La tarifa regulada de la luz es el precio de la electricidad fijado por el Gobierno bajo un sistema controlado, en lugar de depender completamente del mercado libre. Actualmente se conoce como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y bajo su paraguas se encuentran el 29% de los hogares en España. La intención de esta tarifa es dar más estabilidad a lo que cada usuario debe pagar a fin de mes, pero la Comisión Europea considera que este escudo socava la competencia a largo plazo y reduce los incentivos para que los usuarios adopten comportamientos que favorezcan la eficiencia energética. Por ello pide a España y a otros cinco países con la misma regulación (Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia), una hoja de ruta para su extinción con plazos definidos.

Además, para Europa la intervención en los precios puede actuar como un freno para la participación de los consumidores, ya que se observa que las tasas de cambio de suministrador suelen ser inferiores en los Estados miembros donde este tipo de intervenciones benefician a un mayor porcentaje de clientes. Otra de las razones que esgrime es el riesgo de crear ventajas indebidas para algunos suministradores. “Todas las empresas eléctricas deben disfrutar de igualdad de acceso a los clientes y la carga financiera de las intervenciones debe distribuirse de manera equitativa”, recoge el documento. Pero para las asociaciones de consumidores esta medida solo beneficiaría a las grandes empresas del sector.

Desde Facua critican la posición de Bruselas, ya que actualmente no existe una alternativa a la que los consumidores puedan acogerse. “Es ponerse del lado de las empresas que inflan precios y beneficios. Sería dejar a los consumidores sin una tarifa que les protege y que provocará un encarecimiento generalizado, porque la PVPC está, generalmente, por debajo de la tarifa del mercado libre”, señala su portavoz, Rubén Sánchez. 

Actualmente la factura eléctrica de un usuario medio con la tarifa regulada registró una caída del 14,5% en abril con respecto a marzo, tras la entrada en vigor de la rebaja del IVA al 10% y del impuesto especial de la electricidad al 0,5% dentro de las medidas del Gobierno para combatir el impacto del conflicto en Oriente Próximo. La guerra en Irán no afecta solo al petróleo y al gas, sino que llega al precio que pagamos por encender el interruptor, por ejemplo, a través de las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas), que trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. 

En España, los consumidores pueden elegir entre una tarifa PVPC, una de libre mercado, una tarifa plana o un bono social. Mientras que este último es un descuento de entre un 25% y un 60% (dependiendo del caso) destinado a familias numerosas, pensionistas o personas con rentas bajas, las otras tres modalidades son contratos con diferentes condiciones de cálculo de precio. El importe del mercado libre depende de las comercializadoras y estas pueden aplicar promociones o descuentos al precio de subasta diario. La tarifa plana, por su parte, supone pagar una cuota estable al mes, aunque a riesgo de que, si los precios bajan o su consumo es bajo, el usuario pueda estar pagando de más. 

Para Sánchez la cruzada de la Comisión Europea contra la tarifa regulada es un error, ya que quienes se vean expulsados de ella no necesariamente podrían acogerse al bono social y terminarían pagando más por la luz. "Seguramente habría un nuevo modelo, pero la inmensa mayoría terminaría en el mercado libre", concluye el portavoz de Facua.

No es la primera vez que Bruselas recomienda a España diluir la tarifa regulada. En 2024 ya había reclamado que se limitase su acceso solo a personas “vulnerables”. En 2025 la polémica continuó y en febrero de ese año la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, salió en defensa de mantener la medida. Aagesen señalaba entonces que el PVPC es una tarifa dinámica que se basa en precios de mercado, pero protege a los consumidores. Insistía además en que no se trata de una tasa fija que perjudique la competencia, sino que está sujeta al mercado mayorista. Además puntualizaba que los consumidores podían elegirla o no, ya que hay otras opciones a nivel nacional. 

En el informe conocido este martes, Bruselas vuelve sobre estos puntos. Señala que una tarifa controlada desdibuja los cambios de precio que pueden percibir los consumidores, por lo que desincentiva el cambio de compañía y también la competencia entre empresas. Aunque paradójicamente el mismo informe señala que en España el cambio de suministrador para mejorar la tarifa es algo habitual, con una tasa de rotación cercana al 20%. Además, señalan que los mercados regulados son menos atractivos para la aparición de nuevos operadores y no favorecen las ofertas.

En España, son cinco grandes compañías las que se reparten el mercado, con un 90% de los clientes domésticos adheridos a alguna de ellas. Son Iberdrola (33%), Endesa (32%), Naturgy (14%), Repsol (7%) y TotalEnergies (4%), por este orden, las eléctricas con mayor tamaño del mercado de hogares, de acuerdo con los datos de la CNMC.

Otro de los argumentos de la Comisión tiene que ver con la eficiencia energética, ya que una tarifa estable no incentiva a los usuarios a desplazar su consumo hacia las horas de menos coste, algo que ayuda, según ellos, a equilibrar el sistema.

Bruselas pide a España una hoja de ruta y plazos concretos para la finalización de esta tarifa que ahora beneficia a los hogares, pero también a las microempresas. Por el momento, el Ministerio de Transición Ecológica no se ha manifestado, aunque en el paquete de medidas para abordar la crisis derivada del conflicto de Irán apuntaba en la dirección contraria. Aagesen no descartaba en ese momento incrementar el bono social eléctrico, como ocurrió en los primeros momentos de la guerra de Ucrania.

Al cumplirse algo más de un año desde el apagón que dejó sin electricidad a todo el país, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha hablado este lunes en los Desayunos del Ateneo de Madrid de las causas, del curso de la investigación y del expediente que le ha abierto a varias compañías, incluida la que ella preside, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Corredor ha insistido en que la empresa que preside no tuvo nada que ver con el apagón, ya que "Red Eléctrica no genera energía, ni la compra, ni la vende" sino que se limita a poner la infraestructura y apuntó al fallo multifactorial como causa de la incidencia. Tambien señaló —ante las preguntas de los periodistas Guillermo Lerma (Cadena Ser), Paula de las Heras (Diario Sur) y Jesús Maraña (infoLibre)— que hubo otros actores que no procedieron como deberían, aunque evitó dar nombres. "Si todos los actores hubieran cumplido, el apagón no se habría producido"

Corredor es jurista, registradora de la propiedad en excedencia y fue ministra de Vivienda de 2008 a 2010. En ese año, pasó a presidir el operador de infraestructuras eléctricas que tiene un 80% de su capital en bolsa y un 20% en manos del Estado. Sobre la posibilidad de que se pudiese repetir un apagón, la directiva señaló que "si todos los implicados cumplen el sistema está totalmente protegido" y apuntó a las plantas de generación que tenían que controlar la tensión y "no cumplieron con la normativa".

Corredor utilizó un símil médico para explicar las causas del fallo y lo comparó con una arritmia que se desencadenó por alteraciones en la tensión de la línea. "Lo que ocurrió es que todas las plantas de generación que tenían que controlar esta tensión no cumplieron", concluyó. También quiso descartar que un informe previo emitido por la propia Red Eléctrica y publicado por el diario El Mundo el pasado viernes, pudiese explicar el apagón. En ese informe se recogía un episodio parecido y se pronosticaban posibles fallos futuros. Corredor señaló que ellos mismos habían aportado el documento a la investigación e insistió en que no eran episodios comparables. "El sistema cambia cada día y no se puede pensar que lo que pasa un día tenga alguna relevancia en otro", apuntó. También protestó porque, en su opinión, se estaba tratando de confundir a la opinión pública con "información descontextualizada y que induce a la confusión".

La presidenta respondió a las preguntas de los periodistas Guillermo Lerma (Cadena Ser), Paula de las Heras (Diario Sur) y Jesús Maraña (infoLibre). Sobre el reparto de responsabilidades y las posibles indemnizaciones, apuntó que ellos no podían dar los nombres de las nueve estaciones de generación que se desconectaron durante el momento del apagón porque no habían sido autorizados. "Hay un interés empresarial en preservar los nombres de estas empresas para evitar ventajas competitivas de los demás", señaló. También explicó que Red Eléctrica no ha contemplado provisiones extraordinarias para hacer frente a posibles multas o indemnizaciones ya que "los informes descartan la responsabilidad", remarcó.

Sobre si la CNMC debería tener más competencias para controlar a cada uno de los actores implicados en la generación, distribución y comercialización de la energía, Corredor volvió a insistir en que bastaría con que los actores cumplan con la ley.

Las energéticas señaladas por la CNMC son, ordenadas por número de procedimientos incoados: Iberdrola (7), Endesa (7), Naturgy (5), Red Eléctrica (1), Repsol (1) y Bahía Bizkaia Electricidad (1). Dos de los expedientes atribuidos a Endesa e Iberdrola corresponden a una investigación específica sobre las centrales nuclear de Ascó y Vandellós II, en Tarragona. En este punto, y preguntada sobre la seguridad del mix energético que incluye tanto renovables como nuecleares, la presidenta de Red Eléctrica apuntó que el mix energético "no había sido el problema" y que más del 70% de toda la energía en España procedía de las renovables.

Salvo Red Eléctrica, a todas las empresas se las acusa "presuntamente" de saltarse el artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, mientras que al operador se le investiga por incumplir presuntamente el artículo 64.25. La infracción del artículo 65.8 se considera "grave" según esa normativa, mientras que la 64.25 se tipifica como "muy grave". Este último, tiene que ver con "programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica (...) de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad", así como "proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada".

Las compraventas de viviendas encadenan cinco meses consecutivos a la baja, pero los precios no parecen darse por aludidos. La evolución mensual que elabora el Consejo General del Notariado muestra cómo desde octubre del año pasado las transacciones se van frenando, aunque los precios siguen sin contener su tendencia ascendente. En los datos que se han conocido este jueves se lee la misma tendencia a la baja que ya venía señalando el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada. Según las estadísticas notariales, la compraventa de casas descendió un 7,7% en febrero y "muestra un retroceso generalizado en España". De hecho, caen las operaciones en 14 comunidades autónomas. Pero los precios no parecen seguir la misma trayectoria que la demanda y suben en 12 autonomías, de forma que aumentan un 5,4% a nivel nacional. 

En el gráfico se puede ver cómo el importe de las casas se mantiene en positivo, creciendo unos meses más y otros meses menos, mientras que las transacciones habían pasado a territorio negativo ya en octubre de 2025 y se mantienen ahí. El mayor retroceso se produjo en enero, con una caída del 11% mientras los precios aumentaban un 9,3% en ese mes.

Aunque la estacionalidad y la acumulación de operaciones en determinados momentos pueden influir, lo cierto es que en los últimos datos ofrecidos por diferentes organismos, la tendencia que se observa apunta a que existen menos compras y el mercado empieza a dar señales mixtas. El INE recogía la pasada semana que durante el segundo mes del año las ventas habían caído un 0,5% con respecto al mismo mes de 2025.

Los datos, aunque paradójicos en un contexto de alta demanda donde la vivienda es un bien al que los ciudadanos no consiguen acceder, apuntan a una ralentización que habían previsto algunos informes. CaixaBank Research señalaba recientemente que el mercado se enfriaría en 2026 y 2027 y vaticinaba un frenazo del 6% para las compraventas de este año. La entidad lo achacaba a la escasez de oferta de viviendas asequibles y no a una caída de la demanda. Además, hablaba de un "cuello de botella en la oferta" que no se vería acompañado, como así está siendo, de una contracción de los precios.

La estadística notarial también recoge que el número de hipotecas concedidas se recuperó de la caída pronunciada que sufrió en enero (-7,1%) y aumentó muy ligeramente en febrero (0,2%). Lo que sí ha aumentado es la cuantía promedio de estos préstamos, que creció un 6,3% interanual, hasta los 175.904 euros. De hecho, no son buenos tiempos para quienes buscan una hipoteca. El euríbor, índice de referencia para estos productos financieros, cierra abril con un ascenso del 2,743%, por encima del 2,565% de marzo y 0,6 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. La guerra en Irán, la inflación y una política monetaria que probablemente vuelva a los tipos de interés elevados en junio, no parece que vayan a generar un entorno amigable para aquellas personas que busquen financiación en el corto plazo.

En el informe del Notariado señalan que los préstamos concedidos en febrero solo cubrían de media el 72,4% del coste de las viviendas adquiridas, por lo que para acceder a una vivienda en propiedad hay que disponer de un ahorro previo considerable. Además, la estadística también recogía que un 45,5% de las operaciones se realizaron sin recurrir a financiación.

Los problemas que plantea el mercado inmobiliario tienen muchas aristas, pero en los análisis esta contención de las compraventas obedece más a una falta de oferta y a unos precios desbocados que a una contención en la demanda. Pedro Álvarez Ondina, analista de CaixaBank Research, señala también que se podría estar dando un aplazamiento de las decisiones de compra debido a la incertidumbre geopolítica y económica. "Un eventual deterioro de la confianza de los hogares y de las empresas podría retrasar decisiones de inversión y moderar la demanda residencial", señala en un artículo.

