Un magistrado del Tribunal Supremo imputado por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos. La titular de la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, la que instruye uno de los casos por el espionaje con Pegasus, ha señalado como investigados a dos exdirectores de la Guardia Civil –Félix Azón y María Gámez– y la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban. La resolución ha causado sorpresa en el Alto Tribunal porque Azón es miembro de su Sala de lo Social y todos los magistrados del máximo órgano judicial español, en cualquiera de sus órdenes –Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar– están aforados a su Sala de lo Penal. Este último tribunal, el que condenó el pasado noviembre al ex fiscal general del Estado, es el único competente para investigar (y por tanto imputar) a Azón.

Félix Azón fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE entre 2008 y 2013. Con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, este juez que ha pasado la mayor parte de su carrera en Cataluña, se convirtió en el primer director general de la Guardia Civil nombrado por el ministro del Interior (y también juez) Fernando Grande-Marlaska. Es a esa etapa, que se prolongó hasta enero de 2020, a la que pertenecen los hechos que la jueza de Barcelona investiga y que se recogen en una denuncia de la asociación Sentinel Alliance por el supuesto espionaje con las herramientas Pegasus y Candiru de cinco desarrolladores informáticos. Además de los tres altos cargos de la Guardia Civil y el servicio de espionaje, la instructora también ha imputado a seis dirigentes de las empresas que comercializan ambos programas de espionaje (NSO Group y Saito Tech).

El exdirector de la benemérita denunciado, se convirtió en magistrado de la Sala de lo Social del Supremo (la que tiene la última palabra en los asuntos laborales o de seguridad social) el 20 de febrero de 2025. Fuentes del Alto Tribunal indican que, por esa razón, el escrito contra Azón debió presentarse ante la Sala de lo Penal el Alto Tribunal y no en el Tribunal de Instancia de la capital catalana. La otra vía para que la causa contra el ex máximo responsable del cuerpo policial llegue al Supremo es que la jueza de Barcelona presente una exposición razonada con los indicios encontrados contra él. En el Supremo indican, sin embargo, que según la doctrina de la Sala de lo Penal, esos indicios deben ser sólidos, lo que implica que no basta solo con trasladar los hechos que recoge la denuncia. La jueza de Barcelona tendría que avanzar en su investigación al resto de imputados para comprobar si, efectivamente, se pueden achacar racionalmente al magistrado aforado.

En caso de que esa hipotética exposición razonada prosperara en el Supremo, sería la primera vez en democracia que un magistrado del Alto Tribunal podría ser imputado. El único precedente es el del ex máximo responsable del Ministerio Público, que al pertenecer a la máxima categoría, fiscal de Sala, tiene el mismo rango que un miembro del máximo órgano judicial. La Sala de lo Penal ha investigado y condenado a magistrados –como Baltasar Garzón en el caso de las escuchas en prisión del caso Gürtel– pero nunca a un miembro del máximo tribunal español.

Fuentes de los querellantes han informado a EFE que entienden que la investigación de su causa avanzará en el citado juzgado de Barcelona, y si a partir de ahí hay suficientes indicios contra Azón, se enviará esa exposición razonada para saber si lo citan a declarar en Madrid o en la capital catalana. Se trata de la primera vez que la justicia actúa contra dos exdirectores de la benemérita por este caso de espionaje a dirigentes independentistas y su entorno. En el caso de Paz Álvarez, la exresponsable del CNI está imputada en otras causas abiertas.

El caso que ahora arranca es el primero que se dirige contra una segunda aplicación espía, Candiru, comercializada por Saito Tech, y que solo Gobiernos y servicios de inteligencia pueden adquirir. La intervención supuestamente ilegal de los dispositivos de los denunciantes fue descubierta por el grupo de investigadores de la Universidad de Toronto Citizen Lab, la entidad que detectó el caso de espionaje masivo durante el proceso independentista. El laboratorio canadiense fechó los hechos durante dos años desde 2019. Las aplicaciones supuestamente empleadas permiten extraer todo el contenido de los móviles: chats, correos, contraseñas, archivos. También pueden activar a distancia el micrófono y la cámara.

Los titulares de la entrevista del pasado lunes en Televisión Española al presidente del Gobierno destacaron una de sus afirmaciones: "Hay jueces haciendo política, que son una minoría, pero hacen un inmenso daño a la justicia". Acto seguido el jefe del Ejecutivo añadió: "Y también políticos haciendo justicia". Se refería a la judicialización de la política. A la utilización de los tribunales como último recurso cuando las batallas entre las formaciones –en este caso de las formaciones de derecha contra el Gobierno– se pierden en el Parlamento por el juego de mayorías y minorías. Ese fenómeno ha provocado en los últimos meses un fuerte atasco en la Sala de lo Penal del Supremo. Las causas contra aforados –diputados, senadores, ministros, magistrados del Constitucional...–, la inmensa mayoría abocadas al archivo, se han multiplicado en los últimos años provocando un colapso en la máxima instancia criminal española que ha obligado a sus magistrados a multiplicar sus esfuerzos.

De las cuatro secciones en las que se divide esa sala, la cuarta es la que lleva este tipo de causas (además de otros procesos como los recursos de revisión, los errores judiciales, los de unificación de doctrina, las cuestiones de competencia o los de queja). En 2023, los asuntos que llegaron a ella fueron 1.599, 489 más que el año anterior. Y en septiembre de 2024, esa cifra ya se había superado, con 1.744 casos en lo que se llevaba de año. Ese incremento registrado en 2023 se reflejó, sobre todo, en las denuncias y querellas presentadas contra aforados que, en un solo año, pasaron de 70 a 204, lo que supone un incremento de casi un 200%.

"El generalizado clima de polarización política y social revierte en un incremento de los escritos de denuncia contra personas aforadas", advirtió la magistrada progresista Ana Ferrer en su programa de actuación para la Sala al presentarse como candidata a presidirla el pasado noviembre. Tras retirarse, la presidencia ha ido a parar al candidato de los conservadores, Andrés Martínez Arrieta.

Según los datos expuestos por Ferrer, ese incremento de asuntos (el de los aforados es uno de los más destacados) ha obligado a aumentar el número de ponencias (borradores de resolución) que todos los magistrados asumen semanalmente. También la incorporación de nuevos letrados que les asisten con los casos, que han ido aumentándose desde 2018 hasta sumar 17 más, sumando a los dos coordinadores. En ese contexto, la enorme subida de las causas contra políticos, supone un obstáculo importante para la marcha normal del tribunal.

Porque, según la magistrada de Juezas y Jueces para la Democracia, las querellas y denuncias contra estas personas sufren "un crecimiento exponencial injustificado que distorsiona el funcionamiento de la Sala". Y lo distorsiona, porque, como sostiene Ferrer, ese crecimiento "obliga a las magistradas y magistrados, sin el filtro previo del gabinete técnico, a dictar una pluralidad de resoluciones". Resoluciones que, a la postre, "suponen un esfuerzo inútil en detrimento del que requieren otros asuntos de interés". En su relato, la jueza dejaba de lado las exposiciones razonadas de órganos inferiores o las planteadas por el Ministerio Fiscal o acusaciones particulares y populares serias.

"Me refiero al incesante ingreso de escritos de denuncia o querella procedentes de actores políticos o grupos de presión", añadía. Unos documentos que tienen "el exclusivo afán de instrumentalizar la justicia en defensa de determinados idearios, planteando litigios que cualquiera medianamente ilustrado en derecho reconoce como improsperables y que, simplemente, pretenden trasladar a los tribunales un clima de crispación y polarización". "O los casos no infrecuentes en los que, mediante las más variopintas denuncias, se pretende convertir la Sala en una especie de buzón de desahogo de una ciudadanía que canaliza por esta vía su frustración".

El incremento de 70 a 204 denuncias y querellas contra aforados en 2004, que supone en términos porcentuales un aumento del 191% de escritos presentados, contrasta especialmente con los que finalmente son admitidos a trámite, que no superan el 5%. Se trata de "denuncias contra actores de los más variados signos políticos destinadas al archivo, que saturan injustificadamente al órgano que está en la cúpula de la jurisdicción penal", proseguía Ferrer. El problema es que descartarlas implica un importante esfuerzo: "Requiere cierta motivación" que, en la mayoría de los casos, se duplica. Porque tras el archivo, los denunciantes y querellantes presentan recurso de súplica.

Entre los que recurren a este tipo de escritos se encuentran varias formaciones políticas. Como el PP que, en abril de 2024, se querelló contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por proponer a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Sala sin ningún éxito. También Vox, que ha actuado contra el presidente del Gobierno, varios ministros e incluso los magistrados del sector progresista del Tribunal Constitucional. Junto a ellos, actúan un buen número de organizaciones satélites de la derecha y extrema derecha: como el pseudosindicato ultra Manos Limpias, los ultracatólicos de Hazte Oír y otras asociaciones derechistas y conspiranoicos que fracasan sistemáticamente en llevar a los adversarios políticos al banquillo.

Miguel Ángel Gallardo ha provocado una nueva polémica política con su decisión de ser parlamentario autonómico, haciendo correr de la lista a cinco compañeros del PSOE con el fin de estar aforado en mitad del proceso judicial en el que está siendo investigado por el contrato de la Diputación de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Con este movimiento, el actual líder del PSOE de Extremadura se asegura estar aforado, lo que conlleva que será juzgado por un tribunal superior respecto al ordinario que instruye ahora mismo la causa. El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo e incluso habla de fraude, mientras que el socialista ha planteado la posibilidad de reformar esta figura en el ámbito de Extremadura. A pesar de sus críticas, los populares no quieren eliminar esta ventaja recogida en la Constitución.

El aforamiento supone una de las figuras jurídicas más controvertidas y  estuvo en primera línea del debate político al calor de las reivindicaciones del 15M sobre regeneración democrática. Pero sólo seis comunidades autónomas han dado durante estos años el paso para su limitación o eliminación: Canarias (la pionera), Cantabria, Murcia, Baleares, Aragón y La Rioja. Y en camino está ahora mismo Castilla-La Mancha, que acaba de aprobar su reforma estatutaria y que debe ahora enfrentarse al trámite en las Cortes Generales. El texto recoge la supresión de los aforamientos y precisa que la responsabilidad penal del presidente y miembros del Gobierno será exigible ante los tribunales ordinarios, y que las que puedan dirimirse por el ejercicio de su cargo serán juzgadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha o el Tribunal Supremo.

A pesar del debate abierto durante estos años, el Congreso, por ejemplo, decidió ampliar los aforamientos en 2014 de manera exprés a través de una enmienda a un ley que no tenía nada que ver con ellos cuando se produjo la abdicación de Juan Carlos I. Con el voto a favor del PP y la abstención del PSOE, la Cámara Baja acordó aforar a los reyes eméritos, a la reina Letizia y a la princesa de Asturias.

Con la figura del aforamiento se busca garantizar la autonomía, independencia y libertad de los miembros del Gobierno y de los parlamentarios, según la jurisprudencia del Constitucional. La idea es evitar contra los políticos la utilización abusiva de querellas y procesos que busquen explícitamente frenar su actividad.

