"Ningún Gobierno puede cesar al presidente de una compañía, sea cotizada o no, en el Palacio de la Moncloa". Con esas palabras ha rechazado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el cese de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica. Un despido que se le comunicó el pasado viernes en una reunión en el Palacio de La Moncloa organizada por Manuel de la Rocha, secretario de Estado de Asuntos Económicos y hombre de confianza de Pedro Sánchez, avalada por los accionistas.

La propuesta partió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado y primer accionista de Telefónica, pero contó con el visto bueno del resto del consejo de administración de la empresa de telecomunicaciones, entre los que están La Caixa y el BBVA. El sábado el consejo se reunió de manera extraordinaria para nombrar a Marc Murtra como consejero y presidente ejecutivo de la compañía.

Para Feijóo se trata de un paso más del presidente del Gobierno para "colonizar" las instituciones, tanto públicas como privadas, aunque en su discurso obvió que la SEPI tiene un 10% del capital de Telefónica. "El Gobierno va a por todo. Pero podemos pararlo entre todos. Cuando esto pase, este país volverá a tener lo que nunca debió perder, la igualdad, la separación de poderes y la libertad, también de empresa", dijo en un encuentro con empresarios valencianos acompañado por el Carlos Mazón.

Lo cierto es que mientras el líder del Partido Popular —acompañado por otros miembros de su dirección— trata de situar el cese como una intrusión del Gobierno de Sánchez en la esfera privada y una "anomalía antidemocrática", según sus palabras, para la cual hace falta activar una "alerta", tanto el Ejecutivo de José María Aznar como el de Mariano Rajoy promovieron ceses y nombramientos en empresas participadas por el Estado en las que, incluso, situaron a amigos, familiares y miembros del partido en puestos clave.

Unas puertas giratorias que, pese a los cambios normativos y la cada vez mayor sensibilidad pública hacia los comportamientos corporativos, siguen siendo habituales en las grandes empresas, tanto las que son 100% privadas como, especialmente, aquellas que están participadas por la administración. infoLibre recoge diez ejemplos.

En el año 1996, tras llegar al poder y apenas unos meses antes de anunciar la privatización de Telefónica, José María Aznar nombró al que fuera su compañero de pupitre, Juan Villalonga, para presidir la mayor empresa del país. Llegó al puesto sin experiencia alguna en el sector de las telecomunicaciones, ya que venía de la banca de inversión y acabó dimitiendo en julio de 2000 arrastrado por las noticias que le atribuían haber utilizado información privilegiada para hacerse con acciones de la compañía. "De los años de [el colegio] El Pilar, mis dos mejores amigos eran Juan Villalonga y Juan Manuel Hoyos", relata el propio Aznar en sus memorias. Sin embargo, el expresidente del Gobierno negó que él que situara a su amigo al frente de Telefónica.

La SEPI también cuenta con una participación en Indra, la multinacional española de tecnología y defensa, de casi un 30%. El Estado mantuvo una participación mayoritaria tras su nacimiento hasta que el Gobierno de Aznar la incluyó en su plan de privatizaciones. Tiempo después el Gobierno de Rajoy decidió volver a tener participaciones. Javier Monzón ocupó durante casi 25 años la presidencia de la compañía bajo los Gobiernos de Felipe González, Aznar y Zapatero, pero en 2015 el Ejecutivo de Rajoy forzó su salida. En una entrevista en el diario Expansión, Pedro Morenés, entonces ministro de Defensa, admitió estar detrás del cese Monzón: “Nosotros decidimos que no era la persona adecuada. No era la persona que el Gobierno creía que podría sacarlo adelante. Hemos puesto ahí a la persona que considerábamos que podría hacerlo”.

El exvicepresidente de CEOE y exsecretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar, José Folgado, fue presidente de Red Eléctrica desde 2012 hasta 2018. Durante el mandato de Folgado, la empresa, cuyo mayor accionista también es la SEPI, incorporó a más de una decena de personas cercanas al PP. En esa etapa el Gobierno de Mariano Rajoy le ofreció a Ignacio López del Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entrar en el Consejo. Aunque inicialmente aceptó, acabó rechazando el cargo tras la polémica generada con el argumento de que lo hacía para no perjudicar ni a la empresa ni a su mujer.  Sucedió lo mismo con Alberto Nadal, hermano del entonces director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, al que también ofrecieron un puesto al que renunció para "no empañar su trayectoria profesional o perjudicar a la empresa".

En mayo de 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy colocó al ministro de Exteriores, Josep Piqué, en el consejo de Airbus por el Gobierno en sustitución del exministro socialista Juan Manuel Eguiagara. Un puesto al que, sin embargo, Piqué no le dedicó mucho tiempo tras ser ser nombrado unos meses después, en octubre de 2013, consejero delegado y vicepresidente segundo de OHL, la constructora de otro exministro, Juan Miguel Villar Mir. Un cargo por el que Piqué cobró 41.668 euros durante los cinco meses que estuvo en la dirección pese a no haber asistido a ninguna de las reuniones celebradas.

En octubre de 2017, durante la etapa final de Mariano Rajoy en el Gobierno, se aprobó el nombramiento del ex secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, por parte del grupo público Enaire, dependiente del Ministerio de Fomento y titular del 51% de las acciones del grupo aeroportuario. García-Legaz fue, además, directivo de FAES, la fundación de José María Aznar. En esa misma reunión Aena aprobó el nombramiento como consejero "independiente" del exministro Piqué.

Enagás es propiedad en un 5% del Estado a través de la SEPI. En 2014 el Gobierno de Rajoy metió en su consejo de administración de una tacada a dos exministras del PP, Isabel Tocino y Ana Palacio, al ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, al ex director general de Industria del Gobierno de Mariano Rajoy Luis Valero y al expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana, luego miembro de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro.

En el año 2012, José Ramón Bujanda Sáenz fue nombrado como nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca), una empresa participada en un 80% por la empresa pública SEPI y el 20% restante por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido por Miguel Ángel Arias Cañete, al que le unía un parentesco con Bujanda, ya que las esposas de ambos son hermanas.

Mercasa es un ente público de la Administración del Estado cuyos accionistas son la SEPI y el Ministerio de Agricultura a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGAEl). Allí aterrizó Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cuando el titular de Agricultura era Miguel Arias Cañete. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales anunció en mayo de 2017 su cese después de ser detenido en el marco de la operación Lezo, que se llevó por delante a gran parte del círculo familiar del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre.

La designación José Miguel Martínez como presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en enero de 2012 fue una decisión personal del ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro. El dirigente del PP siempre desmintió que hubiera vínculo familiar alguno entre ellos, pero sí les unía una estrecha amistad. Abandonó el cargo un año y medio después, en agosto de 2013, formalmente por “razones de salud”, pero con una gestión muy cuestionada ante el alarmante descenso en la recaudación.

Marcelino Oreja, hijo del exministro de Exteriores con la UCD y ex eurodiputado del PP, Marcelino Oreja Aguirre, fue nombrado para presidir Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) por el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2012 una década después de haber sido diputado en Bruselas dos años. El nombramiento fue impulsado por las filas del PP vasco, pero apenas le duró un año porque en 2013 Feve fue absorbido por Renfe y Adif, mientras que Oreja acabó recalando en otra empresa participada por la administración, Enagás.

La Comisión Europea esperará a que el nuevo gobierno municipal de Madrid, liderado por el alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida, materialice el cambio en Madrid Central para evaluar si incumple con las normas europeas en materia de calidad del aire y eleva en consecuencia el caso a la Justicia europea.

"Nosotros analizaremos las políticas cuando se materialicen en el marco de los planes nacionales de calidad del aire –ha expresado el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete–. Pero no comentamos hechos referidos a entidades locales".

Arias Cañete ha hecho estas declaraciones preguntado durante la rueda de prensa en la que el Ejecutivo comunitario ha presentado las evaluaciones de los Planes Nacionales de Energía y Clima, junto con el vicepresidente de la Unión para la Energía, Maros Sefcovic.

"Lo que pedimos es que los planes nacionales de calidad del aire tienen que estar muy alineados con los planes integrales de energía y clima porque todo contribuye a la reducción de emisiones en la que estamos inversos en el marco del Acuerdo de París", ha explicado.

El comisario español ha recordado, en todo caso, que este asunto es competencia de su compañero de Medio Ambiente Karmenu Vella, así como que la Comisión Europea ya abrió un expediente a países en los que hay ciudades que incumplen las normas europeas sobre calidad del aire, como Madrid.

De hecho, Bruselas consideró que el paquete de medidas presentado por España para atajar los problemas de contaminación atmosférica en la capital, que incluía la puesta en marcha de Madrid Central, era suficiente para "hacer frente a las carencias detectadas siempre y cuando se ejecuten correctamente".

En consecuencia, las autoridades comunitarias prefirieron no dar el último paso en el marco del expediente que abrió a España por contaminación atmosférica en Madrid, Barcelona y otros espacios urbanos, que hubiera supuesto elevar el caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) y la posibilidad de la imposición de sanciones.

El Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria la directiva de la UE que protege a los denunciantes de corrupción. La propuesta, que la Comisión Europea presentó en abril de 2018, sumó 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. Tras ser aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 20 de noviembre, se abrió el triálogo, las discusiones entre la Comisión Europea, los eurodiputados y el Consejo de la UE –que representa a los Estados miembros–, que ha culminado en la votación de este martes. Así se materializa una idea que vio la luz con una iniciativa de la eurodiputada francesa Virgine Rozière, del Partido Radical de la Izquierda, aprobada por la Eurocámara el 24 de octubre de 2017.

Para entonces, el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung –y el resto de los medios integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– llevaba más de un año publicando los Papeles de Panamá, Edward Snowden hacía cuatro años que había huido a Rusia tras destapar los sistemas de vigilancia intensiva de la NSA estadounidense y Hervé Falciani ya vivía protegido en España desde que en 2012 fue detenido en Barcelona por revelar una lista de 130.000 evasores fiscales amparados por el secreto de las cuentas del banco suizo HSBC. Son sólo algunos de los whistleblowers que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en los últimos años por destapar prácticas ilícitas de instituciones y gobiernos, cuando no tramas delictivas que involucran a empresas, bancos y grandes fortunas de todo el mundo.

La directiva, que deberá ser trasladada ahora a las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE, protege a los denunciantes de corrupción o alertadores –como se ha traducido whistleblowers del inglés– de posibles represalias. También crea un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que posea información sobre prácticas ilícitas de todo tipo, denunciarlas en el seno de las empresas y las instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada, coaccionada, discriminada, incluida en una lista negra…

Europa pierde miles de millones por no proteger a los denunciantes

El beneficio del sistema de protección que la UE extiende a todo el continente no es una medida filantrópica. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes. Las infracciones que desvelan los alertadores “crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, perjudican a los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa”, advierte la Comisión en las consideraciones iniciales de su propuesta de directiva. Fraude y evasión fiscal, corrupción, delitos medioambientales, seguridad alimentaria y en el transporte, riesgos para la salud pública y vulneración de la competencia son sólo algunos de los terrenos donde los denunciantes han demostrado ya su valor.

Sin un sistema adecuado que no sólo garantice el secreto y la confidencialidad, sino también la eficacia de las denuncias –que éstas den lugar a la apertura de investigaciones y a la toma de medidas, políticas o judiciales–, denunciar prácticas irregulares suponía un riesgo considerable. De hecho, hasta el momento sólo 10 de los 28 miembros de la UE cuentan con mecanismos legales protectores: Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Eslovaquia.

España, sin sistema de protección

España es uno de los países que carecen de un sistema de protección. En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó su proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que ha quedado bloqueada tras recibir un chaparrón de enmiendas, unas 400, del resto de los grupos parlamentarios. Con la disolución de las Cortes, la iniciativa es ya papel mojado. “Y mejor que sea así, porque no cumple casi ninguno de los requisitos de la directiva europea”, apunta Simona Levi, impulsora del Partido X, nacido del movimiento del 15M.

El texto elaborado por el partido de Albert Rivera sólo protege a los funcionarios públicos y altos cargos de las administraciones y únicamente si lo que se denuncia constituye un “delito o infracción administrativa o puede dar lugar a responsabilidades por alcance”, por lo que deja fuera cualquier otro tipo de información por relevante que sea. Además, no concede valor a las denuncias anónimas.

En plena tramitación se encuentran igualmente dos proyectos de ley autonómicos, en Cataluña y País Vasco. El primero, asegura Levi, tiene asegurado el apoyo mayoritario de la Cámara autonómica catalana. Con la segunda, una propuesta de Unidos Podemos, no está tan claro. Además, Castilla y León aprobó en 2016 una ley que sólo regula las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre posibles delitos contra la Administración pública, y que la responsable del Partido X critica por estar diseñada con el mismo patrón que el proyecto de Ciudadanos. Finalmente, la Comunidad Valenciana incluyó algunos mecanismos de protección para denunciantes en la norma por la que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Canales internos y externos, asistencia jurídica gratuita

Como la Comisión Europea considera que los sistemas de garantía para los alertadores son “desiguales” y están “fragmentados”, la directiva proporciona unas normas mínimas comunes que luego cada Estado miembro desarrollará. Así, la directiva da protección a “la gama más amplia de categorías de personas”: trabajadores, no importa si a tiempo parcial, con contrato temporal, dependientes de ETT o autónomos, pero también proveedores de empresas, consultores, empleados de subcontratas, accionistas, directivos, trabajadores en prácticas no remuneradas, voluntarios e incluso precandidatos a puesto de trabajo. Todos ellos tienen ahora garantizado el anonimato y la inmunidad. Tanto del sector público como del privado.

