La ministra de Defensa, Margarita Robles, acude este martes al Congreso, a petición propia, para explicar la gestión de su Departamento en la crisis migratoria de Ceuta, una intervención con la que abre la ronda de comparecencias del Gobierno para rendir cuentas tras las entradas masivas de migrantes desde Marruecos registradas los últimos días de julio.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Sanidad, Mónica García, darán explicaciones el jueves 27; el viernes 28 será el turno de los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Interior, Fernando Grande-Marlaska, e Inclusión, Elma Saiz; y el último día del mes, el lunes 31, culminará la ronda con las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Igualdad, Ana Redondo.

Robles asiste a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja en medio de un clima de crispación política derivado del choque entre el Gobierno y la oposición sobre la forma en que se está abordando la crisis en Ceuta.

Es previsible que la ministra mantenga una firme defensa de la profesionalidad con la que los militares desplazados a la ciudad autónoma para apoyar a las fuerzas de seguridad están gestionado una situación extrema.

La comparecencia estará marcada por las denuncias de las asociaciones militares sobre las precarias condiciones en las que están alojados los efectivos desplegados en Ceuta, en dependencias en desuso y en situación de hacinamiento.

La alarma saltó tras confirmarse un brote de sarna entre los militares que el Ministerio de Defensa ha desvinculado del contacto directo con los migrantes.

Asimismo, la ministra acude a la cita tras haber marcado cierta distancia con el discurso oficial mantenido desde Moncloa respecto a Marruecos y su responsabilidad en el salto masivo de finales de julio. Robles ha exigido públicamente a las autoridades de Rabat que investiguen "hasta el final" las circunstancias que propiciaron la avalancha migratoria.

Para la ministra, resulta "inaceptable que se utilice a personas y a menores de edad echándolos a la muerte" y ha advertido que quienes hayan consentido o tolerado estas maniobras a través de las redes sociales deben asumir sus responsabilidades. Además, ha afirmado con contundencia que Ceuta y Melilla son “españolas, españolísimas y no se tocan”.

Es probable también que la oposición exija explicaciones sobre por qué los servicios de información no advirtieron al Gobierno de la entrada masiva. Aunque Robles no ha querido entrar en el debate, es previsible que haga una defensa firme de la labor de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La comparecencia llega también precedida de otra polémica derivada de lo que el PP considera un "desplante" al Senado, al negarse Robles, al igual que otros ministros, a acudir a una citación para dar explicaciones en la Cámara Alta sobre esta crisis. 

El Ministerio de Sanidad reúne este lunes de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para acordar el envío de vacunas a Ceuta ante la situación sanitaria derivada de la llegada de miles de migrantes desde finales de julio. La convocatoria se produce después de que la ministra, Mónica García, rechazara la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estudiar el confinamiento de personas portadoras de enfermedades infectocontagiosas.

La Comisión de Salud Pública se reunirá por vía telemática a partir de las 12.00 horas para activar el mecanismo de solidaridad entre comunidades y facilitar el suministro de vacunas. Entre las más demandadas figuran las de la triple vírica, varicela, poliomielitis, tétanos y difteria.

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha justificado la convocatoria extraordinaria en la necesidad de abordar “lo antes posible” el suministro. Además, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se desplazará de nuevo este lunes a Ceuta para analizar sobre el terreno una situación marcada por la presión asistencial y por las discrepancias entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y los profesionales.

Su visita se produce apenas una semana después del desplazamiento de Mónica García a la ciudad autónoma. Entonces, la ministra negó que se hubiera producido un “colapso sanitario”, aunque reconoció que servicios como Urgencias, Medicina Interna y Atención Primaria se encontraban especialmente tensionados.

La nueva reunión sanitaria llega después de que Feijóo defendiera este domingo, en una entrevista con Europa Press, que el Gobierno debería estudiar “un confinamiento de los portadores de enfermedades infectocontagiosas por razones de salud pública”.

García respondió horas después que una medida de este tipo sería “injustificada y totalmente desmesurada”. En un mensaje publicado en X, recordó que los confinamientos por motivos sanitarios deben guardar relación con el mecanismo de transmisión de la enfermedad que se pretende controlar y advirtió de que, en este caso, una medida de ese tipo podría resultar “más dañina que beneficiosa”.

La ministra recordó además que las competencias de salud pública corresponden al Gobierno de Ceuta y repasó la situación de las principales enfermedades citadas por el líder del PP.

En el caso de la tuberculosis, García señaló que existen tres casos confirmados: uno de los afectados ya estaba en tratamiento y no era contagioso, otro presenta una tuberculosis cerebral, que tampoco se transmite por vía respiratoria, y una tercera persona estaba siendo sometida a diagnóstico y ha iniciado tratamiento.

Sanidad había informado previamente de 18 menores con una prueba de Mantoux positiva y dos casos confirmados de tuberculosis. Un resultado positivo en esta prueba indica contacto o infección por la bacteria, pero no implica necesariamente la existencia de una tuberculosis activa y contagiosa.

Sobre la varicela, García aseguró que se habían detectado tres casos sospechosos, ninguno de ellos relacionado con la población migrante. También recordó que la enfermedad no está erradicada en España y sigue produciendo casos de manera ocasional.

Respecto a la sarna, la ministra señaló que los afectados no precisan ingreso hospitalario ni confinamiento y recordó que la escabiosis tiene una presencia significativa en el conjunto del país. Entre 2021 y 2023 se detectaron 1.529 brotes con 11.301 casos en España, según un estudio publicado en 2025 en Eurosurveillance.

García también corrigió las cifras mencionadas por Feijóo sobre los problemas gastrointestinales. Frente a los alrededor de 450 casos a los que había aludido el dirigente popular, la ministra aseguró que el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta había estudiado 55 casos de probable infección por E. coli enteroinvasiva. Según Sanidad, el brote está ya controlado y se relaciona especialmente con el consumo de agua no apta para consumo humano.

Por ello, García defendió que la prioridad pasa por garantizar alojamiento, agua potable, alimentos y unas condiciones adecuadas de higiene y saneamiento. Con estas medidas, aseguró, podrían controlarse “la grandísima mayoría” de los factores que favorecen la aparición de brotes.

La situación sanitaria de Ceuta se ha convertido, entretanto, en motivo de enfrentamiento entre la Administración y los trabajadores sanitarios. Mientras Sanidad sostiene que la actividad ordinaria no se ha visto alterada de manera generalizada, el Colegio de Médicos, los sindicatos y distintas organizaciones profesionales alertan de que la llegada masiva de migrantes ha llevado al límite a unas plantillas que ya arrastraban problemas estructurales.

Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, Ingesa contabilizó 5.801 asistencias vinculadas a la crisis, a las que se sumaron más de 2.500 atenciones realizadas por el dispositivo de Cruz Roja instalado en la playa del Trampolín.

El momento de mayor presión se registró el 31 de julio, con 1.149 asistencias en una sola jornada. Posteriormente, la actividad se estabilizó en torno a las 330 atenciones diarias.

A los problemas asistenciales se han sumado patologías vinculadas fundamentalmente a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que permanecen algunas de las personas llegadas a la ciudad. Además de los casos de tuberculosis y gastroenteritis, los profesionales han advertido de consultas por sarna e impétigo.

La Sociedad Española de Epidemiología ha insistido, no obstante, en que estos problemas sanitarios no deben atribuirse a la migración en sí misma, sino principalmente a las condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de recursos. El Gobierno trata ahora de reforzar la respuesta con el envío de vacunas y una nueva visita del secretario de Estado a Ceuta.

Esta es la frase a la que asomarme en el último especial de verano de TintaLibre, Amores tormentosos. El número reúne a 20 autoras y artistas para hablar del deseo, los celos, la dependencia, la violencia, el humor y la memoria. Su punto de partida es claro: una relación puede ser intensa o contradictoria, pero, sin consentimiento y libertad, deja de ser amor.

La pregunta no es si existe un amor femenino y otro masculino. El sentimiento puede ser universal, pero la forma de vivirlo se aprende. Durante siglos, al hombre se le asignaron la iniciativa y la autoridad; a la mujer, la espera, el cuidado y la renuncia. Ese reparto todavía aparece en los celos presentados como cariño, la insistencia convertida en conquista o el sufrimiento utilizado como prueba de autenticidad.

Las leyes han ampliado la capacidad de elegir mediante el divorcio, los anticonceptivos, la independencia económica y el matrimonio igualitario. La educación sentimental avanza más despacio. El consentimiento no es una formalidad ni una autorización permanente: debe ser libre, concreto y reversible. Un sí de ayer no obliga hoy, y el silencio no sustituye a la voluntad. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida. El dato impide tratar el control, el acoso o la agresión como simples excesos románticos.

La tolerancia se vuelve especialmente visible cuando el hombre es famoso. Los casos no tienen la misma gravedad y no deben confundirse, pero comparten un mecanismo: el prestigio reduce el coste público de la conducta y desplaza la atención hacia la obra, el cargo o el talento.

Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí ofrecen el ejemplo menos extremo, pero muy revelador, de la desigualdad intelectual dentro de una pareja. El Instituto Cervantes resume que, desde su matrimonio, la vida intelectual de Zenobia se centró en su marido y que trabajó como secretaria, agente y traductora. También tradujo 22 volúmenes de Rabindranath Tagore y colaboró en la candidatura de Juan Ramón al Nobel. Él quedó como el poeta; ella, durante décadas, como la mujer que hizo posible su obra. Laia Arcusa revisa esa relación en El incordio de Juan Ramón Jiménez, dentro de este número de TintaLibre.

Pablo Picasso conservó intacta su condición de gran artista mientras las mujeres de su entorno quedaban reducidas a musas. Cuando Françoise Gilot lo abandonó, Picasso presionó a galerías y salones para perjudicar su carrera e intentó impedir la publicación de sus memorias. El Museo Picasso de París no dedicó una sala propia a la obra de Gilot hasta 2024. El caso no obliga a negar el cubismo; obliga a dejar de presentar como una nota privada el uso del poder artístico contra otra creadora.

Pablo Neruda narró en sus memorias un episodio en Ceilán en el que forzó sexualmente a una trabajadora doméstica que no respondía a sus avances. La confesión convivió durante décadas con la imagen pública del poeta del amor y premio Nobel. Cuando se propuso dar su nombre al aeropuerto de Santiago de Chile, colectivos feministas recordaron aquel relato. No era una acusación tardía: estaba escrita por el propio Neruda.

Norman Mailer apuñaló a su esposa, la artista Adele Morales, en 1960 y se declaró culpable de agresión en tercer grado. The New Yorker ha documentado que buena parte de su entorno literario culpó a Morales o interpretó el ataque mediante el mito del artista atormentado; el episodio incluso aumentó su notoriedad. Mailer obtuvo después dos premios Pulitzer. La víctima quedó asociada al apuñalamiento; él siguió siendo una figura central de la literatura estadounidense.

Roman Polanski se declaró culpable de mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y huyó de Estados Unidos antes de la sentencia. Aun así, ganó el Oscar a la mejor dirección en 2003 y el César en 2020; este último premio provocó la salida de varias mujeres de la ceremonia. La industria no desconocía el caso. Decidió que el valor de la película pesaba más.

Donald Trump aporta el ejemplo político. En una grabación de 2005 presumía de imponerse sexualmente a las mujeres. En 2023, un jurado civil lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Trump negó los hechos, pero la sentencia fue confirmada y, en 2024, volvió a ganar la Presidencia con 312 votos electorales. El respaldo político no borró lo ocurrido; demostró que para millones de votantes no era motivo suficiente para retirárselo.

Estos seis casos van desde la subordinación y el borrado de una autora hasta la violencia sexual y la responsabilidad penal o civil. No son equivalentes. Lo común es la excepción concedida al hombre importante. Las consignas son conocidas: hay que separar la obra del autor, eran otros tiempos, el genio es complicado o los votantes ya lo sabían. Pueden servir para contextualizar; usadas como absolución, convierten a las mujeres en un detalle de la biografía masculina. No se trata de borrar obras, sino de no borrar hechos ni víctimas. La admiración no debería funcionar como indulto.

El especial de TintaLibre responde a esa tradición cambiando el punto de vista. Andrea Genovart satiriza determinadas masculinidades en Un fuerte aplauso para ellos; Flavita Banana llama Malratadores a su relato gráfico; Lara Moreno sitúa el consentimiento en el centro; Najat El Hachmi escribe sobre el cuerpo y las cicatrices; Marina Perezagua lleva el deseo a un escenario de guerra y cuerpos amputados; Luna Miguel revisa el modelo de Madame Bovary; Candela Sierra, Cristina Morales y las demás autoras utilizan la ironía, la ficción o la memoria sin reducir a las mujeres a musas o víctimas.

El número también evita una simplificación importante. La libertad no exige mujeres invulnerables ni relaciones sin conflicto. Permite querer pareja o no quererla, cuidar y ser cuidada, equivocarse y marcharse. Tampoco propone una masculinidad derrotada. Pide hombres capaces de aceptar un no, compartir los cuidados, renunciar al privilegio y responder por sus actos.

El amor ha evolucionado en la medida en que han cambiado las condiciones que lo rodean. Hoy hay más herramientas para elegir, poner límites y salir de una relación, aunque la violencia siga presente. Amores tormentosos recuerda que el deseo puede producir desconcierto, pérdida o contradicción. Otra cosa es el tormento impuesto mediante el miedo, la humillación o el control. Confundirlos beneficia al agresor, y cuando el agresor es un genio o un prohombre, la confusión suele recibir además aplausos. La obra puede permanecer. La impunidad del relato, no.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

La inteligencia artificial no es una simple innovación tecnológica comparable a las anteriores revoluciones industriales. Es una transformación transversal, que modificará la forma en que producimos, trabajamos, aprendemos, nos relacionamos y gobernamos.

Durante los últimos dos siglos, las grandes corrientes políticas han respondido a cambios tecnológicos profundos: el socialismo nació como respuesta a la industrialización y a la nueva cuestión social surgida del capitalismo fabril; la socialdemocracia del siglo XX construyó el Estado del bienestar en la era industrial avanzada. El gran desafío del siglo XXI será erigir una política democrática en concomitancia con sistemas inteligentes capaces de analizar millones de datos, anticipar tendencias y ayudar en la toma de decisiones.

El PSOE, como partido histórico de la socialdemocracia europea, tiene ante sí una oportunidad: ser el primer gran partido europeo que integre la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la democracia, optimizar la gestión pública y reforzar su misión fundacional, es decir, reducir desigualdades y ampliar oportunidades.

La cuestión no es sustituir la política por algoritmos. Es crear una política optimizada por la IA.

El PSOE optimizado no será un partido dirigido por máquinas, sino una organización humana que utiliza inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, anticipar problemas y gobernar con mayor eficiencia, equiparándose a una sociedad cada vez más articulada por aplicaciones de IA.

Los partidos políticos actuales fueron diseñados para una sociedad analógica. Sus estructuras internas, sus procesos de decisión y sus formas de comunicación apenas han cambiado desde el siglo XX.

Sin embargo, la sociedad actual funciona en tiempo real. Un partido moderno necesita herramientas capaces de analizar continuamente la evolución social: preocupaciones ciudadanas, cambios económicos, nuevas demandas generacionales y problemas emergentes.

La inteligencia artificial permitirá un nuevo modelo de organización:

El PSOE optimizado será un partido más abierto, más participativo y menos dependiente de estructuras burocráticas. La inteligencia artificial no sustituirá la deliberación democrática; la enriquecerá.

La gran transformación de la inteligencia artificial aplicada a la política será pasar de una administración que responde a los problemas cuando aparecen a una administración capaz de anticiparlos.

El Gobierno optimizado identificará tendencias sociales, económicas y ambientales con años de antelación. Por ejemplo:

La política, en vez de trabajar con fotografías del presente, empleará modelos predictivos del futuro.

El PSOE optimizado impulsará un sistema sanitario inteligente basado en prevención, eficiencia y personalización.

Aplicaciones concretas:

La inteligencia artificial no sustituye al médico. Le permite tener más tiempo para aquello que ninguna máquina puede hacer: cuidar. La sanidad del futuro no será más tecnológica, sino más humana gracias a la tecnología.

La educación tradicional se ha basado durante siglos en un modelo uniforme: mismos contenidos, mismo ritmo y mismos métodos para todos. La inteligencia artificial permite avanzar hacia una educación personalizada.

El sistema educativo optimizado podrá:

El objetivo no será sustituir a los docentes, sino liberarles de tareas repetitivas para que puedan concentrarse en la dimensión humana de la enseñanza. La igualdad educativa del siglo XXI dependerá del acceso universal a las mejores herramientas de inteligencia.

La inteligencia artificial cambiará millones de empleos. La respuesta socialista no es detener la innovación, sino garantizar que sus beneficios lleguen a todos.

El Ministerio de Trabajo optimizado utilizará IA para:

La nueva política laboral pasa de proteger los puestos de trabajo existentes a promover trayectorias profesionales completas.

El derecho laboral del siglo XXI será el derecho a poder adaptarse.

La lentitud judicial es uno de los grandes problemas del Estado democrático.

La IA realizará:

Siempre bajo supervisión humana, garantías constitucionales y transparencia. Una justicia más rápida, no automática. Eficiente.

La agricultura española afronta grandes desafíos: cambio climático, escasez de agua, competitividad internacional y relevo generacional. La inteligencia artificial transformará el sector:

En regiones donde el agua es un bien estratégico, la gobernanza optimizada implica utilizar mejor cada recurso disponible.

Para luchar contra el cambio climático no basta la voluntad política. Se requieren herramientas de gestión IA con amplias capacidades.

Un Ministerio de Transición Ecológica optimizado podrá:

La sostenibilidad del futuro será un desafío tecnológico.

España necesita una revolución industrial.

La inteligencia artificial impulsará:

El socialismo futuro debe superar la falsa contradicción entre tecnología y derechos sociales. La tecnología es progresista si democratiza las oportunidades.

La IA aplicada al poder político plantea riesgos enormes.

Un partido socialista debe promover una inteligencia artificial democrática basada en:

No se trata de dilucidar si utilizaremos inteligencia artificial como herramienta de gobernanza: eso será inevitable. La cuestión es quién decidirá sus objetivos y bajo qué valores funcionará. Establecer el marco ético y jurídico de su arbitrio. Ahí radica la gran responsabilidad de la política venidera.

El PSOE del siglo XX construyó buena parte del Estado del bienestar español. El PSOE del siglo XXI debe instaurar una democracia optimizada. Un partido optimizado no será aquel que sustituya a las personas por máquinas, sino el que utilice las máquinas para liberar todo el potencial humano.

La IA, ya herramienta de excelencia del sistema financiero global, está llamada a ponerse al servicio del interés general en las próximas décadas.

La gran misión histórica de la socialdemocracia en la era de la IA es garantizar que esa revolución tecnológica multiplique las oportunidades en vez de aumentar las desigualdades.

El futuro no pertenecerá a quienes rechacen la inteligencia artificial, tampoco a quienes se entreguen ciegamente a ella, sino a quienes sepan controlarla. La gran oportunidad del PSOE optimizado será demostrar que la inteligencia más poderosa del futuro es la colectiva, de una sociedad democrática.

En los ya muy lejanos tiempos de mi infancia fue muy popular una serie televisiva llamada Los Invasores, en la que unos extraterrestres aterrizaban en nuestro planeta dispuestos a dominarlo. Para ello, cobraban la apariencia de personas corrientes con las que podías cruzarte cada día. Pero los protagonistas de la serie sabían distinguirlos para combatir la invasión: no tenían ningún tipo de sentimientos, ni latido cardiaco y, además, les delataba la rigidez de su dedo meñique.

Eran tiempos de televisión única y dogma político único, en los que a un golpe de Estado llamaban Glorioso Alzamiento Nacional y España estaba amenazada por una conspiración judeo-masónica. Paradójicamente, los herederos de aquel régimen y quienes tratan de retrotraernos a aquel país en blanco y negro, ahora simpatizan con el sionismo y, en cambio, invocan reiteradamente la amenaza del islamismo. Avisan, en general, del peligro de la inmigración pero, sobre todo, la de los musulmanes. Utilizan sistemáticamente el término invasión y alertan contra las oscuras intenciones de islamización del continente europeo, seguramente para justificar una nueva Reconquista bajo la advocación de Santiago Matamoros.

Por supuesto, están señalando a los migrantes pobres, a quienes huyen de las hambrunas, las guerras y las persecuciones. No están aludiendo a quienes frecuentan con sus harenes los establecimientos exclusivos del Barrio de Salamanca, ni a quienes atracan sus lujosos yates en Puerto Banús, ni a quienes van adquiriendo cada vez más clubes deportivos, palacetes o fincas rústicas para convertirlas en cotos privados de caza. Estos no son invasores, sino inversores.

Por eso, en estas últimas semanas, no han dudado en aprovechar la grave situación de Ceuta para intensificar los mensajes xenófobos, racistas e islamófobos. Evidentemente la población ceutí está sufriendo una extraordinaria crisis que ha perturbado enormemente la vida de la ciudad y ha desbordado la capacidad de sus servicios e instalaciones. Es muy lógica y entendible la indignación e incluso el miedo de sus habitantes, porque ni el Gobierno español ni la Unión Europea han estado a la altura de las circunstancias.

Entendible también, desde luego, la frustración y desesperación de quienes han sido engañados y manipulados para generar esa avalancha humana, aprovechando su desarraigo y su miseria. Más aún, el dolor de las familias de las víctimas de esta enorme tragedia. Pero el calificativo de invasores les añade un estigma absolutamente inapropiado. Por las imágenes y noticias que nos llegan de esas mujeres y hombres, de esas niñas y niños, tienen más pinta de desear un bocadillo de tortilla y un vaso de agua que de conquistar Ceuta o de expandir el islam por Europa.

Invasión, lo que se dice invasión, fue la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, que obligó al pueblo saharaui a abandonar sus tierras y exiliarse en el desierto argelino, donde permanecen 50 años después. Una invasión consentida por el régimen franquista en sus últimos coletazos y tolerada durante todo este tiempo por los sucesivos gobiernos españoles y organismos internacionales. Invasión es la ocupación de Palestina y de territorios sirios y libaneses perpetrada por el Estado genocida de Israel. También lo es la incursión rusa en Ucrania, en una guerra que dura más de cuatro años y está causando tantas víctimas y destrucción sin que se le vea fin. Invasión ha sido la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela para controlar su gobierno y su petróleo. Invasores podríamos considerar a los fondos de capital extranjero que van quedándose con edificios y barrios del centro de las ciudades para especular con ellos, mientras el vecindario tradicional tiene que irse a vivir a las periferias. Invasores, incluso, podríamos llamar a quienes expolian los bienes comunes en provecho propio, dejando sin agua los Baños de Popea para llenar sus piscinas privadas, por poner un ejemplo cercano. Y, ya puestos, sin temor a equivocarnos, también podemos acusar de invasores al avispón asiático o al mejillón cebra.

Anden, por tanto, con cuidado por si se tropiezan con algún invasor. No es difícil distinguirlos, ya saben: carecen de sentimientos. Incluso aunque hayan aprendido a doblar el meñique.

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Salustiano Luque es médico y activista cordobés.

Zohran Mamdani ha logrado un pequeño milagro: enseñar a los neoyorquinos una nueva palabra francesa (que en español sería "domicilio secundario", ndt). El martes 18 de agosto, unos 30 seguidores del alcalde se concentraron frente al ayuntamiento para mostrar su apoyo al proyecto de Pied-à-Terre Tax, un impuesto adicional destinado a las segundas residencias de lujo.

En medio del bochorno estival, la pequeña concentración tuvo lugar con ocasión de un pleno del ayuntamiento dedicado a su puesta en marcha. Entre los asistentes se encontraban miembros de los Socialistas Demócratas (DSA), la principal organización socialista de Estados Unidos, a la que pertenece Zohran Mamdani, pero también de la asociación de ayuda a los migrantes Make the Road, así como representantes locales progresistas.

Todos insistieron en la urgencia de que los más acomodados contribuyan en mayor medida, ante la pauperización de las clases medias neoyorquinas y los recortes del Gobierno de Trump en los programas de ayuda alimentaria, de sanidad y de vivienda.

“Los ultrarricos ganan más dinero que nunca, pero las desigualdades de ingresos en nuestra ciudad nunca han sido tan grandes”, denuncia un organizador, flanqueado por pancartas con los lemas “Gravad a los ricos” y “Invertid en Nueva York”. “Tienen poder. Mucho poder. Pero el movimiento que estamos construyendo es aún más poderoso”, quiere creer.

La medida, ya anunciada oficialmente el 15 de abril por Zohran Mamdani y por la gobernadora, Kathy Hochul, consiste en aplicar un recargo progresivo —del 0,8% al 1,3%— a las segundas residencias cuyo valor supere los 5 millones de dólares y cuyos propietarios no residan principalmente en Nueva York. El Ayuntamiento estima que esta medida podría reportar unos 500 millones de dólares al año.

El día del anuncio, Zohran Mamdani aprovechó una conferencia en la universidad pública CUNY, junto a los economistas Joseph Stiglitz y Gabriel Zucman, para desmontar el “mito” de una fuga masiva de millonarios y multimillonarios sometidos a impuestos adicionales. Recordó que las anteriores subidas de impuestos en el Estado de Nueva York no habían tenido un efecto disuasorio significativo.

“¡Lo que observamos es que ahora tenemos más millonarios!”, afirmaba. “Frente a todo el debate sobre el éxodo imaginario de los más ricos, debemos hacer frente a un éxodo muy real en esta ciudad: el de las clases populares.”

Como era de esperar, en un municipio que cuenta con 123 multimillonarios, la reacción fue inmediata. El alcalde presentó su medida en un vídeo grabado frente a un edificio de Central Park donde se encuentra el ático de 238 millones de dólares propiedad de Ken Griffin, fundador del fondo Citadel y residente en Miami. Este multimillonario se ha convertido, en el mensaje de Mamdani, en el símbolo de un “sistema injusto”. El interesado respondió amenazando con renunciar a un proyecto de rascacielos de gran envergadura en Manhattan.

La aplicación del recargo también suscitó rápidamente polémica. El 11 de agosto, un juez de Staten Island, el único distrito republicano de Nueva York, ordenó su suspensión tras recibir una demanda de varios propietarios que impugnaban, entre otras cosas, la publicación de datos relativos a más de 900.000 inmuebles que podrían verse afectados. Algunos denunciaron una vulneración de su privacidad.

Es el caso de Scott Galloway, un profesor de la Universidad de Nueva York muy mediático y, sin embargo, partidario de Zohran Mamdani, que se indignó al ver que su nombre y la dirección de una de sus propiedades aparecían en esos datos. “El alcalde Mamdani toma una fuente legítima de ingresos fiscales y la convierte en una especie de orden de búsqueda”, afirmó en un podcast.

Otra de las quejas planteadas en la demanda es el envío de cartas a 17.000 propietarios que el ayuntamiento supone sujetos al recargo. Algunos afirman haber recibido estas notificaciones por error y deben presentar justificantes para demostrar que realmente viven en su vivienda. De lo contrario, podrían verse obligados a pagar el recargo.

La decisión del juez de Staten Island ha sido suspendida posteriormente por un tribunal de apelación, lo que permite al ayuntamiento seguir adelante con la aplicación de la medida. Pero el litigio no ha terminado ni mucho menos: el ayuntamiento y los indignados propietarios volverán a verse las caras en los tribunales el 31 de agosto.

El martes 18 de agosto, el Pleno municipal examinó las condiciones de aplicación del recargo. La administración de Mamdani no intervino, alegando los procesos judiciales en curso. Una ausencia criticada por la presidenta del consejo municipal, Julie Menin. Pero para los defensores del impuesto reunidos frente al ayuntamiento, este pleno del consejo constituye sobre todo un intento político de desacreditar una medida fiscal controvertida.

“Es legítimo organizar un pleno y preguntarse cómo mejorar este dispositivo”, afirma Brian Romero, candidato demócrata a la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York por el oeste de Queens, un distrito multicultural y popular. “Lo que no apoyo es intentar utilizar todo tipo de maniobras para retrasar la aplicación de este impuesto, cuando los neoyorquinos están sufriendo y necesitan tanto esos recursos.”

En su circunscripción, cita las colas cada vez más largas ante los bancos de alimentos, el acceso reducido a la asistencia sanitaria y el aumento del número de personas sin hogar para ilustrar las consecuencias del aumento vertiginoso del coste de la vida y de los recortes federales. Sin embargo, reconoce que los 500 millones de dólares que se espera recaudar gracias al Pied-à-Terre Tax no bastarán para resolver estos “problemas sistémicos”.

De ahí la necesidad, según él, de ir más allá e instaurar un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios o aumentar los impuestos a las grandes empresas. El problema es que el alcalde de Nueva York no tiene competencias en materia fiscal. El Estado de Nueva York, en cambio, sí las tiene. Pero la idea no entusiasma mucho a Kathy Hochul, una demócrata moderada que aspira a ser reelegida gobernadora en noviembre.

Traducción de Miguel López

“Lunático islamófilo”, “tarado”, “cretino”, “botarate” o “imbécil”, “falso padre de una inexistente patria” o “traidor y enemigo de España”.

He ahí algunos de los descalificativos con que, bien desde el revisionismo histórico o desde la derecha extrema y la extrema derecha, se han utilizado contra Blas Infante, aquel “pobre notario de pueblo”, como también le llamaron, que se convirtió en el principal adalid del andalucismo durante un periodo especialmente complejo de la historia española: el que siguió a la restauración monárquica, con la alternancia de lo mismo y la consolidación, como denunció Julio Anguita en su día, de un Estado que basculaba entre el centralismo madrileño y el poder económico y político de la burguesía vasca y catalana. Veinte años después del desastre del 98, con las secuelas de la guerra del Rif y en plena monarquía de Alfonso XIII, a las puertas de la dictadura de Primo de Rivera, concibió una teoría de Andalucía muy distinta a la que José Ortega y Gasset enunciara en 1927.

Frente a otros nacionalismos ibéricos de la época, Infante –al que pocos han leído y muchos han usado su nombre en vano— no fija su prisma en los intereses de una burguesía andaluza apenas existente, o en una oligarquía a la que no interesaba nada la tierra que poseían ni los jornaleros a los que explotaba. Estos son algunos de los protagonistas o destinatarios de su corpus ideológico: “Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales; he presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados, para que éstos les otorguen una limosna de trabajo, tan sólo por fueros de caridad; los he contemplado en los cortijos, desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias; les he visto dormir hacinados en las sucias gañanías, comer el negro pan de los esclavos, esponjado en el gazpacho mal oliente, y servido, como a manadas de siervos, en el dornillo común...”

Pero su discurso profundo no es sectario, sino abierto, bebe de las ideas de la no violencia que Mahatma Gandhi estaba ya desarrollando en aquellos días, y su “Andalucía por sí, Iberia—ese fue el primer enunciado de su lema y de su himno—y la Humanidad” buscaba el mismo escenario que husmeaba el mundo en el periodo entre guerras y que él plasmó en La sociedad de las naciones, en defensa de la necesidad de la creación de esta entidad internacional y del derecho de Andalucía a formar parte de ella.

La ocasión la ofrecía el planteamiento del llamado “principio de las nacionalidades”, que era uno de los puntos clave de las propuestas de paz contenidas en el denominado programa Wilson —por Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos que lo proponía—. Infante aprovecha la ocasión para avanzar mucho más en los ejes de dicho programa y presentarnos su visión sobre cómo debería ser el nuevo orden mundial, cómo construirlo y qué encaje deberían tener en él los Pueblos-Naciones, incluida Andalucía.

En ese contexto, de ahí y no sólo por su fake conversión al islam en pos de la tumba de Al Mutamid, es donde calan las redes del discurso que más aversión sigue provocando Infante en la caverna, a los 90 años de su muerte: a su juicio, el centralismo es un fracaso que hay que subsanar, que las nacionalidades ibéricas deben despertar de su letargo, que España es una “nación cadáver” construida por “los poderes centralistas depredadores” a partir de 1492, cuando intentaron soldar “el alma distinta de las nacionalidades ibéricas en la uniformidad corporal de una España que nació muerta”. De ahí que defienda un pacto federal, una federación ibérica de naciones, que se alce contra la España monárquica y caciquil que había convertido a Andalucía en la “patria desconocida y despreciada, enterrada por el bárbaro cristiano conquistador: la patria más oprimida”.

De puertas para adentro, como dejó escrito en El Ideal Andaluz, de 1915, urgía la regeneración social, económica y cultural de Andalucía para finiquitar el hambre del campesinado, el caciquismo y el centralismo del Estado, reclamando la dignidad y la autonomía de la región, que estaba a punto de conseguir cuando le fusilaron, en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936, bajo las lágrimas de San Lorenzo, en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona.

La Andalucía de Blas Infante debía ser la de la reforma agraria, la expropiación de los grandes latifundios para repartir la tierra entre los trabajadores, la identidad y el orgullo de su pueblo, el federalismo, el municipalismo y una enseñanza libre y universal. Por eso le asesinaron, no por ser un imbécil, un botarate o un tarado. Por eso, también adquiere, 90 años después de aquella masacre a manos del fascismo español, un poderoso símbolo de todos aquellos que, al contrario que Andalucía, no pueden levantarse de las cunetas anónimas donde intentaron sepultar también al andalucismo.

“Se mata a un hombre, pero no se puede matar una idea”, dejó escrito. Y a las pruebas me remito: sus ideas siguen ahí, aunque algunos pretendan esconderlas, sepultarlas también, incluso bajo oficiales banderas blanquiverdes u honores a una figura histórica en la que no creen o a la que, simplemente, no han leído.

A la muerte de su marido, la abuela decidió devolver las tierras a la familia de él. Las niñas no podían ocuparse de las tareas de labranza y cosecha. Tal vez sí, pero no era habitual que un puñado de niñas sacasen adelante las duras tareas del campo. La abuela recogió lo que pudo, preparó a las hijas para el olvido y partió de Tierra de Campos hacia la ciudad.

Se asentó en la calle Serranos, frente a la iglesia de Santa Marina la Real, donde años después se casarían Nery y su hermana Teresa el mismo día (para ahorrar gastos de convite, cosa habitual). La abuela fregaba los suelos de la cafetería Victoria, frente a la Casa Botines, y algunos portales más.

Años después, en la calle Descalzos, junto a la basílica de San Isidoro, las niñas pedían las cajas de tabaco vacías a los pilotos de la Legión Cóndor que, curiosamente, fueron a asentarse en una ciudad llamada Legión. "¿Caja finis?", preguntaban las niñas, y recibían aquellas cajas metálicas decoradas. "¿Caja finis?"

Poco tiempo después, Nery, con 10 años, cruzaba la ciudad con un par de pistolas envueltas en ropa cuyo destino eran los maquis: la resistencia republicana al alzamiento fascista.

A mi madre le gustaba saltar sobre los charcos y ponerlo todo perdido de barro. Aquel día fue mucho más discreta; nadie desconfiaba de una niña en aquel tiempo. Creo que no sabía quiénes eran los maquis; quizá sí qué eran aquellas armas, pero la operación funcionó. Después, mi madre siguió saltando sobre los charcos, inconsciente de ser una heroína inconsciente. Su aportación a la democracia legítima pasó, lógicamente, harto desapercibida. Todo para el pueblo pero sin saber, apenas, qué es el pueblo. Qué es la libertad, qué es la felicidad.

Libertades, felicidades. Manuel Azaña decía: "La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres". A algunas mujeres, la libertad les hace felices; y es una emoción que no les podemos hurtar. A nadie, nunca.

17 de octubre de 1391. El caballero sir John Clanvowe fallece en Constantinopla (actual Estambul) y es enterrado allí mismo. Dos días después, sir William Neville, su compañero de armas, a quien amaba "no menos que a sí mismo", según recoge la crónica de la Abadía de Westminster, quedó tan inconsolable por el dolor que dejó de comer y murió dos días después en el mismo lugar, donde también fue enterrado. Los cascos de los caballeros, enfrentados como si fueran a besarse, decoran una lápida que incluye sus escudos heráldicos unidos, como si fueran un matrimonio. ¿Estaban realmente casados?

Mientras países como Bolivia celebran el primer matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo en pleno 2026, el matrimonio homosexual sigue siendo una reivindicación con profundas raíces históricas. Las relaciones entre personas del mismo sexo, más o menos aceptadas, han sido habituales a lo largo de la historia universal. No obstante, dentro del cristianismo medieval, hay una figura que cuestiona si las relaciones homosexuales eran un tabú religioso insuperable durante la época: la adelfopoiesis.

La adelfopoiesis (del griego adelphos, "hermano", y poiesis, "crear/hacer") era un rito eclesiástico, propio de la Iglesia Ortodoxa y la cultura bizantina, que consistía en la unión a dos personas del mismo sexo en un vínculo de parentesco artificial o espiritual. Autores como John Boswell y Alan Bray defienden la idea de que este tipo de uniones era una forma de matrimonio homosexual aceptada dentro de la Iglesia. 

La práctica de la adelfopoiesis está documentada desde la antigüedad tardía y todavía se mantiene como una tradición viva entre minorías de la población cristiana oriental en lugares como Turquía y el Medio Oriente, según Bray. Uno de los ejemplos más citados por historiadores como Boswell es el eucologio Barberini 336, manuscrito que data del siglo VIII. Este documento litúrgico griego recoge cuatro ceremonias para la unión sacramental, una de las cuales es específicamente entre dos hombres.

A lo largo de los siglos, se documentan uniones entre personas del mismo sexo bajo este rito o similares. El caso de la tumba de Sir William Neville y Sir John Clanvowe, que abre este artículo, es uno de los más claros para Alan Bray.

La tumba destaca por elementos visuales que tradicionalmente se asociaban a parejas casadas. Los dos escudos de armas grabados en la lápida están divididos: en una mitad cada caballero luce su escudo propio, mientras que en la otra, luce las armas de su compañero. Esta técnica heráldica conocida como "empalamiento" (impalement), es una disposición que se usaba para representar los matrimonios. Si bien esta unión, al pertenecer los caballeros a la Iglesia occidental y no a la ortodoxa, no es un caso de adelfopoiesis; sino de lo que otros expertos denominan “hermandad jurada”. 

Más allá del caso de los caballeros ingleses, la adelfopoiesis fue una práctica extendida principalmente en el mundo bizantino y las comunidades cristianas orientales. En Europa, también se han documentado uniones de frailes franciscanos a través del uso del rito latino católico ordo ad fratres faciendum al menos hasta el siglo XIV. Esta práctica monástica fue prohibida en la Iglesia católica porque podía “llevar a la violación de la castidad”, lo que indica que existían sospechas de que estas uniones tenían un carácter distinto del espiritual.

Aunque el registro es mayoritariamente masculino, las mujeres también participaban en versiones femeninas del rito para formalizar sus propios vínculos de parentesco espiritual. La tumba de Ann Chitting y Mary Barber (datada a principios del siglo XVII) en Bury, Suffolk (Inglaterra) es uno de los ejemplos de una asociación femenina formalizada.

Si bien el concepto actual de homosexualidad no es asimilable al de hace siete siglos, es razonable pensar que el parentesco creado por estos ritos representaba un compromiso profundo, permanente y, en ocasiones, incluso romántico. Lo que sostienen estudiosos como Bray es que estas uniones eran vínculos formales, electivos e indisolubles, reconocidos públicamente y consagrados por rituales cristianos.

Sin embargo, el debate permanece abierto. Desde posiciones opuestas, historiadores como Claudia Rapp desestiman que la adelfopoiesis fuera una institucionalización de las relaciones homosexuales en el seno de la cristiandad. La historiadora alemana defiende que se trataba de un rito localizado en la vida monástica ortodoxa y una herramienta de parentesco artificial utilizada para fortalecer las redes sociales, económicas y legales. Su enfoque se aleja de las lecturas románticas para situar el rito dentro de las estructuras de poder y supervivencia de la época.

