Se trata de una gran victoria para Rui Pinto, el informante tras el origen de las revelaciones de Football Leaks, investigación de la red European Investigative Collaborations (EIC) y multitud de medios europeos, entre los que está infoLibre, sobre los oscuros entresijos del negocio del fútbol. Este 29 de abril, al término de su segundo juicio, el portugués de 37 años fue absuelto por el tribunal de Lisboa. Se trata de su segundo proceso por piratería informática, después de haber sido condenado a cuatro años de prisión con suspensión de pena en septiembre de 2023 por hechos similares.

Los jueces dictaminaron por unanimidad que las acusaciones de este segundo juicio eran nulas, por ser contrarias a la Constitución portuguesa, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al conocido principio non bis in idem, que prohíbe juzgar varias veces a una persona por los mismos hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Mediapart, constituye un auténtico varapalo para los fiscales, que "vulneraron el derecho a la dignidad humana" de Rui Pinto con el objetivo de "prolongar su condición de acusado" durante años.

De este modo, los jueces confirman casi palabra por palabra las acusaciones formuladas por Rui Pinto y sus abogados, que ya en 2019 denunciaron la actitud de unos fiscales "más preocupados por perseguir a quien denunció los delitos en el fútbol que por perseguir a los autores de esos delitos".

"Es una decisión valiente que honra al sistema judicial portugués", han trasladado sus abogados portugueses, Francisco y Luisa Teixeira da Mota, en declaraciones a Mediapart. "Los múltiples procedimientos contra Rui Pinto reflejan el ensañamiento judicial que pueden suscitar las revelaciones de un denunciante. El tribunal lo sanciona con dureza apoyándose en principios fundamentales de un juicio justo", añade su abogado francés, William Bourdon.

A pesar de la dureza de la sentencia, la Fiscalía de Lisboa ha anunciado su intención de recurrir la absolución. "Sabemos que la batalla judicial de Rui Pinto no ha terminado y que el fiscal sigue decidido a llevarlo de nuevo ante un tribunal", lamentan Francisco y Luisa Teixeira da Mota.

Rui Pinto es "uno de los mayores denunciantes contemporáneos", no han dejado de sostener sus abogados. Facilitó más de 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con infoLibre, Mediapart y el resto de socios de la red European Investigative Collaborations (EIC).

La investigación Football Leaks permitió revelar, en 2016 y en una segunda parte en 2018, decenas de escándalos relacionados con los mayores clubes de fútbol europeos, como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, y con los agentes de jugadores más influyentes, así como las maniobras de los organismos dirigentes del fútbol mundial y europeo, como la FIFA y la UEFA.

Football Leaks llevó a varios países, como Francia, a abrir investigaciones judiciales. Varias superestrellas del fútbol, entre ellas Cristiano Ronaldo, fueron finalmente condenadas por fraude fiscal, mientras que el fiscal federal suizo tuvo que dimitir a causa de sus relaciones inapropiadas con la FIFA.

Rui Pinto también está en el origen de las revelaciones Malta Files sobre la evasión fiscal en Malta, investigación publicada por Mediapart y el EIC, así como de Luanda Leaks, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que desveló el sistema de depredación financiera de Isabel dos Santos, hija de un antiguo dictador angoleño.

En 2019, el joven, que vivía en Budapest, fue detenido a petición de la fiscalía de Lisboa y extraditado a Portugal, donde pasó un año en prisión preventiva. A pesar de la magnitud de los delitos que reveló, fue el único protagonista de Football Leaks en conocer la cárcel.

La fiscalía de Lisboa mostró entonces una actitud totalmente esquizofrénica con Rui Pinto. Por un lado, lo procesaba por haber hackeado algunos de los datos de Football Leaks, hecho que él reconoció, y por haber intentado chantajear al fondo de inversión Doyen Sports, acusación que él niega.

Por otro lado, Rui Pinto obtuvo el estatus de testigo protegido al aceptar colaborar con la Justicia y descifrar los discos duros llenos de datos confidenciales incautados en su domicilio de Budapest.

Pero Rui Pinto pronto se dio cuenta de que se trataba de un acuerdo engañoso. Acusó entonces a los fiscales de querer "proteger a quienes practican la corrupción y la evasión fiscal", y en particular al poderoso Benfica, club de fútbol de Lisboa. "[La fiscal] dejó muy claro que solo quería cooperar conmigo en una lógica de autoincriminación, y no para investigar delitos cometidos por otros".

Los acontecimientos posteriores le dieron la razón. De manera inexplicable, la fiscalía dividió los hechos de piratería en tres procedimientos distintos, para que Rui Pinto fuera juzgado tres veces en lugar de una.

Así, fue condenado por primera vez en septiembre de 2023 a cuatro años de prisión con suspensión de pena por una serie de ataques informáticos, así como por intento de extorsión; sentencia que ha recurrido.

En enero de 2025 se abrió su segundo juicio, por una nueva serie de 241 presuntos delitos informáticos (en particular contra el Benfica de Lisboa y la firma de gestión patrimonial de Isabel dos Santos), a pesar de que estas intrusiones se cometieron en el mismo momento y en el mismo contexto que las primeras.

Los magistrados acaban de considerar estas segundas acusaciones "inválidas", sin entrar siquiera en el fondo del asunto, al entender que el fraccionamiento de las actuaciones vulneró los "derechos humanos" y "el derecho fundamental a la dignidad" de Rui Pinto, y supuso un "atentado intolerable" contra los derechos de la defensa.

La sentencia denuncia la estrategia "totalmente arbitraria e intolerable" de la fiscalía, que dividió el procedimiento en tres cuando se trataba de "un único delito", con "el mismo contexto temporal y la misma motivación". Al actuar así, los fiscales tenían "como objetivo prolongar en el tiempo su condición de acusado".

Los jueces insisten además en la deslealtad de la fiscalía, recordando la "vulnerabilidad" de Rui Pinto, que de hecho aceptó autoincriminarse al entregar los datos que había obtenido. "La cooperación de […] Rui Pinto […] fue crucial y decisiva para obtener las pruebas que condujeron a su imputación", escriben los magistrados.

Queda por ver si esta sentencia será confirmada o no en apelación. Rui Pinto también sigue amenazado por el tercer procedimiento por piratería, abierto en 2023, pero en el que aún no ha sido formalmente imputado por la fiscalía. "El mantenimiento de este procedimiento plantearía serios problemas en materia de respeto del Estado de derecho y de protección de los derechos humanos fundamentales", indican sus abogados Francisco y Luisa Teixeira da Mota.

Rui Pinto soñaba con "limpiar el fútbol", colaborando con los medios y después con la Justicia. Pero la fiscalía portuguesa le prohibió durante años compartir sus documentos con fiscales extranjeros. Solo pudo hacerlo en febrero de 2024, durante un viaje a París, en el que descifró una copia de sus datos que la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF) había logrado recuperar in extremis en Budapest en 2019, justo antes de la extradición de Rui Pinto a Portugal.

La totalidad de los documentos, que se refieren al fútbol, pero también a Malta, Angola o las Islas Caimán, fueron compartidos por la PNF a través del organismo de cooperación Eurojust, y por tanto están accesibles para todos los países europeos que lo deseen. Durante su estancia en París, Rui Pinto fue además interrogado como testigo por los policías franceses de la Oficina Anticorrupción (OCLCIFF), así como por un comisario de policía belga y un fiscal alemán.

Estos interrogatorios devolvieron la esperanza a Rui Pinto. "Fue exactamente lo contrario de lo que vivo en Portugal. Me sentí respetado y percibí que los policías y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información", declaró.

En Francia, estos datos podrían alimentar en particular la investigación judicial abierta en febrero de 2024 por "tráfico de influencias" en relación con el traspaso del futbolista brasileño Neymar da Silva al PSG. Como reveló Mediapart gracias a los documentos Football Leaks, Gérald Darmanin, entonces ministro de Cuentas Públicas, ayudó en 2017 al PSG a no pagar impuestos ni cotizaciones sociales por ese traspaso, en contra de la doctrina de la administración que estaba bajo su tutela.

"Mi vida está completamente bloqueada", lamentó Rui Pinto durante su estancia en París. No puede trabajar, ya que "no es compatible con las condiciones de seguridad fijadas por el programa de protección de testigos". Tampoco dispone de dinero suficiente para pagar a sus abogados, que hasta ahora han sido remunerados por la fundación The Signals Network, especializada en el apoyo a denunciantes. Rui Pinto espera que la "locura" judicial que vive en Portugal se detenga y que pueda "retomar una vida normal". Pero los fiscales de Lisboa no parecen dispuestos a abandonar el caso, mientras Pinto sigue viviendo en un lugar bajo protección policial debido a las amenazas que ha recibido.

Grosuplj, una pequeña ciudad moderna y ordenada a 10 kilómetros de Liubliana, la capital de Eslovenia, es la ciudad natal del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. En ella tiene su casa, muy cerca del bufete de abogados desde que se lanzó al mundo del fútbol, primero dirigiendo la Federación Eslovena, en 2011, y desde 2016 a la cabeza de la organización europea. Enfrentado al Real Madrid y el puñado de clubs que intentan poner en marcha la Superliga, Čeferin también ha sido acusado de querer asegurarse otro mandato al frente de la UEFA con los recientes cambios en sus estatutos: su actual y tercer mandato expira en 2027. A sólo dos meses de la Eurocopa en Alemania, el esloveno tiene aún que lidiar con la estela de los escándalos de Luis Rubiales, que además de presidente de la Federación Española de Fútbol fue vicepresidente de la UEFA hasta septiembre del año pasado.

Čeferin confirma que ofreció ayuda a Rubiales tras su “caída” por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Pero precisa que a las peticiones del español contestó siempre con una negativa “porque sus ideas no tenían sentido”. “Se quejaba de que tenía familia y de lo duro que era para él”, asegura el esloveno en una entrevista concedida al semanario croata Nacional, miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que también pertenece infoLibre. El presidente de la UEFA revela además que recibió “amenazas directas e indirectas” de los promotores de la Superliga, “pero también una oferta” para cambiar de bando.

Se presentó a la opinión pública que los cambios en el estatuto de la UEFA se hicieron para que usted pudiera presentarse de nuevo al final de su tercer mandato. ¿Qué sentido tenían estos cambios si en el momento de su adopción usted declaró que no tenía intención de volver a presentarse?

Lo más importante es que, por un error administrativo, no teníamos un límite de mandatos. Lo he explicado cientos de veces, pero prevalece el sensacionalismo: todo el mundo piensa que lo haces por ti. Pero si no hubiéramos cambiado el estatuto, no habría límite de mandatos y yo podría presentarme hasta cuando quisiera. Incluso después de 2031.

¿Cree que sería bueno para la UEFA continuar con usted o, de forma similar a la política, debería aplicarse la regla de que a veces es necesario un poco de ventilación?

Ahora está claro que el límite es un máximo de tres mandatos. Y creo que eso es bueno. Porque si estás más tiempo, ya sientes que la organización es tuya, así que cometes errores, ya no tienes buenas ideas.

¿Ha cometido algún error hasta ahora?

Sí, muchos. Todos cometemos errores. El que dice que no comete errores miente. Hay algunas cosas que habría hecho diferente ahora.

¿Cuál considera que ha sido el mayor?

Hubo muchos. De todos los presidentes de la UEFA, tuve el mandato más difícil. El covid, cuando todo podía haberse derrumbado; la Superliga, dos guerras que aún continúan... Un colega que lleva aquí 20 años me dijo: “Hasta 2015, 2016, sólo hablábamos de fútbol. Ahora sólo hablamos de problemas políticos”.

¿Quiere decir que ni siquiera tuvo un mandato real completo debió ocuparse más de esas circunstancias externas que del fútbol en sí? ¿En qué se centrará en estos tres años que le quedan al frente de la UEFA?

La sostenibilidad financiera es, sin duda, una de las cosas más importantes, ya que las diferencias entre los grandes clubes y las grandes ligas y los pequeños son cada vez mayores. El nuevo sistema de competición de clubes, en el que tenemos más equipos en la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League, ayudará a ello. Otra cosa es la concentración de la propiedad de varios clubes, la llamada propiedad multiclub. Hay un gran dilema: por un lado, si queremos inversiones en el fútbol o no, y por otro, se crea una mala percepción si dos clubes de la competición tienen un mismo propietario. Aún no tenemos respuesta concreta a esas preguntas. Y después de mis experiencias en los tres últimos años, puede que haya problemas más interesantes en los tres próximos.

¿En qué sentido?

Bueno, siempre hay algo. Estas Superligas, estas guerras y la geopolítica y la política interfieren en el fútbol. Espero que [el resto de mi mandato] sea lo más tranquilo posible.

¿Se ha frenado definitivamente la idea de una Superliga o todavía hay intentos?

Está parada de facto. Nadie quiere esa competición. El fútbol es tan fuerte porque la gente lo ama y porque cualquiera puede soñar con jugar en las competiciones más importantes. Mira cómo el baloncesto fue destruido por la Euroliga, que en realidad es una Superliga. Cuando miras el baloncesto croata, y Croacia era uno de los países más fuertes en baloncesto, desde la Jugoplastika hasta la Cibona y el Zadar, ahora todo es lamentable. Las competiciones tienen que ser abiertas. Devolvemos a los clubes el 93,5% de los ingresos. Y la UEFA devuelve al fútbol el 97% de los ingresos. Si comparamos por población, Croacia es quizá la nación futbolística más fuerte del mundo. Pero nunca lo sería sin el sistema que tenemos, nunca lo sería si el Dinamo, el Hajduk o el Rijeka no pudieran jugar la Liga de Campeones. Jamás. Y los grandes clubes, es decir, algunos individuos movidos por su propio ego, no entienden que ni siquiera sus clubes serían grandes sin el desarrollo del fútbol en los países pequeños. Así que fíjense en esos clubes que pretendían estar en la Superliga. No tienen jugadores de sus academias, tienen jugadores de nuestros países. Incluidos jugadores croatas. Para mí, esta idea de una Superliga está absolutamente muerta y carece de sentido.

Debido a su batalla contra la Superliga, ¿recibió amenazas directas o indirectas?

Sí, amenazas directas e indirectas, pero también una oferta. Las amenazas fueron en términos de “somos fuertes e influyentes, te vamos a demandar, vas a tener un proceso penal, no sabes con quién estás tratando”. Y similares. Y la oferta era cambiar al otro lado. Todo esto lo oyó mi mujer, que iba conmigo en el coche cuando me llamaron.

En diciembre de 2019, fue muy crítico con el VAR, del que dijo que nunca fue un gran entusiasta. Advertía de que en algunas situaciones provoca el caos. Con el paso del tiempo, ¿ha corregido su opinión sobre el impacto de esta tecnología en el fútbol?

Sí, nos hemos acostumbrado al VAR, aunque sigo pensando que algunas cosas no funcionan correctamente. En primer lugar, nadie sabe exactamente cuándo es mano y cuándo no lo es. En el momento en que el árbitro va a ver las imágenes del VAR, tengo la impresión de que cada vez que el balón toca la mano [de un jugador], se concede un penalti. Y, según el reglamento, no debería ser exactamente así. En segundo lugar, en lo que respecta al fuera de juego, como abogado creo que toda regla debe tener sentido. ¿Tiene sentido que estés en fuera de juego si tu nariz o tu número de bota son más grandes? Así que creo que habría que corregir un poco las cosas sobre lo que es y lo que no es penalti o fuera de juego. El VAR ayudó mucho, pero esa línea tiene que ser más gruesa.

Al final tiene que ser evaluado de nuevo por el ojo humano.

De acuerdo. Creo que los árbitros en el campo deberían decidir por sí mismos. Y a veces los árbitros interactúan demasiado con la sala del VAR, en lugar de decidir por sí mismos. Si las decisiones de los jueces en los tribunales ordinarios dependieran únicamente de la tecnología, introduciríamos los hechos en un robot que tomaría las decisiones basándose en la inteligencia artificial. El fútbol es algo vivo. Reunimos a los 15 mejores entrenadores en una conferencia. Desde Guardiola, Klopp, Mourinho, Ancelotti, todos los grandes. Les mostramos una jugada con una posible mano y les preguntamos si había mano o no. Siete dijeron sí y ocho dijeron que no. Y estamos hablando de los mayores expertos en fútbol del mundo. ¿Cómo es posible que los aficionados se pongan de acuerdo? Cada uno verá lo que le convenga. Al fin y al cabo, los jugadores también cometen errores, por qué no los árbitros. Algunos sugieren que se castigue a los jueces si cometen un error. Me parece inútil. Se les puede castigar si lo han hecho a propósito o si es corrupción. Y los errores forman parte del fútbol.

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, del SPD, escribió a la UEFA a finales de 2022 exigiendo que no sólo Rusia, sino también Bielorrusia como su aliado clave, fueran excluidos de todos los partidos y torneos internacionales de fútbol. A partir de entonces, Bielorrusia puede participar en competiciones auspiciadas por la UEFA, pero los partidos en casa deben jugarse fuera del país y sin espectadores. Dentro de unos meses, Bielorrusia jugará la Nations League en el Grupo I con Andorra, Israel, Kosovo, Rumanía y Suiza. Usted dijo entonces que sería populista expulsar también a Bielorrusia. ¿Cómo ve la próxima Eurocopa a la luz de la guerra en Ucrania e Israel? ¿Hay algún reto de seguridad específico en este contexto?

En primer lugar, ningún político nos dirá lo que debemos hacer, ni escucharemos a ningún político. Estoy en contra de los boicots, no me gustan los boicots ni las prohibiciones. Pero, en el caso de Rusia, simplemente no había otra opción y todos debemos intentar ayudar para detener esta guerra, esta locura. Pero respecto a Bielorrusia, un par de políticos nos escribieron para decirnos que cualquiera que ayudara a Rusia debería ser expulsado. Ahora yo hago la pregunta: ¿Los que compran gas ayudan a Rusia? ¿Deberíamos expulsar a todos los países europeos, incluso a los que hacen más ruido, que siguen comprando gas? Los políticos son los que deberían resolver los problemas geoestratégicos. Pedir a las organizaciones deportivas que hagan su trabajo es populismo y nada más.

Están desviando sus responsabilidades.

Así es. Cuando comienzo a recibir cartas de algún país, sé que se acercan las elecciones en ese país. Luego se calman.

Usted dijo a una cadena de televisión que, en muy poco tiempo, gracias a su trabajo en el fútbol, había conocido a un número increíble de personajes sospechosos, mucho más que trabajando como abogado. ¿Qué opina de la detención la semana pasada del expresidente de la Federación Española de Fútbol y exvicepresidente de la UEFA Luis Rubiales, por los supuestos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal? Además, el fiscal pide para Rubiales dos años y medio de cárcel por agresión sexual a Jenny Hermoso, por el beso no consentido que dio la vuelta al mundo. ¿Qué opina al respecto?

Me enteré por los periódicos de lo que le acusaban y fue un shock total para mí. Le conocía bastante bien, pero obviamente no sabía nada de estas cosas. Sin embargo, como abogado sé lo que es la presunción de inocencia. Por tanto, que se defienda en los tribunales; ni la UEFA ni yo tenemos nada que ver, porque él no hizo nada [de lo que se le acusa] como vicepresidente de la UEFA.

La FIFA le suspendió provisionalmente en agosto de 2023, pero Rubiales no dimitió como vicepresidente de la UEFA hasta casi un mes después. ¿Por qué no reaccionó antes que esperar a su dimisión?

No, eso es incorrecto. Inmediatamente dio un paso al frente como miembro de la junta ejecutiva y como vicepresidente en el momento de la suspensión.

Según las grabaciones de sus conversaciones con Rubiales que obran en poder de la policía española, usted se ofreció a ayudarle, y él le pidió 400.000 euros anuales que usted debía pagarle a través de su asesor jurídico, Tomás González Cueto, pero se negó. ¿Es cierto que le ofreció ayuda a Rubiales antes y después de su salida de la UEFA?

Muchas veces, después de la suspensión, me pidió algo. Después de aquella caída, se quejaba de que tenía familia y de lo duro que era para él, así que me escribió mensajes del tipo: “Mis tres hijas no tienen nada, no tienen esto, no tienen lo otro, ¿puedes ayudar...?”. En un momento dado le pregunté: “¿Cómo puedo ayudarte?”. Pero todo lo que me pedía lo rechazaba porque sus ideas no tenían sentido. También llamó a otros colegas y les preguntó si podía hacer esto o aquello. Nada relacionado con el fútbol. Yo sabía que no podía ayudarle, pero le cogí el teléfono. Es difícil. Él era vicepresidente, hasta ayer estaba sentado con todos en la mesa y, de repente, ya nadie quiere ni mirarle. Si lo que se le imputa es cierto, es realmente un desastre, pero que decida el tribunal.

Nacional es miembro del consorcio de medios European Investigative Collaborations (EIC), que desveló el lado más sucio del fútbol gracias a los Football Leaks. ¿Conoce usted, y en qué medida, el trabajo de la EIC?

Han sacado a la luz muchos asuntos, y cualquier detección de delitos en el fútbol, o en cualquier otro ámbito, sólo puede ser beneficiosa para las organizaciones y para quienes no nos dedicamos a delinquir. Lo celebro, y hay tantos casos concretos que es difícil hablar de ello.

Lo cierto es que antes de su nombramiento, la UEFA tenía peor imagen, por no decir que la percepción era que la gobernaba una camarilla corrupta. ¿Cuánto ha cambiado eso con su gestión?

Estoy seguro de que la UEFA no era una organización corrupta incluso antes de mi llegada, pero la gente mezcla muchas veces UEFA y FIFA. Michel Platini tuvo aquel asunto [fue suspendido durante ocho años pero finalmente absuelto por corrupción], pero como vicepresidente de la FIFA. Cuando llegué, lo comprobé todo. Creo y estoy seguro de que la UEFA es una organización limpia. Publicamos todos nuestros resultados, se sabe en qué gastamos el dinero, el 97% de los ingresos los devolvemos al fútbol. He repetido 1.000 veces que pago impuestos en Suiza, y como mi familia no se trasladó a Suiza, pago impuestos adicionales en Eslovenia. Pero a nadie le importa eso.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y nueve meses de cárcel para Carlo Ancelotti, el entrenador que le ha conseguido 11 títulos al Real Madrid, por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. En esos dos ejercicios fiscales, el técnico italiano no tributó por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en las Islas Vírgenes Británicas, un notorio paraíso fiscal.

Ancelotti se suma así a la ya larga lista de jugadores y entrenadores de fútbol que han sido procesados por intentar ocultar al fisco los millonarios ingresos que perciben por vender a las marcas su nombre, imagen o incluso su voz. Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Luka Modric, Angel Di María, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, del Real Madrid; Leo Messi, Samuel Eto’o, del Barça; Radamel Falcao y Diego Costa, del Atlético de Madrid… Son sólo algunos de los que fueron condenados por delito fiscal. Por el contrario, Gerard Piqué –Barça–, Juanfran Torres –Atlético de Madrid– y Xabi Alonso –Real Madrid–, el más reciente, han sido absueltos del mismo delito.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, ha necesitado casi cuatro años para presentar el escrito de acusación, donde este miércoles repite las cifras y argumentos de su primera reclamación. La instrucción de la causa ha estado todo este tiempo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

La Audiencia de Madrid le dio la razón al Ministerio Público, que ahora pide cárcel para Ancelotti por haber creado un “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen. Ese esquema fue desvelado por infoLibre en 2021 gracias a los documentos de Football Leaks, la filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. Y pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo hacía con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La gestión fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó el pasado diciembre hasta 2026.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión.

La Fiscalía denuncia que el entrenador “simuló” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano firmó aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es sustantivo: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera pagado el IRPF.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador italiano debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizarle al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como una sociedad “durmiente”. No ha tenido actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela ahora la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explica un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pide que acuda a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que fue contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le había supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Las autoridades judiciales españolas no han mostrado “ningún interés” en aprovechar para sus investigaciones los 20 terabytes de información que Rui Pinto, el denunciante de los Football Leaks, entregó el pasado día 1 a policías y fiscales alemanes, franceses y belgas en París. Así lo atestigua a infoLibre un portavoz de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), que organizó la cita junto con Eurojust, el organismo europeo de coordinación judicial.

España fue uno de los 10 países europeos que empezaron a cooperar para utilizar la información de Football Leaks en febrero de 2019, aunque ya antes, en 2018, Rui Pinto se había puesto a disposición de los fiscales franceses. Sin embargo, a la entrega de los discos duros desencriptados en París este mes no acudió ningún representante español. Y ello pese a que las revelaciones de Football Leaks, publicadas por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, permitieron abrir en España las investigaciones judiciales que terminaron en las condenas por fraude de fiscal a Cristiano Ronaldo y José Mourinho, además de desvelar las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el FC Barcelona.

Este periódico ha preguntado, sin éxito, al enlace español en Eurojust, el juez José de la Mata, por el motivo de la ausencia española en la cita de París y por la disposición española para utilizar los datos aportados por Rui Pinto. Por su parte, la Fiscalía española niega haber tenido conocimiento de la reunión. “No se le informó de la entrega [de los discos duros]”, asegura un portavoz. Aunque añadió que, en caso de necesitar esa información, sabe que la tiene a su disposición, al igual que el resto de las autoridades europeas, a través de Eurojust.

