La sentencia del 'caso mascarillas' ha provocado una comparecencia extraordinaria del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova este lunes. Inicialmente estaba previsto que diera explicaciones el portavoz nacional, Borja Sémper, pero tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses de prisión por los mismos delitos a su asesor, Koldo García, fue Feijóo el que tomó la palabra. Sin embargo, no hubo ningún anuncio destacado y únicamente reclamó la convocatoria de elecciones, como ha hecho en multitud de ocasiones a lo largo de la legislatura

Feijóo aseguró en rueda de prensa que la decisión del Tribunal Supremo “es el fin de la escapada” y una “situación incompatible con la democracia". Con todo, volvió a supeditar cualquier movimiento en el Congreso a la erosión interna del bloque de la investidura, al tiempo que cerraba filas con la decisión del Alto Tribunal de exonerar a Víctor de Aldama de la cárcel. Se trata del corruptor, el “jefe real”, en palabras de la UCO, que no solo se librará de pisar la cárcel pese a la condena de cuatro años y medio, sino que también podrá conservar los 3,7 millones de euros que recibió por las comisiones de las mascarillas.

El líder del PP, al ser preguntado explícitamente sobre si descarta presentar la moción de censura sin contar de antemano con el visto bueno de los socios del Gobierno, defendió la "sensatez" de su prudencia actual para justificar por qué no ha dado el paso todavía. “Si la hubiésemos presentado en las últimas semanas, Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error”, aseguró.

Para el líder del PP, la estrategia pasa por la espera y el desgaste. Confía en que los "detalles" que se conozcan próximamente obliguen a los aliados de Sánchez a mover ficha y a las votaciones que se producirán en el Senado y el Congreso esta misma semana. "Ahí los socios podrán retratarse y verán si son cómplices y si esta situación no tiene vuelta atrás", advirtió, insistiendo en que es a ellos a quienes hay que preguntar si el clima político actual los hace "más receptivos" a tumbar al Ejecutivo. 

El conservador aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la legitimidad del socialista, al señalar que es "el presidente con menos votos y escaños que ha obtenido como candidato a la presidencia del Gobierno” y que “ha perdido las elecciones". Una pirueta retórica con la que intenta mantener movilizado a su electorado mientras decide si se arriesga a dar ese paso: "Ese es el momento de acreditar la postura de los socios, de que se saquen la careta y digan si van a seguir apoyando al Gobierno".

En clave judicial, el líder del PP se ha congratulado de la estrategia de sus equipos legales al validar los beneficios penales para quienes decidan colaborar con la justicia, como ha sido el caso de Aldama según ha reconocido el Alto Tribunal. “Tiene toda la coherencia con nuestra actuación, la doctrina del Tribunal Supremo y la que emana del Código Penal", planteó.

Es más, considero un “acierto” que la acusación particular del PP redujera incluso la petición de cárcel para el empresario. "Me alegro de que nuestros abogados hayan acertado y planteado esta cuestión. Toda la gente sabe que si colabora, tiene posibilidad de una rebaja efectiva; si lo van a llevar a cabo, lo veremos". No se pronunció, sin embargo, sobre el hecho de que Aldama pueda conservar los 3,7 millones de euros de las comisiones que recibió.

Asimismo, Feijóo ha criticar los excesos del juez instructor del ‘caso Begoña’, Juan Carlos Peinado, tras decidir retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y lo encuadró en el “párrafo de un auto”."Se puede discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos, [pero] ni el Consejo ni el auto ponen en cuestión los presuntos delitos de la investigada”, se limitó a decir. En cambio, sí arremetió contra el Ejecutivo por sus críticas a la judicatura: "El CGPJ lleva diez pronunciamientos en contra de los ataques del Gobierno a los jueces”

Para concluir, el presidente del PP ha lanzado un aviso a navegantes para evitar que el debate se centre en las formas del juez y no en el fondo de la causa: "Lo que está claro es que la referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas".

La moción de censura para retirar la confianza al presidente del Gobierno suele ser un instrumento ganador. Retrata la debilidad de quien la sufre o fuerza su cese. Desde las dos últimas semanas, del caso Zapatero al estallido de la trama Leire Díez, el momento político está lo suficientemente convulsionado para que el PP vuelva con el fantasma del aldabonazo de la moción. Si tiramos de hemeroteca, en las comunidades autónomas, de Madrid a Extremadura, de Guillermo Fernández Vara a Ángel Gabilondo, sirvieron para preparar el terreno del triunfo. Ambos ganaron en las siguientes elecciones: en una, el PSOE obtuvo mayoría absoluta y, en Madrid, Ciudadanos, el partido que utilizó la regeneración como un tongo, dejó al putrefacto PP al frente con los principales escuderos de Esperanza Aguirre en prisión. 

Alberto Núñez Feijóo ha coqueteado con la idea varias veces en el último año. Hay veces en política que se gana perdiendo. Y, en este caso, Feijóo ha perdido la moción antes de presentarla. Con la vuelta a la casilla de salida una y otra vez y las carencias y contradicciones del PP al aire. Es la moción que nadie firmará. Su debilidad no es carecer de los votos. Es no ser capaz de ofrecer una alternativa de Gobierno con este parlamento. Es la incapacidad para interlocutar abiertamente con sus aliados naturales del independentismo y el nacionalismo vasco y catalán, antiguos amigos de Aznar. Es el intento de esconder a Vox. O de intentar colocarlo en diferido. Es no asumir la incompatibilidad de la ultraderecha con el resto de fuerzas políticas. 

La alternativa de Gobierno que ofrece Feijóo con una moción instrumental es un proyecto identitario, no de país. No se puede gobernar contra el País Vasco y Cataluña. Al menos, no es recomendable. La moción de censura sería la previa a un ciclo donde solo caben PP y Vox, de ahí la dificultad de los socios para firmar por anticipado su sentencia de muerte política en el Congreso. Es cuestión de tiempo, pero adelantarlo puede tener un precio. De momento, para los socios es más alto que apoyar a Pedro Sánchez. 

Ante la imposibilidad de sacar adelante una moción, hemos entrado en la fase de sus fórmulas tropicales. El PP ha intentado colar el argumento de que “para convocar elecciones no necesitamos a Vox en el Gobierno”, como si el problema de los socios fuera la convocatoria y no la entrada de Vox. Y todo, cerrando Castilla y León y en la previa del pacto en Andalucía. La prioridad nacional se impondrá allá donde el PP necesite a Vox; en definitiva, en todas partes donde ha convocado elecciones desde 2025. 

Quedan por delante dos meses clave para saber si la legislatura acaba abruptamente o Pedro Sánchez puede dominar en otoño la fecha de la convocatoria electoral. El sumario de esta semana deja al PSOE en una situación insostenible y obligado a salir a dar explicaciones. Los mensajes intervenidos a Leire Díez, por los altos cargos con quien interactuaba y en los términos que lo hacía, obliga al partido y al Gobierno a hacerlo. Los socios están dando a Sánchez una última oportunidad. Por muy revuelta que esté la militancia de izquierdas por la mezcla de casos de corrupción y causas más políticas que judiciales en fondo y forma, tirar de lawfare no le va a dar mucho aire.

El final del curso político no podía pintar mejor para el Partido Popular. Las investigaciones judiciales que rodean al entorno del presidente del Gobierno y la presión de unos socios parlamentarios que ven la legislatura en “vía muerta”,  dejaban el campo libre al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de corrupción, de un Gobierno agónico y presionar con unas elecciones anticipadas que también le reclaman a Pedro Sánchez aliados parlamentarios. Pero la moción de censura que volvió a agitar el lunes en una entrevista televisiva ha terminado colocando de nuevo al líder de Junts, Carles Puigdemont, en el centro del tablero y devolviendo a los posconvergentesel “foco” de la atención política y mediática que el PP tanto ha querido evitar en las últimas semanas.

El líder del PP dijo la pasada semana que estaba dispuesto "a todo" para desalojar al presidente del Gobierno. "Todo es todo", insistió Feijóo en el Congreso tras la entrada de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, en relación con el caso Leire Díez. Una frase que deja abierta la pregunta de si ese “todo” incluye también pagar el peaje de Junts, que este martes le exigió lo mismo que al PSOE para investir a Sánchez hace tres años. Una visita a Waterloo (Bélgica), ciudad en la que reside Puigdemont desde hace años, para “empezar” a negociar.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, evitó cerrar del todo la puerta a escuchar al PP este martes —a diferencia del “no” rotundo que esgrimía hasta ahora— , pero sí fijó sus condiciones: "Las reuniones serias las hacemos en Waterloo". Así, si Feijóo quiere los siete votos de los independentistas para una moción contra Sánchez, tendrá que aceptar primero una fotografía que lleva años denunciando cuando los protagonistas han sido miembros de la cúpula socialista, entre ellos el president catalán, Salvador Illa. 

