"¿Por qué estás llamando a mis clientes?". Quien pronuncia estas palabras al otro lado del teléfono se identifica como Pedro Villalonga y contacta con infoLibre después de que este medio llamara a varias personas implicadas en la red de empresas pantalla en Mallorca dueñas de falsas webs de citas que pueden servir como tapadera de una presunta trama de blanqueo de capitales.

Los indicios sobre las actividades fraudulentas de estas compañías mallorquinas son bastante claros. Las empresas tienen supuestas webs de citas que no aparecen si se buscan en Google, no permiten pagar en las mismas para suscribirse al servicio premium y en determinados momentos dejan de estar operativas. A pesar de ello, entre todas facturan anualmente más de 10 millones de euros, de los que se desconoce su procedencia real.

Al igual que otras que operan en países como Reino Unido o Chipre con el mismo sistema de webs falsas, las sociedades mallorquinas procesaban sus supuestos pagos a través de Worldline, el segundo operador de transacciones de Europa. Esta multinacional francesa ha actuado durante años como proveedor de pagos con multitud de comercios de dudosa ética —como estafadores, casinos online que incumplen la ley o sitios de prostitución— y ha procesado miles de millones de euros en transacciones fraudulentas, tal y como ha revelado la investigación Dirty Payments, llevada a cabo por infoLibre y otros 20 medios de comunicación de todo el mundo coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por EIC.

Datos internos de Worldline revelan que la red insular forma parte del grupo iMerchant - Eureka, propiedad de un exproductor de cine estadounidense llamado Andrew Garroni, que está detrás de todo el entramado de webs falsas para ligar. 

Lo que no se conoce a día de hoy es quién ejerce como enlace entre los supuestos empresarios mallorquines y Andrew Garroni. Las cinco empresas más antiguas dentro de la trama mallorquina fueron creadas en enero de 2015 por María Pilar Peña Domenech, que ya no las administra a día de hoy. En marzo del mismo año se constituyeron otras cinco por parte de las personas que las siguen gestionando: Sebastian Ribot Thomas, Rosa Suárez Borrego, Carlos Nava Ablanedo, Simón Mas Garau y Bárbara Ribot Thomas.

Las familias de Peña Domenech y de los hermanos Ribot Thomas han administrado distintas sociedades de la trama, pero quien contacta con infoLibre, después de que este medio hiciera llegar preguntas a diversos propietarios de las empresas, es otra persona. Se identifica como "Pedro Villalonga" y asegura que llama porque infoLibre había contactado con sus "clientes".

Posteriormente, en la llamada, afirmó ser su abogado, pero no consta ningún letrado con ese nombre inscrito en los colegios de abogados de España. Según ha podido saber infoLibre, esta persona es Pedro Villalonga Massanet, un empresario bien relacionado de Mallorca que acumula cargos en algo más de 80 sociedades y se presenta como experto en comercios electrónicos y pagos internacionales por internet. 

Villalonga consta en varias de las empresas en las que tiene cargos junto a una de las propietarias de la trama mallorquina que más conexiones familiares tiene dentro de la red: Bárbara Ribot Thomas. En realidad, ella es, según una compañera de trabajo, su secretaria.

Tanto en Mooglyland 2016 SL como en Faprindasopo SL o en Bookinadvance SL consta Pedro Villalonga como administrador único y Bárbara Ribot como apoderada de las sociedades. De hecho, Ribot es nombrada apoderada en estas empresas mallorquinas después de que Villalonga se convierta en administrador. No está claro a qué se dedican estas compañías salvo en el caso de Bookinadvance. Esta sociedad es la que se encuentra detrás del proyecto MisterTransfer, del que Pedro Villalonga se declara CEO en su perfil de LinkedIn. 

MisterTransfer, según declara en su propia página web, es "una suscripción diseñada para brindar una experiencia superior en los traslados de clientes [...] una forma más sencilla y ventajosa de reservar sus transfers, asegurando siempre la mejor experiencia en cada trayecto". La empresa sirve, supuestamente, para llevar y recoger a personas del aeropuerto.

Bárbara Ribot es la secretaria de Villalonga en MisterTransfer, según ha asegurado otra empleada de la compañía a infoLibre. Pero las conexiones entre ambos no se limitan a esta empresa. Coinciden también en Pipolino SL. Esta sociedad, a través de la cual se gestiona un establecimiento de restauración en Mallorca, está administrada, de nuevo, por el propio Villalonga con Ribot, una vez más, como apoderada. 

Además, la empresa tiene otra apoderada: Eneisy Pérez Gutiérrez. Pérez es propietaria y administradora de Milano Productions SL desde 2016, una de las empresas de la red mallorquina de iMerchant - Eureka creadas en enero de 2015 por María Pilar Peña Domenech. Aún hoy dispone de falsas webs de citas que siguen operando, según ha podido comprobar infoLibre. Las conexiones entre unos y otros dentro de la trama son constantes.

La llamada de Villalonga a infoLibre se produce después de que este medio hubiera conseguido contactar telefónicamente con Pérez y con otro propietario de una sociedad de la trama, Jorge Daniel von Ledebur. Así, al menos ellos dos serían los "clientes" a los que Villalonga hace referencia. Es más, el propio Villalonga en su llamada menciona una cuestión que este medio había planteado anteriormente a Von Ledebur.

Eneisy no accedió a contestar a las preguntas de infoLibre, pero Von Ledebur sí respondió a algunas de ellas: aseguró que "a la creación de estas webs se llega hablando con amigos, tips por aquí, tips por allá…", pero no quiso aclarar quién era el supuesto amigo.

El único mensaje que transmitió Villalonga a infoLibre cuando llamó fue el siguiente: "Yo pasaré a mis clientes que no den ninguna información ni nada". Tampoco quiso responder a las cuestiones de este medio, como para qué despacho de abogados trabaja.

Lo cierto es que los dueños de las empresas de la red mallorquina parecieron hacerle caso. Tras la llamada de Villalonga, y a pesar de que este medio intentó contactar con todos ellos, solo dos volvieron a contestar a cuestiones de infoLibre. Uno fue Sebastián Ribot Thomas, que es, precisamente, hermano de Bárbara, la secretaria de Vilallonga.

Ribot contestó a algunas cuestiones y luego aseguró que, si infoLibre quería saber más, debía hablar con su asesor fiscal. Se ofreció a que este realizara una llamada a este medio, pero el supuesto asesor nunca la hizo. Se desconoce, por tanto, si el "amigo" de Von Ledebur y el "asesor fiscal" de Ribot son la misma persona.

El otro que accedió a hablar fue Guillermo Gómez Piqueras, propietario de Saxony Investments SL, que aseguró a infoLibre que el asunto de esta empresa se lo gestionaba el despacho de Pedro Villalonga. La empresa de Gómez, que ahora trabaja como detective privado y en el pasado ejerció como guardia civil, sigue teniendo operativos algunos de estos supuestos sitios webs para ligar, como photographersdatenow.com.

Pero el supuesto abogado mallorquín no solo está conectado a los Ribot, Von Ledebur, Pérez Gutiérrez o Gómez Piqueras. Según ha podido conocer infoLibre, también tiene una relación personal con Thelys Milán Suárez, una entrenadora de natación artística de origen cubano afincada en Mallorca que es propietaria de Anvil Networking SL, otra de las sociedades de la trama. Se les ha visto juntos en numerosos actos sociales de la isla.

En el entramado existen multitud de relaciones personales y profesionales entre unos y otros, pero lo que sigue sin estar del todo claro es de dónde viene el dinero que estas compañías ingresan y que procesaban a través de Worldline. Lo que es seguro es que el dinero no procede realmente de las supuestas webs de citas. Según una auditoría interna de Worldline, había sospechas de que proviniera, en realidad, de una operación de blanqueo de capitales, según ha podido conocer Dirty Payments tras acceder a documentos internos confidenciales.

El esquema formado por las empresas mallorquinas puede responder a dos posibilidades: que se estuvieran cargando transacciones a personas que han caído en una estafa o que se estuvieran realizando cargos a tarjetas obtenidas sin el consentimiento de los titulares. Sebastián Ribot, a pesar de afirmar no saber de dónde viene el dinero de las transacciones que llegan a su empresa, negó a infoLibre ambas posibilidades.

Ribot, además, aseguró que no tenía "ninguna queja de que haya gente estafada". A pesar de su afirmación, varias de las webs de la trama han registrado quejas públicamente. Ha pasado, por ejemplo, con una de las webs asociadas a la compañía de Eneisy Pérez. 

También es el caso del centro de soporte asociado a fishersfindlove.com, una supuesta web para ligar entre pescadores perteneciente a la empresa de su hermana Bárbara, de la que tres personas denunciaron fraude en un site dedicado a este tipo de reseñas. "Definitivamente, es un sitio web de estafa, pero lo conseguí revertir [el pago]. Trataron de cobrarme 22 dólares por algo de lo que nunca he oído hablar", aseguraba una usuaria de Nueva Zelanda. 

Hay, además, quejas de un usuario australiano y de uno británico. Este último aludía a la web de Bárbara Ribot, pero también a otra perteneciente a una de las empresas de iMerchant en Chipre. El esquema y la estratagema para ingresar dinero de las empresas mallorquinas no se da solo allí, sino que se repite en varios países. Una de las webs de la empresa de Thelys Milán así lo demuestra. Después de constar como propiedad de su compañía, pasó a aparecer como de una empresa vinculada a iMerchant - Eureka en Reino Unido.

En cualquier caso, tampoco se puede rastrear quién ha dado de alta cada una de las webs, ya que están registradas a través de una empresa panameña que da sus datos en lugar de los de sus clientes y se dedica a ofrecer este servicio para que no se pueda saber quién hay detrás de un sitio online.

La relación de la trama mallorquina con Panamá, un paraíso fiscal, no se reduce únicamente a ese registro de los dominios de las falsas webs de citas. infoLibre ha localizado al menos tres sociedades panameñas relacionadas con las empresas y personas vinculadas a la red de iMerchant en Mallorca.

La primera es Volans Enterprise Corporation, que según consta públicamente está dirigida por la propia Bárbara Ribot junto a Juan Francisco Pujol Bennassar. Fue creada en 2017 y en 2023 llevaba al menos tres años sin pagar el equivalente al impuesto de sociedades panameño, según una publicación en la Gaceta Oficial del Estado centroamericano.

La segunda es Reaching Out Management Corporation, creada en diciembre de 2016. Dirigida y presidida, de nuevo, por Bárbara Ribot, en ella también consta como directora Rosa Suárez Borrero, según Open Corporates. 

infoLibre no ha podido certificar si esa Rosa Suárez Borrero es la misma Rosa Suárez Borrego que montó Dorado Creations SL el 11 de marzo de 2015, y el cambio entre Borrero y Borrego se debe solo a una errata. En esa misma fecha Bárbara Ribot constituyó South Pointe Advertising. Dorado Creations y South Pointe Advertising son dos de las empresas de la trama mallorquina de webs de citas falsas. Las dos están administradas por Suárez y Ribot, respectivamente, desde su creación hace ya más de diez años.

Por último, hay una tercera sociedad en Panamá relacionada con las personas de la trama. Se trata de Tone Advisor Corporation. Esta, la más antigua de todas, fue creada en noviembre de 2013 y está presidida y dirigida por Joan Miquel Roselló Vilanova. También consta como directora María Desamparados Pelarda Benique, siempre según Open Corporates. Joan Miquel Roselló es el marido de María Pilar Peña —la mujer que alumbró las cinco empresas más veteranas de la trama mallorquina—. Ambos han sido los administradores de una asesoría contable y fiscal de Pollença. 

Además, según su perfil de LinkedIn, Joan Miquel Rosselló se dedica desde 2014 a la "gestión de e-commerce, como gateway e intermediario entre merchants [clientes] y procesadores. Soluciones globales para procesar high risk [alto riesgo] a nivel mundial". 

Algo parecido a lo que recoge Villalonga en su perfil, donde asegura ser "un ejecutivo experimentado con una amplia experiencia en pagos electrónicos, adquisición de merchants y relaciones bancarias" y tener "un amplio conocimiento del ámbito de los pagos internacionales por internet, con grandes conexiones en el sector de los bancos/proveedores". También declara tener experiencia con merchants de alto riesgo, como es el caso de las empresas de iMerchant - Eureka y la mayoría de clientes oscuros de Worldline.

Rosselló, a diferencia de su esposa, no ha constado como administrador o propietario de ninguna empresa de la trama mallorquina de iMerchant. Los hijos de ambos, Joan Rosselló Peña y Marina Rosselló Peña, lo han hecho en el pasado pero tampoco aparecen ya en ninguna de ellas. La hija, eso sí, es la nueva administradora única de la sociedad tras la asesoría de Pollença desde el año pasado.

La otra persona que aparece en Tone Advisor Corporation junto a Rosselló padre, María Desamparados Pelarda, tiene también una empresa en España. Concretamente, en Mallorca. Se trata de PV Arcoiris 2006, SL. Es administradora y socia única de la sociedad desde 2019. Un cargo que antes ocupaba, precisamente, Pedro Villalonga Massanet. Villalonga y Rosselló están relacionados, por tanto, al menos a través de María Desamparados Pelarda.

La empresa de Pelarda asegura dedicarse a "actividades de las agencias de cobros", pero no hay pruebas de que haya formado parte de la red de iMerchant. infoLibre sí ha podido confirmar otras tres empresas en Mallorca que están operando bajo el esquema de falsas webs de citas y han formado parte de la trama. Estas, de nuevo, demuestran el carácter personal y familiar de la red.

Son Cardinal Networking SL, Freedom Creations SL y Jubilee Advisors SL. Pertenecen, respectivamente, a María Cristina Fernández Pons, Marbelys Lumpuy Hernández y Ana Gabriela Chávez-Valdivia Rodríguez. La primera de ellas, Cardinal Networking, la administra Fernández Pons desde 2022. Antes el cargo correspondía a Juan Francisco Pujol Bennassar, quien coincide en la sociedad panameña Volans Enterprise con Bárbara Ribot. Él fue administrador único de la sociedad mallorquina entre 2018 y 2022.

Las tres empresas han funcionado como el resto de la trama, según ha podido comprobar infoLibre. Todas han tenido falsos sitios web de citas y todas han operado al menos con alguna filial de Worldline. Cardinal Networking ha procesado pagos al menos a través de Worldline Suecia, y Freedom Creations y Jubilee Advisors lo han hecho, al menos, a través de Payone, la filial alemana de Worldline, según los datos internos obtenidos por EIC.

Esto demuestra que la red mallorquina es incluso mayor en tamaño. Las 25 primeras sociedades de la trama identificadas por infoLibre están entre las que operaron durante más tiempo con Worldline, pero ha habido al menos estas otras tres, lo que eleva la cifra hasta al menos 28. Podrían ser incluso más. Tras la realización de auditorías internas, o incluso tras una investigación que abrió el regulador alemán BaFin, Worldline llegó a expulsar a algunos de estos clientes, aunque seguía operando con muchos otros. 

La mayoría de las empresas de la trama operaron con Worldline hasta al menos principios de 2024. Fue en junio de ese año cuando la multinacional expulsó a todos los clientes que tenía asociados como parte de iMerchant - Eureka por las sospechas de blanqueo de capitales, lo que no significa que las empresas hayan dejado de operar. Gran parte de sus supuestas webs aún están disponibles online.

Los aficionados a la pesca, los hipsters tatuados, la gente fit, los fans de los museos o los técnicos de rayos X pueden buscar el amor online y ni siquiera hace falta que usen Tinder o cualquier otra app. Todos ellos pueden encontrar pareja a través de supuestas webs de citas que buscan unir a personas específicamente de estos perfiles. Porque, ¿cómo un técnico de rayos X no querría conocer exclusivamente a otros técnicos de rayos X? Pues para encontrar el amor entre ellos existe una web llamada xraytechsfindaconnection.com.

Aunque, en realidad, tanto este como al menos otros 80 supuestos sitios de citas gestionados por empresas españolas son falsos. Así lo revela la investigación Dirty Payments, llevada a cabo por infoLibre y otros 20 medios de comunicación de todo el mundo coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por EIC y el medio alemán Der Spiegel.

Las webs, que no funcionan realmente, estarían sirviendo como tapadera a una serie de empresas, radicadas todas ellas en Mallorca, para lo que podría ser una gran operación de blanqueo de capitales. 

Dirty Payments ha revelado que Worldline, un proveedor de pagos francés, ha procesado durante años miles de millones de euros en transacciones fraudulentas o con comercios de dudosa ética —como estafadores, casinos online que incumplen la ley o sitios de prostitución, entre otros—. Entre esos negocios están también las empresas que hay detrás de estas páginas web.

Las supuestas webs no se pueden encontrar a través de buscadores como Google porque no están indexadas, lo que significa que no han sido registradas en los buscadores ni en sus bases de datos y, por lo tanto, no aparecen en sus resultados. Así, es complicado pensar que alguien vaya a poder encontrarlas para hacer uso de ellas. Además, los sitios tampoco permiten a los usuarios pagar para acceder al servicio premium una vez ya son miembros de la página, según ha podido comprobar este medio tras registrarse en varios de ellos. 

Sin embargo, esto no impide que las sociedades que hay detrás muevan grandes cantidades de dinero. La red existe también en otros países y en España está formada por, al menos, 25 empresas. Todas procesaban sus pagos a través de la multinacional francesa Worldline. Entre las 25 sociedades de la trama española que seguían operando en 2023 con esta empresa cargaron unos 14,5 millones de euros en transacciones, según los datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un período de un año, y que han sido obtenidos por Dirty Payments. 

La incógnita es de dónde procede exactamente ese dinero. Lo que sí se sabe es que se estaría estafando a personas, según demuestran las quejas de usuarios publicadas en internet y un caso de phishing que se utilizó para conseguir datos de tarjetas para una empresa inglesa de la misma trama. El dueño de una de las sociedades mallorquinas asegura a infoLibre que ni siquiera sabe el origen de las transacciones que llegan a su supuesto negocio.

infoLibre le preguntó cómo llegan los clientes a esas supuestas webs de citas. "No tengo ni idea. Yo solo pongo mi pasarela para facturar. Esto está en Estados Unidos. Me lo llevan directamente desde allí. La empresa me llega a partir de un contacto que tengo desde hace muchos años, otra persona que tiene una empresa similar. No sé qué es el dinero que me llega exactamente. Yo solo cobro la comisión. Un cero coma cero, cero, cero… por ciento de las transacciones de tarjetas. La sociedad es mía pero no tengo ni idea de qué se publica. El negocio son comisiones de tarjetas", explica.

Quien habla es Sebastián Ribot Thomas, socio único y administrador único de Colonial Productions SL, una de las empresas de la trama. La empresa de Ribot ha sido dueña de, al menos, buildyourlovelife.com, findalovelifetoday.com, heartsopentolove.com y rapfansfindlove.com. Ya no están operativas, pero las webs funcionaron hasta, al menos, 2022 y la empresa siguió facturando a través de Worldline hasta, al menos, principios de 2024. 

De las 81 páginas de citas localizadas por Dirty Payments en la trama mallorquina, 57 seguían activas y operativas este 12 de junio. Aun así, es habitual que estas sociedades dejen de operar con determinadas webs y abran otras nuevas para complicar así la posibilidad de ser rastreadas.

Las empresas mallorquinas dependen de un grupo norteamericano llamado iMerchant - Eureka, que procesaba sus pagos a través de Worldline. iMerchant - Eureka tiene una red de sociedades distribuida por distintos países y es uno de los oscuros negocios que llegó a la multinacional francesa a través de Emerchantpay (EMP), una compañía británica que ha actuado durante años como agente de Worldline proporcionándole muchos de los clientes de dudosa reputación. 

El entramado está dirigido por Andrew Garroni, un productor estadounidense de películas eróticas y de terror devenido en estafador online. iMerchant es una empresa canadiense propiedad de Garroni, actualmente inactiva. Eureka hace referencia a Eureka Multimedia Group, una empresa californiana de marketing digital propiedad también de Garroni.

El grupo operaba más de 150 empresas fantasma dueñas de, sobre todo, webs falsas de citas. Entre ellas están las 25 mallorquinas, pero también, al menos, otras 92 de Reino Unido, 40 de Chipre y dos de Países Bajos, según los datos internos del proveedor de pagos Worldline obtenidos por EIC. 

Los fraudes de Garroni no son nuevos. En 2007, sus socios y él tuvieron que pagar una indemnización de 550.000 dólares en Estados Unidos por un fraude digital. Ofrecían a usuarios de internet instalar un software en sus ordenadores que les permitía ver películas. Pero se trataba de un software malicioso que, alegando que había expirado un supuesto "periodo de prueba", mostraba continuamente mensajes de gran tamaño en las pantallas de los ordenadores para obligar a las víctimas a pagar para deshacerse de ellos.

De todos modos, las empresas de la red de Andrew Garroni no solo han trabajado con Worldline. Lo hicieron también, al menos, con la extinta alemana Wirecard, otra empresa que operaba como proveedor de pagos y en la que surgieron problemas con numerosas transacciones de las empresas asociadas a Garroni y su grupo. 

En el verano de 2020, Wirecard quebró tras protagonizar el mayor escándalo financiero de la historia de Alemania. Además de descubrirse un agujero de 1.900 millones de euros en las cuentas manipuladas de la hasta entonces elogiada empresa, se hizo pública su connivencia con múltiples clientes poco recomendables. Entre ellos, varios esquemas de empresas fantasma. Los máximos ejecutivos de Wirecard acabaron en la cárcel.

Gracias a documentos obtenidos por Der Spiegel, se ha comprobado cómo Wirecard registró al menos 87 empresas como propiedad de Garroni a pesar de no estar inscritas como suyas en sus respectivos países. Entre ellas constan 12 de las mallorquinas.

Una de esas 12 es Colonial Productions SL, la compañía registrada a nombre de Sebastián Ribot. Aun así, Ribot, que es gerente de una inmobiliaria en Palma, asegura a infoLibre no saber quién es Garroni. Al ser preguntado por si tiene algún tipo de contrato o acuerdo comercial firmado con esas personas o empresas que asegura que le llevan el asunto de la sociedad, responde de manera afirmativa. No obstante, Ribot no ha querido contestar a más preguntas de este medio: "Es información confidencial". Antes de finalizar la conversación, aseguró que si infoLibre quería saber más, debía hablar con su asesor fiscal y se ofreció a que este realizara una llamada a este medio. El supuesto asesor nunca contactó.

El asunto parece no solo confidencial, también familiar. Sebastián Ribot es, como se ha mencionado, dueño de Colonial Productions SL. A su vez, su pareja, Tamara Morell, es propietaria de Smores Marketing SL, la empresa que gestiona, entre otras, la web supuestamente destinada a técnicos de rayos X. Su hermana, Bárbara Ribot Thomas, tiene registrada South Pointe Advertising SL y su cuñado, José 'Pepe' Nájera-Aleson Serrada, Coco Plum Technologies SL. También dos primos de Sebastián y Bárbara, Antonio 'Toni' Thomas Caldentey y Juan Miguel 'Juanmi' Thomas Caldentey, tienen dos empresas de la trama: Toffee Marketing SL y Liberty Networking SL, respectivamente.

Entre la familia administran seis de las 25 empresas de la trama. La cosa no queda ahí. Bárbara Ribot tiene varios negocios en Mallorca. Una clínica dental donde trabaja la dentista Ledya Salamanca Villazón, propietaria de Captain Jack Investments SL. También coincide con Eneisy Pérez Gutiérrez en la sociedad de un restaurante de la isla, de la que ambas son apoderadas. Eneisy Pérez es la dueña de Milano Productions SL. Además, el hermano de esta, Ramón Pérez Gutiérrez, es el socio único de Russel Trading SL.

Tanto Captain Jack Investments como Milano Productions y Russel Trading constan en los documentos y datos de Worldline como empresas parte de iMerchant - Eureka. Además, las dos últimas aparecen como propiedad de Garroni en la documentación de Wirecard.

infoLibre ha logrado hablar por teléfono con varios de los propietarios de estas sociedades, como es el caso de Toni Thomas, Ledya Salamanca o Eneisy Pérez. Los tres colgaron cuando este medio comenzó a preguntarles por sus compañías y la red mallorquina.

