Una sigilosa negociación que se va alargando como los plazos de las obras. Parece que está a punto pero no llega. Las conversaciones entre PP y Vox en Extremadura, según los propios implicados, se encuentran en su fase final. Y las últimas reuniones, con un tono más cordial, se han centrado en el llamado ‘acuerdo programático’ que, a priori, marcará las políticas regionales los próximos cuatro años. La ultraderecha se mantiene firme en sus postulados a exigir haciendo gala de que su porcentaje de apoyos se ha duplicado en las últimas elecciones (pasó de un 8% a un 16% de representación, quedándose como tercera fuerza). De hecho, el portavoz extremeño Óscar Fernández lanzó tras el último encuentro en Mérida: “Ya se reconoce cuál es el peso de Vox”. Hablaba sobre “la actitud” de la presidenta popular en funciones, María Guardiola, para cerrar el pacto.

Pero, ¿qué se aborda realmente en ese citado ‘acuerdo programático’? Oficialmente no ha trascendido cuáles son los puntos calientes, pero hay experiencia previa de concesiones y malestar entre miembros del PP cuando se tocan determinados asuntos.

¿Qué es lo que ya ha ocurrido? Lo primero fue la eliminación de la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola (que apenas ha durado dos años y medio) arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia, a su departamento, puesto que eran “un eje prioritario” y que por ello debería ser abordado “de manera transversal desde las diferentes políticas”.

En esta nueva negociación que ahora hay sobre la mesa, Vox insiste en, por ejemplo, eliminar las ayudas a las asociaciones ligadas a la “ideología de género”. Las entidades que trabajan con mujeres en Extremadura, entre otras funciones, prestan apoyo a las víctimas.

Otra cuestión que forzaron los ultras fue la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y la imposición de otra de ‘Concordia’. Fuentes del PP admiten que “no era en absoluto una prioridad para ellos entrar en esta cuestión”, de hecho, en un primer momento, los populares criticaron la propuesta de Vox y la apartaron.

Pero posteriormente no fueron capaces de sacar adelante los presupuestos de 2025 porque no hubo respaldo del resto de grupos parlamentarios, y optaron por un decreto urgente de medidas fiscales para salir del paso y para el que volvían a necesitar a Vox. Y ahí sí: la Memoria Histórica sirvió de moneda de cambio. Se dio luz verde tanto al decreto como a la llamada Ley de Concordia.

Y entre esas medidas aprobadas, ayudas a los jóvenes para acceder a la vivienda, pero también extender la bonificación del Impuestos de Sucesiones y Donaciones a personas con un vínculo familiar especial y la gratuidad de las tasas de las licencias de caza y pesca.

En materia sanitaria la relación PP-Vox también ha dejado huella. La más evidente: ahora los jefes de servicio de los hospitales públicos pueden ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno reformó la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios que son quienes gestionan las listas de espera.

Si bien era una medida que el PP veía con bueno ojos, fue Vox quien se adelantó y la colocó en la agenda.

Habría que recordar que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía la citada dedicación exclusiva. En la región extremeña existía desde 2006; la puso en marcha el fallecido socialista Guillermo Fernández Vara cuando ejercía de consejero de Sanidad.

¿Y ahora? Hay una polémica que se arrastra desde la anterior legislatura: el intento de derogar la ley LGTBI, que el año pasado cumplió una década y que precisamente puso en marcha el gobierno popular de José Antonio Monago. Fuentes del PP aseguran que sigue siendo uno de los puntos complejos.

Ya en la anterior legislatura ambas formaciones se enfrentaron en un tenso debate en la Asamblea por la intención de la ultraderecha de acabar con esta ley. “Quizá no será hoy, pero lo haremos”, terminó sentenciado la formación liderada por Santiago Abascal.

Los de Vox se agarraron de nuevo a argumentos como el fomento de las «asociaciones chiringuiteras» y «la gran mentira de la autopercepción de género».

Desde el PP los acusaron de “buscar problemas donde no los hay”. Además, el entonces diputado y ahora presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, expresó que para su grupo la defensa del colectivo LGTBI era un “convencimiento irrenunciable”.

En esta ocasión, tanto PSOE como Unidas por Extremadura se pusieron de parte del PP y la ley se salvó. Pero sigue siendo un punto a debatir.

Impuestos e inmigración

Otro tema en la diana es la nuclear de Almaraz. Ambos partidos defienden su continuidad y que se les quite impuestos a las propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). De momento el PP ha activado una rebaja progresiva de la ecotasa, pero Vox pide la eliminación total de la misma.

El entorno de la central cacereña es un caladero de votos para las dos formaciones. En el adelanto electoral del 21D, tanto en Almaraz como en Navalmoral de la Mata (donde viven muchos trabajadores) la ultraderecha quedó como segunda fuerza, por detrás del PP pero por delante del PSOE.

Y otro de los asuntos que genera discrepancias entre la derecha y la ultraderecha, aunque el debate se escapa del ámbito autonómico, es la inmigración. En la fallida sesión de investidura de Guardiola, el pasado mes de marzo, si bien la presidenta en funciones habló de una oportunidad para crear empleo y aumentar la población, desde Vox zanjaron: “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”.

Lo cierto es que cuando Abascal dio la orden de que su partido se saliera de todos los gobiernos autonómicos argumentó que era por estar totalmente en contra de que las comunidades acogieran a menores migrantes.

Ahora la negociación PP-Vox seguirá después de Semana Santa. Con otra sintonía, con el foco nacional encima, con la tutela desde Madrid y después de que la relación haya pasado por todas las fases.

Una convocatoria a la misma hora y en el mismo sitio pero enviada por separado. La de Vox llegó antes que la del PP. A las 16:00 horas en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. Los indicios eran evidentes. Ambos partidos se manifestarían a la vez ante los medios de comunicación para, este miércoles 25 de marzo, en vísperas de Semana Santa y tras diversas reuniones mantenidas, anunciar el famoso y esperado acuerdo que “casi está”, que va “muy adelantado”, pero que sigue sin cerrarse.

No obstante, los que hicieron de portavoces de ambas formaciones no dijeron nada nuevo ante los micrófonos. Y hablaron por separado. “Todavía no hay ningún tipo de acuerdo, pero esperamos que lo haya en un futuro, somos optimistas”, aseguró, de nuevo, Óscar Fernández Calle, portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea. Además, destacó la “predisposición” de la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, para acercar posturas: “Reconoce con los hechos y en estas reuniones cuál es el peso de Vox”, recalcó Fernández Calle.

Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, subrayó que las reuniones de los últimos días han sido “muy positivas”. “Todos queremos un gobierno cuanto antes, pero esa ansiedad no nos puede llevar a la inestabilidad”, insistió. Esta vez pretenden completar los cuatro años de legislatura y no quedarse a medias.

A pesar de todo, sí ha habido avances en el acuerdo programático, aunque aún no se ha dado a conocer públicamente. Este miércoles se abordaron cuestiones que afectan directamente al territorio extremeño como el regadío de Tierra de Barros (Vox ha acusado a PP y PSOE de abandonarlo) y la central nuclear de Almaraz, para la que los ultras piden aún más facilidades en forma de bajada de impuestos a las empresas propietarias para que se alargue su vida útil.

Las medidas generales que la formación de Santiago Abascal pone sobre la mesa también se están abordando. Son, entre otras, “más seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde y fin del adoctrinamiento en las aulas”.

En la reunión de este miércoles de lo que no se ha hablado es del reparto de consejerías y de si habrá una vicepresidencia para la ultraderecha en el nuevo Gobierno de Extremadura. O al menos eso es lo que han transmitido.

Fuentes de Génova admiten que a Vox “le está costando” encontrar perfiles “de gestión”, motivo que está retrasando las conversaciones respecto a este reparto de puestos. Este extremo no lo confirman en la formación de extrema derecha a preguntas de este periódico.

La realidad es que ya han pasado más de tres meses desde el 21D, cuando se celebró el adelanto electoral impuesto por Guardiola. Desde entonces ha habido mucha expectación, mucha puesta en escena y mucho ruido. Y, de momento, sin resultado.

La estrategia de Vox se ha ido evidenciando con el paso del tiempo: primero esperar a las elecciones en Aragón, donde duplicaron su representación; y después a los comicios en Castilla y León, donde, aunque subieron, no llegaron a los apoyos esperados. El objetivo era ir ganando posiciones y fuerza más allá de las necesidades de los territorios. Mientras tanto, Extremadura ha estado a la espera de que las direcciones de PP y Vox, desde Madrid, dieran algún paso.

En su último anuncio, el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se había marcado como fecha “antes de la Semana Santa” para alcanzar un acuerdo, pero ahora se evita hablar de plazos concretos. Las reuniones continuarán la semana que viene. Hay fuentes que apuntan a que el pacto definitivo podría llegar a finales de abril, esto es, un mes más tarde del horizonte señalado como límite.

Desde Génova trataron desde el primer momento de rebajar la reunión de este miércoles en Mérida. Fuentes del equipo de Feijóo hablaban de “acercamiento”, pero alejaban la posibilidad de un acuerdo inminente entre ambas formaciones. Es más, en Génova admiten que la desconfianza mutua entre ambos partidos –que se han acusado de filtrar información a la prensa para tratar de desgastar al otro–, así como las próximas elecciones en Andalucía, convocadas por Juanma Moreno, han retrasado el pacto. 

Lo que sí remarca la dirección nacional del PP es que su número dos, Miguel Tellado, se está involucrando en las conversaciones, hasta el punto de desplazarse hasta Extremadura este miércoles 25 de marzo frente a la otra negociadora, Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo, que ha asistido telemáticamente a las reuniones. El movimiento de Tellado evidencia, a juicio de algunas voces del partido, que Feijóo no se acaba de “fiar” de la presidenta Guardiola. Desde el PP extremeño han trasladado sus reservas, a través de sus chats grupales, a la estrategia de “ninguneo” de la cúpula nacional.

Por otra parte, el viaje de Tellado le ha impedido preguntar durante la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que siempre dirige sus cuestiones parlamentarias. No se trata de un asunto menor ya que la de este miércoles ha sido la última sesión de Montero antes de dejar su cartera para ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Un ‘sacrificio’ que Feijóo ha realizado para acercar posturas con Vox a costa de la propia autonomía de la presidenta extremeña. Al margen de ella, el resto de barones autonómicos negocia de ‘tú a tú’ con la extrema derecha.

No lo ha tenido fácil en estos tres meses Guardiola. Primero Abascal aseguró “no descartar pedir su cabeza” si ella era un impedimento para alcanzar un pacto. Después cambiaron la estrategia y en la sesión de investidura fallida en la Asamblea de Extremadura, Fernández Calle le remarcó que no había acuerdo por culpa de Génova y que “sus enemigos estaban en su partido”.

Además, tanto Guardiola como Calle y Abascal han protagonizado sonoros rifirrafes en redes sociales durante la campaña electoral y durante los primeros intentos de negociación que han marcado la relación entre ambos partidos.

Por ahora las posturas están más cerca, el pacto “casi cerrado”, pero el ruido permanece.

El secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado este miércoles que las negociaciones entre su partido y Vox "han avanzado mucho", pero aunque las reuniones son "muy positivas" ha desmentido que se haya alcanzado un principio de acuerdo, lo que ha confirmado el partido de Santiago Abascal, algo que ambos descartan se dé antes de Semana Santa.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha recalcado a los medios, en una comparecencia por separado, que nunca ha habido acuerdo, pero que han salido "satisfechos" del encuentro celebrado este miércoles en Mérida entre los equipos negociadores de ambas formaciones y que son "optimistas" para llegar a un entendimiento.

