El Estado presenta una muesca en su armazón. Hay riesgo de rotura. Es en la parte sur, muy al sur. Las cosas no van bien en La Línea de la Concepción (Cádiz, 63.145 habitantes). El paro ronda el 30% y no hay quien lo baje de ahí, constatan los datos del INE. Más del 90% de los parados no tiene estudios superiores, según el ayuntamiento. La renta per cápita está en 7.716 euros, casi cuatro veces menos que la más rica, Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 25.957. Está por debajo de la media en casi todo. Salvo en problemas enquistados. Ahí despunta. El narcotráfico carcome el tejido social con una treintena de bandas nutridas de una juventud castigada por la falta de expectativas. En barrios desestructurados con paro por encima del 50% como La Atunara es moneda corriente el comentario "de algo hay que vivir". No es fácil decir que no a 600 euros por una jornada de vigilancia en moto para dar el queo si aparece la Guardia Civil. Por momentos el narco logra plantarle cara al Estado. En medio de este panorama, y con el Brexit amenazando con agravar todos los problemas al dificultar la relación con el motor económico de la ciudad, Gibraltar, La Línea de la Concepción ha dicho basta.

El Gobierno local, dominado abrumadoramente por un partido independiente, La Línea 100x100, quiere su particular independencia y convertirse en ciudad autónoma, como Ceuta y Melilla, lo que supondría su salida de Andalucía. La iniciativa, un efecto dominó del Brexit con complicada viabilidad, pone el foco una de las áreas más olvidadas por el Estado en España y al mismo tiempo brinda aportaciones interesantes para la reflexión sobre temas tan candentes como los límites de la voluntad popular y el derecho de una comunidad civil, en este caso un municipio, a decidir su naturaleza jurídico-política. Porque en La Línea, desde luego, la gente votó salirse. Y sabía lo que votaba, o había tenido la oportunidad de enterarse, porque estaba en el programa electoral del partido ganador como propuesta estelar. La idea es de muy difícil plasmación jurídica y política, pero con toda seguridad le vale al Gobierno local para ejercer presión y llamar la atención sobre el abandono de La Línea. 

Una idea de éxito electoral

El alcalde, Juan Franco, linense de 44 años, funcionario municipal, directivo del club de fútbol local, la Balompédica Linense –conocido en el mundo futbolero como La Balona–, llegó al poder en 2015 al mando de un partido transversal que recogía el voto descontento con el viejo bipartidismo, incapaz durante lustros de sacar a La Línea de la postración, a pesar de gobernar en Andalucía y Madrid. En 2019, ya con el Brexit a las puertas, Franco revalidó el gobierno. Pero no sólo eso. Pasó de 9 a 21 concejales, de un total de 25 asientos. La propuesta más llamativa de su programa, la que centró el debate durante la campaña, era la conversión de La Línea en una ciudad autónoma. Franco, que aportaba la legitimidad de haber hecho una propuesta anterior –una "carta económica especial"– que el Gobierno rechazó, partía de una obviedad: La Línea es una ciudad única en Europa por ser el último municipio europeo que linda con un "territorio pendiente de descolonización", según la Organización de las Naciones Unidas. Además, es el único municipio lindante con el territorio sobre el cual existe una reclamación territorial activa por parte de España. Es el único lugar de la Europa continental que desde el primer día sufre las consecuencias del Brexit, ya que la devaluación de la libra con respecto al euro provocó tras el referéndum británico en 2016 una depreciación de entre un 8% y un 10% de los salarios, lo que afectó a los alrededor de 10.000 trabajadores españoles que cada día cruzan la verja, la inmensa mayoría linenses. Así que –razonaba Franco– si La Línea era especial, necesitaba algo especial. Y esa promesa era la autonomía.

El compromiso figuraba, aunque sin detalle, exahustivo en el programa. "Conseguir el estatus de ciudad autónoma", decía. Y añadía: "Constituirnos como tal nos permitiría, como sucede en el caso de Ceuta o Melilla, acceder a importantes inversiones de las que ahora no disfrutamos. Y es que tendríamos hilo directo con el Estado sin necesidad de depender de Cádiz o Sevilla. Esto no significa que en La Línea 100x100 no nos sintamos orgullosos de pertenecer a la provincia gaditana o a la comunidad autónoma de Andalucía, pero entendemos que ésta sería la única vía legal con cabida jurídica en la Constitución que nos permitiría lograr la tan ansiada singularidad". Con esta promesa por bandera, La Línea 100x100 arrasó. Franco pasó de 6.850 a 15.640 votos, del 30,96% al 67,51%. El alcalde no sólo logró dejar al PSOE y al PP, históricos dominadores de la política local, en 3 y 1 concejales, respectivamente, sino que consiguió frenar a Vox, que había sido tercera fuerza política en las generales de abril de 2019 con su discurso pro-cierre de la verja, lo cual da idea del hartazgo de la población, ya que esta medida sería tanto como dificultar el tránsito a la que es, de facto, la principal empresa empleadora de La Línea: Gibraltar.

Del dicho al hecho

Una vez logrado el triunfo, ahora toca ponerlo en marcha. Cosa difícil, como suele ocurrir con las promesas de éxito cuyo cumplimiento no depende de uno mismo. La Línea no escapa a un gran fenómeno global: los electorados son permeables a las promesas de soluciones sencillas a problemas multifactoriales. Desde la formación del nuevo Gobierno local, no se ha dado ningún paso relevante. Las mieles que se prometían con la autonomía –interlocución privilegiada con todos los agentes políticos, competencias fiscales y sobre pensiones, un tema que preocupa mucho a los trabajadores transfronterizos– contrastan con la aridez del camino por delante. La menguada oposición, que siempre ha criticado por falaz el proyecto de Franco, ahora pasa factura. No obstante, el Ayuntamiento asegura a infoLibre que el proyecto no se ha abandonado, aunque –a través de un portavoz– se muestra consciente de la dificultad de su materialización.

El partido La Línea100x100 prevé celebrar el próximo lunes una asamblea en la que organizar el calendario, que incluirá la solicitud al Gobierno de la celebración de una consulta popular. El alcalde, que ha situado públicamente el Linexit como una prioridad para 2020, tiene ya en sus manos un dictamen legal firmado por dos constitucionalistas que avalan la viabilidad jurídica de su pretensión, incluso sin modificar la Constitución. "No existe impedimento o prohibición constitucional, estatutaria, legal o de derecho europeo para la conversión del municipio de la Línea de la Concepción en autonomía, bajo la fórmula de ciudad autónoma, con independencia de que tal proceso sea más o menos complejo, costoso, conveniente u oportuno", señala el dictamen de Antonio Cabo de la Vega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, ayudado por el investigador Gabriel Moreno, de la Universidad de Extremadura. La vía óptima, según el dictamen, sería el artículo 144 de la Constitución, que prevé que las Cortes Generales pueden autorizar "una comunidad autónoma" si concurren "motivos de interés general". En "comunidad autónoma" entraría la "ciudad autónoma". El dictamen incluso recoge una posible pregunta en la consulta que debería autorizar el Gobierno: "¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma de acuerdo con el artículo 144 a) de la Constitución española?".

Frustración y hartazgo

"Nunca hemos respaldado esa medida. Somos conscientes de la frustración que hay, porque ha habido una retirada del Estado de Gibraltar a todos los niveles. Pero esto sólo traerá más frustración. No hay soluciones mágicas. Pero se le dice a la gente que pulse un botón, una tecla, y todo se arreglará, aunque luego no sea tan fácil, lógicamente. El problema es que la gente está preocupada por el Brexit, que puede tener consecuencias muy importantes", explica Manuel Triano, secretario de CCOO en el Campo de Gibraltar, un área de 250.000 habitantes cuyo PIB depende en un 25% de la irradiación económica del Peñón.

En efecto, el Brexit se percibe como un negro nubarrón. Sobre todo en La Línea, donde pesa como una losa el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, de desastrosas consecuencias, que ha dejado un profundo trauma en la zona. Su impacto en la economía andaluza podría suponer entre 500 y 1.200 millones, en función de un Brexit blando o duro, según el plan de contingencia de la Junta de Andalucía. El golpe será especialmente fuerte en La Línea. Las medidas previstas por el Gobierno andaluz, hasta 112, así lo indican. Pero el recetario para remediarlo habla por sí mismo: "Potenciación de la Formación Profesional para el Empleo en materia de hostelería en La Línea de la Concepción", dice una de la previsiones. Suena mucho mejor montárselo por su cuenta, empezar de cero, sin depender de nadie... Esa fue la baza de Franco. Eso y que la gente está harta de planes. Algo que el GIL ya aprovechó en los 90, cuando el partido del presidente del Atlético de Madrid llegó a hacerse con el poder.

Hay algo de lo que La Línea, y en general el Campo de Gibraltar, anda sobrada: previsiones, planes, anuncios, compromisos, programas... Tochos enteros con membrete oficial explicando cómo la comarca va a salir adelante. Pero no ocurre. No se cumple. La historia viene de atrás. El franquismo barajó en los 60 convertir al Campo de Gibraltar en la novena provincia andaluza para darle impulso, pero no llegó a materializarse. El Campo de Gibraltar nunca ha sido un elemento homogéneo dentro de la provincia de Cádiz. Con personalidad y problemas propios, ha sufrido la falta de capitalidad a la hora de atraer inversiones y obtener capacidad de presión política. Ya en 1965 se aprobó el "Plan Especial del Campo de Gibraltar", el primero de muchos. Más de 50 años después, aún se siguen aprobando planes con el mismo nombre. Sin embargo, el atraso continúa. Escuece especialmente en toda la comarca el subdesarrollo ferroviario, que lastra las potencialidades del potente puerto de Algeciras, puerta del sur de Europa donde suelen elevarse las voces que denuncian agravios con respecto al Levante español.

El 'Brexit' y el narco

Pero no es sólo que las condiciones objetivas de la Comarca de Gibraltar, y especialmente de La Línea, sean precarias. Hay algo más. Claves históricas, culturales, hasta psicológicas: una ciudad harta de aparecer estigmatizada en los telediarios, siempre en noticias sobre el narcotráfico; la humillación de vivir del vecino pudiente, con uno de los PIB per cápita más altos del mundo. El que fuera ministro de Exteriores Alfonso Dastis (PP) lo dijo gráficamente una vez: “Uno puede comprender a Gibraltar. Mire al otro lado de la verja. ¿Cree que quieren ser como esa otra gente?”. Quizás certero, pero hiriente. Los linenses no sólo tienen que soportar una economía dependiente, sino además ver sus intereses contantes y sonantes –tránsito, pensiones, fiscalidad, medio ambiente, atraque de submarinos nucleares, contrabando– subordinados a las lógicas diplomáticas de altos vuelos, que durante la etapa del PP han antepuesto la pretensión de soberanía sobre el Peñón a la solución de las cuestiones urgentes que afectan a uno de los municipios de más de 50.000 habitantes más pobres de España. Lo peor es que el futuro no promete mejoras, sino al revés. Todo puede ir a peor con el Brexit, ya que la Roca es el motor económico de La Línea.

Otros episodios concretos han contribuido a reforzar la sensación de agravio. Todos los actores relevantes de la sociedad civil han denunciado lentitud y tibieza del Estado en la respuesta al auge del tráfico de hachís hacia Europa, un negocio en el que una nueva generación más agresiva y ambiciosa ha tomado el control. La Policía Nacional tiene problemas para imponer su autoridad. No obstante, aquí al menos sí ha habido avances. El refuerzo de la seguridad impulsado por el el Ministerio del Interior con Fernando Grande Marlaska ha dado resultados, según coinciden los colectivos anti-droga y las organizaciones de agentes de la ley. La Policía Nacional presume de mejores datos en decomisos y detenciones. La prohibición de las narcolanchas da sus frutos, al rebajar las cantidades que es posible transportar y reducir el incentivo para enfrentarse con la Policía en caso de que esta aparezca. Ello se deriva en menos violencia.

