En noviembre de 2015, cuando ya era un hombre buscado en todo el mundo, el narcotraficante Raffaele Imperiale firmó la venta de acciones de una empresa inmobiliaria de los Emiratos Árabes Unidos a Marwan Al Maktoum, hijo del emir de Dubái, Mohamed Al Maktoum. El napolitano, uno de los grandes capos de la Camorra, residió y tuvo negocios en España durante años. En 2014 fue detenido en el emirato, adonde había huido, a resultas de una orden de detención emitida por la justicia española, que reclamaba su extradición.

También fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. La empresa conjunta con el hijo del emir, de la que Imperiale era fundador y presidente del consejo de administración, construyó cinco villas de lujo en la isla artificial de Palm Jumeirah, que se vendieron por más de 25 millones de euros.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 16 de noviembre de 2015. Ante un notario en el barrio residencial de Al Barsha, al oeste de la ciudad, dos hombres firman un contrato que establece una transferencia de acciones de una empresa. La sociedad inmobiliaria AA Real Estate and Development tiene un nuevo socio mayoritario: “Su Alteza Marwan Al Maktoum, hijo del soberano de Dubái, el emir Mohamed Al Maktoum. Le transfiere el 51% de su participación accionarial otro emiratí, un tal Atif Ahmed Karrani, que, sin embargo, no está presente ese día. Lo que hace extraordinario ese hecho es el nombre de su representante: Raffaele Imperiale, traficante de drogas de profesión que ahora colabora con la Justicia italiana.

En Dubái, un representante puede ser cualquier ciudadano mayor de 21 años sin impedimentos legales, al que se le haya asignado un poder notarial. ¿Por qué eligió Karrani a Imperiale? Porque el narcotraficante formaba parte del trato, aunque, formalmente, ya había abandonado la estructura corporativa.

El pasado de la inmobiliaria así lo sugiere: AA Real Estate fue fundada en 2013 por el propio Imperiale, que también era el presidente del consejo. Karrani, antiguo gestor del registro de la propiedad en Dubái, era en cambio su “patrocinador”. En aquel momento –la ley cambió en 2021–, para invertir en Emiratos –excluidas algunas zonas francas– era necesario tener como accionista mayoritario a un ciudadano emiratí.

Cuando los fiscales de España e Italia le identifican como un poderoso narcotraficante internacional, Imperiale se hace sustituir por respetables hombres de negocios que le ayudarían a invertir en propiedades inmobiliarias emiratíes sin comparecer en persona. Es gracias a estas inversiones que el narcotraficante puede llevar la máscara limpia de empresario. Él mismo lo confesará después ante los magistrados italianos.

Para contar esta historia, la cadena de televisión holandesa RTL Nieuws y el periódico italiano IrpiMedia, en colaboración con el consorcio de investigación OCCRP e infoLibre, tuvieron acceso a documentos oficiales en los que los nombres de Raffaele Imperiale y Marwan Al Maktoum figuran en la misma página. Los reporteros cruzaron esta información con entrevistas a decenas de fuentes y con filtraciones del registro de la propiedad de Dubái, compartidas por la organización estadounidense C4ADS en la investigación Dubai Unlocked. De este modo, los periodistas pudieron rastrear inversiones inmobiliarias hasta entonces desconocidas y atribuibles a Raffaele Imperiale en el emirato.

Ni Imperiale ni Marwan Al Maktoum han respondido a las numerosas peticiones de comentarios que les enviaron los medios autores de esta investigación. Contactado por teléfono, Karrani se negó a responder ninguna pregunta, limitándose a añadir: “Se trata de una vieja historia que he cerrado”.

La presencia del nombre de Imperiale en las escrituras notariales es importante porque empresas como AA Real Estate han transformado el horizonte de Dubái a lo largo de los años gracias a sus enormes inversiones inmobiliarias. Mientras tanto, durante el actual reinado del emir Mohamed Al Maktoum, la ciudad se ha ganado la reputación de refugio dorado para delincuentes.

Su hijo Marwan, según consta en los documentos oficiales del Registro Mercantil de Dubái, siguió siendo socio de AA Real Estate hasta mayo de 2018, cuando fue sustituido por otro ciudadano emiratí. La empresa sigue activa, pero su licencia expiró en 2022.

Originario de Castellammare di Stabia, Raffaele Imperiale suministraba drogas a la familia de la Camorra de los Amato-Pagano desde los años 90, y más tarde también al clan 'ndrangheta de los Morabito-Palamara-Bruzzaniti. Según los investigadores, su organización se convirtió en un “proveedor global de servicios” en torno a la cocaína, que vendía al por mayor a otras “organizaciones delictivas estructuradas”, auténticos “clientes fieles”.

Durante una década, el napolitano pudo dirigir el tráfico de cocaína desde el emirato, blanqueando sus beneficios mediante inversiones en lujosos proyectos inmobiliarios de Dubái. Allí fue detenido en 2021, para ser deportado y entregado a las autoridades italianas al año siguiente.

En el momento de la firma del contrato de venta de las acciones de AA Real Estate, Imperiale ya era un hombre buscado en todo el mundo. Su nombre ya había saltado a los titulares en 2014: el Gobierno español había solicitado su extradición y fue arrestado en Dubái, pero quedó en libertad enseguida. Apenas un mes antes de la reunión ante el notario de Al Barsha, un juez de instrucción de Nápoles había ordenado la detención de Imperiale por tráfico internacional de drogas.

En esas fechas, la federación de la que forma parte Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, aún no había firmado un acuerdo de cooperación judicial con Italia, que solo está en vigor desde 2019. Su extradición desde el país árabe era imposible para Italia, pero no para España, que cuenta con un acuerdo de este tipo desde 2009.

Contactada al respecto, la Fiscalía de Nápoles rechazó hacer declaraciones alegando que aún hay investigaciones en curso.

Ya en 2010, en busca de un lugar más seguro desde el que dirigir sus negocios ilegales, se había trasladado hasta Dubái desde España, país que había elegido como base de operaciones durante cinco años. También tuvo negocios legales, como un restaurante, en la calle de Santa Engracia de Madrid llamado Perla di Napoli. “Presenta platos con salsas sobreabundantes y sabores un tanto imprecisos, ya sean unos espaguetis amatriciana o unas gambas dello chef recargadísimas de curry. Correcto su Dolcetto d’Alba Roccabella 2005”. Ese fue el párrafo con el que lo despachaba en septiembre de 2008 el crítico gastronómico de El Mundo, Fernando Point –así firmaba el recientemente fallecido Víctor de la Serna sus artículos culinarios–. No es de extrañar que la calidad de su menús no constituyera la prioridad en Perla di Napoli. El restaurante, según ha podido comprobar, ya no existe. Y sus vecinos no lo recuerdan con especial cariño, precisamente. “No sé quiénes eran sus dueños y no quiero saberlo. No dejaron muy buena impresión”, resume suspicaz quien atiende en un comercio próximo.

En julio de 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 32 personas en la Operación Tarantela, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Entonces se anunció la desarticulación de varios clanes de la Camorra en España, dedicados al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. De hecho, se bloquearon 40 inmuebles valorados en ocho millones de euros. Los investigadores, que llevaban tras la pista desde 2011, sostenían que el dueño real de todo ese patrimonio era Rafaelle Imperiale.

Sin embargo, a los pocos días, el juez Andreu dejó en libertad en cargo a 30 de los 32 detenidos. Sólo una persona fue a prisión. Otro más fue liberado sin cargos. Y en octubre de 2017, tres años después  después de la macrooperación, la causa fue sobreseída provisionalmente y archivada.

Como queda dicho más arriba, Raffaele Imperiale, que tiene ahora 49 años, fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. Una, en concreto, le permitió establecerse como empresario del sector en el emirato.

Fue en 2003 cuando el emir Mohamed Al Maktoum dio a conocer un proyecto futurista, concebido por él y desarrollado por la empresa pública Nakheel: Las Islas del Mundo, un complejo de 300 islas artificiales con la forma de los cinco continentes frente a la costa de Dubái.

En las actas recogidas entre 2023 y 2024 por la Fiscalía de Nápoles, con la que empezó a colaborar, Imperiale contaba que había pagado a Nakheel, en 2008, 13 millones de euros, más una parte en negro. Con ese dinero compró una de las islas, Taiwán. Un privilegio reservado a unos pocos: sólo las islas más caras, apenas el 6%, estaban disponibles para su compra como islas privadas, según explicó el director del proyecto en una entrevista a Vanity Fair. “Presumía ante todo el mundo en Dubái, incluso haciéndome pasar por empresario. Este proyecto era mi 'tarjeta de visita”, relató Imperiale en referencia a Taiwán.

El juez de Instrucción de Nápoles ordenó la incautación de la isla en junio de este año. Considera que el valor de la propiedad –que calcula entre 30 y 50 millones de euros en la actualidad– es “muy inferior a lo que era sin duda el beneficio” del narcotráfico dirigido por Imperiale.

Por tanto, a través de un proyecto inmobiliario impulsado por la familia Al Maktoum y realizado a través de una sociedad vinculada a la misma familia real, Imperiale ha blanqueado “con toda seguridad” los beneficios obtenidos con la cocaína porque, prosigue el juez italiano, “no surgen elementos de los que deducir que [...] [la isla] pertenezca a una persona ajena al delito”.

De hecho, según declaró a los magistrados napolitanos, Imperiale pagó a Mario Sarnataro –empresario inmobiliario y comerciante de oro originario de Nápoles pero residente en Dubái– para que fingiera que la isla estaba a nombre de una de sus empresas.

IrpiMedia pudo comprobar a través del Registro de la Propiedad de Dubái que Taiwán sigue siendo propiedad de Rajaa Trading Investments Management, una empresa emiratí que, según las declaraciones de Imperiale, es propiedad de Sarnataro. El juez de instrucción opina que el registro de la isla es “sólo formal, de hecho ficticio”.

Entre 2008 y 2011, el narcotraficante comunicó a Sarnataro que quería construir 10 villas en los 10.000 metros cuadrados de la isla de Taiwán. El proyecto nunca vio la luz pero, para llevarlo a cabo, Imperiale necesitaba una mano que creara una empresa “a cuyo nombre [la isla] debería registrarse”. Sarnataro le ofreció Rajaa. Imperiale la compró por 400.000 dirhams –unos 80.000 euros– y en 2011 le cedió el título de propiedad de Taiwán.

Sin embargo, según argumentó el narcotraficante ante los fiscales italianos, “la isla pertenece a Mario Sarnataro”, porque el empresario sigue siendo formalmente “beneficiario de Rajaa”. Como la empresa estaba registrada en una zona franca de Dubái, los periodistas no pudieron rastrearla ni verificar la exactitud de la información facilitada por Imperiale a los magistrados. 

Mario Sarnataro, por el momento, no está siendo investigado y no consta que haya cometido ningún delito.

Convertido en un respetado empresario inmobiliario, Imperiale fundó en 2013 AA Real Estate and Development, la inmobiliaria de la que dos años después Marwan Al Maktoum, hijo del emir, se hizo socio mayoritario. Tiene su sede frente a Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera que se extiende frente a la costa de Dubái, en la planta 34 de la Concord Tower. Es la sede de la empresa “legal” de Imperiale, como escriben la periodista Daniela de Crescenzo y el inspector de la policía financiera Tommaso Montanino en su libro Los narcos.

Compartiendo una oficina de casi 800 metros cuadrados, con muebles de piel de cocodrilo y puertas de nogal californiano, se encuentran otras empresas con nombres similares, entre ellas AA Investments & Development –de la que Imperiale es socio directo en un 15%–. Se la confiscó el juez de Nápoles con la orden de detención de octubre de 2015.

Entre 2012 y 2017, AA Real Estate vendió cinco villas de arquitectura geométrica, que se iban a construir en la punta de la fronda M de Palm Jumeirah. El proyecto inmobiliario se llama M State. Cada villa tiene al menos cinco dormitorios, una piscina infinita e impresionantes ventanales con vistas a decenas de metros de playa privada.

Si para la isla de Taiwán, el proyecto de desarrollo inmobiliario de Imperiale, se había quedado sólo en el papel, con M State pasó de la representación futurista a la realidad. Consultando los registros catastrales, IrpiMedia calcula que las cinco villas se vendieron en 2014 sobre plano –es decir, cuando aún existían poco más que los cimientos– por un total de más de 26 millones de euros. Hoy, con la obra terminada, la propiedad central, Villa Aurum –que tiene seis dormitorios en lugar de cinco, gimnasio y sala de cine– vale sólo ella esa cifra.

Al igual que había ocurrido con Taiwán, durante la fase de construcción del proyecto inmobiliario el nombre de Imperiale desapareció de los expedientes: el 28 de septiembre de 2014, la empresa de la que era socio, AA Investment, canceló sus acciones en AA Real Estate. Así pues, formalmente, Raffaele Imperiale ya no tenía nada que ver con el proyecto inmobiliario. Como en el caso de Taiwán, le sucedió Mario Sarnataro a través de la sociedad AGK Consulting. 

“M State fue mi proyecto, importante y valioso, desde la concepción hasta la realización. Estas exquisitas villas se hicieron realidad gracias a mi pasión por el diseño y la vida de lujo”, explicaba Sarnataro en una entrevista a una publicación comercial emiratí. “Dubái es una ciudad de crecimiento, riqueza y encanto, y puede albergar propiedades tan exclusivas que satisfacen claramente las necesidades de estilo de los particulares con grandes patrimonios”. Sarnataro no respondió a varias solicitudes de comentarios enviadas por los medios que firman esta investigación.

Su relación con Imperiale, según la versión contada por el narcotraficante a los fiscales, pudo haber comenzado en 2006-2007 en Madrid, donde Sarnataro “se dedicaba a hacer trabajos para restaurantes italianos, entre ellos el Perla de Napoli, [...] y nació una relación de amistad”.

Cuando ambos se reencontraron unos años más tarde en el emirato, en el exclusivo restaurante italiano Roberto's, Sarnataro dijo a Imperiale que “trataba con una empresa gubernamental [de la familia real emiratí] para la que importaba materiales [puertas, etcétera]”.

Prueba de ello son los contratos firmados con Emaar Properties, la empresa emiratí de promoción inmobiliaria que construyó en Dubái el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. El segundo mayor accionista de Emaar sigue siendo el propio emir, Mohamed Al Maktoum, a través de su propia sociedad de inversiones. Emaar no respondió a las preguntas que los medios participantes esta investigación le hicieron llegar sobre su relación con Sarnataro.

Según los hallazgos de IrpiMedia a partir de las filtraciones del Registro de la Propiedad de Dubái, Mario Sarnataro figuraba como propietario de 20 inmuebles en el emirato. Entre ellos, dos villas en Palm Jumeirah y cuatro lujosos pisos en el Oceana Hotel and Apartments y en las Royal Amwaj Residences. Los documentos del Registro de la Propiedad de Dubái muestran que Sarnataro posee actualmente seis propiedades. Los registros de transacciones de estas propiedades, en las que el empresario aparece como comprador desde 2017 hasta la actualidad, ascienden al cambio actual a casi 20 millones de euros.

Dubái es una monarquía autoritaria gobernada por la dinastía Al Maktoum desde hace casi 200 años. “La policía y la judicatura de los Emiratos Árabes Unidos no son tontas. Disponen de sofisticados servicios de inteligencia con acceso a mucha información”, comenta Matthew T. Page, experto en corrupción asociado al instituto británico Chatham House, “por lo que es lógico suponer que sabían quién era Raffaele Imperiale. Significa que Dubái hace la vista gorda conscientemente ante delincuentes como él”.