Al endurecimiento de las condiciones del crédito se suma el hecho de que los presupuestos familiares se quedan atrás con respecto a la evolución de los precios. Mientras que los salarios, descontado el efecto de la inflación, han crecido un 0,8% entre 2024 y 2025 si nos atenemos a lo pactado por convenio; la vivienda, por su parte, cerró el año pasado con un incremento del 13,1%, según los datos de valor tasado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Si bien todos los análisis insisten en que la falta de oferta o de stock de vivienda, otro elemento que hace que la demanda se contraiga, no es la falta de compradores sino las dificultades de la gran mayoría de las personas para acceder al mercado. "El episodio actual parece caracterizarse menos por una expansión exuberante del crédito y más por una retracción en la oferta en un contexto de demanda robusta", recoge un análisis del centro de estudios Fedea y BBVA Research. Es decir, el crédito no se regala pero las expectativas de rentabilidad del mercado y el aumento del número de hogares mantienen en tensión la demanda.

En los datos del Notariado las comunidades autónomas que han bajado más en número de compraventas son las Islas Canarias (-21,0%), Navarra (-19,2%) e Islas Baleares (-18,6%), mientras que estas operaciones solo aumentan en tres regiones: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%). Curiosamente, son los mercados periféricos los que crecen, ya que los altísimos precios en los grandes mercados como Madrid, Cataluña o las islas están propiciando que la gente tenga que desplazarse para poder comprar.

De la evolución de estos indicadores dependerá si esta tendencia de contracción en las compraventas termina siendo el primer frenazo del mercado inmobiliario o un descanso puntual. Por el momento, la construcción de vivienda nueva ha ido creciendo tímidamente, aunque todos los expertos coinciden en que no lo suficiente como para que se note ya en los precios. Por ejemplo, los visados de obra nueva crecen desde los 109.483 de 2023, hasta alcanzar los 139.016 en 2025. Una tendencia positiva, pero muy alejada de los más de 860.000 visados que se solicitaban en 2006.

El juicio tecnológico del momento y, tal vez, el que marque el devenir de la inteligencia artificial comenzó esta semana en Oakland, con jurado popular y con el morbo, para muchos, de ver a los que fueron amigos —Elon Musk y Sam Altman— enfrentarse por una ingente cantidad de dinero. 

El fundador de Tesla reclama a OpenAI 130.000 millones de dólares por fraude y daños después de haber donado “como un idiota” —así se ha definido— 38 millones de dólares a la organización que, por aquel momento, se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro. “Un laboratorio abierto, transparente y orientado al bien común”, decían de la matriz de ChatGPT a la que Musk acusa de traición y a la cúpula de la compañía de haber “saqueado una obra caritativa” y transformado ese proyecto altruista en una empresa que vale más de 800.000 millones de dólares.

El juicio, pese a ser tan mediático, ha sido asignado de manera aleatoria a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien tiene su sede en el tribunal federal Ronald V. Dellums en Oakland. 

La ciudad, con mucho menos glamour, que su vecina San Francisco, será, durante un mes, el centro de las miradas, por allí pasarán Elon Musk, Sam Altman y otros expertos en IA como Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, o varios ex OpenAI como Shivon Zilis que, además, es madre de cuatro de los hijos de Elon Musk. 

Corría el año 2015 cuando un joven Sam Altman se reunía con Elon Musk convencidos de que podrían crear una inteligencia artificial generativa que podía cambiar el mundo, una especie de ‘Proyecto Manhattan’ de la IA. La idea que ambos tenían era “crear un laboratorio abierto, sin ánimo de lucro”, que sirviera de contrapeso a los gigantes de Silicon Valley como Google.

A Musk le interesó el proyecto y puso el dinero —esos 38 millones, según su defensa— y Altman asumió el liderazgo operativo y la imagen pública del proyecto. La promesa, tal como lo ha resumido Musk ante el jurado, era sencilla: nada de accionistas, nada de enriquecerse, todo “por el bien de la humanidad”. 

Pero la realidad ha sido muy distinta. A medida que OpenAI fue creciendo y ganando fama con su ya ‘archiconocido’ ChatGPT, ha ido incorporando una estructura comercial con la entrada de inversores privados hasta el desembarco de Microsoft como parte del accionariado. Ahí todo cambió. 

La intención de salir a Bolsa por parte de OpenAI ha desatado la ira de Musk que ha visto cómo el proyecto que él abandonó en 2018 ha ido creciendo. Para el magnate y amigo de Donald Trump, su papel en la compañía durante esos años, hace ya una década, era financiar una especie de “hospital público” de la IA y sus antiguos socios lo han convertido en una clínica privada de lujo.

Musk, convertido en el adalid de la beneficencia, reclama a los fundadores de OpenAI los 130.000 millones de dólares por “enriquecimiento injusto” y asegura que ese dinero lo reinvertirá en la rama no lucrativa de la compañía. 

Además, el fundador de Tesla y exconsejero del Gobierno estadounidense pide que Sam Altman y Greg Brockman abandonen la dirección de OpenAI y se revierta el giro empresarial de la compañía para volver a los orígenes de su fundación: un laboratorio tecnológico abierto. Musk intenta que su queja vaya más allá del ‘me traicionaron a mí’ hasta el ‘han traicionado a la humanidad’.

La pregunta de fondo es si un donante puede obligar a una organización a retroceder una década en su historia. Y ahí es donde los juristas empiezan a enfriar esa posibilidad y el origen de toda esta batalla entre quienes un día fueron amigos. 

Especialistas en Derecho de fundaciones consultados por Politico recuerdan que, en general, cuando alguien dona dinero a una entidad sin ánimo de lucro deja de tener control sobre ese dinero: si años después no le gusta el rumbo que ha tomado, su opción suele ser dejar de donar, no exigir en los tribunales que cambie de rumbo. 

Musk alega que OpenAI le engañó y lo que entregó fue un cheque firmado bajo promesas concretas que se han incumplido. Una de las pruebas que ha aportado el también dueño de X es el diario de Greg Brockman en el que ya en 2017 se valoraba “librarnos de Elon” y conseguir “1.000 millones de dólares”.  

La parte acusada, OpenAI, alega que todo esto que presenta Musk es una “lectura interesada” y que la compañía sigue teniendo una parte sin ánimo de lucro dentro de la estructura empresarial. Además, los abogados de la defensa aseguran que nunca prometieron a Musk, ni a ningún otro donante, que no habría una estructura con ánimo de lucro y que él mismo, en correos internos, alentó la idea de atraer capital externo.

Además, la compañía que preside Altman insiste en la demanda de Musk responde a una venganza porque quiso controlar OpenAI, se marchó cuando vio que no pudo, montó otra empresa competidora, xAI, y, ahora, quiere deshacer lo conseguido por su rival para intentar comprar una parte de la empresa a la que en su día financió.

Los abogados de Musk intentan dibujarle como un donante ingenuo pero con buenas intenciones, preocupado por la seguridad de la IA y sorprendido al descubrir que la gran obra benéfica que sufragó se convertía en una máquina de hacer dinero. 

La defensa insiste en que Musk es un hombre dolido, pero sus declaraciones mostraron su megalomanía. Pese a autodenominarse “idiota” por la donación, insistió en que “sin mí, OpenAI no existiría” y que la fama y reputación de la compañía fueron en parte gracias a él.

En el otro lado, OpenAI que intenta demostrar ante las nueves personas del jurado que Musk no es de fiar, que creó su propia compañía de IA, xAI, y que la desaparición o regresión de la de Altman provocaría un vacío de mercado que llenaría la compañía del exconsejero de Trump y que su ego ha provocado más de una crisis en sus empresas.

Fuera de la sala de la jueza Gonzalez, organizaciones y analistas señalan que, en un país donde el Congreso se mueve con mucha lentitud ante los avances en IA, estos juicios civiles se han convertido, de facto, en una de las pocas vías para obligar a estas empresas a abrir sus correos, sus informes internos y sus decisiones estratégicas al escrutinio público.

En cualquier caso, el jurado tendrá que decidir si la historia que mejor encaja con las pruebas es la de un donante engañado por una élite codiciosa o la de un empresario que no acepta haber perdido la carrera por dominar la inteligencia artificial, como defiende OpenAI.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea (UE) de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que, como consecuencia de ello, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque comunitario, según informa Efe.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump insistió en que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EEUU, no se aplicará ningún arancel".

No está claro bajo qué autoridad elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EEUU. Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que EEUU exporte la mayoría de los suyos al 0%.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia, de soberanía danesa.

Hay una brecha salarial que ya no cabe en una nómina. En España, un director general de una gran empresa gana en un año lo que una persona trabajadora con sueldo medio tardaría casi un siglo en cobrar.

Según el informe Working for the rich. The Growing Divide Between Workers and Fat Cats, elaborado por la ONG Oxfam Intermón y la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo de la reivindicación del Primero de Mayo, la remuneración de los directores generales de las mayores empresas del mundo creció en 2025 un 11% en términos reales (descontando el efecto de la inflación), frente al 0,5% del salario real medio de las personas trabajadoras. Es decir, aumentó 20 veces más rápido.

El análisis estudia 1.500 grandes firmas de 33 países y concluye que un alto directivo ganó de media 8,4 millones de dólares en 2025, entre salario y bonificaciones. Una persona trabajadora media necesitaría 490 años para alcanzar esa cantidad.

La brecha se agranda al observar los últimos años: entre 2019 y 2025, los salarios reales de las personas trabajadoras cayeron un 12%, mientras que la remuneración de los directores generales aumentó un 54%. Según Oxfam y la CSI, esa pérdida equivale a haber trabajado 108 días sin cobrar desde 2019.

En España, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas aumentó un 16% en el último año. En 2025, esos altos directivos ganaron 98 veces el sueldo medio del país.

“La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanza unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales”, señala Miguel Alba en el informe, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam.

La organización enmarca estos datos en una economía en la que el valor generado se reparte cada vez menos entre quienes trabajan y cada vez más entre accionistas, directivos y grandes patrimonios: desde 2019, la productividad global ha aumentado un 9%, mientras los salarios reales han caído un 12%.

El informe también pone el foco en los dividendos. Oxfam y la CSI identificaron las carteras de inversión de cerca de 1.000 multimillonarios, y calcularon que en 2025 recibieron 79.000 millones de dólares en dividendos, unos 2.500 dólares por segundo.

De media, un multimillonario ganó más en dividendos en menos de dos horas que lo que una persona trabajadora percibe con su salario durante todo un año. Entre los mayores pagos figuran Bernard Arnault, propietario de la cadena de bienes de lujo LVMH, con 3.800 millones de dólares, y Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 3.700 millones.

Estos datos muestran que los beneficios empresariales no solo remuneran la inversión, sino que concentran poder económico en manos de una minoría. La riqueza de los milmillonarios alcanzó en 2026 un nuevo máximo histórico tras aumentar cuatro billones de dólares en únicamente 12 meses.

En España, la riqueza de los multimillonarios creció un 29,5% en el último año y equivale ya al 13,8% del PIB. En 2026 hay 44 multimillonarios, nueve más que en 2025, mientras la riqueza neta media de los hogares creció apenas un 3% entre finales de 2022 y finales de 2024. 

La concentración de riqueza también se refleja en la organización del trabajo. Oxfam presentó en 2024 una denuncia ante Naciones Unidas contra Amazon y Walmart por presuntas vulneraciones de derechos humanos vinculadas a vigilancia laboral, lesiones, presión sobre los ritmos de trabajo y obstáculos a la organización colectiva. 

Otro informe de la ONG, At Work and Under Watch: Surveillance and Suffering at Amazon and Walmart Warehouses, señala que el 72% de los trabajadores de almacén de Amazon y el 67% de los de Walmart afirmaron que la velocidad a la que trabajan es medida en detalle por tecnología de la empresa “siempre” o “la mayor parte del tiempo”.

El mismo documento recoge que el 75% de los trabajadores de Amazon y el 74% de los de Walmart dijeron sentir presión para trabajar más rápido. Más de la mitad aseguró que el ritmo de producción les dificulta ir al baño, y alrededor de la mitad declaró sentirse quemado por el trabajo.

Este informe, vinculado directamente al de los altos directivos y sus sueldos, muestra que la desigualdad no aparece solo en el reparto de salarios, bonus y dividendos. También se construye durante la jornada laboral, en la capacidad de una empresa para imponer ritmos, medir pausas, debilitar la organización colectiva y trasladar beneficios hacia arriba. 

Oxfam Intermón y la CSI sostienen que el problema no es solo económico. La acumulación extrema de riqueza también aumenta la capacidad de los superricos para influir en la política, los medios de comunicación y las reglas del mercado.

El informe cita la séptima ola de la Encuesta Mundial de Valores, correspondiente al periodo 2017-2022, para señalar que una parte relevante de la ciudadanía percibe que los ricos tienen capacidad para condicionar elecciones en sus países. 

