“No basta con nombrar personas con trayectoria profesional: hace falta que esa trayectoria sea adecuada a la entidad que van a dirigir y que el proceso de selección esté basado en reglas objetivas”, señala Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora del informe que ha evaluado la adecuación de los directivos del sector público nombrados por el ejecutivo andaluz con los cargos que desempeñan. El análisis, que la fundación ha realizado ya sobre otras comunidades autónomas, da a Andalucía un aprobado “por la mínima” y critica cuestiones como la “ausencia de requisitos claros, la falta de procedimientos competitivos, elevada rotación y nombramientos que no siempre guardan una relación suficiente con la complejidad técnica”, recoge el documento. El informe no evalúa el desempeño de su trabajo, sino cuánto se ajusta su perfil al puesto para el que han sido nombrados.

Para llegar a esta conclusión, los autores del informe establecen un baremo basado en la experiencia y la formación de los directivos a los que asocian valores numéricos y que van completando en función del currículum de cada uno. El resultado final, que obtienen tras analizar un total de 153 directivos de 40 entidades, se queda en un 5,4 sobre diez. Entre las conclusiones que obtienen, destacan que “30 de las 40 entidades analizadas no establecen requisitos materiales claros para el nombramiento de sus máximos responsables, más allá de determinar qué órgano tiene la competencia para designarlo” y hablan de déficits en “la experiencia de gestión” de algunos perfiles. “Este dato resulta especialmente relevante porque muchas entidades analizadas gestionan presupuestos elevados, plantillas amplias y políticas públicas de alta complejidad”, concluyen.

La administración de la Junta de Andalucía es una de las más grandes de España y suma 128 entidades, siendo el segundo sector público institucional autonómico más grande del país, solo por detrás de Cataluña. En el lado positivo, el análisis de Hay Derecho destaca que las entidades mejor paradas son la Agencia para la Calidad Científica (ACCUA), que ofrece estatutos, concursos públicos reglados y requisitos técnicos estrictos a los candidatos; y el Consejo de Transparencia, que obtiene resultados altos porque su diseño institucional incluye un mandato fijo de cinco años y una designación por mayoría absoluta del Parlamento, lo que blinda la dirección frente a la discrecionalidad del Ejecutivo y de las posiciones partidistas.

Por la cola, de las peor valoradas es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), que pierde puntos porque su director general acumula solo dos años de experiencia y formación en un ámbito no relacionado con el tema. También, por la mayor presencia de perfiles más políticos que técnicos en su estructura directiva. Por otro lado, entre las organizaciones peor paradas está la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con más de 120 millones de presupuesto y 500 empleados, pero que, de acuerdo con el análisis, tiene “problemas recurrentes de gestión del parque público de vivienda” que han llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz y también pierde puntos por la “designación de responsables cuya experiencia en vivienda era limitada o indirecta”, recoge el informe. 

“Cuando no hay requisitos claros ni procesos competitivos, el nombramiento depende demasiado de la confianza política. Y eso genera una dirección pública más vulnerable a las presiones políticas, generando rotación e improvisación. Y ahí falla la continuidad estratégica en sectores claves”, afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, quien insiste también en que para mejorar este indicador “se necesitan reglas estables, transparencia y evaluación” que reduzcan la dependencia de los nombramientos políticos. 

En las conclusiones del análisis, los autores señalan que muchos de los problemas que detectan en la Junta responden a tendencias que se dan a nivel nacional, pero insisten en la necesidad de establecer “condiciones verificables” para el acceso a los cargos más allá de conceptos genéricos como la solvencia profesional. “Este rasgo estructural se traduce en una variabilidad muy elevada en la calidad de los perfiles nombrados. El análisis muestra alternancia entre directivos con trayectorias altamente cualificadas —especialmente en etapas recientes o en determinados organismos— y otros con una adecuación más débil a la misión de la entidad”, señalan. Esto provoca, advierten, “un alto grado de incertidumbre en la dirección pública”. 

Finalmente, el informe, titulado El Dedómetro, edición Andalucía. Estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Andalucía, señala que la comunidad se encuentra en “una posición intermedia dentro de la serie de dedómetros” realizados en otras comunidades. Y aunque comparte con otros territorios la ausencia de un marco generalizado de profesionalización de la alta dirección pública, presenta también singularidades que invitan a ser positivos, como “la aparición reciente de dinámicas de mejora” en los nombramientos que podrían consolidarse si se acompañan de reformas estructurales. 

Además del análisis, el documento recoge una serie de recomendaciones que se resumen en seis ejes principales. El primero, es la creación de procesos de oposición abiertos y competitivos cuando se trata de entidades estratégicas. El segundo, pide blindar legalmente ciertos requisitos mínimos relacionados con el cargo que se va a desempeñar para poder disponer de criterios objetivos y verificables a la hora de juzgar el desempeño.

En relación con el cumplimiento de sus responsabilidades en el puesto, el tercer eje en el que insisten es la creación de "contratos de desempeño" que especifiquen los objetivos a alcanzar y permitan evaluar su trabajo. En la misma línea, piden también más responsabilidad individual en materia de transparencia, exigiendo que se considere como una infracción la "omisión o falta de actualización de su perfil profesional".

Finalmente, las dos últimas propuestas aluden a la necesidad de crear modelos de currículum normalizados para optar a los puestos y un registro en el que aparezca el listado de las personas que han ocupado la dirección en los últimos diez años. "Esta medida no solo mejora la transparencia institucional, sino que favorece el control público sobre la evolución organizativa, permitiendo detectar posibles dinámicas de politización o rotación excesiva", concluye el documento.

Con el verano a las puertas, las campañas turísticas despegando y unas previsiones de la patronal hostelera que anticipan “una primavera y un verano positivos”, llega también el debate sobre cómo regular esta actividad para que no se vuelva una pesadilla en algunos municipios. Sobre todo en los más pequeños, que ven cómo la población se multiplica en la temporada estival. Una de las medidas que se suelen tomar al respecto es la aplicación de la polémica tasa turística o ecotasa. Aunque otros países llevan tiempo aplicándola, en España ha comenzado a ser más habitual en los últimos años y en muchas comunidades el debate está encendido. En general, ni las patronales turísticas, ni los partidos más a la derecha la respaldan, aunque con alguna excepción, como Galicia (gobernada por el PP).

Esta misma semana, Bizkaia avanzaba en la tramitación de una tasa turística que comenzará a aplicar en enero de 2027. En mayo, el ejecutivo de Asturias daba forma a un gravamen para las pernoctaciones y, en enero, el Partido Socialista catalán, ERC y los Comunes anunciaron un acuerdo para aumentar la tasa turística en Barcelona. En el otro extremo, regiones como Madrid se han negado sistemáticamente a aplicarla y en la Comunitat Valenciana el debate enfrenta a Gobierno y oposición. El PSPV y Compromís habían pedido al Ejecutivo valenciano que la implantase para que los municipios que lo consideraran se pudieran acoger a ella, pero el presidente de la región, Juan Francisco Pérez Llorca (PP), afirmaba en mayo que la tasa “deteriora la imagen de la Comunidad”.

La ecotasa es un impuesto que se suele aplicar sobre las pernoctaciones hoteleras y que recaudan las comunidades y los ayuntamientos. La idea de fondo es gestionar el impacto del turismo y financiar mejoras en servicios públicos e infraestructuras cuando la población se multiplica por el turismo. La primera comunidad que la aplicó fue Cataluña en 2012 –que recaudó 90 millones en 2024, según los últimos datos disponibles– con una cuantía que varía en función de la categoría del establecimiento. Y algunas ciudades como Barcelona han optado incluso por incrementarla. De hecho, desde abril, el importe de esta tasa es un 25% superior a las cuantías originales en la Ciudad Condal y se podrá ampliar progresivamente de aquí a 2029 hasta llegar a los 15 euros por persona y noche.

Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, son las regiones que más turistas acogen, si atendemos a las estadísticas de movimientos turísticos en fronteras que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero ni Canarias, gobernada por Coalición Canaria; ni Valencia, ni Andalucía y tampoco Madrid, todas ellas del Partido Popular, aplican esta tasa. Sí lo hacen, en cambio, las Islas Baleares, gobernadas por el PP, pero donde se multiplican las protestas sociales por los efectos del turismo masivo.

En el caso de Asturias, la polémica se ha avivado con la proximidad del verano por la oposición de la patronal turística, que criticaba duramente la medida: “Mantenemos una oposición total y absoluta a la implantación del gravamen”, señalaba OTEA este martes. Por otro lado, también recibía quejas de algunos ayuntamientos que pedían tener un papel más relevante en el diseño de la tasa. Frente a estas posiciones, también ha comenzado a crecer el malestar social de la mano de asociaciones y vecinos que denuncian una masificación turística y tensión en los servicios públicos cuando llega la temporada alta.

En este contexto, el Principado ha decidido avanzar en la aplicación de este gravamen. Sostienen que la tasa no tendrá impacto en la ocupación y “sí generará un retorno directo al territorio en forma de ingresos que permitirán reforzar la sostenibilidad y calidad del destino”, valora Gimena Llamedo, la consejera de Turismo. La tarifa, cuyo diseño ha aprobado el Principado y será de aplicación voluntaria para los ayuntamientos, será de entre 0,50 y 3 euros por noche, dependiendo de las estrellas del alojamiento.

Un poco por encima de estos importes se sitúa la que está diseñando el Gobierno vasco, que será obligatoria a partir de este verano y va desde un mínimo de 2,25 euros hasta 7,50 euros por noche, dejando exentos a los menores de edad. La aplicación más reciente en esta comunidad es la que ha tramitado Bizkaia, pero también Álava y Gipuzkoa la asumen.

La tasa turística tiene recorrido en otros países europeos, aunque en España se esté reclamando con más fuerza ahora. Francia o Italia gravan las estancias turísticas a nivel nacional y Países Bajos destaca por tener uno de los recargos más altos, con un 12,5% sobre el coste del alojamiento en Ámsterdam. En España, el Ministerio de Industria y Turismo ha tratado de promocionar el gravamen en diversas ocasiones alegando que no reduce la ocupación, pero sigue existiendo resistencia al respecto. Por ejemplo, el consistorio de Madrid rechazaba la idea, propuesta desde Más Madrid, por considerar que no era necesaria. También Cantabria, gobernada por el PP, la rechazaba pese a que localidades de gran afluencia como Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera o Comillas no la viesen con malos ojos. Sin embargo, sin un marco autonómico es imposible implantarla.

El turismo es un motor económico a nivel nacional, pero cada vez hay más voces que piden una regulación. “El reto ya no es cuántos turistas tenemos, sino cómo vamos a poder gestionar esta enorme magnitud y esta industria tan potente para España”, explica Javier Blanco, asesor de turismo de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). De un lado, está el problema de los recursos y el impacto del turismo en el medio ambiente, de otro, las dinámicas de mercado que arrastra, como la proliferación de viviendas turísticas que agravan el problema de la vivienda. Estas dinámicas han abierto espacio para una consideración más crítica sobre el impacto del turismo y han generado espacios donde se reclaman estas tasas turísticas.

Canarias es un caso paradigmático. Si bien el Gobierno de Canarias no ha abierto la puerta a su aplicación, algunos municipios se han declarado en rebeldía. En Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento de Mogán (21.000 habitantes) estableció una tasa de 0,15 euros que se está dirimiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por una demanda de la patronal turística, pero que le ha valido una recaudación de 721.769 euros hasta mayo. “No podemos seguir sosteniendo este modelo únicamente con los impuestos de los residentes”, señalaba la alcaldesa, Onalia Bueno, en declaraciones a la SER. “Cuando voy a Portugal pago 3 euros, en Barcelona otra cantidad… Cataluña tiene hasta 8 euros”, señalaba para defender que no afectaría a la competitividad del sector y remarcaba que lo lógico es que el Gobierno de Canarias lo hubiera impulsado a nivel autonómico.

La vivienda turística y la incidencia de esta en los precios de los alquileres es otro de los grandes argumentos que se suelen dar para defender medidas de control del turismo como la ecotasa. Las viviendas de uso vacacional también están sujetas a la tasa y en Canarias han sido el detonante de muchas protestas. De hecho, un estudio reciente encargado por la Fundación Canarina y elaborado por Estudios Sociales Geas 7, señala que el 90% de la población canaria cree necesario cambiar el modelo turístico y un 47,6% sostiene que la llegada de turistas está muy relacionada con los problemas ambientales y sociales que atraviesan las islas, situando el acceso a la vivienda como el principal problema.

Con estos mimbres empieza a ganar intensidad el debate sobre la tasa turística, que tiene como trasfondo un debate más amplio relacionado con cómo se gestiona un sector que año tras año firma cifras récord. El año pasado, España recibió 97 millones de turistas extranjeros, un 3,4% más que en el ejercicio previo, y el propio Ministerio de Turismo consideraba que el hito de los 100 millones se podría alcanzar, previsiblemente, en este año.

Este lunes Comisiones Obreras (CCOO) y la Fundación 1º de Mayo han presentado su informe Observatorio Social de Personas Mayores 2026. El documento alerta del proceso de envejecimiento de la población activa en España y advierte de que “la llegada de población extranjera compensa cada vez menos el envejecimiento demográfico”. En este contexto también señala que se siguen produciendo “un número significativo de jubilaciones anticipadas voluntarias”, pese a que el Gobierno trata de promocionar las modalidades demoradas para tratar de suavizar la llegada a la jubilación de una de las generaciones más numerosas en España, aquellos entre los 54 y los 64 años. 

Si se observa la pirámide de población española, se comprueba cómo se ensancha en el centro y se estrecha peligrosamente en la base. Por eso el informe de CCOO señala que la sociedad enfrenta un reto urgente, el de "garantizar calidad de vida para una población mayoritaria que envejece de forma acelerada" y que además vive más años. “En un momento en que estamos en pleno proceso de regularización de las personas migrantes, vemos cómo este proceso nos está permitiendo regular la estructura generacional. España lleva desde 2025 con un saldo vegetativo negativo. Solo la migración nos permite equilibrar un proceso muy peligroso”, señalaba en la presentación del informe Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato. De hecho, las personas mayores de 65 años ya suponen el 20,7% de la población en 2025, frente al 17% que representaban a principios de siglo.