Algunos críticos más recientes sugieren que no es posible descartar la dimensión homoerótica implícita en estas uniones, aunque el rito no fuera equiparable a un matrimonio heterosexual. El hecho de que algunas autoridades eclesiásticas, especialmente en la Europa occidental, prohibieran o limitaran estas uniones, abre la puerta a que percibieran en ellas indicios de relaciones carnales. 

Mientras la historia con perspectiva LGTB continúa su labor de investigación y revisión, la reivindicación y la lucha por derechos como el matrimonio igualitario sigue vigente en el mundo. Sólo 40 países reconocen este derecho y más de 50 siguen tipificando las relaciones homosexuales como delito, más de 700 años después de que los caballeros Neville y Clanvowe sellaran su hermandad y su amor en la sepultura.

Apura sus últimos días de vacaciones Xabier Fortes (Pontevedra, 1966) antes de empezar en septiembre el nuevo curso de La noche en 24 horas, el programa de RTVE que terminaba en julio su temporada anterior alcanzado un nuevo récord histórico de audiencia, al llegar hasta los 2,5 puntos de share. El premio de los telespectadores, el más importante, pues es la prueba del algodón: sin trampa ni cartón, nunca falla.

No en vano, el periodista gallego, de larga y reconocida trayectoria, imprime su sello cada noche en este espacio, que dirige y presenta a partir de una premisa que considera esencial para desempeñar el oficio: luchar contra nuestras propias certezas. “Es algo muy necesario en estos tiempos, cuando los medios se perfilan tanto desde una posición ideológica”, remarca a infoLibre.

“Es imposible que los que piensan más parecido a nuestra forma de ver el mundo tengan siempre razón y, a la inversa, nuestros ‘adversarios’, por así decirlo, no siempre se equivocan”, plantea, como un punto de partida no ya para el buen ejercicio del periodismo, sino para desenvolvernos en el mundo como ciudadanos con un mínimo de sentido crítico.

Por eso, enumera Fortes las preguntas que le haría más a menudo a los líderes políticos, estén en el poder o en la oposición: “¿De verdad cree que sus adversarios siempre se equivocan por algún tipo de maldad congénita? ¿Nunca aciertan? ¿Me podría decir algo en lo que su principal adversario tenga razón?”

Y todavía añade: “Si pedimos lectores o espectadores críticos, y debemos aspirar a eso, tenemos también que ofrecer el contexto que complete siempre la información que damos. Primero, información e interpretación. Y, luego, ya opinaremos para que después cada uno saque sus propias conclusiones”.

Llegados a este punto, reconoce que alguna responsabilidad debe tener el propio oficio periodístico cuando se confunde opinión con hechos y ruido con relevancia, algo que achaca a que “el periodismo opinativo y de trinchera está ganando terreno al descriptivo e interpretativo, que es el que proporciona más herramientas para entender el mundo”. “Quizás es lo que reclaman los lectores, y ellos también deberían, al igual que nosotros, darle una pensada a qué tipo de productos les gusta consumir”, apostilla.

Encontrar tiempos y espacios para la reflexión pausada es, de hecho, algo muy importante para el periodista en este ecosistema dominado por el bullicio, la rapidez y el clickbait. “Detenerse a pensar tiene el mismo valor que si te persigue un cocodrilo por el Nilo: es importante nadar rápido, pero para ponerse a salvo, no para hacerlo en dirección a sus fauces”, ejemplifica con humor, para acto seguido agregar: “Con respecto a los clics colocados como cebo con titulares tramposos, hace ya mucho tiempo que no pico. Espero que esa moda acabe pasando”.

Asimismo, lamenta que la desinformación y el hecho de que mentir salga gratis puedan conducirnos al “descrédito de la prensa como contrapeso del poder”, algo que “quizás algunos pretendan”. “Yo no me he acostumbrado y espero no ser el único”, recalca, antes de poner el foco en un peligro inminente: “Los sistemas autocráticos e iliberales nunca se han llevado bien con la prensa libre, y ahora la extrema derecha está de subidón en todo el mundo. Si anulan el poder de la prensa como contrapeso, lo tendrán mucho más fácil”.

En esta estrategia de descrédito del periodismo, considera “preocupante” nuestra exposición constante al algoritmo y al maremágnum de las redes sociales, pues este es un ámbito en el que es “especialista Elon Musk, que pertenece a esa internacional ultra que pretende crear sistemas o gobiernos autocráticos, para lo cual necesita sociedades acríticas”. “Espero que se embarque pronto hacia Marte en uno de sus cohetes”, resalta.

En esta línea, admite Fortes que empieza a estar “cansado” de los vídeos creados con inteligencia artificial, “un peñazo, como cuando llegó el zoom a la televisión a finales de los 60 y principios de los 70 y nos llegamos a marear con Valerio Lazarov” [risas]. Por eso, como la de los clics baratos, espera que también pase la moda de la IA, ya que, en su opinión, en realidad es una herramienta que, como muchas, puede ser bien utilizada: “Creo que esto es lo que va a acabar pasando o, al menos, lo deseo. No soy muy apocalíptico en estas cuestiones”.

Lo que sí le está “preocupando muchísimo” últimamente es la “utilización de los mecanismos e instrumentos judiciales para provocar una censura preventiva, para asustar a los periodistas”. Esto, advierte, “quizás merece ya un congreso de periodistas para abordarlo”, ya que “se están dando situaciones realmente intolerables”, por lo que defiende que, ante los retrocesos democráticos de cualquier tipo, el periodismo debe jugar el papel de “no caer ni en el desánimo ni en el derrotismo”, sino “resistir de forma inteligente”.

“Deberíamos empezar por recordar que el periodismo no es gratis. Eso nos ha hecho un daño terrible”, afirma, antes de finalizar con un aviso a navegantes que, partiendo del ecosistema informativo, va en realidad mucho más allá: “Todo está cambiando a una velocidad muy alta y no parece que para bien. Son tiempos para resistir y no ocultarlo, especialmente si nos dedicamos a este oficio. Un periódico es resistencia cuando cuenta lo que pasa, pese a quien pese”.

Las personas con menos recursos tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental. Esta es una de las principales conclusiones a la que llega el estudio PaRIS, elaborado por la OCDE y el Ministerio de Sanidad, que analiza a las personas de 45 años o más usuarias de Atención Primaria y que, en un nuevo informe publicado a finales de julio de este año, se centra específicamente en los problemas de salud mental.

La diferencia más clara se observa entre las mujeres. Las que tienen menos renta presentan una prevalencia de problemas de salud mental del 30,3%, frente al 21% entre las mujeres con más ingresos, lo que suponen 9,3 puntos de diferencia. Entre los hombres, la brecha es menor, pero también existe: 16,7% entre los de menor renta frente al 12,5% entre los de mayor renta.

Otra de las variables en las que se centra el estudio es la disparidad entre los territorios. Los que tienen un mayor porcentaje de problemas de salud mental (PSM) son Ceuta, con un 31,3%, Melilla, con un 29,3%, Murcia, con un 25,2% y Andalucía, con un 24,4%. En estos territorios existe una correlación entre estas cifras y los datos de AROPE, el indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social.

Ceuta tiene un porcentaje de AROPE del 41,8%, Melilla del 36,7%, Andalucía del 37,5% y Murcia del 30,5%. En el otro extremo de la lista también existen coincidencias claras como País Vasco, con un PSM del 17% y un AROPE del 15,5% y Navarra con un 15,5% del primer indicador y un 17,2% del segundo. 

Sin embargo, el nivel de pobreza no es el único factor que puede explicar un aumento de los problemas de salud mental, ya que existen casos que se apartan de esta tendencia. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que teniendo el mismo PSM que Andalucía (24,4%) tiene una tasa de AROPE bastante más baja, del 19,4%. 

Aquí entra otra de las variables en las que el Ministerio de Salud lleva meses poniendo el foco: el lugar dónde se vive. En febrero de este año, la ministra Mónica García indicaba que “la salud muchas veces depende de nuestro código postal más que de nuestro código genético” y advertía del impacto que pueden tener en la salud mental factores urbanos como la vivienda, el ruido, la contaminación o la falta de espacios comunitarios.

El informe ahora publicado sigue esta línea y concluye que los problemas de salud mental son más frecuentes en ciudades grandes. Entre las mujeres, afectan al 29,1% de quienes viven en ciudades de más de 100.000 habitantes, frente al 25,9% de quienes residen en municipios de menos de 10.000 habitantes. Entre los hombres, la diferencia es del 16,6% frente al 12,3%.

Al observar los datos del INE sobre los hogares que ingresan menos de 1.500 euros, también se aprecia una relación entre los que viven en municipios de 50.000 habitantes y los problemas de salud mental. En Madrid, el 85,5% de los hogares con menos de 1.500 euros mensuales incluidos en esta estadística viven en municipios de más de 50.000 habitantes. En Navarra, la proporción ronda el 25,2%.

Al combinar pobreza y concentración urbana, la brecha se hace más clara. En los territorios donde ambas variables presentan valores más bajos, la prevalencia de problemas de salud mental es del 18,6%. En aquellos donde tanto la pobreza como la concentración urbana son más elevadas, asciende al 24,4%. La diferencia es de 5,8 puntos. Estos dos grupos corresponden, respectivamente, a los territorios situados en torno al percentil 25 y al percentil 75 en el indicador elaborado a partir de ambas variables. 

El resultado se repite cuando se mira específicamente a la población con menos ingresos. Entre los hogares que ganan menos de 1.500 euros al mes, cuanto mayor es la proporción que vive en municipios de más de 50.000 habitantes, mayor tiende a ser también el porcentaje de problemas de salud mental. Con esta segunda medida, la diferencia entre los territorios con menor y mayor concentración de hogares vulnerables en ciudades es de unos cinco puntos, del 18,9% al 23,8%.

En el imaginario colectivo aparece asociado a crímenes que ocupan horas y horas de televisión. Desde el asesinato de los pequeños Asunta Basterra o Gabriel Cruz hasta el de Diana Quer o el de la expresidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco. Pero lo cierto es que el uso de jurado popular va más allá de los homicidios mediáticos. Esta figura, conformada por ciudadanos de a pie y con una tasa condenatoria superior a la de los tribunales profesionales, también ha sido utilizada para juzgar a políticos de todo pelaje. Y si nada cambia será la que también tenga en sus manos el futuro de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

La Audiencia de Madrid volvió a corregir hace solo un mes a Juan Carlos Peinado, instructor del caso. Los magistrados, por un lado, consideraron prematuro sentar en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés, contra quien ordenaron abrir una pieza separada para continuar con la investigación. Y, por otro, redujo los delitos por los que podían ser enjuiciadas Gómez y Cristina Álvarez, su asistenta en La Moncloa. En el caso de la primera, limitó el caso a malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Y en el caso de la segunda, solo malversación. Eso sí, avaló que ambas pudieran ser juzgadas por un jurado popular.

Este tipo de tribunal es competente para conocer y fallar en relación a más de una decena de delitos. Es el caso, entre otros, del homicidio, de las amenazas, de la omisión del deber de socorro o del allanamiento de morada. Pero también de muchos tipos penales estrechamente vinculados con la corrupción: negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias o malversación. No es muy habitual, no obstante, que los delitos que persiguen a la mujer del presidente del Gobierno sean vistos por un jurado popular, que suele estar más ocupado con asesinatos y homicidios.

El año pasado se celebraron en la Audiencia de Madrid, según los datos recogidos en su memoria, 49 juicios con jurado popular. Y solo en tres de ellos se puso sobre la mesa el delito de malversación. Una realidad que resulta extrapolable a toda España. En 2019, según un informe que elaboró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la ley que regula esta figura, algo menos del 12% de las sentencias dictadas en jurado por todo el país tenían que ver con la apropiación o el uso indebido de los fondos públicos, frente a un 66,2% que giraban alrededor de delitos contra las personas –en concreto, asesinato, homicidio y homicidio imprudente–.

El hecho de que queden excluidos de la competencia del jurado aquellos tipos penales cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional explica que las causas de corrupción más mediáticas, que terminan investigadas precisamente en ese órgano, queden al margen de estos tribunales populares. Lo cual no quiere decir que en algún caso las prácticas corruptas no acaben en manos de un jurado. Le ocurrió al expresidente balear Jaume Matas por pedir a un empresario que contratara a su mujer por 42.000 euros anuales sin que hiciera trabajo alguno. También al expresidente valenciano Francisco Camps por los trajes de la Gürtel. O al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por el supuesto cobro de una mordida.

Matas fue declarado culpable de un delito de cohecho. No así Camps y Fabra, a los que un jurado dividido acabó absolviendo. No suele ser, sin embargo, lo habitual en este tipo de procedimientos. La tasa de condena de estos tribunales suele ser superior al 90%. En 2024, según la última memoria anual del órgano de gobierno de los jueces, el 92,9% de las sentencias con jurado emitidas por todo el país fueron condenatorias. Una cifra que en 2023 se situó en el 96,4% y en 2022 en el 93,1%. Y que está por encima de la que se registra en los tribunales profesionales, donde en esos mismos años no se ha llegado al 90% ni en los casos instruidos como sumario ni en los seguidos como procedimiento abreviado.

Los cambios introducidos por la Audiencia de Madrid hace justo un mes obligan a Peinado a repetir algunos trámites de la llamada fase intermedia del caso Begoña. Es decir, las partes deben emitir nuevos escritos de conclusiones provisionales y el instructor tiene que volver a dictar auto de apertura de juicio oral ajustándose al marco de juego fijado por los magistrados de la Sección 23. Con todos estos trámites solventados, el expediente se mandaría ya a la Audiencia de Madrid para la celebración del juicio, que suele tardar alrededor de medio año en celebrarse. Con estos plazos sobre la mesa, Gómez se sentaría en el banquillo la próxima primavera, en pleno año electoral.

Nueve ciudadanos formarán parte del jurado. Serán elegidos por sorteo de entre un grupo que, a su vez, habrá sido seleccionado también al azar. Todos ellos deberán ser vecinos de cualquiera de los municipios de la provincia en la que el delito se hubiera cometido, en este caso Madrid. Ninguno de ellos podrá tener una condena por delito doloso o estar procesado o acusado. Tampoco podrán formar parte del mismo, entre otros, miembros del Gobierno, diputados y senadores, jueces o fiscales. Y, por supuesto, tampoco aquellos que tengan "interés, directo o indirecto, en la causa" o hayan intervenido en la misma "como testigo, perito, fiador o intérprete". Una vez elegidos, las partes podrán recusar a aquellos en quienes afirmen que concurren causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición.

Junto a ellos, un magistrado-presidente de la Audiencia Provincial controlará todo el procedimiento. Este último tiene capacidad, por ejemplo, para disolver el jurado en la fase final "si estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado". Y también quien traslade a los jurados la narración de hechos sobre los que se tienen que pronunciar, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que le resulten favorables. Serán estos últimos los que deberán emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia. Ahora bien, no serán ellos los que fijen la pena ni dicten la sentencia. Eso corresponde al magistrado-presidente.

Las camisetas de fútbol se han convertido en uno de los grandes negocios alrededor de los clubes y las selecciones. Las equipaciones oficiales alcanzan ya precios de entre 100 y 200 euros, mientras, en paralelo crece un mercado de falsificaciones que aprovecha la demanda de los aficionados y, especialmente, los grandes acontecimientos deportivos.

El Mundial de 2026 ha vuelto a poner el foco sobre este negocio. El pasado mes de junio una operación coordinada por las autoridades españolas con apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Europol, Interpol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se saldó con la incautación de más de 66.000 camisetas y kits falsificados en España. La mercancía, que pesaba más de 16 toneladas, tenía un valor estimado superior a dos millones de euros en el mercado ilícito y habría provocado un perjuicio de más de siete millones a los titulares de los derechos.

Desde la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), su director general, Gerard Guiu, explica que el precio de una camiseta oficial responde a distintos factores. "Hay un incremento generalizado de los costes de producción, las materias primas, la logística y la distribución", señala. A ello suma las inversiones de las marcas en "innovación, desarrollo de nuevos materiales, diseño, sostenibilidad y control de calidad".

También están los costes asociados al marketing y a la explotación comercial de los productos. Sin embargo, no existe una fórmula única que permita saber cuánto dinero acaba en manos del fabricante, del club, de los distribuidores o de las tiendas.

"Es difícil concretar una fórmula que establezca el acuerdo de cómo se realiza la repartición de los beneficios", reconoce Guiu. Cada club negocia sus propios acuerdos comerciales con el fabricante deportivo y las condiciones "pueden variar significativamente".

"El precio puede ser uno de los factores que influyen en la decisión de compra de algunos consumidores, pero no es el único ni necesariamente el más determinante", explica Guiu, que apunta también a "la enorme facilidad para acceder a ellas a través de internet y las redes sociales".

Verónica Peral, experta del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y colaboradora de la EUIPO, apunta también al factor económico. Según los estudios del organismo europeo, un tercio de los ciudadanos considera aceptable comprar falsificaciones si el producto auténtico es demasiado caro, porcentaje que asciende hasta la mitad entre los jóvenes.

El perfil del consumidor es además cada vez más joven y digital. El 13% de los europeos reconoce haber comprado deliberadamente falsificaciones en los últimos 12 meses, porcentaje que aumenta hasta el 26% entre los jóvenes de 15 a 24 años. Entre este grupo, la ropa y los accesorios están entre los productos falsificados que más se compran.

El impacto económico del mercado de falsificaciones no se limita a las ventas que dejan de realizar las marcas. Según los datos de la EUIPO facilitados por ANDEMA, las falsificaciones provocan la pérdida de alrededor de 160.000 empleos al año en el sector textil de la Unión Europea, 11.000 de ellos en España.

En el sector deportivo español, las pérdidas económicas ascienden a 84 millones de euros anuales, aproximadamente el 12,5% de las ventas. La cifra, sin embargo, no incluye productos tan relevantes en este mercado como las camisetas de fútbol o las zapatillas deportivas, por lo que no permite medir por sí sola el impacto total de las falsificaciones vinculadas al fútbol.

Peral subraya que el perjuicio tampoco se limita a las empresas. El mercado de falsificaciones "erosiona empleo y recaudación fiscal, alimenta una economía sumergida y actúa como financiador y facilitador de redes de delincuencia organizada y de policriminalidad".

El negocio también ha cambiado de canal. La venta de camisetas falsificadas ya no depende únicamente de puestos ambulantes o mercadillos. Las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico permiten contactar directamente con los compradores y reaccionar con rapidez ante los productos que generan más demanda.

"Durante años vinculábamos las falsificaciones a los mercadillos y paseos marítimos, pero el paradigma ha cambiado", explica Guiu. "Hoy los principales canales de distribución son el comercio electrónico y las redes sociales".

La Guardia Civil coincide en este diagnóstico. La teniente Raquel Herrero, jefa de la Sección Delictiva de Propiedad Industrial e Intelectual del Grupo de Delitos Económicos, señala que las redes pueden detectar rápidamente qué camisetas generan mayor interés y realizar pedidos de grandes cantidades para venderlas después mediante redes sociales, páginas web y plataformas de comercio electrónico.

El entorno digital permite que un vendedor llegue a cientos de potenciales compradores sin necesidad de disponer de un establecimiento físico. Para los investigadores, esto obliga a seguir perfiles, envíos, mercancías y movimientos económicos.

Una parte importante de las falsificaciones procede de países asiáticos, especialmente China. Pero la Guardia Civil ha detectado una evolución en el funcionamiento de estas redes.

"Ya no podemos hablar exclusivamente de redes importadoras", explica Herrero. Algunas organizaciones importan productos sin terminar y realizan en España los acabados finales, incorporando posteriormente etiquetas, pegatinas o logotipos. Con este sistema, resulta más complicado detectar la falsificación en las fronteras.

La operación Cleantrade permitió localizar más de 15 puntos relacionados con el almacenamiento, distribución y venta de las prendas en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Dénia. Las camisetas intervenidas estaban destinadas tanto a mercados callejeros como a canales digitales.

Los grandes acontecimientos deportivos concentran la demanda en periodos muy cortos y ofrecen a las redes de falsificaciones una oportunidad para multiplicar sus ventas. El Mundial de 2026 amplía ese mercado potencial al contar con 48 selecciones y tres países anfitriones.

Para ANDEMA, este tipo de operaciones muestran solo una parte del problema. "El mercado de las falsificaciones es global, organizado y muy dinámico", señala su director general. Las redes adaptan rápidamente sus canales de distribución, especialmente en internet, lo que dificulta su persecución.

La Guardia Civil advierte además de que estas investigaciones pueden destapar estructuras relacionadas con fraude fiscal, blanqueo de capitales, contrabando u otros delitos. El negocio de las camisetas falsas, por tanto, ya no se limita a la venta ambulante: combina importación, fabricación, distribución física y comercio digital.

Las imágenes de la crisis humanitaria en Ceuta han dado la vuelta al mundo. Miles de personas, incluidos niños y niñas, siguen atrapadas en la ciudad autónoma casi tres semanas después de cruzar la frontera. Las asociaciones y ONG que trabajan en el terreno denuncian condiciones infrahumanas y falta de respuesta institucional y aseguran que existe una dependencia de la respuesta vecinal para sostener la vida de estas personas migrantes.

Los vecinos “están llevando a cabo un registro de todos los niños y niñas, que hace 10 días llegaba a 4.000”, asegura Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children. Otras fuentes más conservadoras hablan de más de 3.000. Esta desprotección preocupa especialmente en el caso de las niñas, que, ante las alertas por violencia sexual en Ceuta, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad: “No tienen un techo, con suerte están en algún campamento improvisado o informal, y no tienen condiciones de higiene”, expone Perazzo.

Asociaciones y movimientos que trabajan sobre el terreno, como EXMENAS, No Name Kitchen o Elín, denuncian en sus redes sociales el abandono institucional. También lamentan el uso de esta crisis humanitaria como arma política, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Pilar Alba Díaz, voluntaria de la Asociación Elín, explica a infoLibre la situación de las personas migrantes en Ceuta, especialmente la de los menores. 

¿En qué condiciones están viviendo estos menores migrantes?

Hay varios espacios. Por una parte, hay naves donde viven familias y menores en colchones y se hace reparto de comida, en gran medida organizado por asociaciones vecinales y colectivos de Ceuta. También hay muchas personas en la calle porque no caben en esas naves, sin ni siquiera poder filiarse y atender de manera individualizada su situación.

Luego hay muchos menores en los bosques y en los alrededores de las playas, donde es más difícil el acceso. La mayoría tienen 16 y 17 años y son los que más miedo están teniendo, porque saben que a los que son más pequeños sí les están filiando y sí están entrando a recursos, pero ellos no.

Nosotras hemos estado intentando hacer un registro. En el caso de las niñas, hacemos un seguimiento de algunas que presentan una especial vulnerabilidad, entre ellas varias que nos comentaban haber sido violadas o abusadas.

Desde la asociación denuncian abandono institucional.

Totalmente, sí. Nosotras no recibimos subvenciones ni ayudas. Nuestro trabajo aquí, que lleva siendo el mismo durante 26 años, siempre ha consistido en denunciar las vulneraciones de derechos humanos. En muchas ocasiones, esta denuncia también implica poder decir a la Administración y a las autoridades qué no se está haciendo o qué se está haciendo mal. 

Como entramos en contacto con las personas que están y siguen en situación de calle, intentamos organizarlas por países, hacer un escrito e ir con los representantes de estos países a una reunión a la Delegación de Gobierno para que ellos estén presentes. En esta ocasión, la respuesta ciudadana y social es muy compleja. Ahora las personas migrantes tienen muy complicado poder caminar por el centro de la ciudad, porque muchas de ellas son agredidas, y nosotras también.

En muchas ocasiones, cuando hemos acompañado a alguna persona al hospital o cuando hemos ayudado a alguien o simplemente cuando estamos hablando con alguna persona, ciudadanos de aquí nos increpan, nos insultan y nos preguntan por qué estamos haciendo esto. 

Periodistas y políticos de extrema derecha han publicado vídeos increpando a migrantes en Ceuta. ¿Lo relaciona con la violencia que cuenta?

Entendemos y vemos cuál es la tensión que existe entre la propia ciudadanía, y no es otra que esa impotencia, intranquilidad y preocupación ante el abandono institucional. Si desde el primer momento se hubieran habilitado espacios y más plazas, la situación no habría llegado hasta este punto, y seguramente el enfrentamiento habría sido mucho menor. Pero desde las propias instituciones el mensaje que se está dando es de rechazo a las personas migrantes, de falta de respeto a los derechos humanos. 

Hay políticos, y me da igual de qué “tinte”, porque también las personas de izquierda están compartiendo y haciéndose eco de discursos de extrema derecha, hablando del retorno de todas las personas y de que no se acepten estas solicitudes de asilo. Todo eso es completamente ilegal.

España está dentro de unos tratados internacionales y somos firmantes de normas europeas y nacionales que obligan a respetar estos procesos. Entonces, nos llama mucho la atención que no sea sólo la extrema derecha la que se esté haciendo eco de esto y vendiendo un discurso de rechazo y de racismo. No tiene cabida en una sociedad como esta.

¿Cuáles son las expectativas desde la asociación?

Pues expectativas tenemos pocas, basándonos en la realidad, en el tiempo que está pasando y los medios que se están utilizando. De esta manera, cualquier cosa que se haga es una buena noticia. Sabemos que se van a habilitar algún recurso más, porque así lo han anunciado, tanto para menores como para mayores. Aún así, son recursos completamente temporales en los que sabemos que va a haber hacinamiento.

Luego, lo que nosotras esperaríamos y consideramos muy importante es que se vayan atendiendo poco a poco aquellas solicitudes de asilo y los casos de las personas más vulnerables, y que se hagan trasladados a la Península.

Además, en el caso de que se realicen devoluciones, pedimos que todas ellas cumplan con las garantías legales y, en el caso de los menores, que se lleve a cabo una reagrupación familiar si ellos así lo desean. Pero, si no se reúnen esas condiciones o eso no respeta el interés superior del menor, que el Gobierno asuma su cuidado y protección. 

El 14 de septiembre de 2011 Isabel Díaz Ayuso, entonces diputada en la Asamblea de Madrid, ya daba por hecho que MC Infortécnica SL, propiedad al 25% de sus padres, estaba acabada. Así lo plasmó en un email remitido a un directivo de la entidad semipública Avalmadrid, en el que se mostraba convencida de que los tres socios de sus progenitores estaban montando "empresas paralelas" para "desviar el negocio" y "dejar morir" la otra firma. Había entrado en contacto con este directivo en julio, interesada en conocer la solvencia económica del grupo por si un posible impago del préstamo de 400.000 euros concedido unos meses antes por la entidad a la compañía participada por sus padres podía acabar afectando al patrimonio familiar.

Tan solo nueve días después quedó confirmada la quiebra. El 23 de septiembre, el Grupo MC, que había comenzado 2011 con 40 trabajadores, despidió a la práctica totalidad de la plantilla –solo quedaron los más vinculados a los ejecutivos–. Para finales de año, la empresa tenía que realizar el primer pago del préstamo: 100.000 euros de principal y 3.292 euros de intereses. Pero no devolvió un solo euro. Cinco meses más tarde, el Comité de Morosidad de Avalmadrid acordó embargar los bienes con los que los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica justificaron su solvencia cuando solicitaron el aval-crédito.

Para entonces, tal y como desveló infoLibre, los socios ya habían comenzado a deshacerse de sus propiedades. El 7 de octubre de 2011, la diputada conservadora aceptó, pese a que la operación podía constituir un delito de alzamiento de bienes, que sus padres le donasen la nuda propiedad de un piso de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí, uno de los más caros de la capital. Ese mismo día salió del patrimonio del matrimonio la vivienda de Sotillo de la Adrada (Ávila). El chalé, de 212 metros cuadrados, fue donado a su otro hijo, Tomás. El nombre de este último saltó a la palestra durante la pandemia, cuando se descubrió que cobró una comisión de 234.000 euros al calor de un contrato de compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid cerró con Priviet Sportive, empresa de un amigo de la familia Díaz Ayuso.

Seis meses después, y en una operación similar, otro inmueble acabó en manos de los hermanos. En este caso, la transmisión de la propiedad se hizo a través de la donación al 50% de las participaciones de Sismédica SL, sociedad que era a su vez dueña de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en Madrid. Los Díaz Ayuso perdieron el inmueble cinco años y medio más tarde, cuando el mismo le fue adjudicado judicialmente a Bankinter. El local había sido hipotecado como garantía en un préstamo de 175.000 euros solicitado a la entidad financiera. Un dinero canalizado hacia el grupo MC que Sismédica, que durante años incumplió la obligación de presentar cuentas, no había devuelto.

Mucho ha cambiado desde entonces. Aquella parlamentaria que compartía cervezas y tertulias en La Tuerka con quienes conformarían la flor y nata de Podemos se sienta hoy en la Puerta del Sol. Desde hace siete años es presidenta de la Comunidad de Madrid y líder indiscutible del PP regional. Sin embargo, el ladrillo sigue siendo uno de sus puntos débiles, origen de sus grandes quebraderos de cabeza y de crisis completamente inesperadas. Porque los enredos inmobiliarios de la líder del Ejecutivo autonómico han sido continuos durante los últimos años. Tanto como para desatar tormentas políticas en pleno parón veraniego.

"Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda", lanzaba Ayuso en una entrevista concedida en junio de 2022. Solo un mes después de aquellas palabras, Alberto González Amador, con quien la presidenta madrileña mantenía una relación, compró –también en el distrito de Chamberí– un piso de 183 metros cuadrados. Por aquel entonces, el empresario, estrechamente vinculado a Quirón –uno de los grandes beneficiados de la privatización sanitaria madrileña–, ya estaba bajo la lupa de la Agencia Tributaria por sus negocios millonarios durante la pandemia. Una inspección que acabó destapando un fraude fiscal de 350.910 euros que ahora está a la espera de juicio.

Ayuso se mudó a aquel inmueble con González Amador. La pareja, sin embargo, también disfrutaba del ático de lujo que se encontraba en la planta superior. Aquel inmueble había sido adquirido en julio de 2023, precisamente, por la sociedad Babia Capital, que casualmente administraba Javier Gómez Fidalgo, el fiscalista de León que representó a González Amador ante la Agencia Tributaria. Durante casi un año se ocultó en qué régimen estaban disfrutando ambos de dicho inmueble. Hasta que el empresario desveló en sede judicial que estaba pagando un alquiler de 5.000 euros al mes por aquel ático, que terminó comprando definitivamente a finales del pasado año.

Hace solo unas semanas González Amador puso a la venta ambos inmuebles por 3,3 millones de euros. Dicho movimiento se conoció pocas horas después de que el diario El País revelara que el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid había comprado por 6,3 millones de euros un ático en Chamberí que se encuentra justo enfrente del piso cuya nuda propiedad le donaron sus padres en 2011. La operación, que se mantuvo oculta, se llevó a cabo a través de la empresa pública Planifica Madrid, cuya cartera inmobiliaria, tal y como desveló Público, no suele incluir áticos –más bien, está conformada por oficinas o naves industriales–.

Desde el Ejecutivo regional se aseguró en un primer momento que el inmueble sería utilizado como "oficina" de la presidenta madrileña mientras durase la reforma prevista en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. "Un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales", resumió Ayuso tras conocerse la adquisición. La normativa municipal, sin embargo, prohíbe usar un ático como oficina. Sí es posible, sin embargo, destinarlo a uso residencial, pero Ayuso negó tajantemente que fuera a utilizar el inmueble como vivienda. Al final, pocas horas después de conocerse la compra, el Gobierno regional decidió poner a la venta el ático de lujo por 6,7 millones de euros.

El asunto ha acabado en los tribunales. El Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid estudia cinco denuncias: cuatro le fueron remitidas por la Fiscalía –tres de particulares y una del PSOE– y la quinta la interpuso directamente el partido Iustitia Europa. Sobre la mesa, delitos de prevaricación, malversación, fraude o administración desleal. Además, hay otra ante el Tribunal de Cuentas. 

Ayuso ya se enfrentó en el pasado a una querella por la donación del piso de Chamberí. Sin embargo, el Tribunal Supremo, obviando los correos intercambiados con el directivo de Avalmadrid, la inadmitió sosteniendo que no constaba que la presidenta conociera la situación económica y la deuda de la empresa participada por sus padres.

A pesar de los esfuerzos por atajarla, la crisis del ático sigue persiguiendo al Gobierno regional, que aún no ha hecho público el expediente de la extraña compra. Y no es el primer verano marcado por la polémica. Hace justo un año, la oposición cargaba con dureza contra la presidenta regional por el uso privado que hizo junto a su familia de un chalé oficial en Rascafría. Ahora, en medio de la tormenta política, Ayuso ha decidido dejar finalmente el piso en el que vivía con González Amador e instalarse de alquiler en una urbanización de Puerta de Hierro, tal y como reveló El País. La mensualidad en esta exclusiva zona oscila entre los 2.500 y los 3.000 euros.

Según la Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla-La Mancha contaba a 1 de julio de 2026 con 2.169.241 habitantes. En esa misma fecha de 2021 la habitaban 2.050.861 personas, 118.380 personas menos.

Estas cifras denotan una tendencia positiva, pero, si se ahonda en los datos, se observa un fenómeno demográfico que evidencia cómo la población manchega se concentra en una misma zona geográfica, mientras el resto de la comunidad autónoma afronta un grave problema de despoblación: la banana manchega.

La asociación cultural Valor Manchego ha dado a conocer este concepto, una curva que aparece destacada sobre Castilla-La Mancha en los mapas demográficos y cuya alta densidad poblacional se extiende desde Puertollano (Ciudad Real) hasta Almansa (Albacete), pasando por localidades como Alcázar de San Juan, Villarrobledo o capitales de provincia como Ciudad Real o Albacete.

Inspirados en la Blue Banana europea –que comprende el espacio entre el sur de Reino Unido y el norte de Italia, pasando por Bélgica, Países Bajos, Alemania y Suiza–, Valor Manchego decidió poner nombre a este curioso fenómeno con el objetivo de, comentan a infoLibre, “extender el relativo éxito de la banana manchega al resto de La Mancha”.

Acudiendo de nuevo al INE –concretamente a las Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal, población a 1 de enero–, se aprecia un aumento de la población entre 2021 y 2025 en municipios como Albacete, Ciudad Real o Alcázar de San Juan. 

Destaca el caso de Almagro (Ciudad Real), con una tendencia demográfica positiva y sostenida en el tiempo: un 5,65% más de habitantes en cinco años, en contraste con la pérdida demográfica que están registrando otras localidades de la provincia, según recordaban el Ayuntamiento del municipio en un comunicado de prensa.

En relación con esta pérdida demográfica, Valor Manchego destaca que “la banana manchega no es ‘la Milla de Oro’. Es cierto que es un oasis en La Mancha, pero está perdiendo población, cada vez más envejecida, y están desapareciendo infraestructuras clave como el ferrocarril”.

“Lo que reivindicamos es que la banana manchega mantenga sus características y se adapte a los nuevos tiempos, y que estos hagan que la gente quiera seguir viviendo allí, pero también que el resto de La Mancha se desarrolle, que sus características hagan que la gente quiera seguir viviendo allí y no marcharse fuera. Eso hace que la cultura viva y se mantenga”, agregan desde la asociación.

María Meco, profesora de Geografía e Historia en una de las ciudades de esta banana, explica a este diario las causas que hacen especial a este territorio, unas razones que define como “diversas” y que “se entrelazan entre sí”.

La primera es el empleo diversificado. En esta extensa área manchega confluyen diferentes sectores laborales: agricultura e industrias agroalimentarias; la pequeña industria –con polígonos industriales punteros como el de Manzanares o Valdepeñas, y aquellos en auge como el de Herencia o Campo de Criptana, todos ellos en la provincia de Ciudad Real–; y un sector servicios consolidado, en el que destacan el funcionariado, la hostelería y el comercio.

Su localización geográfica también ayuda, ya que ejerce de nexo entre Madrid y el Levante o Andalucía: “En esta línea destacan las autovías del sur y la del este (A-3 y A-4), que tienen como nodos a Tomelloso, Manzanares y Puerto Lápice (Ciudad Real)”.

“También sobresale históricamente el ferrocarril. Puertollano y Ciudad Real fueron de las primeras ciudades con AVE del país y Alcázar era un importante nudo ferroviario, lo que asentó población durante todo el siglo XX”, añade Meco.

Por último, la profesora destaca los “buenos y numerosos servicios públicos” como hospitales y centros de formación (campus universitarios, UNED, escuelas de idiomas o academias privadas), además de otros servicios necesarios que facilitan la calidad de vida de las personas mayores.

Sin embargo, todas estas virtudes que hacen atractiva a la banana manchega no parecen bastar para retener a la población joven.

Según un informe de CCOO, Castilla-La Mancha ha perdido 36.600 jóvenes de entre 16 y 35 años desde 2002, lo que supone una reducción del 8%. ¿Los principales escollos que les están impidiendo echar raíces en su tierra? La vivienda y el empleo.

“Una persona joven puede encontrar trabajo y, aun así, no poder emanciparse. Eso demuestra que el problema no es la falta de voluntad, sino unas condiciones laborales y un precio de la vivienda que hacen imposible construir un proyecto de vida autónomo”, explica Ana Villaseñor, secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO C-LM. 

Estas son algunas de las reivindicaciones en las que tanto María Meco como Valor Manchego hacen hincapié para mejorar la situación de La Mancha y extender ese modelo de éxito de la banana al resto de la región.

“Para revitalizar y mantener otras zonas manchegas es necesario ofrecer empleo variado y de calidad para evitar la emigración y fomentar el retorno de los jóvenes que estudian y/o residen fuera de La Mancha y crear vivienda pública, porque la falta de vivienda no es un problema único de las ciudades. En La Mancha hace mucho tiempo que no se realizan grandes promociones, por lo que muchas casas y pisos son antiguos y/o ya están habitados”, lamenta Meco.

“Valor Manchego quiere servir de altavoz a jóvenes que emprenden en La Mancha y reivindican la cultura tradicional manchega, para, a su vez, acabar con los prejuicios que afirman que en las zonas rurales –especialmente las manchegas– se vive peor”, subrayan desde la asociación.

“Igualmente, apostamos por que los jóvenes puedan regresar a La Mancha después de culminar sus estudios superiores, porque eso es indicativo de que aquí hay empleo especializado, pero a día de hoy esto es una utopía”, agregan.

Para Meco, las claves pasan también por mejorar las comunicaciones, “sobre todo el transporte público, que es casi inexistente en toda La Mancha”. Recuerda además que “capitales de provincia como Toledo y Ciudad Real siguen sin estar conectadas mediante autovía”. Por último, la dotación de servicios, “especialmente sanitarios, educativos y de ocio”, es otra de las necesidades a reclamar para hacer de la región un lugar más atractivo.

“La Mancha es esa siempre llamada tierra de paso... y estamos orgullosos de ello. Pero además, podemos usar este valor para ser eje, puente, nodo y ejemplo para otras tierras. Hay futuro”, concluyen desde Valor Manchego.

“Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás”. Así describía Isabel Díaz Ayuso en 2023 la investidura de Pedro Sánchez. Desde que fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, ha proferido insultos y ataques contra una supuesta “dictadura comunista” y “golpista” del PSOE, llegando a asegurar que en España se ha “normalizado el crimen y la vida normal (...) como en todas las dictaduras, la víctima cada vez tiene más dificultades para salir”, tal y como recoge El País.

