El vocal a propuesta del PP en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial Gerardo Martínez Tristán fue uno de los magistrados que aprobaron en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la designación de los jueces y secretarios que cobraron las dietas de la Comunidad de Madrid, según confirmaron a infoLibre fuentes del propio Poder Judicial, que especifican que la reunión se celebró el 28 de noviembre de 2011.

La Sala de Gobierno la componían entonces, además de Francisco Vieira como presidente del TSJM y Martínez Tristán, en calidad de máximo responsable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; el presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andrés; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer; y el juez decano, José Luis González Armengol, según informa el diario Confilegal.com.

Y en esa reunión, los magistrados acordaron designar a los jueces que iban a formar parte de los grupos de trabajo con la Comunidad de Madrid. El diario El País publicó quejueces, fiscales y otros funcionarios adscritos al TSJ recibieron más de 200.00 euros de la Comunidad de Madrid. Y lo recibieron de forma directa o indirecta con la participación de la empresa Indra. Precisamente, el TSJ es el órgano que se encarga de investigar a los aforados del Gobierno madrleño, presidido por Ignacio González (PP).

Comité Permanente

En concreto, el trabajo de los magistrados consistió en el desarrollo de una herramienta informática en decanatos y órganos judiciales que se puso en marcha en 2010. Asimismo, nueve juristas que conformaban el denominado Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados y tribunales de Madrid (integrado por tres jueces y seis secretarios) percibieron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno (27.000 en total).

La actuación de Martínez Tristán, marido de la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por María Dolores de Cospedal, fue muy polémica al pretender que todos los recursos presentados contra la privatización de la Sanidad madrileña se decidieran en el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que él presidía. El PSOE llegó a plantear la recusación de Martínez Tristán por su proximidad al PP. Al final, este magistrado acabó siendo propuesta como vocal del Poder Judicial, en donde ahora se le considera la mano derecha u hombre de confianza del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Servicio de Inspección

La Comisión Permanente, de la que forma parte Martínez Tristán, fue la encargada de enviar este caso al Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero. También este mismo órgano reclamó al Servicio de Inspección del Poder Judicial que elaborara un informe, confirman a este diario fuentes oficiales del Consejo. Según el diario Confilegal.com este servicio ya ha iniciado sus pesquisas con entrevistas a los magistrados que participaron en los trabajos.

infoLibre se ha puesto en contacto con un magistrado, de reconocido prestigio, que explicó que lo prudente por parte de Martínez Tristán habría sido abstenerse: "Que la Comisión Permanente reclame un informe podría parecer neutro, pero realmente debería de abstenerse. No era necesario que se encargara este informe, ya que Martínez Tristán que estaba ahí mismo, podía informar del tema", completa el juez que reclama anonimato.

Pero el papel de Martínez Tristán como integrante de la Comisión Permanente del Poder Judicial podría tener un mayor peso. Esta comisión tendría la facultad de obligar al instructor a que reabriera el caso si éste hubiera decidido archivarlo. Y en caso de que la comisión disciplinaria acordara una sanción, el recurso tendría que ser resuelto por la Comisión PermanenteComisión Permanente.

Declaradas a Hacienda

Según reconoció Vieira en una nota de prensa, la intervención de los magistrados ha sido "esencial" para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas "adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración". También aseguró que todas las cantidades percibidas habían sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.

Asimismo, Vieira explicó que desde un principio entendió que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorizaciónCGPJ o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343".

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Miguel Blesa, Cristina de Borbón, Ignacio González, Luis Bárcenas y Mariano Rajoy. | Europa Press

44,5%. El porcentaje es todo un síntoma del malestar. 

Afloró en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo de 2013. Un 44,5% de los ciudadanos mentó la corrupción como su preocupación más importante. Nunca se había hallado una cifra similar en los registros del organismo público, ni siquiera en las postrimerías del Gobierno de Felipe González –el máximo se marcó en enero de 1995, un 33,5%–. Las razones que explicaron el pico récord tienen nombre propio: papeles de Bárcenas, caso Urdangarin, caso ERE... Escándalos mayúsculos que recorrieron todo 2013, de principio a fin, en un ciclo que culmina, en diciembre, con la aparición de los correos secretos de Miguel Blesa, que vinieron a demostrar la ruinosa gestión de una caja pública que al final tuvo que ser rescatada con el dinero de todos. Caja Madrid y Bankia como epítome del fracaso de una parte de un sistema financiero podrido. 

Descubrir, desentrañar y relatar estos y otros tantos escándalos –la privatización de la sanidad, las pensiones de oro de los banqueros, el controvertido ático de Ignacio González, el expediente de registrador de Mariano Rajoy, el expolio de Telemadrid, el desfile de los directivos de banca por los juzgados...– ha sido un objetivo clave de infoLibre desde su nacimiento, el 7 de marzo de 2013. Ahora, cuando el año se acaba, toca hacer resumen, glosar las líneas maestras de unos casos con gran repercusión mediática y, a la vista está, en la opinión pública. Algunos comparten protagonistas, muchas historias se cruzan y todas tienen en común que no se ha escrito su última línea, su final abierto. Por ahora. 

01. LAS VUELTAS DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

Fue la primera exclusiva de infoLibre, la que acompañó su lanzamiento, el pasado 7 de marzo: Capio, el gigante de la sanidad privatizada en Madrid, hunde sus raíces en un territorio opaco y considerado paraíso fiscal por España hasta 2005: las Islas Caimán. Allí tienen su sede las cinco filiales de CVC que dominan la empresa (hoy llamada IDC Salud). Como contó este diario, la holandesa HC Investments BV  controla el 100% de Capio Sanidad Holding SL, la cabecera en España del grupo. A su vez, HC Investments BV está controlada al 100% por una empresa radicada en Luxemburgo, HC Investments sàrl. Y si se sigue tirando del hilo hacia arriba, como si se tratara de una muñeca rusa, se llega a las cinco filiales instrumentales de CVC residenciadas en el archipiélago caribeño. Capio (hoy llamada IDC Salud) nunca ha explicado por qué un operador dedicado a la gestión privada de la sanidad pública necesita esconderse en una compleja trama societaria cuyo último cabo se halla en las Caimán. 

Meses después, en junio, el magistrado titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, cursó una comisión rogatoria a las autoridades de Luxemburgo "a fin de que informen de los accionistas, socios, administradores y apoderados de la compañía HC Investments BV y de su conexión con algún grupo de empresas". Sexmero pidió a este periódico los papeles que prueban la conexión de Capio con las Caimán. 

La privatización de seis hospitales públicos madrileños, un bocado goloso aprobado por el Gobierno de Ignacio González (PP), ha dado en 2013 no pocas vueltas. Su suerte se ha ido discutiendo en los tribunales, en las instituciones y, también, en la calle, donde las sucesivas manifestaciones multitudinarias de la marea blanca han evidenciado la oposición de los profesionales sanitarios. En septiembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó cautelarmente el proceso. Los jueces en este caso estimaron el recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), y entendieron que si la externalización seguía adelante podrían darse situaciones "irreversibles" o "de difícil o costosa reversibilidad". El TSJM no entró al fondo de la cuestión, aunque sí advirtió de que la "modificación sustancial de las condiciones" ejecutada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad a cuatro días de que se cerrase el plazo de presentación de documentación para las empresas ofertantes –rebajó la fianza del 5% del total del contrato, a diez años, al 5% del primer año– podría haber "limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva". 

La batalla no se paró ahí. Como adelantó infoLibre, el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM, Francisco Gerardo Martínez Tristán, dictó una resolución el 11 de octubre, por la que ordenó que todos los recursos sobre la privatización de los seis hospitales quedasen bajo su control. Martínez Tristán está casado con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno manchego de María Dolores de Cospedal. El Partido Socialista de Madrid (PSM) le recusó de inmediato y ya entonces apuntó que se postulaba para ser elegido por el PP como vocal para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sólo hizo falta esperar. Al final, los conservadores le incluyeron en su lista y Martínez Tristán entró en el órgano de gobierno de los jueces. Su nombramiento provocó, de camino, un enfrentamiento entre el PSM y el PSOE, que al final se ventiló con la marcha de Tomás Gómez del Senado. 

El PSM, en cuanto se produjo la votación del magistrado, amplió su escrito contra él. Pero la Sala de Recusaciones del TSJM desestimó las alegaciones del partido en su auto del 10 de diciembre, por entender que no eran suficientes para "destruir la presunción de inocencia" que asiste a Martínez Tristán. Es un "recelo sustentado en presunciones y cábalas", concluyeron los jueces. Que el magistrado esté casado con una consejera del PP no le convierte, "ya directamente, en persona interesada en la resolución del procedimiento". Su apariencia de imparcialidad sólo podría verse "comprometida" por los actos propios del magistrado, no por una "mera relación de matrimonio" con una persona que no es parte. La Sala también despreció el argumento de que estuviera contaminado por ser vocal del CGPJ a propuesta del PP, porque su elección no tiene por qué suponer que "vulnere" sus deberes como juez. 

La marea blanca rodea la Puerta de Alcalá para abrazar la sanidad pública y universal | EFE

Martínez Tristán fue elegido el pasado 20 de diciembre miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes. Este órgano centraliza todo el poder del Consejo, y sus integrantes lo son a tiempo completo, con dedicación exclusiva. Él, por tanto, ya no será quien presida el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo –50 magistrados– que, el 9 y de 10 de enero, decidirá la suerte de los siete recursos vivos contra la externalización sanitaria. Le sustituirá Miguel Ángel Vela, por ser el magistrado de más antigüedad en la sala.

En paralelo, hay otro proceso que sigue adelante: la imputación de los exconsejeros de Sanidad madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes por dar los primeros pasos en la privatización sanitaria en los hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Torrejón de Ardoz. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, dictó un auto en octubre por el que mantuvo la imputación, por prevaricación y cohecho, que endosó a ambos en junio.

02. EL TESORO OCULTO DE BÁRCENAS Y LOS SUELDOS DEL PP

Luis Bárcenas ha marcado 2013 de principio a fin. Más aún para el PP, al que ha condicionado toda su agenda política y del que ha intentado salir al paso a trompicones, y casi siempre de forma improvisada. La primera revelación llegó el 16 de enero, cuando trascendió que el extesorero llegó a tener 22 millones de euros en Suiza. A partir de ahí se desató la vorágine: El Mundo publicó que Bárcenas pagó durante años sobresueldos en negro a parte de la cúpula del PP, y el 31 de enero El PaísEl País difundió los papeles secretos, en los que se recogen supuestos pagos a las cúpulas del partido entre 1990 y 2009 y supuestas donaciones irregulares de empresarios. Mariano Rajoy, por toda respuesta, lo negó todo al principio: "Es falso". Al cabo de pocas horas, pasó al "todo es falso, salvo alguna cosa". 

El partido fue convulsionando al mismo tiempo que avanzaban las revelaciones periodísticas y también las judiciales, porque el caso, tras un conflicto de competencias en la Audiencia Nacional, recayó en Pablo Ruz. Desde febrero, se conoció que el PP siguió pagándole un sueldo a Bárcenas aun después de dejar su escaño en el Senado y de ser apartado de las labores de tesorería, que había ocultado en Suiza no 22 millones, sino 47, que el propio presidente del Gobierno había seguido en contacto con él incluso después de destaparse la fortuna que escondía en el país helvético ("Luis, sé fuerte. Mañana te llamaré")... La espiral de acontecimientos se agolpó contra Rajoy y su número dos, María Dolores de Cospedal, a quien su archienemigo Bárcenas acusó incluso de haber cobrado, como presidenta del PP de Castilla-La Mancha, una comisión ilegal de una empresa constructora que ganó el concurso de limpieza del Ayuntamiento de Toledo cuando lo gobernaban los conservadores. El extesorero, en prisión desde finales de junio, entregó al juez más documentos y afirmó incluso que entre 2009 y 2010 pagó 45.000 euros al líder del PP y otros 45.000 a Cospedal en negro. 

Las "mentiras" de Rajoy en relación con el caso Bárcenas concertaron a toda la oposición. Al final, el presidente, hostigado incluso por la amenaza de moción de censura anunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció el 1 de agosto en sede parlamentaria. Allí reconoció que había sido un error confiar en Bárcenas y creer en su inocencia, pero poco más. Desde entonces, el jefe del Ejecutivo se ha negado a nuevas comparecencias, con el argumento de que no había datos nuevos. Sí los ha habido: la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores del extesorero, pedidos por Ruz, ejecutada por el PP; los pagos en negro que reconoció el exgerente Cristóbal Páez, o la declaración de Cospedal ante el juez, en la que endosó a Rajoy y Javier Arenas la responsabilidad de la negociación de la salida de Bárcenas. 

El último capítulo del serial fue el registro durante 14 horas de la sede nacional del PP, ordenado por Ruz el pasado 19 de diciembre. Se puede definir como un antes y un después en el caso Bárcenas. Tras constatar que el PP no había aportado toda la documentación que obraba en su poder, el juez se vio obligado a ir a la calle de Génova a ir a por los documentos relacionados con la presunta contabilidad B del partido. Los conservadores se han empeñado en negar que la entrada del juez Ruz en su sede se tratara de un registro. Pero no han dado ninguna explicación de por qué no aportaron los papeles cuando habían sido requeridos. Ruz, que seguirá al menos otros seis meses en la Audiencia Nacional, también rechaza en su auto el intento del PP de utilizar a la Fiscalía Anticorrupción como intermediario para aportar documentos y escritos al caso, pues fueron expulsados como acusación popular hace ya varios meses. 

Uno de los muchos titulares que ha dejado este 2013 sobre el caso fue el de las altísimas retribuciones que el PP pagó durante años a sus dirigentes, reflejada en la contabilidad oficial que el partido entregó al juez, y que publicó infoLibre. Rajoy, por ejemplo, cobró, entre 2006 y 2011, 1.068.188 euros. Bárcenas, 1.107.395 euros y Páez, 1.051.336. Estos dos ya están fuera del partido. 