Aunque no acudiera el propio Feijóo, en Génova asumen que esa imagen tendría costes en una gran parte de su electorado, sería utilizada por Vox y tampoco se entendería a nivel interno. A lo largo de la legislatura, tanto el líder en Cataluña, Alejandro Fernández, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han mostrado públicamente sus reservas a cualquier acercamiento a los de Puigdemont, especialmente después de que el equipo de Feijóo admitiera que planteó un indulto condicionado al líder de Junts e incluso sopesó la amnistía durante 24 horas. No obstante, también hay sectores del partido que creen que ese “precio” es asumible si con ello logran desbancar a Sánchez de La Moncloa antes de 2027.

Aunque Feijóo insiste en que, a diferencia de Sánchez, impulsaría una moción de censura "instrumental" para convocar elecciones de inmediato tras “limpiar instituciones” como RTVE o el CIS, Junts le pone las mismas condiciones que al presidente del Gobierno. En Génova entienden que el precio es demasiado alto para un partido que criticó con vehemencia que Santos Cerdán, exsecretario de organización, fuera a Waterloo a negociar con Puigdemont; que ha llegado a tildar al líder de Junts de “terrorista”; y que se refiere a él de manera habitual como “prófugo de la justicia”. Así, para no alimentar más la cuestión, el líder del PP no se refirió a la moción ni tampoco al partido de Puigdemont en el acto celebrado este martes en el Cercle d’Economia de Barcelona, en el que buscaba una alianza con el empresariado catalán para aumentar la presión sobre los posconvergentes. 

“No pretendo remover conciencias, no busco atajos porque lo que conviene es atajar la situación de España. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos, vengo a defender la necesidad de un proyecto limpio y a garantizar que en todo caso devolveré esa decencia a mi país con ayuda o sin ella”, fue lo único que dijo en el acto. A su salida, instó a "hablar de cosas serias", tras ser preguntado por la exigencia de Junts de desplazarse a Bruselas. Horas antes, desde su equipo aseguraban que no querían entrar a comentar las “ocurrencias” de nadie, tampoco de quienes son imprescindibles para desbancar al presidente del Gobierno. 

Los movimientos de Feijóo no han pasado desapercibidos para los barones de la formación, algunos de los cuales consideran que su líder se está “metiendo en charcos” innecesarios. Aunque más allá de la propuesta del exministro José Manuel Margallo de presentar un candidato alternativo a Feijóo —“políticamente neutral, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual”, en sus propias palabras—, ningún cargo de peso de la formación conservadora ha alzado la voz para cuestionar a su jefe de filas.

Más allá de las intenciones del líder del PP, hay varios motivos por los que la moción es, por el momento, inviable. El primero es Vox. Feijóo puede prometer que su líder, Santiago Abascal, no entraría en ese Gobierno transitorio, pero sin los 33 diputados de Vox no hay suma posible. Para el PNV, votar una moción que dependa de la extrema derecha es una línea roja. Para Junts, también implica un coste evidente en Cataluña, el de aparecer como socio de una operación que solo sería viable con los ultras. 

El segundo es Junts. Puigdemont no ha dicho un "no" definitivo, y precisamente por eso ha recuperado el foco. Le basta con poner una condición que sabe casi imposible para el líder del PP, que queda atrapado en ese regalo envenenado de los posconvergentes. Si acepta, blanquea la interlocución directa con el expresident catalán y dinamita años de discurso contra Sánchez. Si no lo hace, Junts puede responder que el "todo" de Feijóo tenía letra pequeña. En cualquiera de los dos casos, Puigdemont gana protagonismo.

En el caso de la moción, hay un tercer factor: la contradicción interna del PP. Feijóo acusa a Sánchez de haber entregado la gobernabilidad a Puigdemont, pero ahora le necesita para derribarle. Así, la tesis mayoritaria en Génova es que les sale más a cuenta esperar a que el PSOE “se siga desgastando” y ganar las generales, que no llegar con una moción condicionada por un Junts del que tampoco se fían. 

Es más, la situación judicial de Puigdemont explica, en parte, por qué mantienen la presión sobre Sánchez sin terminar de romper todos los puentes.  La ley de amnistía ya fue avalada en términos generales por el Tribunal Constitucional, pero el caso del líder de Junts sigue encallado por la negativa del Supremo a aplicársela en la causa de malversación. El TC admitió su recurso de amparo, pero mantuvo la orden de detención en España mientras resuelve el fondo. En los últimos meses la Fiscalía y la Abogacía del Estado han defendido que debe aplicarse la amnistía y han cuestionado la interpretación del Supremo. La última palabra, sin embargo, no ha llegado aún.

Así, mientras el expresident catalán siga pendiente del recurso del Constitucional y de la justicia europea, su partido conserva un poderoso incentivo para mantener abierta la negociación, elevar el precio de sus votos y evitar que el relato se le escape. Si la amnistía se desbloquea y Puigdemont puede volver, el tablero cambia y Feijóo pierde su oportunidad. Si no lo hace, Junts puede seguir acusando al PSOE de incumplimientos y de incapacidad para garantizar lo pactado.

El contexto catalán tampoco ayuda a Feijóo. Este martes, ante el empresariado reunido en el Cercle d’Economia, la presidenta de la entidad, Teresa Garcia-Milà, puso sobre la mesa otro asunto incómodo para el PP: la financiación autonómica. "El Gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla", trasladó ante Feijóo. La financiación es otro recordatorio de que el tablero catalán no se mueve solo por la moción y de que Cataluña es uno de los territorios en los que Feijóo prevé volcarse hasta las generales, pero también uno en el que gobiernan los socialistas de la mano del principal apoyo de Sánchez, Salvador Illa.

El mismo Partido Popular que no quería desplazar “el foco” sobre los casos que afectan al PSOE, es el que saca a colación cada vez que puede la posibilidad de encabezar una moción de censura. Este lunes, fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien volvió a aludir a esta cuestión en una entrevista en Telecinco, en la que trató de presionar de nuevo a PNV y a Junts, a los que ofreció una salida "instrumental" para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, formar un Gobierno en solitario del PP y convocar elecciones.

El líder popular aseguró que el único objetivo de ese Gobierno de transición en solitario sería “limpiar las instituciones” y aseguró que llevaría a cabo reformas —entre ellas sobre la televisión pública y el CIS— , aunque no precisó cuánto tiempo necesitaría para hacerlo, y que después disolvería las Cortes para adelantar los comicios. “184 diputados estamos pidiendo elecciones. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, afirmó el conservador. Feijóo, en su cuenta, incluye a los diputados que han reclamado el final de la legislatura, pero eso no equivale a una mayoría dispuesta a investirle. 

El líder del Partido Popular también insistió en la idea de que "para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún Gobierno” después de que los aliados del Ejecutivo hayan rechazado de manera sistemática cualquier acuerdo que pase por la extrema derecha. Ahora, los de Santiago Abascal han dejado claro que ellos apoyarán una moción aunque no entren en ese eventual Ejecutivo, pero para PNV y Junts eso no es garantía de que no vayan a influir. Las dos formaciones son conscientes de que precipitar una operación de este calibre tendría costes en su electorado, aunque también creen que el inmovilismo tampoco les beneficia.

Pese a repetir que él está “dispuesto a todo” para desalojar a Sánchez de La Moncloa, Feijóo no se comprometió a presentar la moción si no tiene los números para ello, a diferencia de lo que hizo Sánchez hace ahora ocho años, sin tener atados los apoyos del PNV. En ese sentido, planteó que la encrucijada no la tiene el PP sino los socios del Gobierno, que deberían dar ese paso por "decencia" y confesó que era “optimista” porque en los últimos días ha percibido “movimientos” en la estabilidad del Gobierno de Sánchez. “Esta legislatura está exhausta y no da más de sí”, planteó el líder de la oposición. “¿Qué opina un votante del PNV o de Junts? Está indignado igual que el resto. Los socios tienen que tomar una decisión", zanjó.

Las palabras de Feijóo buscan calmar a los que, dentro de su partido, consideran que deben hacer “algo más” que quejarse de la “corrupción del PSOE”. En privado, sin embargo, fuentes de la dirección reconocen que cuanto más se prolongue la crisis socialista, más margen tendrá la derecha para desgastar a Sánchez y menos dependerá de Vox. "Tiene que cocerse entre investigaciones, declaraciones y sentencias", resumen fuentes populares. Lo que pretende Génova es que ese deterioro termine trasladándose al ánimo del electorado progresista de cara a las próximas generales y que esa abstención beneficie al bloque de la derecha “que ya está ultramovilizado”, apuntan las citadas fuentes. 