Sin embargo, cuando habla de una dictadura oficialmente reconocida, como fue la de Franco, Ayuso mantiene un discurso mucho más ambiguo. Desde su cruzada para impedir la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática hasta la reciente promoción institucional de un restaurante que fue un mausoleo franquista, la dirigente del PP acumula episodios que preocupan a los defensores de la memoria democrática.

“No hay que quitar de la ecuación que el Partido Popular es un partido fundado por un ministro de Franco”, recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Para Silva, el discurso de libertad de la presidenta es incoherente: “Para ser demócrata en España hay que condenar la dictadura”. La ARMH, pionera en la localización y exhumación de víctimas del franquismo, es una de las voces más críticas con la presidenta en sus diferentes polémicas. 

La última que ha protagonizado, relacionada con la hostelería, es la del restaurante El Mirador de Pelayos. Este mes de agosto, en plena ola de incendios en la Sierra Oeste madrileña, Ayuso ha promocionado desde las redes de la Comunidad un vídeo de apoyo al comercio local centrado solamente en este negocio de Pelayos de la Presa: un establecimiento vinculado históricamente al PP por pertenecer al hermano de un antiguo alcalde popular de la localidad.

Durante años, el establecimiento exhibió banderas preconstitucionales, un maniquí vestido de la Guardia Civil y hasta retratos de Francisco Franco, una decoración que su actual propietaria llegó a describir como una especie de "museo" heredado del anterior dueño. El tono abiertamente publicitario del vídeo, sumado al pasado franquista del local, ha desatado una oleada de críticas en redes sociales.

Sin embargo, el episodio de mayor recorrido es el pulso con el Ejecutivo central por la sede de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos, que durante el franquismo albergó la Dirección General de Seguridad y fue escenario de torturas. En octubre de 2024, el Ministerio de Memoria Democrática inició los trámites para declarar el edificio Lugar de Memoria Democrática. Desde entonces, Ayuso mantiene una batalla política contra este reconocimiento, que ha llevado incluso ante la Audiencia Nacional, donde el procedimiento ha quedado paralizado a la espera de nuevas resoluciones. “Todos esos miles de turistas que se hacen una foto en el kilómetro cero de la Puerta del Sol, pegados a ese edificio, deberían saber qué es lo que ocurrió en sus sótanos”, asegura Silva.

La presidenta de la Comunidad tampoco ha asistido a ninguno de los homenajes oficiales que el Gobierno celebra cada 31 de octubre con motivo del Día de las Víctimas del Golpe y la Dictadura. En 2024 aseguraba que estos actos oficiales promovían la violencia: "Madrid, con la democracia y contra el guerracivilismo". 

“Es paradójico que utilicen ese argumento de la no fragmentación quienes están en primera línea de fragmentar y de destrozar todos los posibles puentes”, reflexiona Arantxa Elizondo, profesora de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. 

En 2025, Ayuso volvió a recurrir a la expresión “guerracivilista” en el 50º aniversario del fallecimiento de Franco, equiparando a ambos bandos y evitando condenar la dictadura.

Junto a Vox, el Gobierno de Ayuso paralizó ese mismo año una ley propuesta por Más Madrid para la localización y recuperación de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Una iniciativa que habría añadido legislación a la página en blanco que supone la defensa de la memoria democrática en la Comunidad: Madrid es una de las pocas regiones del país, junto a Murcia y Galicia, que no cuenta con una ley específica de memoria.

Para Elizondo, estas líneas de actuación representan un riesgo claro de derogación de la Ley de Memoria Democrática si el PP llega al Gobierno: “Echaría por tierra un montón de cuestiones. Hoy en día todos nos encontramos con símbolos franquistas en las calles… Hay muchísimas resistencias a llevar adelante”.

Desde 2023, Isabel Díaz Ayuso vivía con su pareja, Alberto González Amador, en un lujoso piso en Chamberí comprado tras el supuesto fraude fiscal del empresario. Ahora, la vivienda se ha puesto a la venta y las imágenes del anuncio, repletas de artículos personales de la pareja, han sido objeto de escrutinio público.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es un libro titulado El Valle de los Caídos. Pese a lo pixelado de la foto, el color y la disposición de los elementos gráficos parecen indicar que se trata de una edición publicada por la Fundación Nacional Francisco Franco y escrita por Diego Méndez, arquitecto que dirigió las obras del monumento durante sus últimos años de construcción. 

El piso, utilizado desde la izquierda para denunciar los supuestos abusos de poder de la presidenta, se anuncia por 1.790.000 euros. De cerrarse la operación por esa cantidad, la revalorización sería considerable: cuando González Amador lo adquirió en 2022, pagó 837.000 euros.

Lo que empezó con Mamdani como una sorpresa empieza a parecerse a una tendencia. Tras su victoria en Nueva York, el ala progresista del Partido Demócrata ha seguido sumando triunfos. Abdul El-Sayed se impuso en las primarias al Senado en Michigan, uno de los grandes estados bisagra del país, y Angie Nixon acaba de dar la sorpresa en Florida, donde se ha hecho con la candidatura demócrata al Senado en un bastión republicano donde el antisocialismo lleva años formando parte del discurso político.

El fenómeno supone un cambio notable en un país donde el socialismo permaneció durante décadas relegado a los márgenes de la política institucional. Democratic Socialists of America (DSA), fundada en 1982, fue durante años una organización minoritaria, hasta que las campañas de Bernie Sanders y la posterior irrupción de Alexandria Ocasio-Cortez ampliaron su espacio. Hoy supera ampliamente los 100.000 afiliados y a mediados de agosto las candidaturas respaldadas por DSA acumulaban al menos 61 victorias electorales durante este ciclo, frente a 54 derrotas.

El avance tiene además un marcado componente generacional. En Nueva York, tres de cada cuatro votantes de entre 18 y 29 años apoyaron a Mamdani. Su campaña condensó varios rasgos que aparecen ahora, con diferencias, en otras candidaturas progresistas. Manejan los códigos de las redes, movilizan a miles de voluntarios, recurren a pequeñas donaciones y colocan en el centro asuntos cotidianos como la vivienda, los salarios, el transporte o la sanidad.

Más que una conversión repentina al socialismo, detrás de estas victorias aparece primero un descontento con el propio sistema político y con la dirección demócrata. “Lo que abre la puerta es el malestar, no la doctrina”, resume Gabriela Ortega, politóloga y directora de estrategia en ALEPH. A su juicio, existe una “crisis de legitimidad” entre una generación que ha dejado de confiar en el sistema sin haber abrazado necesariamente una nueva etiqueta ideológica.

Ortega apunta a un cambio significativo dentro de las propias bases demócratas. La última encuesta de CBS News/YouGov, realizada en agosto, muestra que el 58% de los demócratas tiene una opinión positiva del socialismo, frente al 32% que valora favorablemente el capitalismo. Además, un 53% ve de forma positiva que un político demócrata se defina como “socialista democrático”, frente a solo un 12% que lo percibe negativamente. El apoyo es especialmente elevado entre los demócratas más jóvenes y progresistas.

José Manuel Corrales, profesor de Economía, Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Europea, observa además una recuperación de la política de clase. El socialismo democrático estaría funcionando, según el experto, como “un vehículo político e identitario para la frustración material” frente a unas élites vinculadas a las grandes fortunas. De ahí la búsqueda de una “coalición multirracial de clase” capaz de reunir a jóvenes cualificados pero precarizados, trabajadores de los servicios y comunidades inmigrantes.

La ruptura con la vieja política también se ve en la forma. Los vídeos de Mamdani tienen poco que ver con un anuncio electoral convencional. En ellos, el alcalde de Nueva York habla directamente a cámara, utiliza humor y referencias culturales, recorre las calles y explica sus propuestas con los códigos propios de TikTok, Instagram o YouTube.

El último ejemplo lo ha dado esta misma semana. Después de recibir críticas por circular en bicicleta sin casco, Mamdani convirtió el despiste en contenido. Publicó un vídeo en el que recogía algunos comentarios, asumía el error y terminaba estrenando un casco. La pieza superó millones de reproducciones y transformó una pequeña polémica en otra oportunidad para reforzar su imagen de cercanía.

Para Álex Comes, director de LaBase y consultor político, la novedad no está simplemente en que los políticos hayan llegado a TikTok, sino en que algunos han entendido que estar en una plataforma y saber qué decir y a quién hablarle son cosas diferentes. Su consultora denomina “estrategia invertida” a esa lógica. En lugar de producir primero un mensaje político convencional y adaptarlo después a internet, el contenido nace directamente desde el ritmo, el lenguaje y los códigos de cada plataforma.

Mamdani llevó además esa adaptación al terreno cultural. Ortega recuerda que publicó piezas en hindi, urdu y español y llegó a explicar el voto preferencial utilizando vasos de mango lassi y referencias a Bollywood. No se trataba solo de traducir un mensaje, sino de conseguir que distintas comunidades se reconocieran dentro de la campaña.

Pero las redes son solo el comienzo. Mamdani acompañó su enorme visibilidad digital con una maquinaria de voluntarios que recorrió millones de puertas. El-Sayed construyó también una extensa red de activistas y recorrió Michigan durante meses. “Las redes sociales no votan, sino que movilizan”, resume Corrales. La campaña digital no sustituye al trabajo sobre el terreno, sino que lo alimenta. Como explica el profesor, “un ‘me gusta’ se convierte en una conversación de diez minutos en el felpudo de un vecino”.

La batalla se libra también en el dinero. Algunas de estas victorias han llegado frente a adversarios respaldados por decenas de millones de dólares de organizaciones externas.

En las primarias demócratas de junio de 2025 para elegir candidato a la alcaldía de Nueva York, los super PAC, organizaciones que pueden recaudar y gastar dinero sin límite para apoyar o perjudicar a candidatos, gastaron unos 30 millones de dólares y casi nueve de cada diez dólares se destinaron a favorecer a Andrew Cuomo o a perjudicar a Mamdani. El socialista se apoyó en la financiación pública y en una base muy atomizada, por lo que, poco antes de las primarias, el 95,9% de sus donantes eran pequeños contribuyentes.

Michigan llevó ese choque todavía más lejos. Haley Stevens contó con una avalancha de gasto externo, incluida una fuerte inversión vinculada al lobby proisraelí AIPAC. Según AdImpact, la publicidad favorable a Stevens alcanzó los 64,7 millones de dólares frente a los 7,4 millones destinados a El-Sayed. El progresista convirtió precisamente esa intervención en un argumento contra la influencia de los grandes intereses privados.

Mientras tanto, su campaña mostró mayor capacidad para captar aportaciones individuales. Solo en el primer trimestre recibió 1,9 millones de dólares a través de ActBlue frente a los 788.000 de Stevens. Comes subraya que estas candidaturas han sabido incluso convertir su desventaja económica en una prueba de autenticidad y autonomía frente al poder, integrando la forma de financiarse dentro del propio relato electoral.

Toda esa maquinaria tendría poco recorrido sin un mensaje reconocible. Mamdani construyó su campaña alrededor del coste de vivir en Nueva York con propuestas sobre alquileres, transporte o guarderías. El-Sayed ha colocado la sanidad y la lucha contra el poder de las grandes corporaciones entre sus prioridades, mientras Nixon ha hecho de los cuidados y la desigualdad algunas de sus principales banderas.

Pau Canaleta, experto en comunicación política de la Universitat Oberta de Catalunya, sitúa ahí buena parte de la conexión con los jóvenes. Acceder a una vivienda, pagar los estudios, encadenar empleos precarios o llegar a fin de mes forman parte de su experiencia cotidiana. “Les están hablando de aquello que están viviendo cada día”, sostiene. Por eso considera que, aunque los nuevos formatos facilitan el contacto, “el centro de gravedad no son las formas, sino el fondo”.

Comes introduce además otra diferencia con una parte de la comunicación demócrata de los últimos años. Frente a campañas construidas fundamentalmente alrededor del miedo a Trump, estos candidatos intentan ofrecer una expectativa positiva. No solo piden movilizarse contra alguien, sino por la posibilidad de cambiar aspectos concretos de la vida cotidiana.

En cambio, Palestina ocupa un lugar diferente. Ortega cita un análisis del Searchlight Institute sobre los contenidos de Mamdani que encontró referencias a precios y asequibilidad en el 78% de sus anuncios y vídeos, mientras Gaza aparecía aproximadamente en el 2%. Para la analista, esto muestra que el coste de la vida fue el verdadero centro del mensaje, mientras Palestina funcionó más como un marcador de credibilidad ideológica, especialmente entre los jóvenes progresistas.

En Michigan esa cuestión adquirió mayor protagonismo. El-Sayed hizo de sus críticas a la ayuda militar estadounidense a Israel y a la influencia de AIPAC una de sus diferencias con Stevens. Corrales considera que Palestina ha actuado como un “catalizador ético” capaz de reforzar la conexión con una parte de las nuevas generaciones.

Pese al éxito cosechado, ganar unas primarias demócratas no equivale a conquistar al conjunto del electorado. Ortega recuerda que en las generales entran en juego independientes y votantes menos ideologizados, entre los que la etiqueta socialista sigue generando más rechazo que muchas de sus propuestas concretas. Es decir, medidas como reforzar la sanidad pública, intervenir en vivienda o gravar más a las grandes fortunas pueden suscitar bastante más apoyo que la etiqueta de “socialista democrático”. 

Michigan será probablemente el principal laboratorio. El-Sayed tendrá que demostrar que la coalición que le permitió derrotar al establishment puede ampliarse en uno de los estados más disputados del país, mientras Nixon afrontará un reto todavía mayor en Florida.

Lo que sí parece exportable, apunta Ortega, es la arquitectura de campaña formada por una agenda económica concreta, un adversario reconocible, una comunicación digital nativa y una organización territorial capaz de transformar entusiasmo en votos. La nueva izquierda ya ha demostrado que puede derrotar a candidatos mejor financiados y movilizar a los jóvenes.

Estaba el autor de estas líneas tan pagado de sí mismo con su propia ocurrencia, el martes en que un seísmo coincidía con el aniversario del asesinato de Lorca, —“tiembla la tierra en Granada buscando al poeta”—, que cuando leyó que había imaginado la misma alegoría David Uclés, el literato dulce e inesperado que ha puesto en su sitio a tanto garrulo escribidor de normalidades, sintió una punzada de celos de sur. Clama al cielo, hablando de este oficio —el mío, no el de Uclés—, que la prensa foránea haya llevado a sus portadas la efeméride del cuerpo perdido del insigne poeta y dramaturgo 90 años después de la infamia de los tricornios, mientras por estos pagos se discutía en primera página, con más o menos recato, si estaría bien suspender los derechos humanos como en aquel entonces para arrojar del territorio europeo, cuando nadie mire, a un puñado de niños dickensianos que corren por Ceuta.

Suele decir nuestro Arcadi Savonarola que por aquí tendemos a usar el sintagma “prensa internacional” con devoción aldeana, cuando lo que hay por ahí fuera tampoco es que sea la octava maravilla, pero es para avergonzarse que tengan que explicarnos los extraños cómo atender nuestro panteón de ilustres —se nos ha muerto, por cierto, esta semana otro primer espada mundial, don Juan Tamariz, mientras gente tan vulgar como los Vallejo Nájera, que no pintan nada aquí ni en ningún lado, ahora ni antes, tiene avenidas—, que lo tenemos hecho unos zorros. No es la primera vez, claro, más bien es tradición sancionada por el refrán sobre los profetas y su tierra. En 1615, unos nobles franceses amantes de las letras visitaban España y conocieron, durante un encuentro con capellanes y censores, que don Miguel de Cervantes no solo era viejo, hidalgo y soldado, sino también pobre de solemnidad y que, apenas un año antes de su muerte, sobrevivía en Madrid de la caridad monjil y de acelerar trabajos. Dio cuenta por escrito el licenciado Juan Francisco Márquez Torres, censor, en la aprobación eclesiástica de la segunda parte de Los trabajos de Persiles y Segismunda (que vería la luz ya muerto Cervantes), del escándalo de los caballeros franceses ante la ignominiosa condición del autor del Quijote con una frase, que atribuyó a uno de los visitantes y que acabó haciéndose célebre: “Si necesidad le ha de obligar a escribir, plaga a dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo”.

Que pase hambre el viejo manco para que se nutran las letras mundiales… Embellecer con ripios la condición menesterosa del artista siempre ha sido tentación de los pijos, porque nunca han comido pan duro ni rebuscado en la basura.

La alegoría —terremoto en la tierra del poeta oculto bajo tierra— era tentadora porque, como decía Rafael Sánchez Ferlosio, todos preferimos la congruencia a la contingencia, el mundo con un hilván de sentido al mundo azaroso y cruel que en realidad habitamos: “Ante el estridente, rayante, chirriante, incomprensible, zumbido y frenesí de un mundo malo, todos prefieren la música”, dijo en su discurso de aceptación del Cervantes. Erraba Ferlosio porque la condición de sentido es la única alternativa a la superstición religiosa. O crees en dios o crees en la narrativa, no hay más. O rezas o elaboras argumento que pespuntee lo que ocurre.

En estas cosas entretenía uno la mente la pasada semana estando en la mesa de analistas de Al Rojo Vivo, cuando Francisco Cacho, periodista y divulgador, mostraba, cinco minutos después de que habláramos de los sucesos de Ceuta, un mapa del movimiento tectónico de la placa africana hacia el norte, empujando contra la placa continental europea y decía que en 20.000 millones de años, se cerraría el estrecho de Gibraltar. 

África empuja con un movimiento tectónico de un centímetro al año, y uno se dio en pensar, allí sentado, escuchando a Cacho, que ese mapa del mar de Alborán, con las flechas rojas describiendo el movimiento ascendente del continente negro, no negociable ni contenible, explicaba mucho mejor que cualquier tontería que dijéramos en la mesa por qué 10.000 niños magrebíes y subsaharianos andaban por las calles de Ceuta esperando a que un policía tomara nota de su nombre y de su determinación de no regresar jamás a la pobreza y la tiranía de la que venían huyendo. Porque África empuja. Solo Nicolás Sartorius se ha atrevido a desarrollar la idea de que, mientras los intelectuales de Occidente creen que el mundo moderno se debate entre los seguidores de Karl Marx y los de Adam Smith —a pesar de que, en lo sustantivo, los dos autores estaban de acuerdo en todo—, la condición excolonial de Europa occidental es la que mejor explica las cuitas del presente. 

Uno lleva años enamorado de los armónicos. Para los no familiarizados, los armónicos son un sonido sutil de polifonía que ofrece un piano acústico cuando tocas cualquier nota, porque su frecuencia hace que, del resto de cuerdas del piano, vibren ligeramente aquellas que tienen una relación matemática de resonancia con la activada. Esa es la razón por la que lo que denominamos armonía clásica no es una arbitrariedad ni una convención, sino una regla matemática de longitudes de onda que hace que la dominante de do mayor sea el sol, y no el la ni el fa.

La actualidad tiene armónicos. Por ejemplo, estos días es noticia el precio disparado de la luz en España por el encarecimiento del gas. Un lego diría que eso no tiene relación alguna con los sucesos de Ceuta, pero el caso es que la negligencia —si no complicidad— de Marruecos en el paso fronterizo de decenas de miles de personas el 30 de julio sucedió al restablecimiento de nuestra a amistad con su enemigo secular, Argelia, principalísimo proveedor de gas de nuestro país. El mundo complejo del presente es puro efecto mariposa y el precio de la luz se paga en niños sacados de Oliver Twist vagando por las plazas de la ciudad autónoma. Ser adulto es estar preparado para esa crudeza de los armónicos: tocas una tecla y vibran la cuerda golpeada por el macillo y otra docena.

Ahí yace lo común y lo ajeno del periodismo y la literatura. El literato puede decir que el seísmo de Granada es la ira de la tierra que alberga a un poeta al que nadie busca. El periodista puede decir que el empuje de la placa africana que hace temblar Granada y deja heridas en la Alhambra expresa lo que ocurre en la frontera meridional de Europa. Y ambos, novelistas y periodistas, sabemos que el mundo solo es comprensible mediante la metáfora. Ferlosio tenía razón, pero no podía estar más equivocado.

En España, el fenómeno de los eclipses ha llegado para quedarse por un tiempo. El evento astronómico del pasado 12 de agosto dejó un impacto económico significativo y unas reservas en hoteles y apartamentos mucho más caras que de costumbre, pero el que se prevé para el año que viene va camino de pulverizar las cifras. En este año, zonas como Soria, León o Palencia –lo que se suele denominar como la España vaciada– eran ideales para observar el evento y multiplicaron por 400% el número de reservas, ya que no son tradicionalmente turísticas. Sin embargo, el eclipse que se espera para el 2 de agosto de 2027 atravesará parte del litoral sur, una región de alta demanda turística a la que ahora se suma el efecto llamada de este evento. Y los precios ya están desbocados.

Buscar dos noches en Cádiz, del 1 al 3 de agosto, deja anuncios sorprendentes: “Apartamento entero, dos dormitorios, 67 metros cuadrados: 16.319 euros”; “Apartamento entero, dos dormitorios, 21.640 euros”. Entre lo más asequible, pocas cosas por debajo de los 2.000 euros y abundan anuncios entre los 5.000 y los 7.000 euros por dos noches. En cuanto a los hoteles, la noche más barata que aparece en el portal inmobiliario Booking del uno al dos de agosto asciende a 450 euros.

“Se están observando incrementos muy significativos de los precios, incluso con una gran antelación, para poder ver el eclipse del próximo verano desde las zonas de mejor visibilidad”, explica César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Díaz apunta que, desde el punto de vista jurídico, en este tipo de servicios “existe libertad de fijación de precios y el alcance de estos, por muy elevados que sean, no implica que estemos ante un precio ilegal”, subraya. Eso sí, deben especificarse en el anuncio de forma clara las condiciones.

Sin embargo, la percepción generalizada de que se trata de precios abusivos puede resultar contraproducente. “Desde la perspectiva de las personas consumidoras, consideramos que estos incrementos pueden resultar especialmente perjudiciales, no solo para quienes quieran desplazarse con motivo del eclipse, sino también para las personas residentes, vecinos y visitantes habituales de estas zonas, si la elevada demanda acaba repercutiendo en los precios de otros servicios”, señalan desde CECU. Y es que el efecto arrastre en las reservas puede extenderse también a servicios habituales que requieren los vecinos de esas zonas.

A la singularidad de un fenómeno como el eclipse se suma la promoción que se ha hecho en España durante estos meses y el interés internacional que despierta. Este año acudieron alrededor de medio millón de visitantes extranjeros que generaron cerca de 350 millones de euros de beneficio, según las estimaciones que realiza el Ministerio de Economía. Entre quienes se movieron dentro del territorio nacional, el gasto se elevó hasta los 94,9 millones, según las mismas fuentes oficiales.

En 2027, el fenómeno se contemplará al 100% desde 115 localidades del sur de Andalucía, así como Ceuta y Melilla. Muchas de ellas, como Málaga, fuertemente tensionadas ya por la vivienda turística. De hecho, si el eclipse de este año ya estiró los precios en zonas de poca afluencia como Soria hasta los mil euros por una noche, en estas localizaciones el incremento de precio va camino de ser muy superior. Otro factor a tener en cuenta es la época del año: el fenómeno astronómico volverá a ser en pleno verano, coincidiendo con el tirón turístico de la región.  

Realizar una búsqueda para principios del próximo agosto en la capital malagueña ya no es apto para todos los bolsillos. Los estudios rondan los 1.000 euros por pernoctación en los portales inmobiliarios, hay camas en hostales de habitaciones compartidas por 445 euros y la oferta hotelera es limitada, con precios que en algunos casos superan ampliamente los 900 euros para la noche del uno al dos de agosto. De hecho, un hotel de tres estrellas en el distrito de Churriana (Málaga) oferta una pernoctación para un adulto por 1.269 euros y advierte: “Nos queda una a este precio”.

Las conclusiones que ha dejado el eclipse que se produjo a principios de agosto son que el turismo extranjero es un motor relevante en la demanda y el consumo. Según un informe de BBVA Research, las compras presenciales de ciudadanos extranjeros en España se incrementaron casi un 14 % interanual entre el 10 y el 16 de agosto, pero no así las de los nacionales. Soria fue la provincia que encabezó el crecimiento del gasto extranjero durante la semana del eclipse, con un aumento del 220,1% interanual, seguida de La Rioja (106,2%), Asturias (88,7%), Segovia (83,1%), Teruel (79%), León (78,3%) y Zaragoza (77,6%).

La antelación con la que se están produciendo las reservas de cara al año que viene y las expectativas de la patronal hacen pensar que se superarán las cifras de este año. La patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) ha detectado una mayor anticipación en las reservas para principios de agosto. En algunos establecimientos, que a un año vista suelen estar en estas fechas al 7% de ocupación, las reservas alcanzan el 12% de las plazas disponibles, afirmaba a la agencia EFE el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Javier Hernández. Y de hecho, los principales demandantes son extranjeros: “Entre los turistas más previsores con el fin de asegurarse los alojamientos a comienzos de agosto de 2027 predominan los británicos (27 %), seguidos de alemanes (18 %) y españoles (13 %)”, informó a EFE la patronal.

Aún no ha acabado el verano y vamos por la quinta ola de calor consecutiva. Más que una ola, en realidad, se trata ya de un tsunami. Ciudades imposibles donde quienes pueden pagar la factura se atrincheran bajo el aire acondicionado. Los que no, intentan resistir echando imaginación y, allá donde existen, buscan resguardarse en un refugio climático. Sí, en un refugio, para resistir el ataque. Hace años que declaramos la guerra al planeta y cada vez son más obvias las consecuencias. 

El cambio climático está aquí, no es de izquierdas ni de derechas, es. La ciencia nos dice que caminamos por terreno desconocido porque no sabemos ya cómo reacciona el planeta en estas condiciones. ¿Y la política? La política es la encargada de hacerle frente en dos direcciones: luchando contra las causas de esta crisis climática para evitar las peores consecuencias mediante acciones de mitigación, aún posibles, por un lado, y, por otro, poniendo en marcha estrategias de adaptación, es decir, medidas que nos ayuden a adaptarnos a los cambios que ya se han producido. 

¿Es esto posible? ¡Claro! Y una parte importante depende de lo que votes. Ahí van unos ejemplos: el Ayuntamiento de Barcelona empezó en tiempos de Ada Colau a crear supermanzanas que peatonalizan una parte de la ciudad y ha continuado después, ya con Collboni en la alcaldía, desarrollando ejes verdes de renaturalización de los espacios, suficientes para bajar la temperatura unos grados. Nada que ver con el cemento de la Puerta del Sol madrileña que, desoyendo todas las recomendaciones de los expertos, ha conseguido hacer de ese simbólico espacio una sartén para quien ose atravesarla. El millón y medio de euros que el Ayuntamiento ha gastado en poner los toldos da para unos cuantos chistes, pero ni libran del sol ni consuelan.

El París de Anne Hidalgo consiguió renaturalizar el 40% del espacio público en una estrategia que unía medidas para despavimentar, crear permeabilidad natural y replantar arbolado. Si usted pasea por sus calles quizá observe, además, algo extraño. Hay bastante menos ruido y contaminación de lo que había la última vez que visito la capital francesa. ¿El motivo? ¿Un milagro, quizá? En absoluto. Su alcaldesa consiguió reducir nada menos que el 50% del tráfico, especialmente desde 2020. 

Un caso curioso es el de la ciudad de Vitoria. Fue reconocida como capital verde europea en el año 2012 siendo alcalde el popular Javier Maroto y sus estrategias han continuado con el resto de alcaldes tanto del PNV como actualmente del PSE-EE. Consiguió aunar el consenso de los grupos políticos y la sociedad civil con una ambiciosa política de creación de un anillo verde que ha sido modelo y referente mundial —reconocido entre las 100 buenas actuaciones mundiales de prácticas urbanas—, una innovadora estrategia de movilidad sostenible que ha conseguido peatonalizar buena parte de la ciudad y sacar el coche del resto con medidas de fomento de la bicicleta, mejora del transporte público y apuesta por la recuperación de la biodiversidad. Hoy, cuenta con 42 m² de zona verde por persona y más de 115.000 árboles urbanos. Todo un escudo verde frente a las olas de calor.

Hay cientos, miles de ejemplos en todo el mundo. Y una regla básica por la que preguntar a quienes quieran optar a la alcaldía de su municipio. ¿Se saben la regla de 3? Es sencilla: que cada persona pueda ver 3 árboles desde su ventana, que la ciudad tenga un 30% de superficie verde y que cada vecino y vecina estén a menos de 300 metros de un parque. Los estudios que se van haciendo avalan que estas medidas reducen las temperaturas de 1 a 3 grados en cada municipio, y eso, ustedes ya lo saben, se nota en estas noches tórridas.

Así que, cuando tengan que ir a votar en unos meses, no olviden estas noches tórridas y recuerden que la buena política salva vidas. 

Animal político incombustible, Luiz Inácio Lula da Silva se ha embarcado, a sus 80 años, en su séptima campaña electoral y aspira a un cuarto mandato presidencial. Dotado de un don especial para conectar con los más desfavorecidos sin renunciar al pragmatismo ideológico, el presidente de Brasil se enfrenta en el otoño de su vida a un doble desafío: frenar la injerencia de Trump en las elecciones de octubre y batir en las urnas a Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años en prisión domiciliaria por planear un golpe de Estado contra Lula tras perder por la mínima en los comicios de 2022.

Para enterrar políticamente al clan Bolsonaro, Lula ha echado mano de un arma que podría resultar infalible: un fervor nacionalista que se aprecia en cada una de sus intervenciones públicas y asoma a lo largo y ancho de su programa electoral. Sin abandonar su preocupación por las políticas sociales para reducir la desigualdad y proteger el medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional se sitúa como una de las prioridades en el documento de 84 páginas titulado “Directrices para el programa de transformación de Brasil: un país soberano, democrático, desarrollado, sostenible y creativo”. En el capítulo dedicado a la soberanía, se aboga por una política exterior independiente y un rechazo férreo a la subordinación a intereses extranjeros, una referencia velada a la embestida regional de Estados Unidos. Se apuesta además por fortalecer la industria de defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de una mayor capacidad para salvaguardar el territorio y los recursos naturales del país. Ante la amenaza estadounidense, la coalición progresista que encabeza Lula pretende profundizar las relaciones con el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los países del denominado Sur Global y el Mercosur.

La campaña electoral, que en Brasil se prolonga durante un mes y medio, arrancó el pasado 16 de agosto. Un día después, Lula viajaba a la desembocadura del Amazonas, donde la empresa Petrobras ha hallado un nuevo yacimiento petrolífero. “Un país que posee petróleo de esta calidad no permitirá que nadie lo toque. Esto es soberanía nacional”, se felicitó el mandatario de izquierdas. Con la apelación constante al sentimiento nacionalista, Lula espera captar votos entre la legión de indecisos que todavía duda sobre los beneficios y perjuicios de la subordinación a Washington.

La imposición de aranceles a Brasil por parte de Estados Unidos ha enrarecido las relaciones entre ambos países. Trump aprobó un primer tarifazo del 50% nada más llegar a la Casa Blanca en 2025 y hace apenas un mes su Administración ordenó nuevos impuestos del 25% sobre algunas importaciones brasileñas. El Gobierno brasileño no ha dudado en aplicar el principio de reciprocidad, una respuesta que ha generado una aceptación mayoritaria en la ciudadanía. El Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula junto a otros sindicalistas en 1980, ha aprovechado la guerra tarifaria para atacar a Flávio Bolsonaro. El senador y candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL), de 45 años, viajó a finales de mayo a Washington para reunirse con Trump cuando ya se vislumbraba el castigo arancelario. Ese encuentro fue visto por la izquierda como una traición al país. El PT lanzó entonces una campaña en redes sociales —el Tariflávio— que se hizo viral y obligó al senador a dar explicaciones sobre su postura al respecto. Flávio dijo entonces que le había pedido al mandatario estadounidense un aplazamiento del nuevo tarifazo hasta después de las elecciones de octubre. Fue peor el remedio que la enfermedad. Las encuestas muestran un rechazo generalizado de la opinión pública a lo que se considera una agresión comercial de Washington. Casi la mitad de los entrevistados por la consultora Quaest relacionaron a Bolsonaro con esa medida.

Como ha sucedido en las más recientes citas electorales en Latinoamérica, los comicios brasileños estarán marcados por la influencia que pueda ejercer Trump en el electorado al respaldar al candidato que según la Casa Blanca cumple con los parámetros establecidos en su Estrategia de Seguridad Nacional. La injerencia norteamericana ya ha comenzado. Paralelamente a la guerra arancelaria, Washington quiso enviar a dos asesores del Departamento de Estado para cuestionar la viabilidad de las urnas electrónicas, una estrategia que Jair Bolsonaro ya puso en práctica hace cuatro años y que le costó su inhabilitación política. En el Palacio de Itamaraty, sede de la avezada diplomacia brasileña, se echaron las manos a la cabeza y negaron el visado a los asesores estadounidenses. Sin embajadores en Washington ni en Brasilia, ambos países mantienen sus relaciones bilaterales bajo mínimos. Para echar más leña al fuego, a finales de julio la Administración Trump prorrogó la “emergencia nacional” en Brasil, una declaración que sitúa al país sudamericano como una amenaza y abre la puerta a la aplicación de sanciones.

La intromisión de la Casa Blanca ha sido denunciada por varios medios de comunicación, incluso de tendencia conservadora. En un artículo publicado hace unos días en el diario O Estado de S. Paulo, la veterana columnista Eliane Cantanhêde advirtió sobre las consecuencias que tendría un triunfo electoral de Bolsonaro: “Existe el riesgo de que se entregue Brasil en bandeja a Estados Unidos”. Para Cantanhêde, la cercanía política de los Bolsonaro con Trump encaja con los planes de Washington para que Brasilia pase a formar parte de la órbita de Estados Unidos. Sería la guinda de la tarta que tanto ansía Trump para tener un control casi total de América Latina.

Las encuestas favorecen de momento a Lula, que concluye sus cuatro años de mandato con una economía en crecimiento, un descenso de la pobreza y el desempleo en mínimos históricos. Un sondeo reciente de Quaest proyecta un resultado ajustado para la segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50% en la primera cita, prevista para el 4 de octubre. Lula se sitúa ligeramente por delante de Flávio (43% frente a 40%). En 2022 la diferencia final con Jair Bolsonaro fue de tan sólo 1,8 puntos.

Con un discurso de mano dura contra el crimen organizado y propuestas económicas ultraliberales, Flávio Bolsonaro se presenta, ante todo, como agente vindicador de su padre, a quien sin duda tratará de indultar si llega al Palacio del Planalto. El valido de Trump, de quien espera un respaldo decidido durante la campaña, todavía está recuperándose de la caída de su popularidad tras las revelaciones periodísticas que lo relacionan con el mayor fraude bancario de la historia de Brasil. Un audio publicado en mayo por el medio Intercept Brasil desveló una conversación entre Flávio y Daniel Vorcaro, ex-CEO del Banco Máster (la entidad bajo la lupa de las autoridades), en la que el candidato presidencial le pedía 24 millones de dólares para realizar una película biográfica sobre su padre. Lula, por su parte, también se ha visto afectado por las investigaciones que involucran a uno de sus hijos, Fábio Luís da Silva —conocido como Lulinha—, en un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

A la ofensiva soberanista, Lula ha sumado en su programa electoral otra de las banderas tradicionales de la derecha, una reformulación de la política de seguridad, con una mayor coordinación a nivel federal. Los sondeos coinciden en que la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación de los brasileños. La cercanía de Flávio Bolsonaro y su hermano Eduardo a la Casa Blanca propició que recientemente Trump designara como grupos terroristas a las dos organizaciones del crimen organizado más poderosas de Brasil: el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, una decisión a la que se opone Lula, pues podría implicar una intervención militar estadounidense.

Aunque la caracterización de títere al servicio de Estados Unidos que la izquierda le ha endosado a Bolsonaro debilita su campaña, la ultraderecha brasileña, apoyada por grandes grupos empresariales y buena parte del influyente lobby evangélico, cuenta con pólvora suficiente para disputar una batalla cerrada contra Lula. La izquierda sigue muy por detrás en la capitalización de las redes sociales, herramienta que en Brasil ha sido determinante para alimentar el antipetismo, un sentimiento que ha echado raíces en todas las clases sociales y que presenta a los dirigentes del PT como ladrones, con campañas de bulos y desinformación constantes.

Pero también hay en el país un robusto frente antibolsonarista. En la retina de muchos brasileños todavía están muy vivas las imágenes de enero de 2023, cuando una turba de seguidores del líder ultra se concentró en Brasilia e irrumpió en el Congreso y otras sedes institucionales. Replicaban así la toma del Capitolio por los seguidores de Trump dos años antes. Jair Bolsonaro tramaba desde hacía meses una conspiración contra Lula si perdía las elecciones y se veía obligado a dejar el poder. La justicia lo condenó a 27 años de prisión por orquestar un golpe de Estado y hoy en día, con 71 años, cumple la pena en su casa por razones de salud. Esas credenciales antidemocráticas, sin embargo, no le han hecho perder apoyos. Tras varios tiras y aflojas con los pesos pesados de la derecha brasileña, en especial con Tarcísio de Freitas, el influyente gobernador de São Paulo, el patriarca del clan logró encumbrar a su hijo Flávio como la nueva némesis de Lula.

En España, un número reducido de grupos familiares y fondos de inversión, a los que se suman los obispos, concentra el control de la mayoría de los medios de comunicación con audiencia nacional. Esa propiedad determina buena parte de las narrativas que consumen millones de ciudadanos a través del papel, la radio, la televisión y las plataformas digitales.

La concentración mediática en España no es una hipótesis: es un hecho documentado por instituciones europeas y académicos, y sus efectos se dejan sentir en la calidad informativa, en la independencia editorial y en la salud de la democracia. El Media Pluralism Monitor (MPM), elaborado por el Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) con financiación de la UE, sitúa al país en riesgo medio-alto en pluralismo, alerta de que la concentración de audiencia supera el 75% en televisión, radio y prensa, y subraya la opacidad en la propiedad.

El deterioro es reconocido también desde Bruselas. La Comisión Europea lo advirtió el 19 de julio de 2026 en su informe anual sobre el Estado de derecho en España. En el mismo sentido, el Liberties Media Freedom Report 2026, publicado en mayo, destaca un avance de la “concentración monopolística” como una de las principales amenazas a la libertad de prensa en nuestro país.

La evidencia académica corrobora el diagnóstico. Un estudio de 2025 (Media Ownership and Transparency in Spain) identifica que un núcleo duro de conglomerados —Grupo Planeta, Mediaset España, Grupo Prisa y Grupo Vocento— ejerce un control sustancial sobre el paisaje informativo, con estructuras de propiedad complejas, gran internacionalización y financiación que dificultan la transparencia editorial. 

Un informe posterior de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en el marco del proyecto europeo EurOMo (2026), confirma que el poder mediático se concentra en cinco grandes grupos (Planeta, Prisa, Media For Europe, RSC y Vocento), con fuerte presencia de inversores extranjeros y actores financieros, lo que complica identificar a los propietarios finales.

Este entramado se asienta sobre vacíos regulatorios y prácticas opacas. La propiedad cruzada de medios no está regulada en España, y cuando las empresas publican su estructura de propiedad, lo hacen de manera tan compleja que resulta incomprensible para el público general. 

Atresmedia, el grupo audiovisual que lidera las audiencias de televisión con Antena 3 y laSexta como canales principales, resume bien esa lógica. Su control reside en el Grupo Planeta, propiedad de la familia Lara, que comparte el mando con los italianos de De Agostini. Planeta se divide hoy en tres linajes de los nietos del fundador: los Lara García, los Lara Hoces y los Falcó Lara. Cada rama posee un tercio del capital. Las tensiones por la posible venta de algunas de esas participaciones han marcado la agenda interna del grupo en los últimos meses.