En efecto, a partir de ahora, “la asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados”, destacó a Mediapart, socio galo de infoLibre, también miembro de EIC, la Fiscalía Financiera francesa, que calificó de “prometedor” el contenido de los discos duros obtenidos.

España sí participó en la primera reunión de febrero de 2019, celebrada en La Haya, donde se acordó aprovechar las revelaciones de Football Leaks para investigar delitos en toda Europa. Los medios de EIC llevaban publicando desde diciembre de 2016 los casos de corrupción, fraude fiscal, dopaje, compra de partidos e influencia política que documentaba la filtración, en principio 3,4 terabytes obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con una quincena de medios de comunicación europeos.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió entonces una primera investigación penal por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra varios futbolistas, entre ellos Javier Pastore, que en esa época jugaba en el Paris Saint-Germain, y Lucho González, que militaba en el Olympique de Marsella. En España, la fiscalía hizo lo propio enseguida con Xabi Alonso, Radamel Falcao, Fabio Coentrão…

Una segunda tanda de relevaciones comenzó a publicarse en noviembre de 2018, desde las citadas operaciones opacas del Barça con Leo Messi hasta la burla del fair play financiero llevada a cabo por el Paris Saint Germain y el Manchester City, con el consentimiento de los presidentes de la UEFA, Michelle Platini, y de la FIFA, Gianni Infantino.

Hace sólo unos días, la Audiencia Nacional confirmó una sanción de 23 millones de euros al Barça por pagar a sus jugadores parte del sueldo a través de sus agentes y reducir así a sus estrellas la factura del IRPF. Un ardid que ha utilizado también el Real Madrid y otros clubes de fútbol, tal y como documentó Football Leaks. El pasado martes, además, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Mourinho, que finalmente tendrá que pagar la multa por fraude fiscal que se le impuso en España. También intentó ocultar parte del sueldo que le pagaba el Real Madrid cobrándolo a través de su agente, Jorge Mendes. El mismo truco utilizado por Cristiano Ronaldo, con quien compartía representante. El entrenador portugués fue condenado en 2019 a un año de cárcel y al pago de tres millones de multa.

Pero la información facilitada por Rui Pinto a la Justicia europea no se limita al mundo del fútbol. El portugués también está en el origen de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por otro consorcio de medios, ICIJ, y la ONG PPLAF, que destapó las turbias operativas financieras de Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. Además, los discos duros contienen información sobre sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales, como la que permitió publicar a EIC los Malta Files.

Es más, los discos duros ahora en manos de las autoridades judiciales pueden alimentar nuevas investigaciones o ayudar a cerrar otras en curso. En Francia, la ya citada sobre Javier Pastore, pero también otra sobre discriminación racial en el PSG, que fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha presentado una segunda denuncia para intentar relanzar el caso. Además del posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Mientras, en España, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

El caso lleva abierto desde 2019. El pasado julio se concedió una nueva prórroga por culpa de unas comisiones rogatorias pendientes, necesarias para el informe de la Agencia Tributaria, que ejerce funciones de auxilio. En diciembre, la Fiscalía informó en contra de más prórrogas, pues considera concluida la instrucción. Ahora el juez deberá decidir si sobresee la causa o si continúa el procedimiento. Ese magistrado es ahora Santiago Pedraz, pero quien inició la instrucción y la dirigió hasta noviembre de 2020 fue José de la Mata, el enlace español en Eurojust.

Rui Pinto lleva colaborando con los fiscales franceses desde 2018, pero sólo puedo desencriptar sus discos duros cinco años después, porque se lo impedía un requerimiento de la Justicia portuguesa, según ha explicado su abogado, William Bourdon. Pinto fue detenido en Budapest, a petición de las autoridades lusas, en enero de 2019. Le acusaban de piratería informática e intento de extorsión.

Después fue extraditado a Portugal. Estuvo en prisión hasta que en 2020 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Lisboa: fue puesto en libertad como testigo protegido pero, además, se le prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa. Ese pacto fue impugnado por el Benfica ante los tribunales, una demanda que perdió en noviembre de 2023.

Dos meses antes, en septiembre, Rui Pinto había sido condenado a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que el portugués ha recurrido. También se declaró culpable ante un tribunal de París, tras aceptar una pena de seis meses de prisión, igualmente en suspenso, por piratear los buzones de correo electrónico del Paris Saint-Germain.

La historia de Rui Pinto no es muy distinta a la de Hervé Falciani, el ingeniero italofrancés que desde 2009 colabora con la Justicia internacional tras haberse apoderado de los datos de 130.000 evasores fiscales cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.

Detenido en Barcelona en 2012, pasó cinco meses y medio en la prisión de Valdemoro (Madrid), mientras la Audiencia Nacional decidía si lo extraditaba a Suiza, que le acusaba de revelación de secretos y de espionaje económico. También de intentar vender los datos de la que luego se conoció como Lista Falciani. Finalmente, no fue extraditado e incluso fue protegido por el CNI y la Policía. La Audiencia Nacional lo puso en libertad en mayo de 2013, pero la Cámara Federal Penal suiza lo condenó en rebeldía dos años después a cinco años de cárcel. Lo que dio pie a que Suiza volviera a ordenar su detención. Fue arrestado de nuevo en España, en la Universidad de Comillas (Cantabria). La Fiscalía pidió su prisión provisional, pero el juez dejó a Falciani en libertad con medidas cautelares.

En su caso, sí funcionó la cooperación europea: Francia compartió la lista con otros países, entre ellos España. Con la lista Falciani en la mano, se investigaron 659 nombres y se recuperaron 260 millones de euros. Entre los evasores fiscales pillados se encontraba el presidente del Banco Santander, Emilio Botín y su familia. La Agencia Tributaria ofreció a los españoles de la lista –empresarios, abogados– la posibilidad de pagar los impuestos que la información de Falciani demostraba que habían defraudado sin abrirles una inspección. Unos aceptaron y otros no. Estos últimos terminaron en los tribunales.

El martes de la semana pasada, a las 16.36 horas, llegó al Tribunal Penal de Lisboa un escrito de 85 páginas. Fue presentado por el equipo jurídico de Rui Pinto, el cerebro detrás de la plataforma Football Leaks. Se trata de un documento esperado con impaciencia: el recurso demuestra que Pinto se está preparando para dar la batalla en los tribunales europeos.

Pinto, el estudiante de Historia que entregó más de 70 millones de documentos a la revista alemana Der Spiegel y a sus socios de la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre, fue detenido en Budapest en 2019. Sus datos revelaron un fraude fiscal sistemático en el fútbol de élite, que permitieron abrir investigaciones judiciales en varios países. Pero la Justicia también se interesó por cómo Pinto había obtenido los documentos.

Durante unos tres años, el portugués tuvo que responder por ello en un juicio celebrado en Lisboa. Los cargos incluían 90 infracciones penales. Entre ellas, cargos de intento de extorsión, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia. Pinto no recibió su veredicto hasta el pasado mes de septiembre: fue declarado culpable de nueve cargos, entre ellos el intento de extorsión a un controvertido agente deportivo. El juez fijó la condena de Pinto en cuatro años, con suspensión condicional de la pena.

Ahora el portugués se defiende. En el recurso, al que han tenido acceso Der Spiegel y sus socios internacionales, los abogados de Rui Pinto atacan puntos centrales del proceso judicial. También se refieren a la ley de amnistía promulgada en Portugal este verano con motivo de la visita del papa Francisco en virtud de la cual se liberó a jóvenes delincuentes de ciertos delitos menos graves. Pinto también se benefició de la medida de gracia, ya que en virtud de ella se le retiraron 79 cargos. Con el recurso, sus abogados quieren comprobar ahora si otros delitos por los que Pinto fue condenado también deben quedar cubiertos por la amnistía.

Un segundo elemento del contraataque de Pinto se refiere a la acusación de intento de extorsión a Doyen Sports Investments Limited, un fondo creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, David Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En su recurso, los abogados argumentan que algunas de las pruebas que consideran exculpatorias no fueron suficientemente tenidas en cuenta en la sentencia. Se trata de correos electrónicos que supuestamente demuestran que Pinto desbarató el intento de chantaje por iniciativa propia. Los abogados piden al tribunal que absuelva a Pinto del cargo tras revisar esa prueba. El intento de extorsión constituye por sí solo la mitad de los cuatro años de la pena suspendida.

La defensa de Pinto también pide al tribunal que reconsidere fundamentalmente otros dos aspectos. El primero, que Pinto admitió durante el juicio que había tenido acceso no autorizado a datos personales y buzones de correo de terceros. El segundo, que explicó que muchos de los delitos que se le atribuyen fueron cometidos por otros miembros de la red Football Leaks. Aunque Pinto había recibido de ellos los datos y también había participado en la planificación de los ataques, no se llevó él mismo el material. Sin embargo, Pinto aún no ha revelado la identidad de sus presuntos cómplices.

En su sentencia, el tribunal consideró “inverosímiles” las declaraciones de Pinto, ya que la fiscalía no había encontrado pruebas de la participación de otras personas en el delito. Los abogados de Pinto argumentan ahora, entre otras cosas, que los investigadores no encontraron comunicaciones con periodistas, pero que se ha demostrado que existieron. El análisis técnico de algunos de los soportes de datos encontrados en el apartamento de Pinto también sugiere la implicación de otras personas, explican los abogados.

Además, la orden de detención europea con la que Pinto fue detenido en Budapest en 2019 va a ser reexaminada en el procedimiento de apelación. Los abogados plantean la cuestión de si la orden era suficiente como base para llevar a cabo un proceso judicial tan extenso en Lisboa. La pregunta puede servir de preparación de otros pasos procesales con los que Pinto querría que se aclarara su posición ante los tribunales europeos.

En última instancia, su caso podría dar lugar a sentencias pioneras sobre cómo afrontar la ciberdelincuencia, qué información se considera de interés social y cuál es el ámbito de actuación de los Estados nacionales. Serían fallos importantes que también podrían dar a otros informadores, denunciantes de corrupción y fiscales de Europa un poco más de seguridad jurídica. Pero también sería un largo camino, que plantea una pregunta: ¿puede Pinto permitirse económicamente otra batalla legal que puede durar años?

El portugués, que tiene 35 años, vive en el programa de protección de testigos desde hace unos tres años y no tiene ingresos significativos. Su equipo legal está formado por Francisco Teixeira da Mota, su hija Luisa y el francés William Bourdon, que también ha defendido a Edward Snowden, el filtrador que hizo público el programa de vigilancia masiva de la CIA y la NSA. Ya se han gastado “miles de dólares” en los renombrados abogados, asegura Delphine Halgand-Mishra, directora ejecutiva de The Signals Foundation, la red estadounidense para la protección de whistleblowers que ha sufragado hasta ahora los gastos de la defensa de Pinto. “Los denunciantes de corrupción y quienes, como Rui Pinto, revelan información de interés público son el freno de emergencia de nuestra sociedad. Garantizan que nuestras democracias sigan prosperando y que los poderosos rindan cuentas. Merecen nuestro apoyo”, explica Halgand-Mishra.

La responsable de The Signals Foundation está buscando más donantes para financiar a los abogados de Pinto y también se ha abierto al público una página de donaciones. Porque, además del recurso, Pinto se enfrenta aún a otra acusación: presentada en julio, la fiscalía le acusa de 377 delitos. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido si habrá juicio: primero debe aclarar cuántos de esos cargos ya han sido perdonados por la reciente ley de amnistía.

Al menos Pinto, sus abogados y Halgand-Mishra ya no tienen que preocuparse por uno de ellos: el miércoles, el portugués se declaró culpable ante un tribunal de París de haber tenido acceso no autorizado a los buzones de correo de los directivos del Paris Saint-Germain entre 2015 y 2019. La información filtrada sirvió para destapar los trucos financieros practicados en el club francés, financiado por Qatar, así como su racista sistema de ojeadores. El tribunal parisino ha condenado a Pinto a seis meses de prisión, que ha dejado en suspenso. También deberá pagar los honorarios del abogado y una indemnización al PSG: un euro. Un pago simbólico.

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, la filtración que desnudó la cara sucia del fútbol europeo, ha sido condenado este lunes en Portugal a cuatro años de prisión, con suspensión de la pena, por lo que no irá a la cárcel. La jueza Margarida Alves lo ha encontrado culpable de un delito de extorsión en grado de tentativa, tres delitos de violación de correspondencia agravada y cinco delitos de acceso ilegítimo. El resto de los cargos que le imputaba el Ministerio Fiscal han quedado retirados en virtud de la amnistía concedida gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, y también por falta de pruebas.

Además de la condena suspendida, Rui Pinto tendrá que pagar una indemnización al fondo Doyen de 3.000 euros y a los abogados que del despacho PLMJ. João Medeiros 15.000 euros más, mientras que otros dos abogados tendrán derecho a 2.039 euros cada uno. También ha sido condenado el abogado Aníbal Pinto, en su caso a dos años de prisión igualmente con suspensión de pena. Y tendrá que compensar a Doyen con 2.500 euros.

En su sentencia, la jueza destaca que Rui Pinto tenía a su favor la edad cuando cometió los hechos, su falta de antecedentes penales, el arrepentimiento que expresó durante el juicio y el hecho de que pusiera a disposición de un consorcio de periodistas, la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto Expresso como infoLibre, los documentos que dieron lugar a investigaciones de interés público.

Fueron más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. Tras analizarlos la revista alemana junto con sus socios de EIC, esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

En la lectura de la sentencia del caso Football Leaks, la jueza explicó que “no era creíble” la alegación de Rui Pinto de que los correos electrónicos enviados al consejero delegado de Doyen, Nélio Lucas, proponiendo el pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones, eran sólo una provocación, ya que no esperaba que el gerente de Doyen contestara en absoluto. “El acusado sabía claramente que Nélio Lucas iba a responderle”, zanjó Margarida Alves.

La jueza subraya también que Rui Pinto actuó solo y que, en octubre de 2015, era el único poseedor de la información extraída de Doyen y de otras entidades. “No sólo era el cerebro del proyecto Football Leaks, sino que además era la única persona que tenía acceso a la información y a los archivos en ese momento”, señala. El hacker portugués siempre adujo que la extracción de los documentos había sido fruto de un trabajo colectivo, ejecutado por un grupo de personas del que él sólo era uno más. Pero Margarida Alves concluye que el argumento de Rui Pinto de que había otras personas en posesión de los archivos tampoco es creíble y que, si hubiera actuado solo, no habría podido decidir y controlar las conversaciones con Nélio Lucas.

“Nadie pide dinero a cambio de información si no la posee en exclusiva”, apunta la jueza. “Era únicamente el acusado Rui Pinto quien la tenía y gestionaba”, remató.

En cuanto al abogado Aníbal Pinto, la jueza señala que estaba “meridianamente claro” que acudió a la reunión de octubre de 2015 con Nélio Lucas –entonces bajo vigilancia de la policía judicial– “consciente del plan de Rui Pinto” de pedir dinero al fondo Doyen para dejar de publicar Football Leaks. “Ha quedado probado que los dos acusados se propusieron extorsionar al asistente de Doyen”, concluyó Margarida Alves.

La sentencia también responsabiliza a Rui Pinto de las publicaciones en el blog Mercado de Benfica. “Fue con la detención del acusado cuando cesaron todas las publicaciones en Football Leaks y Mercado del Benfica. ¿Es creíble que si el acusado hubiera actuado en grupo las publicaciones no habrían continuado?”, se preguntó la jueza.

A su juicio, “todo el plan [para extorsionar a Doyen] se llevó a cabo”, sólo que “no tuvo el resultado deseado por razones ajenas a su voluntad”; es decir, porque Doyen no pagó la cantidad propuesta por Rui Pinto y negociada por Aníbal Pinto. “Los acusados eran perfectamente conscientes de la ilegalidad de su comportamiento”, señala también Margarida Alves.

La sentencia condena también a Rui Pinto por cinco delitos de acceso ilegítimo, pero le absuelve de un sexto delito de este tipo, porque no se probó que hubiera accedido a la plataforma Score, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La jueza tampoco duda en calificar de “inconcebible” prever una “disminución de la culpabilidad” asociada al “supuesto interés público” de las publicaciones de Football Leaks. “El derecho al secreto [de las comunicaciones] prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Si no está bien para el Estado, mucho menos lo está para cualquier ciudadano”, dijo, señalando que el hacker también actuó por interés personal, chantajeando a Doyen. “En un Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la ley y le debe obediencia. No todo vale y nunca puede valer todo. La verdad no es un valor absoluto y no tiene por qué ser investigada a cualquier precio”, fue el argumento, seguramente polémico, expuesto por Margarida Alves.

Sobre los 68 delitos de acceso indebido a decenas de buzones de correo electrónico, la jueza señaló que este acceso se produjo en los sistemas de cinco entidades, entre ellas el fondo Doyen, el club Sporting de Lisboa y el despacho de abogados PLMJ. Y dictamina que debe ser absuelto de estos delitos en su versión agravada, beneficiándose de la amnistía por la visita del papa en la Jornada Mundial de la Juventud. La misma amnistía se aplica al delito de hurto simple de correspondencia. Sin embargo, se dictará una sentencia condenatoria por la violación de la correspondencia de los abogados de PLMJ, cuyos correos electrónicos fueron publicados en el blog Mercado del Benfica.

“Aunque Rui Pinto ha sido condenado, es un alivio que no se accediera a la petición de la fiscalía de sentenciarle a varios años de prisión”, ha declarado el abogado del informante portugués, William Bourdon, a EIC. El letrado aún no ha decidido si recurrirá la sentencia. “Lamentamos que el tribunal no haya atenuado su responsabilidad penal teniendo en cuenta el gran interés público de sus revelaciones”, ha explicado, “sin embargo, ha reconocido en su sentencia la contribución de Rui Pinto a la defensa del interés público, y es probable que esto influyera en el hecho de que no haya impuesto una pena privativa de libertad, al igual que el hecho de que Rui Pinto reconociera sus errores y aceptara sus responsabilidades”.

En un comunicado, Bourdon y los otros dos abogados que han defendido a Rui Pinto –Francisco Teixeira da Mota y Luisa Texeira da Mota– han elogiado la “independencia” del tribunal y que haya tenido en cuenta todas las explicaciones dadas por el portugués durante el juicio, además de los testimonios “muy convincentes”, recalcan, “de testigos eminentes”, confirmando el hecho de que es “uno de los mayores denunciantes [de corrupción] de los últimos años en Europa”.

Los abogados recuerdan, además, que Pinto “sigue siendo un testigo protegido”, debido a las amenazas que sufre, y “objeto de un insoportable acoso judicial ilustrado por las permanentes iniciativas legales emprendidas por los mayores clubes de fútbol de Portugal. Según destacan, ese acoso constituye “una prueba evidente de que existe en Portugal una comunidad de intereses que desea criminalizarlo ad vitam aeternam”.

Por ese motivo, no descartan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poner fin a esa “persecución judicial, que lesiona gravemente los principios fundamentales de un juicio justo”.

La Fiscalía investiga los pagos que el Fútbol Club Barcelona hizo, desde 2016 hasta 2018, a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante 24 años, porque sospecha que detrás de ellos no existió contraprestación real alguna. Pero el club había empezado en 2001 a remunerar al exárbitro por un asesoramiento técnico del que, de momento, ni la Agencia Tributaria ni el fiscal ha encontrado pruebas.

El Barça retribuía a Enríquez Negreira facturando con dos empresas del éxarbitro: Nidsal SCP (Sociedad Civil Privada) y Dasnil 95 SL –el mismo nombre al revés–. Pero también están en el foco de la investigación los pagos del club a Javier Enríquez Romero, hijo del exárbitro, a través de una tercera empresa, Soccercam SL.

La Fiscalía sostiene, además, que los pagos al hijo se hicieron través de Tresep 2014 SL, una empresa que vincula con Josep Contreras, directivo del Barça fallecido el pasado diciembre. En su calidad de intermediario, Contreras cobraba comisiones de hasta el 50% de las cantidades abonadas a Javier Enríquez.

Los miles de documentos de Football Leaks, la investigación que destapó la cara más sucia del fútbol, desde los fraudes fiscales por los que han sido condenados Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta Messi, detallan también todos los pagos realizados por el Barça a Enríquez Negreira, así como a Josep Contreras. En las investigaciones de Football Leaks participa infoLibre, miembro de European Investigative Collaborations (EIC), la red integrada por una quincena de medios europeos con los que la revista almena Der Spiegel compartió la filtración de documentos. Las empresas de todos los implicados aparecen en la lista de proveedores del club e incluso se presupuestan cada temporada las partidas a ellos destinadas. En noviembre de 2016, el director ejecutivo del club, Óscar Grau, ordena paralizar el pago de una factura a Tresep 2014 hasta que hable con Albert Soler, entonces director de Deportes Profesionales. Unos días más tarde, Pancho Schröder, el director financiero, pide a la jefa de administración, “para OG [Óscar Grau]”, un histórico de los pagos del club tanto a Nidsal y a Dasnil como a Tresep. Las tres empresas al mismo tiempo.

En el Excel que se le envía poco después, aparece la relación de todos los abonos hechos a las sociedades de Enríquez Negreira desde 2001 hasta 2017. Por meses y por temporadas, sin IVA y con IVA. En otro Excel figuran los pagos a Tresep desde 2014 –fecha de constitución de la sociedad– hasta 2017. Dasnil 95 fue creada en 1995 y fue la primera con la que Enríquez Negreira facturó al Barça: 135.227,74 euros, 163.625,56 euros si se le suma el 21% de IVA. En las tres temporadas siguientes, el club no facturó “nada” –con esa palabra lo consignan en el Excel–.

Es decir, el primer desembolso a Enríquez Negreira se hizo con Joan Gaspart de presidente, que no siguió pagándole. Cuando Joan Laporta ocupó ese cargo, en 2003, no le pagó hasta la temporada 2005/2006, en que comenzó a cobrar Nilsad, la sociedad civil privada del exárbitro. Laporta presidió el club hasta 2010. Ese año le sucedió Sandro Rosell, hasta 2014, año en que llegó Josep María Bartomeu, en el puesto hasta 2020. Enríquez Negreira siguió facturando al Barça a través de Nilsad hasta la temporada 2015/2016, cuando volvió a utilizar Dasnil 95 para ese fin. El 11 de enero de 2016, el entonces responsable de Tesorería, Manel Mangado, informa a la directora financiera del cambio. “Han cambiado unilateralmente la razón social argumentando los cambios normativos respecto a las SCP, sin más”, es la sucinta explicación que le da.

Los cobros de Nidsal entre la temporada 2005/2006 y la temporada 2014/2015 suman 4,37 millones de euros. En la siguiente, factura medio ejercicio Nidsal y medio Dasnil 95, un total de 521.613 euros. En la temporada 2016/2017, Dasnil 95 recibe 157.528 euros. Si a estas cifras se les añade el 21% del IVA, la cantidad total percibida por Enríquez Negreira asciende a 6,2 millones de euros desde 2001. Y sin contar la temporada 2017/2018, cuando el exárbitro abandonó la vicepresidente del CTA y el club dejó de pagarle su asesoría técnica.

Por tanto, según consta en las cuentas del club a las que ha tenido acceso Football Leaks, Enríquez Negreira empezó a cobrar cantidades por debajo de 200.000 euros en 2001 y 2005, pero sus honorarios fueron creciendo con el tiempo, hasta casi rozar los 729.000 euros en la temporada 2013/2014. En la anterior alcanzaron los 722.460 euros. Desde la temporada 2009/2010 siempre estuvieron por encima del medio millón. Los pagos eran mensuales, normalmente de entre 40.000 y 50.000 euros, excepto los que cerraban cada temporada, en junio, cuando se duplicaba o incluso de triplicaba esa cantidad, hasta 125.000 o 145.000 euros. También se hicieron estos pagos más abultados en las facturas de los meses de diciembre algunos años.

En los apuntes contables del club, los servicios por los que se hacían estos desembolsos figuran como “asesoramiento vídeos técnicos”. En el caso de un pago de 100.569,15 euros, que en la contabilidad figura como correspondiente a junio de 2015, el club lo vincula a una “grabación de los partidos de equipos españoles en competiciones europeas”, por un importe de 83.115 euros más IVA.

En el Excel donde el Barça recoge los desembolsos a Tresep 2014, la sociedad de Josep Contreras, se consignan 10 pagos entre enero de 2015 y noviembre de 2016, por un importe total de 394.460 euros, IVA incluido. Pero las facturas no eran mensuales; por lo general, se emitían cada dos meses. Normalmente por 29.040 euros, IVA incluido, pero también las hay de hasta 65.340 euros, como en junio de 2016. El concepto que figura en ellas es bastante inconcreto: “Por la prestación de diversos servicios educativos-deportivos”, con emisión de “informes sobre la participación de diversos actores de las diferentes competiciones deportivas y del seguimiento de aspectos que puedan interesar en un futuro en dicho ámbito educativo-deportivo”.

Las cantidades de estas facturas contrastan con las partidas inicialmente apuntadas en los presupuestos del club. En los de la temporada 2016/2017, se preveía un pago mensual a Tresep 2014 de 12.000 euros al mes, un total de 144.000 euros en toda la temporada.