Por su parte, Bautista ha abogado por no caer en la "ansiedad" de tener gobierno cuanto antes, porque se trata de conseguir un acuerdo para los próximos cuatros años de legislatura y sustentado cada uno de ellos por sus presupuestos, con el fin de evitar la "inestabilidad".

El dirigente del PP ha desvelado que han hablado de rebajas fiscales, de vivienda, de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) o del proyecto de regadío de Tierra de Barros. "Todos queremos tener un gobierno cuanto antes y queremos darle el gobierno que merecen los extremeños cuanto antes; pero esa ansiedad por darle un gobierno a Extremadura no nos puede hacer llegar a un acuerdo que cayera en la inestabilidad a lo largo del tiempo", ha expresado Bautista.

A su juicio, la negociación va "por el camino correcto", pues hay "sintonía", "entendimiento" y "predisposición", además de "muchísimas más cosas" que les unen de la que les separan, ha confesado. Sin desvelar los escollos para llegar al acuerdo y tras recalcar que las medidas se tienen que sustentar en partidas presupuestarias concretas, Bautista ha rechazado marcarse plazos para alcanzarlo. Así, ha asegurado que parece "imposible" que se consiga antes de Semana Santa, pero "no por una cuestión de voluntad, sino porque aún quedan cuestiones por concretar".

El dirigente popular ha anunciado que ambos partidos intercambiarán documentación antes de este viernes y se han emplazado a retomar las conversaciones la semana que viene de forma presencial. Conversaciones en las cuales ambos han negado que se haya hablado de reparto de consejerías, paso posterior al acuerdo programático.

En la reunión de este miércoles han estado presentes dirigentes nacionales de ambos partidos, personas "idóneas" desde el punto de vista técnico y que "aportan ideas para el futuro de Extremadura", según Bautista. Entre ellos, por el PP, ha estado el secretario general, Miguel Tellado, y por Vox, los portavoces nacionales de Economía y Energía y de Vivienda, José María Figaredo y Carlos Quero, respectivamente.

Por su parte, Óscar Fernández Calle ha apostado por alcanzar un acuerdo "bueno" que garantice "realmente" el cambio en las políticas en Extremadura, sin entrar antes en el reparto de responsabilidades de gobierno y sin marcarse plazos.
"Ojalá sea antes, pero si tenemos que esperar diez horas más o un día más, no importa, mientras haya un buen acuerdo para los extremeños", ha expresado, a la vez que ha recordado que el plazo máximo es el 4 de mayo, fecha que marca la investidura fallida de María Guardiola a principios del mes actual en el que se cumplen tres meses de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Para el dirigente de Vox, hay "sintonía", "avances" y una "clara voluntad" de entendimiento. Asimismo, Figaredo ha subrayado que su partido busca un acuerdo que beneficie a los extremeños y ha negado que esté cerrado, a la vez que ha puntualizado entre las medidas que se abordan la continuidad de la central de Almaraz como "esencial" para garantizar el suministro eléctrico.

Una comisión de Vox se ha reunido este miércoles con el PP en Extremadura con la intención de alcanzar un acuerdo basado en la negociación de las medidas que la formación que preside Santiago Abascal "considera imprescindibles para alcanzar un acuerdo de Gobierno".

Así lo han asegurado en un comunicado Vox, en la que explica que en la negociación está Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

Por parte del PP, fuentes de dirección nacional han confirmado que están el secretario general, Miguel Tellado, de manera presencial, y la diputada Marta Varela por videoconferencia.

La reunión que se ha mantenido en Mérida se ha centrado "exclusivamente" en las medidas políticas a adoptar, "sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica (cuestiones que quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político), determinando plazos de cumplimiento y garantías de ejecución", según ha explicado el partido de Abascal. Las consejerías que desea Vox, según publican algunos medios son Agricultura, Industria y Seguridad, además de una vicepresidencia.

La negociación "medida a medida" implica el compromiso de llegar a un acuerdo de "seguridad en las calles; vivienda accesible; fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos; prioridad de los españoles en sanidad; fin de Mercosur y el Pacto Verde; Fin de las políticas de sustitución demográfica; la familia en el centro de todas las políticas; Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030; reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria; fin del adoctrinamiento en las aulas y rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa", según ha explicado Vox en un comunicado de prensa.¡

El encuentro, como ha publicado El Mundo, fue acordado ayer entre ambas formaciones tras suspenderse una primera reunión que fue suspendida por el partido de Abascal al culpar a Génova de haber filtrado que iba a producirse dicho encuentro. Eso ocurrió el pasado 26 de febrero, cinco días antes de que se iniciara el pleno del primer intento de investidura de la presidenta en funciones de la Junta, donde Vox votó en contra, junto a PSOE y Unidas Podemos. A ese encuentro también tenía previsto acudir la diputada del PP, Marta Varela.

Ambas formaciones han anunciado sendas comparecencias en las que harán declaraciones este miércoles a las 16:00 horas a las puertas de la Asamblea de Extremadura.

Este, pues, parece el penúltimo paso para confirmar un Gobierno de derechas en Extremadura después de casi tres meses sin acuerdo y tres semanas después de que los de Abascal tumbaran por dos veces la investidura de Guardiola que salió del debate entre lágrimas.

“Ojalá”. Es la palabra que más pronuncian cuando infoLibre les pregunta si serán capaces de vivir el proceso sin guerras internas que vuelvan a abrir fracturas. La intención es coser, mostrar alianzas y fortaleza, caminar de la mano; pero saben que la política (y el poder) también se vuelve pasión. Y, teniendo en cuenta los antecedentes, no confían del todo en que las chispas que salten provoquen algún fuego difícil de apagar. Aún así, son conscientes de que la única manera de salir del atolladero es proyectando una imagen unida y sin heridas. Tras la debacle electoral del 21D, cuando el PSOE de Extremadura tocó fondo llegando a su mínimo histórico –lo que provocó la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general–, el partido ya está inmerso en las primarias para elegir nuevo jefe. O jefa. Esta herramienta democrática permite a cualquier militante ser líder de la formación si reúne los apoyos necesarios, pero igualmente puede crear batallas que no siempre se dejan atrás.

De momento, si bien todos los implicados apuestan por un nombre de consenso “porque eso es lo que pide la militancia”, la realidad es que ha habido récord de precandidaturas: cinco voces han dicho que quieren tomar los mandos. Dos mujeres y tres hombres: Blanca Martín Delgado, Soraya Vega Prieto, Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel José González Andrade y Ramón Díaz Farias. Una expresidenta de la Asamblea de Extremadura, una exportavoz del grupo parlamentario socialista y tres alcaldes de pueblo. 

Los cinco coinciden en que se debe acabar con la división entre las dos provincias (Martín y Cotrina son de Cáceres; los otros tres, de Badajoz) y apostar por un partido regionalista, que mire más a Extremadura que a Madrid. 

Igualmente, creen que defender los derechos sociales frente a la derecha y la ultraderecha les ayudará a reconectar con sus votantes, muchos de los cuales prefirieron quedarse en casa y no acudir a las urnas en los últimos comicios autonómicos.

Y frente al panorama político actual, mantienen, por diversos motivos, su ‘no’ a una abstención del PSOE para que el PP gobierne en solitario en Extremadura sin depender de Vox. Pretenden ser una oposición combativa.

Más allá del bloqueo actual y sus posibles consecuencias (como una eventual repetición electoral el 28 de junio), afrontan este proceso con la mirada puesta en las municipales de 2027, donde se juegan su fortaleza en los ayuntamientos.   

Formaba parte del círculo más íntimo del fallecido Guillermo Fernández Vara, al que considera un maestro. Con él ejerció de presidenta de la Asamblea de Extremadura, un cargo que después ha repetido en la legislatura a medias de la popular María Guardiola, dado que el desacuerdo entre PP-Vox provocó que la Cámara regional quedara en manos del PSOE. 

Ahora sigue siendo diputada. Dice que tras el resultado del 21D se planteó la opción de tomar las riendas del partido: “Durante la campaña electoral yo hice lo que tenía que hacer”.

En referencia a Gallardo y a cómo ejerció su liderazgo, expresa: “Los procesos de primarias sabemos abrirlos pero no cerrarlos”.

“En estos momentos tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y dar una imagen de partido unido y no dividido, que luche por nuestra gente, por los jóvenes y también por los mayores, que necesitan recursos para vivir en los pueblos”, subraya. 

Asimismo, añade: “Yo no he venido a librar ninguna batalla, formamos parte de la misma familia. Hay que escuchar a los demás y quiero un proyecto fuerte y unitario”.

Ella ve como algo positivo que haya “tanta gente preocupada y dispuesta” para hacerse cargo del partido. Considera que votar en unas primarias es “darle voz a la militancia”. Vega Prieto, exportavoz del grupo parlamentario socialista y actualmente diputada, cuenta que ya en las Navidades, justo después del 21D, se planteó ser candidata. “Me escribió mucha gente para proponérmelo”, afirma. Es de las que más ha defendido frente a las cámaras la figura de Gallardo. De hecho, entre sus apoyos públicos está la sucesora de él en la Diputación de Badajoz (Raquel del Puerto) y en la alcaldía de Villanueva de la Serena (Ana Belén Fernández).

Subraya que en este proceso de primarias debe haber “mucha generosidad y saber qué es lo importante”. “No nos podemos hacer trampas al solitario. Hemos desconectado con la gente y tenemos que volver a salir a la calle para explicar cuáles son nuestras políticas de izquierda, porque las tenemos”.

En este sentido, tiene claro que el papel del PSOE a nivel regional, ahora mismo, debe ser el de una oposición responsable “que no entre en debates estériles”. “Tenemos que pararnos a pensar, ir a la profundidad de las cosas”.

Es quien más pone el foco en un partido que, si es necesario, mire hacia Extremadura más allá de las siglas del PSOE: “Tenemos de ejemplo lo que está pasando en el PP y en Vox. Desde Madrid les dicen qué día pueden reunirse”. Sánchez Cotrina es alcalde de Salorino (522 habitantes) y ha dejado temporalmente su puesto como secretario general del partido en la provincia de Cáceres mientras se desarrollan estas primarias.

Su precandidatura no ha sido ninguna sorpresa; su nombre lleva meses sonando. Por eso él se considera esa persona de consenso capaz de convencer a los demás. “La verdad es que me ha sorprendido que al final seamos tantos”. Sabe que será difícil aunar todas las sensibilidades.

¿Que qué le pasa al partido? “La izquierda está apagada y aburrida. Tenemos que pelearnos por la cosa del comer. ¿Ahora todos los agricultores son de derecha? Ni mucho menos. Pero hay que saber explicar las cosas. Y, por ejemplo, decirle alto y claro a la ultraderecha que somos internacionalistas y que queremos migrantes en Extremadura. Hay que dar la batalla en el Parlamento y en los bares de los pueblos”.

Asevera que las grietas y las heridas del partido se superarán en función de quién asuma el liderazgo: “No solo vale cambiar las caras, también hay que hacer lo mismo con las políticas”. Así lo manifiesta González Andrade, alcalde de Olivenza (11.800 habitantes) y presidente de la Fempex (Federación Extremeña de Municipios y Provincias).

Se distanció de Gallardo en las anteriores primarias y ahora declara: “Yo vengo sin tutelas, libre, dispuesto a jugar mis cartas, con el ánimo de los que me han empujado a que me presente y con el apoyo de alcaldes de ambas provincias, y no es necesario tener detrás a ningún nombre conocido”. 

Del mismo modo, manifiesta: “Estamos en un momento complejo, pero lo fundamental es que el partido salga fuerte y unido”.

Teniendo en cuenta el contexto político, expone: “El PSOE debe aportar estabilidad, y ha de estar preparado para cualquier escenario”, indica en referencia a la falta de acuerdo PP-Vox y a esa posibilidad en el aire de volver a las urnas.