Ahora bien, como recalca Manuel Triano (CCOO), el problema no desaparecerá hasta que no se ataquen las causas. Y estas siguen intactas. El plan social de 1.000 millones anunciado en noviembre de 2018 está mermado por la falta de presupuesto. Es además foco de malestar que la escasez de medios judiciales lastre los logros policiales contra el narco, como publicó este periódico. Y sigue escociendo el descrédito de la ciudad, de las que los medios trasladan una imagen que a veces roza la del México de los cárteles. Hasta en esto hay clases, porque se habla mucho más del chocolate de La Línea que de la coca de la Costa del Sol, aunque es en la provincia malagueña donde hay más delitos de sangre. Así lo expresa Francisco Mena, histórico líder del movimiento antidroga en la comarca: "Hay una hipocresía importante. ¡No le vayamos a dar mala fama a la Costa del Sol, que allí están los jeques árabes! Pero no olvidemos que allí es donde se blanquea buena parte del dinero de la droga de aquí".

150 años

La Línea nació en 1870. Este año cumple siglo y medio. Nació a partir de la "línea" desde la que España se pasó desde el Tratado de Utrecht (1713) asediando a Gibraltar durante más de un siglo. Es fronteriza por naturaleza. Y, por tal naturaleza, ha vivido una existencia azarosa. Al calor de la soldadesca, fueron llegando negociantes y artesanos. No es extraño que el contrabando haya sido clave histórica de la economía local. La tradición contrabandista de la zona arranca en el siglo XVIII, cuando se repuebla Algeciras y llegan los corsarios, que actúan con patente de corso para asaltar navíos enemigos en el Estrecho, como ha detallado Juan José Téllez en su libro Yanitos. Viaje al corazón de Gibraltar (2013, Centro de Estudios Andaluces). En La Línea se ha traficado con azúcar, con café, con gasolina, con tabaco y hasta con penicilina, cuando tras la Guerra Civil era difícil de encontrarla en España. Está en el ADN de la ciudad.

"De todos es sabido que el Campo de Gibraltar ha sido una zona en la que el contrabando era una estrategia de vida para familias [...]. En las últimas décadas este comercio ha cambiado su significado orientándose al paso de estupefacientes a través de la frontera. No es de extrañar que cuando se preguntó a los escolares del colegio de El Lentiscal por las actividades de sus familiares, incluyeran el narcotráfico como una más de las actividades de la zona", señala un informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Otro informe del propio ayuntamiento completa el relato: "La posición de La Línea y su cercanía tanto a Gibraltar como al norte de África ha supuesto que este enclave [...] haya sido históricamente un lugar estratégico para el contrabando de productos exentos de impuestos". Y añade: "Este contrabando ilícito se debe a varias circunstancias que se dan en el municipio: cercanía física por tierra y mar con Gibraltar, que posee regímenes fiscales especiales en productos como el tabaco; cercanía física por mar con Marruecos, de donde proviene el mayor porcentaje de drogas como el hachís; tasa de población en paro superior al 35%, sobre todo en jóvenes; pérdida de puestos de trabajo por la crisis de la burbuja inmobiliaria; trabajadores con un nivel de vida medio que se encuentran en situación de paro; un alto porcentaje de la población en comparación con otros municipios de nivel educativo bajo; estructura urbanística del municipio, donde los dos grandes núcleos de viviendas sociales viven a pie de playa".

Todo ello conforma una receta explosiva, que tenía al menos un elemento positivo: la posibilidad de trabajar en Gibraltar, ganar más, cobrar en libras... En el caso de los negociantes y trabajadores locales, tienen además al suculento cliente yanito. El Brexit amenaza con dificultar el tránsito entre un lado y otro de la frontera, complicar las relaciones económicas y hundir aún más a La Línea. Durante décadas, la respuesta del Estado han sido planes y más planes. No ha habido intervenciones efectivas para que la economía rebaje sus dependencias de Gibraltar y el hachís. A falta de respuesta del Estado, el alcalde Franco quiere romper la baraja.

Los Gobiernos español y cubano han firmado este jueves en La Habana (madrugada del viernes en España) un memorando de consultas políticas que, según fuentes del Gobierno español, recoge específicamente la posibilidad de hablar sobre derechos humanos.

En una breve ceremonia presidida por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el español, Pedro Sánchez, el acuerdo lo han firmado los ministros de Exteriores de los dos países, el español Josep Borrell y el cubano Bruno Rodríguez, y supone la creación de un mecanismo de consultas estructurado y permanente. El Palacio de la Moncloa ha explicado después en un comunicado que se trata del primer memorando de este tipo que Cuba adopta con un país, y que "demuestra la disposición de España a contribuir activamente en el proceso de reformas mediante programas de asesoramiento y asistencia técnica".

En ese sentido, el comunicado asegura que Sánchez le ha transmitido a Díaz-Canel "el deseo del Gobierno español de acompañar activamente al país en el proceso de transición y apertura en el que está inmerso". También el interés de las empresas españolas de contribuir al "desarrollo económico del país y el compromiso de la cooperación española con Cuba.

Ilusión del Gobierno por una visita de los reyes

Por otro lado, fuentes de Moncloa han informado de que, durante su reunión, Sánchez le ha trasladado a Díaz-Canel que al Gobierno español le haría ilusión que los Reyes de España visitasen Cuba en 2019, y que la respuesta del dirigente cubano ha sido de expectación y aceptación. El Gobierno cubano mantiene abierta una invitación a los Reyes de España que ya cursó el anterior presidente, Raúl Castro, pero que no llegó a producirse porque, según dijo el entonces ministro Alfonso Dastis en febrero, no se daban las circunstancias.

Tras la llegada de Díaz-Canel a la presidencia de Cuba, éste se reunió con Sánchez en septiembre en la sede de la ONU Nueva York, lo invitó a él a viajar a la isla y confirmó la invitación al jefe de Estado. El Gobierno considera que 2019 es una buena ocasión para un viaje de los Reyes porque ese año se cumple el quinto centenario de la fundación de La Habana. Según estas fuentes, durante su conversación, que ha durado una media hora, Sánchez y Díaz-Canel han apostado por aumentar el diálogo político y fortalecer los lazos comerciales, y han hablado también de los intercambios sociales y educativos, así como del desafío que supone el cambio climático.

Por otro lado, las fuentes han señalado que Díaz-Canel se ha comprometido a que el país haga frente a los impagos pendientes que tiene con empresas españolas, y ha reconocido el papel de éstas en el desarrollo del país. Tras las reuniones y la firma de acuerdos, el Gobierno cubano ha ofrecido una cena a la delegación española a la que se han sumado la esposa del presidente cubano, Lis Cuesta, y la de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha celebrado este miércoles el inicio del proceso para la normalización de las relaciones diplomáticas entre su país y España.

Los Ministerios de Exteriores de España y Venezuela han anunciado este miércoles en un comunicado conjunto que han decidido iniciar un proceso para normalizar las relaciones diplomáticas, que se rompieron en enero con la expulsión de sus respectivos embajadores en Madrid y Caracas por la creciente tensión bilateral a causa de la crisis política en la nación caribeña.

"Saludo la llegada del embajador de España a Venezuela. Bienvenido. Y nuestro embajador Mario Isea sale a Madrid y ojalá las relaciones mejoren. Así debe ser", ha manifestado el mandatario, según ha recogido la agencia estatal venezolana de noticias AVN.

Maduro ha confirmado su compromiso de mantener unas relaciones bilaterales para avanzar a "nuevos pasos de entendimiento y de cooperación" y basadas en el respeto y en el diálogo.

El pasado mes de enero, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció la expulsión del embajador de Venezuela en España, Mario Isea, tras declararle persona non grata, en respuesta al mismo movimiento que Venezuela emprendió contra el embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, difundió un comunicado en el que declaraba al embajador persona non grata acusando al Gobierno español de "continuas agresiones" y de "injerencia". Venezuela reprochaba especialmente a Madrid el haber liderado la iniciativa europea de imponer sanciones contra siete altos cargos del régimen, entre ellos el número dos, Diosdado Cabello.

Por su parte, España denunció las repetidas declaraciones "fuera de tono" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra Rajoy, al que acusó de "corrupto", "racista" y "colonialista". "Ponte a cuatro paticas, compadre, que este pueblo lo que te va a dar es pela", le llegó a decir en referencia a una paliza.

A pesar del acercamiento anunciado este miércoles, el Gobierno español mantiene la postura de que no reconocerá los resultados de ninguna elección que no sea democrática. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis advirtió en el Congreso de los Diputados de que España promoverá nuevas sanciones en la UE contra Venezuela si los comicios no se celebran con plena libertad.

Venezuela celebrará elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. Maduro compite prácticamente sin rival porque la principal fuerza opositora del país, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha decidido no participar por considerar que no se dan las garantías suficientes para que los resultados sean creíbles.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, calificó como "desafortunadas" las palabras de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, apoyando la decisión de la justicia de su país de poner en libertad a Carles Puigdemont. "No es lo más apropiado".

En declaraciones a su llegada a la convención nacional del PP en Sevilla, Dastis explicó que la euroorden se estableció para que los países miembros de la Unión Europea dejaran estas cuestiones "entre jueces" y "separadas de las opiniones políticas".

En su opinión, "entrar a cimentar decisiones de los jueces" por parte del Ejecutivo alemán "no parece lo más apropiado en estos momentos". "Me parecen declaraciones un tanto desafortunadas", apuntó.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó su respeto por la decisión del tribunal alemán y aseguró que no ha hablado de este asunto con la canciller alemana, Angela Merkel.

Así se pronunció Rajoy a su llegada a la convención nacional que el PP se celebra en Sevilla, un día después de que Puigdemont haya salido de la cárcel de Neumüster tras depositar la fianza de 75.000 euros impuesta por la Audiencia de Shleswig-Holstein. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, estudia presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo sobre si se ha aplicado bien la euroorden sobre Puigdemont.

Rajoy afirmó que el Ejecutivo asumió su "responsabilidad", que, según dij, era "poner en marcha" el artículo 155 de la Constitución para "restablecer la legalidad en Cataluña". A partir de ahora, prosiguió, es necesario que se forme un Gobierno en Cataluña y quienes "pueden hacerlo" deben asumir también "su propia responsabilidad".

La decisión es "absolutamente correcta"

La ministra de Justicia federal, Katarina Barley, defendió este viernes la decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, sobre el ex presidente catalán Carles Puigdemont: "Es absolutamente correcta. La esperaba".

La justicia alemana acordó este jueves libertad bajo fianza de 75.000 euros para Puigdemont, que el ex presidente catalán ya ha abonado para abandonar la prisión de Neumünster, e indicó que la extradición es posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión, que no ve admisible.

En este sentido, la ministra socialdemócrata alemana subrayó que ahora España tendrá que aclarar la petición de extradición por el delito de malversación, algo que cree que "no será fácil". Si el Gobierno de Mariano Rajoy no justifica esta petición, aclaró, "se levantará la orden de detención".

"Entonces Puigdemont será un hombre libre en un país libre, es decir, en la República Federal alemana", zanjó en declaraciones al diario alemán Süddeutsche Zeitung, en las que además señala que es el momento de "hablar también de los componentes políticos" de este caso.

La ministra alemana de Justicia ha sido el primer miembro del Gobierno alemán que ha respaldado esta decisión judicial, que ha generado malestar en el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Aunque admiten que no se trata de una cuestión del Gobierno alemán sino de la justicia de ese país, fuentes del Gobierno español consultadas por Europa Press creen que este tipo de decisiones pueden poner en cuestión la naturaleza y el sentido de la UE, dando más argumentos a los populistas y los euroescépticos que abanderan precisamente ese discurso contra la Unión.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha manifestado este miércoles que el candidato elegido por el Gobierno para optar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), su colega en el Ejecutivo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, es "el candidato más idóneo".

En este sentido, ante la "idea de que tiene que haber más mujeres en el BCE", se ha remitido al próximo año, cuando se produzcan nuevas vacantes en la institución, para poder corregir esta infrarrepresentación.