El PSOE, ahora en el poder, puso entre sus promesas la limitación del aforamiento, pero ahora mismo se ha aparcado por completo. Cuando accedió a liderar el socialismo en 2014, Pedro Sánchez abogó por acabar con el aforamiento de los cargos públicos. Asimismo, ya en La Moncloa, el Ejecutivo aprobó en noviembre de 2018 una propuesta de reforma constitucional a fin de modificar los artículos 73 y 102 para que los cargos públicos únicamente puedan estar aforados en las funciones que corresponden al “estricto ejercicio de las funciones” y no en general como “persona”. Aquel texto se quedó estancado por el adelanto electoral de 2019 y los socialistas ya no volvieron a llevarlo a las Cortes en la siguiente legislatura.

El movimiento de Gallardo ha supuesto reabrir un debate no resuelto. El PP y Vox son muy críticos con el extremeño pero no rechazan esa figura. Los socialistas han defendido a su barón y no han dado señales de recuperar esa vieja promesa. Algunos de sus socios, como los comunes y Compromís, han admitido que es un debate que debería darse, pero tampoco se han anunciado iniciativas concretas para su reforma.

El aforamiento —ser investigado y juzgado por el Supremo o por un tribunal de más alto rango del competente para cualquier ciudadano— no debe confundirse con la inmunidad. Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y eurodiputados tienen ese privilegio (la inmunidad) que implica que los tribunales deben pedir permiso a las cámaras para actuar contra sus miembros. El aforamiento, sin embargo, es una figura que no existe en ningún país de nuestro entorno. Una vez levantada la inmunidad del parlamentario de que se trate, en el resto de Europa y en Estados Unidos es el juzgado local y ordinario competente, a quien corresponde la primera instancia penal, el que se encarga del caso.

Los expertos se dividen entre los que consideran que el aforamiento es una ventaja o un perjuicio. Lo que está claro es que es contrario al principio de igualdad recogido en la Constitución, ya que supone una diferencia de trato frente al resto de la sociedad. Por un lado, los que tienen este derecho o privilegio acceden directamente a los tribunales a los que se supone la máxima calidad jurídica, pero al mismo tiempo, la desventaja es que no existe una segunda instancia que pueda revisar el caso (cuando el tribunal al que se está aforado es el Supremo), lo que afecta a un derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva. 

Abogados y expertos penalistas también critican que el instructor, el tribunal que se encarga de los recursos y el que celebra el juicio salen de la misma sala, lo que incrementa las sospechas de falta de imparcialidad entre compañeros, que tienden a no desautorizarse entre sí. También la falta de experiencia de los magistrados instructores que pertenecen a órganos que se encargan de garantizar la seguridad jurídica y la coherencia de las resoluciones mediante la resolución de recursos contra decisiones de tribunales y juzgados inferiores. En el caso abierto en el Supremo contra el fiscal general del Estado, por ejemplo, el instructor, Ángel Hurtado, solo investigó delitos al inicio de su carrera, entre 1983 y 1989, cuando internet, las redes sociales o los móviles no existían.

La Constitución prevé expresamente el aforamiento del Gobierno, diputados y senadores al Supremo. A ellos se suman los previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (jueces y fiscales, magistrados del Constitucional, del Tribunal de cuentas, vocales del Poder Judicial, miembros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo).También los miembros de los gobiernos autonómicos y las asambleas legislativas de las comunidades, que, según sus estatutos de autonomía, deben ser juzgados por los tribunales superiores de justicia de cada comunidad, salvo el presidente andaluz, al que juzga el Supremo.

Pero el grupo más numeroso es el formado por policías, guardias civiles y policías autonómicas, que responden ante las Audiencias Provinciales en los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo (unas 230.000 personas). El número total de aforados roza los 250.000, según dijo el expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, durante una comparecencia en el Parlamento en 2017. 

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha asegurado, en su primera intervención en la Asamblea tras tomar posesión como diputado, que llega para quedarse, "dar la batalla y sin complejos", ante las críticas de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que le ha reprochado que lo hace "buscando refugio" por su situación judicial, según recoge EFE.

Gallardo, que como presidente del Grupo Parlamentario Socialista, se ha estrenado preguntando a Guardiola, ha criticado que desde que anunció su decisión de acceder a la Asamblea lo hayan convertido "en un problema personal y no lo es", ha dicho, porque el problema es "la deriva a la que ha llevado su gobierno a la región".

El dirigente socialista se ha mostrado convencido de que la derecha y extrema derecha basarán el pleno de hoy en el presidente Sánchez y su aforamiento, pero ha dicho que él ha llegado a la Asamblea "a plantar cara" y defender un proyecto progresista y unos servicios públicos que se están desmantelando por el gobierno del PP.

En este sentido, les ha advertido de que, pese a que les incomode su presencia, "sus bulos, sus insultos y denuncias falsas pagadas con dinero público" no le van a apartar de su responsabilidad y va actuar contra "el peor gobierno" que ha tenido Extremadura. Por todo ello, ha destacado que su primera pregunta "es política y no jurídica" sobre si la presidenta de la Junta está dispuesta a sentarse con el PSOE para trabajar para solucionar los problemas de la Extremadura real.

Por su parte, Guardiola, que también le ha recriminado su "aforamiento exprés", ha defendido su "respeto al diálogo", pero le ha dicho que no le pida que "entre de su mano en el delirio que se ha montado, en esa maraña de mentiras y excusas y sinvergonzonería" y le ha instado a que diga "cuándo fue a última vez que dijo la verdad".

Ha asegurado que el valor que ella le otorga al diálogo es "inversamente proporcional" al respeto que Gallardo tiene a las instituciones y le ha reprochado que no se presente como víctima "porque no es víctima de nada, ni cree en la justicia", sino que entiende la gestión pública "como ese lugar para hacer y deshacer a su antojo y le han pillado".

"Usted ha llegado aquí dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera y se permite el lujo de decirme lo que tengo que hacer y dando lecciones", ha señalado Guardiola, que le ha recordado a Gallardo que "pertenece al PSOE de Sánchez, el de los tres monitos, que tienen la boca tapada, los ojos y los oídos" y que no da explicaciones de nada.

Ante todo estos, ha asegurado que su gobierno seguirá trabajando "con diálogo, decoro y transparencia" y le ha pedido respeto a las instituciones "que están por encima de la siglas, aunque el sanchismo haya quebrado ese principio básico de la democracia", ha dicho.

¡Qué contento (o contenta) estoy con mi acta de diputado! Pues, fíjense, yo, con mi acta de Diputado, que he obtenido por estar en las listas de un partido determinado, puedo, ante un problema grave por el que se me expulsará de dicho partido, coger mi acta bajo el brazo y ofrecerme a cualquiera de los otros grupos parlamentarios. Lo lógico es que, en tal situación, se me acoja con gusto porque aporto un voto; y no pueden figurarse lo que vale un voto en el Congreso de los Diputados. 

Y tal vez no lo sepan, pero el acta de diputado incluye garantías y privilegios que son muy necesarios para el cumplimiento de nuestras funciones, y que están recogidas en el Artículo 71 de la Constitución Española, según el cual los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones; y durante el periodo de su mandato gozarán de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. 

Un acta de diputado es un tesoro, porque implica ser aforado y, en caso de cometer un delito, me juzgaría un tribunal distinto al que les corresponde a los ciudadanos de a pie. Así que no puedo renunciar al acta; tengo razones poderosas para quedármela. Además, es mía; y solo mía, aunque la haya ganado con las siglas de algún partido. 

En España hay cerca de 250.000 aforados. Un escándalo, una vergüenza nacional. Si nos fijamos en otros países, vemos que en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos no hay aforados. En Italia y Portugal solo están aforados los Presidentes de la República. En Francia el Presidente y los ministros. Con los aforamientos se vulnera el principio de igualdad ante la ley y se demuestra que la justicia no es igual para todos. 

El caso es que, con el aforamiento, la inviolabilidad y la inmunidad de que gozan los representantes de los poderes del Estado, los ciudadanos tenemos la sensación de que los políticos corruptos, que no lo son todos, por supuesto, pero sí varios, pueden difamar, delinquir y enriquecerse impunemente porque, entre unos y otros privilegios, tienen las espaldas bien cubiertas. Y es palpable que hay corrupción política y una gran tendencia a proteger y ampliar los intereses particulares. Es un atropello que se privatice la sanidad pública, que es de todos, como si se tratara de un feudo particular o que se regalen viviendas de protección social, propiedad del estado, a fondos buitres que gestionan familiares o que se beneficie a la iglesia con terrenos y edificios públicos o que se favorezca a grandes grupos empresariales de los que luego se reciben sustanciosas comisiones...

Esta situación de abuso y privilegio comienza, tal vez, con el acta de diputado. Según la Constitución, el acta de diputado pertenece al diputado, no al partido. Es correcto, porque el acta supongo que equivale a un nombramiento por el que una persona abandona su trabajo habitual para ocupar un escaño, durante el tiempo que dure la legislatura. No es excepcional, en cualquier ministerio se conceden comisiones de servicio temporales para satisfacer determinados objetivos. 

Según el Artículo 67 de la Constitución, el ejercicio individual del voto se encuentra sometido a las directrices del Grupo Parlamentario. Esta disciplina encuentra su límite en el momento en que se rompe la relación entre el grupo y el diputado, es decir cuando este abandona o es expulsado de su grupo, ya que entonces tendrá plena disposición de su escaño. El grupo parlamentario no puede exigirle jurídicamente al diputado la renuncia al escaño.

Eso es atroz y, desde luego, injusto e indigno, pero muy apropiado para que, en el caso de que cualquier miembro del Congreso se encuentre en un brete, no tenga que abandonar su escaño; sino que, ¡ojo!, pueda quedarse y permanecer impune. El Poder Legislativo elabora la ley y el Poder Legislativo la aprueba. Así que todos los políticos están protegidos bajo el gran paraguas de la inmunidad. 

El Congreso se conforma según los resultados que han obtenido los diferentes partidos que concurren a las elecciones generales. Según esos resultados a cada grupo parlamentario le corresponde un número de diputados. Cuando los ciudadanos vamos a votar, votamos partidos. Cada partido, en su papeleta de voto, presenta una lista de las personas que ha elegido para que ocupen los escaños correspondientes. Correcto. Pero hemos votado partidos. De manera que, si un diputado es expulsado del partido, es inaceptable que pueda llevarse consigo el acta. Si ya no es del partido, ya no le corresponde ningún acta. Y eso no puede ser una elección personal, sino que eso se debe traducir en una dimisión automática, “dejas el partido, dejas el acta”, que pasaría al siguiente de la lista. 

El asunto es de la máxima importancia. En este momento el señor Ábalos ha sido expulsado del Partido Socialista, pero como el acta es suya se la ha llevado consigo; quizá sea inocente, pero si lo es como si no, el acta debe volver al partido. En las elecciones generales de 2023 un acta de diputado del PSOE equivalía a 63.608 votos de media. El señor Ábalos se lleva con el acta, que puede utilizar como le plazca, 63.608 votos del PSOE, cometiéndose así un fuerte agravio al partido y a los ciudadanos que lo votaron. 