Las sanciones al Chelsea FC por los vínculos de su propietario, Roman Abramovich, con el régimen de Vladímir Putin, han puesto de nuevo en el punto de mira la proximidad de los clubes ingleses a los estados autoritarios. Documentos de Football Leaks, obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, revelan ahora que el Manchester City fue financiado directamente por una agencia gubernamental de Abu Dabi.

Según esos documentos, la sociedad matriz del Manchester City pagó millones en comisiones a agentes de jugadores, violando las normas internacionales, y que estuvo detrás de un acuerdo triangular secreto para fichar a un futbolista menor de edad español. Numerosos documentos de Football Leaks llegan a lo más profundo del club, así como a la Autoridad de Asuntos Ejecutivos (EAA por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental de Abu Dabi que asesora sobre política estratégica al príncipe heredero del emirato, el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Además, su operativa financiera llegó hasta España, donde utilizó como intermediario para camuflar sus pagos a Mediapro, el grupo audiovisual de Jaume Roures.

El muro defensivo del Manchester City tiene 7,40 metros de altura, 109 años de edad y costó unos 244 millones de euros. Está formado por los defensas Rúben Dias, John Stones, João Cancelo y Kyle Walker, y es una de las razones por las que el club va camino de su cuarto campeonato inglés en cinco años. El equipo que entrena Pep Guardiola también está en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ningún club de fútbol del mundo gasta tanto dinero en jugadores como el Manchester City. Según el CIES Football Observatory, el club inglés ha gastado 1.700 millones de euros en fichajes en los últimos 10 años. Sus recursos financieros parecen ilimitados: pertenece al jeque Mansur Bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Abu Dabi.

Tras décadas de fútbol mediocre en el mejor de los casos, el ManCity se convirtió rápidamente en uno de los mejores clubes internacionales desde que Mansur se hizo cargo de él. En la Liga inglesa, sólo el Liverpool FC de Jürgen Klopp puede alcanzarle.

La proximidad del Manchester City al autoritario estado de los Emiratos Árabes Unidos está obligando al club a invertir también mucho dinero en otro tipo de defensa, la legal. Su dirección ha contratado a algunos de los abogados más conocidos y caros del Reino Unido para hacer frente a las acusaciones de prácticas comerciales irregulares y para dilatar las investigaciones que tiene abiertas sobre posibles violaciones de las normas internacionales del fútbol.

Al igual que la inversión catarí en el París Saint-Germain y la inversión del fondo soberano saudí en el Newcastle United, los miles de millones de los EAU probablemente tienen como objetivo principal mejorar la imagen de ese Estado gracias al fútbol: los Emiratos no toleran ningún tipo de oposición política, desprecian los derechos humanos y sobre ellos recae la sospecha de haber cometido crímenes de guerra en el conflicto de Yemen, una acusación que rechazan. Para brillar con la mejor luz en el escenario del fútbol de élite, los propietarios de los clubes parecen estar dispuestos a pagar cualquier precio. Así, uno de los países más ricos del mundo está financiando operaciones deportivas y haciendo pagos opacos para eludir los controles financieros impuestos por los organismos internacionales.

En 2020, la UEFA prohibió al Manchester City participar durante dos años en la Liga de Campeones después de que Der Spiegel revelara cómo se financiaba el club. Representado por casi una docena de abogados de primera línea, recurrió la decisión ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS). La UEFA perdió el caso, a pesar de que hay muchas pruebas sólidas de las cuestionables prácticas financieras del ManCity.

Abu Dabi United Group Investment & Development (ADUG) es propiedad de Mansur y, a su vez, fue la dueña del Manchester City desde 2008, hasta que fue sustituida por otra empresa del jeque el año pasado. Según recalcaban siempre sus responsables, ADUG es una empresa privada y la entrada de Mansur en el club inglés fue una inversión puramente personal. Incluso antes de que el caso llegara al TAS, un abogado del Ministerio de Finanzas de Abu Dabi aseguró que ADUG es “completamente ajena” al Gobierno del emirato o al Estado de los EAU.

Sin embargo, la investigación de Football Leaks revela ahora que los pagos de ADUG al club se autorizaron en una agencia gubernamental de Abu Dabi, la Autoridad de Asuntos Ejecutivos (EAA). Responsable de proporcionar asesoramiento estratégico al emirato, también gestionaba las cuentas de ADUG. Los documentos internos así lo indican. El presidente de la agencia, Jaldún Al Mubarak, primer ministro de facto de Abu Dabi, dirige el fondo de inversión estatal y es también presidente del Manchester City. Según los documentos de la investigación, Al Mubarak aprobó los flujos de dinero que eran encauzados por el Gobierno y acababan en las cuentas del club de fútbol. Además, las solicitudes de pago de las comisiones de los agentes se enviaron al director jurídico de la EAA y una factura a Etisalat, una empresa pública emiratí que patrocina al equipo, fue enviada por el ManCity a Omar Awad, director financiero de la agencia gubernamental. Ni el Manchester City ni los responsables de EAA han querido responder a las preguntas de Der Spiegel.

En el Manchester City, las líneas entre el régimen autoritario y el club de fútbol privado se difuminan. Y las nuevas revelaciones de Football Leaks podrían causar considerables problemas al líder de la Premier League. Durante años, la Liga inglesa ha investigado al Manchester City sin hacer demasiada publicidad sobre el caso. Según la información obtenida por Der Spiegel, la investigación tiene tres acusaciones centrales.

La primera: el Manchester City pudo haber presionado a algunos jugadores menores de edad para que firmaran un contrato mediante el pago de dinero, lo que contraviene las normas internacionales.

La segunda: las empresas patrocinadoras con sede en Abu Dabi hicieron sólo una parte de los pagos al club; la mayor parte de ellos fue realizada por el propio jeque Mansur.

La tercera: el actual seleccionador nacional de Italia, Roberto Mancini, entrenador de 2009 a 2013 del ManCity, pudo haber recibido de forma opaca una parte considerable de su salario a través de un contrato ficticio de asesoría.

A las anteriores consultas que Der Spiegel hizo al club, éste respondió con un comunicado que no abordaba el contenido de las preguntas, sino que se limitaba a afirmar que el material de Football Leaks estaba sacado de contexto.

UEFA y FIFA han aprobado normas especiales para proteger a los talentos futbolísticos menores de edad. Por ejemplo, los clubes no pueden hacer traspasos internacionales de jugadores menores de 16 años. Más aún, no pueden prometer o pagar dinero a los menores, a sus padres o a sus asesores.

Sin embargo, numerosos clubes han incumplido sistemáticamente esta normativa durante años. Así, al Chelsea FC y al Real Madrid la FIFA les prohibió hacer traspasos. El Manchester City tuvo que pagar al menos 300.000 libras esterlinas –360.000 euros– a la Federación Inglesa de Fútbol y a la FIFA por infringir las normas que protegen a los jugadores más jóvenes.

Der Spiegel ya informó en 2019 sobre el pago de comisiones ocultas que el ManCity pagó al agente del inglés Jadon Sancho, que entonces sólo tenía 14 años. Pero ahora Football Leaks descubre otro caso: para fichar en 2013 al español Brahim Díaz, también de 14 años, la empresa emiratí preparó un contrato con la agencia del representante del jugador, Pere Guardiola, hermano de Pep, al frente del banquillo del City desde 2016. El club inglés entrenó a Brahim en su academia durante dos años antes de registrarlo oficialmente en Inglaterra.

Aunque el hecho de que Guardiola era su agente era público y así consta también en los correos internos que se cruzan los empleados del Manchester City, ADUG le encomendó que velara al mismo tiempo por los intereses del club: debía ayudar al City a “convencer al jugador y a sus tutores legales para que acepten los términos contractuales propuestos por el club”. Y, en el caso de que Brahim terminara firmando un contrato profesional con el ManCity, ADUG debía pagar 420.000 libras al agente.

De hecho, Brahim firmó un contrato profesional en Manchester en agosto de 2016, cuando cumplió los 17 años y fue traspasado al Real Madrid a principios de 2019. ¿Por qué ADUG quiso pagar la comisión al agente del jugador en lugar de hacerlo el club? Tanto entonces como ahora se trata de una clara violación de las reglas de la Asociación de Fútbol de Inglaterra: sólo el club está autorizado a pagar a los representantes de los jugadores.

Los correos electrónicos del club muestran que ADUG también pagó otros gastos del traspaso de Brahim Díaz, pero de forma opaca. Según revelan los documentos, la empresa del jeque abonó al el Málaga el club donde se formó el joven futbolista, unos honorarios por formación de 360.000 euros a través de una tercera empresa, el grupo audiovisual Mediapro. Y luego ésta remitió la suma al Málaga CF.

¿Qué tiene que ver el grupo de Jaume Roures en el traspaso de un juvenil de 14 años? La empresa de representación de jugadores de Pere Guardiola es Media Base Sports, que pertenece a Imagina Media, el grupo en el que está integrado Mediapro y que desde 2018 se encuentra en manos de Orient Hontai Capital, el primer grupo de capital privado de China. El 28 de noviembre de 2013, el Málaga CF y Mediapro, representada por Jaume Roures, firmaron un contrato por el que esta empresa se compromete a pagar 360.000 euros al club “por nombre y por cuenta del Manchester City”, como adelanto de una indemnización por la formación que le dio a Brahim Díaz. Es una práctica habitual cuando se traspasa a un jugador desde un equipo juvenil. Pero el Manchester había transferido a Brahim cuando no era posible hacer el traspaso. Esa cantidad debería ser abonada sólo cuando el jugador fuera contratado por el Manchester City al cumplir los 16 años, en 2015. Por tanto, Mediapro le está pagando un anticipo. En el documento, Mediapro “comunica” al Málaga CF “el interés del Manchester City por contratar los servicios del jugador” una vez que éste cumpla los 16 años, así como “la voluntad” del club inglés de “pagar por adelantado la indemnización por formación”.

Es más, para el caso de que el Málaga CF tenga que devolver el anticipo al club inglés, se crea una garantía, una prenda: Mediapro se descontaría la cantidad de los derechos televisivos que le corresponden al equipo español en virtud del acuerdo de cesión que éste firmó con la empresa de Roures en marzo de 2013. Mediapro también es el socio exclusivo de City TV, la televisión del club inglés.

Con esa misma fecha, Brahim Díaz, sus padres y el Málaga CF –su entonces director general, Vicente Casado Salgado, y su director general corporativo, Manuel Antonio Novo García— firmaron otro documento, en el que acuerdan resolver el contrato que habían suscrito sólo unos meses antes, en marzo de 2013, para que el futbolista jugara como infantil o cadete en el club. Lo rescindieron porque los padres querían marcharse a vivir fuera de España “por motivos personales y laborales”. Pero acuerdan que Brahim siga inscrito en la federación española como jugador de las categorías inferiores del club para que pueda ser convocado a la selección nacional.

Unos días más tarde, el 2 de diciembre, los padres de Brahim firman un tercer contrato. Éste es con Media Base Sports. En concreto, con Jaume Roures, Pere Guardiola y el abogado David Sánchez, también de la misma agencia de jugadores. Es un acuerdo por dos años, que garantiza a Media Base Sports un 10% del importe bruto de todo lo que cobre Brahim Díaz por conceptos deportivos, como un traspaso o renovación, y un 20% más por los no deportivos, desde los contratos publicitarios y de patrocinio hasta los que pudiera suscribir con medios de comunicación. Pese a que Media Base es el representante del futbolista, las comisiones se las deben pagar las empresas con las que contrate el jugador, no éste, su cliente. Y si Brahim Díaz incumple la exclusividad que suscribe en este contrato, sus padres deberán pagar a Media Base una penalización de 500.000 euros. Si incumple cualquier otra condición del documento, tendrá que abonarle 100.000 euros más. Estos tres documentos fueron firmados en Barcelona, donde tiene su sede Mediapro.

En diciembre de ese año, según los documentos de Football Leaks, Brahim Díaz ya pasa 15 días en Manchester. Y la prensa empieza a publicar que el ManCity le ha robado al Barça al “nuevo Lionel Messi”. En febrero de 2014, los correos del Manchester muestran que el club inglés está buscando colegio a las hermanas de Brahim y gestionando la apertura de cuentas bancarias para que sus padres paguen el agua y los impuestos municipales, comprándoles muebles para su nueva casa e incluso un coche. También están ayudando al padre a conseguir su número de la Seguridad Social.

En abril, un empleado del club explica en otro correo que, como no se le puede registrar hasta que cumpla 16 años, Brahim seguirá inscrito como jugador del Málaga CF. Pese a que ya está en el Manchester. En junio, los padres de Brahim, su agente y el ManCity han firmado todos los contratos necesarios, entre ellos la beca que disfrutará hasta los 16 años y un acuerdo de representación con Media Base Sports. El abogado de Media Base precisa que los documentos han sido suscritos tanto por el club inglés como “por su accionista”. Y pide que se pague a la agencia de representación 290.000 euros más el IVA.

Pues bien, cuando el ManCity inscribió a Brahim tanto en la Federación Inglesa como en la FIFA certificó que no había usado los servicios de ningún intermediario, que no había ningún agente implicado. Y cuando la FIFA investigó y preguntó al Manchester City por el fichaje del menor, el club respondió que el español había jugado tres partidos amistosos en Catar y Galway (Irlanda) con el consentimiento del Málaga; es decir, antes de que estuviera inscrito como jugador del ManCity.

Brahim Díaz tiene ahora 22 años. En 2019 fue fichado por el Real Madrid, con quien tiene contrato hasta 2025. Pero juega cedido en el AC Milan desde 2021. Y Pere Guardiola ya no es su agente, lo cambió por su padre en agosto de 2019. Ni los clubes, ni Mediapro ni Pere Guardiola han respondido a las preguntas que sobre este fichaje le ha enviado de Der Spiegel.

Los documentos de Football Leaks también muestran otros casos en los que ADUG intervino directamente. Entre 2010 y 2015, la empresa del jeque pagó al menos cuatro millones de euros y cuatro millones de libras a una empresa gestionada por el agente de Yaya Touré, que jugó en el ManCity entre 2010 y 2018. Según los correos electrónicos, las cantidades destinadas a pagar a los jóvenes jugadores fueron aprobadas, entre otros, por el director general, el español Ferran Soriano, y el presidente del club, Jaldún Al Mubarak. El desembolso a través de la agencia gubernamental de Abu Dabi fue dirigido por el director del club, Simon Pearce.

Pearce desempeña uno de los principales papeles en la acusación central de la UEFA y la Premier League contra el Manchester City: la financiación secreta de los acuerdos de patrocinio por parte del propietario del club, el jeque Mansur.

Simon Pearce gestionó los asuntos del club como miembro de la junta directiva al mismo tiempo que trabajaba como asesor especial del presidente de la agencia gubernamental EAA, Al Mubarak. Pearce mantenía el contacto con los numerosos patrocinadores del club con sede en los Emiratos, también era la persona de contacto del departamento financiero del ManCity cuando había que tratar detalles de los contratos y del desembolso de los fondos de Abu Dabi.

Der Spiegel ya publicó en su día en una serie de artículos los contratos antedatados, las inyecciones de efectivo espontáneas y las “fuentes alternativas” de la financiación con patrocinios del Manchester City. Según esas informaciones, el dinero del jeque Mansur se camuflaba como dinero de los patrocinadores. Las sumas del jeque se transferían a empresas con sede en Abu Dabi y desde allí se pagaban a su vez al club. De este modo, en las cuentas oficiales se minimizaban las inversiones del propietario del ManCity al tiempo que se inflaban los ingresos de marketing, lo que supone una flagrante violación de las normas de Fair Play Financiero de la UEFA. Esas reglas se diseñaron para evitar que los clubes gastaran más dinero del que ganaban y, por tanto, entraran en dificultades financieras o distorsionaran la competencia deportiva. Como han resultado un fracaso, ahora van a ser sustituidas por una nueva normativa.

A raíz de las informaciones de Football Leaks, la UEFA expulsó al club de la Liga de Campeones durante dos años. Como queda dicho más arriba, el club se impuso en el proceso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que dictaminó que parte de las acusaciones habían prescrito y que la UEFA no podía aportar más pruebas que las publicadas por Der Spiegel. Además, el Manchester City citó testigos que negaron enérgicamente las acusaciones de la UEFA. El TAS no vio ninguna razón para no creerlos, según declara la sentencia.

Uno de esos testigos supuestamente fiables era Simon Pearce. El tribunal deportivo le preguntó si había “organizado alguna vez pagos a Etihad [Líneas Aéreas de los Emiratos, patrocinadora del club]” en relación con el patrocinio del Manchester City. Su respuesta fue inequívoca: “Absolutamente, categóricamente no”.

Sin embargo, un correo electrónico de Pearce al entonces director de operaciones de Etihad, Peter Baumgartner, de diciembre de 2013, lo desmiente. En él, Pearce explica al directivo suizo exactamente qué sumas debía aportar Etihad, cuánto había transferido él, Pearce, por tanto, a Etihad y lo que todavía debía a la aerolínea. Der Spiegel ha preguntado a Etihad Airways al respecto y se ha limitado a contestar que “se enorgullece de ser el principal socio del Manchester City FC desde mayo de 2009”. “Todas las obligaciones financieras relacionadas con la asociación de la aerolínea con el club”, añade, “siempre han sido, y siguen siendo, responsabilidad exclusiva de Etihad Airways. Nuestra asociación con el Manchester City y con el City Football Group, en general, ofrece constantemente un sólido rendimiento de nuestras inversiones”.

Cuando Der Spiegel publicó ese correo, el Manchester City lo calificó de “intento cínico” de “volver a litigar públicamente y socavar” un proceso vencido y concluido. El club no ha respondido ahora a esta nueva consulta de la revista alemana.

Pero merece la pena volver a mirarlo con detenimiento. Los documentos de Football Leaks prueban la existencia de un sistema establecido durante años:

En 2012, parte del dinero del patrocinio de Abu Dabi se contabilizó internamente como “inversión del propietario”, que en ese momento ya ascendía a unos 150 millones de libras –180 millones de euros--.

En 2013, Pearce solicitó al director financiero, el español Jorge Chumillas, un resumen de las obligaciones de pago de ADUG y exigió que se desglosaran las partidas individuales en “pagos directos del club” y “suplementos de los socios”. Los documentos de Football Leaks muestran en qué consisten los pagos adicionales: por ejemplo, Pearce subrayó en un correo electrónico a Chumillas que Etihad sólo tenía que abonar ocho millones de los 67,5 millones de libras oficiales de su patrocinio. Por tanto, 59,5 millones de libras fueron el suplemento presumiblemente pagado por el jeque Mansur. Sólo en la temporada 2013-2014, el suplemento pagado por Abu Dabi ascendió a 92,5 millones de libras. Estas cifras eran alto secreto: “No debemos mostrar el suplemento del socio si va fuera del club”, advirtió a principios de 2013 el entonces director financiero, Andrew Widdowson.

En 2014, Chumillas y Widdowson hablaron por correo sobre el hecho de que los fondos de dos patrocinadores de Abu Dabi, Aabar y Etisalat, seguían pendientes. Y, de nuevo, distinguieron entre la aportación de ADUG y las cantidades que debían proceder directamente del patrocinador. Chumillas pidió que confirmación: “Pero, en realidad, formalmente, queremos que todas esas cantidades las paguen Aabar y Etisalat, ¿no?”. “Sí”, fue la respuesta, “si pueden”.

En septiembre de 2015, los responsables del club distinguieron entre un traspaso de 60,25 millones de libras y los ocho millones que, según ellos, Etihad debería “financiar directamente”. Chumillas y Pearce volvieron a desglosar en un correo electrónico qué parte del dinero del patrocinio debía proceder “directamente” de las empresas. El resto debía de proceder del presupuesto del accionista de ADUG; es decir, del jeque Mansur. Ni Aabar ni Etisalat han respondido a la solicitud de comentarios realizada por Der Spiegel.

Mientras que los dos últimos años de pandemia han hecho mella en las operaciones del fútbol profesional en general, el Manchester City se ha reforzado con los ingresos procedentes de acuerdos de marketing. A principios de este año, el club inglés añadió tres nuevos patrocinadores estatales a su cartera de socios. La Premier League quiere ahora examinar más de cerca estos acuerdos.

Podría decirse que el Manchester City ha demostrado ser extraordinariamente creativo cuando se trata de chanchullos financieros. En 2009, por ejemplo, la dirección del club pudo haber utilizado al club de fútbol Al Jazira, con sede en Abu Dabi, para camuflar el pago de parte de su salario al entrenador del ManCity, Roberto Mancini. El jeque Mansur sigue siendo el dueño Al Jazira hasta el día de hoy. Los directivos que manejan estas sumas son también el departamento financiero del ManCity y Simon Pearce.

El 19 de diciembre de 2009, el entrenador italiano firmó en Manchester. Según su precontrato, Mancini iba a recibir un sueldo de 1,45 millones de libras por temporada. Además, se le prometieron generosas pagas extraordinarias de hasta cuatro millones de libras por sus futuros éxitos deportivos. Ese mismo día, Mancini suscribió un supuesto contrato de asesoría con Al Jazira, cuya redacción era en parte idéntica al primero. Por sus servicios, el documento le garantizaba un salario anual de 1,75 millones de libras: “Los honorarios se abonarán en una cuenta designada por su empresa y se pagarán sin deducción de impuestos”.

Inicialmente, Mancini designó como empresa perceptora a una firma con sede en el paraíso fiscal de Mauricio llamada Sparkleglow Holdings.

Pero, sólo un año después, se hizo necesario un cambio. Pese a que utilizaba una sociedad offshore, Mancini se vio obligado a pagar impuestos en Italia sobre sus ingresos. Mancini lo consideró inaceptable y exigió al ManCity una compensación para alcanzar su salario neto deseado. El club aceptó y se redactó un nuevo contrato con Al Jazira. Según sus estipulaciones, el equipo emiratí reembolsaba a Mancini los impuestos pagados hasta la fecha y aumentaba sus futuros “honorarios de consultor” hasta los 3,2 millones de libras al año.

El entrenador cambió entonces de Sparkleglow Holdings a Italy International Services (IIS), domiciliada en Roma, para recibir los pagos. Esta empresa emitió a partir de entonces facturas trimestrales. Pero Al Jazira sólo simulaba pagarlas, porque IIS las enviaba al Manchester City, el club transfería el importe adeudado a ADUG, desde donde se remitía a Al Jazira, y finalmente este equipo las abonaba a IIS. Así describía un empleado del ManCity en julio de 2012 el procedimiento, que confirmó Simon Pearce por la parte del Emirato.

Es más, a pesar de que el contrato lo firmó Mancini con Al Jazira, todas las negociaciones sobre los pagos las llevaron a cabo la esposa de Mancini y el Manchester City. Y para subrayar más el carácter ficticio del documento, basta con indicar que el entrenador italiano ganaba 1,75 millones de libras primero y 3,2 millones después por sólo cuatro días de trabajo al año. Las partes implicadas en este esquema financiero no han querido hacer ningún comentario.

Después de que Der Spiegel informara por primera vez sobre el caso, éste dio mucho que hablar en Inglaterra. De hecho, a Pep Guardiola se le preguntó al respecto en una rueda prensa, si se le pagaba de forma similar. No se lo tomó muy bien. Su respuesta fue airada, despectiva… y nada concluyente.

Desde diciembre de 2018, la Premier League investiga al Manchester City porque aplica una normativa de control de gastos similar a la de la UEFA. El club se está defendiendo de la investigación con sus abogados, y con una hostilidad similar a la que empleó con la UEFA. El TAS multó al ManCity con 10 millones de euros por obstruir la investigación de la UEFA y porque se había negado a cooperar con los investigadores. La Liga Inglesa ha declinado comentar ningún aspecto de esta información.

Uno de los puntos en cuestión, si la investigación de la Premier League se podía hacer pública en Inglaterra, llegó hasta el segundo juez de mayor rango del sistema judicial inglés. El magistrado dictaminó que el procedimiento podía perfectamente ser objeto de publicidad. “Es sorprendente, y una cuestión de legítima preocupación pública, que se haya avanzado tan poco después de dos años y medio, durante los cuales, cabe señalar, el club se ha coronado dos veces como campeón de la Premier League”, lamenta la sentencia.

Trident Trust es una empresa de gestión de patrimonios y fondos que presume de tener más de 900 empleados en 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubái. También resulta ser la firma que más veces aparece en los Papeles de PandoraPapeles de Pandora, la filtración que publica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País. Finalmente, la delegación de Trident Trust en las Islas Vírgenes Británicas es una de las empresas de servicios financieros que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, utilizó para eludir el pago de impuestos en España por los derechos de imagen que cobró durante su primera estancia en el club blanco, en 2014 y 2015.

En junio de 2020, la Fiscalía le denunció por haber utilizado un “entramado de sociedades instrumentales” para evitar el pago de 1,06 millones de euros, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que percibió entonces del Real Madrid por ese concepto. Gracias a los documentos de Football Leaks,Football LeaksinfoLibre –como miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC)– reveló que Ancelotti había utilizado para burlar a la Hacienda española una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP. El 99% de sus acciones eran propiedad de Vapia Limited, una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido. Y en el Registro Mercantil de Islas Vírgenes figuran como representantes autorizados, tanto de Vapia Limited como de Ditomac, dos firmas de servicios financieros: Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited, la oficina en las Islas Vírgenes de la firma que ahora va a estar en el centro del huracán de la elusión fiscal mundial.