"Da la casualidad de que el candidato más idóneo en España para ese puesto es un caballero", ha zanjado Dastis, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press tras comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Ninguna razón para que no ocupe el cargo

Dastis ha elogiado la "experiencia notabilísima" de De Guindos, señalando que los resultados obtenidos al frente de la política económica "son admirados y alabados de manera generalizada en la UE". "No encuentro ninguna razón para que no pueda ser vicepresidente del BCE", ha abundado.

Por otra parte, el titular de Exteriores no se ha mojado a la hora de elucubrar un posible sustituto para la cartera de Economía, en caso de que De Guindos sea finalmente elegido: "Ah no, eso sí que no", ha dicho entre risas.

El Gobierno español ha declarado este viernes "persona non grata" al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, en respuesta al movimiento de Venezuela emprendido este jueves contra el embajador español, Jesús Silva Fernández.

Según ha informado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa tras el consejo de ministros, el Ejecutivo lamenta la decisión de Caracas y ante una medida "de ese calado" ha decidido actuar en "estricta aplicación del principio de reciprocidad".

El Gobierno declara a Isea como "persona non grata" en España tras analizar un informe del ministro Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en una respuesta que para el Gobierno además de recíproca resulta "proporcional".

72 horas para abandonar Venezuela

El Gobierno de Venezuela ha dado un plazo de 72 horas al embajador de España, Jesús Silva Fernández, para que abandone el país, según han informado fuentes diplomáticas españolas, que han precisado que el plazo se le ha comunicado hace apenas unas horas.

El ministro de Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, difundió este jueves un comunicado en el que declaraba al embajador "persona non grata" acusando al Gobierno español de "continuas agresiones" y de "injerencia".

Venezuela reprocha especialmente a Madrid el haber liderado la iniciativa europea de imponer sanciones contra siete altos cargos del régimen, entre ellos el número dos, Diosdado Cabello, y asegura que Madrid sigue "infames instrucciones" de Estados Unidos.

La expulsión del embajador español eleva la tensión diplomática entre los dos países a un nivel inédito en los últimos años. El Consejo de Ministros responderá hoy a la decisión venezolana con "medidas de reciprocidad proporcionadas", según avanzó el jueves el ministro de Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis.

De este modo, el ministro no precisó si Madrid expulsará al embajador venezolano, Mario Isea, que, en todo caso, había sido llamado a consultas por su Gobierno el miércoles. La llamada a consultas de un embajador propio en otro país supone ya una protesta diplomática, importante, pero de menor nivel que la expulsión de un embajador extranjero.

Todo ello sucede pocos días después de que la UE aprobase sanciones contra altos cargos del régimen y de que la Asamblea Constituyente venezolana —una entidad que los gobiernos europeos no reconocen— haya anunciado que las elecciones presidenciales deben ser antes del 30 de abril.

Silva Fernández, que regresará a España en los próximos tres días, se hizo eco este jueves en Twitter de algunos mensajes de apoyo, entre ellos uno de un profesor y analista de Puerto Rico que apelaba a todos los Gobiernos europeos a declarar "persona non grata" a los embajadores venezolanos en sus respectivos países.

El Gobierno responderá a la decisión de Venezuela de expulsar al embajador español tomando "medidas de reciprocidad proporcionadas", según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, en declaraciones a los medios en Davos (Suiza) recogidas por Europa Press.

Dastis no ha precisado en qué consistirán esas medidas y solo ha adelantado que este viernes llevará al Consejo de Ministros un informe con "diversas alternativas". "Vamos a tratar de actuar con proporcionalidad pero tenemos que aplicar el principio de reciprocidad, que es muy útil en las relaciones diplomáticas", ha dicho.

El ministro ha defendido que el Gobierno español siempre intenta actuar con proporcionalidad, aunque eso es algo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "no conoce". Con todo, sin dar por rotos todos los puentes, ha dicho que el Gobierno seguirá intentando "ayudar a acabar con la situación lamentable en que se encuentra el pueblo venezolano" por "todas las vías que se pueda".

"Lamentamos la declaración de persona non grata y rechazamos las acusaciones de injerencia, lo único que hemos tratado desde el principio es ayudar al proceso", ha manifestado, en alusión a las distintas fases de diálogo abiertas entre Gobierno y oposición.

De hecho, ha explicado que acababa de participar en Davos en un debate sobre Venezuela en el que el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, ha pedido "fe en el diálogo". El ministro español ha respondido que "la fe está muy bien, pero tiene que venir acompañada de buenas obras". "Necesitamos que el Gobierno no se limite a hacer promesas, sino que las cumpla", ha resumido.

Por eso, ha afirmado que, si bien el Gobierno seguirá apoyando el diálogo y espera que dé resultados, "naturalmente", es "escéptico" sobre esa posibilidad.

Venezuela ha declarado persona non grata al embajador español solo un día después de haber llamado a consultas a su máximo representante en Madrid, Mario Isea, una medida de protesta diplomática pero de menor nivel. Para Dastis, la llamada a consultas ya había sido una medida "desproporcionada".

Todo ello para denunciar el liderazgo español en las sanciones que la UE acaba de aprobar contra siete altos funcionarios del régimen. De hecho, este jueves Caracas ha acusado a Madrid de actuar siguiendo "infames instrucciones" de Donald Trump.

Sanciones como incentivos

El Gobierno, en cambio, contempla las sanciones como una forma de buscar "medios de presión, incentivos, para una negociación efectiva". En todo caso, Dastis ha señalado que esas medidas las han aprobado los 28 "por unanimidad".

En cuanto a si puede haber nuevas medidas europeas contra Caracas, ha señalado que lo hablará con sus socios europeos pero, en todo caso, ha dejado claro que puesto que Venezuela ha planteado el problema de forma bilateral la respuesta tiene que ser bilateral también.

Dastis también ha respondido a las palabras del Ministerio de Exteriores de Venezuela, que presenta como "idílica" la situación de este país y la contrapone a la de España —hablando de "incontables desahucios", corrupción y persecución política en Cataluña—. "La prueba del algodón sería si se preguntara a los venezolanos si prefieren estar en Venezuela o en España", ha zanjado.

La relación entre el Gobierno español y la Venezuela de Maduro —y anteriormente de Hugo Chávez— ha estado jalonada de momentos de tensión y los respectivos embajadores han sido llamados a consultas en varias ocasiones, pero nunca había llegado al nivel de expulsar a un embajador.

Una labor "imprescindible"

La última vez que España llamó a consultas al embajador en Caracas fue en abril de 2016. En los últimos meses, Ciudadanos lo ha pedido en varias ocasiones, pero el Gobierno consideraba "imprescindible" su presencia allí, por su "labor de apoyo a la colectividad española" y de "interlocución con el Gobierno de Venezuela y las distintas fuerzas políticas", según explicaba en una respuesta parlamentaria de septiembre.

Este jueves, nada más conocer la decisión venezolana, el grupo que preside Albert Rivera ha presentado una pregunta parlamentaria para saber si el Gobierno actuará de manera similar o tomará alguna medida de respuesta. También, en palabras del diputado Fernando Maura, para conocer "qué consecuencias puede tener esta medida para los intereses españoles en el país venezolano".

El Gobierno de Mariano Rajoy habla abiertamente de "injerencias" en la crisis catalana en forma de noticias falsas distribuidas en las redes sociales desde Rusia y, en menor medida, Venezuela. Pero, al mismo tiempo, insiste en que en ningún momento está señalando a los gobiernos de los citados países. Con este tipo de mensajes, el Ejecutivo quiere evitar una crisis diplomática. Ni siquiera, aseguran, hay elementos que puedan llevar a pensar que se avecinan conflictos. Pero algunos de los aludidos empiezan a pedir explicaciones y sí hablan de crisis.

Las denuncias por parte de España parten ya del máximo nivel. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó una entrevista concedida esta semana a la cadena Cope para señalar que "todas las actividades para el apoyo a la independencia de Cataluña se canalizaron en las redes sociales por las mismas vías que otros movimientos claramente anti-europeos como el Brexit o el populismo de extrema derecha". Era su respuesta a la llamada "internacionalización del conflicto catalán". Para el Gobierno, ir contra la estructura territorial de España es ir contra la estructura territorial europea. Gobierno

De hecho, Rajoy avanzó que se está dando una respuesta europea a estas acciones. Concretamente dijo que la Comisión Europea "está ocupándose" del tema. "En las cuentas españolas de Twitter sobre el tema catalán había muchos perfiles falsos. Más del 50% están registrados en Rusia y un 30% en Venezuela. Tan sólo el 3% de esas cuentas eran reales", concretó.

Para el Ministerio de Exteriores ruso, las declaraciones de los últimos días relacionadas con los supuestos ataques de hackers desde Rusia sí perjudican las relaciones bilaterales entre los dos países. "Nos gustaría que nuestros colegas españoles comiencen a responder acerca de sus palabras y presenten datos concretos" sobre las injerencias, diría este jueves en rueda de prensa la portavoz del Ministerio, María Zajárova.

Rusia sí habla de daños en las relaciones bilaterales

"Esos pasos lo único que consiguen es dañar las relaciones ruso-españolas", añadió Zajárova.Zajárova Pese a sus palabras, en el Ejecutivo no ven tal crisis. O evitan hablar de ella. "Nunca se ha acusado a los gobiernos. Se ha sido muy insistente en hablar del origen, del territorio, sin señalar a nadie", mantienen.

En este línea, el Gobierno ha trasladado al embajador ruso en Madrid, Yuri Korchagin, que sus acusaciones y sospechas de que desde territorio ruso se ha tratado de influir en la crisis catalana no se dirigen "de ninguna manera" contra el Gobierno de Moscú. Así lo aseguró este viernes el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, preguntado en una rueda de prensa junto a su homólogo de Arabia Saudí, Adel al Jubeir.

Para el titular de Exteriores, estos episodios no pueden ser "el inicio de ninguna crisis" entre España y Rusia. "He dejado bien claro que nosotros no estamos involucrando al Gobierno ruso". "Lo que hemos constatado es que, en términos de flujo de comunicaciones en los días posteriores al 1 de octubre, se podían trazar muchas de estas noticias o participaciones en redes sociales a Rusia y a Venezuela, pero de ninguna manera hemos querido involucrar, ni llamar, ni pretender que el Gobierno ruso estuviera detrás de esas actuaciones", recalcó en la línea de lo sostenido días antes por Mariano Rajoy.

La crisis ha llegado ya al Congreso de los Diputados con la petición, por parte del Partido Socialista, de que se convoque la Comisión de Secretos Oficiales para que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, traslade información a los parlamentarios que integran este órgano que celebra sus reuniones a puerta cerrada. La número dos del Gobierno es la máxima responsable de los servicios de Inteligencia.

Precisamente, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, aseguró este viernes que España sufre ciberataques y reclamó a Naciones Unidas que modifique su Carta para que los Estados puedan "responder" a los ciberataques, "defenderse" y "manifestar quién es el atacante".

Actuar con "sentido de Estado"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, evitó concretar cuál es la postura oficial del Ejecutivo ante esta petición del principal partido de la oposición, limitándose a pedir a los grupos parlamentarios ser "serios" y actuar con "sentido de Estado". La iniciativa podría salir adelante sin los votos del PP en la Mesa del Congreso.

"Es un tema importante, de Estado, serio. Con las elecciones y con las interferencias no se juega porque alguien puede estar tentado de desvirtuarlas", señaló. Previamente había recalcado que el 21D, cualquier injerencia será evitada por vía "presencial" por los interventores y los apoderados de las mesas electorales. No lo mencionó, pero con estas palabras estaba respondiendo al líder de Ciudadanos, que dos días antes había agitado la posibilidad de que las injerencias continúen el 21D. 

"¿Qué va a hacer su Gobierno, y Presidencia concretamente que es de quien depende la seguridad nacional, para evitar que hackeen unas elecciones, que saboteen las elecciones catalanas, que haya injerencias de países extranjeros en el resultado de esas elecciones?", preguntó Albert Rivera a Rajoy.

"Evidentemente, preocupa que pueda afectar al proceso electoral. Pero el Gobierno sabe qué hacer y ya dijo el presidente que las instituciones europeas se están ocupando del tema. Estas elecciones son legales. Que no se nos olvide. Hay todo tipo de filtros y controles", señalan las fuentes consultadas por infoLibre.