Una de las herramientas que se han planteado desde el Gobierno es lograr que el proceso de jubilación sea más flexible y progresivo, aunque por el momento, quienes piden la jubilación anticipada son más que quienes optan por demorarla. En la información estadística que elabora el Instituto Nacional de Seguridad Social (INNS), en la que se basa el informe, entre enero y abril de 2026 se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria en España 22.705 personas y decidieron demorar su retiro 15.612 personas. "Cabe destacar que los trabajadores autónomos tienden a demorar su jubilación (31,1%) en mucha mayor medida que los del Régimen General (6%)", señala el documento, que liga el fenómeno en parte a la necesidad de completar los años cotizados o de mejorar la prestación con más años en activo.

Si se observa la tendencia histórica, pese a las cifras superiores de quienes se jubilan antes de la edad, el incentivo para alargar la vida laboral ha hecho que aumente el porcentaje de personas que deciden quedarse más años en activo. Así, los datos de INSS apuntan a que si en 2017 se acogían a la jubilación anticipada un 43,4% de los trabajadores en el momento de iniciar el proceso, en 2025 ese porcentaje había bajado hasta el 28%. Por el contrario, si hace nueve años demoraba su retiro un 4,2%, frente al 10,9% de 2025. Una tendencia deseable, pero insuficiente por sí sola frente al reto demográfico, ya que el número de jubilaciones anticipadas voluntarias, advierte el estudio, sigue siendo "significativo".

Si se observa la composición de quienes se jubilan antes de su edad, además de quienes lo hacen voluntariamente, están quienes tienen trabajos penosos y se les aplican cocientes reductores. Aunque paradójicamente, estos últimos representan una proporción muy baja, según CCOO: "La modalidad de jubilación anticipada derivada de trabajos especialmente penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos ha presentado históricamente un bajo grado de utilización, una tendencia que aún se mantiene en la actualidad, situándose en el 2,5% sobre el total del sistema", señalan. Es un porcentaje que previsiblemente aumentará, ya que recientemente se han incorporado a este grupo bomberos forestales y agentes medioambientales. Por otro lado, quienes deciden quedarse un poco más de tiempo en activo suelen tener, según diversos estudios, una posición laboral alta o intermedia y un nivel de estudios superior.

En total, en España hay 10 millones de personas que cobran una pensión y un 72,1% se retiran en su edad ordinaria o después; sin embargo, desde el sindicato insisten en la necesidad de "blindar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema", especialmente en los puntos donde falla, como la brecha de género.

Las políticas del Gobierno pasan por intentar estirar los años de cotización de los trabajadores, premiando a quienes decidan trabajar un tiempo más o promoviendo medidas que hagan compatible el salario con la pensión. Por un lado, quienes decidan demorar su retiro obtendrán incrementos anuales y semestrales en su pensión futura superiores al 4%. Por otro lado, aquellos que decidan compatibilizar su pensión con su salario (jubilación activa) acogiéndose a planes de jubilación flexibles, podrán ver crecer su retribución futura transcurridos doce meses. Por el momento, la idea parece que va calando, pero siguen siendo mayoría quienes se retiran cuando toca o, si pueden, se van antes.

Ellas sufren la brecha salarial de género también cuando toca disfrutar de lo trabajado. Aunque el análisis de la Fundación 1º de Mayo sostiene que la situación ha mejorado con respecto a años anteriores, la realidad es que los hombres cobran aún hoy una pensión un 20,7% superior a la de las mujeres. "Mientras que en las pensiones en vigor la brecha es del 30,7%, en las nuevas altas se ha reducido al 20,7%, lo que refleja una progresiva equiparación", señalan.

Pero en esa "equiparación" sigue habiendo grandes agujeros, pese a que la mitad de los pensionistas son mujeres (49%). Por ejemplo, un 63% de las personas que perciben una pensión no contributiva son mujeres, ya que suelen ser ellas las que renuncian a su carrera para cuidar, quienes tienen más parcialidad no deseada o más temporalidad.

Otro dato negativo es que las mujeres dependen más de los complementos de pensión. Estas transferencias se añaden a las pensiones cuando no alcanzan un mínimo de subsistencia legal y, de nuevo, son ellas las que más necesitan acogerse a esta compensación: un 30,5% de mujeres lo requiere, frente a solo un 14,3% de los hombres.

El análisis muestra que tanto las pensiones en vigor como las nuevas altas son considerablemente más bajas para las mujeres que para los hombres, con diferenciales mensuales de 499,6 euros al mes en las primeras y de 333,1 euros al mes en las segundas, concluye el estudio, que cierra las conclusiones reclamando una "redistribución justa" de los recursos. "El objetivo fundamental de las sociedades actuales no debe ser solo prolongar la existencia, sino asegurar que los años ganados transcurran con bienestar y plenitud", concluyen.

Desde la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort (Alemania) hasta la estantería del supermercado o la cuota de tu hipoteca hay una maraña de consideraciones y teorías financieras, pero un camino muy corto. Cuando el BCE sube los tipos de interés, como ha ocurrido este jueves tras casi tres años a la baja, el coste para que los bancos presten dinero aumenta y el Euríbor, que marca el precio de las hipotecas variables, crece. Las empresas invierten menos y los precios suben. A esto se le llama enfriar la economía porque se busca que los precios caigan cortando la capacidad de consumo de los ciudadanos. A menor demanda, más stock y precios más moderados. La gran pregunta que está generando un gran debate estos días es si, en este contexto, marcado por la guerra de Irán y las tensiones geopolíticas, la subida de tipos servirá para contener la inflación o solo hará que tu hipoteca sea más cara o tu capacidad de compra más estrecha. 

Una cuestión que le han trasladado en la ronda de preguntas a la propia presidenta de la entidad, Christine Lagarde, y a lo que respondió: “Everybody has to do what they had to do” (Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer). Es decir, si la inflación sube por encima del 2% (en mayo fue del 3,2%), el manual dice que los tipos deben subir. Su trabajo, señaló, era estabilizar los precios y hacer políticas "predecibles", por eso la decisión de subir los tipos había sido unánime.

La duda que plantean muchos economistas, como el catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla, Juan López Torres, es si una subida de precios que se sustenta sobre una fuerte incertidumbre internacional y una crisis energética derivada de la guerra de Irán, se puede atajar con una subida de tipos. Es decir, encareciendo el crédito y premiando el ahorro para que la gente gaste menos. Para él, la respuesta es que no. "Es como decir que hay una inundación porque ha subido el nivel del agua. Pero lo importante es saber qué ha provocado la subida del nivel del agua, porque puede haber muchas causas para que esto ocurra y no todas se resuelven con el mismo instrumento", señala el economista. Para Torres, subir los tipos en este contexto hundirá la demanda y bajará los precios, pero puede hacerlo a costa del crecimiento y el bolsillo de los ciudadanos. Para ilustrarlo, tira de un símil médico: "Es como bajar la fiebre al enfermo matándolo", concluye.

En la jerga financiera se diría que con el giro de timón del regulador europeo han ganado los halcones, como se denomina coloquialmente en el gremio a los partidarios de lanzarse en picado hacia el control de la inflación. Frente a estos están las palomas, como llaman a aquellos expertos más proclives a sostener el crecimiento y el empleo, tolerando una mayor inflación. 

Carlos Arenillas, economista, y quien fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, razona con infoLibre los argumentos que aporta el BCE. "Los bancos centrales, en este caso el BCE, tienen un mandato institucional, que es mantener la inflación en el 2% y vigilar la estabilidad financiera. Y básicamente, la herramienta que tiene para hacerlo es mover los tipos de interés", señala. "Que el BCE haga una subida simbólica, aunque sea de un cuarto de punto, manda el mensaje de que no está de brazos cruzados". Por eso muchas críticas van dirigidas a que este movimiento es una formalidad destinada a salvaguardar su reputación.

Sin embargo, Arenilla explica que en economía las expectativas son muy importantes y se traducen en números. "Para los agentes económicos no solo es relevante el tipo de interés que fija el BCE, sino toda la curva de tipos. Si estos agentes ven que la inflación aumenta y el BCE no hace nada, se pueden inquietar pensando que la inflación va a subir mucho más y pueden actuar por su cuenta elevando los precios", explica. Algo así como una profecía autocumplida.

"En el mundo de la economía, la psicología cuenta mucho, por eso hemos incorporado el concepto de expectativa", explica otro economista que prefiere no dar su nombre porque trabaja en un órgano oficial. Al igual que Torres, se acerca más a la posición de las palomas que a la de los halcones.

El economista explica que la inflación se produce por dos causas: por un shock de oferta, como ocurre con el estrangulamiento de la llegada de petróleo y gas que está tensando la oferta y los precios; o por un exceso de demanda o de consumo que la oferta no es capaz de cubrir. Esto último sería lo que le pasa, por ejemplo, con la vivienda. Pues bien, para él lo que ocurre actualmente responde al primer caso. "No se están produciendo incrementos de precios porque los salarios estén subiendo mucho o porque la gente esté consumiendo más de lo normal. Se están produciendo esas tensiones de precios por el estrangulamiento de la oferta, sobre todo la entrada de petróleo, gas, etc...", concluye. Por eso, en su opinión, subir los tipos terminará impactando sobre todo en el bolsillo de los ciudadanos y recortando el crecimiento: "Cualquier decisión de compra, desde comprar una tele o un coche, se retrae. Y a eso se suma el encarecimiento de las hipotecas", concluye.

De ahí que muchos economistas consideren que la subida de tipos no servirá para afrontar la situación actual. "No vas a corregir los precios de la energía con la subida de tipos de interés, porque el problema no lo tienes en tu demanda o en tu consumo, lo tienes en un shock externo. Lo que harás será bajar los precios en general a costa de deprimir mucho la calidad de vida de los ciudadanos", remata.

Otras voces expertas cuestionaban también que la subida de tipos no casaba con unas previsiones de inflación que no resultaban alarmantes. De hecho, la entidad espera que la inflación se quede en torno al 3% en 2026 y para 2028 se modere al 2%. En el caso de España, este viernes se ha conocido el dato de mayo, que se mantiene en el mismo nivel de abril, en el 3,2%.

Para responder a esto, Antonio Moreno, catedrático de Economía de la Universidad de Navarra, el movimiento puede responder a la situación actual de incertidumbre y a la intención de no repetir errores pasados. "Aunque parece que Trump quiere acabar con la guerra, en los mercados se ha instalado la incertidumbre y las expectativas de inflación al alza al final hacen que la inflación suba", explica. "En el momento de la guerra de Ucrania se reaccionó algo tarde y se subieron los tipos cuando la inflación ya era bastante alta; yo creo que ahora el BCE quiere anticiparse", explica. Por otro lado, aunque España no esté muy expuesta en este momento al problema energético porque posee más renovables, Alemania sí que lo está y la entidad monetaria, apunta, "está muy ligada a las necesidades de países grandes como Alemania", concluye.

Hacía tiempo que una decisión del BCE no generaba un debate tan amplio fuera de la institución, aunque dentro, tal como señaló Lagarde, ni se plantearon otra opción que no fuera subir los tipos. Con estos mimbres deberán tejer quienes busquen casa y necesiten una hipoteca, o quienes tengan una a tipo variable. Con unas condiciones que ya se habían vuelto restrictivas en el último año, una subida de tipos podría dejar fuera del mercado hipotecario a más gente, aunque todo dependerá de la duración del ciclo de subidas.

En cuanto a las hipotecas a tipo variable, el Euríbor llegó en mayo a su máximo en 20 meses, situándose en el 2,8%, y cabe esperar que este nuevo ciclo de tipos repercuta en el interés de los préstamos, poniendo más tensión a un mercado inmobiliario ya de por sí complicado para los ciudadanos.

Tras poco más de 100 días de bloqueo del Estrecho de Ormuz por la guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero, el precio del crudo sigue una trayectoria de gran volatilidad. Las pérdidas acumuladas de suministro de los productores del Golfo superan ya el millar de millones de barriles, con más de 14 millones de barriles diarios paralizados, un choque de oferta sin precedentes.

El déficit acumulado de inventarios es histórico. Según el Informe del Mercado del Petróleo de la IEA de mayo de 2026, las reservas mundiales cayeron 129 millones de barriles en marzo y 117 millones en abril, el ritmo de agotamiento de inventarios más rápido jamás registrado. El déficit total de petróleo podría alcanzar los 900 millones de barriles en septiembre de 2026, y para reconstruir las reservas agotadas se necesitaría aproximadamente un millón de barriles diarios de superávit durante los próximos tres años.

El mundo está viviendo una de las mayores perturbaciones energéticas de la historia que, debido a su magnitud y duración, tendrá graves repercusiones a corto y largo plazo. El mayor problema no es el precio de los derivados del petróleo, sino su escasez.

El Estrecho de Ormuz es (o mejor dicho era) un punto clave en el mapa del comercio mundial del petróleo. Por él transita alrededor del 20 % de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL). Aunque la mayor parte del petróleo que pasa por Ormuz se destina a Asia (China, India, Japón y Corea del Sur), una parte significativa también llega a Europa.

En cuanto al suministro de GNL, el sur de Asia se enfrenta a enormes perturbaciones: el 99 % de las importaciones de Pakistán provienen de Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como el 72 % de las de Bangladés y el 53 % de las de la India.

En cuanto al combustible de aviación, Asia importa del golfo Pérsico casi la totalidad del queroseno que utiliza ,y es casi la mitad del que importan la UE y el Reino Unido.

En el caso de este producto, además del precio está la escasez física, pues con Ormuz cerrado no hay suministros y, además, el combustible de aviación no se puede almacenar fácilmente.

Debido a la escasez de materias primas, el precio del petróleo ha subido un 50% de media a nivel mundial, mientras que el precio de combustible de aviación se ha duplicado. Una tregua puede suponer un retroceso en los precios, pero no hay posibilidad de volver al nivel inicial (efecto cohete–pluma).

