La comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid ha citado este martes a declarar para la sesión del próximo 17 de febrero al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; al exmiembro del Consejo de Administración de Caja Madrid y de Telemadrid en 2007 José Antonio Moral Santín; al presidente del Getafe Club de Fútbol, Ángel Torres; y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, seg

Sus comparecencias versarán sobre la compra de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y Getafe en 2007 por parte de Telemadrid y Caja Madrid, una operación que resultó un fracaso y en la que ambas entidades madrileñas perdieron varios millones de euros.

En la anterior sesión, celebrada el viernes 3, comparecieron el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, Javier Tebas, la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, el director jurídico del ente público Radio Televisión Madrid (RTVM) en el momento de la compra de dichos derechos, Joaquín Escaso, y Manuel Soriano, expresidente de RTVM en ese momento.

Ese día habían sido llamado también Blesa y Moral Santín, pero no pudieron asistir porque estaban llamados a declarar en el juicio de las tarjetas black.black.

El ex consejero delegado de Bankia y número dos de Rato, Francisco Verdú, puso en evidencia en su declaración como testigo a su antiguo jefe al asegurar que al negarse a utilizar la tarjeta que le dio, este se enfadó con él. Pero incluso le hizo una advertencia personal para que no la utilizara porque podría traerle "consecuencias importantes". Un aviso que, según esta versión, fue premonitorio al acabar el propio Rato acusado de haber cometido los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal.

El segundo testimonio de esta martes que pone una nueva piedra en el camino de las defensas fue la intervención del director de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, quien fue el responsable de investigar los gastos irregulares realizados con las tarjetas que, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, superaron los 12 millones de euros. Su testimonio, vital para los imputados, fue muy técnico. Pero la conclusión de su declaración de más de seis horas y media fue: los gastos reflejados en la hoja que Bankia y el Frob enviaron a la Fiscalía Anticorrupción no han sido manipulados, sino que reflejan de forma fiel la utilización de los plásticos de los consejeros y directivos procesados.

Estas son, al detalle, las cinco contradicciones de las versiones de Rato y Blesa, que sostienen en esencia que las black eran una parte de sus retribuciones, y por lo tanto no fueron creadas al margen de la legalidad. 

1. Una mala práctica bancaria

Las defensas y las acusaciones habían marcado en rojo la fecha de este martes 11 de octubre. El ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, considerado el número dos de Rato, era el primer testigo en sentarse ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su declaración en la fase de instrucción, Verdú había sido muy contundente al explicar los motivos por los que había dicho no a la black: eran "una mala praxis bancaria" porque ese gasto no se reflejaba en su sueldo.

Y por eso era tan importante su testimonio en el juicio oral. El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón abrió el turno, preguntando lo mínimo para que Verdú volviera a repetir los motivos de su negativa. En sintonía, las acusaciones hicieron un interrogatorio breve, cuyo única finalidad era que el testigo repitiera sus conclusiones.

Pero el turno para hacer preguntas pasó a las defensas, que tenían la oportunidad de lograr una contradicción en el relato del que fue número dos de Rato. Y para ello iniciaron interrogatorios que buscaban convencer al tribunal de que Verdú, como jefe directo del ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, podría haber acabado con las tarjetas, pero que sin embargo no lo hizo. Un exconsejero, en una conversación con infoLibre, llegó a calificar a Verdú como "un mentiroso".

Pero el ex consejero delegado de Bankia, lejos de amilanarse, utilizó los ataques de las defensas para dar más datos sobre sus advertencias a Rato sobre las tarjetas. "Se lo dije a Rato y después a Sánchez Barcoj", replicó Verdú, que ante la insistencia de los abogados anunció su intención: "Ahora me voy a extender más".

"No sólo les dije que era una mala praxis y que podía tener consecuencias, sino que le dije a Rato que no usara esa tarjeta, y así se lo repetí al señor Sánchez Barcoj. Yo entiendo que no es una práctica general sino que sólo afectaba a cuatro personas", completó Verdú, en un testimonio que perjudica de forma frontal los intentos de Rato de convencer al tribunal de que las black eran en realidad una parte de las retribuciones de los dirigentes.  

Esta reacción de Verdú alertó al resto de abogados de las acusaciones, que a partir de ese momento modularon las preguntas al número dos de Rato, para evitar que la declaración del testigo perjudicara a sus defendidos. La declaración se cerró poco después, con sin cierto alivio para los letrados de los procesados.

El letrado de Sánchez Barcoj pidió el turno para pedir al tribunal la autorización para querellarse contra Verdú, que minutos antes había asegurado que la firma que aparece en uno de los documentos había sido presuntamente falsificada por el propio Sánchez Barcoj.

2. El auditor de Bankia respalda las hojas de gastos

Durante todas las jornadas en las que los procesados fueron interrogados por el fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón, la hoja de gastos que Bankia aportó al Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob) y que acabó finalmente en una querella en la Audiencia Nacional fue criticada por los acusados. Unos aseguraban que incluían gastos en países del extranjero en los que nunca habían estado, e incluso el ex secretario general de UGT en la Comunidad de Madrid José Ricardo Martínez llegó a explicar que le habían cargado gastos en El Corte Inglés en Nochebuena, "cuando yo estaba cenando en casa con mi familia".

Incluso los que como el exministro del PSOE Virgilio Zapatero aseguraron que las tarjetas eran para gastos de representación también pusieron impedimentos a la denominada de forma despectiva "hoja excel", al haber sido aportada por Bankia al procedimiento en un documento de este programa informático.

Y para tratar de desacretitar esta prueba, básica para la acusación, los abogados de Blesa, Rato y el resto de procesados trataron de buscar contradicciones en la intervención del director general de Auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que durante seis horas y medias respondió a las preguntas de los letrados.

El interrogatorio, muy repetitivo y técnico, exasperó a la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, que al cortar las preguntas repetidas de los abogados llegó a decir: "Ya le ha respondido, nos sabemos la respuesta de memoria".

Para defender la legalidad de los gastos incluidos en la hoja, Azaola explicó que una de las trabajadoras de Bankia había guardado en una caja de cartón numerosa documentación, que se refleja, según su versión, de forma fiel en la documentación del caso.

"El informe ha sido escrupuloso con las personas. No hay forma de conocer dato individual de uso de ningún consejero –ha explicado el testigo–. La única información es agregada por conceptos sin otro objetivo que demostrar que no eran gastos de representación y que había algún tipo de irregularidad en los mismos". De este modo rechazaba la postura de los acusados que impugnaron la prueba pericial al entender que se había vulnerado la Ley de Protección de Datos con su difusión.

3. Barcoj contradice la versión de Rato sobre las black de Bankia

El ex director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj echó por tierra en su interrogatorio en el banquillo de los acusados la versión de Rato de que las tarjetas black durante su etapa como presidente en Bankia eran un mero modo de pago, como si de un cheque bancario se tratara. En su intervención, el exvicepresidente del Gobierno estableció una diferencia entre la etapa de Blesa, en la que aseguró que las tarjetas eran un complemento retributivo, y su etapa en Bankia, en la que los gastos de las black iban, según esta nueva versión de Rato, contra las cuentas corrientes de los directivos y consejeros.

Esta nueva estrategia sorprendió al propio fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que recordó a Rato que en la instrucción no había establecido esta diferencia.

Y pocos minutos después fue el propio Sánchez Barcoj el primero que contradijo esta estrategia de defensa de Rato, al negar esta diferencia con la que Rato trata de eludir cualquier responsabilidad en la creación de las tarjetas en Bankia para cuatro consejeros. 

4. De la Torre dice que eran gastos de representación

Un día antes, el pasado lunes, el ex secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, echó por tierra la estrategia de los exconsejeros de Caja Madrid que habían sido nombrados por los partidos políticos y sindicatos. Estos representantes del consejo de administración han argumentado de forma mayoritaría en sus testimonios ante el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo, que el dinero que gastaban con las tarjetas era una retribución por sus trabajos en la entidad financiera.

Pero De la Torre, que como secretario del consejo era el que asesoraba jurídicamente a los directivos y consejeros, estableció en su declaración una diferencia que perjudica a los exconsejeros, y que también le libera de cualquier responsabilidad penal. Según De la Torre, los directivos como él utilizaban las tarjetas como una parte de su sueldo, mientras que los exconsejeros solo podían utilizar la tarjeta para gastos de representanción.

Pero esta versión no sólo perjudica a los esconsejeros, sino que también contradice los interese de Blesa y Rato, que como máximos responsables de las entidades financieras habrían permitida e incluso propiciado estos gastos presuntamente irregulares.

5. No declararon a Hacienda

Ninguno de los procesados que han explicado sus gastos con las tarjetas como una parte de sus ingresos legales han logrado demostrar al tribunal que han tributado por esas cantidades. En algunas ocasiones, los acusados, muchos de ellos personas expertas en el mundo de las finanzas, han mostrado su convencimiento de que Caja Madrid y Bankia lo hacían, pero en ninguno de los casos lo comprobaron.

En la mayoría de los casos, como por ejemplo el empresario Francisco Javier López Madrid, el yerno de Villar Mir (OHL), aseguró que los datos de Caja Madrid se los daba sin cotejar a su asesor fiscal.

La ausencia de estas cantidades en las declaraciones de la renta de los procesados en un problema en la versión de los expresidentes Blesa y Rato, que han asegurado en sus declaraciones que sus gastos con las black eran sueldo, aunque no tributaran por él. 

La última jornada de las declaraciones de los procesados en las tarjetas black ha supuesto un importante golpe para la estrategia de los exconsejeros a propuesta de los partidos políticos y sindicatos, que se enfrentan junto a los directivos a una acusación de delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal y para los que la Fiscalía Anticorrupción reclama entre uno y seis años de cárcel.

Uno de los imputados clave, en concreto el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, ha asegurado en su testimonio ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que los consejeros sabían que la tarjeta que se les entregaba era para gastos de representación y no eran parte de su sueldo.

"Por su cualificación, los miembros del consejo sabían mejor que yo lo que era una tarjeta de gastos de representación. Creo que algún consejero, la señora Rojo y don Rodolfo Benito, cuando les di la tarjeta y les dije que era para gastos de representación me dijeron que qué se entendía por eso. Se lo expliqué de manera descriptiva: almuerzos, libros..., pero siempre relacionado con la actividad de la empresa y la actividad de consejero", declaró De la Torre, a preguntas del fiscal Alejandro Luzón. Sin embargo, según esta versión del caso, los directivos como el propio De la Torre sí disponían de una tarjeta retributiva, cuyas cantidades se incluían en el certificado de haberes y retenciones que le enviaba Caja Madrid para hacer la declaración de la renta.

"Éramos empleados"

Este testimonio de De la Torre, una de las personas de la máxima confianza del entonces presidente Miguel Blesa hasta su salida de la caja en 2009, rompe la estrategia de la mayor parte de los consejeros que habían sido nombrados por los partidos y los sindicatos y que en sus declaraciones han asegurado que el dinero que gastaron con la Visa era una parte de su sueldo. "La diferencia es que los directivos éramos empleadosdirectivos . Había un control para esos gastos más riguroso, más cercano, que con los consejeros", se justificó De la Torre.

Esta versión de los hechos coincide con la primera interpretación que hizo el propio fiscal del caso, que en un principio sólo dirigió la acusación contra los consejeros. Pero la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de procesar también a los integrantes del comité ejecutivo obligó a Luzón a incluir también a estos directivos, que han acabado sentados en el banquillo de los acusados.

Alejandro Luzón también preguntó a De la Torre por el correo que envió a Jesús Rodrigo, su sustituto en la caja en 2009, poniendo en copia a Miguel Blesa bajo el epígrafe de "Confidencial" y en el que se hacía mención a las tarjetas black a efectos fiscales.

"Neutrales a efectos fiscales"

Al respecto, De la Torre dijo que esa expresión hacía referencia a que las Visa no tenían repercusión alguna en el IRPF de los consejeros porque no eran entendidas como retribución, sino como gastos de representación. "Yo ya no era secretario del consejo, por lo que el correo no está escrito con el formalismo que habríamos utilizado en un informe como secretario general. Black a efectos fiscales significa a que eran neutrales a efectos fiscales. Que eran gastos de empresa asumidos por la caja y no tenían repercusión en el IRPF de los consejeros. Eran gastos de representación asumidos por la caja como gastos de empresa y deducidos en el Impuesto sobre Sociedades", completó el ex secretario general de Caja Madrid.

El nombre de Enrique de la Torre aparece también en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Madrid contra Blesa y otros directivos por los sobresueldos presuntamente irregulares de 13,5 millones a varios cargos de Caja Madrid. De esa cifra, Anticorrupión resaltó los 2.730.000 euros cobrados por Blesa y los 2.890.000 percibidos por De la Torre.

Tras finalizar las declaraciones de los procesados, esta martes comienza el turno de una treintena de testigos, entre los que se encuentra el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que se negó a utilizar la Visa por considerarla una mala práctica bancaria, o el director de auditoría interna de la entidad Iñaki Azaola.

"Mala praxis bancaria"

La novena sesión del juicio comienza este martes con la declaración de Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia y una de las cuatro personas, junto con Esteban Tejera, Íñigo María Aldaz –ambos citados también como testigos– y Félix Manuel Sánchez Acal, que rechazó emplear el plástico por considerarlo, según él mismo dijo, "una mala praxis bancaria".

El interrogatorio de Verdú tiene especial interés puesto que su nombre ha salido a relucir durante las declaraciones de algunos encausados como el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el entonces director de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, que declararon que en realidad Verdú no rechazó la tarjeta cuando se la entregaron ni insinuó que podía no ser adecuada. Sin embargo, el representante del Ministerio Público utilizará el testimonio del exconsejero delegado para demostrar que las tarjetas eran opacas.