En el primer caso, cualquier ayuntamiento con más de 10.000 habitantes, y por supuesto las administraciones autonómicas y la estatal, deberán contar con un sistema para canalizar denuncias internas. Lo mismo será obligatorio para empresas con más de 50 empleados o que facturen más de 10 millones de euros, excepto si pertenecen al sector financiero; en ese supuesto, todas tendrán que poseer un canal de denuncias interno sin importar el tamaño.

Además, las administraciones deberán contar con un sistema para denuncias externas, las que presente cualquier particular: organismos de regulación (la Comisión Nacional de la Competencia o la CNMV en España ya los tienen), autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo, enumera el proyecto de directiva.

En su momento, los debates del triálogo se centraron en si debía ser obligatorio para cualquier alertador acudir primero al canal interno antes de recurrir al externo o a la prensa. Finalmente, el filtrador podrá elegir qué canal de denuncia prefiere aunque se fomentará que primero utilice el interno antes de ir al público.

También resultó controvertida la protección a los periodistas y a los activistas de ONG. El Partido X advierte de que la directiva “deja en situación de vulnerabilidad” a unos y otros, “un aspecto que habrá que pelear en la transposición al marco legislativo español”, subraya. “La protección de los denunciantes como fuentes de informaciones periodísticas”, destaca la iniciativa europea, “es crucial para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas”. 

La directiva, además, incluye no sólo la asistencia jurídica gratuita para los denunciantes que deban afrontar juicios, sino también sanciones para quienes tomen represalias contra los alertadores o para estos últimos si hacen denuncias falsas.

La onda expansiva de las denuncias

Mientras eurodiputados, funcionarios europeos y representantes de los gobiernos ultimaban la norma, Rui Pinto, el portugués que creó Football Leaks, permanecía en arresto domiciliario en Budapest (Hungría), con una tobillera electrónica que le impide salir de su apartamento. Los 70 millones de documentos que compartió con Der Spiegel y la red EIC (European Investigative Collaborations) han permitido investigar y condenar por delito fiscal a un puñado de futbolistas de élite –Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Özil, Coentrao, Falcao–. Finalmente, fue extraditado a Portugal, donde el pasado 24 de marzo fue ingresado en prisión preventiva. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

Antoine Deltour, que destapó los acuerdos fiscales secretos de Luxemburgo y 300 empresas, entre ellas multinacionales como Amazon, Fiat, Ikea, Burberry o Pepsi, resultó absuelto finalmente por los tribunales del Gran Ducado el pasado mes de junio. Pero antes había sido condenado a un año de prisión y una multa por robar documentos y revelar secretos empresariales. Trabajaba en la consultora PriceWaterjouseCoopers (PwC), de donde se llevó documentos que envió a un periodista de investigación francés, Edouard Perrin, en 2011. Los Luxleaks, como se bautizó el escándalo, pusieron en serios aprietos al ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron esos acuerdos con dudosos privilegios fiscales. Tirando del hilo, Bruselas tumbó los tax rulings de Holanda con Starbucks –de 20 a 30 millones de euros–, de Fiat –otros 30 millones– y Amazon –250 millones– con Luxemburgo, así como de Apple con Irlanda –13.000 millones de euros–.

En España, Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel de corrupción en el PP, fue despedida del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) pero terminó ganando en el Tribunal Supremo la demanda por acoso laboral que interpuso contra el consistorio. Los jueces también dieron la razón a Azahara Peralta, la directora de Obra de la empresa pública Acuamed, que fue despedida tras alertar de unos sobrecostes falsos de 36 millones en un contrato con FCC. Luis Gonzalo SeguraLuis Gonzalo Segura, el teniente expulsado del Ejército por denunciar corrupción en las fuerzas armadas en un libro y en entrevistas periodísticas, y Roberto Macías, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel por filtrar la contabilidad interna de la UGT andaluza, son otros nombres de alertadores españoles que han terminado siendo desvelados.

Por el contrario, constituye aún una incógnita quién se oculta tras John Doe, el informante que proporcionó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca al Süddeutsche Zeitung. La onda expansiva provocada por los Papeles de Panamá tuvo alcance planetario. Salpicaron a jefes de Estado y primeros ministros, así como a grandes fortunas, empresas y bancos. Se abrieron más de un centenar de investigaciones judiciales. Desde Mauricio Macri (Argentina) hasta Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia), pasando por el emir de Dubai o el presidente de Ucrania aparecieron en los documentos por sus sociedades opacas situadas en paraísos fiscales.

En España, el exministro del PP José Manuel Soria –tuvo que dimitir–, el comisario europeo Miguel Arias Cañete, el exvicepresidente Rodrigo Rato, la hermana del rey emérito Pilar de Borbón, famosos como Bertín Osborne, Pedro Almodóvar, Imanol Arias Pedro AlmodóvarImanol Ariaso Alex Crivillé habían utilizado el bufete panameño para eludir el pago de impuestos a Hacienda.

Este miércoles, laSexta y El Confidencial revelaron nuevos nombres implicados en los papeles de Panamá y en los próximos días irán dando a conocer más información sobre 1,2 millones de documentos nuevos. Lionel Messi, la familia del presidente argentino Mauricio Macri o Micaela Domecq, esposa del comisario europeo Miguel Arias Cañete, protagonizan esta remesa de filtraciones.

En abril de 2016, al día siguiente de la primera publicación de esta investigación, la familia Messi aseguró que la sociedad Mega Star Enterprises estaba inactiva, pero la nueva filtración lo cuestiona por una comunicación interna del despacho que en la que se afirma que "la oficina de Uruguay me dice que el cliente usa esa sociedad”. De hecho, el registro de Panamá confirma que la sociedad sigue “vigente” aún hoy, informa laSexta en nota de prensa.

Los correos electrónicos entre la oficina central de Mossack Fonseca en Panamá y su sucursal en Uruguay en septiembre y octubre de 2016 muestran que los empleados discutieron un plan para antedatar documentos y así ocultar que el bufete no sabía que una compañía que había establecido en Bahamas, Fleg Trading Co., estaba controlada por la familia de Mauricio Macri. Mauricio MacriSu padre era el dueño, como reveló la investigación original.

A un mes de que se publicaran los papeles de Panamá, un familiar de Micaela Domeneq solicita a Mossack Fonseca un certificado con el que desvincular a toda la familia de Rinconada Investments desde 2010, justo el año previo a que Arias Cañete sea ministro. Sin embargo, los abogados se niegan en redondo a hacerlo.

Esas son algunas de las historias que los socios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ) en decenas de países publicarán para arrojar luz sobre nuevos detalles de las transacciones financieras de los protagonistas de la primera investigación y vincularán al bufete panameño Mossack Fonseca –origen de los documentos filtrados– con otras personas influyentes y políticamente conectadas.

Màxim Huerta ha sido el último cargo político en dimitir por fraude fiscal. Pero antes que él la lista de los que fueron acusados, juzgados y condenados, de los que dimitieron y de los que no, es ésta:

  1. MIGUEL ARIAS CAÑETE

El comisario europeo y exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete simuló gastos en Ceuta en 2013 cuando en realidad trabajaba en Jerez de la Frontera (Cádiz). Consiguió así ahorrarse 14.451 euros. La Agencia Tributaria abrió una inspección y le obligó a pagar esa cantidad. Cañete presentó un recurso judicial, pero el tribunal le dio la razón al fisco. El comisario utilizaba una de sus empresas familiares, Petrolífera Dúcar, con sede en Ceuta y controlada desde Holanda, para deducirse ingresos por actividad en la ciudad autónoma, puesto que la ley del IRPF permite descontarse un 50% en las rentas obtenidas allí. En septiembre de 2014, poco antes de su nominación como miembro de la Comisión Europea, Cañete vendió las acciones que conservaba en Petrolífera Dúcar: un 2,5%.

Además, su esposa, Micaela Domecq Solís-Beaumont, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo del PP. La empresaria apareció en el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP, en sus siglas en inglés) que la Agencia Tributaria remitió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ante la posibilidad de que Domecq obtuviera sus fondos de la actividad política de su marido. Domecq es miembro de una familia de terratenientes de Jerez de la Frontera. Junto a 12 miembros de su familia, fue apoderada de una compañía con sede fiscal en Panamá, según se desprende de la investigación de los papeles de Panamá, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

  2. JUAN CARLOS MONEDERO

Juan Carlos Monedero dimitió como secretario de Programa de Podemos en abril de 2015, tres meses después de revelarse que había cobrado 425.150 euros por trabajos de asesoría a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Una cantidad que percibió a través de su empresa, Caja de Resistencia Motiva2 Producciones SL. Esta sociedad, que carecía de empleados, facturó los trabajos tres años después de su realización. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Monedero elaboró esos informes como parte de un proyecto para implantar una moneda común en Latinoamérica en 2013. El exdirigente de Podemos regularizó su deuda con Hacienda en febrero de 2015, pagando 200.000 euros por el IRPF no abonado dos años atrás.

  3. JOSÉ MANUEL SORIA

José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria en abril de 2016. Su nombre había aparecido en los papeles de Panamá: fue administrador en 1992 de una sociedad registrada en Bahamas, tal y como constaba en documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca. La compañía offshore era una sociedad consignataria con la que había trabajado la empresa de su familia. “Desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal”, fue su primera declaración. Después se descubrió que también había sido administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey, Mechanical Trading Limited. Cuando se disolvió, en 2002, “los dos administradores, que hasta ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre”. La rúbrica de Soria aparece en la disolución, con fecha de 27 de noviembre de 2002. Por entonces, el titular de Industria era alcalde de Las Palmas.

Ya eran dos paraísos fiscales y Soria había mentido. El PP le retiró su apoyo y terminó renunciado a su cargo. Pero cinco meses después, el Gobierno intentó que fuera nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, pero el escándalo subsiguiente le obligó a renunciar.

  4. JOSÉ MANUEL VILLEGAS

El número tres de Ciudadanos, José Manuel Villegas, fue embargado por Hacienda en 2014. El motivo fue el impago de unas cuotas del IVA de su empresa Mabex Gestión SL, de la que es administrador único y que fue contratada por Ciudadanos para hacer labores de asesoría. Además, la sociedad recibió una notificación de embargo de la Seguridad Social por una deuda de 1.027 euros, que luego pagó.

El nombre de la empresa apareció en un informe de la Sindicatura de Cuentas –el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas–, que detectó facturas de Ciudadanos a favor de dos sociedades que tenían como administradores únicos a dos miembros del partido. Según el documento, se abonaron 32.200 euros en concepto de asesoría y consultoría “en el ámbito de la organización interna del partido” y 22.624 “en concepto de secretaría general”. Tal y como publicó entonces infoLibre, esas compañías pertenecían a dos personas de la máxima confianza de Albert Rivera: José Manuel Villegas y Matías Alonso, secretario general del partido.

  5. JORDI CAÑAS

Otro cargo de Ciudadanos, el exdiputado catalán Jordi Cañas, fue finalmente absuelto por un juzgado de Barcelona tras ser acusado por la Abogacía del Estado de un delito contra la Hacienda Pública. Aunque la Fiscalía retiró los cargos contra él, fue juzgado por una factura supuestamente falsa que la empresa de su excuñado le había girado por unos servicios de asesoría inmobiliaria inexistentes. La acusación argumentaba que la factura, de 100.000 euros, formaba parte de un entramado societario que había permitido a su familiar político defraudar 429.000 euros en 2005. La sentencia, sin embargo, le absolvió al considerar que esa factura no había sido utilizada en el fraude fiscal.

Sin embargo, el exdiputado ya había abandonado su escaño en la Cámara catalana tras ser imputado. Medio año después Ciudadanos lo recolocó como asesor del partido en el Parlamento Europeo.

  6. VICENTE ALBERO, mariano rubio, alejandro pedrós

El ministro de Agricultura Vicente Albero dimitió en 1994 cuando se supo que el banco Ibercorp, implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción de los gobiernos de Felipe González, le había gestionado una cuenta. En ella había depositado la indemnización que le pagó la textil Marie Claire tras ser despedido. Con ese dinero, Albero compró a través de Ibercorp, propiedad del entonces síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, pagarés del Tesoro que no fueron declarados a Hacienda. La inversión alcanzaba los 222.369 euros, 37 millones de pesetas de la época.

El fraude se descubrió al investigar a De la Concha por su implicación en el caso que protagonizó el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, también acusado de fraude fiscal. Rubio, la primera autoridad monetaria de España entre 1984 y 1992, ocultó más de 10 millones de pesetas –60.000 euros— a Hacienda, mediante una cuenta en dinero negro también en el banco Ibercorp. Dimitió en 1992 y en 1994 permaneció dos semanas en prisión.

Igualmente abandonó su cargo el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 1999, Alejandro Pedrós Abelló, ya con el Gobierno de José María Aznar. La Fiscalía de Barcelona el imputó por haber ocultado a Hacienda las plusvalías obtenidas  por un empresario, Armando Lausaca, en la venta de la cadena de tiendas Massimo Dutti a Inditex. Pedrós Abelló, que era asesor fiscal de Lausaca, tiene en común con Màxim Huerta la brevedad de su cargo: presidió el ICO menos de una semana.

  7. CARLOS FABRA

De hasta cinco delitos fiscales fue acusado el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. En 2011 el Tribunal Supremo ordenó  reabrir estas causas contra quien también presidía el PP en esa provincia. La sentencia dejaba así sin efecto la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón, que había archivado el proceso por considerar prescritos cuatro de esos cinco delitos. El Alto Tribunal constató el “irregular incremento patrimonial” tanto de Fabra como de su esposa, hijos y las sociedades que todos ellos. Los delitos, además, afectaban al impuesto de sociedades, el IVA y el IRPF entre 1999 y 2004. Tres años después, la causa ya había vuelto al Supremo, que terminó condenando al político del PP a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales y a un año a su ya exmujer. En diciembre de 2014 ingresó en la prisión de Aranjuez (Madrid) por haber defraudado al fisco 693.000 euros. En 2017 dejó la cárcel tras acceder al tercer grado.