Cabe esperar un alza sostenida en los precios, aunque quizá no tan grande como durante las crisis del petróleo de los años 70. De hecho, a nivel global ya estamos observando una destrucción de la demanda. Este proceso comenzó con el aumento de los precios del petróleo, que en la práctica funciona como un impuesto directo para los hogares y empresas. Al hacer mermar el poder adquisitivo, esas subidas hacen caer la demanda de otros productos, lo que puede dar lugar a una desaceleración económica. A esto se añade la caída del nivel de optimismo y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la economía.

La disminución prevista de la demanda de 1,5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026 sería la más acusada tras las de la pandemia de la covid-19 y el estallido de la guerra en Ucrania.

A medida que persistan los desabastecimientos y los precios elevados, se extenderá la caída de la demanda. Se están revisando a la baja las previsiones de producción industrial y los niveles estimados de inversión, y la subida de los precios se ve reflejada en las expectativas de inflación.

El fortalecimiento del dólar, derivado de la subida prevista de los tipos de interés y del aumento de la inflación, animará a los inversores a desplazarse hacia la deuda estadounidense. El dólar caro seguirá con nosotros, ya que Europa y Asia pagarán más por la energía que importan.

Los daños provocados por los ataques no se limitan a las instalaciones de producción de petróleo y a las alteraciones logísticas. La crisis afecta también a otros sectores:

Si hoy mismo se restableciese la normalidad en Ormuz, el retorno a los niveles normales de producción de los yacimientos afectados podría llevar entre cuatro y cinco meses, lo que propiciará el agotamiento de las reservas. Los daños sufridos por la capacidad de refinería y el complejo de GNL de Catar implican que la plena recuperación de la infraestructura energética regional podría llevar años.

La Agencia Internacional de la Energía estima que el 80% de las instalaciones de la región están dañadas y que el 10 % de la producción mundial de petróleo ha quedado totalmente fuera de servicio durante al menos dos años. El mercado seguirá sintiendo los efectos del bloqueo del transporte marítimo, incluso mucho después de que este se levante.

Los efectos de la guerra no se reflejarán en la coyuntura global hasta los próximos meses y, a pesar de ello, las bolsas parecen considerar que la mayor amenaza geopolítica ya ha pasado y que la economía mundial se las arreglará, incluso con un petróleo caro. En Europa, esta situación ha obligado a los gobiernos a intervenir, ya sea mediante la reducción de los impuestos indirectos o la imposición de precios máximos.

Ante la crisis, Asia busca nuevos proveedores mientras Estados Unidos aumenta su producción y espera superar el récord de 2025 de 13,6 millones de barriles diarios.

Los márgenes de refino han aumentado temporalmente, pues las diferencias de precios en los destilados medios han alcanzado máximos históricos. Todos pagamos por esta guerra, pero los grandes actores salen ganando. La petrolera saudí Saudi Aramco, la rusa Gazprom y la estadounidense Exxon Mobil prevén obtener este año unos 234 000 millones de dólares en beneficios adicionales.

Entre los posibles beneficiados, también hay que incluir a España, que espera un crecimiento récord del turismo.

En esta situación, lo más importante es el tiempo. Si el periodo de incertidumbre se prolonga lo suficiente cambiarán los hábitos de los ciudadanos como ya ha pasado antes. Tras las dos crisis del petróleo de los años 70, cuando el precio del barril de crudo se disparó un 400%, Europa se pasó a los coches pequeños, y apostó por el desarrollo de la energía nuclear y la explotación de nuevos yacimientos de materias primas energéticas. Las consecuencias de aquella crisis incluyen también la popularidad de las bicicletas, el cambio horario y el concepto de eficiencia energética.

De momento parece haber una tendencia a un menor consumo, y el mantenimiento de los precios elevados. A más de 100 días del bloqueo, el mundo enfrenta simultáneamente el mayor choque energético registrado, una inflación reemergente con riesgo de estanflación, un agotamiento sin precedentes de las reservas estratégicas de petróleo y perturbaciones en cadena que van desde los fertilizantes hasta los chips.

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Anna Marta Czarczynska es profesora de Economía y Empresa en la Universidade da Coruña

Su cara aparece en miles de carteles naranjas con el logo del Sindicato de Inquilinas y la imagen de Maricarmen apoyada en su andador durante las concentraciones para evitar su desahucio, la han convertido en un símbolo de la actual crisis de vivienda que ha dado la vuelta al país. Su caso tiene todos los ingredientes: es pensionista, no puede afrontar el precio del alquiler que le pide el grupo de inversión que ha comprado su casa, lleva siete décadas en la misma vivienda y, con 87 años, le obligan a buscarse otro sitio en el que vivir en un mercado de vivienda cuyos precios siguen desbocados. La otra alternativa es una residencia. Ha agotado las vías legales porque “el sistema permite que ocurran estas cosas”, señaló su abogada a infoLibre. Sin embargo, este lunes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, al que habían acudido como último recurso, le da la razón. Es un paso adelante, aunque sin garantías explícitas de que se pueda solucionar su situación, ya que los mandatos de este comité de la ONU en este sentido están muy abiertos a la interpretación.

“Han notificado al juzgado que la ONU solicita la suspensión del desahucio para evitar un daño irreparable mientras se tramita el procedimiento”, explica la letrada que lleva el caso, Beatriz Duro. La respuesta del organismo internacional les llegó este lunes, 15 días antes de la fecha para la que está programado el tercer intento para desalojar a Maricarmen. 

La pregunta inmediata es si este mandato servirá de algo o solo prolongará aún más un proceso que ha ido agotando las fuerzas de Maricarmen. La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto explica que las resoluciones que emite este organismo de la ONU en lo relativo a la vivienda dependen bastante de la interpretación que haga cada juzgado.

Al acudir al Comité DESC, lo que ha obtenido la defensa son unas medidas cautelares, en base a un mandato de la ONU que señala que los Estados deben garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Estas medidas piden al Gobierno y a todas las administraciones públicas implicadas que aporten soluciones y dan un plazo de seis meses para que se informe sobre el plan a seguir. “Para evitar el daño irreparable que supone un desahucio, se suelen dictar unas medidas provisionales, que son como medidas cautelares. Esto se hace para que, bien se suspenda el desahucio, o bien se dicten planes alternativos”, explica Jacinto, que ha llevado otros casos como este.  

Pese a que se trata de un organismo internacional, no hay garantías de que se pare el proceso. “Si nos atenemos al cumplimiento de los derechos humanos, es una resolución que debería respetarse porque el Estado español suscribe los tratados internacionales de la organización”, explica Jacinto. Pero la realidad no es tan contundente. “Hay debate al respecto y hay casos en los que los juzgados entienden que no aplica y otros que sí lo aplican. Debería tomarse siempre en cuenta, pero no siempre pasa”, lamenta. "Lo que está fuera de toda duda y defiende también la Abogacía del Estado es que hay que tomar en consideración el dictamen, así que, tanto si suspenden el desahucio como si no, tienen que razonar su decisión y explicar cómo han llegado a esa conclusión", afirma la abogada.

El problema de Maricarmen comenzó hace ocho años. En ese momento, la familia propietaria del edificio lo vendió a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Le ofrecieron que se quedara con el piso, ya que la ley marca un derecho de adquisición preferente para el arrendatario, pero el precio era demasiado alto para una pensión de 1.450 euros. Aquí entró en juego Urbagestión, que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba, lo anuló en los tribunales y, tras pedirle un alquiler de más de 1.600 euros que no podía pagar, comenzó el proceso de desahucio porque ella siguió abonando el alquiler que pagaba antes de que la especulación inmobiliaria pusiera los ojos en su casa, los 440 euros que estipulaba la renta antigua. 

El primer intento de desalojo fue en octubre de 2025 y la movilización social consiguió posponerlo. El segundo estaba programado para el pasado 3 de junio, pero de nuevo, la presión popular y una concentración que el día antes reunió a cientos de personas y a varios artistas frente a su casa hicieron que el juzgado retrasase 20 días el lanzamiento. “Vivir dos desahucios en 20 días es una tortura psicológica que ninguna persona debería pasar”, explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Este aplazamiento es un burdo intento de desmovilizar a las vecinas y vecinos ante la avalancha de apoyos que está recibiendo Maricarmen”, concluían en una nota de prensa. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que lleva el caso de Maricarmen, se habían organizado una serie de eventos, tanto el día del desahucio como en jornadas previas, para tratar de evitarlo. Unas horas antes de que el primero se realizase, el juzgado que lleva el caso anunció que posponía 20 días el lanzamiento. Para el sindicato, se trata de una estrategia destinada a "desmovilizar" y esperar a que la presión y el descontento vecinal se rebajen.

La vivienda está situada en el distrito madrileño de Retiro y Maricarmen entró en ella hace 71 años, cuando su padre era titular del contrato. El precio de este barrio es uno de los más altos de España. De acuerdo con el portal estadístico del Notariado, el precio del metro cuadrado en la compra supera los 9.000 euros y los alquileres rondan los 24 euros por metro cuadrado. En términos generales, un estudio reciente de la tasadora Tinsa señala que desde 2015 el precio de la vivienda nueva y usada en España ha aumentado un 75,4%, un ritmo imposible de seguir tanto para los salarios como para pensiones como la de Maricarmen. 

Este lunes, la plantilla de la Agencia Tributaria ha protagonizado un paro de 24 horas en todo el país para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La protesta, convocada en esta ocasión por el sindicato CSIF, forma parte de un ciclo de movilizaciones que los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) vienen realizando desde hace meses,bajo la llamada de diferentes grupos sindicales.

Las protestas más recientes tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y se repitieron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España. También el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, llevó a cabo en noviembre su primera huelga en 17 años y tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) encadenaron protestas el año pasado para acelerar las negociaciones con el Gobierno.

En plena campaña para presentar la declaración de la renta, alrededor de 28.000 trabajadores estaban convocados por toda España a concentrarse delante de sus oficinas para pedir que se refuercen las plantillas, que se abra la negociación en diversos aspectos de mejora de las condiciones laborales, que llevan paralizados desde 2019, y que se cumplan los acuerdos firmados con la AEAT. A esto se suman otros puntos como la regulación del teletrabajo, la reactivación del acuerdo de carrera profesional o que se contemple como profesionales de riesgo a los trabajadores de Vigilancia Aduanera. 

Aunque las reivindicaciones de asociaciones y sindicatos no coinciden plenamente en las soluciones, las protestas por la forma en que se lleva a cabo la progresión en la carrera están en el centro de la polémica, ya que provocan "un deterioro de la estructura" laboral de la administración, según explican desde Gestha a infoLibre. "La AEAT instauró en 2007 un sistema de progresión propio en el que no existen concursos para subir de categoría, pero tampoco ha reclasificado a los empleados", explica José María Mollinedo, portavoz del sindicato. Eso ha provocado, apunta, que los puestos superiores de la escala profesional no se hayan cubierto adecuadamente cuando hay jubilaciones o salidas. "Se van jubilando las personas de jefatura de área, los coordinadores y, sin un concurso, se va generando una desestructura porque, aunque entran promociones nuevas, nadie sube a esos puestos porque no se convocan", explica Mollinedo.

La forma en que se cubren es con un parche provisional. "El trabajo lo están haciendo ahora mismo personas sin nombramiento a las que la Agencia Tributaria ha colocado en comisión de servicio, que, según la ley, tiene una duración de un año con una prórroga extraordinaria de otro año", explica el portavoz. "Hay gente que lleva hasta 10 años y eso lo hacen cesándoles un día y volviéndoles a nombrar en comisión de servicio al día siguiente por otros dos años. Eso es un abuso de derecho", concluye.

Gestha no se ha sumado al parón convocado este lunes, ya que no comparte con los convocantes los modelos para corregir esta situación. Tampoco lo han hecho CCOO y UGT, aunque sí mantienen reclamaciones similares. Francisco Tamargo, secretario general de la sección sindical de AEAT de CCOO se queja de que "en lo que se refiere a la gestión de personal, la Agencia nunca ha funcionado tan mal", reclama.

Para Tamargo, las discrepancias en el ámbito sindical se deben en parte al desgaste de meses de reivindicaciones y escasas respuestas desde la dirección. "Por ejemplo, somos una administración de las más digitalizadas y, sin embargo, nos niegan el teletrabajo", señala Tamargo.

Otro punto importante de las reivindicaciones es la brecha salarial entre cargos de la Agencia Tributaria. En este punto insiste sobre todo Comisiones Obreras, que pide mayor transparencia en las tablas salariales de cada rango y aumentos de sueldo en las categorías más bajas, sobre todo cuando el puesto implica un cambio de comunidad o un desplazamiento.

Sobre la falta de personal y la carga de trabajo, estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude y ese es otro de los reclamos en el que coinciden los diferentes sindicatos. "El proyecto de información y asistencia [diseñado para atender dudas y reclamaciones de los contribuyentes], por ejemplo, se presentó como un plan estrella, pero se quiere cubrir con personal laboral", protesta el delegado de CCOO. Una falta de efectivos en la que incidió ayer también CSIF y que genera descontento, sobre todo, en los puestos base. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) también ha tenido otros problemas en lo que tiene que ver con su gestión de personal. Según ha podido conocer infoLibre a través del Consejo de Transparencia, la entidad no sabe con exactitud cuántos funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado están en excedencia. La explicación que dan es que los inspectores de Hacienda no son empleados de la AEAT en el sentido contractual del término: son funcionarios de carrera de un cuerpo de la Administración General del Estado que está adscrito a ese organismo. Un inspector puede, por los mecanismos previstos en la normativa de función pública, ocupar puestos en otros ministerios, en comunidades autónomas, en organismos reguladores o en instituciones europeas, sin dejar de pertenecer al cuerpo. Así, cuando solicitan la excedencia, no es la AEAT quien la tramita.

Las excedencias son relevantes sobre todo cuando se pasa de esta entidad a la empresa privada, ya que puede generar conflicto de intereses. Un hecho llamativo, teniendo en cuenta que el ámbito fiscal es uno de los más estrictos en materia de incompatibilidad cuando se está en activo. "Somos uno de los organismos donde está implantada la incompatibilidad absoluta. No puedes dedicarte a nada", señala a infoLibre Tamargo.