La CSI desarrolla esta idea en Corporate Underminers of Democracy 2025, donde identifica a varias grandes compañías como ejemplos de poder corporativo que, según la organización, vulnera derechos sindicales y humanos, concentra poder industrial y ejerce una intensa presión política.

La confederación incluye en esa lista a Amazon, Meta, SpaceX, Palantir, Anduril, Northrop Grumman y Vanguard, y las presenta como síntomas de un fenómeno más amplio: grandes corporaciones que protegen sus beneficios mientras debilitan derechos laborales y mecanismos democráticos.

“Este análisis pone al descubierto cómo una élite económica está capturando la democracia y sus consecuencias para la clase trabajadora”, afirma Luc Triangle, secretario general de la CSI en el documento. A su juicio, las grandes corporaciones debilitan la negociación colectiva mientras altos ejecutivos y accionistas se apropian de una parte creciente de la riqueza generada. 

Ante este escenario, Oxfam y la CSI reclaman una mayor fiscalidad sobre las grandes fortunas, límites vinculantes a la remuneración de los directores generales, actualización de los salarios mínimos conforme a la inflación y fortalecimiento de la negociación colectiva.

También plantean reforzar los cortafuegos entre riqueza y política, con normas más estrictas sobre financiación de campañas, presión de los lobbies y concentración mediática. La idea de fondo es que, cuando el dinero se concentra, también se concentra la capacidad de decidir.

“Estas medidas, además de redistribuir los ingresos, pueden crear economías que recompensen el trabajo, inviertan en las comunidades y hagan rendir cuentas a los poderosos”, defiende Alba. 

El Primero de Mayo suele hablar de empleo, salarios y derechos laborales. El informe añade otra pregunta: ¿Quién se queda con la riqueza que produce el trabajo? Y su respuesta es clara: cada vez más, quienes están arriba corren a una velocidad que el resto no puede seguir. 

Estirar un sueldo de forma que cubra las necesidades del mes y permita ahorrar para planear una trayectoria vital no es tarea fácil para la mayoría de los ciudadanos. Los tropiezos principales con los que se encuentran los trabajadores son la vivienda, los problemas de índole económica y la calidad del empleo, de acuerdo con el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El contexto económico tampoco ayuda, porque España está a la cola en ganancia de poder adquisitivo con respecto a sus vecinos europeos: según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo,  la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Si se mira la estadística de salarios pactados por convenio, la cifra de poder adquisitivo mejora ligeramente, hasta un 0,8%. Pero estas cifras no reflejan el impacto de la vivienda, que al cierre de 2025 su precio se había disparado un 12,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres subían un 8,5%, según el portal inmobiliario Idealista.

En este mar de números y porcentajes que se discuten constantemente emerge la realidad de millones de personas que ven cada vez más condicionado su día a día. Las nóminas que no crecen van minando la calidad de vida y la vivienda no ha hecho más que añadir tensión a este problema.

Rufina Parra y su marido viven en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid junto a uno de sus hijos. Pagan por un semisótano "interior con humedades" 850 euros al mes. Ella es asistente de ayuda a domicilio y tiene una nómina de 1.100 euros; él es conserje desde hace dos décadas y gana 1.600 euros. "Mi marido sí ha tenido subidas de sueldo, pero yo nunca he tenido un aumento. Si quiero ganar algo más, solo me queda completar con otro trabajo", explica. A su salario congelado se suma el problema de la vivienda. "Hace dos años pagábamos por 75 metros cuadrados alrededor de 570 euros", explica. Ahora tratan de mantener a su hijo en casa "para que él pueda ahorrar algo mientras estudia" y ellos mantienen un pulso con Alquiler Seguro para que no les eche por negarse a pagar cláusulas abusivas. Se aferran a lo que tienen porque con sus salarios no están convencidos de poder conseguir otra casa si pierden esta. "Es una situación rocambolesca. Ya no se puede acceder a una vivienda en condiciones decentes porque, aun trabajando, no nos la podemos permitir", concluye.

Se habla de precariedad cuando los ingresos económicos que se perciben en el trabajo no cubren las necesidades básicas y se genera una situación de inseguridad y falta de estabilidad vital. Y aunque hay muchos factores dentro de este término, la vivienda está desde hace tiempo en el centro del problema. Como se observa en el gráfico, la curva del índice de precios de la vivienda que ofrece el INE lleva una década sin dar tregua y la fiebre inmobiliaria ha llegado a hacer mella en una de las metas aspiracionales más arraigadas en España: tener una vivienda en propiedad. De acuerdo con el Banco de España, este indicador lleva tiempo tendiendo a la baja. En 2020, un 73,9% de los hogares vivía en un espacio propio; en 2022, un 72,1% y en 2024, un 70,6%. El pico se llegó a alcanzar en 2011, con un porcentaje cercano al 90%. Es una dinámica natural en un contexto de precios desbocados que ha desplazado la demanda hacia el alquiler. El problema es que el alquiler también se está separando vertiginosamente del poder adquisitivo de las familias y las nóminas no consiguen seguir el ritmo del mercado. Esto hace imposible, por ejemplo, ahorrar para la entrada de un piso y genera un círculo vicioso de difícil solución.

Cuando se trata de comprar una casa, escalar esta curva cada vez es más complicado. Y ese problema se agudiza entre los jóvenes, que generalmente ganan menos que el resto de trabajadores. Una dinámica que ha llevado a España a tener una media de emancipación de 30 años, casi cuatro puntos superior a la media de la Unión Europea. Un informe del sindicato UGT señala que el coste del alquiler medio de un piso de 60 metros cuadrados en Madrid y Barcelona —dos de las capitales más caras de España— es superior al sueldo neto íntegro de los convenios pactados en hostelería, comercio o sector agrario.

Otro gran problema es que, entre los hogares de menos renta, el bocado que se lleva de sus ingresos un bien básico como la vivienda es desproporcionado. Ni el pago de una casa, ni el gasto en alimentación son cosas que se puedan eludir, así que si su precio sube de forma acusada, el margen de maniobra de los presupuestos familiares desaparece. El 20% de los hogares con menor gasto, denominados en la estadística como el Quintil 1, dedicaron el 60,2% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, la luz y la alimentación. En cambio, entre el 20% de hogares con más poder adquisitivo, el Quintil 5, dedicaron un 40%. 

Mamen de la Llave vive en Madrid, tiene 66 años y acaba de jubilarse después de una vida trabajando en el sector de la limpieza. También acaba de hacerlo su marido. Su pensión, de en torno a 1.300 euros, se le va casi al completo en pagar un alquiler que ya está en 1.125 euros (empezó pagando 560 euros al mes en 2006). Pero acaban de toparse con las reglas del mercado: el fondo de inversión Blackstone, a través de Fidere, está empezando a pedir rentas más elevadas y a no renovarles los contratos. Las subidas, llegan a alcanzar los 500 euros al mes para quienes se quieren quedar. “Se llevarían mi pensión completa y tendríamos que coger una parte de la de mi marido. Esto sin contar la luz, el agua, la calefacción, el teléfono. Sin contar lo que ha subido todo”, relata. Enumera con precisión cómo se va disolviendo su renta, aún más de lo que lo hacía su salario, porque la incertidumbre es absoluta y la incredulidad ante la inacción política es algo que comparte con muchas personas en la misma situación.

“Para esta gente no somos personas, somos activos, números que se pueden exprimir cada vez más”, señala. Esa inercia de apurar la rentabilidad del mercado, que se suele cuantificar en porcentajes y tendencias, personas como Mamen la ven aterrizar en sus vidas en forma de pobreza. “No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No me cabe en la cabeza que tumben una ley para que esta gente gane un poco menos. No te imaginas la rabia y la impotencia de que hayas estado trabajando toda tu vida pero no puedas ahorrar ni darte un pequeño capricho”, resume. Aunque lo cierto es que la evolución de los precios hace que cada vez más gente pueda imaginarlo porque, de hecho, lo están viviendo.

Alejandro García-Gil es responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam en España. Lleva tiempo siguiendo el rastro de la precariedad laboral y señala que la tasa de pobreza laboral se situó en 2024 (último dato disponible) en el 11,6%, una décima menos que en el año previo. "Aunque ha descendido, este resultado es un fracaso del mercado laboral", señala. "Con la mejora constante del empleo y de las cotizaciones que estamos viendo, que la pobreza no baje más es un fallo del sistema", concluye.

Pero ¿dónde se sitúa ese umbral de pobreza? Para un hogar unipersonal la línea roja son 12.220 euros anuales o 1.018 euros mensuales de salario. Para una familia de cuatro miembros la cifra sería de 25.662 euros anuales o 2.138 mensuales. "Puede parecer un salario digno, pero es insuficiente para cubrir las necesidades de cuatro personas", señala García-Gil. En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el año pasado y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 24.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 17.094 euros brutos anuales.

Aunque en estos dos años los datos pueden haber variado, la mayoría de los trabajadores se agrupan en el rango bajo de la tabla salarial y una variación tan drástica en los precios de un bien básico como la vivienda desconfigura todo lo demás.

El escaso crecimiento de los salarios es un asunto del que se ha hablado también desde el Gobierno. En febrero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigía a los empresarios y les pedía que subieran las retribuciones. "Que nadie diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie diga que no hay margen cuando la economía avanza", señalaba en el acto donde se anunció la subida del salario mínimo.

Los trabajos parciales y aquellas personas que no están a jornada completa o que sufren más la estacionalidad —normalmente vinculados a la hostelería, el campo o la construcción— son los más expuestos a la pobreza laboral, señala el investigador de Oxfam.

"Hemos observado que la carencia material severa ha mejorado mucho, pero la que no mejora es la que está justo por encima. Es decir, que el aumento del coste de la vida está afectando a las clases medias y medias bajas. En cambio, mejora entre las personas más vulnerables, seguramente por el incremento del salario mínimo y por el ingreso mínimo vital", explica. En su opinión, esto se debe a que los sueldos por convenio, aunque suben, no lo hacen con suficiente intensidad, lo que provoca una mayor vulnerabilidad ante situaciones sobrevenidas.

Además, al introducir la variable de la vivienda se produce otro fenómeno: "La pobreza en general se ha reducido en dos décimas, estaba en el 19,7% y ahora está en el 19,5%. Ha bajado para todos los hogares indistintamente del tipo de vivienda en la que residan, excepto para quienes viven de alquiler a precio de mercado", señala García-Gil. En este último caso, la tasa de pobreza se elevó ocho décimas.

"Si no te queda sueldo después de pagar el alquiler, vienen de la mano otras renuncias, como la imposibilidad de tener una dieta sana, de poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano", concluye el responsable de Oxfam. Viene la asfixia económica que narran Rufina Parra o Mamen de la Llave y que amenaza con dejar atrás a cada vez más trabajadores. 

Los elevados precios de la vivienda —para su compra o alquiler— se han convertido en los últimos años en uno de los principales problemas para la ciudadanía. El encarecimiento de los inmuebles está dificultando el acceso a una vivienda digna para muchas personas e impide cambiar de casa a quienes desean hacerlo. El Instituto Nacional de Estadística publicó este lunes los datos de un módulo especial de la Encuesta de Condiciones de Vida centrado en las dificultades de acceso a la vivienda.

La encuesta revela que el 7,4% de la población gallega, unas 175.000 personas, buscó “activamente” vivienda durante el pasado año sin llegar a cambiar de residencia. El principal motivo (el 71%) fue su elevado precio, de modo que unas 125.000 personas que querían mudarse finalmente no lo hicieron por esta razón.

Los restantes motivos fueron determinantes en muchas menos ocasiones: alrededor del 4% de las personas que buscaban vivienda no se mudaron porque los inmuebles que encontraron no cumplían con los requisitos mínimos y un porcentaje similar no lo hizo por encontrar que ellas mismas no cumplían con las condiciones exigidas. Otro 21% alegó otras razones para no cambiar de casa.

En los datos publicados por el INE llama la atención que Galicia es la segunda comunidad en la que el precio elevado fue más determinante a la hora de impedir estos cambios de residencia, solo por detrás de Baleares (76%) y por delante de Madrid (70%) y por encima de la media española (67%).

Galicia no es uno de los territorios con la vivienda más cara, pero en esta estadística el indicador del precio gana peso al ser menos importantes otros motivos relacionados con las características de los inmuebles o con la falta de “condiciones necesarias” en las personas interesadas en ellos.

La mayor parte de los datos publicados por el INE no están segmentados por territorios, por lo que no es posible ofrecer información específica sobre Galicia. Sin embargo, los indicadores generales muestran que son las personas entre 30 y 44 años las que más buscan vivienda (el 14,9% intentó mudarse durante el pasado año), por delante de las más jóvenes de 16 a 29 años (9,6%) y de las que tienen entre 45 y 64 años (6%). Las y los mayores de 65 prácticamente no buscan vivienda (solo el 1% lo hizo el pasado año).