03. LAS PENSIONES DE LOS BANQUEROS

El Estado ya ha asumido que perderá el grueso de los 40.000 millones de euros aportados por Europa para rescatar a la banca española. Y eso que el Gobierno siempre juró y perjuró que las ayudas no costarían "ni un euro" a los contribuyentes. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el pasado julio, ya avanzó sus cálculos provisionales: se podían dar por enterrados más de 36.000 millones de euros. Una factura descomunal para un Ejecutivo que, sin embargo, no ha dudado en acometer durísimos recortes sociales. 

La enclenque situación del sector no impidió que en los últimos años las cúpulas directivas de bancos y cajas de ahorros intentaran asegurarse unas jubilaciones millonarias. Unas cifras que encajan mal con la pensión media de un jubilado en España: 986,16 euros en noviembre de 2013, según datos del Ministerio de Empleo. 

Alfredo Sáenz dejó su cargo de vicepresidente y consejero delegado del Santander el pasado abril tras haber acumulado unos derechos de cobro de 88,14 millones de euros. Sáenz había sido indultado por el Gobierno socialista en 2011 de su pena de tres meses de arresto e inhabilitación, pero el Supremo anuló posteriormente esa medida de gracia. 

No fue el único. El hoy presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se embolsó una pensión de tres millones de euros anuales cuando salió del BBVA en 2009, entidad en la que había trabajado durante 30 años. Una cantidad total de 52,5 millones de euros. Su jefe en el BBVA, Francisco González, de 69 años, ya tiene acumulados 79,7 millones de euros en derechos de pensión, que cobrará cuando cese en sus funciones ejecutivas. Su consejero delegado en el banco, Ángel Cano, ya atesora aportaciones para su jubilación de más de 22 millones de euros. Francisco Luzón, exresponsable de Latinoamérica del Santander, se retiró con 63 millones de euros bajo el brazo. 

Los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 2011 recogen abultadas pensiones en la cúpula del Santander: Emilio Botín (25 millones); Ana Patricia Botín (31,32 millones) o Matías Rodríguez Inciarte (44,5 millones). Pero los casos se han repetido con las retribuciones a futuro de las cajas intervenidas. Los ejemplos son múltiples: los 8,5 millones como fondo de pensiones para el ex director general de Caixa Galicia José Luis Méndez; de entre 200.000 y 350.000 euros anuales para Miguel Castillejo (CajaSur); Manuel Escribano (Caja Segovia); María Dolores Amorós (Caja de Ahorros del Mediterráneo) o Roberto López Abad (también de la CAM). 

Más datos para acabar de dibujar el paisaje: según un informe de la Comisión Europea publicado el pasado 20 de diciembre, España es el cuarto país de la UE que ha concedido más ayudas públicas para recapitalizar la banca desde el origen de la crisis, en 2008: un total de 60.000 millones, incluyendo la línea de crédito europea. Por delante sólo se ubican Reino Unido (82.000 millones); Alemania (64.000 millones) e Irlanda (63.000 millones). Los cuatro países suman 269.000 millones, la mitad del total de apoyo europeo a la banca (591.900 millones, el 4,6% del PIB de la UE). En el tercer puesto del ranking de los bancos que más fondos públicos han captado se halla Bankia (22.000 millones). El Banco de España también ofreció en septiembre el mismo balance: 61.366 millones de euros desde mayo de 2009. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un montante global más alto: 246.441 millones. ¿Por qué la diferencia? Porque incluye las ayudas públicas, los avales concedidos a las entidades y a la Sareb o banco malo para sus emisiones de deuda desde 2009 hasta mayo de 2013.

Francisco González, presidente del BBVA | EUROPA PRESS

Otro informe reciente: el de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), publicado el 26 de noviembre pasado y con cifras de 2012. Un total de 100 banqueros españoles gana más de un millón de euros al año. Esa cifra coloca a España como el quinto país de la Unión con mayor número de directivos de banca millonarios, por detrás del Reino Unido (hay 2.714), Alemania (212), Francia (177) e Italia (109). La retribución media de esos 100 ejecutivos españoles es de 2,16 millones de euros, la segunda más alta de la UE. A nuestro país sólo le gana Chipre (2,2 millones). El 58% del salario total de los banqueros españoles lo conforman los bonus y las remuneraciones variables. En total, sumando sueldo fijo y variable, cobraron 216,84 millones en 2012.

Según un estudio sobre las retribuciones en el sector financiero de CCOO, como publicó infoLibre, el presidente del BBVA, González, percibe 379 veces más que el trabajador que menos cobra de su banco. El del Santander, Botín, 371 veces más. El de La Caixa, Isidro Fainé, 141 veces más. La media en el mundo de la banca es de 76 veces.

El escándalo por la obscenidad en las retribuciones bancarias ha sido tal que el Gobierno y la UE han tenido que ponerles coto. En agosto de 2012, el Gobierno impuso un tope máximo de salario de 500.000 euros para los directivos de las entidades con ayudas (meses antes, en febrero, el listón estaba en los 600.000 euros). Y este 1 de enero de 2014 entra en vigor la norma que impone un umbral máximo a los bonus de los ejecutivos de banca: estos no podrán sobrepasar la cuantía del salario fijo. Sólo si los accionistas del banco lo autorizan, los bonus podrían alcanzar el doble del sueldo. El objetivo es evitar que los banqueros asuman riesgos excesivos, un factor que para Bruselas está en el origen de la crisis financiera. 

04. BANQUEROS EN EL BANQUILLO

Más de 200 directivos y empresarios de banca, según los datos recogidos por infoLibre, están imputados en la Audiencia Nacional o en juzgados de instrucción del país por el saqueo a las cajas, por delitos como evasión fiscal o administración desleal. Pero sólo dos han dado con sus huesos en prisión: Roberto López Abad, ex director general de la CAM, y Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Ninguno ha estado mucho tiempo en la cárcel. López Abad, menos de una semana, hasta que logró reunir la fianza de 1,5 millones de euros que el juez le impuso por desviar 247 millones de euros al paraíso fiscal caribeño de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). Blesa estuvo fugazmente entre rejas dos veces: en mayo, una noche –y salió tras depositar una fianza de 2,5 millones de euros–; en junio, 15 días, hasta que la Audiencia Provincial anuló el auto de prisión dictado por el juez Elpidio José Silva. El magistrado investigaba al expresidente de Caja Madrid por la compra del City National Bank de Florida y el crédito de 26,6 millones de euros concedido al ex jefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. López Abad y Blesa rompieron además un largo periodo de casi 19 años en que ningún banquero había pisado la cárcel: fue en diciembre de 1994 cuando el juez mandó a prisión a Mario Conde por el caso Banesto. 

Jueces y fiscales tienen bajo lupa a los gestores de casi una veintena de cajas de ahorros y bancos que formaron parte de un sistema financiero cuyas costuras estallaron desde 2009 y que necesitó los 61.000 millones largos del Estado y de la UE para poder sobrevivir. Cajas, por cierto, controladas por los dos grandes partidos, aunque también por Izquierda Unida. A muchos de estos banqueros se les acusa de haber diseñado un sistema perfecto para poder cobrar pensiones multimillonarias; otros, por enriquecimiento ilícito. 

Bankia (22.424 millones de dinero público) y Catalunya Banc (12.052), las dos entidades que más inyecciones han recibido, son las que tienen a más dirigentes imputados (36 y 54, respectivamente). Novacaixagalicia, la tercera entidad a la que se enchufaron más fondos públicos (8.198), cuenta con ocho imputados. 

En el caso de Bankia, todo el consejo de administración (32 personas, tras el fallecimiento de una de ellas), incluido su primer presidente, Rodrigo Rato, está imputado. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la fusión de las cajas que dieron lugar a Bankia y su polémica salida a bolsa. Pero el magistrado ha decidido en 2013 estudiar la comercialización de preferentes en Caja Madrid y Bancaja, para lo que ha imputado a otras cuatro personas, entre ellas a Blesa. En Catalunya Banc el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona imputó a los 54 directivos que gestionaban Caixa Catalunya en 2010, incluido el entonces presidente, el exministro socialista Narcís Serra, y el director general, Adolf Todó, por supuesta administración desleal, por haber aprobado aumentos retributivos pese a la "situación crítica" en que se hallaba la entidad. 

El último caso, conocido el pasado 23 de diciembre, es la imputación de siete exdirectivos de Caixa Laietana (hoy integrada en Bankia), ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró (Barcelona). La razón es la venta de preferentes, un producto de alto riesgo que ha atrapado a miles de ahorradores. Estos siete gerentes son los que elevan la cuenta a más de 200 personas. 

05. 'CASO URDANGARIN': LA INFANTA CRISTINA EN LA PICOTA

El foco del caso Nóos, una investigación que profundizó a partir de 2010 en la supuesta malversación de seis millones de euros al Instituto Nóos y su constelación de empresas satélite, basculó en 2013 de Iñaki Urdangarin a la infanta Cristina. Hasta el punto de que la clave fundamental aún por despejar es si la hija menor del rey será imputada por segunda vez o no. Una incógnita que el juez instructor, José Castro, despejará de forma inminente.

2013 despertó con la tanda de nuevos correos electrónicos que Diego Torres, socio de Urdangarin en el Instituto Nóos, entregó al magistrado. Torres, aparte de intentar demostrar el papel central del duque de Palma en la trama para desviar fondos procedentes de las instituciones públicas, buscaba evidenciar que tenía en su poder información sensible capaz de socavar la imagen de la monarquía, pues implicaban directamente al rey Juan Carlos. El fuego, en efecto, fue acechando a la Corona poco a poco. El 29 de enero, el juez citó a declarar como imputado al secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga. El asesor real, que ejerció de patrono y tesorero de Nóos, se vio implicado por las gestiones que pudo haber llevado a cabo dentro de Nóos y el conocimiento que pudo haber tenido de sus actividades. En uno de los emails entregado por Torres, el secretario exigió figurar como miembro de "la Casa de S. M. el Rey". En los correos también emergió el nombre de la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del monarca y participante en la promoción de eventos organizados por Urdangarin. 

El 23 de febrero, Urdangarin declaró por segunda vez ante el juez Castro en Palma. Desde el primer momento, quiso desvincular a la Casa del Rey de toda labor de protección de sus turbios negocios con ayudas públicas. "La Casa de S. M. el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Nóos", alegó ante el magistrado. Aseguró además que su mujer no hizo "absolutamente nada" como vocal de la junta directiva de Nóos. Se defendía así de las bombas lanzadas por Torres, que venían a apuntar que en la entidad teóricamente sin ánimo de lucro no se movía un papel sin que lo ignorara la Zarzuela. El exsocio de Urdangarin también reveló una presunta reunión en la Zarzuela (nunca desmentida) en 2004, que congregó a ambos jefes de Nóos, Francisco Camps y Rita Barberá, donde se fraguó la idea de organizar la primera Valencia Summit, la cumbre inaugural de una serie de tres cónclaves de menos de cuatro días en los que el instituto, aun siendo organizador, recibió un "canon" anual de 1,04 millones millones de euros. 

El 3 de abril, Castro imputó finalmente a la infanta. El juez consideró que había indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera utilizado por su marido y su socio en Nóos. En su auto, el juez señaló que un "cierre en falso" de la instrucción, no implicando a la hija menor del rey, dejando que la incógnita sobre su papel en los manejos de Urdangarin y Torres "se perpetúe" iría "en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales". 

La imputación de Cristina de Borbón abrió una brecha –aún no cerrada– entre Castro y el fiscal Anticorrupción que le había acompañado sin fisuras en toda la investigación del caso, Pedro Horrach. El representante del Ministerio Público anunció de inmediato que recurriría la decisión del magistrado. La Casa Real se deslindó de su habitual actitud de "respeto" a lo dictado por los tribunales: expresó su "sorpresa" por la imputación y mostró su "absoluta conformidad" con la impugnación de Horrach. La Abogacía del Estado se opuso igualmente a la imputación de la hija menor del monarca. A partir de entonces, se comprobó la movilización de todo el aparato del Estado en defensa de la infanta, poniendo en entredicho aquella afirmación de Juan Carlos en su mensaje de Navidad de 2011: "La Justicia es igual para todos". 

La reina Sofía y la infanta Cristina, a su salida de la Quirón tras visitar al rey, operado por segunda vez de la cadera izquierda, el pasado 23 de noviembre | EFE

Al final, la Audiencia de Palma dejó sin efecto la citación de Cristina el 7 de mayo. Pero el auto del tribunal no fue inocuo. Porque canceló la declaración de la infanta por los hechos que le atribuía Castro (básicamente, tráfico de influencias), pero abrió un nuevo frente de investigación: apuntó al juez que indagase si la hija del rey pudo incurrir en delitos fiscales y de blanqueo desde Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50% con su marido. 

La investigación de los bienes de la infanta tropezó con un escándalo mayúscula: la Agencia Tributaria remitió un informe al juez en el que atribuía a la hija del rey la venta de 13 fincas por un valor de 1,43 millones de euros. La Casa del Rey lo negó tajantemente y, al final, Hacienda tuvo que admitir que había cometido dos errores al volcar la información de su base de datos al documento entregado a Castro y culpó a los notarios de otros 11 fallos. El estropicio acabó fusilando a la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, quien dimitió el 28 de junio por "motivos personales". 

El fiscal rechazó el pasado 14 de noviembre una nueva imputación de Cristina, adelantándose por sorpresa al siguiente paso del juez: la petición a las partes de que se pronunciaran acerca de la conveniencia de una nueva citación, una vez conocidos más datos de cómo la infanta pudo aprovecharse de los ingresos obtenidos por Aizoon. El acusador público argumentó que no había aparecido ninguna nueva evidencia de que la hija menor de Juan Carlos pudo haber cometido delito fiscal o blanqueo de capitales. Todo eso eran "conjeturas" o "sospechas", dijo. Ahora habrá que esperar lo que diga el juez. Fuentes jurídicas apuntan que Castro, si da el paso y la imputa por segunda vez, es porque está convencido de que la Audiencia le respaldará.