A la espera de que la Agencia se preste a negociar y de que los diferentes sindicatos encuentren un punto de acuerdo, hay algo en lo que coinciden todos: el tiempo que llevan pidiendo cambios en materia laboral. "La relación entre la patronal, que en este caso es la Administración, y los sindicatos nunca ha sido peor", concluye el responsable de CCOO.

La fiscalidad es un arma de doble filo. Rebajarla es, en principio, una estrategia popular entre los ciudadanos y una baza a la que se suele acoger la Comunidad de Madrid para posicionarse frente al Gobierno y ganar popularidad. Pero cuando se exploran las consecuencias de esta dinámica, esa popularidad se reduce. Si se da el caso de que estas bajadas impositivas empiezan a comprometer los servicios públicos, el porcentaje de personas a favor de reducir los impuestos cae también. Sin embargo, Madrid sigue avanzando en esa senda. La propia Isabel Díaz Ayuso ha presumido de acumular 36 rebajas fiscales durante su mandato y recientemente ha anunciado la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente que estará dentro de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, destinada a bonificar los traspasos de empresas con nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Dicho así, puede sonar como una medida de gran impacto económico, pero lo cierto es que esta bonificación crece solo cuatro puntos porcentuales con respecto a lo que ya existe: desde el 95% hasta el 99%.

La baja fiscalidad es la piedra angular de la política de la Comunidad de Madrid y la presidenta madrileña suele anunciar ampliamente las medidas que refuerzan ese ideario. Sin embargo, lo que incluyen estas nuevas normas fiscales —que se pondrán en marcha previsiblemente este mes de junio— no es tan novedoso ni se espera que tenga un gran impacto en las cifras. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, explica que este nuevo servicio, la Oficina de Defensa del Contribuyente, es un mecanismo que ya existe a nivel estatal bajo el nombre de Consejo de Defensa del Contribuyente y ante el cual se pueden presentar reclamaciones que deriven luego en cambios normativos. "Recoge, al igual que haría la oficina madrileña, las quejas y sugerencias que no son judicializables", señala Mollinedo. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, presentaba la medida señalando que la Comunidad quería garantizar unos derechos "reales y efectivos en la práctica" para los contribuyentes. Isabel Díaz Ayuso iba un poco más allá al señalar que su intención era proteger a los ciudadanos de los "excesos" de la Agencia Tributaria. Otro de sus mantras electorales.

Así, lo que realmente introduce como novedad el Anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente son dos puntos: el compromiso de disculpa cuando se haya vulnerado algún derecho del cotizante y haya una sentencia judicial firme que lo avale y un agradecimiento por su cooperación. "La Administración tributaria autonómica agradecerá la cooperación a los obligados tributarios que hayan atendido y prestado la debida colaboración en el transcurso de un procedimiento inspector, cuando el mismo haya terminado sin regularización de la situación tributaria ni imposición de sanción", concluye el artículo 10 del anteproyecto.

En cuanto a la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, responde a la intención de promocionar que los pequeños negocios mantengan el relevo generacional. Es un problema que llevan tiempo denunciando las patronales, pero en este caso, desde Gestha consideran que la medida fiscal propuesta puede tener un impacto limitado, ya que no introduce grandes cambios con respecto a la regulación anterior. "El coste presupuestario estimado son dos millones de euros, una cantidad muy baja con respecto a las cifras de una comunidad como Madrid", explica Mollinedo. La nueva regulación, que esperan que tenga impacto en alrededor de 1.500 personas, amplía la bonificación fiscal cuando se traspase una empresa desde un 95% hasta un 99%, cuatro puntos porcentuales.

Lo que sí va a ampliar esta nueva norma es la posibilidad de aplicarse bonificaciones en un grado de parentesco familiar más amplio, como ya ocurrió en febrero del año pasado, cuando se elevó la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos desde el 25% hasta el 50%. En este caso, se aplicará a las compañías de forma que, tanto en transmisiones cuando el propietario haya fallecido como cuando se retira y la cede en vida, el traspaso de la empresa esté bonificado para familiares de tercer grado (tíos y sobrinos) y en cuarto grado, por afinidad o consanguinidad, haya requisitos flexibles de aplicación.

"Es posible que pueda tener efecto en el relevo la ampliación de los grados de parentesco, pero el coste presupuestario de la exención no parece que pueda movilizar a más gente. Calculan que puede afectar a 1.500 personas, pero es que esas personas ya disfrutan de una bonificación del 95%", valora Mollinedo.

El mantra de que pagar impuestos siempre ayuda en las urnas no es tan evidente. De hecho, un estudio de las universidades de Viena y Zurich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae hasta 10 puntos. Ahí es cuando el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o más deuda. Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que en Madrid ha aumentado un 125% la tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una primera consulta en hospitales. También, si se compromete la viabilidad de la educación pública, como por ejemplo, no climatizando las aulas de los colegios públicos. Una cuestión que mantiene en pie de guerra estos días a las asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid. De hecho, el sindicato CCOO denunciaba también que la respuesta de la Consejería se ha limitado durante años a actuaciones aisladas e insuficientes. “Miles de docentes, personal educativo y alumnado continúan desarrollando su actividad en espacios que alcanzan temperaturas incompatibles con la salud", señalaron en un comunicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta sus propuestas fiscales por oposición a la política fiscal del Gobierno y hace un mes reiteraba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba realizando la “mayor recaudación” de impuestos “a través del terror fiscal”. De hecho, en la presentación de los Presupuestos Generales de la comunidad, presumió de que las rebajas fiscales habían ahorrado a los contribuyentes “casi 40.000 millones de euros”, pese a que en la otra cara de la moneda está el hecho de que sea también la comunidad que menos gasta por habitante en servicios básicos, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Está por debajo del promedio nacional en sanidad, educación y servicios sociales y 42 puntos por debajo de la región que más invierte: País Vasco. 

Pese a ello, la baja fiscalidad sigue siendo el eje de su política. Un discurso que mantiene también el Partido Popular a nivel nacional y que se ha concretado en el lema del "infierno fiscal" que Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ha reiterado contra el Ejecutivo. Sin embargo, esta vez, insisten desde Gestha, ni la bonificación ni la Oficina de Defensa del Contribuyente parecen tener el calado suficiente como para hacer bandera de ellas.

La carrera por el dominio de la inteligencia artificial da un nuevo salto. Anthropic, creadora de Claude, ha presentado el borrador para salir a Bolsa. La empresa dirigida por Dario Amodei presentó esta semana de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el borrador de registro para una futura oferta pública inicial (OPI) adelantándose así a OpenAI, que llevaba meses anunciando la posible salida.

La compañía confirmó a través de un comunicado la intención de cotizar en bolsa. La presentación del formulario S-1 abre la puerta a que, una vez revisada la documentación por la SEC, pueda debutar en Wall Street.

Que el anuncio se haya hecho de forma confidencial, y a través de formulario, es ya una práctica habitual de las grandes empresas porque evita revelar de inmediato información sobre ingresos, costes o rentabilidad. 

La relevancia del movimiento de los de Amodei es que la salida a bolsa  supone abandonar las rondas multimillonarias de capital riesgo  a las que se han enfrentado tanto Anthropic como el resto de startups tecnológicas desde finales de 2022, cuando apareció en escena OpenAI con su famoso ChatGPT.

“Con la salida de una de estas compañías, el mercado comenzaría a poner un precio público, diario y verificable a un sector que hasta ahora se ha valorado principalmente con rondas privadas y con mucha expectativa de crecimiento”, explica a  infoLibre Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School.

El interés de los mercados y de la prensa económica se explica por la magnitud de la compañía. Anthropic cerró recientemente una ronda de financiación que elevó su valoración hasta los 965.000 millones de dólares.

Según García, una gran salida a bolsa obligará a “traducir el relato en múltiplos cotizados: ingresos, márgenes, consumo de capital, capacidad de monetización y visibilidad del beneficio”. En su opinión, la primera gran OPI de IA servirá además como referencia para todo el sector. 

“Si el mercado acepta múltiplos muy elevados, estará validando buena parte de la narrativa de crecimiento de la IA generativa. Pero si exige descuento o se muestra más duro con la ejecución, ese primer precio también puede actuar como señal de prudencia para cualquier otra compañía que quiera salir después”, añade.

La futura llegada a Wall Street plantea nuevas exigencias para estas empresas que, como apunta para infoLibre Carlos Cosials, director del Máster en IA de UIC Barcelona y presidente de Aseitec, cotizar en bolsa “implica estar en el ámbito especulativo, pero con unas reglas que demandarán mayor transparencia” y, por supuesto, estas compañías “deberán mostrar cuáles son los verdaderos motores que garantizan su rentabilidad futura”. 

Cosials plantea una idea importante con respecto al interés de los inversores: si la inteligencia artificial terminará por convertirse en una infraestructura indispensable de la economía digital. “La duda es si el search [Google] pasará a research inteligencia artificial generativa] y quién dominará ese mercado de forma cuasi monopolística”, como ocurrió con  Google, el buscador que se convirtió en la referencia de búsqueda en la web hasta con un verbo “googlear”.

La salida a bolsa de Anthropic va a fijar “el marco psicológico con el que el mercado va a juzgar a los que vienen detrás”, recuerda Cosials. La compañía de Amodei nació en 2021, fundada por empleados descontentos con OpenAI y con la dirección de Altman. Desde entonces, ambas compañías han competido por llegar más lejos con sus desarrollos.

Pero la diferencia estratégica entre ambas compañías será clave, como sostiene Cosials, para determinar qué modelo empresarial —enfocado a usuario o a negocio—será capaz de sostener “un negocio gigante en el tiempo”.

Mientras OpenAI ha construido buena parte de su crecimiento alrededor del mercado de consumo gracias a ChatGPT, Anthropic ha apostado por clientes corporativos. 

“El filón que ha encontrado Anthropic está referido a un ámbito que no está muy regulado, el de la calidad del software. La capacidad de generar y analizar código ha sido excepcional y le permite entrar en modelos B2B (negocio), frente al modelo B2C (usuario) que ChatGPT está eminentemente aplicando. Eso le permite asegurarse un modelo de ingresos más sostenido y menos intervenido”, añade.

El entusiasmo de los mercados convive con un debate cada vez más intenso sobre la sostenibilidad económica del sector.

Las grandes tecnológicas han anunciado inversiones que superan los 750.000 millones de dólares este año. Nunca antes se había destinado tanto capital, en tan poco tiempo, al desarrollo de una tecnología emergente que está creciendo a la par que se está usando.

El modelo de negocio sigue bajo escrutinio porque “genera incertidumbre, sobre todo por el lado de los costes”, señala Garcia. El entrenamiento y funcionamiento de los modelos exige inversiones multimillonarias en chips, centros de datos y energía.

Para García, la compañía llega al mercado en una posición de fortaleza poco habitual. “Se ha comunicado un run-rate —proyección anualizada— de ingresos de 47.000 millones de dólares y cerró una ronda de 65.000 millones para una valoración total de 965.000 millones, lo que le da una posición muy fuerte” frente al resto de competidores, sostiene. La experta recuerda, además, que distintas informaciones apuntan a que la empresa podría acercarse a su primer trimestre rentable.

¿Qué ocurre cuando una tecnología nacida como startup se convierte en infraestructura económica? La salida a bolsa de Anthropic obligará a comprobar si la inteligencia artificial generativa es ya un negocio extraordinariamente rentable o sigue siendo una apuesta sobre beneficios futuros.

Para García, la respuesta se sitúa a medio camino. “Los últimos datos sugieren que la IA generativa ha dejado de ser solo una promesa tecnológica y se ha convertido en una realidad de negocio”, sostiene.

“No todo vale cuando aspiras a ser corporación”, advierte Cosials que apunta a que la salida a bolsa someterá a Anthropic “al escrutinio de los resultados donde, tanto capitalistas (mercado) como instituciones (reguladores), puedan tener evidencias de garantía de que el valor se preserva y la prestación del servicio es conforme”.

En última instancia, la directora del Máster de Finanzas cree que la salida a bolsa de Anthropic no solo pondrá a prueba a la compañía de Dario Amodei, también obligará a Wall Street a decidir si una empresa nacida hace cinco años merece una valoración cercana al billón de dólares.

El poder económico catalán baila en círculos, como la sardana. Si se equivoca uno, afecta a todos. Un mensaje de cohesión y pertenencia, más que jerarquía. O eso se pretendía. Pero, esa danza donde se pone el interés colectivo en el centro se ha descompasado en los últimos años, y meses, debido a las turbulencias en las grandes empresas familiares, senyera económica y también social del país. Cuatro de las cinco mayores dinastías han atravesado culebrones familiares, escándalos o polémicas operaciones fallidas, mientras que otras muchas se han vendido al capital global. 

Ni Salvador Illa ni la presidenta del Cercle d'Economia, María Teresa García-Milà, se acordaron de esas grandes fortunas en la reunión anual de la élite empresarial catalana. Sí pusieron de manifiesto las fricciones de ese círculo con el socialismo catalán, arrastradas desde febrero, por temas como la regularización migratoria o la intervención de alquileres. De la retahíla de reproches de la presidenta del Cercle, que llegó a sostener que la política de vivienda avanza en la "dirección equivocada", a la respuesta, a ratos irónica, del jefe de la Generalitat. Todo para abrir boca a la principal cita económica en Cataluña, que mira más hacia China, Estados Unidos y Europa —o como echar mano al recién horneado pastel de la industria armamentística— que a Osona o El Penedès. De hecho, ninguna de las grandes familias de la terra figura entre las ponencias.

Tal vez haya quedado obsoleto aquel dicho del fundador de Planeta, José Manuel Lara, de que "los empresarios catalanes prefieren tener una tienda en el Paseo de Gracia que el 10% de El Corte Inglés, pero es mucho más importante tener el 10% de El Corte Inglés". Pues un par de generaciones después, a esa burguesía barcelonesa ya no le preocupa tanto la marca o el prestigio, sino sobrevivir a cualquier precio.