Estamos ante un caso gravísimo de fraude electoral; porque el acta de diputado se sustenta en los votos que los ciudadanos han confiado a un partido determinado; y bajo ningún concepto se puede jugar con esos votos ni ponerlos en el peligro de que otros grupos parlamentarios puedan aprovecharlos en beneficio propio. Será legal, pero es injusto, abusivo y vergonzoso.

Esto no es sino una prerrogativa más, de manera que cualquiera que tenga un problema se puede quedar, llevarse su acta bajo el brazo y aquí no ha pasado nada. Un fraude legal en toda regla.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

La candidatura para liderar Podemos que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, propone para el futuro código ético de la formación la posibilidad de eximir a miembros del partido del compromiso de renunciar al cargo público o interno en caso de condena o procesamiento, si se producen en el marco de un "contexto de acoso judicial con intenciones políticas", según informa Europa Press. 

También se contempla la opción de valorar lo que popularmente se conoce como lawfare (término inglés que alude a la guerra jurídica con fines políticos) en lo referente al postulado de prescindir del aforamiento judicial.

Así lo recoge la candidatura de Belarra, bajo el lema Crecer, en su documento ético, que describe los preceptos que deben cumplir los miembros del partido, presentado a la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos y que se someterá para su debate ante las bases de la formación.

Al igual que el código aprobado en Vistalegre III, la candidatura de la ministra traslada el compromiso de renuncia "al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura para dichos cargos, en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que, a tal efecto, publicará la Comisión de Derechos y Garantías".

En cualquier caso, la propuesta ética especifica que ese reglamento incluirá "siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos".

Esta obligación, tal y como detalla el documento que se somete a la consideración de la militancia, deberá aplicarse "en cumplimiento de la legislación vigente mientras esta se intenta modificar desde los correspondientes legislativos y con las matizaciones necesarias cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho".

También se abre esa posibilidad para mantener el aforamiento

Esa referencia a la salvedad de un posible caso de "acoso judicial", que hasta ahora no figura en el código ético vigente, también se incluye ante el compromiso para los miembros del partido a renunciar "a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de su condición y al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial".

Este viernes el Tribunal Supremo decidió abrir juicio oral al diputado Alberto Rodríguez por presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad y leve de lesiones a un policía durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014. Al respecto, fuentes de la formación morada aludieron a que la causa se trataba de un "claro montaje" y que se sentaría en el banquillo "sin una sola prueba" en su contra.

Una posición que trasladó también el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, para quien este procedimiento se sustentaba en una "acusación falsa".

En la formación morada también fueron críticos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condenó a la coportavoz estatal y diputada en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión, al determinar que participó en los altercados que se produjeron en el barrio madrileño de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.

Precisamente el Tribunal Supremo celebró el pasado 18 de mayo una vista pública vista pública para abordar el recurso de casación presentado por Serra y sobre el que tiene que pronunciarse.

Recientemente, el cofundador de Podemos y politólogo, Juan Carlos Monedero, enmarcó su imputación en el denominado caso Neurona a la "guerra jurídica" contra Podemos. Y es que en el partido ya se argumentó que esta causa suponía una "investigación prospectiva".

La investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha presentado una querella contra el juez Francisco Serrano por un posible fraude de subvenciones, acredita que tanto el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta como su socio empresarial emplearon dinero de la ayuda pública de 2,48 millones concedida por el Ministerio de Industria en "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios", conceptos sin relación "con la finalidad" para la que fue concedida la subvención, que era la construcción de una fábrica de pellets (combustible a base de madera) en Niebla (Huelva).

La cuantía dedicada a estos fines ajenos por completo a la fábrica asciende a 438.000 euros, según la Fiscalía. Pero el Ministerio Público no se queda ahí. Considera que la apropiación afectó a toda la ayuda pública. Serrano y Enrique Pelegrín, fundadores de la empresa Bio Wood Niebla, se apropiaron "en su beneficio" del "importe total del préstamo recibido", según el decreto de la Fiscalía que recoge el acuerdo de la interposición de la querella criminal, firmado el 26 de junio de 2020, al que ha tenido acceso infoLibre. Este periódico trató de recabar la versión y respuestas de Serrano y Pelegrín, sin éxito.

El escrito confirma hitos desvelados por la investigación desarrollada por este periódico, que dio origen a la denuncia del vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, ante el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que a su vez inició unas pesquisas que acabaron en la Fiscalía de Sevilla, primero, y después en la Fiscalía Superior, por ser Serrano aforado [ver aquí el dosier del caso y aquí las preguntas todavía pendientes de respuesta por parte de Serrano]. Pero además el escrito de la Fiscalía, con el que finaliza esta primera fase de la investigación, salpica los hechos ya desvelados por valoraciones jurídicas, al tiempo que añade hechos nuevos, como el gasto de 438.000 euros en operaciones sin relación con el proyecto financiado por Industria.

La "firma electrónica" de Serrano

Serrano y Pelegrín, según la Fiscalía, "se concertaron" en 2016 "con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria. Con dicha "finalidad defraudatoria", Serrano y Pelegrín constituyeron el 30 de marzo de 2016 la empresa Bio Wood Niebla SL ante el notario Álvaro Sánchez Fernández, haciendo constar "aportaciones no dinerarias inexistentes", señala el escrito. Se refiere la Fiscalía a un secadero para biomasa supuestamente aportado por el despacho de Serrano y tres granuladoras supuestamente aportadas por Pelegrín. En realidad, nunca fueron aportadas, como confesó el propio Serrano. Presentaron unas facturas proforma, dadas por buenas por en la notaría.

Tras la constitución de la empresa, pidieron la ayuda al ministerio el 31 de mayo, "con firma electrónica" del propio Serrano. La solicitud de la ayuda lleva la firma del juez. La ayuda fue concedida el 24 de noviembre. Venía de camino el dinero del préstamo, que ya nunca regresó. La fábrica para la que fue concedida no culminó.

Dinero en la cuenta de Serrano

El traspaso del dinero se realizó el 22 de diciembre de 2016, ingresándose en la cuenta de Serrano en la entidad Targo Bank, según la Fiscalía. La cuenta fue cancelada el 20 de marzo de 2017, "habiéndose transferido previamente sus fondos a cuentas abiertas a nombre de Bio Wood Niebla SL" en la entidad Ibercaja Banco. El 8 de febrero de 2017 fueron a parar 1,4 millones a una cuenta; el 16 de marzo, 651.000 euros a otra. En total, más de 2 millones. 

"El dinero restante (438.000) del préstamo concedido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Bio Wood Niebla SL fue empleado por los querellados en diversas operaciones (préstamos a terceros; retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios; etc), ninguna de ellas relacionada con la finalidad para el que fue concedido", indica el decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía.

Los hechos culminan con los querellados "habiéndose apropiado en su beneficio" del "importe total del préstamo recibido", según la Fiscalía. Es una afirmación muy dura. No obstante, este decreto no es la conclusión de la investigación. Será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que continúe con la instrucción, antes de un posible juicio, si lo hay. Queda trecho. Serrano, Pelegrín y, si los hubiera, otros sospechosos aún tienen opción de aclarar a qué fue dedicado el dinero. Hay una parte de la obra de la fábrica hecha en Niebla, aunque lejos de terminarse. El dinero nunca fue devuelto, agotados ya todos los plazos.

El escrito de la Fiscalía no alude al papel de un tercer participante en el proyecto, Javier López, al que Serrano ha citado como "promotor e ideólogo", pero que no participó directamente en la constitución de la sociedad ni en la solicitud de la ayuda. Fuentes del caso han indicado que no está descartado ampliar la investigación a otros sujetos. De momento, sólo hay dos nombres propios: Serrano y Pelegrín. La Fiscalía tampoco alude en este escrito al millón de euros enviado desde una segunda empresa de Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, a una cuenta de Ibercaja Banco a nombre de la sociedad extremeña de nueva creación Pellex Energía SL [ver aquí información en detalle].

"Indicios racionales"

El Ministerio Público considera que hay "indicios racionales" de que los hechos "presuntamente" constituyen un delito de fraude de ayudas públicas, tipificado en el artículo 308 del Código Penal. El decreto indica que los préstamos públicos tienen consideración de ayuda pública, sin necesidad de acudir a una interpretación "extensiva". Por todo ello se acuerda proponer a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, una querella contra Serrano y Pelegrín. Contra el decreto no cabe recurso.

Serrano, como adelantó este periódico [ver aquí], logró declarar durante la fase de investigación de la Fiscalía de Sevilla. Lo hizo a pesar de que, como aforado, no podía ser investigado, ni ofrecer declaración en calidad de tal. Fue el 2 de junio de 2020 en compañía de su abogado, como indica el decreto de la Fiscalía Superior. Su declaración no detuvo la maquinaria judicial.

El caso pasó de la Fiscalía de Sevilla a la Superior, que a su vez reclamó a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), que acreditara que Serrano es diputado autonómico. Así lo hizo el Parlamento. La Fiscalía recibió la notificación el 25 de junio. Al día siguiente, se firmó el decreto para la interposición de la querella de la Fiscalía contra el que aún figura como presidente del grupo parlamentario de Vox. El 1 de julio se hizo pública la presentación de la querella. Serrano anunciaba que dejaba Vox y la presidencia del grupo casi al instante, pero manteniendo su escaño y por lo tanto su condición de aforado. Ahora Serrano encara el camino de vuelta a los tribunales, pero ya no será en calidad de juez.

Al juez Francisco Serrano, dirigente andaluz de Vox, azote de las "paguitas" y ahora investigado por un posible fraude de subvenciones destapado por infoLibre, no sólo le pesa la hemeroteca por sus manifestaciones sobre ayudas públicas. También sobre aforamientos, una figura legal que Serrano ha vinculado con una supuesta falta de independencia judicial y privilegio político. "Lo peor" para "un político corrupto" es "perder su aforamiento y ser juzgado por jueces independientes", ha llegado a afirmar el presidente del grupo parlamentario de Vox, ahora amparado por un aforamiento. Serrano, reiteradamente requerido por este periódico, no responde a las preguntas de este periódico. Su partido, que ha votado en contra de los aforamientos en el Parlamento, lo respalda.

La Fiscalía de Sevilla ha elevado el caso Serrano a la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dado que no podía seguir ya profundizando en el caso. ¿Por qué? El juez Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox, es aforado por ser diputado en la Cámara andaluza. Eso ha impedido que la Fiscalía provincial lo cite a declarar en calidad de investigado, entre otras posibilidades. De no haber estado Serrano involucrado en los hechos, ni él ni el resto de implicados habrían pasado a manos de la Fiscalía del TSJA. Habría decidido si presentar denuncia la Fiscalía de Sevilla, que sí aprecia indicios de delito. Pero, al ser Serrano aforado, es la Fiscalía del TSJA la que tiene que decidir si esos indicios merecen una denuncia o un archivo [ver aquí el dosier del caso].