No son las únicas personas relacionadas entre sí que forman parte de la trama. Es algo habitual entre las 25 empresas. Por ejemplo, Jorge Daniel von Ledebur y Sabine Morgen son pareja y cada uno de ellos es dueño de una sociedad de la red. Von Ledebur es otro de los que ha accedido a atender, al menos en parte, a infoLibre.

En la llamada, la primera pregunta de infoLibre fue a qué se dedicaba Pop Corn Technologies SL, la sociedad que administra. "Servicios de internet" fue su respuesta. La mayoría de empresas de la trama declaran ante el Registro Mercantil dedicarse a una de estas dos actividades económicas: o bien al "comercio al por menor por correspondencia o internet" o bien a los "servicios administrativos combinados". Otras cuantas declaran realizar "actividades de las agencias de cobros y de información comercial".

La empresa de Von Ledebur declara la opción del comercio al por menor. Este medio, en la llamada, le comenta que la sociedad gestiona webs como artistfindlove.com o singleteachersfindlove.com. "Es trabajo común de internet, son páginas de citas, no hay un gran qué detrás", responde él. infoLibre le pregunta entonces cómo consiguen clientes si no están indexadas en Google. "No es necesario indexarlas. La gente entra. Ya está. Más no hay que decir. No puedo decir cómo llegan, sería revelar trucos".

Von Ledebur, al igual que Sebastián Ribot, negó conocer el grupo iMerchant y a Andrew Garroni. También se le preguntó por la gran presencia de este tipo de empresas y webs en Mallorca. "A la creación de estas webs se llega hablando con amigos, tips por aquí, tips por allá…". 

Tras esa respuesta, infoLibre le pregunta de forma clara: "Hemos intentado suscribirnos en las webs y no dejan pagar, ¿son webs de citas reales o no existen?". Tras siete segundos en silencio, responde: "Esto ya no te lo sé decir concretamente. Son servicios que compramos y ya está". Von Ledebur, que gestiona la empresa desde su creación en enero de 2019, se negó a aclarar a quién compraba estos servicios y a responder a más preguntas de infoLibre.

Las empresas pantalla mallorquinas, como Pop Corn Technologies SL, son sociedades limitadas creadas con el mínimo capital exigido por la ley española, 3.000 euros, entre los años 2012 y 2019, y carecen de trabajadores. 

De acuerdo con la información que de ellas posee el Registro Mercantil, sus administradores y accionistas únicos —para cada empresa se trata siempre de una sola persona— acostumbran a estar relacionados entre sí. Hay familiares, amigos, parientes y también socios en otros negocios. Otras dos de ellas, por ejemplo, son Andrea Arregui y Noemí Valera. Las dos trabajan en el Bar Havanna, que se encuentra en Palma.

Las 25 empresas se dedican todas a las falsas webs de citas. El patrón se repite con las empresas de iMerchant en otros países. La gran mayoría tienen supuestos sitios de dating, aunque también hay algunas destinadas al sector de los videojuegos con un modus operandi similar al de las webs falsas de citas. 

La mayoría de las sociedades mallorquinas poseen exactamente cuatro páginas web de citas. Todas están en inglés y presentan diseños muy similares. En muchos casos se trata de réplicas basadas en una misma plantilla, con fotos de catálogo de gente joven, guapa y sonriente de diferentes etnias. 

También cuentan con un centro de atención al cliente asociado a cada página web de citas. Los textos que informan a los supuestos clientes en estas páginas web secundarias son idénticos. Estos centros son direcciones webs más cortas que la página de citas pero replicando un nombre similar. En estas se incluye un número de teléfono (muchas veces comenzando con el prefijo 877 o 866, gratuitos en Estados Unidos y Canadá) y un correo electrónico, a veces hasta un chat. 

Estas webs secundarias son habituales en este tipo de negocios. Si, por ejemplo, hablamos de una página web real de citas, pornografía o prostitución, es común que luego tengan una segunda dirección creada únicamente con iniciales o con un nombre poco claro. Así, los cargos a sus clientes se realizan desde esta segunda dirección y no dejan el mismo rastro que si se hicieran desde la página web con el nombre completo del sitio.

Por ejemplo, el centro de atención al cliente asociado a la web xraytechsfindaconnection.com es xrutchfnd.com. De hecho, al intentar suscribirse a la supuesta página para ligar, la web ya avisa de que el pago llegará asociado a xrutchfnd.com. infoLibre ha intentado pagar una suscripción a esta web, entre otras, pero la pasarela de pagos da error al rellenar la información. El sitio devuelve un aviso asegurando que la tarjeta ha sido denegada, a pesar de que toda la información indicada para el pago era correcta.

Las empresas en ocasiones también tienen su propia web corporativa, que se hace pasar por una empresa de servicios de internet o de marketing, donde consta una dirección de correo electrónico y un teléfono español. infoLibre ha llamado a varios de esos números. En ninguno hemos conseguido que nos llegue a atender un operador. Siempre aparece una grabación, en inglés, que anuncia que en ese momento la empresa está ocupada y que se puede dejar un mensaje de voz cuando suene la señal. También se ha contactado por correo electrónico a las empresas que disponían de ese tipo de página web con distintas preguntas al respecto de esta investigación. Ninguna ha respondido.

Muchas de las webs de las empresas mallorquinas están activas. Pero si las empresas siguen operando con su sistema de transacciones, deben hacerlo con un proveedor de pagos distinto. Worldline decidió expulsar a las sociedades vinculadas a iMerchant, incluidas las mallorquinas, en junio de 2024. La decisión se tomó tras las sospechas que tenía la propia multinacional francesa de que se pudiera estar blanqueando dinero.

Algunas de ellas operaban con Worldline desde 2017. En 2023 el equipo de antifraude del proveedor de pagos realizó una investigación interna sobre varios negocios que trabajaban con ellos y les resultaban sospechosos. Entre esos había 14 empresas de iMerchant - Eureka y tres de esas eran de la trama mallorquina: Chili Pepper Systems SL, Columbus Creations SL y Milano Productions SL.

Worldline decidió cesar inmediatamente cualquier relación con nueve de las 14. Entre ellas, Chili Pepper Systems y Columbus Creations. Con las otras seis se decidió contactar primero con los propietarios para que se pudieran explicar. Una de ellas era Milano Productions SL, propiedad de Eneisy Pérez.

En junio de 2023, una nueva auditoría interna recabó más pruebas. Aunque los numerosos operadores de sitios de citas falsos se consideraban oficialmente independientes, Worldline sabía que estas empresas estaban controladas en realidad por el grupo iMerchant - Eureka. Pero los empleados tenían instrucciones de no comunicárselo nunca a Visa, Mastercard o a los organismos reguladores, porque estos grupos "no existen legalmente y Worldline no debería saber que existen".

La misma auditoría informó de una presunta operación masiva de "blanqueo de dinero" llevada a cabo en Estados Unidos. Tras las alertas de los bancos, Worldline descubrió que 3.369 tarjetas de crédito estadounidenses habían efectuado pagos por valor de 17,8 millones de euros a cerca de 275 negocios de supuestas webs de citas. Las transacciones se consideraron muy sospechosas: gran parte de las tarjetas pertenecían a empresas, algo no habitual en una supuesta suscripción a una web para ligar. Desde algunas de ellas se realizaron más de 2.000 pagos a diversas webs. Por ello, las tarjetas, según los auditores de Worldline, podrían estar controladas por los propios comercios y las transacciones, destinadas a blanquear dinero.

Los investigadores no indicaban en la auditoría el nombre de los comercios implicados en ese sistema. Sin embargo, las características de las empresas mencionadas pueden corresponder a las empresas del grupo de Andrew Garroni, según el análisis realizado por la investigación Dirty Payments.

El supervisor financiero alemán, BaFin, también abrió una investigación. El regulador cree que el fraude era tan "obvio" de detectar que Payone, la filial alemana de Worldline, es una "potencial cómplice". BaFin estima que las sociedades que llegaron a Payone a través de EMP —entre las que estarían las de Garroni— eran, en realidad, empresas fantasma involucradas en "actividades fraudulentas". Tras todas las sospechas, Payone rescindió sus contratos con seis compañías españolas, aunque no les supuso mucho problema porque también operaban con la filial sueca de Worldline y tras la decisión de Payone siguieron varios meses haciéndolo con esa otra subsidiaria.

El negocio para iMerchant, aunque en ocasiones saltando de una filial a otra de Worldline, ha operado durante años y ha sido sumamente lucrativo. Según los datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un período de un año, las empresas de los distintos países asociadas al grupo facturaron cerca de 90 millones de euros entre las transacciones de todas ellas. 

De esa suma total, unos 14,5 millones de euros correspondían a las transacciones dirigidas a las 25 empresas de la red mallorquina. Cada una de ellas facturó casi 600.000 euros de media en solo un año. Cuatro incluso superaron el millón. Es el caso de Anvil Networking SL, Ezequiel Networking SL, Amber Development SL y Colonial Productions SL. 

Las cuatro fueron creadas entre 2014 y 2015 y son, por tanto, de las más antiguas de la red. Colonial Productions SL es la de Sebastián Ribot y fue puesta en marcha por él directamente. Amber Development SL y Ezequiel Networking SL fueron constituidas por María Pilar Peña Domenech el 19 de enero de 2015, junto a otras tres. Ninguna le pertenece ya. Amber Development es ahora de Leordanés García González, y Ezequiel Networking, de Leodanis Néstor Valdés.

María Pilar Peña Domenech es esposa de Joan Miquel Roselló Vilanova. Ambos han sido los administradores de Boquer Management SL en distintos momentos, una asesoría contable y fiscal de Pollença. En su perfil de LinkedIn, Joan Miquel Rosselló se presenta como experto en "gestión de e-commerce, como gateway e intermediario entre merchants [clientes] y procesadores. Soluciones globales para procesar high risk [alto riesgo] a nivel mundial". Los hijos de ambos, Joan Rosselló Peña y Marina Rosselló Peña, también han administrado en determinados momentos empresas de la trama pero ya no constan entre los cargos de ninguna de ellas.

Por último, la otra compañía que alcanzó el millón de euros en transacciones, Anvil Networking SL, es la que administra Thelys Milán Suárez. Thelys Milán es una entrenadora de natación artística de origen cubano afincada en Mallorca. 

Su caso, de nuevo, repite un patrón en la trama. Al menos ocho de los 25 propietarios actuales de las empresas de la red son de origen cubano. Muchos están relacionados entre sí por conexiones personales, comparten apellidos o son amigos en redes sociales. Del mismo modo, muchos de los administradores de las empresas son originarios, residen o están vinculados a la parte noreste de la isla. De hecho, esa zona y Palma y sus alrededores es donde se concentran la mayoría de domicilios sociales de las empresas, según consta en el Registro Mercantil.

Las cuentas de las empresas depositadas en el registro, consultadas por infoLibre, también permiten ver el volumen de dinero que estas han ingresado año tras año; o al menos el de algunas de ellas, ya que seis nunca han presentado cuentas. 

De las cuatro sociedades que superaron el millón de euros, una entregó sus cuentas por última vez en 2019, otra en 2020 y las dos restantes en 2022. Esos cuatro ejemplos representan el patrón común a casi todas las empresas de la red. Unos ingresos declarados de un determinado valor —indicados como "importe neto de negocios" pero sin especificar de dónde vienen— y unos gastos muy similares pero que se engloban casi exclusivamente en la partida de "otros gastos de explotación" —de nuevo, no se especifica nada, por tanto, sobre a qué se ha destinado esa partida concretamente—.

Así, las empresas van nivelando año tras año lo que se supone que gastan con lo que ingresan, pero no se pueden fiscalizar esos supuestos desembolsos. De hecho, en otras partidas de gastos habitualmente más comunes no especifican nada, como sucede con la de personal al no tener plantilla. 

En "otros gastos de explotación" se puede incluir casi cualquier tipo de desembolso y ese es el gran truco en las cuentas de estas empresas. Incluso, si ese dinero lo están transfiriendo a un tercero o a alguien con quien tengan una relación comercial o de propiedad, pueden especificarlo simplemente como "otros gastos de explotación" sin mayor explicación. 

En la partida en la que las empresas año tras año sí tienen un monto que indicar es en la de "diferencias de cambio". Ese campo se utiliza para especificar las ganancias o pérdidas por las fluctuaciones de cambio entre la moneda local y moneda extranjera. Esto se debe a que la mayoría de las transacciones que reciben las empresas de la trama vienen de tarjetas de fuera de Europa. Eso y las altas comisiones que se quedaba Worldline por los pagos, muy por encima de las habituales en el sector, son otros dos de los indicios más relevantes sobre el carácter más que dudoso de las actividades de estas compañías.

La investigación internacional Dirty Payments, realizada por infoLibre y otros 20 medios de comunicación de todo el mundo coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), revela los miles de millones de euros que se han movido durante años en oscuras transacciones a través del proveedor de pagos francés Worldline. La multinacional ha operado durante años con comercios de dudosa ética, como estafadores online, controvertidos casinos online o sitios de prostitución.

El 25 de octubre de 2023 se produce en Francia el mayor desplome de la historia en su principal índice bursátil, el CAC 40. Worldline, el segundo proveedor europeo de soluciones de pago para empresas, había revisado a la baja sus previsiones de resultados y sus acciones se desplomaron un 59% en un solo día. Debido a ello, el grupo fue excluido del prestigioso índice bursátil francés.

Detrás de este batacazo financiero se esconde, en realidad, uno de los mayores escándalos económicos que ha conocido Europa. Durante diez años, el grupo francés Worldline operó, con total impunidad, miles de millones de euros en pagos fraudulentos o de dudosa ética para algunos de los peores actores del comercio electrónico. Así lo revela la investigación Dirty Payments, basándose en documentos y datos internos confidenciales. Por primera vez salen a la luz los fallos estructurales y el pacto de silencio que han imperado en el gigante de los pagos.

Aunque poco conocido por el gran público, Worldline es un actor clave de la economía europea. A través de este proveedor se mueven cada año 500.000 millones de euros en transacciones con tarjeta bancaria, ya sea a través de terminales en tiendas físicas o en sitios web.

El grupo miró deliberadamente hacia otro lado —incumpliendo con sus obligaciones— ante las prácticas fraudulentas de sus clientes clasificados como "de alto riesgo" (sitios de sexo, casinos, venta de bienes y servicios digitales, etcétera). Y eso que al frente de Worldline se encontraba lo más selecto de la élite francesa. El exministro de Economía Thierry Breton presidió el consejo de administración de la multinacional hasta su nombramiento como comisario europeo en 2019.

Con el objetivo de aumentar los beneficios y el valor de la empresa en bolsa, los dirigentes apostaron por sitios poco fiables pero extraordinariamente rentables, sin importarles el tipo de negocio que hubiera detrás ni las miles de víctimas que pudieran ser estafadas, tanto en Francia y España, como en el resto de Europa y el mundo.

Para entenderlo: un comerciante electrónico necesita un proveedor de pagos para recibir las transacciones de su negocio. La empresa que le presta los servicios como proveedor cobra generalmente menos del 5% de comisión por cada pago procesado. En Worldline, más de 950 sitios identificados por la investigación Dirty Payments pagaban comisiones superiores al 5% y, al menos, 350 de ellos pagaban más del 10%. Un indicador fiable de fraude que delata un escándalo de proporciones colosales.

Consultada por EIC, Worldline se ha negado a responder sobre los hechos, alegando que una "sociedad cotizada" no puede ni "comunicar información confidencial", ni "comentar la situación de sus clientes, pasados o actuales". "Worldline se compromete a respetar los más altos estándares en materia de cumplimiento y prevención del delito financiero", afirma el grupo.

Tras separarse del grupo informático Atos en 2014, Worldline empezó a funcionar de forma autónoma y creó un departamento destinado a captar comerciantes "de alto riesgo". Se ubicaba dentro de su filial belga y uno de los primeros clientes que consiguieron fue Ray Akhavan, un controvertido ciudadano estadounidense recientemente fallecido, apodado "el barón del porno".

Desde mediados de 2014, bajo la presidencia de Thierry Breton, el grupo aceptó procesar los pagos de más de 250 sitios pornográficos de Akhavan, a pesar de que su negocio se basaba en montajes financieros arriesgados y en la 'trampa de la suscripción': una técnica que consiste en anunciar acceso gratuito a un sitio mientras se oculta el cobro mensual real en la letra pequeña.

En 2019, cuando la justicia estadounidense empezó a investigarlo por un fraude destinado a ocultar compras de cannabis online —que llevaría a su arresto en 2020 y a una condena de treinta meses de prisión en 2021—, Akhavan intentó protegerse ocultando activos en un fideicomiso. En un mensaje de Telegram, uno de sus lugartenientes explicaba que esto debía mantenerse "discreto", pero que quería informar a Worldline porque debían "ser honestos con la gente cercana".

Consultado por Mediapart, socio editorial de infoLibre y uno de los medios de la investigación Dirty Payments, Thierry Breton afirma que hasta su salida de Worldline en 2019, ni él ni el consejo de administración tuvieron "el más mínimo conocimiento de los hechos" que se le presentaron.

Ray Akhavan fue presentado a Worldline por Emerchantpay (EMP), una empresa británica que actúa como agente, es decir, como proveedor de comerciantes "de alto riesgo". EMP fue el primer socio del departamento especial creado en 2014 en Bruselas para gestionar estos negocios especialmente delicados.

Este servicio contaba con más de 3.000 clientes hasta 2020, entre ellos numerosos sitios problemáticos especializados en estafas online. Incluso una red de empresas con sede en Mallorca que podría estar blanqueando millones de euros anualmente.

En marzo de 2020, la tasa de pagos fraudulentos procesados por Worldline alcanzó el 1,5%. Esa tasa duplica el máximo permitido por Visa, que abrió una investigación. Visa —al igual que sus competidores— impone unos umbrales máximos de posible fraude, cuyo incumplimiento puede ser sancionado con multas, o incluso con la retirada del derecho a gestionar pagos con sus tarjetas. Para Worldline, o casi cualquier otra empresa, una decisión de ese calado equivaldría a una muerte económica.

El grupo francés decidió entonces cerrar únicamente las cuentas de sus clientes cuyo índice de fraude superaba el 15%, una tasa muy superior al umbral que establece Visa. Aun así, hubo una excepción, los negocios traídos por su agente británico EMP, que sí se quedaron en el gigante de pagos.

Pero para "reducir la tasa de fraude" de Worldline Bélgica —la filial con la que operaba EMP—, cientos de comerciantes dudosos fueron transferidos a la filial en Suecia, aunque siguieron siendo gestionados desde Bruselas de forma encubierta.

En 2021, una auditoría interna enviada al CEO de Worldline, Gilles Grapinet, señalaba deficiencias en materia de cumplimiento dentro del servicio "de alto riesgo" belga. Sin embargo, su creador y responsable fue ascendido poco después a jefe del área de comercio electrónico para todo el grupo.

Worldline incluso elevó los umbrales de fraude a niveles muy altos: ahora hacía falta que el 20% de los pagos de un comerciante electrónico fueran fraudulentos para que fuera expulsado, en lugar del 15% anterior.

Comenzó entonces una huida hacia adelante. En junio de 2021, la dirección de Worldline lanzó un plan llamado Étincelle —en español, chispa— con el objetivo de duplicar la facturación en cuatro años. Para lograrlo, el plan contemplaba apostar fuerte por los clientes de alto riesgo, en general, y por los casinos online, en particular.

El grupo, sin embargo, arrastraba serios problemas de cumplimiento en este ámbito. Un documento interno de marzo de 2021 muestra que operó, solo en diciembre de 2020, más de cinco millones de euros en pagos con tarjeta bancaria (es decir, de jugadores) de seis países, entre ellos Francia, donde los casinos en línea están completamente prohibidos.

Pese a ello, los dirigentes de Worldline decidieron desplegar importantes esfuerzos de marketing para impulsar una innovación peligrosa, desarrollada por una de sus filiales suecas, que esperaban que generara grandes beneficios.

Se trataba de un software llamado Payment IQ (PIQ), que fue diseñado específicamente para ayudar a los casinos en línea a evitar pagos rechazados. Cuando un jugador quiere ingresar dinero en su cuenta con su tarjeta bancaria, el software PIQ puede presentar la misma transacción, sucesivamente, a 250 operadores de pago distintos. Esto aumenta considerablemente las probabilidades de que finalmente sea aceptada.

Esta tecnología funciona de maravilla para los casinos online, que la utilizan sin reparos gracias a Worldline. Uno de los grandes clientes implicados es Soft2bet, un grupo de casinos en línea con sede en Malta y Chipre, provisto de una licencia de juego de las Islas Comoras, un país africano, que, en teoría, le impide operar en Europa. Una investigación de Investigate Europe, que infoLibre publicó en exclusiva en España, reveló que Soft2bet gestiona 140 sitios de juegos de azar, de los cuales 114 estaban en 'listas negras' en al menos un país de la Unión Europea, según datos de febrero de 2025.

La investigación Dirty Payments ha comprobado que más de 30 casinos en línea vinculados a Soft2bet utilizan la solución PIQ de Worldline para sus pagos. Además, según una auditoría interna realizada en marzo de 2024, la filial sueca de Worldline encargada de PIQ "no está al tanto de sus obligaciones en materia de cumplimiento" y no realiza ninguna verificación sobre sus clientes, ni en el momento de "firmar los contratos" ni después. 

El servicio contra el crimen financiero de Worldline ordenó una reevaluación de todos los clientes. Pero el resultado no debió de parecerles desalentador, ya que Soft2bet sigue utilizando Payment IQ un año después. Esto resulta aún más inquietante si se tiene en cuenta que este sistema se ha vuelto gigantesco, con 12.000 millones de pagos procesados cada año. Desde 2021, Worldline ha decidido no limitar su uso a los casinos, y hacerlo extensivo a comerciantes de otros sectores de alto riesgo, como las plataformas de criptomonedas.

Worldline se ha cuidado mucho de no darle difusión, pero el grupo gana también auténticas fortunas gracias a los sitios pornográficos, incluidos los más controvertidos. El mayor cliente del departamento "de alto riesgo" es, con diferencia, OnlyFans. Esta plataforma, que ha conseguido un éxito fulgurante, permite a los "creadores" vender contenidos —principalmente de carácter sexual— cobrando una comisión por cada transacción. Worldline gestiona prácticamente todos los pagos de OnlyFans, por montos colosales: más de 3.000 millones de euros en los dos últimos años, lo que ha reportado más de 100 millones de euros de ingresos netos al grupo francés.

Pero OnlyFans es acusado regularmente de dejar pasar vídeos de mujeres filmadas sin su consentimiento, explotadas o violadas. Más de 120 víctimas han presentado denuncias solo en Estados Unidos, como reveló Reuters.

En 2022 y, de nuevo, en 2023, a raíz de casos de este tipo, Visa abrió investigaciones y exigió a Worldline que demostrara —bajo amenaza de sanciones— que había verificado que los controles de OnlyFans eran suficientes para prevenir la difusión de contenidos ilícitos. Worldline prefirió seguir apoyando a su gallina de los huevos de oro.

Worldline también ha gestionado, en los dos últimos años, más de 20 millones de euros en pagos para el gigante del porno WGCZ, propiedad del francés Stéphane Pacaud. La mitad corresponde a su sitio Analvids.com, cuyas prácticas de rodaje, de una violencia extrema, han sido denunciadas públicamente por actrices víctimas de estos abusos. Worldline sigue trabajando con la empresa.

Pero hay algo aún peor. La investigación Dirty Payments demuestra que Worldline ha trabajado con al menos diez sitios vinculados a la prostitución, a pesar de que sus propias normas internas lo prohíben.

Hasta junio de 2024, Worldline gestionó al menos 20 millones de euros en pagos para Secret Benefits, un sitio que propone a mujeres jóvenes convertirse en sugar babies, es decir, ser mantenidas o remuneradas por hombres mayores y ricos que podrían ser sus padres: los sugar daddies.