  8. JOSÉ MARÍA AZNAR

Aunque ya no se encontraba en activo, el expresidente del Gobierno José María Aznar fue multado por la Agencia Tributaria en abril de 2016 por utilizar una sociedad para pagar menos impuestos por sus ingresos. Quien fue su ministro, Cristóbal Montoro, abrió en 2014 una inspección a la sociedad Famaztella –creada con su mujer, Ana Botella– para facturar sus actividades profesionales. Con ella tributaba a través del impuesto de sociedades y no del IRPF. Éste tenía entonces un tipo máximo del 45%, pero el de sociedades no superaba el 25%.

Como consecuencia de la indagación en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, Aznar tuvo que pagar una multa de 70.000 euros y abonar una liquidación complementaria de casi 200.000 euros. El expresidente, que es inspector de Hacienda, creó Famaztella en 2004, tras abandonar La Moncloa. A través de ella gestionaba los ingresos procedentes de sus libros y conferencias.

Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura con Mariano Rajoy y desde 2014 eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, acaba de obtener las bendiciones oficiales de la Comisión Europea para seguir percibiendo simultáneamente dos ingresos de origen público: su sueldo como responsable comunitario en activo –unos 20.000 euros al mes– y una pensión de jubilación del Parlamento Europeo por haber ocupado un escaño en la Cámara de Estrasburgo.

El importe de esa pensión, financiada con dinero público y gestionada por una "asociación sin ánimo de lucro" a través de una sicav con sede en Luxemburgo, seguirá siendo secreto. Según el Ejecutivo comunitario, el exministro y dirigente del PP no tiene por qué incluir su paga de jubilación en la declaración de intereses que todos los comisarios vienen obligados a difundir en la web de la UE.  "Los pagos del Parlamento Europeo" –dice la respuesta del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker a una pregunta formulada por el eurodiputado de Podemos Xabier Benito– no solo son compatibles con el holgadísimo sueldo asignado a los miembros del Gobierno comunitario sino que tampoco generan ningún "conflicto de interés". Y quedan, por tanto, excluidos de la declaración de intereses.

Benito reaccionó este lunes con enfado tras conocer la posición oficial de la UE: "Este es el triángulo de la vergüenza que ha permitido a Cañete cobrar hasta 117.000 euros de pensión europea a la vez que 20.000 euros mensuales de sueldo". Tras las consultas efectuadas al servicio de pensiones de la Eurocámara, Podemos calculó a comienzos de marzo que Cañete había obtenido vía pensión esa cifra desde que en noviembre de 2014 tomó posesión como comisario europeo.

A diferencia de lo que hace un mes arguyeron el Congreso y el Senado para justificar por qué permiten a parlamentarios en activo –el exministro y hoy diputado José Manuel García Margallo y la expresidenta de Aragón y ahora senadora Luisa Fernanda Rudi– sumar a su sueldo la pensión de exeurodiputado, la UE ni siquiera se molesta en refutar el carácter público de esa retribución. Mientras que las dos Cámaras españolas sostienen que se trata de un fondo "privado", el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker aduce esto: que el Reglamento del Consejo que establece "el régimen pecuaniario de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE no prevé ninguna incompatibilidad entre el salario abonado a los titulares por el ejercicio de sus funciones y el pago de una pensión derivada de los derechos adquiridos por el ejercicio de funciones anteriores". El Gobierno ni siquiera ha accedido a explicar por qué autorizó a Margallo esa doble percepción de ingresos. 

La ética de los comisarios

El entrecomillado sobre el "régimen pecuaniario" se corresponde con la respuesta a la primera de las tres preguntas que el eurodiputado de Podemos Xabier Benito remitió a la Comisión Europea en cuanto el digital comunitario euobserver.com desveló en febrero que Cañete estaba haciendo doblete. Lo que Benito preguntó en primer término fue si la Comisión considera que cobrar el sueldo de comisario y recibir al mismo tiempo le pensión de exeurodiputado encaja "con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos". Pero lo que, en nombre de la Comisión, le ha contestado a Podemos el eurocomisario de Presupuestos, Günther Oettinger, obvia cualquier mención al aspecto ético del asunto.

El eurodiputado de Podemos pretendía averiguar cuánto recibe exactamente Miguel Arias Cañete como parlamentario jubilado de la Cámara de Estrasburgo y por su condición de miembro del llamado "fondo voluntario" de Luxemburgo. Pero Oettinger se zafa así del asunto: "La Comisión no desempeña papel alguno en lo que respecta al plan de pensiones mencionado por su señoría. Cualquier pregunta en este sentido se deberá plantear al Parlamento Europeo".

El importe de la pensión de Luxemburgo, de la que se benefician los exeurodiputados adscritos a ese fondo que hayan sobrepasado la edad de 63 años, depende del número de años cotizados. Por ejemplo, Margallo ingresa por esa vía 53.000 euros al año. En línea con la versión del Congreso, el exministro de Exteriores argumenta que esa pensión es fruto de su "sacrificio" porque durante años "renunció" a parte de su salario como eurodiputado.

La realidad es otra: hasta que en 2009 entró en vigor el estatuto que garantiza una paga de jubilación a todos sus antiguos miembros, el Parlamento Europeo nutrió las arcas del fondo de Luxemburgo con dos euros por cada uno que aportaba cada parlamentario afiliado a ese mismo fondo. Pero ese tercio de teórico origen privado procedía hasta 2007, y así lo acreditan las actas oficiales, de las dietas libradas por la Cámara para gastos de funcionamiento. Eso significa que, en la práctica, todo el dinero salía hasta ese año de las arcas comunitarias. Sin contar ese tercio de dietas, el Parlamento inyectó al "fondo voluntario" de pensiones 95 millones entre 2000 y 2009.

Fechada el 2 de mayo, la respuesta oficial del Ejecutivo europeo llega en un momento de efervescencia por la política del Gobierno en materia de pensiones. La exigua subida del 0,25%, cuyo impacto busca ahora amortiguar el Gobierno con su compromiso de ajustarlas al crecimiento del IPC, fue en febrero el catalizador de una oleada de protestas todavía vivas. En medio de un clima de indignación y agravio, han elevado aún más la temperatura del conflicto episodios como el de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, pillada in fraganti el sábado cuando expresaba su deseo de "hacerles un corte de mangas de cojones" y decirles "¡Pues os jodéis!" a los pensionistas que recibieron a Rajoy con una pitada en Alicante. Martínez de Castro se disculpó este lunes. 

José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016 y ahora diputado al Congreso por el PP, ha justificado este martes el hecho de que, como desveló infoLibre este lunes,  durante al menos dos años sumara a su sueldo como ministro la pensión para exeurodiputados del conocido como fondo voluntario de Luxemburgo. Según Margallo, se trata de una pensión "privada". Y es fruto del "sacrificio" que en sus 17 años como eurodiputado hizo para "constituir unos ahorros". 

Durante una intervención en Las Mañanas de CuatroLas Mañanas de Cuatro, y ante la pregunta del conductor del programa, Javier Ruiz, sobre si la doble percepción de ingresos públicos le genera incomodidad, el exministro se ha pronunciado en los siguientes términos: "A mí, ninguna. He renunciado durante 17 años a cobrar mi sueldo íntegro para constituir unos ahorros que me ayudasen cuando llegase a una edad más difícil, eso me parece que es perfectamente legítimo". "Hice un sacrificio –agregó tras defender el carácter "insustituible" de las pensiones "públicas"– entonces que compenso ahora; si no, hubiese cobrado mucho más".

Creado por el Parlamento Europeo tras un acuerdo adoptado por la Mesa en 1990, el fondo voluntario de pensiones para exeurodiputados se nutrió desde sus inicios del dinero público aportado por la institución. Solo entre 2000 y 2009  recibió 95 millones de euros del presupuesto comunitario.

En teoría, por cada dos euros que aportaba el Europarlamento los suscriptores del fondo desembolsaban uno de su bolsillo. En la práctica, y así lo confirman distintos documentos oficiales, ese tercio de aportación "privada" también salía de las arcas de la Cámara comunitaria. ¿Cómo? Su importe se deducía directamente de la cantidad que, de manera adicional al sueldo y para cubrir gastos de funcionamiento, le era asignada a cada diputado en concepto de dietas. En 2007, el sistema cambió y ese tercio pasó a ser realmente de origen privado.

El cambio se produjo después de que, el 24 de abril de ese año, la Cámara aprobase una resolución sobre el "Régimen de pensiones voluntarios" que contenía párrafos como el siguiente. El Parlamento, dice el texto, "pide a los miembros del fondo de pensiones voluntario que demuestren, antes de finales del mes de noviembre de 2007, que se han reembolsado a partir de una fuente privada de ingresos las cotizaciones deducidas de la dieta de gastos generales; en otro caso, los miembros del fondo se expondrán a que se les acuse de intentar asegurarse una renta complementaria disimulada". En otras palabras, los miembros del fondo no habían estado "renunciando" a parte de su salario sino, muy al contrario, capitalizando las dietas que abonaba la Cámara para gastos generales. El documento puede leerse pinchando aquí.

En 2009, tras la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados, que garantiza una pensión a todos los antiguos parlamentarios con independencia de que hayan pertenecido o no al fondo voluntario, el Parlamento interrumpió las transferencias a la "asociación sin ánimo de lucro" que lo gestiona en Luxemburgo. Integrada por eurodiputados en activo o ya retirados, esa asociación está a su vez bajo control de una sicav encargada de controlar su cartera de inversiones también desde Luxemburgo, cuyas características en materia de opacidad y tributación lo convierten en una suerte de paraíso fiscal en el corazón de la UE.

En Las Mañanas de Cuatro, Margallo ha puesto el acento no en el origen público de los ingresos acumulados por el fondo de Luxemburgo ni en el hecho de que el Parlamento Europeo viene obligado a abonar las pensiones garantizadas a sus miembros en caso de quiebra sino en que se trata de "un fondo privado". "Para ser exactos –ha dicho– eso es un fondo privado constituido por el Parlamento Europeo y sujeto a la legislación europea. A todos los eurodiputados se nos daba la opción de cobrar el sueldo íntegro o renunciar a parte de nuestro sueldo para ir constituyendo un fondo que se pudiese cobrar al llegar al 63 años perfectamente compatible con cualquier retribución pública o privada nacional o europea, no así con la pensión pública del Parlamento Europeo que yo no cobro”.

Al inicio de su intervención, el exministro reconoció que sabía que iba a publicarse la información sobre cómo había simultaneado el cobro de un sueldo de ministro con el de la pensión de exeurodiputado. Durante 10 días, infoLibre había intentado en efecto recabar la versión de Margallo, que en ningún momento atendió las llamadas ni devolvió los mensajes. El extitular de Exteriores insinuó en la entrevista televisiva que la noticia tenía su origen en una "filtración". "Quien ha filtrado esta noticia no ha tenido que esforzarse mucho". ¿Quién?, le preguntó el presentador. "Es obvio quién tiene acceso a estos datos", replicó aquí. ¿Se refiere a Hacienda, al ministro Cristóbal Montoro?, repreguntó el periodista. Margallo no respondió.

Los datos que acreditan cómo Margallo cobró a un tiempo del Gobierno –como ministro– y del Parlamento Europeo –como beneficiario del fondo de pensiones de Luxemburgo– aparecen reflejados en las dos declaraciones de bienes que él mismo presentó en el Congreso al tomar posesión de su escaño. La primera vez, en diciembre de 2015 y la segunda, en julio de 2016. En el formulario de diciembre de 2015, Margallo anotó 53.122 euros junto al epígrafe "Pensión Jubilación Parlamento Europeo". En el formulario del año siguiente, optó por un cambio nominal. Y la fuente de los 53.127 euros consignados en esa segunda ocasión -cinco euros más que el ejercicio anterior- quedó reflejada como "Plan Pensiones Parlamento Europeo".

Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón por el PP hasta julio de 2015, también cobra como parlamentaria en activo y como pensionista del Parlamento Europeo al igual que el exministro José Manuel García-Margallo. Fuentes del equipo de Rudi confirmaron este martes a infoLibre que la paga del fondo de pensiones para exeurodiputados le reporta 1.100 euros mensuales. Esa cifra se suma a la que percibe de la Cámara Alta desde que en septiembre de 2015 tomó posesión del escaño: 6.100 euros al mes, de los que 1.840 corresponden a dietas exentas de tributación.

Pero, a diferencia de Margallo, que durante al menos dos años y sin ocultarlo al Gobierno simultaneó su sueldo como ministro de Exteriores con la paga para exeurodiputados del llamado fondo de pensiones de Luxemburgo (en su caso, 53.000 euros al año), Rudi no activó el mecanismo de cobro hasta que cesó como presidenta de Aragón en julio de 2015. Es decir, un año y medio después de que en diciembre de 2013 alcanzase la edad exigida (63 años) para acceder a esa paga. ¿Demoró el inicio de los cobros porque entendía que la paga del fondo de pensiones de los diputados europeos resultaba incompatible con su cargo al frente al Gobierno aragonés? Ante esa pregunta, las fuentes pulsadas en su entorno se limitaron a remachar que Rudi "ni se planteó" reclamar la pensión hasta que "cerró su etapa" como presidenta de Aragón.

Una vez designada senadora por las Cortes de Aragón en representación de la Comunidad Autónoma, consultó con el Senado y solicitó a renglón seguido la pensión, prosiguen sus portavoces. Su declaración de bienes en el Senado, presentada en julio de 2016, refleja que en el ejercicio anterior obtuvo 25.819 euros del "Fondo de Pensiones de los Diputados Europeos". ¿Por qué los pagos de un solo semestre, el segundo de 2015, alcanzaron ese importe si la pensión mensual se cifra en 1.100 euros netos? Porque –aducen sus portavoces– Rudi cobró también los atrasos correspondientes a 2014 y al primer semestre de 2015. 

