadística del INE es la única fuente de datos oficial, su alcance es limitado, ya que no distingue, por ejemplo, entre pisos completos o por habitaciones. Lo que sí tiene claro es que la "brecha de legalidad es muy elevada". Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, apuntan, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

La estadística del INE, aunque incompleta, sí resulta útil a la hora de generar una imagen general de las regiones con mayor número de viviendas de uso vacacional. En el mapa que aparece a continuación se puede ver cómo este tipo de alojamientos perfila la costa mediterránea, Madrid y ambos archipiélagos. También empieza a ganar terreno en la costa norte, sobre todo en Asturias y Cantabria. Pero por provincias, son Málaga (con más de 45.000 alojamientos detectados) y Alicante (con más de 32.000) las regiones que más sufren este fenómeno.

Si se observa la evolución por regiones, teniendo en cuenta los periodos comparables (desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2026), las caídas más acusadas en la oferta de este tipo de alojamientos se producen en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía o Madrid. Todas ellas regiones con gran peso de la vivienda turística y también con gran presión social para que se regule adecuadamente.

En julio de 2025, hace justo un año, entró en vigor el Registro y la Ventanilla Única con los que el Gobierno pretendía supervisar esta actividad económica. Al conocerse la última estadística del INE de mayo, que apuntaba a un descenso en el número de pisos turísticos, el Ministerio de Vivienda sacaba pecho de los datos y vinculaba la caída con la entrada en vigor de esta norma “que empodera a los vecinos para vetar este tipo de usos no residenciales de la vivienda”, señalaban en un comunicado. Sin embargo, la situación incierta de esta regulación tras la sentencia del Supremo, junto con la posibilidad de que muchos de estos alojamientos estén aún tramitando el permiso para poder seguir operando, hacen difícil establecer una causalidad directa.

La provisionalidad de los datos, las protestas ciudadanas, una demanda turística que no cesa y un mercado inmobiliario cada vez más tensionado han obligado al Gobierno a plantear nuevas medidas. Este lunes, PSOE y Sumar incluyeron en el nuevo decreto de vivienda una propuesta dirigida específicamente al negocio de los pisos turísticos: subir su IVA hasta el 21% para desincentivar su proliferación.

Por el momento, sin embargo, los augurios no son buenos para todos los trámites políticos que tienen que ver con la vivienda, y ni el anterior decreto destinado a prorrogar los alquileres ni las medidas que llaman a regular el mercado parecen tener el viento de cara.