Worldline también sigue teniendo como cliente a una sociedad suiza, propiedad de empresarios alemanes y rusos, que opera un sitio de prostitución en el mercado austriaco.

El grupo francés también gestionó los pagos de varios sitios de prostitución —entre ellos uno de los más importantes de Francia— controlados por un individuo condenado por proxenetismo.

Resulta sorprendente que un grupo cotizado en bolsa, que llegó a formar parte del índice CAC 40 —similar al IBEX 35 español—, haya asumido el riesgo de involucrarse en este tipo de negocios. En el derecho francés, el delito de proxenetismo, penado con hasta siete años de prisión, está definido de manera muy amplia: consiste en "asistir" a la prostitución ajena o "sacar provecho" de ella, "sea de la forma que sea".

En 2020 Worldline adquirió a su competidor Ingenico y, gracias a ello, se hizo también con el control de su filial alemana, Payone. Un año más tarde, dos auditorías arremetieron contra el nivel de cumplimiento de Payone: la empresa alemana había trabajado con 311 comerciantes sospechosos traídos por un socio del "rey del porno" Ray Akhavan, condenado junto a él en Estados Unidos por el fraude con la venta de cannabis.

Tras ello, el gran banco alemán Commerzbank cesó toda relación con Payone en el sector de "alto riesgo" y denunció una "vigilancia interna inadecuada", con apenas "uno o dos empleados" encargados de analizar "un volumen masivo de transacciones".

A Worldline ha parecido no importarle. Los clientes dudosos de la filial alemana son extraordinariamente rentables. A pesar de los escándalos, el director de Payone, Niklaus Santschi, fue ascendido en septiembre de 2022 a jefe de la división de "servicios a comerciantes" de Worldline, que genera el 80% de los ingresos del grupo.

¿El mantra de este directivo suizo? "¡Vended, vended, vended! [...] ¡La rentabilidad y el efectivo son lo primero!", como escribió a su equipo en marzo de 2023. También se dedicó a debilitar el departamento de "riesgo", que desde entonces debía "facilitar el crecimiento" en lugar de frenarlo. Una decena de empleados experimentados dedicados a la lucha contra el fraude fueron apartados, relegados o terminaron dejando la empresa.

En junio de 2023, un documento interno presentaba un panorama desastroso en Worldline en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Las verificaciones sobre los nuevos clientes no eran "conformes" y la mayoría de los sistemas de vigilancia resultaban "ineficaces".

Estos fallos en la lucha contra el fraude comienzan a hacerse visibles, y no solo internamente, a través de presentaciones alarmistas clasificadas como "confidenciales". Varias entidades bancarias dejaron de trabajar con Worldline, entre ellas Société Générale, debido a su "confianza limitada" hacia el grupo. En lugar de hacer autocrítica, la dirección pidió a sus ejecutivos que contactaran con bancos dispuestos a asumir un "apetito por el riesgo" compatible con los clientes dudosos de Worldline.

Sin embargo, tres acontecimientos acabarían frenando esta huida hacia adelante. El primero se da en abril de 2023, cuando el servicio de Visa encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales abrió una investigación contra Worldline tras detectar 76 millones de euros en transacciones sospechosas relacionadas con posibles fraudes y estafas.

En Reino Unido, el auditor de Emerchantpay (EMP), el agente preferido de Worldline, dimitió alegando posibles "violaciones de la ley". Worldline encargó una auditoría, cuyos resultados fueron transmitidos en junio de 2023 a un reducido grupo de dirigentes.

Los resultados fueron catastróficos: la mayoría de los clientes traídos por EMP eran sociedades pantalla con sede en el Reino Unido y en Chipre, en paraísos fiscales, y operaban más de 1.700 sitios web diseñados para estafar a los internautas. 

Además, la mayoría de esos comerciantes, oficialmente independientes entre sí, estaban en realidad controlados por un puñado de grupos clandestinos, auténticos imperios de la estafa y el fraude, como Linkmedia o iMerchant - Eureka. Worldline lo sabía, pero dio la orden a los empleados del departamento de "riesgo" de ocultarlo a Visa, Mastercard y los reguladores, ya que estos grupos "no tienen existencia legal y Worldline no debería saber que existen".

En julio de 2023, el regulador alemán, BaFin, sancionó a Payone por no cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra el fraude y el blanqueo. La filial alemana de Worldline se vio obligada a prescindir de más de 450 clientes "de alto riesgo" y se le prohibió captar nuevos. Sin embargo, más de 400 de esos clientes considerados inaceptables por BaFin pudieron continuar tranquilamente su actividad durante al menos siete meses en otras filiales del grupo, como la belga.

Esta sanción del regulador alemán desató, no obstante, una oleada de pánico en la sede de Worldline. Se puso en marcha un plan de "limpieza" de los clientes "de alto riesgo" gestionados en Bruselas. Según datos internos confidenciales de 2023, los 1.300 clientes más problemáticos, que finalmente fueron apartados en Alemania y Bélgica, habían realizado transacciones por un valor de al menos 800 millones de euros durante los doce meses anteriores. Se puede deducir, por ello, que Worldline facilitó, desde 2014, miles de millones de euros en pagos dudosos o sospechosos.

Según los datos obtenidos por Dirty Payments, la tasa de transacciones denunciadas como fraudulentas por los clientes a sus bancos era considerable: superaba el 10% en el caso de 550 clientes de Worldline y el 15% en 150 de ellos.

Worldline no quiso comentar nada al respecto ante las preguntas de EIC, pero aseguró que "por su naturaleza", los clientes clasificados como de alto riesgo "presentan tasas elevadas de chargeback [procedimiento que permite a un consumidor descontento ser reembolsado por su banco] y de reembolso debido al comportamiento de los clientes y a la estructura del modelo económico de dichos comerciantes".

Estos clientes dudosos eran tan rentables que su salida provocó una caída de los beneficios. El 25 de octubre de 2023, el grupo se vio obligado a lanzar una advertencia sobre sus resultados, lo que provocó el desplome de sus acciones en bolsa. Los que pagaron los platos rotos fueron los empleados, con un plan de ahorro que preveía 1.400 despidos.

Dos altos directivos fueron finalmente cesados en 2024: el exdirector suizo de Payone, Niklaus Santschi, y el CEO, Gilles Grapinet. Otros responsables del sistema de pagos fraudulentos siguen en sus puestos.

Oficialmente, desde 2024, todo está en orden en Worldline. El grupo afirma que actualmente su "tasa de fraude es inferior a la media del sector". Esta investigación ha permitido identificar varios comerciantes altamente sospechosos que siguen siendo clientes del grupo, incluidos casinos ilegales, sitios vinculados a la prostitución y falsas webs de citas. Sin olvidar a los gigantes del porno, como OnlyFans, de quienes Worldline depende económicamente en gran medida.

La actividad del grupo en el ámbito "de alto riesgo" sigue siendo masiva: según datos internos de 2025, el grupo francés ha operado 12.000 millones de euros en pagos en este sector durante el último año, incluidos 3.000 millones para sitios de juegos de azar y 2.000 millones en el ámbito de los sitios webs para "adultos".

A pesar de los enormes problemas encontrados en la lucha contra el fraude, la dirección ha decidido, como parte de su plan de ahorro, suprimir decenas de puestos en Europa en los departamentos de riesgo y cumplimiento. La empresa incluso quiso deslocalizar la mayor parte de este servicio a la India, antes de optar finalmente por Polonia tras las protestas sindicales.

"Worldline se compromete a respetar los más altos estándares en materia de cumplimiento y prevención del crimen financiero y ha reforzado sus recursos en este ámbito", respondió el grupo al respecto.

Sin embargo, una nueva auditoría interna, presentada en abril de 2024 a la alta dirección, muestra que el cumplimiento en lo relativo a la vigilancia de clientes y la lucha contra el blanqueo sigue siendo muy insuficiente. En la mayoría de los países se está llevando a cabo una gran operación de adecuación normativa, pero no se completará hasta 2026, si todo va bien.

Como prueba de la gravedad de la situación: dos años después de las primeras medidas adoptadas por BaFin en 2023 contra Payone en Alemania, el procedimiento sigue en curso y los problemas no se han resuelto. Según las informaciones de esta investigación, también se han iniciado inspecciones por parte de los reguladores en Bélgica y en los Países Bajos. Pero, dado que los reguladores europeos han tardado en reaccionar, todavía no se ha impuesto ninguna sanción real —por ejemplo, de tipo financiero— ni contra Worldline ni contra sus dirigentes.

Worldline tiene, además, la obligación legal de denunciar a sus clientes dudosos ante las agencias antiblanqueo de los países donde opera, como Tracfin en Francia o el Sepblac en España. ¿Lo ha hecho? El grupo ha rehusado contestar. Esta investigación ha establecido, en todo caso, que varios grupos oscuros relacionados con las estafas online, rechazados por Worldline el año pasado, siguen hoy desvalijando a internautas.

De hecho, alguno de esos grupos cuenta con empresas radicadas en España y es que Dirty Payments revela cómo a pesar de que Worldline no es líder de su sector en nuestro país, varias sociedades radicadas en España han operado a través de él.

Worldline presume de tener en España un 14% de cuota de mercado en las transacciones presenciales con tarjeta. Según sus propias cifras, procesa más de 1.000 millones de operaciones de este tipo al año. Sus clientes son grandes superficies, tiendas de moda y alimentación, establecimientos de ocio, redes de gasolineras, empresas de máquinas expendedoras…

Además, en 2022, Worldline presentó una oferta para comprarle al Banco Sabadell su filial de pagos, Paycomet, pero finalmente fue la italiana Nexi la que adquirió el 80% de la unidad de negocio de la entidad catalana por 280 millones de euros.

Worldline en España dispone de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Indra y la empresa austríaca Kapsch TrafficCom, con las que lleva gestionando desde 2020 el Centro de Tramitación de Denuncias Automatizadas (CDTA) de Onzonilla (León), el órgano de la Dirección General de Tráfico que procesa las multas de los radares. Se trata de un contrato de 100,78 millones de euros, impuestos incluidos, para dos años.

El grupo francés cuenta con dos filiales en España: Worldline Iberia SL y Worldline Iberia MS SL. La primera es la sucesora en el negocio de la también francesa Atos, y la segunda es la resultante de la compra de su rival francés Ingenico en 2020. Worldline Iberia SL, que pertenece al 100% a la sociedad Worldline Luxembourg SA, facturó 51,64 millones de euros en 2023, el último año en que ha presentado cuentas. Y cerró el ejercicio con unos beneficios de 4,45 millones. Tiene una plantilla de casi 600 trabajadores y se dedica a prestar servicios de consultoría y mantenimiento en el procesamiento de pagos online.

Worldline Iberia MS SL, con 164 trabajadores, ingresó 29,6 millones en 2023 y terminó el año con unas pérdidas de 2,68 millones. Según las cuentas remitidas al Registro Mercantil, consultadas por infoLibre, Worldline Iberia MS SL contaba a esa fecha con un fondo de maniobra negativo de 12,21 millones de euros. Su actividad se basa en la gestión de terminales electrónicos de pago. E incluye a IECISA, la división de pagos electrónicos de El Corte Inglés, que fue adquirida por Ingenico en 2017 por 6,3 millones de euros.

En conjunto, el negocio de Worldline en España representa, por tanto, una pequeñísima parte de los 4.600 millones de euros que el grupo francés ingresó en 2023. Worldline, que presume de ser el cuarto mayor procesador de servicios de pago del mundo, opera en 170 países, gestionando 126 millones de tarjetas de pago con una plantilla mundial que supera los 18.000 empleados.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, está abocada a la liquidación. Con una deuda de 3,95 millones de euros, la viabilidad de Mollitiam, que recibió 2,2 millones en subvenciones públicas desde su creación en 2018, es “nula”, según explican fuentes de la administración concursal.

De hecho, en breve ésta comunicará al juez la “insuficiencia de masa activa” de la empresa; es decir, informará de que sus activos no cubren siquiera los gastos que genera el propio concurso. Mollitiam lleva sin funcionar desde el pasado mes de octubre, por lo que se ha quedado “fuera del mercado”, explican las mismas fuentes. “Con sólo seis meses sin actividad, una empresa de este tipo cae en la obsolescencia”, lamentan. Mollitiam sólo ha conseguido vender “a precio razonable, pero no elevado” una pequeña herramienta de ciberseguridad, llamada dotlake, que extrae “datos de la deep web, foros cibercriminales más restringidos, mercados de fraude de difícil acceso, canales y grupos de telegram y ransomsites”, según puede leerse en su página web. Sin embargo, sus programas estrella de espionaje, Invisible Man y Night Crawler, entre otros, se han quedado en un cajón. “No tienen ningún valor”, considera la administración concursal.

Tampoco ha sido posible vender la empresa a un tercero. “No ha habido interés” en el sector, añade, en adquirir al creador de unos desarrollos informáticos cuyos únicos clientes son los gobiernos y sus organismos de inteligencia y seguridad.

Precisamente la principal razón de la insolvencia de Mollitiam, antes y de su camino a la liquidación, después. son los contratos con las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia que no ha podido cobrar. El primero de ellos, por importe de 2,34 millones de dólares ha sido impagado por un “intermediario”. Otras administraciones públicas en el extranjero le dejaron a deber un total de 1,54 millones de euros más, tal y como consta en las últimas cuentas que la empresa envió al Registro Mercantil, correspondientes a 2023.

Según la administración concursal, esos contratos son imposibles de cobrar. Intentarlo, contratando abogados en esos países, supondría un coste que Mollitiam no puede asumir en sus actuales circunstancias.

El principal acreedor de la empresa son sus trabajadores, 39 personas en 2023, que se han quedado en la calle y cuyas indemnizaciones por despido y salarios adeudados tendrá que pagar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). También la Seguridad Social y Hacienda figuran en la lista de créditos. Pero el segundo mayor acreedor es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico. Mollitiam le debe 1,1 millones de euros por la parte reembolsable de las subvenciones que el CDTI le concedió y no ha podido devolver. También adeuda a la sociedad de garantía recíproca Aval Castilla-La Mancha. Según consta en el registro de subvenciones de esa comunidad autónoma, Mollitiam consiguió una ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante. El tercero en la lista es el Banco Santander, que tiene una pignoración a su favor y es, por tanto, un acreedor con privilegio especial.

En todo caso, de los 3,95 millones que suma la deuda de Mollitiam, poco más de un millón es “contingente”, no se ha concretado aún jurídicamente que el acreedor tenga derecho a ese dinero, por su cifra o por su concepto.

El impago de contratos tan cuantiosos y la muerte de uno de sus fundadores, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, llevaron a Molittiam a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo. En mayo del año pasado ya tuvo que dejar de pagar algunas nóminas, así como solicitar el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social e incluso trasladar su sede de Toledo a Madrid. Pasó de facturar 2,5 millones de euros en 2022 a perder 1,024 millones en 2023, que se sumaron a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores.

Buena parte de su éxito inicial se lo debe a sus programas espía, Invisible Man se lo vendió a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Mollitiam Industries también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita el programa Invisible Man.

Es el mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministró el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a unas ayudas de 641.827 euros abonadas por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) – y el CDTI. Este organismo público también le concedió 540.000 euros en 2022 a través de Invierte Economía Sostenible, una sociedad anónima del que es el único accionista. Y 450.000 euros más en mayo de 2021 en una operación en la que también participó el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Finalmente, subvencionó a Mollitiam con 390.394 euros más mediante los proyectos Cien y Eureka.

La empresa de Toledo era propiedad en un 26,14% de los hermanos Alvárez, Samuel y Esther, a través de la sociedad Time to Change SL. Un tercer accionista, Antonio Ramos Varón, disponía del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

El crimen es ahora tan global como la economía. Bien lo saben los cárteles de la droga, delincuentes arquetípicos del siglo XX, y los ciberestafadores, una nueva generación de bandidos de guante blanquísimo. Desde la pandemia, el fraude online se ha desbocado, advierten las fuerzas de seguridad: internet proporciona a los criminales 2.0 un campo de operaciones planetario y el camuflaje perfecto. La red Sapir, dirigida desde ese edificio del distrito de Tel Aviv y destapada por Scam Empire, es un magnífico ejemplo. Gestionada desde Israel –la tecnología–, y Chipre –la sede financiera–, ha abierto sus centros operativos en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y –hasta la guerra– Ucrania, donde los controles administrativos son mínimos y la corrupción política funciona como catalizador del delito. La trama también ha aprovechado la flexible regulación financiera de Lituania y Estonia, hacia donde canalizan el dinero robado a los estafados.

Pues bien, en España la red criminal levantó un sistema único para mover el dinero desde las cuentas bancarias de las víctimas hasta los bolsillos de su secreta cúpula directiva. Las enormes cantidades que manejan cada día cientos de teleoperadores en sus respectivos departamentos lingüísticos no pueden ingresarse directamente en las cuentas de los estafadores, sino que es necesaria una cortina de humo lo bastante densa para dificultar el rastreo, en caso de que las autoridades lleguen siquiera a sospechar del fraude.

Así que en España los estafadores crearon un entramado de 61 empresas fantasma, al menos desde marzo de 2022, que sirvieron para abrir cuentas en los grandes bancos españoles. Banco Santander, BBVA y Sabadell fueron sus favoritos, aunque no los únicos que aparecen en los documentos de la filtración que ha dado lugar a Scam Empire, obtenida por la televisión pública sueca SVT y coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Esas cuentas no sólo les han servido para ingresar el dinero de las víctimas, incluso pagando facturas falsas, también para hacer devoluciones de pequeñas cantidades –no más de 500 euros– a algunas de ellas y hacerles creer que podían retirar sus supuestas ganancias en cualquier momento, e incluso para contratar informáticos ucranianos como controladores de calidad de los sistemas empleados en sus call-centers. Además, las han utilizado para firmar contratos con empresas de marketing afiliado, que proporcionan a la red Sapir falsos anuncios en internet para atraer a sus víctimas.

Según ha podido comprobar Scam Empire, el dinero salió de estas cuentas españolas en dirección a empresas de Reino Unido, Hungría, Estonia, Macedonia del Norte y Bulgaria. Sólo en nueve cuentas del Santander y el Sabadell, entre el 20 de octubre de 2022 y el 10 de mayo de 2024, entraron 1,28 millones de euros. De esa cantidad, casi 1,1 millones salieron rápidamente hacia empresas del Reino Unido en 163.000 transferencias. Otra buena parte del dinero se ha movido en círculos entre las empresas españolas de la red.

Además, para recibir depósitos de sus víctimas, empresas de Sapir ubicadas en Estonia –Asterisk Media OU, Linerum OU–, Lituania –Venidicta SRO–, Hungría –Mediana Group KFT– o Reino Unido –Intellivision Ltd– abrieron sus propias cuentas en Easy Payment and Finance EP, una entidad española de pago autorizada y supervisada por el Banco de España, que ofrece “una plataforma de pagos rápidos y costes bajos”, según puede leerse en su página web. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Easy Payment and Finance procesó un total de 2,4 millones de euros para las empresas de la red de ciberfraude destapada por Scam Empire.

Easy Payment And Finance EP no ha contestado a las preguntas al respecto que le ha enviado OCCRP.

Las entradas y salidas de dinero en las cuentas bancarias de estas empresas han sido numerosas y muy rápidas. Con la información obtenida por Scam Empire resulta imposible calcular la cantidad total que han movido las 61 empresas de la trama criminal en los principales bancos españoles.

Pero, tomando una muestra de seis empresas con cuentas en BBVA, cinco en el Santander y tres en el Sabadell, resulta que las empresas fantasma de la trama de ciberestafas movieron un poco más de dos millones de euros entre septiembre de 2023 y mayo de 2024: ingresaron 2,07 millones de euros y sacaron 2,06, prácticamente la misma cantidad. Aunque ese cálculo sólo es completo y abarca los ocho meses para el Santander: 935.435 euros en depósitos y 931.867 euros en salidas. El BBVA, sólo entre enero y abril de 2024, ingresó 998.329 euros y transfirió 987.057 euros. El Sabadell, entre febrero y mayo de 2024, dio entrada a 142.541 euros y sacó 142.513.

Hay que tener en cuenta que, de las 61 empresas pantalla, 31 tenían cuentas en el BBVA, 20 las abrieron en el Santander y 12 en el Sabadell –algunas tenían cuenta en más de uno de estos bancos–.

Tanto el Banco Santander como el BBVA y el Sabadell se han negado a confirmar a OCCRP siquiera que las empresas sean clientes suyos. Tampoco desvelan si las autoridades les han solicitado datos para alguna investigación policial o judicial, amparándose en razones de confidencialidad. “La normativa bancaria nos obliga a mantener confidencialidad sobre posibles análisis de operaciones sospechosas realizadas, de su comunicación o no a las autoridades, de la recepción o no de requerimientos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o estamentos judiciales, y sobre si determinadas personas o sociedades son o no clientes de nuestra entidad”, detalla el banco presididio por Josep Oliu. Los tres grandes bancos coinciden en poner de relieve la bondad y cantidad de sus protocolos antiblanqueo y antifraude. “Los aplicamos de forma continuada tanto en la captación de clientes como a lo largo de toda la relación ellos”, asegura el BBVA.

El Sabadell describe su sistema de scoring de riesgo y explica que utiliza “programas informáticos desarrollados en colaboración con una empresa especializada” para detectar “operaciones sospechosas”.

Todas estas empresas figuran en el Registro Mercantil a nombre de ciudadanos extranjeros. Son a la vez administradores y dueños del 100% del capital, siempre la cantidad mínima necesaria para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La mayoría tiene domicilio social en Alicante –donde reside una nutrida comunidad extranjera–, pero también en Madrid y apenas un par de ellas en Barcelona. Las personas al frente de estas sociedades proceden de países del Este de Europa y muchas son mujeres. Las hay húngaras, checas, lituanas, letonas, búlgaras y ucranianas, entre otras nacionalidades. Algunas son holandesas. Y todas parecen testaferros. Scam Empire ha podido acceder a las escrituras públicas autorizadas por los notarios con las que se constituyeron algunas de esas sociedades. Los “empresarios” acudieron acompañados de intérpretes –al ruso, pese a que eran de nacionalidad húngara, checa y búlgara– porque no sabían castellano.

Los nombres de las sociedades resultan a veces de la combinación caprichosa de los nombres de sus creadores: Nagynardo SL (Dora Nagy), Jankausko SL (Alexandra Jankauska), Morlantina SL (Kristina Morlan), Staronela SL (Nela Starova), Novaktrevel SL (Eva Novak), Janahorak Publicidad SL (Jana Horak), Janderico SL (Jan Sbovoda) son sólo algunos de ellos.

Sobre el papel, se trata de agencias de publicidad y de viajes, o consultorías. Pero carecen de plantilla. Es más, ni siquiera tienen oficinas. Al registro facilitan como dirección física la de espacios de coworking o centros de negocios, incluso les basta en algún caso un buzón privado de los que alquila una empresa como Mail Boxes Etc. Según ha podido comprobar infoLibre en los coworkings y centros de negocios donde deberían funcionar las sedes de estas empresas, o nunca han llegado a estar allí o desaparecieron al cabo de un par de meses de haberse registrado. Es el caso de Nagynardo SL, Larta Makota SL, Selterico SL, Ensonia Far SL, Andolantra SL, Pinolitex SL y Velentardo en Madrid, y Centorina Data SL en Barcelona. La Policía ya había acudido a preguntar y solicitar documentación a las sedes declaradas por Nagynardo SL, Ensonia Far SL y Centorina Data SL, según confirmaron los gerentes de esos espacios de trabajo.

Es más, ni siquiera son auténticos los domicilios particulares que los creadores de las empresas facilitaron a los notarios y figuran en las escrituras públicas, como ha comprobado este periódico en las direcciones de Madrid.

OCCRP ha intentado contactar con estas empresas para preguntarles por su actividad; sin embargo, no ha recibido respuesta de ninguna.