La instrucción se encamina hacia su desenlace final y a la apertura de juicio oral. En estos meses, mientras, el magistrado inició los trámites para embargar los bienes de Urdangarin y Torres –después de esperar en vano que ambos depositaran la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso–, tomó declaración como testigo a Barberá (que negó haber presionado para que se concediera a Nóos la Valencia Summit) y tuvo que aplazar la citación de Camps, ante la imposibilidad de localizarlo. 

06. EL EXPEDIENTE DEL REGISTRADOR RAJOY

Mariano Rajoy, cuando saltaron los papeles de Bárcenas, se jactó de que no estaba en la política para hacerse rico, que habría cobrado mucho más en su profesión, como registrador de la propiedad. Lo cierto es que la vida del presidente como registrador, labor que no ha ejercido en 30 de los 32 últimos años pero cuya plaza jamás ha dejado, sigue siendo un misterio. 

infoLibre desveló en septiembre que, al menos durante el tiempo en que se lo permitió la ley, cobró como cargo público y como registrador. Al conseguir su primer escaño, en octubre de 1981, en el Parlamento de Galicia, Rajoy tenía dos alternativas: o pedir la excedencia como funcionario público –tenía plaza desde marzo de 1980 en Padrón (A Coruña), su segundo destino como registrador, tras Villafranca del Bierzo (León), obtenida en 1978–, con lo que su puesto saldría a concurso, o bien acogerse a la norma existente entonces que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que cobraba como diputado. Sólo renunció a las retribuciones como registrador en noviembre de 1985, 14 meses después de que entrara en vigor la ley 30/1984, que prohibió a todos los funcionarios (también los registradores) percibir dos salarios públicos. En noviembre de 1985 fue cuando requirió al Ministerio de Justicia su pase a la situación de "servicios especiales con reserva de plaza". En ese cuatrienio (1981-1985), simultaneó la titularidad de tres registros (Padrón, en A Coruña; Berga, en Barcelona, y Elche, en Alicante) con sucesivos cargos públicos: diputado autonómico, director general de Relaciones con el Parlamento de la Xunta y presidente de la Diputación pontevedresa. 

Esa doble cobranza se la permitió el artículo 541 del Reglamento Hipotecario de 1947. Unos ingresos legales pero que Rajoy nunca ha detallado. ¿Cuánto percibió en aquellos años? Nada se sabe. La ley socialista de 1984 prohibió la compatibilización de dos sueldos públicos a los funcionarios, sí, pero aún quedaba cierto margen de interpretación porque en 1998, ya con José María Aznar en la Moncloa, se introdujo el artículo 552 en el Reglamento Hipotecario para precisar que al registrador interino le corresponde la "totalidad de los honorarios que se devenguen" en el registro cuyo titular haya alcanzado un cargo público incompatible. 

Este periódico también descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, ocultó en 2001, en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador, donde figura todo su historial como funcionario público: los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada al cuerpo en 1978 –Villafranca del Bierzo, el primero; Padrón, en 1980; Berga, en 1982; Elche, en 1985 y, finalmente, Santa Pola (Alicante), en 1987– y su solicitud de compatibilidad de cargo público para mantener la titularidad de la plaza. ¿El hoy presidente del Ejecutivo tuvo conocimiento de la decisión de ocultar su expediente en 2001? No hay respuesta. El Gobierno actual respondió al diputado Gaspar Llamazares el pasado octubre que Rajoy "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto donde se halla su expediente y la posibilidad de que pueda o no difundirse. El parlamentario de IU, tras las revelaciones de infoLibre, volvió a preguntar si en algún momento de su carrera cobró como registrador y político. El Gobierno ni aclaró ni negó: "Mariano Rajoy se ha ajustado siempre y en todo momento a la legislación aplicable al efecto, tanto en lo relativo a su situación administrativa por razón del puesto o cargo desempeñado en cada momento como en la percepción de la retribución correspondiente".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 27 de diciembre en su comparecencia ante los medios en el palacio de la Moncloa | EFE

Lo único cierto es que en los 32 últimos años (desde 1981 a 2013), Rajoy sólo ejerció únicamente como registrador en dos, entre 1987 y 1989. Precisamente en ese bienio incumplió el artículo 548 del Reglamento Hipotecario, que obliga a los registradores ejercientes a vivir en la ciudad donde tengan su plaza. El hoy presidente desarrolló una intensa actividad política a mil kilómetros de distancia, en Galicia. En 1989, Rajoy logró un escaño en el Congreso y pidió de nuevo la excedencia por servicios especiales con reserva de plaza. 

Mientras permanecen sin respuesta muchas de las preguntas sobre el expediente del registrador Rajoy, el Gobierno ha seguido con su política de beneficiar a este cuerpo de funcionarios. Primero, con las ventajas que les confirió a través de la Ley de Emprendedores –150 millones de euros de nuevos ingresos–; después, declarándoles librar los sábados. Y más tarde, a través del anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, atribuyéndoles funciones reservadas a los jueces, lo que les permitirá engordar su facturación. 

07. EL SAQUEO DE TELEMADRID

Telemadrid ejecutó hace prácticamente un año un doloroso ERE a más de 800 trabajadores de la cadena pública, y que justificó por razones económicas. En el hundimiento del ente público ha tenido mucho que ver la desastrosa gestión que el PP hizo de él durante años. Y a ella pudieron contribuir las operaciones de alto riesgo en las que la televisión autonómica se metió de lleno, incluso con la anuencia de la Comunidad de Madrid, relacionadas con los derechos del fútbol, tal y como ha destapado infoLibre.  

El nudo gordiano del saqueo se halla en la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyos accionistas mayoritarios son Telemadrid (49%) y Bankia (47,50%) –y los minoritarios, el Atlético de Madrid (2,50%) y el Getafe CF (1%)–. Una sociedad en concurso de acreedores desde enero de 2013. En 2007, MDA firmó un contrato por cinco años por los derechos audiovisuales por un valor de 270 millones de euros con el Atlético y el Getafe. El problema, sin embargo, es que un informe confidencial de la propia Caja Madrid desaconsejaba la operación, porque generaría pérdidas. Los papeles aseguraban que sólo se recuperaría la inversión en el octavo ejercicio. Y el contrato era por cinco temporadas. 

Dio igual, porque la adjudicación –firmada en 2007, aunque entró en vigor en 2009/2010– se rompió tras el tercer ejercicio. La sociedad audiovisual no llegó a tener jamás beneficios. Los miembros del PP del consejo de administración de Radio Televisión Madrid (RTVM), al igual que el consejero de IU, José Antonio Moral Santín, votaron a favor de la operación. No lo hizo el PSOE, precisamente porque no veía clara su rentabilidad. 

Hubo un segundo contrato suscrito al mismo tiempo, también en 2007. MDA pagó al menos 24 millones al Atlético por un acuerdo que el club presidido por el empresario Enrique Cerezo no cumplió. La adjudicación detallaba que la compañía liderada por Telemadrid se comprometía a pagar cuatro millones anuales durante ocho años, desde la temporada 2006/2007 a la 2013/2014 (32 millones en total), y a cambio el equipo colchonero cedía espacios publicitarios a MDA en la equipación oficial, en la web y en el Vicente Calderón. Además, cedía los derechos para la retransmisión de los partidos amistosos del club. MDA no comercializó los espacios publicitarios en las seis temporadas en las que estuvo vigente el contrato.

Telemadrid también se dedicó a financiar el agujero económico del Atlético en octubre de 2011, ya que sufría una crisis de liquidez. La cadena adelantó al club rojiblanco dinero pendiente de los contratos por la cesión de derechos audiovisuales de los partidos oficiales y amistosos. Pero la empresa ocultó cuánto anticipó y no respondió si el equipo lo devolvió. 

Los correos secretos de Blesa pusieron de manifiesto, como este diario publicó el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno de Esperanza Aguirre alimentó en 2006 la compra de los derechos audiovisuales del Atlético y del Getafe pese a "aceptar que los números generaban déficit". Eso afirmaba un mensaje enviado por Carlos Contreras, entonces director general de Caja Madrid Business, a la dirección corporativa de Blesa. En el mail, Contreras informa de una reunión con los consejeros Francisco Granados y Engracia Hidalgo en octubre de 2006. Ambos intentaron convencer a Caja Madrid para que entrase en el negocio de los derechos del fútbol. La propia Aguirre envió un SMS a Blesa, pidiéndole que hiciera caso de "un asunto importante" que le iba a comentar Ignacio González, número dos del Ejecutivo regional y hoy presidente regional. En efecto, González se puso en contacto con el banquero y le exigió que Caja Madrid entrara en la sociedad audiovisual. Caja Madrid entró. Pero quien se descolgó del plan inicial fue el Real Madrid. 

La correspondencia confidencial de Blesa y del resto de su equipo demostró, como descubrió infoLibre, un trato de favor hacia Enrique Cerezo, pese a reconocer que el presidente del Atlético y máximo accionista de Boomerang TV había hecho perder a la entidad 2,6 millones de euros. 

Los sindicatos de Telemadrid están valorando la posibilidad de emprender acciones legales por todas las presuntas irregularidades descubiertas por este periódico. 

08. EL ÁTICO DE GONZÁLEZ

El pasado 16 de diciembre, la magistrada sustituta del Juzgado número 5 de Estepona (Málaga), Mariana Peregrina, firmó un auto clave para la suerte del presidente madrileño. En su resolución, imputó a su mujer, Lourdes Cavero, por un presunto delito de blanqueo de capitales y delito fiscal por el caso del ático de lujo en Guadalmina que ambos usan desde hace años. La jueza también imputó al testaferro profesional Rudy Valner, titular de la sociedad Coast Investors Llc, utilizada para formalizar la compra del inmueble. Al tiempo, remitió la causa a la Audiencia Nacional, ya que investiga delitos que pudieron cometerse en el extranjero. 

El caso arrancó hace año y medio, impulsado por una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (mayoritario en el cuerpo), pero no se reactivó hasta comienzos de 2013, una vez que Peregrina reclamó "toda la información fiscal" de Coast Investors Llc, una firma radicada en Delaware (Estados Unidos) y representada por el mexicano Valner, que desde 2008 fue la propietaria del ático que alquilaba, por un precio de 2.000 euros al mes, el matrimonio González-Cavero. Un precio sorprendemente barato para la zona en la que está enclavado el apartamento, un dúplex de 500 metros cuadrados, y la exclusiva urbanización a la que pertenece, Alhambra del Golf. En diciembre de 2012, la pareja adquirió por 770.000 euros el inmueble a Coast Investors, que solo declaró a Hacienda estos ingresos tras destaparse la investigación realizada por la Policía Judicial. El 80% de la vivienda está a nombre de Cavero, una de las vicepresidentas de la patronal madrileña, CEIM. 

González, antes y después de la imputación, ha defendido su inocencia y la de su familia. Todo el auto está "plagado de presunciones" y no se ha acreditado "ninguna responsabilidad porque no hay nada", aseveró el presidente regional. La versión del jefe del Ejecutivo autonómico es que alquilaron a la empresa de Valner el ático a razón de 2.000 euros mensuales, para finalmente comprar el inmueble el 18 de diciembre de 2012 por 770.000 euros. Sin embargo, los denunciantes sospechan que Valner y Coast Investors Llc, la propietaria del apartamento desde 2008 a 2012, no eran más que meras pantallas para ocultar al verdadero titular de la vivienda, González. Los agentes sospechaban que el inmueble era el pago de una comisión. 

El caso se ha llevado por delante a dos cargos policiales. Uno de ellos, Enrique Rodríguez Ulla, que era comisario jefe de la Policía Judicial. Ahora, la Fiscalía ha recurrido la imputación de Cavero. Y el SUP, de quien partió la denuncia, ha impugnado también la decisión de la jueza por entender que no es el momento procesal oportuno ya que antes deben conocerse los resultados de las comisiones rogatorias cursadas sobre las operaciones de compra del ático, que llevan meses paralizadas. Los agentes entienden que la investigación ha de centrarse en quiénes son los titulares del dinero con el que Coast Investors compró en 2008 la vivienda, ya que la firma carece de actividad económica. La compañía no pagó impuestos ni tasas pese a recibir 2.000 euros mensuales de González. 

La Audiencia Nacional tendrá que tomar una decisión que, según expertos jurídicos, será la de rechazar la inhibición de la jueza, que tendría que seguir investigando. Si Peregrina hallase indicios de delito por parte del presidente regional, debería enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 

Una denuncia de extrabajadores de Telemadrid fue clave en la investigación, ya que acudieron al fiscal jefe de Málaga para advertirle de que el ático podría ser un regalo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a cambio de al menos tres operaciones, desveladas por este periódico: la adquisición de los derechos audiovisuales del club colchonero por MDA; la cesión de la publicidad de Telemadrid a una compañía en la que figura Cerezo y la adjudicación de 10 televisiones digitales al presidente del equipo. 

09. LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA

Los correos secretos de Miguel Blesa, el escándalo con el que se cierra 2013, se conocen gracias a las pesquisas del magistrado Elpidio José Silva, que ahora se enfrenta a su expulsión de la carrera judicial tras acordar en dos ocasiones el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid.

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, a su salida de prisión el pasado 20 de junio | EFE

Estos mensajes, a los que ha tenido acceso infoLibre, aportan evidencias de las actuaciones presuntamente delictivas de Blesa y su equipo directivo. Por eso el juez acordó su imputación, en virtud del contenido de esos más de 8.000 correos. En concreto, tal y como ha publicado este diario, Blesa sabía ya en 2006 que las preferentes eran vendidas por encima del precio real. Esto suponía que los compradores adquirían un producto con un precio irreal, en concreto un 10% superior. Además, también se puede leer en los mensajes intervenidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que Caja Madrid y el Canal de Isabel II habían pactado hacerse con la sociedad resultante de la privatización de la empresa que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid. También se conocen las gestiones realizadas por el propio Blesa con el expresidente José María Aznar y una empresa de venta de armas, de las que ni Blesa ni Aznar han dado explicación alguna, más allá de un comunicado del expresidente del Gobierno en el que aseguraba que no llegó a firmar ningún contrato con la empresa armamentística.  