La dificultad en el acceso a la vivienda es más importante entre la juventud, que en muchos casos no tiene posibilidad de emanciparse y marcharse de la casa de sus padres y madres. La encuesta revela que en el conjunto del Estado el 67% de los jóvenes entre 18 y 34 años viven aún en el hogar familiar: el 93% entre los 18 y los 25 y el 44% entre los 26 y los 34. Más los varones que las mujeres.

Entre los 26 y los 34 años el principal motivo (35%) es el precio, pues las personas de estas edades no se pueden permitir alquilar o comprar una vivienda propia.

La idea de aumentar la carga impositiva a las rentas que vienen del ámbito inmobiliario o de penalizar los inmuebles vacíos está sobrevolando últimamente el ámbito político. De hecho, la fiscalidad es una de las recetas a las que se apela desde la izquierda a la hora de buscar soluciones a la fiebre inversora que mantiene el mercado en ebullición. Desde la derecha, en cambio, la receta pasa por retirar carga impositiva, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA de la construcción, la renovación y el alquiler residencial. Pero ¿cómo es en realidad el marco fiscal? 

"En España la vivienda no está poco gravada, sino gravada de forma fragmentada y poco coherente. Es decir, no existe un único impuesto sobre la vivienda, sino varios tributos que operan en distintas fases (adquisición, tenencia y transmisión), sin responder siempre a una lógica clara desde el punto de vista hacendístico", señala Jorge Onrubia, doctor en Economía y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Esos desequilibrios se pueden constatar en el hecho de que, por ejemplo, "España grava de forma relativamente intensa la adquisición de vivienda (a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, IVA y Actos Jurídicos Documentados), mientras que la tenencia (IBI) tiene, en términos comparados, un peso más moderado", apunta el profesor. Esto, puntualiza, hace que se penalice fiscalmente el acceso.

El mapa que se puede dibujar tiene muchos detalles, pero el economista Miguel Artola, de la Universidad Carlos III de Madrid, coincide con Onrubia en que la fiscalidad nacional presta una especial atención al momento de las transacciones y se fija menos en el componente de riqueza que supone poseer activos inmobiliarios. "El grueso de la fiscalidad recae sobre las transacciones. Invertir en vivienda tiene sentido porque, una vez que compras, pagas pocos impuestos. Es decir, pagas mucho en el momento de la transacción, pero poco a la hora de explotarla o disfrutarla", coincide Artola. De ahí que las propuestas para gravar estas segundas residencias estén cobrando protagonismo.

Un estudio reciente elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ministerio de Consumo señalaba que más de la mitad (52,8%) de los caseros de España que no son personas jurídicas, tienen dos o más inmuebles de los que obtienen rentas. El 47,2% restante solo posee una. El dato rompe con la idea de que la mayoría de arrendadores solo posee una casa y refuerza la idea de que hay una cierta profesionalización en el sector. Si a la cuenta se incorporan empresas y fondos de inversión, el porcentaje de los considerados como multiarrendadores aumenta: son un 60,8%. 

El informe llegó en pleno debate sobre si un eventual endurecimiento sobre la fiscalidad en el ámbito inmobiliario lograría generar un efecto de redistribución de riqueza y echó más leña al fuego del descontento social. Una veda que abrió el alcalde de Nueva York cuando anunció que impondría una tasa a las segundas residencias de más de cinco millones de dólares. Para Artola, no es fácil establecer una comparación, pero sí explica que en Estados Unidos el peso de la fiscalidad recae sobre la propiedad anual mantenida en el tiempo y no se centra tanto en el momento de la adquisición.

El debate pivota sobre la necesidad de gravar las rentas que proceden de la actividad inmobiliaria de forma justa. "La manera en que se refleja la propiedad de la vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ahora mismo es muy deficiente, ya que las segundas residencias que entran en el IRPF lo hacen por su renta catastral, cuya valoración es mucho más baja, generalmente, del valor real", explica. Para él, la lógica detrás de la propuesta de Más Madrid, centrada en crear un IBI progresivo, podría resultar eficiente si además se incluyen de manera más clara estas posesiones en el IRPF, facilitando la discriminación entre rentas altas y rentas bajas a la hora de aplicar la carga tributaria.

Aunque este nuevo modelo de IBI plantea situaciones problemáticas. "El IBI presenta limitaciones importantes como instrumento redistributivo, ya que grava un activo concreto (la vivienda) y no la renta o la riqueza total. Esto puede generar situaciones problemáticas desde el punto de vista de la equidad, por ejemplo, en el caso de contribuyentes con ingresos bajos pero con viviendas de elevado valor (personas mayores sobre todo, que tienen viviendas, pero su renta está limitada por las pensiones que cobran)" puntualiza Onrubia.

Al analizar la situación fiscal de caseros e inquilinos, también se dan diferencias. "En cuanto a la vivienda en alquiler, el propietario tributa en el IRPF por los rendimientos obtenidos, si bien el sistema incorpora incentivos relevantes (como la reducción sobre el rendimiento neto en alquiler residencial, de un 60%) y la deducción de gastos. En este sentido, puede decirse que el sistema fiscal español sí contiene elementos que favorecen el alquiler, aunque con bastante complejidad normativa", explica Onrubia. Sin embargo, matiza que, por el lado del inquilino, "los incentivos fiscales son hoy mucho más reducidos" y se "restringen a propuestas de ámbito autonómico".

Para hablar de este marco fiscal, el doctor en economía e investigador de Funcas, Ignacio Ezquiaga, pone el foco en la fiscalidad de los suelos. Para él, tocar la fiscalidad de los caseros particulares en un momento como el actual puede resultar contraproducente. "Las viviendas vacías son difíciles de reconocer porque no hay un registro y nunca está muy claro cuán vacías están", explica. Sin embargo, apretar la fiscalidad penalizando que se retengan suelos urbanos sin construir, apunta, tendría más efecto y se evitaría el riesgo de que el casero repercutiera la carga impositiva en el inquilino.

En su caso, en vez de poner el foco sobre las casas vacías, propone utilizar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para sancionar a los grandes fondos que mantienen suelos urbanizables paralizados e incentivar, con bajadas en el IVA sobre las transacciones entre promotores y gestores de alquiler asequible, a quienes pongan vivienda en el mercado cumpliendo con lo que requiere el Plan Estatal de Vivienda. "Muchos fondos de inversión tienen promociones y suelos a medio construir. Muchos de ellos comprados sin pagar porque eran activos tóxicos de la crisis inmobiliaria y que permanecen arrinconados y en los que se podrían construir hasta dos millones de viviendas. Si esos fondos pagasen un IBI más alto, los soltarían o los construirían", señala. Lo que no tendría sentido, matiza, son las bajadas generalizadas de IVA "cuando lo que se necesita es más vivienda a precio asequible".

En cuanto a las rentas del alquiler, ambos expertos señalan que las desgravaciones a las que tienen acceso los caseros son amplias y la iniciativa de limitarlas a aquellas personas que ofrezcan alquileres asequibles es una condición clave. "Se pueden desgravar las obras que haga en el piso, los gastos de gestión de las agencias, gastos de comunidad, seguros...", enumera Ezquiaga. En el lado del inquilino, explica, están exentos de pagar IVA.

Mientras las propuestas para gravar los beneficios del mercado inmobiliario aterrizan, la evidencia que gana peso es que la especulación inmobiliaria empeorará aún más la distribución de la riqueza. "El problema de la vivienda en España no es solo de oferta o de precios: es un problema de distribución del patrimonio. En menos de dos décadas, dos millones de nuevos inmuebles no han ampliado el acceso a la propiedad, sino que han profundizado una estructura dual en la que la distancia entre quienes no tienen nada y quienes acumulan mucho no deja de crecer", concluye el informe del CSIC.

Este martes 28 de abril, a las 12:33 horas, se cumple un año del apagón en la España peninsular, un incidente que los informes técnicos publicados consideran que fue "multifactorial" y que ha impulsado la aprobación de distintas medidas para hacer el sistema eléctrico español más resiliente.

Aunque el diagnóstico compartido es que el 'cero eléctrico' tuvo como causa principal un problema de sobretensión, el por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso aquella mañana continúa enfrentando al operador del sistema, Red Eléctrica, y a las compañías eléctricas.

En términos generales, los análisis concluyen que el suceso se debió a un problema de tensión; que fue multifactorial; que no fue un ciberataque; que la producción renovable, por sí misma, no tuvo nada que ver, y que la colaboración entre agentes fue clave para que la reposición del suministro eléctrico se culminase en horas.

Pero existe un divorcio total a la hora de aclarar qué eslabón de la cadena de control de tensión falló, y si fue un episodio inesperado o existieron avisos previos.

La principal novedad de las últimas semanas son los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ascienden a medio centenar y van subiendo.

Entre ellos destacan los procedimientos por posibles infracciones muy graves que afectan a Red Eléctrica, la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy) y a Iberdrola Generación Nuclear.

También ha incoado expedientes graves a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, TotalEnergies o Repsol, entre otros.

A nivel normativo, se han puesto en marcha medidas para fortalecer y mejorar la estabilidad de un sistema eléctrico cada vez más complejo.

El más destacado ha sido la revisión del procedimiento de operación 7.4 que la CNMC aprobó en 2025 y que entró en vigor a comienzos de este año, que permite a las renovables participar en el control dinámico de tensión previa habilitación de las plantas.

En paralelo, Red Eléctrica opera desde el día siguiente del apagón con la conocida "operación reforzada", que supone aumentar la programación de ciclos combinados, los cuales generan electricidad a partir de gas natural y aportan estabilidad al sistema.

El coste de esta operación reforzada hasta el 31 de marzo de este año asciende a 666 millones de euros, lo que implica 4 céntimos al día para un usuario con la tarifa regulada PVPC con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora (kWh), de acuerdo con los datos del operador.

El debate también ha alcanzado el ámbito parlamentario. Así, la comisión de investigación del Senado, controlada por el PP, ha señalado al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC como responsables del incidente, mientras que la del Congreso apenas ha echado a rodar.

Además, el 'cero eléctrico' cuenta con una derivada judicial y es que las eléctricas pelean, de momento sin éxito, por hacerse con las 8.000 conversaciones que Red Eléctrica aportó a la causa, ya archivada, que investigó un posible ciberataque.

Al margen de ello, un juzgado de lo Mercantil de Madrid se ha declarado competente para investigar la demanda por presuntos actos de competencia desleal interpuesta por Iberdrola contra Redeia y Red Eléctrica por difundir informaciones que habrían perjudicado la reputación de la multinacional española en el mercado.

A esto se añadirían los previsibles recursos que las empresas que terminen siendo sancionadas por la CNMC presentarán ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo, y sumó 231.500 desempleados, en un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10% (10,83%).

El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas, a pesar de haber aumentado la ocupación en la industria, la construcción y la agricultura.

De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de desempleados subió a 2,7 millones, tras sumar todos los sectores personas en paro, salvo la construcción.

No obstante, en comparación anual se han sumado 527.600 ocupados respecto al primer trimestre de 2025 y se ha reducido el desempleo en 80.600 personas.

En un trimestre desfavorable para el empleo, la población activa ha marcado un récord en 25 millones, tras aumentar en 61.200 las personas en disposición de trabajar, tanto si están empleadas como en paro, con 46.700 mujeres más activas y 14.400 hombres.

Por nacionalidad, el número de activos disminuyó en el último trimestre en 4.600 entre los españoles, mientras que aumentó en 65.800 entre los extranjeros.

Tras aumentar 9 décimas la tasa de paro, el desempleo femenino se situó en el 12,35% (137.000 personas más) y el masculino en el 9,47% (94.500 desempleados más).

Por sectores, el paro ha sumado 162.100 personas en los servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura, en tanto que disminuyó en 11.700 personas en la construcción.

El paro aumentó en 39.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 19.200 entre las personas que buscan su primer empleo.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementaron en 78.500 este trimestre, hasta un total de 850.700, mientras que aquellos en los que todos están ocupados disminuyeron en 121.300 y se situaron en 12.045.000.

La ocupación sumó 28.100 ocupados en la industria, 17.500 en la construcción y 12.500 en la agricultura, insuficientes para contrarrestar la pérdida de en el sector servicios.

El empleo a tiempo completo disminuyó más que el parcial y en mayor medida entre quienes tenían un contrato temporal (85.400 menos), lo que redujo la tasa de temporalidad al 14,7% y la parcialidad al 13,6%.

El número de trabajadores por cuenta propia descendió en 68.600 personas.

El empleo privado bajó este trimestre en 191.400 personas, hasta 18,6 millones, mientras que el empleo público aumentó en 21.100, hasta 3,7 millones.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias, con 17.000 ocupados más y 14.400 parados menos.

Por el contrario, la mayor destrucción de empleo se registró en Cataluña con 46.300 ocupados menos, mientras que tuvo el mayor incremento de paro con 84.400 personas más sin trabajo.