La reputación de Dubái es desde hace tiempo la de un paraíso para delincuentes o presuntos delincuentes. Entre estos últimos se encuentra Daniel Kinahan, sospechoso de estar a la cabeza de una organización criminal que importa grandes cantidades de cocaína a Europa. En octubre de 2024, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un tratado de cooperación judicial con Irlanda, allanando el camino para la posible extradición de Kinahan.

Por otro lado, el holandés Ridouan Taghi, el bosnio Edin Gačanin, y el chileno Ricardo Riquelme Vega, alias Rico, fueron condenados en los Países Bajos. En 2017, a la boda de Daniel Kinahan en el hotel Burj al Arab de Dubái, asistieron todos ellos: Taghi, Gačanin y Riquelme. Junto con Raffaele Imperiale. 

En 2022, la operación Desert Light, coordinada por Europol, condujo a la detención de Gačanin y de decenas de personas más entre Europa y Dubái, acusadas de formar parte de un supercártel que supuestamente controlaba un tercio del comercio de cocaína sólo en Europa. Entre ellos, dos objetivos de alto valor, como los etiqueta Europol, reclamados por la Justicia española: Ryan James Hale, un ciudadano británico, miembro del clan de los Kinahan, que residió en la Costa del Sol, pero debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro, y Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, con pasaporte de Panamá.

En un gráfico elaborado por las autoridades bosnias, los presuntos miembros de esta megaorganización aparecen con apodos: El chileno, es decir, Riquelme; Pasta, es decir, Imperiale, y Mr. Cuscús, vinculado a la organización de los Kinahan. Los holandeses Taghi y Gačanin, forman parte de la banda de Tito y Dino. 

A pesar de su evocador nombre, el supercártel no parece ser una organización rígida y estructurada. Más bien, como se explica en un análisis de la fundación Insight Crime, se trata de un “exitoso ejemplo de crowdsourcing, en el que diferentes actores criminales ponen en común su dinero para comprar cocaína al por mayor a precios más bajos”. 

La fluidez del supercártel es relatada por Imperiale en un testimonio prestado en 2023 en Nápoles ante fiscales italianos y en presencia de sus homólogos holandeses. Según el narcotraficante de Campania, en 2016, el chileno Riquelme quería mandar matar a alguien en Dubái. “Y yo le digo: ‘¿Estás loco? Si quieres matarlo, pídeme consejo, yo vivo allí desde hace años y te diré cómo hacerlo. Si lo quieres matar así, qué te parece, después van a detener a todo el mundo, ¿eso es lo que quieres?”, reconstruye Imperiale.

Todavía refiriéndose a Riquelme, continúa: “A él le gustaba aparentar que había creado un megacártel, pero no era cierto, porque yo tenía mi negocio, Danny [Kinahan] el suyo, Rico el suyo y Taghi el suyo. [...] Mientras Rico estaba allí, todos éramos amigos, pero cada uno con su propia organización. Los irlandeses siempre estaban en contra de Rico y decían: ‘No debes cometer asesinatos aquí, somos tus amigos, pero vivimos aquí, aquí están nuestros hijos, éste es un país neutral [...]”.

De hecho, los asesinatos habrían llamado la atención y obstaculizado los negocios y las inversiones de los capos en Dubái. E Imperiale deja claro que no impugna el método, sino el lugar: “Si lo hubieran eliminado, me habría alegrado mucho, pero en lugar de en Dubái, quería que lo mataran en España, en Países Bajos, en Italia, en Colombia... [...] Es decir, es importante que esto quede claro, porque si no parece que quiero defender a esa gente. Nunca lo habría hecho en Dubái, esa es la verdad”.

Efectivamente, en Dubái, Imperiale ni se escondía ni tenía que preocuparse por la Justicia italiana. La situación no cambió hasta 2021, tras años de solicitudes de extradición rechazadas y de presiones políticas por parte del Gobierno de Roma.

Tras ser acogido libremente entre jeques y hombres de negocios, Imperiale fue detenido por la policía dubaití, oficialmente por estar en posesión de un pasaporte falso. Fue deportado al año siguiente y colabora con la policía desde 2023.

En octubre de este año, el juzgado de instrucción de Nápoles lo condenó a 15 años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado, y ordenó la confiscación de la isla de Taiwán. Esa isla, que según los jueces fue comprada con dinero procedente de la cocaína y que Imperiale afirma haber adquirido directamente a una empresa perteneciente a la familia real de Dubái.

El extesorero del PP Luis Bárcenas pactó con la empresa Unifica el pago en negro de parte de las obras de reforma de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. En total, fueron 1.072.000 euros los que se abonaron eludiendo el control de Hacienda, según ha podido probar el tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado los hechos y que ha condenado al partido conservador como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades que se dejó de pagar en 2007. Una sentencia que, al final, le sale a devolver a los de Pablo Casado, pues hace cinco años abonaron una fianza de 1,2 millones de euros, por lo que ahora le queda un saldo positivo por valor de 1.076.000 euros, un poco más incluso de lo que se pagó en b por las obras.

A mediados de 2016, el juez que entonces instruía la causa de los llamados papeles de Bárcenas, José de la Mata, dio diez días al PP para depositar 1,2 millones  en concepto de fianza por las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivar de la investigación. La formación conservadora abonó dicha cantidad el 4 de junio de ese año a través de dos avales del Banco Popular no sin antes recurrir la petición al entender que los responsables directos de los delitos, que son los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta –fallecido en 2018–, el exgerente Cristóbal Páez y la empresa Unifica, eran solventes como para asumir el pago. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 lo desestimó y exigió el abono de la fianza bajo la amenaza de embargo.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre confirman que al ser la fianza superior a la condena a la que tendrá que hacer frente el PP, éste podrá recuperar la diferencia. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la infanta Cristina, quien tuvo que abonar 587.413 euros en concepto de fianza cuando fue imputada en el caso Nóos, pero tras la sentencia en firme del Tribunal Supremo, que le rebajó a 136.000 euros la condena como responsable a título lucrativo por los delitos de su marido Iñaki Urdangarin, pudo solicitar al Ministerio de Justicia la devolución del excedente.

Eso sí, no hay que olvidar que el PP ya tuvo que abonar hace ahora un año los 245.000 euros a los que también fue condenado como partícipe a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama de corrupción GürtelGürtel, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo. En concreto, fueron 133.628,48 eurospor lucrarse de la adjudicación de contratos en el municipio de Majadahonda y otros 111.864,32 eurospor los gastos de la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2003 en Pozuelo de Alarcón. 

"Discordancias y errores" en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas

Aunque la Audiencia Nacional ha condenado ahora al PP como responsable civil subsidiario por el delito cometido por su empleado Bárcenas y ratifica lo que ya han confirmado otros tribunales, que el partido se nutrió de una caja b que estuvo activa desde 1990 hasta 2008, la sentencia salva en ciertos aspectos a la formación que ahora lidera Pablo Casado. Para empezar, descarta una condena por el ejercicio fiscal de 2008 y sólo pide responsabilidades por el de 2007. En segundo lugar, da credibilidad a los papeles del extesorero, los apuntes publicados por el diario El País a principios de 2013 y que destaparon la existencia de la financiación ilegal, pero al mismo tiempo apunta a "discordancias y errores" de los documentos y expone que la "falta de explicación o poca lógica" del propio Bárcenas sobre alguno de los apuntes y saldos "impide dar una validez total al conjunto" de esos archivos "y al testimonio" del acusado a pesar de que este reconociera los hechos.

No es, por tanto, una sentencia tan contundente como pedían las acusaciones populares y como quizá temía el PP, que a principios de este año, recién comenzado el juicio del que ahora se acaba de conocer la resolución, anunció la venta de su histórica sede de la calle Génova. Venta que, dicho sea de paso, aún no se ha producido casi un año después de que empezara la vista oral y tras casi una década de sospechas de corrupción sobre su reforma que ya han sido confirmadas por la Audiencia Nacional.

Reproches a las acusaciones populares

Pero es que además, el tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez otorga al partido conservador una victoria moral sobre las acusaciones populares al imponer a éstas el pago "de forma proporcional" de las "costas causadas a la defensa" del PP por pedir en sus conclusiones definitivas del juicio la condena como responsable civil subsidiario por cuantías que, en opinión de los jueces, excedían este procedimiento o sobre las que no se podía ejercer acusación.

La intención de las acusaciones populares –IU, PSOE, Adade y Observatori Desc– ya se puso de manifiesto en el primer día del juicio: ahondar en cómo funcionaba la caja b, qué fondos manejaron Bárcenas y Lapuerta, para qué servían, si se pagaron sobresueldos en negro a dirigentes del partido o si se financiaron campañas electorales con ingresos no declarados a la Agencia Tributaria. El fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, trató de poner freno a esta estrategia y se centró siempre en las cuotas defraudadas en las obras de la sede del partido conservador. Es la tesis que, ahora se ha visto con la sentencia, comparte el tribunal, el cual sin embargo no puso reserva a las acusaciones para que defendieran su postura durante toda la vista oral a pesar de que ahora les recrimine por ello.

Por un lado, los magistrados reprochan a las acusaciones que pidan condena por la cuantía defraudada en el Impuesto de Sociedades de 2008. Consideran que las acusaciones populares "no estaban legitimadas ni para mantener esa acción penal en solitario", dado que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo solicitaron –aplicando así la doctrina Botín–, "ni para ejercitar la acción civil". Además, explican que "la prueba practicada en juicio oral puso de manifiesto la inexistencia de obligación de declarar las donaciones recibidas y, en todo caso, aun integrándolas en la base imponible del impuesto, la cuota resultante estaba muy por debajo del límite penal, por lo que no hay delito fiscal". También les afean que mantuvieran la acusación por delitos fiscales prescritos.

Los magistrados reprueban igualmente que las acusaciones pidieran responsabilidad por el montante de dinero supuestamente entregado por empresarios a la caja b del PP cuando estos hechos en concreto, dentro de lo que se conoce como pieza del cohecho en la causa de los papeles de Bárcenas, están aún en fase de investigación y, por lo tanto, no eran objeto del procedimiento que se acaba de juzgar, que se refería únicamente al pago en negro de las obras de la sede de Génova. Esta situación, dice la sentencia, llevó a los acusados, incluida la defensa del partido, a "realizar una defensa amplia en alegaciones y prueba innecesaria respecto a hechos que o no eran delito o estaban prescritos o no podían ser objeto de enjuiciamiento en este procedimiento".

Por todo ello, considera el tribunal que esta actuación de las acusaciones populares "entra dentro de los parámetros jurisprudenciales de temeridad y mala fe procesal", lo cual justifica la "imposición de las costas causadas a la defensa del Partido Popular".

Sobresueldos acreditados

A pesar de estos reproches y de lo preciso que ha sido el tribunal a la hora de valorar los hechos objeto de enjuiciamiento, no deja de ser esta sentencia la tercera que confirma la existencia de una caja b en el PP con donativos en metálico y que fue gestionada por Luis Bárcenas durante al menos veinte años. A pesar de los testimonios que prestaron numerosos exdirigentes del partido como José María Aznar, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos, que se empeñaron una y otra vez en negar la existencia de esta financiación en negro a pesar de que ya había un pronunciamiento nada menos que del Tribunal Supremo, los magistrados consideran que está demostrado que los papeles del extesorero "reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada".

Esos acontecimientos son, según la sentencia, "traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP –los sobresueldos a dirigentes del partido– o los pagos por las obras de reforma de la sede central".

La causa que investiga la caja b del PP aún ha terminado. Queda una pieza separada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora dirige Santiago Pedraz, sobre el posible cohecho cometido por empresarios y el extesorero Bárcenas por las donaciones en metálico al partido durante esos veinte años en que la financiación ilegal estuvo activa. Son los hechos sobre los que las acusaciones populares intentaron que el tribunal se pronunciara en el juicio de las obras de Génova. El magistrado aún tiene pendiente decidir qué hacer: procesar a los imputados o cerrar definitivamente la investigación. Tal y como publicó recientemente El País, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) pendiente de entrega puede resultar decisivo.

A la espera de saber qué ocurre, la posición de Bárcenas ha cambiado en los últimos meses y así lo reconoce la sentencia de este jueves: ha prestado "una colaboración activa y eficaz en la investigación y enjuiciamiento de los hechos". De ahí que le haya impuesto una condena mínima de dos años de cárcel a pesar de que Anticorrupción mantuvo su petición de cinco años. Habrá que ver si esa cooperación se mantiene en la investigación del posible cohecho, con la que se juega los permisos de salida recién conseguidos.

El séptimo cambio en la composición del tribunal que debe juzgar los papeles de Bárcenas acaba de situar como nueva ponente de la futura sentencia a una jueza conservadora, María Fernanda García, previo desplazamiento de Fernando Andreu. Considerado progresista, Andreu era quien tenía encomendada redactar la resolución. Ahora, el magistrado queda fuera de la sala tras haber superado dos recusaciones fallidas que, bajo el argumento de que es amigo de Baltasar Garzón, primer instructor del caso, plantearon sendos acusados en otra pieza de Gürtel: la de los contratos que AENA adjudicó a la trama corrupta durante la etapa de Cascos como ministro de Fomento. 

Lo que se juzgará en la pieza de los papeles de Bárcenas, para cuya vista no hay todavía fecha, son los hechos que se relacionan con la creación, mantenimiento y funcionamiento de la caja B del PP, que ya aparece como "plenamente acreditada" en la sentencia de la pieza troncal del caso. Luis Bárcenas y otros cuatro acusados compartirán banquillo. El quinto, el mentor de Bárcenas y antiguo tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, fue exonerado en 2015 por "demencia sobrevenida". Otra parte de la pieza de los papeles o de la caja B –la de las presuntas donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos– permanece reabierta en fase de instrucción.

Fernando Andreu sale del tribunal que ha de enjuiciar la pieza de mayor calado político de todas las pendientes en el caso Gürtel como consecuencia de un movimiento de fichas a varias bandas. La secuencia, confirmada en sus hitos principales por este periódico en fuentes de la Audiencia Nacional, ha sido esta: María Fernanda García Pérez, que en 2014 se había incorporado a la Sala de Gobierno del TSJ andaluz elegida en la lista de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ahora se encontraba destinada en la Audiencia de Madrid, desembarca en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en febrero. Lo hace después de que la permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara "por mayoría" el día 14 de ese mes nombrarla en comisión de servicios para la Audiencia Nacional.

De Carlos Lesmes a Concepción Espejel

Una vez catapultada a su nuevo puesto por el núcleo duro del Poder Judicial, de mayoría conservadora y que adopta sus acuerdos bajo la batuta del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, decidió situar a García Pérez en la sección segunda. Esa sección de la Sala Penal de la Audiencia Nacional es la que tiene a su cargo los juicios de Gürtel.

Una vez en la sección segunda, la jueza María Fernanda García recibió todos los casos cuya ponencia había correspondido por turno de reparto al magistrado Juan Pablo González hasta que en noviembre de 2018 fue designado presidente de la Audiencia de Madrid gracias a los votos de la mayoría conservadora del Poder Judicial. Que la elección de García Pérez como nuevo miembro de la sección segunda fue decisión personal de Espejel consta en la providencia enviada el día 27 a las defensas y acusaciones personadas en el caso de los papeles de Bárcenas. La sección segunda está presidida por la también conservadora María José Rodríguez Duplá, que a su vez presidirá el juicio de los papeles de Bárcenas. Como tercera integrante de la sala que ha de dirigir esa vista aparece la magistrada María Riera.