Anunció en un vídeo en redes sociales que también quería pelear por la secretaría general del PSOE extremeño. Y para grabarlo se desplazó a la carretera nacional que une Badajoz y Cáceres. Se colocó justo a mitad de camino entre ambas ciudades para reivindicar que hay que derribar el muro que existe entre las dos provincias. Díaz Farias es alcalde de Villanueva del Fresno (3.250 habitantes) y vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz.

Habla de manera directa y afirma que las primarias son complejas en cuanto a la búsqueda de apoyos por las consecuencias de posicionarse públicamente: “Yo siempre digo que prefiero ilusionarte que presionarte”.

Él tiene claro que para reconstruir el partido hay que empezar desde la base, “desde los alcaldes”. En cuanto a la debacle electoral del 21D, remarca que “las ideas socialistas están más vigentes que nunca”. “Lo que ocurre —prosigue— es que a veces no se ha sido coherente. Se puede cambiar de opinión y no pasa nada, pero hay que explicar las cosas”. “Y hay que defender los intereses de Extremadura —apostilla—, pero para eso no hace falta meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez”.

Hasta aquí las propuestas y visiones de los cinco aspirantes a reparar el PSOE extremeño. Pero para llegar a esa meta, antes han de recoger los apoyos necesarios para seguir en la pugna. Habrá tiempo de buscarlos hasta el próximo martes 24 de marzo. 

Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal de Sevilla, se deben presentar el 12% de avales como mínimo (1.124) y el 15% como máximo (1.405) para convertirse en candidatos de manera oficial.

La siguiente fecha clave es el 11 de abril. Ese día, 9.366 militantes están llamados a las urnas si no se logra un nombre de consenso. De ese cuerpo electoral, el 62,88% pertenece a la provincia de Badajoz y el 37,11% a la de Cáceres. 

El proceso culminará con el 16º Congreso Extraordinario Regional, que será en Mérida el sábado 25 de abril. De esa cita saldrá el nuevo jefe o jefa que tendrá como misión reconstruir el partido después de su peor momento de la historia democrática.

La Junta de Extremadura ha aprobado un decreto-ley, consensuado entre PP y Vox, para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada de un gobierno regional en funciones.

Según ha informado el Ejecutivo extremeño, el Consejo de Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria este decreto con el objetivo de adaptar la situación de un gobierno en funciones a las necesidades reales de los ciudadanos.

Precisa que esta norma ha sido consensuada con el Grupo Parlamentario de Vox "dentro de una voluntad de entendimiento y de búsqueda de soluciones concretas para Extremadura por ambas partes".

El decreto-ley parte "de una idea sencilla", según remarca, que es que un gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro ejecutivo "pero eso no puede traducirse en una administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos".

Recuerda que la regulación vigente hasta ahora era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal y que muchas normas autonómicas, ya que en la práctica, la Ley 4/2015 imponía limitaciones "que iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria de la administración".

Según recoge el propio decreto-ley, esas limitaciones podían terminar afectando al funcionamiento normal de la Junta de Extremadura y, sobre todo, a la prestación de servicios públicos, especialmente cuando la situación de interinidad se prolonga en el tiempo.

La Junta de Extremadura asegura que la duración prolongada de un gobierno en funciones se suma a la circunstancia de que las elecciones autonómicas se celebraron en diciembre, coincidiendo el periodo de interinidad con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario, lo que "dificulta la puesta en marcha de muchas actuaciones propias del arranque del año".

Con este decreto-ley, la Junta facilita actuaciones como la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos o la gestión de procesos selectivos y de necesidades de personal ya comprometidas.

Si Extremadura tenía que servir como ejemplo, como avanzadilla o como experimento para palpar el termómetro político nacional, la respuesta ya es evidente: el adelanto electoral impulsado por el PP ha llevado a la comunidad a una parálisis tutelada desde Madrid. Sin gobierno, sin acuerdo y sin libertad para negociar. Más de dos meses después del 21D, la región sigue siendo un laberinto. El intento de la popular María Guardiola de ser investida como presidenta de la Junta ha fracasado por la falta de apoyo de Vox. El resultado no ha provocado ninguna sorpresa.

La estrategia —cocinada desde Génova— era anticipar los comicios autonómicos para hundir al PSOE (y, en consecuencia, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) y frenar el avance del partido de Santiago Abascal. Entre manos de los populares, la ambiciosa idea de saborear una mayoría absoluta que estaba lejos. Al menos aspiraban a rozarla. Pero el recuento de votos los puso en un escenario complejo, y ahí permanecen: una dependencia aún mayor de Vox.

¿Cómo se vive la situación en Extremadura? Hay plazo hasta el 4 de mayo para acercar posturas y celebrar otra sesión de investidura, por lo que existe margen para que PP y Vox estrechen finalmente la mano. Pero en este proceso surgen varias claves pegadas al territorio. La primera, el malestar por la manifiesta intervención de los líderes nacionales, algo insólito. Vox y PP se acusan mutuamente de estar a las órdenes de sus jefes de Madrid. Tanto Abascal como Alberto Núñez Feijóo han entrado de lleno en las conversaciones y son los que marcan el paso. Precisamente, uno de los argumentos en el debate de investidura del líder extremeño de Vox, Óscar Fernández Calle, a Guardiola fue: “No hay acuerdo porque Génova no quiere”.

Hay que recordar que “evitar la repetición electoral” fue el razonamiento que se esgrimió para elegir a Miguel Tellado como encargado de ejercer esa citada supervisión en Extremadura y Aragón “para facilitar los acuerdos” con Vox y “velar por la coherencia”.

En Génova pensaban que Tellado sería capaz de hacer lo que Guardiola no había conseguido: desencallar y alcanzar un pacto. La tesis era la “animadversión” de la extrema derecha hacia la presidenta extremeña; pero el movimiento se entendió en clave interna como una tutela sin precedentes a una candidata que había obtenido el 43% de los votos, el tercer mejor resultado autonómico. 

No son pocos los cargos que consideran que ha habido “fuego amigo” contra Guardiola, dejándola en una posición “muy debilitada”. Ahora es Tellado el que se encuentra ahí porque el ‘no’ de Abascal ha constatado que la derrota es también suya.

El PP conoció la negativa de Vox poco más de 24 horas antes de la votación de investidura y la dirección de Abascal ha querido dejar claro que la culpa del desacuerdo no es Guardiola, sino de Feijóo.

En las filas populares saben de sobra que hasta que no pasen las elecciones de Castilla y León (el 15 de marzo) será difícil un posible pacto. Creen que Vox únicamente está “escenificando un enfado” de cara a la campaña porque pretende seguir mejorando resultados en las autonómicas. La estrategia nacional les está funcionando.

En Extremadura, la puesta en escena de intentar acercar posturas se ha mantenido casi hasta el último momento, asegurando que el silencio establecido e impuesto de las negociaciones era señal de un acercamiento en secreto.

A sabiendas de las cartas con las que jugaba cada cual, Guardiola optó por rebajar el tono en sus intervenciones durante el debate de investidura; evitó ir contra los diputados de Vox e insistió en que les tendía la mano. En ningún momento respondió a las provocaciones de la ultraderecha. “No la quieren ni los suyos”, “sus enemigos están dentro” o “tiene que ser duro soportar la humillación de su partido, que la desautoriza”, fueron algunos de los mensajes que le lanzó Fernández Calle. Ninguna reacción. 

Ese cuestionamiento del liderazgo de Guardiola es otra de las claves extremeñas. Los suyos la han aplaudido sin parar en la Asamblea, dentro y fuera del hemiciclo, para evidenciar que la formación extremeña cierra filas en torno a su jefa, la cual tiene claro que no dará un paso al lado. Vox, PSOE y Unidas han coincidido en poner en duda su papel. Aunque ahora Abascal culpe a Génova del fracaso en Extremadura, en otras ocasiones incluso no ha descartado “pedir su cabeza”.

La realidad es que si bien en su primera campaña electoral, en 2023, Guardiola le pedía al ya fallecido Guillermo Fernández Vara que dijese su nombre porque consideraba que evitaba darle protagonismo, esta vez le lanzó a la bancada socialista: “Dejen de hablar de mí, hablen de la gente”. En el primer caso, era una desconocida, su principal hándicap; después sus declaraciones han retumbado varias veces en el ámbito nacional.

En ese sentido, la más directa en el debate de investidura fue la líder de Unidas, Irene de Miguel: “Váyase con dignidad, no espere a que esta panda de señoros con tufo machista la defenestre”.

Más allá de que finalmente haya acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, otra de las claves que se plantean es qué estabilidad ofrecerá ese pacto en una comunidad que ya ha tenido a los mandos a ambas formaciones en un gobierno de coalición que se rompió apenas un año después de crearse. Ocurrió cuando Abascal dio la orden de que los consejeros se salieran del Ejecutivo autonómico. Asimismo, dos años después, la legislatura se ha tenido que dar por acabada por la falta de acuerdo para aprobar los presupuestos. Ahí está el antecedente. Además, los rifirrafes públicos, especialmente en redes sociales, entre Guardiola, Abascal y Fernández Calle, han sido sonoros.

Ahora la líder extremeña del PP quiere dejar a un lado la batalla y centrarse en las cuestiones en común que tiene con Vox. Coinciden —unque en distintos niveles— en bajar impuestos y defender la continuidad de la central nuclear de Almaraz, por ejemplo. Pero están más alejados en temas fundamentales para los ultras como la inmigración. Si bien Guardiola lo ve como una oportunidad para crear empleo y aumentar la población siempre que no se caiga “en el caos migratorio de Pedro Sánchez”, Fernández Calle fue tajante: “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”.

Cuando, después del 21D, el PP intentó iniciar las conversaciones con Vox y la respuesta fue esquiva, entre los populares algunos ya empezaban a asumir que el 4 de mayo habría que convocar nuevas elecciones. Ahora, a pesar del fracaso, la derecha y la ultraderecha aseguran seguir con la puerta abierta. Eso sí, a la espera de los resultados en Castilla y León (tras haberse celebrado ya los comicios en Aragón, donde Vox también mejoró su porcentaje de apoyos) y a la espera de las órdenes desde Madrid.

Al respecto, Abascal ya ha manifestado que “cuando se pase de las musas al teatro y cuando se concreten medidas precisas, podremos seguir con la mano tendida”. Ese es el argumento a repetir.  

Pero esta investidura fallida ha vuelto a poner sobre la mesa un escenario que ahora empieza a gustar a los partidos de la oposición: PSOE y Unidas por Extremadura. Es más, ambas formaciones piden abiertamente que la región vuelva a las urnas como única opción ante el “callejón sin salida” en que se encuentra ahora mismo.

La líder de Unidas se ve fuerte y tiene claro que celebrar elecciones el 28 de junio (sería la fecha marcada en rojo) supondría una nueva oportunidad para los partidos de izquierda. “Aunque se pongan de acuerdo, esto va a ser un polvorín. Guardiola no sabe dialogar”, resume.

Por parte del PSOE, la diputada Piedad Álvarez afirma que, después de tocar mínimos históricos, su partido solo podría mejorar. “Esta vez no nos cogerían con el pie cambiado”, expresa ya fuera de la tribuna de la Asamblea. Este viernes 6 de marzo, justo después de la investidura fallida de Guardiola, los socialistas extremeños han decidido el calendario para elegir a su nuevo líder. Habrá primarias el 11 de abril si antes no se llega a una candidatura de consenso.

Lo que sí ha descartado el PSOE es abstenerse para que el PP pueda gobernar en solitario. De ahí no se mueven.