Tanto el Congreso como el Senado sostienen que esa pensión, creada, financiada y garantizada por el Parlamento de Estrasburgo tras un acuerdo de la Mesa adoptado en 1990 y consagrada en 2009 a través del Estatuto de los Eurodiputados, procede de un fondo  "voluntario" de carácter "privado" y no público. Domiciliado en Luxemburgo, gestionado por una "asociación sin ánimo de lucro" cuyos integrantes son o han sido eurodiputados y con una cartera de inversiones gobernada por una sicav igualmente con sede en ese país, el fondo obtuvo  95 millones del presupuesto del Parlamento Europeo entre 2000 y 2009. Eso representa el 68,5 de las aportaciones totales que ingresó durante el periodo.

Hasta 2007, el Parlamento corría a cargo de las cotizaciones al fondo voluntario de Luxemburgo a razón de dos tercios. El tercio restante debía ser desembolsado por los suscriptores de este "fondo voluntario". Pero, en la práctica, y así lo atestiguan las actas oficiales de la Cámara, ese tercio de aportación supuestamente "privada" procedía de las dietas procedía de las dietas que el mismo Parlamento abona a los eurodiputados junto con su sueldo. 

La aportación "privada" salía también del Parlamento

A partir de 2007 y tras varias severas reconvenciones, el Parlamento logró que los eurodiputados pertenecientes al fondo de Luxemburgo pagasen realmente de su bolsillo el tercio al que venían obligados.  El acta de la sesión celebrada el 23 de abril de 2009, que aprobó la ejecución presupuestaria de 2007, expone a las claras cuál había sido la situación hasta entonces. El Parlamento, dice el documento, "se felicita por la información según la cual, como se preconizaba en las anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, los diputados afiliados al fondo pagan ahora su contribución, que equivale a una tercera parte de la cotización, a partir de cuentas externas privadas y no mediante una deducción automática aplicada por la administración del Parlamento a las dietas para gastos generales".

En 2009, con la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados –el 14 de julio–, la Cámara cerró el fondo a la incorporación de nuevos socios. Pero año tras año, la institución que legisla en la Unión deja constancia de que garantizará con cargo a su presupuesto el pago de las pensiones del fondo de Luxemburgo si este entra en quiebra. A 31 de diciembre de 2015, el déficit actuarial (la diferencia entre las obligaciones contraídas para el futuro y los ingresos asegurados en el presente) estimado del fondo de Luxemburgo se elevaba ya a 276,8 millones de euros, según los datos oficiales de la Cámara.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a explicar qué norma permitió que durante al menos dos años Margallo cobrase mientras era ministro la pensión que el fondo del Parlamento Europeo asigna a los exparlamentarios europeos.

El caso de Margallo, y ahora también el de Rudi, salen a la luz después de que el portal de noticias europeas euobserver.com desvelase en febrero que el hoy eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, el también exministro Miguel Arias Cañete, suma a su sueldo (20.000 euros al mes) la pensión del fondo de Luxemburgo. ¿La cobró Cañete mientras fue ministro de Agricultura, cargo en el que cesó en abril de 2014 para emprender la carrera hacia el Ejecutivo comunitario que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker? No se sabe. 

Un tercer ministro de Rajoy, Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, figura entre los suscriptores del fondo de Luxemburgo. Pero Montoro, y así lo transmitieron fuentes de su equipo a este diario, renunció a reclamar la pensión porque "entendía que no debía cobrarla". 

Dos adjetivos insertados en un artículo de la Ley de Régimen Electoral (Loreg) se han convertido en la coartada legal del Congreso y el Senado para autorizar que parlamentarios en activo cobren la paga de jubilación que el Parlamento Europeo garantiza a los antiguos eurodiputados vinculados al fondo de pensiones de Luxemburgo.

El artículo 158.2 de la Loreg prohíbe a diputados y senadores percibir "pensiones de derechos pasivos [la jubilación de los funcionarios] o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio". Y es en esas tres últimas palabras –"público y obligatorio"- donde, a tenor de los argumentos facilitados a infoLibre por ambas Cámaras, radica la clave. Porque, pese a que fue creado, regulado y financiado por el Parlamento Europeo, que garantiza en el Estatuto de los Eurodiputados el pago de esas pensiones, tanto el Congreso como el Senado consideran que se trata de un fondo "privado".

Ambas instituciones remarcan asimismo que el fondo de Luxemburgo siempre tuvo carácter "voluntario" y que se trata –esa es la versión oficial del Congreso y el Senado–de un "fondo privado". Pero tanto el Estatuto de los Eurodiputados, en vigor desde 2009, como las actas oficiales del Parlamento Europeo desmienten esa segunda afirmación al remarcar la condición de garante de esas pensiones que asume la institución como el origen público del dinero ingresado por el fondo. Un ejemplo: el acta de la sesión donde la Eurocámara aprobó el 22 de abril de 2008 la ejecución del presupuesto de 2006 ofrece cifras exactas de esa aportación pública:  “Constata [el Parlamento] que la cotización mensual al fondo por diputado ascendía [en 2006] a 3.354,21 euros repartidos de la siguiente forma: un tercio, es decir 1.118,07 euros, pagado por el diputado y actualmente deducido de su dieta para gastos, y dos tercios, es decir 2.236,14 euros, pagados por el Parlamento”.

En realidad, el hecho de que ese supuesto tercio de origen privado saliese del capítulo dedicado a dietas indica que el Parlamento sufragó la existencia del fondo al completo hasta que en 2007 consiguió que los eurodiputados pagasen –ahora sí– esa parte de su bolsillo.  El Europarlamento cerró el grifo del fondo en 2009 tras la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados. Pero garantizó, a través de ese mismo estatuto, los derechos adquiridos por sus miembros. Es decir, el pago de las pensiones, cuyo desembolso de asumir la Cámara si el fondo -que cada año registra un déficit multimillonario- entra en quiebra.

Dadas las circunstancias, el marco legal aplicado por las dos Cámaras españolas a diputados y senadores se sitúa así, a efectos prácticos, en el polo opuesto del que establece la ley de Seguridad Social. Con carácter general, esa ley prohíbe a cualquier jubilado desarrollar una actividad laboral por cuenta propia si con ella obtiene rentas anuales superiores al salario mínimo (10.302,6 euros por año).

¿Es Margallo un caso único?

Mientras que el Congreso y el Senado se escudan tras la letra de la Ley Electoral para justificar su posición, el Gobierno permanece atrincherado en el silencio. Pese a las reiteradas peticiones de infoLibre, el Ejecutivo no ha accedido a desvelar qué criterio legal y político le llevó a permitir que al menos uno de sus ministros –José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016– y al menos durante dos años, sumara a su sueldo como alto cargo (51.000 euros netos en 2015) la pensión del fondo de Luxemburgo para exeurodiputados (53.000 euros) que hayan cumplido los 63 años.

Este diario no ha logrado averiguar si también Miguel Arias Cañete, que simultanea su sueldo como eurocomisario de Energía con su pensión como jubilado del Parlamento Europeo, ya cobró esa paga durante el año transcurrido entre febrero de 2013 –cuando cumplió 63 años– y abril de 2014, fecha en que cesó en el Gobierno de Rajoy para optar a la comisaría que ahora dirige. Un tercer miembro del Gabinete que también fue eurodiputado, Cristóbal Montoro, renunció voluntariamente al cobró de la pensión porque "entendía que no debía cobrarla".

infoLibre ignora si algún otro diputado percibe en la actualidad esa pensión además de Margallo, que tomó posesión de su escaño al Congreso en diciembre de 2015. Algunos datos apuntan a que, como mínimo, también algún miembro del Senado cobra como parlamentario activo y como pensionista jubilado del Parlamento de Estrasburgo. No ha sido posible verificar aún ese extremo, pero fuentes oficiales del Senado ya precisaron este lunes que la doble percepción de ingresos -el sueldo de senador en activo y la paralela pensión del Parlamento Europeo para sus antiguos miembros– se ajusta a la ley. El Senado considera –expusieron fuentes oficiales de la institución– que "el fondo de pensiones del Parlamento Europeo no es un sistema de pensión pública sino un fondo privado y las aportaciones son voluntarias y no obligatorias".

A la pregunta de si la Cámara entiende que un fondo de pensiones financiado en al menos dos tercios por el Parlamento Europeo con cargo a su presupuesto y cuyas pensiones de jubilación garantiza la Eurocámara en su Estatuto de los Eurodiputados debe conceptuarse como fondo privado, las mismas fuentes respondieron invocando el ya citado artículo 158.2 de la Loreg. 

Se trata del mismo argumento que días atrás esgrimieron los interlocutores del Congreso consultados por este diario. En referencia expresa al caso del exministro Margallo, las fuentes se pronunciaron en los siguientes términos: "En la declaración de bienes, en el apartado “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”, figura la cantidad percibida del Plan de Pensiones del Parlamento Europeo, en tanto que renta y no pensión, procedente de un fondo de pensiones, en el que los partícipes han ido aportando cantidades voluntariamente y luego las recuperan a partir de determinada edad, y que no contradice el artículo 158.2 de la Loreg".

El Gobierno ha permitido en esta legislatura que al menos un ministro, José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016, sumase a su sueldo como alto cargo una pensión de jubilación financiada por el Parlamento Europeo y de la que se benefician aquellos antiguos eurodiputados que, englobados en el denominado fondo voluntario de Luxemburgo, hayan alcanzado la edad de 63 años. Los portavoces oficiales del Ejecutivo han declinado explicar a infoLibre qué criterio legal y político sustenta la decisión de dar vía libre a esa doble entrada de ingresos públicos en un país cuya Ley General de Seguridad Social veta a los cargos públicos en activo el cobro de toda pensión.

Con carácter general, la ley prohíbe a cualquier jubilado desarrollar una actividad laboral por cuenta propia si con ella obtiene rentas anuales superiores al salario mínimo (10.302,6 euros por año). Pero el fenómeno de la doble paga de origen público no es exclusiva del Gobierno: también el Congreso considera compatible compaginar el sueldo asignado a cada parlamentario –un mínimo de 3.700 euros brutos al mes– y el cobro de la pensión europea, cuyo importe difiere según los años de mandato como eurodiputado y el tiempo de cotización al fondo voluntario de Luxemburgo.

Las declaraciones de intereses de José Manuel García-Margallo de los años 2015 y 2016.

De hecho, Margallo la sigue cobrando con los parabienes de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, pese a que los ingresos del fondo de pensiones de Luxemburgo procedían en al menos dos tercios del presupuesto del Parlamento Europeo hasta 2009 y a que su regulación quedó plasmada en un reglamento aprobado por la Mesa de la Eurocámara el 12 de junio de 1990. El artículo 3 de ese reglamento, reproducido en distintos autos y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [puedes leer una de ellas pinchando aquí], dice lo siguiente: "Los antiguos miembros o los miembros que hayan renunciado a su mandato [como eurodiputado] antes de cumplir los 60 años [63 a partir de 2009] podrán solicitar el abono inmediato de su pensión de jubilación, o en cualquier momento entre la renuncia a su mandato y la edad de 60 años, a condición de haber cumplido la edad de 50 años".

El exministro Margallo no ha atendido en las dos últimas semanas ninguna de las llamadas ni mensajes de infolibre para conocer su versión.

El Estatuto de los Eurodiputados, en vigor desde 2009, pasó a garantizar una pensión de jubilación para todos los antiguos parlamentarios con independencia de su país de origen o de que hubiesen pertenecido o no al fondo de Luxemburgo. Y simultáneamente consagró los derechos adquiridos por aquellos exeurodiputados que sí eran suscriptores del fondo voluntario de pensiones de Luxemburgo.

  Un simple cambio nominal

Como acreditan las dos declaraciones de bienes presentadas en el Congreso por José Manuel García Margallo –una, el 30 de diciembre de 2015; otra, el 6 de julio de 2016–, esa pensión representó más de 53.000 euros cada uno de los dos ejercicios a que se refieren las rentas anotadas en el formulario oficial: 2014 y 2015. En el formulario de 2015, la cantidad percibida del fondo de Luxemburgo en el ejercicio anterior (53.122,92 euros para 2014) quedó anotada junto al epígrafe "Pensión Jubilación Parlamento Europeo". Debajo, el entonces ministro Margallo consignó para ese mismo periodo el cobro de una segunda pensión del Parlamento Europeo, esta por importe de 8.104,80 euros.

En la siguiente declaración de bienes, fechada el 11 de julio de 2016, Margallo reflejó una cantidad casi idéntica (53.127,96 euros) como percibida en 2015. Pero esta vez modificó el nombre de la fuente que le había proporcionado esos ingresos. Donde el año anterior aparecía la leyenda "Pensión Jubilación Parlamento Europeo" ahora constaba esta otra: "Plan Pensiones Parlamento Europeo". El exministro sí hizo hueco a la segunda pensión de jubilación europea de la que ya había dejado constancia en el ejercicio precedente. Pero la casilla reservada para la cantidad quedó vacía. 

¿Por qué el Congreso se dio por satisfecho con un simple cambio nominal? La respuesta de los servicios oficiales del Congreso, a los que infoLibre preguntó por el asunto, marcha en una línea radicalmente distinta a la trazada por la Mesa del Parlamento Europeo cuando en 1990 dio carta de naturaleza al fondo voluntario de pensiones como mecanismo para asegurar una pensión de jubilación a todos los exeurodiputados, parte de los cuales habían sido elegidos para el cargo en países sin paga de retiro con cargo al presupuesto nacional.

Lo que los portavoces de la Cámara Baja respondieron a este diario es que en la primera legislatura en la que el entonces ministro José Manuel García Margallo ocupó un escaño, la brevísima que comenzó el 13 de enero de 2016 y finalizó el 2 de mayo de ese mismo año, "se toma conocimiento de que la pensión de jubilación del Parlamento Europeo [la de los 8.104,80 euros] se encuentra en suspensión". 