El segundo frente: las relaciones con Bélgica

Otro de los focos en el plano internacional está en Bélgica, donde Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers permanecen desde hace semanas para evitar la acción de la Justicia española. Las tensiones que hubo en un primer momento cuando el ministro belga de Inmigración y nacionalista flamenco, Theo Francken, sostuvo que su país podría conceder asilo político al president destituido si así lo pidiera ante la posibilidad de que no recibiera "un juicio justo" en el caso de ser detenido por el 1-O. Cuando hizo estas declaraciones, Puigdemont no había viajado todavía a Bruselas ni el referéndum se había celebrado. Y la reacción del primer ministro belga, Charles Michel, fue reprobarle.

En el Gobierno subrayan que las relaciones bilaterales gozan de buena salud. Explican que los problemas que ha habido tienen más que ver con cuestiones de política interior belga. "Hay cuestiones que se distorsionan porque los miembros del Ejecutivo de Michel son de distintas sensibilidades políticas. Pero son sólo opiniones, con repercusión. Pero sólo opiniones", señalan fuentes diplomáticas.

Este viernes, el presidente Rajoy mantuvo un breve encuentro con Michel en un receso de la Cumbre Social de Gotemburgo (Suecia). Pese a que la cita tenía lugar el mismo día que Puigdemont declaraba ante el juez belga, desde Presidencia del Gobierno señalan que la crisis catalana no estuvo sobre la mesa. Según explicó Rajoy después "la Justicia belga y la española son independientes". Ambos gobiernos, dijo, no tienen "nada que hacer" en esta materia.

La versión facilitada por la Moncloa del encuentro implica, por tanto, que en la cita se obvió un hecho que ha extrañado en círculos conservadores. Recientemente, la Fiscalía belga se interesó por las celdas de aislamiento, la visita de familiares, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas.

En respuesta, Interior ha explicado que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers ingresarían en la prisión de hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco, una vez se autorice su traslado cumpliendo la orden de detención de la Audiencia Nacional.

Fuentes penitenciarias explicaron a Europa Press que en el documento de respuesta, de 15 páginas de extensión, se responde pormenorizadamente a cada una de las 14 cuestiones que les planteó la Fiscalía belga, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos.

Al documento remitido por Interior a las autoridades belgas se sumaron este viernes declaraciones de Dastis y del portavoz del Gobierno en las que quedó patente su incomodidad con el tema. Para el titular de Exteriores "la cárcel a la que se va a enviar a Puigdemont" tiene "comodidades que muchas personas quisieran disfrutar".

Mientras, Íñigo Méndez de Vigo consideró que la Fiscalía belga quedará "gratamente impresionada" por el estado de las cárceles. 

Además, recordó que Puigdemont conoce perfectamente el estado de las prisiones españolas porque la comunidad de la que ha sido president tiene las competencias en esa materia.

"Hay datos sobre cómo el tráfico en las redes posterior al referéndum (del 1 de octubre) pasó particularmente por redes situadas en Rusia y en otros países", ha declarado Dastis a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE, según informa Europa Press.

Uno de los puntos de la agenda de esta reunión es una discusión sobre la comunicación estratégica de la Unión Europea, en cuyo marco los Veintiocho aspiran a recabar datos sobre la propaganda y manipulación contra el proyecto europeo y también a difundir mensajes en positivo sobre los valores y las políticas del bloque.

En este contexto, Dastis ha aclarado que su intención es "dejar constancia" de cómo se plantean situaciones de manipulación y desinformación en nuevas áreas, como es el caso catalán, pero que no va a "plantear" demandas ni iniciativas al respecto al resto de socios, tras asegurar que el Gobierno tiene información que corrobora tal afirmación.

Preguntado por el viaje del editor independentista y presidente del Grup Som, Oriol Soler, a Londres, en donde se reunió en la embajada de Ecuador con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de quien ha dicho que hay "muchos indicios" que apuntan a que ha tratado de manipular información para "afectar" al "desarrollo democrático natural" en Cataluña.

El próximo miércoles se constituirá en el Congreso de los Diputados la comisión sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE. La iniciativa, que recibió el respaldo de Mariano Rajoy en el transcurso de sus negociaciones con Pedro Sánchez para acordar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ha sido concebida como un paso previo a la apertura de la reforma de la Carta Magna. En los últimos días, sectores del Gobierno han enfriado esta posibilidad. Sobre todo, en el contexto catalán. Consideran que va a ser complicado que una modificación de la Constitución vaya a servir por sí sola para dar respuesta al sector independentista. "La respuesta ha de ser más global", reflexionan. Y añaden: "Lo que ha pasado en Cataluña requiere de una respuesta más sosegada".

El debate interno en el Gobierno y en el PP se ha visto agitado en los últimos días después de que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis concediera una entrevista a la BBC en la que señalaba, en alusión a la iniciativa del PSOE, que "una comisión explora una reforma de la Constitución para amoldarla a las aspiraciones de algunos catalanes". "Somos conscientes de que existe una situación política que debe ser revisada, pero lo que está claro es que cualquier decisión deberá ser tomada entre todos los españoles", añadía el ministro.

Este mismo viernes, el portavoz del Gobierno era preguntado por las palabras de Dastis en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La opinión del Gobierno siempre ha sido la misma: cualquier iniciativa de reforma constitucional debe residenciarse en el Congreso de los Diputados y eso es lo que se va a hacer", tiró de argumentario Íñigo Méndez de Vigo.

Después, no obstante, dio a entender que es un asunto delicado que no tendrá solución de la noche a la mañana: "Ahí vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a ver qué propuestas hay y vamos a ver también qué apoyo tienen las propuestas porque muchas veces se hacen propuestas y al final para modificar la Constitución hay una serie de procedimientos de reforma que tienen unas exigencias".

Una reforma "que no sea la de todos los españoles"

Otros miembros del Gobierno, en privado, se distanciaban de forma clara de las declaraciones de Dastis en lo que tiene que ver con la finalidad de una reforma constitucional. "Lo que no puede salir de esa comisión es una reforma de la Constitución que no sea la de todos los españoles", subrayaba una de las fuentes consultadas.

En este sentido, se advertía de que cualquier modificación requiere un "altísimo" grado de consenso, "una mayoría muy cualificada". Y de que requiere "muchísimo tiempo". En definitiva, que "se trata de un asunto al que todas las fuerzas políticas deben asistir con responsabilidad habiendo aparcado intereses partidistas". Y que, a día de hoy, es "irresponsable" hablar de qué asuntos deben tocarse cuando ni siquiera han empezado las conversaciones. 

El debate sobre la reforma constitucional siempre ha sido complejo puertas adentro del PP, por las diferentes sensibilidades entre sectores más o menos conservadores. Pero cada vez son más los dirigentes de la formación que lidera Mariano Rajoy que ven "inevitable" abrir el debate en serio. En todo caso, para entender la reacción a las palabras de Dastis es importante el contexto de elecciones autonómicas en Cataluña, que tendrán lugar el próximo 21D. En un partido que presume de un discurso único en todos los territorios chirrían mensajes como el del titular de Exteriores, se queja uno de los dirigentes consultados.

El propio Xavier García Albiol, presidente del PPC y candidato de los conservadores el 21D, ya dijo el pasado julio que la reforma de la Constitución no debe hacerse "para dar satisfacción a los partidos independentistas", sino que "tiene que llegar de la mano del consenso mayoritario, como mínimo, de los partidos constitucionalistas". Por aquellas fechas, PSOE y PSC firmaban la "Declaración de Barcelona", el documento que contiene la "oferta" socialista para Cataluña.

El miedo al referéndum

Siempre reacios a abrir el melón de la reforma de la Carta Magna, los conservadores insisten en que antes de hacer cualquier tipo de planteamiento al respecto es necesario el máximo consenso. Ahora que el PP no tiene mayoría absoluta en el Congreso, a los conservadores no les sirve sólo con sacar adelante una iniciativa de este tipo y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy es que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pida que ésta sea sometida a referéndum para su ratificación. El PP cree que con PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema lo tiene con el Grupo de Podemos que, con 67 diputados, podría perfectamente plantear la consulta pública contemplada en el artículo 167 de la Constitución. De hecho, el partido de Iglesias ya ha advertido que someterá a referéndum cualquier iniciativa de reforma constitucional para que los ciudadanos puedan pronunciarse y no ocurra como con el cambio del artículo 135, pactado entre PSOE y PP en 2011 y que no se sometió a consulta.

En su punto 3, el citado artículo de la Carta Magna refleja que "aprobada la reforma [constitucional] por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras".

Más allá de la reforma concreta que se sometiese a ratificación en el referéndum, la campaña de una consulta podría convertirse en un plebiscito sobre cuestiones más de fondo como el llamado "régimen del 78" o la forma de Estado, algo que desde el PP se quiere evitar a toda costa.

Seis meses de plazo

La citada comisión, acordada entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, tendrá un mandato de seis meses para hacer propuestas sobre el modelo territorial de España con el fin de abrir después la reforma de la Constitución de 1978, ya en una subcomisión de la Comisión Constitucional que preside el diputado del PP Jesús Posada.

Mientras avanzan los trabajos de este órgano parlamentario, desde el Gobierno se anima a los socialistas a llegar a acuerdos en otros temas. Así se lo trasladó este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Senado la vicpresidenta a la socialista Adriana Lastra: "No todas estas cuestiones tienen por qué acordarse dentro de un marco constitucional [...] La reforma de la Constitución puede ser una parte, pero si queremos hacer un acuerdo en los temas que he comentado podemos hablar de financiación autonómica, podemos hablar de pacto de pensiones, podemos fortalecer la cohesión social de nuestro país con la reforma de la Constitución y, mientras la hacemos y llegamos a ese consenso, sin ella. Por tanto, señoría, yo no cerraría el acuerdo a otras muchas cuestiones porque no todo se resuelve dentro de la Constitución".

Además, aprovechó para advertir de que "la reforma de la Constitución y el avance de los tiempos van mucho más de Juncker que de Junqueras". Unas palabras que distan bastante de las declaraciones que haría ese mismo día Dastis en la BBC.

Los ausentes

Si no hay cambios de última hora, la nueva comisión nacerá con la ausencia de tres de los siete grupos que conforman el arco parlamentario, puesto que Unidos Podemos, ERC y el PNV Podemoshan declinado, por ahora, participar en este órgano.

Para el Gobierno es clave que participen todos los grupos. "Nos gustaría que todos participaran en ella. Porque hemos visto que algunos adalides del diálogo ya han dicho que no van a participar y me refiero a ERC. Lo que hay que hacer es hablar, dialogar, insisto, donde está residenciada la soberanía nacional y esa es la Comisión. Y es muy raro ahora que quienes han dicho todo este tiempo que no había diálogo, cuando hay un foro de diálogo para hablar de un tema real, la posible reforma de la Constitución, se nieguen a participar", se quejó Méndez de Vigoen rueda de prensa.

El Congreso de los Diputados, con el voto de PSOE, Unidos Podemos y los independentistas catalanes de Esquerra (ERC) y del PDeCAT, reprobó este martes al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, por haber cuestionado la enseñanza en Cataluña. Es la segunda vez en 15 días en que el jefe de la Diplomacia es censurado por la Cámara Baja, informa Europa Press.

La reprobación de Dastis ha sido planteada por Esquerra Republicana (ERC), que reprochaba al ministro unas declaraciones en la BBC en las que negaba que en Cataluña se enseñe en castellano.

"El Congreso manifiesta su apoyo al modelo de inmersión lingüística, que tantos buenos resultados ha dado", y "reprueba al ministro de Exteriores por mentir pública y deliberadamente acerca de la no enseñanza del castellano en la escuela pública catalana", señalan los dos puntos de la moción que salió adelante en el Pleno del Congreso al sumar los votos del PSOE, Unidos Podemos, En Comú, ERC, el PDeCAT, Compromís y Bildu.

El PP y Ciudadanos votaron en contra pero no pudieronevitar que la reprobación saliera adelante, mientras que los cinco diputados del PNV optaron por abstenerse.