Su propio compañero Manuel Gavira, parlamentario por Vox, ha dejado claro que la situación de Serrano viene determinada por su condición de aforado. "Lo único que hay es una diligencia donde aparece el nombre de nuestro compañero y presidente del grupo parlamentario Francisco Serrano. Es una diligencia que para que se eleve a investigación pues necesita, en la calidad de diputado que tiene Francisco Serrano, que se conceda el permiso de levantar el aforamiento que tiene" [aquí el audio de la respuesta, recogido por Europa Press].

Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería al resto. La razón aducida con frecuencia es evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Defensores de esta figura alegan que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones. Hay una lógica democrática tras el aforamiento. No obstante, no está libre de crítica política. Y a menudo es señalado como un privilegio. Serrano ha criticado, en ocasiones sarcásticamente, la figura del aforamiento.

En abril de 2015 fue especialmente contundente en su cuenta de Twitter: "Lo peor que le puede por [sic] a un político corrupto no es que le pillen sino perder su aforamiento y ser juzgado por jueces independientes". El "por" es una de las frecuentes erratas en la cuenta de Serrano, habitualmente muy activo en esta red social pero que no ha escrito una palabra desde el viernes pasado.

"Zapatero deja de estar aforado. Ahora es el momento de pedirle rendición de cuentas por los delitos cometidos contra los derechos fundamentales", afirmaba en agosto de 2015 Serra en su cuenta de Twitter, como si estando aforado no pudieran exigírsele dichas "cuentas".

En octubre, insistía: "Zapatero ha dejado de estar aforado? Pues si ha caído el blindaje antimisiles, afinen la puntería y vayan poniéndose en cola".

También en su cuenta de Twitter, en marzo de 2015, el hoy aforado afirmaba: "Toda denuncia a Gordillo, aforado, termina en el TSJ Andalucía donde le espera el juez Pasquau nombrado por IU. Independencia judicial?". Se refería a alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo. Por cierto, que el magistrado Miguel Pasquau le respondía: "En esa corta frase hay cuatro errores. Ni 'toda', ni 'aforado', ni 'termina en TSJA, ni 'nombrado por IU'".

"Tenemos una Justicia penal igual para todos. Por eso existen los aforados", señalaba Serrano en la misma red social en mayo de 2015, enlazando a la siguiente información de El Mundo: "El Supremo rechaza abrir una investigación por violencia de género al ex ministro López Aguilar". El tono sarcástico de la afirmación resulta evidente. Su animadversión hacia López Aguilar no es ningún secreto. Él mismo la exhibía un mes antes: "Miles de víctimas de la ley de violencia de género, entre ellos muchos padres privados de sus hijos, contemplan tu calvario Sr López Aguilar". Serrano lleva años denunciando las injusticias del sistema judicial español, a raíz de su condena por prevaricación.

Vox ha votado en el Parlamento andaluz a favor de una reforma del Estatuto que suprima los aforamientos. Vox a nivel estatal ha anunciado una propuesta de reforma de la Constitución española para suprimir los aforamientos.

El Congreso de los Diputados dio esta semana el primer paso para la supresión de los aforamientos en la Región de Murcia poniendo en marcha la tramitación de la reforma de su Estatuto de Autonomía. Salió adelante por una amplia mayoría: 319 votos y 19 abstenciones. Es sólo el primer paso. Murcia sigue la estela de Canarias, primera comunidad que eliminó los aforamientos –ocurrió a finales de 2018–. Otras dos regiones, Baleares y Cantabria, Baleares y Cantabriaestán a la espera de que la Cámara Baja integre en su orden del día reformas con el mismo fin. Y el Parlamento andaluz inició los trámites en esta dirección hace casi un año.

Los aforados son personas con "fuero". Un término que alude a la "competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo". En el caso de los políticos implica que sean juzgados por un tribunal distinto al que le correspondería a un ciudadano normal. Pasan, pues, de los tribunales ordinarios a los superiores.

Sobre esta figura siempre ha habido debate: desde quienes han considerado que el aforamiento es un privilegio a quienes han defendido que no es más que una garantía. El debate ha sido más intenso en los últimos años, cuando han saltado a luz pública escándalos de corrupción que han salpicado a políticos en activo.

La reforma que no pudo ser por la convocatoria electoral

Las comunidades autónomas suponen la avanzadilla de una recurrente promesa electoral de los partidos políticos a nivel nacional y que, hasta la fecha, no ha pasado del papel.

En agosto de 2014, con el PP gobernando con mayoría absoluta, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso pasar de 17.621 a 22 aforados en España. Pero no hizo nada. A medida que transcurrieron los años y que los conservadores empezaban a acumular escándalos de corrupción, el PP fue siendo más reacio a dar el paso argumentando que al fin y al cabo no suponían ningún privilegio y, después, que no había base ni consenso para la reforma constitucional que un paso con estos precisa. Dio igual que Mariano Rajoy se comprometiera a ello con Albert Rivera en su acuerdo de investidura.

El 18 de enero de 2019, el Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez como presidente, acordó remitir a las Cortes Generales el proyecto de reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, relativos a los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno "en el ejercicio de las funciones propias de su cargo", pero la convocatoria de elecciones para el 28 de abril provocó que decayese la iniciativa.

Ahora, con un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el bloque de "regeneración democrática y transparencia" del documento Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, recoge el compromiso: "Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público". Se trataría, en esencia, de recuperar la iniciativa de hace ahora ya más de un año.

Los modelos autonómicos

En el caso de la reforma del Estatuto de Murcia, que llegó esta semana al Congreso, la idea es que afecte a los parlamentarios de la Cámara regional y a los miembros del Gobierno autonómico. Desde la Asamblea defienden que la iniciativa pretende responder a las demandas sociales de transparencia en democracia suprimiendo la figura del aforamiento especial. Así, los afectados seguirán protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, pero no estarán excluidos de la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que, fuera de su desempeño parlamentario, les impliquen de forma directa en cualquier procedimiento judicial sea cual sea el ámbito.

Ahora la propuesta de reforma continuará su tramitación como ley orgánica, con la apertura del plazo de enmiendas que serán estudiadas en ponencia. El informe que elabore la ponencia será remitido a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, que debatirá y votará las enmiendas para emitir un dictamen que se elevará al Pleno. Si obtiene la mayoría absoluta de los apoyos de los parlamentarios [176], será remitida al Senado para que oponga su veto o introduzca enmiendas. En ambos casos deberá volver al Pleno del Congreso.

Baleares y Cantabria están en lista de espera para que el Pleno del Congreso dé el mismo trámite que ha dado al texto murciano.

En la proposición de ley de la reforma que afecta a Baleares se recuerda que tanto "en el texto constitucional como en el actual Estatuto de Autonomía, se regula la figura jurídica del aforamiento". Es, añaden, "una prerrogativa que hoy es percibida por una amplia mayoría de la sociedad como un privilegio que distorsiona el principio superior de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia". "En este sentido, se considera que, de acuerdo con el ámbito competencial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, ni los diputados ni las diputadas, ni el presidente ni la presidenta, ni los miembros del Gobierno de las Illes Balears deben continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria en todos aquellos asuntos que los impliquen en un procedimiento judicial de cualquier ámbito jurisdiccional, tanto penal como civil".

Por su parte, en la de Cantabria se califica de "necesario" que los parlamentarios dispongan de "garantías funcionales y prerrogativas vinculadas al ejercicio de su función —como la inviolabilidad— para que se garantice el libre y correcto ejercicio de su labor representativa, así como la correcta conformación de la voluntad popular en el seno de la institución parlamentaria". "Pero no lo es menos que la sociedad actual, con un Poder Judicial independiente, nada tiene que ver con la de los siglos XVIII y XIX, en la que unos privilegios procesales garantizaban la labor de los parlamentarios, frente al poder del juez o de los gobernantes, y ello hoy carece de sentido", completan.

Como en el caso de Baleares, en Cantabria los afectados serían los diputados y diputadas del Parlamento autonómico, el presidente y los consejeros del Gobierno regional.

Cs intenta hacer bandera a la espera de que Sánchez recupere la iniciativa

Ciudadanos ha intentado desde su llegada a la política nacional hacer bandera de la regeneración y la transparencia. Y la supresión de los aforamientos es una de sus propuestas clásicas.

En el registro del Congreso de los Diputados descansa una pregunta por escrito al titular de Justicia en la que cuestiona al Ejecutivo si "considera oportuno impulsar una propuesta de reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos políticos regulados por el 71.3 y el 102.1 de la Constitución". La firman los diputados Edmundo Val y José María Espejo-Saavedra.

Son los mismos artículos cuya reforma llevó Sánchez al Consejo de Ministros hace ahora poco más de un año.

En la exposición de motivos, el partido naranja defiende que España es uno de los pocos países que mantiene "el privilegio" del aforamiento para sus diputados nacionales y autonómicos. Cifran en 2.300 los casos de aforamiento político, aumentan el número a los 10.000 si se incluyen otros campos como el judicial o fiscal y aseguran que "la cifra podría alcanzar la friolera de los 200.000" si se incluye a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Consideran en Cs que el aforamiento supone una "quiebra del principio de igualdad" y "una alteración de las reglas ordinarias del artículo 24.2 de la Constitución". "Implica un privilegio para los cargos políticos, en tanto que a estos se les aplica una jurisdicción diferente de aquella que se aplica al resto de ciudadanos".

Considerando que esta herramienta "aleja a los políticos de los ciudadanos a los que representan" y "sugiere una desconfianza implícita a los jueces de instrucción ordinarios, en Cs concluyen que "resulta necesaria su eliminación".

Unidas Podemos y el referéndum

La configuración de la Cámara Baja complica, no obstante, que esta iniciativa de reforma constitucional pueda llegar a buen puerto de forma sencilla. A día de hoy, las relaciones entre el PP -89 escaños- y el Gobierno de coalición dibujan un panorama gris en todo lo que tiene que ver con reformas constitucionales. La situación en Cataluña tampoco ayuda. Y Pablo Casado ha insistido recientemente en que el PP es "el único partido" que rechaza reformar la Constitución.

En noviembre de 2018, Podemos aseguraba que mantenía su determinación de forzar un referéndum si el Gobierno quería llevar a cabo esa reforma limitada para los aforamientos, previamente avalada por el Consejo de Estado. También demandaba que la reforma afectase a los miembros de la Casa del Rey.

La posibilidad de que el partido morado aprovechase para plantear una consulta fue algo que siempre frenó al PP de Rajoy a la hora de plantear reformas constitucionales. 

El presidente de UPN, Javier Esparza, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han sellado este miércoles en Pamplona su alianza para concurrir juntos a las elecciones generales, forales y municipales, un acuerdo en el que se introduce un reconocimiento expreso al régimen foral y al Convenio Económico entre Navarra y el Estado desde la "transparencia", informa Europa Press.