Vocento representa la fusión de dos culturas periodísticas distintas. Por un lado, la aristocracia monárquica madrileña que dio origen a Abc. Por otro, la prensa regional del norte, con El Correo y El Diario Vasco como cabeceras principales. Las familias Ybarra, Bergareche y Luca de Tena mantienen una presencia histórica en el consejo y capacidad de veto sobre las decisiones clave. Pero el grupo ha vivido un cambio de guardia financiero silencioso. El fondo Cobas Asset Management, de Francisco García Paramés, se ha convertido en el primer accionista individual de Vocento. Su entrada presiona por la rentabilidad y la disciplina de costes en un momento de crisis estructural del papel.

En Cataluña, el Grupo Godó mantiene un modelo de control familiar casi absoluto. Javier Godó es el titular real del holding que edita La Vanguardia y Mundo Deportivo. Tras un relevo generacional planificado, su hijo Carlos Godó asume ya la presidencia ejecutiva del grupo. Godó ha sabido blindar su influencia en el territorio catalán moviéndose, históricamente, cerca de los centros de poder institucional.

Ese control familiar convive con un fenómeno menos visible mediante el cual el capital extranjero decide el rumbo de cabeceras que se presentan como profundamente españolas. Unidad Editorial, responsable de El Mundo, Marca y Expansión, es en un 96% propiedad del grupo italiano RCS MediaGroup. Detrás de esa participación está Urbano Cairo, un empresario que construyó su imperio en la publicidad y el fútbol italianos. Cairo decide hoy el rumbo estratégico de uno de los principales focos de opinión de la derecha española, sin haber ejercido nunca el periodismo.

Un fenómeno similar ocurre en Mediaset España, la matriz de Telecinco y Cuatro. El poder reside allí en los herederos de Silvio Berlusconi. A través de Media For Europe y el holding familiar Fininvest, los hermanos Marina y Pier Silvio Berlusconi controlan la mayoría de los votos. El gigante francés Vivendi, del empresario Vincent Bolloré, queda como actor de presión minoritario tras años de conflictos judiciales entre ambas partes.

El caso de Prisa, editora de El País y la Cadena SER, es quizás el más claro de entrada del capital financiero puro en un medio de referencia. El grupo está bajo el mando de Joseph Oughourlian, empresario francoarmenio y líder del fondo Amber Capital. Su autonomía, sin embargo, está condicionada por una deuda que supera los 750 millones de euros. Esa deuda otorga un poder indirecto pero decisivo a los acreedores del grupo, entre ellos la gestora Pimco, vinculada a su vez a BlackRock. En ese mismo tablero aparece de nuevo Vivendi, cuya participación en Prisa ronda ya el 12% del capital, con aspiraciones declaradas de ampliar su control en el mercado de habla hispana.

Fuera de Madrid y Barcelona, el mapa cambia de escala, pero no de lógica. El Grupo Prensa Ibérica, liderado por Javier Moll, es el máximo exponente de una estrategia construida a base de adquisiciones sucesivas. La compra del Grupo Zeta en 2019 le dio el control de El Periódico y del diario Sport. Con 24 diarios bajo su gestión, Prensa Ibérica domina hoy la opinión pública en doce comunidades autónomas. Opera como un gigante con presencia en todo el territorio, pero con perfil discreto en la capital.

En Aragón, Henneo ha pasado de gestionar el Heraldo de Aragón a convertirse en un conglomerado con proyección nacional. La familia Yarza mantiene el control, con el respaldo financiero de Ibercaja Banco como socio de referencia. En Galicia, la propiedad de La Voz de Galicia ha quedado en manos de una fundación tras el fallecimiento de Santiago Rey, su histórico editor. De esa entidad depende la continuidad del diario como eje de la vida política gallega. En Andalucía, el Grupo Joly mantiene una estructura puramente familiar, con diez cabeceras provinciales que lideran el mercado regional.

En Castilla y León, el panorama mediático se reparte entre dos empresarios con perfiles marcados por procesos judiciales. Promecal está vinculado a Antonio Miguel Méndez Pozo. Edigrup pertenece al constructor José Luis Ulibarri. Ambos mantienen un control férreo de la prensa y la televisión autonómica en sus respectivos territorios, pese a los antecedentes legales que arrastran.

La Iglesia católica también es actor mediático de primer orden. A través de Ábside Media, la Conferencia Episcopal Española controla la Cadena COPE y el canal de televisión Trece. Ambos medios funcionan como herramientas de la batalla cultural de la derecha y la ultraderecha españolas. El holding ha logrado beneficios récord gracias a la radio, pero mantiene una televisión crónicamente deficitaria. Esas pérdidas se cubren en parte con inyecciones de capital procedentes de los excedentes de la asignación tributaria del IRPF. En el accionariado de Ábside figura también el naviero Vicente Boluda como socio estratégico.

La crisis del modelo tradicional y la fragmentación de audiencias han permitido la eclosión de medios nativos digitales, que se dividen en dos filosofías de propiedad opuestas. Un primer bloque actúa como laboratorio ideológico. La Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, adquirió y relanzó gaceta.es con el objetivo declarado de librar una batalla contra lo que llama el “consenso progre”. En una órbita similar se mueven proyectos como edatv.news, controlado por Javier Negre, u okdiario.com, de Eduardo Inda, cuya estructura societaria es a menudo opaca, aunque está vinculada a redes de inversores del ámbito empresarial y la derecha política. eldebate.com representa, en ese mismo espacio, la apuesta de la Asociación Católica de Propagandistas por influir en la agenda conservadora desde el entorno digital.

Frente a ese bloque existe otro grupo de medios digitales que ha explorado modelos de propiedad alternativos para proteger su independencia editorial. En eldiario.es, su director, Ignacio Escolar, es el accionista principal, y gran parte del capital está en manos de los propios trabajadores de la redacción. Publico.es es propiedad del productor audiovisual Jaume Roures. Elsaltodiario.com funciona bajo un modelo de cooperativa en el que los suscriptores son copropietarios del medio y no existen accionistas individuales. infoLibre cuenta con un accionariado dominado por José Miguel Contreras y repartido entre periodistas, lectores y socios editoriales como el francés Mediapart, y destaca como uno de los modelos más transparentes a la hora de identificar quién es su dueño.

El negocio de los medios españoles ya no consiste solo en vender información. Casi todos los grandes grupos han iniciado una huida hacia adelante que los lleva a diversificar su actividad hacia sectores donde su influencia mediática funciona como activo comercial. 

Planeta ha convertido la educación superior en una de sus divisiones más rentables, con universidades como UNIE y escuelas de negocios como EAE presentes en varios países. Henneo ha encontrado su motor económico en Hiberus, una consultora tecnológica que ya factura más que sus periódicos. Vocento se ha expandido hacia la gastronomía, con eventos como Madrid Fusión, y hacia las agencias publicitarias. Godó, por su parte, apuesta por el marketing de experiencias y la organización de eventos corporativos.

Esa hibridación genera conflictos de interés potenciales. Cuando un mismo grupo controla universidades, editoriales, constructoras o consultoras tecnológicas, y a la vez gestiona los medios informativos que deben cubrir esos sectores, la independencia editorial queda sometida a una tensión constante entre lo que el negocio necesita y lo que la información exige.

El resultado es un mapa de la propiedad mediática española donde conviven sagas familiares que luchan por no perder el control, corporaciones internacionales con intereses políticos propios y fondos de inversión que tratan los medios como un activo financiero más. Frente a esa estructura, los digitales independientes representan hoy una fracción de la audiencia total cuyo peso en la conversación pública crece con cada ciclo electoral.

La palabra "improvisación" se ha instalado con holgura en el debate sobre la crisis de Ceuta. Es una acusación seria, y puede abrir preguntas pertinentes sobre prevención, anticipación y capacidad de respuesta. Pero conviene distinguir entre una eventual deficiencia en la anticipación y la actuación desarrollada posteriormente, así como el modo en que se ha explicado públicamente. Durante más de tres lustros ejercí como corresponsal de prensa afincado en Rabat y pude comprobar la intensidad de la relación cotidiana entre España y Marruecos, que va mucho más allá de los contactos político-institucionales formales. Es un vínculo atravesado por intereses compartidos, desacuerdos, dependencias mutuas y negociaciones permanentes, además de afinidades y acuciantes realidades humanas y sociales. De ahí la dificultad de encajar una crisis de esta magnitud en una explicación binaria entre firmeza y debilidad. La pregunta pertinente no es si el Gobierno respondió, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, qué resultados obtuvo y a qué coste.

La acción española se desplegó en varios planos simultáneos. Interior tuvo que asegurar la frontera, reforzar los dispositivos y gestionar las devoluciones. Exteriores mantuvo un diálogo permanente con Rabat y trasladó la crisis al ámbito europeo, donde Ceuta no es simplemente una cuestión bilateral, sino parte de la frontera exterior Schengen y de una política migratoria comunitaria construida en buena medida sobre la cooperación con terceros países. Defensa incorporó presencia y poder de disuasión, mientras Juventud e Infancia atendió la situación de los menores llegados a la ciudad. El ministro Torres activó la coordinación territorial con Ceuta y con las comunidades autónomas para responder a una presión que desbordaba la escala local. No todas estas actuaciones tienen la misma visibilidad ni producen el mismo rédito político, pero forman parte del esfuerzo institucional. La ausencia de resultados inmediatos no autoriza a ignorar la compleja arquitectura desplegada para afrontarlos.

La visita de Margarita Robles introdujo otro elemento relevante. La ministra acudió a Ceuta con un lenguaje de soberanía y disuasión que encajaba perfectamente en una opinión pública sometida a una fuerte presión emocional. Al afirmar que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y que lo ocurrido no puede volver a suceder, ofrecía un relato político inmediatamente comprensible y simbólicamente rotundo. Es razonable que una parte de la ciudadanía perciba esa intervención como una demostración de firmeza. Pero la ciencia política obliga a separar el manejo de las emociones de la gestión de los problemas. La primera puede producir sensación de seguridad. La segunda debe modificar las condiciones que desembocaron en la crisis. Una declaración puede formar parte de una estrategia de señalización, pero solo resulta efectiva si altera los cálculos del actor al que se dirige. La contundencia comunicativa, por sí misma, no constituye una política pública.

España y Marruecos participan, además, en una relación mucho más densa que la de una simple disputa fronteriza. Su asociación conjuga cooperación migratoria, seguridad, comercio, movilidad, lucha contra el terrorismo y un estatuto avanzado en el seno de la Unión Europea, en un contexto en el que Madrid ocupa un papel particularmente relevante como interlocutor de Rabat en Bruselas. No estamos, por lo tanto, ante una partida única, sino ante un juego repetido, en el que cada parte dispone de recursos de presión y también necesita el concurso de la otra. Investigación académica reciente sobre los llamados "juegos de frontera" entre los dos países describe precisamente una dinámica de condicionalidad coercitiva mutua, en la que la externalización europea y española del control migratorio interactúa con la capacidad marroquí para instrumentalizar los flujos. Desde esta perspectiva, la colaboración no equivale a la renuncia. Significa mantener abiertos los canales que permiten negociar, obtener resultados y, cuando sea necesario, responder ante una potencial ruptura del acuerdo.

Las opciones para quienes demandan mayor presión son conocidas: cerrar la frontera, suspender la cooperación, romper acuerdos, aplicar sanciones o emplear la fuerza de forma potencialmente letal. Ninguna puede reducirse a eslóganes como "mano dura" o "disuasión". Cada una exige especificar instrumentos, límites legales, costes y las reacciones previsibles. En esta lógica, la estrategia no puede evaluarse por el efecto emocional en la opinión pública. Implica atender a la conducta de la otra parte y a las consecuencias sobre interacciones posteriores. La teoría de juegos no recomienda docilidad, sino cálculo estratégico. Una medida puede parecer decisiva y resultar contraproducente si deteriora los mecanismos para gestionar la frontera, efectuar devoluciones o combatir las redes que facilitan los movimientos irregulares. La eficacia no se mide por la intensidad de la respuesta, sino por la capacidad de modificar conductas, preservar margen de maniobra y defender los propios intereses a medio y largo plazo.

La gestión del Gobierno debe, por supuesto, someterse a escrutinio. Es necesario esclarecer qué información existía antes del 30 de julio, qué capacidad de anticipación hubo, cómo funcionaron los protocolos y por qué determinadas decisiones se adoptaron cuando se adoptaron. También es legítimo cuestionar una comunicación pública que dejó demasiado espacio para que otros actores definieran el significado y los contornos de la crisis. Pero convertir esas preguntas en un diagnóstico global de improvisación es otra cosa. La acción de gobierno debe evaluarse por las medidas movilizadas, la coordinación entre niveles, los resultados obtenidos y los efectos sobre el comportamiento de los demás actores. La presencia de Robles, el trabajo de Interior, la interlocución de Exteriores, la coordinación territorial y la atención a los menores responden a lógicas diferentes, pero forman parte de un mismo problema de gobernanza. En Ceuta, la política que menos ruido produce puede ser también la que más interesa analizar.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

No era esta frase, sino “Es la economía, estúpido”, la que James Carville –estratega de la campaña de Clinton en 1992– pegó en la oficina electoral para que nadie perdiera el foco. Y funcionó. El político y saxofonista llegó a la Casa Blanca y la frase pasó a la historia de la comunicación política.

Como pasó a la historia la de Clinton cuando afirmó que “una felación no era una relación sexual” y que recurrió a esa práctica para controlar sus ansiedades. Le faltó añadir, a este comedor compulsivo: “Y apretar el botón rojo solo porque no me servían a las tres de la madrugada un plato de costillas con salsa barbacoa y ensalada de col con la suficiente rapidez”. Sexofonismo, podríamos llamar a esta terapia que salvó al mundo del apocalipsis nuclear y que recomiendo a los políticos de la derecha y la ultraderecha.

Dicho esto, es del todo improbable que la frase del título de este artículo pase a la historia, pero es la que me vino a la cabeza tras leer el fragmento del libro del neurocientífico Jesús C. Guillén 24 horas en la vida de tu cerebro, del que infoLibre publicó hace unos días un avance.

En él se decía que el estrés crónico y la dificultad para concentrarse forman parte de la experiencia cotidiana de millones de personas. Y esto, dicen los expertos, tiene consecuencias políticas directas, tal y como aseguran varios estudios científicos publicados por la National Library of Medicine.

Estos afirman que “las personas con tendencia a la ansiedad o a reaccionar de forma impulsiva bajo el estrés son más propensas a sentirse atraídas por ideologías autoritarias cuando perciben el mundo como amenazante o inestable”.

Pobres fachas de pulsera y/o castellanos sin calcetines, su neurodivergencia les impide darse cuenta de que la verdadera amenaza son las ideologías autoritarias ante las que se postran siguiendo este proceso: la amígdala –el sistema de alarma del cerebro– se activa ante el miedo y la percepción de amenaza e inhibe el pensamiento crítico de la corteza prefrontal. Es el “secuestro emocional” del que habla el psicólogo Daniel Goleman.

Bajo este estado de debilidad neurológica, las personas se convierten en terreno abonado para las narrativas apoyadas en el miedo y en la neolengua apocalíptica, violenta y deshumanizadora de los líderes y las lideresas de las asilvestradas derechas y ultraderechas. Y si en algo coinciden los expertos –como Jamie Reilly, profesor de la Universidad de Temple–, es en que la calidad democrática depende de un buen rendimiento cognitivo de la ciudadanía.

En conclusión, la democracia depende de la salud cerebral de la ciudadanía y de su capacidad para mostrar espíritu crítico. Porque las rutas neuronales asociadas a la empatía, a la resolución de problemas y a la regulación de las emociones se debilitan si no se utilizan. Es el paradigma evolutivo del "úsalo o piérdelo" aplicado a la democracia, según el también neurocientífico Joaquín M. Fuster.

Crece entonces el reflejo tribal alimentado en parte por el algoritmo: el nosotros contra ellos, el instinto de la manada, la búsqueda del macho alfa –más bien alfalfa– que debe proteger al grupo.

Hay, pues, una razón biológica más que ideológica en la patética subrogación de algunos humanos a ese pleistocénico autoritarismo de quienes han llegado a la política para destruir lo que tanto nos ha costado construir.

Moraleja: cuida tu amígdala. Y limpia tu feed de mierda fascista.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

No me refiero a la Catedral de la Asunción, que desde el siglo XVIII está en el centro de la urbe. Me refiero a la institución: a la Iglesia Católica española. Ceuta está desbordada por la llegada masiva de inmigrantes. Entre ellos miles de menores no acompañados que por ley han de ser protegidos y que han llegado a la ciudad autónoma en oleadas que el sistema de acogida público no puede absorber. Niños y adolescentes duermen en la calle. La administración local pide ayuda al Estado y la sociedad civil hace lo que puede.

En medio de este desastre humanitario hay una ausencia clamorosa: la Iglesia Católica española no está acogiendo a esos menores. Cuando menos, no de forma significativa, no a la escala que su infraestructura permitiría, no, que sepamos, con la urgencia que la situación exige. ¿Por qué?

La Iglesia Católica en España no es una asociación voluntaria de fieles con medios modestos. Es una institución con un ingente patrimonio inmobiliario, sin inventario público completo, con miles de centros educativos, residencias, conventos, casas de retiro y edificios en uso parcial o nulo repartidos por todo el territorio. Recibe, además, financiación pública directa e indirecta de magnitud considerable. La casilla del 0,7% del IRPF —la que los contribuyentes pueden marcar voluntariamente— genera para la Iglesia entre 300 y 400 millones de euros anuales que gestiona la Conferencia Episcopal española. A eso se suman las exenciones fiscales sobre bienes inmuebles, las subvenciones a centros concertados, los convenios con administraciones autonómicas y locales, los donativos y donaciones de particulares y un régimen de financiación estatal que tiene su origen en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y que no ha sido sustancialmente revisado desde entonces. Súmenle la dotación de las prelaturas como el Opus Dei y otras organizaciones satelitales y el monto no es desdeñable. Con ese nivel de recursos y esa extensión de infraestructura, la Iglesia Católica española podría acoger, sin esfuerzo estructural significativo, a miles de menores en situación de emergencia. No lo está haciendo, que sepamos. ¿Por qué?

El mecanismo del IRPF tiene una lógica redistributiva: el contribuyente destina una fracción de su impuesto a fines de interés social, ya sea a la Iglesia o a ONG de acción social. La Iglesia recibe esa asignación, en buena medida, porque presenta ante la opinión pública y ante el Estado una identidad de institución con vocación caritativa y de atención a los más vulnerables. Esa identidad tiene consecuencias. No jurídicas en sentido estricto —el dinero del 0,7% no está vinculado por ley a ningún uso concreto en acogida de emergencia—, pero sí morales e institucionales. Una institución que se financia en parte con el argumento implícito de que cuida de los pobres tiene una deuda de coherencia cuando los pobres están en la puerta y la institución mira hacia otro lado.

Los obispos españoles han hecho declaraciones sobre la migración. Han pedido humanidad, han invocado el deber cristiano de acoger al extranjero. El Evangelio de Mateo es claro: "Fui forastero y me acogisteis." Esas palabras no son un adorno retórico. Son una instrucción. Mientras Ceuta improvisa soluciones de emergencia para menores no acompañados, hay conventos con alas enteras vacías. Hay residencias religiosas con capacidad ociosa. Hay órdenes con vocación explícita de atención a la infancia en riesgo que no han activado sus recursos.

Cruz Roja está en Ceuta. Médicos Sin Fronteras está en Ceuta. Save the Children está en Ceuta. Organizaciones laicas, con recursos infinitamente menores que los de la Iglesia Católica española, han movilizado equipos y medios de forma inmediata. Cáritas, la red asistencial de la Iglesia, trabaja. Lo hace con seriedad y con medios limitados, y merece reconocimiento. Pero Cáritas no es la Iglesia institucional a la que me refiero. Cáritas es la parte de la Iglesia que, singularmente, sí se implica. La pregunta es qué hacen las diócesis, los obispados, las órdenes religiosas con patrimonio e infraestructura disponibles. La Iglesia, como institución, no aparece, que sepamos, en el mapa de la respuesta.

Esta ausencia institucional no delata falta de recursos ni de valores declarados. Delata un problema de diseño institucional. La Iglesia Católica española ha construido a lo largo de décadas, de siglos, una arquitectura organizativa que la protege de las exigencias que implica su propio discurso. Tiene una estructura de toma de decisiones opaca, sin rendición de cuentas externa, sin obligación de informar sobre el uso de los recursos públicos que recibe, sin mecanismos de evaluación de su impacto social real. En ese diseño, es perfectamente posible recibir cientos de millones del erario público, proclamar la prioridad de los pobres y los excluidos, y no abrir una sola plaza de acogida en una emergencia humanitaria como la de Ceuta. No hay sanción. No hay consecuencia. No hay mecanismo que conecte los recursos recibidos con las obligaciones que esos recursos implican.

No propongo moralizar sobre la fe de nadie ni sobre la vocación genuina de miles de religiosas y religiosos que trabajan en condiciones duras al servicio de los más vulnerables. Propongo algo muy modesto y concreto: transparencia y coherencia institucional. Algo que los papas Francisco y Leon XIV han promovido, cuando menos, verbalmente. Si la Iglesia Católica recibe financiación pública directa e indirecta con el argumento de su función social, esa función social tiene que ser verificable, evaluable y exigible. No como persecución ideológica, sino como estándar básico de cualquier institución que recibe dinero público. Esta verificación no se puede limitar a una campaña publicitaria dando cuenta de algunas acciones.

Si esta evaluación independiente revelara que la institución no cumple con lo que predica cuando más se la necesita, entonces el debate sobre la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede y sobre los términos de la asignación tributaria dejaría de ser una posición aparentemente anticlerical y se convertiría en una exigencia elemental de coherencia democrática.

Puesto que desconocemos los datos justo es terminar con una pregunta directa a la Conferencia Episcopal Española: ¿Cuántas plazas de acogida ha puesto a disposición la Iglesia Católica española para los menores no acompañados de Ceuta? ¿En qué diócesis, en qué instalaciones, con qué capacidad, desde cuándo? Si la respuesta existe, publíquenla. Si no existe, expliquen por qué. El silencio, en este caso, también sería una respuesta.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya.

La primera vez que sonó la alarma antiaérea yo estaba tomando notas junto a un adolescente al que acababan de abrir el cráneo. Una bata verde demasiado grande para mí, fundas en los zapatos, gorro, mascarilla. Ninguno de los olores del quirófano remitía a un cuerpo humano. Los antisépticos ocultaban el hueso que se sierra, la sangre recién expuesta y el sudor acumulado en el personal médico.

Pero sí vi todo. El cerebro respiraba bajo la luz blanca como un platillo volante detenido sobre el paciente, aquella masa gris y brillante se elevaba apenas unos milímetros y volvía a descender, como una marea. El anestesista vigilaba las pantallas. Una enfermera contaba instrumental. Henry Marsh tocaba, pinchaba, movía aquel cerebro como algo rutinario. En realidad, no tengo una palabra para esto; si hubiera alguna, sería un término que definiera la unión entre lo sublime, que ocurre pocas veces en la vida, si ocurre, y lo cotidiano, diario, común. Lo sublime del día a día. Lo sublime ordinario.

El mundo podía derrumbarse al otro lado de las paredes, los teléfonos no dejaban de emitir alertas aéreas, el cielo artillado volvía a cazar cuerpos y, sin embargo, allí dentro el universo se reducía a unos pocos centímetros de materia gris. Pensé que aquel cerebro era lo más vulnerable que había visto nunca. Me equivocaba. La vulnerabilidad vendría después. 

Cuando salimos del hospital, Kiev volvía a golpearme con el aspecto de una ciudad que había dejado de sorprenderse por la violencia desde la última vez que había estado. Los escaparates protegidos con tablones. Los sacos terreros. Las ventanas cruzadas con cinta adhesiva. Los carteles indicando refugios. La gente caminando deprisa. La gente caminando despacio. La gente caminando como si no hubiera guerra. En el suelo me encontré la hebilla de un cinturón. Al principio pensé que era una pieza cualquiera de metal. Estaba ennegrecida por el fuego. Conservaba parte del cierre y un fragmento de la correa militar, endurecida por las fibras sintéticas que el calor había fundido. 

La guardé. Sabía que su cuerpo estaría en algún lugar, pero en qué estado. Consideré que tenía que guardarla. El metal estaba frío. Qué rápido se enfría todo en la guerra. Pensé en el soldado. Pensé en su cintura. Pensé en la explosión. Pensé que, para ciertas familias, un objeto así podía convertirse en la diferencia entre una desaparición y una muerte. La hebilla como piedra fundacional para una tumba. Una hebilla no es un cuerpo, pero a veces es más de lo que queda de uno.

Durante todo el tiempo que estuve en Ucrania llevaba la hebilla en el bolsillo. A veces la tocaba mientras caminaba. Su borde afilado me arañaba la yema del dedo. Yo misma buscaba el arañazo para no sentirme culpable, para no pensar en el deseo que también portaba conmigo cada día, en el sexo inminente, en ese estado de incandescencia en el que uno se encuentra cuando sabe que muy pronto va a arder. La hebilla se convirtió en una pequeña herida portátil. Una forma de recordar dónde estaba. Pero era inútil. El deseo tiene algo de fiebre y algo de infestación. Entra por una rendija mínima y después aparece en todas partes. En el rastro tibio que alguien deja en un sofá. En una camisa colgada sobre una silla. En una vena visible bajo la piel de una mano. El cuerpo empieza a comportarse como territorio ocupado. Me arañaba el dedo porque era más fácil soportar un dolor pequeño que la evidencia de que mi cuerpo seguía funcionando exactamente igual que si no hubiera guerra. Seguía acelerándose. Seguía esperando. Seguía fantaseando. El deseo se había instalado en mí como una esquirla demasiado pequeña para extraerla. Todo lo rozaba. Todo lo inflamaba.

La guerra. El día anterior había estado con un grupo de jóvenes mutilados que se recuperaban levantando peso, haciendo abdominales. A algunos sólo les quedaba un brazo, una pierna. Pensaba que era rehabilitación, y lo era, pero para poder regresar a la guerra. No había suficientes hombres. Y yo pensando sólo en uno, que hasta ese momento mantenía todas sus extremidades. ¿Pero acaso no me deseaba también él? ¿No se acostaba pensando en mi cuerpo mientras a pocos kilómetros seguían recogiendo fragmentos de otros cuerpos? ¿No imaginaba ese primer aliento de mi boca aproximándose hacia la suya mientras las sirenas de las ambulancias atravesaban la ciudad? Quizá el deseo sea precisamente eso: la incapacidad de repartir el sufrimiento de manera justa. Me parecía obsceno desearle. Más obsceno aún imaginar que él podía desearme. Pero la mayor obscenidad no era el deseo. La obscenidad era descubrir que ninguna de las dos cosas anulaba a la otra.

No pensaba en él constantemente. Peor. A intervalos. Como las alertas aéreas. Aparecía mientras escuchaba testimonios de madres que habían perdido a sus hijos. Mientras observaba radiografías de pulmones atravesados por metralla. Mientras Henry explicaba a una familia que debían elegir entre una despedida y una esperanza. Si no la operaban, podrían decirle adiós. Si la operaban, quizá viviría, pero con mucha probabilidad la niña podría irse con el alma dormida. Pensaba en él de manera intrusiva, las imágenes llegaban sin permiso. Sus manos. Su voz. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba. La manera en que se quitaba las gafas para limpiarlas con el borde de la camisa. Nada extraordinario. Absolutamente nada digno de competir con una guerra. Y, sin embargo, competía.

Esa fue la parte más vergonzosa. No que le deseara. Sino que el deseo fuera capaz de imponerse. 

Aquella noche volvió a sonar la alarma. Veinte plantas. No había tiempo para bajar al búnker. Nos refugiamos en la bañera, el lugar más seguro. Recuerdo la porcelana. Su frialdad. El olor del cuarto de baño. Tuberías antiguas. Polvo. Nuestras rodillas que se rozaban. La oscuridad. El teléfono iluminando fragmentos de su rostro. Recuerdo pensar que un misil podía atravesar el edificio. Que podíamos morir allí mismo. Y recuerdo algo peor, y es que aquella idea no logró apartarme de él. La muerte estaba sentada con nosotros en la bañera, y aun así mi atención seguía desviándose hacia lo más frágil y efímero, la vida. En un fogonazo, me fijé en la sombra de la barba que le aparecía al final del día. El espacio era insuficiente. Las piernas encogidas. Los brazos formando una bóveda precaria sobre nuestras cabezas, como alas replegadas. La guerra había reducido el mundo y todos sus muertos a una bañera. Mientras los misiles buscaban vidas desde el cielo, nosotros seguíamos atrapados en la antigua costumbre de buscarlos sobre la tierra. Mientras el cielo elegía víctimas al azar, nosotros estábamos empeñados en elegirnos. Él para mí, yo para él, entre todos los vivos.

La proximidad modifica las proporciones. Eso ocurre en la guerra. Y también ocurre en el deseo. Una rodilla deja de ser una rodilla. Una respiración deja de ser una respiración. Un silencio deja de ser un silencio. Todo adquiere un tamaño desmesurado. Todo se vuelve importante. Todo parece definitivo. La muerte. Y el amor, la vida que sigue regando el humus de la carne, el rocío del amanecer de dos cuerpos coordinados.

Afuera sonó una explosión. Luego otra. El edificio tembló apenas un segundo. Pensé en los soldados del centro de rehabilitación. En el chico con un mechón rasta –vestigio de su vida anterior a la guerra– en la cabeza rapada, y que aprendía a caminar sobre una prótesis nueva. En la manga vacía colgando junto al torso de otro. En los tatuajes desfigurados. En las cicatrices superpuestas a otras cicatrices como estratos sedimentarios en los yacimientos del dolor. Pensé en todos ellos. Personajes secundarios que no lograban alejarme de la importancia de una única vida, la suya; o una única muerte, la nuestra. Y esa otra muerte, la muerte chiquita, la que nos hilvana de orgasmo en orgasmo, la que nos recuerda que toda entrega contiene una forma de desaparición. La pequeña aniquilación privada frente a la gran aniquilación colectiva.

El deseo tiene algo profundamente inmoral. No acepta jerarquías. No respeta contextos. No entiende de guerras. No entiende de amputaciones. No entiende de muertos. Sigue avanzando igual que una raíz bajo el cemento. Igual que un incendio. 

La guerra me enseñó muchas cosas. Pero quizá la más perturbadora fue esta: que incluso rodeados por la muerte seguimos buscando señales de vida. Y que a veces confundimos esas señales con el amor. O no. 

De todas las explosiones de las que me salvé, recuerdo especialmente las nuestras: la lenta combustión del sexo, la presión acumulándose en silencio, como en un submarino que desciende más allá de la profundidad recomendada mientras el casco empieza a crujir, los tornillos protestan gemidos de acero, la necesidad de acercar un cuerpo a otro mientras el mundo se empeñaba en desmembrar a individuos por separado. Quizá el amor no sea más que eso: líquido para apagar un fuego que, en realidad, viene de dentro.

El cuerpo es un traidor. O quizá no. Quizá simplemente conoce prioridades más antiguas que la moral. Creo que el sentimiento que me había llevado una y otra vez a un país en guerra era el mismo que encendía mis alas: la pulsión de vida. No recuerdo cuántos misiles cayeron sobre Kiev aquella semana. Pero recuerdo exactamente cuánto deseaba que el mundo tardara un poco más en acabarse. Cuánto deseaba que la muerte siguiera ocupándose de otros.

*Los últimos libros de Marina Perezagua han sido ‘La playa’ (Pre-Textos, 2024) y ‘Luna Park’ (Páginas de Espuma, 2025).

Mis antepasados, hasta mis abuelos que yo sepa, son de Salamanca.

Cuando estalla la Guerra Civil, mis padres no están casados. Él tiene 30 años y ella 24. Se casan en diciembre del 39.

Mis abuelos paternos han fallecido. Mi padre tiene una hermana monja y un hermano de 17 años, que viven juntos.

Mi padre trabaja de conductor en el Instituto de Sanidad, con lo cual lo destinan a trasladar heridos con una ambulancia desde el Alto de los Leonés (ahora, del León) hacia Salamanca.

A mi tío Manuel lo mandan al frente, allí, en Guadarrama, donde fallece.

Mi padre, de la guerra, solo dice que vio mucho dolor y que tenía la pena de no saber donde estaría el cuerpo de su hermano. Había hecho tantos viajes...

Mi madre era hija de guardia civil. Cuando estalla la guerra, viven en el cuartel de la plaza de Colón de Salamanca con mis abuelos. Son cuatro hermanas y dos hermanos.

Mi tío Pepe es dependiente de una librería y lo mandan a Sevilla. Regresa después de acabar la guerra.

Mi tío Nicolás tiene 20 años. Es guardia civil y está destinado en Reinosa. Los avisan de que en el Ayuntamiento se están peleando y les piden que vayan. Según van entrado, los van matando. Como no recibían noticias suyas, mi abuelo se fue a Reinosa, de donde regresó con la maleta y otros objetos personales de su hijo, que está enterrado en el cementerio de Reinosa.

De la guerra, mis padres y tíos solo hablaban de una lucha entre hermanos. No hablaban de política.

Todo esto lo sé porque me lo contó mi madre cuando ya era mayor, pues desde 1973 he vivido fuera de Salamanca y, cuando volvía a casa para pasar unos días, hablábamos.

Elena Herrero Escudero.

Vivo ahora en Valencia.

Hace unos poquitos días veíamos a Brian May, con ese aspecto de septuagenario bonachón que gasta, frondosa melena blanca y rizada al viento, alucinar con el eclipse en el Observatorio Astrofísico de Javalambre. La inesperada visita a Teruel del guitarrista de Queen, a su vez doctor en Astrofísica, terminó convirtiéndose en todo un acontecimiento local y en motivo de orgullo para los numerosos fans españoles de la legendaria banda británica.

Con esta excusa, volvía así a sonar en informativos y programas de radio y televisión la música de Queen, que en realidad es una constante en nuestras vidas, pues atrona un día sí y otro también en (grandes y pequeños) eventos deportivos, anuncios publicitarios, incontables bandas tributo, orquestas verbeneras, emisoras de FM y coches aleatorios con algún temazo a todo volumen.

En todas partes, vaya, lo cual es un logro descomunal para un grupo que, aunque siga saliendo de gira de vez en cuando con May y el baterista Roger Taylor como miembros fundadores y Adam Lambert como cantante para cumplir aquello de que The show must go on, en esencia murió con Freddie Mercury en 1991 —y el disco póstumo Made in heaven de 1995 como colofón—. Pero es que, en sus canciones, Freddie vive, así que la lucha sigue.

Pero retrocedamos ahora hasta nada menos que el 13 de diciembre de 1974. Franco no se muere lo suficientemente rápido, pero se muere, mientras el país se pone cada vez más ansioso. Ya está bien, cuarenta años de dictadura han sido interminables. El tardofranquismo es asfixiante, pero Barcelona, siempre en lucha y punta de lanza de la modernidad patria, bulle con los movimientos vecinales, la lucha obrera, las revistas culturales y las reivindicaciones sociales. Y los conciertos pioneros de brillantes estrellas internacionales son la guinda, como los de aquel mismo año de Frank Zappa o Duke Ellington, nada menos.

En ese contexto se produjo la primera visita a España de Queen, que eran todavía unos perfectos desconocidos, aunque estaban a unos meses de encontrar su propio lugar en la galaxia musical de la eternidad con Bohemian Rhapsody, himno entre los himnos publicado en el otoño de 1975. Pero, no, no eran precisamente famosos cuando llegaron a la Ciudad Condal en los últimos días del 74, dentro de la breve gira europea de presentación de su tercer disco, Sheer heart attack, lanzado solo unas semanas antes, y con el que obtuvieron, por fin, repercusión fuera de Reino Unido gracias a su primer gran éxito: Killer Queen.

Sin poder llegar a concretar con detalle, pues por aquel entonces la industria de la música en vivo en nuestro país era bastante prehistórica y anárquica, los cronistas de la época hablan de medio aforo en el Palacio Municipal de Deportes de Montjuïc. No se ponen de acuerdo, de hecho, y, sobre una capacidad total de 8.000 espectadores, cifran la concurrencia entre 3.500 y 5.000, lo cual, en realidad, no es cosa menor. O, dicho de otra manera, es cosa mayor, pues todas esas personas pasaron por taquilla para dejarse las 200 pesetas (1,20 euros) de la época que costaba la entrada para comprobar cuanto de veraz tenía el runrún que precedía a Freddie Mercury y los suyos en los mentideros (donde solo se cuentan verdades) especializados.

Muy especializados, de hecho, pues los medios de comunicación no hicieron gran publicidad del concierto, ni tampoco abundan las reseñas en la hemeroteca, principalmente porque la dictadura se encaminaba hacia su final, pero se resistía, y el rock de los melenudos que cantaban en inglés no era de su agrado, precisamente. Tampoco ayudó a la promoción el estatus de joven “promesa” que todavía tenía la banda, que ganaba adeptos noche tras noche, concierto tras concierto, picando piedra, subiendo el volumen y confiando en que el boca a oreja hiciera el resto.

La revista musical decana Popular 1 —“El Popu”— sí que mantuvo un encuentro con los músicos, tal y como recuerda recurrentemente su editora, Bertha M. Yebra, cuyas fotos íntimas y exclusivas de aquel día se han hecho célebres entre los fans más acérrimos. “Conocí a la banda en 1974 porque en la revista dedicamos una de nuestras fotonovelas a Queen. Creo que fue la primera vez que visitaron España. Freddie era todo un universo; no se parecía a ningún otro artista anterior y no ha habido nadie como él desde entonces”, ha contado en diversas ocasiones en las redes sociales.

El repertorio de la velada estaba todavía muy lejos del que se fijaría como canónico de Queen con el paso de los discos. Eran los años del rock duro, prácticamente incipiente heavy metal en algunos pasajes del show, sin rastro del pop para las masas que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva de varias generaciones (y que se sigue transmitiendo de padres a hijos). Es por ello que el recital desbordó a los presentes por la agresividad musical y la sofisticación técnica, con un despliegue nunca antes visto en la España del tardofranquismo.

Entre las canciones interpretadas destacaron Now I'm here, Father to son, In the lap of the gods, Killer Queen, Keep yourself alive, Seven seas of Rhye, Stone cold crazy —versionada en vivo en incontables ocasiones por Metallica, para que los profanos se hagan una idea de por donde iban los decibelios— y Liar. En el bis, quizás motivado por la inconsistencia de un catálogo propio en ciernes en el que no estaba aún ninguno de los grandes clásicos de la mitología de Queen, un carrusel de versiones de Cy Coleman (Big spender), Elvis Presley (Jailhouse rock), Neil Sedaka (Stupid Cupid) y Gene Vincent (Be-Bop-A-Lula). La despedida con God save the Queen sonando por los altavoces es lo único que permanecería inalterable con el paso de los lustros en las actuaciones del grupo.

No puede decirse que este primer contacto de la banda con el público español fuera un éxito rotundo, pero, sin duda, supuso un firme primer paso que tendría continuidad cinco años después, cuando en 1979, ya sí como astros inalcanzables, regresaran para dar dos conciertos en el Palacio de Deportes de Barcelona y otros dos en el Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en febrero de 1979.