Pero sí ha localizado en Sofía a uno de estos empresarios, un ciudadano búlgaro llamado Boris Atanasov Kodzhov, quien aparece en el Registro Mercantil como administrador y socio único de Kodgeria SL, una agencia de publicidad creada el 18 de diciembre de 2023. Su nombre también figura como dueño de varias sociedades de la cibertrama en Sudáfrica, Bulgaria y Rumanía. Kodzhov explica a Bird.bg, socio de OCCRP en Bulgaria, que un hombre que conocía “de ir al pub” en Sofía le ofreció viajar a España para constituir una empresa de marketing digital en Madrid. “Sólo tenía que darle un poder notarial a un abogado, luego él se encargaría de la empresa y a mí me pagarían un tanto por ciento de los beneficios al mes, yo sólo debía registrar la sociedad”, asegura. Esa misma persona le pagó el billete de avión y el hotel en Madrid, además de 50 euros de dieta. Le prometió que recibiría un mínimo de 500 euros al mes a cambio. También le dijo que la empresa iba a publicitar “productos dentales y médicos, que son baratos en Bulgaria y caros en España”.

Ya en Madrid, acudió al notario con un abogado español, que a su vez llevó a una traductora al ruso. Esta explicó a Kodzhov que el documento que debía firmar era un poder “general”. “¿Pero no iba a ser sólo para registrar la sociedad?”, protestó el búlgaro. El abogado le dijo que firmara igualmente: “No significa nada”. “Yo no quería firmar”, se defiende ahora Kodzhov, “aunque también pensé que, ya que había viajado hasta allí y había gastado mi tiempo… así que firmé”.

Pero los 500 euros mensuales prometidos nunca llegaron, lamenta el búlgaro. “Por eso quería ir a España a revocar el poder”, se justifica, “pero no puedo, tengo que cuidar a mi madre, que está enferma”. Cuando le contactó aquel hombre en el pub, recuerda Kodzhov, trabajaba en un servicio de limpieza por 1.500 levas búlgaras al mes –unos 766 euros–. Repite que no sabe nada de la red de ciberestafas de la que forma parte la empresa registrada a su nombre. Y sostiene que una oferta similar –registro a cambio de una cantidad mensual– le llevó a poner a su nombre una empresa sudafricana llamada Matrix Vision, que también pertenece a la cibertrama dirigida desde Israel.

A pesar de la extensión de la red Sapir y de la intensidad del tráfico en las cuentas de estas 61 empresas, los bancos aparentemente no detectaron ninguna anomalía. Según la normativa europea y española, las entidades financieras deben saber quiénes son sus clientes, de dónde procede su dinero y para qué lo utilizan. Pero, además, deben aplicar una vigilancia “reforzada”, hacer comprobaciones adicionales, “si un cliente no reside en España o una empresa parece no tener actividad real”, explica Juan Ignacio Navas Marqués, socio director de Navas & Cusi Abogados, un despacho especializado en derecho bancario y en protección de los clientes de las entidades financieras.

También están obligados los bancos a evaluar cuáles son los factores de riesgo de cada transacción financiera internacional, “independientemente de que el país implicado esté dentro o fuera de la UE”, advierte el abogado. Las transferencias de las empresas pantalla creadas en España se realizaron con otras situadas en países comunitarios y Reino Unido, en su mayor parte. Pero Juan Ignacio Navas sostiene que, incluso en Estados miembros de la UE, ciertas “particularidades” justifican una diligencia reforzada. “Por ejemplo, los países donde es más fácil constituir empresas con estructuras opacas –empresas fantasmas–, zonas con un historial de sociedades ficticias utilizadas para fines ilícitos o zonas que han tenido problemas previos con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.

Es el caso de Bulgaria que, aun siendo miembro de la UE, entró en octubre de 2023 en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G8, los ocho países más ricos del planeta), advierte por su parte Edo Bakker, consejero delegado de Agile Control Solutions, una consultora experta en gestión de riesgos y en ayudar a las empresas a aplicar controles antiblanqueo. Macedonia del Norte, otro de los países donde Sapir ha instalado sus call-centers, es el 40º país más corrupto de los 180 que integran el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En su último informe sobre el país, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales pidió a Macedonia del Norte que reforzara su lucha contra el blanqueo de capitales, tras calificar de “modestos” sus resultados hasta el momento.

Georgia también figura en la lista de los países que incumplen las normas para combatir el blanqueo de dinero que elabora el Consejo de Europa, junto con otros miembros de la UE como Lituania, Estonia, Hungría, Chipre o la República Checa.

“Aunque un país no aparezca en ninguna lista negra, los bancos tienen tanto el derecho como la obligación de aumentar sus controles si aprecian indicios o patrones que justifiquen medidas más estrictas”, sostiene Juan Ignacio Navas. Así, deben “intensificar la búsqueda de los verdaderos titulares del dinero, especialmente cuando hay empresas con estructuras complejas de por medio”, resalta. Bajando los umbrales de alerta, continúa, deben generar un “análisis manual” para hacer “un seguimiento más exhaustivo”.

Porque los bancos ya cuentan con sistemas automáticos de alerta, que “ayudan”, precisa el abogado, “pero a veces generan tantos avisos que los importantes pueden perderse entre los falsos positivos”.

Eddo Bakker cree, no obstante, que como en España los bancos están obligados a hacer primero una investigación, un informe con fuentes públicas y pedir información al cliente, antes de denunciar posibles irregularidades ante el Sepblac –la autoridad financiera contra el blanqueo–, el trabajo le llega a este órgano “más masticado, con más indicios”, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde las entidades financieras deben “comunicar cualquier cosa inusual que detecten, importes inusuales a partir de cierto umbral, por ejemplo”.

En todo caso, Bakker apunta que la obligación legal de los bancos es “prevenir el blanqueo de dinero, no prevenir el delito; en este caso, el fraude”. “Es imposible”, precisa, “que el banco detecte un fraude que afecta a muchas personas con cantidades pequeñas, informan sólo de los casos más graves”.

Otro problema estriba en que, si un cliente está catalogado como de bajo riesgo, “puede ser que el banco no actualice el KYC en tres o cinco años”, advierte el CEO de Agile Control Solutions. El formulario conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) es obligatorio cuando se abre una cuenta bancaria o se accede a cualquier producto financiero. Pero la normativa de la UE sólo obliga a actualizarlo cada año a las empresas de alto riesgo. Y una empresa de reciente creación siempre tiene más riesgo, aclara Eddo Bakker. “Pero la ley europea no establece cada cuánto tiempo debe actualizarse el KYC de una empresa de riesgo bajo o moderado”, añade, “eso lo decide cada banco”.

Eso sí, Bakker no cree que las entidades financieras españolas sean más laxas en la aplicación de controles antiblanqueo que otros países europeos. “Según la clasificación del GAFI, España es uno de los que tiene calificaciones más altas; su única queja es que hay pocas condenas por blanqueo”, expone.

Mención aparte merecen los organismos supervisores. Tanto el Banco de España como la CNMV aseguran que las estafas bancarias no son de su competencia. De hecho, en la Memoria de Reclamaciones que publica cada año, el supervisor bancario desvía a las víctimas hacia las autoridades de consumo y los tribunales. El Banco de España informa a los ciudadanos de que, “para resolver estas controversias, pueden acudir a las autoridades de consumo o a los tribunales civiles o penales, que son los que, en última instancia, deben establecer los hechos y las consecuencias jurídico-patrimoniales que puedan derivarse para las partes”. A continuación, remite a su Portal del cliente bancario, donde hay un apartado denominado "Protéjase contra el fraude".

Como no es de su competencia, el organismo supervisor rechaza la mayoría de las reclamaciones que les envían los clientes de un banco cuando han sido víctimas de una estafa. En 2023, último año sobre el que ha publicado la memoria, el Banco de España recibió 8.696 reclamaciones de ciudadanos por fraude, el 26,2% del total. De estas 8.696 reclamaciones, rechazó 4.831, es decir, más de la mitad (55,5%). De las 33.191 reclamaciones recibidas en 2023 —de todo tipo, desde hipotecas hasta tarjetas de crédito—, 2.982 fueron reclamaciones por transferencias bancarias, que aumentaron casi un 38% respecto a 2022. De hecho, son el segundo tipo de queja que más creció ese año, y el aumento se debió a “incidencias relacionadas con operaciones de pago presuntamente fraudulentas”, según admite el propio Banco de España.

Por su parte, la CNMV destaca, a preguntas de infoLibre, que su competencia es, por ejemplo, abrir expediente a la red X por difundir publicidad de entidades no autorizadas, los conocidos como chiringuitos financieros, pero no perseguir presuntos delitos. “Somos el supervisor que más chiringuitos detecta, sólo por detrás de nuestros colegas británicos. En 2024 la CNMV publicó 522 advertencias, y los organismos supervisores internacionales, 725 advertencias”, enumera. El regulador reconoce que han aumentado “los casos de fraude financiero por la extensión de las redes sociales y las ofertas fraudulentas de activos como las criptomonedas”, por lo que ha puesto en marcha un Plan de Acción contra el Fraude Financiero, (PAFF), al que se han adherido 21 organizaciones públicas y privadas.

Fuentes del Ministerio de Economía, del que depende el Sepblac, la unidad que lucha contra el blanqueo de capitales, se remiten a la MICA (Markets in Crypto Assets Regulation, por sus siglas en inglés), de la UE cuando se le pregunta por sus actuaciones contra el ciberfraude de inversiones. “Garantiza la protección de los ciudadanos”, resalta. También señala que la normativa de blanqueo de capitales se ha adaptado para “tener en cuenta toda la casuística en torno a los criptoactivos”. Y, finalmente, apunta hacia la CNMV, “que alerta de los fraudes” y hacia la educación financiera de los ciudadanos, de la que se encarga también el Banco de España.

No es extraño, por tanto, que el cliente estafado se sienta muy solo. A Joaquín –nombre supuesto– la cibertrama le robó 125.000 euros en dos meses. Los ahorros de toda su vida, con los que planeaba comprarse una casa. Tiene 30 años. Licenciado en Administración en Empresas y con dos másters, pinchó en un anuncio, publicado en la web del diario Marca, donde Fernando Alonso supuestamente recomendaba una plataforma de inversión basada en un algoritmo. Ni 10 minutos después recibió la primera llamada. Una mujer que decía ser Salomé Vinuez y tenía acento latinoamericano le explicó las lucrativas inversiones que podía hacer a través de Virgobanc, una entidad suiza con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera de la confederación helvética. Empezó comprando acciones de empresas del Íbex 35 y materias primas, que pagó mediante transferencias a una empresa de Sudáfrica –Xago Techonologies Ptyltd– y a un procesador de pagos irlandés –Paysafe Payment Solutions Ltd–. Después pasó a las criptomonedas, de la mano de un asesor financiero llamado Martin Coppola, que hablaba español con acento rumano, asegura Joaquín. Su supervisora era otra latinoamericana, María Avilés.

Hasta aquí una historia muy similar a la que han contado a infoLibre otras víctimas de la cibertrama. Joaquín tenía dos cuentas en el Banco Santander. Desde una de ellas hizo todas las transferencias que le pidieron Coppola y Avilés. Un mes después de darse cuenta de la estafa y negarse a hacer un ingreso más, pese a la insistencia de los timadores, fue el Santander el que le llamó. Para preguntarle por qué había hecho un número inusual de operaciones con cantidades tan elevadas en tan poco tiempo. “Porque me han estafado, les contesté”, relata ahora el joven. Para entonces ya había presentado dos denuncias, una en la Guardia Civil y otra en la Policía Nacional, que envió al banco.

La respuesta del Santander no consistió en interesarse por su cliente, sino en bloquearle la cuenta durante cuatro meses. “Me daban a entender que era sospechoso de blanqueo”, explica muy enojado. “Ni siquiera podía ingresar mi nómina”, añade, “tenía que hacerlo presencialmente en la sucursal”. Mientras, estaba devolviendo un crédito de 20.000 euros que había pedido al banco para seguir invirtiendo en la plataforma de los estafadores. Aún no ha terminado de pagarlo.

Joaquín describe la misma presión implacable ejercida por los teleoperadores que han relatado a OCCRP otras víctimas. “María Avilés era la peor”, recuerda horrorizado. Cuando exponía sus reparos a seguir metiendo dinero, le llamaban “fracasado” y utilizaban el pánico de la víctima a perderlo todo: “Si no inviertas más, no vas a recuperar el dinero”. También le dijeron que tendría que pagar impuestos si se retiraba. Pese a que lo reclamó a las direcciones de correo de Virgobanc y de Xago Techonologies que le facilitaron, los estafadores le siguen llamando a día de hoy. “Te vamos a estar llamando toda la vida”, le amenazaron Coppola y Avilés.

Joaquín, que necesitó ayuda psicológica y confiesa que ha tenido ideas suicidas fruto de la desesperación y la vergüenza –“esto me ha pasado por buscar el camino fácil”, concede–, da por perdido el dinero, pero quiere “averiguar quién está detrás” del engaño. Sabe que no son ni Avilés ni Coppola. “Contigo he ganado 15.000 euros”, le dijo en una de sus llamadas el agente con acento rumano y apellido de cine. Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire confirman que, al menos con su salario, Coppola no mentía. En febrero de 2024, su nómina fue de 12.461 euros –3.143 de sueldo base y 9.318 de bonus–. La de María Avilés ascendió a 16.985 euros –2.619 de sueldo base y 14.366 de bonus–.

Tras la amarga experiencia, Joaquín dice estar “decepcionado” consigo mismo. Pero no tanto como con el Santander, del que ya no es cliente. Preguntado por las ciberestafas que aprovechan sus cuentas bancarias, el banco de Ana Patricia Botín responde que sus procesos para identificar y prevenir delitos financieros son “amplios y robustos”. “Estamos seguros”, recalca, “de que hemos cumplido plenamente con nuestras obligaciones como institución financiera responsable”. 

Muchas de las empresas fantasma identificadas en la investigación de OCCRP aparecen también en la demanda que 72 víctimas españolas han presentado en la Audiencia Nacional y ya ha sido admitida a trámite. En ella también se menciona a un banco luxemburgués, Banking Circle, que a su vez figura en los documentos de Scam Empire. Sólo esta entidad es responsable de transacciones por importe de 730.000 euros con esos estafados españoles, según la investigación que ha llevado a cabo Reporter.lu, socio de OCCRP en Luxemburgo.

Fundada en Dinamarca, en 2013, como una start-up, Banking Circle se ha hecho un nombre en todo el mundo. Con sucursales en la UE, Liechtenstein, Londres y Singapur, Banking Circle es lo que se conoce como un neobanco –100% digital sin licencia bancaria–. En 2018, fue adquirido por el fondo de inversión sueco EQT. Entonces trasladó su sede a Luxemburgo, donde también la tiene el fondo. En 2024, la CSSF, el supervisor financiero del Gran Ducado, concedió al banco una licencia para “tokens [representación digital de un activo] de dinero electrónico”. Y poco después, el neobanco lanzó su propia criptomoneda, Eurite.

A preguntas de OCCRP, Banking Circle explica que sólo “presta servicios de procesamiento de transacciones para proveedores de servicios de pago y otros bancos, y no tiene clientes particulares”. Además, sus cuentas poseen un IBAN virtual que se utiliza como referencia para que los pagos puedan redirigirse a otra cuenta bancaria física.

Así, Banking Circle no tiene conocimiento de los saldos individuales de los clientes finales: esas cuentas son responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por ese motivo, ya hace tiempo que las autoridades consideran un problema los IBAN virtuales. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) advirtió en mayo de 2024 del riesgo de blanqueo de capitales que implican, ya que los clientes finales no son conocidos por los proveedores de servicios financieros y, por tanto, falta información para controlar la cadena de transacciones. Las autoridades financieras luxemburguesas, por ejemplo, dicen desconocer el número de IBAN virtuales en circulación en el Gran Ducado.

En el caso de las víctimas españolas, el control de Banking Circle está bajo cuestión. Según los documentos de Scam Empire, el cliente bancario de las transacciones era Paysafe Payment Solutions Ltd, una entidad de dinero electrónico y proveedor de servicios de criptoactivos supervisada por el Banco de Irlanda. Banking Circle confirma que es su cliente. Con sucursales en todo el mundo, Paysafe Payment Solutions Ltd pertenece a sociedades holding con sede en Londres. En el Registro Mercantil británico, aparece como “persona con control significativo” una sociedad de Bermudas. Sin embargo, Banking Circle niega tener relación alguna con esa firma en el paraíso fiscal caribeño, según ha respondido a preguntas de Reporter.lu.

El caso es que Banking Circle posee una licencia bancaria en Luxemburgo desde 2019. Pese a que el Banco Cenral de Irlanda confirma a Reporter.lu que una entidad sólo puede recibir una licencia si revela quiénes son sus accionistas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir a trámite la demanda de 72 víctimas de un entramado internacional que ha estafado a decenas de miles de ciudadanos de todo el mundo prometiéndoles cuantiosos beneficios a unas supuestas inversiones en acciones, materias primas y criptomonedas que jamás se llevaron a cabo. Mauro Jordán de la Peña, que se ha especializado en este tipo de ciberfraudes –todos los estafados fueron atraídos gracias a anuncios publicados en internet– ha agrupado a los perjudicados, con el objetivo no sólo de llevar a juicio a quienes les han robado casi 10 millones de euros en apenas unos meses, sino también de intentar recuperar su dinero. Un total de 31 de los 72 demandantes aparecen en los registros de la investigación Scam Empire.

El abogado es consciente de la dificultad de estas investigaciones, que deben traspasar los cortafuegos de los testaferros y empresas ficticias para llegar hasta oscuros personajes situados en países tan lejanos como Georgia o Israel. Pero critica con igual dureza a la policía y los bancos como a los organismos públicos que deberían velar por el cumplimiento de la ley. “El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste”, se explaya. También se lanza contra la propia ley antiblanqueo que, a su juicio, ha creado un “limbo” para las criptomonedas donde se mueven con demasiada alegría los ciberestafadores internacionales.

¿Cómo llegaste a interesarte en este tipo de estafas?

Empecé hace siete u ocho años, prácticamente cuando empecé en la abogacía. Uno de mis primeros clientes fue un señor con una enfermedad muy avanzada, que había perdido ciento y pico mil euros con el que era en aquel momento el broker más famoso del mundo, IronFX, patrocinador del FC Barcelona. Era una estafa muy clara y el dueño estaba en Chipre. Fueron los pioneros.

Y, en el caso de la demanda que acaba de admitir a trámite la Audiencia Nacional, ¿cómo agrupó a estas 72 personas, cada una de ellas en una provincia de España y que probablemente ni siquiera sabían que otras personas como ellos habían sido estafadas por los mismos delincuentes?

Al llevar tantos años y tener el know-how, digamos, sabemos lo que hay que buscar y lo que es relevante para establecer relaciones. Muchas veces la policía investiga hilos que no tienen ningún sentido, como los números de teléfono, por ejemplo, o las criptomonedas. Nosotros tenemos una base de datos muy grande que nos permite establecer marcadores y podemos ver que una persona y otra y una tercera hacen una transferencia a la misma empresa fantasma de la República Checa, por ejemplo. O vemos que el nombre falso de un estafador es el mismo que en otra denuncia. El modus operandi [de los estafadores] es siempre el mismo. Las páginas web que utilizan tienen exactamente la misma maquetación, sólo cambia el nombre. Titularizan a la vez 40 plataformas diferentes. Y manejarse con 40 nombres falsos diferentes, para ellos también es una locura. Por eso muchas veces los nombres falsos también son los mismos. El primer pago siempre es con tarjeta, y las empresas que les hacen la publicidad o el SEO son también muchas veces las mismas.

Además, parece que las plataformas o los grupos criminales no desaparecen, sino que se regeneran y siguen operando.

Sí, las organizaciones criminales, al igual que las empresas tradicionales, tienden al monopolio, tienden a la concentración de capital y de actividades. El ejemplo más claro de otro submundo delictivo con el que se puede comparar es el tráfico de drogas. Es decir, da igual dónde compres la droga, en España, Francia, Bélgica, esa droga viene de Colombia, Ecuador o México, y de cuatro organizaciones fuertes. Dan igual los subgrupos, al final la raíz es el cártel de Cali, los Zetas… Pues con las ciberestafas pasa lo mismo. Fueron poco a poco y cada vez se juntan más: hay tres, cuatro, cinco organizaciones grandes que se dedican a esto y se van extendiendo, se van dividiendo, se vuelven a juntar… y ya las tenemos identificadas.

¿Puede poner nombres y localización a esas tres o cuatro grandes organizaciones?

No es tan sencillo como con el mundo del tráfico de drogas, que está más localizado geográficamente. Pero, policialmente y a nivel europeo, hay identificadas varias organizaciones, pero no tienen un nombre como el cártel de Medellín, claro. Esas organizaciones tiene presencia en varios países, Bulgaria, Albania, y vínculos con Israel, con Rusia.

Por su experiencia, ¿son rivales estos grupos? ¿O trabajan juntos, cooperan y comparten información, por ejemplo?

No, no son rivales. Tras años de actuación, la infraestructura detrás del crimen tienen muchos vínculos en común, como pasa con otros submundos. Al igual que los narcotraficantes gallegos trabajan y descargan cocaína para diferentes cárteles, aquí hay determinadas empresas que proporcionan a los estafadores la tecnología de la información que hay detrás, el CRM [Gestión de Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés] o los círculos para el blanqueo de capitales, que son los mismos. Y al final, fruto de años de detenciones de la policía o de explotar la operación contra una parte, surgen envidias, rencores. Sí, los hay que han tenido problemas, pero no hay una guerra entre ellos, que yo sepa.

¿Y las diferentes subcontratas o divisiones de las grandes corporaciones criminales, las que suministran la tecnología o los afiliados de marketing, están identificadas?

Esta gente mueve muchísimo dinero, tanto dinero como los cárteles de la droga. Esas empresas que les proporcionan servicios, son de dos tipos. Unas son fugaces. Proporcionan marketing online, SEO, o son procesadores de servicios de pago, pero las utilizan poco porque tienen una vida útil corta: al final los pillan, se queman. Otras son empresas grandes, potentes, que están controladas por los que realmente cortan el bacalao y que llevan operando años. Éstas les proporcionan la infraestructura, el CRM, los programas informáticos, las herramientas para estafar.

Nos ha sorprendido descubrir que la trama utiliza en España, sin ningún problema, cuentas en el BBVA, el Santander o el Sabadell. Han constituido empresas que han abierto cuentas desde las que han hecho miles de transferencias.

El sistema bancario tiene mucha responsabilidad. Los controles que deben hacer contra el blanqueo de capitales, los procedimientos KYC [Conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés] funcionan para los ricos, para los millonarios y para que una empresa de construcción no reciba tres millones de euros de Arabia Saudí. Para eso sí salta la alarma.

Pero el sistema no funciona para estas estafas, porque la mayoría de las transacciones son transferencias desde España hacia países dentro de la Unión Europea y los bancos ganan mucho dinero con las comisiones que cobran. El BBVA es el banco que menos controles hace. Con todo, lo grave no es que permitan todas esas transferencias, lo grave es que los bancos, como pasaba antes de 2009 con la crisis de las hipotecas, aprueban ahora préstamos preconcedidos para todo el mundo. Y no hacen ningún test de solvencia.

No se trata sólo de que los bancos no apliquen controles al blanqueo de capitales, sino que, una vez que a la víctima le vacían toda la cuenta, el banco le concede un crédito de 50.000 euros que, automáticamente, los estafadores transfieren al extranjero. Los bancos tienen responsabilidad de muchos tipos, pero ir contra ellos es complicado, mientras que los organismos que controlan su actividad son completamente inoperantes. El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste en España.

¿Hay algún agujero o algún fallo en los procedimientos KYC y en los seguimientos posteriores de las cuentas a los que están obligados los bancos españoles que los diferencia del resto de los bancos de Europa? ¿Son menos diligentes de lo que deberían ser o de lo que son en otros países, les dan alguna ventaja que aprovechan los estafadores?

No lo creo. El banco que más utilizan es el Deutsche Bank. [Los estafadores] conocen muy bien el sistema financiero europeo, tanto la banca tradicional como los neobancos. De hecho, participan en neobancos y han creado procesadores de servicios de pago propios, también tienen exchanges de criptomonedas propios. Mueven tanto dinero que ponen tres testaferros, una garantía de tres millones y se abren un banco en Estonia o Lituania. Alguno de ellos ya los han cerrado las autoridades allí.