Antes de su ascenso a la presidencia de la Audiencia de Madrid, Juan Pablo González había sido excluido de las causas derivadas de Gürtel por su cercanía al PP. Era el tercero que abandonaba el tribunal por ese motivo. La primera había sido la propia Concepción Espejel, cuya recusación por las acusaciones populares y posterior apartamiento introdujo en octubre de 2015 el primer cambio en el tribunal encargado de juzgar la mayor parte de las causas derivadas de Gürtel: la llamada pieza troncal o Época 1, que es aquella cuya sentencia certificó en mayo de 2018 la existencia de la caja B, cuestionó la veracidad del testimonio prestado por Mariano Rajoy y describió de manera descarnada el "sistema de corrupción institucional" tejido entre ese partido y la trama de Francisco Correa.

Junto con Espejel, y también con la adhesión de la Fiscalía Anticorrupción a los postulados de las acusaciones populares, fue apartado al mismo tiempo y por idénticos motivos otro juez: Enrique López.

El siguiente cambio en la composición del tribunal llegó cuando, en abril de 2018, el progresista José Ricardo de Prada solicitó pasar a servicios especiales para trasladarse de manera transitoria al tribunal penal internacional de La Haya. Bestia negra del PP, los conservadores consideran a De Prada una figura clave en la sentencia de mayo de 2018, la que precipitó la moción de censura contra Rajoy. Tras el verano, el magistrado pidió su reincorporación a la Audiencia Nacional. La permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lo denegó.

Tras la marcha de De Prada a Holanda, quien sí se incorporó en julio a los tribunales que debían juzgar las otras piezas de Gürtel fue Ángel Hurtado. Es decir, el juez que había presidido la primera vista y a quien De Prada y el tercer juez de la sala, Julio de Diego, dejaron en minoría en dos momentos cumbre del juicio: cuando se planteó si Rajoy debía o no testificar –al final tuvo que hacerlo– y cuando en la sentencia se abordó si el PP debía ser condenado como beneficiario económico de la trama, que es lo que finalmente ocurrió por mayoría de dos a uno. Pero la permanencia de Hurtado en la sala fue efímera: ese mismo mes, y como adelantó infoLibre, pidió su traslado a otra sección.

Fue en noviembre cuando se incorporó Fernando Andreu, durante años juez instructor en la misma Audiencia Nacional y ya para entonces miembro de la Sala Penal. A Andreu le tocaron los casos pendientes de Gürtel como sustituto, por reparto, de aquellas causas originalmente asignadas a Juan Pablo González y de las que había sido apartado en abril previa recusación por su proximidad al PP. Al nombrar el Poder Judicial a otra magistrada, María Fernanda García Pérez, para cubrir la plaza que la marcha de González a la Audiencia Provincial había dejado libre, Andreu ha quedado fuera de escena. 

La configuración del tribunal que debe juzgar la caja B del PP vivió otro momento convulso cuando en diciembre de 2017 la sala de gobierno de la Audiencia Nacional cambió sobre la marcha y con carácter retroactivo la identidad de sus miembros. Las acusaciones populares intentaron anular esa decisión pero fracasaron en el empeño.

Además de en el de la caja B, María Fernanda García participará en el tribunal de todas las causas cuyo número acabe en 5 o 6. Y justo con esos números figuran la pieza de Época 1, donde intervendrá en las decisiones relativas a la situación personal de los condenados –es decir, fianzas y peticiones de libertad–, la de los contratos del Ayuntamiento de Jerez con la red de Correa y la de relativa a la visita del Papa a València en 2006. En principio, y una vez haya sentencia sobre la pieza de AENA, García también se sumará al tribunal a la hora de decidir sobre responsabilidades civiles y situación de los condenados si es que los hay.

La fiscal Anticorrupción Carmen Laúna ha destacado este lunes en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que los acusados eran "conscientes" de que en la información que aparecía en el folleto sobre el debut bursátil de la entidad financiera en julio de 2011 se "ocultó el estado real" de las cuentas, perjudicando así a los inversores. Por esto mismo, no ha descartado que en su acusación definitiva, que se dará a conocer cuando finalice el juicio, incluya el delito de falsedad contable.

Así lo ha dicho Laúna —que ha estado acompañada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien se encargó de esta causa durante la instrucción— durante su exposición en las cuestiones previas a la vista oral en la que ha realizado una serie de de "precisiones" con el fin de "evitar futuras alegaciones de indefensión por errónea interpretación del Ministerio Fiscal en el proceso". La fiscal, que sólo acusa a cuatro de las 34 personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo, ha asegurado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que los responsables de Bankia en aquel momento "contribuyeron" y eran "conscientes" de que en dicho folleto se "ocultaron el estado real" de las cuentas para "provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores".

Más de 66.000 acciones de Bankia

Ha añadido que si esto llega a ocurrir "podría afectar a aquellas personas que en el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado (el equivalente al auto de procesamiento) ha dirigido aquella responsabilidad". Mientras que el juez instructor, Fernando Andreu, propuso juzgar a 32 personas y a Bankia y a su matriz —Banco Financiero y de Ahorros, S.A. ( BFA)— por el delito de falsedad en las cuentas anuales en los años 2010 y 2011 y por fraude de inversores; el Ministerio Público decidió acusar solo a Rato y tres de sus directivos, José Luis Olivas, José Manuel Fernandez Norniella y Francisco Verdú Pons, por el último de estas conductas penales.

Aún así, ha recordado que el Ministerio Público no han encontrado aún pruebas de "entidad suficiente" en el propio folleto y en los informes auditores sobre la situación financiera del banco para imputar el delito de falsedad de cuentas. Tras escuchar a la fiscal y las acusaciones particulares —hoy han asistido 13 de las 26 personadas—, le ha llegado el turno a Ignacio Ayala, abogado del principal acusado en esta causa, Rodrigo Rato, quien ha solicitado al tribunal poder aportar al procedimiento distintos documentos para garantizar el derecho de defensa de su cliente. En primer lugar, Ayala ha solicitado al tribunal poder incorporar los informes que acreditan que el propio Rato adquirió más de 66.000 acciones de Bankia cuando la entidad salió a Bolsa en julio de 2011, con el objetivo de acreditar que confiaba en la operación bursatil.

El juicio por las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional pasadas las 11 de la mañana, una hora más tarde de lo previsto, con una imagen no del todo frecuente: la del antiguo consejo de administración de la entidad al completo sentado en el banquillo de los acusados. Rato es quien se enfrenta a una condena mayor: la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de cárcel, mientras que las acusaciones populares y particulares reclaman penas de hasta 12 años y medio.

En caso de ser condenado, Rato sumaría esta condena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. De hecho, el expresidente de Bankia ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) en furgón de la Guardia Civil desde la prisión. El también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado antes de las nueve de la mañana, pero la primera imagen que se ha visto de él ha sido ya dentro de la sala de vistas. Lo mismo ha ocurrido con José Antonio Moral Santín, Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero, Jorge Gómez Moreno y José María de la Riva, quienes también cumplen condena por las tarjetas black.

Tras Rato, el resto de procesados han ido llegando progresivamente a la Audiencia Nacional, donde han tenido que pasar el obligatorio control de seguridad. Entre ellos, los otros tres ex altos cargos de Bankia, aparte de Rato, a los que acusa la Fiscalía Anticorrupción: el exvicepresidente de la entidad José Luis Olivas, al igual que para los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons. El resto de ex altos cargos de Bankia que hoy se sientan en el banquillo lo hacen a propuesta de las acusaciones particulares y populares. Entre ellos, un antiguo compañero de Rato en el Gobierno de José María Aznar, el exministro del Interior Ángel Acebes —en tercera fila—, y el empresario Javier López Madrid —en segunda fila—.

La lista se completa con Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Pedro Bedía, Rafael Fernando Giner, José Rafael García Fuster, Agustín González González, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez, Ángel Villanueva, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria e Ildefonso Sánchez Barcoj. De éstos, también algunos fueron condenados en el caso de las tarjetas black, aunque en su caso las penas fueron inferiores a los dos años de prisión y, al carecer de antecedentes, están en prisión: Fernández Noriella, Sánchez-Barcoj, Romero de Tejada, Bedía, Arturo Fernández, López Madrid, Pedroche Nieto y Mercedes Rojo.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a las Fuerzas de Seguridad del Estado que localicen el paradero de Fawaz Abdulaziz Alhokair, presidente del grupo saudí Alhokair, para que declare como investigado –el antiguo imputado– por los delitos de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Alhokair compró la cadena de tiendas Blanco en 2013 y se la vendió tres años más tarde a un fondo dubaití, AC Modus, del que Fawaz Abdulaziz Alhokair es consejero delegado. Sólo tres meses después de la operación, Global Leiva, la sociedad propietaria de Blanco, pidió el concurso de acreedores y, en diciembre, la liquidación. La cadena despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.

Los trabajadores de Blanco presentaron entonces una querella contra la empresa saudí, el fondo dubaitíy los administradores de Global Leiva. El ex consejero delegado de la cadena textil, Gerry Waters, y su director financiero, Nuno Ferreira, acudieron a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el pasado mes de febrero. También fueron llamados a comparecer otros dos administradores de la empresa, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud.

Aunque el presidente del grupo saudí no estaba incluido en la querella, Fernando Andreu, que está en funciones en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, ha accedido a la petición de unos de los acreedores de Global Leiva, la empresa Lopcas Inves, para que declaren Fawaz Abdulaziz Alhokair y Catherine Becket, la auditora de Ernst & Young que dio el visto bueno a las cuentas de Alhokair. Becket no vio ninguna irregularidad en la venta de Blanco al fondo AC Modus, que se publicitó por un precio de 83 millones de euros, cuando según las escrituras de compraventa éste fue sólo de 1.197.963,46 euros, el equivalente de cinco millones de riales saudíes. Esa cantidad, además, debería haberse pagado en cinco plazos, a razón de un millón de riales –239.592,692 euros– al año. Pero el fondo no llegó a abonar ni euro.

Alhokair es una gran compañía saudí propietaria de un centenar de centros comerciales en 14 países repartidos por  Oriente Próximo. Además, gestiona en régimen de franquicia en esa zona, Asia Central y el Cáucaso hasta 88 marcas internacionales, todas las de Inditex pero también Gap, Mango, Desigual, Topshop o Nine West, según consta en su página web. Fawaz Abdulaziz Alhokair creó la empresa en 1990 junto con dos de sus hermanos, es multimillonario y vive en la capital saudí, Riad, según la revista Forbes, que además le señala como propietario de un superático de lujo en Nueva York.

“Venta simulada”

En su declaración ante Ismael Moreno, los administradores Waters y Ferreira se negaron a contestar a las preguntas de los abogados de la plantilla. Pero, interrogados por el fiscal, aseguraron que el único valor de Blanco cuando la adquirió Global Leiva en 2013 era la marca. Ambos directivos sí contestaron a sus abogados, pero sólo para intentar desvincular a Global Leiva de Alhokair. Por el contrario, la plantilla de la cadena argumenta que la empresa saudí fue siempre el administrador de factode facto de Global Leiva, que en realidad no era más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. De hecho, su tesis es que Global Leiva fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.

Según argumentan los trabajadores en la querella, Alhokair mantuvo el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo dubaití fue únicamente una “venta simulada”. Sostienen que el grupo saudí siguió financiando a Blanco y aseguran que el director financiero, Nuno Ferreira, ha actuado siempre como administrador de facto de la empresa y como su portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Gerry Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, además, no sólo eran miembros de la alta dirección de Alhokair, sino que el grupo saudí también les pagaba sus sueldos.

Una historia de 57 años

Blanco solicitó la liquidación tras perder en su último año 72,5 millones de euros, el triple que en 201572,5 millones de euros. En ese momento no tenía locales de su propiedad, todas sus tiendas estaban en régimen de alquiler. Y su principal acreedor era Alhokair.

Mientras la Audiencia Nacional investiga la quiebra de Blanco, el Juzgado de lo Mercantil de Toledo tramita aún el concurso de acreedores de Global Leiva. A sus trabajadores el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) les ha abonado los sueldos impagados y las indemnizaciones por despido.

Pese a la entrada de capital saudí y dubaití desde 2014 y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena, fundada por el empresario cántabro Bernardo Blanco en 1960, no consiguió levantar la cabeza. En sus mejores días llegó a tener 1.200 tiendas repartidas por todo el mundo, pero terminó sufriendo dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores y en el segundo, 189, mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus a la espera de un inversor que nunca apareció.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto juicio oral este viernes contra el expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato y otras 31 personas por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 en el marco de la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad.

El magistrado sienta en el banquillo igualmente a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo previo al debut bursátil del banco.

Recuerda en su auto que a lo largo de los cinco años de instrucción de la causa se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ejerce acusación contra Rato, presidente de Bankia entre 2010 y 2012 y para el que pide cinco años de cárcel; el exvicepresidente José Luis Oliva para el que pide cuatro años; y contra los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons, para quienes pide tres años y dos años y siete meses, respectivamente.

Falsear para obtener fondos

En su escrito de acusación tras el procesamiento del juez el pasado mes de mayo, el fiscal expuso que la excúpula de la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri es la culpable en este procedimiento por no reflejar la imagen fiel de la entidad con el fin de obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital.

Sin embargo, el juez considera igualmente responsable de los hechos a otros vocales, administradores y consejeros del banco —entre ellos el exministro Ángel Acebes— por "no actuar para evitar" que se remitieran los estados financieros individuales y consolidados correspondientes a los ejercicios 2010 y siguiente "con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado".

El magistrado ha rechazado sobreseer la causa penal contra BFA y BANKIA como solicitaba el fiscal en tanto que el Ministerio Público se basa en la actitud colaboradora que ha mantenido la entidad durante la tramitación de la causa, circunstancias que podrían afectar, según Andreu, "a una posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento".

En su auto dice que la falsa información conllevó "un resultado lesivo" para el inversor puesto que mediante la Oferta Pública de Suscripción se produjo un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser "falsos".

Deloitte, al banquillo

Aunque el juez sobreseyó a Deloitte como persona jurídica al entender que cumplió con el sistema de control de calidad, el magistrado sienta en el banquillo a la auditora a la vista de los escritos de acusación formulados en su contra y dice que "no puede olvidarse que no se debe descartar la posibilidad de la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados".

"Se debe considerar dicha responsabilidad por cuanto y en su función de auditor procedió a analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia, que se presentaron en el folleto de emisión para su salida a Bolsa, siendo indudable que sin dicha revisión y verificación las autoridades reguladoras y supervisoras no hubieran permitido que la citada entidad bancaria operara en el parquet", alega el magistrado instructor en su auto.

El pasado mes de septiembre la Sección Tercera de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional rechazó procesar al exgobernador del Banco de España (BdE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNMV), Julio Segura, rechazando los recursos presentados por la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que entendió que eran responsables de los hechos que se van a juzgar. Las defensas disponen de 20 días para presentar sus escritos de defensa.

Driss Oukabir, en prisión desde el pasado día 22 de agosto por su implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que era "plenamente consciente" de la radicalización yihadista sufrida por su hermano menor, Moussa —abatido tras el ataque en Cambrils—, porque había incrementado los rezos, evitaba acudir a la mezquita al primer rezo del día ante sospechas de que era controlado por la Policía y le había comentado que los musulmanes tenían que hacer la yihad. Oukabir fue quien alquiló la furgoneta Fiat Talento utilizada en el atropello masivo de La Rambla.

Así se señala en el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 rechaza la excarcelación de Oukabir y de Mohamed Houli Chemlal, los dos únicos detenidos y en prisión por su presunta participación en los atentados del 17 de agosto, al considerar que existen "indicios sólidos" de su participación en los ataques, informaron fuentes jurídicas a Europa Press. El magistrado advierte que los delitos que se les imputan podrían conllevar la pena de prisión permanente revisable.