A propuesta del Ministerio Público y de Bankia –que ejerce la acusación particular– está llamado a declarar el predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, a quien muchos de los procesados han señalado como creador de las Visa. En su intervención ante el tribunal que preside Ángela Murillo, algunos encausados, como el propio Blesa, se remitieron a la puesta en marcha de esta práctica aprobada en un consejo de 1988, bajo el mandato de Terceiro.

Sin embargo, Terceiro prestará declaración ante el tribunal en noviembre, según ha anunciado la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. Será entonces cuando el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, vuelva a interrogar al que fuera presidente de la caja entre 1988 y 1996 si las tarjetas se otorgaron en calidad de gastos de representación o como un complemento retributivo.

Pero el plato fuerte del juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en el que permanecen 65 personas procesadas por gastar de forma ilegal, según el fiscal Alejandro Luzón, más de 12 millones de euros, fueron los exdirigentes de CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de la patronal madrileña (CEIM) Arturo Fernández.

Luzón, que interpeló primero a Arturo Fernández, empresario de la restauración propietario de la firma Cantoblanco, se interesó por el motivo por el que el concuñado de Fernández, el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, gastaba cantidades fijas con la tarjeta en sus restaurantes: "¿Esos cargos responden a comidas o una suerte de financiación y acuerdo con Díaz Ferrán?", preguntó el representante del Ministerio Público a Arturo Fernández.

Desayunando en los calabozos

El letrado de Díaz Ferrán reclamó entonces a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que esa pregunta la realizara en presencia del interrogado, que se encontraba en los calabozos, ya que permanece en prisión desde diciembre de 2012: "El señor Díaz Ferrán no había podido desayunar hasta ahora, y están dándole de comer en los calabozos", explicó el letrado, que pidió al fiscal que interpelara a Arturo Fernández sobre los gastos de Díaz Ferrán cuando éste ya estuviera de vuelta en el banquillo de los acusados.

Unos minutos después, ya con Díaz Ferrán presente, Luzón volvió a hacer la pregunta a Arturo Fernández sobre los gastos que hacía el presidente de la CEOE, a lo que contestó que los gastos fijos que se reflejan en los extractos de las black eran adelantos a cuenta: "En los restaurantes teníamos buenos clientes como Díaz Ferrán, que hacía muchas reuniones de trabajo. Entregaba a cuenta de sus facturaciones unas cantidades fijas, y al final se le decía si faltaba algo...".

"Se liquidaba", completó el fiscal antes de que Arturo Fernández, a quien se le atribuyen gastos de 38.776 euros, continuara: "Entregaba el dinero a cuenta y luego se liquidaba".

Gastos en restaurantes

En su turno, Díaz Ferrán aseguró a Alejandro Luzón que sólo reconocía los gastos que había hecho en los restaurantes, "y no todos". En este sentido explicó que él consideraba que había hecho el 50% de los gastos que aparecían en restaurantes, "como mucho. Era absurdo que yo me quedara con las copias. Esta hoja [en referencia al excel aportado por Bankia en el que se ven los cargos que hacía con la black] es un papel mojado y sólo sirve para que digan en la televisión que yo me he comprado una mesa", lamentó Díaz Ferrán, que fue interrumpido por su abogado, quien le reclamó que se tranquilizara.

Díaz Ferrán, que insistió en que se le atribuyen gastos que no había hecho, sí explicó por qué pagaba cantidades fijas a los restaurantes de su concuñado Arturo Fernández: "Yo hice esos cargos en los restaurantes en los años 2008 y 2009, con empresarios de Madrid y algunas veces de otras provincias", declaró el reo, que recordó que en aquellos años era presidente de la CEOE y antes de la CEIM de Madrid, "en la que me sucedió Arturo Fernández".

Pero con la crisis, según el testimonio de Díaz Ferrán, que pagó 93.984 euros con su black (la mayor parte en restaurantes de Arturo Fernández) había muchas empresas que no tenían el crédito suficiente para poder seguir trabajando: "Y yo pensé entonces que podía hacer la labor de ayudar a los empresarios por un lado y a Caja Madrid por otro". 

Comidas con empresarios

El expresidente de la patronal CEOE recordó entonces que Caja Madrid tenía su negocio principal en el crédito hipotecario, "y cayó en picado. Y era bueno que Caja Madrid profundizara más y por eso reuní a empresarios en comidas de 20, 30, 10 y 15 en las que, por una parte, les iba aconsejando que fueran a Caja Madrid y a otros también les pedía que echaran una mano. Y de ahí vienen los gastos de las comidas", declaró. 

Y como esta actividad era en beneficio de la caja, Díaz Ferrán consideró que no tenía que pagarlo de su bolsillo. "Eran gastos en favor de Caja Madrid y de los empresarios, y me pareció normal pagar esas comidas”, completó.

"Increíble" estar en el banquillo

Por su parte, el expresidente de la comisión de control de Caja Madrid Pablo Abejas negó que este órgano tuviera algo que ver con la emisión y gestión de las tarjetas y ha indicado que le parece "increíble" estar sentando en el banquillo de los acusados.

Abejas precisó que en los seis años que estuvo en la caja "nunca jamás" obtuvo ninguna comunicación relativa al uso de la tarjeta –y cuyo límite en su caso era de 25.000 euros– y que era un hecho conocido su uso por parte de otros miembros de la entidad, por lo que no le extrañó la práctica.

Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP Jesús Pedroche dijo que la entidad le negó acceder al desglose de los gastos efectuados con su tarjeta black en 2007 y que lo solicitó porque los cargos que le constaban a la entidad no coincidían con los que él apuntaba en su "contabilidad doméstica".

También nombrado por el PP, Darío Fernández Yruegas precisó ante el tribunal que nunca "ni de forma verbal ni por escrito" se le comunicó por parte de la entidad que había actuado de manera incorrecta al utilizar la tarjeta.

"Absolutamente inocente"

Otro de los exconsejeros promovidos por la formación conservadora, Alberto Recarte, aseguró que es "absolutamente inocente" de los delitos que se le acusa y añadió que para que haya apropiación indebida tiene que existir una motivación económica, algo que rechazó.

Tanto Mercedes Rojo como Francisco José Moure, que fueron nombrados consejeros a propuesta del PP, explicaron a preguntas del fiscal Anticorrupción que confiaban en la gestión de Caja MadridCaja Madrid y que no tuvieron dudas de que la caja se encargaba de la fiscalidad de las tarjetas.

Gonzalo Martín Pascual, exconsejero de la entidad por UGT y que cargó 129.750 euros, testificó por su parte que nunca receló de l tarjeta que le fue otorgada y que si hubiera dudado de su legalidad la hubiera devuelto.

En representación del PSOE, el exconsejero José María Arteta hizo hincapié en que el listado de los gastos facilitado por Bankia estaba "plagado de errores": "He contabilizado más de doscientos. Hay anotaciones que están mal, a mí se me atribuyen gastos en una conocida cafetería y a la vez una comida en una marisquería", precisó Arteta, que respondió que utilizó el plástico para gastos de libre disposición relacionados con la actividad de la entidad.

Comisión de control

Por su parte, Rodolfo Benito (CCOO) aseveró que lo único que reconoce del desglose de gastos de la Visa es el "daño" que le ha ocasionado y agregó que hizo un uso de la tarjeta "controlado".

Finalmente, los miembros de la comisión de control de Caja Madrid –Rubén Cruz Orive, Antonio Rey de Viñas y Antonio Cámara Eguinoa– defendieron en su turno de declaraciones ante el tribunal que se les dijo que la fiscalidad de las Visa dependía de la entidad. Los tres acusados destacaron que nunca tuvieron motivos para dudar de la legalidad de la tarjeta.

La jornada de declaraciones de este martes, la segunda después de que iniciara las comparecencias el otro presidente de Caja Madrid que está en el banquillo, Miguel Blesa, comenzó con un importante cambio en la versión de los hechos por parte de Rato.

Si hasta ahora el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional había mantenido que las tarjetas eran parte de su sueldo, este martes, ante la sorpresa del fiscal Alejandro Luzón, Rato aseguró que desde que él se hiciera cargo de Bankia, en enero de 2010, los plásticos se convirtieron en un simple instrumento de liquidez sobre sus salarios, como si se tratara de un cheque.

"No eran para nada un suplemento [...] eran un mero instrumento de cobro, no era retribución. En Caja Madrid era un complemento aprobado por el comité de retribuciones, y en mi época no era parte de mi paquete retributivo", completó Rato, que de esta forma intenta eludir cualquier responsabilidad en la creación de las Visa.

La buena fe de Bankia

Preguntado por el representante del Ministerio Público en el juicio sobre el motivo por el que en su anterior declaración había apostado por otra versión, la de que los gastos de las tarjetas sí eran parte de sus retribuciones, Rato apuntó hacia Bankia: "Yo tenía una mejor opinión de la buena fe de Bankia. No creo que hubiera declarado lo mismo tras comprobar la buena fe de Bankia", respondió el exministro del PP para poner en duda los datos que facilitó la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri a la Fiscalía Anticorrupción.

El segundo en declarar en el juicio fue el considerado número dos de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj. Y el abogado de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, no dejó escapar esta primera oportunidad para corroborar la nueva versión del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar. "A preguntas del fiscal Rato diferenció la presidencia de Miguel Blesa y la de Rato, ¿hubo alguna modificación?", interpeló Herzog, a lo que Sánchez Barcoj respondió que lo único que cambió era el límite de gasto establecido por el Gobierno, que era de 600.000 euros.

Un instrumento de pago

Ya por la tarde, fue el turno del consejero de Caja Madrid a propuesta de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín que en una intervención muy técnica, que exasperó a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, defendió en parte la versión de Rato a costa de contradecir a Blesa. Aunque para ello aseguró que durante todos los años, tanto con Blesa como con Rato, las tarjetas black eran en realidad un instrumento de pago de las remuneraciones de los directivos y consejeros.

El fiscal Luzón también preguntó a Moral Santín sobre su responsabilidad como integrante del comité de retribuciones de Caja Madrid, pero también por el motivo por el que en las actas nunca llegaron a aparecer las subidas de sueldo con las tarjetas. Y el que fuera representante de IU en la caja madrileña apuntó nuevamente a Blesa, al asegurar que era el presidente el que llevaba la propuesta de aumento de las retribuciones, que al final aprobaba el consejo de administración.

Blesa, por su parte, también consideró en su declaración del viernes a las black como una parte de la retribución de los dirigentes de la caja, aunque en todo momento su testimonio se refirió a su etapa de presidente de Caja Madrid, y no en la de Rato.

Hojas manuscritas

Pero en los dos primeros días del juicio de las black también han cobrado gran importancia unos manuscritos vinculados a las reuniones del comité de retribuciones, cuya existencia adelantó infoLibre. En concreto, estos documentos aportan datos sobre las tarjetas que, sin embargo, no aparecen en las actas oficiales, que en ningún momento se refieren a la utilización de las Visa por parte de los consejeros o de los integrantes del comité de dirección presidido por Miguel Blesa.

Para el fiscal Alejandro Luzón, el hecho de que este manuscrito sí hable de las tarjetas mientras que el documento oficial no diga nada, es una muestra del ocultismo de los directivos con los pagos de las tarjetas. Para Blesa es una prueba de lo contrario. De que las retribuciones de los plásticos se aprobaban en la comisión de retribuciones

"Tarjetas: no subir"

La Fundación Caja Madrid, que fue la que aportó estos documentos al caso Bankia, vincula los manuscritos al acta de 18 de junio de 2008, aunque en realidad en el texto el autor, cuya identidad no se facilita, alude "al 25". El 25 de junio de 2008 fue la fecha en la que la comisión de retribuciones mantuvo una segunda reunión.

La comisión de retribuciones de 25 de junio fue presidida por el fallecido Guillermo Marcos Guerrero, representante de los impositores, y contó con la asistencia de José Antonio Moral Santín (IU), Antonio Romero Lázaro (PSOE) y el secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre.

Todos los datos escritos a mano concuerdan con el acta oficial, aunque aportan información que no aparece en el acta oficial de la comisión de retribuciones en relación con las tarjetas B: "Hoy 25", indica el documento, "preside Guillermo. Dietas ordinarias 2008", continúa el escrito, que en una quinta línea especifica: "Tarjetas: no subir", seguido de "Dietas part. bruto 8%".

Asimismo, el fiscal también aludió en su interrogatorio a Moral Santín al informe de gobierno corporativo de Bankia sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos en el que no aparece aparece las tarjetas. En concreto, preguntó si no era una forma de ocultar las tarjetas, a lo que el consejero a propuesta de IU aseguró que el informe no fue aprobado por la dirección de la entidad financiera.

Rodrigo Rato y Miguel Blesa hacían cola el martes por la mañana para entrar en la Audiencia Nacional, donde se instruye la pieza del caso Bankia sobre las tarjetas black ofrecidas por la entidad a sus altos cargos. La nube de cámaras a la salida de la sede de San Fernando de Henares da una idea de la magnitud del proceso. El jueves, otro tipo de colas acreditarán en el teatro municipal Fernán Gómez de MadridFernán Gómez de Madrid —a 20 kilómetros del polígono que aloja la Audiencia— que el juicio se extiende más allá de la Sala de lo Penal. Hazte banquero. Tartejas 'black': todo lo que quisieron ocultarte, contado con sus propias palabras, una obra de teatro de las plataformas ciudadanas Xnet y 15MpaRato sobre los correos de Blesa, lleva meses desarrollándose de forma paralela al proceso y pretende acompañarlo hasta que se cierre. Su objetivo: que la historia de los desmanes de la entidad no se difumine entre los dimes y diretes de acusación y defensa. Pero también recordar que todo esto lo inició "la gente". 