La respuesta escrita del Congreso prosigue así: "En la declaración de actividades de la XII Legislatura [la actual] ya no se declara cobro de pensión pública alguna. En la declaración de bienes, en el apartado “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”, figura la cantidad percibida del Plan de Pensiones del Parlamento Europeo, en tanto que renta y no pensión, procedente de un fondo de pensiones, en el que los partícipes han ido aportando cantidades voluntariamente y luego las recuperan a partir de determinada edad, y que no contradice el artículo 158.2 de la Loreg". En resumen, lo que según el Congreso cobra Margallo del Parlamento Europeo por haber sido eurodiputado y haber alcanzado la edad de jubilación establecida por Estrasburgo no es una pensión financiada con fondos públicos sino una "renta" de carácter privado.

En realidad, las principales aportaciones al fondo de Luxemburgo nunca han provenido de sus "partícipes" sino del presupuesto público comunitario. Entre 2000 y 2009, el Parlamento de Estrasburgo inyectó al fondo 95 millones de euros, lo que significa el 68,5% de sus ingresos totales durante esa década. El otro tercio sí procedía del bolsillo de los eurodiputados agrupados en la "asociación sin ánimo de lucro" propietaria del fondo, cuyas inversiones están a su vez gestionadas por una sicav de Luxemburgo, el país más opaco y cuya política de dumping fiscal –una tributación bajísima imposible de igualar por los otros socios comunitarios– revelaron hace tres años los papeles del llamado Luxleaks. En ciertos casos y como reveló en su día infoLibre, ese tercio aportado por los suscriptores tenía como origen las dietas de libre disposición asignadas por el Europarlamento a cada parlamentario.

  ¿Y qué hizo Cañete mientras era ministro?

El Estatuto que se aplica desde 2009 y cuyo articulado considera compatible no solo el cobro de dos pagas de jubilación –la estatutaria y la del fondo voluntario de Luxemburgo– sino de tres. La tercera sería aquella que eventualmente pudiera recibir el exeurodiputado del sistema nacional de su país de origen si allí hubiera alcanzado la edad de jubilación. Es más, el Estatuto de los eurodiputados considera compatible que cobre pensión de jubilación un antiguo parlamentario que en la actualidad perciba también un salario por ostentar un cargo público en las instituciones comunitarias. Como publicó este diario, así lo ha destapado el caso del exministro español de Agricultura y actual eurocomisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

¿Cabe la posibilidad de que Margallo haya renunciado a simultanear su sueldo de diputado con la jubilación del fondo de pensiones de Luxemburgo? No hay forma de saberlo con exactitud dado que la única declaración de bienes relativa a esta legislatura es la que presentó en julio de 2016. En teoría sí es posible. Pero es también más que improbable: el reglamento de la Cámara preceptúa que los diputados han de modificar su declaración de bienes si se produce un cambio en su estatus económico. Y las fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre no albergan la menor duda: 53.000 euros arriba o abajo constituyen un cambio importante. En cualquier caso, lo que confirman sus declaraciones de bienes es que cobró del Parlamento Europeo mientras era ministro. El formulario del Congreso señala que las rentas que deben quedar anotadas son "las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración".

Margallo es uno de los tres exeurodiputados que han formado parte de los Ejecutivos de Rajoy. El segundo, el ahora eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, añade a su salario de 20.000 euros mensuales esa misma paga del fondo de pensiones del Parlamento Europeo con las bendiciones legales de la Cámara de Estrasburgo y del Ejecutivo que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

Pero hay dos datos cuya averiguación no ha resultado factible hasta ahora: cuánto percibe Cañete del fondo de pensiones de eurodiputados cuyas inversiones gestiona una sicav de Luxemburgo y si ya cobraba esa paga entre febrero de 2013 –cuando cumplió los 63– y abril de 2014, fecha hasta la que dirigió el Ministerio de Agricultura.  Ahora embarcado en una subida de pensiones que busca amortiguar el golpe de la formidable movilización de los jubilados, el Gobierno se ha negado a contestar cualquier pregunta de este periódico sobre la materia. De momento, no hay por tanto forma de conocer qué hizo Cañete en tanto perteneció al Ejecutivo.

El tercer exeurodiputado integrado en la lista de ministros de Rajoy es Cristóbal Montoro, titular de Hacienda desde 2011. Hace dos semanas, su equipo confirmó a este diario que Montoro renunció voluntariamente a la pensión de europarlamentario porque "entendía que no debía cobrarla".

Los portavoces de Montoro no facilitaron ningún detalle y cuando se les requirió más información remitieron al Ministerio de Empleo. Pero el equipo de la ministra Fátima Báñez considera que no tiene por qué pronunciarse sobre la materia por cuanto la paga de jubilación derivada del fondo de pensiones del Parlamento Europeo no se inscribe en el sistema público español.

Tampoco los portavoces de la Secretaría de Estado de Comunicación, a los que infoLibre acudió en última instancia la semana pasada, han accedido a dar explicaciones. La pregunta para Moncloa fue esta: ¿qué criterio legal y político sustenta la decisión del Gobierno de permitir que un ministro en activo perciba la pensión de jubilación que el Parlamento Europeo financia y asigna a aquellos exeurodiputados que hayan cumplido ya 63 años? La respuesta, sostenida en dos ocasiones a lo largo de dos días consecutivas, fue la siguiente: "Sin comentarios".

La política sobre pensiones públicas aplicada por España, con una subida del 0,25% y la amenaza de quiebra del sistema como mensaje central del Gobierno, ha encontrado un inesperado reverso en la Unión Europea (UE). Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, las dos instituciones que pilotan la cruzada en favor del déficit cero aun a costa de efectuar recortes, permiten que aquellos cargos públicos en activo que hayan sido eurodiputados y hayan sobrepasado la edad de 63 años sumen a sus salarios el cobro de una pensión financiada por la Cámara de Estrasburgo. Así lo han confirmado fuentes oficiales del Parlamento y de la Comisión a través de distintos correos electrónicos dirigidos a infoLibre.

La paradoja legal y política que entraña la liberalidad de la UE respecto de sus representantes sale a la luz un mes después de que el portal de noticias comunitarias euobserver.com desvelase que, además de su sueldo como miembro del gabinete del luxemburgués Jean-Claude Juncker (unos 20.000 euros al mes), el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, percibe una paga de retiro. Esa paga, cuya cuantía se han negado a desvelar hasta ahora tanto el exministro español de Agricultura como la propia Comisión Europea pero que distintas estimaciones cifran hasta en 50.000 euros anuales, llega a su bolsillo con cargo a un "fondo voluntario de pensiones" que, con sede en Luxemburgo y gestionado en última instancia por una sicav de ese opaco país, financió hasta 2009 el Parlamento Europeo. A diferencia de lo que sucede con cualquier fondo privado, las pensiones derivadas del de Luxemburgo están expresamente reguladas en el Estatuto de los Eurodiputados.

La única incompatibilidad con que topa la pensión del "fondo voluntario" de Luxemburgo es la de que sus beneficiarios no pueden ya formar parte del Parlamento Europeo. Así lo acabó confirmando el martes a este diario la oficina central de prensa de la Eurocámara tras un cruce de emails. En previsión de que pudiera estar produciéndose un error de interpretación, este diario lanzó una pregunta final a la portavoz oficial: ¿es correcto afirmar que el Parlamento Europeo considera que no es incompatible recibir un salario como comisario de la UE y percibir la pensión de jubilación del fondo voluntario de pensiones para exeurodiputados? La respuesta fue escueta pero inequívoca: "Sí".

Más clarificadora si cabe fue la respuesta de los portavoces de la Comisión Europea en España, facilitada también vía correo electrónico el martes a este diario después de tres semanas de silencio: "De acuerdo con nuestra normativa de la Comisión Europea, los salarios de los comisarios son plenamente compatibles con ingresos por pensiones provenientes bien de los sistemas de pensiones nacionales, de planes de pensiones privados, o del fondo de pensiones del Parlamento Europeo (cerrado a nuevos eurodiputados en 2009)".

Creado en 1993 en aplicación de un acuerdo de la Mesa de la Eurocámara, el fondo está gestionado en primera instancia por una "asociación sin ánimo de lucro" de eurodiputados y exeurodiputados. Las inversiones que acomete están a su vez gobernadas por una sicav de ese mismo país y propiedad de los parlamentarios aglutinados en torno a la "asociación sin ánimo de lucro". El fondo nació con la vocación oficial de asegurar a sus miembros una pensión de retiro que no siempre garantizaban los países por los que habían sido elegidos. 

Estrasburgo dejó de hacer nuevas aportaciones al fondo en 2009, año en que entró en vigor el Estatuto de los Eurodiputados. El Estatuto pasó a asegurar una pensión de jubilación a todos los parlamentarios de la Cámara, pertenecieran o no en ese momento al "fondo voluntario" de Luxemburgo. El punto 14.3 dice lo siguiente: "El derecho a una pensión de jubilación se mantendrá con independencia de cualquier otra pensión".

¿Es privado un fondo impulsado, financiado y garantizado por el Parlamento Europeo?

La ley española de Seguridad Social veta de forma categórica en su artículo 213 el cobro de la pensión de jubilación –no así la de viudedad– a los cargos públicos y a quienes, con trabajos por cuenta propia, obtengan por esa vía cuantías superiores al salario mínimo (SMI, 10.302,6 euros) en el transcurso de un año. Escritores y creadores de distintos ámbitos han visto en los últimos años cómo la Seguridad Social les retiraba la pensión porque sus obras les habían proporcionado ingresos situados por encima del umbral del SMI. Antonio Fraguas, Forges, se erigió en paradigma de ese fenómeno de multas y tijeretazos: según el diario Abc, cuando falleció el pasado 22 de febrero llevaba dos años sin pensión. La ley no establece límites para el cobro de cantidades derivadas de fondos de pensión privados. 

¿Choca, por ejemplo, la legislación española con la norma que permite a los cargos públicos cobrar un salario de la Unión Europea y una pensión de jubilación de manera simultánea? ¿O es que debe conceptuarse como privado y no como público el fondo de Luxemburgo para antiguos eurodiputados? Desde luego, pese a su "voluntariedad" y a que su propietaria es una "asociación sin ánimo de lucro", dos elementos hacen dudar de una eventual respuesta afirmativa ante la pregunta de si se trata de un fondo privado: la primera, que fue la propia Cámara la que en 1990 decidió crear ese fondo; y el segundo, que su principal fuente de financiación (el 68,5% del total de las aportaciones recibidas entre 2000 y 2009) ha sido siempre el Parlamento Europeo.

Un tercer factor afianza la idea de que, sea cual sea su revestimiento jurídico, el aliento que anima al fondo de Luxemburgo es de carácter netamente público: la percepción de las pensiones de jubilación a él asociadas está expresamente regulada por el Estatuto de los Eurodiputados, cuyo artículo 27 dice esto: "Tras la entrada en vigor del presente Estatuto, el antiguo fondo de pensiones voluntario creado por el Parlamento se mantendrá para aquellos diputados o antiguos diputados que ya hayan adquirido derechos o expectativas de derechos en ese fondo".

En 2014, las revelaciones de infoLibre sobre ese fondo, localizado en el país más opaco de la UE y cuya baja fiscalidad le colocó durante años en posición de ventaja respecto a sus socios comunitarios, condujeron a la dimisión del entonces portavoz de IU en la Cámara europea, Willy Meyer.

Los datos que este diario pudo recabar entonces constataron varios hechos: que entre 2000 y 2009 el Parlamento Europeo inyectó al fondo 95 millones de euros; que el Parlamento Europeo se compromete año tras año a garantizar, en caso de quiebra, el pago de las pensiones de jubilación a los eurodiputados adscritos al fondo; y que más de un centenar de eurodiputados españoles de distintos partidos se beneficiaban de la pertenencia a la "asociación sin ánimo de lucro" constituida en 1993 para la constitución del fondo por decisión expresa de la Mesa del Parlamento Europeo. A 31 de diciembre de 2015, el déficit actuarial (la diferencia entre las obligaciones contraídas para el futuro y los ingresos asegurados en el presente) estimado del fondo de Luxemburgo se elevaba ya a 276,8 millones de euros, según los datos oficiales de la Cámara. 

Previa consulta a los servicios de pensiones del Parlamento, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito calcula que Cañete ha cobrado del fondo de Luxemburgo más de 100.000 euros desde que se incorporó al Ejecutivo comunitario en noviembre de 2014. Benito se encuentra a la espera de que la Comisión Europea responda sus preguntas sobre la pensión de Cañete: a cuánto asciende, por qué no la ha reflejado en su declaración de intereses y si la Comisión considera que la doble percepción de ingresos públicos "cumple con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos”.

Cuando euobserver.com publicó, previa confirmación escrita de su portavoz oficial, que Cañete estaba cobrando esa pensión el equipo del eurocomisario se sumió en un absoluto hermetismo. En las cuatro últimas semanas, infoLibre ha intentado sin éxito conocer la posición del exministro y dirigente del PP a través de su gabinete de comunicación. 

Hasta 117.000 euros. Esa es la cifra que Podemos calcula que ha podido cobrar el exministro Miguel Arias Cañete desde noviembre de 2014 gracias a una pensión de jubilación vitalicia financiada por el Parlamento Europeo y que percibe de manera simultánea a los 20.000 euros mensuales 20.000 euros mensuales que el exministro de Agricultura y dirigente del PP gana como eurocomisario de Energía y Acción por el Clima.  La doble percepción de ingresos públicos de la UE por parte de Cañete, miembro del Gobierno comunitario que preside el luxemburgués Jean Claude Juncker, fue desvelada el miércoles de la semana pasada por el digital euobserver.com. 