Pero no creo que haya nada especial en relación a eso. Esta gente fue parte de la caída de Wirecard, que era el tercer neobanco de Alemania. Y el Deutsche Bank… es una locura.

Antes ha mencionado los escasos controles que hace el BBVA…

El BBVA no aplica ningún control. Pero lo importante no son las cuentas de las víctimas, sino que permiten la apertura de cuentas de testaferros, de empresas fantasma, sin plantilla, creadas por ciudadanos extranjeros, sin actividad, sin página web, ni sede social, ni nada… Que facturan miles de euros de un día para otro y esas cantidades se van automáticamente a otras cuentas bancarias en el extranjero

¿Y eso no debería saltar la alarma en los bancos?

Sí.

¿Y salta?

No.

¿Por qué no? ¿Porque los testaferros que abren las cuentas son ciudadanos de la UE?

Porque los bancos no ponen de su parte. Porque ganan mucho dinero permitiéndolo. Los bancos saben contra quién juegan y conocen sus riesgos. Una cosa es la responsabilidad administrativa de los bancos por blanqueo de capitales, que el Sepblac [la unidad de inteligencia financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales] les ponga una multa de 15 millones. Pero, por la falta de control en la cuenta de Pepa María en Murcia, la multa de 15 millones a Pepa María de Murcia no le da nada. Pepa María sigue perdiendo los 100.000 euros que se transfirieron desde su cuenta. Entonces, ¿quién se toma ese trabajo?

Y eso suponiendo que Pepa María sepa que el banco tiene alguna responsabilidad. ¿Va una ciudadana de Murcia, destrozada por ser una víctima, a poner, no ya digamos una denuncia en la policía, sino una reclamación al Sepblac, al Banco de España?

Por ejemplo, un control facilito: que, cuando una persona de más de 65 o 70 años haga una transacción de más de 10.000 euros al extranjero, esa transacción se paralice. Los bancos no lo hacen porque ganan mucho dinero con las comisiones. Y no sólo ganan mucho dinero con las comisiones. Los neobancos procesan para ellos

Como Revolut.

Bueno, Revolut, ahora ya no, los cortó, porque ya tiene suficiente cuota de mercado, ya no se arriesga más. Pero tengo decenas, cientos de transacciones a través de Revolut [en la demanda ante la Audiencia Nacional].

El objetivo es la lucha contra el blanqueo de dinero, no la lucha contra el fraude ni contra las estafas.

La lucha contra el blanqueo de capitales la marcan las directivas europeas y es obligada a esta exposición. Y son muy genéricas. Si usted es una institución financiera o un procesador de servicios de pago, tiene que saber hacia dónde va el dinero. Pero un exchange de criptomonedas [un servicio que conecta compradores y vendedores], que también es un sujeto obligados en materia de blanqueo de capitales, ¿cómo garantiza eso? Tengo decenas, cientos de comunicaciones de Binance, de Kraken, entre las principales casas de cambio de criptomonedas, diciendo: “No, no. Esto salió de mi exchange, se fue el dinero a otra criptocartera y no tengo ningún dato, no tengo ni idea”. ¿Cómo se compagina eso con las directivas contra el blanqueo de capitales? Me da igual que sean criptomonedas, tú tienes la obligación de saber adónde mandas el dinero.

Además, a mí la gente no me contrata para luchar contra los bancos, sino para que intente recuperar su dinero. Alguien tiene que hacer esa labor, que es muy complicada. Si quieres que sea efectiva, no se trata de decir a los bancos que tienes a María Pepa, a la que han estafado 100.000 euros. No, se trata de decirles que tienes a 300 clientes que han hecho decenas de transacciones que han sacado miles de euros al extranjero. Tengo 200 cuentas bancarias de testaferros y empresas a través de tu banco. Y ése es un trabajo que también deberían hacer los organismos públicos, la policía, pero son completamente inoperantes.

Parece que, por su nivel de complejidad, estas estafas son muy difíciles para la policía. Empiezan una investigación, pero cuando ven que el dinero sale del país, paran.

Lo que le preocupa a un comisario provincial es que la gente pueda salir a cenar sin que le roben, pueda ir tranquilo por la calle sin que tenga miedo. La seguridad ciudadana. Y, en términos de política criminal, los casos que preocupan a la policía, que son los mismos que preocupan al Gobierno, son los que causan alarma social y tienen mucha repercusión mediática, las agresiones sexuales, los delitos contra la integridad, la libertad… Y después, los casos de corrupción, prevaricación, malversación, la Gürtel, Aldama…

Pero este tipo de delincuencia no causa ninguna alarma social, porque la sociedad española para determinados aspectos tiene la empatía muy poco desarrollada: “Si les han estafado es porque querían ganar mucho dinero”. Tú sabrás dónde metes tu dinero. O porque eres tonto: ¿quién te va a dar duros a cuatro pesetas? Lo ves incluso entre los propios policías y los juzgados.

Hay ciertas cosas de la policía que tendrían que cambiar mucho. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que estos delitos se investiguen de forma tradicional o en un ámbito geográfico, que es lo que hacen. Las unidades de ciberdelincuencia son bastante nuevas. Las unidades arroba de la Guardia Civil o los equipos Edite de derechos telemáticos. Pues, resulta que están por demarcaciones geográficas. Y eso no tiene ningún sentido.

Policías y jueces suelen decir que no saben contra quién actuar. ¿Pueden actuar contra las empresas fantasmas que la trama ha creado en España para empezar a tirar del hilo?

Claro que pueden: son empresas con sede social en España, constituidas ante notario, el nombre de los testaferros es conocido, también el número de las cuentas de los bancos, se sabe que el dinero pasó a otras cuentas... Tirar del hilo es muy fácil. Parte de la investigación tiene que ser en otros países, y resulta que el 75% de los juzgados de España no saben mandar una comisión rogatoria, o consultar con un órgano europeo.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie esta situación?

Muchas cosas: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma de Ley de Planta Judicial. En Italia, por ejemplo, los jueces cierran las plataformas, y lo hacen bastante.

Los cuerpos policiales dicen que funciona muy bien la coordinación entre ellos, también la colaboración con Eurojust y Europol.

No es cierto. A nivel europeo el país que funciona relativamente bien es Alemania, porque allí mandan los fiscales de los Länder. Y tienen la suerte de que hay tres o cuatro fiscalías donde los jefes son personas muy aptas, que conocen mucho este campo desde hace años y que son los que llevan a cabo las investigaciones.

Volviendo a la tarea de recuperar el dinero de las víctimas. En la demanda, se exige la responsabilidad civil a los exchanges de criptomonedas, no a los bancos. ¿Por qué?

La normativa contra el blanqueo de capitales, aunque los bancos la incumplan, es bastante clara. Los exchanges tienen que saber también a quién envían los fondos, pero la propia tecnología blockchain hace que eso sea imposible. Es una contradicción. Hay una especie de limbo.

Si yo imputo al BBVA, me dirá que verifica completamente la identidad de la empresa a la que se ha enviado el dinero: una empresa de la República Checa con este IBAN determinado. Ahí tienes la identificación formal. Pero debería ir un paso más allá y, como esa empresa está en el ciclo de blanqueo, debería bloquear esa transacción, pero ya es más película.

A mí me da igual que la tecnología haga imposible ese control. La ley lo marca. O cambia la ley o no le dejes operar. Pero no que se mantenga en este limbo: hay una ley de blanqueo de capitales que se aplica a todos, pero a los exchanges no se le aplica y nadie hace nada. Y te dicen, pero ¿cómo voy a prohibir operar a las casas de cambio de criptomonedas? Pues cambia la ley. U oblígales a operar de otra manera.

¿Ha conseguido recuperar el dinero de alguna víctima en otros casos que has llevado? ¿Qué tipo de pruebas hacen falta para tener éxito?

Sí, hemos recuperado dinero, de forma extrajudicial, es decir, apuntando directamente a los responsables, porque son empresas más o menos legítimas, como en el caso de las chipriotas, y todavía están empezando y no quieren que salte la liebre porque saben que tienen pendientes una base de 1.000 personas a las que están estafando. O a través de bloqueos de cuentas bancarias. De hecho, nosotros tenemos una de las primeras resoluciones que bloquea una criptocartera con un millón y medio de euros.

Pero también depende del grupo de la policía que te toque. El grupo de delitos telemáticos de la Policía Nacional de Zaragoza es muy bueno. Aquí en Madrid hay un par de grupos de la UDEF que son muy buenos también. Pero te puede tocar alguien en una comandancia que no sabe lo que es un bitcoin. O los Mossos d’Esquadra, me consta que están sobresaturados y contestan a los juzgados diciéndoles que no pueden investigar.

¿Y cómo es la colaboración con otros países de la UE como Bulgaria?

Estas organizaciones son tan grandes que obviamente están relacionados con los aparatos de poder de países como Bulgaria, Albania.. No me extrañaría que, en muchas ocasiones, policías de Francia o España desconfíen de meter en uno de sus grupos de trabajo internacionales a determinados organismos públicos de terceros países.

La estafa comienza cuando alguien pincha en un anuncio en Facebook o en Google. ¿Estas plataformas tienen también su grado de responsabilidad?

Son cooperadores necesarios. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las directivas europeas, son relativamente nuevas. Un página web que sirve para una estafa necesita, para estar operativa, que alguien le venda un dominio y se lo mantenga. Si estás vendiendo un dominio y manteniendo en la nube un dominio que sabes que se está utilizando para una estafa, eres responsable. Sin embargo, la ley, las directivas europeas, excluyen la responsabilidad de los registradores de dominios, a no ser que alguien les avise de un incumplimiento y, aun habiendo sido avisados, lo sigan manteniendo. Una víctima no sabe lo que es un registrador de dominio y buscar quién es el registrador de dominio de una página web es inviable para una víctima.

La CNMV acaba de abrir expediente a Twitter, y le amenaza con una multa de 340 millones de euros por permitir anuncios de entidades no autorizadas. Eran deepfakes de famosos que prometían grandes beneficios. Pero no creo que la CNMV tenga quejas de Twitter y no de Facebook o de Instagram. O de los periódicos online. O de Google.

¿Es posible identificar a los teleoperadores? Hemos visto que todos usan nombres falsos. Algunos se comportan como auténticos psicópatas.

Sí es posible. Los descubres porque son chavales, aparecen en las redes sociales, se van de fiesta, alquilan un reservado VIP en discotecas, posan con coches de lujo… Muchos son latinoamericanos, también hay rumanos y extranjeros que hablan español. Todos trabajan desde call centers en el extranjero. Los hay que están allí mes y medio, y se van. Y los hay que levantan 400.000 euros a una víctima. Los que les mandan son los que me interesan. Y esos sí que son psicópatas. He tenido vídeos de algunos de  ellos celebrando que han estafado 300.000 euros a alguien tocando la campana.

“Me dijeron que, o invertía más, o perdía todo lo que tenía. No lo hice y vi que mi cuenta desaparecía [en la pantalla del ordenador]. Entonces invertí de nuevo. Siempre digo que en ese momento debería haber parado”. Pero el doctor M., cirujano vascular de Barcelona, propietario de una clínica, no paró y perdió casi un millón de euros tras ser estafado durante un año por los agentes telefónicos de una difusa, pero muy profesional, red internacional de ciberestafas dirigida desde Israel y Chipre. El médico catalán es sólo uno más de los 4.564 españoles que quedaron atrapados en los engaños de esta auténtica corporación criminal, que les robó 26,4 millones de euros en dos años.

Para hacerse una idea de la magnitud del ciberfraude, basta con recordar que el caso Gescartera, en 2001, afectó a unas 2.000 personas, la mitad de las perjudicadas ahora por el conglomerado israelí-chipriota. Si se añaden las 115 víctimas del AK Group, otro call-center georgiano con el que comparte modus operandi, proveedores de servicios e incluso víctimas, la cifra de españoles expoliados asciende a 4.679. El dinero robado por este centro de llamadas de Tiflis es mucho menor: entre octubre de 2023 y abril de 2024, despojaron de 425.000 euros a sus víctimas españolas.

Otra comparación: el Fondo de Víctimas de Madoff, creado para restituir a los estafados por el famoso financiero estadounidense con un esquema Ponzi que se extendió por 127 países, ha devuelto su dinero a 40.800 inversores a fecha de 31 de diciembre de 2024, 15 años después de que estallara el escándalo. Los embaucados por estas dos corporaciones criminales, la israelí-chipriota y la georgiana, suman no muchas menos: casi 33.000 personas, repartidas en 34 países.

Ambas redes quedan al descubierto en Scam Empire, la investigación en la que han colaborado 31 medios de todo el mundo, que se basa en documentos filtrados a la televisión pública sueca (SVT) y ha sido coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Como ocurría con esas dos famosas estafas españolas, las víctimas de la red israelí-chipriota se alejan del estereotipo de la viuda o el jubilado solitarios, tampoco son necesariamente personas sin cultura financiera. Aunque las haya con ese perfil. Arquitectos, médicos, empresarios, una famosa deportista, abogados y hasta asesores fiscales se cuentan entre los españoles que creyeron operar como exitosos inversores en Bolsa, materias primas, divisas y criptomonedas, pero acabaron perdiéndolo todo sin saber que también estaban engordando las cuentas de dos corporaciones criminales, una con oficinas centrales en Israel y Chipre, y enormes call-centers repartidos entre Bulgaria, Ucrania, Macedonia del Norte e incluso la misma España, y otra con call-centers en Georgia.

De hecho, España es el segundo país donde más víctimas ha conseguido la red dirigida desde Israel y Chipre, también donde más dinero ha robado, sólo después de Canadá. Pero, si se elimina el número de quienes sólo hicieron el primer pago de 250 euros –el anzuelo con el que los estafadores pretenden hacer creer a sus objetivos que los beneficios se han multiplicado milagrosamente–, España resulta ser el país que más dinero ha hecho ganar a esta corporación criminal, más de 18 millones de euros, el doble que el Reino Unido. Es más, 135 españoles han sido víctimas de los dos entramados, lo que sitúa a España, de nuevo, como el segundo país con más estafados compartidos tras Canadá, y muy por encima del Reino Unido.

Aunque para apreciar con exactitud la gravedad del expolio conviene acercarse a las cifras individuales. Según los análisis llevados a cabo por los periodistas que han participado en Scam Empire, la corporación dirigida desde Israel y Chipre, a la que los periodistas han bautizado como Red Sapir por el edificio de Tel Aviv donde situó sus oficinas centrales, estafó entre 100.000 y 400.000 euros a 48 ciudadanos españoles. Otros 80 perdieron entre 50.000 y 100.000 euros. Pero a quienes sacaron entre 10.000 y 50.000 suman más de 300.

Aunque el mayor golpe se lo llevaron las cuatro víctimas que entregaron más de 400.000 euros a los criminales. Uno de ellos, el cirujano catalán, es además el cuarto que más dinero perdió de todos los estafados en los 34 países donde actúa la red, sólo superado por ciudadanos británicos. “Tenía unos ahorros que no estaban haciendo nada, así que quise ponerlos a trabajar para ver si podía sacarles algún beneficio. Perdí los ahorros de toda mi vida”, resume el doctor M., a quien los criminales hicieron creer que había ganado 2,6 millones de euros. “Me han dejado en blanco”, se lamenta, “estoy tocado, muy tocado”. Aun así, sólo eleva el tono de voz cuando cuenta que denunció la estafa a los Mossos d’Esquadra y en el juzgado. “No sirve de nada: ni el juez te escucha ni la policía se mueve”, protesta: “Sólo me llamaron un día, a las 11 de la noche, y me dijeron que investigarían, pero con una desgana total y absoluta”.

Además de haber resultado una auténtica mina de oro para las dos corporaciones criminales, España es el primer país donde los tribunales han admitido a trámite una demanda colectiva contra estos entramados dedicados a la ciberestafa internacional. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir la que ha presentado el abogado Mauro Jordán de la Peña, experto en este tipo de fraudes, en nombre de 72 víctimas. El dinero que les estafaron alcanza los nueve millones de euros. Treinta y una de ellas aparecen en los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire.

Pero hay otra circunstancia que singulariza a España en la red criminal. También es el único país de la Europa occidental donde la corporación ha instalado un call-center. Situado en la calle Venezuela de Barcelona, permaneció abierto sólo unos meses el año pasado, tal y como confirmó el conserje del edificio a OCCRP. En ese tiempo, el centro de llamadas dio empleo a una veintena de personas. En marzo de 2024, una de las empresas de la red Sapir, Telecom Wide SL, pidió a un despacho de abogados de Barcelona, Gutierrez Pujadas & Partners, una opinión legal –asesoramiento– antes de abrirlo. Según los documentos de Scam Empire, la empresa pretendía prestar servicios a una compañía extranjera “para captar clientes de Latinoamérica”. Y preguntó a los abogados si las leyes laborales españolas permiten someter a la prueba del polígrafo a los candidatos a teleoperadores, entre otras cuestiones sobre tipos de contrato, periodos de prueba, causas e indemnizaciones de despido.

Gutiérrez Pujadas le contestó que las leyes españolas no prohíben usar el polígrafo en los procesos de selección de personal, pero se trata de una “práctica controvertida” que no está regulada de forma específica. Por tanto, aconseja que la prueba se haga “respetando los derechos fundamentales” y la privacidad de los candidatos. También debe ser “voluntaria” y sujeta siempre al consentimiento previo y expreso del trabajador. En todo caso, el abogado recomienda a su cliente que consulte con empresas especializadas antes de llevar a cabo ese tipo de exámenes. En el Registro Mercantil aparece como administrador y propietario de Telecom Wide SL un ciudadano húngaro, Imre Szalka, que constituyó la sociedad en marzo de 2024, el mismo mes en que solicitó la opinión legal a Gutiérrez Pujadas & Partners.

OCCRP ha preguntado al despacho barcelonés por esta empresa y el centro de llamadas, pero no ha obtenido respuesta alguna.

“Si una empresa se establece en España, seguro que no estafa aquí, sino a ciudadanos de otros países”, expone a OCCRP un investigador de los Mossos d’Esquadra especializado en ciberfraude. Lo que no impide que en Cataluña las estafas por internet sean el segundo delito más denunciado, añade. Es más, en toda España, los delitos cibernéticos crecen un 20% al año, destaca por su parte Alberto Redondo, jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil. Una de cada cinco denuncias son por crímenes cometidos gracias a internet y de éstos, el 90% son estafas, detalla. Sobre todo en los últimos cinco años, el aumento ha sido “exponencial”, tanto en número de víctimas como en las cuantías estafadas. Y no hay un perfil de víctima, resalta Alberto Redondo: “Ricos y pobres, vulnerables o no… Se ha puesto de moda entre los jóvenes invertir en criptomonedas, por ejemplo, y también ha coincidido con una época en que los bancos retribuyen poco los depósitos”. Mientras la remuneración media de estos productos financieros era del 2,31% en 2023, según datos del BCE, los estafadores prometen beneficios del 200% al mes, recuerda el investigador de los Mossos.

La historia de persuasión, ingenuidad y desengaño final que relata el cirujano catalán la repiten, con escasas variaciones, todas las víctimas contactadas por infoLibre. El doctor M., que como el resto de los estafados no ha querido revelar su verdadera identidad, pinchó en un anuncio falso de internet donde el presidente de Mercadona, Juan Roig –en otros casos eran Pablo Motos, Gerard Piqué o Fernando Alonso– aparecía prometiendo grandes beneficios a partir de inversiones modestas. Dejó su nombre y número de teléfono móvil para recibir información. No mucho tiempo después –a veces sólo unos minutos o unas horas más tarde, apuntan otros afectados–, un supuesto asesor financiero le llamó por teléfono para explicarle cómo funcionaba, usando la inteligencia artificial, una supuesta plataforma online de inversiones. El agente telefónico que contactó con el doctor M. decía llamarse Alejandro Sarmiento y hablaba con acento latinoamericano. No es su nombre verdadero, por supuesto. Ninguno de los más de 60 teleoperadores del departamento español de la red Sapir contabilizados por Scam Empire facilita su verdadera identidad. Y no sólo a las víctimas de la estafa. Ni siquiera figuran sus auténticos nombres en las nóminas que cobran o en cualquiera de los documentos internos de la red criminal a los que ha tenido acceso OCCRP.

Pero todos los miembros del departamento español son latinoamericanos o rumanos con un excelente castellano, de acuerdo con los testimonios recogidos de los estafados. Y aunque llamaban desde números de teléfono supuestamente españoles, su lugar de trabajo es Sofía, la capital de Bulgaria, según la investigación que ha llevado a cabo Scam Empire. Los call-center dedicados a engañar en español son denominados Zebra-IB y Sales-IB por la propia red criminal. En el primero trabajan 39 personas; en el segundo, 23.

Alejandro Sarmiento fue el analista de cabecera del doctor M., pero no el único agente que se ocupó de asegurarle como fuente de ingresos para la red. “Luego apareció otro, que parecía su superior”, recuerda el cirujano. Alguien que decía llamarse Emiliano Mendieta. “Eran muy persuasivos”, reflexiona ahora el doctor M. Muy hábiles en la manipulación psicológica. “Uno iba de poli bueno y otro de poli malo”. La amenaza del poli malo era directa: “Si no haces una transferencia hoy, lo pierdes todo”. El poli bueno le dejaba respirar sólo un poco: “Bueno, vamos a darte unos días”.

Desde febrero de 2023, cuando hizo su primer ingreso de 250 euros, hasta noviembre de ese año, el doctor M. firmó más de 60 transferencias bancarias, de acuerdo con los registros de los propios estafadores. A veces hasta cuatro en una misma fecha. La de mayor cuantía, una de 37.500 euros. Hubo un día en que les ingresó 86.000 euros en varias transacciones. Algunas fueron para comprar criptomonedas. A cambio, en 10 meses sólo pudo retirar 1.000 euros, uno de los trucos empleados por los estafadores para hacer creer a las víctimas que podían recoger el beneficio de sus “inversiones” en cualquier momento. De esa forma, el cirujano fue despojado de unos 990.000 euros, como se puede ver en los propios registros de los criminales y él mismo confirma.

El doctor M. hizo transferencias a las cuentas que Sarmiento y Mendieta le iban indicando. Así, pagó supuestas facturas a la cuenta en un banco lituano de una empresa estonia llamada Linerum OU, una gestoría. También a una empresa polaca de la construcción, Hilone SP ZOO, y a otra italiana de restauración, All Inclusive20 SRLS. Además de a una sociedad española, Selterico SL, que tenía abierta una cuenta en el Banco Santander. Creada en junio de 2023 por una ciudadana extranjera de nombre Sofija Ivanova, que figura también como su adiministradora y socia única, es una supuesta agencia de publicidad. En el Registro Mercantil figura como domicilio social un coworking en el barrio de Salamanca de Madrid. Su gerente aseguró a infoLibre que esa empresa jamás ha sido su cliente. Pese a esos extraños pagos, el cirujano creía estar invirtiendo en Rivobanc, una firma de inversión sobre la que han emitido advertencias la CNMV y sus equivalentes en Reino Unido, Irlanda, Suiza y Canadá porque carece de autorización para operar.

El doctor M. no sospechó hasta que pidió retirar sus supuestas ganancias y le hicieron una transferencia que debía ascender a 500.000 euros. “A través del BBVA, pero era completamente falsa. Fui al banco y me dijeron que esa cuenta no existía”, recuerda. Los estafadores le aseguraron entonces que tardaría tres semanas en cobrar. Después le llamó alguien que aseguraba ser el director del SabadellUrquijo: “[Los estafadores] Decían que era su banco”. “Me dijo que yo tenía unos beneficios y que me los enviarían en 24 horas. Pero nunca llegaron”, concluye.