Como si el cielo no tuviera límites, todavía más alto estaban cuando volvieron por tercera y última vez a nuestro país en 1986, para actuar en la cima de su popularidad en Barcelona (1 de agosto, en el Mini Estadi, ante 34.000 espectadores), Madrid (3 de agosto, en el estadio del Rayo Vallecano, con 25.000 asistentes) y Marbella (5 de agosto, en el Estadio Municipal, para 26.000 fans). Tres citas históricas por diversos motivos —¡Queen en la avenida de la Albufera, en Vallecas, cuna del rock!—, que quedaron para la posteridad como las penúltimas con Freddie Mercury, pues el vocalista pisaría por última vez un escenario al frente de su banda el 9 de agosto de 1986 en Knebworth Park, a las afueras de Londres, ante 120.000 personas que no sabían, que no podían saber, que era una despedida definitiva.

Aunque no volviera a actuar con Queen por motivos de salud, lo que sí continuó fue la relación de Freddie con la Ciudad Condal, refrendada con ese grandilocuente himno operístico junto a Montserrat Caballé con motivo de los Juegos Olímpicos del verano de 1992. Un apasionado grito de amor hacia Barcelona, publicado originalmente en 1987, pero que inundó el mundo de manera póstuma, meses después del fallecimiento del músico en noviembre de 1991. Una despedida grandilocuente a la altura de su leyenda porque, como decíamos antes: Freddie vive, la lucha sigue.

Natalia Sáez (27 años) vive en Santander, es dependienta en una cadena de perfumería y su sueldo ronda los 1.400 euros. Vive desde hace tiempo fuera de su hogar familiar, pero siempre ha compartido piso y aún lo sigue haciendo. "Vivir sola sería inviable. Cuando cambié de piso la última vez, me planteé buscar un estudio para mí sola, pero nada bajaba de 700 euros y no me lo podía permitir ni aun yéndome a las afueras", relata. Esa renta, sin contar los gastos, se llevaría la mitad de su sueldo. Cuenta que, como ocurre con muchos de sus amigos, sus padres le echan una mano de vez en cuando con los gastos, algo cada vez más habitual en España. "Mis padres nunca me han pagado el alquiler propiamente, pero me ayudan con los gastos, por ejemplo con la compra del mes, que se nota muchísimo", concluye.

La proporción de jóvenes de entre 18 y 34 años que viven de forma independiente sin apoyo económico de su familia ha bajado del 41% al 31% en 2025, según el informe Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación, realizado por Comisiones Obreras. Y lo preocupante es que la tendencia no hace más que empeorar. Natalia, Lidia, Yasmín y Sergio, cuatro jóvenes entre los 22 y los 27 años, cuentan a infoLibre hasta qué punto se ven reflejados en este dato y qué expectativas tienen en torno a la vivienda y el futuro.

El informe de Comisiones Obreras pone cifras a esta tendencia: “Mientras la tasa europea de jóvenes entre 18 y 34 años emancipados y sin necesidad de apoyo económico se mantiene estable (en torno al 50%), España experimenta una caída tendencial de su tasa de emancipación que se traduce en una brecha creciente con Europa”, advierte el análisis.

Lo mismo que le ocurre a Sáez en Santander, le sucede a Lidia Cascón (27 años) en Salamanca. Trabaja como dependienta en una tienda y su salario, de entre 800 y 1.000 euros "dependiendo del mes", no le permite independizarse del todo. Vive sola y paga 500 euros de alquiler, pero sus padres la ayudan con los gastos: luz, agua, teléfono... "Mi alquiler no es muy caro porque he tenido la suerte de que no me lo han subido en varios años, pero si tuviese que vivir en otro sitio sin ayuda, no podría sostenerme. No es solo el alquiler, sino la comida, los gastos y todo lo demás", relata. La renta que paga por el piso no deja margen para mucho más y comprar es una quimera: "Ni yo ni la mayoría de personas de mi edad que conozco se pueden plantear comprar una casa porque ni tienen el dinero, ni la posibilidad de que el banco se lo dé", concluye.

En una frase resume el círculo que tiene atrapados a muchos jóvenes en España: "No tengo una nómina que me permita vivir bien o ahorrar y tampoco puedo parar de trabajar para formarme porque no podría hacer frente al alquiler". Esto ha provocado que, para buena parte de la población, el momento de comprar una vivienda llegue una vez rebasados los 40 años. De hecho, solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%.

Sergio Maqueda (25 años) gana un poco más como empleado en una empresa de transportes: 1.800 euros al mes. Él ha decidido vivir con sus padres para tratar de saltarse el alquiler y ahorrar para comprar una casa, pero tampoco se muestra optimista. "Tal y como está el tema de la vivienda ahora mismo, me es imposible adquirir una porque no dispongo del capital para dar una entrada", relata. Cuenta que se ve unos cuantos años más viviendo con sus padres para poder asegurarse una casa, aunque sea a largo plazo.

Las previsiones de Maqueda pueden sonar pesimistas, pero los datos tampoco son muy esperanzadores. Según un informe de Infojobs basado en los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 en el conjunto de España, deja un exiguo colchón para planificar el futuro. Además, en general, la media salarial de los jóvenes se queda muy por debajo de lo que cobra Maqueda: en concreto, el Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano —es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo— es de 1.191 euros mensuales.

Basta señalar que el precio de los alquileres se sitúa de media en España en 15,3 euros por metro cuadrado. Es decir, que un piso de 60 metros cuadrados costaría unos 918 euros al mes, lo que supondría el 77% del sueldo mediano de los jóvenes. Si hablamos de grandes zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, las cuentas son aún más difíciles de cuadrar.

Yasmín García (22 años) también vive en Salamanca y su sueldo, ligeramente superior a esta mediana, ronda los 1.400 euros. "Puedo llegar a los 1.500 si trabajo sábados o festivos", comenta. Trabaja en una fábrica de productos de pastelería donde "las condiciones no son malas", pero no ve claro el camino para proyectar un futuro por sí sola. "Independizarse está jodido porque da la sensación de que te vas a tirar toda la vida para poder tener una vivienda", cuenta. Por el momento, ella aún vive con sus padres, pero lamenta que, si "ya hay gente pagando mil euros por una habitación", no parece que las cosas vayan camino de arreglarse.

Si algo dejan claro estos testimonios es que entre la juventud no reina el optimismo. Los jóvenes tienen que echar mano de las familias cada vez con más frecuencia y hasta edades más tardías, a pesar de que, sobre el papel, los datos de empleo han mejorado. Por un lado, la tasa de paro juvenil ha descendido desde el 40% en 2013 hasta el 16% actual, por otro, la temporalidad ha descendido desde el 56% en 2018, hasta el 32% en 2026. Sin embargo, los salarios de los jóvenes siguen avanzando a golpe de subidas de SMI y los alquileres avanzan a precios desbocados. El Consejo de la Juventud estima que los menores de 30 años que se deciden a emanciparse destinan al alquiler el 98,7% de sus ingresos.

"Los datos nos dicen que trabajar ya no es suficiente para emanciparse", señala a infoLibre Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud. A pesar de la mejora en la temporalidad y los salarios, Muñoz señala que el precio de la vivienda y el coste de la vida están absorbiendo cualquier mejora. "Entre quienes se están emancipando, la capacidad de ahorro es muy limitada, en muchos casos por debajo de 100 euros al mes", un margen demasiado estrecho si lo que se busca es reunir la entrada para un piso.

Natalia Sáez, que coincide con las estimaciones de Muñoz, lo resume así: "Si un mes quiero ahorrar 200 euros, tengo que ir del trabajo a casa y no hacer nada más. Por ejemplo, si quieres ir a un gimnasio, que tampoco es un lujo, ya no lo consigues porque te dejas 40 euros al mes". Las cuentas cada vez salen más ajustadas mientras el precio de la vivienda sigue creciendo a doble dígito y los salarios se quedan cada vez más atrás. "Parece que te puedes tirar la vida trabajando y no vas a conseguir nada", concluye Yasmín García.

El 23 de agosto de 1976, hace 50 años, el BOE publicaba la autorización previa de la Dirección General de Energía del Gobierno de España a la asociación de empresas formada por FENOSA, Eléctrica del Cantábrico y Eléctrica de Viesgo para instalar una central nuclear en Regodola (Xove), decisión tomada el día 2 de aquel mismo mes. La central nuclear autorizada tendría una potencia nominal de 1.000 MW y un reactor de “agua ligera”. Vecindad de Xove presentó un recurso, pero fue rechazado nueve meses después.

La historia de la nunca construida central nuclear de Regodola comienza unos años antes, en diciembre de 1973, momento en el que se sometió a información pública la petición de autorización previa para la instalación de una central nuclear en el lugar por parte de la misma asociación de empresas. La iniciativa se enmarcaba en un contexto de impulso de la energía nuclear por parte de la dictadura franquista, que ya en los años 60 inició la construcción de las centrales de Zorita (Guadalajara), Garoña (Burgos) y Vandellós I (Tarragona), las centrales de primera generación.

En 1976, cuando se autoriza la central lucense, había tres reactores nucleares en marcha en España, otros tres en construcción y 15 más en proyecto. De hecho, la autorización previa de instalación de la central de Regodola se enmarcaba en el Plan Energético Nacional, que preveía que en 1985 habría 24 centrales nucleares en funcionamiento. Finalmente fueron solo diez, de las que únicamente siete siguen operativas.

En los años setenta se construyeron las centrales de segunda generación de Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Lemóniz I y II (Bizkaia), aunque la instalación vasca nunca llegó a entrar en servicio, debido a la fuerte oposición social en su contra y, finalmente, a la moratoria nuclear decidida por el gobierno de Felipe González en 1984. La oposición social también paralizó, ya en 1974, un proyecto en Águilas (Murcia), sobre el que existían grandes cautelas debido al riesgo sísmico que presenta la zona.

A una tercera generación pertenecen las centrales de Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona), cuyas obras comenzaron en 1979 y 1980, respectivamente, y cuyos proyectos fueron contemporáneos al de la central de Xove, que también se incluiría en esta tercera generación de proyectos nucleares. La moratoria nuclear de 1984 paralizó el proyecto de Lemóniz, pero también los de Sayago (Zamora) y Valdecaballeros (Badajoz), así como la prevista construcción de un segundo reactor en Trillo, además de la central de Xove.

Hay que decir que cuando en 1973 se sometió a información pública la petición para instalar una central nuclear en Xove, la oposición social en la zona fue pequeña. Por un lado, por supuesto, España era aún una dictadura y la movilización social estaba necesariamente limitada, lo mismo que el acceso a la información. Pero, además, la visión que en ese momento se tenía de la energía nuclear no era necesariamente negativa e ignoraba muchos de sus peligros. Además, se prometía la creación de dos mil puestos de trabajo en la zona, que finalmente fueron recortados a unos 200.

En aquel tiempo, con partidos políticos aún ilegales, la acción informativa de agrupaciones culturales como Sementeira, creada en Viveiro en 1972, fue fundamental en el progresivo proceso de concienciación de la población, lo mismo que la realizada por el Club Cultural Valle Inclán de Lugo. También lo fue la actividad de difusión realizada por expertos en energía nuclear como el ingeniero de Telecomunicaciones Pedro Costa Morata, que ya en 1974 participó en una mesa redonda en la Facultad de Económicas de la USC. O informaciones y detalles que poco a poco se iban conociendo sobre el proyecto, como el hecho de que la refrigeración de la central se iba a hacer en la propia agua de la ría, lo que despertó los temores sobre los efectos perjudiciales que esta podía tener para la pesca.

Otra figura particularmente importante —probablemente la que más— en el proceso de movilización de la ciudadanía contra la instalación de la central nuclear fue la compostelana Pencha Santasmarinas, técnica de extensión agraria y maestra de formación, que en ese momento trabajaba como agente de economía doméstica en la oficina de Extensión Agraria de Viveiro. Con poco más de treinta años lideró la concienciación y la movilización de toda una comarca ante el peligro nuclear, realizada en buena medida a través de los Comités de Axuda á Loita Labrega y de las Comisións Labregas, germen del Sindicato Labrego Galego, legalizado en la primavera de 1977.

Un momento trascendental en la lucha contra la central nuclear de Xove fue el debate abierto organizado en la antigua sala de fiestas de Verxeles, en Viveiro. Allí participaron representantes de Fenosa, impulsora de la central nuclear, y activistas contrarios a la misma, así como expertos en diferentes materias, que alertaron sobre los efectos perjudiciales de la central. El debate, al que asistieron cerca de dos mil personas, fue toda una victoria para el movimiento de oposición a la central.

Otro elemento que contribuyó a alimentar el rechazo fue el descubrimiento de una falla geológica en el terreno en el que se proyectaba construir la central y que incrementaba el riesgo sísmico en el lugar, especialmente peligroso para una instalación nuclear.

Con todo este creciente ambiente contrario, en los primeros meses del año 1977 las Comisións Labregas convocan una movilización contra la central de Xove. La manifestación no fue autorizada por el gobernador civil, así que los convocantes decidieron organizar una marcha que recorrería los 11 kilómetros que separaban Viveiro de Regodela. Así se hizo: el 10 de abril de 1977 más de cinco mil personas —ocho mil según la organización— participaron en la marcha, en muchos casos después de pasar la noche, como pudieron, en Viveiro, ante la previsión de que ese mismo 10 de abril las carreteras de acceso estuviesen cortadas o llenas de controles policiales.

La movilización más importante correspondió a la AN-PG, que congregó a militantes llegados desde toda Galicia, mayoritariamente jóvenes, con pancartas con lemas como “Galicia es nuestra y no de Fenosa” o “Xove Nuclear No”, el mismo texto que se podía leer en el icónico cartel diseñado por Pepe Barro. La marcha de Xove en abril, precedida de la lucha de As Encrobas en febrero, fue seguida en mayo por la gran manifestación en Carballo en favor de la recuperación de las marismas de Baldaio para el dominio público. Tres movilizaciones que contribuyeron a incrementar la masa social del nacionalismo y en las que se unían reivindicaciones ecologistas y por el territorio con la demanda de democratización.

La movilización en Xove fue un innegable éxito, pero la pelea política marcó el final de la marcha, con enfrentamientos verbales entre militantes nacionalistas, particularmente de la UPG, y del PCG, después de que no se les permitiese a estos últimos tomar la palabra. Desde el nacionalismo se acusaba a los dirigentes del Partido Comunista de buscar notoriedad en una movilización que en los años anteriores había sido liderada por la AN-PG y las Comisións Labregas. Parte del conflicto partía del hecho de que el día anterior —el 9 de abril de 1977— se había anunciado la legalización del PCE, mientras que otras muchas formaciones, comenzando por la UPG, permanecían en la ilegalidad.

Al final de la marcha tomaron la palabra varios representantes de las Comisións Labregas, como Emilio López Pérez —Milucho—, además de representantes de las Comisións Labregas de As Encrobas, que habían acudido en solidaridad, o el propio Moncho Valcárcel, que destacó que “vinimos a luchar contra el imperialismo y no queremos seguir siendo colonia de nadie”. Otro labrador destacó en su intervención que “esto es una muestra de que los labradores gallegos sabemos que unirnos contra los caciques, contra los que nos explotan, es imprescindible para nuestra victoria”.

La revista Teima, que había dedicado su número 3 a las movilizaciones contra la central nuclear de Xove, incluyó en su número 19 un editorial escrito por Xavier Navaza que bajo el título de Los nuevos mesías se mostraba muy crítico con el “arribismo electoralista” pero sobre todo con la “intemperancia e intransigencia” de la UPG. El texto reclamaba unidad de la izquierda “sin mesianismos, sin salvadores predestinados, sin boicots”. El editorial fue muy mal recibido en la UPG.

Dos años después, el 20 de mayo de 1979, la AN-PG organizó otra marcha igualmente multitudinaria contra la central, en la que se juntaron cerca de 10.000 personas, que recorrieron los diez kilómetros que separan Viveiro de la playa de Esteiro en Xove en una fila de unos dos kilómetros de largo. Al final de la marcha intervinieron representantes de la UPG —Bautista Álvarez—, AN-PG —Lois Diéguez—, Comisións Labregas —Bernardo Fernández Requeijo—, ING —Francisco García—, ERGA —un jovencísimo Néstor Rego, aún estudiante de bachillerato en Viveiro—, ADEGA —el biólogo Xosé Luís Fontenla— o del comité antinuclear.

La oposición social se unió a la del propio Concello de Xove, especialmente después de las primeras elecciones municipales, celebradas el 3 de abril de 1979. En esos comicios fue elegido Jesús López González, que se presentó en una lista independiente y que en realidad ya venía ejerciendo como alcalde desde el año 1975, nombrado por la dictadura. López González, nada sospechoso de ser un izquierdista —entre 1983 y 2007 gobernó bajo las siglas de Alianza Popular y el Partido Popular—, le denegó a Fenosa la licencia de obra en 1979, atendiendo al rechazo social mayoritario a la central nuclear y a las dudas que despertaba esta energía entre la población.

Poco a poco el proyecto de la central nuclear fue perdiendo su impulso debido a la constante presión social en su contra y a la creciente concienciación de la población contra esta energía, incrementada después del accidente en la central de Three Mile Island, en Pensilvania (Estados Unidos), el 28 de marzo de 1979, momento en que uno de sus reactores sufrió una fusión parcial de su núcleo, poniendo en riesgo de muerte a la población que vivía en el entorno.

El PSOE llegó al poder en 1982 llevando en su programa electoral la promesa de la limitación de la energía nuclear. Así lo hizo, con una moratoria nuclear en 1984 que paralizó la construcción de nuevas centrales —a cambio de una importante compensación económica a las eléctricas— y que se completó con una ley posterior en 1994 que hizo definitiva la moratoria. La de Xove, que aún estaba en proyecto, fue uno de los proyectos que nunca se convirtieron en realidad. Fue finalmente una decisión política, pero previamente la movilización popular había conseguido durante años aplazar y paralizar la central.

“La tensión es constante… Estoy en medio de la guerra… Quiero volver a casa”. Las palabras de Ravi (nombre ficticio) se ven interrumpidas por los cortes de conexión, constantes a bordo del petrolero en el que lleva varios meses trabajando sin descanso, a la entrada del estrecho de Ormuz. Contactado por Mediapart por teléfono el 13 de agosto, este indio de 45 años, originario de Calcuta, es uno de los seis mil marinos que se encuentran actualmente bloqueados en este paso estratégico controlado por Teherán.

“Estas cifras se han elaborado a partir de las peticiones de ayuda de los marinos que se ponen en contacto con los sindicatos”, precisa Mohamed Arrachedi, coordinador de la red del mundo árabe de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). “Pero algunas tripulaciones no tienen conexión y están aisladas del mundo exterior”. En otras palabras, el número de marinos bloqueados en el estrecho es probablemente mayor.

La ITF es la mayor organización mundial del sector del transporte y representa a más de un millón de marinos en todo el mundo. Al inicio de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026, según la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas, se encontraban bloqueados en el estrecho unos 20.000 marinos.

Desde entonces, la ITF ha recibido más de 3.200 peticiones de ayuda de marinos bloqueados en este canal situado en el golfo Pérsico. Cada llamada suele referirse a varios marinos de la misma nacionalidad, precisa Mohamed Arrachedi. Se desconoce a cuántas nacionalidades pertenecen los marinos retenidos en el estrecho. Es probable que la mayoría sean indios, pero también hay filipinos, etíopes, sirios, indonesios y esrilanqueses.

En los últimos seis meses, las tripulaciones han visto en varias ocasiones cómo se desvanecían sus esperanzas de regresar a casa. Por el momento, todos los anuncios de alto el fuego y de acuerdos de paz han fracasado.

Tras la firma, el 17 de junio, de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, parte de los buques pudo abandonar el estrecho, pero apenas tres semanas después se reanudaron los intercambios de disparos. El plazo de sesenta días establecido por el protocolo de acuerdo expiró el 17 de agosto.

La guerra no es la única responsable de la pesadilla que viven estos marinos, que siguen bloqueados en el estrecho. “Hay barcos que no han podido cruzar porque no han conseguido los permisos necesarios. Pero también hay armadores sin escrúpulos que se niegan a repatriar a sus marinos”, denuncia Mohamed Arrachedi. Y lo que es peor: varios buques han seguido llegando al estrecho tras el inicio de la guerra, impulsados por armadores ávidos de beneficios.

Es el caso del petrolero en el que trabaja Ravi. Tras varios intentos infructuosos de contacto, contó a Mediapart, en un mensaje de voz, que había embarcado el 4 de febrero de 2026 desde el puerto de Galle, en el sureste de Sri Lanka, con destino a la isla de Kharg, en Irán.

Una vez cargado de petróleo, el petrolero descargó parte de la mercancía en Singapur, antes de poner rumbo a Hong Kong. “Durante el viaje, el capitán del barco nos preguntó si estábamos de acuerdo en volver a Irán. La guerra ya había comenzado. La mayoría de los marineros nos negamos”, afirma.

Una parte de la tripulación, todos ellos indios, pudieron desembarcar durante una escala en Sri Lanka y ser repatriados a sus hogares. Los demás, que llevaban meses sin cobrar, no tuvieron más remedio que zarpar de nuevo hacia un destino desconocido. Hace un mes, el capitán le prometió a Ravi que podría desembarcar durante una escala en los Emiratos Árabes Unidos y volver por fin a casa. Pero eso no ocurrió.

A pesar de sus súplicas y de una carta dirigida a la agencia india de manning (una empresa especializada en la contratación y dotación de marinos a bordo de buques), a la que ha tenido acceso Mediapart, en la que explica que no “quiere navegar en una zona de guerra”, el armador aún no ha organizado su repatriación. El motivo es que “quiere ganar cada vez más dinero.”

Para algunos armadores sin escrúpulos, el cálculo es sencillo: es mejor mantener al marino a bordo y obligarle a trabajar que gastar el dinero necesario para su repatriación u organizar su relevo, una operación costosa y complicada, sobre todo en tiempos de guerra.

En teoría, explica Mohamed Arrachedi, el armador tiene la obligación de hacerse cargo de la repatriación de los marineros que se nieguen a trabajar en zonas de guerra. En colaboración con las autoridades portuarias y los armadores, el sindicato ha organizado la repatriación de más de setecientos marineros desde el inicio del conflicto.

Si los marinos aceptan trabajar en zonas de guerra, el armador normalmente debe pagarles una prima de riesgo. No solo es raro que se paguen estas primas, sino que muchos armadores deducen ilegalmente de los salarios de los marinos los gastos necesarios para su repatriación. “Los armadores también deben garantizar el abastecimiento y el relevo de las tripulaciones, cuyos contratos no pueden superar los once meses consecutivos”, detalla además Mohamed Arrachedi.

Pero las tripulaciones bloqueadas en Ormuz denuncian contratos prolongados, salarios impagados desde hace meses y falta de víveres. “La comida no es buena. No puedo dormir bien. Mi salud se resiente. Ya no puedo trabajar. Ayudadme”, implora un marino etíope en un mensaje enviado al sindicato.

En otro mensaje al que ha tenido acceso Mediapart, un marino de la misma nacionalidad, pero que trabaja en otro buque, afirma que el capitán le ha privado de comida como represalia por sus peticiones de repatriación: “¿Cómo voy a sobrevivir a bordo sin comida?”, se pregunta preocupado.

Ravi confiesa que tiene miedo a trabajar en plena zona de guerra. De hecho, al menos dieciocho marinos han perecido en Ormuz a causa de los ataques. La mayoría son indios. La última víctima se remonta al 18 de agosto: un ingeniero murió en un ataque a un buque frente a las costas de Omán, según un comunicado en X de United Kingdom Maritime Trade Operations. Su nacionalidad e identidad no se conocen.

“Debemos tener presente que se trata de personas inocentes formadas para ejercer su profesión y no para luchar”, declaró el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, el 26 de julio, precisando que “los buques no están equipados para defenderse de misiles o drones”.

Para Mohamed Arrachedi, los conflictos “proporcionan a los armadores un pretexto perfecto para no asumir sus responsabilidades”. En este sector opaco y desregulado son muy habituales los abusos. Antes de la guerra en Irán, el teléfono del sindicalista ya sonaba día y noche, saturado de llamadas de marinos en apuros.

Cada año, ante la indiferencia general, son abandonados en todo el planeta cientos de buques con sus tripulaciones a bordo. Se trata de un fenómeno en fuerte aumento, especialmente desde la pandemia del covid-19. En 2025, la Organización Internacional del Trabajo registró 6.223 marineros abandonados, frente a los 4.726 de 2024 y los 1.983 de 2023.

Un barco se considera abandonado cuando el armador ya no puede o no quiere pagar a la tripulación, las provisiones o las reparaciones necesarias para la seguridad del carguero. A veces desaparece literalmente tras una sociedad pantalla y deja de contestar al teléfono.

En ocasiones, los marineros quedan atrapados a bordo de auténticas bombas flotantes que transportan cargamentos peligrosos. Cabe recordar que la tripulación del Rhosus, que transportaba el nitrato de amonio responsable de la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, permaneció atrapada a bordo durante casi un año, con esa carga explosiva.

Desde el inicio del conflicto en Irán, la ITF ha organizado la repatriación de cinco tripulaciones consideradas abandonadas en el estrecho. La impunidad que rodea a estos abusos se explica en parte por el sistema del “pabellón de conveniencia”: armadores que optan por enarbolar el pabellón de países con normativas muy laxas en materia de derecho laboral.

Ese es el caso de la mayoría de los buques actualmente bloqueados en Ormuz, “pero también hay buques que enarbolan pabellones nacionales que han ratificado el convenio de la OMI”, precisa Mohamed Arrachedi.

La OMI actualiza cada año una “lista negra” de los peores pabellones. El barco en el que se encuentra Ravi enarbola el pabellón de Curazao, utilizado con frecuencia por flotas fantasma para eludir las normativas medioambientales y las sanciones internacionales.

Uno de los casos más delicados que gestiona actualmente la ITF en Ormuz se refiere a una tripulación cuyos marinos, en su mayoría etíopes, llevan quince meses sin cobrar y cuyo buque habría sido alcanzado por un ataque. Mediapart no ha podido verificar esta información.

“El barco se incendió, pero, gracias a Dios, sobrevivimos. Al comienzo de la guerra, todos los tripulantes iraníes regresaron a casa. Ya solo quedamos tres a bordo. Después de Dios, usted es la única persona que nos queda”, escribió uno de ellos al sindicato a principios de agosto.

La lista de tripulaciones abandonadas puede consultarse en esta base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Traducción de Miguel López

La Universidad Internacional de Andalucía organiza cada año en Baeza durante el mes de agosto un curso de verano dedicado a la poesía. He tenido la suerte de participar en ellos desde su puesta en marcha. La cita sirve para reunir a profesores y poetas, pero también a alumnos que son poetas y profesores, cómplices ya después de 16 años, hasta el punto de que uno comprende allí, mejor que en otros sitios, que las humanidades sirven para contarnos la vida, pensar en lo que no contamos e intentar vivir de acuerdo con la conciencia que las palabras y la historia ponen en juego una y otra vez.

Este año dedicamos el curso a las relaciones de la poesía y el flamenco. Bécquer, Antonio y Manuel Machado, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, José Manuel Caballero Bonald, Enrique Morente, Camarón y otros músicos y poetas nos invitaron a pensar en la palabra pueblo, un antiguo deseo de comprender los vínculos que se establecen entre las experiencias individuales más profundas y una comunidad humana. Teresa, la mujer del poeta y musicólogo José Ramón Ripoll, es bióloga. Cuando me oye hablar sobre la tierra, el pueblo y su cultura, me cuenta que los bosques crecen y se sostienen gracias al miscelio, un conjunto extenso de filamentos que brotan de los hongos y forman una red subterránea capaz de hacer vivir la madera y abrazarse a las raíces de los árboles. Así se mantiene el equilibrio del ecosistema. Por eso Manuel de Falla y Federico García Lorca quisieron sumergirse en la tierra del Cante Jondo para innovar las ramas de una vanguardia artística universal.

La poesía y la música nos recuerdan hasta qué punto el tiempo se hace vida y conforma una comunidad con las historias personales. Como estamos en Baeza es inevitable recordar que Antonio Machado fue allí profesor de francés entre 1912 y 1919, es decir, mientras escribía Campos de Castilla y Nuevas canciones. Allí fue a conocerlo García Lorca en 1916, mientras se hacía músico y poeta, aprovechando un viaje de estudios de la Universidad de Granada. Hablamos de eso y de mucho más, porque es verdad, el tiempo nos envuelve como un bosque, vive en la memoria con sus hongos y sus filamentos.

18 de agosto de 2026. Tuvimos la suerte de disfrutar de un concierto de Carmen Linares, Marina Heredia y Soledad Morente, cantaoras que nos hablaron de su relación con la poesía. Cuando Marina cantó la Balada del que nunca fue a Granada de Rafael Alberti, se pusieron en marcha los filamentos para recordarme muchas cosas. Después de su exilio, Alberti entró en Granada en febrero de 1980, cumpliendo una promesa que le había hecho a su amigo Federico antes de que lo ejecutaran el 18 de agosto de 1936. En abril de 1983, con Aurora de Albornoz, pude acompañarlo en su llegada a Baeza, para cumplir otra promesa necesaria, aunque no se la había hecho a Antonio Machado. Era otro acto de afirmación democrática que tuve la suerte de vivir con Rafael.

Un grupo de intelectuales y escritores entre los que se encontraban José Manuel Caballero Bonald y José María Velázquez, también flamencólogos, intentaron hacer un homenaje a Machado en Baeza, en febrero de 1968. Quisieron colocar un busto de Pablo Serrano en recuerdo de los paseos de un poeta que hacía camino al andar. Pero la policía de Franco y de Camilo Alonso Vega reprimió de forma contundente el homenaje, y la poesía tuvo que correr delante de las porras y los fusiles de la represión. 

Ya asentada la democracia, se pudo hacer el homenaje en 1983, Alberti entró en Baeza, recordó el pasado y abrió camino a los jóvenes poetas. Aprendimos que escribir es luchar por la libertad y que las palabras se mezclan en política cuando son pueblo y participan de la tierra, de filamentos capaces de sostener las ramas más altas de un bosque. Todo eso lo recordaba emocionado, dentro de mí mismo y de un auditorio repleto de gente que compartía en su intimidad un concierto de Cante Jondo.

Un camionero en Burgos, una agricultora en Huelva o un peón de la construcción en Madrid son algunos de los trabajadores que han muerto en el que apunta a ser el verano más cálido de la historia de España. En la última entrega de esta serie sobre cómo el cambio climático está asfixiando el mercado laboral, es el momento de abordar por qué el Gobierno no se toma en serio todavía este problema que cada año va a más y castiga especialmente a las profesiones más empobrecidas. Los sindicatos aseguran que llevan años predicando en el desierto y que el Ministerio de Trabajo no parece preocupado por esta lacra.

La ley de prevención de riesgos laborales se actualizó vagamente en 2023 para introducir que en caso de "fenómenos meteorológicos adversos" o de declaración de un aviso naranja o rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, todos los trabajos de exterior tienen la obligación de adaptar su horario para proteger a los empleados, incluyendo "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas" más extremas. 

Este avance, para los sindicatos, fue muy mejorable porque no aborda el problema de manera seria –el calor puede ser peligroso por mucho que no se alcancen esas condiciones específicas–, y el incumplimiento de esa disposición es extremadamente amplio. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, opina que hacen falta protocolos específicos en cada sector que garanticen la seguridad. "La normativa que hay es insuficiente para proteger a las personas de las altas temperaturas. Se tiene que hacer cumplir la ley, pero también actualizarla", asegura.

En oficios de interior, como fábricas, restaurantes u oficinas, la legislación es muy específica sobre la temperatura, la humedad y la circulación del aire a la que deben estar expuestos los trabajadores, aunque es cierto que muchas veces se incumple. Pero, evidentemente, en exteriores es imposible fijar unas condiciones concretas, de manera que los expertos en salud piden que se estudien las condiciones específicas de cada profesión y se reescriban los convenios.

Sergio Salas, investigador en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas), recuerda sobre este aspecto que en el real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que dice que en la negociación colectiva se debatirán "protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos", un breve añadido que se puede interpretar como una obligación de incorporar medidas frente al calor extremo. Sin embargo, de nuevo, cree que es otro parche ambiguo que debe reforzarse.

"Es un cambio muy lento porque se va incorporando a los convenios actualizados desde entonces, y la mayoría no incorpora todavía las cláusulas por altas temperaturas. Es necesario que esto se haga obligatorio para forzar a actualizar", señala el experto. 

Salas completó el año pasado una investigación de 596 convenios colectivos sectoriales firmados entre 2020 y 2025 en España, "con resultados bastante decepcionantes". Su conclusión es que el calor extremo, que es una amenaza de salud pública en la península debido al cambio climático, es prácticamente inexistente en la negociación colectiva. El 69% no menciona siquiera el estrés por calor, y el 22% del total lo hace, pero solo contempla medidas de vestimenta, que ya se consideran básicas desde la ley de prevención de 1995. Solo 51 acuerdos (8,6 %) incluyen cláusulas organizativas o técnicas en referencia al calor, y apenas ocho (1,3 %) contienen un plan de choque más o menos integral.

De esos ocho, cinco pertenecen a la construcción, dos a la metalurgia y uno a la agricultura. Su resumen es que allí donde los trabajadores más pelean por mejoras, más protegidos están. "Los sectores con una tradición de negociación colectiva son los que tienen convenios más garantistas", opina. También es cierto que la construcción es el grupo profesional con mayor mortalidad, con 10,94 fallecimientos anuales por cada 100.000 trabajadores entre 2015 y 2025, por lo que requiere más precaución.

Revisando estos limitados ejemplos se pueden recoger ideas para futuras negociaciones sectoriales con ejemplos de buenas prácticas. Una de las fundamentales consiste en dejar por escrito, para no recurrir a la improvisación, cómo se organizan los horarios en los días de calor extremo: si se adelanta el momento de entrada para aprovechar las horas más frescas o si hay que trabajar menos tiempo.

También es recomendable aclarar bajo qué circunstancias la jornada de trabajo se cancela y qué remuneración reciben trabajadores de plantilla y subcontratados. Así se evitan situaciones como la de los jornaleros del campo que se vuelven a casa sin cobrar.

Otras recomendaciones son formar a la plantilla en prevención de riesgos por calor para detectar a tiempo un shock térmico, acordar por escrito unas medidas de seguridad (ropa fresca, acceso a agua, descansos obligatorios o aparatos de climatización) y establecer medidas concretas de prevención para trabajadores vulnerables.

En resumen, lo que exigen los expertos es que estas medidas de seguridad estén consensuadas y recogidas en un papel para que no queden al libre albedrío del jefe de turno porque la experiencia de la propia Inspección de Trabajo del ministerio demuestra que falta mucho por hacer. Entre junio y septiembre de 2025, este cuerpo realizó 10.784 visitas, que conllevaron 291 multas, con una sanción total de 1.559.949 euros.

“En interiores, los incumplimientos suelen deberse a problemas y/o averías en los sistemas de climatización y, en ocasiones, por su inexistencia”, aseguran a infoLibre fuentes de Trabajo.

En exteriores, reconocen que es “más complejo” evaluar y sancionar. “La Inspección suele detectar falta de evaluación y prevención del calor extremo y falta de adopción de medidas organizativas que protejan a las/os trabajadores/as en los momentos de temperaturas más elevadas. Por ejemplo, que no se adapten los horarios de trabajo, pausas insuficientes e insuficiente hidratación”, añaden.

Los sindicatos aseguran estar muy enfadados por la falta de compromiso del Gobierno en este asunto. Si es difícil prevenir los golpes de calor y se sospecha que la mortalidad por altas temperaturas en el trabajo está infracontabilizada, no entienden que la cartera de Yolanda Díaz no haya tomado medidas para abordarlo, especialmente tras las experiencia de 2025, un verano en el que uno de cada tres días es vivió bajo ola de calor.

En diciembre vencieron los 12 meses que el Gobierno se dio a sí mismo para aprobar “un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Aunque no sería la reforma definitiva que necesita el reglamento, sería un avance considerable, pero todavía no hay ni un borrador disponible de ese reglamento. 

El gran trabajo que tiene por delante la ministra de Sumar es la reforma de la Ley de Riesgos Laborales de 1995, que lleva en elaboración desde febrero de 2024. En noviembre de 2025 los empresarios abandonaron la negociación y Trabajo publicó en marzo el anteproyecto de ley, solo respaldado por los sindicatos, y fue aprobado por el Consejo de Ministros, pero todavía tiene que superar el examen del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado, antes de llegar al Congreso. De todas formas, nadie espera que llegue a aprobarse porque necesita el apoyo de la oposición, sobre todo del PP, que ya ha anunciado que no respaldará una reforma que no cuente con el aval de las organizaciones empresariales. 

Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), opina que esperar a que la ley se reforme en el Congreso es una utopía, y presiona para que se apruebe al menos el reglamento. “Nuestra principal demanda es cumplir con el real decreto 8/2024, que obliga al Gobierno a elaborar un reglamento. Ahí no hace falta ir al Congreso, solo depende del ministerio cumplir con ello, y seguir alargándolo es una decisión irresponsable”, asegura. “Yo creo que, en cuanto al calor, estamos en una situación de alarma”, resume.

A estas alturas, ya no me parece raro que haya personas que publican segundo a segundo sus vacaciones eternas, metro a metro sus chaletacos enormes con jardines ídem, sus marcas cuando hacen deporte o sus pieles de porcelana mientras se maquillan o desmaquillan con productos chulis sobre los que percuten con uñas largas y cuidadas que cuestan un pastizal.

Salvo por el ASMR “uñil”, nada es nuevo. Hacen publicidad de productos, estilos de vida, exhiben una realidad alterada e idealizada y, de paso, nos venden artículos, formas de pensar, cánones de belleza o hasta qué soñar. Llevamos décadas consumiendo anuncios en la tele o en la radio y, de manera menos obvia, también en series y películas en las que aparecen casas, modas, cuerpos, rostros e historias que la mayoría jamás tendremos y que aprendimos a necesitar. La gran diferencia, en el caso de las redes, es el formato vertical. Lo demás es igual: hay un guion detrás, una forma de construir la normalidad, los mínimos, lo deseable o el fracaso por quedarnos a años luz de todo lo anterior.

Y a pesar del machaque, a mí no me provoca envidia que esa gente viva de lujo porque el lujo no es algo a lo que yo aspire. A dejar de trabajar, salvo en los proyectitos que me encantan, a no volver a madrugar tanto como para que no haya ni un alma por la calle, a no tener que subirme en el Cercanías en hora punta, a saltarme eso de respirar en la espalda o en la mochila de alguien porque el tren está petado, a echarme la siesta o a no mirar la cuenta desde el día 15 de cada mes con el alma en vilo, sí. Y digo esto desde el absoluto privilegio que me confiere el hecho de no ser migrante y, por tanto, no depender de un papel para tener derechos, de residir cerca de mi familia, de contar con una red o de estar ahora mismo trabajando en una de esas profesionales liberales para las que muchas personas estudian pero en la que demasiado pocas pueden vivir de ellas.

Eso sí, también soy muy consciente de que llamar privilegio a ciertas conquistas que hasta ahora resultaban incuestionables, como sociedad, debería preocuparnos.

Así que no, no me fastidia esa gente por el hecho de que gane un pastizal sin necesidad de moverse de su cuarto, sino su desconexión con la realidad de la mayoría: con que a buena parte de la población le paguen poco por mucho que se deslome durante horas cada día y con independencia de su experiencia, sus títulos o la cantidad de líneas que sume en el currículum. Y quizá la indignación y la lucha deberían estar ahí, que ya sé que es un combate que se ha librado y se libra pero, por desgracia, las luchas no cuentan con la cantidad de “visualizaciones y visitas” que deberían porque hay una parte de la sociedad que en lugar de cuestionar el modelo actual, está deseando forrarse con él y pirarse a Andorra con el objetivo de no pagar impuestos. Lo colectivo se queda fuera debido a que en tu pantalla mandas tú y ya casi no vemos más allá de lo que pasa en ella y de lo que nos muestra o nos esconde el algoritmo.