Los hechos, de extrema gravedad según califica en su auto el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, están tipificados como 16 delitos de asesinato terrorista, más de 100 delitos de lesiones de carácter terrorista, delito de estragos, de tenencia y depósito de explosivos, así como el de pertenencia o integración en organización terrorista.

Las defensas de ambos arrestados habían solicitado que sus clientes fueran excarcelados por falta de motivación suficiente para el mantenimiento de esta medida cautelar, si bien la Fiscalía se había opuesto a dicha petición al entender que los indicios que existen contra ambos justifican la medida cautelar.

Según señala el magistrado en su auto, Oukabir relató la exacerbarción religiosa sufrida por su hermano menor, y reflejada tanto en su forma de vestir y de peinarse como en sus hábitos religiosos.

En su declaración judicial reconoció además que su hermano había incrementado sus rezos, le recriminaba que no fuera sólo con musulmanes y pretendía ocultar su radicalización a posibles investigadores policiales, evitando asistir al primer rezo del día ante las sospechas de que la Policía controlaba ese oficio. Además, Driss Oukabir también reconoció ante el juez que su hermano le había comentado que los musulmanes tenían que hacer la "yihad que implica guerra".

Otro de los datos objetivos de esa cooperación activa de Oukabir que recoge Andreu en su auto es que fue él quien alquiló la furgoneta utilizada para cometer el atentado mortal en las Ramblas. Oukabir declaró que su hermano Moussa y otros miembros de la célula, Mohamed Hichamy —muerto también en Cambrils— y Younes Abouyaakoub —conductor de la furgoneta de Las Ramblas— le pidieron ayuda para hacer un traslado porque a ellos por la edad que tenían no se la alquilaban.

No justificó la mudanza

Sin embargo, el juez considera que Oukabir no logró explicar ni dar ningún detalle sobre el lugar donde se iba a producir la citada mudanza, ni la vivienda en la que se iba a realizar, para la cual se desplazó unos 100 kilómetros para efectuar el alquiler, acompañado de los que serían "el núcleo más duro" del grupo, Mohamed Hichamy y Younes Abouyaakoub.

El magistrado hace constar igualmente las contradicciones y diferentes versiones ofrecidas por el detenido, que inicialmente manifestó que su hermano le había sustraído su documentación para alquilar el vehículo para cambiar posteriormente a la versión de que se trataba de hacer un favor a los amigos de su hermano.

En relación con Mohamed Houli Chemlal, herido en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona), el juez hace constar que además de los indicios recabados para entender su activa participación en los hechos está la propia declaración prestada por el detenido, en la que reconoció buena parte de los mismos, como su integración en el grupo terrorista, con el objetivo de preparar artefactos explosivos con los que realizar los atentados terroristas contra la ciudadanía.

El juez concluye que concurren todos los requisitos para mantener la prisión de los dos detenidos por delitos que, de ser finalmente declarada la autoría de los recurrentes, podrían conllevar la pena de prisión permanente revisable, "la máxima que prevé nuestro ordenamiento jurídico penal".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Fernando Andreu ha aceptado la personación de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II como acusación particular en el caso Lezo, que investiga una presunta trama corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El pasado abril, Cristina Cifuentes dio instrucciones para la personación del Gobierno regional conforme al criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que puso de relieve que las irregularidades investigadas afectaban a diferentes organismos de la Administración regional.

En un auto fechado el pasado 18 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado acepta a sendas instituciones como parte del proceso judicial en calidad de acusación particular. Contra esta resolución, cabe recurso de reforma.

En los razonamientos jurídicos, se expone que resulta evidente que "en todo delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una administración pública, esencialmente el delito de malversación, el perjuicio que se ocasiona irradia sus efectos en el conjunto de la ciudadanía a la que se le priva de recursos públicos para atender las necesidades esenciales para que tales recursos están destinados".

Agrega que "cualquier ciudadano tiene en abstracto dicha condición de perjudicado, lo que no le otorga en este sentido jurídico estricto dicha condición", añadiendo que en los delitos contra los intereses patrimoniales el titular último del bien jurídico protegido es "la propia sociedad".

"Las entidades de derecho privado persiguen un fin lucrativo y los accionistas o partícipes que lo integran, lo hacen precisamente con la expectativa de obtener una ganancia", señala.

Así, indica que estos principios se podrían aplicar a esta causa respecto a la Comunidad como "partícipe en el ente público Canal de Isabel II"Canal de Isabel II", teniendo un "interés directo que le autoriza a actuar como acusación particular e instar directamente la protección de los intereses patrimoniales de los ciudadanos de Madrid".

La Comunidad de Madrid también está personada como acusación particular en los casos Gürtel y PúnicaGürtel . Desde el actual Gobierno regional han explicado en diversas ocasiones que esta estrategia de personación responde a la estrategia de "tolerancia cero" contra la corrupción y el defender los intereses de los madrileños.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria , que ejerce la acusación particular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que abra juicio oral contra el expresidente de Bankia a Rodrigo Rato —para quien solicita cinco años de prisión— y otros tres exaltos cargos porque ocultaron "de manera consciente" la situación de la entidad en su salida a Bolsa en 2011 y reclama que les indemnice por los procedimientos civiles instados por los inversores que perdieron dinero con el debut bursátil.

En el escrito de acusación remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, el Frob señala además de Rato, al expresidente de Bankia José Luiz Olivas (para quien pide cuatro años de cárcel), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al exconsejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses). Igualmente pide el archivo de la causa para el resto de exconsejeros, Bankia y Banco Financiero y de Ahorros .

Al igual que defiende el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el Frob expone que la excúpula del banco ocultó su "verdadera situación" con el fin de afrontar su futuro y obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas en aquel momento. Ello se tradujo en un perjuicio patrimonial ya que se ignoró la "capital circunstancia" de que BFA-Bankia iba a necesitar a medio plazo capital para corregir el deterioro de sus activos crediticios.

Respecto al folleto de salida a Bolsa de la entidad que recogía las cuentas trimestrales a fecha de marzo de 2011, el Frob reconoce que es cierto que los acusados informaron "de manera exhaustiva" de los factores de riesgo que conllevaba la oferta aunque entiende que la descripción del tríptico estaba más pensada para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor.

Los pequeños inversores corrieron el mayor riesgo

Los inversores minoristas asumieron un riesgo "extraordinariamente superior" al que conlleva una simple operación bursátil, según recoge el escrito presentado ante el magistrado Andreu, que el pasado mes de mayo dictó auto de procesamiento contra 32 personas físicas y dos jurídicas (Bankia y BFA) tras cinco años de instrucción de la causa.

"El problema de Bankia residía en el aspecto clave de cualquier negocio: la rentabilidad, esto es, la incapacidad de la entidad para generar de manera recurrente beneficios de flujos de caja positivos con los que atender a sus acreedores y retribuir a sus accionistas de manera apropiada", añade el Fondo, representado por la Abogacía del Estado.

Reconoce que la contabilidad del Grupo no puede calificarse de materialmente falsa porque no se vulneró la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del Banco de España pero resalta que "no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente".

Tampoco pasa por alto que la entidad recibió ayudas públicas por valor de 22.400 millones de euros y recuerda que la operación de recapitalización llevada a cabo en 2012 consistió en una ampliación de capital en BFA por importe de 4.500 millones de euros que desembolsó el Frob.

Además se presenta como damnificado de la pérdida de patrimonio que ha sufrido Bankia por los procedimientos civiles de los inversores que reclamaron la devolución del dinero invertido en el debut bursátil y pide a los acusados que le indemnicen de manera conjunta y solidaria con la cantidad que se estipule.

El 4 de julio de 2012, en plena crisis de la prima de riesgo española, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite la querella Fernando Andreuque interpuso el entonces abogado de UPyD, Andrés Herzog, contra el que en mayo del mismo 2012 todavía era considerado el artífice del milagro económico español, Rodrigo Rato, que en 2007 había abandonado el Fondo Monetario Internacional (FMI) para después presidir Caja Madrid, y un año después Bankia, el producto de la fusión de la entidad madrileña con Bancaja y otras cinco cajas de ahorros de menor tamaño.

Un año antes, en julio de 2011, Rato celebró junto a su entonces número dos en Bankia, José Luis Olivas, que antes que banquero había sido presidente de la Generalitat Valenciana con el PP, una salida a bolsa que según el propio Rato hacía "más fuerte a la entidad" y consolidaba su liderato: "Tenemos una premisas de gestión claras, basadas en la experiencia, en el talento y en la austeridad", completó con una copa de cava en la mano desde el parqué bursátil a los medios de comunicación el que también fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar.

Los presidentes de las cajas de ahorros que formaron Bankia. En el centro (4d) José Luis Olivas y Rodrigo Rato (5d).

Pero los casi cinco años de investigación del magistrado Andreu han confirmado que Rato y su equipo, compuesto por varios expolíticos del PP, como por ejemplo el exministro Ángel Acebes,  los ex secretarios de Estado José Manuel Fernández Norniella y Estanislao Rodríguez-Ponga; el expresidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández; los exsindicalistas de CCOO Pedro Bedia y Francisco Baquero; y el exdiputado de IU José Antonio Moral Santín, engañaron a los miles de personas que invirtieron en una salida a bolsa que contó con la aprobación del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cuentas "maquilladas"

El auto de este jueves de Andreu, en el que el magistrado propone sentar en el banquillo a Rato y su equipo como presuntos autores de los delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores, especifica que los directivos de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que las mismas no mostraban la verdadera situación económica de la entidad, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado".

"Y de lo aquí actuado se desprenden indicios de que no sólo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, mediante la Oferta Pública de Suscripción se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos", completa el instructor en su resolución.

Por todo ello, el juez sostiene que de la actuación de Rato y su equipo se desprenden indicios, "racionales y suficientes de que la situación financiera narrada en el folleto informativo y las perspectivas del emisor, no serían las reales, pues no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera real de la Sociedad, puesto que de la pericial practicada se desprenden indicios de la incorrección e inveracidad de la información contenida en el folleto".

Además, el instructor ataca de forma directa la gestión de Rato por "la pésima calidad del seguimiento del riesgo de crédito, pues buena parte de los expedientes carecían de estados financieros de los acreditados y de información actualizada sobre las garantías. Ello explica en parte el deterioro de la inversión crediticia, en perjuicio de accionistas y acreedores. No se saneó la participación en Bankia, que en la reformulación generó un ajuste de 5.189 millones de euros, ni se dieron de baja los activos fiscales, ajustes que debieron registrarse en la fecha de los primeros estados después de la salida a Bolsa".

200.000 afectados

En el procedimiento se mantienen como acusación 44 personas físicas y jurídicas, como por ejemplo la Confederación Intersindical de Crédito, cuyo abogado es el mismo que inició la causa en nombre de UPyD, Andrés Herzog; la Confederación General del Trabajo (CGT); y dos colectivos de afectados como 15MpaRato y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Sin embargo, el número de afectados por la decisión de Rato de maquillar las cuentas de Bankia, que tuvo que ser rescatada con 22.400 millones de dinero público, supera las 200.000 personas, que fueron las que compraron acciones por un valor de 3.092 millones.

Asimismo, el juez justifica su decisión de reclamar el procesamiento del exministro Ángel Acebes, pese a que fue consejero en un periodo periodo temporal (del 27 de julio de 2011 hasta el 24 de abril de 2012), en el que no intervino ni en el proceso de integración, ni en el de salida a Bolsa. "Obran en la causa datos que determinan que Ángel Acebes, miembro del consejo de administración de BFA, era a su vez el presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento de dicha entidad, y que, como tal, debía supervisar el proceso de elaboración e integridad de las cuentas anuales presentadas para su aprobación, que no expresaban la imagen fiel de la entidad debido a la existencia de ajustes de importancia material no contabilizados".

En el auto, el juez Andreu también propone el procesamiento del auditor Francisco Celma, responsable del informe de auditoría de Bankia y sociedades dependientes a 31 de marzo de 2011, que según el instructor "carece de elementos centrales de verificación, lo que supone validar unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la entidad, incumpliendo así el deber específico de revelar aquellas irregularidades que puedan afectar a los intereses de los inversores, dada la extraordinaria relevancia que tiene el informe del auditor para la confianza del mercado y de los inversores".

Por el contrario, el juez Andreu ha decretado el archivo de las actuaciones respecto a las cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al considerar que las decisiones de gestión "son exclusiva responsabilidad de los órganos de administración y dirección de las entidades, y en este caso fueron los consejos de administración de BFA y de Bankia quienes decidieron, entre las distintas alternativas posibles, cual adoptar", indica el instructor que completa que los dirigentes del regulador "no fueron quienes decidieron la salida a bolsa de Bankia, aunque no se opusieran a ella".

Directivos ya condenados

Del total de 32 personas a las que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu pretende procesar en la causa Bankia, 14 fueron condenadas en febrero por un delito continuado de apropiación indebida por el uso que hicieron de sus tarjetas black y suman penas de prisión que van de los seis meses a los cuatro años y medio, según informa Europa Press.

Rodrigo Rato ya suma una condena de prisión de cuatro años y medio (la segunda más alta después de Miguel Blesa, de seis años) por haber hecho uso de su black y también por no haber puesto fin a la práctica que nació de un acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid de mayo de 1988 pero se desvirtuó con la llegada de Blesa a la presidencia en 1996.

Además de Rato, el magistrado Andreu procesa al exdirector general financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj Bankia por el delito de falsedad en las cuentas anuales, el mismo que atribuye al que fuera exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín.

Ambos cobraron especial protagonismo durante los cuatro meses de vista oral que acogió el juicio de las tarjetas; el primero por ser descrito por el tribunal no solo como colaborador sino también como cómplice de esta operativa con la que gastaron un total de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012. El exdirigente de Izquierda Unida, por su parte, hizo frente a la tercera condena de prisión más elevada, de cuatro años, por gastar con su plástico 456.522 euros.

Javier López Madrid

A ellos se suman el empresario Arturo Fernández y el exconsejero de Bankia y OHL Javier López Madrid, que a su vez está investigado en la causa que instruye el magistrado Eloy Velasco sobre presuntas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II -conocida como Operación Lezo-. Tras prestar declaración en dependencias judiciales el magistrado por este caso, el juez le dejó en libertad después de pagar una fianza de 100.000 euros.

A estos nombres se añaden José Manuel Fernández Norniella, exconsejero de Bankia y Pedro Bedía, Jorge Moreno, Mercedes Rojo y Ricardo Romero de Tejada, todos ellos exaltos cargos de BFA y que, para Andreu, son responsables de que los estados financieros individuales y consolidados de BFA a 31 de diciembre de 2010 al mismo periodo de 2011 no reflejaran la auténtica situación económica de la entidad.

En calidad de exconsejeros de Caja Madrid se procesa a Francisco Baquero Noriega, Jesús Pedroche Nieto, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga, este último exmiembro de la Comisión Ejecutiva de la caja y todos ellos condenados por el uso indebido hecho con su tarjeta black, ya que el tribunal concluyó que su finalidad era para gastos de representación y no de carácter personal.

Cabe destacar que, entre la cúpula de Bankia que podría ser procesada por Andreu se encuentra Francisco Verdú Pons, a quien atribuye los delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores. Verdú fue una de las cuatro personas que recibieron una black y que no usó porque entendió que no era para gastos de empresa, según dijo cuando prestó declaración en calidad de testigo en la vista oral durante la cual se convirtió para muchos en el "héroe" del caso que acabó condenando a 65 exaltos cargos y directivos de la entidad.