En la sala habilitada en San Fernando —adonde, por cierto, llegaba también el caso Gürtel— solo caben 15 personas en el público. Tras su estreno el pasado julio en el festival Grec de Barcelona, el Fernán Gómez se convierte durante cinco noches (hasta el 9 de octubre) en extensión del juicio, esta vez abierto a todos. Así lo formula Simona Levi, activista de 15MpaRato y Xnet y, además, directora de la obra. Sobre escena, lo que ella llama "teatro de datos": un texto construido durante un año por la propia Levi y Sergio Salgado a partir de los correos de Blesacorreos de Blesa, 8.000 mails enviados o recibidos por el que fue presidente de Caja Madrid hasta 2010. Y, ante todo, la voluntad de que no se olvide el papel de "la gente normal y corriente", cuando los que copan ahora titulares están muy lejos de esa categoría. Los correos, que darían lugar luego a la pieza separada de las tarjetas black que se juzga ahora, llegaron de manera anónima a un buzón de filtraciones gestionado por Xnet. Levi critica con amargura que "lo más difícil del proceso ha sido que se reconozca el papel de la sociedad civil". 

Ya se encargan ellos de contarlo en la escena que introduce la obra. Recuerda que 15MpaRato "pretende demostrar que algunos llaman crisis tiene responsables con nombres y apellidos", que la querella lanzada por esta iniciativa fue posible gracias al dinero procedente del crowdfundingcrowdfunding y que el proyecto, aunque luego haya contratado abogados que le represente, está gestionado por personas que no están especializadas en la materia. "El caso Bankia", dice Levi, "no lo ha abierto un fiscal, ni partido, ni Luis de Guindos, sino la gente. La obra de teatro es una manera desbordante de explicar esta historia". Y, también, de hacerla más clara. Con una duración de hora y media y un tono de comedia, explica el funcionamiento de Caja Madrid, los principales protagonistas, sus negocios estelares, las disputas internas, la llegada de Rato y el nacimiento de Bankia. Eso, con un importante apoyo audiovisual y de datos, y un buen puñado de carcajadas por parte del público. 

Pero no se trata solo de apoderarse de nuevo de la autoría de uno de los procesos judiciales más relevantes de los años de crisis —no se trata, explican, de una cuestión de ego, sino de que la gente se empodere y actúe—. Tampoco están de acuerdo con el relato que se ha hecho de las tarjetas blackblack, la única pieza de la causa—hay otras dos dedicadas a las preferentes y la salida a Bolsa de Bankia— en la que no están presentes como acusación particular: "Los medios que han sacado este tema, excepto infoLibre, se han centrado en lo escandaloso del estilo de vida". Que cambiaran hasta cuatro de veces al mes de coche oficial, que se organizaran cacerías por 30.600 dólares por persona o que en las comidas del Consejo se sirvieran botellas de vino de más de 700 euros cada una. Lo que ellos tratan de mostrar es que las tarjetas, con las que los 65 exdirectivos procesados gastaron 12 millones de euros, compraban también complicidades y voluntades políticas. 

Ildefonso Sánchez Barcoj, director financiero de la entidad, tiene el récord de gasto con 572.187 euros. Pero allí estaban los consejeros nombrados a propuesta del PP, del PSOE, de IU, de los sindicatos CC OO y UGT, y por la CEOE. La sección a la que han llamado "Votar & cobrar" se centra en la relación entre favores económicos y favores políticos. "Aquello solo funcionaba a través de la corrupción y de comprar voluntades. No tiene nada que ver la ideología, era solo cuánto yo y mi organización cobramos por nuestra actuación", denuncia Levi. "La función real del Consejo era la de ejercer control público sobre las cajas", cuentan en escena, "pero la realidad es que ellos se dedicaban a votar lo acordado y cobrar lo pactado". Para ilustrar el asunto se centran en José AntonioMoral Santín, exdiputado de IU, consejero y vocal en empresas participadas por Caja Madrid, cuyo apoyo a Rato, denuncian, facilitó el acceso del partido a créditos bancarios. Varios de los correos de Blesa, además, dejan claro que habría vendido su voto a cambio de un aumento de sus dietas. 

Este es el tema que más preocupa a Levi y el equipo de Xnet y 15MpaRato, porque lo consideran el problema de fondo... que no ha sido abordado. "Es un tema de democracia, más que solo de gestión. Lo que proponía Caja Madrid es que los partidos vigilasen su funcionamiento. Esto para nosotros no es vigilancia. Se ha demostrado que el sistema no se vigila a sí mismo, y los propios partidos no han propuesto una alternativa", explica la directora. Por eso ellos apoyan "propuestas democráticas alternativas", entre las que Levi nombra al Partido X, Barcelona en Comú, En Marea o la CUP, para establecer una "vigilancia ciudadana". ¿Y los nuevos partidos, como Podemos y Ciudadanos? "Tienen una estructura de partido clásica, y solo admiten que entres a su organización", critica. 

Mientras los ficticios Blesa, Rato y demás exdirectivos —interpretados por Josep Julien, Albert Pérez, Elies Barberà y Agnés Mateus— anden montando focos y probando la acústica del Fernán Gómez, los reales estarán camino de San Fernando de Henares. Pretenden mantener la gira, que les ha llevado por ahora a Barcelona, A Coruña y Valencia, mientras siga el juicio oral. Barajan ya una adaptación cinematográfica, al estilo de B, la película sobre el caso Bárcenas. Y Xnet anda pendiente, a la vez, de las piezas en las que sí figura como acusación. Pero, antes de la sentencia, esta "maravillosa coincidencia" se suma ya a su lista de victorias. 

El exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín ha asegurado que las tarjetas black por cuyo uso presuntamente fraudulento se sientan en el banquillo 65 exaltos cargos y directivos de la entidad y Bankia, fueron entregadas para utilizarlas "sin justificación" y ha calificado de "error" referirse a ellas como una "retribución" porque en realidad era un medio de pago.

Moral Santín, para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión y multa de 81.000 euros por el uso que hizo de su plástico, ha respondido al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón que estas tarjetas no aparecían en las actas de retribuciones de la entidad porque no son un concepto retributivo y la normativa no requiere que se identifiquen los medios de pago.

"De lo que hay que hablar es de si las remuneraciones, especialmente las hechas a través de la tarjeta, estaban fiscalizadas y sometidas a los procedimientos normativos de la empresa. Pero es un error entenderlas como retribución porque es un medio de pago", ha dicho y ha precisado que es compatible el sistema de incentivos (como las remuneraciones) con las retribuciones.

El exdiputado de Izquierda Unida ha expuesto ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que esta práctica –por la que se les acusa de delitos de apropiación indebida y administración desleal– nació en 1988 por un acuerdo de la caja para compensar el "esfuerzo y dedicación" de los consejeros de la entidad y cubrir los costes en los que incurrían en el ejercicio de sus funciones.

El expolítico de IU, que ha dicho en varias ocasiones que guarda mucha documentación sobre la causa debido a la dilatación de la misma, nunca se vio obligado a justificar los gastos cargados a su tarjeta, que ascienden a 456.522 euros, de los cuáles más de 300.000 eran retiradas en efectivo de cajeros. Al igual que han manifestado Miguel Blesa, Rodrigo Rato y Sánchez Barcoj hasta el momento, Moral Santín ha rechazado la prueba pericial presentada por Bankia y que incluye el desglose de gastos efectuados presuntamente con estas tarjetas alegando que no aporta extracto bancario y por tanto no queda acreditado el documento.

El exconsejero ha puesto como ejemplo alguno cargos efectuados "sin saber cómo" en febrero de 2009 y que ascienden a 4.900 euros. "Podría ser de otra persona porque no tiene nada que ver conmigo. Corresponden a restaurantes a los que no he ido en mi vida (...). Yo he hecho extracciones normalmente en la oficina, y aquí me las ponen en reintegro en cajero pero no identifican cual. Eso no puede ser", ha espetado.

Tras las preguntas del fiscal, Moral Santín ha respondido a las de su abogado, a quien ha dicho que la única visa que tuvo nació con Caja Madrid y murió cuando la entidad puso fin a esta práctica en 2011. Así, durante las tres etapas de la entidad (Terceiro, Blesa y Rato) no se produjeron cambios respecto a la operativa de la tarjeta. Los beneficiarios de las black  –entre los que se incluye una nutrida representación de miembros del PP, PSOE e IU además de los sindicatos de UGT y CC.OO y de la patronal como la CEOE–, tampoco recibieron información de los extractos ni tenían acceso a los movimientos, por lo que no podían cotejar la información que estaba en potestad de la caja, según ha explicado.

En sintonía con lo expuesto por su predecesor Ildefonso Sánchez Barcoj, el exconsejero ha asegurado que el presidente de la entidad era el responsable directo de las tarjetas si bien luego, de acuerdo con el procedimiento vigente, se analizaban sus propuestas en el comité de retribuciones donde debía explicar "cómo se asignaba la masa global". En los 24 años en los que se extendió esta práctica no tuvo indicios de irregularidad alguna por parte de los responsables de los plásticos a los que les profería "confianza absoluta". No obstante, ha precisado que planteó ante la comisión ejecutiva que se reflexionara sobre los devengos que percibían y Terceiro le dijo al respecto que el sistema era "inamovible".

Moral Santín, que se incorporó a Caja Madrid en 1995, ha dicho que era la secretaría general de la entidad la que tenía competencias sobre las black –a las que se cargó un total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012– y se ha remitido a un informe elaborado por la misma. También ha dicho no tener conocimiento del famoso correo electrónico entre Enrique de la Torre, secretario del consejo de administración en la época en que Miguel Blesa, y su sucesor en el cargo Jesús Rodrigo, en el que se preguntaba por las remuneraciones de exaltos cargos y directivos y que se envió con copia a Blesa bajo el epígrafe de Confidencial.

Barquero se niega a reconocer los gastos efectuados con su 'black'

Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid por Comisiones Obreras, Francisco Baquero, se ha negado a reconocer el desglose de los gastos efectuados con su tarjeta 'black', los cuales ascienden un total de 266.400 euros. Baquero se apoyó en la afirmación de que aparecen cargos que no recuerda haber efectuado.

Ante las preguntas del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y de su defensa, el exconsejero ha afirmado que a su llegada a la caja se le otorgó esta tarjeta, que entiende como parte de su remuneración, y desconoce si todos los gastos que se le atribuyen a su plástico fueron efectuados porque no se ofrece detalles de los mismos.

El exconsejero se ha negado a otorgar veracidad a la hoja Excel que aportó Bankia como prueba pericial y que recoge los 12,5 millones de euros que los 65 encausados cargaron a sus tarjetas entre 2003 y 2012, al igual que hicieron ya Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj y José Antonio Moral Santín. En esta ocasión, alegó que aparecen cargos a restaurantes donde no ha ido en su vida.

Respecto al uso de la visa, Baquero, que se enfrenta a una pena de prisión de cuatro años de cárcel y una multa de 81.000 euros, ha asegurado que no recuerda si hubo cambios en las cuantías máximas de la 'black'. Lo que sí ha confirmado es que la suya tenía dos límites: uno de carácter mensual y otro anual.

La Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal se encarga de dirimir si los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia cometieron delitos continuados por apropiación indebida y administración desleal por el uso presuntamente fraudulento que hicieron de las tarjetas, que estuvieron vigentes durante 24 años.

Las primeras siete horas del juicio contra los 65 exconsejeros y ex directivos de Caja Madrid y Bankia, que gastaron de forma presuntamente ilegal 12 millones de euros con las tarjetas black han mostrado las estrategias de las acusaciones, sobre todo de la Fiscalía Anticorrupción y Bankia, pero también de las defensas encabezadas por los letrados de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato. También han jugado un papel importante los abogados del exsecretario de Estado del PP Estanislao Rodríguez-Ponga y del inspector de Hacienda José María Buenaventura Zabala.

El juicio, que comenzó con una hora de retraso tras la sustitución de la magistrada Carmen Paloma González Pastor por su compañero Juan Francisco Martel, celebró este lunes su primera sesión, lo que se denomina cuestiones previas. En esta parte del juicio, las partes pueden aportar nueva documentación, pero también pueden alegar posibles vulneraciones de los derechos de los procesados durante la instrucción.

Y esto fue lo que hicieron tanto el fiscal Alejandro Luzón como el representante legal de Bankia, pero también todos los abogados de los 65 procesados. El tribunal, compuesto por el mencionado Juan Francisco Martel, la presidenta Ángela Murillo y Teresa Palacios, que será la encargada de redactar la sentencia, dio la palabra en primer lugar al fiscal Luzón, que también es el responsable de la pieza principal del caso Bankia, en la que se investiga la fusión y la salida a bolsa de la entidad durante la presidencia de Rodrigo Rato.

Y como nueva prueba, el fiscal aportó el informe del perito del caso Bankia Antonio Busquetscaso BankiaBankia en el que asegura que los directivos de la entidad financiera tuvieron voluntad de ocultar la existencia de las tarjetas, ya que no informaron a la Agencia Tributaria de que se estaban usando como complemento salarial.

Nuevos correos de Caja Madrid

El representante legal de Bankia aportó en su turno nueve documentos que podrían suponer un impulso para la acusación: nuevos correos internos de Caja Madrid y Bankia en los que se muestran las presuntas irregularidades cometidas por los procesados.

Precisamente, un mensaje con destino a Blesa del entonces secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, dio inicio a la investigación de las blackblack, que el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), el organismo público que en la actualidad es el dueño de Bankia, envió a la Fiscalía Anticorrupción, que acabó presentando una querella en la Audiencia Nacional.

infoLibre ha tenido acceso a esos nuevos mensajes, sobre los que han informado este fin de semana el diario El País y la Cadena Ser. Y ha podido comprobar que en varios de ellos las trabajadoras que se encargaban de las gestiones de las tarjetas se remiten a "las indicaciones de Sánchez Barcoj", en referencia al director general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, al que según la acusación Blesa encomendó la gestión de las tarjetas pese a que este no tenía atribuidas esas funciones "sorteando así al órgano competente".