De momento, Extremadura ha vuelto a vivir esta semana una jornada histórica: la primera vez que hay un rechazo en una sesión de investidura.

La electricidad de origen renovable que se descarta cada día continúa creciendo a medida que aumenta la potencia fotovoltaica instaladas en España. Los vertidos de origen solar alcanzaron el 2,5% de toda la luz generada por esta tecnología en 2025, un máximo histórico y el doble que en 2024, y se espera que ese porcentaje siga siendo elevado en 2026 y 2027.

Esos descartes de energía fueron mucho mayores en Extremadura y Ciudad Real, donde numerosos nudos de la red eléctrica tuvieron más de un 30% de vertidos, según cálculos de la consultora Aurora Energy. Su informe también prevé que ese atasco en la red se vaya corrigiendo en la próxima década, y que el embudo de renovables se desplazará al norte de la península, especialmente a Galicia.

Los vertidos de energía renovable se producen porque la electricidad producida por plantas solares, eólicas o hidráulicas no puede ser absorbida por la red. Estas instalaciones generan energía cuando hay sol, viento o agua, pero no siempre esa luz puede ser utilizada, de manera que el operador de la red eléctrica obliga a que algunas instalaciones se apaguen, desperdiciando esa energía potencial que se produciría a coste cero. A menudo se argumenta que la energía renovable se desecha porque no hay demanda suficiente para consumirla, lo cual es cierto, pero el análisis de Aurora Energy detalla que el 86% de esas restricciones se activan por congestiones en la red eléctrica.

Esa congestión se produce porque en los últimos cinco años España ha más que duplicado la fotovoltaica y la eólica instalada, pero la red eléctrica no ha crecido al mismo ritmo, de manera que los cables de alta y media tensión no tienen capacidad para transportar toda esta energía a los puntos donde se consume. Como la mayoría de estas renovables se concentra en zonas poco pobladas, hay que llevar esa luz hasta los polos de población, de manera que se producen fuertes cuellos de botella en la red, explicó este jueves Javier Pamos, consultor de Aurora, en una llamada con periodistas.

"El problema es que los centros de producción de energía renovable en España están completamente separados de la demanda. Si esta infraestructura no está bien diseñada o dimensionada como para compensar esta diferencia, lo que ocurre es que las redes se congestionan y Red Eléctrica tiene que cortar producción en unos nudos y activarla en otros para compensar esa diferencia", explicó el experto.

En concreto, en 2025 se tiraron nada menos que 3,6 teravatios hora (TWh) de luz por orden de Red Eléctrica, un 110% más que en 2024. La cifra equivale al 1,6% de toda la electricidad que se consumió en España el año pasado.

Otros países vecinos también sufren el mismo problema, ya que los vertidos de electricidad son inevitables hasta que se comiencen a instalar a gran escala baterías en la Unión Europea. Esas baterías permiten almacenar la luz que no se pueda verter a la red en las horas de sol o de viento, y consumirla en las horas siguientes, una manera de maximizar el beneficio del dueño de la planta renovable y de bajar el precio de la luz para todos los consumidores en las horas de mayor demanda.

Badajoz, Cáceres y Ciudad Real son las provincias con mayores vertidos de electricidad renovable debido a que son polos muy importantes de producción de energía solar. Si la media de vertidos en España es del 2,5%, en esas zonas es de entre el 5% y el 30%, según el estudio de Aurora. Solo la provincia de Badajoz concentra alrededor del 20% del conjunto de vertidos en la España peninsular, aunque también hay problemas en Aragón y en algunos nudos del sureste.

En 2025 el porcentaje de pérdidas de electricidad fue mucho mayor que en 2024, y se espera que en 2026 se reduzcan ligeramente (hasta 3,05 TWh), así como en 2027 (3,38 TWh). En 2025 se ha producido un récord porque hubo factores puntuales que dispararon los vertidos: los incendios récord de agosto, que obligaron a cortar líneas eléctricas, y el apagón de abril, que incrementó el uso de centrales de ciclo combinado y desplazó a las renovables para garantizar la estabilidad.

Otro factor que está disparando los vertidos en España en los últimos años son las altas temperaturas de verano, debido a que el calor reduce la eficiencia de las líneas eléctricas para transportar energía y aumenta los problemas de cuellos de botella en la red. Esto explica que la inmensa mayoría de la electricidad vertida se concentra en julio y agosto.

En la próxima década, los analistas calculan que el mapa de plantas que sufrirán desconexiones forzadas se desplazará hacia el norte de España, donde ahora no hay prácticamente problemas. Se espera que en esa zona se instale una gran cantidad de molinos de viento, tanto en suelo como en el mar, y al mismo tiempo se concentrará allí un "limitado refuerzo de la red eléctrica". En 2035, los cuellos de botella se ubicarán en todas las provincias gallegas, especialmente en Ourense. También en Castilla y León, Asturias, País Vasco, Cantabria y Aragón.

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ha recibido este viernes otro no de Vox para ser investida como jefa del Ejecutivo regional, por lo que se abre un plazo máximo de dos meses para que Extremadura cuente con un nuevo Gobierno antes de la repetición electoral, informa EFE.

El rechazo de Vox en la segunda votación para la investidura de la candidata del PP ha confirmado lo que horas antes ya habían anunciado fuentes populares sobre cuál iba a ser el voto de la formación de Santiago Abascal en el pleno de este viernes, un rechazo al que se han sumado el PSOE y Unidas por Extremadura (UPE).

Tras este nuevo revés, Guardiola ha pedido a Vox "dejar de lado los reproches y culpas, y así se lo voy a pedir también a mi partido", y "cambiarlo por más trabajo y reuniones" para dar cuanto antes estabilidad a Extremadura

En su intervención en el hemiciclo, ha afirmado que no está dispuesta a rendirse e insistirá en el diálogo, y a la oposición les ha dicho que no pedía que votasen a favor de su investidura ni que renunciasen a sus programas, solo que no se posicionara en contra y dejasen gobernar a quien ganó a las elecciones autonómicas.

Guardiola ha indicado que en esta sesión podría haberse dedicado a lamentarse pero ha preferido centrarse "en lo que será y que sea cuanto antes".

Por ello, ha pedido a Vox que "no cierre el camino" porque la factura de esta falta de acuerdo y de gobierno "la pagarán los extremeños, no nuestros partidos"

Para Guardiola, la mejor oposición "no es la que más bloquea, sino la que propone y fiscaliza, con debates rigurosos", pero para ello es necesario contar con un gobierno al que se le puedan pedir explicaciones.

Una vez celebrada la votación, en declaraciones a los medios, Guardiola ha manifestado que no se plantea "dar un paso al lado" porque sería "traicionar" a toda la gente que ha confiado en ella, y considera que una repetición electoral "no es lo deseable". Por ese motivo, ha anunciado que se podrá en contacto con Vox para cerrar una reunión lo antes posible.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que su grupo sigue dispuesto a negociar "medida a medida y propuesta a propuesta", pero ha recalcado que su formación ni "regala" el voto al PP ni los "suma" al PSOE, recordando en este sentido que los populares llegaron a un acuerdo con los socialistas para sacar adelante los presupuestos de 2025.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha instado Guardiola a convocar elecciones para poner fin al "callejón sin salida" en que se encuentra Extremadura, y Unidas por Extremadura a marcharse "con dignidad" convencida de que será sacrificada políticamente.

"El bloqueo de Extremadura es usted, exclusivamente usted", le ha reprochado la portavoz parlamentaria de los socialistas, Piedad Álvarez, a Guardiola, a la que ha responsabilizado de la "parálisis" de más de seis meses que va a sufrir Extremadura por su "capricho electoral".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recomendado a Guardiola que abandone el "síndrome de Estocolmo" en el que, a su juicio, está instalada, "porque está secuestrada por aquellos que la quieren humillar públicamente".

Ha opinado que no solo Vox, sino también el propio PP, está ejerciendo "violencia política" contra ella, "ninguneándola" y apartándola de las negociaciones para conformar gobierno.

"En sus manos está señora Guardiola romper con todo, con el yugo de Vox y la estrategia suicida de su partido, o seguir el guión marcado donde usted cada vez se muestra más prescindible y van a acabar finalmente sacrificándola políticamente", ha advertido.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a Vox de "secuestrar" a esta región por una cuestión partidista que "abandona a los extremeños".

"Ustedes son los responsables de este bloqueo", le ha dicho a la oposición, además de afear a Vox que hayan votado lo mismo que "la mafia", en alusión a la bancada socialista.

Vox ha comunicado al PP que no apoyará este viernes la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, han informado fuentes populares a EFE.

"La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", han explicado las fuentes del PP, que aseguran que "el no lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos".

En un mensaje en la red social X, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves por la noche que "Vox votará mañana como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez".

"Bloquearán el gobierno de centro derecha de quien ha ganado con el 43 % del voto. Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso", ha añadido Miguel Tellado.

Si Vox lleva a cabo este rechazo -apuntado por el PP- en el segundo pleno de investidura, que comienza a las 14:00 horas de este viernes, Guardiola habrá recibido dos negativas de la formación de Santiago Abascal tras su rechazo en la primera sesión plenaria, celebrada este pasado miércoles.

Fuentes del PP han afirmado que "algo ha debido que pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez".

"Confiamos en que recapaciten en las próximas horas", han añadido las fuentes populares. "Y si no lo hacen, que lo hagan en los próximos dos meses y que el bloqueo que endosarán mañana a los ciudadanos de Extremadura no lo extiendan a otros territorios", subrayaron.

Otra opción que podría darse sería una abstención de Vox, suficiente para que Guardiola logrará la investidura, pues solo necesita mayoría simple, pero su líder en Extremadura, Óscar Fernández Calle, viene reiterando desde hace semanas que su partido únicamente votará a favor o en contra.

Para dar su respaldo a la candidata del PP, Vox ya exigió que previamente debe haber un acuerdo de Gobierno y garantías de cumplimiento del mismo.

A este respeto, la propia presidenta extremeña en funciones, tras concluir el pleno del pasado miércoles, afirmó que el acuerdo con Vox estaba "más cerca que nunca" y para ello, según agregó, expresó su voluntad de reunirse "las veces que hagan falta", pero sin "cheques en blanco".

Tampoco ha trascendido en estas 48 horas si ha habido reuniones entre ambos partidos, cuyas respectivas direcciones regionales han apostado por la discreción.

Vox ha exigido al PP, tal como desveló Fernández Calle, la defensa de la continuidad de la central de Almaraz, la protección del sector primario frente a "las imposiciones" del Pacto Verde Europeo y "una profunda" rebaja fiscal.

También exigen medidas de apoyo a la natalidad y a las familias, la prioridad para los españoles en ayudas sociales y vivienda, y la eliminación de subvenciones a entidades ideológicas y ONG vinculadas a "la promoción de la inmigración ilegal", entre otras cuestiones.

Según el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura -3 de mayo- ningún candidato obtiene la confianza -la Presidencia del parlamento puede convocar los plenos que considere- la Cámara legislativa quedará disuelta y Guardiola deberá convocar nuevas elecciones.

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, no ha logrado ser investida para continuar al frente de este Ejecutivo regional tras el rechazo de Vox, formación política que, no obstante, sigue con la mano tendida para alcanzar un acuerdo.

Todos los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Vox y Unidas) han votado en contra este miércoles a la investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, quien necesitaba mayoría absoluta.

El voto de Vox era decisivo en esta sesión parlamentaria para que Guardiola lograra ser investida en esta sesión, quien volverá a someterse a una nueva votación este mismo viernes, en la que solo necesitará mayoría simple y, por tanto, es necesario que Vox al menos se abstenga.

"Hoy no cuenta con la confianza de mi grupo parlamentario", ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, abriendo la puerta a que se pueda alcanzar un acuerdo en las próximas 48 horas.