Tras casi un mes en vigor, la prórroga de los alquileres llega este martes al Congreso de los Diputados con pocas esperanzas de prosperar. Han sido semanas de manifestaciones, protestas frente a la sede del PP y cruces de acusaciones entre las distintas formaciones políticas. Los sindicatos han llamado a los inquilinos a solicitar la prórroga aun sabiendo que probablemente decaería y han mandado hasta 50.000 cartas a los diputados que, previsiblemente, votarán contra la norma. En medio de esta tormenta están los inquilinos, que si no han notificado a su casero no podrán hacerlo ya si el decreto decae. Quienes sí lo hayan solicitado, deberían poder disfrutar de la extensión de su contrato, aunque desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan a infoLibre que la mayoría de las peticiones no ha recibido respuesta y los caseros guardan silencio. 

La medida no es nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero puede ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberlo solicitado hasta este martes, permite extender los contratos de vivienda que vayan a concluir antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%.

La norma se encontró con la oposición cerrada del Partido Popular, Vox y Junts, pero desató una respuesta social entre los sindicatos de inquilinas. Otros partidos como Sumar o el propio PSOE, por boca de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedían a los arrendatarios que solicitasen la prórroga a sus caseros aun asumiendo que iba a decaer, ya que legalmente —y aunque la medida no pase el filtro del Congreso— la extensión del contrato se les debe aplicar.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha sido la parte del Gobierno más implicada en este proyecto y ha mantenido abierta hasta el último momento la posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts. "Apuraremos hasta el último segundo", señaló el responsable de Consumo. Además, en una carta abierta remitida la semana pasada a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Bustinduy le pedía que se replantease su postura, ya que era una medida “razonable y necesaria” que “no supone merma alguna” para los propietarios. Desde el PP respondió su portavoz, Esther López, señalando que no se sentarían a hablar porque la medida “no funciona” y tratando de vincularla con la okupación. 

Durante este mes escaso de vigencia, los sindicatos de vivienda han ayudado a cientos de personas a solicitar esta extensión automática de sus contratos, ofreciendo modelos de burofax y asesoramiento. "La percepción es que, en la gran mayoría de los casos, los caseros no han contestado", explican a infoLibre desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La situación es incierta y muchos arrendadores han optado por el silencio a la espera de lo que pase este martes, aunque desde la agrupación sindical señalan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala estas peticiones y la aplicación de la prórroga. 

Uno de los riesgos a los que se enfrentan quienes la solicitan es que sus caseros intenten echarlos utilizando subterfugios legales o que recurran en los tribunales la petición. De ahí que algunos expertos pronostiquen una avalancha de procesos judiciales. Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, estos mensajes "son una forma de amedrentar a los vecinos para que no soliciten la prórroga" y piden seguir adelante con el envío de los burofaxes.

Sus homólogos en Cataluña también han mantenido el pulso social, han participado en el envío de misivas y han señalado a quienes planean votar en contra. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, afirmó este lunes en un acto donde unos 30 inquilinos de la empresa Vivenio pedían la prórroga, que los partidos políticos que se opongan “también serán responsables” de las expulsiones de los vecinos. 

Con estos mimbres y un Junts que juega con la incertidumbre hasta la última hora, es como llega la propuesta al Congreso. En la tarde del lunes, el partido de Carles Puigdemont respondía con otra negativa al intento de acercamiento del titular de Consumo. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado.

Este decreto es uno de los dos que conformaban el paquete de medidas que el Gobierno lanzó para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Se elaboró a petición de Sumar, pero no fue respaldado por la mayoría parlamentaria y su aplicación quedó acotada al periodo de vigencia que expira este martes. 

"Para las personas que hayan solicitado acogerse al Real Decreto, los efectos jurídicos son los mismos, independientemente de lo que se vote en el Congreso", aclara a este medio Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Más allá de los casos particulares o de la conflictividad que pueda darse con cada casero, Jacinto explica que aquellas solicitudes que se hayan hecho mientras la norma estaba en vigor (es decir, hasta este martes, en caso de que decaiga) deberán tenerse en cuenta. "Esa es la opinión mayoritaria entre los expertos", apunta. "Un ejemplo es la renta antigua. Es una figura que ya no está vigente, pero sí se respeta legalmente para aquellas personas que la tenían antes de que fuese derogada", concluye.

Si se da el escenario más favorable y la medida sale adelante, los inquilinos que quieran acogerse a ella deben solicitarlo previamente a sus caseros, ya sin este trámite no será de aplicación automática.

Desde los sindicatos de inquilinos insisten en la posición de vulnerabilidad de los arrendatarios y también en la incertidumbre económica en la que se ven sumidas aquellas personas que se tienen que buscar otra vivienda cuando su contrato finaliza, ya que en esta situación no hay límite para subir los precios. Otro dato importante a considerar es que el número de propietarios en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, por lo que cada vez más personas se ven expuestas al mercado del alquiler.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC publicado este lunes señala que el porcentaje de hogares que viven en una casa de su propiedad se ha reducido desde el 79% hasta el 63,9% en poco más de una década, mientras que quienes viven de alquiler han aumentado desde un 11% hasta un 19%.

En Consumo insisten una y otra vez en sus argumentos para mantener la prórroga, ya que esta bloquearía los precios aunque el contrato expirase. "En las condiciones actuales de mercado, la renovación de estos contratos supondría para muchos de ellos subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres", señalan. Y tampoco renuncian a disipar las dudas electoralistas que pudieran surgirles a PP, Vox o Junts, insistiendo con otro estudio que apunta que un 73,4% de la ciudadanía respalda la prórroga, incluyendo un 65% de electores del PP.

España aumentó un 50% su gasto militar el año pasado hasta 40.200 millones de dólares (34.265 millones de euros), señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

El SIPRI resaltó que es la primera vez desde 1994 que la partida destinada a armamento supera el 2% del producto interior bruto (PIB) español (el 2,1% en este caso). En la última década, el gasto militar español aumentó un 122%, de acuerdo con los datos suministrados por SIPRI.

España ocupa el puesto número 15 en la lista a nivel global, dos más arriba que en 2024, con un 1,4 % del gasto militar mundial.

La subida del gasto militar español se enmarca en un alza generalizada en todos los países europeos miembros de la OTAN, presionados por Estados Unidos y en el contexto de la guerra en Ucrania, lo que provocó que la inversión en el continente alcanzase los 864.000 millones de dólares (736.000 millones de euros), un 14% más.

Se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría. La suma combinada de la inversión de los 29 países europeos que forman parte de la Alianza alcanzó los 559.000 millones (476.000 millones de euros), liderada por Alemania, que por primera vez desde 1990 dedicó más del 2% de su PIB a este área.

Con 114.000 millones de dólares (97.000 millones de euros) destinados, la inversión de Alemania -el cuarto país a nivel mundial con el 3,9% del total- aumentó un 24 % respecto a 2024.

Rusia, tercera en la lista mundial, invirtió 190.000 millones (162.000 millones de euros), un 5,9 % más y el 7,5 % de su PIB, mientras que Ucrania gastó 84.100 millones (71.683 millones de euros), un 20 % más y el equivalente al 40 % de su PIB.

El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9% en términos reales el año pasado, debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.

La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares (2,45 billones de euros), el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5% del producto interior bruto (PIB) mundial.

La inversión militar en Asia-Oceanía, un 8,1%, lo que ayudó a compensar la caída del 7,5% en Estados Unidos, que sigue encabezando no obstante la lista por países y acapara un tercio del gasto total, casi el triple que China, el segundo.

"Dado el rango de las crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos países, este crecimiento continuará probablemente durante 2026 y más allá", señaló el informe.

El gasto militar estadounidense ascendió a 954.000 millones de dólares (813.000 millones de euros), un 7,5% menos, debido a que no se aprobó ninguna ayuda militar a Ucrania, algo que sí había ocurrido durante los tres años anteriores de guerra.

Estados Unidos aumentó no obstante su inversión tanto en capacidades militares convencionales como nucleares "para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico".

El informe considera probable que la caída en la inversión estadounidense sea transitoria.

"El gasto aprobado por el Congreso para 2026 ha aumentado a más de un billón de dólares, una subida substancial respecto a 2025, y podría crecer a 1,5 billones en 2027 si la última moción presentada por el presidente Trump es aceptada", afirma el SIPRI.

La inversión militar en Asia-Oceanía ascendió a 681.000 millones (580.000 millones de euros), un 8,1% más y la mayor subida desde 2009, con China como principal potencia con un gasto de 336.000 millones (286.000 millones de euros), un 7,4% más.

El gasto japonés subió un 9,7% hasta 62.200 millones (53.017 millones de euros), el 1,4% de su PIB, una proporción que no alcanzaba desde 1958.

Taiwán gastó 18.200 millones (15.513 millones de euros), un 14% más, la mayor subida en al menos cuatro décadas.

"Aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía como Australia, Japón y Filipinas están gastando más en sus ejércitos por tensiones regionales duraderas y la creciente incertidumbre sobre el apoyo de EEUU Como en Europa, también están bajo presión de la administración Trump para que gasten más", señala el informe.

En Oriente Medio, la inversión militar fue de 218.000 millones de dólares (186.000 millones de euros), un 0,1% más.

Israel redujo su gasto militar casi un 5% debido a una menor intensidad en la guerra en Gaza y al acuerdo de alto el fuego con Hamás, señala el SIPRI, que destaca que el resto de países de la zona aumentaron sin embargo su inversión.

“Tal y como están las cosas, no creo que vaya a tener jubilación” o “la idea es ir poco a poco hasta poder irme de viaje un par de meses a Australia”. Estas dos opiniones son de Daniela y de Javier, dos jóvenes de 22 años que, preocupados por su futuro, han empezado a invertir en bolsa o en carteras automatizadas.  

“Ya de comprar piso ni hablamos”, cuenta Antonio, un joven que vive con sus padres y trabaja en una fábrica en Madrid, porque para poder acceder a la compra se requieren, según ese informe, unos 14 años de sueldo íntegro. 

El informe de la plataforma digital de inversión eToro, Gestión de la riqueza, patrimonio e inversión 2025, confirma que los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en los últimos dos años y se acercan al 20% del total, una cifra considerable si se tiene en cuenta que este grupo poblacional representa al 8,5% de los adultos en España.

Hay datos que hacen posible entender este momento inversor entre la Generación Z –aquellos nacidos entre 1996 y 2010–. De acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, cerca del 85% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, mientras que el Informe España 2025 señala que alquilar una vivienda en solitario consume cerca del 92% del salario juvenil.

En este contexto, cada vez más jóvenes recurren a la inversión. Empujados por influencers de todo tipo (incluidos los llamados finfluencers) y por la descarga de adrenalina, han ido pasando del ‘day trading’ –compra-venta de acciones en tiempo real y en el día–, a la inversión a largo plazo. 

Según un informe de Fidelity International, la franja de 18-35 años espera unos retornos a corto plazo del 5,1% y a largo, del 6,7%. El estudio apunta además a que este grupo presenta una mayor tolerancia al riesgo, que tiende a reducirse con la edad.

Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School e Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el sur de Europa y Latinoamérica de Revolut destacan para infoLibre otro factor clave y es que la tecnología ha transformado la inversión, “la Generación Z la lleva en el ADN”. 

García, que ve a cientos de jóvenes pasar por las aulas cada año, cree que tienen la sensación de que el ahorro de toda la vida no funciona, porque “han crecido escuchando dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y durante años han visto depósitos con rentabilidades muy bajas, a menudo por debajo de la inflación”, asegura.

Lo que están viendo expertos y entidades es que esta generación invierte para “intentar que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo”. Zunzunegui, además, habla de la ‘democratización de la inversión’ porque ahora se puede invertir desde un euro, y “lo que para generaciones anteriores era un terreno opaco, exclusivo de grandes patrimonios o que generaba cierto temor, hoy es una herramienta cotidiana”.

Esa sensación también la tiene Lucía Álvarez, estudiante de Economía, que se inició en el mundo de las finanzas y la Bolsa gracias a su padre. Con 21 años, esta joven, representante de la Generación Z cuenta en el documental de Arte.tv ‘Generación Z y la Bolsa’ que “ahora mismo no entra en mi visión ni un coche ni una Vespa”, pese a que muchos influencers “prometen hacerte rico en dos días con el ‘day trading’”, eso no sucede. Buena cuenta de ello da Pablo que “hasta hace dos días no he podido comprarme una casa, pese a estar algunos años jugando con el corto”. 

Porque, como recuerdan desde ESIC, la exposición y acceso a información financiera, no garantiza un mayor conocimiento. Zunzunegui desde Revolut es claro: “Tener la información a un clic no siempre se traduce automáticamente en un conocimiento profundo”.

Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido, trata de alertar a los jóvenes inversores novatos a través de ‘sus lenguajes’ como Instagram y TikTok de los riesgos de las inversiones.

Pritchard contó en el programa de radio Business Daily de la BBC su preocupación porque "nuestras investigaciones muestran que las personas de entre 18 y 40 años tienen el doble de probabilidad de invertir en inversiones de alto riesgo, pero cuando indagas sobre su tolerancia para el riesgo es, de hecho, baja", señaló.