A comienzos de 2024 el fondo especulador Gothman City acusó a Grifols de manipular sus cuentas para maquillar un endeudamiento histórico y el valor de la farmacéutica catalana en bolsa sufrió un desplome del que todavía no se ha recuperado. A finales de ese año moría despeñado Isak Andic, el patriarca de Mango, que lograba torear el impacto por la pérdida gracias a un consejo de administración internacionalizado y preparado para ese relevo. Pero, las recientes acusaciones de asesinato contra el hijo, Jonathan Andic, han puesto en jaque la reputación del emporio. Y en medio de ese revuelo, se anunció que Puig cancelaba su fusión con la multinacional Estée Lauder, después de meses de negociaciones que, al truncarse, provocaron el batacazo del gigantes catalán de los cosméticos.

En 2023, la familia Rubiralta perdía Celsa por la decisión de un juez de aprobar un plan de reestructuración que entregaba la compañía acerera a un fondo acreedor tras años de agujero millonario. Meses después, un juzgado mercantil sancionaba a Francesc Rubiralta por retribuciones excesivas. Tal vez se salvan del ocaso las Daurella, encabezadas por Sol, dueñas de Cobega, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, aún y con alguna imputación a sus espaldas en 2018. Ese año precisamente los desencuentros por el reparto de dividendos entre Joan y Josep, los hermanos Font propietarios de Bon Preu, casi hace pedazos a la cadena de supermercados.

"Los problemas y disputas de sucesión han sido una de las causas para la venta de empresas familiares catalanas, pero también la necesidad de internacionalización para la inyección de inversiones y competitividad", señala el investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Andrei Boar, que destaca que "pese a los recientes golpes, se han mantenido a flote gracias a una sólida gobernanza de sus consejos de administración por encima de las personas". Sin embargo, el economista agrega que "el valle" que atraviesa la empresa catalana se debe a que "está sumida en una burocracia y legislación, que hace que sea más rentable venderla".

Ante esos desafíos, numerosos linajes catalanes han vendido sus empresas para vivir de sus activos e inversiones, como Manuel Lao con Cirsa (Nortia Capital), Alberto Palatchi con Pronovias (Galma Capital) o Ricardo Portabella con Grupo Anpora. Completan esa lista compañías emblemáticas como Abertis, Codorniu, Freixenet, FresCo, Ausonia o Palet. A la lista se sumó Mediapro en 2023, cuando un fondo chino apartó a Jaume Roures, fundador y socio gestor del conglomerado mediático. Tras su salida la nueva dirección despidió a 189 trabajadores.

"Son pocas las grandes empresas familiares catalanas, pero son referencia para las pymes, porque abren camino y estandarizan. Cataluña es una tierra con vocación comercial. No son sólo empresas, nos define como sociedad", indica a infoLibre la economista, Isabel Nogueroles, autora del libro El Poder del círculo en la empresa familiar. Nueve de cada diez empresas catalanas son familiares y generan el 70% de la riqueza, según datos de Ascef, que revelan el peso de este tipo de negocios en Cataluña respecto al resto del Estado. Los grandes linajes aportan el 5% del PIB catalán, crean mucho empleo y, sobre todo, "identidad". "Es más que un modelo económico, es un modelo social. Tienen mucho arraigo en el territorio, son un componente de desarrollo y un espacio de movilidad social", señala la analista sobre un gen catalán en mutación. Sus consecuencias ya se han empezado a notar, como indicaba García-Milà en el Cercle: "Cataluña ha crecido en los últimos años, pero con un modelo extensivo que ha supuesto más ocupación, pero menos productividad y salarios estancados".

Si el 55% del empresariado español (en Cataluña las cifras serán similares) tiene más de 60 años, en una década el ocaso actual será ya noche cerrada. Y todavía no hay ni tenoras ni tibles, ni en Cataluña ni en España, que salven esta sardana. "Políticamente se mira cada vez más a corto plazo, no hay una estrategia pública de país y esa miopía ahondará la crisis de la empresa familiar", considera Nogueroles. Una advertencia lanzada ya en 2021 por el Cercle d'Economia. "Denunciamos que hoy ni Barcelona ni Cataluña disponen de un modelo de prosperidad compartido y que cuente con la complicidad de todos los agentes. Por lo tanto, nuestro capital y nuestro país están arriesgando el futuro de todos: podemos quedar atrapados en una espiral de irrelevancia económica, de lenta pero inexorable decadencia", soltaban en un comunicado especialmente duro para una entidad empresarial guiada por la corrección política. 

Ese grito de auxilio se suma a los constantes reclamos de Foment del Treball, la principal patronal, presidida por Josep Sánchez Llibre, el lobista a cargo del regreso de las compañías tras la fuga por el procés. Pese a que algunas corporaciones como Sabadell y Criteria han vuelto a instalar su sede social en Cataluña, y pese a cierto dinamismo económico, todavía falta mucha diáspora por volver, sobre todo entre las pequeñas y medianas compañías que siguen sin encontrar incentivos en una de las comunidades con peor fiscalidad para el empresariado.

Ese fue uno de los reclamos que a mediados de año le hizo el empresariado catalán al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en otro círculo, el del Cercle Financer de La Caixa, antes de recibir a "aquel niño de Badajoz" como "el mejor interlocutor posible". Por la plaza del Cercle d'Economia danzarán el rey, Sánchez, Feijoó... y la cobla seguirá tocando para que cualquiera abandone o se una al círculo, pero siempre sin romper el ritmo.

Ashoka es una organización internacional estadounidense fundada en 1980 por el abogado y exconsultor Bill Drayton, cuya principal ocupación es identificar y financiar a los llamados emprendedores sociales. En España, la organización lleva 20 años operando y dentro de sus redes se desarrollan más de 60 proyectos repartidos entre nuestro país y Portugal, explica Irene Milleiro, directora general de la entidad en la península ibérica. "Intentamos buscar personas que tengan una idea innovadora y que traten de dar soluciones estructurales a los problemas sociales", señala Milleiro. De hecho, Drayton recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2011. 

En el caso de Ashoka, explica Milleiro, buscan proyectos que "no tengan como objetivo solo ganar dinero, sino resolver problemas sociales" y hacerlo de forma estructural. "Por ejemplo, trabajamos con programas que no buscan solo animar a los supermercados a que no tiren comida, sino impedir con planes y regulación el desperdicio alimentario", remarca. Otra de las patas de su proyecto en España es la lucha contra la polarización social en las redes sociales y los medios de comunicación. Por un lado, lo hace colaborando con medios especializados en verificación de datos, como Verificat, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a contrastar información. "Trabajamos con ellos en proyectos destinados, por ejemplo, a formar tanto a niños como a personas mayores o agentes sociales en la lucha contra los bulos y la desinformación".

Otro ejemplo es The Self-Investigation, una organización global que trabaja la salud mental en las redacciones y cuya fundadora, Mar Cabra, fue premiada por Ashoka en 2023. También han reconocido a Clara Jiménez Cruz, cofundadora del medio Maldita.es, que se dedica a contrastar la información que llega a los lectores comprobando datos y fuentes. Jiménez es también presidenta de la Red Europea de Estándares de Verificación (EFCSN) y miembro del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre desinformación. 

"Primero tratamos de ayudarles a crear una identidad y a comunicar su proyecto", señala la directora general de Ashoka. Pero también aportan financiación: "Les damos durante los tres primeros años un estipendio de alrededor de 25.000 euros al año –aunque el importe puede variar según el caso– para que puedan centrarse en su proyecto, ya que muchas veces esta gente tiene otro trabajo aparte", explica.

Milleiro destaca también el proyecto Polarization Footprint (huella de polarización en castellano), creado por Helena Puig y en el que se ha basado la nueva herramienta lanzada por el Gobierno HODIO, creada para medir y evaluar la presencia de discurso de odio y polarización en redes sociales. "Es como un medidor del nivel de polarización. Igual que somos capaces ahora de medir las emisiones de carbono, las herramientas de este tipo nos permitirán saber quién emite más o menos bulos, plantear multas o saber cuánto se contamina –entre comillas– la democracia", concluye la directora.

El balance de estos 20 años que hace Irene Milleiro es positivo, aunque reconoce que durante este tiempo han visto un cambio "muy importante" en el ecosistema de emprendimiento social en España: "Al principio nadie sabía ni qué quería decir este concepto", apunta, pero ahora es un sector "al que se han incorporado muchos actores", concluye. Eso sí, cuando les contactan a algunas de las personas que seleccionan, bromea, tienen que explicarles a los propios emprendedores que su idea va más allá de un proyecto empresarial y tiene potencial para mejorar la sociedad.

Los temas en los que buscan incidir y en cuyos proyectos pone más interés Ashoka son principalmente cuatro: proyectos educativos, respeto al medio ambiente, nuevas tecnologías y longevidad. "La idea es sentar a todos estos emprendedores a hablar sobre los retos sociales, porque en un mundo tan complejo como el actual, cada vez es más difícil darles respuesta atendiendo únicamente a un aspecto concreto", puntualiza. Su idea: "Generar laboratorios de ideas en torno a diferentes temas".

La elección de estos bloques temáticos y la función de Ashoka responde a la necesidad de poner a conversar "en un mundo tan polarizado" a personas diferentes, insiste Milleiro.

La educación y la tecnología se conciben como elementos clave para entender un espacio social que cambia continuamente, y aquí entran proyectos como plataformas de aprendizaje online, proyectos para orientar el uso de la inteligencia artificial o un libro sobre proyectos educativos adaptados a la realidad social.

En cuanto a la longevidad, uno de los grandes retos de países como España, Ashoka ha lanzado con la colaboración de Danone Nutricia, tienen abierta la convocatoria Radar de Impacto para identificar y apoyar soluciones transformadoras en torno a la longevidad. Este ámbito, concluye Milleiro, se ha abierto para tratar "todo lo que tiene que ver con esta revolución demográfica, en la que va a haber muchas más personas mayores y para aportar ideas sobre cómo garantizamos que esas personas tengan una vida plena y activa".

Crear un parque público de vivienda construyendo más casas no es algo que se haga en un año ni en dos, y quizá tampoco en tres o cuatro; por eso los expertos suelen afirmar que la oferta a corto plazo es rígida. Y esta evidencia lleva a otra pregunta: ¿Se puede hacer algo para facilitar el acceso a la vivienda a corto plazo o no queda otra que asumir que habrá varias generaciones atrapadas en el alquiler o en la casa de sus padres mientras tanto? Es la pregunta que más discrepancias genera y por donde se parte el consenso entre las políticas más a la izquierda –que piden intervenir los precios– y las propuestas más pegadas al espectro político de la derecha –que se niegan a ponerle límites al mercado– porque cualquier otra intervención que no sea aumentar el número de casas la consideran intervencionista. 

La pugna política es la otra cara de la moneda en esta crisis. Mientras los socios a la izquierda del PSOE insisten en topar los precios o suspender los desahucios, en la derecha se centran en el ámbito de la construcción o de las exenciones fiscales (que ya existen) para caseros. “Las soluciones no pasan por intervenir el mercado y topar los precios, como impone el PSOE, sino por equilibrar oferta y demanda”, señalaba el PP en un comunicado tras aprobarse la ley de vivienda en 2024. Y esa postura no parece haber variado. El pasado mes de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistía en la misma línea y afirmaba que solucionar el problema de la vivienda pasaba por “bajadas masivas de impuestos, ayudar a los jóvenes y no atacar a los propietarios”. 

En el otro extremo está el grupo Sumar, que insiste en la necesidad de intervenir el mercado de forma más activa, topando precios, prorrogando los desahucios o vetando la compra especulativa de vivienda. El PSOE, por su parte, se ciñe a la ley de vivienda y trata de poner el foco en que corresponde a las autonomías decidir si quieren o no utilizar los mecanismos que ofrece la norma.

"Todas las medidas que no sean construir significan regular la función residencial y social de la vivienda. Eso pasa por reducir el beneficio de los especuladores, del sector inmobiliario, de los inversores y de los caseros. Por eso hay tantas guerras contra las políticas de vivienda", señala Javier Gil, sociólogo experto en vivienda e investigador en el CSIC. "De ahí la presión de lobbies, patronales, inmobiliarias y fondos para evitar cualquier tipo de política que regule esa función social de la vivienda y solo apostar por la construcción como única medida", insiste.

Hasta el momento, la medida para intervenir el mercado que más implantación ha tenido son los topes en zonas tensionadas que contempla la ley de vivienda. Esta etiqueta a la que son reacias las comunidades del Partido Popular se aplica sobre todo en Cataluña, País Vasco y Navarra, aunque también A Coruña, en Galicia, la ha conseguido poner en práctica. Los gobiernos del PP firmaron un documento en 2024 negándose a ponerla en marcha, aunque muchas localidades y ayuntamientos habían enviado peticiones para hacerlo. Sin embargo, la última palabra corresponde a los ejecutivos autonómicos, poco dispuestos a dar el brazo a torcer. En aquel momento, el manifiesto señalaba que “esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios” y pedía al Gobierno que cumpliese con el compromiso de construir más de 180.000 pisos sociales. 

Desde Sumar, los socios de Gobierno han lanzado algunas propuestas para rebajar la presión en los precios que pasaban por intervenir en las condiciones de oferta de los pisos, pero no han salido adelante. En abril, el Congreso (con votos de PP, Junts y Vox) tumbó la propuesta que permitía una prórroga del alquiler, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, de los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027.

La medida no era nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero se intentó recuperar para ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberla solicitado permitía extender los contratos de vivienda que expirasen antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%. Sin embargo, solo estuvo vigente un breve periodo de tiempo, hasta que pasó por el Congreso y decayó.

Por otro lado, Sumar también promocionó en mayo que se prohibiese la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", una idea que tampoco encajó bien el PSOE. En su lugar, propusieron un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, gravar los pisos vacíos y subir el IVA de los pisos turísticos al 21%.

Justo en este último punto, en la intervención del mercado de pisos turísticos, es donde afloró la última polémica. El pasado 22 de mayo el Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso presentado por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, que pedía anular el registro único de alquileres turísticos al considerar que el Estado no tenía competencias para regularlo. Era una medida impulsada por el Ministerio de Vivienda para cumplir con la exigencia de Bruselas de controlar los pisos turísticos y que centralizaba el registro, obligando a identificar las viviendas que se alquilan a turistas en plataformas como Airbnb o Booking, pero también cualquier otro inmueble que se comercialice como un arrendamiento de temporada.