La comparecencia del abogado Carlos Aguilar, el defensor del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, para el que el fiscal reclama la mayor pena, seis años de cárcel, inició los turnos de las defensas, que en todo momento han mostrado una coordinación en su estrategia. Todas ellas han apoyado las peticiones de sus compañeros de banquillo de forma independiente al origen de que sus nombramientos fueran a propuesta del PP, del PSOE, de IU, de UGT, de CCOO y de los cuadros de Caja Madrid (Accam).

Tres directrices

Esta estrategia, que tendrá que dilucidar el tribunal en la fase inicial de cuestiones previas, consta de tres directrices esenciales: asegurar que ni Bankia ni su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), pero tampoco el dueño último de las acciones, el FROB, estaban legitimados para denunciar los hechos, porque no existía cuando los directivos y consejeros utilizaban las tarjetas, ya que el banco se creó en diciembre de 2010 tras la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otra cinco cajas de ahorros de menor tamaño.

Los procesados quieren demostrar que la única que podía denunciar los hechos era la sucesora de la Caja, la Fundación Caja Madrid, que se desentendió de la denuncia, al considerar que era Bankia la entidad perjudicada, ya que fue la que heredó el negocio de las cajas fusionadas.

Precisamente, el primero de los abogados que defendió con mayor vehemencia la supuesta falta de legitimidad de Bankia para denunciar los hechos fue el letrado de Rodríguez-Ponga, que aseguró: "Pese a que tanto Bankia como el FROB dicen que tienen legitimidad para denunciar e investigar los hechos, yo creo que no, porque no existe perjuicio", pues los gastos de las black se produjeron antes de la creación de Bankia.

En este sentido, el abogado del número dos de Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, llegó a reconocer que durante la existencia de Bankia los procesados sí hicieron uso de las Visa: "Durante 95 días utilizaron las tarjetas emitidas por Bankia gastando nada más que 55.900 euros", explicó el letrado.

Pero este abogado también aseguró que la presencia de Bankia y BFA como acusación era "indebida", al considerar que sólo Caja Madrid puede ser víctima como titular de las tarjetas: "Y Caja Madrid no ha ejercitado la acción penal. La intervención de ambos sin ser víctima de los delitos cometidos con las tarjetas y cuyo gasto solo soportó Caja Madrid y pretendiendo la acción civil como perjudicados, viola el artículo 24 de la Constitución Española", dijo el abogado, que completó: "Deben ser excluidos como acusación".

Segundo punto

El segundo punto de la estrategia de las defensas es tratar de conseguir la nulidad del caso por la supuesta infracción cometida por Bankia contra los derechos fundamentales de los acusados, cuyos gastos con las tarjetas fueron enviados por la entidad financiera al Frob primero y después a la Fiscalía Anticorrupción sin orden judicial.

Los encargados de ahondar en este hilo argumental fueron los representantes legales de Rodríguez-Ponga y Sánchez Barcoj, al asegurar este último sobre las tablas Excel en las que se reflejaban los gastos: "Son propiedad de Caja Madrid y no de Bankia, que es una ocupante de esos documentos que no son de su titularidad. Es una prueba ilegítimamente obtenida por lo que debería expulsarse del procedimiento".

Pero en este apartado del argumento de las defensas destaca la interpretación del abogado del economista Juan Emilio Iranzo, que aseguró que estos gastos formaban parte de la intimidad de las personas: "No hay autorización judicial para la cesión de datos, que contienen una enorme sensibilidad porque permiten conocer aspectos íntimos, como por ejemplo sus orientaciones sexuales". En similares términos se expresó el letrado del ex jefe de la Casa Real Rafael Spottorno, quien aseguró que esos correos vulneraban la intimidad de su defendido.

Como tercer punto de la estrategia de defensa se encuentra el intento de convencer al tribunal de que los delitos de apropiación indebida y administración desleal están prescritos. El encargado de esta misión fue el letrado del inspector de Hacienda José María Buenaventura Zabala, cuyo abogado es José Antonio Choclán. Este letrado aseguró a los magistrados que no se puede imputar a los exconsejeros un delito continuado, por lo que los delitos estarían prescritos.

"Mala fe procesal"

Pero los letrados de los exdirectivos Sánchez Barcoj y Mariano Pérez Claver también se opusieron a que el tribunal acepte incorporar al juicio los nuevos correos electrónicos aportados este lunes por la mañana por Bankia: "Son 700 folios por ambas caras, lo que suponen 1.400 páginas que Bankia tiene en su poder porque los ocuparon. Y en el último momento aportan los 1.400 folios a la Sala y a estas defensas, lo que es absolutamente improcedente", dijo el letrado de Sánchez Barcoj, mientras que el defensor de Amat llegó a denunciar "mala fe procesal".

Por su parte, el letrado del exdirectivo Mariano Pérez Claver reclamó al tribunal que pida a Bankia un correo electrónico cuyo contenido probaría, según explicó, que las tarjetas habían sido expedidas con anterioridad a la presidencia de Blesa. "Esta prueba es esencial porque demostraría que ya existían las tarjetas con anterioridad. Es esencial que Bankia confirme cuando se expidió esa tarjeta", dijo.

La nueva federación de IU en la Comunidad de Madrid parece no convencer a muchos de los antiguos militantes en IU-CM, el partido del que la organización liderada por Cayo Lara se desvinculó el pasado junio. Tres meses después de que IU federal fundase una nueva formación para sustituir al que hasta entonces había sido su brazo en la Comunidad de Madrid, tan sólo 1.100 de los aproximadamente 4.300 afiliados de IU-CM se han inscrito en el nuevo partido.

El enorme cisma abierto entre la dirección federal de IU y su federación madrileña, IU-CM, que se agravó en los meses previos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, se zanjó definitivamente el pasado 14 de junio, cuando el Consejo Político Federal de IU –su máximo órgano entre congresos– aprobó cortar todos los lazos con la organización madrileña y fundar otra formación que fuera su rama en la comunidad. En la resolución aprobada en esa fecha, la dirección de IU federal ofrecía tres meses a los militantes de IU-CM para que se inscribiesen en la nueva federación manteniendo sus condiciones.

Pero, a una semana de que finalice ese plazo –se cierra el 14 de septiembre–, lo cierto es que de los 4.300 afiliados con los que contaba IU-CM en el momento de su desvinculación de la organización de Cayo Lara –según fuentes de IU federal; a las primarias para el 24-M celebradas en noviembre de 2014 se convocó a 4.775 militantes–, tan sólo poco más del 25% ha completado el proceso de inclusión en la nueva federación. El secretario de Organización y número dos de IU, Adolfo Barrena, rechaza valorar estos datos, si bien asegura que su organización está "moderadamente satisfecha de cómo se está desarrollando el proceso" e insiste en que IU no pretende "entrar en competencia" con su antigua federación madrileña.

IU no entra a valorar las afiliaciones

"No tenemos unas expectativas concretas sobre el número de militantes, la afiliación es libre en este país", sostiene Barrena. En cualquier caso, que el plazo finalice el próximo 14 de septiembre tan sólo implica que los antiguos afiliados de IU-CM que se inscriban en el embrión de la nueva federación madrileña ya no podrán conservar su "estatus", en palabras del secretario de Organización, lo que incluye "el tipo de cuota y su forma de pago, no duplicarles el recibo" o la "antigüedad", que da, por ejemplo, derecho al voto en los procesos de IU si es de más de dos meses. No obstante, cualquier persona podrá seguir inscribiéndose con posterioridad a esa fecha.

En cualquier caso, el proceso sigue en marcha y el pasado 2 de septiembre el dirigente mantuvo una reunión con algunos de los militantes que sí se han inscrito en la nueva organizacion. Barrena explica que ese encuentro, en el que participaron afiliados de la ciudad de Madrid, fue el primero de varios que se organizarán durante esta semana y la siguiente con todas las agrupaciones comarcales. En las reuniones, sostiene el secretario de Organización, se ofrece a los nuevos militantes "información sobre el estado del proceso" de conformación del nuevo partido, que de manera provisional está funcionando a base de "grupos de trabajo" controlados por IU federal.

Esta situación se mantendrá así hasta que se convoque una Asamblea para constituir formalmente la nueva federación, así como sus estructuras y órganos de dirección. Barrena sostiene que aún no hay una "fecha clara" para la convocatoria de esta asamblea, si bien desliza que el deseo de IU es negociar el posible pacto de confluencia para la lista de Madrid para elecciones generales a través de su federación madrileña, algo que no obstante también podría hacer si es el federal quien controla aún la rama madrileña. Otras fuentes de la organización son más concretas y sostienen que el proceso de constitución podría acelerarse tras los comicios autonómicos que se celebrarán el 27 de septiembre en Cataluña.

Una disputa que se inició hace casi un año

La creación de una nueva federación de IU en Madrid no está siendo un camino de rosas para la organización liderada por Cayo Lara, que no obstante consiguió hace unas semanas que se desestimase la petición de IU-CM de registrar su logo y sus siglas –coincidentes con los de IU federal– para utilizarlas como un partido independiente, ya que tiene personalidad jurídica propia. La formación de la que se desvinculó IU había solicitado en enero, seis meses antes de la ruptura, apropiarse de estos símbolos, algo que el pasado 26 de agosto rechazó la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Y es que el desencuentro entre ambas formaciones viene de lejos. Fue hace casi un año, en octubre de 2014, cuando el estallido del caso de las tarjetas black en el que estaban involucrados exdirigentes de IU-CM como José Antonio Moral Santín dio el pistoletazo de salida a la guerra interna, ya que sectores de IU señalaron como responsables políticos de la participación de la federación en el escándalo a dos excoordinadores madrileños: Ángel Pérez y Gregorio Gordo. Ambos fueron expulsados por IU federal, pero no así por IU-CM.

El ambiente enrarecido por el escándalo se ennegreció aún más a causa de las divergencias sobre la estrategia a seguir en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, ya que los dos vencedores de las primarias en la formación –Tania Sánchez y Mauricio Valiente– apostaban nítidamente por confluir con otras fuerzas en contra de la opinión de buena parte de la dirección de IU-CM. El conflicto entre ambas posturas dio con ambos dirigentes fuera de IU: Valiente acabó presentándose en las listas de Ahora Madrid a los comicios locales y ahora es tercer teniente de alcalde de la capital, mientras Sánchez renunció a concurrir a las autonómicas e irá en las listas de Podemos para las generales. IU-CM, por su parte, quedó fuera del consistorio madrileño y de la Asamblea de Madrid.

Un año después de que una auditoría interna de Bankia destapase cómo 85 exconsejeros y antiguos directivos de Caja Madrid habían dilapidado 15,25 millones con tarjetas visa, las black, y aconsejara comunicar el hallazgo al FROB –el fondo que aportó 22.450 millones públicos para salvar al banco–, ninguna de las dos entidades implicadas pide que le devuelvan el dinero.

Incluso así, la decisión de la Audiencia Nacional de imputar de nuevo a los directivos de la extinta entidad de ahorro a quienes el juez instructor del caso, Fernando Andreu, había exonerado conjura el peligro más inmediato: que salgan indemnes quienes, pagando con la tarjeta o sacando previamente dinero del cajero con ella, dedicaron fondos de Caja Madrid a misiones tales como almuerzos, vacaciones y lencería fina.

Heredera de los activos financieros de Caja Madrid, Bankia aduce que sólo puede reclamar los 250.000 euros que varios antiguos consejeros –entre ellos, el expresidente del banco, Rodrigo Rato– gastaron a partir de que el banco quedó constituido en enero de 2011. Y la Fundación Caja Madrid, heredera de los restantes activos de la caja –principalmente, el patrimonio inmobiliario y el artístico– y con un presupuesto anual de 29 millones en 2014, sostiene que las tarjetas formaban parte del negocio financiero.

En defensa de sus respectivas tesis, cada una de las dos partes esgrime sendos informes periciales. Bankia dispone de un forensicforensic –un informe similar a una auditoría pero que llega más lejos en cuanto a recopilación de pruebas con vistas a futuros procedimientos judiciales– cuyo contenido ya trascendió en el verano de 2014. Y la Fundación Caja Madrid –ahora rebautizada como Fundación Montemadrid– dice tener cuatro, a ninguno de los cuales ha podido acceder infoLibre.

En resumen, Bankia argumenta que pedir la restitución de los 15 millones corresponde a la Fundación Caja Madrid por su condición de heredera de la caja cuyo patrimonio sufrió un quebranto por culpa de las tarjetas black. Lo argumenta bajo el siguiente razonamiento: que el quebranto –los 15 millones dilapidados– ya se había producido cuando la caja aportó su patrimonio para la creación del BFA, el banco matriz de Bankia. Y como ya se había producido ese quebranto, poseía un efecto inocuo a efectos contables en los futuros balances de Bankia.

También Moral Santín, ex de IU

Y la Fundación Caja Madrid alega justamente lo contrario: que reclamar esos 15 millones concierne a Bankia porque la empresa forensic a la que acudió la entidad dictaminó esto: que “las cuentas en las que se contabilizaron los gastos de tarjetas tienen que ver con el negocio bancario y no están en relación con cuenta alguna de Fundación, Obra Social y el Monte de Piedad, lo que confirma que las conclusiones de orden jurídico y contable son coincidentes”.

Bankia ya comunicó en junio de 2014 a la Fundación Caja Madrid lo que decía su informe. Fuentes conocedoras de aquel episodio recalcan que Carmen Cafranga, entonces presidenta del patronato de la fundación y socia de la esposa del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, estuvo al tanto del aviso de Bankia desde el primer momento.