Román Gómez Ponti, abogado y apoderado del FC Barcelona, ha asegurado por escrito al juez que instruye el caso de la pitada en el Camp Nou del himnopitada en el Camp Nou de la final de la Copa del Rey de 2015, que disputaron el club catalán y el Athletic de Bilbao, que la responsable de la seguridad en el estadio era la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), encabezada por su presidente, Ángel María Villar, según consta en un escrito de 22 de marzo dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Y para justificar esta aseveración, el apoderado del equipo barcelonés recuerda que el artículo 250 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol dispone que tratándose de la final del campeonato de Copa de S.M. el Rey, "los encuentros serán de administración directa de la federación, sin perjuicio de que ésta pueda delegarla en el club propietario del terreno de juego", destaca Román Gómez Ponti, según el documento al que ha tenido acceso infoLibre.

En este mismo sentido, el club catalán especifica sobre las responsabilidad de la seguridad del encuentro con el Athletic de Bilbao: "Debe aclararse que en ningún momento la Real Federación Española de Fútbol delegó en el FC Barcelona la organización FC Barcelonao administración del mencionado partido".

Los Mossos d'Esquadra

Pero, además, el Barça recurre al artículo 14 de la Ley contra la Violencia en el deporte para señalar a otro posible responsable de la pitada al himno: los Mossos d'Esquadra, dependientes del Departament d'lnterior de la Generalitat de Catalunya, pues la normativa "establece que la persona responsable de la coordinación de seguridad en un acontecimiento deportivo es aquel miembro de la organización policial que asume las tareas de dirección, coordinación, y organización de los servicios de seguridad en la celebración de los espectáculos deportivos, lo que nos lleva a manifestar que, en todo caso, tal dirección correspondía al cuerpo de Mossos d'Esquadra".

A la pregunta del juez sobre la identidad de las personas responsables de la seguridad, el apoderado del FC Barcelona indica que puesto que el club no era el encargado, "no puede identificar a persona alguna".

El presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu.

Asimismo, Román Gómez Ponti especifica que el FC Barcelona tampoco autorizó el reparto de ningún objeto, en concreto de silbatos, con motivo de la disputa del partido en cuestión.

Otro caso archivado en 2009

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Fernando Andreu reabrir el caso después de que el instructor acordara el archivo de las actuaciones. Andreu consideró que la pitada al rey Felipe VI y al himno en 2015 tenía las mismas características de otra pitada desarrollada en 2009, cuya investigación había sido cerrada.

La resolución de la Sala justificaba su decisión de reabrir el caso porque "al ambiente institucional en 2009 respecto a la independencia en Cataluña era muy diferente al de 2015". Los magistrados entendían que si bien del "deseo de independencia de una parte de la comunidad de Cataluña de España nada puede decirse; lo que no puede compartirse es la vejación a los símbolos de la nación española, como es su himno, y al jefe del Estado -el rey Felipe VI presidió el encuentro- de una manera planificada" como sucedió en la pitada de 2015.

"La cuestión es si se planificó la pitada de tal manera, que el himno nacional español se hiciera de todo punto inaudible que es tanto como si no se hubiera ejecutado siendo a su vez una forma de menosprecio y vejación a la figura del rey", destacaba la resolución judicial.

La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivo de dos delitos, uno de injurias y otros de ofensas o ultrajes a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad.

Sin embargo, Andreu basó su archivo en el hecho de que el juez Santiago Pedraz ya había acordado el sobreseimiento de una querella presentada por la Fundación Denaes por hechos similares que se produjeron en la final de la Copa del Rey de mayo de 2009 y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal avaló su decisión al entender que se trató de un comportamiento "desagradable", pero no una conducta injuriosa ni encuadrada en el Código Penal.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no vio este viernes necesario que los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato ingresaran en prisión durante el tiempo que el Tribunal Supremo tarde en resolver los recursos que interpongan tras ser condenados los dos banqueros a seis y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente, por el caso de las tarjetas black.

Pero el de las tarjetas black, en el que además de a Blesa y Rato el tribunal ha condenado a los otros 63 imputados a penas que van desde los tres meses de cárcel a los a cuatro años al exdirigente de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín, no el el único en el que los banqueros logran eludir su ingreso en prisión, incluso tras ser condenados a penas de prisión.

Los primeros que han conseguido mantener su libertad pese a ser condenados fueron los exdirectivos de la entidad catalana Caixa Penedès, seguidos de ejecutivos de Caja Castilla La Mancha y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La excepción son los integrantes de la cúpula de Novacaixagalicia: pese a que en un primer momento el Tribunal Supremo suspendió la pena tras ser condenados a dos años de cárcel, sí han entrado en prisión al negarse a devolver los diez millones de euros que se habían embolsado de manera ilegal.

Los magistrados de la Audiencia Nacional han basado la decisión de que los expresidentes de Caja Madrid no vayan a la cárcel en el arraigo de los condenados, lo que elimina en su opinión el riesgo de que se fuguen de la acción de la justicia. Además, consideran que el comportamiento procesal de Blesa "ha sido intachable, cuando, sus bienes se encuentran embargados, y cuando, sus circunstancias personales revelan inequívocamente un arraigo en su país en todos los órdenes de la vida", según el auto en el que los jueces rechazan imponer una fianza al expresidente de Caja Madrid.

Sobre Rato, los magistrados aseguran que su actitud procesal "ha sido absolutamente cabal" por lo que "no se vislumbra riesgo alguno de sustracción al proceso". Además, en los dos casos los jueces no han tenido en cuenta que los condenados, a seis años de cárcel Blesa y a cuatro años y medio Rato, hacen frente a otras investigaciones judiciales de gravedad.

En este sentido, el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha finalizado la investigación contra Blesa por un presunto delito de administración desleal, por el que la Fiscalía había reclamado la pena de cuatro años de ingreso en prisión. Sobre Blesa pesa un tercer procedimiento judicial, abierto el 2 de diciembre pasado, sobre blanqueo de capitales con sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El propio expresidente de Caja Madrid ingresó por dos veces en prisión, aunque al final el que fue inhabilitado fue el juez que le investigó, Elpidio José Silva.

Por su parte, Rato está imputado en la pieza principal del caso Bankia, pero también en la investigación que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal desarrolla sobre el patrimonio del exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar. 

Dos años para los banqueros de Caixa Penedès

Los primeros banqueros condenados, pero que no entraron en la cárcel, fueron los integrantes de la cúpula de Caixa Penedès en 2014 por un delito continuado de administración desleal. El magistrado José María Vázquez Honrubia impuso una pena de dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas.

Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal. La entidad producto de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se denomina Banco Mare Nostrum (BMN), ha necesitado una ayuda público de 1.646 millones de euros para evitar la quiebra.

La condena a los presidentes de CCM

Tampoco han entrado a la cárcel el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), el exdiputado y exconsejero del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general de la entidad Ildefonso Ortega, condenados a comienzos de 2016 a dos años de cárcel y uno de inhabilitación por manipular las cuentas de la entidad.

El magistrado José María Vázquez Honrubia consideró en su sentencia probado que los condenados enviaron al Banco de España unos estados financieros individuales de Caja Castilla La Mancha que ignoraban los requerimientos del supervisor y no reflejaban la situación financiera real de la entidad financiera, por lo que se sirvieron de "artimaña y engaño para maquillar unas cuentas" que arrojaban pérdidas. CCM, que fue la primera caja de ahorros en caer y fue absorbida por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, que crearon Liberbank, también ha necesitado 7.382 millones de euros para su saneamiento.

Absueltos los directivos de la CAM

En el mismo sentido, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la absolución del exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y del expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, refrendando el fallo de la Audiencia Nacional que les exoneraba de haber cometido los delitos de apropiación indebida y de administración desleal en relación con el cobro irregular de dietas y la concesión de préstamos.

Sin embargo, la sentencia especifica: "No se afirma, pues, por esta Sala que la creación de la Comisión de Seguimiento y Control de TIP tuviera finalidades legítimas y que, por lo tanto, estuviera justificada, ni tampoco que desempeñara una función útil que explicara su creación. Sino que, más limitadamente, se constata que el tribunal de instancia no declaró probado que no cumpliera función alguna y que su única finalidad fuera aportar una justificación formal al percibo ilegítimo de dietas no justificadas".

El caso de la CAM es el más sangrante de las cajas de ahorros, ya que es la que más dinero ha necesitado para ser reflotada: 26.302 millones de euros. La CAM se ha integrado en el Banco Sabadell.

La excepción: Novacaixagalicia

La excepción que confirma la regla de que los banqueros no van a la cárcel es Novacaixagalicia. Condenados a dos años de prisión en octubre de 2015 por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias; en concreto, se adjudicaron indemnizaciones por valor de cerca de 22 millones de euros.

La Sala de lo Penal recalculó la sanción por la responsabilidad civil de José Luis Pego y Gregorio Gorriarán, a quienes les obligó a indemnizar con 10,4 millones de euros a la sucesora de esta entidad, que es Abanca.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal denegó la suspensión de la condena, que había sido confirmada por el Tribunal Supremo, y destacó la gravedad de los hechos. Los cinco exdirectivos, que favorecieron el cobro de dietas irregulares para 19 miembros de la entidad, evitaron entrar en la cárcel en un primer momento al ser su pena de 24 meses y no tener antecedentes penales.

Sin embargo, la Sala tuvo en cuenta, para decretar la prisión, que los banqueros gallegos no habían devuelto el dinero que se fijó en la sentencia, y que todavía tienen causas pendientes con la justicia. El Estado también aportó a la entidad una suma importante: 12.279 millones de euros, mientras que fue vendida por poco más de mil millones de euros.

Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) acusaron este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre las tarjetas black a su expresidente entre 2011 y 2012, Rodrigo Rato, de usar los plásticos para saltarse la ley y poder cobrar más de 600.000 euros, que era el límite que estableció el denominado decreto Guindos, que en febrero de 2012 trataba de reforzar el sistema financiero, que estaba inmerso en una crisis de liquidez.

En febrero de 2012 la prima de riesgo, que es el sobreprecio que debe pagar España en comparación con Alemania cuando acude a los mercados para financiarse, superaba ampliamente los 300 puntos, una situación que según los economistas era insostenible. Y según declaró el ministro de Economía al juez del caso Bankia como testigo, la entidad financiera presidida por su exjefe Rodrigo Rato "estaba contaminando la percepción del conjunto del sector financiero y de la prima de riesgo".

Y para evitar que Bankia contaminara al resto de entidades financieras Luis de Guindos promovió el Real Decreto 2/2012 de 3 de febrero con el que el Gobierno buscaba sanear a los bancos, pues la economía española se encontraba en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero Guindos incluyó en el Real Decreto un artículo polémico, el 5.3.4, que limitaba las percepciones de los miembros de los órganos directivos ejecutivos de administración de las entidades intervenidas en 600.000 euros y a los no ejecutivos en 100.000 euros.

Bajada de sueldo

Uno de los más afectados por esta limitación fue Rodrigo Rato, presidente ejecutivo de Bankia, que en 2011 había percibido 2,34 millones, y que tras la decisión de Guindos se veía obligado a bajarse el sueldo un 75%. El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, también sufría un importante recorte en su nómina, que hasta ese momento era de 2,26 millones anuales.

Por eso el letrado de Bankia en el juicio de las tarjetas black, Joaquín Burkhalter, llegó a calificar de "curiosa" la transición de la utilización de las tarjetas entre Miguel Blesa y Rodrigo Rato: "Es cierto que se anulan todas las tarjetas", pero "Rato decide expedirse una, como la que anteriormente había disfrutado en Caja Madrid".

Este abogado consideró que fue "a raíz" de la publicación del Real Decreto "cuando se decide además de la tarjeta del propio señor Rato expedir tres tarjetas más": al hombre de la máxima confianza de Rato José Manuel Fernández Norniella, a Ildefonso Sánchez Barcoj y a Francisco Verdú, el consejero delegado que no utilizó el plástico.

Para el representante de Bankia, que ejerce la acusación particular como afectada, tanto Blesa como Rato crearon "un sistema de desviación sistemática de los fondos, ideada por tarjetas al margen del circuito originario para evitar la normativa interna", explica el letrado que apunta la principal consecuencia del mencionado sistema: "Desviaron durante años fondos de las entidades cuyo patrimonio deberían velar".

"No tenían derecho"

En similares términos se expresó el abogado Alberto Gómez Fraga, en representación del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, que según los inspectores de Hacienda se trataba en realidad de un banco malo de la entidad presidida por Rato, que trató de aparcar ahí todos los activos considerados como tóxicos del grupo: "Sabían que no tenían derecho a percibir otros conceptos diferentes a dietas y por eso se las ocultaron", dijo el letrado.

Pero BFA fue más allá contra la actuación de su expresidente Rodrigo Rato, al asegurar que toda la actitud ilegal atribuida a la Caja Madrid de Miguel Blesa "se puede extrapolar a la de Bankia. La prueba de la ilicitud es todavía mayor en esos años, ya que decidieron darle continuidad, pues otros acusados continuaron utilizando tarjetas de Caja Madrid aún siendo de BFA".

Además, según el relato de las conclusiones de la matriz de Bankia, con la fusión de las cajas los procesados tuvieron la ocasión de modificar los estatutos para crear las tarjetas, pero no hicieron nada. "No sólo eso, los acusados que tuvieron la oportunidad de poner fin a esta práctica decidieron darle continuidad en una entidad cotizada, en Bankia, y así se emitieron cuatro tarjetas".

Y otra prueba más de la conciencia de "ilicitud" de los procesados, que continuaron disponiendo de estas tarjetas de Caja Madrid aún siendo miembros del órgano de administración de BFA: "Y eso cuando el artículo 24 de la Ley Cajas prohibía a quienes fueran miembros del SIP percibir retribuciones de las cajas", completó en el juicio el abogado Alberto Gómez Fraga.

Sobre su salario

Este letrado también se refirió a la actitud del entonces consejero delegado, Francisco Verdú, que no utilizó la tarjeta porque no estaba en su contrato. Sin embargo, los otros tres que sí utilizaron las black, Fernández Norniella, Sánchez Barcoj y el propio Rato, continuaron de forma irregular disponiendo de las tarjetas, ha completado el letrado de BFA, que a continuación recordó las declaraciones que hizo Rato en el juicio. "Se le preguntó por este extremo al señor Rato, y él nos dijo que en los dos meses que utilizó esta tarjeta en Bankia que estaba cargada sobre su salario, y nos habló de que era un instrumento de liquidez y de anticipos".

Pero a continuación, el letrado Gómez Fraga contrapuso la versión de los peritos, que según relató descartaron que las tarjetas se pudiera utilizar como anticipo". Verdú también descartó que las tarjetas fueran un mero instrumento de liquidez que estuviera soportado por sus ingresos: "En absoluto, fue la respuesta del testigo", completó el letrado, que aseguró que trataron de ocultar sus ingresos.

"Hay pruebas de que lo ocultaron, ya que en las cuentas anuales tienen que aparecer las retribuciones de los órganos de gobierno. Y en ese apartado no aparece mención alguna a estas tarjetas", resaltó Gómez Fraga.

Precisamente en su declaración en el juicio, Rodrigo Rato modificó las declaraciones que había realizado en la fase de instrucción, ante el asombro del fiscal del caso, Alejandro Luzón. "Yo propuse que se utilizara. Lo hablé con [Ìldefonso Sánchez] Barcoj y con el señor [Francisco] Verdú, porque tenía que estar al corriente y era un instrumento de liquidez sobre nuestros salarios, no era para nada un suplemento", explicó Rato ante la perplejidad del fiscal, que minutos antes había oído a Rato dar una explicación distinta sobre las tarjetas en el periodo de Caja Madrid.