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Vox no apoyará a María Guardiola para ser presidenta de la Junta de Extremadura en la primera votación que se llevará a cabo este miércoles en la Asamblea. Ante la falta de un acuerdo que permita el "cambio" real de políticas y "garantías" de que se cumpla, la formación de Santiago Abascal rechazará la propuesta de Guardiola, que en esta primera votación necesita una mayoría absoluta, según informa EFE.

"Será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas. Si hay acuerdo, será un sí y si no lo hay, será un no, y ahora mismo, como usted sabe, no hay ningún acuerdo", ha expresado el portavoz de esta formación, Óscar Fernández, durante su intervención en el pleno de debate de investidura.

No obstante, ha transmitido que siguen dispuestos a llegar a ese acuerdo sobre la base de unas propuestas que el PP -ha dicho- conoce claramente, de modo que el horizonte en la negociación se marcaría ahora para este viernes cuando, transcurridas 48 horas, habrá un segundo intento en el que bastará con mayoría simple, lo que se podría lograr con la abstención de Vox. 

Si Guardiola no resultase elegida el viernes, hay un plazo de dos meses desde la primera votación, hasta el 4 de mayo, para intentarlo con la misma candidata o con otros diputados y en caso de que no hubiese acuerdo, la Asamblea quedaría disuelta y habría elecciones de nuevo.

Para evitar ese escenario, es necesaria una negociación entremedias en la que, según ha insistido Fernández, lo primero son los proyectos para "cambiar" Extremadura tras 40 años de "ruina y mafia socialista", analizar "medida a medida, punto por punto", su dotación presupuestaria, y llegado el momento, después se hablaría de "lo menos importante", "dónde se sienta cada uno".

Pero por encima de todo están las "garantías" del cumplimiento de las medidas pues hace dos años y medio pactaron una serie de compromisos que el PP, ha criticado, no cumplió, "engañando" a los extremeños y manteniendo un acercamiento a las políticas del PSOE.

Ha indicado que "queda mucho por concretar", como demostró en su discurso de este martes Guardiola, quien "se quedó en los titulares más que en el meollo de la cuestión", y ha asegurado que "si hoy no se ha llegado a un acuerdo es porque... en Génova todavía no quieren".

En este punto, se ha compadecido de la candidata popular por tener que soportar la "humillación" de que su propio partido le "reprenda" en público y le "desautorice" en la negociación como interlocutora: "Usted tiene a sus adversarios en esta Asamblea pero tiene a sus enemigos dentro de su partido".

En su discurso, Fernández ha reiterado las medidas que Vox considera imprescindibles para un posible acuerdo, como la defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2050, el impulso inmediato del proyecto de regadío de Tierra de Barros o la protección del sector primario frente a las imposiciones del Pacto Verde Europeo.

Otras demandas pasan por un refuerzo de la sanidad extremeña con 500 millones de euros adicionales, un plan de contratación de 1.200 enfermeros, una profunda rebaja fiscal, medidas de apoyo a la natalidad y a las familias, incentivos para el acceso de los jóvenes a la vivienda, la liberación de suelo para facilitar la construcción de viviendas protegidas y la prioridad nacional para los españoles en ayudas sociales y vivienda.

Asimismo, Vox plantea la eliminación de subvenciones a entidades ideológicas y ONG vinculadas a la promoción de la inmigración ilegal, la oposición al reparto de inmigrantes ilegales en Extremadura, la simplificación de la normativa ambiental y la reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura, entre otras medidas.

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ha reiterado su voluntad inequívoca de llegar a un acuerdo con Vox para conformar un Ejecutivo y un programa de Gobierno, pero, según ha aseverado, atendiendo al resultado electoral. "Necesito que Vox asuma su responsabilidad; los extremeños nos están mirando" y esperando que "pongamos un proyecto" común "cuanto antes" y centrado en las necesidades de los extremeños", ha dicho Guardiola.

Tras recordar que el PP logró el 43,11% de los votos en las pasadas elecciones autonómicas, Vox obtuvo el 16,90%, Guardiola ha instado a Vox a alcanzar un "acuerdo justo con los resultados". "Yo no veo impedimento para hacerlo. Muchas de las posiciones expuestas por Vox ya están acordadas y ustedes lo saben", ha afirmado la presidenta en funciones dirigiéndose a Vox, formación a la que ha animado a "sentarse a trabajar".

Ha afeado a la oposición (PSOE, Vox y Unidas) por estar "atrincherada" en la comodidad, en vez de "desbloquear" una situación política que impide el progreso social y económico de Extremadura. "Mientras otros tendemos puentes, otros tratan de dinamitarlos", ha denunciado Guardiola en su respuesta a los distintos grupos parlamentarios que han intervenido en la segunda y última sesión del debate para su investidura.

A la oposición le ha pedido una lectura responsable de las urnas, en las que los ciudadanos dijeron que querían que el PP dirigiera el rumbo. "Si no están dispuestos" a que Extremadura tenga un Gobierno fuerte y estable, que impulse el desarrollo social y económico, "al menos no destruyan". "Esto no es oposición, es sabotaje", ha dicho Guardiola.

Aunque el PSOE le ha propuesto al PP un acuerdo para blindar derechos sociales como la igualdad y tres pactos, por el desarrollo económico de Extremadura, por los jóvenes y por el equilibrio territorial, Guardiola ha instado a los socialistas a "reflexionar", pues tienen menos diputados y una gestora liderando el partido.

En su intervención, la candidata del PP ha criticado la política de "salón" de PSOE y Unidas en materia de igualdad de género y de defensa de los derechos de las mujeres, dos ejes que "desde siempre" han estado en el centro de sus políticas como lo refleja la apertura de cuatro centros de crisis a las víctimas de violencia sexual y la puesta en marcha de un protocolo contra el acoso sexual. "Ustedes -dirigiéndose a PSOE y Unidas- son una auténtica vergüenza para los derechos de las mujeres" por los casos de "prostitución y de depravados sexuales".

Extremadura atraviesa un momento decisivo: ser tutelada desde despachos ajenos y pactos en la sombra o reivindicarse y tener una voz y un rumbo propios. Ante la dependencia del PP de Extremadura frente a Vox y el tutelaje de Génova, debemos defender una alternativa municipalista donde las decisiones se decidan aquí en nuestra tierra.

Gobernar significa liderar y, con ello, asumir la responsabilidad de responder ante tu gente, ante la ciudadanía. En política existe una gran diferencia entre tener liderazgo con proyecto propio o estar condicionado o condicionada por terceros. En Extremadura, estamos asistiendo a lo segundo y es insólito.

María Guardiola se presentó en la pasada campaña electoral prometiendo una forma distinta de hacer política. Bajo el eslogan “Habla, Extremadura”, quiso proyectar una imagen de cercanía, autonomía y valentía frente al ruido permanente de Alberto Núñez Feijóo en Madrid y marcar distancias con el populismo de Vox, pero la realidad ha desmontado el lema.

Hoy, aquel “Habla, Extremadura” se ha convertido en un evidente “Habla Madrid y calla Extremadura”. Las decisiones estratégicas no se toman pensando en nuestra tierra, sino mirando a los equilibrios internos del PP nacional. La voz propia que prometía se ha diluido en la disciplina de partido y la supuesta moderación ha acabado subordinada a los pactos y presiones de la derecha más dura.

La realidad es que María Guardiola ha terminado atrapada en una dinámica de dependencia que proyecta una humillación sin precedentes por parte de la dirección nacional del partido en el gobierno regional, que ha acabado por apartarla de la negociación de su propio ejecutivo.

Cada negociación parece dejar la sensación de que nuestra tierra pesa menos de lo que debería. Y eso duele. Porque aquí no estamos hablando de siglas ni de estrategias internas de partido. Estamos hablando de la dignidad de una tierra que ha dado mucho y que no puede estar pendiente de equilibrios ajenos. Extremadura no puede convertirse en moneda de cambio. No puede ser utilizada para resolver los problemas de otros ni para cuadrar pactos que se deciden lejos de aquí. Nuestra región no es una ficha en un tablero nacional; es la casa de miles de personas que quieren vivir con oportunidades, con servicios dignos y con respeto.

Lo que está en juego no es solo una investidura, es el futuro y la estabilidad política de nuestra tierra. Merecemos un gobierno y un liderazgo que decida aquí, pensando aquí y respondiendo aquí. Sin tutelas. Merecemos ambición, no resignación. Merecemos un liderazgo que sueñe en grande para mejorar la vida de todos los extremeños y extremeñas. Una tierra con voz propia, con identidad, con fuerza para liderar en energías renovables, en mundo rural, en innovación, en igualdad. Pero para eso hace falta convicción. Lo que está en juego, por lo tanto, es algo más profundo, es el modelo de la Extremadura que queremos volver a ser; lo que está en juego no es una foto: es nuestro modelo de región.

Frente a esta política de subordinación, el PSOE no puede limitarse a criticar. Tiene la responsabilidad de ser alternativa real. Una alternativa que devuelva a Extremadura la voz propia que merece, que defienda su interés general sin complejos y que ponga por delante a su gente.

Ser alternativa es algo muy sencillo y muy profundo a la vez: es cuidar lo que es de todos y todas. Es defender la sanidad pública, la educación y los servicios sociales. Es abrir oportunidades para que nuestra juventud pueda quedarse. Es proteger el mundo rural como el corazón que mantiene viva esta tierra. Y es impulsar una transición económica y energética que genere empleo aquí y deje la riqueza aquí.

Pero esa alternativa no se construye solo en los parlamentos, ni en los titulares. Se construye en los pueblos, en los barrios, en las comarcas. Se construye estando, escuchando y acompañando cada día. Extremadura es fuerte cuando el municipalismo marca el paso, cuando nuestros alcaldes y alcaldesas sostienen un proyecto útil y cercano, cuando hablamos de lo que de verdad importa: trabajo, vivienda, transporte, campo, agua, educación. En definitiva, vida real.

Eso es lo que necesitamos recuperar: un PSOE abierto, conectado con su gente, capaz de generar confianza y volver a ser mayoría. Y ese camino empieza en 2027. Nos jugamos mucho más que ayuntamientos; nos jugamos reconstruir una mayoría social que defienda Extremadura con la fuerza que nunca debió perder.

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Álvaro Sánchez Cotrina es secretario general provincial del PSOE de Cáceres

El Partido Popular ha presentado este lunes un nuevo documento marco que servirá de referencia para sus pactos en las comunidades con Vox y que están destinados "ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica". Este nuevo modelo de pacto, al que ha tenido acceso infoLibre, sitúa la iniciativa en un momento de "rechazo" ciudadano al Gobierno de Pedro Sánchez y aboga por el consenso y el diálogo contra dinámicas de "chantaje político y privilegios injustificables". El objetivo de esta nueva estrategia es, según el documento, establecer unos puntos comunes que orienten los pactos con otras fuerzas cuando la aritmética parlamentaria lo requiera.

El anuncio de esta nueva postura ha tenido lugar después de que la dirección de Vox confirmase este lunes que se había acordado con el PP un nuevo marco de negociaciones en las comunidades de Extremadura y Aragón.

Este nuevo documento marco se define como "único, vinculante y de aplicación en toda España". Entre sus diez condiciones se encuentra el "pleno respeto" a la unidad nacional, a la Constitución y al Estado de derecho, haciendo hincapié en que las propuestas deben estar dentro de la legalidad vigente. También se respetará a "las principales instituciones" del país, destacando las autonómicas y la Jefatura del Estado. Aspectos como la igualdad ante la ley, la libertad y la subordinación al interés de España también se incluyen en esta hoja de ruta.