¿Decidió la Fundación Caja Madrid no hacer nada porque tanto Cafranga como otro miembro de su patronato en aquella época, José Antonio Moral Santín, exdirigente de IU, se cuentan entre quienes gastaron a tarjeta llena? Cafranga, ahora imputada por Andreu y que dimitió de su cargo en octubre de 2014, gastó 175.000 euros. Moral Santín, exdirigente de IU, aún más: 456.522 euros, de los que 367.800 euros fueron extraídos en metálico. 

Pero, según los portavoces de la fundación, ni ella ni Moral Santín participaron en la reunión donde el patronato decidió no personarse en la causa ni reclamar los 15 millones por ninguna vía. Este diario preguntó cuándo se produjo esa reunión pero no obtuvo respuesta.

El FROB como garante

Que ni Bankia ni la fundación heredera de la entidad de ahorro reclamen la devolución del dinero aparece en el escenario como el cierre del círculo en una historia donde el uso de las tarjetas visa fiscalmente opacas –las black– constituye una pieza más en el engranaje de despilfarro y uso político de la entidad construido por Miguel Blesa y su equipo desde su llegada en 1996.

No obstante, y así lo recuerda el juez instructor del caso, Fernando Andreu, en un auto fechado el 17 de junio, hay un perjudicado indiscutible por las tarjetas black: el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), cuya aportación, “capital público, no se olvide, habría quedado reducida en el importe de los fondos indebidamente utilizados con estas tarjetas”.

El argumento de que la aportación del FROB se efectuó con posterioridad a la disposición de fondos o bienes con las tarjetas no vale, escribe el juez. Porque, “evidentemente, la inyección de fondos públicos necesariamente presupone un previo quebranto patrimonial”.

Andreu introduce ese recordatorio en el auto donde rechaza levantar la imputación del antiguo consejero de Caja Madrid Rodolfo Benito. Para quedar fuera de la lista de investigados, el antiguo dirigente de CCOO adujo que no se había cumplido el requisito de perseguibilidad de los delitos porque faltaba la denuncia de la “persona agraviada”.

Y es ahí donde el juez despeja la incógnita con una afirmación que asegura la continuidad del procedimiento: “Toda vez que el FROB expresamente persigue estas conductas [la presunta administración desleal] en el presente procedimiento […], el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 296 del Código Penal se encuentra cumplido”.

El magistrado agrega otro razonamiento en garantía de que la causa se mantendrá viva: que a los imputados también se les atribuye un segundo delito, el de apropiación indebida. Y ese, recalca Andreu, “no requiere de requisito de perseguibilidad alguno”.

Fue en sus alegaciones al recurso de Rodolfo Benito contra el citado auto del juez Andreu donde Bankia coló de nuevo su razonamiento de que sólo es perjudicada en cuanto a lo gastado a partir de enero de 2011. Así lo adelantó el diario El País.

Que el banco que dirige José Ignacio Goirigolzarri haya aprovechado el trámite de alegaciones al recurso de un imputado resulta extemporáneo, en opinión de los activistas de 15MpaRato, que ejerce la acusación particular en el caso Bankia. "Hace esas manifestaciones en un momento en que no toca", avisa Sergio Salgado, uno de sus portavoces. 

Salgado, no obstante, envía un mensaje de tranquilidad: "Que el FROB esté presente asegura que los delitos no queden impunes y llegado el momento del juicio oral se pueden presentar más perjudicados como, por ejemplo, aquellos accionistas a los que representamos".

El dirigente de IU Madrid desde hace más de dos décadas Ángel Pérez firmó entre 1998 y 2011 un mínimo de 13 convenios por 1,73 millones con diferentes responsables de la Fundación Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa primero y desde enero de 2010 por Rodrigo Rato, según los convenios a los que ha tenido acceso infoLibre gracias al BuzónX de filtraciones del grupo activista Xnet.Xnet

Los contratos muestran que Ángel Pérez, como presidente de la Fundación de Estudios Municipales y Territoriales (Fundeste), era el encargado de rubricar los acuerdos con los responsables de la entidad cuyo principal responsable era Blesa.

Los dirigentes de IU más próximos a Pérez siempre han intentado desligarlo de la gestión de Fundeste, una fundación que estuvo 20 años sin presentar sus cuentas. Culpaban de ese "descontrol" a Pedro Orgaz, responsable de Finanzas ya fallecido. Los contratos con Caja Madrid confirman el papel clave que tenía Pérez en Fundeste, una fundación de la que apenas se conoce actividad.

Ángel Pérez y Gregorio Gordo fueron los coordinadores de IU Madrid que auparon a José Antonio Moral Santín a la Caja y que firmaron y prorrogaron el pacto de estabilidad en la entidad, apuntalando a Miguel Blesa en el poder.

Precisamente, el apoyo a Blesa y al representante de IU en la caja, José Antonio Moral Santín, fue el principal problema que provocó la crisis vivida en IU Madrid antes de las recientes elecciones, que acabó con la renuncia de Tania Sánchez como candidata de la formación de izquierda en la Comunidad de Madrid. Pero también el enfrentamiento frontal entre Ángel Pérez, que ha sido portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid entre 2007 y 2015, y el candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón.

Dos préstamos a Fundeste

Además, Caja Madrid concedió en 2005 dos préstamos hipotecarios a Fundeste, para que adquiriera sendos inmuebles en las localidades madrileñas de Leganés y Fuenlabrada.

La entidad bancaria, presidida entonces por Miguel Blesa, permitió que la compra y la hipoteca no fuesen inscritas en el Registro de la Propiedad. En marzo pasado, una década después, los inmuebles seguían figurando a nombre del anterior propietario.

Pero en realidad los locales no los utiliza Fundeste, pese a ser su propietario desde 2005, sino que son las sedes de IU-CM en ambas localidades madrileñas. En el caso de Fundeste, entre sus fines fundacionales no figura la adquisición de inmuebles para cederlos a Izquierda Unida.

En definitiva: en 2005, cuando IU-CM llevaba varios años sin pagar lo que debía a Hacienda y a la Seguridad Social, su fundación compró dos locales en las localidades de Leganés y Fuenlabrada.

Esto supuso destinar 238.000 euros del patrimonio de Fundeste a algo que no figura en sus fines fundacionales, ya que ambos inmuebles se convirtieron en sedes de IU.

Fundeste fue inscrita en el Ministerio de Cultura por una orden del 27 de junio de 1989, entre esa fecha y 2008 jamás presentó sus cuentas anuales, según confirmaron a infoLibre fuentes ministeriales.

Organización de jornadas y conferencias

Fundeste ha estado presidida entre 1996 y 2014 por Ángel Pérez, expulsado hace unos meses de IU precisamente por su responsabilidad política en relación con los escándalos que afectan a Caja Madrid.

Al igual que en el caso de FAES, del Partido Popular, los acuerdos entre ambas fundaciones promovían objetivos genéricos, como "el establecimiento de una obra social en colaboración, conforme a la legislación vigente".

Y esta colaboración consistió, en todos los casos, en la aportación de importantes cantidades de dinero "para ayuda a la organización de jornadas y conferencias". 

Tal y como se indica en los convenios con otras formaciones políticas, Fundeste estaba obligada a acreditar la inversión en el plazo de un año: "Dicha justificación se hará mediante la entrega de un ejemplar de la memoria o cuanta información y documentos se consideren necesarios".

Un correo de Blesa 15 de julio de 2004 desvelado por infoLibre explica que en realidad eran los dirigentes de los partidos políticos los encargados de indicar al equipo dirigido por Miguel Blesa cómo se repartía el dinero entre las entidades que se beneficiaban de las ayudas y que todos los años aprobaba la Fundación Caja Madrid.

En el caso de IU Madrid no había ningún reparto entre patronatos, ya que todos los contratos que obran en poder de infoLibre incluyen el nombre de Ángel Pérez. Este diario dispone de los convenios rubricados entre 1998 y 2001, con la excepción de 2001. 

El mayor montante recibido por esta fundación de IU Madrid se produce en 2008 y 2009, con sendas aportaciones de 213.650 euros. La primera de ellas, la de 2008, tiene como fecha el 20 de febrero de 2008, días antes de que se celebraran en marzo las elecciones generales que ganó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

El 18 de octubre de 2011, días antes de que se desarrollaran los comicios que venció el PP de Mariano Rajoy, Fundeste se embolsó otros 53.413 euros. 

Irregularidades en la caja

Asimismo, los correos electrónicos de Blesa demuestran que el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, considerado el brazo derecho de Miguel Blesa en su etapa de presidente de la entidad financiera madrileña, pagó con su tarjeta B la fianza por un recurso judicial que presentó un miembro de la Comisión de Control elegido a propuesta de Izquierda Unida contra una decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre.

El propio De la Torre reconoció este pago, a preguntas del fiscal Alejandro Luzón: "¿Utilizó usted su tarjeta retributiva para pagar una fianza?", preguntó el representante del Ministerio Público. Y en ese momento De la Torre contestó: "La verdad es que no lo recuerdo, pero es posible, es posible que, que, que, que, que me dijeran con algún tipo de recurso que me dijeran que algún consejero que no tenía fondos suficientes para la fianza y, hombre, no iba a darles dinero de la caja, es posible que les prestara yo dinero que, sin lugar a dudas, debieron de devolver".

Pero sobre todo la relación con Blesa en Caja Madrid la mantuvo por parte de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín, que llegó a ser vicepresidente de la entidad financiera. Moral Santín está imputado en la Audiencia Nacional como presunto autor de los delitos de administración desleal y apropiación indebida por gastar con la black 456.500 eurosblack .

Según la documentación que obra en el sumario de la Audiencia Nacional, solo en remuneraciones del consejo de administración Moral Santín ganó 100.2000 euros por sus trabajos en el consejo de administración y 116.800 euros en 2006. En 2007 la cifra se elevó hasta los 121.600 euros, a los que habría que añadir otros 163.000 euros en dietas por acudir a los consejos de las empresas participadas por Caja Madrid.

Pero la Fundación Caja Madrid no solo financió a IU Madrid, sino que también aportó dinero a PP, PSOE y CCOO. Como desveló este martes infoLibre, los tres partidos y el sindicato ingresaron en 13 fundaciones 14 millones en forma de subvenciones.

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha reclamado a Bankia que "certifique" los cargos realizados con sus tarjetas black por 81 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankiadirectivos , según un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, Andreu rechaza el criterio seguido por el teniente fiscal, Alejandro Luzón, que considera que el delito de administración desleal solo se puede atribuir a 64 consejeros nombrados por los partidos (PP, PSOE e IU) y por los sindicatos (UGT y CCOO) y la patronal.

El fiscal también considera que las tarjetas eran para los directivos un complemento retributivo. Y por eso exonera a los 17 integrantes de los comités de dirección de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato. Estos dos últimos sí se incluyen entre los investigados por Anticorrupción en su calidad de presidentes del consejo de administración de Caja Madrid y Bankia, respectivamente. En este sentido, Luzón ya había solicitado el archivo de la acusación contra tres de estos directivos.

Andreu basa su petición de los movimientos de los plásticos a Bankia tras la negativa de Visa S.A. a facilitar los movimientos de las tarjetas B, al asegurar que los únicos que tienen acceso a esta información son las entidades financieras, "que de forma exclusiva conceden las tarjetas a sus titulares".

"Cargos efectuados"

"Procede requerir a Bankia a fin de que remita a este juzgado certificación acreditativa de los cargos efectuados en las tarjetas de crédito por los imputados en la presente pieza, durante el periodo comprendido desde el año 2003 hasta la cancelación de las mismas", resalta el magistrado.

Pero Andreu aporta un dato coincidente con la versión de Anticorrupción y que apunta a un final próximo de la instrucción de la pieza separada de las tarjetas black: "La diligencia a practicar se encuentra comprendida dentro de las actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral y las practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que pueden influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes".

Tal y como aseguraba Andreu en un auto de la semana pasada en el que confirmaba la legalidad de la incorporación de los correos de Blesa, estos mensajes podrían convertirse en una prueba "incriminatoria" de los directivos, ya que podría confirmar que los interlocutores conocían el carácter "opaco" de las tarjetas: "A las que se refieren expresamente como tarjetas black", indicaba Andreu en la resolución en la que contestaba al recurso interpuesto por el expresidente de Caja Madrid.

Blesa y Rato

Además de Blesa, que gastó 436.700 euros con su tarjeta, y de Rato (99.000 euros); los directivos sobre los que Andreu reclama los movimientos bancarios son Ildefonso Sánchez Barcoj (484.200 euros); Ricardo Morado (448.300); Ramón Ferraz (397.900); Matías Amat (389.000 euros); Mariano Pérez Claver (379.500) y Enrique de la Torre (320.700).

Otros de los ejecutivos incluidos en el auto de Andreu son Juan Manuel Astorqui (293.000); Carlos Martínez (276.000); Carmen Contreras (266.800); Carlos Vela (249.200); Rafael Spottorno (223.900); Ramón Martínez Vílches (91.200); María Elena Gil García (72.500); José María García Alonso (1.100); José Carlos Contreras (23.800); Domingo Navalmoral (43.000) y Luis Gabarda (139.700).

Moral Santín

En el apartado de consejeros destacan el representante de Izquierda Unida en Caja Madrid José Antonio Moral Santín (456.500); los de Comisiones Obreras Francisco Baquero (266.400) y Pedro Bedia (78.200); los del PSOE Antonio Romero (252.100) y José María de la Riva (208.900); y del PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.400); Pablo Abejas (246.700), Ricardo Romero de Tejada (212.200) y José Manuel Fernández Norniella (175.200); y de la Patronal Gerardo Díaz Ferrán (94.000) y Arturo Fernández (37.300).