De puertas hacia afuera, todos los dirigentes del PP, incluidos los dirigentes territoriales, reclaman elecciones públicamente, pero también trabajan con la hipótesis de que una moción ahora obligaría a Feijóo a exhibir sus costuras. Necesitaría a Vox, pero también a PNV o Junts. Es decir, a fuerzas incompatibles entre sí, aunque sea por poco tiempo. En cambio, dejar que Sánchez resista en minoría, rodeado de investigaciones y con sus socios marcando distancias, consideran que permite al PP presentarse como la única alternativa de Gobierno sin tener que formalizar todavía una alianza parlamentaria imposible.

La moción, por tanto, sirve para elevar la presión sobre Sánchez, incomodar a sus socios y responder al sector del PP que reclama más contundencia. A ello se le suma que, en los últimos días, el debate interno se ha acelerado en Génova ante la preocupación de que, si el PP no capitaliza el desgaste del Gobierno, sea Vox quien recoja el malestar. Así lo verbalizó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una entrevista en Catalunya Ràdio el pasado miércoles en la que dijo que lo que está ocurriendo beneficia a los que “venden recetas fáciles a problemas complejos”, en referencia a Vox y Aliança Catalana.

En paralelo, en las propias filas del PP han circulado otras fórmulas para tratar de hacer caer a Sánchez antes de 2027, el horizonte temporal que el presidente del Gobierno se ha marcado y que implica agotar la legislatura. Una de ellas es la que defendió el exministro José Manuel García-Margallo este mismo lunes en un vídeo publicado en X. Defendió una moción de censura instrumental impulsada por el PP, pero encabezada por un perfil “políticamente neutro y moralmente irreprochable”, aunque no citó nombres. Así, según Margallo, se sortearía el rechazo que provoca Feijóo en los socios nacionalistas y se reduciría el coste de una mayoría en la que coincidieran PNV o Junts.

No es la primera vez que esta posibilidad salta al debate público. En octubre de 2025, Junts ya amagó con una moción de censura que no tuviera a Feijóo como candidato y exploró la idea de un nombre alternativo o independiente para desalojar a Sánchez. Entonces, el PP evitó entrar en el debate y lo calificó como "política ficción". Ahora, fuentes de Génova son aún más tajantes y consideran esa vía una "majadería". No se abren ni siquiera a estudiarlo a no ser que los independentistas catalanes se lo planteen como condición. "El problema de España es Sánchez, no Feijóo", resumen en la dirección popular.

La negativa tiene una lógica interna. Aceptar un candidato alternativo supondría admitir que Feijóo es un obstáculo para articular una mayoría contra Sánchez. Y esa conclusión sería letal para su liderazgo, ya de por sí deteriorado según las encuestas, que apuntan a que el líder del PP no logra fidelizar a sus propios votantes. Por eso Génova prefiere mantener viva la amenaza de la moción, presionar a los socios del Gobierno y dejar que la crisis socialista siga avanzando, pero sin abrir una negociación que pueda acabar cuestionando al propio jefe de la oposición. 

Lo que sí quiso dejar claro este lunes Feijóo es que no quiere gobernar con la extrema derecha a nivel nacional porque, a su modo de ver, un Ejecutivo de coalición “siempre tiene más dificultades y tensiones internas”. En el PP admiten que “los tiempos de las mayorías absolutas han pasado” y que pactarán si hace falta, pero quieren evitar que Santiago Abascal sea su vicepresidente, emulando la fórmula del PSOE y Sumar. 

Por eso buscan que el “equilibrio de fuerzas” entre ambos les beneficie ya que, como apuntó el expresidente José María Aznar hace solo unos meses, es que el PP necesita a un Vox débil para poder gobernar porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar", según planteó en un acto el pasado marzo junto al exministro Jaime Mayor Oreja.

"No es lo mismo un Partido Popular que obtenga 130 o 140 escaños acompañado por un Vox que tenga 60", que un PP "que tenga 170" con una extrema derecha muy subordinada y situada en el entorno de los 30 escaños. "En la segunda forma tendríamos una oportunidad", dijo, dando por hecho que lo primero sería muy problemático para el partido de Alberto Núñez Feijóo. En Génova coinciden plenamente.

Un mes antes, Feijóo admitió que si los electores le enviaban "otro mensaje" tendría que "matizar" su posición. Y ese ha sido, de nuevo, el mensaje que lanzó este lunes el líder de la oposición en la citada entrevista. Así, aseguró que serán los españoles los que “decidirán con su voto” si quieren que la extrema derecha forme parte del siguiente Ejecutivo, aunque su planteamiento sigue siendo intentar gobernar en solitario. Una máxima que no aplica a los gobiernos autonómicos, ya que, tras pactar en Extremadura y Aragón, el acuerdo para gobernar en Castilla y León “es inminente”, según avanzan fuentes de Génova. 

El pasado miércoles, a su entrada a la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo atendía a los medios —algo que no es habitual, según dicen los periodistas parlamentarios—. Además de dar a conocer que el diario El Confidencial contaba que la UCO estaba “registrando” la sede de Ferraz decía: “Estamos en una situación agónica”. Y agregaba: La situación de este Ejecutivo es “absolutamente indecente”, es “un Gobierno que apesta”. La pregunta se formula sola. ¿Por qué no presenta usted entonces una moción de censura?

La respuesta oficial desde la cúpula del PP es que sabe que no tiene —a día de hoy— los votos necesarios y que eso, al impedir el éxito de la moción, daría alas al propio Gobierno. Sin embargo, a nada que acudamos a la historia reciente, veremos que es un argumento extremadamente débil. En la actual etapa democrática se han presentado seis mociones de censura. La primera, contra el presidente Suárez, le sirvió a Felipe González para ganar visibilidad y erigirse como el líder del momento. La segunda, en 1987, la presentó Hernández Mancha contra González. Rajoy tuvo que enfrentarse a dos, una primera en 2017 impulsada por Podemos y la de 2018 que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez. Éste, a su vez, ha superado ya dos: una en 2020, presentada por Vox con Abascal como candidato y otra en 2023, que proponía a Ramón Tamames como presidente del Gobierno. Como se podrá comprobar, de las seis planteadas sólo una ha sido aprobada, y ni siquiera esa tenía la seguridad de salir adelante cuando se presentó por parte del PSOE, sino que fueron los movimientos de último minuto los que consiguieron los votos necesarios. Además, salvo la de Tamames —que requiere otro análisis— y la de Hernández Mancha, el resto han servido para que sus proponentes ganaran visibilidad y expusieran su programa alternativo. ¿Por qué, entonces, Feijóo no la presenta? A mi entender, por una de estas tres causas o por una mezcla de ellas.

En primer lugar porque subir a la tribuna de oradores supone expresar liderazgo y exponer un programa de gobierno, algo que a día de hoy es un problema para los populares. Corren el riesgo de mostrar debilidad en el liderazgo, ausencia de programa y visibilizar la disputa con Vox dentro del espacio conservador. ¿Qué programa iba a presentar Feijóo? ¿El de la derecha “institucional” o el que están pactando con Vox en las Comunidades Autónomas en que gobiernan en coalición?

El segundo motivo es que iba a quedar de manifiesto, una vez más, su extrema soledad. Mientras Vox esté en la ecuación es muy difícil que nadie más, tampoco las derechas nacionalistas, puedan unirse. A todas ellas les supondría un problema explicarlo en su territorio y recordemos que su prioridad es Euskadi en el caso del PNV y Cataluña en el de Junts. No harán nada en el Congreso de los Diputados que perjudique su posición allí.

El tercero, y a mi juicio definitivo, fue el consejo que Felipe González les dio hace unos días a los dirigentes del PP: no distraigan ahora la atención con una moción de censura que desvíe el foco. Dejen que la conversación pública siga discurriendo entre una trepidante sucesión de informaciones, sospechas, indicios, sumarios y autos que someten al PSOE a una larga agonía. No les maten tan pronto —vino a decir—, que sufran.

En el fondo, es la misma estrategia que los populares tenían cuando decidieron adelantar elecciones en Extremadura y Aragón: evidenciar —y potenciar— la debilidad de los socialistas, y no, como dijeron, intentar depender menos de Vox. Sabían, porque conocen la realidad demoscópica, que esto último era prácticamente imposible, pero qué más daba. Se trataba de dejar en evidencia a los socialistas.