Pablo, que no quiere desvelar su trabajo actual, ya ha pasado la treintena pero empezó a trabajar a los 22. Hasta hace pocos meses vivía con sus padres y “todo el dinero que ganaba lo invertía en cuentas remuneradas”. 

Comenzó a trabajar como becario en una consultora de las llamadas ‘big four’ y terminó en un banco. Ahora, “aprovechando los productos del banco, los compañeros y la información que manejamos tengo más diversificados todos mis ahorros” y me puedo permitir “fondos indexados, roboadvisor o acciones”, pero “siempre a largo plazo, antes me encantaba el corto, lo sentía como un juego”. 

La Encuesta de Competencias Financieras que elabora el Banco de España cada cinco años muestra que sólo un 19% de los adultos responde correctamente a las tres preguntas financieras básicas que tienen que ver con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Esto muestra que hay mucho margen de mejora”, asegura Patricia Stupariu, economista en la División de Educación Financiera del Banco de España.

Y Martins Sulte, CEO de Mintos, una plataforma de inversión con sede en Letonia, insiste en que “la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente” porque existe “una necesidad clara de formación en conceptos básicos como riesgo, rentabilidad, liquidez, diversificación o horizonte temporal”. 

Según las investigaciones del FCA, muchos jóvenes empiezan a realizar inversiones de riesgo como forma de competir con amigos o familiares, o motivados por lo que ven en redes sociales. 

Esto convierte la inversión en un juego y, por tanto, en un peligro cuando se confunde con entretenimiento porque, como recuerda García, “cuando el objetivo es la adrenalina, la probabilidad de tomar malas decisiones aumenta”

Este auge de inversiones ha puesto en alerta a expertos y autoridades que temen que este creciente interés, unido a la especulación financiera, pueda provocar una crisis, como la llamada "burbuja de las puntocom", cuando se derrumbó el índice bursátil Nasdaq, hace dos décadas.

Muchos de estos nuevos inversores tienden a ignorar las estrategias tradicionales, y apuestan por acciones de empresas tecnológicas y de internet, aupadas por los avances en inteligencia artificial o por gustos personales. 

Lesley-Ann Morgan dirigió un estudio global que analizó las tendencias de inversión en más de 20 países para la inversora Schroders Wealth Manahement.

En ese estudio se pregunta qué hay que hacer si los jóvenes, pese a vivir con sus padres, están dispuestos a soportar una caída del 20%, 30% o 40%, como es el caso de las criptomonedas.

Y García alerta del peligro porque desde ESIC y otras entidades financieras “vemos interés por la cripto, por su narrativa tecnológica y por su potencial, pero conviene recordarlo: sigue siendo un activo de alta volatilidad y debería ocupar, si acaso, un porcentaje pequeño dentro de una cartera diversificada”. 

Las cripto se han convertido en una de las inversiones más atractivas para los nacidos entre 1996 y 2010, por su alta volatilidad y por la adrenalina que les provoca “jugar” con un producto tan cortoplacista. Se necesita más conocimiento sobre este activo como recuerdan desde Revolut, que ofrecen cursos teóricos para temáticas concretas como cripto o fraude.

Y otra pregunta interesante, es de dónde sale el dinero: "Si es dinero que necesitas para pagar la renta, por ejemplo, y lo estás usando para lo que, en esencia, es una apuesta, eso es un problema", dice Morgan.

En el Foro Mundial de Davos ya se advirtió del auge de los jóvenes que comienzan a invertir incluso antes de incorporarse al mercado laboral. Según explicaban expertos internacionales, esto está impulsado por la democratización tecnológica, la creciente educación financiera y las redes sociales. Desde Suiza subrayan que el 36% de la generación Z inicia sus inversiones antes de trabajar, una cifra muy superior a la registrada por generaciones anteriores y que ilustra un cambio profundo en la relación de los jóvenes con el dinero y el riesgo.

Sulte plantea los problemas de la Generación Z: “Hablamos de gente joven que entiende cómo el ahorro tradicional pierde valor con la inflación, cómo la vivienda se ha alejado de su alcance y cómo depender solo de un salario ya no garantiza estabilidad financiera”.

Por lo que ahora, los jóvenes buscan opciones para reunir capital y afrontar grandes gastos, como la compra de una vivienda, un vehículo, estudios o viajes.

En la actualidad, esta generación –que es netamente tecnológica– tiene una relación mucho más natural con las plataformas digitales, los comparadores y la información financiera online, “accede con facilidad a productos que antes resultaban más complejos o menos accesibles”, recuerda Sulte.

Y es que hace una década el panorama era diferente porque como explican desde Revolut, “invertir o buscar rentabilidad para los ahorros requería pasar por la sucursal, firmar papeleo interminable y someterse a unas comisiones que, en muchos casos, penalizaban al cliente medio” y ahora desde la llegada de las fintech “cualquiera puede empezar a rentabilizar su dinero o comprar acciones con dos clics desde su propio teléfono móvil y de forma totalmente transparente”. 

García se atreve con una recomendación para los jóvenes “lo más razonable suele ser construir una base a largo plazo con fondos o ETF indexados de renta variable global (por ejemplo, índices amplios), mediante aportaciones periódicas y con comisiones bajas. Eso permite aprovechar el tiempo y el interés compuesto. A partir de ahí, si hay afición y formación, se puede destinar una parte minoritaria a estrategias más tácticas o temáticas”. 

Que en Canarias o en Madrid bajen las compraventas de casas y en Castilla y León se disparen puede parecer contraintuitivo, pero es lo que ha ocurrido en 2025. Si se mira solo el volumen de operaciones de compraventa, siguen ganando en cifras aquellas zonas que tradicionalmente han estado más tensionadas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid). Sin embargo, cuando nos fijamos en la evolución, vemos que Madrid y Canarias han bajado un 4,7% las compraventas, lo mismo que Baleares, donde disminuyen un 0,4%. En el otro extremo, se puede ver en el mapa cómo se ponen de moda las dos Castillas, País Vasco, Aragón o Extremadura, según se deduce de las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Notariado.

Es el efecto "mancha de aceite", explica José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Los precios altísimos y cada vez más disociados de los salarios, la escasez en la oferta y la demanda desbocada hacen que la gente, aun trabajando en grandes núcleos como Madrid, se mueva hacia la periferia o hacia otras comunidades. "El desplazamiento de la demanda, que antes era hacia anillos externos de las ciudades, ahora llega hasta el cambio de comunidad", señala Alfaro. De hecho, en 2025 se invirtió el flujo de población entre Valladolid y Madrid. Por primera vez en 25 años, la capital vallisoletana recibía a más personas desde Madrid de las que se iban a vivir a la capital. "El flujo es del pueblo a la ciudad para trabajar y de la ciudad al pueblo para poder vivir", concluye Alfaro.

La parte mala es que los precios de estas zonas, que hasta ahora resultaban relativamente asequibles, también empiezan a sentir la fiebre inmobiliaria. Si vamos a la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 2025 las mayores subidas interanuales de precios se produjeron en Castilla y León (15,3%); Aragón, Murcia y La Rioja (14,4%); la Comunidad de Madrid (14,2%) y Galicia y Asturias (que rondaron el 14,0%).

Con el impulso de los precios también aumentan las decisiones precipitadas por el miedo a quedarse fuera y la capacidad de negociar de los compradores prácticamente desaparece. Es uno de los efectos que generan los mercados tensionados cuando hay un torbellino de demanda. "Ofertas que luego no coinciden con lo que se vende, desperfectos o derramas que aparecen después de la compraventa", enumera el abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experto en vivienda, Javier Rubio. Él trabaja con casos de este tipo en Madrid y lo achaca a la creciente aceleración del mercado. "Las operaciones se hacen muchas veces bajo presión por miedo a perder la oferta y sin tomar las debidas precauciones", concluye. Una velocidad que también constata Alfaro, quien señala que muchas veces las inmobiliarias no publican ofertas porque no consiguen gestionar el aluvión de peticiones de compra que ya se dan también en las comunidades menos tensionadas.

La ebullición del mercado inmobiliario en los últimos años no para de firmar récords y tampoco da tregua a unos precios de compra que cada vez se distancian más de los salarios. A finales de 2025 se habían vendido más de 714.000 casas, una cifra que no se alcanzaba en las tablas del INE desde 2007, justo antes de que la burbuja inmobiliaria dinamitara todo el sistema económico.

Otro dato que respalda este desplazamiento de la demanda es la serie de compradores extranjeros. Cuando se menciona esta estadística, solemos tener en mente segundas residencias, paisajes de sol y playa o chiringuitos al lado del mar. También jubilados de países nórdicos que adquieren una segunda residencia o compradores que llegaban en busca de las ya extintas golden visa, derogadas en abril de 2025 y que permitían a quienes adquirían una vivienda de más de 500.000 euros disfrutar de permisos de residencia. Pero la tensión desmedida sobre los precios en los destinos tradicionales y la llegada de trabajadores extranjeros está introduciendo cambios en este paisaje y también acelerando las ventas en mercados más allá de los habituales, como la Costa del Sol o las islas. 

Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura lideran el crecimiento en compraventas por parte de extranjeros con incrementos a dos dígitos si comparamos el total de 2024 con el de 2025. En el extremo opuesto de la tabla, la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares y la Comunitat Valenciana reducen el número de compraventas con respecto al ejercicio anterior. En el gráfico, elaborado a partir de los datos del Notariado, se comprueba cómo  las compraventas por parte de extranjeros caen un 0,8% a nivel nacional. Esta dinámica se ve empujada por el descenso de las compraventas entre no residentes, que podría estar sufriendo una corrección por la prohibición de las golden visa. Esas operaciones de no residentes disminuyeron un 3,7% en el primer semestre del 2025 y un 15,1% en la segunda mitad de ese año con respecto a los mismos periodos del año previo. 

Aunque en los datos generales, sin separar por tipo de comprador, la dinámica es más suave y las compras caen en menos comunidades, sí se puede constatar (como muestra el primer mapa) un cierto desplazamiento desde grandes mercados como Madrid o Canarias hacia otros menos tensionados como las dos Castillas o el País Vasco. 

"Al final, de lo que se trata aquí es de que la gente se siente insolvente económicamente y también escéptica con respecto a poder llegar a tener una casa propia en estos grandes mercados que son también núcleos laborales", apunta el secretario general de las asociaciones inmobiliarias. Y la solución que encuentran, relata, es comprar en otro sitio: bien para poder tener algo en propiedad más adelante, o bien para desplazarse diariamente al trabajo sacrificando una parte considerable de su tiempo. 

Las estadísticas de los notarios dicen que quienes más pagan por adquirir una casa son los extranjeros no residentes, que en la segunda mitad de 2025 (último dato disponible) procedían principalmente de Países Bajos (acaparan un 12% de las compraventas), Alemania (11,9%), Reino Unido (11,5%) y Bélgica (8%). De media, este grupo pagó unos 3.242 euros por metro cuadrado, un 55% más que los 1.839 euros que pagaron de media los compradores nacionales y un 49% más de lo que pagan los extranjeros que viven en España. Si miramos dónde han comprado, los holandeses se fijaron sobre todo en la Comunitat Valencia, Murcia, Andalucía y Aragón; los alemanes optaron por Baleares, Cantabria, Canarias, Galicia o Asturias; y los belgas, que compraron en Murcia, Aragón, Extremadura y Comunitat Valencia. En general, este conjunto suele adquirir propiedades más caras ya que los precios siguen siendo relativamente asequibles en relación al poder adquisitivo de Alemania, Reino Unido o Bélgica. 

Las estadísticas de compradores que no viven en España hacen referencia a aquellas personas que no pasan en el país más de 183 días y que no están obligadas a pagar impuestos aquí, por lo que, en general, estaríamos hablando de segundas residencias, de inversores o de personas que buscan lugares en los que pasar tiempo después de la jubilación.

¿Y los extranjeros residentes? Esta categoría incluye a aquellas personas que poseen un permiso de residencia, tienen actividad económica y pasan en el país más de 183 días al año. En este conjunto los números cambian. Pagan de media 1.963 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de la media nacional, pero muy por debajo de los no residentes. Por nacionalidades, son marroquís (con un 12% del total de compraventas, principalmente en Murcia, Navarra, Aragón y La Rioja), italianos (que acaparan un 9,2% de adquisiciones, sobre todo en Canarias, Baleares o Madrid) y rumanos (con un 9,3% de las compraventas, sobre todo en Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja) los que más casas adquirieron en 2025. En este contexto, cabe destacar que Marruecos y Rumanía son dos países que lideran también los datos de afiliación extranjera en el mercado laboral español.