El ámbito académico, donde trabaja Gil, tampoco se ha quedado al margen en este debate. Si bien la ley de oferta y demanda es un elemento sobre el que hay consenso (a menos casas, más demanda sobre cada una de las disponibles y, por tanto, precios más altos), cómo torcer esta dinámica en el corto plazo es un dilema cargado de debates y discrepancias. En un punto medio se sitúa el sociólogo de Esade, Jorge Galindo, con una propuesta centrada en la construcción, pero con el foco puesto en el papel de lo público.

Galindo señalaba en un debate con Javier Gil en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que “si la gente hace negocio con la vivienda, es por la escasez” y, por tanto, “la forma de que no se haga negocio, es hacerla abundante”. También insistió en la necesidad de doblar el parque público y pasar de 10.000 viviendas entregadas anualmente a 30.000, lo que costaría unos 4.500 millones al año en diez años, pero se podría complementar con la incorporación del sector privado y más políticas que lo orientasen hacia lo social. Algo que también han defendido otros expertos como Javier Burón, director de la empresa pública de vivienda en Navarra (Nasuvinsa), que abogaba por permitir "beneficios controlados" de las empresas privadas siempre que las viviendas terminasen en el parque público.

Gil, por su parte, insiste en el refuerzo de lo público y el control del mercado para obtener resultados en el corto y medio plazo. "Hay una ofensiva muy grande en torno a las medidas para intervenir el mercado porque implican reducir los beneficios del sector. Se trata de bajar el precio de los alquileres, de dar contratos indefinidos, etc... y por eso hay tanta resistencia sobre este tipo de políticas", remarca.

Esperar los efectos de un hipotético acelerón en la construcción parece, de momento, la medida que cuenta con el consenso más sólido y también la más sencilla de abordar en un contexto donde los precios no paran de subir y la ciudadanía sitúa a la vivienda como el principal problema en España, de acuerdo con el CIS. En el primer trimestre del año, aunque las compraventas se habían contraído un 2,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, todos los demás indicadores seguían disparados: el valor tasado del metro cuadrado aumentó un 14%, el número de hipotecas alcanzó su la cifra más alta desde hace 15 años y el precio de los alquileres se disparó un 7,1% entre enero y marzo, según el portal inmobiliario Idealista.

Nuevo récord de empleo en España, con un total de más de 22,3 millones de trabajadores alcanzados en mayo, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Con 231.975 afiliados más que en abril, el segundo mejor mayo de la serie histórica, un mes favorable para el empleo por la estacionalidad y, este año, lo ha sido especialmente, con un importante tirón de los trabajadores extranjeros, en pleno despliegue del proceso de regularización aprobado por el Gobierno. El Ministerio de Trabajo detalla que los 2.320.721 de parados es el registro más bajo desde 2007, al haber descendido en 36.323 personas.

Este nuevo récord del mercado laboral pone el techo en un total de 22.337.806 personas afiliadas a la Seguridad Social y además, se consigue con el máximo de mujeres trabajando, casi 10,6 millones —un punto porcentual más que en 2018—, también de hombres (11,7 millones), de trabajadores autónomos (3,46 millones) y de afiliados extranjeros (casi 3,4 millones de personas).

"Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En la evolución del empleo en mayo, avanzó especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más), así como en el sistema especial agrario, con 20.741 más.

En cuanto al paro, descendió en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril: en servicios bajó en 29.829 personas, en industria lo hizo en 2.665 personas, en construcción se moderó en 2.304 personas y en agricultura en 1.628.

El desempleo femenino disminuyó en 20.316 personas, hasta 1.404.110 mujeres; mientras que entre los hombres se redujo en 16.007, hasta un total de 916.611 desempleados.

Entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

"Esta buena noticia no ha caído del cielo, detrás hay políticas concretas, hay diálogo social y hay una voluntad firme de mejorar la vida de la gente trabajadora", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios.

Por regiones, el paro registrado bajó en las 17 comunidades autónomas con las mayores caídas en términos absolutos en Andalucía (9.125 personas), Cataluña (6.900 personas) y Comunidad de Madrid (3.834 personas).

En mayo se sellaron 1.323.719 contratos de los que 572.061 fueron indefinidos, el 43,22 % de todos los firmados.

Por otro lado, el gasto en prestaciones de desempleo, con datos de abril, sumó 2.041 millones con una tasa de cobertura del 80,9%.

¿Sabías que la Constitución española establece que, bajo el principio de igualdad, todos sus ciudadanos deben contribuir, de acuerdo con su capacidad económica, al sostenimiento de los gastos públicos? Pues hemos observado que hay algunos que no están cumpliendo esta norma y, además, están abusando de nosotros.

Imaginemos que tenemos un mineral precioso enterrado en nuestro jardín y nadie nos paga nada por extraerlo, venderlo o acumularlo. Algo parecido ocurre hoy con los datos digitales: tienen un valor económico enorme, se extraen masivamente y, sin embargo, las operaciones que los rodean no suelen pagarse ni someterse a tributación.

Cada vez que aceptamos las cookies en una web, usamos una red social o consultamos un mapa en el móvil generamos datos que las empresas aprovechan como materia prima. Nuestra investigación demuestra que este patrimonio digital invisible permanece, en gran medida, fuera del radar de los impuestos.

Pongamos un simple ejemplo: si accedemos a un periódico online aparecerá un mensaje diciéndonos que, si aceptamos el uso de cookies, podremos seguir navegando gratuitamente. Si, por el contrario, preferimos que no se nos monitoree mientras navegamos, podemos pagar una suscripción antiseguimiento.

Ahora miremos dónde está el truco: si no permitimos que la empresa se quede con nuestros datos deja de enriquecerles unos 2,5 euros al mes. Así que nos dicen que contratemos el servicio por esa misma cuantía para poder navegar sin ser muy monitoreados (porque lo seguiremos siendo igual). Eso sí, si pagamos con dinero los 2,50 euros incluyen el IVA. Si pagamos con los datos, no.

La Comisión Europea calculó que la aplicación de su ley de datos podría generar hasta 270.000 millones de euros adicionales de PIB para los países miembros antes de 2028. Una cifra que ilustra por qué hablar de datos es hablar de patrimonio, de riqueza real, y, en última instancia, de una brecha fiscal que los sistemas tributarios aún no han cerrado.

Este artículo explica qué son los datos digitales desde una perspectiva patrimonial y jurídica, cómo se intenta valorarlos y por qué el régimen fiscal actual genera una desconexión preocupante entre la economía digital y el sostenimiento del gasto público.

Durante siglos, el derecho patrimonial giró en torno a cosas tangibles: tierras, edificios, maquinaria. Incluso el concepto jurídico de “bien” se modeló sobre la idea de algo que se puede tocar y transferir físicamente. Los bienes digitales rompen esa lógica por completo.

Los bienes o activos digitales son parte del patrimonio de las personas físicas y de las personas jurídicas, pero a la dificultad de glosarlos se suma la complejidad de calificarlos. Respecto a lo que debe entenderse como bien, ya en 1978 el jurista José Castán Tobeñas defendía la existencia de “entidades” –materiales o inmateriales– capaces de satisfacer una utilidad económica a las personas.

Los datos, bienes digitales de inmaterialidad manifiesta, cumplen con el criterio de Tobeñas ya que se recopilan, se procesan, se intercambian y se monetizan. No perdamos de vista que a efectos tributarios los que no son bienes deben ser calificados como prestaciones de servicios.

No son pocos los investigadores que definen a los datos como el “oro negro” de la economía del siglo XXI. Pero, para poder someter a impuestos este oro, debe poder valorarse de alguna forma.

El Ministerio de Economía francés se refería, ya en 2013, a los datos personales como “la divisa más preciada del milenio”, que resulta ser gratuita para el mercado digital, por lo que las empresas se enriquecen sin pagar impuestos ni contribuir al esfuerzo colectivo del territorio donde residen los usuarios.

También en España, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recoge, en su espacio sobre los datos, una reflexión sobre cuál es el valor de los datos. Basándose en el estudio británico “Transforming Highways England’s approach to data”, admite la diversidad de mecanismos para valorar los datos a efectos empresariales, no así a efectos legales.

Aceptado ya que los datos son patrimonio digital y que tienen valor, en la normativa tributaria actual no tienen un encaje concreto pues la falta de definición jurídica impide su calificación clara y cuantificación correcta.

Pese a este vacío legal, los mercados no esperan. Las valoraciones bursátiles de las grandes tecnológicas incorporan, implícitamente, el valor de sus repositorios de datos, ya sean abiertos y gratuito, como el de Common Crowl, o privados (cerrados) y onerosos como los de medios de comunicación.

La inteligencia artificial se alimenta de cantidades ingentes de datos y hay una lucha constante por hacer respetar la titularidad de dichos datos, que son usados gratuitamente al estar publicados en internet. En muchas ocasiones se vulneran los derechos de autor de los usuarios pues, al aceptar las condiciones de uso de las plataformas, aunque mantengan la propiedad de la información que introducen, les otorgan ilimitadamente derechos sobre los datos, que luego usan y copian indefinidamente con la sola contraprestación de haber dado acceso a la plataforma y sus contenidos.

La tenencia de estos datos puede condicionar, por ejemplo, las fusiones y adquisiciones societarias de plataformas y páginas web, ya que, a menudo, estas operaciones se deciden en función del tamaño y calidad de las bases de datos de las empresas. Los inversores lo saben y conocen este valor, que no se verá incluido en su justa medida en el valor de las empresas.

Este desajuste entre la existencia de un valor y su falta de reconocimiento en el tráfico económico conlleva que aquellos que quieran pagar impuestos por su tráfico no puedan hacerlo con la seguridad jurídica exigible. Además, quienes no quieren pagar impuestos se estén enriqueciendo injustamente sin contribuir al sostenimiento de los gastos públicos como el resto de contribuyente.

Sus datos valen millones, sí, pero no tributan.

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Ana Cediel es profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat de Lleida

“No le debo ni un euro a Urbagestión”. Son las palabras de María del Carmen Abascal (87 años), una vecina de Madrid que se enfrentará el miércoles a su segundo intento de desahucio. El fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba; lo recurrieron en los tribunales y, tras perder en primera instancia, ganaron en el Tribunal Supremo. Así se convirtió su casa familiar en un activo inmobiliario que la vecina lleva cinco años disputándole a una empresa cuya actividad se centra en la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. 

“Llevo cinco años luchando, y me está pasando factura porque duermo mal y he perdido mucha masa muscular”, dice sentada en su andador. Al principio reconoce que no supo qué hacer cuando recibió las primeras notificaciones de un proceso que hizo que la vivienda en la que residía pasase de mano en mano. En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos vendió toda la finca a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle que comprara el piso, pero no se lo podía permitir. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, su casa fue adquirida por Urbagestión.  

Ese fue el final de su contrato de renta antigua y el principio de su penitencia. El padre de Maricarmen había firmado en 1956 el contrato y, con las actualizaciones pertinentes sujetas al IPC, ella pagaba 440 euros mensuales hasta que la ley del mercado se impuso. La empresa le reclamó tras el fallo del Supremo un alquiler de 1.650 euros al mes, pero su pensión es de 1.450 euros. De hecho, ella les paga religiosamente el importe que ha abonado durante los últimos 70 años más las actualizaciones estipuladas por ley: 440 euros. Por eso insiste en que “no les debe nada”. 

Maricamen charla con infoLibre sentada a la sombra de los árboles que hay frente al Congreso. Acaba de atender a los medios en una rueda de prensa breve con micrófonos y cámaras en la que ha explicado lo “incomprensible” de su situación, pero también que está cansada. “Hace 71 años que vivo en mi casa; si el Gobierno o la ministra de Vivienda me dan un sitio al que ir, yo me voy, pero no tengo otra alternativa”. Asegura que le ha escrito una carta a cada Administración, pero no ha recibido respuesta ni del Gobierno, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento. La alternativa que le han ofrecido es una residencia fuera de su barrio y fuera de su ciudad. 

En estos cinco años ha tratado de ponerse al día sobre la normativa y los derechos que le asistían, una tarea, dice, que es “agotadora”. Lo cuenta con resignación, pero dispuesta a seguir en su casa o a que alguien la escuche y esto "sirva para ayudar a otras personas", dice. “Primero hablé con mi abogada y luego con el Sindicato de Inquilinas, que me cuidan mucho y me acompañan en esto”. Lo que más incomprensible le resulta es que ninguna administración se implique y la conversación gira rápido desde su vivencia personal hacia la ausencia de medidas políticas. “Hay mucha gente a la que le está pasando lo mismo, hay muchas casas vacías. ¿Por qué no invierten dinero para llevar a esas casas, de momento, a la gente que lo necesita? Y mientras tanto, que construyan lo que haga falta”, señala. 

En la Plaza de las Cortes, donde la afectada y el Sindicato de Inquilinas de Madrid han estado protestando minutos antes, se reúne un conjunto variopinto: una protesta para mejorar las condiciones de los presos, una excursión escolar de visita en el Congreso, turistas con botellas de agua y gorros de playa... También hay otro grupo que protesta por la crisis de vivienda. “Aunque sea para hacerse un lavado de cara, alguien debería ofrecerle algo”, comenta una de las personas presentes.

La otra protesta de vivienda es de Amnistía Internacional, que ha ido frente al Congreso a denunciar con cifras lo que Maricarmen vive en primera persona. Quieren “recordarle al Estado” sus obligaciones jurídicas sobre vivienda y pedir que se frenen los desahucios. Lo mismo que esta mujer casi nonagenaria: “Hay muchos intereses en la vivienda, pero nadie vela por el interés de los ciudadanos. ¿Por qué el Gobierno no hace nada?, ¿por qué no dice ‘no’ a esto con la misma fuerza con la que ha dicho el señor Sánchez el ‘no a la guerra’?”, lamenta. 