Otra cosa que me da bastante rabia es que desde los medios de comunicación se haya contribuido a la situación actual. Precarizan a periodistas que salen a la calle a buscar noticias e invierten en el tipo de influencer que es noticia. Poco importa que su única expertise sea hablar aprovechando que tiene boca. La excusa para admitir y fomentar tamaño desequilibrio es la audiencia, no obstante quien ve la tele no siempre es el mismo tipo de perfil que el que se informa a través de redes. Y viceversa.

Me sienta regular que se maltrate a las personas que se han hinchado a hincar codos, que se han comido prácticas mal pagadas o no pagadas, que han aprendido la importancia de la veracidad frente el espectáculo y a citar y buscar las fuentes. Me preocupa que se prefiera la todología, que antes se limitaba a las conversaciones de bar, y el estar hasta en la sopa al rigor y la profesionalidad.

Y sí, ¡claro que hay influencers que saben y a los que da gusto escuchar! Pero a cuántos no. Es que qué valor hacer un día un “análisis sesudo” sobre el eclipse, al siguiente sobre la dana, pasarse el miércoles entero hablando de vacunas y concluir la semana siendo “especialista” en terremotos, Ceuta, inmigración o Irán en los debates a voces de la tele. Con todo, no son culpables las plataformas sino una sociedad que confiere una especie de superpoder a su creador de contenido favorito y que cree que tiene la capacidad de hablar de todo, de equiparar la todología a la sabiduría. Ni ChatGpt se atrevió a tanto.

A principios de los noventa, una revista de moda y una marca de cosmética se aliaron para rentabilizar la lucha contra el cáncer de mama. Compañías de prestigio comenzaron entonces a percatarse de que aquella enfermedad que afectaba a millones de mujeres en todo el mundo podía revertir en beneficios económicos, siguiendo una fórmula muy sencilla: capitalizar las reivindicaciones que legítimamente venían planteando activistas, organizaciones y pacientes. 

Charlotte Haley, diagnosticada con la enfermedad, tejió un lazo color melocotón para demandar más fondos, más investigación y más esfuerzos para entender, tratar y combatir la enfermedad. Casi sin pretenderlo, la estadounidense pasaría a la historia como la artífice de una exitosa y humilde campaña que enseguida acapararía las miradas de grandes empresas. Como colofón de la deriva comercial, el lazo se tornaría rosa en contra de la voluntad de su creadora, emancipándose de su origen genuinamente reivindicativo.

Varios años después, emergió el concepto pinkwashing en oposición a lo que empezaba a entretejerse como un panorama muy rentable para las empresas. Han pasado décadas, pero la denuncia está hoy más presente que nunca y las consecuencias siguen recayendo sobre quienes se atreven a plantearla. 

Teta y Teta, una organización sin ánimo de lucro, incluye en sus estatutos "desromantizar, desedulcorar y descomercializar el cáncer de mama y luchar contra su comercialización o pinkwashing". En los últimos años, se ha erigido como una de las principales entidades empeñadas en señalar la falta de transparencia y las estrategias comerciales que se lucran con la enfermedad a través de prácticas pensadas para sacar rédito económico. 

Lo cuenta su portavoz, Marina García Canedo, en conversación con este diario. Hace seis años, la asociación organizó una campaña poniendo en evidencia la falta de sujetadores de una sola copa adaptados a las mujeres con mastectomía. Compartir tiempo con las mujeres que así lo demandaban, cuenta al otro lado del teléfono, fue revelador para el equipo: "Pudimos ver hasta qué punto la publicidad dulcifica el cáncer de mama, aquello supuso un viaje dentro del activismo contra el pinkwashing". 

Así que emprendieron el viaje. Años después, recuperaron la genealogía del lazo melocotón y denunciaron su robo (simbólico) por parte de las grandes empresas. Las mujeres que participaron en las campañas convocaron entonces una primera gran concentración oficial, sin intermediarios y con un espíritu explícitamente crítico ante la capitalización de la lucha contra la enfermedad por parte de las empresas. La propaganda comenzaba a ceder el paso a la politización. Y así es como Teta y Teta se marca un objetivo: lanzar una reflexión en torno a la Carrera de la Mujer. 

El proyecto nace hace más de dos décadas, gracias a la empresa Sport Life Ibérica. En un primer momento, la iniciativa plantea donar parte de cada inscripción a la lucha contra el cáncer, una decisión que con el paso de los años se va convirtiendo en su seña de identidad. Hoy, la marcha se celebra en nueve ciudades del país, con el apoyo de compañías como Oysho, Santander o Central Lechera Asturiana. 

Según figura en su página web, el precio de la inscripción para salir a correr es de un mínimo de 13,95 euros, con la posibilidad de escoger una alternativa totalmente solidaria por 20,95 euros, importe que va a parar a organizaciones locales. La pregunta que se hicieron las activistas era obvia: teniendo en cuenta que solo hay una opción completamente solidaria, ¿cuál es el porcentaje de donación para la lucha contra el cáncer en el resto de los casos? Teta y Teta hizo un cálculo: si la empresa matriz tuvo un beneficio total de 10.656.342 euros en el año 2024 y donó 86.628 a la Asociación Española Contra el Cáncer, entonces dicha donación supuso menos de un 1% de sus beneficios totales. 

La campaña de la organización fue un éxito y la cifra atravesó a todas las mujeres que salían a la calle con la certeza de estar haciéndolo por una buena causa. Pero la empresa no tardó en impugnar las estimaciones y rehacer las cuentas. Son las siguientes: el año pasado participaron 106.258 mujeres en las marchas y fruto de sus inscripciones se recaudaron 1.225.041 euros, según la información proporcionada a preguntas de este diario. Las donaciones a fines benéficos ascendieron a 264.967 euros, lo que equivale a un 21,6% del total. 

"En 2025, la entidad que recibió una mayor aportación ha sido la Asociación Española Contra el Cáncer", presumen en la web, con un importe de 96.197 euros, lo que supone el 7,8% de los ingresos procedentes de las inscripciones. O el 36,3% del total de las donaciones, tal y como insiste en destacar la empresa: "Es la referencia que consideramos correcta para valorar el peso de esta aportación", señalan.

No obstante, la información pública respecto a las cuentas deja algunos interrogantes, como a qué se destina el 78,4% restante que no va para fines benéficos o cuáles son los ingresos procedentes de otras fuentes distintas a las corredoras –como el que viene de empresas privadas o instituciones públicas–. infoLibre ha preguntado por todas estas cuestiones. Al margen de las donaciones, la organización invierte en "permisos, seguros, seguridad, servicios médicos, logística, personal técnico, montaje y desmontaje en cada una de las nueve ciudades". Es decir, costes de producción que "superan los ingresos por inscripciones". 

Por otro lado, abundan las mismas fuentes, el circuito "recibe ingresos por patrocinio de empresas privadas y cuenta con el apoyo institucional de ayuntamientos y diputaciones en cada una de las nueve ciudades", pero rechazan facilitar qué porcentaje del total de ingresos supone, "ya que esa información está vinculada a acuerdos comerciales sujetos a confidencialidad contractual con patrocinadores y proveedores".

Con este telón de fondo, Teta y Teta critica que la carrera se presente como un evento solidario. En los últimos meses, la empresa se ha esforzado en cambiar la narrativa y matizar su carta de presentación, dibujando la iniciativa como eminentemente deportiva. En su web, aseguran ser "un evento deportivo" y un "referente internacional de apoyo solidario a entidades de todo tipo". Su objetivo, sostienen, pasa por "promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, promover la salud y concienciar sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para una vida más saludable y dar visibilidad a causas de apoyo a la mujer, como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos". Ni rastro del cáncer de mama.

En respuesta a preguntas de este periódico, la organización de la marcha sí admite que el cáncer de mama ha sido "desde las primeras ediciones una de las causas más visibles del proyecto", pero insiste en que la carrera "no es, ni se ha presentado nunca, como una carrera exclusivamente contra el cáncer de mama", sino como un "evento deportivo con un compromiso social más amplio". En el portal online de Sport Life Ibérica encuadran la carrera como un proyecto para "sacar a las mujeres a hacer deporte a la calle", estando "unida desde la primera edición a la lucha, prevención y diagnóstico precoz del cáncer de mama". 

"El problema no es necesariamente la Carrera de la Mujer, sino que todo el sistema valida y dulcifica este tipo de prácticas sobre una enfermedad que mata a 18 mujeres al día", subraya la portavoz de Teta y Teta. Para García Canedo, la raíz de la denuncia se basa no tanto en señalar a una marca de forma individual, sino al conjunto de condiciones de posibilidad que se instalan alrededor del fenómeno: "Una legislación que lo permite, un Estado que no mira a donde tiene que mirar y una sociedad de consumo que no tiene tiempo para politizarse y se da por satisfecha si le dicen que una compra puede servir de ayuda". 

Este es el discurso que la organización expuso a mediados de mayo en el programa Influ-realismo mágico, un videopodcast de RTVE. El programa Convertir el cáncer de mama en dinero, con Teta&Teta dejó de estar disponible en su página web prácticamente un mes después de la emisión. "Entonces pedimos explicaciones a la defensora de la audiencia", hilvana García Canedo. 

Según la web de la defensora de la audiencia, el programa recibió una queja por su "falta de rigor en la información sobre el objetivo de la Carrera de la Mujer" y la retirada del mismo fue objeto de 161 reclamaciones. En una respuesta formulada vía correo electrónico que publicó Teta y Teta a finales de julio, la defensora de la audiencia explicaba que la entidad organizadora de la Carrera de la Mujer "hizo una reclamación formal al considerar que varios programas de RTVE estaban haciendo una campaña de difamación contra ellos". En el caso del videopodcast, "se decidió atender la solicitud", en parte porque el contenido de aquel episodio "desvirtuaba la finalidad misma del programa". Este diario ha podido confirmar que la corporación recibió una petición para retirar el programa, alegando que contenía afirmaciones imprecisas, bajo la advertencia de tomar acciones legales.

La Carrera de la Mujer declina "entrar a valorar calificaciones legales sobre contenidos de terceros", si bien critica que el programa haya presentado "como dato contrastado una cifra económica que no lo es". Se refiere al dato del 1%, una tasa que la empresa considera incorrecta porque toma como referencia la facturación de toda la compañía y no los números específicos de la carrera.

Para García, la eliminación del programa es especialmente dolorosa porque en él figuraban testimonios de pacientes e "información de valor" para las mujeres. Una de ellas celebraba tener por fin "la oportunidad de hablar en primera persona". Lo decía sin rastro de ningún lazo rosa, pero cargada de razones. Los vídeos con sus intervenciones todavía están disponibles en redes sociales.

"No sé si perjudicará a la imagen y la reputación del CIS que yo sea presidente", esa duda expresaba José Félix Tezanos el 9 de julio de 2018, solo unos días después de haber sido nombrado presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por parte del primer Gobierno de Pedro Sánchez. E iba más allá contestando a quiénes habían sido críticos con su nombramiento: "No sé si es malo que un socialista sea presidente del CIS. ¿Que un comunista fuera presidente del CIS también sería malo? ¿Y un judío también sería malo? ¿O un gitano?".

Las declaraciones —cuanto menos, polémicas— coparon los medios, algo que posteriormente ha seguido sucediendo durante sus ya algo más de ocho años de mandato. El mismo día que pronunció esas palabras renunció al puesto que ocupaba en la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Que se nombrara como presidente del CIS a un miembro de la dirección del PSOE fue la principal crítica de quiénes no entendieron la designación de Tezanos para el puesto.

Tezanos, en su defensa, aseguró que "nadie puede ser juzgado por sus ideas, sino por su trabajo" y prometió que "lo que no va a cambiar en el CIS es su rigor y profesionalidad". "Mientras yo sea presidente, garantizo que nunca se va a falsificar ni manipular ningún dato", remachó.

Ocho años después de esas declaraciones se ha convertido en la persona que ha ocupado durante más tiempo la presidencia del CIS. Hasta ahora nadie había alcanzado ese número de ejercicios al frente de la institución. Aun así, durante su mandato se han seguido sucediendo las críticas de expertos y sociedad civil, ahora tanto por su vinculación política como por su trabajo en el organismo.

infoLibre publica ahora la investigación La despensa de Tezanos tras meses de ahondar en cómo está siendo el mandato y la gestión de Tezanos al frente del CIS. Antes de que esta serie viera la luz, infoLibre remitió múltiples cuestiones al CIS el pasado 31 de julio. En esas preguntas, se planteaban, entre otros aspectos, las críticas de expertos al respecto de la sobreestimación sistemática del organismo hacia el PSOE y la izquierda; la ruptura de multitud de series históricas eliminando o modificando preguntas; o algunas de las otras polémicas que han rodeado al centro y al propio Tezanos, ya sea por esos errores metodológicos o por declaraciones del presidente. La institución no ha contestado ninguna de ellas.

No obstante, las sombras sobre su gestión trascienden el debate técnico y las polémicas que haya podido protagonizar el propio Tezanos. La documentación analizada por infoLibre revela una transformación interna de la institución y un proceso de control de la estructura de poder por parte de un ecosistema cerrado forjado en las instituciones que marcan la trayectoria de Tezanos antes de su desembarco en el CIS: la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Fundación Sistema —que fundó y preside— y el aparato del PSOE.

Se trata de un trasvase de colaboradores afines que no solo ha copado la alta dirección y el gabinete de la Presidencia del CIS, sino que ha logrado consolidar plazas públicas vitalicias mediante tribunales formados y presididos por miembros del mismo entorno. Un entramado institucional que, además, retroalimenta el currículum y la producción editorial de los propios hijos del sociólogo.

En paralelo a esta toma de control, Tezanos también ha ido desactivando los contrapesos internos. El consejo asesor del CIS, concebido como un órgano técnico y plural, ha virado hacia un grupo poblado de ex altos cargos socialistas y perfiles afines, en un proceso que terminó en 2024 con la salida de las últimas voces académicas críticas y con un apagón documental en las actas oficiales de sus reuniones, que han pasado de ser resúmenes detallados de los debates del consejo a escuetas listas de acuerdos unánimes.

En el barómetro del CIS de enero de 2019 los españoles valoraron al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, con una media de 3,8 y al entonces presidente del PP, Pablo Casado, con un 2,9. Solo un mes después, en el barómetro de febrero, sus notas eran de 4,3 y 3,6, respectivamente. ¿Ambos mejoraron su valoración en tan solo un mes? No. La diferencia se produjo por un cambio en la escala de la pregunta.

El CIS siempre había preguntado por la valoración de líderes políticos y ministros pidiendo a los encuestados que los puntuaran del 0 al 10, "sabiendo que el 0 significa que lo/a valora 'muy mal' y el 10 que lo/a valora 'muy bien'". En febrero de 2019 Tezanos decide cambiar las reglas y pasa a pedir que se valoren del 1 al 10, "sabiendo que el 1 significa que lo valora 'muy mal' y el 10 que lo valora 'muy bien'". Así, las notas de los políticos subieron de un día para otro y la serie histórica se rompió impidiendo comparar los resultados actuales con datos antiguos. 

La escala del 0 al 10 se venía usando en esa pregunta al menos desde 1979, cuando el CIS pedía que se valorara a algunos líderes de la época. En el barómetro de septiembre de ese año, por ejemplo, se puntuó a Manuel Fraga, Enrique Tierno Galván, Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo.

Pablo Simón, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que la rotura de la serie en esa pregunta es una de las que ha hecho el CIS que tiene menos explicación. "De repente, a Tezanos se le ocurrió que, como la escala de ubicación ideológica es de 1 a 10, las valoraciones en puntos a los ministros tienen que ser también de 1 a 10. Pero cuando tú haces un examen te puntúan de 0 a 10, no te ponen directamente un punto por poner bien el nombre. Me imagino que en algún momento haría cálculos y diría: 'Si vamos a preguntar por los ministros y por el presidente, no se puede ver un suspenso con un 3. Entonces, partimos de 1 y están ya más cerca del aprobado'".

Pero se trata solo de un ejemplo. La presidencia de Tezanos se ha caracterizado por la modificación de preguntas, respuestas y categorías rompiendo series históricas sin demasiado miramiento. infoLibre ha contabilizado al menos una decena de casos de series rotas por el CIS de Tezanos que han sido criticadas por los expertos y que pueden causar perjuicio al análisis posterior e histórico de los datos de las encuestas del CIS.

En ocasiones es un cambio en las respuestas como con la escala para valorar a los políticos. Otras veces lo que se modifica son las preguntas o simplemente el orden de estas. Algo que también afecta a los resultados.

Esto último se produjo con una de las preguntas más míticas de los barómetros. El organismo lleva al menos desde 1979 preguntando a los españoles una serie de cuestiones encadenadas: "Refiriéndonos a la situación económica general del país, ¿ud. la calificaría de muy buena, buena, regular, mala o muy mala?", ¿cree ud. que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año?" y "¿cree ud., que dentro de un año esta situación será mejor, igual o peor que ahora?". Años más tarde —hay registro desde al menos 1992— el CIS incluyó tres preguntas adicionales: las mismas, pero sobre la situación económica personal del entrevistado.

De hecho, las tres preguntas sobre la situación económica de España solían abrir los barómetros del CIS y justo después se planteaban las otras tres cuestiones. Pero en abril de 2020 todo cambia. Para ese barómetro el CIS deja de hacer trabajo de campo presencial y las encuestas pasan a ser telefónicas con entrevistadores que rellenan un formulario digital asistidos por ordenador —un sistema conocido como entrevistas CATI, por sus siglas en inglés—. 

Tezanos ha justificado ese cambio asegurando que las encuestas presenciales eran difíciles y poco eficientes a nivel operativo mientras que con el sistema CATI el CIS puede hacer muchas más entrevistas, más deprisa y con muestras mayores. Todo ello a pesar de que algunos expertos apuntan a que las encuestas telefónicas amplían el sesgo de las muestras; más aún hoy con la desaparición de los teléfonos fijos en los hogares. Algunos académicos también han tachado de innecesario que el CIS ahora haga encuestas tan rápidas o con muestras tan grandes —más si se tiene en cuenta el sesgo muestral con el que suele contar el CIS hoy en día—.

En cualquier caso, Tezanos se ha mostrado orgulloso de su decisión y la ha vinculado a la mejora laboral de los encuestadores del organismo, que antes facturaban por su cuenta al CIS como simples colaboradores y ahora están subcontratados a través de la empresa pública Tragsatec, filial del grupo Tragsa. "Cuando llegué al CIS en el año 2018, lo primero que comprobé es que había situaciones enormemente precarias de salud laboral; es decir, la encuesta domiciliaria era una encuesta que daba lugar a un fenómeno tremendo pero muy frecuente: las personas que tenían que hacer encuestas en núcleos rurales tenían que abrir cancelas y entrar en sitios para poder llamar a las casas y eran muy frecuentes las mordeduras de perros; hay casos en los que eso derivaba en una infección. Había situaciones tremendas y no tenían seguros sociales ni tenían contrato laboral", aseguró el propio Tezanos en septiembre de 2024 en el Congreso.

Ese barómetro de abril de 2020, el primero hecho a partir de entrevistas CATI —el cambio ya estaba siendo planeado pero se desencadenó a raíz del confinamiento por la pandemia del covid-19—, el CIS lo aprovechó para introducir modificaciones en el cuestionario y, entre otras, se dejaron de incluir las preguntas sobre cómo ha cambiado la situación económica en un año y cómo podría cambiar a futuro. Además, se dejó de ofrecer al entrevistado la opción de "regular" como respuesta, tanto en las cuestiones sobre la situación económica como en otras.

Después, el cambio fue más allá: el aspecto más criticado por los expertos fue la modificación en el orden de las preguntas que se produjo ya en noviembre de 2022. Desde entonces, el barómetro plantea a los encuestados primero cómo valoran su situación económica personal y después cómo valoran la de España.

Los ciudadanos suelen ser más optimistas sobre su situación personal que sobre la del país. Por tanto, preguntar primero por la cuestión que suele tener mayores resultados positivos induce también a mejorar el grado de satisfacción en las respuestas de la siguiente. 

"Jugar con el orden de las preguntas es algo que hace mucho Tezanos. Está entre las múltiples trampas que utiliza. Por ejemplo, coloca preguntas al principio de las encuestas para guiar el sentido en el que él quiere que evolucione. La manipulación no solo tiene que ver con el tema de la cocina, que es sobre lo que más se ha discutido. Al final, termina adulterando el propio contenido de las encuestas y estas tienen menos valor. El descrédito del CIS, la mala calidad de las encuestas y el hecho de que se hayan roto series históricas ha hecho que los académicos nos vayamos a utilizar encuestas privadas", explica Pablo Simón.

El CIS, además, no solo ha dejado de hacer preguntas, ha cambiado el orden de estas o ha modificado las respuestas que ofrece para determinadas cuestiones que plantea. Con la presidencia de Tezanos también ha variado la forma en la que se categorizan algunas de las respuestas de los encuestados.

Es lo que ha pasado con la famosa pregunta sobre los principales problemas de España. Una de las opciones en las que se englobaban las respuestas de los encuestados era "Los políticos en general, los partidos políticos y la política". Esa categoría se recogía desde que se empezó a preguntar por los problemas del país en 1985 y con el paso de los años llegó a convertirse en una de las más contestadas.

"Si todas esas respuestas se juntaran como debería hacerse, porque responden a una misma problemática, serían el principal problema, obviamente. El principal problema de los españoles hoy es la política y los políticos. Pero el CIS trocea esas respuestas para que no aparezca ese resultado. Se hace porque a Tezanos no le gusta ese titular, prefiere que el principal problema sea la vivienda o lo que sea", explica Emilio de Lamo, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense que fue miembro del consejo asesor del CIS hasta que alzó la voz dentro de ese organismo contra la gestión de Tezanos y acabó fuera del mismo hace algo más de dos años.

Lamo también destaca en conversación con infoLibre que uno de los problemas que le parece más grave del mandato del sociólogo cántabro es el de "las preguntas que no hace". "Es quizás lo más importante porque el CIS es el banco de datos que tiene que medir y acreditar las preocupaciones de la opinión pública española a lo largo del tiempo. No se ha preguntado nada, por ejemplo, sobre la ley del solo sí es sí. No se pregunta sobre temas fundamentales que afectan a la opinión pública porque Tezanos no quiere abordarlos y, en cambio, se pregunta por cosas exóticas. Esa es una muestra clara del sesgo", explica Lamo, quien fue amigo personal de Tezanos hasta que ambos discutieron tras las críticas, primero privadas y después también públicas, del primero a su gestión.

Simón coincide en que el CIS no está preguntando sobre temas que debería tratar. "Antes se preguntaba 'en qué medida usted confía en todas las instituciones' y se incluía a la corona. Pero Tezanos dice que la monarquía no preocupa a los españoles porque en los barómetros sale que entre los principales problemas están un montón de cosas, pero no la corona. Sin embargo, por la agenda 2030 o por Begoña Gómez se ha preguntado. ¿Y por qué por eso sí y por lo otro no? ¿Qué pasa? ¿Que Begoña Gómez aparece entre los principales problemas de los españoles? Lo dudo. Lo que hace Tezanos es colocar las preguntas en función de su propio interés. Y el resultado de esto son un montón de encuestas de mala calidad".

Francisco José Llera, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y fundador y director del Euskobarómetro, también ha sido muy crítico con el mandato de Tezanos. "Ha supuesto un claro deterioro desde el punto de vista académico-científico y ha tenido un sesgo, innecesariamente, partidista. La crisis de reputación del CIS es bastante evidente y, además, Tezanos ha sido incapaz de respetar y asumir las críticas actuando con una actitud autoritaria y sectaria", asegura en respuesta a infoLibre. Llera también formaba parte del consejo asesor de la institución pero salió del mismo en abril de 2024, a la vez que Lamo.

Una de las ocasiones en las que levantó más polémica la dirección en los cuestionarios del CIS fue ese mes, cuando Pedro Sánchez, el miércoles 24 de abril de 2024, publicó una carta a la ciudadanía después de que se abrieran diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez. El mismo viernes 26 el CIS realizó una encuesta flash para preguntar sobre el tema a la ciudadanía. Los expertos aseguraron que la misma estaba llena de preguntas con juicios de valor y falsas dicotomías y que el formulario estaba dirigido a obtener unas respuestas determinadas.

Esas encuestas flash —nombre con el que el CIS ha bautizado esos estudios rápidos que ahora realiza— han sido también una novedad de Tezanos y son por las que muchos expertos han criticado que se hagan sondeos con tanta celeridad. "Son encuestas de mala calidad y que se queman en un titular. Te pregunta por Begoña Gómez y ya no te vuelve a preguntar nunca más. Entonces, ¿para qué nos sirve? Si preguntas por Begoña Gómez cada seis meses, podremos comparar en el tiempo si a los españoles les preocupa más o menos el tema de Begoña Gómez. Pero con una encuesta flash puntual eso no sucede. Además, se trata de un tema, obviamente, que no es relevante", detalla Simón.

Esa dirección en las cuestiones que se plantean y en la forma de preguntar también se ve en los barómetros. El CIS antes acostumbraba a empezar esas encuestas preguntando a los entrevistados por la situación económica y política del país de forma genérica, ahora Tezanos y su equipo suelen arrancar con las preguntas de actualidad que consideren pertinentes.

Se vio claro, por ejemplo, en septiembre de 2024, cuando la inmigración afloró como principal problema de los españoles. Ese dato copó los titulares de todos los medios. Pero antes de llegar a la cuestión sobre los principales problemas del país, el CIS había planteado preguntas sobre las "desigualdades que existen entre los países pobres y los países ricos" o el "aumento de la población inmigrante". "Es evidente que eso condiciona las preguntas posteriores", aseguraba entonces el politólogo Alejandro Solís.

Para entender la ideosincrasia del CIS es necesario comprender que se trata de una figura anómala. La mayor parte de países europeos u occidentales no tienen organismos similares. "En la mayoría, las encuestas o análisis demoscópicos los hacen casas privadas o se hacen concursos públicos que terminan en manos de universidades. El CIS, en cambio, es una institución propia que depende de Presidencia y eso tiene una cara positiva y otra negativa. El elemento positivo, evidentemente, es que dispone de unas atribuciones y unas capacidades presupuestarias que ninguna otra institución tendría si no dependiera de ellos. El negativo es, evidentemente, el riesgo de politización", detalla Pablo Simón. 

A pesar de que no hay muchos ejemplos en Europa como el CIS, existen algunas instituciones que sí guardan cierta similitud. La que más, podría ser, probablemente, el Centro de Investigación de la Opinión Pública de Polonia, financiado con fondos públicos y constituido por ley como fundación independiente. Realiza encuestas representativas sobre política, instituciones, intención de voto, economía y asuntos sociales, tanto para la Administración como para la sociedad polaca en general.

A diferencia del presidente del CIS, que es elegido directamente por el Gobierno, el centro polaco realiza un concurso para designar el puesto de dirección. Actualmente lo ocupa Ewa Marciniak, reputada académica, politóloga y profesora universitaria a la que no se le conoce afiliación política, al menos públicamente. Marciniak ganó el concurso convocado en 2023. Las condiciones del mismo las plantea el propio Consejo del Centro de Investigación de la Opinión Pública de Polonia, que sí está formado por distintos representantes políticos, pero incluso entrevistan a los candidatos antes de votar y optar por uno de ellos. Además, se les designa por un mandato de cinco años. Tezanos, en cambio, es presidente del CIS hasta que decida dimitir o el Gobierno de España —este o uno futuro— opte por cesarle.

Otros organismos públicos que guardan cierta similitud con el CIS se pueden encontrar en Países Bajos o Grecia. En ambos casos se elige al director tras un proceso de selección mediante convocatoria pública y centran su actividad en la investigación sociológica, no tanto en las encuestas electorales. El CIS, en cambio, ha reforzado su variante demoscópica desde que Tezanos es presidente. Antes el organismo solo preguntaba por intención de voto en uno de cada tres barómetros mensuales. Ahora lo hace en todos.

"Tenía sentido preguntar cada tres meses porque el voto es lo de menos. Pero hemos llegado a un momento en el que el CIS parece que es el instituto público para hacer encuestas, para contrapesar a Michavila [Narciso Michavila, presidente de GAD3] y nada más. Eso es terrible, porque al final la institución está secuestrada. Es una institución que es de todos los españoles. Y debería, precisamente, hacer buena sociología, buena opinión pública, funcionar con calidad, dar información a los medios de comunicación, dar información a la oposición, dar información al Gobierno y a las instituciones académicas", explica Simón.

Jordi Muñoz, doctor en Ciencia Política, profesor en la Universidad de Barcelona y hasta hace poco director del CEO —el CIS catalán—, coincide con la necesidad de que el CIS se centre más en su faceta de investigación sociológica.

"Debería transformarse en un auténtico centro de investigación científica independiente, adoptando la fórmula jurídica que se considerara más adecuada. Debería desvincularse del Ministerio de la Presidencia, reducir la influencia de los nombramientos políticos y abandonar la elaboración de estimaciones electorales. En cambio, sí tendría sentido que continuara realizando estudios de fondo, investigaciones comparadas y análisis sobre la evolución de la sociedad española", detalla Muñoz, quien en sus tiempos como presidente del CEO ya mostró decisiones contrarias a las de Tezanos en el CIS.

Lo que no tienen tan claro los expertos consultados por infoLibre es cuál sería la mejor fórmula para escoger la presidencia del CIS. Marina Subirats, catedrática emérita de Sociología y parte del consejo asesor del CIS, elogia el mandato de Tezanos en declaraciones a este medio. "Se ha hecho un trabajo importante y admirable. La cantidad de trabajo que está realizando CIS y la cantidad de cosas que se han puesto en marcha en esta etapa es asombrosa". Preguntada por la posibilidad de que con un nuevo Gobierno del PP se optara por un perfil similar al de Tezanos pero de derechas, asegura lo siguiente: "Lo entendería. A menos que fuera alguien tan directamente vinculado a los intereses de un partido, que entonces pensaras que lo iba a utilizar".

Tezanos fue muy criticado nada más llegar a la institución precisamente por su vinculación a los intereses del PSOE y por su cercanía a Pedro Sánchez. Formaba parte de la dirección del partido y había sido uno de los miembros del pequeño equipo de Sánchez durante las primarias a la secretaría general del PSOE. El propio Tezanos narra esa aventura en un libro que publicó en 2022 —ya siendo presidente del CIS—: Pedro Sánchez: Había partido: de las primarias a la Moncloa.

"Aunque su legitimidad en origen pudiera estar un poco manchada por haber estado en la Ejecutiva del PSOE, no lo habíamos visto trabajar. Luego cuando trabajas te ganas la legitimidad en ejercicio. Si con Tezanos el CIS se convierte en verdaderamente independiente y funciona, aunque tú hayas tenido ese origen, te puedes ganar la legitimidad. Pero no. Lo que demostró es que quería que fuera una correa de transmisión para el Gobierno", asegura Pablo Simón.

Gabriel Colomé, que también dirigió el CEO, es senador del PSC y fue miembro del consejo asesor del CIS durante el mandato de Tezanos, asegura, en cambio, que el presidente de la institución "ha hecho cosas muy importantes" durante su mandato. "Como arreglar la irregularidad de que, siendo una institución pública, el CIS tenía gente en precario", explica a infoLibre.

Al ser preguntado por la conveniencia de la afiliación y participación política del presidente del organismo lo resume de la siguiente forma: "Tiene todo el derecho a haber participado en las primarias [en el equipo de Sánchez]. Y, en la lógica política, los asesores que han participado en un proyecto tienen premio al final. Su premio fue este. Si tienes en tu equipo a un Harry Potter con su bola de cristal, cuando ganas le das el CIS, que es la gran bola de cristal".

En bastantes personas que contemplamos la lucha política “por un puñado de niñas” nos sobrevuela por el pensamiento la ansiedad preventiva o anticipatoria. Se nos paraliza cualquier reflexión sobre el futuro de esas niñas que son ahora tizón de odio político. Por ahora todo son especulaciones sobre esa distribución por España, imaginamos que con carácter temporal hasta que se culminen los dilatados trámites de regreso con sus familias. Las ONG de ayuda a esas niñas claman por su protección.

El duelo anticipatorio nos acongoja. Se trata de proteger a 500 niñas en un país de casi 50 millones de habitantes. No entro en lo que se podría haber hecho mejor por parte del Gobierno, tiempo habrá de analizarlo.

Nos encontramos en un momento crítico de provisionalidad permanente. Nos preguntamos si la preocupación es una limitación a la hora de demostrar solidaridades. En el asunto Ceuta la mente se ve obligada a cargar con tantos deberes o débitos, o ambas cosas a la vez, que tiende a encogerse.

La solidaridad personal tiene un alcance limitado si no consigue impregnar a la sociedad. Si el tiempo pasa demasiado deprisa, más que nada por la no solución, se adelanta a los débitos, diríamos que los olvida, y oscurece los deberes. El Gobierno de la ciudad autónoma, acaso sin desearlo, se aleja de sus deberes, al menos con estas niñas. No queremos pensar que perdió su humanitaria gobernanza por la presión de fuerzas políticas foráneas, qué bien fuerte es.

Estamos hablando de 500 niñas, ahora expuestas a muchos peligros que nos harían temblar si fuesen nuestras hijas. Sin duda, antes el tiempo de la solidaridad era más profundo, o tenía menos sucesos adheridos por oscuras intenciones. Escuchamos a dirigentes políticos de la oposición condenar a esas niñas por un supuesto delito del que no son conscientes. No es extraño que la ciudadanía no implicada sienta ganas de dejar vagabundear su pensamiento entre débitos y deberes. No comentaré si es conforme a ley o no, no me considero capacitado.

Decía la filósofa Hannah Arendt que “el juicio moral depende de la capacidad de pensar desde la perspectiva del otro”. Suponemos que esos dirigentes a los que aludíamos antes tendrán hijas. Pensemos en la seguridad mental y física de esas 500 niñas. ¿Acaso no merecen ser acogidas temporalmente en lugares seguros? ¿O reza para ellas aquello tan cristiano de que “en el castigo (por entrar) llevarás la penitencia (por estar)"? Actualmente recorren un laberinto que ellas difícilmente pueden asimilar. Entraron en un país rico que se dice que respeta los derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño-a (1989). Que está obligado por haberse adherido a mandatos de la ONU y UNICEF, que piden la salvaguarda de la infancia como sujeto de derecho.

No entro en las otras dimensiones de la tragedia de Ceuta, ya se aclarará lo que se debe y puede hacer con el resto de las personas que malviven por la ciudad autónoma. ¡Pero todo este precipicio humanitario por 500 niñas!

Las ONG allí desplazadas las socorren por ahora, mientras se articulan otros sistemas de protección. Me cuesta creer la noticia publicada por un periódico de Ceuta que comentaba la llamada de vecinos de esa ciudad a expulsar a la Cruz Roja —un ejemplo de dedicación a los desfavorecidos en todo el mundo— por dedicar a las niñas extranjeras excesiva atención, que no prestan a las nativas.

En la película de Sergio Leone Por un puñado de dólares (1964) parece que no destacaba la moralidad del protagonista. ¿Podemos ver si es así en quienes deciden en el caso de estas niñas?

En fin, que la cara más vulnerable del entramado social dejó de tener rostro. Debemos quitarnos las caretas y proteger a esas 500 niñas.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Puede que Jordi Costa editara Una risa nueva (Lengua de Trapo, 2018) demasiado pronto, aunque por eso mismo esta colección de ensayos alrededor de lo que entonces venía sucediendo en la comedia internacional se revela tan profético. El crítico español ya hablaba abiertamente de “posthumor” en 2010, y podía apoyarse en una tira cómica de Darío Adanti incluida en ese mismo volumen para definirlo. En sus viñetas se afirmaba entonces que, si “el humor es la representación sintética del fracaso”, cualquier expresión de comedia debería emanar de esto mismo: del fracaso.

“El humor absurdo es el fracaso de la razón, el slapstick es el fracaso del hombre ante los elementos, el humor costumbrista es el fracaso de las convenciones sociales, y el posthumor es aquel que anula el supuesto de triunfo a la hora de sorprender con el fracaso”. Es decir, que el posthumor es el fracaso de los “propios mecanismos de la comedia”, sin que eso implique que la risa no esté entre sus prioridades. Sin risa no hay humor posible. No obstante, la risa que invoca el posthumor tiene otro timbre. Es nerviosa, incluso histérica, nace para cubrir un silencio abochornado.

Es un tipo de risa que se puede rastrear hasta finales de los 60, cuando Costa propone una genealogía estadounidense del posthumor a partir de Los productores, de Mel Brooks. Recordemos, aquel film cuyos protagonistas ponían en pie un musical sobre Adolf Hitler con la idea de que fracasara y, a su vez, “fracasaban” en este empeño, pues el musical... era un éxito. Más tarde, un formato tan veterano como Saturday Night Live querría estimular la anarquía entre sus humoristas y sketches, sin que fuera imperativo hacer partícipe al público en todo momento de la broma.

Justamente sería Saturday Night Live el puntal desde el que empieza a rastrearse algo parecido al posthumor en España, y de forma bastante intencionada. Los personajes del show de Lorne Michaels empezaron pronto a saltar al cine con películas propias, siendo Movida en el Roxbury una expansión de los sketches de The Roxbury Guys y, también, la gran inspiración de El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo (2004). El retrato de esos inquietantes fiesteros se tradujo en España como dos hombres inmaduros y pijísimos interpretados por Santiago Segura y Javier Gutiérrez, sumergidos en una delirante road movie para acudir a ver el supuesto regreso de Mecano a los escenarios.

Borjamari y Pocholo eran patéticos e insoportables, y la comedia que generaban se basaba en el estupor. Quizá por ello el film fue tan mal recibido, a la vez que aumentaba el aura de culto alrededor de Juan Cavestany, como codirector de la película junto al productor Enrique López Lavigne. En los 2000, el apellido de Cavestany era inseparable de Animalario, grupo de teatro donde hallábamos a Alberto San Juan, Willy Toledo o el citado Gutiérrez, que había llegado a ser de lo más radiactivo tras hacerse cargo del guion y la ejecución de la gala de los Goya de 2003. Es decir, los Goya del “No a la guerra”, los que inauguraron la beligerancia de la derecha contra el cine español.

Diez años después —con el PP nuevamente en el poder— Cavestany estrenaría Gente en sitios. Entonces el país había cambiado por completo, y el posthumor parecía plenamente consolidado.

La trayectoria de Cavestany entre Borjamari y Pocholo y Gente en sitios distó de seguir, por lo demás, una línea recta. El cineasta tardó en aclimatar una voz propia, lanzándose a dirigir en solitario con otro título de críticas demoledoras —Gente de mala calidad, en 2008— y solo atisbando una sofisticación completa a partir de Dispongo de barcos. Este pequeño largometraje de 2011 nacía de un corto previo, El último golpe, centrado en la planificación de un atraco que fracasaba desde las mismas conversaciones de los atracadores (incapaces de entenderse ni en las cuestiones más básicas) y, a la hora de saltar al cine, destacaba sobre todo por su factura. Totalmente barata y descuidada, Dispongo de barcos parecía inseparable de Internet.