Las ideas para aumentar la contribución fiscal de los grandes patrimonios están ganando espacio en la conversación pública de muchos países. De la tasa Zucman en Francia al impuesto sobre las grandes fortunas en España, pasando por la polémica que ha desatado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al proponer una tasa que grave las segundas residencias de lujo con un valor superior a cinco millones de dólares. Y es que el aterrizaje de este clamor para crear sistemas redistributivos más efectivos parece estar dirigiéndose, sobre todo, hacia la vivienda. Este martes el grupo Más Madrid presentaba en el Congreso una propuesta similar: modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se pague según el valor catastral y sea progresivo. Además, la tasa sería más alta para quienes tengan más de cinco casas en la misma ciudad y para los fondos, sociedades o empresas. 

Las costuras de la desigualdad están especialmente tensionadas en todo lo que tiene que ver con la vivienda y no solo a nivel nacional. Un estudio elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señalaba que en Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España se requería el 80% del salario medio para alquilar un apartamento de dos habitaciones. En las zonas más tensionadas, el alquiler llegaba a comerse el sueldo total de una persona. Esta crisis de acceso a un bien tan básico como la vivienda ha hecho que una parte significativa del debate sobre la desigualdad global se centre en el ámbito inmobiliario y en la especulación. “Este es el tipo de actividad inmobiliaria que se está produciendo en esta ciudad: viviendas que permanecen prácticamente vacías durante gran parte del año mientras los neoyorquinos sufren en esta misma ciudad [para encontrar una vivienda]”, declaró Mamdani en una entrevista al canal NBC. “Esto es gravar a los ricos”, concluía.

Mirar a la vivienda es hacerlo a las rentas del capital, que pueden derivar de la explotación de finanzas e inversiones o de bienes inmuebles, pero que suponen un pedazo sustancial en la composición de la riqueza de los grupos con mayor poder adquisitivo. 

En el siguiente gráfico, realizado en base a datos de 2022 elaborados por Fedea, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel de renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el quintil número cinco aparece desglosado en deciles y centiles para ver cómo se compone la riqueza del 1% con más dinero. 

En este análisis coincide un estudio reciente realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, titulado Análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza de los hogares. "La principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares son las rentas del trabajo, cuya distribución presenta niveles de desigualdad relativamente moderados. No obstante, en los tramos superiores de la distribución adquieren una importancia creciente las rentas del capital y del patrimonio, caracterizadas por una concentración elevada y una desigualdad mucho más acusada", explica el informe. Y lo peor, cuesta mucho subir de escalón: sus datos señalan que más del 60% de los hogares que comienzan el año entre el 10% más pobre, siguen igual al cierre del año. En el otro extremo, el 80% de las familias que están en el 10% más rico permanecen en el mismo sitio 12 meses después. Estos porcentajes son casi idénticos en todos los años analizados desde 2019 a 2023.

Por otra parte, la rentabilidad del sector inmobiliario no ayuda a frenar las dinámicas especulativas. Comprar una vivienda para ponerla en alquiler ofrece una rentabilidad bruta anual del 6,7%, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Un porcentaje que duplica la inflación y que supera, por ejemplo, a los retornos de los bonos del Tesoro. Aquí es donde las medidas fiscales tratan de poner freno, desincentivando el uso de la vivienda como activo de mercado.

Pero, ¿puede tener un efecto redistributivo amplio un gravamen sobre vivienda? Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Juan Torres López estas medidas tienen más peso como elemento de disuasión que como herramienta de reparto. “Mi opinión es que este tipo de medidas puede tener un efecto demasiado limitado o incluso contraproducente si no se mide bien su impacto y si no se insertan en estrategias de conjunto. También habría que ver cuánto se podría recaudar y su capacidad redistributiva porque podríamos llevarnos sorpresas”, señala. 

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda en particular, sí considera que la fiscalidad puede jugar un papel relevante. “Un impuesto progresivo sobre viviendas vacías en zonas tensionadas, con definición precisa de vacío y verificación real, podría aumentar la oferta sin construir nada nuevo”, aunque matiza que un “bien público esencial como es la vivienda no puede tener el mismo tratamiento que un activo financiero”. 

“Hay que dar la batalla contra la desigualdad, y eso pasa por recuperar un sistema fiscal con un mínimo de sentido, un sistema fiscal progresivo donde los que más tienen contribuyen más, y que desincentive también el acaparamiento de viviendas”, señalaba este martes Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, tras presentar la medida.

Si para Mamdani aumentar la fiscalidad de las segundas residencias es gravar a los ricos, la propuesta del grupo madrileño señala en la misma dirección, aunque su idea sería vehicularlo a través del IBI. Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, aludió directamente a la propuesta que se estudia en Nueva York y explicó que la medida se basa en tres puntos: evitar la acaparación de casas con un aumento tributario, gravar las viviendas de lujo, con especial atención al 10% más rico y, finalmente, subir los impuestos sobre las viviendas que sean propiedad de las empresas.

En los tecnicismos de la norma, que se presentó en forma de Proposición de Ley en el Congreso, se señala que la "actual configuración del IBI como tributo de cuota proporcional resulta insuficiente para satisfacer el mandato constitucional de justicia tributaria" y pide crear tramos progresivos que se apliquen en función del valor catastral que tenga cada inmueble, dejando a cada ayuntamiento margen para adaptarlo.

Por otro lado, propone penalizar las viviendas que permanezcan vacías con un recargo "de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años". Eso sí, quienes pongan su casa en alquiler asequible estarían exentas de esta tasa.

El grupo madrileño insiste en la tesis de que el efecto redistributivo de gravar las viviendas puede ser significativo. "En Madrid, quien tiene una vivienda en Núñez de Balboa de cuatro millones de euros paga un IBI exactamente con el mismo tipo impositivo que una familia de Puente de Vallecas que cueste 200.000 euros. Quien tiene una única vivienda paga el mismo tipo de IBI que quien tiene 20. Un fondo como Blackstone paga en las mismas condiciones que un vecino o vecina que vive de su trabajo", señalan en un comunicado. Es el mismo mensaje que pretende lanzar el alcalde de Nueva York y cuyo efecto aún está por ver, ya que su propuesta ni siquiera ha llegado aún a la fase de implementación. 

“Ya están en marcha las 4.000 viviendas públicas comprometidas en esta legislatura y este año se entregarán las primeras en Santiago de Compostela y Pontevedra”. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se expresaba de este modo hace pocos días en una comparecencia ante la prensa para detallar las modificaciones que va a aplicar su departamento en materia de vivienda protegida: subir los límites de renta a 4 veces el IPREM para poder acceder a una de ellas y reservar el 30% de las que salgan a la venta para familias de entre 36 y 45 años con menores a cargo.

Con “en marcha” la conselleira se refiere a que la Xunta tiene en diferentes puntos de tramitación —desde trámites de contratos para trabajos previos a las obras propiamente dichas— esa cifra redonda de 4.000 pisos (en realidad son algo más de 3.900, había indicado en fechas previas). Si llegase a cumplir el objetivo, incluso atendiendo solo a la vivienda de promoción pública, la actual sería la legislatura con más vivienda protegida desde hace una década y media, esto es, desde la legislatura en que el PP retornó al Gobierno con Alberto Núñez Feijóo y le correspondió rematar o entregar los últimos proyectos heredados del Ejecutivo de PSdeG y BNG, que a su vez habían tenido que hacer lo propio con algunos de los tiempos de Manuel Fraga.

Como muestra el gráfico sobre estas líneas, que compara el total de viviendas protegidas terminadas en Galicia en cada legislatura desde que hay datos comparables (la segunda de Fraga, la salida de las elecciones de 1993), 4.000 viviendas públicas están muy por encima de las cifras residuales del total de vivienda protegida atribuible íntegramente a la era Feijóo, esto es, desde su segundo mandato (2012-16) hasta su dimisión en 2022. Pero precisamente esa parálisis, inicialmente muy ligada a la gran recesión y después con más explicaciones políticas, implica un lastre que limita el impacto del giro del Gobierno gallego en la materia debido a una demanda que está disparada.

Esto sucederá incluso teniendo en cuenta la vivienda protegida que pueda llegar en un futuro más o menos próximo por la vía de la promoción privada. Atendiendo a los datos oficiales más recientes del Ministerio de Vivienda, también procesados por el IGE, entre 2024 y 2025 comenzó en Galicia la construcción de 654 viviendas protegidas. Entre ellas están 224 de promoción pública, promovidas directamente por la Xunta: 3 en 2024 y 221 en 2025. Las restantes 430 son viviendas protegidas de promoción privada.

Incluso sumando esas cifras de viviendas de protección pública y promoción privada a las totalmente públicas proyectadas por la Xunta para toda la legislatura, un virtual total de unas 5.000 viviendas protegidas nuevas en cuatro años supondría situarse en niveles más o menos próximos al primer mandato de Feijóo —el de la herencia del bipartito—. Pero muy lejos no solo de las más de 12.000 viviendas terminadas durante el mandato del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, también de las más de 10.000 de cada legislatura de Fraga desde que hay datos comparables.

La intención del Gobierno gallego, matiza Vivienda, es seguir tapando este hueco por la vía del desarrollo de suelo residencial “para 25.000 viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas” —de promoción privada— en diferentes ayuntamientos de Galicia. Ese desarrollo lo está realizando a través de las figuras de los denominados proyectos de interés autonómico (PIA), que concretan una apuesta política similar a la del Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo, con Rueda como número dos, tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

Esta semana, tras aprobar uno de estos PIA para desarrollar suelo que acoja hasta 3.609 viviendas en el barrio compostelano de Mallou, el 80% protegidas de promoción privada, la Xunta recordaba que tiene en tramitación estas figuras también en otros ayuntamientos. Son Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña y Vilagarcía y, en fases previas, trabaja en los de Marín, O Porriño y Ribadeo, indica Vivenda.

Mientras se desarrollan esos suelos residenciales para vivienda protegida de promoción privada en diferentes localidades, los nuevos pisos que parecen más tangibles a corto plazo, los alrededor de 4.000 que la Xunta dice tener ya “en marcha” para esta legislatura, cubren apenas el 13% de la demanda registrada. Esto es, de las más de 30.000 solicitudes anotadas en el Registro de Demandantes de la Consellería de Vivienda, requisito imprescindible para poder optar a alguna de estas viviendas.

Admite la propia Xunta que sus sucesivos anuncios, de cuyo cumplimiento en esta legislatura recelan tanto BNG como PSdeG, están estimulando las inscripciones en un registro que este 21 de abril —las estadísticas se actualizan continuamente y no existe una base histórica donde repasar su evolución— contaba con 31.256 solicitantes.

Incluso teniendo en cuenta los requisitos de caducidad de las solicitudes —las peticiones se desactivan a los tres años si no se renuevan en los tres meses previos—, el fuerte aumento en apenas dos años es buena muestra no solo de la fuerte demanda de vivienda protegida, sino de la crisis de vivienda en general. Y también de cómo los planes del Gobierno gallego en marcha tienen un impacto limitado, precisamente, por la parálisis anterior.

Así, las actuales más de 31.000 peticiones suponen, atendiendo a los datos que pudo recuperar Praza.gal, un 55% más que hace apenas un año. Con relación a los primeros meses de la actual legislatura, iniciada en febrero de 2024, se dispararon casi un 90%.

El pasado sábado 11 de abril, los astronautas de Artemis II completaron con éxito el amerizaje en tierra de una misión que hizo historia al llevar al ser humano lo más lejos que se ha llegado jamás en el espacio. Un hito histórico que consolida el segundo paso del programa Artemis, que tiene como objetivo principal establecerse en la Luna y llegar a Marte. 

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, han logrado hacer historia al conseguir llegar al lado oculto de la Luna dejando atrás el récord establecido por Apolo13 en 1970. Esta nueva carrera espacial entre EEUU y China va en paralelo con otra: la que se está fraguando entre las oficinas de la Casa Blanca y Silicon Valley.

Para la misión Artemis II, la NASA ha contado con la inestimable ayuda de los grandes aliados financieros de Silicon Valley para la construcción de la estructura del cohete: el sistema de lanzamiento (SLS) encargado de enviar la nave espacial Orión a la órbita lunar corrió en su mayoría a cargo de la multinacional Boeing; el conglomerado Northrop Grumman, cuarto mayor contratista de defensa militar de los EEUU, se ha encargado de los propulsores de combustible sólidos (SRB) y, para la construcción de la nave espacial Orión que transportó a los astronautas, el contratista principal ha sido la multinacional de la industria aeroespacial y militar Lockheed Martin. 

Julio Gallegos, profesor en ingeniería aeroespacial en la Universidad Europea, cuenta a infoLibre que la NASA hace tiempo que dejó de hacer las cosas “por sí misma”, lo que le ha llevado a pasar a depender de empresas de capital privado: “Desde hace ya bastantes años en empezó a desligarse un poco de todos los subsistemas y pasó a convertirse en una administración”. “La NASA invirtió en la industria para que la industria fuera la que manejara la la carrera espacial”, comenta. Explica que esto se dio, sobre todo, “para reducir presupuesto”, aunque reconoce también que en este sector “hay empresas con mucho poder económico y político”.