Esta alianza llevará por nombre 'Navarra suma'. Dentro de los candidatos que designe UPN en las listas electorales, se integrarán a su vez nombres del Partido Popular, en virtud del acuerdo que suscribieron la semana pasada UPN y el PP. Albert Rivera y Javier Esparza han coincidido en calificar el acuerdo de "histórico". Rivera ha destacado que "en un momento delicado para la historia de Navarra y España, dos partidos distintos, que compartimos el marco constitucional, que tenemos nuestra trayectoria política, hemos decidido darnos la mano por Navarra y por España".

Por su parte, Javier Esparza ha afirmado que este acuerdo avanza en una "Navarra con un proyecto leal con España, con un régimen foral y Convenio Económico que se ven fortalecidos, porque aglutinamos un partido más para defender nuestros derechos constitucionales desde la lealtad con España y siendo transparentes". El acuerdo establece el compromiso de que la candidatura votará a Javier Esparza en una investidura a la Presidencia del Gobierno de Navarra, mientras que en el caso del Gobierno de España, apoyará la candidatura de Albert Rivera si se presenta a la investidura. Si Rivera no optase a la investidura, los diputados de la candidatura votarían a otro candidato que defienda los principios de esta coalición. Sin mencionarlo expresamente, el voto sería para Pablo Casado, candidato del PP.

Un acuerdo "bueno para España" y un Gobierno que defienda la "españolidad"

En lo relativo al régimen foral, el acuerdo recoge el compromiso de "respetar el régimen foral tal y como viene definido en la Constitución, expresión de los derechos históricos y constitucionales del antiguo Reino de Navarra" y el compromiso de "defender el marco constitucional como máxima expresión del deseo de convivencia, unión e igualdad de todos los españoles". Los dos partidos también acuerdan "respetar el Convenio Económico como instrumento adecuado para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo del pueblo navarro" y establece que "en todo caso el Convenio Económico deberá acordarse siempre mediante una negociación basada en los principios de lealtad y transparencia en la que siempre deberán estar presentes los principios de solidaridad e igualdad entre españoles".

Esta candidatura tiene como objetivo "aglutinar el voto de miles de navarros que quieren que Navarra siga siendo una Comunidad foral, diferenciada, española y europea", en palabras de Javier Esparza.

Albert Rivera, que no ha contestado a preguntas de los periodistas como sí ha hecho Javier Esparza, ha afirmado que este acuerdo es "bueno para que Navarra tenga un Gobierno constitucionalista, moderado, que garantice el autogobierno a la vez que la lealtad con la Constitución". El presidente de Ciudadanos ha afirmado que el acuerdo también es "bueno para España en un momento en que nos jugamos si el futuro Gobierno de España está en manos de Torra, Otegi, Puigdemont o Rufián, o en manos de los españoles". "Queremos que haya un Gobierno fuerte, de los constitucionalistas, un Gobierno que defienda la españolidad de Navarra y que frene la ansias anexionistas que intentan anexionar este territorio al País Vasco", ha afirmado.

Además, Albert Rivera ha asegurado que el actual Gobierno foral "no ha aportado nada bueno para Navarra, solo ha traído subida de impuestos y polarización, y Navarra se merece un Gobierno constitucionalista". Así, ha insistido en que, "en un momento político en el que algunos quieren dividir a los españoles, que formaciones políticas se unan es un logro, hay mucha gente en Navarra ilusionada y también en España". "Ciudadanos quiere ser la casa común para sumar y no restar. Es un acuerdo generoso entre las personas que trabajan en Navarra y por un proyecto común español. Navarra tiene que saber que cuenta con Ciudadanos", ha asegurado.

UPN rechaza que Navarra se convierta en "una Cataluña dos" 

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "es una tarde histórica para Navarra" y ha valorado que el acuerdo surge del "anhelo de sumar, en un contexto complejo desde el punto de vista nacional, porque nos jugamos el futuro de nuestro país, que está cuestionado por el independentismo catalán y vasco". "Ha llegado el momento de decir basta ya. No es lógico ni sensato que aquellos que quieren romper España sean quienes decidan quién es el presidente de este país, o si hay o no Presupuestos Generales del Estado precisamente en el país que quieren romper. Queremos un Gobierno en España fuerte, constitucionalista, que se preocupe de los problemas de los ciudadanos, que busque la igualdad entre todos los españoles", ha asegurado.

Además, Esparza ha señalado que "para Navarra es también un momento complejo después de cuatro años liderados por el nacionalismo vasco, un cuatripartito donde se han encontrado la derecha vasca tradicional con EH Bildu, que sigue sin condenar a día de hoy el terrorismo de ETA". "Uxue Barkos es presidente en Navarra con el apoyo de quienes no condenan los asesinatos", ha afirmado. El líder de UPN ha señalado que "esto está ocurriendo en Navarra en esta legislatura, se ha buscado la confrontación, se ha tensionado a la sociedad, para a partir de ahí buscar la ruptura como se está buscando en Cataluña". "No queremos que Navarra se convierta en una Cataluña dos. Esta coalición da respuesta a ese anhelo de miles de navarros que están preocupados, que quieren decir basta ya, que quieren un Gobierno para todos los ciudadanos", ha indicado, para señalar que este acuerdo es "un primer paro y seguro que tenemos muchos más".

El aforamiento de diputados y senadores podría tener los días contados si sale adelante la reforma constitucional que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsará en las próximas semanas, tras ser aprobado este viernes el proyecto legislativo en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo, apoyándose en el informe que solicitó en su día al Consejo de Estado, pretende modificar la Constitución para limitar una prerrogativa que ha protegido a los 2.482 diputados y 2.042 senadores que han pasado por las Cortes desde 1977, pero de la que tan solo unos pocos han tenido que hacer uso: desde el inicio de la democracia, el Congreso apenas ha tramitado de forma completa 40 suplicatorios referentes a 35 diputados y el Senado ha hecho lo propio con 39 expedientes referidos a 35 senadores.

Tal y como está recogido en la Carta Magna, el aforamiento del que disfrutan los parlamentarios del Congreso y el Senado establece que, ante cualquier infracción legal, sean juzgados por el Tribunal Supremo y únicamente si la cámara en la que desempeñan su puesto da su consentimiento para ello. Eso implica que los plenos de Congreso y Senado pueden negarse a entregar al diputado o senador ante la justicia si se entiende que el proceso penal está siendo utilizado "con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de alterar su composición", según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Esa capacidad de las cámaras legislativas explica por qué, pese a haber tramitado en toda la democracia un total de 79 suplicatorios –la figura jurídica utilizada por el Supremo para pedir iniciar actuaciones contra un diputado o senador–, las Cortes sólo han aprobado 56 de ellos: 28 el Congreso, que afectaron a 26 diputados (dos representantes fueron protagonistas de dos investigaciones judiciales), y 28 el Senado, que implicaban a 25 senadores (uno acumuló tres procesos y otro dos). En total, las Cámaras respondieron afirmativamente al  70,9% de las peticiones del Supremo para investigar a parlamentarios.

En los últimos años las dos cámaras han sido mucho menos restrictivas que al inicio de la democracia y han admitido la inmensa mayoría de los suplicatorios: de los 23 rechazados desde 1977, únicamente tres lo han sido en los últimos 30 años, los tres en el Senado y los tres del PSOE (los senadores José Santiago en 1990, Juan González Bedoya en 1991 y Manuel Goya en 1999). Por el contrario, entre 1977 y 1988, el Congreso rechazó 12 suplicatorios y el Senado, ocho. Desde el año 2000, todas las solicitudes del Supremo para investigar han sido respondidas afirmativamente por las Cortes: el Congreso en seis ocasiones y el Senado en nueve casos. 

Por partidos, la formación que más parlamentarios ha tenido envueltos en procedimientos penales ha sido el PSOE, que desde 1977 ha visto cómo las Cortes tramitaban 14 suplicatorios referidos a sus diputados y otros 15 relativos a sus senadores –el Senado aprobó ocho y rechazó siete, y el Congreso aprobó siete y rechazó el mismo número–. Alianza Popular y, posteriormente, el PP, ha tenido entre los parlamentarios de sus filas 23 suplicatorios tramitados por las Cortes, de los cuáles el Congreso aprobó nueve y el Senado, los 13 que tramitó. El único parlamentario conservador que se ha librado de ser encausado por el Supremo fue Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que vio como el Congreso rechazaba su suplicatorio en 1986 tras una denuncia de la Diputación Provincial de Valladolid ante unas declaraciones en las que el entonces diputado denunciaba gastos superfluos de esa institución.

Fuera de los dos partidos mayoritarios, la única formación con un número reseñable de parlamentarios estatales que se hayan visto envueltos en procedimientos penales con el Tribunal Supremo es Herri Batasuna (HB) y, posteriormente, EH Bildu. Desde 1977, el Congreso ha tramitado siete suplicatorios relativos a diputados de la izquierda abertzale, por cinco tramitados por el Senado. Los doce fueron aprobados por las cámaras: entre los encausados se encontraban históricos del independentismo vasco como Francisco Letamendia o Jon Idígoras, y los parlamentarios abertzales han sido encausados por causas tan diversas como injurias a la Corona, resistencia a la autoridad, colaboración con banda armada o apología del terrorismo.

El de Iñaki Goioaga, el último suplicatorio aprobado

Los últimos suplicatorios tramitados (y, en este caso, aprobados) por las Cortes datan de 2016. Ese año, el Tribunal Supremo pidió al Congreso –y consiguió– poder procesar a Francesc Homs, exconseller de la Generalitat y entonces diputado del PDeCAT, por su participación en la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Y también en 2016, el Senado tramitó y aprobó el suplicatorio remitido por el Alto Tribunal contra Iñaki Goioaga, senador de EH Bildu, para que pueda ser juzgado por delitos de pertenencia a banda armada o colaboración con ETA por sus relaciones con presos de la organización terrorista. El propio Goioaga pidió a los senadores que votasen a favor de que se aprobase el suplicatorio, una actitud relativamente frecuente a la hora de afrontar estas iniciativas.

Los motivos por los que el Tribunal Supremo pide permiso a las Cortes para enjuiciar a algún parlamentario son de lo más diverso: desde asuntos relacionados con el terrorismo hasta meras infracciones de tráfico. De hecho, los tres últimos diputados del PP acogidos a su aforamiento –Ignacio Uriarte, Arsenio Pacheco y Vicente Ferrer, en 2010, 2011 y 2013, respectivamente–, fueron al Tribunal Supremo por haber cometido algún delito relacionado con la conducción, aunque indudablemente los suplicatorios que tienen un mayor eco mediático son los que implican encausamientos por corrupción. Con la reforma constitucional planteada por el Gobierno, los parlamentarios que conduzcan borrachos no se beneficiarían del aforamiento como hasta ahora.

En los últimos años, son varios los diputados y senadores que han visto como el Congreso o el Senado aprobaba investigaciones del Tribunal Supremo. Además del mencionado Goioaga, el último en ver aprobado su suplicatorio por la Cámara alta fue la socialista María Elena Diego, que en 2013 fue acusada de prevaricación por el Tribunal Supremo, que la absolvería dos años después. Cuatro años antes, en 2009, era el extesorero del PP Luis Bárcenas –entonces senador por Cantabria– quien era entregado por el Senado al Alto Tribunal tras ser requerido en la causa abierta por el caso Gürtel. Y ese mismo 2009, el Congreso también aprobaba el suplicatorio contra el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Jesús Merino, también imputado en la trama Gürtel.