La historia de I.G.P., una arquitecta de Sevilla en la cuarentena, revela además la absoluta falta de empatía de los ciberestafadores telefónicos. “En ese momento me encontraba en unas circunstancias que me hacían especialmente vulnerable ”, comienza, “porque yo ahora en algo así no entro…”. Tras haberle diagnosticado un cáncer de mama a finales de 2021, se estaba sometiendo a quimioterapia y sufrió un derrame cerebral que la llevó al quirófano. Al mismo tiempo, se estaba divorciando. “Había heredado unas tierras de mi madre, así que pensé en venderlas e invertir de otra manera”, explica. Pinchó en un anuncio donde Pablo Motos prometía ganancias. Al rato le llamó un tal Álvaro Enrique Álvarez. “Parecía español, pero me dijo que vivía en Ginebra”.

Se supone que I.G.P. estaba comprando acciones de Repsol, también materias primas, oro, plata. En su caso, invertía a través de Tigcap.com, otra entidad con advertencias de la CNMV y las autoridades financieras de Canadá y Australia. Nada más comenzar, Álvaro le hizo instalarse una aplicación llamada Anydesk, que permitía al estafador controlar en remoto el ordenador de la arquitecta sevillana. Al principio, todo iba bien, el asesor financiero le decía que sus valores no hacían más que subir. Hasta que las tornas cambiaron. “Presionada por ellos, pedí un préstamo de 50.000 euros, porque si no, me dijeron que perdería todo el dinero”. ING, el banco de I.G.P., se lo concedió. “Fue todo muy rápido, bastó con un click”, lamenta ahora. También abrió una cuenta en Binance, el más famoso exchange de criptomonedas, donde llegó a hacer compras por más de 300.000 euros.

Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, había perdido un total de 436.000 euros, según consta en los registros de sus estafadores: no sólo la herencia de su madre, sino también el préstamo, que no podía devolver porque ING le había bloqueado la cuenta: “Tuve que poner una reclamación”. Pero no fue el último susto. “La Policía me dijo que me estaban usando como mula con mi cuenta de Binance. Estaba recibiendo en ella dinero de otras personas que también estaban siendo estafadas”, recuerda horrorizada. Esa es una más de las estratagemas de los ciberestafadores: utilizar cuentas de unas víctimas para recibir pagos de otras.

I.G.P. es un buen ejemplo de los efectos devastadores del abuso infligido por estos nuevos criminales de guante blanco. “Fui muy ingenua”, confiesa. “Tonto” es el adjetivo que más se repite entre las víctimas con las que ha hablado infoLibre. La vergüenza les impide dar su nombre o mostrar su rostro. “Intento no hablar mucho sobre esto, no recordarlo mucho, porque no me sienta bien”, zanja la arquitecta sevillana, a la que se ha concedido la incapacidad absoluta y da el dinero por perdido, pese a que, además de a la policía, también ha presentado un escrito en la CNMV.

Carlos no quiere dar sus apellidos. Es asesor fiscal y también picó. Un anuncio de Gerard Piqué tuvo la culpa. Pero no llegó más que a hacer el primer ingreso, 250 euros. “Me pidieron que los enviara a una empresa de formación de Kenia, Edupac, eso fue lo que me hizo sospechar”, resalta. En su caso, varios supuestos empleados de Virgobanc, otra entidad con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera suiza, se pusieron en contacto con él por correo electrónico para convencerlo de las ventajas de invertir con ellos. Carlos rechazó su oferta y pidió que le devolvieran el dinero. Lo consiguió. Una de las empresas españolas de la trama, llamada Martello Circle SL, creada y administrada por un ciudadano búlgaro, Boris Borisov Kodjov, le reembolsó 42 euros más de los que había pagado, ríe ahora el asesor fiscal.

Tampoco revela su nombre una profesora de Tecnología de una universidad catalana a la que la red dirigida desde Israel robó 63.600 euros, según los registros a los que ha tenido acceso Scam Empire. Su estafador dijo llamarse Martin Coppola. La profesora no ha puesto una denuncia porque, dice, apenas tiene datos sobre “ellos”. Le hicieron creer que invertía en criptomonedas. Cuando empezó a sospechar y pidió que le reembolsaran sus supuestos beneficios, le advirtieron de que tendría que pagar impuestos a la Hacienda española si retiraba su dinero.

Teresa Rodríguez de la Borbolla, además de hermana del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, es arquitecta-decoradora. A ella sólo le birlaron los 250 euros de iniciación, que consiguió recuperar “inmediatamente”: “Reaccioné muy rápido”. Aunque eso no le evitó ni el acoso ni los insultos cuando se negó a seguir “invirtiendo”. “Me llamó ordinaria, histérica, me preguntó si tenía nervios por la regla… ‘¿Qué quieres, vieja?”, llegó a increparla quien se hacía llamar Sergio Berg.

A Blanca de Borbón le atrajo un anuncio donde aparecía Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Cuenta que está intentando renegociar con el banco la hipoteca que pidió con su marido para comprar la casa donde vive, por lo que necesitaba aumentar “un poco” sus ingresos. Blanca es la hija de Leandro de Borbón, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII que hace unos años acaparó titulares tras publicar sus memorias y reclamar, en vano, el título de infante de España. Blanca impulsa una ONG, Proyectos de Vida, e intenta sacar adelante otra, Isla Mujer, un refugio para mujeres maltratadas. Suele aparecer en la televisión para hablar de los Borbón. “Recuerda que por primera vez tendrás la oportunidad de probar la bolsa real, las ganancias y el éxito. Te prometo que te ayudaremos a pagar mucho más rápido la hipoteca para que no sea una carga para tu hijo”, le escribió uno de los ciberestafadores por Whatsapp.

Blanca explica que han intentado estafarla varias veces. Es más, asegura que alguien que dice llamarse Emma, vivir en Londres y trabajar para un despacho de abogados, ha prometido llamarla el próximo lunes –la entrevista para este reportaje se celebró a finales del pasado enero– para ofrecerle nuevas oportunidades de inversión.

“Quería invertir para ayudar a mi hijo a emanciparse”, se justifica por su parte un abogado madrileño jubilado al que los ciberestafadores prometieron 200.000 euros de beneficios invirtiendo en café y otras materias primas, pero que perdió 11.000. “Me han dejado en blanco”, se queja. Ha presentado dos denuncias ante la policía, que instruye el Juzgado número 43 de Madrid.

Los operadores son mucho más que charlatanes telefónicos. Hacen un completo seguimiento de sus objetivos, como puede verse en los documentos que ha analizado Scam Empire. Sus anotaciones, en inglés, son otra prueba más del carácter despiadado de estos estafadores en remoto. “Jubilada, no tiene ni inversiones ni ahorros, pero sí una casa a su nombre que en su momento puede usarse para obtener algo de liquidez”, apunta uno de ellos sobre una mujer a la que asignan un “potencial” de 4.000 euros. “Cobra el subsidio, 480 euros, cuida a un anciano que le paga algo de vez en cuando, pero no tiene ahorros”, escribe otro sobre una mujer de 64 años de Palma de Mallorca a la que no ven ningún “potencial”. Aun así, no dejaron de llamarla una y otra vez, cuenta ella a infoLibre, tras haber abonado los 250 euros iniciales y 1.500 más en criptomonedas.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer del Bierzo que no quiere dar su nombre. Sólo dejaron de llamarla hace un mes, asegura, casi un año después de que empezaran a engañarla. Hasta entonces, la molestaban “tres o cuatro veces al día”, rezonga. Tiene 60 años y cobra la pensión de viudedad. Según las anotaciones de los estafadores, el plan era despojarla incluso de los 5.000 euros que guardaba en su cuenta bancaria. Ella dice que le robaron más de 3.000.

Pero pueden ir mucho más lejos. Llamarlos vampiros no es en absoluto una exageración. Bien lo sabe Alberto, nombre figurado de un albañil de Huelva de 48 años que fue abordado por un agente telefónico del call-center de Georgia llamado Bruno Carvajal. Scam Empire ha podido escuchar muchas de las conversaciones que los estafadores mantienen con sus víctimas. Todas son grabadas, como en cualquier centro de llamadas legal, para evaluar el rendimiento de los teleoperadores.

En la grabación [que se puede escuchar en los clips que aparecen en esta información], Bruno Carvajal le dice a Alberto que necesita aportar 1.163 euros más de los que ya ha ingresado, a fin de completar los 3.000 “necesarios” para continuar invirtiendo y sumando beneficios. El albañil le contesta que no tiene ese dinero. Se acaba de quedar sin trabajo y su madre está enferma. “Ese dinero”, le asegura, “me hace falta para comer”. No importa. El estafador le pregunta si no puede pedirlo prestado. “A tu mamá”, le dirige. Alberto le contesta que no. “No me digas que eres la persona más pobre de España”, ataca Carvajal. “Pues al ritmo que llevo, lo seré”, replica el albañil, “me veo en la calle pidiendo”.

El teleoperador sube aún más la presión y le pregunta si no puede “empeñar o vender algo”. “Llevo cinco meses intentando vender un terreno [de su familia], pero ha sido imposible”, se defiende Alberto. Bruno sigue presionando inmune a la desesperación de su víctima: “¿No puedes vender otra cosa que te dé ese dinero?”. El coche, le sugiere. “El coche me hace falta. ¿Qué hago? ¿Vendo sangre?”, responde, cada vez más enojado, el albañil. Sorprendentemente, el estafador se echa a reír. “Pues mira, si te dan una buena pasta por eso…”. Y no afloja: “¿No tienes algo de oro, una cadena o un anillo? Cualquier joya sirve”, vuelve a insistir. El siguiente paso es una manipulación de libro: “Te digo todo esto para que puedas salir de esta situación, porque me preocupo”, remata. Bruno no suelta el hueso y quiere quedar con Alberto otro día: “A ver qué vendiste, la sangre o qué”.

infoLibre ha hablado con Alberto, que perdió más de 10.000 euros en dos años y medio. “Mis ahorros”, confiesa. Ha denunciado la estafa a la policía. Pero a él también lo denunciaron por una transferencia de 100 euros que otra víctima hizo a su cuenta. “Me usaron de mula”, protesta. “Pensaba que ganaría dinero para ayudar a mi madre enferma, porque no podía pagar a una mujer que la atendiera”. En cambio, lo desplumaron.

Puede que el éxito profesional de Bruno Carvajal se deba a un evidente talento natural, pero también al entrenamiento. Entre los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire, se encuentran los materiales didácticos con los que estos teleoperadores aprenden los trucos de su oficio. Por ejemplo, un powerpoint en castellano con los emblemas de Financika y Clicktrades, otros dos chiringuitos financieros señalados por la CNMV. El folleto llama “clientes” a las víctimas, cuya atención deben captar en sólo 10 segundos. Anima a crear “un vínculo” con ellas. A hablarles de “beneficios, beneficios”, “convertir sus deseos en necesidad”. Incluso apela a los “sueños”: “Que el cliente se vea ganando dinero para pagar el coche, la hipoteca, los estudios de su hijo”. También ofrece respuestas a las objeciones más habituales de las potenciales víctimas. A la de “no tengo dinero”, la réplica es el colmo del cinismo para un profesional del engaño: “Tenemos que saber cuándo el cliente miente, partiendo de la premisa de que todos los clientes mienten”. “Si dice eso, es porque no hemos trabajado bien el sueño y no le dimos emoción a la venta”, analiza el coach estafador. Y si dice que tiene que consultarlo con su mujer… “Cuando ella se va a comprar un traje, ¿te llama antes para preguntártelo?”, es el contraargumento que ofrece el entrenador. Finalmente, recurre a una técnica básica de la atención al cliente: “La sonrisa telefónica es imprescindible”.

El adiestramento no parece muy sofisticado y, a tenor de las conversaciones grabadas que infoLibre ha escuchado, tampoco se exigen demasiados conocimientos financieros para el puesto. Con sus víctimas, los estafadores emplean una verborrea en la que se confunden conceptos económicos con términos en inglés y alguna referencia a la actualidad –la subida de las materias primas por la guerra de Ucrania, la apuesta de Elon Musk por las criptomonedas, la inflación…–. Pasar la prueba del polígrafo no debe de ser un problema para quien se va a dedicar básicamente a mentir en jornadas de nueve a cinco. Por lo que Scam Empire ha podido constatar en los documentos del departamento de Recursos Humanos de la red, merece la pena el esfuerzo. Alejandro Sarmiento, el estafador que sacó al cirujano barcelonés casi un millón de euros, cobró en un mes, el de noviembre de 2023, un total de 11.064 dólares –10.064 euros–: 2.206 dólares de sueldo base y 8.858 dólares de bonus por su excelente desempeño. Además, él y el resto de sus compañeros reciben una ayuda de 500 euros para vivienda.

“En el mundo físico, cuando aumentan los robos en una zona, se mandan patrullas y los delitos disminuyen, pero en el mundo cibernético, no: el problema es el usuario”, advierte el guardia civil Alberto Redondo, “mientras no haya alarma social, no bajarán y no se legislará para atajar estos crímenes. La clave es denunciar”.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, se ha declarado en concurso de acreedores. Llegó a facturar 2,5 millones de euros en 2022, tras vender uno de sus programas estrella, Invisible Man, a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Sin embargo, el negocio de Mollitiam ha atravesado graves dificultades en los últimos dos años, que llevaron a sus gestores a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo, que ya ha nombrado un administrador.

La noticia la ha adelantado Intelligence Online, una web especializada en el mundo de las empresas y los servicios de inteligencia. Atribuye la caída de Molllitiam a las “crecientes presiones financieras” que ha sufrido la empresa toledana y a la cada vez mayor competencia de los especialistas extranjeros en ciberinfiltración que se están instalando en España, sobre todo, en Barcelona, y que le han hecho perder contratos con el Gobierno.

También señala la muerte de su fundador, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, como uno de los motivos del declive de Mollitiam. Samuel y su hermana Esther eran los socios mayoritarios de la empresa, junto con un tercer accionista, Antonio Ramos Varón.

Intelligence Online asegura incluso que los mejores ingenieros de Mollitiam han abandonado la empresa en las últimas semanas, ante la incertidumbre sobre el futuro.

Sin embargo, el motivo de la caída de Mollitiam lo detallan sus gestores en las cuentas de 2023 que facilitaron al Registro Mercantil. Ese año la empresa perdió 1,024 millones de euros, que se suman a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores. Como los fondos propios no cubren esas cifras, Mollitiam solicitó en marzo del año pasado el preconcurso de acreedores al encontrarse en situación de insolvencia inminente. Al iniciarse 2024, la tesorería de la empresa sufría un “deterioro significativo”, del que sus gestores culpan principalmente a que no han podido cobrar un contrato por importe de 2,34 millones de dólares con un cliente –“intermediario”, precisa– en Ecuador. Además, entonces también tenían sin cobrar otros contratos con diferentes administraciones públicas en el extranjero, que no mencionan, por valor de 1,54 millones de euros. Finalmente, aseguran, Mollitiam estaba pendiente de formalizar una serie de contratos menores con administraciones locales extranjeras cuya firma se demoraba por culpa de “diversos trámites burocráticos”.

El “rigor normativo” y la “confidencialidad” que exigen los contratos de software para la ciberdefensa, argumenta también la empresa, explican los retrasos tanto en la firma como en el cobro de los encargos para gobiernos, el núcleo de su negocio.

Debido a esas demoras, Mollitiam no pagó a “algunos” de sus trabajadores –de una plantilla de 39 personas– al menos la nómina de mayo del año pasado, después de que éstos “pusieran a disposición de la empresa sus salarios de forma voluntaria”, apunta. Lo mismo habían hecho los socios directores ya en marzo. Mollitiam también tuvo que solicitar un aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social. Y trasladar su sede social de Toledo a Madrid, a una oficina de la Glorieta de Cuatro Caminos, además de poner a teletrabajar a los empleados del centro manchego.

Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, a 31 de diciembre de 2023 Mollitiam sumaba 1,43 millones de euros en deudas, de los cuales 438.709 euros eran deudas con entidades de crédito. El resto lo integraban la parte reembolsable de las subvenciones públicas recibidas, así como 41.666 euros que debían a Sabadell Venture Capital –uno de los fondos de capital riesgo a los que pertenece la empresa– y otros préstamos concedidos en 2022 por Neocapital (400.000 euros) y Ultramar Capital Partners (200.000 euros) –fondos creados por Torsa Capital, otro de los dueños de Mollitiam– e Invierte Economía Sostenible (540.000 euros), sociedad anónima cuyo único accionista es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico.

De hecho, la ayuda pública ha sido un importante apoyo financiero para Mollitiam. Desde su creación hasta 2021, consiguió más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes. Para desarrollar uno de sus programas, Phoenix, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– y por el Gobierno español, a través del CDTI. La subvención le fue concedida en 2019, la duración del proyecto era de dos años y el objetivo, crear una plataforma para el análisis de la información y el tratamiento de grandes volúmenes de datos (big data) obtenidos a partir de fuentes abiertas.

En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures, a su vez propietario de una participación en Mollitiam. Y le subvencionó con otros 390.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2023 de Mollitiam.

Además, una subvención de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) dos ayudas: una de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante, según consta en el registro de subvenciones de Castilla-La Mancha.

A finales de 2023, los hermanos Álvarez controlaban el 26,14% de la compañía a través de la sociedad Time to Change SL, mientras que Antonio Ramos Varón disponía en la misma fecha del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

InfoLibre se ha puesto en contacto, tanto con el administrador concursal de Mollitiam como con los tres fondos de inversión citados, para preguntarles por la situación concursal de Mollitiam, pero sólo ha respondido Sabadell Venture Capital, que mantiene el 6,8% del capital. “Nunca hemos desinvertido”, asegura.

Mollitiam Industries no sólo formaba parte de la lista de los mayores depredadores digitales de 2020, sino que también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

El mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministra el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a los 641.827 euros abonados por la Unión Europea y el CDTI.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) el consorcio de medios de investigación al que pertenece infoLibre, ha presentado una demanda contra el presidente de EEUU, Donald Trump y el Departamento de Estado por la congelación de los fondos de la USAID, la mayor agencia de cooperación del mundo. La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional se ha quedado sin los casi 44.00 millones de dólares que destina cada año a programas para combatir la pobreza, erradicar enfermedades, luchar contra el tráfico de personas o promover la democracia. También apoyaba el periodismo de investigación colaborativo en Europa, Asia y América Latina.

La demanda, que ha interpuesto Public Citizen –una organización sin ánimo de lucro de defensa del consumidor– ante un tribunal del distrito de Columbia en nombre no sólo de OCCRP sino también de la Coalición en Defensa de la Vacuna contra el Sida (AVAC), alega que la congelación –y posterior eliminación– de las ayudas “excede la autoridad constitucional del presidente Trump y usurpa la autoridad legislativa conferida por la Constitución al Congreso, en violación de la separación de poderes”.

La acción legal también va dirigida contra el secretario de Estado, Marco Rubio, que es el administrador interino de la USAID, y contra Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Los demandantes argumentan que el presidente “no tiene autoridad para modificar unilateralmente las leyes federales”, según la Constitución de EEUU. De modo que, al exigir a USAID que bloquee la financiación de las subvenciones y becas que repartía hasta ahora basándose en “factores inadmisibles y arbitrarios”, la orden ejecutiva con la que Trump congeló los fondos pretende modificar los estatutos del Congreso. Porque las leyes federales, recuerdan, deben ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso antes de ser presentadas al presidente. Entonces es cuando se convierten en ley, tal y como establece la Constitución de EEUU.

“Esta acción ilegal del Gobierno de EEUU priva a los pequeños medios de investigación de países de bajos ingresos en todo el mundo de los fondos que tanto necesitan para funcionar. Estos medios son fundamentales para exigir cuentas a los poderes públicos en algunos de los lugares donde es más difícil informar. Muchos periodistas en el exilio corren el peligro de ser deportados a sus países de origen, donde se arriesgan a ser arrestados y torturados”, advierte un portavoz del consorcio.

Fundada en 2007, OCCRP reúne a medio centenar de medios de los cinco continentes. Colaboran en el consorcio desde The Guardian hasta Le Monde pasando por el belga Le Soir, la televisión pública alemana ZDF, el diario noruego VG o infoLibre en España. Como resultado del bloqueo de los fondos, el presupuesto de OCCRP se ha recortado en un 29%, lo que se ha traducido en el despido del 20% de su personal, además de en una reducción de salarios y de jornada para la mayoría de los empleados que han conservado sus puestos de trabajo.

Si no se restablece la financiación procedente de USAID, sostiene OCCRP, el consorcio deberá cancelar programas en media docena de países, lo que paralizará proyectos de periodismo de investigación en Asia, el Pacífico, América Latina y Europa, destaca la demanda.

Al mismo tiempo que se le retiraban los fondos OCCRP ha sido objeto de una campaña de desinformación promovida por comunicadores de la galaxia de Elon Musk y Donald Trump, que acusan al consorcio de conspirar junto a la CIA y el “Estado profundo” contra el presidente de EEUU.

En concreto, mencionan un reportaje que OCCRP publicó en 2019 que después fue citada por el alto funcionario de inteligencia cuya denuncia de abuso de poder contra Trump sirvió de base para su primer impeachment. Una historia que relacionaba al abogado del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con dos empresarios de origen soviético emigrados a Florida y los intentos de Trump para investigar a sus rivales políticos.

“OCCRP no tuvo ningún contacto con el denunciante ni se enteró de la denuncia [del alto funcionario de inteligencia] hasta que fue publicada por los medios de comunicación nacionales de Estados Unidos”, explica el consorcio, que se define como “apolítico”. “Recibimos financiación de muchos donantes diferentes, incluidas instituciones públicas, privadas y agencias de desarrollo de países democráticos”, añade.

“Como una de nuestras historias fue citada por un denunciante cuyo testimonio se utilizó para enjuiciar a Trump, él sugiere que nosotros causamos el impeachment”, ha contestado OCCRP en la red X. "¡Parece divertido ser tan poderoso! Pero el mundo no funciona así, y definitivamente no es así como nosotros operamos. Es genial cuando nuestras historias encuentran audiencia y tienen un impacto, pero no tenemos control sobre eso, ni queremos tenerlo", ironiza el consorcio.

Uno de esos “comunicadores” es Michael Shellenberger, que se presenta como defensor de la libertad de expresión, pero también niega el cambio climático y los derechos de los transexuales, fue uno de los que publicó los llamados Twitter Files, documentos internos de la red social que les facilitó Elon Musk después de comprar la compañía rebautizada como X. Los documentos supuestamente demostraban que Twitter había censurado hasta la llegada de Musk las cuentas de ideología más conservadora. Ahora, Schellenberg está utilizando a OCCRP para acusar a USAID de impulsar una serie de informaciones que relacionaban al ahora presidente con Rusia y que califica de “bulos”.

“OCCRP ha sido atacada por el crimen organizado, autócratas y otros, y nunca se han acobardado, pero sigue siendo desagradable ser blanco de teorías conspirativas y de desinformación, especialmente cuando están siendo lanzadas por personas que ahora están muy cerca del poder en EEUU”, replica Miranda Patrucic, directora del consorcio.

Otra de los arietes de Musk/Trump contra OCCRP es Michael Benz, un videobloguero antisemita que ha llegado a asegurar que los judíos estaban orquestando un genocidio contra los blancos.

La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

Las visas oro han quedado definitivamente derogadas después de que el Congreso aprobara el pasado día 19 la Ley de Eficiencia de la Justicia, donde se había incluido la enmienda que hace desaparecer este polémico instrumento para atraer inversiones. El pasado viernes la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero como no entrará en vigor hasta dentro de tres meses, hasta abril seguirán concediéndose permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones de 500.000 euros como mínimo.

Para entonces habrá pasado justo un año desde que el Gobierno anunció su supresión. Y no fue hasta el pasado noviembre cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó las cifras detalladas de autorizaciones concedidas desde que se crearon las visas oro, en 2013. Las colgó en el Observatorio Permanente de la Inmigración. Es la Unidad de Grandes Empresas-Colectivos Estratégicos (UGE-CE) del departamento que encabeza Elma Saiz la que centraliza la tramitación de todos los tipos de autorizaciones de residencia, pese a que en ella intervienen los ministerios de Asuntos Exteriores, Vivienda, Economía y Transformación Digital.