El Partido Popular acostumbra a dar argumentos que no resisten un análisis. Ni adelantaron elecciones en Extremadura y Aragón para dejar de depender de VOX, ni se abstienen de presentar la moción de censura por la posibilidad de perderla. No, el objetivo no es ese. No se trata de ganar, sino de ver agonizar al contrario. Y siendo cierto que la espera está desatando los nervios en no pocos ámbitos de la derecha, sobre todo entre los más radicales, no es menos verdad que el hundimiento lento y aparentemente irreparable del Gobierno progresista constituye un espectáculo digno de verse desde el patio de butacas tranquilamente, disfrutando, sin correr riesgos. Imagínense qué placer para el señor Aznar acabar de grabar un vídeo recordando la importancia de su frase “quien pueda hacer que haga” y luego sentarse a esperar en una butaca mientras acaricia al gato.

El Partido Popular no está logrando rentabilizar el caso Zapatero como le gustaría. Y aunque pide apartar el foco sobre sí mismo para situarlo sobre el Gobierno, tampoco lo consigue. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a denunciar el agotamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha reclamado a los socios de investidura que rompan con el PSOE — llegando a fantasear con una moción de censura "instrumental"—. Pero la realidad es tozuda y ningún socio se mueve, ni siquiera los que ideológicamente están más cerca de Feijóo y más enfadados se muestran con Sánchez: PNV y Junts.

Hay varios motivos por los que ambas formaciones nacionalistas no rompen con el presidente del Gobierno, entre ellas la dependencia de los jetzales del PSE en Euskadi y la amnistía que no llega en el caso de Carles Puigdemont. Pero hay un elemento que pesa especialmente para ambos: Vox. Feijóo ha atado su futuro al de la extrema derecha, socio imprescindible para los conservadores en la mayoría de autonomías pero ‘tóxico’ para los nacionalistas. La posibilidad de un acuerdo que pase por los de Santiago Abascal es motivo suficiente para rechazarlo, según entienden tanto en el cuartel general del PNV como en el de Junts.

En España, las mociones de censura son constructivas. Es decir, no es una simple votación para derribar a un presidente, sino que debe incluir un candidato alternativo y necesita mayoría absoluta para alcanzar La Moncloa. Hacen falta, además, al menos 35 diputados para registrar una moción —por ese motivo Vox no ha presentado ninguna esta legislatura— y lo cierto es que en la historia de la democracia solo ha prosperado una, la de Sánchez contra Mariano Rajoy. Este lunes se cumplen ocho años desde que los socialistas la registraron en la Cámara Baja, aún sin tener atados al 100% los apoyos de los nacionalistas vascos.

Aunque en el PP consideran que existe una mayoría negativa en el Congreso contra Sánchez y descartan que el socialista tenga los números para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tampoco los tienen para una mayoría alternativa de cara a hacer presidente a Feijóo o, en todo caso, a un candidato de transición que designara el PP. Esta última es una posibilidad que han dejado caer miembros de Junts en otros momentos de la legislatura, pero que ahora nadie se atreve a verbalizar, tampoco entre las filas conservadoras. Eso sí, esta estrategia tiene una importante salvedad. En España, la Constitución establece que “si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones”. Es decir, el PP podría presentar una moción antes del verano, pero tendría que esperar a septiembre si quisiera tener otra oportunidad.

Actualmente Junts tiene siete diputados y el PNV cinco. Y para que una moción prosperase, el PP necesitaría que al menos uno de esos partidos nacionalistas aceptase votar en la misma dirección que Vox para investir a Feijóo, aunque fuese con el compromiso posterior de convocar elecciones. A un año escaso de las próximas elecciones municipales — a las que seguirían las generales si nada cambia— , ni los de Aitor Esteban ni los de Carles Puigdemont quieren dar un paso que, previsiblemente, sus votantes penalizarían.

Ese es precisamente el lastre de Feijóo. Y aunque las cuatro formaciones han coincidido en diversas votaciones en el Congreso, una moción de censura es también una fotografía de poder. En ella aparecerían Feijóo, Abascal y el partido nacionalista que hubiese hecho posible la operación. Así, en el PP no van a cargar en público contra un Vox que le permite gobernar autonomías y ayuntamientos pero son conscientes de que sus socios no generan precisamente adhesiones. Por ahora, en el PP abogan por esperar a que el Ejecutivo “se cueza en su salsa”, en palabras de fuentes conservadoras, y que Sánchez se vea obligado a adelantar elecciones. Sin embargo, consideran que agotará la legislatura hasta 2027, como él mismo ha dicho.

Para el PNV, el obstáculo no es coyuntural. Su actual presidente y exportavoz en el Congreso, Aitor Esteban, lo advirtió durante la sesión de investidura fallida de Feijóo en 2023 al asegurar que los conservadores no podían hacer creer "ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación". En lugar del “elefante en la habitación”, habló directamente de una "ballena en la piscina" imposible de esconder y recordó que su partido ya había advertido de que un candidato que necesitara a Vox no contaría con sus votos. Incluso resumió la cuenta que el PP debía hacer si quería hablar con el PNV. Esteban dijo que debería ir "descontando 33", los escaños de Vox.

La razón es evidente. Vox es una amenaza directa a la razón de ser del nacionalismo vasco. Es un partido que aboga por acabar con las autonomías, el régimen fiscal propio y tilda de “racista” sus orígenes y planteamientos. Con Junts ocurre algo parecido, especialmente por lo que respecta a la figura del propio Puigdemont, al que los de Abascal han acusado de ser un terrorista. El partido catalán puede romper con el PSOE, bloquear la legislatura o competir con ERC por quién es más duro frente a Madrid, pero votar una moción de censura con Vox lo colocaría en una contradicción devastadora ante su propio electorado.

Su secretario general, Jordi Turull, lo formuló sin rodeos cuando rechazó una operación con PP y Vox en enero del pasado año, meses después de que trascendiera que Feijóo planteó dar un indulto condicionado a Puigdemont y sopesó la amnistía durante 24 horas. "Hacer alguna cosa con Vox es una broma macabra", afirmó.  Y cuando Feijóo hizo un llamamiento al empresario catalán para que presionaran a Junts, Turull replicó que el PP no debía pedir ayuda, sino "pedir perdón", y remarcó que Junts "no es la muleta de nadie". 

Tras la imputación del expresidente socialista, Junts ha reaccionado con cautela. Su silencio ha sido más elocuente que en otros momentos, pero el mensaje oficial sigue siendo "que se esclarezcan los hechos", que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha recordado que se sienten víctimas histórica de la falta de presunción de inocencia. Quien sí ha subido el tono es el PNV. El propio Aitor Esteban afirmó este domingo que sería "irresponsable" que Sánchez siguiera más allá de 2026 "sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada" y dijo que el caso Zapatero "lo complica aún más".

Génova no ha tardado ni 24 horas en responder al presidente del PNV. “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo no valen”, señaló el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, este lunes tras el comité de dirección del partido. Con todo, Sémper descartó que Feijóo dé el paso de presentar la moción de censura si no tiene los apoyos y dejó la decisión en manos de los socios.

Hasta la fecha, la dirección de Feijóo ha presentado a PNV y Junts como rehenes del PSOE y ha pronosticado su debacle en próximos comicios autonómicos, pero ambas formaciones entienden que el coste sería mayor si apoyarán al PP de la mano de Vox. Para el PNV, implicaría dinamitar su relación con el PSE en Euskadi e incluso la posibilidad de perder  Ajuria Enea. Para Junts, sería regalar a sus rivales independentistas la acusación de haber salvado a la derecha española de la mano de la ultraderecha, un escenario que se complica todavía más con la amenaza de Aliança Catalana a las puertas.

Así, aunque incluso ellos mismos dan por perdida la legislatura, eso no convierte automáticamente a Feijóo en alternativa. Y el líder del PP sabe que si se vuelve a repetir el escenario de 2023, no tendrá posibilidades de alcanzar La Moncloa porque necesita a Abascal para cualquier operación de derribo, pero su presencia impediría que los nacionalistas entrasen en la operación. Lo único que le queda  al PP es seguir presionando a los socios e incluso amagar con la citada moción instrumental, pero de ahí a presentarla hay un paso que, en estos momentos, no están dispuestos a dar. Por ahora, asumen que les toca esperar porque, como mucho, queda un año y no pueden ni quieren cambiar de socio preferente.

El Partido Popular empieza a mover su posición sobre la moción de censura. Por primera vez desde que Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo de la oposición, fuentes de la dirección conservadora admiten que el partido podría llegar a registrar una moción contra Pedro Sánchez aunque no tuviera garantizados los apoyos necesarios para ganarla, si el llamado caso Zapatero escala en las próximas semanas. El giro no es menor. Hasta este mismo martes, Génova había rechazado de forma reiterada una iniciativa sin números porque, en palabras del propio Feijóo, solo serviría para "ratificar" al presidente del Gobierno.