Barrionuevo, Tamames y Alfonso Guerra

Entre los nombres más mediáticos que han sido requeridos a través de un suplicatorio por el Tribunal Supremo por estar aforados se encuentra también el del exministro del Interior José Barrionuevo, condenado –y posteriormente indultado– por su responsabilidad en la guerra sucia contra ETA a través de los GAL. El Alto Tribunal, de hecho, cursó dos suplicatorios contra Barrionuevo en su etapa como diputado: el primero, en 1988, tuvo que ver con un supuesto delito contra el derecho al honor fue rechazado por la Cámara baja; el segundo, en 1995, fue aprobado y permitió que el exministro fuera juzgado por los GAL.

Un año antes de que el Supremo remitiera el primer suplicatorio contra Barrionuevo, en 1987, quien fue procesado por el Tribunal Supremo fue el histórico de IU Ramón Tamames. El entonces diputado, durante la campaña de las elecciones generales del año anterior, había criticado la "hipocresía" del PSOE y había acusado al secretario de Estado para la Cooperación Internacional, Luis Yáñez, de esnifar cocaína, algo que le costó una denuncia por supuestas injurias y que el Congreso cursase el suplicatorio enviado por el Supremo contra él. Igualmente, el Congreso también comenzó la tramitación de un suplicatorio contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, por una supuesta calumnia, aunque el Supremo revocó la petición antes de que finalizase la tramitación.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la medida estrella a la que el presidente Pedro Sánchez recurrió para celebrar sus cien días en la Moncloa: una propuesta de reforma de la Constitución para acotar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo al ejercicio del cargo público. Cuando la reforma sea efectiva, los políticos a los que les afectan sólo serán juzgados por un tribunal superior en el caso de ser imputados si la investigación abierta tiene que ver con asuntos directamente relacionados con su función pública.

Esto evitará, como ocurre a día de hoy, que el Tribunal Supremo tenga que ocuparse, por ejemplo, de instruir causas que tengan que ver con la vida privada de los políticos, como por ejemplo positivos de alcoholemia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, estimó en un año el tiempo necesario para adecuar el ordenamiento jurídico a esta reforma de la Carta Magna. 

Como ya fijaba el informe encargado por la Moncloa al Consejo de Estado, Calvo subrayó que la limitación de los aforamientos implica reformar dos artículos de la Constitución. Además, explicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una ronda con todos los grupos parlamentarios sobre este asunto con el fin de lograr los apoyos en el Parlamento para sacar adelante la citada reforma.

La vicepresidenta consideró que con esta iniciativa, el Ejecutivo traslada a los ciudadanos la seguridad de que los cargos públicos "están sometidos con igualdad ante las leyes". De esta forma, dijo, "se hace más riguroso" ese sometimiento a la Ley. "Todos los aforamientos de los cargos públicos quedarán reducidos al ejercicio estricto de su función", insistió.

Fue el pasado 16 de noviembre cuando el Gobierno hizo público el informe del Consejo de Estado sobre el aforamiento de parlamentarios y miembros del Ejecutivo que había sido solicitado para abordar la reforma constitucional. 

Como sugería el órgano consultivo del Estado, se pretende modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. Son los que recogen –respectivamente– el aforamiento de los 350 diputados y los 266 senadores y el del presidente del Gobierno y sus ministros. El Consejo de Estado abogaba en su informe por que la reforma de estos artículos se limite a incluir en ambos que diputados, senadores y miembros del Gobierno serán juzgados por el Tribunal Supremo únicamente en el caso de "delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

En el informe, el Consejo de Estado sugirió a Sánchez que fuese más allá e hiciese extensibles las limitaciones que plantea también a los altos cargos de las comunidades autónomas que tienen recogido este derecho. 

Preguntada sobre este asunto, Calvo defendió que el Gobierno marca el "listón ético" y que este es "muy alto". Mostró su confianza en que ese listón llevará a que las comunidades reformen también el alcance de los aforamientos, pero Calvo indicó que el Gobierno central debe respetar la distribución competencial que marca la Constitución y no adoptará ninguna medida al respecto.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, fue el primero en reaccionar al anuncio del Ejecutivo. Calificó de "estafa" que el Gobierno, en su opinión, "blinde la corrupción" y llamó a suprimir "todos los aforamientos políticos".

El Partido Popular tiene en su mano bloquear o llevar a término la reforma para acabar con los aforamientos. Esta exige que tanto el Congreso como el Senado reúnan una mayoría de tres quintos para sacar adelante cualquier cambio en los artículos que no afectan a derechos fundamentales o a la Corona. Los 147 senadores que tiene el PP en la Cámara alta –el 55,2% del total de los escaños– podrían paralizar cualquier reforma constitucional. Cuando Pedro Sánchez lanzó la propuesta el líder del PP, Pablo Casado, dijo no verla prioritaria. 

Los conservadores destacan que, de salir adelante la reforma, Podemos podría plantear la celebración de un referéndum para abordar cuestiones como el modelo de Estado. Es el mismo argumento que esgrimieron en la última legislatura de Mariano Rajoy para no abrir el "melón" de la reforma constitucional.

Por su parte, la formación liderada por Pablo Iglesias, ya anticipó al conocer la propuesta en septiembre que forzaría ese referéndum que tanto temen los conservadores.

Encuentro con Torra

Calvo confirmó también que Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, tras celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre. Lo hará, dijo, dentro de un marco de "normalidad", como ocurrió con la presidenta andaluza, Susana Díaz, tras llevar el Consejo a Sevilla el 26 de octubre. La invitación formal al encuentro todavía no ha sido cursada por Presidencia del Gobierno.

Sobre los Presupuestos, la vicepresidenta del Gobierno insistió en que el Ejecutivo no ha abandonado el "escenario" de su presentación: "Son 6.000 millones más para este país", dijo

El Gobierno quiere abordar una pequeña reforma del sistema de aforamientos que afecte únicamente a diputados, senadores y al propio Ejecutivo. Pero el Consejo de Estado, que el pasado jueves remitió un informe al respecto al Gobierno después de que éste se lo solicitara, le sugiere que vaya más allá y haga extensibles las limitaciones que plantea para estos cargos –fundamentalmente, que el fuero se les aplique únicamente en el ejercicio de sus funciones– también a los altos cargos de las comunidades autónomas que tienen recogido este derecho. Para ello no sería necesario reformar todos los Estatutos de autonomía: bastaría, según el Consejo de Estado, con ampliar la profundidad de la reforma constitucional más de lo que en un principio había previsto el Gobierno.

Actualmente, en España hay en torno a 250.000 aforados, aunque este cuarto de millón de personas no tiene exactamente el mismo tipo de fuero. La inmensa mayoría –algo más de 232.000– son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, si bien su aforamiento es mucho más limitado que el del resto e implica que sean juzgados por las Audiencias Provinciales únicamente en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Junto a los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno central, el resto de los aforados –en torno a 17.000 personas– son miembros de la Familia Real, de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, o que desempeñan cargos como el de Defensor del Pueblo a nivel estatal o autonómico.

La reforma que plantea el Gobierno y que tiene pensado presentar en las próximas semanas afectaría a un número muy reducido de estos cargos. Su intención es modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, aquellos que recogen –respectivamente– el aforamiento de los 350 diputados y los 266 senadores y el del presidente del Gobierno y sus ministros. El Ejecutivo no tiene pensado eliminar totalmente este fuero, sino únicamente limitarlo, y es por ello que el Consejo de Estado sugiere en su informe que la reforma de estos artículos se limite a incluir en ambos que diputados, senadores y miembros del Gobierno serán juzgados por el Tribunal Supremo únicamente en el caso de "delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

Según plantea la propuesta del Consejo de Estado, el nuevo régimen de aforamientos se aplicaría "a los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor", que tendría lugar inmediatamente después de ser aprobada la reforma. Eso supone que los aforados que ahora mismo están siendo investigados en el Tribunal Supremo mantendrían dicha prerrogativa hasta que terminase el enjuiciamiento de sus casos.

Dos vías para limitar los aforamientos autonómicos

No obstante, y aunque el Gobierno se ha limitado a plantear la limitación de los aforamientos a nivel estatal, el Consejo de Estado también apunta que la medida puede extenderse fácilmente a los parlamentarios y gobiernos autonómicos. Para ello, ofrece dos vías. La primera, mucho más improbable, es que todas las comunidades que recogen esta prerrogativa para sus altos cargos –todos menos Canarias, que acaba de reformar su Estatuto para eliminar los aforamientos, y Cantabria y Murcia, que están tramitando su eliminación– impulsen la reforma de sus Estatutos para acabar con ella. La segunda, en manos de las Cortes Generales, pasa por incluir esta medida en la reforma constitucional.

Según el Consejo de Estado, limitar los aforamientos en las comunidades no tendría por qué atentar contra su autonomía, salvaguardada por la propia Constitución. Bastaría, señala el informe, con introducir "un precepto constitucional que extendiera" el criterio de que los aforamientos únicamente pueden tener lugar para delitos cometidos en el ejercicio de su puesto "a los cargos públicos autonómicos". "Una norma de esta naturaleza no obligaría a la reforma de los estatutos, sino tan solo a una interpretación de los mismos conforme a la Constitución", explica la institución, que asegura que ésta sería la manera más rápida de alcanzar "la mayor coherencia posible entre el ordenamiento constitucional y estatutario".

Pero incluso extendiendo la limitación de los aforamientos a diputados, senadores y gobiernos y parlamentos autonómicos, la inmensa mayoría de los cargos sujetos a esta prerrogativa –entre ellos, la Familia Real– seguirían sin ver alterada su situación. Y es que el aforamiento de los jueces y magistrados no viene recogido en la Constitución, sino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está incluido en la ley orgánica que regula estas instituciones. No obstante, el informe no hace referencia a eventuales reformas de estos aforamientos, habida cuenta de que el Gobierno únicamente pidió opinión al Consejo de Estado sobre la reforma de los dos artículos de la Constitución que regulan el aforamiento del Gobierno, los diputados y los senadores.

La reforma no reduce el número de aforados

La única referencia a una reforma de estas dos leyes que hace el informe del Consejo de Estado tiene que ver con la adaptación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la nueva redacción de la Constitución. En su artículo 57, dicha norma recoge expresamente que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la encargada de enjuiciar las causas contra los miembros del Gobierno, los presidentes del Ejecutivo, el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo y el CGPJ, diputados y senadores y demás aforados. Y, para que los aforados que no están incluidos en los artículos 71 y 102 de la Constitución –el Gobierno, los diputados y los senadores– tengan el mismo fuero que éstos, el Consejo de Estado plantea reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que el aforamiento se aplicará solo en lo relativo al ejercicio de las funciones de esos cargos.