De acuerdo con esos datos, que se detienen en diciembre de 2023, ese año se concedieron 65.766 autorizaciones de residencia en aplicación de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores –que creó las visas oro– “y de otras figuras similares”, un 40% más que el año anterior. Si se cuentan sólo las otorgadas según esa ley, la cifra se queda en 65.404, la inmensa mayoría. En 2024, y tras anunciar el Gobierno en abril que iba a derogarlas, el número de solicitudes se duplicó, en un intento por conseguir a toda prisa los últimos permisos, según confirman los abogados e inmobiliarias que los gestionan. Es previsible que hasta abril se repitan las ansias por aprovechar los tres últimos meses de vigencia de las visas.

En realidad, el volumen de estos permisos de residencia llevaba multiplicándose desde 2021, pero escaló sobre todo desde la guerra de Ucrania, que estalló en febrero de 2022. De hecho, son los rusos los mejores clientes de este incentivo desde entonces. En total, se han concedido a ciudadanos de esta nacionalidad un total de 34.557 permisos de residencia al amparo de la Ley de Emprendedores y “otras figuras similares” en la última década. En 2021, el año anterior a la guerra, los rusos recibieron 3.146 de estas autorizaciones, que en 2022 se convirtieron en 6.925 y que se duplicaron en 2023, hasta alcanzar 14.179. Es decir, desde que Vladimir Putin invadió Ucrania, los permisos de residencia otorgados a sus compatriotas en España se multiplicaron por 4,5. De las 262.534 autorizaciones proporcionadas por España desde 2013, las conseguidas por los rusos equivalen al 13%.

La cifra es muy superior a la de las autorizaciones concedidas a ciudadanos chinos, 23.309 –el 8,8%–. Y desde luego la evolución de los permisos a los asiáticos ha sido más tranquila a lo largo de estos últimos años. En 2023 recibieron sólo 3.499. Es decir, España dio ese año cuatro veces más visas oro a rusos que a chinos. Aunque esa cifra equivale a un alza del 48% respecto a 2021, un aumento considerable, se sitúa lejos del récord ruso.

Estas cifras no se circunscriben a las llamadas visas de oro, pero prácticamente se reducen a ellas en el caso de ciudadanos rusos y chinos, teniendo en cuenta el perfil de los ciudadanos de estos países que solicitan los permisos previstos en la Ley 14/2013, y que no se corresponde con el de altos directivos, investigadores o nómadas digitales. Además, hay que añadir el hecho de que el 95% de las solicitudes recibidas son a cambio de inversiones en inmuebles. También se puede pedir el permiso de residencia temporal por invertir en deuda pública, en fondos de inversión o en empresas, pero de este tipo apenas se concedieron 313 autorizaciones en 2023.

La prevalencia rusa en España no deja de ser peculiar, porque de acuerdo con las cifras publicadas por la consultora británica Henley & Partners en su último informe sobre migración de patrimonios privados, China es el país del que más millonarios emigrarán en 2024, unos 15.200, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años, mientras que la salida de ultrarricos rusos no ha parado de menguar por culpa de las restricciones internacionales impuestas con motivo de la guerra: de los 8.500 que dejaron su país en 2022 se va a pasar en 2024 a sólo un millar, de acuerdo con los cálculos de Henley & Partners. De hecho, este año que acaba habrán salido de sus respectivos países, acompañados de sus patrimonios, más millonarios británicos, indios y surcoreanos que rusos.

También ha crecido notablemente el número de bielorrusos –tradicionales aliados del Kremlin– que han obtenido en España permisos de residencia a cambio de inversiones. Desde la guerra en Ucrania, se han más que duplicado. En total, han recibido 2.393. Muchos menos que los ricos ucranianos, 7.195 en la última década. Desde la guerra, su número se ha triplicado, hasta alcanzar los 3.601 en 2023. Y ello pese a que, si se considera la cifra total de ciudadanos de Ucrania que han conseguido autorizaciones de residencia de cualquier tipo, en 2023 sufrieron un enorme descenso, del 75%, respecto al año anterior: pasaron de 172.270 a 43.463.

A tenor de los datos, las sanciones y la mayor vigilancia a que se ha sometido a los ciudadanos rusos fuera de sus fronteras parecen no haber frenado la entrada en España de dinero procedente del país gobernado por Putin. El Gobierno tomó medidas para controlar los bienes propiedad de oligarcas del régimen en España, muchos de ellos sometidos a sanciones internacionales por su responsabilidad en la invasión de Ucrania. Lo que no significa que no haya lagunas por las que algunos han conseguido colarse.

Además, las visas oro han sido siempre un instrumento polémico. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

Las cifras publicadas por el Gobierno incluyen alguna sorpresa adicional. Por ejemplo, el tercer país con más permisos concedidos al amparo de la Ley 14/2013 “y de otras figuras similares”, tras Rusia y China, es Colombia, con 19.085 autorizaciones, después de que en 2023 su número –5.457– más que duplicara el de 2021. Le sigue Estados Unidos, con 16.872 permisos en la última década y el doble de autorizaciones en 2023 que dos años antes. También Argentina casi ha duplicado el número de permisos en estos dos últimos años.

Mención aparte merece el caso de Reino Unido. El Brexit ha expulsado a muchos millonarios de las islas británicas, y algunos han traído su dinero a España. En 2020, el año en que Londres abandonó la Unión Europea, el Gobierno español sólo concedió tres permisos de residencia de la Ley 14/2013. En 2021 ya fueron 1.467, que crecieron hasta 2.124 en 2022 y alcanzaron los 3.601 en 2023. En total, 7.195 británicos han conseguido una autorización temporal de residencia en España en esos tres años.

Los permisos de la Ley 14/2013 pueden ser de distintos tipos: para directivos y trabajadores de alta cualificación, para investigadores e incluso para teletrabajadores internacionales –desde 2022–. Para los primeros se han concedido 104.303 autorizaciones de residencia, y para inversores, 63.328. El ministerio no facilita información sobre la nacionalidad de unos y otros, los dos grupos más numerosos, seguidos de los investigadores –27.002–. Pero las autorizaciones a cambio de inversiones se duplicaron desde 2021 hasta 2023 en la zona que la estadística denomina “Europa sin UE/AELC [Asociación Europea de Libre Comercio]” y que incluye a Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Reino Unido.

infoLibre ha pedido al ministerio esos datos desglosados por nacionalidades, pero se ha negado a facilitarlos aduciendo razones de “seguridad nacional”. Sólo los publica por “áreas”. Así, la región que mayor crecimiento ha experimentado es la citada Europa sin UE/AELC, con aumentos superiores al 80% anual desde 2021. La segunda zona con mayor auge en concesiones es América central y del sur, con alzas muy inferiores –poco más del 20% en 2021 y 2023, y del 55% en 2022–.

Este periódico solicitó en septiembre de 2023 al Ministerio de Inclusión las cifras de los permisos concedidos según la Ley 14/2013, también los concedidos a ciudadanos de determinadas nacionalidades. Ante la falta de respuesta, los pidió a través del Portal de Transparencia de las administraciones. No hubo contestación en el plazo legal de dos meses, así que infoLibre hizo una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo independiente, encargado de promover la transparencia y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dictaminó en mayo de este año que el ministerio debía facilitar los datos solicitados en el plazo de 10 días. Pero no lo hizo. De forma que, siguiendo el procedimiento establecido por ley, infoLibre notificó en julio al ministerio que interpondría un recurso contencioso-administrativo para obtener los datos si en dos meses no cumplía la resolución del Consejo de Transparencia.

Este periódico no recibió ninguna comunicación al respecto hasta el pasado 3 de diciembre cuando, a través del Portal de Transparencia, le anunció que se abría el periodo de un mes previsto por la ley para tramitar la solicitud de información que había cursado el 23 de octubre de 2023; es decir, hacía más de un año. Al día siguiente, el 4 de diciembre, se le notificó que las estadísticas se encontraban publicadas en la web del Observatorio Permanente de la Inmigración. Esa comunicación se produjo un mes después de que, en efecto, las cifras fueran colgadas en internet y publicadas por varios medios de comunicación.

El ministerio ha explicado a este periódico que los datos fueron publicados tras haber sido “contrastados, comparados, actualizados y revisados”, siguiendo además diferentes criterios y directrices, entre ellos, los de “máxima transparencia” y el ya citado de “seguridad nacional”.

Los trabajadores que han perdido su empleo por culpa de un despido colectivo, los antiguos ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), han aumentado un 12% entre enero y octubre de este año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Según la última estadística publicada por el Ministerio de Trabajo, un total de 32.732 personas han sido despedidas utilizando una de estas fórmulas de regulación de empleo.

La cifra confirma una tendencia al alza que ya se reflejó en las estadísticas de 2023, cuando los trabajadores despedidos en un ERE crecieron un 34% en comparación con 2022. Este año aún faltan los datos de los dos últimos meses, noviembre y diciembre, que previsiblemente empeorarán los registros, pues las empresas suelen utilizar el final del ejercicio ara ejecutar sus recortes de plantilla. También hay que contar con los ERE que de forma inevitable van a presentar las empresas en la Comunidad Valenciana por la dana. Según el Ministerio de Trabajo, a fecha de 26 de diciembre, 2.848 empresas valencianas habían solicitado ya acogerse a un ERTE –suspensión de contratos o reducción de jornada– de fuerza mayor para proteger a 31.668 trabajadores.

Otras, en cambio, estarán abocadas al cierre. Desde el covid, tanto los ERE como los ERTE de fuerza mayor no han dejado de reducir su número. Entre enero y octubre, los despidos por esa causa han sido sólo 325, aun así un 48% más que en los mismos 10 meses de 2023.

La mayoría de las empresas aduce motivos económicos cuando ejecuta despidos colectivos. Entre enero y octubre de este año, el 48% de los trabajadores afectados por un ERE de este tipo han sido despedidos por esa causa. En concreto, porque sus empleadores tenían pérdidas. En total, 15.771 personas perdieron su trabajo en empresas que estaban en números rojos, un 4,36% más que en el mismo periodo de 2023. Las empresas que alegan causas organizativas son menos, pero los trabajadores despedidos por esa razón casi se han duplicado este año, hasta alcanzar los 8.334. Por causas productivas, las personas despedidas han bajado casi un 16%.

En el caso del ERE de MasOrange, sin embargo, el detonante fue la fusión que ha creado esa marca, Orange y MásMóvil. El pasado noviembre se cerró el despido colectivo, pactado con UGT y Fetico, que ha supuesto un recorte de plantilla de 650 trabajadores. Tras adherirse al ERE de forma voluntaria 465 personas, se ejecutarán 185 despidos forzosos. Las primeras percibirán hasta 47 días por año trabajado de indemnización; los segundos, hasta 45 días.

Otro despido colectivo que habrá que añadir a la estadística del año será el de Decathlon, que ha anunciado el cierre de su centro logístico de Sevilla este mismo día 31. El 30% de sus 110 trabajadores serán recolocados en otras instalaciones, pero el resto se quedará sin empleo, a cambio de una compensación de 30 días por año de antigüedad.

Cruz Roja también despide en diciembre. A 321 trabajadores, que se sumarán a los 149 cuyos contratos extinguió la ONG el pasado año. Alega causas productivas y de organización. El pasado julio la Audiencia Nacional condenó a Cruz Roja a readmitir a los despedidos en 2023, a resultas de una demanda por ERE encubierto presentada por UGT y CCOO.

Otra ONG, Médicos del Mundo, acaba igualmente de presentar un ERE para 118 de sus 484 empleados, aunque en su caso aduce pérdidas económicas.

También se cierra el día 31 el despido colectivo de Circet, una empresa francesa de redes de telecomunicación que trabaja para las principales operadoras de telefonía. Un total de 377 personas perderán su empleo después de que la compañía haya adquirido otra, Comfica, con la que sumó 500 trabajadores y un volumen de negocio de 60 millones de euros. Los sindicatos se opusieron a los despidos, convocaron cuatro días de huelga y rechazaron firmar el acuerdo con la empresa.

Ya en verano anunció la holandesa Bosal un ERE para los 135 trabajadores que empleaba en Pedrola (Zaragoza). El fabricante de tubos de escape perdió un contrato con la automovilística alemana Volkswagen que suponía el 80% de su producción. La marca se une así a otras del sector del automóvil, que se enfrenta a un futuro incierto en toda Europa por la competencia china. Airtex, que fabrica bombas de agua para automóviles, ha echado el cierre, despedido a los 91 empleados que tenía en su fábrica de Zaragoza y se ha marchado a Rumanía. Ti Automotive ha cerrado este mismo diciembre su ERE para 55 personas en la fábrica de Tauste (Zaragoza).

Todas estas empresas son proveedoras de la factoría de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), que empezó a aplicar a su plantilla el pasado 1 de diciembre un ERTE por causas organizativas y productivas, en previsión de la caída de ventas de coches que adivina el próximo año. Afectará a 4.200 de los casi 5.000 empleados de la fábrica de Zaragoza.

También Forvia y OP Mobility, ambos proveedores de la factoría de Stellantis en Vigo, empezarán el año con sus propios ERTE.

Aunque la multinacional estadounidense Ford ha excluido España de los despidos que ha anunciado para sus factorías en Europa, la fábrica de Almussafes (Valencia) estrenará 2025 con un Mecanismo RED, tras acogerse a uno de fuerza mayor por la dana. Lo ha pactado con UGT el pasado 27 de diciembre, se prolongará durante dos años –durante los cuales tendrá que mantener el empleo, pero podrá suspender contratos o reducir jornadas laborales– y le permitirá hacer frente a la enorme caída de la producción que ha sufrido la factoría en el último año. De hecho, la incertidumbre laboral en la planta está en máximos. En 2023 ya ejecutó un despido colectivo para casi 1.200 trabajadores. Y el pasado mes de julio se deshizo de otros 626 empleados, al tiempo que abría un ERTE hasta final año.

Frente al aumento de los trabajadores incluidos en despidos colectivos, entre enero y octubre de este año se han reducido los afectados por suspensiones de contrato y reducciones de jornada, las medidas etiquetadas bajo las siglas de los ERTE, respecto al mismo periodo de 2023. Los primeros han caído un 26,5%, hasta los 83.177. Ese número casi triplica la cifra de los que fueron despedidos. También ha disminuido el volumen de asalariados que han visto recortadas su jornada laboral, aunque menos: un 11,7%. Han sido sólo 6.871 hasta octubre.

Por sectores, es claro el patrón de cómo las empresas gestionan las plantillas. Las más abonadas a utilizar los ERTE suspendiendo contratos son las industrias –63.045 trabajadores, el 75,8% de todos los que sufrieron esa medida–, pero las que más empleados despidieron fueron las empresas del sector servicios –23.755 trabajadores, el 75,6% de los que perdieron su trabajo–.

Por tamaño, casi un tercio –10.373– de los despedidos en ERE estaban empleados en empresas de menos de 50 trabajadores. El grupo de empresas que más personas ha despedido –8.248– es el aquellas con una plantilla de entre 50 y 250 empleados.

Finalmente, los despidos colectivos se han llevado por delante hasta octubre a un 35,3% más de hombres –18.824– que de mujeres –13.908–.

Los trabajadores que se declararon en huelga entre enero y noviembre de 2024 aumentaron un 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las jornadas no trabajadas por esos 208.163 huelguistas crecieron un 11,5%, hasta alcanzar las 494.336, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Cuando se conozcan las cifras de diciembre, es más que probable que 2024 confirme la tendencia que viene reflejando la estadística desde la pandemia: la conflictividad laboral medida por número de trabajadores y horas de trabajo perdidas supera, y con mucho, la de los años posteriores a la crisis financiera.

Aunque las convocatorias de huelga se redujeron el año pasado –553 hasta septiembre, 39 menos que en 2023, la estadística de Trabajo no ha publicado datos más actualizados–, el número de quienes hicieron huelga tanto en 2022 como en 2023 superó los 200.000, una barrera que no se había franqueado desde 2012, en lo más profundo de la anterior crisis económica, cuando España estaba en recesión y la tasa de paro alcanzaba el 26%. Desde 2021 y hasta 2023, los huelguistas han aumentado un 18,7%, hasta alcanzar los 224.279, mientras que las jornadas no trabajadas crecieron un 7%, hasta las 504.984. Aunque fue peor 2022, cuando se perdieron 627.967 jornadas de trabajo. En cualquier caso, el año con mayor número de huelgas de la última década resultó ser 2019, con 898 convocatorias, aunque con muchos menos participantes –149.154– y menos jornadas no trabajadas –337.399– que en 2023.

Todas estas cifras se refieren a huelgas ordinarias. Las huelgas generales movilizaron en 2024 apenas a 15.790 trabajadores hasta noviembre, tres veces menos que en el mismo periodo de 2023. Se trata de mínimos desde los 1,3 millones de participantes en las tres huelgas generales de 2012: el 29 de marzo contra la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el 22 de mayo contra los recortes en la educación y el 14 de noviembre contra las políticas de austeridad europeas.

Desde entonces las huelgas generales han perdido fuelle, sólo sostenidas desde 2018 por la convocatoria del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que movilizó a más de 330.000 trabajadoras ese año y el siguiente. El peso de esta jornada en el cómputo anual de participantes es tal que desde entonces siempre hay más mujeres huelguistas que hombres.

El auge tras el covid de las huelgas “ordinarias”, como las etiqueta la estadística de Trabajo, tiene que ver con la línea de acción emprendida por CCOO y UGT en los últimos años: recurrieron a la movilización para desatascar la negociación colectiva. Salario o conflicto fue su lema para exigir que las retribuciones se recuperaran a la par que lo hacía la economía. De las 553 convocatorias contabilizadas por el ministerio hasta septiembre de 2024, el 88% tuvieron motivos estrictamente laborales y de ese porcentaje más de la mitad estaban relacionadas con la negociación colectiva. Sólo 25 fueron huelgas sectoriales y sólo en 76 protestaron empleados del sector público.

Además, fue en el País Vasco donde más huelgas se convocaron el año pasado, 220, el doble que en Cataluña –112– y casi el triple que en Madrid –83–. Sin embargo, Andalucía multiplicó el año pasado nada menos que por seis el número de jornadas no trabajadas, hasta llegar a las 204.642, el 41% de las jornadas perdidas en toda España hasta noviembre. El culpable fue la huelga de la plantilla de Acerinox en Los Barrios (Cádiz), que se prolongó durante cuatro meses y medio.

Por el mismo motivo, y pese a que los trabajadores de banca y seguros fueron los más huelguistas el año pasado –63.221, casi un tercio, aportaron al registro del ministerio– la actividad que más jornadas perdió por las protestas de sus plantillas fue la industria, donde sólo pararon 28.781 trabajadores. El pasado 22 de marzo, los sindicatos convocaron la primera huelga del sector bancario en 30 años tras romperse la negociación con la patronal sobre la subida salarial del convenio colectivo. Pero duró sólo 24 horas, a diferencia de la secundada por Acerinox, que encadenó 136 días de paros.

La reforma laboral de 2022 ha supuesto un cambio notable en el paisaje con que acostumbraba a dibujarse el mercado de trabajo español, abonado al abuso del contrato temporal. Las estadísticas así lo revelan, con un crecimiento del empleo indefinido de 3,4 millones de afiliados en los últimos años y una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de temporalidad. De forma que también se han alterado las pautas del despido: ha aumentado el número de los indefinidos a los que se rescinde el contrato y disminuido los ceses de temporales. Al tiempo, se han reducido las cuantías medias de las indemnizaciones que reciben los fijos y crecido las compensaciones que reciben los temporales. El motivo principal es que cada vez se despide a trabajadores indefinidos con menos antigüedad. En cambio, los temporales tienen 12 días por año trabajado como compensación, pero si la empresa prescinde de ellos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, la indemnización sube a 20 días.

También se ha producido un cambio más sorprendente. Desde 2022, cuando entró en vigor la última reforma laboral, las indemnizaciones que las empresas pagan a las mujeres con contratos indefinidos y desde 2021 también a las fijas discontinuas. Nunca había ocurrido antes. Al menos en su cuantía media, según constata la última Estadística de despidos y su coste, que publicó el Ministerio de Trabajo hace apenas dos semanas.

El dato es llamativo porque los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres y son precisamente las retribuciones el parámetro básico sobre el que se calcula la indemnización: 20 días de sueldo por año trabajado para los despidos por causas objetivas, 33 días para los improcedentes. De hecho, en 2022, el último año del que ha publicado datos la Encuesta de estructura salarial del INE, la brecha salarial, entendida como la diferencia entre el salario bruto por hora de hombres y mujeres, se situó en el 9%.

Es más, la encuesta se encarga de destacar que, en todas las actividades económicas en las que la representación femenina es “significativa”, las mujeres tienen siempre un salario inferior al de los hombres. Otra muestra adicional de la desigualdad salarial por sexos es que el 30% de las mujeres percibió en 2022 menos de 15.000 euros anuales, mientras que en el caso de los hombres no llegaron al 14%. Por el contrario, en la parte superior de los salarios, el 35% de los hombres cobró más de 30.000 euros anuales, pero sólo superó ese límite el 27% de mujeres.

Y esa diferencia se reproduce independientemente del tipo de contrato. Los sueldos de las mujeres con contrato indefinido son un 10,2% inferiores a los de los hombres y un 5,5% menores si tienen contratos temporales.

No obstante, los salarios femeninos no han dejado de subir, e incluso mejoran más que los de los hombres. En 2022, el sueldo medio de las mujeres creció un 5,1%, mientras que el de los hombres lo hizo un 3,5%. Aun así, ese año el salario medio de las trabajadoras españolas ascendía a 24.359,82 euros; el de los trabajadores se elevaba a 29.381,84 euros, un 20,6% más.

El segundo parámetro para calcular la indemnización es la antigüedad del trabajador o trabajadora. ¿Están despidiendo las empresas a trabajadoras más veteranas?

La estadística de Trabajo no ayuda a contestar a esa pregunta. Porque, al desglosar las cuantías medias de los despidos por la antigüedad del trabajador y su sexo, resulta que las mujeres cobran indemnizaciones más elevadas sólo cuando llevan menos de tres meses en la empresa. Las cantidades recibidas por los hombres empiezan a ser superiores que las recibidas por las mujeres cuando acumulan más de tres meses de antigüedad. Y la brecha se agranda según crece el tiempo de permanencia en la empresa: mientras que entre tres y seis meses de antigüedad la diferencia entre la indemnización masculina y la femenina es sólo de 80,6 euros a favor de los hombres, entre uno y dos años ya es de 814,3 euros, y nada menos que de 4.872,4 euros si llevan más de dos años trabajando en la misma compañía.

infoLibre ha preguntado tanto al Ministerio de Trabajo como a CCOO y UGT por las causas de este cambio. El departamento que encabeza Yolanda Díaz atribuye el alza de las indemnizaciones de las mujeres al aumento del número de mujeres que han pasado de tener contratos temporales a indefinidos desde la reforma laboral. Según la estadística de contratos del SEPE, las conversiones de contratos temporales a indefinidos de mujeres ascienden a 1,01 millones desde enero de 2022 hasta noviembre de 2024. En el caso de los hombres, fueron 1,2 millones. En 2022, el primer año de aplicación de la reforma, las conversiones de temporales a indefinidos se dispararon hasta 1,32 millones, un 51,8% más que en 2021. Pero crecieron mucho más las de mujeres: las 228.232 nuevas indefinidas equivalen a un alza del 62,2%, mientras que los 226.817 nuevos indefinidos dejan su mejora en un 44,4%. Las que fueron despedidas de entre esas nuevas indefinidas consiguieron así mayores indemnizaciones debido a su mayor antigüedad, explica el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, UGT apunta hacia “la maternidad y la conciliación” como posibles factores. “Las empresas pagan más dinero en estos casos cuando despiden”, explica el sindicato, a falta de un análisis más detallado. CCOO cree que puede deberse a que se despiden más hombres que mujeres, lo que puede haber “tirado hacia abajo” la media de las indemnizaciones masculinas. Ciertamente, en 2023 se rescindió el contrato a 345.165 hombres, 97.754 más que a mujeres. No sólo ha crecido más el número de hombres despedidos desde 2021 –han aumentado un 35,4% en esos tres años, cuatro puntos porcentuales más que los de mujeres–, sino que también lo ha hecho la brecha con el número de mujeres. Si en 2021 se despedía a un 35% más de hombres que de mujeres, en 2023 la diferencia alcanzaba el 39,5%.