El PP propone 18 materias consideradas como "ámbitos prioritarios de acuerdo", ya que, según el documento, son las principales preocupaciones de la ciudadanía. La formación tacha de "infierno fiscal" la política de impuestos y propone en su primera medida la bajada de estos. "La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no castigarlos", reza el documento. Los conservadores también cargan contra la burocracia, que "asfixia" a los autónomos, y sugieren la simplificación de los trámites administrativos.

Esta última medida se llevará a cabo también en el mundo agrario y pescador, donde ofrecerán "apoyo productivo y defensa de nuestros productores frente a la competencia desleal". Si bien el documento rechaza las políticas climáticas que "destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan la industria", también defiende "un mix energético completo", en el que la energía nuclear esté presente.

En cuanto a la vivienda, el PP propone, ante el "intervencionismo" del Gobierno, aumentar el suelo para construir. Los conservadores también señalan a la ocupación ilegal: "Es una anomalía que no vamos a consentir". Para ello, contemplan como medidas el desalojo exprés y el empadronamiento nulo en viviendas ocupadas.

En materia de subsidios, se hace una diferenciación entre "las personas necesitadas y las aprovechadas" a la par que se ensalza la "solidaridad activa entre personas". A su vez, el partido sostiene que la inmigración irregular ha llegado a "niveles intolerables" y critica la regularización del Gobierno, a la que tacha de "masiva". Por tanto, propone deportar a aquellas personas que delincan de forma grave mientras que el que "venga a trabajar y respetar nuestras leyes debe ser bienvenido".

Otro punto de la nueva hoja de ruta es la natalidad y la familia, que, según el documento, hay quienes quieren "sustituir su papel por la intervención del Estado". Además de medidas fiscales y servicios sociales para ayudar a las familias, el PP pone en valor la maternidad y el rol del padre y propone la supresión de aquellos elementos que puedan dificultar el acceso al empleo de los progenitores.

Por otro lado, el documento afirma que los niños deben estar protegidos de "quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo". El sistema educativo que defiende esta formación es "exigente" y basado en "la cultura del esfuerzo".

En cuanto a las mujeres, el PP reconoce que estas afrontan dificultades en el ámbito laboral y por ello abogan por políticas "concretas y eficaces" y que "no enfrenten a los ciudadanos por su sexo". Además, se plantea que los pactos deberán rechazar "las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase".

Por otro lado, los populares se muestran preocupados por "el deterioro de la seguridad ciudadana" y piden la "máxima coordinación" con las autoridades. La última materia es la sanidad, definida como "uno de los pilares esenciales del bienestar compartido" y en la que se apuesta por su fortalecimiento en aspectos como la planificación, plantillas y salud mental, entre otros.

En sus últimos requisitos, el PP plantea que los gobiernos de coalición respondan “solidaria y colegiadamente”, rechaza la fragmentación y exige estabilidad institucional. "Ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre".

La dirección de Vox ha anunciado que ha acordado un nuevo marco de negociaciones con el PP para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, según informa EFE.

Según han avanzado fuentes de la dirección del partido de Santiago Abascal se trata de un nuevo intento por ambas partes para evitar que haya que repetir elecciones en estas comunidades, en las que ganó el PP pero necesita el apoyo de Vox para que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón puedan continuar al frente de sus respectivos gobiernos.

Las cúpulas de los dos partidos ha intercambiado impresiones en los últimos días y han llegado a este acuerdo de retomar desde cero las conversaciones, han asegurado las fuentes.

A las nuevas reuniones entre los equipos de PP y Vox, que se retomarán esta misma semana, los de Santiago Abascal acudirán con un nuevo marco de negociación en dos fases: la primera centrada en el programa de gobierno y la segunda sobre los cargos, ha avanzado este lunes en rueda de prensa su secretario general, Ignacio Garriga.

Este es el primer barómetro (estudio de campo entre el 2 y el 6 de febrero) que recoge los efectos del terrible accidente ferroviario en Adamuz (18 de enero) y de la regularización de personas migrantes del Gobierno (decreto aprobado el 27 de enero). También durante ese periodo el Ejecutivo anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. No entran los resultados de las elecciones de Aragón celebradas el 8 de febrero, que consolidan la subida de Vox, que dobla sus resultados, igual que en Extremadura. 

Como sucedió con la dana valenciana, es Vox quien rentabiliza la situación de inestabilidad. Si en aquella ocasión (noviembre del año 2024) pegó un primer estirón hasta el 14%, ahora alcanza la cifra del 20%, tal y como podemos observar en la siguiente estimación basada en el análisis independiente de las tablas del barómetro del CIS de febrero publicado este lunes. 

En realidad, la estimación se mueve poco respecto al pasado mes, lo que quiere decir varias cosas: 

El PP sacrifica barones en aras de que Feijóo sea presidente. Pero su estrategia de desplazamiento hacia posiciones más radicales no está teniendo buenos resultados. La contratación del activista Vito Quiles en el cierre de campaña aragonesa, o el reciente acuerdo con la formación verde para prohibir el burka son los últimos ejemplos, pero parece hacerlo todo a regañadientes, forzado, y no sirve para atraer el voto de los jóvenes y del segmento intermedio (hasta 44 años), que siguen apoyando masivamente a Vox, que es la primera fuerza política destacada en estos segmentos, muy por encima del PP. 

El problema de Feijóo es que ya no es creíble ni a un lado ni al otro. La preferencia por Abascal como presidente se dispara hasta un 18% entre los más jóvenes, muy cerca de la preferencia por Sánchez, y duplicando la que tiene el líder de los populares. Igual en el segmento de 25 a 34 años, donde Feijóo cae a los infiernos (4% de preferencia como presidente frente a un 14% de Abascal) o, incluso, en el segmento de 35 a 44 años (6,2% del gallego, 12,9% Abascal) dentro de un clima marcado por la desafección y la antipolítica. 

Con estos números, el PP tampoco tiene asegurada la primera plaza, más estando el PSOE a menos de medio punto, casi en empate técnico.

El factor que ha determinado los resultados de las últimas elecciones autonómicas (Extremadura y Aragón) ha sido el descontento. Una mezcla pura entre desafección política y la crisis económica que no para. 

La crítica al Gobierno, al conjunto de los partidos políticos y al mal comportamiento de los políticos los sitúa, sumados, como el primer problema de los españoles, empatando con la vivienda, que sigue escalando posiciones y ya está en el 23% de primeras menciones, o sea que casi uno de cada cuatro españoles la menciona como primer problema del país. 

Mientras la izquierda siga hablando de macroeconomía, de la venta de vehículos eléctricos, etc., será alimento para Vox, que este mes es la primera fuerza con diferencia en la clase baja, con un 21% de intención de voto. 

Con estos mimbres, es previsible que la mayoría de los ciudadanos (que en los menores de 45 años llega a un intervalo entre un 60% y un 70%) tenga poca o ninguna confianza en que la Constitución del 78 pueda ayudar a resolver los problemas que hoy sufren. Las demandas de reforma, muy mayoritarias, se centran en los derechos sociales, económicos y laborales, es decir una constitución que blinde sus derechos, que no ven ahora protegidos, básicamente la vivienda y la precariedad laboral que son dos de los principales problemas del país. Por eso acaba de actuar el Gobierno en ambos flancos con la subida del SMI y su plan de vivienda (España crece), aunque este último parece más bien una gota de agua en un pozo sin fondo. 

Pedro Sánchez trata de ocupar el centro, siguiendo el camino de José Seguro en Portugal, aunque sea dando bandazos: aprobando la regulación de inmigrantes y acto seguido dando luz verde a la ley para la expulsión de multirreincidentes con el apoyo de Junts, PP, Vox y PNV y con el 'no' de todos los grupos de izquierda, salvo Esquerra. 

El PSOE contiene sus fugas, aunque ya manda tantos votantes a Vox como al PP, en conjunto un nada despreciable 7% a la derecha. El trasvase a su izquierda es más contenido, de apenas un 5%, mientras sigue recogiendo votos de Sumar, un 18%. 

Es la marca la que tira, la de la rosa y el puño. El PSOE conserva un “suelo” competitivo suficiente para disputar la primera plaza, está muy cerca del PP. La primera de las condiciones para formar Gobierno de Sánchez. Si las otras no se dan no será culpa suya. 

En definitiva, continúa la batalla electoral. Terminará el calvario en junio de este año para el PP y en el verano de 2027 para el PSOE (resurrección o martirio). Cada vez queda más claro que no habrá adelanto electoral, por mucho que le pese a García Page. 

Mientras, la izquierda del PSOE se rehace en una semana decisiva: 

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Francisco Sande es responsable de investigación social en Logoslab.

La presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha afirmado que no va a aceptar lecciones de la izquierda sobre feminismo y que defender la igualdad entre hombres y mujeres no debe ser un escollo en las negociaciones entre PP y Vox para la conformación del Gobierno regional.

Guardiola ha realizado estas manifestaciones después de que, en una entrevista a Okdiario, al ser preguntada por si el feminismo puede ser un obstáculo en las negociaciones con el partido de Abascal, haya afirmado: "El feminismo que defiendo estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox".

A preguntas de los periodistas en Navalmoral de la Mata (Cáceres), en el marco de la visita de europarlamentarios ante el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz, ha explicado que no entiende que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres.

"Considero que ese es el feminismo que debería defender Vox y el que debería defender cualquiera, la igualdad real entre hombres y mujeres, y yo la defiendo con hechos", ha expresado.

Ha explicado que es defensora de "un feminismo real, no un feminismo de pancarta, no un feminismo de discurso, no el feminismo que mira para el otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado, no el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución, y ni siquiera mueven un dedo".

"Mi feminismo es el de verdad, el feminismo que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres mirándonos a los ojos los unos y los otros, dándonos la mano", ha añadido. Y ese, ha subrayado, es el feminismo que va a seguir defendiendo "siempre", un feminismo que su Gobierno ha defendido en base a "hechos".

A su juicio, el escollo sería si su intención fuera "sacar violadores a la calle o fuera desproteger a las mujeres". "Pero como ese no es el sentido del feminismo que defiendo y por el que trabajo, estoy convencida de que eso no va a suponer un escollo en ninguna negociación", ha insistido.

Ha resaltado además que preside un "gobierno feminista" donde las mujeres están siempre dando un paso al frente, que condena la violencia machista y que ha puesto en marcha los centros de crisis para víctimas de la violencia sexual "que en esta región no existían". Un Ejecutivo, ha agregado que trabaja "por la dignidad, el respeto y la libertad de las mujeres". "Nadie me va a cuestionar esto y no voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda", ha sentenciado.

El resultado de las elecciones del pasado domingo en Aragón —con Podemos borrado del mapa en esa comunidad y Sumar e Izquierda Unida resistiendo por la mínima con un diputado— ha evidenciado los efectos de la división de las papeletas después del espejismo del histórico resultado para ese espacio en Extremadura el pasado 21 de diciembre. Se trata del mismo horizonte de fragmentación con el que se encaran las citas electorales en Castilla y León y Andalucía, en las que la formación de Ione Belarra concurrirá en solitario tras la negativa de IU a romper con Sumar.

Una decisión cuestionada por algunos dirigentes territoriales de Podemos que reclaman "un giro" a la dirección nacional del partido y aseguran que van a "empujar" para ello tras ver cómo, desde su irrupción en 2015, la formación morada ha ido disminuyendo su presencia hasta ser extraparlamentaria en once comunidades: Madrid, Comunitat Valenciana, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cataluña y recientemente Aragón. En Cataluña, tras romper con los comunes, la dirección estatal del partido decidió no presentarse. Y en Asturias su única diputada abandonó la formación.