Ancelotti es sólo uno más de las cientos de personas con grandes patrimonios que han utilizado a Trident Trust y otras firmas similares para crear entramados en paraísos fiscales tras los que ocultarse ante las haciendas de sus respectivos países y no pagar impuestos. Uno de los instrumentos utilizados por sus clientes para esconderse son los trusts o fideicomisos.

Mourinho, un trust en Nueva Zelanda

Por ejemplo, fue precisamente un trust el mecanismo que empleó para evitar el pago de impuestos otro entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Lo desveló la revista alemana Der Spiegel que, como parte de la investigación periodística Football Leaks, publicó en diciembre de 2016 que detrás de la sociedad que el portugués usaba para ocultar sus ingresos por derechos de imagen, Koper Services, domiciliada como la de Ancelotti en las Islas Vírgenes Británicas, se encontraba un fideicomiso, Kaitaia Trust, con sede en Auckland (Nueva Zelanda). Estaba a nombre de la esposa y los hijos de Mourinho, pero era al 100% del entrenador.

Según explicó la revista alemana, a los 10 días de desvelarse que la red de empresas de Mourinho terminaba en las antípodas tras pasar por dos firmas sitas en Dublín (Irlanda) –Multisports & Image Management Limited y Polaris Sports Limited–, la Agencia Tributaria neozelandesa se presentó en Kaitaia Trust para requisar documentación.

José Mourinho fue condenado en febrero de 2019 por dos delitos fiscales a un año de cárcel y a una multa de 1,98 millones de euros. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, la pena de prisión fue sustituida por otra multa de 91.250 euros. Cuatro años antes, en julio de 2015, el hoy técnico de la Roma había firmado ya un acta de conformidad con la Agencia Tributaria en la que reconoció que no había declarado sus derechos de imagen. Entonces pagó una sanción administrativa de 1,14 millones de euros así como los 3,28 millones de las cuotas del IRPF –y sus intereses– que no había abonado en su momento. Un total de 4,42 millones de euros.

Un trust para diluir la propiedad real del patrimonio

Los trusts según los concibe el derecho anglosajón no existen en la legislación española. Pero tanto la normativa comunitaria como la nacional sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consideran que esta figura diluye la titularidad real y, por tanto, puede constituir un riesgo de lavado de dinero. De hecho, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a abogados y gestores de patrimonios a identificar a los titulares reales de los trusts y a “comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones”.

Los fideicomisos, tal y como los utilizan quienes poseen grandes patrimonios por los que no quieren tributar, son un contrato privado por el cual una persona transfiere bienes o derechos a otra para que los administre en beneficio de terceros. Por tanto, hay una relación trilateral entre el propietario original del bien o derecho –settlor u otorgante: Mourinho–, la persona, o entidad que lo administra –trustee o administrador: Trident Trust– y el beneficiario de la transacción –en teoría, la mujer y los hijos de Mourinho–. A todos ellos obliga la ley española a quedar identificados ante la administración tributaria, así como a “cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios”.

En su origen, los trusts eran un mecanismo de sustitución testamentaria pero, debido a las ventajas que aportan para gestionar bienes, derechos e intereses familiares, ha terminado convirtiéndose en un vehículo de inversión y en un sistema de protección de activos. De hecho, los hay tanto privados, para gestionar patrimonios familiares, como mercantiles, para proteger inversiones a largo plazo, por ejemplo.

Al dividir la titularidad sobre un bien para proteger a sus beneficiarios, los dueños reales, el trust se convierte en un posible vehículo para el blanqueo de capitales y para la elusión fiscal. De ahí la obligación legal de comunicar a la Agencia Tributaria quiénes son los beneficiarios últimos del dinero en ellos depositado. Ni Mourinho ni Ancelotti ni buena parte de los adinerados cuyos nombres serán destapados por los Papeles de Pandora han sido transparentes.

La importancia de los titulares reales: 'OpenLux'

Otro tanto ocurre con Luxemburgo, un país de la Unión Europea que, sin embargo, mantiene una normativa fiscal tan laxa que facilita a quienes quieren eludir impuestos ocultarse ante sus respectivas haciendas nacionales. El Gran Ducado estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: sólo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con otra organización internacional, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP dio posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo. infoLibre los publicó en España. De esa forma se puso en marcha el proyecto OpenLux.

En total, 1.558 personas vinculadas con España controlaban sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos.

Este periódico ha publicado una decena de informaciones que afectan al traficante de armas Abdul Rahman El Assir y el exvicepresidente Rodrigo Rato; al empresario de la jet y socio de Villarejo, Adrián de la Joya; al banquero y máximo accionista de Bankinter, Jaime Botín; al primogénito de Ana Botín, Felipe Morenés, y su socio Juan Pepa; a Amancio Ortega y a su hija Sandra; a la familia política de Esperanza Aguirre; al presidente de la empresa de apuestas y tragaperras Cirsa, Joaquim Agut; a los productores televisivos de La ruleta de la suerte, Enric Lloveras y Daniel Bilbao, y al dueño de Pikolin, Alfonso Soláns.

Pérdidas fiscales y un delito contra la Hacienda Pública

Según la última actualización de The missing profits of nations (Los beneficios perdidos de las naciones), un estudio que arrancaron en 2015 Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, de la Universidad de Copenhague, y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley y director del Observatorio Fiscal de la UE, las ganancias mundiales distraídas a paraísos fiscales ascienden a 946.000 millones de dólares. La pérdida global en el impuesto de sociedades alcanza los 243.000 millones de dólares.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) advierte de que, si cualquiera de las personas descubiertas en los Papeles de Pandora no ha incluido la titularidad de las empresas offshore o sus propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán como una “ganancia patrimonial no justificada” que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito. Si el importe de ese bien no declarado supera los 250.000 euros en Cataluña, los 275.862 euros en Madrid o los 267.000 en las comunidades autónomas con un tipo marginal máximo del 45% en 2017, su propietario debe ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía de Madrid denunció en junio de 2020 a Carlo Ancelotti, recontratado entrenador del Real Madrid, porque utilizó un “entramado de sociedades instrumentales”, algunas de ellas ubicadas en paraísos fiscales, para no tributar por sus derechos de imagen, tal y como recoge el escrito de acusación. Gracias a ese esquema, eludió el pago de 1,06 millones de euros a la Hacienda española, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que cobró del club en 2014 y 2015 por ese concepto. Según los documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), Ancelotti utilizó para ello una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP, que sólo era la pantalla de otras dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Hasta 2014, poseía otra sociedad de derechos de imagen ubicada en Suiza.

Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el Real Madrid. Pero según los datos de Football Leaks, Ancelotti firmó aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, el club presidido por Florentino Pérez presentó públicamente  a su nuevo entrenador en el estadio. ¿Por qué ese baile de fechas? Unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerado a efectos fiscales como "residente" y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47,5%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como "no residente", cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24,75%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre hay exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando Ancelotti abonó el 24,75%. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiese pagado el IRPF.

En virtud del contrato laboral, el entrenador italiano debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizarle al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firman Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

El Registro Mercantil de Islas Vírgenes proporciona muy escasa información sobre Ditomac Limited y Vapia Limited. Tras ellas figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubái.

En su denuncia, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El documento del Registro mercantil de Reino Unido donde figura Vapia Limited, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, como socia de Vapia LLP, la propietaria de los derechos de imagen de Carlo Ancelotti.

Una sociedad sin ingresos ni gastos

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP, ni Vapia Limited ni la sociedad suiza, era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre ha preguntado tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como una sociedad “durmiente”. No ha tenido actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–nominee, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años. Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

3,6 millones de euros en dos años

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes). Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

Appledore, la gestora de grandes patrimonios que creó la estructura fiscal para Carlo Ancelotti ahora puesta en cuestión, posee una sencillísima página web que apenas ofrece al interesado un teléfono y dirección de contacto, amén de una página inicio donde aparecen flotando sobre un fondo negro los adjetivos que califican el trabajo de sus dos principales directivos: “profesionales”, “pragmáticos”, “decisivos”, “discretos”. El entrenador del Real Madrid, con el sueldo embargado por orden de la Agencia Tributaria nada más empezar su segunda etapa con el equipo, debe declarar ante un juez de Madrid el próximo día 23 por dos delitos fiscales. Ya fue convocado el pasado 20 de noviembre, sólo que entonces aún residía en Reino Unido –entrenaba al Everton– y no acudió al juzgado. A Ancelotti sus esquemas fiscales le pueden costar una pena de entre dos y seis años de cárcel, si se le considera culpable de un delito agravado porque la cantidad defraudada supera los 600.000 euros, más otra de entre uno y cinco años por el segundo delito si no se establece como agravado porque la cuantía es inferior. Es decir, entre un mínimo de tres y un máximo de 11 años de prisión.

Carlo Ancelotti ha vuelto seis años después al club que lo despidió tras haber ganado en dos temporadas una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, un Mundialito y la décima Champions. Aún le quedaba un tercer año que ya no llegó a disfrutar. “Que te echen forma parte del trabajo, pero si me pregunta usted sobre mi despido en el Real Madrid le puedo decir que no fue la decisión correcta”, se lamentó entonces. “Entendimos que el proyecto estaba agotado y que necesitábamos un nuevo impulso. Carlo Ancelotti se lleva nuestro agradecimiento y nuestro cariño”, fue la escasa mención de Florentino Pérez al italiano en la asamblea del club de ese año.

La semana pasada, recién aterrizado y presentado en Valdebebas, la Agencia Tributaria dio a Ancelotti la bienvenida publicando su nombre en la lista de morosos con una deuda de 1,46 millones de euros, mientras el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid le imputaba por un delito fiscal. Dos años lleva ya el entrenador italiano bregando con el fisco por las declaraciones del IRPF que hizo mientras estuvo contratado por el Real Madrid, desde 2013 hasta 2015. El 23 de julio tendrá que declarar ante el juez.

Pero puede que no sea éste el único problema con Hacienda con el que deba lidiar el técnico. Según los documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso infoLibre como miembro de la red de periodismo de investigación EIC (European Investigative Collaborations), el Real Madrid y Ancelotti llegaron a un acuerdo previo al despido que le supuso al entrenador no tributar por 180.000 euros de su cuantiosa indemnización y al Real Madrid no realizar la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014. El menoscabo lo sufrieron las arcas públicas.

Esos mismos documentos revelan que Carlo Ancelotti firmó en 2013 un contrato que le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones de euros por las dos siguientes. En 2013-2014 tributó por el Impuesto de la Renta de no Residentes, un 24,75%, y en las otras dos por el 52%, que entonces era el tipo máximo del IRPF –ahora es el 47%–.

Cuando fue destituido, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó la carta de rescisión de su contrato y, con la misma fecha, un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente y tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMC, le explica un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pide que acuda a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

Este periódico ha preguntado tanto al Real Madrid por su proceder con el despido de 2015, pero ninguno de los dos ha contestado a las preguntas que se reproducen al final de esta información.

Todo el equipo técnico, al SMAC

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Todos ellos se fueron de vacaciones tras anunciar una demanda contra el club y citarse en el SMAC. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que fue contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. A Fernando Hierro, fichado como segundo entrenador de Ancelotti en julio de 2014, le finalizó entonces su contrato de un año y no fue renovado. Aunque podría haberlo prorrogado un año más con sólo haber comunicado con un mes de antelación que quería hacerlo, tal y como establece una de las cláusulas. También dejó el club ese mismo mes Giorgio Ciaschini, que había firmado un contrato mercantil como técnico observador en julio de 2014 por una sola temporada a cambio de 72.000 euros anuales.

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, el Real Madrid le pagó un total de 9,78 millones de euros brutos por su despido, de los que 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”. En realidad, la indemnización establecida en su contrato, equivalente a seis meses de salario, ascendía a 4,89 millones. Y es completamente legal. Los 180.000 euros desgajados en el acta es el importe de la exención en el IRPF que la ley permite practicar a las indemnizaciones por despido improcedente desde que así lo fijó la reforma fiscal de Cristóbal Montoro en 2014. Pero para ello no puede haber existido un acuerdo previo entre la empresa y el trabajador. Y el documento privado y la papeleta de conciliación firmados por ambas partes el mismo día del despido pueden indicar que lo hubo. De tener conocimiento la Agencia Tributaria de ese documento, y siempre que no considere prescrita la deuda –tiene ya un procedimiento abierto por las declaraciones de IRPF de esos mismos años–, podría exigir a Ancelotti la tributación de esos 180.000 euros que se ahorró en 2015 y de los que ni el Real Madrid hizo retención alguna ni el entrenador sumó a sus ingresos en el IRPF ese año.

Por el resto sí que se tributó a Hacienda, de forma que el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros, tras practicarle una retención del 47%. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Un total de 6,4 millones.

6,1 millones de euros en indemnizaciones

La misma indemnización “legal” de 180.000 euros pagó el Real Madrid a Giovanni Mauri –preparador físico, cobró un sueldo de 900.000 euros brutos anuales–, que fue indemnizado con 519.976 euros netos; Paul Clement –segundo entrenador, sueldo anual de 1,1 millones–, que se llevó 636.476 euros, y William Vecchi –preparador de porteros, 265.780 euros anuales–, que fue compensado con 272.963 euros, según consta en sus respectivas actas de conciliación. Jack Willian Nayler – asistente al preparador físico, 166.113 euros anuales– fue indemnizado con 109.649 euros, Francesco Mauri –también asistente al preparador físico, con un sueldo de 132.890 euros al año–, recibió 66.466 euros y Davide Ancelotti, 65.476 euros.

En total, las indemnizaciones netas de Ancelotti y sus seis ayudantes extranjeros en el equipo técnico sumaron 6,1 millones de euros. Pero, en el informe elevado al comité económico del 3 de julio, el club calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le había supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Los abogados laboralistas a los que ha consultado infoLibre coinciden en asegurar que es una práctica “habitual” que empresas y trabajadores acudan al SMAC con despidos pactados para cobrar indemnizaciones, tener derecho a la prestación por desempleo y ahorrarse pagos a Hacienda. Sobre todo, si las cuantías de las compensaciones son elevadas. “[El SMAC] Es un auténtico coladero fiscal”, subrayan. Incluso cifran en más de un tercio los casos. También aclaran que, si los documentos privados en que se pactan despidos y compensaciones se hacen públicos, la Agencia Tributaria puede considerar que ha habido acuerdo mutuo, no un despido, y reclamar el pago del IRPF no satisfecho.

Florentino Pérez respondió con un escueto “no” cuando el periodista del francés L’Equipe le preguntó si temía que alguno de sus 11 socios en la Superliga que él lidera abandonara el proyecto. También quería saber el periodista galo si al presidente del Real Madrid le preocupaba que la nueva competición no tuviera éxito. “Estamos dispuestos a hablar con todos para salvar el fútbol”, zanjó. Sólo unas horas más tarde, la Superliga se convertía en el superfiasco del órdago a la industria del fútbol lanzado por un Florentino Pérez a la cabeza de los clubes más ricos de Europa.

Como reveló ya en 2018 Football Leaks, el proyecto de investigación sobre el fútbol europeo de infoLibre y EIC Network, la Superliga es un proyecto antiguo. El Real Madrid y otros siete grandes clubes venían pergeñándolo en secreto desde al menos tres años, pero llevaba siendo alentado desde hace un par décadas de modo que hubo tiempo para pensar en los detalles. Ya en 2016 habían consultado con un despacho internacional de abogados cuáles podían ser los problemas legales a los que se enfrentarían si consumaban la escisión. Incluso habían encargado una encuesta entre los aficionados. Que, como suele ocurrir con este tipo de sondeos, decía lo que quería oír quien la pagaba.

A la vista de lo ocurrido en apenas 48 horas, los promotores del cisma no calibraron bien la reacción. Los aficionados ingleses, los entrenadores de algunos de los equipos implicados, los gobiernos de Reino Unido, Francia y España fueron rabiosamente unánimes contra la Superliga. Amplificaron el rechazo de UEFA, FIFA y las ligas nacionales. “Fuck Pérez”, “Fuck Super League” cantaban en las calles de Londres los seguidores del Chelsea durante la tarde del martes. Algunos blandían pancartas caseras que llamaban “criminal” al presidente del Real Madrid. Mientras, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y Jürgen Klopp, del Liverpool, dos de los clubes instigadores, proclamaban el valor del mérito y el esfuerzo en el deporte.

La respuesta del primer ministro británico, Boris Johnson, fue más contundente: no dudó en amenazar con utilizar la ley para parar el proyecto –que definió como un “cartel”–, hacer pagar a los club disidentes los gastos de seguridad de los encuentros e incluso crear una comisión para reformar el fútbol inglés. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró su apoyo a la UEFA, la FIFA y la liga francesa contra una iniciativa que tachó de “amenaza al principio de solidaridad y el mérito deportivo”. En España, el ministro de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, no fue tan expeditivo y, tras hablar con las partes implicadas, se limitó a defender el diálogo con los clubes para buscar una “solución pactada conveniente al fútbol y al deporte”.

Entre disculpas y apelando a la estabilidad financiera

De nada sirvió que un juez de Madrid admitiera la medida cautelar que le habían solicitado los 12 clubes y prohibiera a la UEFA y la FIFA sancionar o expulsar de las competiciones a los equipos, sus jugadores y dirigentes que iban a formar parte de la Superliga. En el mismo momento en que Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, presumía ante los periodistas del diario La Repubblica del “pacto de sangre” que juramentaba a los ultrarricos del fútbol europeo, la alianza comenzaba a resquebrajarse. Primero fue el Manchester City, poco después de las nueve de la noche del martes, con un escueto comunicado de sólo tres líneas. Le siguieron, en cascada, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United y Chelsea. Los seis equipos británicos de la Superliga abandonaban el barco antes de que siquiera hubiera zarpado. Otro Brexit. La nueva competición se quedaba sin la mitad de sus participantes. Arsenal y Liverpool, además, se retiraban en medio de grandes disculpas a sus aficionados. “Tras escucharos a vosotros y a la comunidad futbolística en general en los últimos días, nos retiramos de la propuesta de la Superliga. Hemos cometido un error y nos disculpamos por ello”, lamentaba el Arsenal en una carta abierta a sus seguidores. El club de Londres justifica su inicial apoyo al proyecto de Florentino Pérez por su “deseo de proteger” al Arsenal, consiguiendo “una mayor solidaridad y estabilidad financiera”. “Os hemos escuchado”, termina el mensaje.

También pidió perdón el Liverpool, a través de su propietario, el inversor estadounidense John W. Henry, repitiendo la misma idea: “Os hemos escuchado”. Y disculpándose no una, sino tres veces a lo largo de seis párrafos. A los aficionados, a los jugadores, al entrenador, Jürgen Klopp; incluso al consejero delegado, Billy Hogan. “Soy el único responsable de la negatividad innecesaria de los últimos dos días”, explica Henry, también atribuyendo el vuelco al poder de la afición. Con una flema muy británica, el Tottenham anunciaba su salida de la Superliga dando las gracias a todos los seguidores que habían “presentado sus consideradas opiniones” sobre tan tormentoso asunto.

Había pasado la medianoche cuando se rumoreaba ya sobre el abandono del AC Milan, que no se produjo oficialmente hasta la mañana siguiente, junto con la del Inter de Milán y, finalmente, la del Atlético de Madrid. Al igual que sus socios británicos, los italianos y el club español excusan su entrada en la Superliga por su interés en mejorar y consolidar la estabilidad financiera de los equipos y su salida, por la oposición de los aficionados a la nueva estructura. El club de Enrique Cerezo explica que ya no se dan la circunstancias que les habían movido a participar en el proyecto de los 12 más ricos, sin más precisiones, y declara su apoyo al mérito deportivo “por encima de cualquier otro criterio”.

Al mediodía del miércoles, a la Superliga sólo le quedaban tres equipos: Real Madrid, FC Barcelona y Juventus. El club de Agnelli, el mejor apoyo de Pérez en la iniciativa ahora frustrada, ha asegurado que mantiene su confianza en la “solidez del proyecto deportivo, comercial y legal”, pero cree que las posibilidades de que “se complete en la forma concebida originalmente” son escasas. “Juventus mantiene su compromiso de buscar la creación de valor a largo plazo para la compañía y para toda la industria del fútbol”, se ha limitado a expresar.

En el FC Barcelona, la decisión final sobre la Superliga se tomará en una asamblea de compromisarios que aún no tiene fecha. Según ha informado TV3, Joan Laporta incluyó una cláusula en su contrato según la cual la integración el proyecto está condicionada a la aprobación de los socios. El nuevo presidente puede acogerse a la herencia recibida. Las negociaciones con los otros 11 clubes se desarrollaron mientras era presidente del Barça Josep María Bartomeu, quien anunció su participación en la Superliga el pasado mes de octubre, en la misma comparecencia donde anunció su dimisión toda la junta directiva. De los blaugrana sólo ha hecho pública su opinión Gerard Piqué, quien poco después de medianoche tuiteaba en inglés: “El fútbol pertenece a los aficionados. Hoy más que nunca”. Por la mañana, el entrenador, Ronald Koeman, aseguraba que está “de acuerdo” con su defensa.

Los tres clubes que figuraban como invitados, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, se han desmarcado también, pese a que fueron de los primeros impulsores de la nueva competición, como puede comprobarse en los documentos revelados por Football Leaks. El presidente del club bávaro, Kark Heinz Rummenigge, fue de hecho uno de los puntales de las conversaciones que comenzaron en 2016 con Andrea Agnelli. Ambos se han sucedido en la presidencia de la Asociación Europea de Clubes (ECA). “La Champions es la mejor competición de clubes del mundo”, ha dicho ahora el exdelantero alemán.

La resaca del revolcón

“La Superliga ha hecho el ridículo”, sentenció el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, enemigo declarado de Florentino Pérez y detractor del proyecto, que amenazaba con dejar en cueros la competición nacional por excelencia. Si el del Leeds fue el primer campo que exhibió su malestar con la competición de los 12 clubes ricos –“Gánatelo en el campo, el fútbol es para los aficionados” era el lema que apareció sobre las gradas y que sus jugadores llevaban en las camisetas mientras entrenaban–, este miércoles los jugadores del Real Madrid han sido recibidos entre abucheos en Cádiz, mientras el Levante ya ha mostrado su rechazo en el marcador del estadio Ciutat de Valencia y el Valencia CF lucirá en las camisetas la misma consigna que el Leeds. Pero ya es hacer leña del árbol caído. Florentino Pérez se ha quedado solo. Al menos en esta etapa del juego. En mitad de las deserciones inglesas, el Manchester United ha anunciado la dimisión de su vicepresidente ejecutivo, Ed Woodward, aunque también ha aclarado que su salida estaba ya prevista para finales de este año. La Juventus ha tenido que salir al paso de los rumores que apuntaban a la dimisión de Andrea Agnelli quien, sin embargo, sí que había dejado sus cargos en la ECA y en la UEFA el pasado lunes cuando se anunció el nacimiento de la Superliga.

Pero los pies de Florentino Pérez están firmemente pegados al suelo. Seguirá siendo presidente del Real Madrid hasta 2025, después de que hace sólo ocho días quedara cerrado el plazo para presentar candidaturas al puesto y sólo se presentara la suya. Es su sexto mandato. Desde 2012, cuando se reformaron los estatutos del club, para presentarse a las elecciones se necesitan 20 años de antigüedad de socio en lugar de 10 y presentar un preaval del 15% del presupuesto de la entidad respaldado con su patrimonio personal y por una entidad española. En esta convocatoria debía ser de 123,8 millones de euros. Desde 2006 no ha habido votaciones para elegir al presidente del Real Madrid.

Además, la suspensión de la Superliga no significa que el proyecto está muerto y enterrado. Todos los clubes implicados han dejado claro en sus comunicados de disculpa a la afición que siguen comprometidos con la reforma de las estructuras del deporte y con la estabilidad financiera. Si hasta ahora los clubes más ricos han utilizado la amenaza del cisma para conseguir ventajas en sus negociaciones con la UEFA, no van a dejar de hacerlo en adelante. La batalla se seguirá librando, mal que les pese a los aficionados y a organizaciones tan poco transparentes como la UEFA y la FIFA, en busca de mayores beneficios. Aunque no se llegue a emular el modelo de la NBA como parecía ser la intención de los instigadores de la Superliga, la máquina de gastar en jugadores millonarios –200 millones dicen que cuesta Mbappé– y de construir cada vez mayores estadios –575 millones es el presupuesto de las obras del nuevo Bernabéu, que se inaugurará en el verano de 2022– necesitará cada vez más combustible. La rebelión de los ricos puede que sólo se haya postergado un poco. “Nosotros hemos salvado el fútbol”, contestaban a Florentino Pérez los aficionados ingleses tras conocerse el fiasco de la Superliga. Quizá demasiado pronto.