Cuenta que ha hecho tantas declaraciones públicas, ruedas de prensa y vídeos para redes sociales, que ya ni sabe por dónde empezar a contar su problema cuando los periodistas le preguntan. Repetir una y otra vez algo que debería ser evidente —"es que es mi casa"— termina por hacerle pensar que su discurso es redundante; sin embargo, esa evidencia no basta y por eso está al borde de perder su vivienda. A esa sensación de incomprensión, de hacer dudar a una persona de lo evidente mediante una manipulación sutil, se le llama en la jerga moderna “luz de gas”: ¿cómo va a ser tu casa el lugar en el que has vivido 71 años, si el inmueble lo ha comprado una empresa mientras vivías dentro? “Luz de gas” es un sistema entero diciéndole a Maricarmen que esa ya no es su casa porque no tiene suficiente dinero para vivir donde ha vivido siempre.

Desde las puertas del Congreso volverá en taxi a su vivienda en el distrito de Retiro, una zona que ya es de las más caras de Madrid y de España. Se despide de infoLibre y se queda un rato a la sombra, "a ver si los que están ahí dentro hacen algo", dice señalando con el pulgar hacia el Congreso.

“Se han agotado absolutamente todos los recursos, se ha ido a todas las instituciones públicas, se han tocado todas las puertas, y la realidad es que el sistema permite que se desahucie a una mujer en su situación”, explica Beatriz Duro, de Duroa Abogados. Ella es quien ha llevado este caso desde el principio y acaba de pedir una prórroga de un mes para tratar de retrasar el desahucio, aunque aún no ha recibido una contestación.

La incertidumbre empieza a pesar más a medida que se acerca el día. “Es imposible saber si se ejecutará o no”, dice Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, pero están preparando otra acción para que la presión social vuelva a paralizar el segundo intento, previsto para el miércoles 3 de junio. “Vamos a hacer un pasacalles al que van a venir artistas, vamos a convocar a la gente y vamos a dormir en casa de Maricarmen para tratar de frenar el desahucio”, concluye.

El caso de Abascal reúne muchas anomalías, explica Duro. Primero, que Urbagestión conocía la situación de la inquilina cuando compró el inmueble. "En primera instancia la jueza nos dio la razón porque nuestro argumento principal es que a una persona que lleva años subrogada en un contrato de alquiler y pagando la renta —es decir, que ha sido una subrogación consentida— no pueden luego decirle que no están de acuerdo y tratar de impugnar su propio contrato", señala la abogada. "Sabían lo que había al comprar la casa —que por cierto adquirieron muy por debajo del valor de mercado— y aceptaron", concluye.

Pero en los sucesivos recursos de la empresa, las sentencias contradijeron el primer fallo y Maricarmen empezó a perder su casa. Con respecto al desalojo programado para el próximo miércoles, Duro explica que ni el posible coste reputacional de un desahucio tan mediático, ni la situación vulnerable de Maricarmen les han hecho desistir. "Lo último que hemos pedido en los juzgados es una prórroga de un mes que contempla la ley, pero Urbagestión ha presentado un escrito oponiéndose radicalmente a esta suspensión. Es más, requiriendo el uso de fuerza policial toda vez que se prevé que haya movilización social", concluye Duro.

La crisis energética derivada de la guerra de Irán ha ampliado aún más la brecha entre las ofertas comerciales de las compañías gasistas y la tarifa regulada del gas –la conocida como TUR, por tarifa de último recurso–, hasta el punto de que ya son entre un 50% y un 100% más caras que la versión topada por el Gobierno. Aun así, la TUR sigue siendo minoritaria en España y la tienen contratada el 39% de los consumidores.

Un hogar estándar español, con un consumo medio de 6.000 kWh de gas al año para calefacción y agua caliente, pagaría al año 352,64 euros si tuviese en este momento contratada la TUR, según el comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Si ese mismo cliente optase por una tarifa comercial, no encontraría ahora ninguna por menos de 524,52 euros al año, un 49% más. Tres de las cuatro mayores compañías del país (Naturgy, TotalEnergies y Endesa) tienen sus ofertas en alrededor de los 640 euros, un 80% por encima. Y la tarifa más cara del mercado es, en este momento, de 785 euros, más del doble que la versión de último recurso.

Un hogar sin calefacción con gas, con un consumo medio de 2.400 kWh, también tendría un descuento similar. La TUR se quedaría en este caso en 155,65 euros al año, mientras que la comercializadora más barata se queda en 224,76 euros (+45%), las grandes compañías en alrededor de 280 euros (+80%) y la oferta más cara alcanza los 408 euros (+160%).

Los expertos en energía recomiendan encarecidamente cambiarse a una TUR en este momento debido a ese choque de precios. "A mí me duele ya la boca de recomendarlo. Lo siguiente es poner anuncios en la tele, pero evidentemente nadie va a pagarlos porque no interesan", reconoce Soledad Montero, encargada de Energía en la organización de consumidores CECU. Explica también que las empresas se aprovechan de que la gente cree que la TUR significa quedar desprotegidos frente a averías o que es una tarifa de segunda, pero nada más lejos de la realidad.

La brecha de precio entre la tarifa de último recurso y las ofertas comerciales radica en que la primera está regulada por el Gobierno desde su creación en 2009. Por lo tanto, el coste del gas natural en la factura TUR depende de una fórmula que es pública y que limita las subidas y las bajadas bruscas de precio.

En concreto, su coste varía en función de la cotización del petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa. El precio de la TUR se divide en dos partes, una fija que se actualiza una vez al año, y una variable, que cambia cada trimestre.

La TUR tuvo además entre 2022 y mediados de 2024 un límite temporal que impedía aumentar más de un 15% el coste del gas en las revisiones trimestrales, lo que hizo que fuese todavía más atractiva que las tarifas comerciales, que subieron drásticamente debido a la crisis del gas por la guerra de Ucrania.

Aunque ese tope temporal ya caducó, en este momento la configuración del precio de la TUR hace que sea imbatible frente a las ofertas comerciales, cuyo precio depende de la política de cada compañía, de lo que le cueste aprovisionarse de gas, de lo que gaste en publicidad y de su margen de beneficio. 

De hecho, la última actualización de la TUR tuvo lugar el 1 de abril, en plena escalada de precios de la energía por la guerra de Irán, cuando el gas se había encarecido casi un 70% en los mercados internacionales.

Sin embargo, la TUR pegó un bajón del 7,8% (sin contar el descuento temporal del IVA) debido a que en el primer y en el cuarto trimestre del año se introduce una variable extra en el cálculo del precio –además del petróleo Brent– llamada gas estacional, que depende de la cotización de los futuros del gas natural en el mercado británico. Como en abril se eliminó esa variable, el precio de la TUR se abarató de un día para otro, pese a que el gas natural era el más caro de los últimos dos años.

La subida del gas en los mercados internacionales sí se ha notado, sin embargo, en las ofertas libres de gas natural de las compañías, debido a que estas empresas han tenido que aprovisionarse de combustible a precios más caros, trasladando la subida a sus tarifas.

La brecha económica entre la TUR y las tarifas comerciales no es nueva. La CNMC recoge que la versión regulada por el Gobierno ya fue más barata que cualquier otra en 2022, 2023, 2024 y 2025. Hace un año, en abril de 2025, la TUR era igualmente entre un 31% y un 94% más barata que la competencia para un hogar estándar.

"La diferencia de precio es obvia y se repite cada año, pero no parece que preocupe a las compañías porque el número de cambios a la TUR es increíblemente bajo", opina José Luis Sancha, experto en energía de la Universidad Pontificia Comillas. Entre 2022 y 2024 sí trasladaron a la tarifa regulada 1,5 millones de hogares españoles, doblando el número total hasta 3,1 millones, pero desde entonces la cifra prácticamente no ha cambiado.

El cálculo que hace la CNMC para la TUR (352 euros al año para un consumo de 6.000 kWh) no es en realidad definitivo, ya que no tiene en cuenta las revisiones de precios trimestrales de julio y de octubre. En julio es probable que apenas varíe porque las variables que lo componen apenas han cambiado desde abril, pero en octubre se recupera la variable del gas estacional, que repercute de manera más fiel que el petróleo Brent el encarecimiento del gas natural en el mercado internacional, de manera que se espera una subida de la tarifa regulada.

Para cambiar de una tarifa libre a la versión regulada basta con llamar a la comercializadora de destino y ella se encarga de gestionar el cambio, que es gratuito si el cliente no tiene permanencia. La principal diferencia es que la TUR no puede contratarse con cualquier compañía, solo con Comercializadora Regulada G&P (Naturgy), Energia XXI (Endesa), Curenergia Comercializador (Iberdrola) y Baser Cur (TotalEnergies), pero el precio es el mismo en las cuatro.

Cuando se habla de vivienda pública y asequible, el primer ejemplo que sale a colación es el conocido modelo vienés. Un planteamiento inmobiliario con un siglo de recorrido que ha convertido al ayuntamiento de Viena en el mayor propietario de un parque público de vivienda de Europa. Del total de inmuebles en alquiler que se oferta, el 90% es regulado o social y solo un 10% está en el mercado libre. En un momento en el que el debate sobre la pertinencia de intervenir el mercado en España del lado de la oferta está más de actualidad que nunca, las medidas que toman países vecinos y los efectos que arrastran son un asunto que ayuda a poner en contexto el abordaje político que se está haciendo del problema de la vivienda.

En este mercado, los precios están bajo la supervisión pública y la compra de vivienda por extranjeros, supervisada y sujeta a autorización. Dos cuestiones muy polémicas en el debate sobre vivienda que se da en España, que han generado disputas entre los mismos socios de Gobierno.

“Creemos que es posible extender la prórroga de los alquileres. Queremos prohibir la compra de vivienda a fondos buitre, queremos regular los alquileres de temporada, queremos recuperar los alquileres indefinidos”, señalaba este lunes Eduardo Fernández Rubiño, concejal madrileño de Más Madrid, en una rueda de prensa conjunta con Sumar, donde también calificó la estrategia del PSOE en esta materia de “tibia”.  Pero desde otros enfoques, estas medidas, lejos de parecer moderadas, suelen considerarse un tanto radicales, sobre todo cuando tratan de poner límites en el lado de la oferta con intervención en los precios o límites a la compra. Para unos, solo contribuyen a contraer la oferta y, por tanto, a subir los precios; mientras que para otros es necesario frenar la compra especulativa hasta que quede satisfecho el derecho a la vivienda para quienes necesitan un techo en el que vivir y no para invertir.

Filtrar a los compradores de vivienda es una medida que se ha llegado a plantear incluso en Estados Unidos, bajo la administración actual de Donald Trump. De hecho, tal como informaba en febrero el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca planteó que los inversores con más de 100 viviendas unifamiliares en cartera no pudiesen acceder al mercado. Aunque la iniciativa planteaba algunas excepciones, como por ejemplo para aquellas empresas que construyesen o reformasen casas para integrarlas en el mercado del alquiler. En España se ha barajado esta propuesta de la mano de Sumar, pero sin demasiados éxitos. El grupo defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

Lo cierto es que los grandes fondos y grupos empresariales que se dedican al mercado inmobiliario llevan tiempo en el foco. En 2021, Berlín (Alemania) se planteó un referéndum sobre la pertinencia de expropiar a inmobiliarias, grandes propietarios y fondos que poseyeran más de 3.000 apartamentos. La consulta dio como resultado que un 56,4% de los votantes estaban a favor de la medida, que implicaba comprar con dinero público unas 240.000 viviendas. Sin embargo, al no ser vinculante políticamente, el consenso social y la atención mediática hacia el problema de la vivienda no bastaron, y la medida no se llegó a implementar.  

Aparejada a esta regulación que limita la inversión inmobiliaria, aunque ligeramente diferente, está la propuesta que pone límites a la compra de vivienda de no residentes. Y aquí la lista de países con medidas a este respecto es más larga. Dinamarca exige una residencia mínima de cinco años para poder comprar una casa; en Malta, los ciudadanos extranjeros que buscan una segunda residencia solo pueden comprar si poseen una autorización especial; y en Suiza no se limita la compra, pero sí las condiciones del alquiler.

En cuanto a la forma en que se puede intervenir sobre los precios, tampoco es una novedad absoluta la propuesta de buscar un freno desde lo público. Países Bajos o Reino Unido han dado espacio a un modelo de entidades privadas sin ánimo de lucro (denominadas housing associations) que median en los alquileres, en las adjudicaciones de vivienda y movilizan casas de su cartera propia. Pueden ser ONG o empresas con un lucro controlado que oferten los pisos a precios limitados. De hecho, el plan de vivienda del Gobierno contempla esta figura, aunque de momento tiene muy poca implantación y se limita casi exclusivamente a proveer vivienda social a personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Las recomendaciones de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) caen del lado de la cautela. En las recomendaciones para España de su último balance, emitido el pasado viernes, propone agilizar los trámites burocráticos para aumentar el ritmo de construcción. Una cuestión relevante a medio y largo plazo, según los expertos, pero poco efectiva para crear un parche rápido que aplaque el problema en corto. En cuanto a la intervención sobre los precios, vuelven a la ley básica del mercado y desaconsejan topar los alquileres bajo la premisa de que se reducirá la oferta y aumentará la presión sobre la demanda. Es la misma posición que hasta el momento ha mantenido el Partido Popular y los partidos a la derecha del hemiciclo y que se escenificó en el fin de la prórroga de los alquileres –que también proponía un tope del 2% en la actualización de los alquileres, en vez de crear contratos nuevos a precio de mercado– y que decayó en el Congreso en abril por los votos de PP y Vox.

El problema de la vivienda no parece susceptible de arreglarse mediante una panacea y la distancia en la que se mueven los enfoques políticos –radicales o tibios, según a quién se pregunte– tampoco deja en España demasiado espacio al debate. 

Hace tres años que la ley de vivienda entró en vigor en España, pero la crisis inmobiliaria no parece estar cerca de remitir. Al hilo de esta efeméride, muchos análisis tratan de evaluar la evolución del mercado en estos años y de llamar la atención sobre las deficiencias que están alimentando esta crisis. En la mañana de este jueves, Amnistía Internacional presentaba a las puertas del Congreso un manifiesto en el que insistía sobre ocho medidas urgentes que podrían ayudar a aplacar el incremento de precios en el corto plazo. Además, valoraban el Plan de Vivienda 2026-2030 que presentó recientemente el Gobierno como "un avance" frente a las regulaciones anteriores, pero aún "poco ambicioso" para la magnitud que está alcanzando el problema.