El posthumor en España tiene la particularidad de haber nacido anclado en la brecha digital y, en concreto, en las facilidades que le daba internet a los nuevos creadores. Dejando de lado el carácter pionero de Borjamari y Pocholo, hay que remitirse al impacto que tuvo que los fans de La hora chanante subieran los programas a YouTube —logrando mucha más visibilidad que cuando se emitía en Paramount Comedy—, y a la celeridad con la que en esta plataforma —a la vez que proyectos como ¡Qué vida más triste!, Malviviendo o los vídeos de los Compadres— despuntaban discursos tan esquinados como los de Venga Monjas y Carlo Padial. Junto a la aparición de Miguel Noguera y la complicidad ocasional de Carlos Vermut, nos topábamos con una confluencia de talentos cuya comedia no hacía otra cosa que superponer nichos extraños.

Nichos que, o bien permitían la conversión de estos creadores en cineastas —Carlo Padial saltó al cine con Mi loco Erasmus en 2012—, o por lo menos asentaban un clima afectivo donde las excentricidades de Cavestany (o el colectivo Canódromo Abandonado) tenían un hueco asegurado. No sorprende entonces que Gente en sitios sea, en líneas generales, una película de amiguetes. Luego de que Dispongo de barcos participara del desaliño internetero —incrementando el surrealismo para que, por esta vez, alguien pudiera pensar que a Cavestany le había dejado de interesar hacer reír— y de que el mediometraje de El señor (2012) asentara ciertas preocupaciones existenciales, el desarrollo de Gente en sitios se fundamentó en pedir favores a gente afín.

Puesto que Cavestany llevaba años en la industria, esto implicaba que la película estuviera atiborrada de estrellas del cine español, con apariciones de pocos minutos e incluso segundos en el marco de un caótico encadenado de sketches. La idea era esa, “gente en sitios”, celebridades del audiovisual patrio (más Juan Carlos Monedero en pleno despegue de Podemos para reflexionar sobre ¿la mezquindad humana?) en situaciones rocambolescas con una capacidad indómita para significar y evocar. Por ejemplo, cierta escena con Raúl Arévalo y Luis Bermejo.

Arévalo asegura a un Bermejo desempleado que sabe quién le puede dar trabajo. Quedan al día siguiente para ir a las oficinas de esta persona, pero hay un problema: Arévalo solo le ha dicho eso porque se sentía mal ante el sufrimiento de su amigo. No existe tal empleador así que, una vez Bermejo se presenta en la quedada (con un peluquín horrendo que subraya el patetismo), no le queda otra que guiarle por un peregrinaje absurdo a lo largo de la ciudad, a la espera de que se le ocurra algo. Los minutos pasan, las calles se suceden, todo es incómodo y miserable. Por supuesto, a Gente en sitios se la leyó mucho en su día como metáfora de la crisis económica.

¿Y cómo negarlo? Siendo un director más de instinto que de discurso —como evidencian las últimas mutaciones de su cine, volcadas al documental psicogeográfico de Madrid—, Cavestany es sobre todo un observador que, a la hora de plantear el andamiaje fragmentario de Gente en sitios, se preocupó por que este estuviera bañado de un sentimiento unitario. La película tiene un personaje recurrente que ha de enseñar a otros cómo realizar acciones básicas (caminar, beber, dormir), una vez percibe la confusión y parálisis que los envuelve. También, en otro sketch, vemos a Eva Llorach contemplar una bandera de España borrosa, por haberse dado justo antes un golpe en la cabeza.

Son estampas sugerentes que pretenden huir de la literalidad, como bien demuestra la clara influencia de David Lynch —en muchos aspectos Gente en sitios rebusca en las sensaciones y el aparato formal de Inland Empire, último largometraje del genio estadounidense— y, sobre todo, de Kafka, cuyo relato El puente adapta directamente en otro pasaje. Y, aún así, hay que volver a ese sentimiento unitario. Hay que incidir en cómo Gente en sitios, tras unos primeros sketches absolutamente explosivos, va bajando revoluciones, y la omnipresencia del cielo agreste de Madrid otorga nuevas texturas al shock en que parecen instalados todos los personajes de la película.

La desorientación que comparten debe emanar de un trauma asimismo compartido: todos estos personajes pensaron que existía una determinada manera de vivir —o, mejor dicho, de guiarse por la vida—, pero esta ha saltado por los aires, dejándoles sin brújula y obligándoles a hacer el ridículo continuamente. Las carcajadas que dispensa Gente en sitios se congelan a medida que esta estructura anímica se asienta y el espectador puede reconocerse en ella. Sin duda, se trata de un fracaso a gran escala, pero es un fracaso que también ha de apelarnos a nosotros como ciudadanos.

Así de orgánicamente, los presupuestos del posthumor se alían con esa Gran Recesión que ya llevaba más de un lustro abatiéndose sobre Occidente cuando se estrenó Gente en sitios, y así se ilumina una verdad de lo más sencilla: el posthumor es la comedia de la crisis, la comedia de la precariedad y el futuro cancelado (la certeza del fracaso de la que hablaba Adanti). Si asumimos que nunca hemos llegado a salir del bache y que estamos condenados a seguir encadenando crisis, ¿cómo no asumir entonces que la buena salud que aún hoy conserva el posthumor viene de ahí?

Desde Gente en sitios, esta “risa nueva” ha continuado extendiéndose. Los Burnin’ Percebes de Searching for Meritxell y La reina de los lagartos. Julián Genisson, de Canódromo Abandonado, estrenando Inmotep en 2022. Chema García Ibarra con el antológico debut al largo de Espíritu sagrado. Y la suerte de crossover de buena parte de estos talentos que fue Balearic este mismo año, candidata al Goya a Mejor dirección novel para Ion de Sosa. La conclusión es inevitable: desde que Cavestany estrenó aquella película, seguimos atrapados en el mismo sitio. Con miedo, con risas temblorosas que desesperadamente se empeñan en contestarle al vacío.

La foto es todo un ejemplo de la civilidad vienesa: un Offener Bücherschrank emparedado entre dos Stummer Verkäufer. Les traduzco, aunque sé que no haría falta porque el alemán es como el euskera: a poco que le pongas algo de atención, acabas pillándolo. Offener Bücherschrank —como ya habrán imaginado— significa literalmente "armario de libros abierto", del que la gente puede retirar un ejemplar a cambio de dejar otro en la cabina; Stummer Verkäufer —como cualquiera puede adivinar— significa "vendedor silencioso" de periódicos: una bolsa de plástico impermeable colgando de una farola o de una señal de tráfico, de la que el comprador retira su ejemplar tras depositar el importe exacto en una pequeña caja a través de la ranura.

Una mirada acomplejada desde España podría llevarnos a pensar que si alguna cabecera adoptara aquí ese modelo de negocio, a los cinco minutos habrían desaparecido los periódicos, la caja y, si no está bien sujeta, la propia farola.

Al menos es lo que pensaba yo hasta que, por envidia de la urbanidad austriaca, me decidí a profundizar en el asunto a través de algunos estudios sociológicos que se han ocupado de esta peculiar manera de vender periódicos basada en la confianza y la honestidad del ciudadano.

Uno de ellos, llevado a cabo por investigadores de las universidades de Graz y Klagenfurt, se realizó en una zona de Viena predominantemente de clase media y alta, elegida porque, según la empresa distribuidora, tenía una moral de pago especialmente baja. La conclusión general fue que la mayoría de los compradores no pagaba el precio correcto: costando el periódico entre 1 y 2 euros, la media de lo que pagaban los compradores ascendía solo a 0,10 euros.

Quizás, y esto es aportación mía, esa conclusión explique de rebote la forma en que algunos del entorno donde se llevó a cabo el estudio hayan llegado a ser clase media y alta. No hay mejor ascensor social que beneficiarse del ahorro que proporciona la falta de ética o, directamente, el delito; ya sea pagar menos por el periódico, conseguir jugosas comisiones mediante el tráfico de influencias, defraudar a Hacienda o no dejar que la bolsa de la fruta se apoye del todo al pesarla en el súper. Si combinas adecuadamente tres de estas cuatro técnicas, estás preparado para ser ministro. O novio de presidenta de comunidad autónoma. Aunque, de hacerse pública la anomalía, no podemos augurar una larga estancia en el cargo. En ninguno de los dos.

Apoyo esta apreciación subjetiva —y un poco populista, todo sea dicho— de ascensos sociales rápidos pero moralmente reprobables, en las opiniones de los distribuidores de periódicos austriacos que, aunque no forman parte del estudio, afirman haber observado diferencias regionales en la moral de pago: esta es mayor en las zonas rurales y, curiosamente, en los barrios habitados por personas con ingresos más bajos. Pobreza y honradez, la mejor forma de gripar el ascensor social.

Otro estudio sobre la venta de periódicos poniendo a prueba la confianza y honestidad de los ciudadanos fue llevado a cabo por investigadores de las universidades de Linz e Innsbruck. Coincide con el primero en que la mayoría de los clientes no paga: alrededor de dos tercios de quienes cogen el periódico no dejan ningún dinero. Sin pretender ofender a nadie, y solo en aras del rigor científico, creo que sería interesante conocer detalles sobre el histórico de españoles emigrados a Austria, así como de compatriotas que la visitan habitualmente.

Otros datos, procedentes de una encuesta de seguimiento, resultan tan curiosos como el hecho de que los hombres pagan menos que las mujeres; o que donar a organizaciones benéficas y hacer voluntariado se asocian con una mayor probabilidad de pago; o que quienes asisten regularmente a misa pagan menos. Aquí, los autores especulan sobre posibles explicaciones, como que quizás el motivo sea la carencia de monedas suficientes por haberlas donado previamente en la cuestación litúrgica. Personalmente, creo que la verdadera razón es que cobrarte dos euros por un periódico cuando la salvación eterna te ha salido por 50 céntimos es una barbaridad.

¿Por qué las empresas siguen utilizando este método de comercio en apariencia tan ruinoso? Por varias razones: permite al lector conseguir prensa los domingos y festivos cuando la mayoría de los lugares de venta están cerrados; sigue siendo rentable como estrategia de marketing el que la marca se haga presente en las calles; y, fundamentalmente, porque las bolsas se pueden alquilar como espacio publicitario, lo que ayuda a paliar las pérdidas.

¿Se imaginan que infoLibre se vendiese de esta forma? Dejando en manos de ustedes, los lectores, la posibilidad de pagar, no pagar, pagar menos o, no lo descartemos, pagar más por él. ¡Qué gran sorpresa sería esto último! Tal vez la única manera de que Jesús Maraña cumpla al fin su noble sueño: comprarse un Lamborghini.

El sellado hermético de las fronteras aumenta la presión, pues el calor que recibe provoca una temperatura que no hay válvula que lo libere; puede bloquearse temporalmente, pero después la gran explosión será inevitable.

Sí, no hay soluciones fáciles ante situaciones caóticas. Tal vez si cuidáramos a los que huyen de la miseria en sus lugares de origen, estaríamos hablando de otra cosa. Si antes fuimos para esquilmarlos —el capitalismo es así—, hoy ese mismo capitalismo podría invertir muchos de sus excedentes allí.

Ideologías como la fascista y la ultraderecha, ya indistinguibles, han vestido a los migrantes con ropajes de reemplazo, latrocinio, abuso y violación. Frente a ese relato, he aquí algunos datos que ponen al migrante como un gigante ante la adversidad; su deseo es más valioso que su vida.

El 1% del mundo posee el 50% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre posee el 2% de la riqueza total; ¿nos entendemos? En África, con 1.600 millones de habitantes, centenares de millones están por debajo del umbral de la pobreza. De África subsahariana proceden muchísimos migrantes, también de Asia, a quienes acompañan sufridos súbditos de Mohamed VI.

El IDH (índice de desarrollo humano) sintetiza indicadores relacionados con la salud, la educación y el nivel de vida. En África es muy desigual y, en numerosos países, se encuentra muy alejado de los valores de la Unión Europea; nuestros países superan el umbral de 0,850. Si a esa magnitud sumamos el índice de Gini, expresado en una escala de cero a 100, donde cero representa la igualdad total, no es que en África haya desequilibrio: es que existe un abismo provocado por la brecha entre riqueza y pobreza. Es evidente que allí los muy ricos están a una distancia sideral de los muy pobres.

En Europa estamos en una referencia de 30, que refleja una renta mejor distribuida. Para los de mente abstrusa, y como referencia, en EEUU ese dato es de 41: son más ricos, pero es una sociedad más desigual.

África septentrional tiene una frontera de 7.000 kilómetros con el resto del continente. ¿Cómo controlar una línea equivalente a la distancia de Madrid a Washington? Después, al migrante le espera un desierto de 9,4 millones de kilómetros cuadrados y un Mediterráneo mortal de 4.000 kilómetros de este a oeste. ¿Quién parará a esos migrantes?

Para los de pensamiento y ética estrechos, la solución es la caza y pesca de seres humanos. Frente a consignas y relatos fascistas están los datos, pero ni les gustan ni quieren entenderlos. ¿Ve a ese migrante que está a su lado? Antes de soltar una estupidez, piense cómo pudo llegar hasta ahí y qué dejó atrás. ¿Nos extraña que los desheredados de la tierra busquen un lugar mejor?

¿Migrantes no o migrantes sí? Recordemos: 1820, 1914, 1936, 1939 y 1947 son algunas fechas de grandes migraciones en Europa, en otros países y en España.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

La decisión de la Junta de Extremadura de iniciar el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres —cuatro meses después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la incluyera en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenara su retirada— plantea una cuestión que va mucho más allá de la conservación de un monumento. Obliga a preguntarnos qué ocurre cuando una administración pública decide proteger como patrimonio un elemento cuya propia historia lo vincula directamente con la cultura política y memorial del franquismo. El propio expediente lo reconoce: la cruz nació en plena guerra, con inscripciones de saludo a Franco, en un entorno urbano "preconcebido para ensalzar al régimen". Y acto seguido sostiene que su valoración debe entenderse "desvinculada de su sentido conmemorativo originario". Se pretende proteger la cruz a condición de amputarle su historia.

El debate suele presentarse en términos aparentemente sencillos: derribo o conservación; memoria democrática o patrimonio histórico; símbolo franquista o símbolo religioso. Pero esta simplificación oculta una cuestión fundamental. Para saber qué hacer con una Cruz de los Caídos no basta con observar cómo se presenta hoy. Es necesario conocer por qué, para qué y en qué contexto fue construida.

Y ahí reside el principal problema del caso cacereño.

La discusión parte con frecuencia de una confusión histórica: considerar que estamos ante una cruz religiosa a la que, durante el franquismo, se añadieron unas inscripciones, unos nombres o unos emblemas que podían retirarse sin afectar a la naturaleza esencial del monumento. La documentación histórica conservada conduce a una conclusión diferente. Las Cruces de los Caídos constituyeron una tipología monumental propia de la cultura política y memorial del franquismo. Aunque su forma cruciforme coincidiera con una iconografía religiosa tradicional, su incorporación a estos conjuntos no fue accidental ni secundaria: la cruz fue concebida como el elemento central sobre el que se articulaba la composición conmemorativa. Los expedientes de construcción conservados en el Archivo General de la Administración permiten comprobar que, en numerosos proyectos, la cruz aparecía como la idea rectora del monumento —"el tema central", "la idea eje de la composición", escriben los propios arquitectos— y no como un simple soporte destinado a albergar unas placas posteriormente separables. La forma del monumento y su función política formaban parte de un mismo lenguaje memorial.

La construcción franquista adoptaba deliberadamente una forma religiosa porque el nacionalcatolicismo había convertido la unión entre política y religión en uno de sus principales instrumentos de legitimación. La cruz permitía sacralizar la victoria de los vencedores, presentar la Guerra Civil como una empresa providencial y transformar la muerte de los combatientes del bando franquista en sacrificio, martirio y redención. Por eso resulta históricamente incorrecto invertir el proceso y afirmar que el franquismo se limitó a añadir política a una cruz religiosa previamente neutral. Ocurrió justamente lo contrario: el régimen construyó monumentos políticos cuya forma principal era una cruz.

Esta distinción es decisiva. Cuando, décadas después, se eliminan unas placas o unos emblemas, puede modificarse una parte visible del monumento; pero no desaparece la historia de su construcción. Si bastara con eliminar unas placas para transformar la naturaleza histórica de un monumento, cualquier construcción franquista podría desvincularse de su origen mediante una simple operación estética. Pero la historia no desaparece cuando se borra una inscripción ni se modifica por el mero hecho de sustituir unas placas por otras que incluyan a todas las víctimas, como se ha hecho en múltiples lugares. Eso no es resignificar, es blanquear: porque equipara bajo un mismo mármol a víctimas y verdugos.

Precisamente por ello, la naturalización de estos elementos no debe confundirse con su neutralidad. Que los cacereños hayan incorporado durante décadas la cruz a su paisaje cotidiano no significa que el objeto haya perdido su historia política, ni mucho menos la función por la que fue erigida: la de exaltar, legitimar, conmemorar al franquismo y humillar a los vencidos. Significa que esa historia ha dejado de ser visible o, sencillamente, conocida. El problema no es únicamente la supervivencia física del monumento, sino la pérdida progresiva de conocimiento sobre las circunstancias que explican su existencia: la ciudadanía termina viendo únicamente una cruz, y se olvida de que aquella cruz fue concebida como la pieza central de un programa político de memoria construido por una dictadura. Esa pérdida no convierte el monumento en inocente; simplemente hace más difícil comprenderlo. Y desactiva de paso el argumento estrella del Ayuntamiento —que la cruz es hoy "un sitio de reencuentro y concordia"—, porque esa percepción no es la refutación de su origen: es la prueba del éxito de la operación. El propio expediente ofrece, sin advertirlo, el contraargumento: recoge que en los años setenta se propuso trasladar la cruz porque los bloques de viviendas la habían dejado "rebasada" y la prensa del régimen le daba perdido su "bagaje emocional". El "hito urbano" que hoy se blinda era un estorbo para la Cáceres de 1970. Lo que ha cambiado desde entonces no es el monumento: es su utilidad política.

La declaración BIC debe analizarse desde esta perspectiva. Declarar Bien de Interés Cultural un elemento no supone únicamente reconocer sus características materiales: implica seleccionar aquello que una sociedad considera digno de protección, conservación y transmisión a las generaciones futuras. Por eso la cuestión no es si la cruz tiene valor histórico —lo tiene, como testimonio de una determinada política memorial—, sino qué se pretende proteger exactamente y bajo qué relato. No es lo mismo conservar un elemento para explicar críticamente cómo funcionó la cultura política de una dictadura que protegerlo como un objeto descontextualizado, separado de las razones que explican su construcción. El patrimonio no debería convertirse en una forma de amnesia. Y los detalles del expediente apuntan en esa dirección: la resolución estatal constató en abril que el monumento "no presenta ningún elemento artístico singular"; en julio y agosto la Junta encargó dos informes y sobre ellos incoó el BIC; y el bien incoado ni siquiera se denomina "Cruz de los Caídos", sino, literalmente, "la Cruz" de la plaza de América. Hasta el nombre ha tenido que maquillarse.

Existe aquí una contradicción difícil de ignorar. Si un monumento construido para la exaltación de una dictadura puede ser protegido jurídicamente después de eliminar algunos de sus elementos más explícitos, se abre una vía extraordinariamente eficaz para garantizar la supervivencia de la propia estructura monumental. La patrimonialización se convierte así en una nueva forma de pervivencia. No hace falta defender abiertamente el franquismo: basta con desplazar el debate desde la historia política hacia la estética, la antigüedad o la forma religiosa. Es exactamente lo que ensaya la derecha española, en Cáceres y en la campaña de mociones BIC que promueve por todo el país: no defiende que la cruz se quede; defiende que no se explique. Lleva medio siglo administrando el capital político de la naturalización —primero blanqueó las placas, luego naturalizó los monumentos— y ahora pretende blindar jurídicamente el resultado. Pero una democracia no debería construir su relación con el pasado sobre la ocultación de la historia de los objetos.

¿Qué hacer, entonces? La cuestión no es patrimonio o memoria, sino qué tipo de política patrimonial y memorial se adopta. Una política de tratamiento será tanto más eficaz cuanto mayor sea su capacidad para explicar el origen del elemento, modificar la jerarquía simbólica heredada, reconocer a quienes fueron excluidos de la conmemoración y proporcionar instrumentos para interpretar críticamente el pasado. Una Cruz de los Caídos puede conservarse como documento histórico, trasladarse a un espacio museístico, integrarse en un recorrido pedagógico sobre la dictadura. Pero allí donde el monumento conserva intacta su estructura de exaltación, donde no se prevé contextualización alguna y donde la protección se utiliza precisamente para impedir el cumplimiento de la ley, la retirada constituye la respuesta coherente: una medida de higiene democrática del espacio público. Es lo que ordena la resolución estatal, y lo que el expediente extremeño pretende bloquear. Retirar no es borrar la historia —la historia está en los archivos, en la prensa de 1937, en el propio expediente de la Junta—; es dejar de exhibirla como exaltación en el lugar que la dictadura eligió para ello.

Y aun así no basta. Si las generaciones posteriores desconocen por qué fueron construidos estos monumentos, qué función desempeñaron y a quiénes conmemoraban, la desaparición física del objeto no garantiza la desaparición de las interpretaciones que permitieron su naturalización. La retirada debe acompañarse de aquello que la naturalización destruyó: conocimiento. Contextualización, educación histórica, explicación pública de lo que ese monumento fue y de lo que todavía significa. La finalidad última no es borrar el pasado, sino impedir que la dictadura continúe determinando silenciosamente la jerarquía de las memorias presentes.

Porque retirar una inscripción puede modificar un monumento. Pero no puede modificar el pasado.

Y porque proteger la piedra mientras se oculta por qué fue levantada no es conservar la historia.

Es perderla.

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Francisco Navarro López es doctor en Patrimonio y Profesor de la UC3M y URJC.

Cuando recibió su segunda Palma de Oro en mayo, el director Cristian Mungiu expresó su preocupación por el estado de nuestras “sociedades fracturadas y radicalizadas”, y por la brecha cada vez mayor entre conservadores y progresistas, que, según él, se han vuelto incapaces de dialogar y ponerse de acuerdo.

Desde su presentación en Cannes, Fjord, que se estrena ahora en cines, parece que provoca exactamente el efecto contrario al que se había fijado como objetivo: suscita reacciones muy polarizadas, ya que el cineasta rumano de 58 años expone en ella, de forma incómoda, las zonas grises de un tema ultrasensible, la protección de la infancia en Europa.

Unos días antes de recibir la Palma de Oro, Mungiu, originario del este de Rumanía, muy cerca de Moldavia, había precisado el rumbo demiúrgico que marcaba a su cine, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter: “Las películas se han vuelto demasiado políticas en los últimos diez o quince años, limitándose a confirmar los ‘buenos valores’ [progresistas —ndr]. Debemos contrarrestarlo con películas que nos permitan expresar dudas sobre los valores contemporáneos. Es una forma de cultivar la democracia”.

¿Consigue Fjord "cultivar la democracia”? ¿O se trata, bajo el pretexto de una agenda política ultraambiciosa, de una simple "Palma de la derecha" como sugieren algunas voces?

La película narra el asentamiento de una familia binacional (padre rumano, madre noruega) y numerosa (cinco hijos), los Gheorghiu, en un pueblo situado a los pies de un fiordo nevado de Noruega. Cuando una profesora observa moratones en el cuerpo de la mayor, los niños son colocados en familias de acogida.

Se abre una investigación de los servicios sociales, lo que allana el camino para un juicio. Los Gheorghiu se encuentran con que van a ser juzgados por las autoridades, no por sus actos, sino por sus convicciones religiosas ultraconservadoras. Sin desvelar el espectacular final, el padre también se enfrenta a una pena de prisión, en un segundo juicio que, por el momento, es solo hipotético.

Mungiu afirma haber realizado una síntesis de varios casos mediáticos ocurridos a lo largo de la década de 2010, todos ellos situados en los países escandinavos, desde una familia polaca en conflicto con las autoridades danesas hasta una familia india en conflicto con el Estado sueco. Pero se inspiró sobre todo en el caso de Ruth y Marius Bodnariu, en Noruega en 2015: a la pareja (marido rumano, esposa noruega) se le retiró la custodia de sus cinco hijos tras una primera denuncia.

El caso había suscitado una ola de indignación por parte de colectivos de extrema derecha, que denunciaron “secuestros” de niños. Se celebraron manifestaciones en varios continentes, organizadas por activistas convencidos de que eran los valores de los Bodnariu, cristianos evangélicos, los que estaban en el punto de mira de un Estado, Noruega, conocido por su progresismo.

El cineasta rumano, que ya se alzó con el oro en Cannes en 2007 (Cuatro meses, tres semanas y dos días, una historia sobre un aborto ilegal a finales de la era Ceaușescu), dice que eligió Noruega como escenario por motivos de claridad: “La historia podría tener lugar en cualquier otro país nórdico”, afirma en el dossier de prensa. “Vistos desde la distancia, los países nórdicos parecen estar a la vanguardia de los valores progresistas, por lo que resultaría más fácil comprender lo que está en juego en el conflicto si estallara en esta región del mundo".

En Cannes, parte de la prensa anglosajona criticó la mala elección del momento por parte del presidente del jurado, el surcoreano Park Chan-wook, quien, en estos tiempos de trumpismo y auge de la extrema derecha, habría actuado de forma muy poco acertada al otorgar la Palma de Oro a una película que examina las debilidades de las democracias liberales. Algunos críticos estadounidenses incluso habían expresado su incomodidad ante una “película MAGA”, en referencia al movimiento ultrarreaccionario de apoyo a Donald Trump.

Otros vieron en ella un largometraje manipulador que, bajo la apariencia de un himno a la complejidad y los matices, cae en un relativismo dudoso entre el progresismo y el conservadurismo. En resumen, un tema inflamable propicio para que lo aproveche la derecha más radical. “El verdadero juicio al que lleva la película, lejos de reflejar ningún tipo de equilibrio, no es más que el desmontaje sistemático de la sociedad woke”, se lee en los Cahiers du cinéma. “Fjord se mantiene lo suficientemente ambiguo de principio a fin como para prestarse finalmente a una instrumentalización por parte de la extrema derecha”, añade Libération.

Por el contrario, y sin que sea ninguna sorpresa, los medios de derechas, desde Le Figaro hasta Le Point, pasando por Valeurs actuelles, han elogiado la última obra de Mungiu, que, según ellos, hace gala de infinitas sutilezas para “desentrañar las fracturas ideológicas de Occidente”.

¿Qué pasa exactamente en la pantalla? Es difícil negar que el cineasta rumano demuestra empatía a la hora de filmar el drama que atraviesan los Gheorghiu. Aunque solo sea porque las estrellas internacionales de la película —Sebastian Stan y Renate Reinsve, muy convincentes en una especie de angustia sobria— encarnan a la pareja ultraconservadora. Cuando la policía arranca una confesión al padre, se muestra a la familia como víctima de una justicia noruega poco preocupada por los derechos de defensa.

Por el contrario, los dos papeles femeninos que reflejan los entresijos del modelo noruego —la profesora que presentó la denuncia y la investigadora del Barnevernet, los servicios de protección de la infancia noruegos— parecen mucho más insulsos y monolíticos.

Y cuando los defensores de los Gheorghiu se indignan, al considerar que Noruega defiende mejor los derechos de los pueblos indígenas, en particular los de los saami, que los derechos de las minorías religiosas, a veces da la impresión de que es el propio cineasta rumano quien se expresa directamente, por la insistencia con la que se repite este argumento a lo largo de toda la película.

Pero Fjord también logra tejer otras tramas subyacentes, empezando por la relación incipiente entre las hijas de ambas familias, que alejan el largometraje de las aguas de una película tipo tesis, para adentrarse en los terrenos de un cine más conmovedor.

En el fondo, Mungiu da, sin embargo, la impresión de cultivar la vaguedad, más que la complejidad, al describir los entresijos del sistema de protección de la infancia en Noruega, que no es más que un telón de fondo sobre el que el cineasta proyecta un conflicto de valores. Aquí es donde la cosa se complica: a veces faltan escenas mejor documentadas para formular una crítica convincente del sistema.

Pero es aún más frustrante si se tiene en cuenta que las controversias suscitadas por el modelo noruego, que se esbozan en Fjord, constituyen un tema de debate apasionante, sobre todo si se compara con la situación en Francia, donde la cuestión de las “acogidas abusivas” y las deficiencias de la asistencia social a la infancia vuelven a surgir con regularidad en el debate público.

A grandes rasgos, los sistemas de protección de la infancia de ambos países comparten numerosos puntos en común. En particular, el hecho de que los servicios sociales intervengan en las familias en cuanto se denuncian casos de maltrato a las autoridades. Pero, a diferencia de Francia, Noruega nunca ha sido condenada por permitir que un niño muriera a manos de sus padres.

Aunque se acepta que el modelo noruego ha logrado prevenir mejor la violencia intrafamiliar, el país ha sido condenado en más de veinte ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar el derecho a la vida privada y familiar de los justiciables. “En Noruega existe una especie de omnipotencia de los servicios sociales, o al menos un exceso de poder y de medios”, opina el abogado Grégory Thuan Dit Dieudonné, del Colegio de Abogados de Estrasburgo.

Este abogado ha conseguido que el TEDH condene en varias ocasiones tanto a Francia como a Noruega en asuntos relacionados con la protección de la infancia. “En Noruega, las decisiones de acogida son opacas y extremadamente complicadas de impugnar”, prosigue, lamentando una “influencia excesiva de los servicios sociales sobre los jueces”, que se supone deben controlar la regularidad del procedimiento.

“Es importante señalar que, en la mayoría de estos casos, el TEDH no consideró injustificada la decisión inicial de acogida —es decir, la retirada del menor en sí misma”, matiza Marit Skivenes, jurista y profesora de la Universidad de Bergen, en Noruega. “Las críticas se centraban esencialmente en los acontecimientos posteriores a dicha decisión: el régimen de visitas, los esfuerzos de reunificación familiar y la falta de motivación o justificación por parte del tribunal".

Grégory Thuan Dit Dieudonné, protagonista de uno de los grandes casos que conmocionó al país, subraya, sin embargo, que el sistema noruego ofrece “pocas posibilidades a los padres de restablecer un vínculo de calidad con su hijo”, una vez ordenada la acogida. Además, el país ha sido condenado por tratar injustamente a familias migrantes, cuyos principios educativos se consideraban incompatibles con las normas de la sociedad.

Y es sin duda ahí donde Fjord revela su verdadera carencia. Una vez transcurridas las casi dos horas y media, no sabes casi nada de lo que piensan los hijos de la familia Gheorghiu sobre las condiciones de su acogida. A los menores se les sigue tratando aquí como objetos, situados en el centro de un procedimiento judicial que, al igual que en el guion, apenas se les pide su opinión. Hasta tal punto que el público nunca les oirá comentar la educación estricta a la que están sometidos.

Sin embargo, la película conserva algunas escenas en las que los adolescentes logran eludir el conflicto político que libran los adultos: unos raros momentos de ternura que el propio director parece haber olvidado durante su estruendosa campaña promocional.

Hemos intercambiado correos electrónicos con Marit Skivenes durante la primera quincena de agosto de 2026.

Traducción de Miguel López

Sembrar futuros recorre las heridas del capitalismo digital desde las minas de coltán y los centros de datos que devoran agua y energía, hasta las estrategias de las grandes tecnológicas que capturan nuestra atención, condicionan nuestros cuerpos y se lucran con nuestra intimidad.

Frente a la industria de la vigilancia, la extracción y el control, Eurídice Cabañes identifica las grietas del sistema, aquellos espacios donde lo humano y lo artificial tejen nuevas conexiones entre la ternura y la justicia radical, y nos propone alternativas para recuperar la memoria, descolonizar el tiempo y poner la innovación al servicio de la vida, del cuidado y lo común. 

Un ensayo urgente y una declaración de esperanza que llegará a las librerías el 2 de septiembre de la mano de Ariel, y del que infoLibre ofrece un adelanto a sus lectores. Porque el futuro no es lo que nos va a pasar, sino lo que todavía estamos a tiempo de sembrar. 

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En un mundo que parece colapsar, los discursos del miedo se convierten en herramientas poderosas para justificar la exclusión y la violencia hacia quienes ya han sido privados de sus derechos. Si cada vez una mayor parte de la población mundial va a quedar sin las garantías más básicas de protección, es conveniente poner el punto de mira en quienes ya carecen de ellas, y presentarlos como el problema de la sociedad y un peligro para el Estado del bienestar. De esta manera, se desvía la atención del verdadero problema. Por ejemplo, si el problema es el acceso a la vivienda, los discursos desde el poder fomentan el temor a los okupas.

De este modo no solo se desvía la atención de los fondos buitre y los grandes tenedores, o se inhabilita la acción colectiva que exigiría regulaciones y acción política, sino que, además, se impulsa la venta de alarmas y el gasto en seguridad. ¿El resultado? Una sociedad preocupada por la posibilidad de que sus conciudadanos le quiten la casa en la que vive, cuando es infinitamente más probable que lo haga el banco. Y así con todo: migrantes, desplazados climáticos, personas sin hogar, y muchos otros colectivos, son criminalizados, presentados como culpables por el simple hecho de existir en lugares donde su presencia incomoda.

En las últimas olas de frío, en los aeropuertos se ha empezado a exigir las tarjetas de embarque para entrar; según me explicó una de las trabajadoras cuando pregunté, para que "no se llene esto de vagabundos". Al mismo tiempo, policías y basureros han obligado a las personas sin hogar a entregar sus cartones; lo he visto con mis propios ojos. En la plaza del mercado de la Barceloneta, una triste nota pegada en el suelo por algún vecino avisaba de que allí mismo había muerto de frío una persona sin hogar esa misma semana. No se sabía su nombre, nadie reclamaría su cuerpo; murió sola, de frío. No es que el sistema esté fallando en atender a los más vulnerables; está participando activamente en su muerte: es necropolítica.

Desde el genocidio hasta la retirada del cartón que protege del frío a una persona sin hogar, la crueldad preventiva se convierte en norma. Las víctimas de un sistema injusto son sistemáticamente representadas como amenazas al orden social, mientras que quienes las despojan de sus derechos se legitiman como protectores de la estabilidad. Pero ¿a quién deberíamos temer realmente? Nuestra preocupación debería centrarse en las dinámicas estructurales y culturales que despojan de humanidad a estas personas, no en quienes intentan sobrevivir. Hemos interiorizado que las muertes de algunos no importan; que el sistema, como una maquinaria que devora cuerpos a su paso, debe continuar pese a las bajas. Las contabilizamos como daños colaterales y permitimos que sucedan como práctica habitual. La necropolítica justifica su muerte y su marginación, alentando discursos de escasez y sacrificio mientras engrosa los bolsillos de los grandes billonarios.

El temor no debería dirigirse hacia quienes luchan por existir en medio de la adversidad, sino hacia aquellos sistemas que los despojan de su dignidad y sus derechos, y hacia quienes diseñan y ejecutan esa crueldad legitimada. Desde esta perspectiva, revertir la mirada supone armarse de empatía y ternura, estar para el cuidado del otro. La empatía no es solo un principio ético, sino una herramienta política esencial para contrarrestar los discursos del miedo y generar narrativas donde la justicia y el cuidado desarmen las dinámicas de exclusión y opresión. Cuando la violencia se estructura como norma, la ternura se convierte en un acto radical. Porque si los derechos no se extienden a todos, no son derechos: son privilegios. Y un privilegio no se defiende colectivamente; se acumula de forma individual, se teme perderlo, se justifica excluyendo a quienes no lo tienen. Por eso, apostar por el cuidado mutuo no es un gesto de bondad ingenua, sino una forma de resistencia activa contra la lógica de la escasez y el miedo. Si nuestras vidas no importan para los sistemas que nos oprimen, debemos importarnos entre nosotros. Reivindicar los derechos de todos —empezando por los que menos tienen— no es solo un acto de justicia: es la condición indispensable para construir y habitar un mundo común.

En este contexto de colapso, marcado por la ausencia de futuro y desigualdades abismales, las tecnologías, lejos de ser herramientas neutrales, amplifican y moldean nuestra relación con el mundo, con el otro y con los sistemas complejos que habitamos. Estamos atrapadas en un monocultivo tecnológico que homogeneiza, invisibiliza los márgenes y aplana los conflictos. La tecnología no solo refleja, sino que intensifica dinámicas de exclusión racial, económica y social, convirtiendo las herramientas digitales en nuevos escenarios de opresión.

En las fronteras del mundo, la tecnología se ha convertido en un arma al servicio de la exclusión y la muerte. Sistemas de vigilancia, drones y herramientas de reconocimiento facial, que podrían utilizarse para salvar vidas en crisis humanitarias, se emplean para segarlas e impedir la entrada de quienes buscan refugio. En la frontera sur de Europa, el uso de drones y sensores térmicos para localizar pateras no tiene como objetivo rescatar personas, sino disuadir su paso y forzar devoluciones en caliente. Del mismo modo, en Estados Unidos, las inversiones en muros "inteligentes" y la militarización tecnológica del control migratorio refuerzan una narrativa de amenaza que deshumaniza a quienes huyen de conflictos y catástrofes climáticas, consolidando un régimen de necropolítica global. Estas herramientas no protegen, sino que perpetúan un sistema que convierte a los más vulnerables en cifras, en daños colaterales de una maquinaria que privilegia el control sobre la vida.

En todo esto no somos meros observadores. El propio sistema, más allá de convertirnos en posibles víctimas futuras, nos vuelve también cómplices al emplear, cada vez con más frecuencia, tecnologías civiles en el ámbito militar. Así, el genocidio contemporáneo no solo se lleva a cabo con armas convencionales; se sostiene y amplifica a través de herramientas que fueron diseñadas para otros fines, pero fácilmente adaptables a la violencia. Sistemas de reconocimiento facial, entrenados con imágenes que las propias personas suben a redes sociales, han sido utilizados para identificar y perseguir a minorías étnicas en lugares como Xinjiang, donde el pueblo uigur vive bajo constante vigilancia. En Gaza, drones inicialmente diseñados para monitoreo agrícola se utilizan para seleccionar objetivos en zonas densamente pobladas, convirtiendo la tecnología civil en un instrumento de exterminio

Nuestra complicidad no termina en el uso de estas herramientas. Participamos indirectamente al entrenar sistemas de inteligencia artificial mediante el uso diario de aplicaciones que recopilan nuestros datos, o al financiar, a través de inversiones y consumo, a empresas tecnológicas que colaboran con genocidas. Los mismos dispositivos con los que trabajamos, nos comunicamos e interactuamos provienen de la sangre del Congo. La maquinaria de vigilancia y represión es alimentada por plataformas que dominan nuestra vida cotidiana, consolidando un ecosistema tecnológico donde la muerte y la exclusión se normalizan como externalidades del progreso.

Podría ponerse unos auriculares si piensa pasarse la tarde saltando vídeos cada tres segundos en el móvil. Y quién sabe por qué arrastra el dedo con ese gesto de aprobación en la cara. Siempre vengo a tomarme una horchata a esta terraza precisamente a las cuatro de la tarde porque nunca hay nadie y no ponen música. Pero hoy tengo a esta tía detrás tocando los huevos que flipas. Podría por lo menos ponerse en la mesa más alejada, o terminarse el café, cruzar el paseo marítimo y dejarme a solas con el ruido del mar.

En un momento no puedo evitar girarme y, con todo el buen rollo del que soy capaz, hacerle notar que me tiene al límite de la crisis nerviosa:

—¡Deja siquiera esa, que hacía siglos que no escuchaba Hot Stuff de los Full Monty! —le digo.