Doce de los mayores clubes de fútbol de Europa lanzaron este lunes la bomba que llevaban al menos seis años montando en sus despachos. Los rumores y los movimientos subterráneos –o no tanto– han sido múltiples y continuados, por lo que la noticia es de todo menos una sorpresa. La UEFA intentó la víspera una maniobra preventiva advirtiendo de sanciones deportivas y acciones judiciales a los clubes que se integren en la Superliga. Pero los creadores de la nueva competición ya contaban con suscitar una reacción que se les antoja insignificante frente a los 10.000 millones de euros que, según dicen, les reportará su iniciativa: un campeonato donde jugarán sólo 20 clubes, entre ellos 15 de los más ricos de Europa, y que sus creadores venden como una apuesta por el fútbol de calidad y un mecanismo para maximizar beneficios, mientras que la UEFA y las Ligas nacionales lo atacan como un “planteamiento egoísta” de los clubes de élite que pone en peligro a todos los demás.

La escisión de los ultrarricos del fútbol europeo casi tal y como se ha presentado ahora fue relatada por Football Leaks, con todo el detalle de correos y reuniones secretas, en noviembre de 2018. Para entonces, Anas Laghari, el asesor financiero de Florentino Pérez, había redactado un acuerdo vinculante que debían firmar 16 clubes de fútbol, entre ellos el Real Madrid. No son los mismos que han aparecido como fundadores de la Superliga, pero casi. Además, los términos del acuerdo tampoco han variado en lo sustancial menos de tres años después, según ha podido comprobar infoLibre, miembro de la red European Investigative Collaborationes (EIC), con la que Der Spiegel ha compartido los miles de documentos procedentes de la filtración bautizada como Football Leaks.

El documento se lo había enviado Laghari, socio de la firma Key Capital Partners, al propio Florentino Pérez el 22 de octubre de ese año. El Real Madrid, de hecho, ha sido protagonista destacado de toda la iniciativa. Hasta el punto de que no sólo Florentino Pérez va a ser el presidente de la Superliga y la empresa que va a gestionar la competición va a estar radicada en España, sino que además su germen se sitúa en el club blanco en diciembre de 2015. Al menos, según los documentos de Football Leaks, fue el 17 de ese mes cuando el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, recibió un correo de Charlie Stillitano, un abogado de Nueva Jersey dedicado al negocio del fútbol –también cronista y opinador en medios de comunicación de Estados Unidos, además de asiduo del Bernabéu–, donde le ofrece dos proyectos, uno de 16 equipos que duraría 19 semanas, no interferiría en las otras competiciones y les supondría una ganancia de 250 millones de euros, y otro que denomina Superliga, con los 17 mejores equipos ingleses, españoles, italianos, alemanes y franceses –y un invitado procedente de las ligas portuguesa, rusa, holandesa o turca–, que les reportaría 500 millones de euros al año, cinco veces más de lo que gana un club cuando gana la Champions. Stillitano deja abiertos al debate asuntos capitales como la distribución de los ingresos, los pagos de solidaridad, los topes salariales y financieros de las reglas de juego limpio y las garantías financieras. Todas esas cuestiones aparecieron resueltas en el borrador de acuerdo que Florentino Pérez recibió en octubre de 2018.

Borrador Euroliga 2018 by infoLibre on Scribd

En esa lista inicial ha habido finalmente algunos cambios. Se ha sumado el Tottenham Spurs, pero se han caído el Bayern, el Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain y la Roma. Pero sólo en principio, porque en el esquema hecho público este lunes se incluye la posibilidad de añadir otros tres equipos fundadores.

En el diseño inicial, el Real Madrid iba a tener el 18,77% del capital de la empresa gestora de la Superliga, el Barcelona un 17,61% y el Manchester United otro 12,58%. Los demás, porcentajes por debajo del 10% hasta un 4,27% el AC Milan.

El acuerdo de 2018 establece igualmente cómo se van a repartir los beneficios, incluidos los procedentes de los derechos televisivos, cómo se van a pagar las primas a los jugadores, cómo se van a distribuir los dividendos entre los clubes fundadores y cómo se creará un fondo de solidaridad propio. La Superliga, según ese borrador, también tendrá su propio órgano disciplinario, para seleccionar árbitros y sancionar a clubes y jugadores, así como un organismo independiente para vigilar que se cumplen sus propias normas de juego limpio financiero, distintas de las normas de la FIFA: éstas permiten a los clubes gastar un máximo cinco millones de euros más de lo que ingresan durante tres años, además de limitar su ratio de apalancamiento respecto del beneficio bruto y topar en 100 millones de euros el saldo entre gastos y ventas en los traspasos. Ese órgano permanece en el acuerdo final hecho público este lunes.

En el plan inicial se incluía la posibilidad de crear una segunda división de la Superliga, que en el esquema final parece haberse suprimido, o quizá sustituido, por una liga femenina. El objetivo de la nueva competición tampoco se altera: maximizar el número de partidos y, por tanto, también su “alcance global, su audiencia televisiva y la comercialización”. De hecho, los promotores hablan ahora de “crear un torneo en el que los mejores clubes y jugadores puedan competir entre ellos de manera más frecuente”. Lo que les proporcionará “un crecimiento económico significativamente mayor”. Para empezar, un pago de 3.500 millones de euros para acometer, dicen, planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia del covid. JP Morgan ya ha anunciado que financiará el proyecto.

Un cartel

Pero, aunque los clubes vinculan el paso dado, la ruptura con la UEFA, a la crisis del coronavirus y subrayan el “intenso” diálogo mantenido durante “los últimos meses” para dar a luz la iniciativa, lo cierto es que la Superliga es el resultado de una larga yminuciosa estrategia entre bastidores.

La presentación que debatieron en un hotel de Zúrich los clubes promotores de la Superliga en marzo de 2016.

Según los documentos de Football Leaks, Charlie Stillitano viajó también a Londres, en enero de 2016, para explicar su proyecto a Manchester City, Manchester United, Chelsea Liverpool y Arsenal. The Sun pilló a los representantes de los clubes ingleses saliendo de un hotel de lujo y desveló el motivo de la reunión. “En el futuro, deberemos tener mucho cuidado y evitar a toda costa dar la impresión de ser un cartel”, escribió entonces en un correo el director general del Manchester City.

Ese mismo mes de enero se forma el núcleo duro que lidera el proyecto y que integran Real Madrid,  FC Barcelona, Bayern y Juventus. El 12 de enero, Karl Heinz Rummenigge, secretario general del club bávaro, y su homólogo de la Juventus, Andrea Agnelli, ya están debatiendo a través del correo electrónico la creación de una liga “privada”. Y el 3 de febrero, Michael Gerlinger, responsable del departamento jurídico del Bayern, encarga a la oficina en Londres del bufete estadounidense Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton que estudie los problemas legales que les puede suponer crear el nuevo campeonato. En concreto, pregunta si los jugadores de los equipos que rompan con la UEFA deberán abandonar sus respectivas selecciones nacionales. Le responden que la UEFA y la FIFA no pueden atacar a los clubes porque violarían las leyes europeas de la competencia.

Un mes más tarde, se unen al cartel el AC Milan, el Manchester United y el Arsenal. Stillitano los llama “los siete grandes”. El 31 de marzo todos ellos se reúnen en un hotel de Zúrich (Suiza). Tan en secreto que la sala de conferencias se ha reservado a nombre de una agencia de viajes. Entonces se debaten dos posibilidades: una “evolución”, con sólo una escisión “parcial” del sistema formado por la UEFA y las ligas nacionales, o una “revolución, que implica la ruptura definitiva.

“nuestro medio de presión para obtener lo que queremos”

El 19 de abril se celebra una nueva reunión secreta de los “siete grandes”, esta vez en Amsterdam (Países Bajos). Y el 2 de mayo Rummenigge y Agnelli vuelven a verse en Suiza. Al mismo tiempo, los clubes implicados y el propio Rummenigge, que también preside la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, utilizan la amenaza de la escisión para conseguir que la UEFA convierta la Champions en una Superliga e incluso para que se deje participar a los equipos del cartel en su gestión. El 14 de julio la cita de los siete grandes es en el Nou Camp, en Barcelona y en agosto, en una nueva cita secreta en el aeropuerto de Ginebra (Suiza), se consigue un acuerdo parcial con la UEFA. Se reducen los pagos de solidaridad a los clubes más pequeños y el porcentaje de ingresos procedentes de los derechos televisivos. Unos cambios en las normas de la Champions que fueron recibidos por los equipos más modestos como una “reforma dictada por la amenaza de ruptura” y “un primer paso hacia una Superliga privada” que producirá “una brecha creciente entre ricos y menos ricos”. En ese momento, la UEFA carecía de presidente, después de que Michel Platini fuera suspendido por cobros desleales y conflicto de intereses.

En enero de 2017 la siguiente reunión de los clubes conspiradores se celebró en el Hotel Hilton de Múnich. “[La Superliga] Es nuestro medio de presión para obtener lo que queremos”, aseguró ante sus socios en el proyecto el entonces director general del Arsenal, Ivan Gazidis, hoy en el AC Milan.

Pero no, no fue suficiente. Los clubes ricos querían más, y la pandemia les ha acuciado el estado de necesidad. “Las soluciones propuestas por los reguladores”, argumentan para justificar la ruptura, “no resuelven las cuestiones fundamentales, que son tanto la necesidad de ofrecer partidos de más calidad como obtener recursos financieros adicionales para todo el mundo del fútbol”. No lo ven así ni la UEFA, ni la FIFA, ni las ligas nacionales ni el Gobierno de España, cuya reacción unánime ha sido de condena y que se han situado en favor de la “solidaridad” y de “un modelo de redistribución equitativa” que ven perjudicado por el proyecto de los grandes. “La Superliga”, ha subrayado LaLiga, “ataca los principios de la competitividad abierta del mérito deportivo”. El Gobierno español dice que se ha abierto un diálogo con los clubes implicados para conseguir una “solución pactada conveniente al fútbol y al deporte”.

Los jugadores de fútbol suelen tener una vida laboral más corta que la mayoría de los trabajadores. Superada la treintena, el reloj biológico les señala la puerta de salida. Pero muchos de ellos, sobre todo los de primera categoría, disfrutan de mayores posibilidades de reinvención que un asalariado medio. No todos se convierten en entrenadores –Zidane, Koeman, Del Bosque, Guardiola–, una reorientación casi lógica. O en comentaristas deportivos, como Julio Salinas. Los hay que llegan a actores, como Vinnie Jones. Otros, David Beckham, Mathieu Flamini, prueban en el mundo de los negocios. Y unos cuantos más siguen conectados a sus antiguos clubes, estirando un poco más nombre y fama para promocionar la marca donde se hicieron ricos.

El Real Madrid es generoso con sus antiguas estrellas. Jorge Valdano fue director deportivo primero y adjunto a la presidencia después. Emilio Butragueño lleva más de una década como director de Relaciones Institucionales. Otro histórico, Raúl González, fue contratado en junio de 2017 como adjunto al director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez. Su trabajo consistía en asesorar al Real Madrid, y no sólo en cuestiones deportivas, ayudar al club a gestionar su relación con los jugadores de los diferentes equipos, apoyar el desarrollo de los deportistas de la cantera, representar a los blancos en actos institucionales, comerciales y deportivos… Así consta en el contrato laboral al que ha tenido acceso infoLibre y que forma parte de los documentos de Football Leakscompartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC).

Para ello, el Real Madrid le exigió que se pusiera al tanto de la gestión de las diferentes áreas del club, de forma que pudiera “complementar su experiencia deportiva con el aprendizaje de las funciones corporativas básicas de la entidad”. “Viene a ayudarnos y a formarse en distintas áreas del club, aportando, qué duda cabe, su experiencia en Valdebebas”, resumía Sánchez Periáñez a su equipo directivo al anunciar su fichaje. A cambio, le pagaba un millón de euros brutos al año.

Mientras el club redactaba el contrato, se planteó la duda de qué categoría profesional debería tener Raúl, quien jugó con el Real Madrid durante 16 años y fue uno de sus máximos goleadores de todos los tiempos. ¿Director o responsable medio?, pregunta el director de Recursos Humanos, José María García Tomás, al director general del club, José Ángel Sánchez. Si se le nombra director, el cuantioso sueldo de Raúl elevará la retribución conjunta de todos los directores, que aparece publicada en el portal de transparencia de la web del Real Madrid, objeta García Tomás. A fecha de 30 de junio de 2019, el club pagaba 22,12 millones de euros en retribuciones a sus 43 directivos. Aunque en ese último ejercicio abandonaron sus puestos cinco de ellos, que fueron indemnizados con un total de 1,8 millones de euros, tal y como consta, en efecto, en el área de transparencia de la web.

Tampoco sabían cómo denominar su cargo en inglés. “¿Deputy to the CEO, assistant to the CEO? Para que no hubiera confusión posible con el puesto de la número dos de José Ángel Sánchez, Begoña Sanz Orea, deputy managing director.

El caso es que el paso de Raúl por la alta dirección de la empresa fue muy breve. Pese a tener un contrato indefinido, dejó el puesto sólo un año más tarde, cuando volvió al césped y pasó a entrenar a los cadetes, después al segundo equipo juvenil y luego al Castilla, donde continúa. El Real Madrid ha declinado contestar a las preguntas que infoLibre le ha enviado sobre los contratos a sus exjugadores.

El comité de empresa no puede saberlo 

En julio de 2016 había sido contratado, también con un millón de euros de sueldo –“nada menos, apostilla el director general”–, Ronaldo Nazario. Como asesor del presidente, Florentino Pérez, y embajador del club en Latinoamérica. A diferencia de Raúl, al brasileño se le ofreció un contrato mercantil, de prestación de servicios, pese a que los abogados del brasileño, el despacho Senn Ferrero, querían un contrato laboral y que se le pusiera en nómina. También pedían que tributara como no residente los primeros seis meses –con una retención del 19%– y después como impatriado –con una retención del 24%–. Es decir, con un IRPF muy por debajo del tipo máximo del 45% que le correspondería por su elevado sueldo en condiciones normales.

Sin embargo, el Real Madrid no estaba por la labor. Prefería un contrato de prestación de servicios con Ronaldo Nazario como autónomo. Y el motivo no es sólo fiscal, sino de transparencia –no quieren que trascienda– e incluso penal. “[Si se le hiciera un contrato laboral ordinario], Ronaldo estaría en el perímetro del comité de empresa, al que, para empezar, estaríamos obligados a dar copia de su contrato de trabajo”, objeta el director de Recursos Humanos, “no debemos hacerlo de ningún modo”.

Además, el club asegura que un contrato laboral puede incurrir en fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. “Sería una ficción que no responde a la realidad de la relación acordada con Ronaldo”, explica José Ángel Sánchez, quien además advierte de que el exjugador obtendría así “una tributación como impatriado muy privilegiada, que sin duda sería mirada con lupa” tanto por la Agencia Tributaria española como por la de su país de procedencia. No sólo pagaría a un tipo inferior al ordinario, sino que tampoco tributaría por las rentas que obtuviera en el extranjero, sólo por las españolas. Buena parte del futuro trabajo del brasileño estaba previsto que se desarrollara fuera de España.

La respuesta de Ronaldo: “Hablaré con el presidente”. Sus abogados argumentaban que el Real Madrid “ya corre esos mismos riesgos en otros casos”. Se referían, en concreto, al fichaje de Lorenzo Sanz Durán, hijo del expresidente madridista, que cobraba 100.000 euros al año, también con un contrato mercantil, al menos hasta el 30 de junio de 2018. Lorenzo Sanz hijo fue jugador de baloncesto del Real Madrid y director técnico de su sección de baloncesto cuando su padre aún presidía el club. Reapareció de nuevo en 2016, año en que empezó a trabajar para el Departamento de Comunicación. En mayo de ese año sustituyó a Fernando Romay en los comentarios de los partidos que retransmitía Real Madrid TV.

Los directivos blancos deciden entonces pedir un informe a Garrigues, que confirma la naturaleza mercantil de la relación con Ronaldo, e incluso acuerdan informar a la Dirección de Control y Auditoría Interna del club por el riesgo penal que implica. Así que el contrato fue finalmente de prestación de servicios. “Que al menos esté obligado cuando lo necesitemos, se podrían limitar sus apariciones a un mínimo de 10 al año”, exige el director general. Y se le renovó un año más tarde por el mismo importe. También a Lorenzo Sanz. Ambos en la misma fecha.

El delantero brasileño, que había jugado en el Real Madrid entre 2002 y 2007, se convirtió en el principal accionista del Real Valladolid en septiembre de 2018, cuando aún era embajador del Real Madrid –se le acababa de renovar en junio–. Pagó 50 millones de euros por el 51% de las acciones del club. Un año más tarde amplió su participación a casi el 73%.

Entre embargos judiciales e inspecciones fiscales

A otro galáctico, el también brasileño Roberto Carlos, el Real Madrid lo contrató el mismo año como embajador del club, en concreto para Asia. Pero el lateral, jugador blanco durante más de una década y después técnico en equipos de todo el mundo, desde Turquía y Rusia hasta la India, también quería entrenar. Así que entre viaje promocional y viaje promocional le colocaron como segundo entrenador del Juvenil A. También ejerce de comentarista en Real Madrid TV. En total, 750.000 euros, que a partir de octubre de 2017 subieron a 900.000. Sólo tres meses antes la justicia brasileña le había condenado a tres meses de cárcel por no pagar la pensión alimenticia a dos de sus hijos –tiene nueve–. Debía 17.000 euros a su exmujer. Y el jugador había alegado “problemas financieros” para no abonárselos. Ya en diciembre de 2016 le había llegado al club una orden de embargo de un juzgado de São Paulo.

Así que, cuando le sube el sueldo, el Real Madrid debe tener cuidado: “Con los embargos judiciales que tiene, no debemos hacer una subida con efectos retroactivos, ya que eso podría interpretarse como una maniobra del club, de acuerdo con el interesado, para ocultar temporalmente parte de su retribución a los juzgados”, advierte el director de Recursos Humanos, “con esta decisión convertiríamos en falsas las cantidades de su retribución que hemos certificado en el pasado a las autoridades judiciales”.

Además de sus problemas judiciales, Roberto Carlos compartió con muchos otros de sus antiguos compañeros otro tipo de banquillo, aquel en que le sentó Hacienda: fue también condenado por la Audiencia Nacional, en una sentencia de 2009 que luego confirmó el Tribunal Supremo, por no pagar dos millones de euros en concepto de IRPF entre 1996 y 1999. Los 1,2 millones de euros que el fisco le reclamaba al jugador, más los intereses, fueron abonados por el Real Madrid, tal y como se había comprometido a hacer el club en el momento en que Roberto Carlos los abandonó, según recogen los documentos de Football Leaks.

Aunque el TAS terminó limitando las irregularidades a un solo caso y redujo la multa de 329.000 a 223.200 euros, el club acusó el golpe y caminaba con pies de plomo. No obstante, dos años después, en mayo de 2018, los merengues seguían realizando pruebas a niños extranjeros, a pesar del “calvario” que vivió con la sanción de la FIFA y “del castigo institucional y de reputación que supuso para el club”, reconoce apesadumbrado el director general, José Ángel Sánchez Periáñez, cuando le informan de la reclamación presentada por el padre de uno de esos menores, que había sido citado el 20 de mayo de aquel año en las instalaciones de Valdebebas. El responsable de los Servicios Jurídicos, Javier López Farré, le explica a continuación que ese día estaban convocados 10 niños extranjeros y que ha pedido al director de la cantera un listado de todos los que han sido citados durante la temporada. “Es increíble”, remata su correo, uno de los miles de documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

“Me da miedo hasta dejar un rastro de ese listado... éste es un tema gravísimo”, le responde el director general. Muy grave, pero que no dejaba de repetirse. Sólo unos días antes, el 11 de mayo, los dos directivos se habían dirigido a los responsables de la cantera para que se abstuvieran de hacer pruebas a menores extranjeros y a españoles que residieran fuera del país. “Pese a que hay una instrucción clara del club […], lo cierto es que lo estamos haciendo”, se lamenta López Farré, quien menciona la noticia aparecida en medios digitales sobre una estrella del fútbol mexicano, “un tal Santino Loza”, de sólo nueve años. El crío, además, había contado con todo detalle la maravillosa experiencia en su canal de Youtube.

El director del Área Jurídica del Real Madrid asegura en este correo electrónico que los responsables de la cantera desobedecen la orden del club de no convocar a menores extranjeros.

La prueba la había solicitado el padre a través de la página web del club y, advierte el responsable legal madridista, resulta que la FIFA cuenta con personal dedicado a buscar en internet información sobre menores extranjeros a los que se somete a pruebas o “son fichados por clubes de otros países, para después abrirles un expediente disciplinario”. “Como el que ya vivimos nosotros”, apunta.

“El club es claramente responsable del agravio”

De modo que López Farré y Sánchez Periáñez vuelven a ordenar la prohibición de realizar pruebas a menores extranjeros. Para encontrarse 10 días después con la reclamación del padre de un jugador de sólo siete años, nacido en Venezuela, de madre española y residente en Florida. También había solicitado una prueba a través de la página web del club el 18 de septiembre de 2017 y fue citado a las nueve y media de la mañana del 20 de mayo de 2018. De acuerdo con el informe que el club redacta sobre el caso, el departamento de fútbol avisó por teléfono a los jugadores no nacidos en España para que desistieran de acudir a la prueba, pero no fue posible localizar al padre del menor venezolano, porque el número de su ficha era erróneo. Tampoco se le mandó un correo electrónico. Además, alegan en su defensa los responsables madridistas de la cantera, la aplicación informática procesó mal el código postal que el padre había incluido en su solicitud, uno de Florida que empezaba por 33, igual que el correspondiente a Asturias. Para abundar más en el embrollo, en su escrito de queja indicó una dirección de Santa Cruz de Tenerife.

El director general del Real Madrid subraya en otro correo electrónico la gravedad de que se sigan convocando a menores extranjeros para hacerles pruebas.

Cuando aparecieron padre e hijo en Valdebebas, se les comunicó que no podían hacer las pruebas por las normas de la FIFA. Aun así, aseguran los responsables del club, ambos insistieron de nuevo a las 10:30 y a las 11:30 en que se les sometiera al examen. Después, el progenitor rellenó una hoja de reclamación donde solicita que se le satisfagan los gastos de avión y hotel, pero también que se le “reprograme otra prueba” a su hijo.

El director general del Real Madrid ordena que se le envíe una carta de disculpa y se le pague. “Les hemos traído de Venezuela para hacer una prueba y después se la hemos negado”, admite, para quejarse después del “caos” del departamento al cargo de la cantera. “El club es claramente responsable del agravio”, coincide el responsable de los servicios jurídicos.

infoLibre ha preguntado al Real Madrid por las pruebas de acceso a menores extranjeros, pero el club no ha querido responder.

Acuerdo con China frustrado

No había pasado ni un mes cuando el Real Madrid volvió a darse de bruces con las normas de la FIFA sobre jugadores menores de edad. El club había redactado ya un acuerdo con la Universidad del Deporte de Pekín, por el que pretendía enviar a la capital china entrenadores y un director de formación para que trabajaran con “unos 200” jóvenes durante nueve meses al año. Los otros tres meses los menores perfeccionarían su entrenamiento, teórico y práctico, en las instalaciones del club en Madrid. En ese tiempo, tendrían que jugar algunos partidos amistosos “como parte esencial del desarrollo del talento”. Se trataba de un contrato sin ánimo de lucro, en el que la universidad china cubría únicamente los gastos en que incurriera el Real Madrid por los recursos materiales y humanos que iba a emplear en el proyecto.

Para que los menores chinos disputaran los amistosos, el club pidió la autorización de la FIFA. Lo hizo el director general a través de Zvonimir Boban, exjugador croata del Celta de Vigo y del AC Milan que en ese momento ejercía de secretario general adjunto de la FIFA. Pero la respuesta del director legal del organismo, Marco Villiger, es una negativa doble. Le explica que el Subcomité del Menor de la FIFA rechazará el acuerdo porque “es evidente que los jugadores vienen sin sus padres y por motivos relacionados con el fútbol”. Como, además, los niños deberían ser “incorporados a la academia del club”, ya que los tres meses en España es demasiado tiempo para considerarse como periodo de prueba, el Real Madrid tendría que notificar su presencia a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Ésta a su vez verificaría si se cumple los requisitos de formación y residencia establecidos en el reglamento de la FIFA sobre transferencia de jugadores, lo que Villiger pone en duda. El organismo internacional prohíbe los fichajes de menores de 18 años. Y sólo permite los de jugadores de entre 16 y 18 años si el traspaso se produce dentro de la UE.

A la vuelta del verano, las pruebas a menores extranjeros en Valdebebas aún coleaban en los despachos del club. “Son un peligro”, subraya un directivo. Antes de reunirse el comité ejecutivo el 27 de septiembre, el club se plantea aprobar cambios en el procedimiento y hasta en el nombre de esos exámenes de acceso. Incluso pensó en encargarle la tarea a la Fundación del Real Madrid. Pero la idea no llegó a materializarse. El formulario para entrar en “la fábrica de tus sueños” –así se titula la presentación de las pruebas de acceso a la cantera– continúa en la web de los blancos. Con la advertencia de que hacer el examen “en ningún caso supone que el Real Madrid haya verificado de antemano el cumplimiento por los solicitantes de los requisitos exigidos por la normativa deportiva de aplicación –FIFA, RFEF, FFM, etcétera–”.