Una financiación más fluida, un decreto que prorrogue los alquileres y frene los precios, limitaciones al alquiler por habitaciones, ayudas de emergencia para procesos de desalojos o impedir los desahucios sin alternativa, son cuestiones que Amnistía Internacional tacha de "urgentes" y a las que dedica buena parte del análisis.

La campaña, presentada por el director de la entidad, Esteban Beltrán, utiliza como gancho letras de las canciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny. “Tití me preguntó cuándo podrá permitirse un alquiler" o “Es más fácil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna” son algunos de los lemas que se pueden leer en los carteles que la organización ha preparado para esta campaña. Una estrategia de márketing que tira de actualidad —el artista está de gira en España y sus letras han evolucionado hacia temas sociales— para hablar de uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la sociedad en España.

Pero más allá de la publicidad, el documento que ha presentado la organización busca "recordar las obligaciones jurídicas del Estado" y exige a las autoridades medidas "más ambiciosas" para frenar la crisis. También ofrece algunos datos relevantes sobre la evolución del sector. Señala, por ejemplo, que en España hay un parque de vivienda social del 1,7%, frente al 9% que hay de media en la Unión Europea. "Incluso considerando el parque de alquiler asequible en sentido amplio, la cifra solo alcanza el 3,5%", señalan.

En cuanto a la inversión pública, apuntan a que podría incrementarse, ya que a nivel nacional se destina al ámbito inmobiliario un 0,5% del PIB, frente a una media del 1,2% del resto de países europeos. Esta parálisis de la inversión y del parque público ha provocado una crisis de asequibilidad en la que las casas han duplicado en 10 años su precio frente a unos salarios que se quedan atrás. "Se han disparado los alquileres de temporada (un 232% entre 2019 y 2024, suponiendo el 13% de la oferta total) y turísticos (suponiendo el 10%) y existe un gran retraso emancipatorio, superior a los 30 años frente a los 26 de la UE", remarcan.

Todo esto genera una situación de "desprotección" que ha llevado a que, en su opinión, se vulnere el derecho a la vivienda en España, con 600.000 desalojos realizados entre 2013 y 2025. La discriminación racial en el acceso a la vivienda o el agujero jurídico que supone el alquiler por habitaciones son dos puntos en los que se insiste y que también han venido denunciando los sindicatos de inquilinos. "Las personas con contratos de habitación están entre las más desprotegidas al quedar excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos", explican en el informe. De hecho, apuntan que este tipo de contrato aumentó un 22% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período anterior, al desplazarse la oferta hacia este segmento.

Sobre las soluciones que se han ido proponiendo, el Plan de Vivienda no termina de cubrir, señalan, todos los agujeros. "Si bien mejora el anterior, es aún poco ambicioso en materia de financiación, establece criterios discriminatorios de acceso, obligando a la posesión de nacionalidad, residencia legal o empadronamiento, y no incluye como condición de la firma de los convenios con las Comunidades Autónomas que estas no vendan vivienda social ya existente", apuntan.

Amnistía Internacional califica de "preocupantes" y "regresivas" las recientes votaciones en el Congreso que han terminado derogando la prórroga de los alquileres y la imposición de topes de precios con los voto de Partido Popular, Junt y Vox. También afeó al PP, mencionándolo explícitamente, que pretenda "reducir los plazos de suspensión de los desalojos, derogar la declaración de zonas tensionadas y los límites a los precios de alquiler, eliminar las prórrogas extraordinarias de los contratos y ejecutar desalojos sin garantías", concluyen.

Si bien a largo y medio plazo hay un cierto consenso en que la solución está en construir más casas públicas, el gran problema es ver qué se puede hacer mientras eso sucede. Es aquí donde más disenso hay entre los expertos y donde se enfocan las sugerencias de la entidad, que propone ocho medidas que aumenten la vigilancia sobre los alquileres, agilicen la construcción y frenen los desalojos.

La primera recomendación es firmar los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la finalidad de que la financiación se pueda ejecutar de la manera más rápida posible. En línea con esto, pide también aplicar fórmulas más ágiles de nueva construcción, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas. El resultado que se busca es ampliar lo más rápido posible el parque de vivienda social.

Las otras cuatro propuestas están más centradas en la protección de los inquilinos. En primer lugar proponen aprobar un nuevo real decreto-ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos. También piden endurecer las condiciones para las viviendas de temporada e incluir los contratos por habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos En tercer lugar, señalan la necesidad de aumentar las ayudas de emergencia cuando existen desalojos. Y por último, incluyen una petición al poder judicial para "asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a una alternativa habitacional adecuada".

La crisis inmobiliaria, que ya se considera estructural, sumada a una forma de legislar que la organización califica de poco ambiciosa, dejan para Amnistía Internacional mucho por hacer en un ámbito que se ha convertido desde hace tiempo en la principal preocupación de los españoles. "Es urgente que las administraciones competentes en materia de vivienda y los grupos parlamentarios en el marco de las deliberaciones en el Congreso, adopten medidas de mayor alcance, coherentes con la gravedad de la situación actual", concluye el análisis.

“Si llegas al 100% de cumplimiento de objetivos, en el año siguiente te piden el 120%, el 140%... y si no mantienes ese ritmo, te penalizan o te despiden por falta de productividad”. Así relata a infoLibre Victoriano Miravete, secretario general del sector financiero de UGT, la forma en la que funciona el trabajo por objetivos en el sector. "Es como empezar cada día de cero y eso genera un estrés constante", concluye. Es el resumen que el responsable sindical hace de la situación de los trabajadores del sector financiero, que están protagonizando varias jornadas de huelga y protestas ante un modelo laboral que ha cambiado hacia una política comercial más agresiva y un cumplimiento de objetivos que condiciona sus salarios y su salud.

La banca española superó los 10.000 millones de beneficio en el primer trimestre del año, con un incremento conjunto de las seis entidades más grandes del 27%. Sin embargo, el número de empleados se ha reducido en más de 8.100 trabajadores en el primer trimestre del año con respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con los datos elaborados por la agencia Europa Press. Y este ha sido uno de los detonantes de las protestas que encadena el sector, a lo que se suma una crítica hacia un modelo de trabajo que califican de “insano”. Desde 2020, explica el responsable de UGT, sus exigencias de objetivos anuales se han incrementado a un ritmo anual de entre un 20% y un 30%. 

En lo que va de año ha habido varias protestas, como la que protagonizaron en abril los trabajadores de CaixaBank que denunciaban la "presión comercial desmesurada" y pedían mejoras salariales, o la que este martes organizaron los trabajadores afiliados a UGT frente al Banco de España (BdE). Incidían en una presión comercial “insostenible” que además condiciona sus sueldos y un clima laboral “deteriorado” que está haciendo mella en la salud laboral del sector. La concentración responde a unas reclamaciones que llevan tiempo enunciando y que continuarán durante el mes de junio, esta vez organizadas por Comisiones Obreras (CCOO). 

Recortes de empleo, un “clima laboral insano” y una forma de organizar la actividad de venta de productos financieros que, según los convocantes, va en detrimento de los propios clientes a los que se les acaba vendiendo servicios que no necesitan. “Igual que nos piden una determinada formación para vender productos, queremos que también se les exija a las entidades una formación y responsabilidad sobre la manera de comercializarlos de forma adecuada”, señala el responsable sindical. "Lo primero que te dicen por la mañana cuando entras a trabajar es lo que tienes que vender de un producto concreto que el banco está promocionando en ese momento. Si, por ejemplo, tienes un cliente al que le vas a vender un seguro determinado, al final puede darse el caso de que terminas ofreciéndole otro porque es el que toca ese día y, si no lo haces, puede afectar a tu puesto de trabajo", remarca Miravete.

Los trabajadores reclaman que el BdE siga de cerca estas estrategias comerciales y los productos que promocionan porque consideran que “entra de lleno en el terreno de la supervisión bancaria” y que podría afectar a la protección de los clientes. De hecho, desde diferentes sindicatos se habían elevado ya peticiones para que el BdE asumiese esa función. En marzo, el supervisor español elevó una de estas denuncias al Banco Central Europeo (BCE) para que la entidad valorase si estas políticas comerciales y las instrucciones de venta que se trasladaban a las oficinas podían estar incumpliendo en algún punto las directrices de regulación bancaria, aunque por el momento, no han obtenido una respuesta.

En la protesta del martes, que coincidió con la publicación del Informe de Inclusión Financiera que elabora el BdE, han insistido en este punto porque, en su opinión, esta institución supervisora debería intervenir. Desde CCOO, sindicato mayoritario del sector, ya han anunciado que van a seguir con las protestas y han convocado movilizaciones el próximo 3 de junio para insistir sobre estos mismos puntos. Protestarán ante las sedes de Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Abanca, Ibercaja y Cajamar en diferentes ciudades y han planeado la propuesta como un primer paso de una serie de protestas sucesivas.

Javier de Dios es el responsable del sector financiero en CCOO. Explica que el clima de protestas no se ha establecido porque esto sea nuevo, sino porque el descontento generalizado en el sector ya va más allá de una entidad concreta y atañe a la forma de trabajar. "A la sobrecarga de trabajo, a la poca planificación, al exceso de objetivos y a las retribuciones variables y no transparentes se suman las presiones de algunos estilos de liderazgo tóxicos en los cuales se invita a vulnerar en cierta forma la normativa vigente a la hora de vender productos. Todo esto hace que las plantillas del sector financiero estén sobrecargadas", remarca el responsable de CCOO. Además, el incumplimiento de estos objetivos comerciales, protestan, se cataloga como bajo rendimiento y pone en riesgo el empleo. 

La baja productividad por no cumplir con estas directrices también puede ser motivo de despido. “El creciente peso de la venta de productos en el salario variable y la aplicación de mecanismos de control con carácter sancionador están creando una situación insostenible en la red de oficinas”, señala UGT. Protestan también porque un porcentaje de sus remuneraciones está atado a la venta de determinados productos financieros que les llegan impuestos. 

En paralelo a esta cuestión corre también el problema relacionado con las absorciones y compensaciones salariales. Los sindicatos ya denunciaban el año pasado que las subidas que obtenían por convenio se terminaban detrayendo de estas remuneraciones variables y, por ello, pedían que el cálculo de este porcentaje variable se estimase de forma más clara para que no ocurrieran estas cosas.

"Todo esto hay que leerlo en un contexto de cierre de oficinas y pérdida de empleos", señala Miravete. De hecho, el informe de Inclusión Financiera conocido este martes apunta en esta línea y señala que entre 2021 y 2024 los puntos de atención presencial se han reducido en un 2,5% y cerraron 1.635 oficinas en ese periodo, lo que supone una reducción del 8,6%.

La salud mental es uno de los caballos de batalla de los sindicatos en el sector. Los riesgos psicosociales asociados al estrés o a la carga mental que supone el trabajo por objetivos son otro de los grandes problemas que llevan tiempo reiterando en sus protestas. Un estudio del sindicato sectorial FINE apuntaba, tras realizar una encuesta a 30.000 trabajadores, que un 92,6% de los empleados financieros afirmaba haber sufrido ansiedad, bloqueo emocional o síntomas físicos derivados del estrés laboral en algún momento de su vida profesional.

Cuando les preguntaban por el nivel de presión, más del 45% señalaba que era "alta y constante" y un 27% decía que era "excesiva y desbordante". El responsable de UGT señala además que el nivel de medicalización y de bajas por estrés del sector es alto, pero les resulta complicado que se reconozcan las causas, ya que entran dentro de los riesgos psicosociales que la ley de prevención de riesgos laborales actual no desarrolla de forma específica. Por el momento, la nueva ley, que sí pone el foco en este tipo de afecciones y cubriría parte de las demandas de los trabajadores, debe pasar aún por segunda vez por el Consejo de Ministros antes de ser convalidada en el Congreso y aún falta un tiempo hasta su puesta en marcha.

Iberdrola ha inaugurado este miércoles la mayor batería de almacenamiento energético del país. La instalación está vinculada a las plantas fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II y cuenta con una potencia de 58 MW, además de una capacidad de almacenamiento de 120 MWh.

El proyecto se localiza en Belvís de Monroy, en la provincia de Cáceres, y supone un avance en el desarrollo del almacenamiento energético, una tarea prioritaria para el sector energético debido al rápido desarrollo de las renovables.

Según ha explicado el CEO de la compañía en España, Mario Ruiz-Tagle, este tipo de infraestructuras permite responder a la nueva demanda que necesita energía firme y contribuye a avanzar en la electrificación de la economía, puesto que permite descargar la electricidad en horas de baja o nula producción renovable, desviando la producción barata a periodos del día con la energía más cara.

El proyecto, desarrollado en Campo Arañuelo, consiste en la incorporación de dos módulos de baterías de ion litio LFP, cada uno con una capacidad de unos 60 MWh, conectados a las plantas solares Campo Arañuelo I y Campo Arañuelo II, que ya estaban en funcionamiento. Gracias a esta integración, las instalaciones ganan flexibilidad y capacidad de gestión.

La inauguración ha reunido a representantes institucionales y de la compañía, entre ellos la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Luis Quintana; el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro; así como alcaldes y autoridades de varios municipios de la zona.

Durante el acto, Ruiz-Tagle ha defendido que iniciativas como la de Campo Arañuelo sitúan al sector energético español ante proyectos "pioneros" y ayudan a que "la electrificación avance con firmeza".

El directivo también ha destacado que Iberdrola trabaja desde hace años en el desarrollo de soluciones de almacenamiento y que ocupa una posición de liderazgo en este ámbito. En este sentido, la energética reúne la mayor parte de la capacidad de almacenamiento con baterías actualmente operativa en España, con cerca de 200 MW en funcionamiento.

Mercedes Morán, por su parte, ha calificado esta infraestructura como una "inversión de primer nivel" y ha subrayado que proyectos de este tipo consolidan a Extremadura "como un polo energético", al combinar generación eléctrica, innovación tecnológica y estabilidad para el sistema.

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el PERTE ERHA.