Sin embargo, menos de 24 horas después, Feijóo aseguró en conversación informal con los periodistas que él va a “cumplir con su deber” y va a hacer “todo lo posible por un cambio de gobierno cuando crea que ha llegado el momento". Hasta la fecha, eso no pasaba por una moción “destinada al fracaso”, como han repetido machaconamente desde la dirección del partido. Ese fue el argumento tras el estallido del caso Cerdán el pasado verano, cuando Feijóo llamó a la calma dentro de su propio partido y rechazó precipitarse. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifique como presidente del Gobierno. No voy a ser cómplice como sus socios. Yo no soy socio de Pedro Sánchez, soy la única alternativa", dijo entonces. La dirección del PP insistía en que no existía una mayoría parlamentaria.

Ahora, el PP cree que se ha producido un punto de inflexión en la legislatura y que la situación del Ejecutivo es insostenible, pero que esto “solo acaba de empezar”. “Queda el hermano [de Pedro Sánchez], Begoña [Gómez], la sentencia de [José Luis] Ábalos, [Santos] Cerdán… Esto no se despeja en 48 horas, y si escala no descartamos presentarla sin apoyos", sostienen fuentes del equipo del líder del PP. Es lo que lleva pidiendo un sector del partido, encabezado públicamente por la portavoz adjunta Cayetana Álvarez de Toledo, y lo que les exige Vox en cada ocasión.

La hipótesis que ahora baraja Génova es que la acumulación de frentes judiciales termine generando un clima político en el que la moción, aunque no salga adelante, pueda servir para obligar a todos los grupos a retratarse y situar a Sánchez en el centro de un debate parlamentario monográfico sobre corrupción. El PP cree que la imputación del expresidente socialista afecta a una figura con mucho peso en el PSOE, un “faro moral”, como lo definen en privado, y a uno de los referentes que Sánchez había recuperado como apoyo político en momentos clave como las campañas electorales. La dirección conservadora no quiere precipitarse, pero el mensaje ya no es el mismo y, por primera vez, admite que si el caso Zapatero escala, pueden estar dispuestos a asumir ese riesgo.

El giro llega después de la imputación del expresidente socialista en la causa de Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado al exlíder socialista como investigado el próximo 2 de junio y le atribuye el cobro supuestamente irregular de 1,95 millones de euros entre 2020 y 2025. En el auto, el magistrado sitúa a Zapatero como "núcleo decisor y estratégico" de una supuesta estructura de tráfico de influencias vinculada, entre otros asuntos, al rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra. El expresidente socialista, no obstante, negó cualquier irregularidad y defiende que los pagos respondían a trabajos de consultoría.

El caso ha dado munición al PP en una legislatura ya marcada por la sucesión de causas judiciales que afectan al entorno político y familiar de Sánchez. En la sesión de control al Gobierno, el líder de la oposición aseguró que "España está gobernada por corruptos” y que él se iba a encargar “de cambiar todo esto".  En las últimas semanas Feijóo había dejado a un lado la corrupción en estos intercambios para centrarse en defender propuestas con “marca PP”, dejando en tono más bronco a sus lugartenientes Miguel Tellado y Ester Muñoz.

El PP es consciente de que la aritmética sigue siendo la misma. Una moción de censura debe ser firmada por al menos 35 diputados, incluir un candidato alternativo y obtener mayoría absoluta en el Congreso. En la práctica, eso exige 176 votos. El PP y Vox no suman lo suficiente y cualquier operación pasaría por Junts, PNV u otros socios de investidura de Sánchez. “Los socios tienen que mover ficha”, subrayó Feijóo este miércoles. No tiene previsto llamar ni contactar con ninguno de ellos, pero sí subirá la presión en público. 

Hasta la fecha solo una de las seis mociones debatidas desde 1978 ha prosperado: la que llevó a Sánchez a La Moncloa en 2018. En dos semanas se cumplirán ocho años de ese momento, que coincidirá además con la declaración de Zapatero en el juzgado. Hay quien cree en el PP que es “justicia poética” y que todo lo que está ocurriendo servirá para desmovilizar a los progresistas de cara a las generales. Así, reflexionan, no se repetirá el escenario andaluz en que Moreno obtuvo más votos pero no logró la mayoría absoluta por el aumento de la participación y la irrupción de Adelante Andalucía.

Con todo, no es la primera vez que el líder del PP amaga con esa posibilidad. En junio de 2024, antes de las elecciones europeas, Feijóo abrió la puerta a utilizar "todas" las herramientas disponibles si una victoria rotunda del PP convertía la mayoría social contra Sánchez en una mayoría electoral. Preguntado expresamente por la moción, admitió que era una de esas herramientas, aunque condicionó cualquier paso a que existiera "el contexto adecuado" y a que pudiera ser "útil".

En enero de 2025 volvió a situar la pelota en el tejado de Junts. "Sobran razones para una moción de censura, pero faltan votos", afirmó en una entrevista. Entonces precisó que, si los de Carles Puigdemont querían elecciones y apoyaban una moción para convocarlas, el PP la presentaría "si" tenía "los apoyos suficientes para sacarla adelante".

También en abril de este año Feijóo aseguró que no tendría "ningún inconveniente" en pactar con Junts o con el PNV una moción instrumental contra Sánchez, pero volvió a subrayar que no la plantearía para gobernar con ellos, sino para convocar elecciones. En esa misma entrevista admitía, de nuevo, que no tenía los votos y que veía a ambos partidos "atenazados" por el PSOE.

La ofensiva más visible llegó en julio de 2025, cuando Feijóo encargó a Miguel Tellado una ronda de contactos con los socios del Gobierno tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán. Aquella operación terminó en lo que este periódico definió como una moción de censura "telefónica": el PP sondeó a los grupos, pero todos los aliados parlamentarios del Ejecutivo, salvo Coalición Canaria, rechazaron sentarse a hablar con los conservadores. Tellado acabó admitiendo que su objetivo no era tanto convencerlos como "ponerles frente al espejo".

El PNV interpretó aquel movimiento como una "estrategia de marketing" y Junts exigió a Feijóo que viajara a Waterloo para reunirse con Puigdemont, una condición que el PP rechazó. "Nosotros no vamos a hacer lo que otros hemos criticado. No somos el PSOE", respondió Tellado. ERC, BNG y Podemos también cerraron la puerta a cualquier moción impulsada por la derecha y la extrema derecha.

Ese bloqueo parlamentario no se ha levantado. De hecho, tras la imputación de Zapatero, ERC elevó el tono y pidió explicaciones, pero volvió a descartar una moción de censura. Su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, cambió de tono este miércoles y admitió estar "jodido" por lo que iba conociéndose del auto. Una sensación que comparten otras formaciones como IU, Compromís o Sumar, que asisten con impotencia a un escenario similar al del año pasado con Ábalos y Cerdán, pero que el caso de Zapatero creen que todavía es más grave por lo que representa para el espectro progresista. 

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó este miércoles la moción de censura presentada por la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) por la postura considerada tibia del Ejecutivo francés en contra del tratado entre la UE y Mercosur.

Apenas 256 diputados, de los 288 necesarios, votaron la moción de censura contra el Ejecutivo, que todavía tiene pendiente otra, esta vez de la extrema derecha, que tiene menos posibilidades de progresar, puesto que no contará con el respaldo de LFI.

Los dos principales grupos de oposición habían presentado estas mociones de censura al considerar que el Ejecutivo francés y su presidente, Emmanuel Macron, no habían hecho todo lo posible por frenar el acuerdo con Mercosur, que cuenta con el rechazo unánime de los grupos políticos franceses y una fuerte oposición de los agricultores, expresada en manifestaciones callejeras.

Pero estas iniciativas contaban con pocas opciones de progresar al no tener el apoyo de los socialistas y de la derecha moderada, que se unieron a la coalición 'macronista' para mantener al Ejecutivo. Lecornu gana así tiempo y sale algo reforzado al mostrar que existe una mayoría en la cámara baja sobre la que puede ir apoyando su acción, sobre todo, la búsqueda de un presupuesto para 2026, su prioridad legislativa.

Aunque este punto parece todavía complicado por las grandes diferencias entre los diferentes grupos políticos, tanto entre socialistas y conservadores como dentro de la coalición 'macronista'. El primer ministro acusó a la oposición de presentar estas mociones de censura para retrasar los debates sobre el presupuesto y les dijo que lo hacían basándose "en la calumnia".