Una de estas voces es la de Irene de Miguel, la líder extremeña de Podemos que logró siete diputados en las pasadas elecciones del 21 de diciembre. Con el 10,25% de los apoyos, la candidatura de Unidas Por Extremadura obtuvo el mejor resultado del espacio a la izquierda de los socialistas en la comunidad y revirtió así la tendencia a la baja de Podemos e Izquierda Unida en las últimas convocatorias. Con esa voz autorizada, De Miguel apuesta por tener "menos recelos y más construcción compartida". "No podemos construir espacios en los que nos miramos de reojo", resume para infoLibre, antes de entrar en el terreno más difícil, el de recomponer lo que se rompió con Sumar tras las elecciones generales del 23J.

La candidata extremeña reconoce que "cerrar heridas es complicado", pero insiste en que el coste de la desunión es demasiado alto en un ciclo electoral que, a su juicio, tensiona prioridades y tiempos. Su receta pasa por "alianzas generosas y leales", en los que se aprenda de los errores y se evite el bloqueo interno. "Sin vetos", recalca a este medio. Así, lanza un mensaje a la dirección encabezada por Ione Belarra e Irene Montero: "La dirección nacional no puede ir a unas generales con un desierto bajo sus pies", sostiene. En su planteamiento, el músculo político se gana en los territorios, es decir, "de abajo hacia arriba".

Una idea que comparte el coordinador de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, diputado también en el Congreso. A su juicio "tendría que haberse hecho un mayor esfuerzo" por parte de su formación "para que hubiera candidaturas amplias en Aragón y Castilla y León". Preguntado por infoLibre, remite a unas declaraciones que hizo al diario La Verdad: "Desde luego, esperamos que este rumbo se corrija en las elecciones andaluzas", en alusión a la estrategia impulsada desde Madrid.

Lo cierto es que la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, realizó un llamamiento a la unidad tras los resultados de su partido en Aragón. "El pasado agosto apoyé personalmente el manifiesto por la unidad de la izquierda de Andalucía impulsado por la CUT, tras los resultados en Aragón me reafirmo en mi opinión, la extrema derecha avanza, juntas somos más fuertes”, escribió en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a la cúpula directiva.

Sin embargo, nada parece indicar que la dirección de Belarra vaya a cambiar de posición. Hace meses que se descolgó de la coalición de izquierdas de la que ahora forma parte —Por Andalucía—, que quiere reeditar la alianza. Es IU la que está pilotando ese proceso y su líder federal, Antonio Maíllo, será el cabeza de cartel. De hecho, este viernes fue la presentación oficial de esa candidatura, que también aglutina a Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

La tesis de la dirección estatal es que siempre que esté Sumar en esa ecuación, no se producirán cambios de calado porque el partido de Yolanda Díaz no quiere ejercer un papel que no sea subalterno al del PSOE. "Mucha gente de Sumar, de ERC o de Bildu que han lanzado mensaje de que hay que sostener al Gobierno a cualquier precio se han dado cuenta de que por ese camino se alimenta malestar por el que crece la derecha y especialmente Vox", aseguró la secretaria general del partido esta misma semana en TVE.

El líder de Podemos en Murcia considera que el caso extremeño es el referente de confluencia frente a otros territorios donde, a su juicio, faltó ambición para construir espacios compartidos. En ese caso, Sumar no se presentó pero dio apoyo desde fuera. "La referencia de Podemos Región de Murcia está hoy más en Extremadura que en Aragón", aseguró en declaraciones a La Verdad. También la puso como ejemplo la propia Ione Belarra en TVE. "Esa candidatura liderada por Podemos, con una candidata valiente como Irene que trabaja desde el territorio, ha conseguido el mejor resultado de la izquierda".

Ese "método Podemos" reivindicado por la secretaria general del partido, sin embargo, no siempre se puede emular, según reconoce la propia De Miguel. "La receta extremeña igual no se puede extrapolar a todos los sitios", señala la dirigente morada, que apuesta por que "cada territorio" decida "autónomamente cómo confluir". Su advertencia, sin embargo, es clara: si la estrategia autonómica queda subordinada a la estatal, "entonces estamos perdidos". La extremeña además, considera que negociar "a golpe de titular no funciona". Lo que sí lo hace, a su juicio, es tener un espacio "fortalecido", con "una marca reconocible" y un trabajo detrás identificable por la ciudadanía.

En ese aspecto también incide el líder de Podemos en Murcia y portavoz adjunto en el Congreso, que apuesta por dar margen de maniobra a cada comunidad para decidir cómo se construyen esas alianzas. "En cada territorio habrá que buscar acuerdos amplios", insistió al citado periódico. En su opinión, esa capacidad de decisión es "fundamental" para encarar el horizonte de 2027 y evitar que las estrategias estatales se impongan sobre las locales.

En lo que todos coinciden es en que hay un hueco para su espacio electoral. En las elecciones de Aragón, las candidaturas de la izquierda confederal alcanzaron el 13,6% de los votos, un porcentaje ligeramente mayor al de las autonómicas de 2023. En ello fue clave la subida de Chunta, que dobló su escaños. Los aragoneses se unieron de esta manera a la tendencia que se evidencia en otras comunidades donde la izquierda confederal goza de buena salud y es mucho más competitiva que los partidos del espacio que funcionan como un paraguas nacional. Un club al que pertenecen, por ejemplo, BNG, Compromís, ERC y EH Bildu, marcas muy consolidadas.

Ese es, precisamente, el debate que está tratando de abrir el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que cree que hay que dar pasos desde las izquierdas y buscar fórmulas para frenar el avance de las derechas. El próximo encuentro entre catalán y el portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, ha removido todo el océano de las izquierdas. Aunque el acto no tiene ninguna pretensión orgánica, sí representa un fuerte valor simbólico para poner sobre la mesa la necesidad de que la izquierda reaccione en un momento en el que la ultraderecha aumenta al doble sus resultados en cada nueva cita electoral autonómica.

"No le quito a Rufián la razón, hay que hacerse cargo", concede la líder de Podemos en Extremadura, pero cree que la "receta" de los hiperliderazgos tampoco funciona. Aunque reconoce el tirón de ese enfoque, lo problematiza por su coste personal y la limitación política. "No desmerezco ese trabajo, porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su vida privada", matiza.

En la dirección estatal de Podemos, sin embargo, han circunscrito desde el primer momento la propuesta a un acto entre dos dirigentes. "La información que tengo es que es una charla y no sé si tienen el respaldo de Más Madrid y ERC", dijo el pasado lunes el portavoz nacional, Pablo Fernández. Los morados creen que, más importante que abordar el 'quién' o incluso el 'cómo' es el 'para qué'. Es decir, delimitar la relación con el PSOE. Y, en esa estrategia, consideran que lo que plantean formaciones como Sumar es incompatible con lo que ellos defienden y tienen previsto mantener su hoja de ruta, pese a las críticas.

Cuenta Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura, que es habitual que en los pueblos los alcaldes acudan a ellas para pedir ayuda con, por ejemplo, la decoración de las carrozas de la cabalgata de Reyes, el arreglo de la iglesia o actividades como las Migas Solidarias, pero cuando se trata de decisiones que afectan a otras áreas, las voces femeninas no se escuchan. “Y después nos encontramos con situaciones como que la única parada de autobús del municipio se coloca justo donde no hay farola, de manera que cuando es de noche –que en invierno es muy pronto–, no existe iluminación ninguna. ¿Y quién usa el autobús en los pueblos? Pues las mujeres. Porque sigue pasando que, en muchos casos, son los hombres los que tienen el coche. ¿Una mujer está segura en una parada a oscuras?”, expresa.

Su reflexión pone el foco en un concepto, y sus consecuencias, que existe no solo en las ciudades, también en las zonas rurales: el urbanismo sin perspectiva de género. O lo que es lo mismo: cómo la organización del espacio físico y las infraestructuras sin una visión feminista afecta a la calidad de vida y a las necesidades sociales. Varias expertas analizan para infoLibre esta realidad en los pueblos de Extremadura. Sus conclusiones son extrapolables a otras regiones con una estructura similar: municipios con poca población y limitadas conexiones. 

La definición teórica la aporta la arquitecta María G. Javaloyes: “El objetivo es apostar por unas políticas urbanísticas que pongan en el centro los cuidados, imprescindibles para el sostenimiento de la vida cotidiana; porque hay que reconocer una obviedad: somos seres interdependientes, sobre todo en la infancia y la vejez. Sabemos que estas tareas han sido realizadas tradicionalmente por ellas y que el patriarcado las ha invisibilizado y minusvalorado. Pero situar los cuidados en el centro no tiene como fin poner ahí a las mujeres, porque lo deseable es que esas labores dejen de ser hechas mayoritariamente por ellas, sobre todo cuando es imposición y no elección”.

Javaloyes vive en Extremadura desde hace once años y conoce muy de cerca cómo se desarrolla la vida en las pequeñas localidades. Está especializada en construcción sostenible y rehabilitación de la arquitectura tradicional.

Continúa con su razonamiento: “Muchas veces los planes generales de los municipios rurales han sido elaborados en despachos ubicados en la ciudad y con técnicos que han mirado a los pueblos como algo inferior, menos desarrollado. Han estado muy lejos de una mirada curiosa, y menos aún de admiración por la cultura y las formas de habitar propias. Cargados de prejuicios, no han pensado en la necesidad de preguntar a los vecinos de estos lugares y, mucho menos, a las mujeres”.

Pone un ejemplo: “Hace años, en un pueblo de la provincia de Badajoz, pude comprobar cómo para el alcalde y parte de su equipo era más importante diseñar la próxima rotonda que resolver las múltiples peticiones que había de conflictos urbanísticos, como una rampa de accesibilidad más cerca de la vivienda de una persona con movilidad reducida, crear más zonas de sombra, una fuente de agua potable en el nuevo parque o más iluminación en el camino al cementerio, que en este caso coincidía con el paseo habitual de muchas tardes de grupos de mujeres”.

Esa falta de alumbrado público en determinados callejones, en calles más alejadas o a las afueras, o en rutas por donde habitualmente se sale a correr es una de las principales reivindicaciones: “Es que forma parte de nuestro ADN estar en alerta cuando vamos por un lugar a oscuras, da igual la edad que tengamos”, resume, por su parte, la secretaria de Fademur.

En este sentido, otra voz experta, la arquitecta extremeña Victoria Domínguez, que ha profundizado en temas de igualdad, afirma: “Evidentemente, las mujeres deberíamos poder caminar por sitios oscuros sin temor a que nos pase algo, pero ese no es nuestro día a día”. Asimismo, en relación a las paradas de autobús, destaca que hay ejemplos a seguir en Extremadura, como las instaladas en Cañaveral (1.000 habitantes), Villanueva del Fresno (3.200 vecinos) y Palomas (651): “Además de ser un objeto urbano bonito que se integra bien, tienen buena luz y en ningún momento se convierten en un punto oscuro”.

En su análisis del urbanismo y la perspectiva de género, arguye que en los pueblos es fundamental que los vecinos se impliquen y participen, que ahí está la riqueza. Con ella coincide otra colega de profesión, Mónica Bujalance, residente en Villanueva de la Vera, en el norte de Cáceres. “Pero muchas veces el problema es que a los ayuntamientos les cuesta trabajo escuchar. No quieren entender que otras personas pueden tener ideas que vienen bien. Y ya si se trata de la voz de una arquitecta, pues aún más, porque es un rol que parece que no nos corresponde”, subraya.

Pero, además, Victoria Domínguez da un papel clave a la despoblación: “Si ya cuesta trabajo que estemos presentes en las esferas públicas y en la toma de decisiones, ahora además cada vez hay menos chicas jóvenes en las zonas rurales, de manera que resulta más complicado poner sobre la mesa nuestro punto de vista”.