Precisamente, la semana pasada el fiscal Luzón reclamó el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra el exdirectivo de Caja Madrid y ex consejero delegado de Martinsa Fadesa Carlos Vela, el ex director de Operaciones y Sistemas Ricardo Morado y el ex director de Comunicación Juan Astorqui, quien desempeñó esta función durante catorce años en la entidad madrileña hasta 2010.

Llama la atención que Andreu incluye en el requerimiento a José Caballero (ex del PSOE), sobre el que el fiscal solicitó el sobreseimiento al considerar que sus delitos podrían estar prescritos. 

El exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre titubeó cuando el 9 de marzo el fiscal Alejandro Luzón le preguntó en la Audiencia Nacional sobre el pago de un recurso que presentó Izquierda Unida contra el Gobierno de Esperanza Aguirre con su tarjeta black.

En una grabación de su declaración judicial [escúchala aquí], a la que ha tenido acceso infoLibre, se muestra dubitativo cuando el magistrado menciona el correo electrónico en el que el propio De la Torre –mano derecha de Miguel Blesa, entonces presidente de Caja Madrid– envió al ex director general de Medios de esta entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj. 

Concretamente, Luzón le pregunta por la parte del e-mail adelantado por infoLibre en el que De la Torre apuntaba: "Si por los fringe benefits te refieres a la tarjeta Visa, te diré que contra la misma, como el presidente conoce [el juez enfatiza que escribió esto en mayúsculas], he pagado temas tales como la fianza por el recurso de IU contra los expedientes de Serrano y Castañeda".

"¿Hizo usted su tarjeta retributiva para pagar una fianza?", pregunta el magistrado. Este es el momento en el que De la Torre comienza a mostrarse nervioso: "Bueno, eh, la verdad es que no recuerdo bien ese tema. Es posible que... La verdad es que no lo recuerdo, pero es posible, es posible que, que, que, que, que me dijeran con algún tipo de recurso que me dijeran que algún consejero que no tenía fondos suficientes para la fianza y, hombre, no iba a darles dinero de la caja, es posible que les prestara yo dinero que, sin lugar a dudas, debieron de devolver. Pero vamos, no lo recuerdo muy bien".

En su testimonio, De la Torre aseguró que el expresidente de la entidad Miguel Blesa anunciaba verbalmente a cada directivo, al principio de cada ejercicio, el límite de gasto que podían cargar a sus tarjetas black. "Me decía tanto dinero y después lo empezaba a cobrar", señaló.

En la declaración judicial del pasado 9 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, De la Torre indicó que Blesa "decidía en el primer trimestre de cada ejercicio" la retribución fija de los directivos, la variable y los "límites de gasto" de sus plásticos, y que de ninguna de estas cantidades quedaba constancia por escrito.

"¿Por qué no se documentaba?", pregunta en un momento de la comparecencia el juez instructor, Fernando Andreu. "No sé muy bien por qué no, pero no me pareció nunca tampoco nada, digamos, irregular", señala De la Torre antes de añadir que otras retribuciones como los bonus o las aportaciones en especie "tampoco se documentaban".

"¿Y eso le parece normal?", insiste el juez. "No me parece irregular", replica el exdirectivo. "No le he preguntado eso, le he preguntado si le parece normal", añade Andreu, visiblemente enfadado. "Sí", contesta el compareciente.

"Las llamé 'black'"

Este rifirrafe no fue el único que De la Torre mantuvo en su declaración como imputado. A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid tuvo que explicar por qué en un correo dirigido a Blesa el 2 de enero de 2009 denominó las tarjetas "black a efectos fiscales" y aseguró que se trataba de un asunto "delicado" sobre el que había que evitar "filtraciones".

"Si yo efectivamente las llamé black, que es posible, no digo que no, me refería a tarjetas neutrales para los consejeros", aseguró el exdirectivo, quien explicó que utilizó ese término porque "la caja asumía el coste fiscal".

En este punto, el fiscal insiste en preguntar por qué empleó el término black si el sistema de retribuciones era correctoblack y no implicaba prácticas de "opacidad y ocultación".

"Con carácter general el tema de retribuciones me parece delicado y reservado, hay que llevarlo con carácter reservado", argumenta De la Torre. "Yo creo lo contrario, que debe ser algo transparente y tienen la obligación de comunicarlo al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores", replica Luzón.

Blesa y Barcoj, responsables

De la Torre, que admitió haber entregado varias de las tarjetas black a los directivos de la entidad, responsabilizó de esta práctica a Blesa, que se encargaba de fijar los "límites" de gasto, y al exvdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que se ocupaba de las cuestiones operativas.

También señaló que unas tarjetas eran para "gastos de representación" y que otras constituían "un complemento salarial" que debía declararse como el resto de retribuciones.

"La caja entregaba anualmente un certificado de IRPF donde se especificaban las retribuciones [...]. No sé si dentro de esas certificaciones está ese complemento salarial, que por otra parte coincidía al céntimo con el borrador de IRPF que me enviaba la Agencia Estatal Tributaria", explicó.

"Sí, claro, si el certificado de haberes, que es el que tiene Hacienda, se lo da la caja y no incluye lo de las tarjetas, ¿cómo no va a coincidir?", añadió con sorna el fiscal. En otro punto de su interrogatorio, le cuestionó si el sistema de retribuciones no le parecía "opaco y extravagante". "Se adoptó por razones de política salarial, por el mismo motivo que se hacen retribuciones en especie, como un coche", argumentó el imputado.

Los activistas de la asociación 15MpaRato, acusación particular, están desempeñando un papel primordial en la investigación que ha permitido la imputación de las cúpulas de Caja Madrid y Bankia, y especialmente de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

"De acuerdo con la ley, Rato deberá renovar sustancialmente el consejo de Caja Madrid, sustituyendo a todos los vocales. Caso de no hacerlo serían renovados ilegalmente", especifica el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, en un correo electrónico enviado al entonces director del diario ABC –Ángel Expósito– y que, previo paso por la sección de Economía del rotativo madrileño, acabó finalmente en el buzón de correos corporativos de Miguel Blesa.

Entre los consejeros que siguieron "ilegalmente" con la llegada de Rodrigo Rato en enero de 2010, pues en diciembre de 2009 ya habían completado el tiempo máximo de 12 años, se encontraban José Antonio Moral Santín, representante de Izquierda Unida; la fallecida en 2013 Mercedes de la Merced (PP); Ricardo Romero de Tejada (PP); y el presidente de la comisión de control de la entidad Pablo Abejas (PP).

En el mensaje, al que ha tenido acceso infoLibre, De la Torre comenta al director de ABC la información publicada en dicho diario el 3 de diciembre de 2009, que en su página 42 aseguraba que el PSOE había advertido a la comisión de control que una serie de consejeros, "entre ellos Blesa, Moral, MercedBlesa...., no pueden ser reelegidos porque han superado ya sus 12 años de mandato y el de propina que les concedió la Ley Financiera de 2002 y la Ley de Cajas de Madrid de 2003".

"Pues bien", prosigue De la Torre en el correo electrónico, "de hecho, los servicios jurídicos de Caja Madrid, que dirigí hasta mi marcha, informaron hace muchos meses de que Miguel Blesa no podía ser reelegido de acuerdo con la Ley de Cajas vigente", pero tampoco con la ley anterior.

"No cabe su reelección"

Pero De la Torre, que recuerda en su email dirigido al entonces director de ABC que fue secretario general y del consejo de administración de Caja Madrid "hasta que Miguel Blesa aceptó finalmente mi dimisión el pasado 20 de julio", asegura que la imposibilidad de renovar del propio Blesa "es total y no depende de que la Comunidad de Madrid o cualquier otro sector, Ayuntamientos, entidades representativas, le propongan o no".

No obstante, un correo electrónico anterior, de 14 de mayo de 2008, muestra como el propio De la Torre le ofrece una alternativa a Blesa para seguir como consejero. Ante la posibilidad de que la Asamblea, controlada por el PP de Esperanza Aguirre, no le renovara, le planteó la opción de que "dos aliados fieles a la caja, Alberto Ruiz-Gallardón y Antonio Romero (PSOE)", le propusieran como candidato a vocal del consejo "como persona de reconocido prestigio en una candidatura de corporaciones locales. Ni siquiera es cambio de sector". Así, el secretario general de Caja Madrid dio esperanzas de seguir a Blesa como presidente, saltándose la obligación de presentarse por el sector de la Asamblea de Madrid, algo que había sido vetado por Aguirre.

En otro correo electrónico, de 10 de junio de 2009, De la Torre muestra sus intenciones al asegurarle a Blesa lo siguiente: "En algún momento podría salir que un número importante de consejeros actuales no puede repetir legalmente mandato (entre ellos Moral), y desde luego me encargaré de que salga si no te proponen como presidente para un nuevo mandato".

Así, en el mencionado correo enviado al director de ABC, De la Torre especifica que "Miguel Blesa y otros consejeros, entre ellos Moral Santín, De la Merced, Recarte, Romero de Tejada y Ramón Espinar están ya cumpliendo el mandato de propina que regalaron aquellas leyes y, por tanto, no cabe su reelección".

"Ocupa ilegalmente su puesto"

Pero a estos nombres de consejeros De la Torre añade el del presidente de la comisión de control: "A ellos habría que sumar a Pablo Abejas, que cumplió sus mandatos el pasado enero y, desde entonces, ocupa ilegalmente su puesto en la comisión". Abejas dimitió como director general de Economía del Gobierno del PP la Comunidad de Madrid tras el escándalo de las tarjetas black, con la que gastó 246.700 euros a cuenta de Caja Madrid.

De la Torre explica en su email el porqué del rechazo de los servicios jurídicos a que continuaran estos consejeros: "La Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, tanto en su versión de 2003 como en la vigente de este año, en su disposición transitoria 5ª, modificó una palabra de la transitoria 10 de la ley básica (cambiaron 'el presente mandato' por 'tal mandato') y ello ha llevado a una interpretación de la ley que no es válida porque iría en contra de una ley básica".

Y es precisamente la postura de De la Torre ante la continuidad de Blesa y su equipo lo que estaría tras su salida de Caja Madrid: "En mi calidad de secretario general de Caja Madrid hasta finales de julio, así se lo venia informando a Miguel Blesa sin que éste aceptara mi criterio".

Y según De la Torre, Blesa "pidió entonces un informe a un despacho externo, el de Lupicinio Eversheds, que es quien asesora a la Caja en los temas corporativos y sustentaron plenamente mi informe. Ante la negativa de Blesa, presenté la dimisión, pero antes hice entrega del informe al presidente de la comisión de control, Fernando Serrano, aunque me consta que este no informó del mismo a los miembros de la comisión".

En los correos de Blesa no aparece ningún informe de Lupicinio en este sentido, aunque sí aparece una noticia de Europa Press titulada: "Un informe jurídico dice que los consejeros de Caja Madrid que ya estaban en 2003 en su mandato extra no pueden seguir".

De esta forma, y "de acuerdo con la ley", continúa De la Torre en su mensaje electrónico, "Rato deberá renovar sustancialmente el consejo de Caja Madrid, sustituyendo a todos los vocales (en su totalidad pesos pesados de los diferentes grupos que, acertadamente, citáis en la noticia", continúa De la Torre en el correo dirigido al director de ABC: "Caso de no hacerlo serían renovados ilegalmente y la sentencia de hoy, del presidente de Caja Vital es un buen precedente", confirma el ex secretario general de Caja Madrid.

Los hombres de Rato

Pese a esta información, al desembarcar el equipo de Rodrigo Rato en Caja Madrid en enero de 2010 contó con José Antonio Moral Santín, representante de Izquierda Unida en el consejo; con la fallecida en 2013 Mercedes de la Merced (PP); con Ricardo Romero de Tejada (PP); y con el presidente de la comisión de control de la entidad Pablo Abejas.

Precisamente, otro correo electrónico, de 13 de febrero de 2008, enviado por De la Torre a Blesa incluye un informe sobre el periodo de permanencia de los directivos en Caja Madrid. En el mismo, se deja claro el criterio de los servicios jurídicos: "Finalmente, se ha considerado, también sin controversia alguna que, en ningún caso, los miembros de los órganos de gobierno referidos en los supuestos anteriores podrá permanecer en el cargo, de forma continuada o interrumpida, por periodos adicionales a los establecidos en la disposición transitoria, esto es, incluidos los periodos excepcionalmente regulados". Y este mandato era de un máximo de 12 años.

Asimismo, el mencionado informe dedica un apartado especial al presidente de la comisión de control, Pablo Abejas: "El 8 de enero del presente año [2009] esta secretaría general, a solicitud expresa del presidente de la comisión de control, emitió un informe en el que se concluía que el día 15 del mismo mes se cumplían sus doce años de mandato máximo, sin que pudiese encajar en ninguno de los supuestos anteriores aplicados hasta la fecha".

Willis Iberia la preside en España el empresario Jaime Castellanos, que es amigo, socio y exjefe de Rodrigo Rato. En total, durante la etapa de Rato, Willis percibió de Bankia un total de 273.278 euros por cuatro encargos diferentes.

Además, el expresidente de Caja Madrid y Bankia contrató en solo dos años a Lazard, otra firma dirigida por Castellanos, por un valor de 16,9 millones, de los que de forma efectiva se abonaron 5,3 millones.

Fuentes del caso explican a este diario que la cantidad percibida por los imputados es muy superior a los 1,1 millones de euros reconocidos por Bankia, habida cuenta de que los imputados también han recibido pagos de una segunda póliza firmada por Mapfre. 

Uno de los imputados en la pieza principal del caso ha confirmado a infoLibre que cada uno de los imputados habría recibido un mínimo de 75.000 euros, de los que 50.000 procederían de Mapfre y 25.000 euros de Willis Iberia.