—Incorrecto –responde ella con tal seriedad que, para alguien de no más de 25 años que se dirige a uno de más de 46, resulta desafiante y escandalosa–. Full Monty es la película en la que sale el tema, no una banda. Hot Stuff es de Donna Summer, éxito de 1979, producido por el genio de la música disco Giorgio Moroder.

—Mirándolo en el teléfono también sé yo quién parió a Barbara Streisand. Y, ya que estamos, por favor, déjala sonar entera —contesto intentando salvaguardar mi dignidad.

—No lo he leído en el teléfono. Y no, no la pongo entera.

¿Qué podías esperar, Renato?, me digo volviendo sobre mi horchata. A su edad yo sólo pensaba en la música. Ella sólo tiene cabeza para el tictóc y las redes sociales de la gente joven. Que se le borren las yemas de los dedos y se le queme la última neurona. Menor sería la tortura en el bar de la plaza donde ponen Cadena Dial que no poder escuchar ni una canción completa. Pero esta silla tiene la forma de mi culo y no será una niñata la que haga que me levante. Un momento, ¿pero se le han agarrotado las manos? ¡Qué suerte que le ha dado el ataque epiléptico antes que a mí, y justo en esta maravilla de canción! La horchata otrora contaminada de ruido compulsivo se acaba de convertir en la mejor que he probado en mi vida. Justo antes del comienzo de la segunda estrofa, otro ruido interrumpe el idilio:

—A ver, ¿te sabes la canción? –me pregunta la tipa alzando la voz por encima del único tema que ha dejado sonar–. Me giro por segunda vez, apoyo el codo en el respaldo de la silla Frigo, la enfoco y le respondo con la suficiencia propia de un rockero de profesión:

—Gimme Danger, de Iggy and The Stooges.

—Sí, es Gimme Danger, pero de Iggy Pop como solista.

—Para para para. Te equivocas. Está en Raw Power, el último disco que Iggy hizo con los Stooges antes de reunirse en 2007.

—Si me lo dices con tanta seguridad pues te creo. Ese tipo de música no es mi fuerte.

¿Cómo que “ese tipo de música”?, pienso. ¡Iggy Pop es “la música” del siglo XX! Frena, Renato, frena, que no se traduzca ese comentario de pollavieja en tu cara. Siendo justos, a una chavala que se pasa la tarde mirando vídeos en el móvil hay que reconocerle el mérito de saber quién es la Iguana.

—Me guste o no, tengo que conocer todos los tipos de música.

–¿Qué pasa, pinchas en Razzmatazz con Youtube?

–Desde la canción más cursi de Justin Bieber hasta la cara B de los vinilos de 45 de Lola Flores.

Parece que algo del comentario de pollavieja sí que se ha trasladado a mi cara, de tantas explicaciones como me está dando

–El intérprete, el título exacto y adivinarlo en el menor tiempo posible.

—¿Y qué más da el título exacto? Lo importante es sentir la música, lo cual es imposible con el tictóc o el ístagran o lo que sea que cada tres segundos te cambia de tema –respondo abrazando mi naturaleza irrefrenablemente pureta, qué se le va a hacer–. Además, ya se me ha acabado la horchata.

Ella, como no puede ser de otro modo, se ríe en mi cara. Lo raro es que se levanta, se me pone al lado y me enseña el móvil con la portada de Raw Power ocupando toda la pantalla.

—Ni TikTok ni hostias. Me estoy entrenando. En septiembre participaré en un concurso de la tele. Ponen una canción y el que la adivina antes, gana. Y gana mucha pasta.

Yo la miro desde mi trono Frigo y ella me sostiene la mirada desde su largo metro ochenta. Si me levanto, es posible que me saque una cabeza. Le miro los pies a ver si lleva tacones. Con la vista todavía baja le pregunto:

—Pero no tiene sentido adivinar la canción si la estás viendo en internet —la acuso sin demasiado convencimiento porque toda la situación me parece marciana, empezando por el hecho de que una tía de metro ochenta sin tacones lleve hablándome cinco minutos en la horchatería de mi pueblo a la hora de la siesta.

—Sólo miro la pantalla cuando tengo dudas de la canción que está sonando.

—Es imposible, se te cae la vista siempre, aunque no quieras.

—No es verdad.

—Lo que tú digas.

La pava se me sienta delante sin pedir permiso, apoya el teléfono en la mesa, lo desliza hasta mí y me ordena:

—Dale al play y, en cuanto yo te diga el título de la canción, le das al botón de siguiente. Le das a pause sólo si me equivoco.

Como me quedo callado odiando la interfaz del Spotify, insiste:

—¿Sabes cuál es el botón del play y el de adelante?

Y yo, como si me estuviera desafiando el Joni a chupitos en el Valentino en 1999, agarro el teléfono y me pongo a hacer exactamente eso que llevo criticando desde que llegué: pasar canciones cada tres diabólicos segundos.

Ay qué risa, que no se da cuenta Renato de que quien está cantando no es Robe Iniesta sino el que te vende los tornillos en el Diceltro. Míralo ahí en primera fila saltando y cantando Extremaydura, de Tú en tu casa, nosotros en la hoguera, álbum debut de Extremoduro, 1990, a día de hoy descatalogado. Parece que soy la única que se aburre esta noche en el Hollister. Todos los carrozas, pollaviejas, señoros y sus señoras se vuelven locos con este coñazo de banda de versiones, y yo casi que podría sumarme a esa suspensión de la realidad según la cual el dependiente del Diceltro no es Christina Rosenvinge cantando Voy en un coche (la he adivinado al primer acorde de la intro de guitarra), incluida en el disco Que me parta un rayo, 1992, del grupo Christina y los Subterráneos; casi que podría gozar como ese público entregado si no fuera porque las canciones las hacen enteras, y a veces hasta las alargan para que la gente las coree; yo, una canción que ya conozco, no la aguanto más de tres segundos, o cinco si estoy un poco espesa, porque ya sé cómo sigue y cómo acaba. Sólo disfruto la música que no conozco, las canciones que nunca he oído, la novedad y la originalidad de grupos que nunca versionarán en el garito motero de mi pueblo. Por si fuera poco, es que anuncian hasta el título de los temas antes de tocarlos, o sea, que ni entrenarme me dejan, La casa por el tejado, Fito y Fitipaldis en Lo más lejos a tu lado, 2004, me pego un tiro, ni tres segundos la aguanto, no tengo escapatoria, ni los auriculares que me ha regalado Renato funcionan con este ruido. Cuarenta veces en estas dos semanas le he dicho que yo cascos no uso porque se me enganchan los aros, pero él ha insistido tanto con que en el concurso tendré que llevarlos y con que me tengo que acostumbrar que al final se los he aceptado, qué iba a hacer, es mi entrenador. Mientras los CampoDeNabosRockBand están intentando tocar Misirlou de Dick Dale and The Del Tones, 1963, lo alcanzo en la primera fila, me grita entusiasmado “¡la de Pulp Fiction!” y le digo que lo espero en el coche. Me hace ok con el pulgar, se pensará que voy a meterme una raya pero yo la droga en estas situaciones no la malgasto. Por si acaso acaba el concierto, todo el tiempo he de aprovechar. Abro Spotify y empiezo a hacer una nueva lista para que Renato me tome la lección cuando vuelva, esta vez voy a ser buena y meter canciones puretillas, así no le corto el rollo. Ya llega, se pone en el asiento del copiloto, con una mano me hace unos cuernos metaleros y con la otra se está liando un porro. Nunca había visto a nadie liar porros con una mano y hacer cosas completamente distintas con la otra, como por ejemplo pasar las canciones en el móvil. Dos segundos de violín y digo:

—Te amo, de Umberto Tozzi.

Dos segundos de la mítica drum machine de With or without you, de U2. Dos segundos de sintetizador, tres segundos, cuatro, y esta cuál coño es, ¡ah sí!:

—Cuando zarpa el amor, de Camela.

Ni dos segundos necesito para reconocer la siguiente mierda:

—When a man loves a woman, de Michael Bolton.

Facilísima, un segundo de órgano Hammond del rey de los pollaviejas:

—Tom Jones, Sexbomb.

Seis segundos de teclado y uno de guitarra y digo:

—Como yo te amo, de Rocío Jurado.

Dos gorgoritos de Whitney Houston y digo:

—I will always love you.

Tres segundos de bombo y platillo misteriosos pero en el cuarto y en el quinto el funky es inconfundiblemente…

—Para hacer bien el amor, de Raffaella Carrà.

—Casi.

¿Cómo que “casi”?, pienso. ¿No se titula así o no es esa la cantante? Belén, no puedes estar tan en la parra como para no acertar una que se saben hasta los sordos. 16 eternos segundos mirándonos a los ojos y entra la segunda guitarra. La canción avanza y no habría imaginado que fuera tan dulce el momento de la derrota. En el segundo 23, la cantante interviene:

—Por si acaso se acaba el mundo…

—Todo el tiempo he de aprovechar —completa la frase Renato, y acto seguido se acerca la mano a la boca y lame la cola del papel.

*Cristina Morales es autora, entre otros libros, de ‘Lectura fácil’, Premio Herralde de novela, (Anagrama, 2018).

"Luchamos contra las grandes organizaciones de narcotransporte. Del mismo modo que ocurría en 2006 con David Pérez Lago, se ha hecho en 2025 con la organización de Pablo Lindner. Alijos en playa. Ahora son narcosubmarinos, pero la dinámica es la misma. No cambian sus medios de transporte. Cambian las comunicaciones, las formas de pago y la estructura propia de las organizaciones, más profesionales, más militarizadas, controladas desde el exterior. Pero introducen las mismas grandes partidas de siempre".

Así se expresaba Emilio Rodríguez, jefe del Greco Galicia de la Policía Nacional, en líneas de este periódico cuando hacía balance de las actuaciones contra el narcotráfico del año anterior. El responsable del equipo que llevó adelante la operación Saona señalaba así el mayor éxito policial del año, los casi 4.000 kilos de cocaína que llegaron a A Pobra do Caramiñal tras ser cargados en dos lanchas blancas desde un narcosubmarino que, a día de hoy, descansa en el lecho marino no lejos de la isla de Sálvora.

Ahora, en el resumen del año, esa cocaína no aparece en la estadística oficial del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) como intervenida en Pontevedra —cayó, efectivamente, en suelo de la provincia de A Coruña, en la cara norte de la ría de Arousa—. Sin embargo, como casi siempre, se puede atribuir a una organización pontevedresa, de O Salnés, cuyos responsables fueron detenidos horas después de lo sucedido.

Así, y aunque los datos apuntan a un gran crecimiento en los alijos de cocaína intervenidos en territorio gallego (más de nueve toneladas en 2025) esa cifra no es significativa, desde el punto de vista de que en 2023, por ejemplo, se intervinieron 13 toneladas. Esos vaivenes son típicos de escenarios coyunturales en los que la cocaína que se dirige a Galicia es incautada muy cerca del territorio o en tierra, como sucedió este año, o en altamar, como ocurrió, por ejemplo, en 2024, cuando la droga decomisada por las fuerzas de seguridad con base en Pontevedra fue muy superior a la que indicaron los datos del organismo dependiente del ministerio del Interior.

Así, lo más destacado en ese 2025 ha sido, policialmente, la caída del citado Lindner, considerado el jefe de un entramado que disponía de lanchas para la recogida de grandes alijos que llegaban en narcosubmarino, y que contaba con una empresa náutica legal que le servía como fachada, piensan los investigadores, con sedes en Sanxenxo y en Cambados.

Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central, iba un poco más allá haciendo balance de 2025 al asegurar que en Galicia "siguen mandando, y tienen mucho poder, grupos locales que llevan años y años traficando, que entran en prisión pero que han vuelto a salir, y esta presencia tan fuerte impide que otros grupos de fuera de Galicia se incorporen fácilmente. Hay dos o tres organizaciones muy potentes, una o dos especializadas en la recogida de droga de semisumergibles y mercantes y otra en pesqueros, pero están traficando mucho y dominando el narcotráfico gallego a día de hoy".

Así, en la provincia de Pontevedra, a pesar del excelente trabajo policial de la Brigada Central de Estupefacientes, del EDOA de la Comandancia de Pontevedra, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de las distintas Udyco locales, con especial actividad de la de la ciudad del Lérez, y el Servicio de Vigilancia Aduanera, las redes delictivas dedicadas al narcotráfico siguen muy fuertes. En el ejercicio objeto de análisis se registraron 297 detenidos por estos delitos -en la media de los últimos años-, una cifra que supone más del 40 por ciento de las personas arrestadas en toda Galicia.

Ese objetivo de atacar a la cabeza de las redes criminales ha seguido muy presente en los meses siguientes. Sin ir más lejos, este mismo verano ha caído alias Moncho Vilaboa y personas de su entorno más cercano, bajo la sospecha de participar en el recordado alijo del Nehir junto a, entre otros, Jonas Falk, el Pablo Escobar sueco, y especialmente con una investigación sobre sus actividades económicas, acusado por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Esa misma investigación tiene en el punto de mira a dos grandes capos que hasta hace poco tiempo estaban establecidos en Dubái: Perikles Daremas, alias Spartan, y Alejandro Salgado, El Tigre.

Y es precisamente en ese punto donde se sitúa el foco de la nueva estrategia de las autoridades: el ataque a los bienes de los narcos y el intento de alcanzar la cabeza de las organizaciones. Los objetivos, ambos muy ambiciosos con los medios de los que se disponen, se afrontan sin olvidar la incautación de grandes alijos de droga.

"Los semisumergibles suponen un sistema muy seguro para ellos, porque todavía faltan medios en el mar para su detección e interceptación. La Inteligencia que se genera es complicada de corroborar por los sistemas técnicos que utilizan, pero se están haciendo muchas operaciones contra ellos", apuntaba Rodríguez.

Los datos que ofrecen los primeros meses de 2026 apuntan a un escenario en el que los precios de la cocaína, que habían bajado a mínimos históricos hasta principios de año, han subido de nuevo, y lo han hecho a causa de las dos grandes operaciones realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Atlántico: la del United S., que llegaba desde Brasil con casi 10.000 kilos de cocaína bajo toneladas de sal, y la posterior del Arconian, con 30.200 kilos, el mayor cargamento de droga decomisado en cualquier punto del planeta a lo largo de la historia.

Toda esa droga tenía como destino primario España, donde redes criminales de Galicia, Portugal y Andalucía se iban a quedar con una parte para hacer sus negocios y, claro, tales decomisos han generado una tenencia alcista en los precios que corrige en parte el escenario y dificulta los negocios a los criminales.

En 2026, la Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera insisten en la idea de atacar el patrimonio y las cabezas de las organizaciones. El ejemplo más reciente, la orden de búsqueda y captura dictada contra José Luis Viñas Morgade, alias Manzanita, y Antonio Carballa Magdalena, ambos por su presunta relación con la más reciente descarga de cocaína detectada en A Costa da Morte.

El Partido Popular acude, en materia de Justicia –aunque no solo–, a la brocha gorda y a la hipérbole en su estrategia contra el Gobierno, al que acusa, sin mucho éxito, de vulnerar la Constitución. Lo hizo con la amnistía y perdió. También lo señala por atacar la separación de poderes o la independencia judicial cuando cuestiona procesos con actuaciones judiciales más que dudosas, como la condena al ex fiscal general o el caso Begoña Gómez. Esta supuesta pureza en la defensa de la norma fundamental cede, sin embargo, cuando entran en juego sus intereses partidistas. Y uno de ellos es volver a dominar el Tribunal Constitucional (TC) con una mayoría afín. Al igual que hizo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), provocando una crisis constitucional sin precedentes, hace ya ocho meses que bloquea la renovación en el Senado de cuatro magistrados del órgano de garantías.

Lo escribió en su cuenta de X el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. "Hace ocho meses que el PP incumple la Constitución", señaló Félix Bolaños en su publicación del pasado 17 de agosto. "Ocho meses sin renovar los cuatro magistrados del TC que tocan al Senado con excusas baratas. Con el CGPJ estuvieron más de cinco años incumpliendo la obligación de renovación", prosiguió. Y terminó haciendo referencia a una de las últimas polémica político-constitucionales huecas del partido de Feijóo, que exigió la comparecencia inmediata de cuatro ministros para explicar la crisis de Ceuta cuando el Ejecutivo ya había avanzado que daría las explicaciones pertinentes. "El PP en el Senado: numeritos, muchos; cumplir la Constitución Española, nada", concluyó.

Así pues, para el PP, que el Gobierno se niegue a comparecer en la Cámara que controla, el Senado, en el momento exacto en que sus senadores quieren, es una vulneración constitucional de la obligación del Ejecutivo de someterse al control del Parlamento, por la que su presidente, Pedro Rollán, está meditando adoptar "acciones legales". Acciones legales que ya ha ejercido –planteando un conflicto de atribuciones en el TC– por la incapacidad de Pedro Sánchez de reunir apoyos suficientes para sacar adelante unos Presupuestos. Sin embargo, como decía Bolaños en su tuit, Rollán y los suyos llevan ocho meses vulnerando el mandato que les impone el artículo 159.3 de la Constitución: "Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres". Toca ahora al Senado. Pero se niega a hacerlo.

Y todo indica en que persistirá en su negativa al menos un año más. Así lo vino a anunciar, sin decirlo expresamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cuando le preguntaron por ello en un desayuno informativo. Dijo que su partido no había "podido" iniciar los trámites para la renovación porque había “incertidumbre” por los procesos electorales y, por tanto, tocaba “esperar”. Pero Muñoz también dejó meridianamente claro que la actual mayoría del Constitucional no le gusta, pese a que el PP de Pablo Casado participó en su renovación en octubre de 2021 y eligió a magistrados como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

Justificó el bloqueo –y el incumplimiento por su formación del mandato constitucional de renovar– como si su partido estuviera estuviera prestando un servicio a España: “Ojalá volviéramos a tener un Tribunal Constitucional en el que no todos sepamos de antemano cómo van a acabar las votaciones, en el que las decisiones no terminen siempre con un 7-5 y con magistrados de reconocido prestigio que piensen antes en los intereses de España que en los intereses de quien les ha puesto". El Tribunal Constitucional tiene, por su propia configuración, una clara dimensión política: sus miembros son designados a propuesta de los tres poderes del Estado: el Legislativo (Congreso y Senado), el Ejecutivo y el Judicial.

Si el objetivo del bloqueo durante más de cinco años de la renovación de CGPJ fue no ceder el control de la cúpula judicial a través de los nombramientos a una mayoría de vocales progresista, el bloqueo del Constitucional busca hacerse con la única institución que podría actuar como contrapeso si el PP llegara al Gobierno. En condiciones normales, la mayoría progresista en el órgano de garantías tendría que durar, al menos, hasta 2031, ya que alcanzar los tres quintos de los votos para nombrar a los nuevos magistrados exige negociar a los dos principales partidos, que se suelen repartir dos designaciones para cada uno. La "incertidumbre" de la que hablaba Muñoz para justificar el bloqueo es, en realidad, una expectativa: la de conseguir, por sí mismo o con Vox, los tres quintos de senadores necesarios y así no tener que ceder puestos al PSOE. Eso permitiría nombrar a los cuatro jueces y supondría un revolcón inmediato al juego de mayorías en el Constitucional.

Todas las esperanzas del PP están puestas en las autonómicas de la próxima primavera y las generales, que como muy tarde llegarán en julio del año que viene. Los populares esperan un fuerte batacazo de Sánchez y sus socios que les permita ampliar su mayoría en la Cámara Alta –con o sin Vox– en 11 senadores y llegar así a los tres quintos. Tras sus éxitos en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, un gran resultado en las autonómicas de mayo (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla) podría contribuir a ese objetivo gracias a los senadores de designación autonómica. En la renovación del tercio del Constitucional que corresponde al Senado, son las asambleas regionales las que, en primer lugar, deben proponer candidatos a magistrado.

El control del Constitucional por magistrados afines al PP sería el broche al ciclo de mayor acumulación de poder de la derecha y la ultraderecha en España en democracia. Si se cumplen sus objetivos, además de ambas cámaras, el Gobierno y la mayoría de los Ejecutivos autonómicos, la derecha seguirá controlando el Poder Judicial (donde no ha perdido su influencia tras la renovación de 2024 gracias al nombramiento de Isabel Perelló como presidenta). Volcar el juego actual de mayorías en el órgano de garantías, en el que los magistrados progresistas siguen siendo más, acabaría con el último reducto de poder de la izquierda rompiendo dramáticamente el equilibrio de poder hacia PP y Vox. Y para lograrlo, no basta con nombrar a dos o tres magistrados, algo que no tumbaría la mayoría actual. Necesitan designar a los cuatro.

La Historia se dibuja entre dos coordenadas: son el tiempo y el espacio. Cuándo y dónde sucedió aquello. El tiempo que manejan las personas siempre pasa, intenta su borrado, aniquila o salva. Pero el espacio queda casi siempre firme. Un horizonte que alguien miró y ahora tú miras. Donde imaginas su tristeza o violencia. El territorio revela, precisamente, el paso de los años, lo que el tiempo ha hecho sobre el suelo, contando también la proeza de seguir en pie, de persistir en su relato. El territorio es resistencia. Por eso, son importantes los lugares de memoria. Y no me refiero solo a los que guardan el suceso siniestro, el grito suspendido en la plaza, sino a todos aquellos que pisamos y podemos decir: aquí fue. El territorio nos habla casi siempre si sabemos prestarle un poco de oído. Contra el territorio, no puede el olvido y su insistencia.

Pienso esto mientras paseamos una mañana por el mirador de Baeza, ese malecón alto donde van a romper las infinitas capas azules de los olivares de Jaén. Dentro del armazón de un cubo de cemento, la cabeza de Antonio Machado que talló Pablo Serrano mira de frente hacia el sur.

Alguien dijo durante la cena que, en febrero del año 1966, José Manuel Caballero Bonald trajo este busto desde Madrid en el maletero de su coche junto a otros amigos. Yo no lo sé. El Régimen rodeó con tanques la zona y no pudieron ponerlo. La cabeza de Machado no salió del coche. No hubo homenaje. Volvieron a Madrid. No se leyeron poemas. Machado murió exiliado en la ciudad francesa de Colliure y ya sabemos cómo se guardan las dictaduras a los muertos para hacer que no existen. A veces, tanto, que luego no se sabe dónde están. No fue hasta 1983 que se consiguió poner la cabeza de Antonio Machado en esa muralla. La poesía ha sido siempre muy peligrosa para el pensamiento único.

Machado fue profesor en Baeza del año 1912 a 1919. Acababa de morir su mujer, Leonor. Allí, dio clases de francés en el instituto. Allí transitó el duelo de la pérdida. "Los olivos grises, / los caminos blancos.
/ El sol ha sorbido /
la calor del campo; /
y hasta tu recuerdo
/ me lo va secando
/ este alma de polvo / de los días malos.

Hasta Baeza llegó su madre preocupada por la honda tristeza de su hijo para acompañarle. En el Palacio de Jabalquinto, hoy sede de la Universidad Internacional de Andalucía, queda el aula intacta donde el poeta daba clase de francés. Los pupitres, la mesa de madera oscura, la lámpara y la pizarra sobre el suelo de dibujos hidráulicos. Si se presta atención, se imagina una el sonido de la gramática impartida.

Después del paseo, llego hasta la puerta de una casa de mi familia en Baeza. Otra memoria territorial, esta vez íntima. No hay nadie al otro lado de su pared blanca. Miro su puerta, sus ventanas. Recuerdo el recibidor de azulejo, el salón oscuro, los poemas de aquel abuelo, el patio, los niños y yo adolescente aburrida o leyendo o protestando por dentro porque no quiero ver más procesiones. Quién regresara a esa protesta.

La cerveza sin gluten está de moda. Así lo constata el Informe del consumo alimentario en España 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que recoge que la compra de este producto en los hogares españoles ha crecido un 21% en comparación con el año anterior. Un dato que choca directamente con el de la cerveza normal, cuyas compras se han reducido un 4,7%.

Dentro de los productos sin gluten, es también el que más crece, ya que en conjunto han aumentado en un 5,4%, muy por debajo del 21% registrado por la cerveza. Hay una primera razón de este crecimiento y no es otra que la médica. Esta es la única cerveza apta para las personas que padecen enfermedad celíaca y, según recoge la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), el número de personas diagnosticadas no ha dejado de crecer en los últimos años gracias a una aplicación cada vez mejor de los protocolos de diagnóstico, alcanzando ya la cifra de 450.000 personas.

La cerveza normal se elabora habitualmente con cebada malteada y, por ello, suele contener gluten, por lo que estas bebidas se preparan con cereales naturalmente libres de esta proteína o mediante procesos destinados a reducirla. Sin embargo, el número de celíacos no puede responder por sí solo a estas cifras y aquí entra una segunda vertiente: consumir cervezas sin gluten pensando que son una opción más sana.

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en 2021 analizó el consumo de productos sin gluten en personas sin ningún tipo de celiaquía y acabó concluyendo que aquellas que consideraban estos alimentos más sanos tenían un 69% más de probabilidades de incluirlos en sus dietas. Otro estudio llevado a cabo en Portugal llegó a una conclusión parecida al comprobar que los productos con la indicación “sin gluten” se percibían como más saludables, menos calóricos y menos procesados. 

Esto es lo que se conoce como health halo, que se produce cuando una característica real, en este caso, la ausencia de gluten, se convierte mentalmente en una cualidad saludable, aunque no exista una relación demostrada entre ambas. Y es que no existe hasta el momento un estudio científico que sostenga que este tipo de productos mejoran la salud de personas no celíacas.

En 2024, un grupo de investigadores siguió a 27 adultos sanos que durante cuatro semanas consumieron una dieta estrictamente sin gluten. La conclusión fue que, aparte de algunos pequeños efectos antiinflamatorios a corto plazo, el consumo de estos productos no produjo “una mejora cardiovascular global ni una mejora de la calidad de vida”.

Esto significa que un producto sin gluten no aporta por sí mismo ninguna mejora en la salud y, en el caso de la cerveza, no hay que olvidar que mantiene el resto de componentes perjudiciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es tajante en su posición frente al alcohol y afirma que no existe ninguna bebida alcohólica mejor o peor, ya que el compuesto responsable del riesgo es el etanol, independientemente de si llega al organismo a través de una cerveza con o sin gluten, un vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica.

La OMS recuerda que el alcohol está clasificado como carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer y que está relacionado causalmente con al menos siete tipos de cáncer. También señala que no se ha podido establecer un umbral por debajo del cual desaparezca este riesgo. De esta manera, entre dos cervezas con una graduación alcohólica similar, el hecho de que una no contenga gluten no elimina el riesgo sanitario derivado de su contenido en alcohol.

La Universidad del País Vasco publicó en 2025 un estudio que seguía esta misma línea. Los investigadores analizaron 60 muestras correspondientes a tres lotes de diez marcas comerciales, recogidas a lo largo de tres años y compararon cervezas a las que se había retirado el gluten con sus equivalentes que lo conservaban para estudiar dos grupos de compuestos que producen hinchazón y problemas intestinales, sobre todo en personas con problemas previos: los fructanos, pertenecientes a los FODMAP, y los inhibidores de amilasa/tripsina (ATI).

Tras el análisis, no encontraron diferencias significativas en el contenido total de ninguno de los dos componentes entre las bebidas con gluten y aquellas a las que se les había retirado. Los investigadores encontraron, además, que la cantidad de estos compuestos dependía más de otras características de la cerveza y de su elaboración. De esta manera, llegaron a la conclusión de que retirar el gluten no hace desaparecer automáticamente otros componentes de la cerveza que pueden presentar problemas digestivos para determinados grupos, lo que supone un mayor peligro si la sociedad empieza a ver las cervezas sin gluten como una alternativa más sana que la tradicional.

Negar la violencia machista desde las instituciones tiene consecuencias materiales, más allá de la batalla cultural y simbólica librada por la extrema derecha. Las alianzas entre Vox y el Partido Popular en gobiernos municipales y autonómicos tienen efectos sobre las mujeres, atravesadas por los discursos negacionistas y cada vez más condicionadas por las políticas públicas que los blindan. Es el caso de Valladolid: el gobierno local aprobó el pasado mes de mayo una modificación del protocolo de acceso a la vivienda de alquiler social, sustituyendo los puntos concedidos a las víctimas de violencia de género por aquellos que se dirigen a las víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar. 

Se trata de una puntuación que se otorga a los solicitantes para ponderar la prioridad en el acceso a la vivienda social, en base a sus circunstancias y necesidades. El nuevo baremo no es simplemente un cambio de denominación inocuo, sino que desdibuja la realidad de la violencia machista, niega sus especificidades y revierte los avances en materia de políticas públicas, concretamente las medidas de acción positiva. En síntesis, hace palpable el discurso reaccionario que la extrema derecha lleva abanderando desde su entrada en las instituciones.

En València sucedió algo similar hace dos años. PP y Vox aprobaron nuevas bases para el acceso al empleo público municipal, deshaciéndose de los puntos adicionales que hasta aquel momento se reservaban a las mujeres y a las víctimas de violencia de género. Y un año antes, en Maracena (Granada), la alianza entre ultras y conservadores supuso la aprobación de nuevas bases para una bolsa social de contratación temporal, eliminando la puntuación específica reservada a las víctimas de violencia machista.

Y en enero del presente año, el aval a los presupuestos de Móstoles (Madrid) quedó atravesado por el sello ideológico de la ultraderecha, que logró modificar el enfoque de las ayudas relacionadas con la violencia de género dando paso a un cambio de denominación en sintonía con lo ocurrido ahora en el consistorio vallisoletano: violencia familiar en lugar de violencia machista. 

Priorizar el acceso de las víctimas de violencia machista a la vivienda y el empleo tiene un sentido evidente. La propia ley estatal contra la violencia de género establece que las víctimas "serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores", además de contar con "un programa de acción específico" para aquellas "inscritas como demandantes de empleo". La legislación así lo estipula desde hace más de dos décadas precisamente porque la falta de ingresos, la dependencia económica y la ausencia de una alternativa residencial lastran el proceso de ruptura y emancipación.

Los datos al respecto son especialmente significativos. El 65,3% de las víctimas mortales de violencia machista convivía con su agresor cuando fue asesinada. Son dos de cada tres. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, las mujeres que se reconocen más dependientes de su pareja tienden a expresar mayores tasas de violencia, en todas sus formas: así lo señala el 14,7% de las encuestadas, frente al 8,3% de quienes se sienten plenamente autónomas. 

El Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación, publicado por la Delegación del Gobierno en 2019, recoge que las mujeres que cuentan con una vivienda en propiedad tardan de media seis años y ocho meses en pedir ayuda. En cambio, aquellas que viven en un hogar que pertenece a su agresor tardan ocho años y dos meses. 

El análisis de 2023 Violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja recalca que la vivienda es una cuestión central en situaciones de violencia. "Algunas de las mujeres entrevistadas se marcharon de casa huyendo de sus agresores, o han sido desahuciadas de su casa por impagos a consecuencia de la violencia económica", dibuja el informe. En esas circunstancias, añade, "disponer de un techo se convierte en primera necesidad". 

El mismo estudio recoge que las mujeres usuarias del servicio Atenpro aseguran presentar dificultades económicas relacionadas con el acceso y permanencia en una vivienda, como no poder pagar el alquiler (34,6%), los suministros (29,1%) o hacer frente al pago de la hipoteca (14,2%).

El informe Mujeres ante los desahucios consagra la idea de que "experimentar violencia de género es un claro factor de riesgo de exclusión social", durante la propia relación y una vez se ha terminado. En ese sentido, en lo que respecta a los elementos que contribuyen a que las mujeres permanezcan en relaciones violentas, los autores creen relevante destacar la importancia de aspectos materiales, como carecer de recursos económicos y de alternativas habitacionales viables. Y por ese motivo, el grueso de las víctimas "necesitan ayuda para acceder a una nueva vivienda en la cual puedan desarrollar su vida de forma segura". Según datos recogidos por el Instituto de las Mujeres, la tasa de mujeres sin hogar ha aumentado un 47% en una década y la violencia machista está detrás del 21% de los casos.

Hay una constante que atraviesa la historia de los movimientos reaccionarios. Cambian las banderas, los discursos y las épocas, pero todos necesitan recuperar un determinado modelo de mujer.

No es casualidad.

El autoritarismo comprende que la política no empieza en los parlamentos, sino en la cultura. Antes de conquistar las instituciones necesita conquistar el imaginario colectivo. Necesita redefinir qué significa ser una "buena mujer": discreta, complaciente, cuidadora, agradecida y, sobre todo, alejada del poder.

Por eso me inquieta más el movimiento que los hechos aislados.

Las democracias no suelen enfermar de repente. Se deterioran cuando las sociedades normalizan aquello que poco antes habrían considerado inaceptable. El totalitarismo no llega como una tormenta; se instala como una costumbre.

Cada renuncia parece insignificante. Cada decisión se justifica por separado. Siempre hay quien dice que "no pasa nada". Sin embargo, la historia demuestra que sí pasa.

Las instituciones nunca son neutrales. No solo administran recursos; educan. Construyen narrativas y transmiten qué valores considera importantes una sociedad. Quien desprecia los símbolos desconoce cómo se construye una cultura democrática.

Karl Popper advirtió, con la paradoja de la tolerancia, que una democracia que deja de defender activamente sus principios termina facilitando su propia erosión. Los derechos no desaparecen únicamente cuando son prohibidos; también cuando dejan de ser defendidos.

Quizá ese haya sido nuestro mayor error. Creer que la igualdad era irreversible. Simone de Beauvoir ya advirtió que bastaría una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres volvieran a ser cuestionados. No era una predicción; era una lección de historia.

El verdadero retroceso nunca empieza derogando derechos. Empieza cambiando el relato. Convenciéndonos de que las políticas de igualdad ya no son necesarias, de que el feminismo ha ido demasiado lejos y de que la mujer tradicional representa un modelo que conviene recuperar.

Cuando ese relato entra en las instituciones deja de ser una opinión para convertirse en pedagogía política.

La cuestión no es si asistimos a un hecho aislado. La cuestión es si seremos capaces de reconocer el movimiento antes de que vuelva a convertirse en nuestro destino.

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Rocío Martín es socia de infoLibre.

El machismo y su sistema conservador siempre ha intentado presentar la igualación como igualdad, no por error, sino como una forma de evitar que se tome conciencia sobre el significado y las causas de la desigualdad, y con ello continuar con su modelo de injusticia en un escenario diferente.

Bajo esa idea, adoptar medidas a favor del grupo de población discriminado se presenta como una injusticia por dejar de lado al resto de la población, y plantea que la “verdadera igualdad” es aplicar las mismas medidas a toda la población, no actuar de manera diferenciada.

Llevado este planteamiento a la desigualdad entre hombres y mujeres, su razonamiento presenta las medidas para corregir la desigualdad que sufren las mujeres como una injusticia y una discriminación de los hombres, como si ellos en su posición de privilegio también las necesitaran. Pero al mismo tiempo se pone en evidencia que se trata de una trampa al comprobar que si hay una desigualdad reconocida que exige adoptar medidas, y estas se aplican sobre quienes la generan y quienes la sufren, no se corrige nada. La desigualdad se mantiene, y como no se actúa sobre las causas que la han generado esta aumentará con el tiempo a pesar de las nuevas medidas.

Esta estrategia de equiparar todo y a todos es el argumento esencial en cualquiera de los temas que surgen, aunque con un razonamiento diferente. Cuando las medidas se dirigen a corregir la discriminación de las mujeres no quieren que cambie nada, pero cuando son para corregir la injusticia que ha llevado a que los hombres dominen las posiciones de poder, entonces se resisten al máximo en nombre de la “mayor y natural capacidad masculina”.

Como se puede ver, nada es casualidad en las decisiones androcéntricas conservadoras. Por ello intentan crear un relato jugando con las formas para sortear el fondo y, en la medida de lo posible, atacar y ridiculizar los planteamientos progresistas y feministas. Un ejemplo lo tenemos tras la aprobación de la Ley de Igualdad y la obligación de presentar listas paritarias a las elecciones con una representación de hombres y mujeres del 60/40. Lo primero que hizo el PP en las elecciones municipales de 2007, que nunca se había acercado al 40% de mujeres en sus candidaturas, fue presentar una lista en Garachico (Tenerife) formada solo por mujeres, iniciativa que hizo que la Junta Electoral la anulara por incumplir la ley. El PP aprovechó la situación para presentarse como el máximo defensor de la igualdad, y criticar la Ley de Igualdad que impedía que hubiera una lista formada solo por mujeres.

Otros ejemplos de esa instrumentalización para mandar mensajes a la sociedad que impiden ver el significado de la desigualdad y la necesidad de abordarla de manera seria son los nombramientos. La primera mujer presidenta del Senado fue Esperanza Aguirre (1999), la primera mujer presidenta del Congreso de los Diputados fue Luisa Fernanda Rudi (2000), la primera mujer alcaldesa de Madrid fue Ana Botella (2011), la primera mujer ministra en el periodo actual fue Soledad Becerril (1981)… Ante este escenario es fácil hacer creer que las políticas conservadoras son las que en verdad apuestan por las mujeres, pero no es así porque no hay coherencia ni consecuencia ni continuidad con el resto de las políticas e iniciativas, se trata de gestos para romper el relato de la izquierda y del feminismo.

Ahora lo vuelven a hacer bajo la misma idea, pero de forma diferente. Y lo han hecho al nombrar a Emmanuel Toro Molina coordinador en Sevilla del Instituto Andaluz de las Mujeres (IAM).

La instrumentalización se observa al analizar los dos elementos que deben definir el nombramiento de una persona para determinados cargos:

El nombramiento de Emmanuel Toro adolece de los dos elementos exigidos.

Por un lado, todas las informaciones aparecidas indican que no tiene la formación, el conocimiento ni la capacidad profesional para dirigir el IAM como exigen las responsabilidades que conlleva.

Por otro lado, si lo que se busca es un efecto simbólico para generar conciencia social y hacer ver que la igualdad es responsabilidad de hombres y mujeres, este no se consigue. Todo lo contrario, se refuerza la construcción machista que ha permitido que durante miles de años hayan sido hombres los que hayan decidido sobre las cuestiones de las mujeres, y que lo hayan hecho desde su mirada masculina, no desde una formación y conocimiento en igualdad.

Lo que han hecho PP y Vox es recuperar la idea de “mujer florero”, pero aplicada a los hombres para poner a un “hombre florero”, y con ello conseguir decorar la realidad sin intención de cambiarla. Ni PP ni Vox pretenden alcanzar la igualdad ni corregir la desigualdad entre hombres y mujeres, tal y como se comprueba en el resto de las decisiones y la creación de consejerías de “desregulación” para acabar con muchas normas que sí actúan para promover la igualdad. Ahora lo que pretenden es cuestionar los estudios sobre masculinidades que rompen con la imposición de una identidad masculina androcéntrica como referencia única para los hombres, al mostrar que un hombre, por el mero hecho de serlo, puede estar en cualquier lugar, incluso en aquellos históricamente presentados como lejanos o incompatibles. El mensaje es que más vale ser florero que formado, dócil con la masculinidad hegemónica que crítico con ella, pues esa masculinidad de siempre es la que te da poder.

Y a las mujeres se les manda el mensaje de que su nombramiento no depende de su capacidad, sino de lo que un hombre decida sobre ella. Es lo que vino a decir el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando tras nombrar a su segundo Gobierno (2022) y contar con el mismo número de consejeras que de consejeros, manifestó: “Por fin hay mujeres capacitadas, a diferencia de años anteriores”.

Cuatro años antes no había siete mujeres capacitadas entre cuatro millones de andaluzas, ahora hay incluso hombres que pueden dirigir a las mujeres desde su Instituto, es decir, como siempre han hecho otros hombres desde cualquier espacio.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.