Así, la cuantía media de una indemnización por despido para una mujer con contrato indefinido a tiempo completo alcanzó en 2023 los 10.201,5 euros, 656,6 euros más que la pagada a un hombre, casi un 7% más. Las indefinidas a tiempo parcial también cobraron –2.281,3 euros– más el año pasado al ser despedidas que los hombres con esos mismos contratos, 701,8 euros más de media. Pero eso no es una novedad, puesto que siempre ha sido así: los contratos a tiempo parcial son en su mayoría firmados por mujeres. Las fijas discontinuas percibieron indemnizaciones de 1.728,5 euros, 296,6 euros más –un 21% más– que sus compañeros masculinos, pero también se trata de un tipo de contrato muy feminizado. Eso sí, el cambio de tendencia se adelantó un año a la reforma laboral, porque comenzó en 2021.

Por el contrario, los hombres siguen recibiendo compensaciones más altas cuando tienen contratos temporales, tanto con jornada completa como parcial: 483 más en el primer caso y apenas 29 euros más en el segundo.

La estadística de Trabajo permite además echar la vista más atrás y comparar el número de despidos y la cuantía de las indemnizaciones desde 2015. Los trabajadores a los que se extinguió el contrato han crecido un 32% en ese plazo de tiempo, desde la gran crisis financiera, cuando la tasa de paro era del 23,8% –en el primer trimestre de 2015–, hasta la posreforma laboral, con un 11,7% al cierre de 2023, casi 12 puntos menos. Han aumentado tanto los despidos disciplinarios –un 28%– como los objetivos –un 42,5%–, pero han caído los colectivos, los ERE, un 48,8% desde el máximo que alcanzaron en 2021. Aun así, siguen un 18,3% por encima de los registrados en 2015.

Lo mismo ocurre si el recuento se hace según el tipo de contrato. Los de indefinidos a tiempo completo se han disparado un 78% y aún más los de indefinidos a tiempo parcial, un 116%. Como también se hacen muchísimos más contratos fijos discontinuos, sus despidos casi se han sextuplicado desde 2015, cuando era una figura poco usada por las empresas. En sintonía con la caída del empleo temporal abusivo, se han recortado igualmente los ceses de estos trabajadores, un 68,3% los empleados a jornada completa y un 72,6% los de jornada parcial.

Pero sin duda lo más significativo es la caída de las indemnizaciones: casi un 26% desde 2015, desde los 10.045 euros de 2015 hasta los 7.446,3 euros de 2023. En el caso de quienes tenían un contrato indefinido a tiempo completo, la reducción de la cuantía media casi es del 50% –de 19.380 euros a 9.768– , y casi de un 40% la de quienes tenían uno a tiempo parcial. Para los fijos discontinuos el recorte ha sido mayor, de un 70,4%, de 5.275,4 a 1.559 euros. Por el contrario, las compensaciones de los temporales han mejorado en ocho años un 19% –hasta 1.466 euros–  y un 34% –hasta 660,7 euros–, dependiendo de si la jornada era completa o parcial.

El pasado mes de julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales dictaminó, a resultas de una reclamación presentada por UGT, que las indemnizaciones establecidas por la ley española para los despidos improcedentes no son lo bastante elevadas “para reparar el daño real sufrido” por el trabajador y “para ser disuasorios para el empleador”. A su juicio, el sistema de indemnización “tasado y topado” español no respeta la Carta Social Europea, que España ha firmado. La intención manifestada por el Ministerio de Trabajo es cumplir esa resolución modificando el actual sistema de cálculo de las compensaciones por despido improcedente, de forma que éstas sean realmente “reparativas” del daño causado al trabajador.

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

Economistas y psicólogos sociales llevan años estudiando la propensión a mentir de los seres humanos. Han sometido a experimentos a grupos de personas para averiguar quiénes mienten más o si hay diferencias culturales que expliquen por qué algunos son más propensos a no decir la verdad. También han probado a aumentarles los incentivos para engañar o a imponerles castigos y observar su reacción. Dos investigadores la Universidad de Konstanza (Alemania) y del Instituto de Economía de Thurgau (Suiza), Urs Fischbacher y Franziska Föllmi-Heusi, utilizaron a 746 estudiantes de la Universidad de Zúrich y del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich en un estudio empírico que duró de 2004 a 2007. Les hicieron tirar un dado en un laboratorio universitario. Nadie más que ellos podía ver el resultado. Si salía un uno, recibían un franco suizo; si salía un dos, recibían dos francos. Así sucesivamente hasta el seis, en cuyo caso no se les pagaba nada. Pues bien, el 20% mintió hasta el límite para “maximizar sus beneficios”, mientras que el 39% fue totalmente honesto al informar del resultado. Otro 20% estaba compuesto por mentirosos “parciales”: no dijeron la verdad, pero tampoco maximizaron su recompensa.

Unos años más tarde, dos investigadoras del Departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Katharina A. Janezic y Aina Gallego aplicaron el experimento a un grupo muy concreto de ciudadanos: los políticos. Hasta ese momento nadie se había ocupado de estos profesionales, pese a que la mayoría de los ciudadanos les atribuyen, precisamente, la facultad –o el vicio– de mentir.

Para ello eligieron a un tipo muy concreto de políticos, los alcaldes. Seleccionaron a los que gobernaban municipios con más de 2.000 habitantes. E hicieron algunas variaciones sobre el modelo inicial de Fischbacher y Föllmi-Heusi. Entrevistaron a 816 alcaldes españoles y les preguntaron cómo de interesados estarían en recibir un informe sobre gestión municipal, preferencias políticas, antecedentes y expectativas profesionales. El 48% se mostró muy interesado y el 40% bastante interesado. El 88%, por tanto, tenía un incentivo para mentir. Pero las investigadoras no utilizaron un dado para probar su propensión a mentir. Les pidieron que lanzaran una moneda al aire en privado y, si salía cara, recibirían un informe personalizado con las respuestas de la encuesta.

El resultado fue elocuente. Una proporción sustancial de los alcaldes mintió. Las probabilidades de que salga cara o cruz al lanzar una moneda al aire son del 50%. Así que todo lo que supere esa cifra es sospechoso. Resultó que el 68% de los alcaldes dijo que le había salido cara. Entre los que aseguraron que estaban muy interesados en recibir el informe el porcentaje aumentó hasta el 76%. Entre los que dijeron que no estaban interesados, sólo el 44,5% indicó que le había salido cara. Es decir, “la perspectiva de recibir el informe incentivó la mentira especialmente entre quienes valoraban más la recompensa”, concluyen las investigadoras. El 32%, en cualquier caso, dijo la verdad: que le había salido cruz.

Si los alcaldes son más mentirosos que otros grupos sociales, puede aventurarse comparando con los resultados de un experimento similar llevado a cabo con banqueros: el 52% del grupo de control y el 58% del resto de la muestra dijeron que les había salido el resultado que proporcionaba la recompensa.

Falsear el lanzamiento de una moneda puede parecer una mentirijilla infantil pero, en este experimento social, lo que no es más que “una mentira no observable [nadie ve al alcalde lanzar la moneda al aire] que sólo beneficia al mentiroso” se convirtió en un incentivo válido para medir la propensión de los alcaldes a ocultar la verdad a fin de obtener un rédito. “Los políticos se ven con mucha frecuencia en situaciones donde obtienen información confidencial que les beneficia y donde las probabilidades de que se descubra su falta de honradez son muy bajas”, argumentan Janezic y Gallego. Por ejemplo, pueden manipular informes que rebaten sus políticas.

“Los alcaldes tienen poder, deciden sobre presupuestos, por ejemplo”, explica Aina Gallego a infoLibre cuando se le pregunta si el porcentaje de mentirosos habría sido mayor de haber sometido al experimento a políticos de la primera línea nacional. “Los diputados, aunque puedan parecer políticos más profesionales, en realidad no tienen tanto poder”. De los alcaldes de las cinco mayores ciudades españolas, sólo les respondió uno, apunta.

Otra de las conclusiones del estudio es que hombres y mujeres mienten por igual. Gallego destaca que ese resultado contradice el de otros experimentos anteriores que señalaban a las mujeres como menos embusteras. Donde sí hay una diferencia es en que las mujeres son menos corruptas. Porque, cuando son descubiertas, se las castiga más duramente que a los hombres, asegura la investigadora. Como se las juzga según estándares más estrictos, “las mujeres se anticipan y su comportamiento suele ser más ético”.

El experimento también sirvió para probar que mienten más los alcaldes de los dos mayores partidos, PP y PSOE, que los militantes de fuerzas regionales o locales. El 71% de los alcaldes del PP y el PSOE dijo que les había salido cara, por el 64% de los pertenecientes a partidos más pequeños. Las autoras avanzan dos posibles explicaciones. En los grandes partidos, armados sobre mayores aparatos burocráticos adonde es más fácil que se aproximen los corruptores, los políticos pueden estar más expuestos a prácticas dudosas. O bien, en los grandes partidos prevalecen los políticos con menos ética ya que su mayor acceso al dinero y el poder les proporciona además mayores oportunidades de ser corruptos.

Pero lo más relevante del estudio, subraya Aina Gallego, fue que permitió establecer una correlación –no causalidad– entre la propensión a mentir de los alcaldes y su supervivencia política. En otras palabras, mentir puede ser garantía de éxito. A los regidores municipales se les preguntó si iban a presentarse a la reelección en los comicios del 5 de mayo de 2019 –el experimento se llevó a cabo entre julio de 2018 y enero de 2019–. El 80% contestó que iba a repetir candidatura. Y el 65% de los que formaban parte de la muestra fueron, en efecto, reelegidos en sus ayuntamientos. Estos dijeron que les había salido cara en un 71%, mientras que entre los no reelegidos sólo el 63% dio ese resultado. Según los cálculos de Janezic y Gallego, haber dicho que en el juego salió cara se tradujo en un aumento de ocho puntos porcentuales en las probabilidades de ser reelegido.

Es más, hubo quienes dijeron que no se volverían a presentar y sí lo hicieron, y de ellos el 78,5% respondió que les había salido cara al lanzar la moneda. “Es más probable que los alcaldes menos honrados oculten su deseo de ser reelegidos”, concluyen las investigadoras.

El éxito electoral de los alcaldes más propensos a la mentira parece confirmar también que los escándalos de corrupción no penalizan en las urnas. El estudio tampoco descarta que la inclinación a mentir aumente las probabilidades de tener un comportamiento corrupto.

“Parece que los más manipuladores ganan más”, resume Aina Gallego, para después mencionar a Maquiavelo. El italiano lo llamaba flexibilidad y aconsejaba a los gobernantes “adaptarse a las circunstancias y cambiar de táctica según convenga”. “El príncipe”, sentenció, “debe ser un gran simulador y disimulador”.

Los alcaldes participantes en el experimento recibieron su informe personalizado, tal y como se les prometió, pero nunca supieron que habían sido utilizados para estudiar su propensión a mentir. Esa parte de la encuesta la estarán conociendo ahora si han leído estas líneas.

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

Movistar Plus estrena este martes 10 de diciembre, a las 22 horas, la segunda parte del documental Narcogallegos, dirigido por Víctor Méndez Sanguos, quien también es periodista, creador de Narcodiario, el único medio español especializado en informar sobre el tráfico de drogas internacional, y colaborador de infoLibre.

La segunda entrega de Narcogallegos ofrece imágenes inéditas de los registros que las fuerzas de seguridad hicieron en el mayor astillero dedicado a la construcción de embarcaciones para el narcotráfico que se ha desmantelado en España. Su propiedad se atribuye a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico narco gallego, quien está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por un alijo de casi cuatro toneladas de cocaína a bordo de un barco procedente de Ecuador que fue interceptado en las islas Azores en 2017. La Fiscalía pide para él 31 años y seis meses de prisión.

El hilo de conductor del documental es precisamente una operación ejecutada a principios de este mismo año en Galicia, en la que se incautaron más de cinco toneladas de cocaína, traídas desde América del Sur en un narcosubmarino que, tras entregar la mercancía, quedó varado en la Ría de Arousa (Pontevedra).

En Narcogallegos también se describe cómo las islas Canarias se han convertido en el gran centro logístico de las diferentes mafias de la droga. Y la violencia que las acompaña, como bien atestiguan los ajustes de cuentas y los ataques que sufren las fuerzas de seguridad.

Queda así al descubierto la nueva realidad del tráfico internacional de cocaína: uso de narcosubmarinos, las comunicaciones encriptadas con las que dirigen los alijos los grandes capos –y que las policías de Europa y EEUU ya han conseguido descifrar–, la implantación de laboratorios de producción en España –ya no se fabrica la droga sólo en América del Sur, como antes–.

Desde hace ya un tiempo, además, los grandes señores de la droga se han organizado en cooperativas internacionales y muchos de ellos dirigen sus negocios desde Dubái. Allí disfrutan de una vida de lujo, con grandes propiedades inmobiliarias que les permiten blanquear sus cuantiosos beneficios, y mayor tranquilidad, debido a la seguridad que les proporciona el régimen autocrático del emirato –su índice de criminalidad es de los más bajos del mundo–.

Desde Dubái los principales capos mundiales siguen organizando la importación a Europa de más cocaína que nunca, debido al exceso de producción en América del Sur. El polvo blanco ya no sólo procede de Colombia, sino también de Brasil y Ecuador. Y entra en Europa a través de España. Estas organizaciones, se explica en el documental, no sólo están cada vez mejor estructuradas, sino que también son cada vez más violentas, como han podido comprobar Países Bajos y Bélgica bajo la amenaza de la Mocro Maffia.

“Sito Miñanco ya es una figura más simbólica que operativa”, explica Víctor Méndez, “los narcos más importantes son aquellos cuyos nombres desconocemos”.

La agricultura española del siglo XXI dibuja un paisaje marcado por la paradoja: mientras el abandono de las explotaciones familiares despuebla las zonas rurales, cada vez más fondos de inversión se lanzan a comprar las tierras más rentables para extraerles el máximo beneficio en el menor tiempo. Pequeños y medianos agricultores luchando por sobrevivir, explotaciones industriales que copan la producción y el valor añadido, y grandes terratenientes regados con las millonarias ayudas europeas componen un sector primario de 914.871 explotaciones y 24 millones de hectáreas, responsables del 2,3% del PIB.

Además, ese contraste crece cada día. Según los datos de la Farm Accountancy Data Network (FADN Data) de la Unión Europea, la brecha de ingresos entre las explotaciones más pequeñas y las más grandes no ha dejado de aumentar en los últimos años. En Europa y en España. La base de datos mide los ingresos de una explotación como valor añadido neto por cada unidad de trabajo anual (UTA: el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), o bien por unidad de trabajo familiar (que sólo incluyen a las explotaciones sin mano de obra remunerada), y los desglosa según el tamaño económico de granjas y cultivos.

Así, en 2010, el valor añadido neto por UTA de las explotaciones más grandes era cinco veces –38.565 euros– el de las más pequeñas –8.162 euros–. En 2022, la distancia se había multiplicado por 22: 3.484 euros las de menor tamaño y 74.959 euros las de mayor. Es decir, la brecha se había más que cuatriplicado.

Pero si se consideran los ingresos por unidad de trabajo familiar, la grieta es aún más profunda. En 2010, las explotaciones de mayor tamaño económico ingresaban 13 veces más –94.707 euros– que las más pequeñas –7.297 euros–. Doce años después, ingresaban 60 veces más –182.219 euros–. La distancia, por tanto, se había quintuplicado. Aunque hubo años, como 2019, en que llegó a ser 95 veces más e incluso 101 veces más en 2020, el año de la pandemia, cuando los ingresos de las más grandes alcanzaron los 262.435 euros. Es decir, la brecha se convirtió casi en abismo, al multiplicarse por ocho.

No obstante, estas cifras sólo incluyen las explotaciones que la UE etiqueta como “comerciales”, aquellas con una producción por encima de los 2.000 euros, en teoría el umbral de ingresos suficientes para que los agricultores y ganaderos mantengan a sus familias. Por tanto, quedan fuera de la lupa de la FADN un total de 161.943 explotaciones españolas que producen por debajo de esos 2.000 euros y que son el grupo más numeroso del censo agrario de 2020. Las de mayor tamaño económico, con una producción anual superior a los 500.000 euros, sólo ascienden a 13.774. En conjunto, las microexplotaciones suman una producción estándar total (PET) de 164,43 millones de euros, mientras que las más grandes producen por valor de 17.635,77 millones de euros. En efecto, un abismo.

En la Europa de los Veintisiete, el panorama es similar: de 2015 a 2022, la brecha de ingresos netos por UTA entre grandes y pequeñas ha pasado de ser de 98 veces a 159 veces; casi se ha duplicado.

Una tendencia que parece imparable. El número de explotaciones agrarias en Europa se ha reducido en un 37% en los últimos 15 años, tras perderse 5,3 millones desde 2005. En su inmensa mayoría se trataba de pequeñas granjas y cultivos. En España, comparando los dos últimos censos agrarios, publicados en 2009 y 2020, han desaparecido 56.731 explotaciones.

En cualquier caso, España está lejos de países del Este como Bulgaria, Hungría o Polonia, donde más del 75% de las granjas y cultivos son explotaciones no comerciales o de subsistencia, siguiendo el criterio de la FADN. Otro tanto ocurre también en Portugal o Grecia. Si se elige como criterio de selección la superficie agraria útil (SAU), la media española es de 26,1 hectáreas, de acuerdo con las cifras de Eurostat recogidas por el Ministerio de Agricultura en su último Informe anual de indicadores. Por tanto, España está por encima de la media comunitaria –17,1 hectáreas–, pero muy por debajo de las 63,1 hectáreas de Alemania y las 69,6 de Francia. De ahí que, con una producción por explotación agraria de 49.569 euros, también quede a años luz de los 163.665 euros de Francia, los 472.527 euros de Países Bajos y por supuesto de los 1,37 millones de euros de Alemania.

Es en estos países, junto con Bélgica, Dinamarca y Eslovaquia, donde se concentran las grandes explotaciones agrarias. En 2009, había en España sólo 8.505 explotaciones que produjeran por encima de los 500.000 euros. Once años después, su número ha crecido un 62%. Por el contrario, en 2009, las granjas y cultivos españoles con una producción estándar total inferior a los 2.000 euros alcanzaban los 228.636, un 29% más de los que recogió el censo agrario en 2020.

Lo que no quiere decir que todas estas explotaciones fueran liquidadas. “La superficie no desaparece, desaparecen los titulares [de las explotaciones]”, resume José Manuel Delgado, del gabinete técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Un informe de Cocampo, una empresa especializada en venta de suelo rústico, revela que los fondos de inversión y las grandes industrias agroalimentarias están comprando tierras a agricultores pequeños y medianos. Muchos de ellos, la mayoría, abandonan por falta de rentabilidad. “Antes, en Castilla y León, un agricultor podía vivir del cereal con 70 u 80 hectáreas; ahora es inviable tener menos de 100”, advierte Delgado. Pero también tiran la toalla por falta de relevo generacional. El 41% de los actuales dueños de explotaciones agrarias tienen más de 65 años. Y el despoblamiento es acuciante en zonas de montaña y de secano. “Es muy difícil que regresen los jóvenes que se han ido”, lamenta Delgado, “y no es sólo porque las explotaciones no sean rentables, sino porque en las áreas rurales faltan dotaciones y servicios, sanidad, transporte público… que deberían facilitarse si no a nivel municipal, sí al menos comarcal”.

Pero otras explotaciones, las menos, consiguen ganar tamaño. Con muchas dificultades. Tienen más problemas para acceder a los créditos, con los que aumentar inversiones o modernizarse, que las grandes granjas y cultivos, más beneficiados en la distribución de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que se reparten según el número de hectáreas. El 8% de los ingresos de las explotaciones españolas procede de esas subvenciones europeas, el mismo porcentaje que en Alemania e Italia. Los que más ayudas reciben son los agricultores de Estonia y Lituana, con un 15%.

“La cuestión fundamental estriba en quién es empresario: quien asume un riesgo y tiene capacidad para invertir. Ahí es hacia dónde debe ir la UE”, apunta José María Castilla, director en Bruselas de Asaja, la patronal de los grandes productores agrícolas. A su juicio, que las explotaciones ganen en tamaño “beneficia a la UE”: “La forma natural de crecer es ser más profesional, tener más hectáreas y ser más eficiente, lo que no es incompatible con el modelo familiar”.

Greenpeace no está tan de acuerdo. En un informe publicado el pasado octubre y titulado Go big or go bust (Crecer o quebrar), denuncia que el actual sistema agrario, “impulsado por las subvenciones públicas, la financiación privada y la presión política, obliga a los agricultores a aumentar de tamaño para sobrevivir”. Además, esa presión por crecer y crecer, y por maximizar la producción, tiene consecuencias no deseadas: aumenta el desempleo en los pueblos, agranda la brecha económica y social con las ciudades, se relaja el bienestar animal en las polémicas macrogranjas y se destruye la naturaleza, advierte la organización ecologista.

José María Delgado destaca la mayor vulnerabilidad de las pequeñas explotaciones al cambio climático o al aumento de los precios de los fertilizantes o los combustibles, que a veces no se cubren con los precios que les pagan la industria agroalimentaria y la distribución. Por eso, UPA pide una PAC “más social, que haga lo que no hace el mercado”. Delgado precisa que las ayudas públicas deberían diferenciar y priorizar por territorio, apoyando a las zonas despobladas, por edad del titular, para ayudar a los jóvenes o, si el titular de la explotación es una mujer, para frenar la masculinización del sector primario. Los requisitos medioambientales, añade, también deberían fijarse en función del tamaño y el modelo empresarial de la explotación. Por eso, UPA pide que se apruebe una Ley de la Agricultura Familiar, tal y como prometió el Gobierno.

Por el contrario, Asaja no quiere ni oír hablar de una PAC “redistributiva”. “Tiene el mismo problema la primera vaca que la 101, la primera hectárea que la hectárea 101”, explica José María Castilla, quien hace suyo un lema de sus colegas de la patronal agraria andaluza: “No puede existir una PAC verde en números rojos”, en referencia a los cada vez mayores requisitos medioambientales de las ayudas públicas europeas.

Mientras tanto, los rebaños de ovejas, el ovino extensivo, por ejemplo, está desapareciendo por la falta de consumo y de rentabilidad; los grandes empresarios agrícolas españoles han empezado a cultivar tomates, más baratos, en Marruecos y Turquía, y fondos de inversión nacionales y extranjeros han visto oportunidades de gran negocio en los cultivos leñosos, como los frutales, el olivar y los viñedos. Por citar sólo algunos: Beka Finance –que tiene como presidente de honor de su comité de inversión y asesor al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete– ha comprado 400 hectáreas de almendros en Talavera de la Reina, Atitlan tiene 3.200 hectáreas de pistacho a través de Agnbro Capital, Azora compró el 33% de Isfa, empresa propietaria de 10.000 hectáreas de almendros, Miura Partners gestiona 30.000 hectáreas de cítricos gracias a Citri&Co, Portobello Capital tiene sede en Luxemburgo y el 38% de Eurocebollas, que explota 700.000 hectáreas de cebolla y ajo…

La producción agrícola europea ha crecido un 6,7% desde 2010 hasta 2023, según cifras oficiales del pasado octubre, y ha dejado atrás los dos años anteriores de problemas y sequía. Es un buen negocio, con una productividad que no ha dejado de crecer desde hace 13 años, un 9,1%. Esa productividad creciente procede de las explotaciones más grandes, asegura la Comisión Europea, y del cada vez menor número de trabajadores agrícolas. En España, el sector primario empleaba en 2023 a 675.300 personas, un 3,5% menos que un año antes. Pero desde 2021 el trabajo asalariado en la agricultura española ha caído casi un 14%, más del doble que el no asalariado. Y es que en España el 55% del empleo en el sector primario aún es familiar.