75.000 euros

Si multiplicamos los 75.000 euros por los 32 imputados por la salida a Bolsa, el desembolso total realizado por Mapfre y por Willis Iberia sería superior a los 2,3 millones. Una cifra que a un portavoz de Bankia, que asegura desconocer la cantidad exacta abordada por Mapfre, no le parece desencaminada.

La tercera de las pólizas que ha sufragado la defensa letrada de los directivos de Caja Madrid y Bankia también es de Mapfre. La Fundación Monte Madrid, la heredera de la Fundación Especial Caja Madrid, confirma que el directivo que la firmó en 2011 fue el entonces director general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, ahora imputado.

Según fuentes del caso, esta póliza que cubre a los exdirectivos de Caja Madrid también estaría sufragando el pago de los abogados de algunos de los imputados en la pieza separada de las tarjetas blackblack.

Blesa pidió 16 millones

De hecho, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa llegó a intentar que el seguro de Mapfre se hiciera cargo de la fianza de 16 millones que le había impuesto el propio juez Fernando Andreu por su participación en el caso de las tarjetas black de la entidad financiera madrileña. Pero el magistrado rechazó la petición de Blesa.

El ex vicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que hubiera preferido tener despacho, apoyo administrativo o técnico y poder disponer de un vehículo de la flota de la entidad, pero le dieron una 'tarjeta black', de la que podía disponer "libremente", sin aceptar justificantes de los gastos.

En su declaración judicial, a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press, Moral Santín destacó que el entonces secretario general, Ángel Montero, le comunicó que se trataba de una "institución consolidada" desde hacía años en la caja de ahorros y que podía destinar la tarjeta tanto a gastos relacionados con el ejercicio de su actividad, como otros de "carácter más personal".

Al ser preguntado por el juez por la extracción de una sola tacada de 300, 500 o 600 euros de los cajeros automáticos, Moral Santín reconoció que sacaba este dinero y lo concebía como "una remuneración de la que podía disponer libremente". "Tenía un flujo de recursos para reparar el automóvil. Tenía una gran dedicación a la caja como consejero y en la obra social y esto me obligaba a tener muchas reuniones con asociaciones, interlocutores institucionales...", añadió.

"No podía pasar ninguna factura ni la pasé nunca a la caja porque no me la aceptaban, entre otras cosas", continuó su exvicepresidente, para añadir que "hubiera preferido tener unos recursos normalizados". "Cuando nos dieron la tarjeta nos dijeron que no íbamos a tener despacho ni podíamos cargar ningún tipo de gasto de ninguna naturaleza, aunque fuera relacionada con la actividad de consejero".

Moral Santín, a quien el juez fijó después una fianza civil de 610.000 euros, aseguró que no tuvo "ninguna duda sobre el sentido legal y legitimo" de la tarjeta porque se trataba de una de las primeras entidades del país, con unos "reputados y magníficos" profesionales.

"Actué con la convicción de que actué correctamente", precisó. Finalmente, subrayó que los consejeros no tenían competencias en la gestión de las 'visa' y que no era un gasto de empresa, sino un "rendimiento de trabajo". "En este sentido, efectivamente Caja Madrid tenía que retener y cumplir las exigencias tributarias de esas remuneraciones", concluyó.

Las cantidades fijadas oscilan entre los 11.000 euros hasta los 610.000 que fija para José Antonio Moral Santín. El juez se remonta al año 95, a la reunión del consejo de administración de Caja Madrid de 30 de octubre, en la que el entonces presidente Jaime Terceiro informó al consejo, entre otros asuntos de la entrega de tarjetas Visa de empresa a los miembros del consejo y de la comisión de control “exclusivamente para gastos de representación".

La emisión de dichas tarjetas respondía única y exclusivamente para que los consejeros efectuaran los pagos de gastos generados por labores propias como miembros del consejo de administración. El juez hace constar la explicación que dio Terceiro de los dos controles que existían: cuantitativo y cualitativo. Tenían un tope de 600 euros que los consejeros nunca llegaron a sobrepasar. El filtro cualitativo lo realizaba el secretario general, a quien se le debían presentar los justificantes de los gastos. Unos filtros que cambiaron con el nombramiento de Miguel Blesa.

El juez incluye todas las explicaciones que han dado los 21 consejeros sobre las instrucciones que recibieron en la entrega de las tarjetas: “Tantas como el número de consejeros han declarado, lo que no quita que, con independencia de las instrucciones verbales que les pudieran facilitar la persona encargada de la entrega física de la tarjeta, los citados consejeros debieran haber sabido, pudieron haber sabido y hubieran tenido la obligación de saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos que, a través de las mencionadas tarjetas de crédito, se les entregaban".

Andreu considera evidente que no era ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas de forma discrecional "escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial, por lo que no cabe imputar a este concepto las cantidades cargadas a las mencionadas tarjetas de crédito".

De las diligencias practicadas Andreu concluye que existen méritos para para calificar las tarjetas como lo que en el mundo empresarial se llaman "tarjetas de empresa", que se facilitan para que los empleados no tuvieran que adelantar de su dinero los gastos generados por el ejercicio de su puesto de trabajo. Con independencia de los acuerdos que llegaran los consejeros sobre el uso de esas tarjetas, el juez explica que, en provecho propio generaron un perjuicio a la entidad.

Y no consta que ningún consejero, que entre sus funciones estaba la supervisión y control, se preocupase por conocer los concretos términos para los que las tarjetas se habían concebido. El juez añade la declaración del número dos de Rodrigo Rato en Bankia, Francisco Verdú, que califica de "contundente" para concluir que los consejeros "debieron y pudieron conocer que el uso tal y como se llevó a cabo de las citadas tarjetas podía menoscabar los fondos de la entidad, de forma que pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma".

El juez tipifica estas conductas como un delito continuado de administración desleal, que sanciona a los administradores de cualquier sociedad que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo: “Los imputados, como miembros del Consejo de Administración de la entidad, usaron y consintieron el uso de las tarjetas mencionadas, así como el gasto que las mismas generaban, gasto que, por otro lado era contabilizado de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores”.

Andreu incluye la posibilidad alternativa de considerar estas conductas como apropiación indebida, teniendo en cuenta que conocían o debían conocer que el uso de la tarjeta solo podía estar destinado a gastos derivados de su función. El magistrado recuerda que existen cargos de las tarjetas efectuados en fines de semana o festivos, en artículos o productos que en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación.

Además de a Moral Santín (610.000 euros), el juez también ha impuesto fianzas a José María Arteta (186.000); Pedro Bedia (105.000); Rodolfo Benito (188.000); Gerardo Díaz Ferrán (126.000); Ramón Espinar (238.000); Ignacio de Navasqües (210.000); Jesús Pedroche (172.000); Alberto Recarte; José María de la Riva (279.000); Ricardo Romero de Tejada (283.000); Estanislao Rodríguez Ponga (341.000); Francisco Baquero (356.000); Mercedes Rojo (160.000); Virgilio Zapatero (11.000); María Enedina Álvarez Gayol (63.000); Luis Blasco Bosqued (69.000); Carmen Cafranga (234.000); Jorge Gómez Moreno (131.000); José Ricardo Martínez Castro (59.000) y Antonio Romero (337.000).

Caja Madrid concedió en 2005 dos préstamos hipotecarios a Fundeste, una fundación política dependiente de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IU-CM), para que comprase sendos inmuebles en las localidades de Leganés y Fuenlabrada. La entidad bancaria, presidida entonces por Miguel Blesa, permitió que la compra y la hipoteca no fuesen inscritas en el Registro de la Propiedad. Diez años después, los inmuebles siguen figurando a nombre del anterior propietario, tal y como ha comprobado infoLibre esta misma semana. Fundeste ha estado presidida entre 1996 y 2014 por Ángel Pérez, expulsado hace una semana de IU precisamente por su responsabilidad política en relación con los escándalos que afectan a Caja Madrid.

Los locales no se utilizan por Fundeste, pese a ser su propietario desde 2005, sino que son las sedes de IU-CM en ambas localidades madrileñas. Las fundaciones están obligadas por ley a destinar efectivamente su patrimonio y sus rentas a los fines fundacionales. En el caso de Fundeste, entre sus fines fundacionales no figura la adquisición de inmuebles para ponerlos posteriormente al servicio de Izquierda Unida. En teoría, la fundación se dedica a “fomentar el conocimiento y la difusión de las materias y políticas municipales y territoriales”, a “elaborar y suministrar información sobre cualquier tema que interese a la clase trabajadora, a los movimientos sociales y a los ciudadanos en general” y a “fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias económicas, políticas y sociales”.

Hay que tener en cuenta que IU-CM ha ido acumulando, desde el año 1999, una deuda creciente con Hacienda y con la Seguridad Social. Esa deuda llegó a superar los dos millones de euros. De hecho, Hacienda ya embargó en 2007 los cuatro locales de IU-CM que sí figuran a su nombre, y en enero de 2015 decidió embargar también el presupuesto del Grupo Parlamentario en la Asamblea autonómica. Lógicamente, los dos inmuebles que utiliza IU-CM en Leganés y Fuenlabrada no han podido ser embargados por Hacienda, al ser propiedad de Fundeste. Es más, si la Agencia Tributaria consultase las bases de datos oficiales ni siquiera sabría que dichos inmuebles pertenecen desde 2005 a la fundación de IU, al no estar inscritos en el Registro de la Propiedad a su nombre.

En definitiva: en 2005, cuando IU-CM llevaba varios años sin pagar lo que debía a Hacienda y a la Seguridad Social, su fundación compró dos locales en Leganés y Fuenlabrada. Ello supuso destinar 238.000 euros del patrimonio de Fundesde a algo que no figura en sus fines fundacionales, ya que ambos inmuebles se convirtieron en sedes de IU-CM. Y todo ello se hizo en la más absoluta opacidad y con la complicidad de Caja Madrid puestoque ni las compras ni las hipotecas se inscribieron en el Registro de la Propiedad.

infoLibre se puso ayer en contacto con IU-CM y con Fundeste para conocer su versión sobre estos hechos, pero ambas entidades declinaron responder a las preguntas planteadas (ver La caja negra al final de esta información).

“EN 20 AÑOS NO HE VISTO UN CASO SIMILAR”

Varios notarios consultados por infoLibre aseguran que jamás se han encontrado una hipoteca de un banco que no figure inscrita en el Registro de la Propiedad. “Lo primero que exige el banco es inscribir la hipoteca para tener la prioridad hipotecaria. Si al mes no está registrada, presionan para que se haga. En más de 20 años de profesión no he visto un caso similar. Es muy probable que este hecho incumpla además la normativa bancaria. ¿Cómo tiene contabilizada el banco esa hipoteca?”, señala uno de los notarios, quien destaca que la única motivación posible de este hecho es “mantener la operación en la opacidad, que nadie sepa quién ha comprado y quién ha concedido el préstamo hipotecario”.

El propio Banco de España destaca la importancia de inscribir las hipotecas. Por ejemplo, en la denominada Guía de acceso al préstamo hipotecario, indica lo siguiente: “Los préstamos hipotecarios tienen una peculiaridad adicional, ya que la inscripción registral de la escritura de hipoteca tiene carácter constitutivo, es decir, para que la hipoteca quede válidamente formalizada resulta indispensable que el documento en que se constituya (esto es, la escritura notarial) sea inscrito en el Registro de la Propiedad. Esto significa que, mientras la escritura no conste inscrita, la entidad no puede ejercitar todos los derechos generados por la garantía (la hipoteca) con la que pretende asegurar el reembolso del préstamo”.

¿Por qué aceptó Caja Madrid mantener en la opacidad las dos hipotecas concedidas a la fundación de IU-CM? Los expertos en el sector bancario consultados por este periódico no encuentran una explicación lógica, ya que es evidente que supone “una mala gestión de los activos de la entidad financiera”. Por tanto, tuvo que ser una decisión política.

En 2003, Miguel Blesa revalidó su cargo como presidente de Caja Madrid con el apoyo de IU-CM y esta organización logró que renovase como consejero de la entidad financiera José Antonio Moral Santín gracias al respaldo del PP. Moral Santín, que está ahora imputado por el uso presuntamente delictivo de 456.500 euros con su tarjeta black de Caja Madrid, siempre ha sido una persona de la máxima confianza de Ángel Pérez. Los pactos entre el PP e IU-CM en Caja Madrid se siguieron renovando a lo largo de los años. El último lo firmaron en 2009. La gestión de la entidad financiera provocó un agujero de más de 20.000 millones de euros, tapado con dinero de los contribuyentes en 2012.

ESCRITURA NOTARIAL

El inmueble de Fuenlabrada, con una superficie construida de 90 metros, fue adquirido por Fundeste el 28 de marzo del año 2005. La escritura de compraventa se realizó ante el notario Emilio López Melida. El precio oficial de compraventa fue de 103.000 euros y Caja Madrid concedió ese mismo día a la fundación un préstamo por importe de 92.400 euros. La finca estaba calificada como de protección oficial y la vendedora fue una sociedad cooperativa, que sigue figurando a día de hoy como titular del inmueble en el Registro de la Propiedad número 2 de Fuenlabrada.

En esta localidad madrileña, Izquierda Unida está controlada por Miguel Reneses y su mujer, Teresa Fernández, desde finales de los años ochenta. Reneses fue coordinador general de IU-CM entre 2000 y 2002. Además, es uno de los dirigentes de la organización que más tiempo ha figurado como patrono de Fundeste, en concreto entre 1993 y 2013. Persona muy próxima a Cayo Lara, presentó en diciembre su dimisión como secretario de Organización de IU federal. Relevo que se hizo efectivo el pasado 30 de enero.

Por tanto, cuando Fundeste decidió adquirir el inmueble de Fuenlabrada y convertirlo en sede de IU-CM en la localidad, Reneses era patrono de la fundación y principal responsable de la organización en dicho municipio.