La última revelación de los correos la publicó este lunes, 30 de diciembre, este periódico: los mails muestran cómo desde 2006 el propio Blesa y su equipo de confianza tejieron un plan para asegurarse un retiro dorado ante el temor de que fueran desplazados de sus puestos en 2009, año en el que finalizaba el mandato del presidente. Los mensajes manifiestan que los directivos de Caja Madrid convencen a los miembros del comité de retribuciones de la entidad a que aprueben un "incentivo retribuido de fidelización a largo plazo". 

Con todas estas evidencias, la Fiscalía de Madrid ha asegurado que los correos electrónicos no son válidos, y no va a iniciar ninguna investigación al respecto. En la Audiencia Nacional tampoco ha habido ningún intento de aportar los correos. No obstante, tanto UPyD como 15MpaRato tienen intención de pedir que los correos puedan ser incluidos en el caso Bankiacaso Bankia, y más concretamente en la pieza separada de las preferentes en la que Blesa está imputado. 

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* Con información de Tono CallejaTono Calleja

La Sala Especial de Recusaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la recusación solicitada por los socialistas madrileños contra el juez Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal madrileño y recién nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial Gerardo Martínez Tristán, al no apreciar sospechas de parcialidad en el recusado por su supuesta vinculación con el PP. Por escrito, la Fiscalía ya se opuso a apartar al magistrado al estimar que no concurrían los requisitos para ese extremo.

Se trata del magistrado, casado con la actual titular de Fomento de Castilla-La Mancha y hasta 2009 alto cargo en Madrid, que tomó una polémica decisión para desatascar el proceso de privatización de la sanidad: que todos los recursos sobre la materia pasen a manos del pleno de la Sala, presidido por él mismo, con independencia del trámite procesal en que se encuentren.

Esta decisión hizo que el PSM se planteara su recusación. En su escrito, los socialistas consideraban que esta relación de parentesco, y el hecho de que entrara a fomar parte del CGPJ promovido por el PP, rompe la apariencia de imparcialidad, "desvirtúa la presunción de neutralidad" y le inhabilita para el caso. 

Ahora, los magistrados concluyen en su resolución que las alegaciones formuladas por el PSM no les "parecen bastante para destruir la presunción de inocencia que asiste al recusado en su condición de magistrado", con independencia de que "en el ejercicio de su función jurisdiccional pueda tener formada ya una convicción personal sobre la cuestión litigiosa". Y concluyen que la recusación debe ser desestimada, dado que se trata de "un recelo sustentado en presunciones y cábalas". A su juicio, ello "no es conducente para fundar la recusación".

En cuanto a la argumentación jurídica, destacan que "no se cumplen ninguno de los requisitos para sospechar de la parcialidad del recusado", dado que las premisas sobre las que se sostienen los indicios pivotan sobre hechos de los que "no se deduce que el recusado tenga algún interés directo o indirecto".

Agregan que el hecho de que esté casado con una consejera del PP de Castilla-La Mancha no convierte al recusado, "ya directamente, en persona interesada en la resolución del procedimiento" y amplían que la apariencia de imparcialidad sólo "podría verse comprometida por actos propios realizados por el magistrado y no por una mera relación de matrimonio con una persona que no es parte". 

Asimismo, indican que el hecho de que haya designado como vocal del CGPJ "no implica que esa elección vaya a suponer que su 'ánimo se incline' y que vulnere, sólo por ello, todos los deberes que por su condición de magistrado ha asumido desde que ingresó en la carrera judicial".

El dictamen ha contado con un voto particular del presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres, quien se muestra disconforme con el fallo. El magistrado sostiene que existen "indicios serios y fundados objetivamente de la existencia de un interés indirecto del magistrado en la forma de enfrentarse a los numerosos litigios sobre la cuestión".

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), constituido el pasado miércoles, 4 de diciembre, celebrará pleno este lunes, día 9, a las 11 horas, para designar presidente, que según todas las quinielas será el magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Carlos Lesmes.

Durante la sesión constitutiva del órgano de gobierno de los jueces se propuso como candidatos a Lesmes y a la magistrada de este mismo órgano Pilar Teso, que serán los dos nombres que se someterán a votación.

Lesmes fue director general de Justicia en los gobiernos de José María Aznar y llegó al Supremo tras presidir la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Teso, cercana al que fuera presidente del Supremo Javier Delgado con un perfil muy técnico, ejerció de asesora del Ministerio de Justicia en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lesmes aparecía como candidato seguro junto a otros nombres que finalmente no han sido propuestos, como el del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, o el magistrado de este mismo órgano Manuel Marchena, mientras que la propuesta de Teso fue una sorpresa. Se baraja la posibilidad de que la magistrada sea finalmente designada como vicepresidenta del Supremo, cargo que ha sido creado en la última reforma del CGPJ.

El procedimiento 

El presidente del CGPJ debe ser elegido por mayoría cualificada de 12 votos. Si ninguno de los candidatos propuestos obtiene este nivel de apoyo se procederá a una segunda ronda entre los dos más votados, y ganará el que más respaldo acumule.

La renovación del órgano de gobierno de los jueces se completó hace dos semanas en el Congreso y el Senado, dando por cumplido el pacto entre PP, PSOE, IU, CiU y PNV y conformándose un órgano paritario y de mayoría conservadora.

El Senado nombró a los juristas de reconocido prestigio Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil; la secretaria judicial María Ángeles Carmona -ambos seleccionados por el PP-; Pilar Sepúlveda García de la Torre, nominada por el PSOE; y Mercé Pigem, diputada de CiU. Dentro de este cupo de juristas el Congreso nombró a Nuria Díaz Abad, propuesta por el PP; Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE y expresidente de la Comisión de Justicia en el Congreso; Concepción Saéz Rodríguez, secretaria judicial promovida por Izquierda Unida; y Enrique Lucas, catedrático y abogado auspiciado por el PNV, que trabajó para los Gobiernos nacionalistas del País Vasco.

A ellos hay que sumar los 12 vocales de origen judicial. Por el Senado fueron elegidos el magistrado del Tribunal Supremo, Wenceslao Francisco Olea; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández Martínez y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Fernando Grande-Marlaska, todos ellos a propuesta del PP. A ellos se suman la magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, María Victoria Cinto; la exresponsable de la Escuela Judicial Roser Bach, mujer del conseller catalán de Justicia, Germà Gordó, y la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 55 de Madrid, María del Mar Cabrejas por parte del PSOE.

En el Congreso fueron nombrados en este cupo de jueces los magistrados del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde, a propuesta del PP y Clara Martínez de Careaga, esposa del ex fiscal general de Estado Cándido Conde-Pumpido, que fue propuesta del PSOE; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya; la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen Llombart; el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Gerardo Martínez Tristán –todos ellos a propuesta del PP–, y el de la Audiencia Provincial de Madrid, Rafael Mozo Muelas, por el PSOE.

El PSOE prometió, tras la Conferencia Política, que trasladaría "pronto" al Congreso la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Finalmente, no ha tenido que pasar un mes para que ese anuncio haya llegado. Este lunes, la vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, anunció que el Grupo Socialista en el Congreso presentará hoy mismo una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a romper el Concordato de 1979 y a presentar en seis meses una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa y Conciencia que regule normas comunes para todas las confesiones, que contemple la relación con todas ellas (incluida la Iglesia, claro) y que proteja tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes. La última pata de la iniciativa es la petición al Ejecutivo para que establezca un protocolo civil para todos los actos solemnes organizados por el Estado que garantice su "aconfesionalidad". La propuesta quedó al final registrada a las 19.20 horas [consúltala aquí]. 

Los socialistas, aseguró Valenciano en rueda de prensa en Ferraz, abrirán el "diálogo con todo los grupos parlamentarios" para buscar el máximo apoyo posible a su texto, pero si fuera rechazada –y es seguro, dada la mayoría absoluta del PP–, la proposición no de ley será un "compromiso del programa de Gobierno del partido". 

La propuesta, como recordó la número dos, emana de la promesa que Alfredo Pérez Rubalcaba hizo al presentar su candidatura a la Secretaría General en el congreso de Sevilla, en 2012, el que ganó a Carme Chacón, pero fue mucho más concreta en la Conferencia Política. De esta cumbre, celebrada los pasados 8, 9 y 10 de noviembre en Madrid, salió el compromiso explícito y sin matices de pedir la denuncia de los acuerdos con el Vaticano sin más dilación. Hoy Valenciano subrayó cuáles eran las tres "poderosas razones" que llevaban a los socialistas a presentar la proposición en el Congreso. Primero, que el Concordato comenzó a negociarse antes de que se aprobara la Constitución, pese a que se firmaron en enero de 1979. O sea, que tiene un "origen preconstitucional". En segundo lugar, que la sociedad española "ha cambiado mucho" en estos 34 años, y es "más secular, más laica y mucho más plural", y esa "secularización y pluralidad religiosa debe reflejarse en el orden jurídico".

Y en último término, porque las últimas actuaciones del PP "han desequilibrado la situación", de tal forma que "algunas de las iniciativas más importantes" del Ejecutivo, como la ley Wert o la próxima contrarreforma del aborto, muestran "una influencia bastante directa" de la "jerarquía eclesiástica". "Tratan de convertir sus creencias en leyes para todos. Ese es el espíritu que creemos que se ha quebrado con el PP. Por eso creemos que ha llegado el momento de dar este paso". 

El diputado Ramón Jáuregui, miembro de la ejecutiva del PSOE como delegado de la Conferencia Política y exministro de la Presidencia en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, comunicó a la Nunciatura del Vaticano en España y a la Conferencia Episcopal Española que su partido iba a hacer el anuncio y que presentaría la proposición no de ley este lunes, según añadió después un portavoz de Ferraz. 

Las relaciones con el Vaticano, en la nueva ley

Denunciar un tratado internacional –que ese es el rango de los cuatro acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 [consúltalos aquí]– es que una de las partes lo declara roto. Fuentes de la dirección precisaron que el PSOE no pretende cambiar un Concordato por otro convenio bilateral. Según explicitó Valenciano, se trata de que la nueva ley, amplia, "ordene la relación del Estado con la Iglesia católica y el resto de las confesiones religiosas, para que todas ellas encuentren un espacio de relación con el Estado". 

Los periodistas preguntaron a Valenciano si el PSOE se arrepiente de haber frenado la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en su última etapa en la Moncloa, cuando tenía mayoría suficiente para sacarla adelante. "Probablemente sí hubiera sido mejor hacerlo. Es verdad que a toro pasado las cosas es más fácil verlas. Pero les recuerdo que estábamos metidos en una batalla bastante importante, que tenía que ver con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Teníamos abierto un conflicto con la Iglesia católica muy importante por la defensa de los derechos civiles. Tal vez por eso el Gobierno, en el que yo no estuve, midió a la hora de no insistir en la ley. No lo hicimos entonces, pero ahora creemos que es el momento de hacerlo", respondió. En suma, que el Ejecutivo de Zapatero rechazó abrir otro frente con los obispos por la continua presión que estos ejercían. 

Informe favorable a que haya primarias antes en Valencia

Valenciano hizo el anuncio después de la reunión de la ejecutiva federal del PSOE. En ella, además, se fijó la fecha definitiva para el Comité Federal. Será el sábado 18 de enero, y allí el partido decidirá el momento de las primarias. Hasta entonces, la dirección federal hablará "con todos" –el papel clave es el de los barones– y hará una propuesta de calendario, en un año "clave" para los socialistas, con las elecciones europeas como primer hito a superar. 

¿Por qué se descartó diciembre o primeros de enero? "Hay una cosa que se llama la Navidad –bromeó–, que cae como una losa sobre los calendarios de todo el mundo. En Navidad no vamos a hacer el Comité Federal. Y la primera semana estaríamos en las colas de la Navidad, puesto que el 6 es festivo". El 11 de enero, con todo, se constituirá el Consejo Federal de Derechos y Libertades, un foro en el que participarán dirigentes socialistas y representantes de movimientos sociales y de la universidad para poner en marcha medidas contra la "deriva autoritaria" del Gobierno. 

El 18 de enero fijará todo el calendario de primarias –nacionales, autonómicas, locales– y el calendario electoral. No está claro aún si el Comité Federal pondrá día concreto a las primarias para elegir al candidato presidencial o si, en cambio, se optará por una fórmula más difusa, en la que se indique "el periodo". 

El máximo órgano del PSOE entre congresos también estudiará la petición de los socialistas valencianos y su secretario general, Ximo Puig, de que sus elecciones internas se celebren lo antes posible, para poder tener listo a su cabeza de cartel y poder tener cubierta la eventualidad de comicios anticipados. Esa solicitud contará con el "informe favorable" de la dirección federal, dada la situación de emergencia en Valencia, una "comunidad fallida". Por cierto que sobre otro barón, el madrileño Tomás Gómez, que el miércoles pasado renunció a su escaño de senador en protesta por el respaldo del PSOE al juez Gerardo Martínez Tristán como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Valenciano fue sumamente escueta: esa decisión de dimitir le compete a él y punto. "No tengo más que decir, salvo respetar".

Respuesta "con toda la energía" a la 'ley Fernández'

La ejecutiva, según el resumen expuesto por Valenciano, también abordó el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana. La número dos dijo que el PSOE “no descarta” llamar a la ciudadanía para que se manifieste contra lo que llama “Ley de Represión”, porque va “directa al corazón de la democracia y contra los derechos de los ciudadanos”. Ante una “intentona antidemocrática” como la que está pergeñando el Ejecutivo de Mariano Rajoy y su titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, el PSOE responderá “con toda la energía”, y para ello además constituirá el citado Consejo Federal de Derechos y Libertades Públicas, con el objetivo de “tejer una alianza social amplia” para defender la “integridad de la democracia”.