Lo que está claro es que la reforma que plantea el Gobierno, incluya o no los retoques en otras leyes que sugiere el Consejo de Estado, no reducirá ni en uno solo los en torno a 250.000 aforados que existen en España. No obstante, por pequeña que sea la modificación de la Constitución, requiere de mayorías reforzadas: tiene que ser aprobada al menos por tres quintas partes de Congreso y Senado o por dos terceras partes del Congreso, si la Cámara alta la rechaza, y además debe someterse a referéndum "si así lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras", según recuerda el texto. Unidos Podemos, que supera con creces esa cantidad, ya ha avisado de que forzará una consulta para cualquier reforma constitucional que se plantee.

El Consejo de Ministros aprobará dentro de dos semanas para su remisión a las Cortes el proyecto por el que reformará la figura del aforamiento con la intención de restringir su alcance para los cargos públicos, una vez que estudie el informe que ha recibido este viernes del Consejo de Estado sobre cómo abordar esta medida, informa Europa Press.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de este viernes. La reforma de esta figura será enviada al Consejo de Ministros de dentro de dos semanas para su aprobación y, posteriormente, se enviará al Congreso. Celaá ha destacado también el aval del Consejo de Estado, ya que ha sido mayoritaria: el Pleno aprobó el martes por mayoría y un voto en contra la propuesta. Este mismo mes el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará los aforamientos de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, parlamentarios y miembros de los gobiernos autonómicos.

La propuesta del Consejo de Estado indica en qué sentido se pueden modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo. Se restringiría el aforamiento a "delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo". Pero si fueran imputados por otras cuestiones, les trataría la justicia ordinaria.

El informe que el Gobierno encargó a su supremo órgano consultivo y que ya obra en su poder avala el deseo del Ejecutivo de acotar el fuero del presidente, ministros, diputados y senadores a delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo, según el texto, distribuido este viernes por el Ejecutivo. El Gobierno pretende así terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio. Asimismo, el informe recomienda que las leyes que regulan el régimen procesal de otros aforados se modifiquen en un año como máximo. 

Y considera que, para que este cambio se extienda también a los parlamentarios y miembros de ejecutivos autonómicos en aras de que haya una coherencia entre el ámbito estatal y el autonómico, el Gobierno tiene dos vías: promover reformas de los Estatutos de Autonomía para que se adecúen a la nueva redacción de la Constitución o introducir una "previsión constitucional que disponga que los aforamientos de las autoridades y cargos públicos autonómicos queda constreñido al ejercicio de las funciones propias de su respectivo cargo".

El Consejo de Estado no se decanta por ninguna de las dos vías. La primera garantizaría una mayor seguridad jurídica, pero es la opción más complicada porque depende de la voluntad de terceros, los parlamentos autonómicos. La decisión, pues, sobre qué hacer con el aforamiento de los diputados autonómicos, queda en manos de la propuesta que haga el Gobierno. Eso sí, el texto se permite introducir una reflexión sobre la importancia de que la reforma finalmente presentada por el Ejecutivo se aborde con "el máximo consenso y prudencia posibles", teniendo en cuenta que deberá someterse a referéndum sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida, y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención.

Los delitos de corrupción: ¿dentro o fuera?

La voluntad del Ejecutivo con esta reforma era la de excluir del fuero aquellos delitos relacionados con la corrupción. En el Consejo de Estado se produjo un intenso debate sobre si convendría hacer un listado con el tipo de delitos que quedarían excluidos, pero finalmente la institución concluyó que bastaba con precisar, con una u otra redacción en los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que el fuero se limita a delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Entre otros motivos, el Consejo se decantó por no incluir en la Constitución un listado específico de delitos precisamente por la rigidez de la Carta Magna, cuyos procesos de modificación no son sencillos. La consideración de qué delitos guardan relación con el ejercicio propio del cargo queda así al criterio de los jueces, que cuentan ya con suficiente jurisprudencia al respecto.

El Consejo de Estado prefiere limitar el fuero a las funciones del cargo

En su informe, el Consejo de Estado también ve conveniente que, de manera simultánea a la reforma de los dos artículos citados de la Constitución, en el plazo de un año se modifique en el mismo sentido el aforamiento de los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus vocales, del Tribunal Constitucional, de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, del presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia.

Como en el caso de los cargos públicos autonómicos, el Consejo de Estado considera que no tendría sentido que estos tuvieran un nivel mayor de protección que los políticos a los que se refiere expresamente la Constitución. También apuesta por acotar en la misma línea el aforamiento del fiscal general del Estado, fiscales de Sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo.

El Consejo de Estado también recomienda que la reforma constitucional precise que el nuevo régimen de aforamientos: "se aplicará a los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor". El informe fue aprobado este jueves por amplia mayoría y con un solo voto en contra, el del exsenador de ICV Jordi Guillot, partidario de la supresión total del aforamiento.

Sin embargo, el informe del Consejo señala que es preferible limitar el fuero a las funciones propias del cargo en lugar de suprimirlo porque el aforamiento, lejos de ser un privilegio, ejerce un papel de contrapeso de la acción popular que reconoce el ordenamiento jurídico español frente al caso de otros países en que el Ministerio Fiscal tiene el monopolio de la acción penal.

Podemos mantiene su determinación de forzar un referéndum si el Gobierno quiere llevar a cabo una reforma limitada de la Constitución para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, que ya ha sido avalada por el Consejo de Estado. Además, pedirá que afecte también a los miembros de la Casa Real, para adaptar la Carta Magna a "la democracia del siglo XXI", según explican fuentes del partido morado.

Podemos ya planteó estas condiciones cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso sobre la mesa en septiembre esta reforma, y ahora las mantiene. De hecho, el secretario general, Pablo Iglesias, llegó a avisar de que si la reforma no afectaba también a los miembros de la Casa Real, Podemos no la apoyaría. "Desde luego no vamos a apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía", sentenció Iglesias en una rueda de prensa en el Congreso el pasado 20 de septiembre, un día antes de que el Consejo de Ministros encargara al Consejo de Estado la elaboración de una propuesta de reforma de la Constitución Española sobre esta cuestión.

Ahora, casi dos meses después, el Pleno del Consejo de Estado ha aprobado esta semana por amplio consenso, pero al menos un voto en contra, la propuesta de reforma limitada de la Constitución que le encargó el Gobierno para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores. La propuesta del Consejo de Estado indica en qué sentido se pueden modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.

El Gobierno tan sólo le indicó al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al "estricto ejercicio" de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.

Reforma profunda de la Constitución

Además, Podemos sigue pensando que la Constitución necesita someterse a una reforma profunda, que incluya no sólo esta cuestión de los aforamientos, sino también otras como el blindaje de los derechos sociales o la cuestión territorial. Hace casi dos años el partido morado ya rechazó una reforma exprés de la Ley de Leyes para reducir aforados políticos y exigió que se debatiesen más cambios y que, al final, se celebrase un referéndum, fuera o no legalmente exigible.

De esta forma Podemos echaba por tierra la idea de Ciudadanos de que los cuatros grandes partidos acordasen una modificación puntual de la Carta Magna para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno. La formación de Pablo Iglesias también recuerda ahora que, sea cual sea el cambio que finalmente se quiera llevar a cabo en la Carta Magna, éste no podrá producirse sin un referéndum de la ciudadanía que lo avale, ya que así lo pedirá Unidos Podemos en el Congreso, que cuenta con mayoría suficiente para ello.

Para someter a referéndum un retoque en la Constitución, basta con que lo pidan 35 diputados, una cifra que Unidos Podemos rebasa con creces (tiene 67 escaños) y que, según han explicado fuentes del partido, están decididos a utilizar. El 2011, cuando PP y PSOE reformaron de urgencia el artículo 135 de la Constitución sobre la estabilidad presupuestaria no se alcanzaron esas firmas, pero entonces Unidos Podemos no existía. Esta es una de las cuestiones que el partido morado quiere revertir en su propuesta de reforma constitucional.

El Pleno del Consejo de Estado ha aprobado este martes por amplio consenso, pero al menos un voto en contra, la propuesta de reforma limitada de la Constitución que le encargó el Gobierno para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores.

El informe se remitirá a primera hora del viernes al Gobierno, para dar tiempo a los consejeros que así lo deseen a registrar sus votos particulares o explicativos a la propuesta. Según ha podido constatar Europa Press, la propuesta contará con al menos un voto particular en contra y previsiblemente varios explicativos a favor.

La anterior propuesta (y único antecedente) de reforma constitucional elaborada por el Consejo de Estado en 2006 también contó con un voto particular en contra, el del expresidente José María Aznar, que ya no es miembro del órgano supremo consultivo del Ejecutivo. Otros dos consejeros presentaron entonces votos particulares reflejando alguna reserva o discrepancia, pero votaron a favor del informe.

Si en aquella ocasión el Consejo de Estado dispuso de más de un año para preparar su informe de reforma constitucional (es verdad que entonces el encargo del Gobierno era más amplio y afectaba a partes más amplias de la Carta Magna), en este caso la comisión de estudios que ha elaborado el informe ha contado con apenas mes y medio para trabajar.

En un primer momento, el Gobierno le dio un mes de plazo, pero el Consejo, debido a la complejidad del asunto, le solicitó una pequeña prórroga de 15 días.

La propuesta del Consejo de Estado indica en qué sentido se pueden modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.

El Gobierno tan sólo le indicó al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al "estricto ejercicio" de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.

Pero esta idea de fácil formulación verbal no es tan sencilla de trasladar al plano jurídico, pues podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.

El Consejo de Estado sí puede sugerir en su informe, y se espera que lo haga, qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución. Asimismo el Gobierno también espera que le indique si otros aforados del Estado como los parlamentarios autonómicos –protegidos en sus respectivos Estatutos de Autonomía– deberían adoptar la misma línea que fije la reforma.

Otras de las cuestiones que puede abordar la propuesta del Consejo de Estado es si recomienda o no acotar el fuero de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal –por ejemplo el Gobierno es partidario de hacerlo– si bien no se espera que ponga sobre la mesa la modificación del fuero que tiene los más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, ni tampoco el que afecta a los miembros de la Familia Real.

La intención del Gobierno, verbalizada el sábado pasado por el presidente, Pedro Sánchez, es aprobar este mismo mes en el Consejo de Ministros la reforma de los aforamientos. Una vez remitida a las Cortes, el Ejecutivo ve posible tramitarla en tan sólo 60 días.

El Ejecutivo, además, ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida --y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención-- es obligado proceder a esa consulta.

Portavoces y dirigentes de PP y Ciudadanos han cargado durante el fin de semana contra el Gobierno socialista por, a su juicio, la evidencia del "pacto" con los independentistas que mantiene el Ejecutivo. La polémica despertó el sábado con unas declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que afirmó que veía bien un posible indulto si los políticos soberanistas inmersos en la causa del procés resultaban condenados y lo solicitaban. El domingo, la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que si el juicio a los presos soberanistas tarda, "no sería lógico alargar la prisión preventiva".

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha señalado que "ya no le quedan máscaras" al Gobierno socialista para "esconder el pacto que tienen con los independentistas".