El Real Madrid redactó y firmó al menos dos cartas de indemnidad fiscal para Cristiano Ronaldo, una en 2009, cuando fichó por el club, y otra en 2013, cuando renovó por otras seis temporadas. El hoy delantero de la Juventus es el único jugador con quien los blancos han tenido ese gesto al menos hasta 2016: garantizarle a un futbolista por escrito y en un documento fuera de contrato un ingreso neto millonario independientemente de las decisiones de Hacienda.

Desde que la Agencia Tributaria puso en su punto de mira los contratos de las estrellas mejor pagadas de la Liga, tanto los clubes como los propios jugadores y sus agentes buscaron cómo protegerse ante la eventualidad de una inspección, una multa millonaria e incluso un juicio por delito fiscal. Las sanciones y las posteriores condenas no constituyen la mejor publicidad para unos futbolistas que viven en gran parte de sacar rédito a su imagen y cuyas escandalosas nóminas y sofisticados sistemas para no tributar ha dejado el fisco al desnudo.

Pero las cartas de indemnidad retributiva concedidas a Cristiano Ronaldo son anteriores a la campaña de la Agencia Tributaria que sentó en el banquillo a Leo Messi, José Mourinho o al propio delantero portugués. Y le garantizan un blindaje mayor del que habitualmente concede el club al resto de sus jugadores, limitado a las variaciones que puedan sufrir los tipos del IRPF. Una protección ampliada que también les reclamó años después el galés Gareth Bale y que el club, en principio, no estaba dispuesto a conceder porque, además, pidió que figurara en el mismo contrato de trabajo.

La primera carta a Ronaldo data de 21 de junio de 2009 y garantiza al portugués un ingreso neto de 8,5 millones de euros, “libres de cualquier retención a cuenta del IRPF o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que le sea de aplicación, y/o deducción de los gastos de Seguridad Social”. Además, se le garantiza que no deberá realizar ningún pago adicional por ninguno de esos dos impuestos si es el Real Madrid el que tiene que abonar alguna cantidad más en su favor. El documento, uno de los miles de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, lo firmaron Jorge Valdano, en ese momento director general del Real Madrid, y Enrique Sánchez González, su secretario general.

Porque, en caso de que el club fuera obligado a aumentar las retenciones de Hacienda o las cotizaciones a la Seguridad Social o tuviera que hacer esa “imposición adicional”, se comprometía en la carta a elevarle a Ronaldo su salario de tal forma que éste terminara siendo igual al que habría cobrado sin ese aumento de presión fiscal. A cambio, el futbolista debía solicitar que se le aplicara el régimen especial de repatriados, la conocida como Ley Beckham, que le permitía tributar como no residente a un tipo del 24%, y sólo por las rentas obtenidas en España, en lugar de al 45% del IRPF que le correspondería como residente español, y por todas sus retribuciones, también las conseguidas en el extranjero.

En la carta de 17 de junio de 2013, al jugador portugués se le garantizaban unos ingresos netos anuales de 18 millones de euros, sumando los importes con que se le remuneraba por su contrato de trabajo y por la cesión de sus derechos de imagen, con un reparto entre ambos que debía ser del 85% para los primeros y del 15% para los segundos como exige la ley. Pero se añadió un párrafo. El Real Madrid pedía al futbolista que realizara “las actuaciones necesarias” –o autorizara al club para que éste las llevara a cabo en su nombre– para conseguir un “resultado favorable” en el recurso que había presentado contra la decisión de la Agencia Tributaria de negarle la consideración de no residente hasta 2015. En 2010, Cristiano Ronaldo había pedido que se le ampliara hasta ese año tal calificación, asegurando que había llegado a España cinco días después de la fecha comunicada un año antes, por lo que no podía contar como residente en el país en 2009. La Ley Beckham le permitía tributar como no residente los cinco años siguientes a su llegada a España, por lo que pretendía alargar un ejercicio más su tributación especial. Cristiano Ronaldo terminó ganando el recurso en el Tribunal Económico Administrativo (TEAR).

infoLibre ha preguntado al Real Madrid por el contenido de ambos documentos, pero el club ha declinado responder.

Seis años después de que se le entregara la última carta, en enero de 2019, Cristiano Ronaldo tuvo que pagar una multa de 18,8 millones de euros por haber defraudado 5,7 millones de euros a Hacienda. Aunque fue condenado a 23 meses de prisión por cuatro delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2014, no los cumplió tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Según el ministerio público, el delantero portugués había ocultado las rentas que obtenía en España por sus derechos de imagen utilizando una estructura societaria que pasaba por Irlanda y las Islas Vírgenes y terminaba en Suiza. En esos cuatro años, declaró haber ganado, sólo en España, en concepto de IRPF, 11,5 millones, cuando en realidad sus ingresos, únicamente por lo que ganaba en territorio nacional, se elevaban a casi 43 millones de euros.

La ley prohíbe los pactos de retribuciones netas

Los pactos que garantizan un salario neto son materia de controversia legal. El Estatuto de los Trabajadores, que regula también los contratos de los futbolistas –tanto laborales como los de cualquiera, pese a sus salarios estratosféricos–, establece en su artículo 26 que todas las cargas fiscales y de la Seguridad Social debe soportarlas el trabajador y declara nulo todo pacto que sea contrario. Es decir, impide desplazar la carga tributaria a la empresa, que es lo que ocurre con este tipo de cláusulas y cartas. La Ley General Tributaria también dicta que el crédito tributario es “indisponible”: los contribuyentes no pueden descargar en otro –la empresa– sus deudas con Hacienda. Y esa obligación tributaria no puede ser alterada por un pacto entre particulares.

Pero los tribunales han dictado sentencias contradictorias. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón falló en 2010 a favor del jugador argentino Milito frente al Real Zaragoza, declarando que el club no asumió la carga fiscal del futbolista en su pacto de retribuciones netas. Por el contrario, los tribunales superiores de Baleares y de Madrid fallaron lo contrario en los casos de Zoran Vulic, jugador croata del Real Mallorca, y Hugo Sánchez, que lo fue del Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Rayo Vallecano. El Tribunal Supremo, por su parte, declaró nulo en 2009 el acuerdo de salarios netos que un club deportivo sevillano había firmado con uno de sus directivos.

Gareth Bale quiere 12 millones limpios

En 2016 fue el representante de Gareth Bale, Joshua Barnett, y su abogado fiscalista en España, Íñigo Landa, quienes solicitaron al Real Madrid una garantía de indemnidad total para el galés. Piden 12 millones de euros netos al año y que figuren como una cláusula más en el contrato del jugador. “Ellos quieren una cláusula de indemnidad fiscal general (así hay que entender la relativa a ‘cualquier pago en metálico o especie relacionada con la contratación del jugador’)”, critica el director financiero del club, Julio Esquerdeiro en un correo electrónico enviado al director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, en septiembre de 2016. En efecto, Landa busca un ingreso “neto de cualquier contingencia” para el contrato de Bale, explica Landa en su petición al Real Madrid, tras tachar de “inaceptable” que el club pretenda limitar la “protección” a un eventual aumento del tipo del IRPF, excluyendo las retenciones que puedan derivarse de posibles inspecciones fiscales. La Agencia Tributaria, advierte el abogado, está actuando de forma muy “agresiva” en esos momentos.

Pero el Real Madrid no quiere ni oír hablar de incluir en el contrato laboral de Bale una cláusula “relativa a otros contratos distintos” vinculados con el intermediario o los derechos de imagen. Para cubrirse de posibles riesgos en el contrato con el agente, dice Esquerdeiro, ya firman un documento específico de indemnidad con él. Además, resalta, el contrato laboral es público, puesto que debe remitirse a la Liga de Fútbol Profesional. Y se trata del “primer documento que piden en cualquier inspección”. Así, el club corre el riesgo de que queden vinculados “de forma pública” todos los contratos con el salario del jugador, lo que apoyaría el argumento de Hacienda de que los clubes repartían las retribuciones de los futbolistas con sus agentes para pagar menos en el IRPF.

Por tanto, su propuesta al director general del club es redactar “un documento de indemnidad más amplio” que cubra “todos los riesgos fiscales del jugador por su relación con el Real Madrid”. El director financiero reconoce que “algo así se ha firmado sólo con Ronaldo en su día”. El club se expone a que Bale reclame algún día si tiene problemas con Hacienda, pero cree que es una solución “más discreta” que incluir la cláusula en el contrato laboral.

En la versión final de los contratos que el Real Madrid envía el 10 de agosto de 2016 a Joshua Barnett en Londres para que los firme no se incluye tal carta, según los documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso este periódico. Por el contrario, sí que se cancelan los contratos que el club mantenía con la empresa de Barnett, The Stellar Group, y con Primasure, a las que Bale había cedido sus derechos de imagen –y que ahora el jugador otorga al Real Madrid directamente– y se incluye una carta donde los blancos sí asumen el “coste fiscal adicional” que pueda derivarse de cualquier actuación de Hacienda por el contrato con el agente del galés. En el caso de que el fisco, como estaba haciendo con otros agentes de futbolistas, le reclamara a Bale el IRPF de las cantidades abonadas a Barnett, el Real Madrid se comprometía a entregar al jugador la cantidad que le fuera reclamada por la Agencia Tributaria, o bien a no repercutirle el importe que ésta exigiera al club.

En el contrato laboral se establecía para Gareth Bale una retribución bruta por temporada de 21,82 millones de euros en 2016 y 2017, y de 22,56 millones desde 2018 hasta 2022.

Dos años después, Hacienda sancionó al delantero galés por haber tributado a través de la citada Primasure parte de sus derechos de imagen. Le impuso una multa de 337.000 euros por defraudar 200.000 euros, que el jugador recurrió.

Estos blindajes tuvieron un coste monumental para el Real Madrid. Como consecuencia de las inspecciones de la Agencia Tributaria, el Real Madrid debió regularizar 27,77 millones de euros de los 80 millones que había pagado entre 2011 y 2014 a los agentes de sus mejores futbolistas, por corresponder a contratos simulados por prestaciones inexistentes. Por esos cuatro años ingresó 9,2 millones de euros, de los que 4,21 millones –2,83 millones de IRPF y 1,37 del Impuesto de la Renta de No Residentes– correspondían a Bale. Por Cristiano Ronaldo pagó 1,31 millones de euros, todos ellos en concepto de IRNR. Para regularizar las comisiones al agente del galés en 2015 ingresó 2,45 millones más, además de otros 3,6 millones por los de 2016. En total, 10,26 millones. El Real Madrid impugnó en su día todas estas retenciones adicionales, con la esperanza de conseguir su devolución.

Zidane, 10 millones netos garantizados en contrato

Para otros jugadores y entrenadores, las cláusulas de indemnidad estaban incluidas en sus contratos, y no todas son iguales. Por ejemplo, Zinedine Zidane, que tenía un sueldo bruto anual de 18,18 millones de euros según consta en su contrato de 2017, cuenta con la cláusula habitual madridista para protegerse de la variación del marginal del IRPF: la cantidad se ajustará al alza o a la baja, en función del tipo máximo y “en función de las modificaciones legislativas que se pudieran producir”. Pero a continuación se le garantiza que recibirá “siempre la misma cantidad, como mínimo la cantidad neta o íntegra de 10 millones de euros una vez descontado el IRPF que le afecte en cada momento”. Y si se le aplicara el IRNR, “con independencia de la retención que proceda”, el club debería abonarle la diferencia hasta cubrir la retención que le correspondería como residente. Es el único contrato de aquellos a los que ha tenido acceso infoLibre en que se precisa la cantidad exacta neta garantizada.

En la cláusula de indemnidad de Marcelo, que cobra un bruto anual de 10,23 millones hasta 2022, se precisa que el neto que debe garantizarse es la suma de su retribución salarial y de sus ingresos por la cesión de sus derechos de imagen, aunque cambie el tipo impositivo que se les aplique.

José Mourinho, a diferencia de Zidane, se limitó a incluir la cláusula de indemnidad ordinaria, por la que el club se compromete a pagarle “el mismo importe neto por temporada” independientemente de los cambios que sufran los tipos del IRPF. Su sueldo bruto era de 13 millones de euros.

Fue también el caso de James Rodríguez, con un salario bruto de 10 millones de euros. Tenía garantizado el neto si variaba el tipo impositivo, pero nada más. Así que el Real Madrid responde con un no rotundo cuando, en julio de 2018, el abogado del colombiano le reclama 1,5 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda. Tras ser inspeccionado por los pagos realizados a su agente, la empresa portuguesa Gestifute, la Agencia Tributaria exige al centrocampista el ingreso de esa cantidad. “Es evidente que se trata de un problema de James. Nosotros nos hemos limitado a cumplir el contrato”, le contesta el club.

Pepe –9,09 millones de euros brutos anuales–, Toni Kroos y Luca Modrić–ambos 19,09 millones– se conformaron también con la cláusula habitual. Otros, como Marco Asensio –dos millones– o Keilor Navas –10 millones– ni siquiera tenían en sus contratosla cláusula de protección frente a los cambios en el tipo del IRPF.

Football Leaks destapó en diciembre de 2016 que Cristiano Ronaldo había ocultado a la Hacienda española 150 millones de euros de ingresos por sus derechos de imagen desde 2009. Para ello había utilizado una estructura fiscal que empezaba por Irlanda y, a través de las Islas Vírgenes británicas, terminaba en una cuenta bancaria de Suiza. En junio del año siguiente, la Fiscalía denunció al jugador portugués por cuatro delitos contra la Hacienda Pública por un fraude tributario de 14,76 millones de euros.

Sólo una semana más tarde, el fiscal denunciaba también al entrenador José Mourinho por el mismo motivo: ocultar al fisco sus cuantiosos ingresos por derechos de imagen, en su caso unos 3,3 millones de euros en 2011 y 2012. La estructura creada para el técnico portugués era casi calcada a la de Cristiano Ronaldo e iba igualmente de Irlanda a Islas Vírgenes, aunque terminaba en Nueva Zelanda.

Ambos compartían, además del club, una empresa pantalla irlandesa, Multisports & Image Management Ltd., la agencia de representación Gestifute –propiedad del superagente Jorge Mendes– y el abogado, Carlos Osório de Castro.

Éste, uno de los letrados del despacho Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (MLGTS), es una presencia constante en la vida legal y fiscal de las estrellas del Real Madrid que representa Jorge Mendes, según se desprende de los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. A su cargo se encontraban también los intereses de otras estrellas como Radamel Falcao, Fàbio Coentrão, Ángel Di María y James Rodríguez.

Ya sea para conseguir a Cristiano Ronaldo una casa en Madrid, comprarle un jet privado, defender su nombre cuando los programas del corazón aireaban su vida privada, pelear una subida de sueldo o solucionar sus litigios con Hacienda, allí estaba Carlos Osório dispuesto a exigir o templar gaitas con los directivos del Real Madrid y con los despachos Garrigues y Senn Ferrero, contratados para gestionar sus complicados asuntos fiscales. También fue pieza fundamental en las maniobras legales que consiguieron librar al fubotlista portugués de la denuncia por violación de una mujer en un hotel de Las Vegas en 2009, como publicó Der Spiegel.

Nacido en Nampula, en el norte de Mozambique, en 1959, Osório de Castro estudió Derecho en la Universidad de Coimbra. Su contacto con el mundo del fútbol se fraguó a través del FC Porto, del que es seguidor y cuyos estatutos ayudó a redactar y revisar, según publica el semanario Expresso, también miembro de la red EIC. Fue también a través de ese club como conoció a Jorge Mendes, cuando José Mourinho, entre 2002 y 2004, entrenaba al club luso, como recuerda Diário de Notícias. En la vida de Cristiano Ronaldo apareció en 2004, en el momento en que el jugador dejó el Sporting de Lisboa para fichar por el Manchester United.  

Según puede comprobarse en los correos electrónicos que dirige a directivos y abogados, su tono es a veces altanero, otras desenfadado y en muchas ocasiones un punto desabrido. “Si se refiere [Carlos Osório] a que cambiemos documentos o falsifiquemos documentación, es algo que no vamos a hacer. Es más, podríamos acabar siendo cooperadores necesarios. Por lo menos, esperemos que la próxima vez que venga a Madrid comparezca y no se vaya”, critica uno de los abogados de Senn Ferrero sobre un correo que les ha enviado el abogado portugués y donde intenta eludir su responsabilidad en los problemas fiscales de Coentrão.

infoLibre ha preguntado a Carlos Osório de Castro por sus relaciones con el Real Madrid y con Cristiano Ronaldo, pero el abogado ha declinado responder.

Pero todo cambia cuando Hacienda comienza a desmontar, una tras otra, las estructuras fiscales opacas de sus clientes. Pese al trabajo de los despachos de abogados que defienden en España la legalidad de esos esquemas internacionales, Cristiano Ronaldo –23 meses de cárcel y 19 millones de multa– y José Mourinho –un año de prisión y 2,2 millones de multa– terminaron condenados por delito fiscal. James pactó con Hacienda el pago de cuatro millones de euros. El desembolso de Falcao se elevó a nueve millones para no ir a la cárcel por dos delitos fiscales. La factura de Coentrão fueron otros 1,7 millones. Di María aceptó una pena de un año y cuatro meses de cárcel, que no cumplió, por dos delitos contra la Hacienda Pública. Devolvió dos millones de euros. Carvalho también fue condenado, a siete meses de prisión, por defraudar más de medio millón de euros al fisco.

Es más, Osório de Castro tuvo que declarar como investigado, lo mismo que Jorge Mendes, ante la jueza de Pozuelo (Madrid) que investigaba las finanzas de Cristiano Ronaldo. El pasado mes de marzo, su despacho de Oporto fue registrado por la policía portuguesa en la Operación Fuera de Juego, la misma investigación por la que entraron en el domicilio de Iker Casillas.

Cuatro páginas de explicaciones al Real Madrid

Nada más publicar los medios del EIC las revelaciones sobre la estructura fiscal opaca de Cristiano Ronaldo, Carlos Osório redacta un documento de cuatro páginas donde defiende con todo detalle el diseño de la tributación de los derechos de imagen del jugador portugués que Hacienda está investigando en ese momento. Y se lo envía al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez. Antes lo ha perfilado con el abogado Julio Senn –del despacho Senn Ferrero, encargado de los asuntos fiscales de Cristiano–, con Luis Correia, de la agencia Gestifute, y con otros abogados de su propio despacho, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva.

Comienza asegurando que las informaciones de Football Leaks están llenas de “acusaciones completamente infundadas” y son fruto de “la tergiversación de los hechos y de procesos de intencionalidad completamente gratuitos”. Osório subraya que todo se ha hecho de acuerdo con la ley española y desmiente que la sociedad Tollin, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y a la que Ronaldo transfirió sus derechos de imagen, sea un “escudo fiscal” para evadir impuestos.

Por el contrario, arguye que el único motivo para crear esa “estructura” era “aislar” los ingresos de los derechos de imagen para que constituyeran “una especie de ahorro forzoso” para Cristiano Ronaldo. A quien califica de “reputado deportista”, “un ejemplo para todos, a nivel personal, profesional y también fiscal”.

Además, deja caer que en la parte fiscal de la operación el delantero fue “asesorado por las oficinas en Madrid de una reputada empresa internacional”, en referencia a King & Wood Malleson. Tampoco cita a Garrigues, pese a que Julio Senn le recomienda que mencione a ambos con sus nombres: “Estar asesorado por dos de los grandes te ayuda y te defiende mucho más”.

Osório termina reafirmándose en que la inspección concluirá que la transparencia ha sido “máxima” y la tributación, “correcta”. Se equivocó.

“Se siente desplazado por el propio jugador”

“Es claro que se trata de una nota de carácter exculpatorio”, responde el director financiero del Real Madrid, Julio Esquerdeiro, a José Ángel Sánchez cuando éste le reenvía el documento, que debe de haber preparado, añade, “para intentar defender su prestigio como abogado”. A Esquerdeiro le “llama la atención”, según confiesa, que Carlos Osório utilizara “estructuras societarias donde intervienen sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, algo siempre considerado sospechoso por las autoridades”.

Aun así, en plena fiebre sobre el caso Ronaldo, el abogado portugués no tiene reparos en pedir después al Real Madrid que adelante 15 días un pago de 2,5 millones de euros a Fabio Coentrão, quien se fue cedido al Sporting de Lisboa la temporada 2017/2018. Cuando el club blanco le dice que no puede hacerlo por el riesgo fiscal que supone, Osório, replica que no existe tal. “¿Qué hay de artificial o sospechoso en adelantar un pago adeudado en 15 días cuando el jugador tiene suspendido su contrato con el club?”, les pregunta. El Real Madrid no se lo toma muy bien. Considera “inapropiado” que el abogado luso cuestione sus riesgos fiscales. “Ya sabemos por la prensa que él no había visto algunos que sí le competían”, le reprochan los directivos blancos en un correo. La sombra de la ingeniería fiscal creativa diseñada para Cristiano Ronaldo y José Mourinho ya estaba dejando su mancha en el prestigio de Carlos Osório.

Pocos meses más tarde, el abogado de Cristiano vuelve a ponerse en contacto con el Real Madrid para pedir explicaciones por unas retenciones de más que el club había hecho al jugador y luego le devolvieron. Los directivos de Florentino Pérez aseguran entonces que Osório parece “estar perdiendo los papeles”, puesto que se trata de un asunto “cerrado”. “Debe de estar pasando un mal momento”, comenta José Ángel Periáñez, “me cuentan que se siente desplazado por el propio jugador”. Creen que el hoy futbolista de la Juventus le echa la culpa de su “situación” con Hacienda. “Algo de razón parece tener”, concluye el director general del club.

El coordinador de la estructura

En su declaración ante la juez por la investigación fiscal a Cristiano Ronaldo, que figura entre los documentos de Football Leaks, Carlos Osório sostuvo que sólo asesoraba al jugador “en materias propias de derecho portugués”, pero nunca sobre fiscalidad, ni en España ni antes de llegar al Real Madrid, en el Reino Unido. Su labor, insistió, se limitó a recomendarle que contratara a Garrigues para gestionar esos asuntos. “Una materia como es la fiscal requiere una cualificación técnica de la que Cristiano Ronaldo carece por completo y que tampoco yo manejo”, afirmó. La responsabilidad, por tanto, era de los abogados que le aconsejaron en España, cuyas declaraciones el futbolista se limitó a suscribir.

Los correos en poder de Football Leaks revelan, en cambio, que Carlos Osório ejercía una labor fundamental de coordinación entre los diferentes profesionales al cargo de los intereses de Cristiano Ronaldo. Es la persona a la que Garrigues detalla la estructura tributaria que ha diseñado para el delantero a partir de la que ya tenía en funcionamiento cuando jugaba en el Reino Unido. Y es a Osório a quien el despacho pide y devuelve toda la documentación necesaria. Lo mismo ocurrió con José Mourinho.

De hecho, al mencionar que los contactos de Senn Ferrero para estos clientes son Miguel Marqués, representante en Portugal del banco suizo St. Galler Kantonalbank; Andy Quinn, director de la firma irlandesa de auditoría Moore Stephens Nathans, y el sobrino de Mendes Luis Correia, Julio Senn es claro: “Entendemos que internamente estáis ya coordinados”. Y le recuerda que tanto él mismo como Garrigues les han advertido a todos ellos “en reiteradas ocasiones” sobre la “no idoneidad” de la estructura de derechos de imagen de sus jugadores.

“No olvidéis en ningún caso”, insiste, “que la estructura que tienen montada todos los clientes de Jorge [Mendes] no es la más adecuada para los residentes en España, y sois los asesores que lleváis los temas de Jorge desde siempre quienes tenéis que analizarla, sobre todo después de nuestros avisos y de las actas fiscales que se están levantando en España”. También les reprocha, a Osório y el resto del equipo de Gestifute, que estén actuando “de forma reactiva y no proactiva”. “Ojalá todo esto quede aquí y no consideren la estructura de Jorge en Irlanda como cooperadora necesaria para evitar tributar en España los jugadores”, termina Julio Senn su relato.

Tras ser imputado Osório, Cristiano Ronaldo cambió de abogados. Dejó a Baker & McKenzie, que habían sido contratados por el letrado portugués en diciembre de 2016 con unos honorarios que oscilaban entre los 179 y los 523 euros la hora, dependiendo de la categoría del profesional. Fueron sustituidos por José Antonio Choclán, defensor también, entre otros, de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y, más recientemente, de la examante de Juan Carlos I Corinna Larsen, pero que no pudo evitarle la condena.

La Agencia Tributaria comenzó hace más de un lustro a demostrar especial interés por la manera en que los clubes de fútbol pagaban a sus jugadores. Los muchos millones que se mueven alrededor de las costosísimas estrellas del deporte se habían convertido en terreno abonado para explotar los agujeros de la legislación tributaria. En esos esquemas fiscales adquirieron un papel protagonista los también millonarios agentes, a veces tan mediáticos como los futbolistas y más poderosos.

Los avisos de Hacienda asustan a todos, incluidos los galácticos, sus abogados y sus representantes. Aunque las sanciones y condenas judiciales tardaron en llegar, la alarma cundió en cuanto los inspectores empezaron a hurgar en las declaraciones de los jugadores. Y el primer movimiento de éstos y sus agentes fue acudir a los clubes en busca de ayuda. Al menos fue lo que ocurrió en el Real Madrid, según se desprende de los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC) a la que pertenece infoLibre. 