Los socialistas creen que la norma produce una “indefensión total” a los ciudadanos, puesto que otorga una mayor discrecionalidad a la Administración a la hora de imponer abultadas sanciones económicas, y recurrirlas será mucho más costoso, dada la subida de tasas judiciales aprobada también por el Gobierno. En definitiva, se envía a los españoles el mensaje de que “mejor no protesten y no salgan a la calle”, porque si lo hacen “van a ser duramente sancionados” y no van a poder impugnar esa multa porque las tasas “hacen imposible ese recursos. “No deben sentirse tan fuertes, a pesar de su campaña de propaganda en cuanto a una salida inminente de la crisis y la mejora clarísima de la situación económica. No deben sentirse tan fuertes en el Gobierno de Rajoy, ya que necesitan recurrir a la fuerza para reprimir la opinión de los ciudadanos. Esta ley choca con el autobombo del PP, porque si el milagro estuviera siendo percibido por la gente, no necesitarían una ley que amordaza la opinión de los ciudadanos. Vamos a levantarnos contra eso desde el minuto uno”, reflexionó.

Valenciano insistió que no hace falta una nueva ley, porque los episodios de violencia en las manifestaciones escasean, porque en España los ciudadanos marchan de forma “pacífica”, con mucha “tranquilidad”. “Parece más una provocación del ministro que buscar la solución a un problema que no existe en este momento”. La número dos advirtió a Fernández Díaz de que España tiene “mucha sensibilidad” con respecto a este tema, porque vivió sometido cuarenta años al yugo de una “durísima dictadura”.

Casado con una consejera de Cospedal y convertido por decisión propia en árbitro del proceso judicial por la privatización de seis hospitales madrileños, la elección del magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán como vocal del Poder Judicial ha provocado un agrio enfrentamiento entre los dirigentes socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez.

El líder de los socialistas madrileños ha convertido la lucha contra la privatización de la sanidad en el eje de su política de oposición al Gobierno de Ignacio González. Ello ha incluido la recusación del magistrado Tristán, después de que este ordenase quitar la causa al tribunal que la investigaba (la Sección Tercera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) para que el acuerdo lo tomase una Sala presidida por él mismo.

Por ello, la decisión de Rubalcaba de pactar con el ministro de Justicia una lista de vocales para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que incluía a Tristán se consideró en el PSOE de Madrid como un hecho inaceptable que "desacreditaba al partido en la región". Gómez decidió presentar su dimisión como senador. En la dirección federal del PSOE, en cambio, el cabreo con el líder madrileño es enorme. Lo acusan de "yoísmo" y de actuar pensando solo en sus intereses personales. "Busca el enfrentamiento con Rubalcaba para lograr salir en los medios", se lamentan en Ferraz.

¿Pero quién es y cómo ha actuado el tal Martínez Tristán? 

El marido de la consejera

Uno de los motivos por los que el PSOE recusó a Martínez Tristán es que el magistrado es el marido de Marta García de la Calzada, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha y hasta 2009 alto cargo en la Comunidad de Madrid, tal y como desveló infoLibre. En otras palabras, una persona de confianza de Esperanza Aguirre y de María Dolores de Cospedal.

Marta García de la Calzada es compañera de Gobierno en Castilla-La Mancha de José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad primero de Aguirre y ahora de Cospedal, quien además es máximo responsable en esta materia del PP nacional. Todo un cúmulo de casualidades. ¿O no?

El PSOE de Madrid cree que no y, por ello, uno de los argumentos que utiliza para recusar a Martínez Tristán es su matrimonio con la consejera de Cospedal. En el escrito, presentado el pasado 29 de octubre, el abogado de los socialistas asegura que el magistrado "ha frecuentado en innumerables ocasiones la sede del Partido Popular en la calle Génova 13 y actualmente se postula para ser elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. No es que no tenga derecho a hacer ninguna de las dos cosas, que por supuesto, pero sin duda ante la trascendencia de la decisión le hace perder la apariencia de imparcialidad".

Martínez Tristán, por su parte, se ha negado en todo momento a aceptar la recusación ya que entiende que ni sus condiciones familiares ni sus decisiones le han hecho perder la imparcialidad.

Aupado por el PP

El Partido Popular ha aupado esta semana a Martínez Tristán al cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial, tras el pacto alcanzado entre el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y Rubalcaba. Pero no es la primera vez que los conservadores intentan impulsar la carrera de Tristán.

En marzo de 2005, la mayoría conservadora del CGPJ quiso convertir a Tristán en presidente del Tribunal Superior de Castilla y León. Para lograr el puesto era necesario obtener 13 votos y, en la cuarta y última votación, logró 11. El portavoz de aquel Poder Judicial era Enrique López, uno de los magistrados más inequívocamente identificado con el PP, durante años articulista polémico en La Razón y nombrado recientemente magistrado del Tribunal Constitucional.

En junio de 2005, fue elegido finalmente como presidente del Tribunal Superior de Castilla y León el magistrado José Luis Concepción. Pero el CGPJ no dejó en la estacada a Martínez Tristán. Pocos meses después, en diciembre, lo nombró presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo dle Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y allí sigue, tras ser renovado en el puesto en abril de 2011.

La llamada de la comunidad

En una conversación con este periódico, Martínez Tristán reveló que la Comunidad de Madrid le había pedido que interviniese para llevar al pleno de la Sala de lo Contencioso del TSJM todos los recursos relacionados con la privatización de la sanidad madrileña. En otras palabras: el Gobierno de Ignacio González le pidió el pasado 30 de septiembre que intentase tener bajo su control el proceso judicial de la privatización sanitaria.

La versión de Tristán es que no aceptó inmediatamente, porque no veía motivos para quitarle las causas a los tribunales que las estaban investigando, y que sólo lo hizo 11 después cuando ya detectó razones para tomar dicha decisión.

La maraña judicial es la siguiente. La Sección Tercera del TSJM ordenó el 11 de septiembre la suspensión cautelar del proceso de privatización sanitaria, después de que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) denunciase que el Gobierno de Madrid había cambiado de forma irregular las condiciones del concurso para privatizar los seis hospitales. En concreto, redujo e 200 millones a 28 la fianza que debían depositar los concusantes. Y lo hizo tan solo cuatro días antes de que expirase el plazo para la presentación de ofertas. 

Por otra parte, la Sección Octava del TSJM rechazó el 8 de octubre la suspensión cautelar del proceso de privatización sanitaria, en este caso a petición de Comisiones Obreras, al entender que el sindicato no estaba legitimado para personarse en el proceso. CCOO argumentaba que el Gobierno de Madrid pretendía privatizar los hospitales por la vía de hecho, sin trámite administrativo, pero no hacía en su escrito ninguna referencia a las condiciones del concurso como AFEM.

El 11 de octubre, Martínez Tristán acordó que la decisión sobre todos los recursos relacionados con la privatización sanitaria la adoptase el pleno de la Sala de lo Contencioso, compuesta por 50 magistrados y que él mismo preside. Es decir, Tristán cumplió lo que le había pedido la Comunidad: quitar a la Sección Tercera el control sobre la privatización sanitaria.

El argumento que nunca existió

El argumento que utilizó Tristán para llevar el asunto al pleno de la Sala de lo Contencioso es que dos Secciones –la Tercera y la Octava– habían dictado resoluciones "que resultan o pueden resultar contradictorias". El único problema de dicho argumento es que tal contradicción ni se había producido, ni era posible que se produjese.

Las dos Secciones se habían pronunciado en idéntico sentido cuando tuvieron que decidir sobre quiénes estaban legitimados para participar en la causa. La Sección Tercera impidió que se personase el PSOE y la Sección Octava no admitió la personación de Comisiones Obreras, alegando en ambos casos que la privatización de la sanidad no supondrá para esas dos organizaciones un perjuicio o beneficio directo. Por tanto, no sólo no hubo contradicción en sus decisiones, sino plena coincidencia.

Y tampoco pueden existir resoluciones contradictorias respecto al objeto de los recursos, por el sencillo motivo de que son diferentes. AFEM impugnó la privatización alegando que se había cambiado a última hora las condiciones del pliego de adjudicación, mientras que CCOO ponía en duda que el Gobierno de Ignacio González tuviera "potestades legítimamente atribuidas" para llevar a cabo la privatización. Es decir, es perfectamente posible que la Sección Tercera decida anular el proceso de privatización al entender que se modificó ilegalmente el pliego de condiciones y que la Sección Octava acuerde no anularlo al considerar que el Gobierno madrileño sí tiene potestar para privatizar la sanidad. No hay contradicción posible porque el objeto de los recursos es diferente.

La importancia de ser 50

El argumento esgrimido por Tristán para quitarle el caso a la Sección Tercera no es el único sorprendente en este proceso. Pocas horas después de que infoLibre desvelase los hechos, el pasado 16 de octubre, el TSJM sacó un comunicado por orden del magistrado defendiendo su decisión. Después de aclarar que Martínez Tristán "cuenta con un solo voto", asunto que debió tranquilizar a algunos, el TSJM explicó que el acuerdo de Tristán se había tomado "en aras de la decisión jurídica y del acierto". O sea que el presidente de la Sala de lo Contencioso considera que hay más posibilidades de "acertar" cuando una decisión judicial la toman 50 jueces (el pleno) que cuando la adoptan 5 (una Sección).

Se trata, sin duda, de una interpretación novedosa desde el punto de vista jurídico. Ni en la Constitución ni en la centenaria jurisprudencia del Tribunal Supremo hay referencia alguna a que, cuantos más jueces deliberen, mayores posibilidades hay de que se imparta justicia. En cambio, la Carta Magna sí que establece que todos los españoles "tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley", un derecho fundamental que según algunos juristas consultados por este periódico se habría conculcado en este caso. Ello sería así porque el juez predeterminado sería la Sección Tercera del TSJM y no el pleno de la Sala de lo Contencioso.

El fiscal y el consejero le echan una mano

La decisión de Tristán de quitarle el caso a la Sección Tercera del TSJM desató una fuerte polémica y llevó al PSOE madrileño a recusarlo. Pero en socorro de las tesis del magistrado acudieron inmediatamente el Gobierno de Ignacio González y el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

El fiscal jefe consideró "absolutamente razonable" la decisión de Tristán. Aunque no se quiso pronunciar sobre la recusación, afirmó lo siguiente: "No podemos aspirar a que la Justicia esté resolviendo de manera diferente sobre un mismo hecho. Hay que unificar la respuesta judicial porque supondría una inseguridad jurídica para todos los ciudadanos".

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, calificó de "bochornosa" la recusación presentada por los socialistas madrileños y acusó a Tomás Gómez de querer "manchar el nombre de un magistrado". Una preocupación llamativa teniendo en cuenta cómo ha reaccionado el Ejecutivo de González ante las decisiones judiciales que no favorecían sus intenciones privatizadoras. Por ejemplo, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, acusó al juez Carlos Gómez Iglesias de "no emitir opiniones de tipo jurídico sino de tipo personal y político impropios de un auto en un juzgado". Y tras el auto de la Sección Tercera del TSJM que decidió paralizar la privatización sanitaria, el mismo Lasquetty consideró apropiado ofrecer públicamente una lección judicial: "El auto no contiene la precisión que requiere una medida cautelar", pontificó. No consta que a Salvador Victoria le molestasen estas declaraciones, ni que realizase declaraciones pidiendo que no se manche el nombre de estos magistrados.

"Quienes conocemos a Tomás, sabíamos que iba a llegar hasta el final. Pensar lo contrario es no conocerle". 

En efecto, Tomás Gómez llegó hasta el final. Pasmó ayer miércoles a sus compañeros del PSOE anunciando ante los medios que se marchaba del Senado. Que dejaba su escaño "por coherencia" y porque no podía apoyar una lista de vocales al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que contuviese el nombre de Gerardo Martínez Tristán, el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenó que todos los recursos contra la privatización sanitaria recayesen en él, casado con una consejera manchega del PP y al que recusó el Partido Socialista de Madrid. Pero su gesto desató un enorme malestar entre diputados y senadores, en la dirección federal o en territorios tan vitales como Andalucía, quienes le acusaban de haberse "pasado de frenada", de "egoísmo" y de haber actuado "en caliente", sin pensar en "el colectivo". Y reavivó, por descontado, las hostilidades entre Ferraz y el PSM, entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez, si es que alguna vez desaparecieron.

"Estamos en guerra total, porque quieren matar a Tomás", dictaminaba un cargo regional muy próximo al ya exsenador. En la coctelera confluyen, aparte de este nuevo enfrentamiento, las tensiones constantes por las primarias abiertas (y su fecha), la rivalidad en la Conferencia Política, las próximas candidaturas en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid... y también la raíz de todo, las elecciones internas de 2010, en las que Rubalcaba respaldó a la entonces ministra Trinidad Jiménez frente a Gómez. La rebeldía del líder de los socialistas madrileños no es, en absoluto, nueva, pero ahora el desencuentro, la pugna entre Ferraz y Callao, la sede regional, alcanza un nuevo estadio. 

Gómez no quiso vestir así su dimisión. La describió como un acto de "rebeldía contra el PP", no contra su partido, como una prueba de "coherencia", porque cualquier otra lectura sería "absolutamente equivocada". "Quiero poder seguir estando al lado de la gente, de mi gente, de los médicos, de los pacientes, de la sociedad madrileña, al lado de todas las personas que defienden nuestra sanidad, y si el precio que tengo que pagar por ello es entregar mi acta de senador, lo voy a hacer con mucho gusto –explicó ante los periodistas–. En ocasiones la coherencia tiene un precio muy alto, pero la incoherencia tiene un precio mucho más alto aún, tan alto que yo no podría pagarlo". Oyéndole y con las lágrimas en los ojos estaban los otros dos senadores del PSM, Maru Menéndez, su secretaria de Organización, y Enrique Cascallana. Ellos sí votaron el pacto. 