Nueva versión de Rato

En concreto, Rato declaró que durante el periodo de Caja Madrid, desde 1994 hasta enero de 2010, los consejeros y los directivos utilizaban las black como un complemento retributivo, es decir, eran un añadido a su sueldo. Pero esta nueva versión de Rato establecía una diferencia tras la creación de Bankia, algo que sin duda buscaba eliminar su responsabilidad.

A partir de enero de 2010 las tarjetas eran "un mero instrumento de cobro, no era retribución. En Caja Madrid era un complemento aprobado por el comité de retribuciones, y en mi época no era parte de mi paquete retributivo", completó Rato.

Y fue entonces cuando el fiscal interpeló al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el quién había sido el responsable de la emisión de las tarjetas en Bankia: "Fue una propuesta mía, yo propuse que se llevara a cabo, pero tenía que pasar por el comité de Medios y probablemente lo tendría que saber el consejero delegado, [Francisco Verdú], espetó Rato, en un intento repartir la posible responsabilidad penal de los hechos.

El instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha vuelto a rechazar llamar como investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y otros siete directivos del organismo supervisor y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre los que se encuentran los que fueran presidente y vicepresidente del organismo Julio Segura y Fernando Restoy, este último actual subgobernador del Banco de España, según un auto difundido a los medios de comunicación.

Esta es la tercera vez que el juez Fernando Andreu niega la petición de las diferentes acusaciones de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez declare como imputado. Sin embargo, sí lo ha hecho como testigo.

La petición de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez declare como investigado había partido de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), cuyo abogado en el caso, Andrés Herzog, que considera que los correos electrónicos del entonces jefe de inspección de Bankia, Jose Casaus, en los que sostenía que BFA-Bankia no era viable y desaconsejaba la salida a bolsa, acreditaban la responsabilidad penal de los responsables del Banco de España.

En su auto, el juez Fernando Andreu, después de analizar los correos mencionados, recuerda que las decisiones de gestión son exclusiva responsabilidad de los órganos de administración y dirección de las entidades, y en este caso, explica el magistrado: "Fueron los consejos de administración de BFA y de Bankia quienes decidieron, entre las distintas alternativas posibles, cuál adoptar, y así,  hicieron en las reuniones de los consejos de administración de BFA y de Bankia celebradas, ambas en fecha de 28 de junio de 2011".

Es decir, el juez considera que la decisión final de la salida a bolsa de Bankia fue adoptada, en el marco de sus exclusivas competencias, por los órganos de administración y gestión, "decisión perfectamente legítima, y que no por errónea que finalmente hubiera podido ser, deba ser objeto de una investigación en sede penal".

El magistrado hace constar que en este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parqué de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba José Antonio Casaus, fue errónea. Tanto el instructor, como la Sala de lo Penal, han encuadrado las conductas en el Código Penal y la conducta básica consiste en dirimir si se ha falseado la información económica financiera contenida en los folletos de emisión o las informaciones que la sociedad deba publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores.

En su auto, Andreu añade también que, junto al carácter informal y espontáneo de los mencionados correos electrónicos, existen cauces oficiales y administrativos para que los inspectores puedan exponer sus apreciaciones en la labor de seguimiento y supervisión de la entidad, cauces que se traducen en los llamados "informes de seguimiento" en donde se expresa, "con el debido rigor, el resultado del trabajo de la Inspección del Banco de España desplazada a Bankia" informes que "ya obran en autos y de los que no se desprende, como tampoco se puede derivar de los correos electrónicos, que los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento".

El juez recuerda como en autos anteriores que no puede exigirse la garantía absoluta de que no se produzcan decisiones erróneas en los distintos sistemas. "Pero la mera existencia de disfunciones no constituye, per se, título de imputación suficiente para reclamar una responsabilidad de carácter penal", concluye en su auto el instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional.

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, Fernando Andreu, ha reactivado la investigación al reclamar numerosa documentación al Banco de España sobre las inspecciones del organismo regulador a Caja Madrid en 2009 y 2010, según un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 8 del pasado 8 de noviembre.

De esta forma el magistrado, cuyo auto ha sido adelantado por Vozpópuli.com, reclama al supervisor las agendas de las reuniones periódicas mantenidas por el Banco de España con Caja Madrid, que remitía el equipo de inspección a los directivos u órganos de dirección a la caja en los ejercicios 2009 y 2010", años en los que la entidad estuvo presidida por Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

En concreto, el magistrado pretende determinar si los directivos de la caja informaron a los inspectores "de toda circunstancia de impacto real o potencial relevante en la solvencia, liquidez o rentabilidad de Caja Madrid". En este sentido, Andreu reclama también las "conclusiones, sean formales o informales que fueran elevadas a la jefatura del equipo inspector de las reuniones mantenidas con Caja Madrid durante los años 2009 y 2010", en los que la entidad financiera vendió casi 3.000 millones en preferentes.

Amortización anticipada

El auto reclama, además, especial atención a la situación de morosidad de Caja Madrid, los movimientos del balance en la parte minorista, la gestión de la tesorería, la compra de deuda, productos híbridos emitidos por el grupo Caja Madrid y la amortización anticipada de las participaciones preferentes.

Tal y como adelantó infoLibre, los inpectores del Banco de España sabían en abril de 2011 que durante la creación de Bankia y de su matriz, BFA, la entidad presidida por Rodrigo Rato no informó individualmente a los acreedores, especialmente los preferentistas, sobre qué destino tendrían sus títulos: "Sólo contestan las consultas que les llegan. Recomprarán los valores de aquellos acreedores que se sientan perjudicados y causen revuelo", especifica un correo electrónico adelantado por este diario.

El Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob), el organismo del Estado responsable de la recapitalización de las cajas de ahorros, persigue en estos momentos a los responsables de 24 pelotazos cometidos en el seno de las entidades restacadas, según desveló esta semana el presidente de este organismo público, Jaime Ponce, en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, en la que especificó que el organismo que preside ha denunciado 47 actuaciones sospechosas que han supuesto "un perjuicio económico" de 3.587 millones.

Jaime Ponce cuantificó las ayudas concedidas por la Administración pública al sector financiero español: 58.996 millones, entre las ayudas directas aportadas para la recapitalización y las garantías otorgadas en varios procesos. En cualquier caso, hasta ahora sólo se han recuperado 4.837 millones, un 8% del total. El Tribunal de Cuentas casi dobla aquella cifra y asegura que han sido necesarios 107.914 millones de euros.

Desde que se constituyó el Fondo, en mayo de 2013, este organismo dependiente del Ministerio de Economía y del Banco de España ha revisado 90 operaciones dudosas de las entidades en las que ha ido asumiendo la propiedad, aunque después haya vendido sus participaciones, como por ejemplo es el caso del Banco de Valencia, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Catalunya Banc.

Casi la mitad de estas denuncias se encuentran en manos de los tribunales por actividades de las entidades financieras relacionadas "con el tráfico inmobiliario y las prácticas retributivas", según especificó Jaime Ponce a los parlamentarios.

1.503 millones de impacto

En marzo, el Frob envió una decena de operaciones a la justicia, con un impacto patrimonial de 1.503 millones, esto es, un 40% de todo el perjuicio calculado de las nacionalizadas.

Asimismo, el Fondo se ha personado en 24 causas penales de las que 20 se han iniciado por denuncia de este organismo, según aclaró Ponce, bien ante la Fiscalía o mediante las propias entidades durante el periodo que fueron administradas por el Estado. Sin embargo, una portavoz del organismo no ha querido especificar en qué causas concretas está personado. infoLibre hace un recuento de estos casos:

operaciones vinculadas con el Banco de Valencia

El exfiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas llegó a asegurar a infoLibre que el caso Banco de Valencia, compuesto por una pieza principal y una decena de piezas separadas "está dando un trabajo infernal". Lo dijo tras reconocer que ha tenido que asignar a tres fiscales al caso y sus ramificaciones.

La investigación se inició después de que el Frob, una de las entidades que ha tenido que suministrar una parte de los 17.000 millones necesarios para evitar su quiebra, denunciara ocho actuaciones presuntamente ilegales. El fondo estatal de rescate señaló como principal responsable al exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que figura en las ocho querellas como presunto autor de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. 

Precisamente, el juez Santiago Pedraz ha acordado el archivo de dos de estas piezas separadas del caso Banco de Valencia. La última de ellas contra Parra y el exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias de la entidad Alfonso Monferrer y el empresario Bartolomé Cursach por la presunta comisión de apropiación indebida en la concesión de préstamos a dos empresas del grupo.

Novacaixagalicia Banco

La Audiencia Nacional condenó el 22 de octubre a Julio Fernández Gayoso como excopresidente de Novacaixagalicia, así como a su exdirector general José Luis Pego y al antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, en una causa en la que el Frob ejerció la acusación popular.

La Audiencia les condenó a dos años de cárcel por delitos de administración desleal y de apropiación indebida por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascendieron a 14 millones. Sin embargo, ninguno ha ingresado en prisión.

Asimismo, el Frob envió a la Fiscalía nueve operaciones correspondientes a NCG Banco, que podrían suponer un daño estimado de 810 millones. Entre ellas está un crédito de 60 millones que otorgó Caixanova a la inmobiliaria Rivas ACI para la compra de una parcela de 40.000 metros cuadrados en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid.

Según el diario económico Expansión, en las denuncias también se incluye la conexión entre Caixa Galicia y la inmobiliaria Astroc, cuyos hechos presuntamente delictivos dejaron un agujero de 300 millones de euros en las cuentas de NCG Banco.

Catalunya Banc

El Frob remitió a la Fiscalía General del Estado 16 operaciones financieras presuntamente delictivas correspondientes a Catalunya Banc (Catalunya Caixa), con un perjuicio estimado de 900 millones, así como un expediente relativo a una cartera de préstamos hipotecarios minoristas concedido por esta entidad.

Además, el Fondo envió a la Fiscalía un expediente relativo a la extinción de contratos de alta dirección correspondientes al periodo 2008- 2009. En aquella época la entidad estaba presidida por el exvicepresidente socialista Narcís SerraNarcís Serra y dirigida por Adolf Todó.

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona acabó denunciando a Serra, Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia".

Bankia y Caja Madrid

Por lo que respecta a las operaciones relacionadas con retribuciones de los administradores, el Frob denunció ante los fiscales dos expedientes relativos al grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, o a las cajas que lo formaron. En ambos casos está personado el Frob.

El primero de estos expedientes es el de las tarjetas blackblack, tal y como lo denominó el propio teniente fiscal Alejandro Luzón, que está juzgándose ahora mismo en la Audiencia Nacional con 65 procesados, entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. El fiscal Luzón les acusa de haberse beneficiado de forma irregular de 12 millones de euros.

El segundo caso denunciado por el Frob sobre Bankia y Caja Madrid ante la Fiscalía está relacionado con sobresueldos e indemnizaciones por parte de directivos de Caja Madrid en el período 2007-2010. Tanto Blesa como su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, declararon por este asunto como investigados ante la jueza de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto. El perjuicio provocado presuntamente por estos sobresueldos, según el Fondo, fue de 14,8 millones.

El organismo presidido por Jaime Ponce también está personado en la pieza principal del caso Bankia,caso Bankia, en la que se juzga a Rodrigo Rato y otros directivos por las irregularidades cometidas en la fusión y posterior salida a bolsa. El agujero de Bankia es, según el Tribunal de Cuentas, de 22.400 millones.

Caja de Ahorros del Mediterráneo 

Los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) solicitaron tras el rescate bancario a la Audiencia Nacional personarse como acusación particular en la causa que investiga a la anterior cúpula directiva de la entidad financiera. El juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional instruye una causa contra la anterior cúpula por estafa, delito societario y falsedad documental.

El agujero dejado por la CAM, según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas, es el mayor de todos, superando incluso al de Bankia. La CAM ha necesitado 24.000 millones de euros por 22.400 la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri. En estos momentos la entidad de origen valenciano y murciano forma marte del grupo Sabadell.

Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès

En julio del año pasado el Frob remitió a la Fiscalía General del Estado otras cinco operaciones relacionadas con Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedés, con un daño conjunto para el Estado cifrado en 175 millones de euros. Hasta el momento, ninguna de estas denuncias se ha convertido en una querella interpuesta en los juzgados.

El Banco Mare Nostrum (BMN) que conformaron junto a la entidad granadina, las también desaparecidas Caja Murcia, Sa Nostra y Caixa Penedés precisó un total de 1.645 millones de fondos públicos para evitar su quiebra.

Los correos de Blesa, cuya publicación inició infoLibre, estuvieron en el origen de la denuncia que Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob) presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar el gasto sin control de más de 12 millones de euros que hicieron exdirectivos y exconsejeros con tarjetas opacas.  Estos 12 millones es el valor del gasto conjunto realizado por los investigados en esta causa, si bien esa cifra sube a los 15,2 millones si se suman todas la cantidades incluidas en ese sistema de pagos opacos.

Este lunes, el escándalo denunciado sienta en el banquillo de los acusados a 65 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia [uno de los procesados ha fallecido recientemente], entre los que destacan los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, pero también el ex director general Financiero y de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj.

El Ministerio Público ha solicitado seis años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y una indemnización de 9.344.808 euros, cantidad dispuesta entre enero de 2003 y enero de 2010 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó. Para Rato, primero presidente de Caja Madrid y después de Bankia, el fiscal solicita cuatro años y seis meses y una indemnización de 2.694.850 euros por las cantidades gastadas entre febrero de 2010 y mayo de 2012 por los usuarios de las Visa.

La Fiscalía acusa al resto de usuarios de las tarjetas de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas. Por su parte, la acusación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) eleva la petición de pena de cárcel para Blesa, Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj hasta los diez años.

Estas son las principales claves del caso de las tarjetas opacas:

1. ¿Por qué se DENOMINAN black y cómo se conoció su existencia?black

En su escrito de acusación Bankia reconoce que la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri tuvo conocimiento "a principios de 2014" de la existencia de estas tarjetas al hacerse público un correo electrónico, adelantado por eldiario.es, que había sido enviado el 1 de septiembre de 2009 por el entonces secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, desde su dirección de correo electrónico corporativo, a su sucesor en el cargo, Jesús Rodrigo Fernández.

El mensaje incluía el siguiente párrafo en el que se informaba de los ingresos de los directivos y consejeros: "Los miembros de la comisión de control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a consejos de filiales o participadas. Por tanto, sólo cobran dietas por las reuniones de la comisión (1.350 euros brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta Visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahorablack (no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantega este criterio, sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25.000 euros anuales excepto su presidente, que tiene una cobertura de 50.000 euros".

En el mencionado escrito de acusación, el representante legal de Bankia explica que la "insólita literalidad" de ese correo electrónico dio lugar a que la dirección de esta entidad financiera, "alertada por su contenido", pusiese en marcha una investigación, que concluyó con el envío, el 26 de junio de 2014, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de dos informes encargados por la entidad al director corporativo de Auditoría Interna, Iñaki Azaola Onaindía, en relación con la entrega "fuera de los circuitos ordinarios" y el uso de tarjetas de crédito por consejeros y miembros de la comisión de control y directivos de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012.

El FROB, que es el organismo que ostenta el control de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), reenvió ambos informes el 4 de julio de 2014 al Ministerio Público, que denunció los hechos en la Audiencia Nacional.