"La posición de Francia es el rechazo total a la firma del tratado", reiteró Lecornu, que pidió no engañar a los agricultores que temen por el futuro de sus explotaciones si sale adelante el acuerdo con Mercosur. Frente a los que le acusaron de no haber usado todo el peso de Francia en la UE para frenar un tratado que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene previsto ratificar la semana próxima, Lecornu aseguró que la pelota está ahora en el tejado del Parlamento Europeo.

Por ello, pidió "unidad" de los diferentes grupos para que esa cámara presente un recurso en el Tribunal de Justicia de la UE, el único que puede paralizar la entrada en vigor del tratado. "Solo lo detendría un recurso del Parlamento Europeo. No les hagan creer a los agricultores cosas falsas", dijo el primer ministro.

Además, alertó del riesgo de inestabilidad que suponen los ataques permanentes al Gobierno en el actual complejo contexto internacional: "Votar una moción de censura en este momento tendría un impacto que pagaría el pueblo francés", aseguró.

La portavoz de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, acusó al Gobierno de "capitular ante Ursula von der Leyen" y denunció el arresto de varios agricultores en las protestas en lo que consideró "una represión sin piedad para defender los intereses del dinero".

La diputada ultraderechista Hélène Laporte, por su parte, acusó a Macron de mantener "una posición contradictoria" y de no utilizar todos los instrumentos a su alcance para bloquear el acuerdo con Mercosur, incluida su posición de segundo contribuyente al presupuesto de la UE.

Los diputados franceses adoptaron de forma definitiva los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, lo que abre la puerta a la secuencia de adopción de los presupuestos generales para el año próximo que el Ejecutivo cuenta con aprobar antes del 31 de diciembre, informa EFE.

En total, votaron a favor del texto 247 diputados, frente a los 232 que lo hicieron en contra, un margen de quince votos, dos más de los que habían salvado el texto en primera lectura hace una semana. El proyecto había sido masivamente rechazado en el Senado, donde la derecha y el centro-derecha tienen una amplia mayoría.

Hasta el último momento se había mantenido el suspense sobre esta nueva votación, porque la formación La Francia Insumisa había incrementado la presión sobre los ecologistas para que se opusieran al proyecto, tras haberse abstenido en primera lectura. Pero finalmente mantuvieron su primera postura, lo que permitió al primer ministro, Sébastian Lecornu, confirmar un triunfo que le permite seguir en el puesto, pese a que su futuro inmediato sigue sujeto a muchas incertidumbres.

El jefe del Gobierno tuvo que hacer muchas concesiones a los socialistas, en particular la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Esas medidas generaron división en el seno de la coalición macronista y elevaron el gasto previsto en unos 5.000 millones de euros, lo que pone en peligro el compromiso de situar el déficit público en el 5% que París había adquirido con Bruselas para retornarlo al 3% en 2029.

Lecornu deberá ahora encontrar acuerdos para adoptar los presupuestos generales del Estado antes de que acabe el año, una tarea que no parece sencilla. Los diputados rechazaron en primera lectura el proyecto inicial, que sin embargo, fue adoptado por el Senado.

Una comisión mixta de ambas cámaras debe reunirse este viernes para acordar un texto que debería ser votado la semana siguiente. Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario.

Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario. En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja.

Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, en un acto con empresarios catalanes en Barcelona, que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura para convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos", en alusión a JxCat, informa EFE.

En un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, Feijóo se ha referido a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Feijóo ha destacado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE", por lo que "el 'sanchismo' ha entrado en prisión".

Eso significa, a su juicio, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado "inhabilitado" por el caso Koldo.

Según el líder del PP, "quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen mucho que compartir y mucho que callar".

Este "calvario judicial" del Gobierno se suma, ha dicho, a una "precariedad parlamentaria total", que impide a Sánchez aprobar presupuestos.

Dirigiéndose a los empresarios presentes en el auditorio, se ha mostrado convencido de que "en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts" y quizá algunas a ERC.

"Me faltan votos de los suyos", ha apuntado Feijóo, antes de añadir: "A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos".

Feijóo ha reconocido que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos de quienes necesitaría sus votos para una moción de censura, pero sí se ha mostrado abierto a impulsar "una moción de censura con un único compromiso": convocar unas nuevas elecciones generales para que "todos los ciudadanos de España puedan decidir en las urnas qué Gobierno futuro e inmediato quieren".

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha dicho este jueves que el único objetivo de "la extrema derecha de Vox" es acabar con el PP, partido que considera "único pilar constitucional que queda en España".

También ha ensalzado el liderazgo y "prudencia" de Alberto Núñez Feijóo porque no alimenta "la frustración" ciudadana con una moción de censura que no prosperaría.

Lo ha expresado en la presentación de su libro Orden y libertad: principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal, a la que ha asistido el propio Feijóo, junto a dirigentes nacionales del partido.

Aznar ha recordado que en este momento "no hay materiales" para una moción de censura y menos en un escenario en el que Vox busca "acabar con la convivencia en España" como hace el PSOE y los "partidos populistas", por lo que ha apelado a la responsabilidad ciudadana de no inhibirse en unas próximas elecciones que, espera, "sean pronto".

Ha remarcado que alimentar el debate político con una hipotética moción de censura solo generaría "más desasosiego" e "impaciencia" y alimentaría "posiciones extremistas".

"Los ciudadanos españoles no podemos ser espectadores del destino de nuestro país, tenemos que intervenir. Esa es la responsabilidad ciudadana y eso se consigue en España desde posiciones centrales", ha advertido Aznar.

El expresidente ha destacado que un líder político debe ser prudente, además de tener "coraje, determinación y valor", condiciones que cree que reúne Feijóo, al que ha dicho que criticaría públicamente si alimentase la frustración ciudadana al intentar llevar al país a "un callejón sin salida" con una moción de censura.

Aznar ha dejado claro que en política "el juego no consiste en tener más piedras que el adversario" y ha zanjado: "esa es la política que está haciendo Feijóo".

También ha ensalzado el plan para la inmigración del líder del PP --con el que se siente identificado-- para un flujo migratorio legal, asimilable y vinculado a las tradiciones de España, frente al "buenismo" y "retraso intelectual" de la izquierda sobre los retos futuros de España.

El expresidente ha añadido que la inmigración no puede sustituir la caída demográfica y ha proseguido con sus críticas a una izquierda que cree que está siendo "arroyada intelectualmente", pero también cultural y políticamente.

Sobre la política exterior del Gobierno, ha sostenido que España "se está ausentando de sus responsabilidades con Latinoamérica" y ha considerado que el actual Gobierno de coalición no está respaldando las aspiraciones democráticas de Venezuela porque una parte del mismo "apoya la corrupción" que representa el estado "narcocriminal" de Nicolás Maduro.

Además, ha lamentado "la mala relación" con Estados Unidos y ha opinado que la reputación de España en Europa "ha caído vertiginosamente" por culpa de Pedro Sánchez.

El Partido Socialista (PS) y el conservador Los Republicanos (LR) dieron oxígeno, al menos en el muy corto plazo, al Gobierno macronista de Sébastien Lecornu al anunciar este martes que no respaldarán las mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical que se votan el jueves, según indica EFE.

Las posiciones de socialistas y conservadores, que se han alternado en el poder en la V República (desde 1958) hasta la llegada al Elíseo de Emmanuel Macron en 2017, eran esenciales para la supervivencia del segundo gobierno de Lecornu, formado hace solo dos días. Este enfrenta el jueves dos mociones de censura: una del ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y la otra del izquierdista de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, primer y tercer grupo parlamentario, respectivamente.

"Hacemos una apuesta, una apuesta arriesgada en la que solo el futuro nos dirá adónde llega", manifestó el líder parlamentario del PS, Boris Vallaud, desde la Asamblea Nacional, donde Lecornu había pronunciado antes su discurso de política general y anunciado la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, requisito de los socialistas para no apoyar la moción del resto de la izquierda.

Esto implicará que el progresivo aumento de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años se quedará congelado en la situación actual, de 62 años y nueve meses, hasta enero de 2028, cuando pueda tomar nuevas decisiones el presidente que sea elegido en la primavera de 2027.

A su vez, Leconu ha propuesto aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el año próximo, lo que se entendió como otro guiño a los socialistas.

Por su parte, el líder de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, aseguró que sus cerca de 40 diputados no votarán la moción de censura "a priori" y "no formarán parte de los que harán caer a los primeros ministros", en alusión a las caídas de Michel Barnier (diciembre de 2024 tras tres meses en el cargo) y François Bayrou (septiembre de 2025 tras nueve meses).