"Este gesto noble le convierte en un mártir"

El líder del PSM, antes de comparecer ante los medios, había reunido al núcleo duro de su dirección para trasladarle su decisión, y de ella recibió su respaldo. Ayer miércoles, pese a las críticas que llegaron de Ferraz, de parlamentarios y de las federaciones, sus compañeros madrileños le arroparon "sin fisuras" e intentaron circunscribir su dimisión, en primer término, a un movimiento más al frente "contra la privatización de la sanidad, y no tanto contra el federal". "No podemos ceder en esto, en nuestra lucha contra el desmantelamiento de la sanidad pública, porque afecta a nuestros principios. Está en juego nuestra credibilidad en Madrid. Si no llegamos a hacer esto, el PP nos hubiera dado de hostias", opinaba un alto cargo madrileño. Otro añadía en el mismo sentido: "La federación está hiperunida en torno a Tomás, más que nunca. Este gesto noble le convierte en un mártir. Sale reforzado de todo esto porque se ha visto que ha cumplido su palabra y demuestra que será un magnífico presidente de Madrid. Hemos recibido un bombardeo de llamadas de apoyo". "Coherencia" y "dignidad" eran los comodines que más circulaban. En Twitter, sus acólitos promocionaron la etiqueta #DignidadTomás. 

Fuentes cercanas a Gómez explicaron que el pacto sobre la renovación del CGPJ, cerrado el lunes, colocaba al líder del PSM en una "situación imposible", porque tenía que elegir entre "dos lealtades". O mantener su "compromiso con los ciudadanos" y la marea blanca, "sin arriar la bandera de la defensa de la sanidad pública, un eje absoluto de su política para ganar Madrid al PP", o mantener el compromiso con su partido. "Pero él no es un diputado más que pueda romper la disciplina de voto, es secretario general. Así que tenía que elegir la otra alternativa, marcharse. Ese acuerdo, que comprendía la presencia de Martínez Tristán, desacreditaba a todo el PSM", analizaban estas fuentes. Para los socialistas madrileños era "moralmente insoportable" dar cobertura a un juez como Martínez Tristán, porque es el magistrado que, a su juicio, juega en campo contrario, a favor de la externalización promovida por el Gobierno de Ignacio González. "Y Alfredo, como diputado por Madrid, ha votado a favor de este personaje", afeaban. "Si él vota esto, ¿con qué cara va luego a la marea blanca?", aducía un parlamentario.

Callao, por tanto, entiende que la primera coordenada del conflicto reside en la batalla por la sanidad pública, que considera que ha logrado capitalizar y que es la llave maestra de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, las primeras en las que el control del PP sobre la Comunidad y el Ayuntamiento se deshilacha. Pero admiten que la pelea interna con Rubalcaba es otra derivada inevitable, aunque no buscada. "Es Ferraz la que la lanza la guerra contra Tomás al aceptar a este personaje", sostenían en el círculo de Gómez. Otro dirigente recordaba que los "tres últimos años", desde las primarias que ganó a Trinidad Jiménez, la cúpula federal ha hecho al PSM "la vida muy difícil". 

Ferraz: "Él solo se metió en su laberinto"

Ferraz, a su vez, dice que no quiere guerra. "¿Guerra total? ¿Para qué y por qué? A lo mejor Tomás la busca, pero nosotros para nada. Hemos hecho un acuerdo para renovar un órgano constitucional, por responsabilidad. La disyuntiva era tener vocales progresistas en el Consejo o no tener ninguno", indicaba molesta una persona de la máxima confianza de Rubalcaba, quien recordaba que Alberto Ruiz-Gallardón cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder renovar, sólo con sus votos, los 10 vocales que corresponde elegir al Senado. Ley recurrida por el PSOE. "Así que buscamos el acuerdo con casi todos, y dijimos que no habría vetos", que ningún partido tacharía las propuestas de los otros partidos. "A nosotros claro que no nos gusta Martínez Tristán, pero suponemos que al PP tampoco le gusta Álvaro Cuesta, que fue diputado nuestro, como también habríamos preferido que IU postulase a un fiscal y no a una secretaria judicial, pero esas eran las reglas", resaltaba esta fuente. 

La dirección federal no se esperaba el golpe en la mesa de Gómez. No se vio venir la jugada. El lunes, Rubalcaba recibió la carta que mandó el líder del PSM, en la que le acusaba de suscribir un pacto "intolerable" y en la que le advertía de que, si Martínez Tristán tenía que ser respaldado por el Senado, él dimitiría. El martes, sin embargo, el cisma parecía disolverse: Gómez se dio por enterado de que el juez iba a ser votado por el Congreso y parecía indicar que ahí se quedaba el conflicto. Ayer miércoles, la sorpresa, que Rubalcaba conoció no por Gómez, sino por Iglesias. "Él solo se metió en su laberinto. Lo que le pasó es que le pillaron con el carrito del helado. Recibió muchas críticas por el movimiento y vio que no tenía salida. Se pasó de frenada", criticaron desde el entorno más estrecho del secretario general, que no podía ocultar su indignación y cabreo. Se negaron, eso sí, a calificar la actitud de Gómez como "deslealtad", palabra que sin embargo sí salía de boca de otros parlamentarios.

"Lo que queremos es defender el buen nombre de diputados y senadores que defienden tanto como él la sanidad pública –remachó la dirección federal–. No aceptamos que se arrogue esa bandera, bajo ningún concepto. Y nos han pedido que salgamos a defenderles. No toleramos que quiera darnos lecciones de principios, que intente dejarnos en evidencia. ¿Es que Maru o Enrique son menos coherentes que él?". Tanto los portavoces de Congreso y Senado, Soraya Rodríguez y Marcelino Iglesias, como la secretaria federal de Política Social, Trinidad Jiménez, salieron en tromba para subrayar que en la lucha contra la privatización sanitaria están embarcados "todos" los socialistas pero que esta "nada tiene que ver" con la renovación del CGPJ. Es más, Ferraz cree que el hecho de que el PP haya promovido a Martínez Tristán "apuntala" la recusación del PSM contra él, porque se evidencia qué partido le respalda. 

El círculo de Rubalcaba maneja otra explicación al desafío del líder madrileño: "Él necesita confrontar con Ferraz, si no no sale en los titulares. Y ahora tenía que sacar la cabeza tras su ridículo en la Conferencia Política". El cuartel general del PSOE entiende que Gómez fracasó en el cónclave de principios de noviembre, cuando intentó promover, con otros barones críticos, un motín para que allí se alumbrase la fecha de las primarias. Rebelión desactivada decisivamente por Susana Díaz. En aquella cumbre también llegó hasta el final con su órdago: forzó una votación para que la designación del candidato presidencial se adelantase a febrero de 2014, y la perdió clamorosamente. 

Tras el órdago, difícil dar marcha atrás

"Esto en mis tiempos no se hacía. No había tanto yoísmoyoísmo", lamentaba un veterano alto cargo del partido enfrentado con Rubalcaba pero integrado en su dirección, visiblemente malhumorado por el nuevo incendio. En pasillos, abundaban las duras críticas a Gómez por eso, por su "egoísmo", por haberse dejado llevar por su estrategia "personal" y por explotar sus cuitas con Rubalcaba, sin pensar en el daño al partido. "Un error", repetían sin pestañear muchos dirigentes consultados. La reflexión compartida era que el pecado original se hallaba en la carta que remitió el lunes, porque una vez lanzado el órdago, "no hay forma de envainársela, ni de dar marcha atrás". Los menos elogiaban su "valentía", caso de la expresidenta del PSM Delia Blanco o el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza.

Desde Andalucía, fuentes cercanas a la poderosísima presidenta de la Junta y secretaria general observaron con cierta preocupación lo sucedido, porque el afloramiento de las tensiones "no vienen bien" tras el buen cierre de la Conferencia y del congreso regional extraordinario. Mostraron su "respeto" a la decisión personal de Gómez, dijeron "entenderla" incluso, pero le reprocharon su pulso, su dimisión. "Está claro que Tomás es un tío muy firme en sus posiciones, pero a veces esa firmeza le juega malas pasadas. Debe mirar más al conjunto del partido y no tomar decisiones en caliente. Su respuesta tenía que haber sido más pausada, no así, con estridencias y alharacas. Hay decisiones colectivas de los órganos de dirección. Pensar en guerra total con Ferraz es un error. El partido no está para esto y la sociedad no está para aguantar peleítas internas". Los socialistas andaluces reivindicaron la apuesta de Díaz por la "unidad", porque la división "resta, también a Tomás". 

Si Gómez obró por "coherencia", ¿por qué no arrastró en su decisión a la diputada Delia Blanco, o a los senadores Maru Menéndez y Enrique Cascallana, que sí votaron a favor del pacto? ¿No habría sido más congruente? El propio barón madrileño explicó que su dimisión era "simbólica", como referente del partido. "Él es el secretario general. Ni Delia, ni Maru ni Enrique lo son. Ellos han acatado el pacto. Pura y dura disciplina de partido. En la actitud de Tomás estamos representados todos. Conque tome él la decisión es suficiente", justificaba un responsable de su ejecutiva. En el Senado, los ya excompañeros de grupo de Gómez arguyeron que si hubiera arrastrado a esos tres parlamentarios, la brecha con Ferraz sí habría sido mayor e ineludible. 

Empatía de García-Page

En un clima general de reproche al líder del PSM, descolló la postura más comprensiva de Emiliano García-Page, senador y secretario general de Castilla-La Mancha. Ambos presionaron en la Conferencia Política y ambos están abiertamente enfrentados a Ferraz. Ante los medios, García-Page dijo comprender que, con su dimisión, Gómez tenía "las manos libres" para seguir dando la batalla contra la privatización sanitaria. Fuentes de su entorno ampliaron esta posición: "No hay que verlo tanto en clave orgánica. Él no tenía otra salida porque es un tema clave para el PSM. Y probablemente Ferraz no podía hacer otra cosa que pactar el CGPJ. El conflicto no se podía gestionar de otra forma". 

La grieta de PSOE y PSM está indudablemente abierta. La división, por esta y otras refriegas aún dará más tumbos. Sobre todo, por la sucesión de Rubalcaba y por la batalla que ya se atisba: la confección de las candidaturas en la Comunidad y el Ayuntamiento, donde se da como más que probable que los críticos presenten aspirantes alternativos a Gómez y su señalado en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona. Ferraz dice que Gómez está cada vez más solo, pero la feligresía madrileña del barón rebelde lo niega. "No, no estamos solos. Todo lo contrario –manifestaba rotundo un dirigente–. Nosotros estamos tranquilos. Sólo defendemos a los ciudadanos". 

Órdago consumado. Tomás Gómez, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, llevó a término su amenaza a Alfredo Pérez Rubalcaba y dimitió. Presentó su renuncia como senador en la mañana de este miércoles, de forma "simbólica", por "coherencia" y por "principios", y porque prefiere estar "del lado de la gente", con la marea blanca y contra la privatización de la sanidad pública que votar a un juez, Gerardo Martínez Tristán, que él mismo ha recusado. 

Ni Ferraz esperaba que se atreviera a dar este paso. El lunes, Gómez, el barón que más se ha enfrentado a la cara con Rubalcaba, le remitió una carta, justo después de saber que Martínez Tristán entraba en la lista de los jueces del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada por PSOE y PP. Y ya entonces le advirtió de que si su nombre pasaba por el Senado, donde él tiene su escaño, renunciaría de forma inmediata. Pero ese magistrado figuraba en la lista de diez vocales que tenía que refrendar el Congreso. Y así ocurrió ayer. Martínez Tristán es presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y, como informó infoLibre, ordenó que todos los recursos contra la privatización de seis hospitales públicos en la Comunidad recayesen en él. El PSM lo recusó además por estar casado con una consejera del Gobierno manchego de María Dolores de Cospedal, Marta García de la Calzada. Ahora mismo, todos los recursos están paralizados a la espera de que se resuelva precisamente esa impugnación. 

Gómez comunicó esta mañana a la Comisión Permanente del PSM su decisión –donde recibió pleno apoyo–, y después al portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Marcelino Iglesias. Pero no se lo trasladó a la dirección federal, que no tuvo más noticia de él que la carta del lunes, aunque Rubalcaba sí fue prevenido por Iglesias. Tras dejar su acta, Gómez compareció ante los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara alta para leer su despedida, y en todo momento reivindicó que actuaba movido por "coherencia", fiel a sus "principios". Recordó que el PSM, bajo su mando, sólo había recusado, en toda su historia, a uno de entre cinco mil jueces, a Martínez Tristán, por considerar que no reunía la "neutralidad exigible", porque respondía a los "intereses del PP", porque era un "juez clave" para hacer posible la privatización sanitaria en Madrid. Así que su entrada en el CGPJ es un "evidente pago" del PP "por sus intentos de dar luz verde al desmantelamiento de sistema sanitario público". Entrar en el CGPJ no le aparta forzosamente del TSJM, porque la nueva Ley del Poder Judicial, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, prescribe que sólo seis de los 20 vocales tendrán dedicación exclusiva. 

"La incoherencia tiene un precio más alto aún"

Pero si Gómez condicionó su salida a que Martínez Tristán no pasara por el Senado, ¿por qué dimite? "Podría escudarme en el tenor de mis palabras, podría cobijarme y conservar el acta de senador, pero el sentido de mis palabras era mucho más amplio que la literalidad de las mismas. Votar a la mitad de la lista, en la que no está Martínez Tristán, es contribuir a que salga la totalidad de la lista en la que sí está el juez dispuesto a facilitar la privatización". 

"Durante muchos meses, hemos estado en las mareas blancas, de la mano de los profesionales de la sanidad, de los pacientes y de los ciudadanos. Yo quiero poder seguir estando al lado de la gente, de mi gente, de los médicos, de los pacientes, de la sociedad madrileña, al lado de todas las personas que defienden nuestra sanidad, y si el precio que tengo que pagar por ello es entregar mi acta de senador, lo voy a hacer con mucho gusto –explicó ante los periodistas–. Me sentí muy orgulloso el día que fui elegido senador en esta Cámara, porque es un orgullo poder defender los ideales que tiene uno en el ámbito parlamentario. Lo voy a seguir haciendo, como lo he hecho hasta ahora, en la Cámara en la que fui elegido por el voto directo de los ciudadanos, en la Asamblea de Madrid. Desde allí seguiré luchando con todas mis fuerzas y con todo mi trabajo para garantizar la sanidad de los madrileños, y lo haré con más fuerza si cabe, con la fuerza que da la coherencia. En ocasiones la coherencia tiene un precio muy alto, pero la incoherencia tiene un precio mucho más alto aún, tan alto que yo no podría pagarlo".