El PSOE tachó la iniciativa de oportunista

El PSOE no adelantó su voto durante el debate, pero el tono utilizado por su portavoz de Universidades, Manuel Cruz, fue muy crítico hacia el texto presentado por los republicanos, llegando a acusar a ERC de aprovechar "unas declaraciones desafortunadas" del ministro Dastis, para "meter la escuela catalana en el debate político".

Así, tras criticar que la moción presentada no tenía nada que ver con el sistema educativo en Cataluña, lamentó que el partido catalán esté usando "una actividad tan noble como es la educación, para un propósito tan desatadamente oportunista" como es la situación política en Cataluña.

El Congreso, sin embargo, sí rechazó el tercer punto de la moción, en el que se instaba al presidente Mariano Rajoy a destituir a Dastis, pues aquí los socialistas optaron por abstenerse, ganando la partida la unión de PP y Ciudadanos.

Cuatro ministros reprobados

La segunda reprobación del Congreso contra Dastis llega quince días después de que la Cámara Baja le reprobase junto a su colega de Interior, Juan Ignacio Zoido, por sus políticas migratorias y, más concretamente, por el incumplimiento del compromiso de España con la UE en materia de acogida de refugiados. Con esta, se elevan a cinco las censuras al Gabinete de Ministros de Mariano Rajoy.

Antes que Dastis y Zoido fueron censurados el titular de Justicia, Rafael Catalá, por su actuación frente a la investigación del caso que afectó al expresidente madrileño Ignacio González; y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal de 2012 que el TC declaró inconstitucional.

También se ha reprobado esta legislatura al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y se ha pedido la destitución del fiscal general del estado, José Manuel Maza, y de su entonces fiscal anticorrupción, Manuel Moix.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ve posible que, si se reforma la Constitución, pueda haber un acercamiento al Estatut catalán que fue recortado por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010, si bien rebate la idea de que ese recorte esté en el origen del aumento del independentismo catalán.

En una entrevista al diario francés Le Figaro, recogida por Europa Press, Dastis afirma que si los independentistas ganan en las elecciones del 21-D, lo que puede hacer el Gobierno es "volver a ofrecer posibilidades de diálogo para encontrar un arreglo que haga coincidir las aspiraciones de los catalanes a una mayor autonomía, e incluso se puede pensar en una modificación de la Constitución".

En este punto, señala que "algunos hablan de la idea de ir hacia un modelo federal para dar más autonomía a las regiones, también financiera" y añade: "Si se modifica la Constitución puede ser que nos pudiéramos acercar al Estatuto de 2010".

No obstante, también cree que "se exagera" cuando se dice que en la decisión del TC sobre el Estatut está el origen del auge independentista, porque se recortaron "nueve artículos de un total de más de doscientos".

Para el ministro, el "origen de esta huida hacia adelante" de la Generalitat está más bien en la crisis económica, los recortes presupuestarios de 2012 y los casos de corrupción de CiU. En su opinión, es evidente que el entonces presidente catalán, Artur Mas, decidió "hacer de un problema económico un problema nacionalista".

Si se reforma la Constitución, prosigue, es posible que se haga un referéndum —es obligatorio si se reforman algunas partes—, pero "es un asunto sobre el que deben pronunciarse todos los españoles", y no puede ser que "una parte decida por todos". "Esto es así tanto para la modificación de la Constitución como para el futuro de Cataluña", añade.

También dice que, si los independentistas vuelven a ganar las próximas elecciones autonómicas, habrá que "hablar con ese Parlamento" y confiar en que haga lo que debe hacer, respetar la ley y no desafiarla. "Espero que haya diálogo, hemos ofrecido numerosas ocasiones de dialogar", ha insistido.

El ministro reconoce que si el president cesado Carles Puigdemont fuese arrestado eso podría agravar aún más la crisis política, pero añade que "el Gobierno no manda en la Justicia". Y añade que es una posibilidad que Puigdemont sea candidato en las elecciones, cosa que "depende de su partido", pero añade que si se dicta una orden de arresto contra él "será más complicado".

Dastis admite que, en esta crisis, los españoles no han sido capaces de encontrar una solución que acomode a todo el mundo pero, preguntado si el Gobierno o el PP admiten algún error, opina más bien que el primer error fue "intentar excluir al PP de cualquier posibilidad de acuerdo".

"En parte, el populismo español es el nacionalismo"

Además, opina que, en parte, el "populismo" español es el nacionalismo: "Tenemos la suerte de no tener partidos xenófobos o racistas, pero el nacionalismo tiene las mismas raíces que el populismo por ejemplo aquí, en Francia".

En la entrevista, realizada este jueves en París, reconoce que le sorprendió "un poco" que Puigdemont decidiera marcharse a Bélgica, aunque añade que "con el señor Puigdemont la capacidad de sorpresa está siempre ahí, porque hace cosas que son imprevisibles" y que él no es experto en "psicología o psiquiatría".

El ministro dice que hubo responsables de la Generalitat que se quedaron en España sin que hubiera "tensiones" —a última hora del jueves la juez acordó su ingreso en prisión— y opina que la marcha de Puigdemont tuvo que ver con "internacionalizar lo que él llama el conflicto".

Eso sí, también recalca que la posición "de retirada" que ha mantenido la UE "es la buena", porque aunque en "algunos rincones de Europa" haya "una especie de simpatía romántica hacia los deseos de independencia de Cataluña, la realidad es que la UE es sobre todo una comunidad de derecho" con valores que han sido desafiados por los independentistas: "la democracia y el Estado de Derecho han sido ultrajados por el señor Puigdemont y quienes le apoyan".

En todo caso, asegura que no teme "una crisis con Bélgica", toda vez que el primer ministro, Charles Michel, ha dejado claro que se le tratará como "a cualquier ciudadano europeo", que el país tiene sus procedimientos y que desde 2001 existe la orden europea de detención y entrega.

Eso sí, admite que "es verdad que la posición de Bélgica en materia de asilo y su experiencia con otros casos de extradición de políticos haya podido hacer pensar a Puigdemont que iba a ser mejor recibido que en otros países europeos".

Izquierda Unida denunció este viernes la "retención y expulsión" de su eurodiputada Paloma López del Sáhara Occidental, donde se había desplazado en la mañana de este viernes desde Las Palmas para "conocer de primera mano la situación que vive el pueblo saharaui bajo la ocupación del Reino de Marruecos". 

Según informó la formación, a través de un comunicado, la parlamentaria llegó en torno a las 13.45 horas (12.45 hora local) al aeropuerto de El Aaiún y la Policía marroquí no le permitió el acceso e inició los trámites para su devolución a Canarias. López iba acompañada por otros cuatro eurodiputados y un asesor, a los que también se les denegó el acceso.

Tras aterrizar, la tripulación avisó de que sólo los ciudadanos marroquíes podrían bajar del avión y, a continuación, pidió a los eurodiputados que permanecieran en sus asientos, hasta que se les comunicó que no podían entrar y que iban a ser expulsados de regreso a las Islas, comunicó IU.

Como consecuencia, la formación indicó que su Comisión de Relaciones Internacionales se puso "inmediatamente" en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y la Embajada de España en Marruecos. Así, IU exigió a Dastis que "ponga en marcha todos los mecanismos diplomáticos necesarios" para dar "una respuesta adecuada a esta situación".

En el mismo sentido, recordó al titular de Exteriores que la negativa de la Policía marroquí "se suma a una larga lista de acciones desproporcionadas y arbitrarias que pretenden obstaculizar que el mundo conozca la realidad de los territorios ocupados", además de "las obligaciones del Gobierno español como potencia administradora para que se descolonicen los territorios ocupados" y, en concreto, con el pueblo saharaui, para que —"en línea con las resoluciones de Naciones Unidas"— "pueda ejercer su derecho de autodeterminación a través de un referéndum".

La formación señaló que, en esta "visita frustada" y no oficial de la Eurocámara, tenía previstas "numerosas reuniones" con asociaciones de familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos, así como con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y con activistas saharauis con el objetivo de "conocer de primera mano la situación de la población saharaui bajo la ocupación marroquí, denunciar ésta y reclamar el legítimo derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación".

En este sentido, reiteró su "apoyo inquebrantable a la lucha del pueblo saharaui por su libertad" y mantuvo que seguirá reclamando "la liberación de los presos políticos saharauis" y denunciando "la represión, la persecución y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Reino de Marruecos".

El Pleno del Congreso apoyó este martes la reprobación planteada por Unidos Podemos del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y de su homólogo de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, por sus políticas migratorias y, más concretamente, por el incumplimiento del compromiso de España con la UE en materia de acogida de refugiados, según informó Europa Press.

La iniciativa, que contó con los votos a favor del PSOE, ERC, PDeCAT, EH Bildu y Compromís, las abstenciones de Ciudadanos y PNV y los votos en contra de PP, Unión del Pueblo Navarro Coalición Canaria y Nueva Canarias, también solicitó el cese de estos dos ministros e insta al Ejecutivo a iniciar las medidas pertinentes para sustituirlos en sus cargos.

La abstención de Ciudadanos fue muy criticada por el PP, cuyo portavoz parlamentario, Rafael Hernando, culpó al partido naranja de permitir que la izquierda y los independentistas hayan reprobado a dos ministros. "¡Qué vergüenza!", escribió en la red social Twitter.

Ya son cuatro ministros censurados

Con las de este martes ya son cuatro los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy reprobados por el Pleno del Congreso. Antes que Dastis y Zoido fueron censurados el titular de Justicia, Rafael Catalá, por su actuación frente a la investigación del caso que afectó al expresidente madrileño Ignacio González, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal de 2012 que el TC declaró inconstitucional. También se reprobó esta legislatura al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y se pidió la destitución del fiscal general del estado, José Manuel Maza, y de su entonces fiscal anticorrupción, Manuel Moix.

Durante el debate de esta propuesta, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, acusó al Gobierno de convertir a España en la Francia de los años 30 que "encerró a los españoles en campos de concentración" por su "falta de voluntad política y de palabra".

"Ellos mismos se han reprobado", declaró Belarra en relación a Zoido y Dastis, a quienes calificó de "antidemocráticos". En este sentido, llamó al resto de partidos de la Cámara a apoyar esta propuesta como primer paso para "restablecer la democracia" en el país y "echar al PP de las instituciones".

Unidos Podemos contó en este debate con el apoyo del PSOE, quien denunció la "mala gestión" del Gobierno, así como su "falta de sensibilidad y sentido humanitario" hacia quienes se tienen que desplazar de su país en difíciles circunstancias.

"Un mal ejemplo"

El portavoz socialista en esta materia, Odón Elorza, se dirigió en su intervención a Zoido, presente durante el debate, para reprocharle su silencio ante las diferentes iniciativas parlamentarias que, sobre refugiados, se fueron debatiendo en el Congreso en los últimos años.

"El diálogo y la interacción con los grupos parlamentarios debe darse permanentemente", declaró Elorza, quien defendió que esta situación es "un mal ejemplo" para los ciudadanos en "educación y valores" al ver cómo sus representantes "deja a la gente olvidada y marginada" y que no hace lo suficiente.

También ERC denunció la labor del Ejecutivo en esta materia y le acusó de "sabotear" su propia ley de asilo. La diputada republicana Ana María Surra, señaló que el país está "haciéndole el trabajo a la Europa mas xenófoba, apoyando las devoluciones en caliente para evitar que los inmigrantes invadan su territorio" o apoyando el acuerdo de Turquía para enviar a este país todos los inmigrantes que lleguen de Grecia. "Lo suyo es incumplir, golpear y mentir", concluyó.

Además, Unidos Podemos también contó con EH Bildu, que se refirió a las malas prácticas del Gobierno en política migratoria nombrando las concertinas o el uso de la violencia en las vallas. Además, reprochó a Dastis sus "inefables entrevistas a la BBC". También apoyaron la propuesta morada Compromís y PDeCAT. Este último criticó el silencio del titular de Exteriores que, según apuntó, "sólo se ha roto" durante su mandato para su explicar sus vacaciones en la embajada de Ecuador.