La misión Artemis II no será la última. La NASA planea realizar hasta tres misiones más (Artemis III, IV y V) hasta lograr asentarse en la Luna y construir bases e infraestructuras en el territorio. Para esto, es necesaria una pieza fundamental: los nuevos sistemas de aterrizaje humano (HLS) que están desarrollando tanto SpaceX como Blue Origin. Es aquí donde entra en juego la otra carrera: la empresarial, con los dos grandes magnates tecnológicos estadounidenses, Elon Musk y Jeff Bezos, compitiendo por hacerse con los contratos de la NASA.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, lo dejó claro en la rueda de prensa del evento ignition que tuvo lugar el pasado mes de marzo donde repasaba los planes de la organización: “La NASA tiene el compromiso de lograr (...) regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”.

Space Exploration Technologies Corporation, conocida como SpaceX, es la empresa de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial fundada por Elon Musk. Por su parte, Blue Origin, es la empresa de transporte aeroespacial de Jeff Bezos, también fundador de Amazon. Ambas tienen un objetivo: ser las que consigan llevar al ser humano a Marte.

“En 2019 la NASA comienza a volver a mirar al espacio”, cuenta Gallegos: “El objetivo que se impusieron era llegar a la Luna para, desde allí, lograr pisar Marte, lo que requiere crear una estación de repostaje en la Luna”, subraya. “Esto permitiría reabastecer de combustible las naves para llegar a Marte porque ir directamente desde la tierra sería imposible”, aunque reconoce que, pese a esto, “también hay intereses muy codiciados en la Luna”. 

Ni Musk ni Bezos querían quedarse sin su parte del suculento pastel que la NASA estaaba cocinando. El primero movió ficha en 2021 consiguiendo una licitación por valor de casi 3 mil millones de dólares por parte de la agencia espacial norteamericana para el desarrollo del módulo de aterrizaje lunar Starship HLS. En el concurso, se impuso a empresas como Blue Origin, que había unido fuerzas con otras grandes multinacionales como Northrop Grumman, Draper y Lockheed Martin o Dynetics, otra contratista de defensa.

Meses después de que SpaceX obtuviera el contrato, Blue Origin presentó una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de EEUU sobre una adjudicación que consideraban “injusta” y que representaba un ejemplo de “favoritismo” ante su rival. Bezos, de nuevo, perdió la batalla y el Tribunal falló en favor de Musk, lo que supuso una consolidación de la fuerte relación entre el magnate norteamericano y la agencia espacial.

Dos años más tarde, la empresa de Bezos logró una gran victoria: consiguió un contrato de 3.400 millones de dólares de la NASA para liderar un equipo que desarrolle un módulo de alunizaje llamado 'Blue Moon'. El módulo se usará para transportar astronautas a la superficie lunar a partir de 2029, luego de un par de misiones con la tripulación de SpaceX de Elon Musk.

La estrecha relación de la NASA y Elon Musk se ha visto resquebrajada en estos últimos años hasta el punto en que, el pasado octubre de 2025, la agencia espacial reabrió el contrato que le había adjudicado a SpaceX por retrasos de la compañía. La NASA tenía prisa ante los avances chinos. Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte de la NASA, señaló que EEUU está en una “carrera espacial contra China” por eso, “la NASA está abriendo la producción de HLS a Blue Origin y otras grandes empresas estadounidenses”.

Musk respondió al anuncio de Duffy en su red social 'X': “Blue Origin nunca ha entregado una carga útil a la órbita, y menos aún a la Luna”. Además, el mensaje lo acompañó de un ‘meme’ homófobo en el que se leía “why are you gae(y)?”.

El plan de la NASA tiene como último objetivo llegar a Marte, pero para ello antes tiene que establecerse en la Luna. Según la Agencia Espacial, hay previstas tres misiones más. La siguiente, Artemis III, programada para 2027, tiene como objetivo poner a prueba uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, realizando pruebas de acoplamiento en órbita terrestre baja. Es decir, sin subir al espacio.

Con Artemis IV, prevista para 2028, será cuando la NASA realice el primer alunizaje humano en la Luna desde 1972. Tras alcanzar la órbita lunar, la tripulación se trasladará de la cápsula Orión a un módulo lunar comercial para su descenso a la superficie de la Luna. Artemis V finalizará el programa a finales de 2028. En ella se realizará un segundo alunizaje, y será el comienzo de la construcción de una infraestructura de base lunar permanente.

Pero, ¿qué otros intereses puede tener EEUU y las distintas multinacionales en llegar a la Luna? Para Gallegos, “está claro que la tecnología es un negocio”. “SpaceX ha empezado a desarrollar sus cohetes gracias a sus contratos con la NASA, y ahora se ha convertido en una empresa que ofrece lanzamientos de satélites comerciales”, comenta. 

Otro de los posibles intereses en la colonización del Polo Sur lunar es el de la búsqueda de las conocidas “tierras raras”. “Es muy probable que la Luna tenga la misma estructura que la Tierra. Si eso acaba por confirmarse, llegar allí daría a EEUU una gran ventaja a la hora de tener un mayor acceso a sus recursos, ya que sería más fácil de minar, teniendo en cuenta que estarían más cerca de la corteza lunar”, subraya el experto. 

Pese a la ilusión que viene despertando el programa, el pasado viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto de EEUU (OMB) presentó su solicitud de presupuesto discrecional para el ejercicio fiscal 2027 en la que se incluye un recorte de 5.600 millones de dólares para la NASA. Isaacman respalda esta rebaja presupuestaria que cancelará más de 40 misiones de baja prioridad y otorgará una nueva inyección de 8.500 millones de dólares para el programa Artemis. Un presupuesto que mantendrá firme el pulso entre Musk y Bezos por establecerse en la Luna.

El director de la Agencia Internacional de la Energía volvió a insistir este martes en que el mundo afronta "la mayor crisis energética de su historia". Pese al escenario extremo que dibuja el mayor portavoz global en esta materia, los hogares y empresas occidentales tienen acceso sin problema a la gasolina, el gas y la electricidad, aunque a un precio notablemente mayor que hace dos meses. Donde realmente se está viviendo ya la escasez es en Asia. Allí, decenas de millones de habitantes ya viven bajo un intenso racionamiento de energía que, a nivel global, ya supera con creces al de la gran crisis económica de 2008.

Desde comienzos de marzo se han multiplicado en Bangladesh y en Corea del Sur las colas interminables de coches y motos para repostar en gasolineras, mientras que en Pakistán se han producido en abril cortes parciales de luz, con fábricas que llegan a estar apagadas durante ocho horas al día por la escasez de gas natural, necesario para producir luz.

El Gobierno de Filipinas declaró en marzo la emergencia nacional energética durante un año, y numerosas aerolíneas regionales han reducido su actividad por el coste del queroseno. En total, siete países asiáticos han impuesto ya el teletrabajo obligatorio, cinco están racionando la venta de combustible y varios de ellos tienen edificios públicos cerrados para ahorrar energía.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, en inglés), en su informe de abril publicado la semana pasada, ya puso cifras al cierre de Ormuz: pronostica que la demanda global de petróleo caerá en 1,5 millones de barriles diarios en abril, un recorte del 1,5% frente al mes anterior. A lo largo de todo el año se espera una reducción del consumo de 100.000 barriles diarios, que puede parecer pequeña, pero es que un mes antes la IEA calculaba un incremento total de la demanda de 700.000 barriles diarios en 2026.

Los cálculos de expertos de empresas privadas van muchísimo más allá. Un análisis del banco JPMorgan estimaba esta semana que el recorte global de la demanda de petróleo ha sido en abril de 4,3 millones de barriles diarios de crudo, prácticamente tres veces más de lo que calcula la IEA y una cantidad absolutamente astronómica. "Para ponerlo en contexto, en el pico de la crisis económica de 2009, la demanda global se redujo en 2,5 millones de barriles", añaden los analistas del banco estadounidense.

Por regiones, la IEA, un órgano dependiente de la OCDE, asume que la mayor parte del recorte vendrá de los países de Oriente Medio, pero no porque la población no tenga acceso al combustible, sino porque la aviación está prácticamente congelada en Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait debido al conflicto, y el tráfico aéreo se ha desplomado en Emiratos Árabes y Qatar. En el sudeste asiático no deberían escasear por ahora la gasolina ni el diésel de manera generalizada, pero sí el gas natural licuado y el GLP (el gas utilizado para cocinar), que llegan en enormes cantidades desde el Golfo.

El informe de JPMorgan también ubica en Oriente Medio el mayor recorte de consumo energético, seguido de Asia, y matiza que ya se observa una brecha entre países ricos de esa región, que pueden comprar combustibles más caros, como Japón, frente a otros que quedan "desbordados por los precios". Este banco sitúa las siguientes víctimas en África, donde también dependen de materias primas del Golfo. Entre Oriente Medio, Asia y África suman el 87% de la caída de la demanda global de crudo de abril de 4,3 millones de barriles.

Aun así, esa bajada tan brutal del consumo ni siquiera es capaz, según el informe de JPMorgan, de compensar la caída de la producción global de petróleo: sigue habiendo un desajuste de 2,3 millones de barriles diarios entre oferta y demanda. "Esto es demasiado para ser absorbido por países emergentes. Europa y Estados Unidos tendrán que participar [de ese recorte]", valoran los expertos.

Es por ello que esta entidad vaticina que los precios de la energía seguirán subiendo en Occidente, ya que con el coste actual de la gasolina, el gas o la electricidad, los países ricos siguen consumiendo sin prácticamente recortes de demanda. A esto hay que sumar que 16 países europeos subvencionan ya los combustibles debido a la crisis, entre ellos España, una manera de apoyar a la población, pero que mantiene la demanda artificialmente alta, engordando el problema del abastecimiento, según los expertos.

La industria asiática ha colapsado por varios frentes debido a la subida de costes de la energía y las materias primas. La prensa regional recoge, por ejemplo, un desabastecimiento de guantes de goma en hospitales por el encarecimiento de la nafta, un derivado del petróleo necesario para fabricar plásticos. El déficit de nafta afecta, de hecho, a toda clase de cadenas de producción: desde ropa a bolsas de plástico, pasando por la industria del maquillaje o la producción de microchips.

La primera línea del racionamiento recae sobre Asia porque sus países son extremadamente dependientes de los combustibles que salen del estrecho de Ormuz, ahora prácticamente cerrado. India, el país más poblado del mundo, importa históricamente el 90% de su crudo, y más del 40% de esa cifra llegaba hasta ahora de Oriente Medio. También llegaba de esta región el 98% del petróleo que necesita Filipinas, el 61% de Corea del Sur o el 60% de Tailandia.

Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional advierte de que estas naciones no solo dependen enormemente del crudo de Arabia Saudí, Kuwait o Irán, sino que sus economías necesitan quemar mucho más combustible que Occidente para mantenerse en funcionamiento porque apenas tienen energías renovables. La Unión Europea destina poco más del 2% de su PIB a importar gas natural y petróleo, mientras que Asia destina aproximadamente el 4%. En Singapur, Tailandia y Corea del Sur esa dependencia alcanza entre el 6% y el 8% del PIB total.

"Asia es el principal comprador del petróleo y del gas que se transportan a través del estrecho de Ormuz y esto supone un shock directo sobre las refinerías, las plantas eléctricas y las fábricas", escriben Andrea Pescatori y Krishna Srinivasan, colaboradores del FMI. "Las interrupciones en el suministro de fertilizantes, productos petroquímicos, helio o azufre aumentan además el riesgo de que se produzcan perturbaciones más generalizadas en la cadena de suministro si el conflicto persiste", añaden.

Naciones Unidas publicó la semana pasada que la guerra en Irán va a vapulear las economías de Asia y del Pacífico, que perderán entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, principalmente por el encarecimiento de la energía. El organismo estima también que 8,8 millones de personas entrarán en el umbral de la pobreza en la región. Como en el análisis del FMI, la ONU enfatiza que la región es extremadamente dependiente del petróleo y calcula que 33 de los 36 países estudiados en Asia y Pacífico son "altamente vulnerables" a la inflación de los combustibles.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este viernes una carta a 541 empresas, como inmobiliarias y fondos, que gestionan o concentran 50 o más propiedades para informarles de que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, si así lo han solicitado, que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

El pasado 30 de marzo, Consumo envió una carta similar a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que concentraban más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país para recordarles que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el nuevo Real Decreto-ley, que deberá votarse la semana que viene en el Congreso y que hasta ahora no cuenta con los apoyos suficientes.

El decreto de vivienda permite prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027.

Asimismo, establece una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor" ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.

Según un informe elaborado por Consumo en colaboración con el CSIC, el 61% del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas. Por su parte, el pequeño casero con una sola vivienda en alquiler controla el 39% de las viviendas alquiladas.

A días de que se lleve este real decreto al Congreso para su convalidación, el Sindicato de Inquilinas y la Federación Vecinal de Madrid han organizado una concentración este domingo frente a la sede del PP en Génova para defender la prórroga de los contratos de alquiler. Con ella, subrayan los organizadores, el PP tiene que elegir si está con la gente o con los especuladores.