Con sus palabras, Gómez parecía dejar en evidencia al PSOE, que sí ha votado a favor de Martínez Tristán. La dirección federal ha defendido en estos días que este juez no le "gusta", pero que no podía hacer otra cosa que apoyarlo, porque todos los partidos prometieron no poner "vetos" al contrario, en aras de facilitar la renovación del CGPJ y no caer en el bloqueo de la institución. 

Menéndez y Cascallana siguen y votan

El líder del PSM, no obstante, evitó lanzar críticas directas a Ferraz y Rubalcaba y revistió su decisión de un gesto de "coherencia" personal, y como jefe del partido en Madrid. Y para lanzar un mensaje "a los madrileños", para decirles que el PSM defenderá "hasta las últimas consecuencias" la sanidad pública, un objetivo que está "por encima de todo" y que se extenderá cuando llegue al Gobierno regional, momento en el que revertirá las privatizaciones. "Es un acto de rebeldía contra el PP, de rechazo contra la privatización de la sanidad pública. Otra lectura sería absolutamente equivocada y alejada de la realidad".

Gómez es el único que deja su escaño (y su sustituto aún no se ha decidido). No abandonarán la Cámara alta Maru Menéndez, secretaria de Organización del PSM –y senadora por designación de la Asamblea de Madrid, como lo era hasta hoy su jefe– y Enrique Cascallana, exalcalde de Alcorcón. Ambos, que siguieron la comparecencia emocionados, acudieron de hecho a la votación de los 10 vocales que le correspondía nombrar al Senado. Así que renuncia a su acta de forma "simbólica", por ser el líder del PSM, porque quiere ser "presidente de la Comunidad" y porque ha encabezado "todas las movilizaciones" y la recusación de Martínez Tristán. 

Ferraz confirmó que no habían recibido llamada alguna de Gómez. La portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, sí volvió a recordarle, como hizo ayer, que la defensa de la sanidad pública "no tiene nada que ver" con la renovación del CGPJ y que en esa protesta contra la privatización sanitaria están "todos" los socialistas. "El PSOE defiende la sanidad pública, todo el PSOE, en el Congreso, todos los senadores socialistas, todos los diputados en las asambleas autonómicas y también lo hacen de forma muy clara los Gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE. La defendemos y combatimos de forma clara las políticas que quieren acabar con la sanidad pública", remachó, informa Europa Press.

Page: tendrá las "manos libres" para seguir en la batalla de Madrid

El número dos en el Congreso, Eduardo Madina, defendió que no había "alternativa" a pactar el Consejo y subrayó que el acuerdo alcanzado es "bueno", aunque no sea "perfecto".  En la misma línea se pronunció Iglesias, quien reiteró que el compromiso de la negociación era no imponer vetos. "Es una decisión que él toma para ser coherente con su posición. La respetamos profundamente, es una decisión que le honra, pero la defensa de la sanidad pública es un compromiso del conjunto de los socialistas", rubricó. 

Habitualmente más cerca de las tesis de Gómez, Emiliano García-Page, senador y líder del PSOE en Castilla-La Mancha, interpretó que su decisión permitirá al jefe del PSM "seguir manteniendo una tensión en Madrid en la batalla por que no se privatice la sanidad pública". Page añadió que no cree que Gómez haya pensado en contradecir a Ferraz. Precisó que "en términos técnicos y jurídicos", Martínez Tristán puede formar parte del CGPJ porque "no tiene relación" con su función jurisdiccional. "Hablamos de dos planos muy distintos, difíciles de explicar a la opinión pública", concedió. "Entiendo que él quiera estar con las manos libres para explicárselo mejor a los ciudadanos de Madrid", concluyó.

Completada la designación de los 20 vocales

Con semejante tormenta, el voto de los 10 vocales hoy en el Senado casi era lo menos importante. Fueron elegidos sin sobresaltos los seis jueces de carrera y los cuatro juristas. De entre los primeros, Wenceslao Francisco Olea Godoy, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo; Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –estos tres elegidos por el PP–; Roser Bach, magistrada de la Audiencia de Barcelona; Victoria Cinto, magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa y exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Patxi López, y María del Mar Cabrejas, titular del juzgado 55 de Instrucción de Madrid (las tres por el PSOE). Del cupo de juristas, fueron designados el catedrático Vicente Guilarte y la secretaria judicial María Ángeles Carmona (PP), la abogada Pilar Sepúlveda (PSOE) y la hasta ahora diputada de CiU Mercè Pigem. 

Todos recabaron 235 votos, a excepción de Grande-Marlaska, que logró 230. En la votación se registraron además cinco blancos y ningún nulo. Así se culmina la renovación de los 20 vocales del CGPJ. Sólo resta que prometan o juren su cargo ante el rey. El hombre que previsiblemente ocupará la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo es el del magistrado del TS Carlos Lesmes, ex alto cargo de Justicia en los tiempos de José María Aznar. Formalmente lo elegirán los integrantes del Consejo, pero su nombre es inducido por el partido del Gobierno. 

La polémica no ha hecho perder apoyos a Francisco Gerardo Martínez Tristán. El presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que pretende decidir sobre todos los recursos presentados contra la privatización de la sanidad madrileña y que ha sido recusado por los socialistas madrileños, fue este martes el juez de carrera más votado por los diputados del Congreso para integrar el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Acumuló exactamente 303 votos. 

El pleno de la Cámara baja tenía que elegir a diez de los 20 vocales del Poder Judicial (los otros diez los designará mañana miércoles el Senado). De esos diez, seis procedían del turno de jueces y magistrados. Y de estos, Martínez Tristán, promovido por el PP, quedó en cabeza. 302 votos recibieron Carmen Llombart, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia y Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde 2004, los dos aupados por los conservadores. Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, vocal en el CGPJ de 1996 a 2001 y nominado por el PP, logró 301 apoyos. Los dos candidatos jueces designados por los socialistas obtuvieron menos votos: 300 Rafael Mozo, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y 298 Clara Martínez de Careaga, magistrada de la Sala de lo Militar del Supremo y esposa del anterior fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido. Como UPyD, Foro Asturias, Izquierda Plural y Compromís-Equo se habían desmarcado del acuero, se registraron 15 blancos y siete nulos, de un total de 327 votos emitidos. 

Los otros cuatro nombrados se adscriben al cupo de juristas de reconocido prestigio, y estos sí que fueron acordados no sólo por PP y PSOE –como ocurrió con los jueces–, sino por ellos dos más Izquierda Plural, CiU y PNV. De entre ellos, ganó el abogado Enrique Lucas, auspiciado por el PNV, con 312 votos. Le siguieron, con 311 respaldos, la abogada del Estado Nuria Díaz (nombrada por el PP) y la secretaria judicial Concepción Sáez, postulada por IU. El último, Álvaro Cuesta, exdiputado por Asturias del PSOE. El escrutinio de esta segunda urna arrojó un resultado de 325 votos emitidos, sólo cinco blancos y ocho nulos. La razón es que IU sí votó a los integrantes de esta papeleta, cosa que no hizo con la de los magistrados, porque ese pacto fue cocinado sólo por los dos grandes partidos. 

La controversia sobre Martínez Tristán se había recrudecido en las últimas horas. Tomás Gómez, líder del PSM, remitió ayer lunes una carta a Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochándole que hubiera aceptado en la lista a este juez, recusado por el partido por estar casado con una consejera manchega del Gobierno de Marta García de la Calzada. Gómez incluso amagó con renunciar a su escaño en el Senado si Martínez Tristán era refrendado por la Cámara alta, cosa que no ha ocurrido. 

"Han mandado a prisión a Montesquieu"

El debate previo, breve, circuló por los derroteros esperables. En el bando opositor al acuerdo, UPyD y Foro Asturias, que anunciaron su voto en blanco. Rosa Díez, portavoz de la única formación nacional que no ha participado en las negociaciones ni ha firmado ninguna pata del acuerdo –ni los vocales del turno judicial ni el cupo de juristas–, advirtió de que con la votación se perpetraba "un atraco a la democracia y un asalto a la Constitución". Mostrando un gráfico publicado en prensa con la ficha de cada uno de los 20 miembros del nuevo CGPJ (nombre y partido que lo promueve), Díez subrayó que todos ellos, como en una "cuadra", tienen "espónsor", y "si a uno le esponsoriza Nike, no corre con la camiseta de Adidas, porque sabe quién le paga la carrera". O sea, que los vocales se deben a quien les ha propuesto. "Un escándalo, una inmoralidad, y así es imposible que en este país acabemos con la corrupción". La portavoz del partido magenta confirmó su intención de recurrir la designación con un recurso ante el Tribunal Constitucional y de pedir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para acabar con la politización de la Justicia, un sistema "perverso" que no quiso, a su juicio, el constituyente.

También Foro Asturias rechazó el "reparto" de vocales porque supone "un gran antentado al entramado propio de la separación de poderes". El diputado Enrique Álvarez Sostres afeó al PP que haya aparcado su promesa electoral de que los miembros del CGPJ fuesen designados por los propios jueces y magistrados. "Han mandado a prisión a Montesquieu", acusó.

Defensa del consenso alcanzado

Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE, defendió que su partido había cumplido con la "obligación constitucional" de renovar el Consejo, algo que "no ha sido siempre así", cuando el PP bloqueaba las instituciones. El diputado socialista pidió además "respeto" a los vocales, porque han sido elegidos no por 5.000 jueces, sino por los representantes de la soberanía popular, un sistema en el que siempre ha creído el PSOE, dijo. "Esto es un órgano político, no jurisdiccional", advirtió. José Miguel Castillo, su homólogo del PP, también reivindicó la limpieza del proceso y reprobó a UPyD por sus descalificaciones, que sólo pretenden una visión "distorsionada" sobre la independencia de la CGPJ. Castillo subrayó que en la candidatura acordada por PP, PSOE, IU, CiU y PNV están presentes el "prestigio", la "excelencia" y la "pluralidad", por lo que sus integrantes podrán cumplir con "solvencia" su tarea. 

En una tierra mixta se situó el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, que explicó que su grupo sí apoya la candidatura de cuatro juristas de reconocido prestigio –y ahí logró una plaza, la de la secretaria judicial Concepción Sáez–, pero prefería votar en blanco a los seis jueces pactados entre PSOE y PP. "No puede haber convidados de piedra", se quejó. 

La secuencia arrancó ayer lunes. Gómez fue informado de que uno de los 12 jueces que se incorporarán al nuevo CGPJ –los otros ocho proceden del cupo de juristas de reconocido prestigio– era Martínez Tristán, el magistrado que se arrogó la potestad de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que él preside, decidiese sobre todos los recursos en contra de la privatización de la sanidad madrileña. Este juez fue recusado por el PSM también por ser el marido de una consejera del Gobierno manchego, que encabeza María Dolores de Cospedal. Gómez escribió una carta automáticamente a Alfredo Pérez Rubalcaba, donde calificó de intolerable el acuerdo alcanzado por PSOE y PP sobre la renación del CGPJ, ya que resultaba incomprensible para los socialistas madrileños y para los profesionales sanitarios respaldar a Martínez Tristán. El líder del PSM le advertía de que si la lista que incluye a este juez llegara al Senado para su votación, él, para no romper la disciplina de partido y ser "coherente" con sus principios, renunciaría a su escaño de forma inmediata.

Soraya Rodríguez, la portavoz socialista en el Congreso, insistió hoy martes en rueda de prensa en que al partido no le "gusta" que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM se convierta en nuevo vocal del CGPJ, pero recordó cuál había sido el procedimiento de partida y los objetivos marcados: cumplir con la "obligación" de renovar el Poder Judicial y no bloquear la institución e "incorporar al mayor número de grupos" al acuerdo, para lo cual se estableció el principio de que ninguna fuerza utilizara el derecho de veto. Martínez Tristán fue "propuesto por el PP" y "los responsables de las propuestas son quienes las hacen", y el PSOE sólo se hace "responsable" de las suyas, argumentó. 

"En nada afecta" a la recusación

La portavoz incidió en que la elección de Martínez Tristán "en nada afecta" con el proceso "ilegal" de privatización sanitaria Madrid y con la recusación, que el PSOE apoya –"igual que estamos juntos en todas las actuaciones que está llevando a cabo el PSM en defensa de la sanidad pública"–, y sigue "viva" por su vinculación con la consejera manchega Marta García de la Calzada. "La propuesta realizada para este órgano por el PP apuntaría y apuntalaría esta recusación en marcha". 

En consecuencia, el PSOE votará no a favor de un juez, precisó, sino "a favor de un acuerdo, firmado por distintos grupos parlamentarios". "La responsabilidad política también se tiene cuando estás en la oposición. Cuando estás en el otro lado debes actuar de forma diferente", explicó Rodríguez. 

Rodríguez dijo no esperar "ninguna indisciplina de voto". Los números, desde luego, juegan a favor de Rubalcaba. De los 10 diputados socialistas electos por Madrid, sólo una, Delia Blanco, es cercana a Gómez. Los otros nueve –Elena Valenciano, Antonio Hernando, Valeriano Gómez, José Enrique Serrano, Rafael Simancas, Ángeles Álvarez, Diego López Garrido, Pedro Sánchez y el propio Rubalcaba– son fieles a la dirección federal. Blanco fue preguntada por su intención de voto por este diario, pero no quiso hacer declaraciones. 

¿Y en el Senado? El PSM dispone de tres escaños, uno electo, Enrique Cascallana, y dos designados por la Asamblea regional, Maru Menéndez y Tomás Gómez. ¿Dejará su acta ahora el líder del PSM y sus compañeros? "El compromiso que adquirió Tomás fue personal, y así lo explicaba en su carta, de modo que no involucra a otros parlamentarios. En cualquier caso, la lista va por el Congreso, no por el Senado, y él explicaba qué haría si pasaba por la Cámara alta", alegaron desde el entorno de Gómez. Es decir, que se apoyará la lista de 10 vocales que se vote mañana en el Senado (seis jueces y cuatro juristas). 