Desde Ciudadanos, aunque se han abstenido, también han sido muy críticos con la labor de ambos ministros. Así, su portavoz Luis Salvador les ha acusado de "no estar a la altura" de una potencia económica como es España y les ha llamado a cambiar el modelo productivo, a equilibrar los mercados para generar empleo y riqueza e invertir en soluciones en origen para que descienda la inmigración y los refugiados.

En este sentido, reprochó a Zoido y Dastis la falta de ayuda oficial al desarrollo que sitúa a España en el puesto 26 de 28 con 32 millones de euros. "Nos comprometimos a reubicar y reasentar a 17.000 refugiados y sólo ha llegado un 11,4% cuando en Europa ha habido países que han llegado al 27%", apuntó Salvador.

También se abstuvo PNV, cuyo portavoz Mikel Legarda, reconoció en su discurso la falta de acción del Gobierno en esta materia y que la política de asilo en el país "no funciona correctamente". Sin embargo, a su juicio, no se puede focalizar esta situación en dos ministros, sino que hay que enmarcarla en "la crisis de valores que existe en la UE" y que está "tensando las relaciones" entre Estados y condicionando los resultados electorales.

220 refugiados llegan mañana

Todas estas críticas fueron cuestionadas por el portavoz del PP, Rubén Moreno, quien criticó los errores existentes en el texto de Unidos Podemos que, según apuntó, nombra directivas europeas que a no están en vigor y se preguntó por qué se siguen pidiendo vías seguras y legales de llegada al país cuando, a su juicio, ya existen.

Moreno repasó las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para cumplir con los compromisos de la UE y recordó que, en materia de reasentamiento se cumplirán los cupos. En este sentido, indicó que este miércoles llegarán a España 220 refugiados más. "En su último informe la Comisión Europea no ha criticado a España", apuntó Moreno, quien llamó a la formación morada a trabajar en "soluciones positivas" para solucionar los problemas del país.

La estancia del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y su familia, en la residencia del embajador de España en Ecuador a principios de agosto supuso un gasto de 191,39 dólares (163 euros) no imputables a sus actividades institucionales o a reuniones de trabajo.

Así lo especifica el Gobierno en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, a petición del portavoz de ERC, Joan Tardà, que se interesó por estos días que el ministro y su familia pasaron en Quito de camino a sus vacaciones en las Islas Galápagos.

Esos gastos "se corresponden con una cena el día 7 de agosto y un desayuno el día 8, ambos ofrecidos por el embajador como cortesía al ministro y sus acompañantes". El Ejecutivo detalla incluso el menú: el 7 de agosto, el embajador, Carlos Abella, invitó al ministro, su esposa y su hija a una cena consistente en "tablita de empanadas, mariscos al fuego, camarón al ajillo, corvina en salsa y seco de chivo", con un coste de 38,75 dólares (33 euros) por comensal.

El 8 de agosto se sumó a ellos la esposa del embajador para un desayuno consistente en "zumo de tomate de árbol, fruta, tostadas, mantequilla, bizcocho de naranja y chocolate, mermelada y aceite de oliva y café, leche y té", con un coste de 25 dólares (21,3 euros) por persona.

El Ministerio confirmó este mes de agosto —después de una información de eldiario.es— que Dastis y su familia se habían alojado unos días en la embajada española en Quito, de camino a sus vacaciones, y puntualizó que el jefe de la diplomacia había aprovechado para mantener reuniones de trabajo.

El propio ministro compareció en septiembre en el Congreso para dejar claro que siempre se ha pagado sus vacaciones, que sufragó sus billetes a Quito y a las Galápagos y que su estancia en la residencia del embajador, que respondió a una invitación de éste, se ajustó a la legalidad.

En su respuesta al diputado de ERC, el Ejecutivo reitera que, al margen de esa cena y ese desayuno, Dastis se hizo cargo "con sus propios fondos" de "los demás gastos de viaje suyos y su familia en todos los demás casos, fuera de las invitaciones por parte del embajador o de las autoridades ecuatorianas".

Representa a España también de vacaciones

El Gobierno comienza su respuesta puntualizando que el ministro de Exteriores "representa a España en todo momento y en toda circunstancia, incluso en aquellos periodos que puedan coincidir con su descanso particular", de manera que, "incluso cuando está de vacaciones, puede aprovechar la oportunidad, si ésta surge, para mantener reuniones o visitas de trabajo".

Además, enumera nueve reuniones mantenidas por Dastis en Quito esos días: con los ministros de Exteriores e Interior, el 8 de agosto; con el de Turismo, el 10 de agosto; con el alcalde de Quito, el 7 de agosto; con el director de Relaciones Internacionales de la Alcaldía, los días 7 y 8; con el embajador de Ecuador en España, el 8 de agosto; con el presidente de la Cámara de Comercio de España en Quito, el 8 de agosto y con el director de la Fundación Guayasamín, el mismo día.

A eso suma "varias visitas de trabajo", entre ellas "una a varios monumentos del patrimonio histórico de la ciudad de Quito que la Cooperación Española ha reconstruido o conservado", el día 7 a las 10.00 horas y el 9 a las 12.00 a la posible sede "para la creación de un Centro Cultural de España en Quito", un proyecto que había quedado interrumpido en 2012.

Dastis anunció en septiembre en el Congreso que gracias a su entrevista con su homóloga ecuatoriana se pudo cerrar una visita del presidente Lenin MorenoLenin Moreno el próximo mes de diciembre a España.

Uso del coche oficial

El Ejecutivo también señala que el uso de un coche oficial por parte del ministro encaja con lo previsto en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de 2015, y con la instrucción de servicio del Ministerio que regula el uso del coche oficial. Ambas normas, explica, "permiten una apreciación de la situación concreta sobre el terreno, caso por caso, que encaja con las circunstancias que se daban en este viaje a Ecuador".

Dastis ya había admitido en el Congreso que usó un vehículo oficial de la Agencia Española de Cooperación por motivos de seguridad, conforme prevé la normativa vigente y los usos habituales, y que "por norma general" lo hizo acompañado del responsable de la legación diplomática. También dejó claro que su esposa e hija no hicieron uso de los medios de transporte de la embajada por sí mismas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Datis, rechazó que la Policía y la Guardia Civil ejercieran "brutalidad" el pasado 1 de octubre y afirmó que se difundieron muchas fotos y "noticias falsas" durante la jornada del referéndum.

En una entrevista en la BBC recogida por Europa Press, el ministro subrayó que "para nada" se produjo "una situación de brutalidad" durante ese día, e indicó que las fuerzas de seguridad actuaron siguiendo un mandato judicial.

"Para nada hubo una situación de brutalidad. Se ha demostrado que muchas de las imágenes son falsas. Si se ha hecho un uso de la fuerza, fue limitado. Las fuerzas de seguridad acataron las órdenes judiciales", indicó Datis.

Preguntado por el periodista sobre si las imágenes que se vieron ese día eran falsas, el ministro de Exteriores replicó: "No estoy diciendo que todas las fotos sean falsas, pero algunas sí. Estamos viendo un montón de hechos alternativos y fake newsfake news. Pero no es un uso deliberado de la fuerza. Fueron provocados".

El ministro de Exteriores también explicó que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución el Gobierno está intentando restaurar el orden legal, la Constitución y la normativa catalana que emerge de ella.

En este sentido, señaló que con el artículo 155 se establecerán "las autoridades que gobernarán el día a día de Cataluña según las leyes y las normas de Cataluña".

Por último, preguntado sobre si existiría alguna posibilidad legal para la independencia de Cataluña, el ministro señaló que tendría que ocurrir a través de una reforma de la Constitución que debería ser aprobada por todo el pueblo español.

"Los países de la UE, nuestros socios, no van a aceptar una decisión de esta índole tomada por solo una parte del país", resaltó Datis, quién añadió que el caso de Escocia es "excepcional".

El personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, casi 7.000 personas según estimaciones de los sindicatos, está llamado este lunes a secundar un paro mundial para reclamar subidas salariales después de ocho años de congelación.

La huelga, convocada por CSIF, CCOO y UGT, afecta al personal no funcionario de embajadas, consulados y otros organismos estatales, incluidos el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), las consejerías de Empleo o el Instituto Español de Comercio Exterior o la Tesorería de la Seguridad Social.

Los sindicatos ya habían amenazado antes del verano con un paro mundial, tras varias huelgas en distintas oficinas, si Gobierno no atendía sus peticiones y, según dicen, no han recibido ninguna respuesta del Gobierno desde el pasado 20 de junio, día en que se convocó la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior y los Ministerios de Exteriores y Hacienda se comprometieron a evaluar sus necesidades.

Para este lunes, el Ministerio de Exteriores -del que dependen alrededor de un 40 % de los llamados a la huelga- ha fijado unos servicios mínimos del 25 % en sus dependencias.

La lista de reclamaciones es larga, pero la más acuciante es una subida salarial para 2017 del 25 % como promedio, en unos salarios que están congelados desde 2009, y subidas adicionales del 10 % en 2018 y 2019.

El agravante, recalcan los sindicatos, es que en muchos países la inflación es galopante y sumada a las fluctuaciones cambiarias ha hecho que hayan perdido un 40% de poder adquisitivo, o hasta el 65 por ciento en el caso de los trabajadores de las oficinas técnicas de cooperación.

La primera, Argentina

Los primeros en ponerse en huelga fueron, en primavera, los trabajadores españoles en Argentina, el país con la mayor colonia española -400.000 personas- y con unos 200 contratados laborales, y la situación llamó la atención de los parlamentarios de la oposición.

"En España no hay la aberración de inflación que tenemos en Argentina", explica a Europa Press una trabajadora del consulado en Buenos Aires. "El 1 de octubre mi alquiler subió un 45 por ciento y los suministros básicos han subido un 400 por ciento en los últimos tiempos", se lamenta. Hay lugares donde el sueldo no da para alquilar una vivienda en una zona segura: "En Tanzania una de nuestras afiliadas ha sido asaltada tres veces yendo a trabajar", denunciaba CSIF en una rueda de prensa en septiembre.

En respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Fernando Maura, el Gobierno explica la situación de estos trabajadores y añade que, aunque es cierto que a estos trabajadores no se les ha subido el sueldo en ocho años, a diferencia de lo que ocurrió con los funcionarios, a este colectivo tampoco se le ha bajado. "No ha habido revisiones salariales generales en los últimos 8 años ni al alza ni a la baja", dice el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Ahora, sin embargo, el personal funcionario sí ha empezado a tener algunas subidas, igual que los que trabajan en España, pero no este colectivo que, además, carece de representación sindical.

La situación es también extrema en Sidney (Australia), donde, desde el pasado mes de julio algunos sueldos no llegan ni al salario mínimo local, aunque este caso, la Administración asegura que está tramitando la correspondiente subida anual, explican fuentes de Exteriores. Los trabajadores del consulado hicieron 35 días de huelga en junio y julio y preparan otra en noviembre si no se atienden sus reivindicaciones.

Estos ocho trabajadores han logrado el apoyo del Defensor del Pueblo, que se ha interesado por su caso en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. En Australia, dicen, la inflación acumulada desde 2009 es del 20 % y los sueldos han subido un 25 % y un 36,4 % en el sector público.

Los sindicatos pretenden también que la presión ejercida sirva para abrir una negociación que solucione el "caos salarial" y ordene los puestos de trabajo y los sueldos por categorías y zonas geográficas. De hecho, una de las quejas de los trabajadores de Sidney es que sus colegas de Canberra cobran sueldos hasta 10.000 euros más altos teniendo la misma categoría.

Actualmente, la ley solo dice que "el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará y, en su caso, actualizará las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específica de cada país". Así consta en los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Según estimaciones sindicales, un 60 por ciento de los afectados son españoles y el resto locales de cada país.

Trabajadores de la AECID

Desde el pasado junio, embajadas, consulados y oficinas en Suecia, Finlandia, Nicaragua o Australia han sido también escenario de huelgas, y también lo hicieron los trabajadores de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que reclaman que se les apliquen medidas para compensar la inflación o las fluctuaciones cambiarias que sí tienen tipificados otros colectivos.