En cuanto al local de Leganés, la operación también se realizó el año 2005. En este caso, el importe de la compraventa fue de 135.000 euros y la hipoteca concedida por Caja Madrid ascendió a 105.140 euros.

La Fundación de Estudios Municipales y Territoriales (Fundeste) tenía la obligación de presentar cuentas anuales en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, desde su constitución en 1989, estuvo 20 años sin entregar ningún tipo de contabilidad. Dos décadas de absoluta opacidad financiera. Los sectores de IU enfrentados a Ángel Pérez han criticado su opaca gestión en Fundeste, aunque para su expulsión de IU lo determinante ha sido la política de pactos con el PP en Caja Madrid. Pese a la expulsión, Pérez se niega a presentar su dimisión como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Y considera que la organización federal no puede expulsarlo porque IU-CM es una entidad jurídicamente independiente. "Yo no voy a aceptar ninguna responsabilidad política por la cuestión de las tarjetas de Caja Madrid, lo diga la dirección federal o lo diga el sursuncorda", advirtió Pérez hace unas semanas.

Para mal y para bien, tengámoslo en cuenta. El honor es un concepto de ida y vuelta. Su significado tiene valor individual y público porque se refiere tanto a la cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo, como a la buena reputación que sigue a la virtud. Una sociedad descompuesta es terreno abonado para que conserven sus simpatías las personas que no cumplen con su deber. Una sociedad compuesta ejerce la conciencia crítica.

La crisis económica y la indignación social han propiciado una benéfica intransigencia contra la corrupción y la soberbia de las élites que se creían por encima del bien y del mal. La necesidad y el menoscabo han consolidado a la opinión pública española, el único ámbito que puede dejar sin honor a los que actúan sin virtud. Despunta así algo de luz en el filo de la noche y la tristeza.

Thomas Piketty, el economista francés de moda, acaba de rechazar la Legión de Honor porque considera que no es papel de un gobierno decidir quién es honorable. Tiene razón. Se trata más bien de un respeto que concede la opinión pública, aunque después cada ciudadano ordene sus preferencias.

Sí, las listas dependen de los ojos y el corazón de cada cual. Yo propongo algunos nombres, variados acontecimientos y dolidos recuerdos. La selección final es libre, aunque me temo que el orden de los elementos no alterará ese producto fangoso que llamamos 2014, tercer año triunfal del presidente Rajoy:

1. Empecemos por lo simbólico. Entraron en la cárcel Isabel Pantoja, Ortega Cano y José María del Nido, una folklórica, un torero y un presidente de fútbol. En otra situación, pese a los delitos cometidos, la herencia cultural franquista hubiese facilitado la simpatía popular con dos lágrimas, un pase de pecho y los colores de una bandera. Pero no está el horno para soberbias. La impunidad ya no viste de luces.

2. Como el cargo de Jordi Pujol se adornaba con el título de Honorable, nos llamó la atención verlo tan deshonorable o exhonorable por culpa de la comisiones en dinero negro que han enriquecido a su familia. La financiación ilegal de los partidos, mal de muchos, ha dado pie a los actos familiares de bandidaje. Ni siquiera la ancianidad sirvió para dar compasión. Fue insufrible ver la soberbia con la que regañaba a los parlamentarios catalanes por atreverse a preguntar sobre sus actos.

3. Caja Madrid: Rato, Blesa y Sánchez Barcoj utilizaron las tarjetas opacas hasta el último momento. Sus sueldos millonarios no impidieron que sacaran avaricioso provecho del sistema turbio que ellos gobernaron para comprar obediencias y silencios indebidos.

4. Doloroso comportamiento de José Antonio Moral Santín, representante de Izquierda Unida en Caja Madrid. Lo pongo como caso aparte porque para mí es un dolor propio. Resulta triste que los llamados a vigilar el bien público desde la izquierda acaben entrando en los usos y abusos de la falta social de escrúpulos. Es verdad que en este escándalo de las tarjetas ha habido también su confusión. Algunos consejeros hicieron uso de ellas para gastos representativos y mantuvieron después su independencia de voto. Así que los justos han caído en el lógico griterío popular contra los pecadores. Pero Moral Santín participó en el núcleo duro de las complicidades y se acercó disciplinadamente todas las semanas al cajero para sacar poco a poco 456.522 euros. Dios le perdone, porque Marx no puede.

5. Esperanza Aguirre huyó en abril de la policía municipal, arrolló con su coche en fuga a una moto y a un agente del orden. Luego calificó a los guindillas maltratados de machistas que buscaban la foto. La figura del cacique impune, definida según la prepotencia populista de doña Esperanza, pertenece a la España franquista. Está por ver qué pasa con nuestro dolido Madrid en 2015. Ella se ofrece a continuar.

6. El segundo de doña Esperanza, Francisco Granados, demostró de una vez por todas que un partido político puede ser una asociación para el crimen organizado. Francisco Camps, aunque no está imputado judicialmente, demostró lo mismo en Valencia.

7.Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, ofreció un ejemplo claro de que la ley, la religión y la política pueden carecer de humanidad y compasión. Justificó el tiroteo contra unos inmigrantes que nadaban para alcanzar las costas de Melilla. Los ojos abiertos de los ahogados forman desde entonces parte de la Marca España.

8.Javier Rodríguez fue destituido como consejero de Sanidad de Madrid por la prepotencia y la ineficacia con la que gestionó el caso de la enfermera contagiada de ébola en acto de servicio. La desvergonzada privatización de los servicios públicos ha creado la dinámica entre muchos políticos de criminalizar a los profesionales de la sanidad y la educación.

9. Propongo también los nombres de fiscal Pedro Horrach y del abogado Miquel Roca. La propia Audiencia de Palma tuvo que llamarle la atención al fiscal por comportarse más como defensor de la Casa Real en el asunto de la infanta Cristina que como vigilante público contra el delito. Y para abogado ya basta con el ejemplo lamentable de Miquel Roca, que acaba de acusar de corrupto al honorable juez Castro. Habla mal de España que uno de los padres de la Constitución, como Roca i Junyent, acabe de abogado defensor de negocios turbios, aunque se trate de la familia real. Eso nos devuelve de forma iluminadora a los orígenes de nuestra democracia y a los orígenes de Roca. A principios de los años 70 montó un gabinete de estudios junto a Narcís Serra para poner en marcha el Plan de la Ribera en el Ayuntamiento de Barcelona. La oposición social logró paralizar un proyecto que pretendía urbanizar de forma privada y masiva la franja costera de la ciudad. Narcís Serra, después de haber sido de todo en el PSC y el PSOE, también está hoy imputado por sueldos desmedidos mientras arruinaba Caixa Catalunya.

10. Narcís Serra me permite hablar de Felipe González. Narcís fue ministro del Ejército de Felipe y junto a él, en 1986, un año triste de mi añorada juventud, cambió la postura del PSOE en relación a la OTAN. Aquel belicoso Felipe González (que renunciaba a la ética del gato, ya que lo importante era que cazase ratones), se ha dedicado en el 2014 a forjar una gran coalición entre PSOE y PP para evitar el final del Régimen Bipartidista. Es un buen mediador de los intereses de los grandes bancos y del Ibex-35 y un reconocido experto del capitalismo latinoamericano, por lo que acaba de serle concedida la nacionalidad colombiana.

En fin, cada cual hace su lista. Sé que dejo fuera a Ana Mato, Arturo Fernández, José Ángel Fernández Villa (sindicalista con cuentas en Suiza), Jaume Matas, José Antonio Monago, Iñaki Urdangarin… Todos ellos merecen el comentario de una ciudadanía que parece dispuesta a dejar de reírles las gracias a sus élites sin honor. Feliz cambio 2015.

El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña, ha decidido llamar a declarar como testigo al exconsejero de Caja Madrid y de Telemadrid en representación de Izquierda Unida José Antonio Moral SantínTelemadrid , según explicaron a infoLibre testigos presenciales. Los integrantes de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrid (AGTPM) habían solicitado su declaración en su querella por la compra de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y Getafe, por la que están imputados por malversación el actual director de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, y sus predecesores Manuel Soriano Navarro e Isabel Linares.

Moral Santín era, además de consejero de Caja Madrid, uno de los integrantes del consejo de administración de Telemadrid cuando se creó la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA) para comprar los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe por más de 270 millones de euros. "Precisamente, en las fechas en las que se aprobó la creación de MDA para adquirir los derechos audiovisuales de Atlético de Madrid S.A.D. y Getafe club de fútbol S.A.D. José Antonio Moral Santín formaba parte del consejo de administración de Caja Madrid con el cargo de vicepresidente, y asimismo, formaba parte del consejo de administración del Ente Público Radio Televisión Madrid (EPRTVM), todo ello a propuesta de Izquierda Unida", especifica la querella. 

Isabel Linares

Por su parte, la ex directora general de Telemadrid Isabel Linares reconoció en su declaración ante el juez que la empresa participada mayoritariamente por la cadena autonómica solo comenzaría a tener beneficios desde el cuarto año y no se recuperaría la cantidad invertida hasta el octavo, según consta en la declaración como imputada a la que ha tenido acceso infoLibre.

"Había un plan que había hecho Caja Madrid que decía que era buen negocio con expectativas de tener beneficios a partir del cuarto año y retorno de la inversión en el octavo", aseguró Linares Liébana al juez a preguntas de su abogado. 

La declaración de Linares, en calidad de imputada en virtud de la querella presentada por la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrid (AGTPM), es una de las tres que se han celebrado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid. Los otros dos imputados, que el juez Toro Peña califica de "sospechosos", fueron el actual director general, Ángel Martín Vizcaíno, y su predecesor Manuel Soriano.

Precisamente, Linares reconoce también la existencia de otro documento sobre la compra de los derechos audiovisuales: "En el año 2009 había un informe de la asesoría jurídica de Telemadrid que recomendaba no utilizar el derecho de arena y no se utilizó". Así, eludiendo el "derecho de arena", la empresa participada por Telemadrid no tenía la exclusividad de los derechos, que debía compartir con el otro equipo con el que se enfrentaba.

Ataque a infoLibre

Pero Ángel Martín Vizcaíno también hace mención a la existencia de este trabajo, elaborado por el departamento jurídico de Telemadrid en febrero de 2009, atacando a este diario. El acta de la declaración indica su contestación: "Que existe un informe de la asesoría jurídica de Telemadrid sobre los derechos de explotación, que es el documento número 9 aportado por el querellado, donde el medio de comunicación infoLibre da un sentido contrario al contenido del informe. Que infoLibre tiene colgado ese informe en su página e infoLibre manipula el informe de la asesoría jurídica de Telemadrid".

Sin embargo, la información publicada por este diario sobre el informe, que está a disposición de los lectores, indica: "Un segundo informe, realizado por la asesoría jurídica de Telemadrid meses antes de que entrara en vigor el acuerdo de cesión de derechos audiovisuales entre Madrid Deporte Audiovisual y los dos equipos de fútbol madrileños, en concreto de febrero de 2009, alertaba a la cadena pública sobre la 'incertidumbre' del sector de los derechos audiovisuales: 'El riesgo para Madrid Deporte Audiovisual en el supuesto de que explote los derechos de sus clubes, por sí o con participación de otro operador, utilizando el derecho de arena para retransmitir partidos, es altísimo, conllevaría una gran incertidumbre, y supondría entrar en otra guerra del fútbol, cuyas consecuencias jurídicas y económicas son impredecibles y, a priori, difícilmente cuantificables'".

La información de este diario también resalta: "Además, el informe jurídico avanzaba que la Comisión de Defensa de la Competencia podría modificar el modelo vigente entonces de adquisición de los derechos audiovisuales. Pese a este documento, la televisión autonómica, controlada por la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, y por su número dos, Ignacio González, gran amigo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, siguió adelante con un acuerdo que ha demostrado ser ruinoso para Telemadrid y Caja Madrid". Madrid Deporte Audiovisual está en concurso de acreedores.

Plan de negocio

Tanto Linares Liébana como Martín Vizcaíno destacaron también en su declaración que Telemadrid no llegó a elaborar ningún plan de negocio de la operación, justificando esa decisión porque Caja Madrid, que era el socio financiero de la operación, sí lo había hecho: "Telemadrid no ha hecho informes económicos, sino que los hizo Caja Madrid como socio financiero de MDA. Caja Madrid aprobó el plan de negocios antes que lo aprobara el consejo de administración de Telemadrid".

En definitiva, los tres ex directores generales aseguraron al magistrado que todos los contratos con el Atlético de Madrid y el Getafe están plenamente justificadosAtlético de Madrid. Lo hicieron a preguntas de su abogado y del juez de Plaza de Castilla, donde se ve la causa sobre un presunto delito de malversación en la compra de los derechos de fútbol y publicidad al Atlético de Madrid de Enrique Cerezo. A las declaraciones no acudió ningún responsable de la Fiscalía.

Amplio volumen

En ese acto, los querellados aportaron un muy amplio volumen de información escrita, con acuerdos del consejo de administración, contratos iniciales y posteriores. Los tres directivos se negaron a contestar a las preguntas de la abogada de los querellantes, y sostuvieron ante el juez y su defensa que el informe inicial de Caja Madrid era "muy favorable" y que si posteriormente el mismo organismo cambió de criterio se debió a la crisis económica.

También aseguraron que demandaron a Mediapro y al Atlético de Madrid en defensa de los intereses de TelemadridAtlético de Madrid, y que la publicidad que se pagó y que nunca apareció en el uniforme de los jugadores o en el estadio "fue revendida y que se ganó dinero con la operación".

En palabras de testigos presenciales en el interior de la sala, tanto Linares como Manuel Soriano aparecían visiblemente nerviosos, en contraste con Martín Vizcaíno, muy serio y concentrado. En el exterior de los juzgados se concentró un nutrido grupo de extrabajadores de la empresa, a la espera del desarrollo de la sesión judicial.