Lo cierto es que Extremadura, y especialmente sus pueblos, ha perdido al 21% de su población entre los 25 y los 34 años en la última década. La falta de oportunidades laborales es uno de los motivos.

Ella va más allá y habla también de un cambio generacional: “A menos que exista una red familiar fuerte, es muy complicado que, por ejemplo, una chica que tiene opciones de elegir plaza o puesto decida irse a un pueblo. Aunque el trabajo en cuestión ofrezca buena proyección, ahora se priorizan otras cuestiones como el ocio, ya no se busca tanto la realización profesional”. “Y, por supuesto, añade, una mujer joven sola se siente mucho más expuesta en un municipio pequeño”.

En este sentido la socióloga y profesora de la Universidad de Extremadura (Uex) Manuela Caballero habla de la presión social y cómo afecta. “En un pueblo te lo controlan todo, eso a un chico no le pasa. Las primeras que emigran o que salen huyendo de los pueblos son las mujeres”.

No obstante, hace un análisis desde otra perspectiva: la vuelta a los valores conservadores. Así lo razona: “Hemos profundizado mucho en poco tiempo en el feminismo, quizá no se ha sabido explicar bien, y ahora estamos viviendo una reacción contraria. Y a pesar de todo lo que se ha avanzado, esa estructura tradicional del hombre en lo público y la mujer en casa parece que ya no está tan mal vista entre la gente joven. Y a veces las circunstancias no ayudan, como pasa en muchas ocasiones en las zonas rurales”.

Al hilo de lo descrito, y volviendo a ese concepto de un urbanismo que coloque los cuidados en el centro, la secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, Mari Cruz Lara, defiende la necesidad de contar con servicios públicos básicos: “Si no hay una guardería donde poder dejar a los niños, un centro de mayores donde los padres estén atendidos y un transporte que permita la movilidad, es muy difícil que una mujer pueda tener flexibilidad para acceder a un empleo desde un municipio pequeño, lo que agranda la desigualdad”. “No debería ser así, añade, pero en la mayoría de los casos esas labores de cuidados siguen recayendo en ellas, hay que seguir peleando para que este contexto cambie”.    

Como prueba, los últimos datos que recoge el Ministerio de Igualdad: en 2024, el 90,7% de quienes pidieron una excedencia para el cuidado de hijos fueron mujeres. El porcentaje apenas ha variado en la última década.

Otro número que evidencia la situación laboral en Extremadura es la última cifra del paro: tres de cada cuatro nuevos desempleados el pasado mes de enero fueron mujeres; ellas representan ahora mismo al 60,10% de quienes no tienen trabajo.

Ante este escenario, los pueblos “o te encierran o no resultan atractivos”, asegura Lara. Y aquí empieza el bucle: sin políticas de conciliación eficaces que permitan favorecer más nacimientos, sin una apuesta clara por los recursos públicos, será difícil que la población infantil crezca y no se ponga en riesgo la continuidad de los colegios, por ejemplo. De manera que la herida de la despoblación seguirá sangrando. Y, en esa pescadilla que se muerde la cola, será más complejo apostar por servicios básicos en las zonas rurales. 

De hecho, esta idea se subraya en una guía publicada en 2021 por la Junta de Extremadura y titulada Proyectando con perspectiva de género. Guía para planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles. En la misma se apuesta por una mejora del urbanismo y se recogen planteamientos como: “Cuando un territorio es disperso como el extremeño, las desigualdades de género tienden a incrementarse con respecto al acceso a los servicios y equipamientos”.   

Ahondando en el tema del transporte, la socióloga Manuela Caballero apunta: “El año pasado estuvimos haciendo encuestas en la comarca de La Siberia de los motivos para quedarse en los pueblos y nos llamó la atención la necesidad que tiene todo el mundo de un coche propio para moverse; si no, sienten que es como vivir en una cárcel”.

Si bien es cierto que el autobús es gratuito para moverse dentro de Extremadura, las rutas disponibles son escasas y no suponen una alternativa real. Y esto provoca que cada vez se usen menos. Y aquí otro bucle: si no hay usuarios, peligra su supervivencia. “Hay que tener muy clara una cosa: el autobús ha de ser un servicio público en las zonas rurales, no se puede pensar solo en su rentabilidad”, se lamenta Cecilia Carrasco, que vuelve a resaltar que son las mujeres las principales usuarias. Y, en consecuencia, las principales afectadas.

El PSOE trata de pasar página de los comicios de Aragón lo más rápido posible. Mira ya hacia Castilla y León, donde cree que no tendrá un golpe tan duro como el 8F. Y después tocarán las andaluzas. Un inicio de ciclo electoral, diseñado por el PP a partir de Extremadura, que encadena malas noticias para los socialistas.

Sin embargo, en el Palacio de La Moncloa y en la calle Ferraz tienen otra lectura de lo que está sucediendo y no creen que estén ante un final de ciclo. Reconocen, eso sí, varias fuentes socialistas que el escenario es complicadísimo y que la extrema derecha está subida en una potente ola, pero piensan que no es inexorable que PP y Vox sean los protagonistas del próximo Gobierno estatal.

¿Y por qué? En el PSOE ponen por delante que el partido históricamente saca peores resultados en los comicios autonómicos que en las elecciones generales y que en las municipales. Por lo que no se puede extrapolar, según ellos, a todo el territorio lo que ha pasado en Extremadura o Aragón. Un comportamiento de su electorado que ni ellos mismos terminan de entender, ya que en las comunidades se gestionan materias tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales, pilares trascendentales del proyecto del puño y la rosa.

Esa tendencia que apuntan en Ferraz y en La Moncloa, según los datos electorales, es una realidad. Y es que en la inmensa mayoría de territorios los socialistas sacan mejores resultados cuando se vota al presidente del Gobierno central y a los alcaldes que a los cargos autonómicos. Esto sucede ahora de manera clara en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Euskadi y Cantabria, donde tanto en municipales como generales se lograron respaldos superiores a los parlamentos regionales.

De hecho, sólo hay dos territorios en todo el país en el que se votó más al PSOE en las autonómicas que en las últimas generales y municipales: Castilla-La Mancha y Asturias, que es, precisamente, donde gobiernan (además de en Cataluña y en Navarra). Y Castilla-La Mancha, asimismo, es la única autonomía de toda España, junto a Murcia, donde Pedro Sánchez logró un porcentaje menor de voto que las planchas electorales del PSOE en autonómicas y locales.

El caso de Aragón es el que está ahora encima de la mesa por la actualidad. Pilar Alegría empató el suelo histórico con 18 diputados y logró un respaldo de poco más del 24%. Ese dato está muy por debajo del que logró Sánchez en las generales del 23J, cuando superó el 31% de votos. Y en aquella cita aumentó el monto de votos respecto a las autonómicas que se habían celebrado dos meses antes, con Javier Lambán como candidato (29,55%).

La vista también está puesta en las elecciones de Andalucía, que tendrán lugar previsiblemente en junio. Es una de las grandes batallas porque es la comunidad que más escaños reparte para el Congreso. Las anteriores autonómicas en 2022, con Juan Espadas a la cabeza de los nombres de la papeleta, el PSOE apenas superó el 24%, teniendo el peor resultado de su historia en el sur. Aquella cita presagiaba una gran debacle para Sánchez en las generales, pero, contra todo pronóstico, el presidente logró allí el 23J más de un 33%, casi diez puntos más y un respaldo clave para aguantar en el Palacio de La Moncloa.

Otro caso que también se pone sobre la mesa es el de la Comunidad de Madrid, que en las autonómicas, con Juan Lobato como candidato, quedó en tercera posición el 28M, con poco más del 18% de apoyos en aquella contienda en la que arrasó Isabel Díaz Ayuso con mayoría absoluta. Pero, en cambio, en las generales, los socialistas subieron casi diez puntos, llegando hasta casi el 28% de apoyos el 23J.

Y en el socialismo se pone el foco especialmente durante estos tiempos en Cataluña, que se ha convertido en su gran aldea gala. Salvador Illa se impuso en las últimas autonómicas, en abril de 2024, con casi el 28% de votos. Pero es que en las generales del 23J Sánchez consiguió un resultado espectacular, superando el 34% de votos (lo que llevó al PSC a tener 19 escaños hoy en el Congreso).

Otro de los casos más paradigmáticos es el de Galicia. Allí el PSOE se hundió en las últimas autonómicas, con poco más de 14% de votos, siendo superado por el BNG de manera fulgurante con más del 31% de votos y 25 asientos en el Parlamento gallego (los socialistas se quedaron en apenas 9). Pero ese resultado no tiene nada que ver con las generales, donde Sánchez se acercó al 30%. Un porcentaje similar al que lograron en las municipales, elecciones con las que el PSOE logró algunas de las alcaldías más potentes como A Coruña o Vigo.

En el PSOE, hay barones y alcaldes que durante estos días trasladan la idea de que sería conveniente que Sánchez fuera a las urnas en unas generales antes que se produzcan las municipales y autonómicas de mayo del año que viene. Pero esa opción está descartada por el momento por el presidente del Gobierno, que remarcó durante su comparecencia en el Congreso este miércoles que las elecciones serán en julio de 2027.

Aunque su intervención era sobre el accidente en Adamuz (Córdoba), Sánchez dejó esta consideración con un claro mensaje sobre su hoja de ruta: "Yo no sé qué harán los ciudadanos y las ciudadanas en julio de 2027 cuando haya unas elecciones generales. No lo sé. Lo que sea, será bueno porque es lo que ellos democráticamente habrán elegido, y yo nunca pondré en cuestión la legitimidad del futuro presidente o de la futura presidenta del Gobierno de España". 

Como señala uno de los ministros más cercanos a Sánchez: “Esa teoría de que el presidente hunde a los candidatos autonómicos se cayó en las anteriores elecciones. Fue a las urnas dos meses después él como número uno,  superó el resultado en casi todas las comunidades y ganó un millón de votos respecto a las elecciones de noviembre de 2019”.

Y, además, la frase de Sánchez de situar su plan en julio del año que viene también hace descartar la opción de ir a un superdomingo electoral, con las generales junto a las municipales. Esta opción era bien vista por algunas federaciones que sí confían en el presidente como un dinamizador para su voto, como es el caso del PSOE madrileño.

Pero Sánchez, como señalan los suyos, está absolutamente convencido de ir hasta el final de la legislatura y de que, a pesar de los reveses electorales en algunas autonomías, hay margen para disputar el partido con un PP que ya da muestras de que ha llegado a su techo electoral. Como señala un miembro de la dirección del PSOE: “En la derecha hay una pelea por la hegemonía del bloque, mientras que los mayores enemigos de la izquierda son la abstención y la fragmentación”.

Pero el PSOE, a pesar de agarrarse a esas dinámicas electorales, sigue sin resolver su principal problema: la falta de tirón en las autonómicas. Sánchez trató de cambiar esa inercia, después del fracaso del 28M, y diseñó una estrategia a partir del parlamento nacional para que las federaciones estuvieran en manos de referentes dentro del Consejo de Ministros. Pero la apuesta de Pilar Alegría no ha salido bien, por lo que ahora están también en el punto de mira lo que hagan María Jesús Montero (Andalucía), Diana Morant (Comunitat Valenciana) y Óscar López (Madrid).

A pesar del resultado, Alegría se va a quedar al frente de la federación y pretende hacer un trabajo de oposición de fondo durante estos años para vencer en las siguientes autonómicas. En cambio, en Extremadura el que fuera candidato, Miguel Ángel Gallardo, dimitió como secretario general y ahora el partido está en manos de una gestora, que no tiene previsto celebrar un congreso para elegir un nuevo liderazgo hasta después de que se forme Gobierno en esta autonomía.