Según las conclusiones de estos documentos, los acusados usaron las tarjetas para gastos de carácter personal completamente ajenos a sus funciones en las entidades: fueron utilizadas en restaurantes y bares, desplazamientos y viajes, hoteles, compras en grandes superficies, tiendas de ropa y complementos, alimentación, joyas, obras de arte, farmacia, equipos deportivos, enseres domésticos, libros, etc. Dichos gastos en muchas ocasiones se realizaron en fin de semana, festivos o época de vacaciones.

Algunos de los acusados y responsables civiles también utilizaron las tarjetas para retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos o ventanilla de sucursal (en concreto, 2.938 retiradas de fondos por un total de 1.976.171 euros en Caja Madrid y 138 retiradas de fondos por 74.960 euros en Bankia).

Para Bankia, lo dispuesto "ilícitamente" de esta manera por los acusados y otros responsables civiles asciende a un total de 12.039.659 euros, de los que 11.794.431 euros se cargaron a Caja Madrid entre 2003 y 2012 y otros 245.228.48 euros a Bankia entre 2011 y 2012.

Según el FROB, ni los auditores de Bankia ni el Banco de España conocían la existencia de las tarjetas. "La utilización de estas tarjetas no se reflejaba en las memorias anuales acompañadas con los estados financieros aprobados por las entidades, ni en los informes de gobierno corporativo. Estas percepciones por tanto no son mencionadas ni constan individualizadas para cada uno de los consejeros en las cuentas anuales". Pero tampoco las tarjetas fueron mencionadas cuando en el folleto de la salida a Bolsa en julio de 2011 se hicieron públicas las condiciones retributivas de sus consejeros.

2. ¿Qué otras CONCLUSIONES SE OBTIENEN DE LOS correos de Blesa sobre las black?black

Los correos corporativos de Blesa apuntan también que el expresidente de Caja Madrid negoció con varios de sus consejeros subirles el sueldo a través de las tarjetas de crédito, según se desprende de un correo electrónico secreto incluido en los emails corporativos de la entidad financiera madrileña.

El mensaje, fechado el 9 de enero de 2007, y que fue adelantado por infoLibre, lo envió el entonces secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, y tenía como destino el correo corporativo de Blesa. En el mismo, De la Torre relata a su presidente la llamada de un consejero, el fallecido Guillermo Marcos, en la que le comentó que el consejero por Izquierda Unida José Antonio Moral Santín le había llamado para informarle de sus gestiones "para mejorar las retribuciones de algunos consejeros".

"Yo le he comentado que, en efecto, es verdad que el presidente está viendo la manera de mejorar a los consejeros con más dedicación –lo que tendría que ser vía tarjeta o dietas en participadas– dejando las dietas de la Caja con su incremento normal en la Asamblea", resalta De la Torre a Blesa de su conversación con el consejero Marcos, según el email. 

Precisamente para Bankia, el papel de De la Torre merece una "mención aparte", al considerar que por sus específicas funciones en la entidad "no podía desconocer la ilicitud de estas tarjetas, que no contaban con justificación legal, estatutaria o contractual ni habían sido autorizadas por ningún órgano de gobierno".

Además, prosigue Bankia en su escrito de acusación, el exsecretario del consejo era junto a Sánchez Barcoj el que entregaba las tarjetas B a los directivos de la entidad. Por su parte, De la Torre responsabilizó de esta práctica al expresidente Blesa, que según su versión se encargaba de fijar los "límites" de gasto, y al exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que se ocupaba de la "operativa".

En este sentido, un correo de Blesa de 18 de julio de 2007 muestra que él mismo se dirigió al propio Sánchez Barcoj para que le informara de las cifras de las tarjetas de los consejeros: "Líderes y pueblo llano. Urgente", le exige de forma textual el expresidente de Caja Madrid.

Pero en su escrito de acusación, Bankia apunta claramente a Sánchez Barcoj, y sostiene que las tarjetas de crédito eran gestionadas de forma separada al resto de tarjetas de la entidad por el departamento que dirigía él mismo. "De esta manera, siguiendo las indicaciones que al respecto le impartían los dos sucesivos presidentes, Sánchez Barcoj transmitía a través de sus secretarias al departamento de tarjetas las instrucciones recibidas sobre su emisión, anulación, ampliaciones del límite disponible, instrucciones sobre su entrega física, sobre la posibilidad de disponer o no de efectivo, etc. Sánchez Barcoj firmó los contratos correspondientes a las tarjetas desde septiembre de 2002 hasta febrero de 2012", completa el representante legal de Bankia en la Audiencia Nacional.

Bankia acusa también al ex consejero ejecutivo de Bankia y amigo de Rato José Manuel Fernández Norniella, "quien dispuso de una tarjeta de Caja Madrid y, tras su anulación, consciente de su carácter ilícito, obtuvo una nueva tarjeta de Bankia después de que se dictara el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, que restringió las remuneraciones de consejeros y directivos de las entidades que hubieran recibido apoyo financiero público para su saneamiento".

Los correos secretos de Blesa constatan quiénes eran las personas que controlaban las tarjetas B de Caja Madrid. Y estos eran, además de Blesa, sus dos hombres de confianza: el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, y el secretario general Enrique de la Torre; los tres integrantes de la comisión de retribuciones (José Antonio Moral Santín, Antonio Romero y el fallecido Guillermo Marcos), y el consejero a propuesta del PP Estanislao Rodríguez-Ponga. Sin embargo, todos niegan haber tenido cualquier responsabilidad sobre las tarjetas.

3. ¿DE qué SE LES acusa?

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que el presidente de Caja Madrid entre el 11 de septiembre de 1996 y el 28 de enero de 2010, Miguel Blesa, fue quien autorizó la entrega a los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y a altos directivos de unas tarjetas de crédito que podían ser empleadas para gastos de libre disposición: "Se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal", señala el fiscal Alejandro Luzón.

El fiscal considera que las tarjetas fueron emitidas al margen del circuito ordinario para mantener la "opacidad". En este sentido, el Ministerio Público explica que Blesa encomendó la gestión de las tarjetas a Sánchez Barcoj, pese a que este no tenía atribuidas esas funciones. Sin embargo, era el propio "Sánchez Barcoj quien, a través de sus secretarias, se encargó materialmente de dar las indicaciones al departamento de tarjetas [...], sorteando así al órgano competente".

Pero Luzón va más allá en su acusación al reseñar que con el mismo propósito de "ocultar" las tarjetastarjetas, Caja Madrid nunca practicó la correspondiente retención fiscal, contabilizándolas "indebida" y "subrepticiamente" en dos cuentas contables de gastos: 'Gastos de órganos de gobierno', en la que se incluyeron como gastos de representación los correspondientes importes cargados a las tarjetas de los miembros del consejo de administración, y la cuenta denominada 'Tratamiento administrativo Circular 50/99', prevista para gastos relacionados con regularizaciones por fraudes, negligencias, errores internos, deficiencias de los sistemas y reclamaciones de los clientes, en la que se incluyeron los gastos satisfechos con las tarjetas utilizadas por los directivos.

Las tarjetas, que estaban destinadas a gastos de representación, se convirtieron con Blesa en una retribución cuya improcedencia "era perfectamente conocida" por sus beneficiarios, que no declararon las percepciones correspondientes al uso de las tarjetas, que hicieron suyas "en perjuicio de Caja Madrid", completa el fiscal Luzón, que extiende las culpas a Rato: "Tras la llegada del acusado a la presidencia de Caja Madrid el 28 de enero de 2010, Sánchez Barcoj, director general Financiero y de Medios, le explicó el uso de estas tarjetas y le hizo entrega de una, decidiendo el nuevo presidente mantener el sistema establecido por su predecesor".

Pero además, Rato fue el que decidió, según el fiscal, que los consejeros ejecutivos y directores generales que procedían de Caja Madrid José Manuel Fernández Norniella, Matías Amat y Sánchez Barcoj conservaran las tarjetas. Y también se la ofreció al consejero ejecutivo Francisco Verdú, que la rechazó. "De este modo, sin acuerdo previo ni soporte legal, estatutario o contractual, Rato trasladó a la nueva entidad una práctica ajena a las otras seis cajas de ahorro".

Por su parte, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ha sucedido a UPyD como única acusación popular en la pieza separada de las black, y que mantiene al abogado que denunció los hechos Andrés Herzog al frente del caso, sostiene que las tarjetas, "lejos de ser un concepto retributivo, eran una sutil manera de comprar las voluntades y obtener beneficio patrimonial de los miembros de Caja Madrid y Bankia, que los mismos aceptaron a pesar de ser perfectamente conscientes de que su mero uso era ilegítimo".

Para Herzog, sin la participación de los presidentes de las entidades, y sin la colaboración necesaria del director del comité de Medios Sánchez Barcoj, habría sido imposible el uso "delictivo" que se dio a las tarjetas de crédito.

"De lo actuado, resulta evidente que, tanto el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, como el director de Medios, Sánchez Barcoj, desnaturalizaron el sistema de emisión de tarjetas de representación ideado por el anterior presidente de la entidad, Jaime Terceiro Lomba, y después lo multiplicaron", explica el abogado, que sostiene que los directivos administraron "de forma absolutamente fraudulenta el patrimonio de la entidad".

Por su parte, los procesados siempre han defendido la legalidad de sus gastos con las tarjetas, al mismo tiempo que resaltan que el dinero de las black era un "complemento salarial de libre disposición" o una "tarjeta de libre disposición".

4. ¿Quiénes las utilizaron?

Las cantidades dispuestas por los beneficiarios de las tarjetas entre enero de 2003 y enero de 2010, etapa durante la que Blesa ocupó la presidencia ejecutiva de Caja Madrid, ascendieron a 9.344.808 euros, mientras que el gasto producido en la etapa en la que Rato le sustituyó fue de 2.449.622 euros, cantidad a la que hay que sumar los 245.228 euros dispuestos por los consejeros ejecutivos y directivos de Bankia, también bajo la presidencia de Rato.

La lista de procesados que este lunes se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional está formada por 65 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia propuestos por PP, PSOE, IU, los empresarios y los sindicatos. En concreto, Blesa gastó 436.688 euros y su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, 575.071 euros. Rato pagó con su black 99.054 euros, el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742), el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817), el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818), Mariano Pérez Claver (379.513) y el que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067).

También están procesados Juan Manuel Astorqui, director de Comunicación (292.992); Carlos María Martínez (279.396), la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el antiguo responsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); y Ramón Martínez Vilches, de Dirección de Riesgos (102.326), Luis Gabarda (139.707), Ignacio Navasqüés (194.886), Alejandro Couceiro (70.160), Luis Blasco (51.580) y Juan Emilio Iranzo (46.848).

Los miembros del consejo de administración propuestos por el PP son Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Pablo Abejas (246.715), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Antonio Cámara (177.891), José Manuel Fernández Norniella (185.226), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Francisco José Moure (127.366) y Mercedes Rojo (119.292).

También figuran Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), Darío Fernández Yruegas (69.802), José María Buenaventura (62.932), Beltrán Gutiérrez (58.022), Juan Emilio Iranzo (46.848), Miguel Corsini (46.648), Manuel José Rodríguez González (37.134) y Jorge Rábago (8.041).

Los consejeros procesados nombrados a propuesta del PSOE son Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), José María Arteta (138.903), Francisco José Pérez Fernández (122.615), Jorge Gómez Moreno (98.182), José Acosta (62.460), María Enedina Álvarez Gayol (47.012), Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399) y Virgilio Zapatero (35.988).

En cuanto a los representantes de IU, José Antonio Moral Santín (456.522), Rubén Cruz (233.763) y Juan Gómez Castañeda (128.000) se encuentran procesados, al igual que los nombrados a propuesta del sindicato CC.OO: Francisco Baquero (266.433), Antonio Rey de Viñas (191.495), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151) y Gabriel Moreno (20.472).

En el banquillo de los acusados también están los representantes de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750), Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381) y José Ricardo Martínez (44.154), así como a los antiguos integrantes de las patronales Gerardo Díaz Ferrán, de la CEOE (93.984), Arturo Fernández (37.326) o Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).

5. ¿Quiénes no las utilizaron?

Cuatro de los consejeros o directivos receptores de estas tarjetas no hicieron uso de las mismas, algo que para Bankia revela que era posible advertir que su uso personal era "impropio". Estas personas fueron Francisco Verdú Pons, Esteban Tejera Montalvo, Félix Sánchez Acal e Íñigo María Aldaz Barrera. En contraposición, 28 consejeros de Caja Madrid siguieron utilizando las tarjetas hasta ocho meses después de su cese en tal cargo.

Precisamente, el caso de Verdú ha servido a la acusación del sindicato CIC para tratar de demostrar que todos sabían que el uso personal de las tarjetas era "ilegal". En su declaración ante el juez Fernando Andreu, Verdú explicó que no utilizó la black porque no estaba en su contratoblack. "Todo lo que cobro se divide en 12 pagos, y un variable en función de resultados, y nada más. Y en segundo lugar por oficio bancario. Yo he sido antes directivo y yo no puedo usar una tarjeta sin justificación".

Además, el juez Andreu acordó la prescripción de los delitos imputados a José María Fernández del Río Fernández, Ignacio Varela Díaz, Ignacio del Río García Sola, Miguel Muñiz de las Cuevas, José Caballero Domínguez, José Luis Acero Benedicto, Rafael Pradillo Moreno de la Santa, Joaquín García Pontes, Ángel Rizaldos González, José Nieto Antolinos, María Elena Gil García, José María García Alonso, Domingo Navamoral Sánchez y José Carlos Contreras Gómez.

En la fecha en la que el juez cerró la investigación habían fallecido tres de los usuarios de las tarejetas: Guillermo R. Marcos Guerrero, Pedro Bugidos Garay y Maria Mercedes de la Merced Monge. Recientemente ha fallecido Miguel Ángel Araujo, tras ser procesado.

6. ¿Qué penas reclaman la Fiscalía y la acusación popular?

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la apertura del juicio oral y calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida. Y en cuanto a las penas, el fiscal Luzón reclamó seis años de cárcel para Miguel Blesa, y una indemnización de 9.344.808 euros, que es la cantidad que se gastaron los directivos entre enero de 2003 y enero de 2010.

Para Rodrigo Rato, primero como presidente de Caja Madrid y después de Bankia, el fiscal solicitó cuatro años y seis meses, así como una indemnización de 2.694.850 euros por las cantidades gastadas entre febrero de 2010 y mayo de 2012 por los usuarios de las Visa. El resto de procesados, con penas de entre tres y cuatro años, deberán devolver las cantidades que gastaron con las tarjetas.

Por su parte, la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y UPyD pidieron que Rato, Blesa y Sánchez Barcoj sean condenados a penas de 10 años de prisión por un delito de apropiación indebida cometido en el uso de las tarjetas y otro de administración desleal por ser los responsables de la emisión de las Visa.

Un mensaje interno, que da cuenta de la "reunión de liquidez de Caja MadridCaja Madrid" mantenida el 13 de abril de 2011, relata que tras la decisión de traspasar los activos de las anteriores cajas de ahorros al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y a Bankia, en la nueva entidad se recibieron "llamadas de acreedores mayoristas interesándose por dónde quedan sus títulos, especialmente perjudicados en el caso de subordinadas y preferentes que van a BFA y que contarían con derecho de oposición en el plazo de un mes desde la inscripción".

Los inspectores del Banco de España que participaron en la mencionada reunión de abril de 2011, cuatro meses antes de la salida a bolsa de julio del mismo año, fueron José Carlos Molina Franquelo y Luisa Noelia Sánchez Saorín. Por parte de Bankia estuvieron Fernando Cuesta, Jaime Comunión, Fernando Álvarez e Íñigo Sáinz. Y según los funcionarios públicos, pese a las llamadas recibidas, los responsables de la entidad presidida por Rato "no han informado individualmente a los acreedores, sólo contestan las consultas que les llegan".