La delegación de Podemos en el Parlamento Europeo ha realizado esa estimación tras la reunión mantenida por el eurodiputado Xabier Benito con el servicio de pensiones de la Eurocámara. El objetivo del encuentro fue recabar detalles sobre los procesos de cálculo y cobro de pensiones por parte de aquellos exdiputados europeos que pertenecen o han pertenecido al denominado Fondo de Pensiones de Diputados del Parlamento Europeo, cuya existencia desveló infoLibre en 2014.

De carácter voluntario y adicional a las pensiones que ya garantizaba España a los parlamentarios en la Cámara de Estrasburgo una vez cesasen en su actividad laboral, ese fondo se localiza en Luxemburgo, país protagonista de uno de los grandes escándalos financieros de la historia de la Europa comunitaria, el llamado Luxleaks, por su política de acuerdos fiscales opacos. En virtud de esos acuerdos, el Gran Ducado aplicó a grandes corporaciones empresariales una bajísima tributación imposible de igualar por otros Estados de la Unión. Gobernado por una "asociación sin ánimo de lucro", las inversiones del fondo de eurodiputados están en manos de una sicav también domiciliada en esa especie de paraíso fiscal intramuros que es Luxemburgo e igualmente participada por parlamentarios.

A tenor de los cálculos efectuados por Podemos tras su reunión con los expertos en pensiones de la propia Eurocámara, desde que Arias Cañete fue nombrado comisario europeo de Acción por el Clima y Energía en noviembre de 2014, habría podido cobrar además de su salario de comisario una pensión mensual de hasta un máximo de 2.930 euros por los años que fue diputado en el Parlamento Europeo (1986-1999), lo que sumaría hasta el momento un montante de hasta 117.000 euros.

“Arias Cañete no se ha enterado de que en España nuestros mayores están saliendo a la calle por el futuro de sus pensiones, por unas pensiones con las que en muchos casos difícilmente llegan a fin de mes, mientras él cobra pensión y sueldazo a la vez, y ambos a cargo de los fondos públicos”, critica el eurodiputado Xabier Benito.

“Esperamos -añade Benito- que el comisario del PP y el más polémico a nivel europeo por su estrecha relación con casos de corrupción, como el de Aquamed, y de evasión fiscal, como los Papeles de Panamá, dé la cara, diga la verdad y, por decencia, renuncie a esta pensión y devuelva lo que ha recibido hasta hora mientras cobra 20.000 euros al mes como comisario”.

La semana pasada Benito presentó una pregunta a la Comisión Europea en la que le exigen que haga público a cuánto asciende la pensión de Arias Cañete a través del plan de pensiones del Parlamento Europeo y en la que denuncia además que el cobro de dicha pensión no figura en la declaración de intereses del comisario.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "decidió no activar los pagos" que a partir de los 63 años le garantizaba el fondo voluntario de pensiones para eurodiputados cuya gestión maneja una sicav de Luxemburgo y al que el Parlamento Europeo destinó casi 100 millones en solo una década. Así lo aseguraron este viernes sus portavoces a preguntas de infoLibre, que inquirió si al igual que Miguel Arias Cañete, con quien comparte militancia y edad –67 años–, también Montoro ha sumado esa pensión de jubilación a su salario como cargo público en activo. "Legalmente podía recibirla pero entendió que no debía cobrarla", fue la respuesta de su equipo. Y "perdió así la posibilidad de cobrarla en un futuro porque la renuncia tiene carácter definitivo", añadieron las fuentes. Los portavoces consultados por este diario en Hacienda declinaron pronunciarse sobre el caso del exministro de Agricultura y ahora comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. 

Cañete guarda silencio desde que el portal de noticias de ámbito comunitario euobserver.com desveló el miércoles que está percibiendo de forma simultánea su salario como eurocomisario –alrededor de 20.000 euros mensuales– y la pensión del fondo de Luxemburgo. Según el digital, una portavoz oficial del responsable de Energía y exministro español de Agricultura aseguró "en un email" que "la cantidad recibida [en concepto de pensión] está plenamente declarada y gravada por las autoridades españolas". ¿A cuánto asciende esa pensión? Lo preguntó euobserver, pero la fuente se limitó a responder que la cifra "se deriva de las contribuciones que paga". La información sobre Cañete vio la luz coincidiendo con la oleada de manifestaciones con que miles de jubilados han protestado en toda España tras la subida aplicada por el Gobierno a las pensiones del sistema público: un "miserable" 0,25%.

El jueves, Podemos presentó una pregunta escrita para que la Comisión Europea explique si cobrar el salario de comisario y recibir al mismo tiempo la pensión de antiguo diputado europeo "cumple con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos". La formación morada requiere también al Gobierno comunitario información de cuánto recibe mensualmente Arias Cañete a través de ese plan de pensiones. Y por último hace notar que el pago de la pensión "no figura en la declaración de intereses del comisario". Y de ese punto se deriva el tercer interrogante planteado por el eurodiputado de Podemos Xabier Benito: "¿Piensa la Comisión Europea pedir al señor Arias Cañete una revisión de su declaración de intereses?".

También Los Verdes expresaron el mismo jueves su malestar y abogaron por la supresión de ese fondo de pensiones, vigente desde 1990 y sufragado en dos tercios con dinero público. El eurodiputado Ernest Urtasun escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "A vueltas con Cañete: ahora resulta que en paralelo a su sueldo de comisario, está cobrando del escandaloso fondo de pensiones privado que existió hasta 2009 en el Parlamento Europeo. ¡Exigimos que renuncie a su cobro!".

Tanto el jueves como el viernes, infoLibre ha intentado sin éxito contactar con los portavoces de Cañete por teléfono, por correo electrónico y también a través de la oficina de prensa del PP, a cuya ejecutiva nacional pertenece el eurocomisario como miembro nato. 

Este diario sí logró por fin el viernes una escueta respuesta de la delegación de la representación en España de la UE a la pregunta planteada la víspera: si  la Comisión considera ajustado a los cánones de ética y transparencia el hecho de que el comisario Arias Cañete esté sumando a su sueldo de eurocomisario el cobro de la pensión asociada al fondo voluntario que en último término gestiona una sicav de Luxemburgo. Los portavoces consultados se limitaron a "recordar" en relación a "la adhesión de comisarios al fondo" que "lo hicieron de manera legítima como miembros del Parlamento Europeo".

Un sueldo de 20.000 euros al mes y una pensión simultánea pagada con dinero público a través de un fondo que gestiona una sicav de Luxemburgo y cuya cuantía no se conoce. En esa situación se encuentra hoy Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía  y beneficiario del controvertido fondo voluntario de pensiones para eurodiputados desvelado en 2014 por infoLibre y que hasta 2009 financió en dos tercios la Cámara de Estrasburgo.

Tras la publicación de la noticia por el digital euobserver.com, radicado en Bruselas, tanto Los Verdes como Podemos exigieron este jueves por la mañana explicaciones inmediatas a Cañete. "Mientras España se manifiesta por el futuro de sus pensiones, Miguel Arias Cañete está cobrando 20.000 euros mensuales como comisario además de una pensión del Parlamento Europeo", se lamentó el eurodiputado de Podemos Xabier Benito tras elevar a la Comisión Europea una pregunta sobre el asunto. Ernest Urtasun, del grupo verde, se pronunció en similares términos a través de su cuenta de Twitter: "A vueltas con Cañete: ahora resulta que en paralelo a su sueldo de comisario, está cobrando del escandaloso fondo de pensiones privado que existió hasta 2009 en el Parlamento Europeo. Exigimos que renuncie a su cobro!". Mientras ambas formaciones expresaban en Bruselas su estupefacción por lo sucedido, en España miles de pensionistas se manifestaban en protesta por una subida –el 0,25%– que califican de indigna.

A lo largo de toda la jornada, este diario intentó sin éxito que el equipo de Cañete verificase la exactitud de lo publicado el día antes por euobserver, que atribuye a la portavoz del eurocomisario un entrecomillado cuya literalidad implica en sí misma una confirmación del cobro por partida doble. Ese entrecomillado es el siguiente: "La cantidad recibida [en concepto de pensión] está plenamente declarada y gravada por las autoridades españolas". ¿A cuánto asciende esa pensión? euobserver también lo preguntó, pero la fuente se escabulló con esta respuesta: la cifra "se deriva de las contribuciones que paga". La solicitud de información sobre la situación de Cañete trasladada por infoLibre a través del PP tampoco tuvo éxito. Igualmente guardó silencio el gabinete de comunicación de la delegación en España de la Comisión Europea, al que este medio se dirigió a mediodía para conocer si el Gobierno comunitario considera que la doble percepción económica por parte del eurocomisario se ajusta a los cánones de transparencia y ética. 

Gestionado por una "asociación sin ánimo de lucro" que a su vez encomienda las inversiones del dinero que maneja a una sicav con sede en Luxemburgo, auténtico paraíso fiscal en el corazón mismo del territorio comunitario, el fondo voluntario de pensiones permaneció como un secreto solo para iniciados hasta junio de 2014. Cuando infoLibre destapó en junio de ese año su existencia, el entonces eurodiputado de IU Willy Meyer dimitió de inmediato. En cambio, el grueso de los beneficiarios españoles se limitó por el contrario a invocar la legalidad de la fórmula.

El descubrimiento de que con fondos públicos y mediante una fórmula en efecto legal por cuanto había sido aprobada por Estrasburgo en 1990, los europarlamentarios se estaban asegurando una pensión vitalicia adicional a la que ya tienen garantizada en España destapó así en plena crisis un suculento privilegio privado pagado con dinero público. Pagado, además, a través del país más opaco de la UE en materia financiera.

Según los estatutos de la asociación de eurodiputados propietaria del fondo, para acceder a esa pensión vitalicia los suscriptores solo debían cumplir tres requisitos: cotizar durante dos años, haber cesado en el cargo de eurodiputado y haber cumplido 60 años. En 2009, la edad mínima para cobrar la pensión se elevó a 63 años. Y se cerró la entrada de nuevos eurodiputados en el fondo.

El rastreo documental efectuado por este diario en el Registro Mercantil de Luxemburgo constató que el Parlamento Europeo había inyectado nada menos que 95 millones de euros en 10 años a ese fondo de pensiones. En teoría, de cada tres euros que entraban en sus arcas, dos los aportaba la Eurocámara y el tercero, cada asociado al fondo. Pero en realidad, ese tercer euro provenía de la suma que todos los eurodiputados reciben cada mes con cargo a sus dietas. Así lo confirmaron un antiguo eurodiputado que se negó a sumarse a ese sistema –Ignasi Guardans– y el periodista y politólogo Jesús Bueno, que en los noventa había sido asesor del entonces parlamentario socialista Antonio González Triviño.

La incógnita de la declaración de intereses

Tanto la presidenta del grupo parlamentario verde, la alemana Ska Keller, como el eurodiputado español Ernest Urtasun, exigieron este jueves que el dirigente conservador renuncie a la pensión de Luxemburgo. "No es ético ni razonable que un Comisario con un salario base de más de 20.000 euros mensuales, reciba en paralelo el cobro de la pensión", critican en una nota de prensa. Podemos, mientras tanto, ya ha registrado una pregunta a la Comisión Europea en la que, además, alerta de que ésta no figura en la declaración de intereses del comisario.

Para los Verdes, lo que debe hacer la UE es suprimir estas pensiones privadas dado que el fondo del que proceden "está gestionado de forma opaca en Luxemburgo". Además, critican que acumula un déficit de 326 millones de euros que "deberá ser cubierto con aportaciones de dinero público".

Por su parte, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito, promotor de la pregunta parlamentaria, reclama que Cañete dé explicaciones públicas. "Si no, lo obligaremos nuevamente a darlas ante la Eurocámara”, avisa Benito en un comunicado.

La pregunta, presentada por Benito y la eurodiputada portuguesa del grupo de la izquierda europea (GUE/NGL) Marisa Matias, pide a la CE que explique si considera que el cobro de la pensión "cumple con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos”. Los eurodiputados piden también a la Comisión que indique "cuánto recibe cada mes Arias Cañete a través del plan de pensiones".

La cuestión presentada alerta a la CE de que "el pago de la pensión no figura en la declaración de intereses del comisario", por lo que ambos diputados reclaman a la Comisión que realice una revisión de su declaración de intereses. "La falta de ética –sostiene Benito– es insultante, tanto por estar cobrando pensión y sueldo a la vez, como por haberse permitido este tipo de privilegios hasta 2009. Podemos entró en las instituciones por esto y vamos a hacer todo lo posible por tumbarlos", añade el eurodiputado.

El exministro y comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, continúa cobrando una pensión de un fondo privado para exmiembros del Parlamento Europeo, que salió a la luz en 2014. Así informó este miércoles euobserver. Mientras, Cañete percibe su sueldo como comisario, que asciende a unos 20.000 euros mensuales, según denuncia el grupo europeo de los Verdes/ALE.

Por ello, tanto la presidenta del grupo parlamentario, la alemana Ska Keller, como el portavoz europeo de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, exigieron este jueves que el dirigente conservador renuncie a esta pensión. "No es ético ni razonable que un Comisario con un salario base de más de 20.000 euros mensuales, reciba en paralelo el cobro de la pensión", critican en una nota de prensa.

También Podemos ha puesto el foco sobre el exministro de Agricultura de Mariano Rajoy y ha registrado una pregunta a la Comisión Europea en la que, además, alerta de que ésta no figura en la declaración de intereses del comisario.

Gestionado de forma opaca en Luxemburgo

Los Verdes reiteran su petición de que estas pensiones privadas se supriman, ya que el fondo del que proceden "está gestionado de forma opaca en Luxemburgo". Además, critican que acumula un déficit de 326 millones de euros que "deberá ser cubierto con aportaciones de dinero público". 