PSM: la información "oficial" llegó después

Desde el PSM indicaron que supieron "oficialmente" que Martínez Tristán figuraba en el cupo a cargo del Congreso después de que Gómez remitiera la carta a Rubalcaba, "entre la noche del martes y esta mañana". Sin embargo, el Grupo Socialista en la Cámara facilitó los nombres y la Cámara que los iba a elegir formalmente en un mail enviado a los medios sobre las ocho de la tarde. Más aún, Gómez fue preguntado por los periodistas sobre unas declaraciones del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que afirmó que el líder del PSM ya sabía que no tendría que votar a Martínez Tristán antes de amenazar con dejar su acta. "El consejero de Presidencia miente", aseguró tajante. Gómez, de caminio, criticó el acuerdo PP-PSOE sobre la renovación del Consejo: "Esas formas de hacer política son formas del pasado, el futuro para este país tiene que ser diferente", sostuvo, informa Europa Press. Lo mismo que anoche en la Ser.

Fuentes socialistas relataron que fue Soraya Rodríguez quien telefoneó ayer, "sobre las dos de la tarde", a la número dos del PSM, Maru Menéndez, para informarle del acuerdo, "y ya entonces se le dijo qué jueces entraban y qué Cámara sería la encargada de votarlos". La distribución de qué jueces tocaban al Congreso y cuáles al Senado fue "meramente técnica", y "no tuvo que ver la presión de Gómez". "No se habría podido cambiar, de hecho". "Tuvieron la información antes de que se hiciese pública... Pero claro, las bravuconadas a veces se descubren", reprobaron. El Grupo Socialista siempre ha repetido que la negociación ha sido "dura" pero que la alternativa era cerrarse en banda y vetar, en cuyo caso, el PP, gracias al cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial promovido por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón (y recurrida por el PSOE), podría designar por la vía rápida, sin consenso, a los 10 vocales que corresponden al Senado, pues allí disponen de la mayoría necesaria de tres quintos. 

La votación en el Congreso será hacia las ocho de la tarde. La Mesa llamará a los 350 diputados y estos depositarán sus dos papeletas –la del turno judicial, con los seis nombres, y la del turno de juristas, con los otros cuatro– en dos urnas. No se podrá saber quién vota qué. Los parlamentarios pueden escribir en la primera cuartilla cualquiera de los 54 aspirantes designados por los jueces. Pero, dado el acuerdo de PSOE y PP, sólo saldrán elegidos los 10 conocidos. Del cupo de jueces y magistrados de carrera, Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán (propuestos por el PP), Clara Martínez y Rafael Mozo (promovidos por el PSOE). Del turno de juristas, Nuria Díaz (PP), Álvaro Cuesta (PSOE), Concepción Sáez (Izquierda Plural) y Enrique Lucas (PNV). 

IU no fue consultada "en ningún momento" sobre los jueces

Mañana, en el Senado, se votará a los diez restantes vocales. Jueces y magistrados son Wenceslao Francisco Olea Godoy, Juan Manuel Fernández Martínez, Fernando Grande-Marlaska –designados por el PP–, Roser Bach, Victoria Cinto y María del Mar Cabrejas (por el PSOE). Y juristas, Vicente Guilarte y María Ángeles Carmona (PP), Pilar Sepúlveda (PSOE) y Mercè Pigem (CiU). 

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se desmarcará de hecho de la votación de los jueces acordados por PSOE y PP. Como explicó José Luis Centella, portavoz parlamentario del grupo, en rueda de prensa, no respaldarán a ninguno de los 12 magistrados apalabrados por los dos grandes partidos porque no están de acuerdo con ese reparto de poder en el que no han participado. IU-ICV-CHA apoyará sólo a los candidatos que se ajusten a su perfil de entre los 54 aspirantes avalados por los jueces. Izquierda Plural sí votará a los ocho juristas elegidos para el CGPJ, pues en ese diálogo sí intervino, aunque a última hora. Centella volvió a condenar los métodos "bipartidistas" utilizados por PSOE y PP y remarcó que su grupo no ha sido consultado "en ningún momento" sobre los nombres del turno judicial. 

Otro incendio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez, entre Ferraz y el Partido Socialista de Madrid (PSM). Esta vez no por una cuestión interna, no por las primarias, sino por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). O, más en concreto, por la aceptación, por parte del PSOE, de uno de los vocales propuestos por el PP, el juez Francisco Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decidió que todos los recursos contra la privatización sanitaria en Madrid pasasen por sus manos. Martínez Tristán, casado con una consejera de María Dolores de Cospedal, está recusado por el PSM. Gómez, en cuanto vio que el juez entraba en la lista, escribió a Rubalcaba para manifestarle su oposición y amenazarle con dejar su escaño de senador. 

El propio líder explicó este lunes por la noche en la Ser que cuando se enteró de que el juez figuraba en la lista de vocales al CGPJ del turno judicial y redactó la carta, aún no sabía sería refrendado por el Congreso o por el Senado. Pero quería dejar claro su rechazo a Martínez Tristán. Gómez afirma en la misiva, a la que ha tenido acceso infoLibre, que el respaldo de los socialistas a una tabla en la que se incluya a este magistrado es incomprensible tanto para los socialistas madrileños como para los profesionales de la sanidad que han venido luchando en los últimos meses en contra de la privatización de seis hospitales públicos, y le recuerda que el partido ha recurrido la decisión de la Comunidad de Madrid en varias instancias judiciales y ante el Tribunal Constitucional. 

El escrito señala que al PSM le parece "intolerable" apoyar esa lista, porque Martínez Tristán es el que, según entiende el partido, es partidario de privatizar los hospitales, ya que ordenó que todos los recursos recayesen en una instancia controlada por él. Intolerable respaldo, argumenta Gómez, a cambio de tener un sillón en el CGPJ. El jefe de los socialistas madrileños subraya su firme oposición a la decisión del PSOE y anuncia que si ese juez es votado en el Senado, él, para no romper la disciplina de voto y ser "coherente" con sus valores y principios, presentará de manera inmediata su renuncia como senador. Por último, Gómez le pide a Rubalcaba que reconsidere el pacto, que aún se está a tiempo de rectificar y demostrar que el PSOE defiende la sanidad pública por encima de intereses partidistas. Le recuerda, además, que la Conferencia Política de hace dos semanas acordó que los socialistas estuvieran junto a las mareas ciudadanas, y el camino cerrado este lunes no es estar con ellas. 

En la Ser, Gómez insistió en su "absoluto desacuerdo" con la decisión de Rubalcaba, porque Martínez Tristán está en las "antípodas" del partido por dos razones, porque está "al servicio del PP" y por favorecer la externalización de hospitales. "Si no nos vale para estar en el juzgado", alegó, no vale para que se siente en el órgano de gobierno de los jueces. La indignación era palpable en el PSM. "Es una falta de respeto a la marea blanca, que se ha manifestado con treinta grados y a menos tres. Hecemos lo que piensa la gente de la calle", se quejaban en el entorno del líder de los socialistas madrileños. 

"Habrían rechazado a Álvaro Cuesta o Mercè Pigem"

En las conversaciones que Gómez mantuvo con la cúpula del Grupo Socialista y, según Ferraz, con el propio Rubalcaba, la dirección le explicó que todos los partidos que han suscrito el pacto –PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU y PNV– se conjuraron para no imponer vetos a los candidatos de los demás. Es decir, que ni los conservadores rechazarían un nombre de los socialistas ni estos uno del PP. "Claro que no nos gusta este juez, pero si entramos en la dinámica de vetos, entonces ellos nos habrían dicho que no a Álvaro Cuesta, que no es que sea cercano al PSOE, es que es militante y ha sido diputado nuestro, o habrían dicho que no a Mercè Pigem, que es parlamentaria de CiU", relataron fuentes oficiales. 

El martes pasado, in extremis, se cerró el pacto a cinco bandas sobre la renovación del Poder Judicial. Entonces se oficializaron los ocho nombres de juristas de reconocido prestigio que tenían que pasar el examen de la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado. El resto de la lista, los 12 vocales escogidos entre jueces y magistrados, se conoció este lunes después de que las dos grandes fuerzas lacraran su pacto. Así, el PP se reserva la mayoría absoluta del órgano de gobierno, con 10 miembros, más el presidente, que se designará posteriormente (aunque el más que seguro aspirante es Carlos Lesmes). El PSOE se queda con siete sillones, e IU, CiU y PNV, con uno más cada una. El pleno del Congreso respaldará a diez vocales este martes, y el Senado hará lo propio con los otros diez el miércoles. Martínez Tristán está en el primer paquete, en el cupo de la Cámara baja, tal y como indicó en una nota de prensa el Grupo Socialista sobre las ocho de la tarde. 

"Hay que pensar en otras formas de hacer política"

Dado que el juez del TSJM no será votado en la Cámara alta, ¿qué hará? Gómez no respondió. "Yo cuando mandé la carta, no sabía si se iba a votar en el Congreso, en el Senado o en qué ámbito. La información que teníamos era la que el Grupo Parlamentario nacional nos había remitido al PSM. Era una posibilidad que hubiese que votarlo en el Senado, por lo cual yo hubiese abandonado mi escaño. No sé si finalmente se votará en el Congreso o en el Senado", respondió en Hora 25, en la Ser, ya de noche, rubricando que antes están sus "principios" que su acta. El líder del PSM criticó asimismo el procedimiento, el reparto de la tarta judicial por cuotas entre partidos. "A lo mejor hay que pensar en distintas formas de hacer política", en un "nuevo tiempo en la democracia". "Luego nos sorprendemos cuando los ciudadanos creen que todos somos iguales o que piden más democracia y otro tipo de democracia". 

Rubalcaba había defendido por la tarde, en un almuerzo en el Club Siglo XXI, su oposición "útil" y "sensata", y contrastó la actitud del PP, que "bloqueaba las instituciones" cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, con la que ahora tiene el PSOE, que ha firmado el pacto del CGPJ en tiempo récord, en apenas dos meses desde que venció el mandato de cinco años del CGPJ saliente. 

Fuentes del equipo de Rubalcaba se mostraron convencidas de que Gómez iba de "farol" y que al final no dejará su escaño. "No va a dimitir. Buscará una excusa", aseguraba un alto cargo de Ferraz. 

La decisión del juez Gerardo Martínez Tristán de encomendar al pleno de la Sala de lo Contencioso, presidido por él mismo, resolver todos los recursos que sobre forma y fondo de la privatización sanitaria lleguen al Tribunal Superior de Madrid (TSJM) lleva fecha del 11 de octubre. Casado con Marta García de la Calzada, hoy consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal y hasta 2009 alto cargo de la Comunidad de Madrid, el magistrado justifica el paso dado alegando que dos secciones distintas de lo contencioso han dictado resoluciones “que resultan o puedan resultar contradictorias”. Evitar contradicciones en un litigio de importancia máxima es, por tanto, el objetivo declarado de su orden. Pero, en realidad, tales contradicciones no han existido hasta la fecha.

Para reforzar la idea de que se están produciendo resoluciones dispares y contradictorias, Tristán cita dos autos: el de la Sección Tercera de lo Contencioso que el 11 de septiembre estimó el recurso de la asociación de médicos AFEM y dejó en suspenso el proceso de privatización, y el de la Sección Octava de la misma sala que el pasado día 9 de este mes rechazó el recurso de CCOO, también planteado en favor de la suspensión del proceso de privatización.

En apariencia, AFEM y CCOO pedían lo mismo y por idénticas razones. Pero la simple lectura de los autos que resuelven sobre sendos recursos constata que no es así. CCOO recurrió al tribunal porque el Gobierno de Madrid se negó a suspender el proceso privatizador tras el requerimiento del sindicato. AFEM, en cambio, acudió a los tribunales sin cuestionar el derecho del Ejecutivo a privatizar la gestión de seis hospitales más. Lo que discute la asociación de facultativos es el pliego de condiciones, es decir, las reglas de juego que rigieron la adjudicación de esos seis hospitales. Ese pliego introducía derechos distintos para el personal fijo y el interino. Y cinco días antes de expirar el plazo de ofertas se modificó para reducir drásticamente la fianza económica que debían depositar las empresas aspirantes.

Pera y manzana

En otras palabras: el mismo Tribunal Superior de Madrid puede rechazar el argumento de CCOO, según el cual el Gobierno de Ignacio González carece de “potestades legítimamente atribuidas” para llevar a cabo la privatización, y aceptar los razonamientos de AFEM sobre cómo las reglas del juego establecidas para esa privatización deben ser anuladas y rehechas. Por acudir a una paráfrasis popularizada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ambos recursos son frutas. Pero uno es una pera y el otro, una manzana. Imposible, por tanto, conjugarlos a efectos de equivalencia o contradicciones.

Entre los dos autos esgrimidos por el juez hay una segunda falsa contradicción: la Sección Tercera considera que la asociación AFEM está legitimada para recurrir las decisiones del Gobierno de Madrid y la Sección Octava entiende que CCOO carece de esa legitimación. Pero el juez obvia un tercer auto, también de la Sección Tercera, que ya había rechazado en julio la intervención del PSM (el PSOE madrileño) en el proceso judicial. Y lo hizo con los mismos fundamentos básicos esgrimidos luego por la Octava para expulsar a CCOO del proceso.

AFEM fue aceptada bajo el argumento de que sus miembros son empleados de la sanidad pública a los que la privatización afecta de manera directa y concreta. El PSM y CCOO fueron expulsados bajo la controvertida premisa de que la privatización o su anulación no acarreará a ninguna de esas dos organizaciones beneficio o perjuicio directo.

Los socialistas o los afiliados a CCOO pueden quejarse en público o ante los tribunales –el PSM ya lo ha hecho– por la rigidez del criterio aplicado para discernir quién tiene o no tiene interés legítimo en una causa. Pero, en cualquier caso, tanto la Sección Tercera como la Octava siguieron la misma línea sin atisbo de contradicción.