En este caso, sus representantes denunciaron el pasado septiembre que la AECID ha pasado a tener los sueldos más bajos entre las oficinas de cooperación y a ello se suma los recortes que se implantaron hace cinco años para trabajadores y también para funcionarios, entre ellos el dejar de tener derecho a un billete de avión al año para viajar a España o el fin de los gastos de instalación.

El pasado septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó en el Senado que espera que el presupuesto de la AECID pueda mejorar algo el año que viene, y que está trabajando con el Ministerio de Hacienda "para que en la medida en que las circunstancias lo permitan esos derechos puedan ser restaurados". No obstante, por el momento no habrá nuevos Presupuestos para 2018, sino que el Gobierno ha prorrogado los de 2017.

España rebaja el tono y afloja la presión sobre Gibraltar en la larga antesala del Brexit, que deberá culminar en marzo de 2019. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis (PP), ha marcado prioridades propias y un discurso distinto al de su antecesor, José Manuel García Margallo, sobre la espinosa cuestión del Peñón, un cambio apreciado e incluso agradecido por el Gobierno de Gibraltar. Los alcaldes del entorno de la Roca, así como sindicatos y asociaciones empresariales, presionan al Gobierno para que facilite un Brexit blando para el Peñón, un motor económico del que depende la cuarta parte de la PIB de una comarca, el Campo de Gibraltar, de más de 250.000 habitantes y castigada por el paro y la escasez de alternativas económicas. Dastis, que ha abandonado la retórica amenazante y despectiva de su antecesor, ha situado la necesidad de amortiguar el impacto del Brexit en ciudades como Algeciras y la Línea como objetivo básico de su gestión del problema.

Margallo ponía al frente de todas sus preocupaciones la cosoberanía o soberanía compartida, una propuesta con pocos visos reales de ser aceptada por Londres y rechazada de plano por la mayoría de los gibraltareños y sus autoridades. Al mismo tiempo el ex ministro advertía de que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea la verja con Gibraltar se convertiría en una frontera exterior de la que España tendría el control, lo cual sonaba a amenaza de obstaculización del tránsito de personas y mercancías.

La verja es un valioso instrumento de presión en manos de España. La perspectiva de su utilización política resulta inquietante para la comarca del Campo de Gibraltar, uno de cuyos principales activos es la proximidad económica del Peñón. Pesa en la zona el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, de desastrosas consecuencias, que ha dejado un profundo trauma en la zona. Dastis, que no ha renunciado a la cosoberanía pero hace mucho menos hincapié en la misma que Margallo, se esfuerza en disipar estos temores y subraya su preferencia por un Brexit controlado que minimice el impacto en la comarca. "España no va a cerrar la Verja. No se desea perjudicar la vida diaria de los ciudadanos", señala Exteriores a infoLibre.

El vecindario, antes que la patria

El vecindario va antes que la patria y el empleo antes que la bandera. Dicho de otro modo: el pragmatismo se está imponiendo al esencialismo. "Yo soy de 'Gibraltar español', pero hay que ser inteligentes", afirmó Dastis en febrero, una frase impensable en Margallo.

En otra ocasión, el 28 de septiembre pasado, Dastis se soltó aún más. "Uno puede comprender a Gibraltar, mire lo que tenemos al otro lado de la verja. ¿Usted cree que quieren ser como esa otra gente?", afirmó en una respuesta al público durante una conferencia en Madrid, una declaración que –admitió– podía parecer una "herejía", pero que era lógica teniendo en cuenta la "degradación" de La Línea de la Concepción (Cádiz, 64.000 habitantes), la vecina española de Gibraltar.

Declaraciones duras, pero que pasaron desapercibidas, porque la crisis catalana devora toda la atención. No obstante, ahí quedaron: el ministro de Exteriores español admitiendo que es normal que Gibraltar no quiera ser española, porque la comarca gaditana que rodea a la Roca pierde por comparación. "Yo soy muy sensible y me conmovió el alcalde de La Línea, que está entregado a su ciudad, porque dice que su ciudad se muere", añadió Dastis.

61.000 frente a 16.000 euros per cápita

El ministro es de Jerez de la Frontera (Cádiz). El Campo de Gibraltar le pilla cerca. Lo conoce, no habla de oídas. Sabe que, al margen del enquistado conflicto diplomático entre Reino Unido y España por la soberanía de Gibraltar, la Roca tiene una microrrelación especial con este trozo de España. Margallo conocía menos esta realidad. Por eso la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, donde hay también alcaldes de su partido, le había entregado en octubre de 2016 un informe explicativo de la situación que pretendía dos cosas: una) dejar constancia ante el ministerio de la particular relación de la comarca con Gibraltar y del impacto de su salida de la UE; dos) pedir medidas compensatorias. Los datos que incluye el informe explican la modulación de la postura diplomática española, al tiempo que ilustran hasta qué punto una salida traumática de Gibraltar de la UE sería un latigazo para su entorno español.

El estudio recoge que Gibraltar, con 29.000 habitantes, tiene una renta per cápita de 61.000 euros y una tasa de paro prácticamente inexistente. El Campo de Gibraltar suma 265.000 habitantes, una renta per cápita de 16.000 euros y una tasa de paro del 32%. De los desempleados, un 92% no tiene formación secundaria. Hay un abismo a un lado y otro de la verja. ¿Por qué iba a querer Gibraltar saltar?

El turismo, el tráfico portuario y las empresas online, así como las exenciones y beneficios fiscales derivados de su particular estatus jurídico-político, hacen de la Roca una pequeña potencia económica, cuya riqueza irradia hacia toda la comarca. 10.000 trabajadores españoles, la mayoría de La Línea de la Concepción, cruzan cada día la verja para trabajar en los siete kilómetros cuadrados de la Roca. Un informe de la Cámara de Comercio de Gibraltar cifró la aportación del Peñón a la comarca en 2013 en casi 1.000 millones de euros, un 25% del PIB de la comarca. Los efectos del Brexit ya se notan. La devaluación de la libra en relación al euro está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores españoles en Gibraltar.

Medidas compensatorias

En el informe entregado en octubre a Margallo, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar reclama al Gobierno medidas ante los posibles efectos del Brexit: un plan de empleo, programas de formación, estrategias de desarrollo, inversiones –es crónico el déficit de las conexiones ferroviarias del puerto de Algeciras... La medida solicitada de mayor impacto es el reconocimiento de un régimen fiscal especial para atraer empresas y actividad económica.

"En el Campo de Gibraltar hay 30.000 parados, más de un 30% de la población activa. Hay que tener en cuenta que Gibraltar es también una gran empresa, que da trabajo a 10.000 personas. Cualquier repercusión negativa nos perjudicaría", señala Luis Ángel Fernández, concejal en Algeciras y presidente de la mancomunidad. "Ya hubo una experiencia negativa, como el cierre de la verja, y no queremos que se repita. Necesitamos alternativas de desarrollo. Somos una zona con suelo industrial, ideal para actividad logística. Sería muy importante una bonificación del impuesto de sociedades", señala.

De momento nada de eso ha llegado. No obstante, Dastis se muestra receptivo a este discurso. A diferencia de Margallo, nunca utiliza el control de la verja en términos amenazantes. Atrás quedan los tiempos en que Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar y líder de los socialistas, advertía a los gibraltareños de la supuesta intención de cerrar la verja de Margallo, que llegó a ser un personaje tremendamente impopular en la Roca, cuyos periódicos lo mostraban como ejemplo paradigmático de soberbia española. Ahora Picardo dedica incluso palabras de agradecimiento a Dastis, como hizo en su comparecencia en la ONU el pasado 3 de octubre.

Una "microrrelación" especial

Fernández, el presidente de la mancomunidad del Campo de Gibraltar, es del PP, que gobierna en Algeciras (120.000 habitantes). En su discurso no entra a decirle al Gobierno lo que tiene que hacer en cuestiones diplomáticas, competencia estatal de la que hace "seguidismo". "Nosotros lo que queremos son relaciones de buena vecindad y cooperación económica. Si ellos [los gibraltareños] quieren venir a comer o al cine, no queremos que tengan tiempos adicionales en la verja. Hay que tener en cuenta que hay una microrrelación especial. Las basuras de Gibraltar se depositan y reciclan en nuestro vertedero. Ellos pertenecen el Instituto de Estudios Campogibraltareños, compartimos los Juegos del Estrecho, en los que también están Ceuta y Tánger...", enumera Fernández, que pide que, pase lo que pase, haya "una frontera fluida y permeable". La verja, ni tocarla.

La Línea (La Línea 100x100, independiente), San Roque (PSOE), Los Barrios (Partido Andalucista), Jimena (PSOE), Tarifa (PSOE) y Castellar (IU) completan la comarca junto a Algeciras. Todos los alcaldes le piden a Dastis medidas compensatorias y sensibilidad con la zona. A pesar del cambio de tono y de actitud de Dastis, los alcaldes de partidos distintos al PP mantienen un discurso crítico, al considerar que la supuesta apuesta del Gobierno por la zona se reduce a declaraciones de intenciones. Exteriores lo desmiente. "El Campo de Gibraltar necesita atención especial con o sin Brexit; hay que saber aprovechar todas las oportunidades económicas que ofrece el Campo y para es eso es necesario procurar la mejora de las infraestructuras y estudiar nuevas formas de apoyo al Campo, que es lo que se está haciendo. Algunas de estas medidas [...] ya están en marcha, como las mejoras en la vía férrea Algeciras-Bobadilla [...]", explica el departamento de Dastis.

Los sindicatos a uno y otro lado de la verja también presionan por un Brexit blando. CCOO, UGT, Unite-The Union y The Teacher's Union colaboran en el Consejo Interregional del Sur. "Hay una serie de riesgos objetivos para los trabajadores a uno y otro lado que hay que abordar con seriedad. La afectación a los trabajadores de un Brexit duro sería mayor. En el turismo, en la industria del juego... Y además los llanitos [como se conoce a los gibraltareños en la zona] son una parte importante de la clientela de las empresas de la comarca", afirma Manuel Triano, secretario de CCOO en la zona, que no quiere que el escollo –en apariencia insalvable– de la negativa de Reino Unido a sentarse siquiera a hablar de cosoberanía derive en un conflicto que acabe afectando a los trabajadores.

Una difícil aspiración de cosoberanía

El Gobierno de España considera –y consideraba también cuando estaba el PSOE– que Gibraltar es una colonia y en realidad pertenece a España. Los sucesivos presidentes del Gobierno mantienen ante Londres una reclamación de la cosoberanía sobre la Roca, que diplomáticamente es firme pero políticamente es más bien retórica, puesto que Reino Unido no entra ni a considerar la posibilidad. De hecho ahora mismo la posibilidad, ya de por sí remota, está más lejos que nunca, explica Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. "Antes Reino Unido decía que cualquier acuerdo tenía que pasar por que los gibraltareños estuviesen a su vez de acuerdo; ahora dicen que los gibraltareños tienen que dar su conformidad sólo para empezar a negociar", señala Del Valle. Y no existe tal voluntad de negociar. Picardo es terminante en su negativa. En 2002 hubo un referéndum sobre la posibilidad de aceptar la cosoberanía con España: el sí obtuvo un 1,03%, frente a un 98,48% del no. No quieren ser España ni en pintura.

Los llanitos quieren ser británicos. Les va bien así. Desde 1973 Gibraltar está integrada en la UE como territorio británico de ultramar con un estatus especial. El Peñón dispone de las ventajas del club –tratados comerciales, libre circulación de personas y empresas, ayudas y fondos comunitarios...– , pero también de beneficios añadidos como la exención del IVA y la independencia de la unión aduanera, entre otros. Gibraltar no sólo ha desarrollado una notable oferta de servicios y un turismo pujante atraído en parte por la venta de productos sin IVA, sino también una legislación fiscal que la ha convertido en un dinámico centro financiero off-shore, aunque la UE no lo considera paraíso fiscal. El impuesto de sociedades es mínimo en comparación con España. Hay más de una empresa por cada dos habitantes. Económicamente es una cañón. El contraste con su mortecino entorno español es palmario. A la hora de atraer empresas, la comarca tiene cerca un competidor irresistible, con una oferta fiscal inigualable. En ese sentido, Gibraltar penaliza a su entorno español. Esto puede merecer la pena si hay luego compensaciones en forma de actividad económica. Pero no si un Brexit por las malas acabara afectando a la verja.