De hecho, recalcan que este plan de pensiones ya no está vigente para los nuevos diputados, sólo aquellos que accedieron al cargo antes de 2009, y adelantan medidas en el Parlamento para "criticar a cualquier miembro que compatibilice el cobro de la pensión con otros salarios y pedir que aquellos antiguos miembros que tengan un sueldo en Comisión Europea renuncien a su pensión del Parlamento".

Por su parte, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito, promotor de la pregunta parlamentaria, reclamaque Cañete dé explicaciones públicas. "Si no, lo obligaremos nuevamente a darlas ante la Eurocámara”, avisa Benito en un comunicado.Benito

La pregunta, presentada por Benito y la eurodiputada del GUE/NGL Marisa Matias, pide a la CE que explique si considera que el cobro de la pensión "cumple con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos”. Los eurodiputados piden también a la Comisión que indique "cuánto recibe cada mes Arias Cañete a través del plan de pensiones".

La cuestión presentada alerta a la CE de que "el pago de la pensión no figura en la declaración de intereses del comisario", por lo que ambos diputados reclaman a la Comisión que realice una revisión de su declaración de intereses.

Benito y Matias señalan que la comisaria Marianne Thyssen está suscrita también a este plan de pensiones.

"Mientras España se manifiesta por el futuro de sus pensiones, el comisario del PP, de los Papeles de Panamá y del uranio en Salamanca, Miguel Arias CañeteMiguel Arias Cañete, está cobrando 20.000 euros mensuales como comisario además de una pensión del Parlamento Europeo", critica Xabier Benito.

"La falta de ética es insultante, tanto por estar cobrando pensión y sueldo a la vez, como por haberse permitido este tipo de privilegios hasta 2009. Podemos entró en las instituciones por esto y vamos a hacer todo lo posible por tumbarlos", añade el eurodiputado.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afrontó en septiembre de 2016 uno de los discursos sobre el estado de la Unión más complicados. El líder del Ejecutivo comunitario tuvo que plantarse frente a la Eurocámara en un contexto complejo, con la victoria del Brexit en Reino Unido todavía fresca y con la vista puesta en el avance de la extrema derecha en países como Francia, Alemania y Holanda. A todo esto, se sumó además la crispación ciudadana generada por los saltos que exmiembros de la Comisión estaban dando por el sector privado tras abandonar sus cargos en Bruselas. Entre ellos el antiguo presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, que en julio de 2016 había fichado como presidente no ejecutivo de la filial que el banco Goldman Sachs tiene en Londres. 

Con este último escándalo en la mochila, Juncker puso sobre la mesa del Parlamento Europeo su intención de reforzar la normativa ética a la que están sujetos los dirigentes de la Comisión. No había pasado una semana del anuncio, cuando Bruselas recibió un nuevo revés al calor de los Bahamas Leaks: Neelie Kroes, comisaria de Competencia de 2004 a 2010, figuró como directora de una sociedad offshore en Bahamas desde el año 2000 hasta octubre de 2009. En noviembre, el presidente del Ejecutivo comunitario, que también se ha visto involucrado en escándalos como LuxLeaks, remitió a su homólogo en la Eurocámara, Martin Schulz, una dura carta: "A la luz de los recientes hechos acaecidos, creo que nuestro Código de Conducta debe ser reforzado para que su nivel de exigencia sea el mayor posible".

Este miércoles, menos de año y medio después de aquellos anuncios, ha entrado en vigor la nueva normativa ética a la que están sujetos los dirigentes de la Comisión. "Establece unas reglas más claras y un código deontológico más riguroso", señalan desde Bruselas. Entre los cambios con respecto a la edición de 2011, el nuevo Código de Conducta amplía los tiempos que tienen que esperar los comisarios para realizar actividades tras su salida del Ejecutivo europeo, endurece las normas aplicables a los intereses financieros, aborda la definición de conflictos de interés, obliga a una mayor transparencia y contempla que los comisarios puedan presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo sin tener que pedir una excedencia.

Periodo de incompatibilidad

Cuando se anunció la incorporación de Barroso a Goldman Sachs, el asunto se trasladó a la mesa del Comité Ético de la Comisión Europea, después de que la Defensora del Pueblo de la UE pidiera "explicaciones" a Juncker y más de 120.000 personas, entre las que había funcionarios europeos, exigieran sanciones "ejemplares". Sin embargo, el Comité Ético concluyó que el expresidente, que tiene derecho a una jugosa pensión pública vitalicia, no violó "su obligación de integridad y discreción", por lo que no se justificaba la imposición de sanciones. Entre otras cosas, recordaba el dictamen emitido, porque Barroso había cumplido el plazo de enfriamiento que tenían que respetar los comisarios antes de pasar al sector privado: 18 meses.

Sin embargo, a partir de este miércoles los miembros de la Comisión tendrán que esperar más tiempo antes de comenzar nuevos proyectos con posterioridad al cargo. Así, el artículo 11 del nuevo Código de Conducta amplía el periodo de incompatibilidad hasta los 2 años para poder desempeñar cualquier "actividad profesional", sea o no remunerada. En el caso del presidente del Ejecutivo europeo, ese periodo de enfriamiento será de tres años. Durante ese plazo de tiempo, los ex miembros de tendrán que informar a Bruselas sobre su intención de asumir cualquier nueva función.

Excedencias para las elecciones europeas

En la carta que Juncker envió en noviembre de 2016 a Schulz, ponía sobre la mesa otro de los objetivos fundamentales de la reforma del código deontológico: "Muchos de los actuales comisarios ya se presentaron como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo o son antiguos primeros ministros o ministros. En el futuro, como ocurre comúnmente en nuestros Estados miembros, quiero que los miembros de la Comisión puedan presentarse como candidatos a las elecciones europeas sin tener que abandonar sus tareas (...). Las elecciones al Parlamento Europeo son y deben ser una cita ineludible con la democracia, y esto también es válido para la Comisión".

El Código de Conducta de 2011 establecía que los comisarios que quisieran participar "activamente en las campañas electorales como candidatos a las elecciones europeas" tenían que pedir una suerte de excedencia –el "permiso electoral no remunerado"– en la que no podían "utilizar los recursos humanos o materiales de la Comisión". Esta "norma absurda", en palabras de Juncker durante el discurso sobre el estado de la Unión de 2016, ha sido eliminada en la reforma de 2018, en la que simplemente se fija que los comisarios "podrán participar" en campaña y "podrán también ser elegidos" por los partidos como candidatos a presidir el Ejecutivo comunitario. Ni una palabra sobre excedencias.

Este cambio será de aplicación en cuanto la Eurocámara dé luz verde, previsiblemente la próxima semana, a la actualización del Acuerdo Marco sobre las relaciones con la Comisión. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, seis dirigentes del Ejecutivo comunitario –el entonces vicepresidente económico Olli Rehn y cinco comisarios más– dejaron sus funciones en manos de otros compañeros durante más de un mes para participar en la campaña. "Todos los comisarios con excedencia electoral retomarán sus funciones a partir del 26 de mayo, y los que sean elegidos y decidan ocupar su escaño en el Parlamento Europeo tendrán que dimitir de su puesto a más tardar a finales de junio", señaló entonces la Comisión.

Intereses financieros

Pocos días antes de conocerse la entrada de Barroso a Goldman Sachs, el titular de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, compareció ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo por su presunta implicación en el caso Acuamed y los papeles de Panamácaso Acuamedpapeles de Panamá. A puerta cerrada, algunos eurodiputados le preguntaron por qué en su declaración de intereses no figuraba la empresa radicada en Panamá de la que su esposa fue apoderada. "Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses", apuntó a su salida en declaraciones a los medios.

Con la vista puesta en este tipo de escándalos, la Comisión ha decidido reforzar en la nueva normativa deontológica los criterios relativos a los intereses financieros de los comisarios. Si con el Código de Conducta antiguo los miembros del Ejecutivo europeo estaban obligados sólo a declarar "cualquier interés financiero –es decir, cualquier forma de participación financiera individualizada en el capital de una empresa– y elemento patrimonial que pueda generar un conflicto de intereses", tanto suyos como de su cónyuge, en la nueva normativa tendrán que declarar cualquier inversión que supere los 10.000 euros, con independencia de si puede plantear o no un conflicto de interés.

Gastos de viajes

En el nuevo Código de Conducta, la Comisión introduce también algunos cambios en relación con las denominadas "misiones" –todo desplazamiento de un miembro de la Comisión en el ejercicio de sus funciones–. En este apartado, el reglamento ético que está en vigor desde este miércoles obliga al Ejecutivo comunitario a hacer público cada dos meses un resumen de los gastos de viaje de todos los comisarios –la primera de las publicaciones está prevista para finales del próximo mes de febrero–. Además, deja claro que "los viajes gratuitos ofrecidos por terceros" no se aceptarán "a menos que sean de conformidad con el uso diplomático" o a menos que el presidente lo autorice, un extremo que no estaba incluido en la norma de 2011.

También en materia de transparencia, con la nueva normativa ética se harán públicas todas las decisiones de la Comisión Europea y los dictámenes del Comité Independiente de Ética –organismo creado en el nuevo Código de Conducta para ofrecer asesoramiento a los comisarios en cuestiones éticas– en materia de incompatibilidades. La nueva norma, además, ofrece por primera vez una definición de conflictos de intereses y fija el principio de que los comisarios no solo deben evitar las situaciones de incompatibilidad, sino también todas aquellas que puedan ser percibidas como tal.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2017 (COP23) arrancará el próximo 6 de noviembre. Se celebrará en Bonn, Alemania, sede de los organizadores: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Pero la presidencia del evento recae en Fiji, un país insular del Pacífico de menos de un millón de habitantes. Es simbólico, está claro, pero se trata de uno de los símbolos más potentes de la acción climática internacional hasta la fecha: los Estados pequeños, rodeados de un mar que se los come, son tragados por las consecuencias de un fenómeno que no han generado ellos. Son, también, símbolo de que el cambio climático no es algo que vendrá si no ponemos remedio: es algo que ha llegado, y que será una tragedia humanitaria descomunal si no ponemos remedio.

La COP23, la segunda tras la histórica COP21 que aprobó el Acuerdo de París, tiene como lema no oficial la "solidaridad", y es el gesto que avala la presidencia de Fiji. Pero más allá de las palabras bonitas, los principales objetivos de la conferencia son dos: presentar unidad ante la salida de Estados Unidos del tratado climático más importante de la historia, y convertir las buenas intenciones y la meta climática de los 2 grados de 2015 en compromisos reales, vinculantes, y en acuerdos técnicos que permitan llegar al final. El reto es, si cabe, más complicado que el que se presentó tras la pérdida de vigencia del Protocolo de Kyoto. Hay que llevar al papel las metas en base a varios elementos clave: la transparencia, la adaptación, la reducción de las emisiones, la financiación, la creación de capacidad y la tecnología, con vistas a que en la COP24 de 2018 en Polonia se rematen definitivamente todos los compromisos.

"Cuando tienes que trasladar los objetivos a acciones concretas, es más complicado aún si cabe. Obliga a los países a unos esfuerzos que algunos no están dispuestos a asumir", afirma la coportavoz de Equo Rosa Martínez. Sobre el primer objetivo, opina la copresidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN), Teresa Ribera: "Políticamente, es importante tomar el pulso a cómo de comedida y caliente es la reacción a la irresponsabilidad, a la locura de Trump. Hay una cierta posición tibia que es importante sacudir. La COP no se puede convertir en una zona de confort de 'como no soy Trump, soy bueno'".

Esta semana, además, ha saltado una noticia que avisa de la urgencia de actuar y de que quizá los objetivos internacionales son, como se ha denunciado múltiples veces y desde numerosas voces, poco ambiciosos. La Organización Mundial de la Meteorología (OMM) aseguró el pasado lunes que la concentración de CO2 es la más alta de la Historia y que en 2016 alcanzó un récord que no se superaba desde hace 800.000 años. El secretario general de la organización, Petteri Taalas, advirtió: "De momento nos estamos moviendo hacia cifras más altas (del objetivo de 2 grados de calentamiento global de París) debido al aumento de la concentración atmosférica del CO2 (...) Hay que elevar urgentemente el nivel de ambición". Un mensaje que cuadra con lo que investigadores del Parlamento Europeo señalaron hace unas semanas: aunque cumplamos con todo lo dispuesto, no será suficiente.

Desunión climática

La Unión Europea es la indiscutible líder de la acción climática a nivel mundial. Eso no quiere decir que lo haga todo bien, pero los planes nacionales contra el cambio climático de sus Estados miembro son los más avanzados, y se plantea unas metas difícilmente superables por otros países fuera de su órbita. Pero lo que está pasando en la UE es el ejemplo perfecto de las dificultades a las que se enfrenta la lucha. En su seno se viven debates enconados sobre cómo aplicar el Acuerdo de París que distan, mucho, de la unidad mostrada al mundo en 2015.

La burocracia comunitaria es compleja. Cualquier directiva, sea o no medioambiental, debe partir de una propuesta de la Comisión Europea, ser analizada por la comisión del Parlamento Europeo al respecto, y ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de la Unión Europea del ramo correspondiente. Ambas instituciones deben llegar a un consenso entre ellas junto a la Comisión, en lo que se llama “negociaciones a tres bandas”, base de la legislación europea. En este largo proceso, el consenso está lejos de llegar, sobre todo en lo referente a las diferencias entre lo que propone el Ejecutivo comunitario y lo que están dispuestos a aceptar los países.

En 2014 se llegó a un acuerdo en la Unión Europea que constituye la línea maestra del camino a seguir para llegar a menos de dos grados de calentamiento global. Hablamos del Marco sobre clima y energía para 2030, que cuenta con tres objetivos principales: al menos un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), al menos un 27% de cuota de energías renovables y al menos el 27% de mejora de la eficiencia energética. Está basado en el marco hasta 2020, a punto de agotarse, y que establecía un 20-20-20 en esos mismos tres ámbitos.