"Primero Batet, Borrell, Cunillera y ahora Carmen Calvo. Ya no le quedan máscaras al Gobierno socialista para esconder el pacto que tienen con los independentistas. Entraron como el Gobierno de la dignidad y han demostrado ser el de la vergüenza", ha publicado Montserrat.

De manera inmediata a las declaraciones del Ejecutivo socialista en torno a la cuestión de los presos independentistas, el PP ya ha anunciado que registrará este lunes 24 de septiembre una Proposición de Ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión. Así lo ha indicado este sábado el presidente de los conservadores, Pablo Casado, a través de su cuenta de Twitter. Donde el líder del PP ha señalado que el "golpe al Estado" perpetrado por los independentistas "no puede quedar impune por culpa de un presidente del Gobierno que le debe su cargo a los que quieren romper España".

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a acudir él mismo a la puerta de la cárcel donde están los políticos independentistas presos para abrirla, tras las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

En este sentido, ha criticado que Sánchez dijera "hace unos meses" que la Península Ibérica la conformaban, además de Portugal, "otras naciones" como Galicia, País Vasco, España y Cataluña. "¿No es para preocuparse?", se ha preguntado. Por ello, ha vuelto a pedirle que inicie de nuevo el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y hacerlo "sin complejos".

Cs: "Indultos a golpistas no"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha sostenido este domingo que el PSOE "se equivoca y mucho" con el tema catalán y ha defendido que los políticos no deberían opinar sobre "resoluciones de los jueces".

"Creo que desde hace mucho tiempo se está confundiendo cuál es el deber y la responsabilidad de cada uno. Yo creo que los políticos se tienen que dedicar a hacer política y los jueces a juzgar", ha indicado Villacís a los medios de comunicación, tras ser preguntada por las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en las que se ha mostrado partidaria de conceder el indulto a los dirigentes catalanes que están en prisión.

"Indultos a golpistas no, indultos a corruptos tampoco", ha subrayado Villacís, quien ha sostenido que esto es lo que acabará ocurriendo en el país "si de verdad se hace eco de una demanda social que está muy arraigada, junto con [la de] los aforamientos".

En la misma línea, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sentenciado: "Desde Ciudadanos lo decimos bien claro: ni aforamientos, ni indultos a políticos que han dado un golpe de Estado, ni pactos con los nacionalistas", en respuesta a las declaraciones de Cunillera.

La delegada del Gobierno "habla de indultar a los políticos que se gastaron dinero destinado a políticas sociales para hacer un referéndum ilegal", ha criticado Arrimadas, que ha apuntado que este sería un nuevo pago de la hipoteca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un supuesto pacto con los nacionalistas para seguir en La Moncloa.

PP: Delgado manifiesta "ineptitud"

El PP quiere que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aclare este miércoles en el Pleno del Congreso si el Gobierno va a ceder a las presiones de Esquerra Republicana (ERC) y va a "ordenar a la Fiscalía que cambie su postura sobre el 1 de octubre" para facilitar la excarcelación de los líderes independentistas presos, lo que permitiría sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

En la última sesión de control en el Congreso, ERC amenazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con no apoyar las cuentas públicas si el fiscal no retira el delito de rebelión que pesa contra los presos del procés. Según dijo Joan Tardà, sin la excarcelación de los políticos secesionistas será "casi imposible" pactar los Presupuestos de 2019. Los nueve votos de los independentistas catalanes son fundamentales para que el Ejecutivo pueda sacar adelante su futuro proyecto presupuestario, teniendo en cuenta los ajustados apoyos con los que cuenta Sánchez.

Así las cosas, el PP pretende que Dolores Delgado, titular de Justicia, deje claro en sede parlamentaria si "va a ceder el Gobierno a las presiones de sus socios" y, en caso afirmativo, "cuándo va a dimitir" dada su "ineptitud" para continuar en el cargo. Y será el que fuera portavoz del Grupo Popular en el Congreso hasta el pasado mes de julio, Rafael Hernando, quien reaparezca en las sesiones de control, y asuma tanto el interrogante como la moción en la que se planteará la reprobación de la titular de Justicia.

"El Ministerio no registra actividad"

En la interpelación que formulará el PP el próximo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido conservador ha relatado que, tres meses después de acceder al cargo, "el Ministerio [de Justicia] no registra actividad administrativa, es decir, no aprueba reglamentos, ni tiene iniciativas legislativas, ni órdenes ministeriales".

Los conservadores han reprochado a la ministra Delgado su actuación ante la denuncia que Carles Puigdemont y otros encausados por el 1-O interpusieron en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, instructor del sumario. "Ante estos hechos graves, ante esta demanda que, de forma clara e instrumental, lo único que pretende es someter las decisiones soberanas del Estado español a la jurisdicción extranjera... La ministra de Justicia, con una dejación de funciones intolerable, dejó solo al magistrado y no defendió la soberanía jurisdiccional española", han denunciado. A su juicio, la Delgado acabó siendo "desautorizada" por Moncloa, y eso "ha dañado gravemente los intereses soberanos de España ante la opinión pública".

El Gobierno encargó este viernes al Consejo de Estado un informe sobre cómo reformar la Constitución para “reducir” la figura del aforamiento aplicada a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, un trabajo que ayude a enfocar los cambios y que, según el Gobierno, “puede favorecer el logro del consenso”.

Así lo anunció la ministra portavoz, Isabel Celáa, quien explicó que el Gobierno pretende “reducir el aforamiento al estricto ejercicio de las funciones de cargo público” y exclusivamente a diputados, senadores y miembros del Gobierno. La emisión de este informe por parte del Consejo de Estado es preceptivo, recordó Celáa, por lo que no afectará a los plazos previstos, que según el presidente del Gobierno son de aproximadamente dos meses.

El recurso al Consejo de Estado tiene por objeto, según la ministra, contribuir “desde el inicio” a la “calidad normativa del texto” y asimilar la regulación española a la de la mayoría de los países de la Union Europea con “la finalidad de reducir el aforamiento al estricto ejercicio de las funciones del cargo y que deje de ser un privilegio”.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha anunciado este viernes que los políticos perderán el aforamiento para aquellos delitos relacionados con la corrupción según la reforma de la Constitución que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha adelantado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que la propuesta del PSOE consiste en quitar el aforamiento a los políticos para que aquellos delitos que se puedan cometer en el ámbito personal, por lo que, según ha recalcado, los políticos no estarían aforados para delitos de corrupción.

"La propuesta consiste en que si yo salgo a la Tribuna y digo que quiero que se ilegalice la Fundación Franco porque considero que genera odio, que a mi no me puedan demandar por eso, que si me demandan, yo esté aforada, pero que todos aquellos que sean delitos de corrupción evidentemente estén fuera del aforamiento", ha explicitado la portavoz socialista.

Según Lastra, esta condición "es el mínimo común denominador" de todos los grupos parlamentarios para poder realizar esta reforma electoral en la que el Gobierno, durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, tiene previsto aprobar los trabajos para poder llevarla a cabo.

Para poder realizar la propuesta del PSOE, sería necesaria la modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución española, con el objetivo de suprimir el aforamiento de los cargos públicos salvo "en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo".

El PSOE no tiene previsto limitar la inviolabilidad del rey

Ante la exigencia de Unidos Podemos de limitar la inviolabilidad del rey para apoyar la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para eliminar los aforamientos, Lastra ha defendido que los artículos referidos al Jefe del Estado requieren una reforma agravada y el PSOE actualmente no lo tiene previsto.

"Cada grupo parlamentario tiene su propuesta y la nuestra es modificar aforamientos a políticos, entre otras cosas porque eso significa una modificación simple de la Constitución. Cuando hablamos de modificar otros artículos como el referido al Jefe del Estado, hablamos de incluso disolver el Parlamento", ha sentenciado Lastra.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este viernes al Gobierno por "improvisar" y "sacar conejos de la chistera" con su propuesta de reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos, y ha reafirmado que no van a apoyarla si deja fuera a los miembros de la monarquía.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, antes de recordar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el apoyo de su formación al Gobierno no es "incondicional" sino "absolutamente condicional", y depende de las decisiones que vaya tomando, de su "coherencia", y de si "cumple su palabra".

De este modo, el líder morado ha señalado que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma constitucional que el Gobierno quiere impulsar, no van a respaldarle si no incluyen la supresión de la inviolabilidad de los miembros de la Casa Real. "Si el Rey comete fraude fiscal, por qué va a tener que estar aforado y menos el anterior jefe de Estado. Nos parece que sentido común que todo el mundo, tenga la sangre azul o roja, sea igual ante la ley", ha defendido el líder morado, en relación a la reforma constitucional.

Así, Iglesias ha criticado al Gobierno de Sánchez por plantear este anteproyecto de reforma –que el Ejecutivo tiene previsto aprobar este viernes en el Consejo de Ministros– sin antes haber llegado a un consenso sobre su alcance con el resto de fuerzas políticas."El Gobierno ha improvisado demasiado. Cuando se trata de cambiar la Constitución no se trata de improvisar y sacar conejos de la chistera. Se trata de hablar antes de sacar las propuestas", ha defendido el líder morado.

Decisiones "incoherentes"

Además de la "improvisación", Iglesias también ha criticado al Gobierno por ser "incoherente" en algunas de sus actuaciones, como por ejemplo, en matera de inmigración al llevar a cabo devoluciones en caliente, o con la polémica de la venta de bombas a Arabia Saudí.

"Hizo lo del Open Arms, eso estuvo bien, pero las devoluciones en caliente fueron una vergüenza. Hay que cumplir la legislación en materia de Derechos Humanos. Y lo de Arabia Saudí es una vergüenza", ha sentenciado Iglesias. Tras señalar que, por desgracia, es "frecuente" que el PSOE inclumpla sus promesas electorales, el líder de Podemos ha asegurado que el papel de su partido, entre otras cosas, es conseguir que el Gobierno "cumpla su palabra", y criticarle y retirarle su apoyo cuando no lo haga.

Es el caso de las negociaciones que están llevando a cabo sobre pensiones en el marco del Pacto de Toledo, en las que ha reconocido que el Gobierno está "titubeando" respecto al acuerdo que ya cerró con Podemos para incluir el compromiso de que las pensiones se actualicen en base al IPC. "Nosotros le vamos a exigir que deje de titubear y cumpla la palabra dada", ha insistido. En este sentido, preguntado sobre si estas cuestiones suponen una fisura en el apoyo de su formación al Gobierno para que agote la legislatura, Iglesias ha explicado que ese apoyo es "absolutamente condicional".

Negociación de los PGE

De hecho, ha señalado que sólo apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 si se ponen de acuerdo con el Ejecutivo y se cumplen las demandas que consideran imprescindibles, como bajar los impuestos a los trabajadores y a los autónomos, o revertir los recortes en educación y sanidad.

"Creo que hemos empezado bien, pero nos quedan muchas mesas de negociación para llegar a un acuerdo en los Presupuestos. Si nos entendemos, les apoyaremos. Si no, no", ha confirmado el secretario general de Podemos.