El anuncio de Wauquiez ha generado cierta polémica, pues la dirección de LR, pilotada por el exministro del Interior Bruno Retailleau, había alertado de que la suspensión de la reforma de las pensiones podría hacer cambiar la opinión del partido que ha sido socio del macronismo durante el último año. "Para evitar caer en una moción de censura, el gobierno hace pagar a los franceses un precio muy alto", criticó Retailleau, en un comunicado, en alusión a la suspensión de la reforma a la que los conservadores se han opuesto porque la consideran esencial para sanear las cuentas. Esta discrepancia ente los diputados y la dirección del partido se explica por la guerra soterrada que libran el antiguo ministro del Interior y Wauquiez.

Entre el resto de principales fuerzas políticas, los comunistas, que cuentan con un pequeño grupo, no dejaron claro si respaldarán la moción del jueves, a pesar de que su líder, Fabien Roussel, consideró "una primera victoria" la suspensión de la reforma de las pensiones. Los otros socios de la izquierda, los Ecologistas, sí que apoyarán la moción contra Lecornu.

El partido del presidente Macron, Renacimiento, el RN y el LFI también intervinieron tras el discurso de política general del nuevo primer ministro y refrendaron sus posiciones, de apoyo al gobierno los primeros y de censura los segundos y terceros.

La intervención de la Asamblea Nacional de Lecornu sucede pocas horas más tarde de la celebración del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo, en el que se aprobó el proyecto de cuentas para 2026, que ahora deberá pasar por el arduo trámite parlamentario.

Lecornu prometió no gobernar con decretos -una opción permitida por la Constitución francesa con la que se aprobó la polémica reforma de las pensiones de 2023- y dijo que el peso legislativo corresponde a una Asamblea Nacional que representa a una Francia "diversa" fragmentada en tres bloques (izquierda, centro y ultraderecha).

En un mensaje a sus socios europeos, Lecornu aseguró que "en todos los casos" el déficit público del país cerrará por debajo del 5% del producto interior bruto (PIB) en 2026 y que tiene la intención de cumplir en 2025 con el objetivo de un déficit del 5,4% del PIB, después del 5,8% en 2024.

En lo que tiene que ver con la recaudación, una de las grandes novedades será un impuesto que gravará los holdings familiares y, en concreto, los activos que no están dedicados a fines operativos. Ese impuesto, sería una alternativa al conocido como impuesto Zucman que reclama la izquierda y que consistiría en gravar con un 2% el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia, y que se calcula que podría recaudar hasta 20.000 millones de euros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, va a nombrar a un primer ministro en las próximas horas, lo que confirma que descarta el adelanto de las elecciones legislativas, tras reunirse con los líderes de los principales partidos moderados del país, según indica EFE.

Esa es una de las principales conclusiones de las declaraciones de algunos de los asistentes al encuentro, en el que los líderes de la izquierda mostraron su profundo descontento porque el primer ministro no será nadie de su campo como reclamaban.

El primer secretario socialista, Olivier Faure, se quejó de que Macron no les ha dado "ninguna respuesta clara" en los puntos que le han pedido, como una renuncia a la aprobación de leyes por decreto o a la suspensión de la reforma de las pensiones, y advirtió sobre la posible censura del primer ministro que pueda nombrar. "Como no hemos obtenido ninguna garantía, no descartamos votar una moción de censura", señaló después de contar que, aunque se sienten "perfectamente legítimos" en la izquierda para reclamar un primer ministro, Macron no ha accedido a esa idea. El líder socialista añadió que si no se les tiene en cuenta "no hay otra opción que votar una moción de censura".

En una línea similar, la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, denunció que, a la vista de lo que han escuchado en reunión, para el presidente "nombrar a un primer ministro ecologista o de izquierdas no es su opción". Tondelier advirtió de que "esto va a terminar muy mal" y de que "si (Macron) vuelve a nombrar a alguien de su mayoría, esto terminará como las veces anteriores". Es decir, con una moción de censura contra el Gobierno.

En el encuentro también participaron los principales responsables del macronismo, los antiguos primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal, y los líderes del partido de la derecha tradicional, los Republicanos, Bruno Retailleau y Laurent Wauquiez.

Ninguno de ellos hizo declaraciones a su salida de la cita del Elíseo a la que no habían sido invitados los dos grandes partidos de la Asamblea Nacional, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Esos dos partidos de los extremos del arco parlamentario exigen elecciones anticipadas. Y aunque hay diferencias entre ellos ambos desean que Macron se vaya, de hecho, Mélenchon lo exige abiertamente e incluso ha intentado la destitución.

El actual primer ministro en funciones, el macronista Sébastien Lecornu, dimitió el pasado lunes por la mañana apenas 14 horas después de que se anunciara la composición de su Gobierno. Macron le encargó que siguiera haciendo una labor de prospección dos días más para ver si era posible evitar unas elecciones anticipadas. El miércoles por la noche, el Elíseo ya avanzó que Macron nombraría a un nuevo primer ministro en 48 horas.

El Partido Popular lleva meses amagando y rechazando, a la vez, presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando estalló el 'caso Cerdán', el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamamiento a la calma entre sus propias filas que le reclamaban que diera un paso al frente para tratar de desbancar a Sánchez. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifique como presidente del Gobierno. No voy a ser cómplice como sus socios. Yo no soy socio de Pedro Sánchez, soy la única alternativa", explicaba hace solo unas semanas el conservador. Un argumento que la dirección del partido ha mantenido en las últimas semanas, subrayando que no existe una mayoría parlamentaria para desbancarle del poder.

Sin embargo, la imagen del exsecretario de organización de los socialistas ingresando en la prisión de Soto del Real este lunes, ha forzado al PP a moverse. A primera hora del martes Feijóo anunciaba en su cuenta de X que había encargado a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, iniciar una ronda de contactos con los grupos que sostienen al presidente del Gobierno, a excepción de Bildu, para ver si su apoyo al PSOE permanece "intacto". "Ahora mismo son el único obstáculo para que los españoles hablen y podamos reparar tanta decadencia", escribía.

Solo unas horas después, el propio Tellado rebajaba esa pretensión y aseguraba que únicamente quería "escuchar" a estos grupos para "saber dónde están": "Queremos saber si son socios o si se quieren convertir en cómplices de la corrupción", señaló el portavoz parlamentario en rueda de prensa desde el Congreso, en la que no mencionó en ningún momento la palabra "moción". Tellado apeló a la discreción de esas conversaciones, pero admitió que ya había empezando a sondear a todos los portavoces, a excepción de los de la izquierda abertzale.

Pero más que apelar al entendimiento, el discurso del hombre fuerte de Feijóo estuvo repleto de reproches hacia los aliados parlamentarios. "Son corresponsables de lo que pasa en España y de un Gobierno que está podrido y que presuntamente comenzó a delinquir a los quince días de llegar a la Moncloa", dijo. Es más, Tellado confesó que su objetivo no era tanto convencerlos —en privado, en el PP confiesan que es casi imposible— sino "ponerles frente al espejo" de su "silencio de los corderos": "Tienen que elegir: o rompen con Sánchez o les romperá a ellos", añadió. Poco después, todos los aliados parlamentarios, salvo Coalición Canaria, rechazaron sentarse a hablar siquiera con los conservadores y así se lo trasladaron a Tellado, según ha podido saber infoLibre.

Las palabras del dirigente popular provocaron el enfado del PNV, uno de los partidos con los que el portavoz parlamentario del PP ha tenido más encontronazos en los últimos meses y flanco habitual de sus críticas. Fuentes de la formación trasladaban poco después de la comparecencia de Tellado que su portavoz, Maribel Vaquero, "apenas había recibido un mensaje unos minutos antes de la rueda de prensa" del PP y que, "sin embargo" el conservador había "optado por hablar con los medios antes que con EAJ-PNV" para "lanzar ataques y acusaciones".

A juicio de los jetzales, el PP no quiere ningún tipo de entendimiento con su partido sino que está inmerso en una "estrategia de marketing": "Este movimiento de hoy, junto a los mensajes que los populares están lanzando en redes sociales con críticas a los partidos que apoyamos la investidura, solo responde a una estrategia de marketing y deja claro que el PP no busca un espacio de entendimiento con EAJ-PNV", proseguían las citadas fuentes.

Los peneuvistas también expresaban su desconcierto por la estrategia de la dirección de Feijóo. "El PP, que se dice líder de la oposición y quiere encabezar un Gobierno alternativo, se sacude la responsabilidad de conseguir una hipotética mayoría. No explica cómo quiere serlo ni cómo quiere ganarse el apoyo de otros grupos", añadían, lamentando a renglón seguido los "ataques" a "la lengua, cultura, pueblo, autogobierno y al partido que lidera las instituciones vascas”.