Este mismo marco está en discusión en su propia revisión, en la que un informe presentado al Parlamento Europeo por José Blanco, ex ministro de Fomento y eurodiputado, propone que en 2030 la UE deba alcanzar un 35% de energías renovables y que sea vinculante para Estados miembros. El Consejo europeo, formado por los Ministros de Medio Ambiente de los países, prefiere mantenerse en el 27% y que no sea vinculante. Otras diferencias son relativas a lo que podríamos llamar la ejecución de la ejecución: las medidas propuestas por la Comisión relativas a cómo debe traducirse en la legislación nacional los objetivos del marco. Están contenidas en dos disposiciones: la decisión de reparto del esfuerzo, que establece cómo los Gobiernos deben limitar las emisiones en los llamados sectores difusos (los gases de efecto invernadero que no son emitidos por la industria) y el llamado Paquete de Invierno, que propone una serie de medidas en el ámbito de la energía para cumplir con lo acordado. Ambas disposiciones son vinculantes, y ahí radican las divergencias.

Así lo expresó el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que estuvo el pasado jueves 26 de octubre en el Congreso: "Dediqué dos años a ir de Parlamento en Parlamento, intentando convencerlos", afirmó, sentenciando que convencer a los Gobiernos de esos objetivos vinculantes es lo más complicado de su labor. Con respecto a las diferencias en la meta de renovables de 2030, aseguró: "Será un trílogo –Comisión, Parlamento y Consejo–complicado, porque hay mucha distancia entre un 27% y un 35%". Dentro del seno de la UE, hay hay “trucos” o “trampas” que defienden algunos Estados para aliviar el peso de su responsabilidad climática

Dentro del debate sobre la decisión de reparto del esfuerzo, inmerso ahora en esas negociaciones a tres bandas, hay "trucos" o "trampas" que defienden algunos Estados para aliviar el peso de su responsabilidad climática. Entre ellos, España. Así lo defiende Antonio Calvo, experto en legislación climática europea de la organización Transport and Environment. Explica que hay una cláusula en discusión que, de aprobarse, conllevará que los países podrán aplicar lo reducido en emisiones "de más" con respecto a su objetivo de 2020 para reducir sus metas de 2030. Simplificando mucho, se traduce a que si, por ejemplo, un país tiene un objetivo del 20% en reducción de gases contaminantes en 2020 y llega al 22%, en 2030 podría llegar al 25% en vez de al 27%. En teoría hay limitaciones: en caso de salir adelante, solo se tendría derecho a usar el 20% de la reserva y siempre que el conjunto de la UE no supere unos millones de toneladas en concreto –cuyo número también está en discusión–.

Los países también pueden, además, comercializar con las emisiones: igual que con el mercado de carbono que manejan las empresas, pueden comprar derechos para emitir y vender lo que hayan adelantado. Por ejemplo: Si Portugal llega al 22% en 2020 y España se queda en el 18%, puede comprar ese 2% que le sobra al vecino luso. "Italia y España consideran que no implantar ese derecho es injusto, porque no se le reconocerían, entonces, los esfuerzos tempranos que han realizado", explica Calvo. Esos "esfuerzos tempranos" son, en realidad, descenso de emisiones por la ralentización en la industria producto de la crisis económica.

En las negociaciones, considera Rosa Martínez, de Equo, "España se está alineando con los países menos relevantes, como Polonia –referente en carbón- en vez de con los líderes". Destaca que, en la comparecencia de Arias Cañete en el Congreso de este jueves, el comisario reconoció el posicionamiento de la Cámara Baja española en llevar al 40% los objetivos de renovables, más allá del 27% establecido y del 35% que propuso Blanco en el Europarlamento: una iniciativa rechazada por el Gobierno. Arias Cañete proviene del Partido Popular. Ribera, cuestionada sobre cómo llega España a esta COP23, es tajante: "España es un buen ejemplo de esa zona de confort. ¿Qué ha hecho desde 2015? Nada. Nadal dice que quiere impulsar la transición energética, pero no hay ninguna medida al respecto". Nada tampoco en desarrollo rural, ni en agricultura sostenible, ni un enfoque integral y ambicioso del problema que tenemos con el agua. "No hay intención de abordarlo como el agua como recurso finito".

Otros enfoques alternativos

La COP23, más allá de las declaraciones políticas que se produzcan al final de las jornadas, tiene un carácter eminentemente técnico, de definir los procesos concretos gracias a los cuales se aplicará de verdad el Acuerdo de París. Pero la sociedad civil a veces va más allá, o por senderos distintos, de los políticos. Dos de las reivindicaciones que algunas organizaciones llevan a la COP sorprenden, por lo alejado de los discursos habituales, centrados en cuotas, emisiones y esfuerzos. La Alianza Climática alemana ha pedido que se incluya a la ganadería en los debates: responsable del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según la FAO. Y, por tanto, que el debate público sobre el cambio climático aborde el consumo de carne.

Equo, por su parte, defiende que los discursos y las ponencias introduzcan la perspectiva de género. "La sequía y la desertificación tiene un fuerte impacto en las mujeres que viven del campo, responsables de alimentar a su familia (…) En desastres naturales, los más afectados son mujeres y niños. Ellas tienen que llevar a sus hijos en brazos, y los hombres tienen la tecnología de aviso en tsunamis, por ejemplo. (…) En Occidente, en cuanto a pobreza energética, las mujeres en general sufren más. Pasan más horas en casa, lavan con agua fría, cocinan sin luz…", explica Martínez. ¿Y cómo empezamos a aplicar la perspectiva de género en el cambio climático? “La presencia de mujeres en organismos de decisión climáticos” sería un buen paso, afirma.

Son aspectos que, puede que injustamente, se relegarán a un segundo plano. El gran reto de esta COP y de la de 2018 es convertir el Acuerdo de París en un compromiso legal más allá de la declaración de intenciones. Si ya es difícil poner de acuerdo a los veintiocho, lo será más con 193. Pero por intentarlo que no quede.

Podemos solicitó este miércoles a los eurodiputados del PSOE  y ALDE (Ciudadanos, PNV y PDeCAT) que apoyen su petición de comparecencia del comisario de Energía Miguel Arias Cañete ante el Pleno del Parlamento Europeo en la Conferencia de Presidentes del próximo jueves 8 de junio, según una nota de prensa emitida por el partido.

La formación morada quiere que Arias Cañete dé explicaciones acerca la investigación abierta por la Oficina Antifraude Europeainvestigación abierta (OLAF) en torno a sus presuntos vínculos con los Papeles de Panamá, que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude anunció la pasada semana.

Los eurodiputados de Podemos Miguel Urbán y Xabier Benito han argumentado en la carta que la apertura de una investigación sobre el comisario español por parte de la OLAF  es "lo suficientemente grave" para que "Arias Cañete dé explicaciones ante el plenario del Parlamento Europeo”.

“Como cargo público europeo de alto nivel, Arias Cañete debe mostrar la máxima transparencia y rendir cuentas ante los representantes electos de la ciudadanía europea”, sostienen los eurodiputados en su misiva.

Del mismo modo, Urbán y Benito han defendido que, "como españoles", les preocupa "la imagen que están dando los representantes de España fuera del Estado". "La evasión fiscal y la corrupción no deben ser nuestros productos de exportación”, mantienen.

Además, los eurodiputados han recordado en la carta que la OLAF "ha cruzado datos de 40.000 personas y compañías vinculadas a las instituciones europeas" para comprobar "si podían tener algún vínculo con compañías señaladas en los Papeles de Panamá". Y de todos los datos analizados, "sólo encontraron 17 coincidencias reales y, de éstas, abrieron cuatro investigaciones", dentro de las que "figura el nombre del Comisario Arias Cañete”.

Por todo ello y, "al igual que se ha acordado entre los diferentes grupos del Congreso la apertura de una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular", Podemos pide el apoyo a la petición de comparecencia del comisario Arias Cañete ante el Pleno del Parlamento Europeo.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y a la exvicepresidenta del Ejecutivo comunitario Neelie Kroes en relación con el escándalo de los Papeles de PanamáPapeles de Panamáde evasión fiscal a través de sociedades opacas, según han informado a Europa Press fuentes europeas.

OLAF ha abierto cuatro investigaciones relacionadas con los Papeles de Panamá el año pasado y otras dos este añoPapeles de Panamá. "Hemos abierto cuatro el año pasado y este año hemos abierto dos más, de modo que tenemos seis en total. Es todo lo que puedo decir", ha explicado en rueda de prensa la directora de Apoyo a Investigación de la Oficina Antifraude europea, Beatriz Sanz Redrado, en el marco de la presentación del informe anual de OLAF.

Dos de las investigaciones abiertas el año pasado por OLAF se refieren a los casos de Cañete, cuya esposa aparecía como apoderada de la empresa de Rinconada Investments Group, señalada en los Papeles de Panamáempresa de Rinconada Investments GroupPapeles de Panamá, y de Kroes, que también apareció vinculada a una sociedad opaca en Bahamas cuando ocupaba una cartera en Bruselas, también señalada, según han confirmado a Europa Press fuentes europeas.

En concreto, la agencia antifraude está comprobando si Arias Cañete "ha declarado todo lo que tenía que declarar" y "siguió todas las reglas o no para dar cuenta a la Comisión" de todos los datos. "Según el Código ético, tiene que declarar las entidades de la esposa, los intereses financieros que tienen", han explicado, admitiendo que en función de los resultados de la investigación "puede haber acciones disciplinarias".

OLAF trabaja a priori para tratar de concluir las investigaciones tanto a Arias Cañete como a Kroes "en septiembre" o, en todo caso, "antes de finales de año", aunque todo dependerá también de los "datos" que vayan apareciendo o no.

Expertos de OLAF han cruzado datos de 40.000 personas y compañías, incluidos nombres de personal de las instituciones de la UE, pero también expertos que dan servicios para proyectos de la UE, beneficiarios de ayudas europeas y de personas y empresas que han sido investigadas por OLAF o están bajo investigación para ver si podían tener vínculos con compañías señaladas en los Papeles de Panamá.Papeles de Panamá

"De los 40.000, solo llegamos a 17 coincidencias reales y de estos abrimos cuatro investigaciones" en 2016, ha precisado Sanz Redrado.

"No significa que hayan cometido un crimen", ha agregado el director general de OLAF, Giovanni Kessler, que ha subrayado el "enorme trabajo" que ha hecho la oficina antifraude para investigar si personal de las instituciones de la UE "ha cometido cualquier irregularidad". "No creo que ningún Estado miembro haya hecho un control comparable a esto", ha subrayado.

"El objetivo del análisis no es solo descubrir cualquier fraude contra el presupuesto de la UE o una mala conducta de personal o miembros de la UE, sino también identificar cualquier vulnerabilidad sistémica en los programas de la Comisión Europea con vistas a corregirlos", precisa OLAF en su informe.

Investigación a miembros del Parlamento Europeo

El director general de OLAF ha asegurado, por otra parte, que la institución analizará las informaciones publicadas este miércoles sobre posible uso fraudulento de dietas de eurodiputados para pagar oficinas que en algunos casos no existen. "Lo miraré", ha dicho Kessler, que ha admitido que "la mayoría" de las 48 investigaciones abiertas a personal de las instituciones europeas afecta a personal del Parlamento Europeo, ya sean eurodiputados, asistentes y otro personal.

Kessler ha admitido la existencia de "un problema estructural" en el uso de dinero del Parlamento Europeo para pagar a asistentes de eurodiputados, al ser preguntado por el reciente caso investigado por OLAF, que demostró un uso fraudulento de fondos de la Eurocámara para pagar a una asistente y un guardaespaldas de la excandidata a la presidencia francesa del Frente Nacional, Marine Le Pen.

"Hay demasiados casos", ha dicho. "El sistema no funciona", ha avisado, criticando que el pago a asistentes es un asunto que "solo supervisa un eurodiputado". "Quizá las normas internas deben mejorarse, modificarse", ha avisado.

La delegación de Podemos en la Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a la Comisión Europea (CE) que audite los fondos comunitarios de la empresa pública Acuamed. El paso dado por la formación se produce después de que infoLibre desvelase que el Gobierno notificó en 2016 a Bruselas la retirada de 25,6 millones de euros de partidas europeas vinculados a 17 proyectos. La primera retirada de fondos, que según el Ministerio de Hacienda no equivale a una renuncia porque el dinero "se reasignará a otros proyectos", se produjo en mayo de 2016, un mes después de que la UE expresara su "preocupación" ante la situación de Acuamed y el presunto amaño de contratos y de sobrecostes ficticios que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

En una pregunta escrita remitida a la Eurocámara por el eurodiputado Xabier Benito, éste alerta de que Acuamed es una “empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, cartera que dirigió el actual comisario Miguel Arias Cañete”.

Asimismo, Benito exige a la CE que calcule “la cuantía total de fondos europeos afectados por casos de corrupción o por investigaciones judiciales abiertas en España” y pide información sobre “a qué proyectos van a destinar ahora las autoridades españolas los fondos retirados, si es que éstos pueden destinarse a otros proyectos”.

Del mismo modo, el eurodiputado de Podemos pregunta a la Comisión si “ha abierto o va a abrir un expediente o proceso sancionador” contra el Gobierno de España o si va a reclamar a la OLAF una investigación propia ante el caso Acuamed “teniendo en cuenta que esta empresa pública depende de un ministerio que dirigió el actual comisario Miguel Arias Cañete”, reza el texto de la pregunta.

“Cada vez que se investiga aparecen indicios de fraude”

“Es muy preocupante que cada vez que se investiga a esta empresa pública aparezcan indicios de fraude”, remarcó Benito este jueves.

“Las instituciones europeas”, añade, “están en la obligación de investigar a fondo este caso, por un lado, por tratarse de un presunto uso fraudulento de fondos públicos y, por otro, para aclarar cualquier sospecha que pueda recaer sobre el actual comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete”.