Hasta que Hacienda empezó a investigar, los clubes pagaban a los agentes una parte de las abultadas remuneraciones de los futbolistas. Así rebajaban sus nóminas, y por tanto su IRPF, por el que tributan al tipo máximo. A los representantes, en cambio, se les retribuye en virtud de un contrato de prestación de servicios, por el que sólo deben pagar el IVA a un tipo muy inferior. Para Hacienda, se trata de contratos simulados, porque el agente trabaja para el futbolista, no para el club que lo contrata.

Las peticiones al club incluyen la antedata de documentos en el caso de Fábio Coentrão, algo que el propio Real Madrid tacha de fraude de ley. En el del entrenador Víctor Fernández, los directivos blancos no dudan en calificar como una “barbaridad” –“cooperar para defraudar a Hacienda”, dicen– el favor que le solicita su representante, Arturo Canales. Pero, sobre todo, los agentes requieren la construcción de relatos que sostengan los contratos de los agentes, porque Hacienda considera que remuneran servicios prestados al jugador, no al club. Los merengues, en los documentos analizados, se niegan a colaborar.

El Real Madrid no ha querido responder a las preguntas que sobre los favores fiscales que le pedían jugadores y entrenadores le ha formulado infoLibre, que se reproducen al final de esta información.

Fábio Coentrão

El 22 de junio de 2016, Carlos Osório de Castro, abogado de Fábio Coentrão, escribe un correo al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, para pedirle “ayuda”: el jugador portugués, cuya cesión al AS Mónaco finalizaba el 30 de ese mes, volvía al club blanco el 1 de julio, por lo que ese año sería considerado residente fiscal en España. “Lo que tiene un impacto fiscal considerable” para el futbolista, le explica Osório, también abogado de los más renombrados jugadores de la agencia portuguesa Gestifute, del superagente Jorge Mendes, desde Cristiano Ronaldo hasta James pasando por Falcao. Y del hoy entrenador del Tottenham, José Mourinho, entre otros.

Así que le pregunta si el club puede prolongar la suspensión hasta el regreso de las vacaciones de verano o extinguir el contrato actual y firmar otro con fecha posterior, el 10 de julio. Es decir, le pide al Real Madrid que colabore en la comisión de un fraude de ley “en beneficio fiscal del jugador y en perjuicio de Hacienda”, como le explica a su jefe, José Ángel Sánchez, el director Económico del club, Julio Esquerdeiro, que se opone a hacerle ese favor a Coentrão. Hay que darle de alta obligatoriamente en la Seguridad Social española del 1 de julio porque dilatarlo hasta el 10 de julio supone dejar al futbolista sin cobertura, un riesgo “enorme” que el Real Madrid no quiere correr –“Imaginemos una invalidez no cubierta y reclamada al club”, advierte–. Y sí, no hay duda, el alta en la Seguridad Social es un “indicio rotundo” de residencia fiscal.

En julio de 2015, un año antes de este intercambio de correos, la Agencia Tributaria ya había abierto una investigación a Fábio Coentrão por las retribuciones cobradas del Real Madrid entre 2011 y 2014. Nunca declaró a Hacienda las rentas obtenidas por sus derechos de imagen. La Fiscalía le denunció por no pagar 1,29 millones de euros en impuestos. Antes de declarar ante el juez, en 2017, el portugués pagó al fisco 1,68 millones de euros.

Como publicó entonces Football Leaks, Coentrão simuló la cesión de sus derechos de imagen a una empresa domiciliada en Panamá, Rodinn Company, que posteriormente los cedió a otra con sede en Irlanda, Multisports & Image Management Limited, la misma que utilizaban para engañar a Hacienda Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

De hecho, en octubre de 2015, cuando los inspectores de la Agencia Tributaria comunican a Senn Ferrero, los abogados en España de Coentrão –también los de Ronaldo y Mourinho– que van a dar traslado de sus conclusiones al Ministerio Fiscal porque consideran que el jugador portugués ha cometido un delito fiscal, Julio Senn hace una recriminación que es, además, un señalamiento de autoría en toda regla: “Señores, la estructura que creasteis es un problema muy serio para el jugador”. El correo electrónico va dirigido a Carlos Osório, a Jorge Mendes, a su sobrino y directivo de Gestifute Luis Correia, y a Miguel Marques, representante del banco Suizo Saint Galler Kantonalbank (SGKB) en Portugal. 

JOSÉ MOURINHO

Esos mismos días, José Mourinho también peleaba con Hacienda. A través de su abogado en Madrid, Julio Senn, pide al director general del Real Madrid y a su director económico que le ayuden en defensa de sus intereses en el recurso que va a presentar contra el fisco. La Agencia Tributaria, explica en una carta dirigida a Julio Esquerdeiro, le ha solicitado al Real Madrid todos los contratos y facturas entre el club, Jorge Mendes y cualquier otro empleado de Gestifute relacionado con Mourinho. El entrenador quiere que Esquerdeiro y Sánchez Periáñez digan a Hacienda que el Real Madrid contrató a Gestifute “a petición exclusivamente del Real Madrid y en beneficio exclusivamente del club”. Y lo hizo “para que le asistiera y realizara todos los esfuerzos en beneficio del club” a fin de lograr su “desvinculación” del Milan, su contratación por el Real Madrid, e incluso “su renovación y la buena marcha del contrato” después.

El remarcado interés de Mourinho por dejar claro que Gestifute –su agente– trabajó sólo para el club y a solicitud de éste es fundamental para sostener que las cantidades abonadas por el Real Madrid a la empresa no son parte del salario del entrenador, que es lo que argumenta la Agencia Tributaria que, como queda dicho, considera simulados los contratos con los representantes. De ahí el énfasis que los abogados de Mourinho ponen en la carta que mandan a firmar al Real Madrid para que éste refrende que el club solicitó los servicios del agente, éstos quedaron documentados en el contrato firmado y se pagaron “puntualmente”.

La respuesta de Julio Esquerdeiro no puede ser más contundente: “Esta carta que piden que firmemos es improcedente”. El director económico explica que el club ha aportado a Hacienda “datos objetivos sobre facturas y pagos”; por el contrario, Mourinho le pide ahora que firme “opiniones y comentarios” a los que no está obligado. “Lo que ha sido la relación entre Gestifute y el club está adecuadamente reflejada en el contrato y no hay más que añadir”, concluye. El director general confirma después que no van a respaldar la petición del entrenador.

gareth bale

Con Gareth Bale, en cambio, la negociación fue muy larga y mucho más complicada. En noviembre de 2017 Joshua Barnett, hijo de Jonathan Barnett y, como él, al frente de Stellar Group, la empresa que representa a Gareth Bale, le pide a José Ángel Sánchez una reunión con los abogados del galés, de la firma BDO. La cita debe ser antes del 19 de diciembre, que es cuando han sido convocados por la Agencia Tributaria británica, HM Revenue and Customs (HMRC). Los inspectores consideran que los pagos del Real Madrid a Stellar forman parte del salario del jugador, traspasado desde el Tottenham en 2013. Y los abogados de BDO temen que hagan la misma salvedad con los que se refieren a la renovación del jugador en 2016. Acaban de presentar un recurso administrativo para evitar que el asunto termine en los tribunales.

Según le explican al club, además, les consta que el HRMC ha obtenido documentación sobre el contrato con Bale “proporcionada por las autoridades españolas”. Dicen que las haciendas británica y española están intercambiando información sobre este asunto, también la que suministren a ambas tanto el Real Madrid como Stellar. Porque el club blanco está igualmente bajo la lupa de la Agencia Tributaria por el mismo motivo. “Por tanto”, concluyen los abogados de BDO, “hay un interés mutuo en reunirnos con el Real Madrid para debatir la información que estamos compartiendo con el HRMC y viceversa”. A la reunión, que quieren que sea presencial, están convocadas tres firmas distintas: los asesores fiscales (Stellar), abogados (Withers LLP) y contables (BSG Valentine). Un potente escuadrón.

El 8 de diciembre, José Ángel Sánchez le contesta que el Real Madrid ha recurrido las actas levantadas por Hacienda respecto a los pagos del contrato de 2013, pero que con el de 2016 han abonado al futbolista el íntegro –el salario de Bale más la retribución de Stellar– para evitar riesgos fiscales, al mismo tiempo que han presentado el correspondiente recurso, porque no están de acuerdo con el criterio de Hacienda. No hace mención alguna a la reunión que le solicitan los británicos.

Cuando se entera de los recursos, Alistair Culverwell, el abogado de BDO, teme que, al llegar a los tribunales, los detalles del caso sean públicos y la Hacienda británica se haga con ellos. Si, además, el tribunal falla en contra del Real Madrid, los intereses de Gareth Bale en Reino Unido saldrían perjudicados, resalta. De hecho, en un correo posterior Culverwell saca a colación dos casos en los que el HMRC “se basó en gran medida” en sentencias judiciales españolas para defender su posición en los tribunales británicos. En uno de ellos, el HRMC está pendiente de que se resuelva en España un recurso para concluir su informe sobre el pago del IVA en un contrato similar. De ahí que los británicos quieran conocer los argumentos del Real Madrid y de la Hacienda española al respecto, así como la documentación que han presentado.

El director económico del club aconseja entonces a Sánchez Periáñez que rechace la reunión. “No dudo que a ellos les interese involucrarnos en su tema con la Hacienda inglesa, pero de lo que estoy seguro es de que al club no le interesa en absoluto, al contrario, podría perjudicarle”. El Real Madrid, subraya, “nunca ha entrado en un problema particular fiscal de un jugador, menos de un agente, en su propio país”. “Sólo faltaría ahora que nuestros planteamientos ante la Justicia española fueran cuestionados o usados en una corte inglesa”. Esquerdeiro expresa también su molestia: “La insistencia por su parte ya ofende”.

Pero el director general quiere ser mucho más diplomático: “Negarse a verles va a crear una dificultad grande en la relación con ellos [con Stellar y sus abogados] y puede que la sospecha de que estamos defendiendo nuestra posición de una forma que les perjudica a ellos, o algo así”. Así que le pregunta a Esquerdeiro si puede alegar protección de la confidencialidad o conveniencia para no proporcionarles la información que piden.

“Entiendo tu posición. Los agentes han adquirido, para bien o para mal, un poder muy importante en esta actividad y, si has de tratar con ellos, resulta necesario mantener con ellos una relación lo mejor posible”, le responde el director económico. Pero también le advierte de que en este caso “no se trata de ser amable y tener una reunión protocolaria para tomar un café”. Por el contrario, los británicos pretenden “coordinar las estrategias de defensa (por eso hablan de “mutually beneficial”), por lo que el Real Madrid corre el riesgo de que “le citen como testigo en su proceso o hacerle responsable de cualquier perjuicio económico”, asegura Julio Esquerdeiro.

De forma que recomienda a Sánchez Periáñez que sean los abogados de Garrigues, el despacho del club, quienes llamen por teléfono, nada de reuniones, a los abogados de Bale y les respondan “hasta donde sea posible” sus dudas. Será una “discusión técnica”, entre abogados, y sin ningún representante del Real Madrid. “En ningún caso coordinaremos ningún planteamiento jurídico con ellos”, remata.

El director general da su visto bueno a la opción de Esquerdeiro el 14 de diciembre. Pero no es hasta el día 18 cuando Gonzalo Gallardo, un abogado de Garrigues, se pone en contacto con Culverwell para fijar una cita telefónica. Por tanto, la reunión del 19 con el HMRC tuvo que celebrarse sin la información que BDO quería obtener del Real Madrid, porque el 11 de enero aún seguían cruzándose correos para ajustar fechas… y pactar la modalidad de la cita. Los británicos insisten en que sea presencial y se ofrecen a visitar Madrid en varios días posibles de enero y febrero. Pero el Real Madrid sólo está dispuesto a una conferencia telefónica como toma de contacto para luego decidir qué información suministra a BDO y cuál no. Es más, Esquerdeiro se queja de la “mala educación y la arrogancia” de los abogados de Bale y califica de “inaudito” que quien pide una “cortesía/favor” pretenda además “establecer el terreno de juego y fijar las reglas”.

La conferencia telefónica se celebró finalmente el 24 de enero. El abogado de Garrigues cree que el club no puede seguir negándose a recibir a los británicos y que le interesa la información ofrecida por ellos –todo un dosier, dice– para “argumentar bien el caso de Bale, al ser cuantitativamente el más importante”.

El Real Madrid accede entonces a la reunión presencial que demanda BDO. Aunque los asesores de Gareth Bale pretenden que los argumentos de españoles y británicos ante sus respectivas Haciendas “estén en la misma línea”, Esquerdeiro sigue advirtiendo de que “en ningún caso” puede llegar a haber una “actuación jurídica coordinada”.

Los abogados de Bale y los del Real Madrid se vieron finalmente las caras en las oficinas de Garrigues en Madrid el 8 de febrero. Pero el 23 de marzo los de Bale piden aún más información al club. En concreto, las fechas exactas de las reuniones que Jonathan y Joshua Barnett mantuvieron en Londres y en Madrid con José Ángel Sánchez y con Florentino Pérez, así como con Daniel Levy y Franco Baldini, del Tottenham, para negociar el fichaje de Gareth Bale en 2013. También los nombres de las personas que asistieron a esas reuniones e incluso copia de las actas de las conversaciones. Lo mismo preguntan para las negociaciones que mantuvieron los contables de Bale y del club sobre los derechos de imagen. Los abogados de BDO aseguran que los Barnett no guardan ningún registro de esas citas. Igualmente quieren saber quién redactó el contrato, si fue un abogado o un asesor, y si fue un documento hecho a medida o se hizo siguiendo una plantilla modelo. También cuándo firmaron Stellar y el jugador el acuerdo que dejaba en suspenso su contrato y autorizaba a la empresa de Barnett a trabajar para el Real Madrid. Ese documento fue firmado en Madrid sólo un día antes de que el galés suscribiera el contrato que le convertía en jugador blanco, indican los abogados de BDO, pero como carece de fecha, le reclaman una confirmación que lo date.

Además, preguntan al club merengue cómo se negoció y se fijó la retribución que abonó a Jonathan Barnett: 16,373 millones de euros, la mayor cantidad pagada nunca por el Real Madrid a un agente. “Míster Barnett nos indicó que no hay ‘ninguna base científica que explique cómo se calculó esa cantidad”, le revelan al club. Sí que les dijo que esa retribución es “más elevada de lo habitual”. “¿Hubo circunstancias especiales, como servicios adicionales que fuera a suministrar Stellar más allá de los proporcionados de forma habitual por un agente, que se tradujeran en una mayor remuneración?”, preguntan los abogados de BDO.

infoLibre ha solicitado a Jonathan Barnett y su hijo Joshua sus comentarios sobre estas negociaciones, pero no ha obtenido respuesta.

La indagatoria continúa más o menos en el mismo tenor cuando se refiere a la renovación de Bale en 2016. Sus abogados aseguran que, según les ha referido Barnett, el galés fue “contactado directamente por varios clubs de fútbol del Reino Unido para que volviera a jugar en la Premier League”. Y que como el Real Madrid estaba interesado en que el jugador se quedara, pero al mismo tiempo él sentía “nostalgia” y estaba pensando abandonar el club, éste contrató a Stellar para persuadir al galés de que renovara. Para ello, Barnett, Gale y el Real Madrid se reunieron en Toronto (Canadá), una entrevista de la que solicitan, de nuevo, la fecha exacta, los asistentes y copias de las actas. También quieren averiguar si el club contrató a otros agentes o asesores para negociar la renovación de Gareth Bale o si éste contrató a otros para asistirle en este asunto.

En este nuevo contrato, el Real Madrid pagó a Jonathan Barnett ocho millones de euros, señalan los abogados de BDO, la mitad que tres años atrás. Y vuelven a preguntar al club cómo se calculó esa cifra y cómo se negoció.

Hay otra diferencia entre ambos contratos que es sustancial de cara a Hacienda. Según aparece en el escrito enviado por BDO al Real Madrid –un PDF de cinco páginas–, en 2016 Bale no suspendió el contrato que mantenía con Stellar poco antes de firmar la renovación –como sí había hecho en 2013–. Los británicos preguntan al club por qué no se suspendió el contrato de representación que había firmado con Stellar el 23 de julio –sólo unos días antes de renovar con el Madrid, el 10 de agosto–, para que Stellar pudiera trabajar por encargo del club sin que hubiera conflicto de interés.

En el Real Madrid semejante cuestionario no cayó muy bien. De hecho, quedó sin contestar al menos hasta junio de 2018. Los responsables legales del club replican que se trata de preguntas que nada tienen que ver con temas fiscales y que Garrigues no puede contestar. También expresan sus dudas de que José Ángel Sánchez pueda responder o de que al club siquiera le interese contestar. En agosto estaba previsto que los abogados de BDO entregaran una declaración COP9 (Code of Practice 9, que el HMRC abre cuando encuentra sospecha de fraude) a la Hacienda británica. Ellos aseguran que el HRMC compartirá los datos que figuren en el COP9 con la Agencia Tributaria española, por lo que piden una nueva reunión.

Finalmente, el Real Madrid tuvo que pagar a Hacienda por Gareth Bale 4,21 millones de euros, de los que 2,83 millones correspondían al IRPF y 1,37 millones al Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR), según los documentos de Football Leaks. La mayor cantidad que ha abonado el club hasta ahora para regularizar a sus jugadores tras las inspecciones a que los sometió Hacienda. Pero ésa fue sólo la primera regularización, hasta 2015. Cuando el fisco la amplió hasta junio de 2016, el Real Madrid pagó otros 2,45 millones por Bale. Además, por el nuevo contrato de ocho millones de euros firmado con el agente del galés en 2016, el club blanco tuvo que ingresar 3,6 millones de euros más en Hacienda en concepto de IRPF no abonado en su día. En total, los problemas fiscales de Gareth Bale le supusieron al Real Madrid un total de 10,26 millones de euros. El club impugnó en su día todos estos pagos, primero ante la propia Agencia Tributaria y después ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), paso previo antes de acudir a la justicia ordinaria, y confía en recuperarlos.

SAMI KHEDIRA

La historia se repitió cuando la Hacienda española se puso a investigar las retribuciones a Sami Khedira, a su hermano Denny, que figura al frente de la empresa que gestiona sus derechos de imagen, Khedira 28 Marketing GmbH, y al agente alemán Jörg Neubauer.

Los asesores fiscales del centrocampista alemán de origen tunecino, una empresa de Stüttgart llamada Bansbach, le piden una reunión a José Ángel Sánchez el 4 de abril de 2016. Cuatro días después, le solicitan por lo menos una conferencia telefónica. Le preguntan si puede proporcionarles una confirmación por escrito de que el club contactó con Neubauer para que Khedira firmara el contrato con el Real Madrid en julio de 2010. “Nos gustaría mucho”, concluyen, “comentar la opinión del Real Madrid sobre esta desagradable cuestión fiscal”.

Sin embargo, el club de Florentino Pérez no está interesado en absoluto. El director económico recuerda que es el mismo caso de “Mourinho y otros jugadores”. “Quieren claramente que el club asuma ese coste”, advierte Julio Esquerdeiro, que rechaza cualquier responsabilidad del Real Madrid al respecto. A renglón seguido desaconseja “cualquier reunión como la que plantean”. Así que José Ángel Sánchez contesta a los alemanes que el club es completamente ajeno a las relaciones que Khedira mantiene con su agente y con la empresa que explota sus derechos de imagen y que ya le ha pagado todo lo que establecía su contrato, concluido el 30 de junio de 2015. “No hay nada que el Real Madrid pueda hacer en relación con el tema que menciona”, termina el correo.

Curiosamente, el fiscalista que defiende los intereses de Khedira frente a la Hacienda española es un abogado de Garrigues, el mismo despacho que lleva los asuntos –fiscales y de todo tipo– del Real Madrid.

Sólo unos meses más tarde, en junio, Khedira recurrió a otra firma legal, Abendaño Abogados, para exigir vía burofax al Real Madrid casi 2,67 millones de euros. La inspección de Hacienda le supuso una merma de esa cantidad en sus ingresos netos entre 2011 y 2013 tal y como se le habían garantizado en su contrato con el club. De forma que se los reclamaba. Los responsables legales del Real Madrid encargan a Garrigues que redacte la contestación. Uno de ellos precisa que “por conflicto de interés” la carta que se le envíe al abogado del jugador alemán “no puede ir con membrete de Garrigues, ya que, por lo visto, han llevado temas de la propia inspección de Khedira”.

Pero el culebrón Khedira estaba lejos de acabar. En marzo de 2018 es su agente, Jörg Neubauer, quien pide un favor al director general del Real Madrid. El hermano del jugador, Denny, se ha hecho con la gestión de todos los asuntos económicos del centrocampista y ha presentado una demanda contra Neubauer: le reclama tres millones de euros por el dinero que Sami ha perdido por culpa de la inspección de Hacienda en España. El agente le envía a José Ángel Sánchez un texto que quiere que firme. En él, asegura que fue Mourinho quien contactó con Khedira durante el Mundial de Sudáfrica de 2010 para comunicarle el interés del Real Madrid en ficharle. Y que Khedira puso en contacto al Real Madrid con Neubauer. Después, continúa su relato, firmaron los contratos –laboral, de imagen y con el agente– que el Real Madrid había redactado según los modelos que el club tiene. También pretendía que el club confirmara que la comisión del 10% que la sociedad de Neubauer, NBR13 GmbH, cobró del Real Madrid fue por los servicios prestados al club y por encargo del club.

“Es evidente que no puedo decir esas cosas”, explica José Ángel Sánchez a los responsables legales del club cuando les pide que le redacten una respuesta, “podré decir lo que puedo decir, y lo que sea verdad”. Lo que sus asesores le indican es que no puede firmar nada relativo a datos de carácter personal del jugador sin la autorización de éste y que debe ser Neubauer quien pida en el juzgado un oficio con las preguntas que quiere que conteste el Real Madrid.

MESUT ÖZIL

En octubre de 2014 otro jugador alemán, Mesut Özil, manda un correo a su antiguo club para solicitarle ayuda en sus tratos con Hacienda. A diferencia de los anteriores, lo hace personalmente, sin intermediarios. El asunto del email es un escueto “Hey” y lo abre con un coloquial “Hola Javi. This is Mesut” dirigido al entonces director de Coordinación del Real Madrid, Javier García Coll. Dice que necesita con urgencia una copia de sus contratos para entregar a la Agencia Tributaria española. En noviembre vuelve a contactar con el club para pedir una versión en español de los contratos. “Parece urgente. Cómo se está poniendo la cosa con la Agencia Tributaria”, apremia el director general a sus colaboradores. Se los envían el 19 de noviembre.

En abril de 2015 Özil vuelve a escribir al club merengue para pedirle un documento parecido al que los abogados de otros jugadores redactan cuando Hacienda pone en cuestión las retribuciones de sus agentes. “Necesito que diga que mi exagente Reza Fazeli prestó servicios en mi traspaso del Werder Bremen al Real Madrid, y después para mí y para el club. Sería genial si pudierais hacer eso por mí”, les explica.

El 10 de junio José Ángel Sánchez envía a Özil un escrito en inglés donde se limita a certificar que International Soccer Management, la empresa de Fazeli, “actuó como agente para y por encargo del Real Madrid en la negociación y ejecución del contrato laboral y de imagen” del extremo alemán, así como en el contrato de traspaso con el Werder Bremen. Le explican que no pueden ser más precisos en cuanto a cifras porque violarían la confidencialidad del agente.

Como reveló en su día Football Leaks, Özil tuvo que pagar finalmente 2,8 millones de euros a la Agencia Tributaria por las retribuciones cobradas a través de su agente para eludir el IRPF.

JAMES RODRÍGUEZ

En julio de 2018, Manuel de Vicente-Tutor, de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, reclama al Real Madrid el pago de 1,5 millones de euros a James Rodríguez. También inspeccionado por Hacienda por los pagos realizados a su agente, la empresa portuguesa Gestifute, el centrocampista colombiano tiene que ingresar en agosto esa cantidad al fisco para regularizar su situación. De Vicente-Tutor promete devolver el dinero si consigue anular la liquidación.

Pero el Real Madrid, una vez más, contesta con una negativa rotunda. “Es evidente que se trata de un problema de James. Nosotros nos hemos limitado a cumplir el contrato. Si interviniésemos en este caso concreto, tendríamos que hacerlo con los problemas de cada jugador”, zanja Sánchez Periáñez.

Víctor Fernández

En otros dos casos, los agentes solicitaban al Real Madrid que cometiera un fraude. “El favor fiscal que pide es una barbaridad y le he dicho que no”, estalla el director de Recursos Humanos, José María García Tomás, sobre la petición que le ha hecho Arturo Canales, agente del entrenador Víctor Fernández.

Canales quería cobrar 200.000 euros del Real Madrid detrayendo 100.000 euros del salario de Víctor Fernández, que ejerció como director de Formación de la cantera del Real Madrid entre 2015 y 2017. “Para eso hay que destruir los contratos firmados y hacer otros por 50.000 euros menos de retribución cada uno de los dos primeros años”, explica el directivo a José Ángel Sánchez. “De ninguna manera”, continúa, “el Real Madrid va a hacer esas maniobras para que la Agencia Tributaria deje de ingresar 45.000 euros de impuestos de Víctor”.