Un Peñón 'antibrexit'

Con su atractivo estatus europeo, ¿cómo iba Gibraltar querer salirse de la UE? Si el resultado global del referéndum fue de 17,4 millones a favor de la salida frente a 16,1 millones a favor de la permanencia, en el Peñón 19.322 personas votaron por la permanencia, el 95,9%, mientras sólo 823 votaron leave. Arrasó quedarse en la UE. Pero con los resultados globales en la mano, a Gibraltar le toca salir de la manita con el Reino Unido. Desde el minuto siguiente a la proclamación de los resultados, Picardo emprendió una campaña para reclamar la permanencia de Gibraltar en la UE, o al menos el mantenimiento de un estatus especial. El Gobierno de España se opone. Entiende que Gibraltar no debe ni siquiera formar parte de las negociaciones de salida de la UE.

Margallo aprovechó la posición de mayor debilidad de Gibraltar tras el Brexit para redoblar su ofensiva por la cosoberanía. Su insistencia llevó a provocar tensiones con Reino Unido. "Pondré la bandera [de España] en Gibraltar mucho antes de lo que Picardo cree", proclamó Margallo en octubre del año pasado, suscitando la reacción de su homólogo británico, Boris Johnson. Margallo realizó también comentarios sobre el contrabando –"Aunque en Gibraltar fumaran todos los monos no podrían consumir tanto tabaco"– o para justificar el cierre del Instituto Cervantes por parte del Gobierno del PP –"En Gibraltar salvos los simios todos hablan español"– que causaron protestas del Gobierno de Gibraltar.

Mejores formas, mismas carencias

Dastis ha desechado esa retórica. Los comentarios de índole patriótica más o menos chistosos con monos de por medio han desaparecido. El propio Gobierno de Gibraltar, a través de un portavoz, admite el cambio entre un ministro y otro y destaca las distintas manifestaciones de Dastis subrayando que el Brexit no debe perjudicar a los trabajadores del Campo de Gibraltar. No obstante, esto no significa que las relaciones entre España y Gibraltar sean fluidas. Es más, oficialmente no existen. No hay interlocución, aunque Exteriores señala que no por su culpa. "Hemos propuesto al Reino Unido la creación de grupos de trabajo técnico ad hoc con presencia de España, Reino Unido, autoridades autonómicas y locales españolas y autoridades locales gibraltareñas", explica el ministerio.

Lo indudable es que en la era Rajoy el Gobierno ha apostado por marcar la máxima distancia posible con Gibraltar. Además del cierre del Instituto Cervantes en 2015, el Gobierno fulminó en 2012 el Foro Tripartito (Reino Unido-España-Gibraltar) que había impulsado José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que daba un estatus diplomático a Gibraltar que no le correspondía. "Ahora mismo no hay una estructura institucional mínima para la colaboración, para abordar temas de convivencia transfronteriza. Nada. Absolutamente cero. Y los movimientos del Gobierno se han percibido en Gibraltar como confrontación", señala el catedrático Del Valle.

Esta falta de espacios de interlocución y colaboración contrasta con la gran cantidad de elementos de interés común: problemas medioambientales, atraque de submarinos nucleares, contrabando... "La negociación sobre la soberanía está bloqueada y la cooperación transfronteriza no existe", resume Del Valle, que pide que al menos haya un acuerdo de mínimos para establecer unas reglas básicas de convivencia y cooperación, relegando los litigios diplomáticos profundos.

Del Valle ha realizado una aportación original al siempre enconado debate sobre el estatus político de Gibraltar. En un artículo elaborado para el Real Instituto Elcano, el catedrático propone una soberanía compartida de Gibraltar como “Ciudad de las Coronas Británica y Española”, con un estatuto asociado y coordinado por la UE. A su juicio, ello podría dar una solución a la prioridad de cada una de las partes. Así lo explica en su artículo: "Para España, la recuperación de alguna forma de la soberanía sobre la ciudad perdida del Reino; para el Reino Unido, el mantenimiento de sus bases militares y de inteligencia; y, en fin, para Gibraltar, ser consultado y poder decidir su futuro respetando su identidad específica". Como se ve, Cataluña es el mayor, pero no el único frente identitario abierto para el Gobierno.

El Consejo de Ministros acordó este viernes no continuar con el procedimiento de extradición a Turquía del periodista Dogan Akhanli, de nacionalidad alemana, detenido en agosto en Granada en virtud de una petición turca. El Gobierno tomó esta decisión por tener Akhanli estatuto de asilado en Alemania, informa Europa Press.

El Ejecutivo tomó idéntica decisión el pasado 29 de septiembre en el caso del también periodista Hamza Yalçín, que tiene asilo en Suecia. Ambos casos se habían convertido en un asunto delicado para el Gobierno y la oposición había reclamado que no se les extraditase, después de haber sido detenidos en virtud de órdenes internacionales de detención difundidas por Interpol a petición de Turquía.

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, habló de estos casos con sus homólogos de Alemania y Suecia, según desveló él mismo a principios de septiembre en la Comisión de Exteriores del Congreso. Dastis les aseguró a ambos que si la Audiencia Nacional enviaba al Gobierno un expediente para la extradición lo mirarían "con todo detalle y todos los elementos en juego" para tomar "la decisión más apropiada".

El ministro también aseguró al Congreso que en el seno de la UE iba a celebrarse una "discusión sobre si Interpol está siendo utilizada de manera inapropiada". Y apuntó que si España cumple las órdenes difundidas por este organismo "con más automatismo que otros países" –que no detuvieron a estos periodistas– es tal vez por su "especial sensibilidad" con cuestiones de terrorismo, de manera que tal vez tendría que poner "un filtro".

En libertad provisional desde agosto

Akhanli fue detenido el 19 de agosto en Granada y, un día más tarde, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional dictó auto de libertad provisional, situación en la que permanece en la actualidad.

La condición de asilado es causa de denegación de una petición de extradición y, conforme a la documentación aportada al expediente por las autoridades alemanas, a Dogan Akhanli le fue reconocida en 1993 la condición de refugiado con derecho de asilo.

Posteriormente en 2001, y tras haber sido privado de su nacionalidad turca de origen, se le concedió la nacionalidad alemana para así reforzar la protección de que hasta entonces había gozado en su condición de de refugiado político. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia entiende "que las razones que motivaron en su momento la concesión del asilo para el reclamado se mantienen en la actualidad".

El Gobierno central está teniendo serios problemas para que su relato se imponga al de los independentistas en la batalla comunicativa que se ha desatado de cara al referéndum del 1 de octubre. Así se lo ha trasladado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, a una veintena de corresponsales extranjeros con los que se ha reunido en Madrid. "Ha admitido que quizá el Ejecutivo, que se está dedicando a contar lo que hay y dejar actuar a la justicia, está teniendo dificultades de comunicación a la hora de hacer frente al mensaje de Cataluña, muy claro y fácil de transmitir", sostienen en conversación con infoLibre fuentes conocedoras del encuentro. "Es muy fácil decir que el Gobierno está siendo opresor o que votar es un derecho democrático", ha dicho Dastis, que ha criticado, según otras fuentes, las "mentiras" con las que está jugando el encuentro en los medios el sector soberanista catalán.

La reunión, que arrancó a mediodía en el Palacio de Viana, residencia oficial del ministro, se prolongó durante casi hora y media y giró casi por completo en torno al referéndum del 1-O. Sin embargo, la cita no convenció a los corresponsales. "Nos han dicho que todo en off the record pero, sin embargo, no han contado novedades ni nada mínimamente trascendente", reconoce uno de los asistentes a la cita, que explica que "una gran parte" del encuentro han sido "perogrulladas y evasivas". "Honestamente, no sé ni para qué nos han convocado", añade otro corresponsal en conversación con este diario. "Gran parte del problema se encuentra en el off the record. Cuando sólo tenemos a la Generalitat dando declaraciones on the record, pues entonces se produce cierto desequilibrio en el relato. Si tuviéramos la posibilidad de recoger la versión de las dos partes...", señalan otras fuentes.

La reunión con Dastis a menos de una semana de la hipotética consulta es la tercera que el Ejecutivo conservador organiza con corresponsales extranjeros en las dos últimas semanas. La primera fue el pasado 7 de septiembre con el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que mantuvo una conversación a puerta cerrada durante más de una hora. La segunda, tal y como desveló El Confidencial fue con la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, y con el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el pasado 13 de septiembre. El Gobierno es consciente de las dificultades que está teniendo a la hora de vender su posición de cara al exterior y se está empleando a fondo para intentar remontar la situación. "Aunque es cierto que de vez en cuando nos invitan a este tipo de eventos, no es normal que organicen en dos semanas tres reuniones con nosotros. No es el procedimiento habitual en absoluto", reconocen un asistente.

¿Preocupación en Europa?

Otros miembros del Ejecutivo van incluso más allá que Dastis y admiten en conversaciones privadas que la batalla mediática fuera de las fronteras españolas está perdida definitivamente. Sin embargo, sostienen que Rajoy tiene ganado el enfrentamiento político a nivel internacional. A pesar de que en las últimas dos semanas sólo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha pronunciado abiertamente sobre la consulta del 1-O, estos miembros recuerdan que en lo que va de año sí que se han producido diferentes muestras de respaldo al Gobierno central. Por ello, el PP ha recogido en su argumentario de este lunes, al que ha tenido acceso infoLibre, declaraciones de cuatro líderes internacionales –Antonio Tajani, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Paolo Gentiloni– apostando por la unidad territorial.

Según varios asistentes a la reunión de este lunes, el ministro de Exteriores también fue cuestionado sobre la opinión de los colegas europeos. "Dijo que estaba satisfecho con los apoyos recibidos y que no esperaba más mensajes del entorno europeo", explican las fuentes consultadas por este diario, que añaden que Dastis ha asegurado que ninguno de los socios del Viejo Continente le ha trasladado "preocupación" ni sobre lo que vaya a pasar el 1-O ni tampoco sobre la opción de que la consulta "pueda prender en Europa". Algo que contrasta con las declaraciones que el pasado viernes realizó el jefe de gabinete de Juncker, Martin Selmyr, durante un debate organizado por el think tank Centre por European Policy Studies, donde admitió que la Comisión Europea está siguiendo "con preocupación" la situación en Cataluña.

Votación alternativa y reforma constitucional

Durante más de una hora, ministro y corresponsales estuvieron charlando sobre la crisis catalana. A medida que avanzó la conversación, la pregunta del millón se colocó sobre la mesa: ¿Qué va a pasar el 1-O? Aunque Dastis trató en un primer momento de esquivar la cuestión –"Es difícil hacer predicciones", dijo–, finalmente el titular de Exteriores, según señalan asistentes al encuentro, afirmó que él cree que se organizará una especie de votación alternativa al referéndum. "Dijo que podía haber una especie de jornada festiva en la que se montasen tenderetes en las plazas y un sucedáneo de votación", apunta uno de los corresponsales. El ministro se salió de este modo del guión oficial del Gobierno, que ha repetido por activa y por pasiva que el próximo 1 de octubre no se celebrará ningún tipo de consulta.

El titular de Exteriores, completan las mismas fuentes, rechazó por completo que se vaya a producir una declaración unilateral de independencia –"No creo, aunque muchas locuras se han hecho en el pasado"– y se mostró "preocupado" ante los periodistas por si el próximo domingo "se repiten actos violentos" en Cataluña. Y también dio su opinión sobre la posibilidad de una reforma constitucional. Sin embargo, en este sentido los puntos de vista de los asistentes difieren. Unos señalan que ha apoyado esta vía de salida al conflicto "de manera más clara que otros ministros". Otros, sostienen que ha expresado que aunque la disposición de revisar el sistema autonómico "es sincera" él apuesta por "retoques mínimos" que no entren en la Carta Magna.