"Transmiten tranquilidad"

El informe del Banco de España sostiene además que en los casos en que los acreedores sí acudían a Bankia a reclamar información "les transmiten tranquilidad con el argumento de que esta estructura se ha montado para lograr una gestión más eficiente y garantizar mejor los pagos de todos los pasivos".

El conjunto de mensajes en los años 2011 y 2012 de los inspectores llegan a calificar a la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) como un banco malo, en el que los directivos tenían intención de aparcar los activos tóxicos de las cajas de ahorrosaparcar activos tóxicos, así como inmuebles con difícil salida comercial en plena crisis del ladrillo. Por el contrario, Bankia era la entidad que saldría a bolsa, por lo que en ella se concenttaron los activos más rentables.

De hecho, en un correo electrónico de 16 de diciembre de 2011, el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara explica que de la reunión que celebró esa semana con los directivos del banco pudo saber que "BFA individual probablemente cerrará 2011 en pérdidas. Mi impresión es que han tirado la toalla con BFA, pero se les ve tranquilos, lo que refuerza mi sensación de que está todo el pescado vendido: venta del 52% del capital social de Bankia en poder de BFA (por 2.000-3.000 millones de euros) y simultánea entrega de BFA (que quedaría en quiebra técnica pues sus fondos propios contables serían negativos tras esa venta) al FROB".

Rato negó que BFA fuera un 'banco malo'

Por el contrario, el 6 de abril de 2011 Rato había rechazado que BFA fuera un banco malo. Durante su intervención en el XVIII Encuentro del sector financiero, organizado por Deloitte y el diario ABC, Rato abordó la situación en la que quedaba Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la entidad que agrupaba a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas, que se quedó con todo el suelo mientras el negocio bancario se traspasaba a Bankia.

Según defendió Rato en ese foro económico, la denominación de banco malo para BFA era una "mala interpretación", porque era "una entidad no cotizada con beneficios, y no hay nada malo cuando gana dinero". Trece meses después Rato dimitía por sorpresa, provocando un terremoto financiero que acabó con la intervención de Bankia, que ha necesitado 22.400 millones para evitar su quiebra.

Una portavoz del colectivo ciudadano 15MpaRato, que ejerce la acusación particular en el caso Bankia, ha calificado de "grave" el contenido del informe adelantado por este periódico: "no se entiende que Bankia informe de que no van a atender a los que no se quejen, y que el Banco de España no haga nada".

La Audiencia Nacional investiga desde diciembre de 2012 la emisión de las preferentes por parte de Caja Madrid y Bancaja. Por ello está imputado el expresidente de la entidad financiera madrileña Miguel Blesa. Sin embargo, fuentes del caso explican que la investigación está paralizada y que muchos de los preferentistas han abandonado la acusación para tratar de recuperar su dinero en la vía civil.

Y el 1 de junio de 2011, tan sólo un mes antes de la salida a bolsa de Bankia, el inspector Casaus explica a su jefe que advirtió a Rato de que la situación de liquidez de Banco de Valencia, "de acuerdo a la posición estratégica adoptada por el Grupo", que era la de abandonar al banco a su suerte, generaría "problemas" a Bankia. Sin embargo, la dirección financiera de Bankia "dice no saber nada y que no le preocupa nada".

Estos "problemas" no trascendieron a la opinión pública, por lo que la salida a bolsa de Bankia se llevó a cabo en julio de 2011 sin que los inversores tuvieran la más mínima idea de la situación en la que se encontraba esta empresa participada por el banco que dirigía Rato, que abandonó el mismo a su suerte.

El Banco de Valencia estaba participado mayoritariamente por Bancaja hasta la fusión, cuyo dominio fue traspasado al Grupo BFA-Bankia. Y debido a ese control, según los peritos judiciales del caso Bankia, sus cuentas tendrían que haberse integrado en su matriz desde el ejercicio 2010, en el que ya se habían detectado pérdidas de unos 537 millones.

No cumple las normas

Por el contrario, el 1 de octubre de 2011 BFA-Bankia reclasificó su participación en Banco de Valencia como si se tratara de un "activo no corriente en venta" no incluyéndose, por tanto, "en el perímetro de consolidación del Grupo BFA-Bankia, mediante decisión adoptada por el presidente ejecutivo, Rodrigo Rato. Dicha reclasificación, desde un punto vista contable, no cumple con lo indicado con las normas del Banco de España", especificaban los peritos en sus conclusiones sobre la gestión de Bankia.

En el aludido mensaje electrónico de marzo de 2011, conocido este viernes, se da cuenta de que el Banco de España advirtió a Bankia de que con la bajada de rating de Moody's al Banco de Valencia, la calificación del banco valenciano quedaba "por debajo del grado de inversión, lo que imposibilitaba su acceso a los mercados".

Además, según los inspectores que controlaban las cuentas de Rato, pese a que el banco valenciano llevaba su gestión tesorera de forma independiente de Bankia, "podría necesitar el apoyo de ésta para hacer frente a los vencimientos (líneas de crédito abiertas disponibles por 970 millones)".

"Salidas anormales de depósitos"

El correo electrónico muestra un panorama para Banco de Valencia muy preocupante: "Los depósitos interbancarios que vencían en marzo (600 millones de euros) se les han ido y tienen un vencimiento de senior por 700 millones en julio. Además, están notando que desde el anuncio de Moody's la prensa local está incidiendo en su calificación de bono basura y se están produciendo salidas anormales de depósitos a plazo (70 millones en tres días). El disponible en póliza asciende a sólo 600 millones de euros".

Además, el inspector asegura en el documento que comentó a los directivos de Bankia que la situación de liquidez "es preocupante: en julio vencen 700 millones de euros y hay otros 200 millones sobre los que Bayerische Landesbank está reclamando la salida".

Entre los problemas que sufriría Bankia por su decisión de dejar a su suerte a la entidad valenciana, Casaus resaltó que Bankia "tiene 1.700 millones de euros de financiación dispuesta con Banco de ValenciaBanco de Valencia, materializada en una línea de 1.000 millones que ha quedado en BFA y otra de 1.000 millones en Bankia".

José Luis Olivas

Además, el funcionario apuntó otro nexo de las entidades: que el presidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, era entonces vicepresidente ejecutivo de BFA y de Bankia y que el banco valenciano "consolida globalmente en el Grupo BFA-Bankia".

"Según me han dicho ellos mismos", completa el inspector en su escrito en el que da cuenta de sus reuniones con los directivos de Bankia,"muchos acreedores de Banco de Valencia pensaban que Bancaja era quien estaba detrás, pues las colocaciones en el mercado las cerraba el personal de Bancaja. Además, la relación que tenían Bancaja y Banco de Valencia era tan evidente como que la financiación de 1.700 millones que tiene de Bankia son los 1.700 millones que Bancaja emitió en avaladas para, a continuación, prestárselos a Banco de Valencia".

Pese a su decisión de abandonar el banco valenciano a su suerte, los directivos de Bankia, que defendían ante el regulador que Banco de Valencia pertenecía a BFA (banco malo) y no a Bankia, aseguraron que si al final se decidía a hacer algo para ayudar al banco valenciano "tendría que ser antes del 3 de julio [fecha de la salida a bolsa de Bankia], porque un banco cotizado no puede abrir la financiación a una inversión de baja calidad".

"Otros socios"

En este sentido, en su primera declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Rato aseguró: "El Banco de España tenía clara cual era mi posición. Y no me planteó que la cambiase. Yo estaba a favor de una ampliación de capital, pero solo si hay un informe independiente que me diga que es suficiente. Y solo por el 39%. Por lo que tendría que haber otros socios considerables...". Además, explicó que mantener la liquidez del Banco de Valencia le costó a Bankia "400 millones de euros".

En el correo electrónico enviado el 10 de noviembre de 2011 por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz, el primero asegura también que en una reunión con sus interlocutores de Bankia les trasladó que el organismo supervisor consideraba que desde el 7 de de octubre de 2001, "el Grupo BFA tomó una decisión estratégica: lanzar al mercado su idea de desentenderse de Banco de Valencia", sostiene el funcionario.

"Pese a pedírselo repetidas veces desde el 13 octubre, aún no nos habían dado cifras sobre el impacto de valorar a cero Banco de Valencia, entendíamos que dicha decisión tan relevante se había adoptado por parte de Grupo BFA sin haber evaluado previamente el impacto en el Grupo, lo que desde el punto de visto de nuestra valoración del gobierno corporativo nos parecía un aspecto a tener en cuenta. La respuesta de José Luis Sánchez Blázquez [Bankia] es que en Cibeles se tenía toda la información", explica el inspector.

"Quebranto reputacional"

De esta forma, la decisión de Rato de desvincularse de este banco participado, según explican los peritos judiciales de Bankia en consonancia a las conclusiones que realizó su compañero en 2011, "proyectó al mercado la idea de que ante una dificultad significativa de una entidad filial, dependiente desde 1994, el Grupo BFA-Bankia no era capaz de gestionar y solucionar de forma privada esta situación, conllevando un quebranto reputacional, que se tradujo en una bajada de calificación por parte de Moody´s, dos meses después de la intervención".

Tan solo 11 días después de este último correo, el 21 de noviembre de 2011, un día después de las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy, Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España.

En total, la centenaria entidad financiera valenciana ha necesitado 17.000 millones de euros para evitar la quiebra. Una parte de este dinero fue a parar a Caixabank, que se hizo con la entidad por un 1 euro. A cambio, el banco de Isidre Fainé recibió una línea de crédito de 7.000 millones para reflotar el banco.

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, declara este viernes como testigo en la Audiencia Nacional después de que el juez que investiga el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, mostrara este jueves un evidente cabreo contra altos funcionarios del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) y el Banco de España.

La irritación del magistrado tiene su origen en que responsables de estos dos organismos del Estado elaboraron un informe, a espaldas del magistrado instructor, y que en última instancia favorece los intereses de Rodrigo Rato, que fue el que en última estancia aportó el documento al caso.

Tal y como reconocieron en sus declaraciones como testigos esta semana, el director general de Regulación del Banco de España (BdE), Julio Durán, y el director general de Supervisión del organismo regulador, Mariano Herrera, estuvieron en el origen de la petición del FROB al Banco de España de un contrainforme alque realizaron los peritos judiciales, que tras dos años de trabajo concluyeron que las cuentas de Bankia habían sido maquilladas antes de la salida a bolsa en julio de 2011. Pero como se ha conocido este semana, al final el contrainforme que apoyaba los intereses fue firmado por Mariano Herrera y Julio Durán.

"Instrumentalizar las instituciones"

La evidencia del cabreo del juez se constata al conocer sus intervenciones en los interrogatorios. En concreto, en el de Durán, que se llevó a cabo el pasado martes,  Andreu se dirigió al testigo para decirle: "¿No debería de haberse abstenido de darse respuesta a sí mismo?". Además, según dos personas presentes en la declaración del alto funcionario del Banco de España, el juez preguntó entonces: "¿Cree que se pueden instrumentalizar las instituciones públicas para influir en el procedimiento?".

El director general de Estabilidad Financiera del Banco de España, Julio Durán. 

Y este jueves, en la comparecencia de otro de los altos funcionarios que actuaron como juez y parte al pedir y después realizar el contrainforme, Mariano Herrera, el juez volvió a estallar al ponerse al descubierto las maniobras de las instituciones del Estado, llegando a calificar de "artimaña" su actuación.artimaña

Pero el contrainforme que el FROB, el organismo creado por el Gobierno para reflotar las cajas de ahorros, reclamó al Banco de España el 25 de febrero de 2015, y que acabó aportando Rato al juez, no es el único documento que tiene su origen en las instituciones, controladas por el PP, y que acaban favoreciendo los intereses de los imputados.

Expulsión del FROB

El FROB, en un polémico escrito de marzo de 2015, entregó en un escrito dirigido al juez un dos informes. En el primero incorporaba "el criterio técnico del Banco de España sobre la interpretación de algunos aspectos concretos", y en el segundo, elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y firmado por el director general, Antonio Carrascosa, contradecía las conclusiones de los peritos judiciales, que habían censurado las actuaciones de Rato y su equipo.

De esta forma, el FROB lograba incorporar al caso las versiones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no había reclamado el magistrado que instruye el caso, Fernando Andreu.

Esta iniciativa, que tomó el FROB también a espaldas del juez, actuó como un resorte entre las acusaciones populares y particulares, que liderados por el abogado Andrés Herzog, entonces en representación de UPyD, reclamaron al juez Andreu, sin éxito, la expulsión del FROB como acusación particular.

El abogado de la CIC Andrés Herzog 

El letrado Herzog, que ahora ejerce la acusación popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), pidió entonces la expulsión en un escrito, al que se sumaron el resto de acusaciones, entre las que se encuentra el muy activo movimiento ciudadano 15MpaRato15MpaRato, al considerar que el FROB defendía con sus actuaciones y sus informes a los imputados. "No nos consta que el FROB haya llevado a cabo ningún tipo de actuación procesal dirigida a la práctica de diligencias a fin de impulsar la investigación", se lamentaba Herzog.

El ahora letrado de la CIC consideraba que el FROB, un organismo controlado por el Gobierno, "había intentado limitar o constreñir la instrucción, oponiéndose a peticiones o diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones y, lo que es más grave en nuestra opinión, cuestionando los indicios delictivos que dieron lugar a su apertura".

Elvira Rodríguez

Sin embargo, el juez Andreu no expulsó al FROB del procedimiento, por lo que en todo momento ha actuado, aseguran las acusaciones, en defensa de los intereses de los imputados.

Pero la actuación de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, también ha sido criticada por las acusaciones. Ella fue la autora, junto con el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, de una carta que enviaron el 29 de abril de 2014 a la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Martínez Pina, en la que le pedían que no sancionara a la auditora Deloitte, que no alertó del agujero de Bankia.

Elvira Rodríguez (2i) en un acto con Esperanza Aguirre en presencia de Rodrigo Rato (6i). 

Elvira Rodríguez y Fernando Restoy, que firma la misiva "por ausencia del gobernador del Banco de España", aseguran que los trabajos realizados por Deloitte como consultora en la salida a bolsa de Bankia, hechos al margen de su labor de control de la entidad financiera, se llevaron a cabo a petición de la CNMV y del Banco de España.

12 millones de multa

De esta forma, Rodríguez y Restoy trataban de eliminar la contradicción por la que acabó siendo sancionada con una multa de 12 millones, ya que mientras controlaba las cuentas de Bankia como auditora, Deloitte se hizo con importantes contratos vinculados a la salida a bolsa pilotada por Rato, como si de una simple consultora se tratara.

La importancia de esta carta se constata al conocer que Deloitte la ha aportado al juez Andreu en un intento de trasladar la responsabilidad a la CNMV, cuya presidenta, Elvira Rodríguez, declara este viernes como testigo a propuesta de la auditora.

Pero las injerencias de las instituciones no acaban ahí, ya que el Banco de España elaboró un documento de nueve páginas, y que también reclamó de forma sorprendente el propio Rato. Este último dossier había sido enviado a un juzgado de Navalcarnero (Madrid) por el Banco de España, a petición de Bankia.

Documentación del Banco de España

El magistrado Andreu, por su parte, solicitó este miércoles al Banco de España toda la documentación relacionada con su supervisión del grupo BFA Bankia durante el año 2011, incluidos los reportes internos de las reuniones celebradas entre el equipo inspector designado por el organismo supervisor y los principales directivos de la entidad, informa Europa Press.

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.