Eso sería, insiste, “cooperar para defraudar a Hacienda”. En efecto, el contrato que firmaron con fecha del 25 de septiembre de 2015 incluyó finalmente una remuneración a Canales –que también es el representante de Gerard Piqué, Iván Rakitic y Lucas Vázquez– de 100.000 euros por sus servicios para contratar a Víctor Fernández. No los  200.000 que pretendía.

Sergio Llull

Para el jugador de baloncesto Sergio Llull, sus abogados, Berenguer & Mònico, querían cambiar el contrato de intermediación. Lo habían firmado en julio de 2015: 1,65 millones de euros hasta el 30 de junio de 2021. Pero la aparición de los inspectores de Hacienda les llevó a pedir al Real Madrid que lo modificaran sólo cinco meses después, en diciembre. Prentenden que se rompa ese documento y se date el nuevo en octubre “para evitar el riesgo del IVA por no haber emitido la factura por el total de la intermediación en julio”, detalla el jefe de administración del club, Ángel Sánchez Cembellín. También solicitan que, a partir de ahora, se facture a cada socio “individualmente, con el IVA y las retenciones que correspondan” en lugar de a la sociedad. El Real Madrid encargó un informe a Garrigues, aunque el director del departamento jurídico apunta ya que “no se pueden romper unos contratos que ya están firmados y manejan las partes”.

Como en los casos anteriores, los agentes de Llull buscaban incorporar al nuevo contrato un relato que hiciera creíble que sus servicios los prestaron al club y no al jugador, a fin de evitar la garra de Hacienda. En el de Llull, se explica en el documento, Berenguer & Mònico evitaron que el jugador aceptara una oferta de los Houston Rockets, de la NBA. Y lo hicieron, por supuesto, por encargo expreso del Real Madrid.

El 5 de febrero de 2018 el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, envió un correo electrónico al hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el propietario de Amazon. Sólo seis párrafos para pedirle una reunión en persona en Seattle, donde ambos pudieran sentar las bases de una “colaboración estratégica” entre dos auténticos líderes mundiales: el club que posee la marca deportiva más reconocida del planeta y el gigante del comercio electrónico. Como principal activo, Sánchez Periáñez no duda en ofrecerle a Bezos los más de 600 millones de seguidores “de todos los continentes, edades, grupos y culturas” que posee el Real Madrid. El club, le explica, está “captando datos valiosos” de “la mayor base de aficionados del mundo” para “activarla en el desarrollo de su negocio”.

Si no es fácil acceder al todopoderoso presidente blanco y de la constructora ACS, Florentino Pérez, asegurarse de captar la atención de Jeff Bezos requería de una fina labor diplomática. De modo que antes de darle al botón de enviar, el Real Madrid necesitó seis meses para preparar la jugada, según se desprende de los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Además de la ayuda de un vicepresidente mundial de Microsoft y del padre del mismísimo Jeff Bezos, Mike, que es cubano y mantiene relaciones con el club madrileño al menos desde 2013.

El Real Madrid llevaba desde marzo de 2016 hablando con Amazon sobre comercio electrónico y distribución de contenidos. Pero quería mucho más. En agosto de 2017, Craig Howe, consultor digital contratado por el club, envió a la subdirectora comercial, Begoña Sanz Orea, el artículo que acababa de publicar en Adweek, una revista estadounidense especializada en el mundo de la publicidad. En Silicon Valley changed the way sports fans think (Silicon Valley cambió el modo de pensar de los aficionados al deporte), Howe apunta a los seguidores deportivos como uno de los públicos digitales más valiosos aún por explotar. La imagen de un aficionado encargando unos nachos con extra de guacamole, al mismo tiempo que compra la camiseta de su jugador favorito y unas entradas para el próximo partido, se convierte para el consultor estadounidense en una millonaria oportunidad de negocio tanto para Amazon como para los clubes deportivos.

“Amazon va a ser un actor importante en contenidos, comercio electrónico y contribución a los ingresos en la industria del deporte. En este momento, Amazon está gastando dinero de forma muy agresiva en contenidos y en alianzas, así que ahora es el momento de reunirse con ellos”, sugiere Howe tanto a Sanz Orea como al director del Área Digital, Rafael de los Santos Navarro. Y añade en el correo a una tercera persona: el colombiano Orlando Ayala, exvicepresidente mundial de Ventas de Microsoft y viejo amigo del club, cuyos “contactos de muy alto nivel en Seattle” destaca el consultor.

Alto ejecutivo de Bill Gates y madridista

Así que José Ángel Sánchez, que suele firmar sus correos como JAS, ordena que se traduzca al artículo de Craig Howe y se lo reenvía a Florentino Pérez. La maquinaria se pone entonces en marcha. Orlando Ayala se jubiló en Microsoft después de 25 años en la compañía de Bill Gates. Llegó a vicepresidente mundial de Ventas y, según publicó el diario colombiano El Tiempo, hizo llorar al fundador de la empresa tras un discurso en 2001 en el que pidió un cambio en los “valores” de Microsoft. El Real Madrid había firmado un acuerdo con la empresa de Gates en 2014 por el que ésta creó una plataforma digital para ofrecer servicios de todo tipo a sus socios y seguidores. Ayala posó con Florentino Pérez para anunciar la alianza y participaba como representante de Microsoft en las reuniones mensuales ejecutivas con los responsables digitales del club. Sánchez Periáñez le conoció en una comida en Madrid con Florentino, porque Microsoft donaba fondos y tecnología para la acción social de la Fundación del Real Madrid. A JAS le impresionó “su sencillez, brillantez intelectual y humanidad”. Pero también “¡su madridismo!”, le confiesa en un correo al periodista colombiano Julio César Guzmán, quien le había pedido su colaboración en julio de 2018 para la biografía que estaba escribiendo sobre Ayala.

El 9 de octubre el director general del club propone al exvicepresidente de Microsoft que explore las posibilidades de conseguir una reunión con Jeff Bezos en Seattle aprovechando las “buenas relaciones” del colombiano con los directivos de Amazon. Le explica que el club lleva un año hablando con el gigante tecnológico, pero que su intención es “elevar esta conversación a una escala global y discutir la oportunidad de alcanzar una gran alianza entre ambas empresas”. Dos días más tarde, Orlando Ayala le da sus primeros consejos. Que ofrezca a Bezos dos o tres fechas concretas para la posible cita, que dedique “una o dos páginas máximo” a explicar con “claridad” lo que se ha avanzado hasta ahora en esas conversaciones y con quién han hablado y, finalmente, que mencione “a alto nivel pero de manera concreta” cuál es el objetivo de la reunión y de la alianza que persiguen. “¡Un día te pondremos una estatua en el estadio!”, le contesta una entusiasmada Begoña Sanz.

El padre adoptivo de Jeff Bezos

En efecto, el Real Madrid se había reunido con los responsables de Amazon España para tratar “muy superficialmente” una posible colaboración en comercio electrónico ya en marzo de 2016. Un mes después, en Seattle, el abanico se amplió a la distribución de contenidos audiovisuales y a la incorporación del club blanco al asistente virtual Alexa. En julio de ese año continuaron con el comercio electrónico, aunque “con reservas”, debido al acuerdo que el Real Madrid tiene con Adidas. Los directivos blancos también plantearon a Amazon que patrocinara la ropa de entrenamiento de los jugadores, pero los de Seattle no mostraron interés. “Luego conocimos que estaban hablando en paralelo con el Barça”, aclara Begoña Sanz según los documentos de Football Leaks.

Al año siguiente las conversaciones se trasladaron al área de contenidos. En concreto, Amazon Video se ofreció al Real Madrid para distribuir Campo de Estrellas, un programa de entrevistas a jugadores, tanto en activo como históricos, que emite Real Madrid TV. En ese momento aún estaban negociando las condiciones económicas. Tras llegar a un acuerdo, Prime Video la incluyó en su catálogo a partir de marzo de 2018. Para Amazon Originals, además, el club estudiaba entonces producir y distribuir contenidos exclusivos, “en la línea de las negociaciones que últimamente se oye que hay con el Manchester City”. Con Amazon Medios de Pago, el objetivo era incluirlos en las aplicaciones del Real Madrid y con Amazon Advertising los blancos intentaban mejorar el perfilado de sus usuarios registrados. “Como puedes comprobar”, le explica Sanz Orea a Orlando Ayala, “hay muchísimas áreas de posible colaboración”. Pero el deseo del Real Madrid va más allá, busca un patrocinio: “Queremos que estén en nuestras prendas de entrenamiento igual que Emirates está en las de juego”. Begoña Sanz imagina un futuro lleno de posibilidades desconocidas pero provechosas. “Quién sabe si, vistas las últimas noticias, en las que Amazon se posiciona en áreas de competencia de Adidas y Nike, hasta podría diseñarlas, fabricarlas y venderlas [las prendas de entrenamiento]”. Por eso el club apunta a lo más alto, quiere a alguien “con elevado nivel de responsabilidad” en Amazon para que “empuje y coordine internamente” la negociación.

En diciembre aparece en escena el segundo ariete del Real Madrid en Amazon. Mike Bezos, el padre adoptivo del millonario. Orlando Ayala se citó a comer con él en Seattle ese mes de 2017 y dice que en el almuerzo el cubano se ofreció a “hacer circular la petición” de JAS. Graduado en Matemáticas y con estudios de Ingeniería, Bezos padre trabajó en la petrolera Exxon durante 32 años. Había llegado con sólo 16 desde Cuba. En 2000 su hijo le puso al frente de la Fundación de la Familia Bezos, que se dedica a apoyar iniciativas relacionadas con la educación. El 16 de octubre de 2013 Mike Bezos fue invitado a visitar el Santiago Bernabéu por la Fundación del Real Madrid, que le obsequió con una camiseta del equipo con el número 1, unos gemelos de plata y un pañuelo Ungaro, tal y como aparece en los registros del club a los que ha tenido acceso infoLibre. Cinco años después, le reenvió a su hijo el correo que previamente le había mandado José Ángel Sánchez pidiéndole una reunión, “para asegurar que alguien le preste atención”. “Veremos si esto resulta en algo positivo para ambas entidades”, es todo lo que le dice a Orlando Ayala tras informarle de su gestión.

En noviembre de 2017 el Real Madrid había preparado un borrador del correo que quería enviar a Jeff Bezos y que incluía una lista de los grandes éxitos deportivos del club. Las 12 Champions –ahora tiene una más–, sus 33 ligas –ahora tiene 34–, su trofeo como mejor equipo del siglo XX, concedido por la FIFA, sus cinco mundiales de clubes. También mencionaba a sus mejores jugadores, de Cristiano Ronaldo y David Beckham a Gareth Bale. Los reconocimientos de la revista Forbes como la marca deportiva más valiosa del mundo, 3.650 millones de dólares, y de Deloitte como primera empresa deportiva en ingresos durante 11 años consecutivos. Y sus cifras récord en audiencia televisiva y en redes sociales. Orlando Ayala ofreció a los directivos blancos una redacción alternativa. Mantuvo los párrafos autolaudatorios sobre el club, pero cambió tanto los dos primeros de introducción como el final. Ésa fue la versión definitiva que, casi sin alteraciones, terminó llegando a manos de Jeff Bezos en Seattle. Tan sólo desapareció una referencia a los avances en inteligencia artificial y realidad virtual. “Hay que descargar un poquito [el correo] de tanto contenido tecnológico, no sea que luego en la reunión vaya Bezos y nos pregunte algo de lo que no sabemos”, advierte Begoña Sanz.

Los resultados del correo

“El Real Madrid se halla en un momento crucial. Estamos evaluando estratégicamente nuevos modelos de gestión y de negocio tanto en comercialización como en contenidos, así como nuevas alianzas tecnológicas y empresariales alineadas con tales estrategias”, resalta Sánchez Periáñez en ese correo. A continuación, le ofrece a Jeff Bezos la “cartera de alianzas y patrocinadores” del club blanco, incluyendo “algunas de las marcas más reputadas del mundo,” que han elegido al Real Madrid por su “probada capacidad para impulsar el reconocimiento de marca”. Ayala aconseja a JAS que le remita él personalmente el correo. “Yo estaría dispuesto a mandarlo, pero creo que es mejor no hacerlo a través de intermediarios”, razona. Después, le pide a Mike Bezos que le “comente a Jeff un poco los detalles” del asunto.

En junio de 2018 el director general del Real Madrid viajó a Seattle. Y en agosto la subdirectora le explica su más reciente reunión tanto con responsables de Amazon como de la china Alibaba para abrir una tienda virtual del Real Madrid. “Éste es claramente uno de los grandes temas de la temporada”, subraya Begoña Sanz, que vende a Amazon y Alibaba como “clara alternativa (o complemento)” a Fanatics, donde también abrió una tienda online el club blanco y que hasta el pasado 1 de julio gestionaba igualmente sus tiendas físicas, tras adquirir Global Merchandising, la filial de Adidas que las explotaba. Desde esa fecha, ese Legends la encargada de las ventas de material deportivo del Real Madrid, tanto en las tiendas físicas como en internet.

¿Respondió Jeff Bezos a JAS? ¿Ha firmado finalmente el Real Madrid esa gran alianza estratégica que buscaba con Amazon? infoLibre ha preguntado por ese intento de acercamiento tanto al club como a Amazon, pero ninguno de los dos ha querido comentar el asunto. En marzo de 2018 el club suscribió el acuerdo para emitir Campo de Estrellas en Prime Video. En septiembre de 2019 se presentó el documental El corazón de Sergio Ramos, que tendrá una segunda entrega, La leyenda de Sergio Ramos. El Real Madrid tiene ya su tienda en Amazon. Y en enero de 2020 se convirtió en el primer club español que llegó a un acuerdo con Alexa, el servicio de voz virtual de Amazon, que ofrece vídeos, noticias y conexión a Real Madrid TV. 

Mientras preparaba el correo con que tentar a Jeff Bezos, el Real Madrid negociaba un contrato con la filial en Luxemburgo de Providence Equity Partners que le aportará 200 millones de euros en cuatro años. Tal y como ha publicado infoLibre a partir de los documentos de Football Leaks, esas cantidades proceden de los hóldings que el fondo de inversión posee en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Además, el Real Madrid negoció con el fondo un proyecto para que éste gestionara el negocio digital del club, una plataforma para vender contenidos premium, que no llegó a prosperar. 

El 22 de septiembre de 2018, el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, recibe en su bandeja de entrada un correo electrónico del agente deportivo belga Christophe Henrotay. Un correo electrónico con el revelador título Factura traspaso Thibaut Courtois. El contenido del correo es tan escueto como ilustrativo: se trata de una factura en la que el agente pide dos millones de euros al Real Madrid en concepto de fee o comisión por haber gestionado el fichaje del portero Thibaut Courtois. Sánchez reenvía inmediatamente la petición a uno de sus empleados con el mensaje: “Por favor, arregla esto”. El belga Courtois había sido transferido al Real Madrid unas semanas antes por 40 millones de euros desde el Chelsea de Londres. Un traspaso del máximo nivel, por el que Henrotay quiere embolsarse su comisión del 5% lo antes posible.

Los documentos de Football Leaks que Der Spiegel consiguió y compartió con los periódicos belgas Le Soir y De Standaard y el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), al que también pertenece infoLibre, permiten seguir el rastro del dinero y examinar qué estructuras fiscales montan los agentes de jugadores. en paraísos fiscales como Luxemburgo, Malta, Países Bajos o Mónaco. Pues Christophe Henrotay, como muchos de sus colegas, ha diseñado una construcción muy compleja para optimizar el dinero que recibe de sus comisiones, que pasa por esos cuatro países. También revelan cómo el agente belga colaboró en el diseño de la doble estructura con la que el hoy guardameta del Real Madrid redujo a casi cero la tributación por sus derechos de imagen.

Lo que llama inmediatamente la atención de la factura que Henrotay envía al Real Madrid es que le solicita que no ingrese el dinero a través del Banque Edmond de Rothschild en su cuenta personal de Mónaco –como residente tendría que pagar cero impuestos por la operación–, sino en la cuenta de su empresa holandesa, Pilgrim Holland BV, una de las más de 6.000 sociedades buzón –un mero apartado postal y sin actividad aparente– que están registradas en el mismo distrito de La Haya, según el registro de empresas holandés.

Tamara Alexandra Eleonora van Koppen-Wingelaar fue la única directora de Pilgrim Holland BV durante dos años. No era la propietaria, sino una testaferro con experiencia en este tipo de empresas ficticias. De hecho, la misma mujer, registrada en la misma dirección, figura también como directora de otras dos empresas que a primera vista no tienen nada que ver con el fútbol: AB Laboratory Solutions BV –de la que van Koppen-Wingelaar dimitió en 2018– y Per Mare Per Terras BV –un hólding financiero copropietario de más de 50 empresas–.

Quien busque al verdadero propietario de Pilgrim Holland BV pronto se encontrará con un accionista principal domiciliado en Londres: World Image & Scouting Services Ltd, empresa inglesa constituida a nombre de Henrotay en 2003 y dirigida por una persona física y dos sociedades. La persona física es el tejedor de la telaraña fiscal que rodea al superagente belga: Stephane Postiferri, un banquero privado de Mónaco que trabaja para la empresa de gestión de activos Equiom SAM. Postiferri ha controlado y firmado casi todos los documentos de los traspasos importantes que Henrotay ha pilotado durante más de 10 años. También es director de las dos empresas ficticias del accionista principal de Pilgrim Holland BV: Global Assistance Services SA y CL Secretaries (Monaco) Limited. Se trata de otras dos empresas buzón que Postiferri utiliza habitualmente para otros clientes adinerados y que tienen apartados postales en las Islas Seychelles y en las Islas Vírgenes Británicas, dos notorios paraísos fiscales.

También llama la atención que World Image & Scouting Services –el principal accionista británico de Pilgrim Holland BV– cambiara su dirección en Londres nada menos que tres veces entre 2016 y 2019. Otra de las empresas de Henrotay está registrada igualmente en dos de esas direcciones: Foot Innovation Limited, la sociedad con la que el agente belga cerró muchos de sus grandes fichajes en años anteriores, incluidos los de otros famosos diablos rojos como Romelu Lukaku, Youri Tielemans y Yannick Carrasco. No es una coincidencia. Foot Innovation Limited también tiene una estructura de control similar a la de Pilgrim Holland BV y está dirigida por el mismo banquero monegasco, Stephane Postiferri.

Le Soir y De Standaard han preguntado al respecto a Christophe Henrotay, que no ha querido explicar la razón de esta compleja red fiscal. Tampoco ha respondido a la pregunta de por qué esperó tres años antes de registrarse como director de Pilgrim Holland BV, lo que no hizo hasta el mes pasado, el 12 de enero de 2021. “Por supuesto que no le corresponde a usted interrogar a mi cliente. Si hay que hacer preguntas relacionadas con una investigación en curso, son los investigadores quienes deben hacerlo y mi cliente las responderá como siempre lo ha hecho. El resto es un asunto privado. [...] Mi cliente niega haber cometido ningún delito y pretende que todo el mundo, incluida la prensa, respete el principio de presunción de inocencia”, ha sido la contestación enviada por su abogado.

Conexiones familiares

Pero los atajos fiscales de Henrotay no sólo discurren desde La Haya y Londres hasta los exóticos paraísos fiscales del Caribe. El agente belga también recurre a otros destinos menos atractivos y a veces lo hace con la ayuda de su familia, como muestran los documentos de Football Leaks.

Su hermanastro Martin Henrotay, por ejemplo, tiene su propia empresa en el Gran Ducado: Vision Foot SA. Es a esta sociedad a la que el AS Mónaco pagó un millón de euros por la renovación del contrato de Yannick Carrasco, cuando aún jugaba en el Principado. El hoy jugador del Atlético de Madrid es uno de los futbolistas a los que representa Christophe. No es tan sorprendente si se tiene en cuenta que el contrato de Carrasco señala a Martin Henrotay como representante del centrocampista belga en nombre de su hermanastro.

Y luego está su padre, Roger Henrotay, el hombre que enseñó a ambos hermanos los entresijos del oficio. Junto con Christophe, creó la agencia Samart SA en 2004 en Luxemburgo, que, durante las negociaciones del traspaso de Youri Tielemans del RSC Anderlecht al AS Mónaco, se utilizó como opción para recibir una comisión de traspaso de 1,5 millones de euros.

Chipre

Otra empresa buzón, con sede en los Países Bajos, plantea aún más preguntas: Tanguillo BV, empleada por Henrotay para recibir la comisión de 6,2 millones de euros que se le pagó por el traspaso de Youri Tielemans a Mónaco en 2017. En los registros oficiales de los Países Bajos sólo figura que esta misteriosa empresa tiene su sede en Nassaulaan 2A, en La Haya, a un paso de Pilgrim Holland BV. En la misma dirección se alojan nada menos que otras 259 empresas. No existe una conexión directa entre Henrotay y Tanguillo, salvo el nombre de John Willekes MacDonald, director de Tanguillo BV, que figura en negrita como beneficiario en el contrato que Henrotay suscribió con el RSC Anderlecht para el pago de la comisión de Tielemans. Junto con un socio holandés, Willekes MacDonald posee un fideicomiso internacional con oficinas en otros nueve paraísos fiscales.

Finalmente, el viaje termina en Chipre: en junio de 2018 Henrotay creó allí la empresa BFI Agency Limited, controlada por la sociedad chipriota Lexact Limited y varios testaferros. Antes se llamaba Pilgrim Sports Agency Limited, exactamente el mismo nombre que la empresa buzón creada por Henrotay seis meses antes en los Países Bajos. Henrotay recurrió a esa sociedad chipriota para el traspaso del defensa congoleño Christian Luyindama del Standard de Lieja al club turco Galatasaray por ocho millones de euros en 2018, una operación que está siendo investigada por la Fiscalía de Bruselas en relación con el caso por el que Christophe Henrotay fue acusado en septiembre de 2019 de blanqueo de capitales, corrupción privada, conspiración criminal y falsificación.

También Malta: la doble construcción fiscal de Thibaut Courtois

Aunque al mapa fiscal de Henrotay se le puede añadir un destino más: Malta. Para pagar casi cero impuestos por sus derechos de imagen en el extranjero, Thibaut Courtois se valió de una resolución fiscal de Luxemburgo y de una empresa maltesa. Hasta que la Hacienda británica se lo impidió.

El modo en que Henrotay elude al fisco se muestra en otro documento de Football Leaks: un correo electrónico de Christophe Henrotay al director general del club inglés Chelsea FC, Robert Hamblin. Con copia a Thierry Courtois, el padre de Thibaut, que trabaja para el agente del guardameta. En ese correo, de agosto de 2018, Christophe Henrotay pide al Chelsea que deje de pagar los derechos de imagen de Thibaut Courtois en el extranjero a la empresa luxemburguesa Global Image SA, “debido a un problema con el HMRC [Her Majesty's Revenue and Customs, la Agencia Tributaria británica]”.

El correo ha sido marcado como de “urgencia alta” porque hay mucho dinero en juego. Nada menos que 960.000 libras (1,1 millones de euros) en derechos de imagen para la temporada 2017/2018. En parte del propio Chelsea, en parte de Nike.

En principio, un futbolista que juegue en Reino Unido puede cobrar los derechos de imagen a través de dos empresas. Una británica que reciba el 20% y otra extranjera que ingrese el 80% restante. Muchos futbolistas belgas aprovecharon la oportunidad y eligieron Luxemburgo para crear una sociedad en el Gran Ducado con la que cobrar ese 80%. Gracias a un tax ruling –acuerdo fiscal– entre los clubes de la Premier League y Luxemburgo que permitía que el 80% de las cantidades enviadas al Ducado estuviera exento de impuestos, mientras que el 20% restante se gravaba al 29%, en la práctica la tributación se reducía a un 5,2% sobre el conjunto de los ingresos por derechos de imagen.

Pero para algunos futbolistas belgas ese mínimo porcentaje aún no era suficiente. Con la colaboración de Henrotay, Thibaut Courtois montó una segunda estructura fiscal, tal y como se muestra en los anexos del citado correo. Una doble construcción que lleva, vía Luxemburgo, a Malta. En el momento en que los derechos de imagen del Chelsea y de Nike fueron depositados en Luxemburgo, el dinero fue reempaquetado en bonos en libras esterlinas emitidos por la empresa maltesa Alter Domus Trustee Services Limited.

El objetivo de esta estructura de doble imposición era probablemente drenar todos los beneficios fuera de Luxemburgo, reduciendo a casi cero el tipo impositivo sobre el total de los ingresos procedentes de la “propiedad intelectual”. Así, el fisco de Luxemburgo no tiene ingresos sobre los que retener siquiera ese tipo impositivo reducido del 5,2%.

Pero en el verano de 2017 las autoridades fiscales británicas pusieron fin al esquema. En una circular del 16 de agosto de 2017, el HMRC endureció las normas para el pago de derechos de imagen de “personas de alto perfil, incluidos los deportistas de alto nivel”. En consecuencia, Courtois padre y Courtois hijo decidieron desprenderse de la empresa luxemburguesa y confiar todos los derechos de imagen a su sociedad británica: Global Image Rights UK Ltd. Ninguno de ellos, tampoco el Chelsea FC, han respondido a las preguntas sobre este asunto que les han formulado Le Soir y De Standaard.