Además del PNV, el PP también se encontró rápidamente con el escollo impuesto por Junts. Los independentistas catalanes exigieron al líder del PP una reunión con su líder, Carles Puigdemont, en su residencia de Waterloo (Bélgica). Al PP le costó tres preguntas de los periodistas responder a ese ofrecimiento, pero rechazó que su presidente fuera a dar ese paso. "Nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. No somos el PSOE. No lo somos. Nadie nos encontrará ahí" dijo, criticando el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El portazo también sonó con fuerza en el resto de aliados parlamentarios. El BNG fue el primero en rechazar una moción de censura “promovida por la derecha y la ultraderecha ultra”. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, rechazó negociar con un partido que “tiene, ha tenido y tendrá" casos de corrupción. "Nosotros no participaremos activamente en colocar a un PP cuyos gobiernos han sido y son aún los más corruptos de la historia de este Estado", completaban fuentes de la formación. Y se expresó de igual manera la líder de Podemos, Ione Belarra, que aunque en los últimos días ha subido el tono contra Sánchez calificó al PP de "podrido".

La única formación que sí ha abierto la puerta a ese entendimiento es Coalición Canaria. Su presidente, Fernando Clavijo, que gobierna Canarias en coalición con el PP, advirtió que su partido decidirá sobre el apoyo parlamentario al PSOE tras la comparecencia del presidente el día 9 en el Congreso. Pero más allá del apoyo puntual de CC, a Feijóo le siguen faltando cuatro votos para lograr su objetivo tal y como él ha manifestado en varias ocasiones. Lo único que ha conseguido el PP con este movimiento es perder la moción de censura —de manera telefónica— antes siquiera de presentarla.

Las presiones para que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lidere una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se intensifican. La reacción del conservador tras publicarse el detallado informe de la UCO que apunta —con audios que no dejan lugar a dudas— al presunto cobro de mordidas del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, junto con el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, fue demandar un adelanto electoral, a pesar de que Sánchez acababa de descartar esa posibilidad.

Feijóo, sin embargo, descartó ir más allá con una moción porque cree que su fracaso daría aire a Sánchez en el momento en el que más lo necesita. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifique como presidente del Gobierno. No voy a ser cómplice como sus socios. Yo no soy socio de Pedro Sánchez, soy la única alternativa", defendió el líder del PP desde la sede de Génova este jueves. En Génova están convencidos de que, por ahora, no hay posibilidad de que esa moción de censura salga adelante. Pero hay quien opina — también entre las filas de su formación— que debe presentarla de todos modos ante un contexto tan grave como el actual. "Los números no dan. Fin del debate", tratan de zanjar desde el entorno del presidente del PP. 

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF Barcelona School of Management, cree que Feijóo acierta al no presentar la moción "si no tiene los apoyos necesarios". "Podría convertirse en un escaparate para que Pedro Sánchez coja impulso", argumenta, en línea con lo que trasladan los estrategas de Génova. Y añade: "Si el PP cede ante la presión de Vox y del sector del partido que siempre le pide más, quién acabará perdiendo es Feijóo porque su liderazgo se desdibujará una vez más".

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre es una de las voces que ha reclamado a Feijóo públicamente que presente una moción con el compromiso de convocar elecciones de inmediato. "Si hiciera la moción de censura, la haría comprometiéndome a que, en el mismo día de firmar ante el rey el cargo, convocaría yo las elecciones. Y estoy convencida de que Feijóo tendría mayoría absoluta", señaló este viernes Aguirre ante los medios, tras criticar a Sánchez. Aguirre se erige como una voz autorizada en la materia, después de que bajo su mandato en la Comunidad de Madrid su mano derecha, Ignacio González, acabara en prisión por corrupción.

La respuesta de Génova llegaba a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, en una entrevista en La Sexta. Tras calificar a Aguirre como "una compañera de partido y una buena amiga", descartó emprender ese camino "porque se podría lograr el efecto contrario al deseado". "No haremos una moción sin capacidad de que prospere porque podríamos conseguir el efecto contrario, blindar a Sánchez, y no estamos aquí para ayudar a Sánchez”, argumentó.

La postura de Aguirre es, sin embargo, compartida por un sector del PP que considera que hay que dar esa batalla aunque se pierda para "evidenciar" desde el Congreso "cómo actúa la mafia". Dirigentes del PP consultados por infoLibre creen que Feijóo debería actuar "cuanto antes" y erigirse como "la alternativa" aún a riesgo de perder la moción. En esa línea, trasladan que su jefe de filas debería "hacer todos los esfuerzos" posibles por acercar posturas con Junts o con el PNV. "Hay que buscar esos apoyos, no esperar a que vengan. Eso no va a ocurrir", argumentan.

Aira cree que ese acercamiento sería "incoherente": "Al final el PP está buscando el apoyo de partidos a los que, a su vez, estigmatiza y demoniza desde hace tiempo. Apelar al voto de estos mismos partidos suena desesperado e incoherente y no proyecta nada bueno", razona.

La estrategia de Génova es precisamente atacarles, ya que varios portavoces del partido, empezando por Tellado y siguiendo por su número dos en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, no están conteniendo sus críticas hacia algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo. El portavoz de Feijóo en el Congreso calificó este viernes al presidente del PNV, Aitor Esteban, como un "lacayo" de Sánchez y lo acusó de ser "cómplice" de su corrupción.

Una crítica que después extendió al resto de formaciones. A su juicio, son los "responsables" de que Sánchez permanezca en La Moncloa y, por tanto, de que "la mafia" gobierne España. Álvarez de Toledo, por su parte, aseguró que los socios del Gobierno comparten con el socialista su "ansia infinita de impunidad" y solo quieren contrapartidas para "destrozar la convivencia".

El PP, al igual que Vox, ha hecho de su oposición a la amnistía una de sus principales bazas contra Sánchez. Una amnistía defendida y reclamada a capa y espada por Junts y también por los jetzales. El boicot de Feijóo a la oficialidad de las lenguas cooficiales en la Unión Europea tampoco ha ayudado a acercar posturas precisamente, como destaca el experto en comunicación política. "A día de hoy la suma de Vox y Junts se antoja imposible", asegura.

En Junts no desvelan sus intenciones, aunque Aira —buen conocedor de la formación— descarta que la formación independentista se preste a dar apoyo al PP incluso con la promesa de convocar elecciones después, como trasladó Aguirre, o incluso presentando un candidato alternativo a Feijóo. "Junts no puede, ni de manera instrumental ni de ninguna otra, entenderse con el PP. Feijóo seguramente querría poder llegar a acuerdos con formaciones como PNV o Junts, pero sus compañías impiden cualquier tipo de pacto a futuro", reflexiona.

La formación que preside Carles Puigdemont se reunirá este sábado para valorar el informe de la UCO y los efectos que puede tener "sobre el acuerdo de Bruselas” que firmaron ambas fuerzas políticas en 2023 para sellar la investidura del presidente. Se trata de la misma estrategia que utilizaron cuando se produjeron las negociaciones con los socialistas tras el 23J y en la que el exsecretario de organización del PSOE fue una pieza clave para convencerles.

"La petición de adelanto de elecciones la haremos en función de los resultados de la mesa de negociación en Suiza con el Gobierno", señaló el jueves el número dos de Junts, Jordi Turull. "Tenemos muchas más cosas entre manos que son prioritarias", señaló, poniendo de ejemplo la efectividad de la amnistía, la oficialidad del catalán a la Unión Europea o la delegación integral de las competencias de inmigración, promesas de la investidura de Sánchez.

Durante la campaña gallega trascendió que Feijóo estuvo dispuesto a estudiar, como alternativa a la amnistía —que el líder del PP sopesó durante 24 horas—, la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont como parte de un “plan de reconciliación” para Cataluña, siempre y cuando el expresident de la Generalitat fugado a Bélgica aceptara “someterse a la justicia española, verbalizara su arrepentimiento y se comprometiera de forma explícita a cumplir con el Estado de derecho”, según fuentes al más alto nivel del PP.

Alberto Núñez Feijóo quiere liderar la alternativa a Pedro Sánchez, pero no tiene los apoyos para hacerlo ni siquiera en el peor momento del presidente del Gobierno en lo que va de legislatura. El demoledor informe de la UCO que vincula al ya exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, en el supuesto cobro de comisiones en obras públicas ha supuesto un mazazo para el conjunto del espacio progresista, en general, y para el líder de los socialistas en particular, que se ha visto obligado a comparecer en la sede de Ferraz por primera vez desde que está en Moncloa. Sánchez pidió perdón pero descartó convocar elecciones generales y reiteró que su mandato continuará hasta 2027.

El líder de la oposición compareció más de una hora después para reclamar lo que Sánchez ya había descartado: comicios anticipados. "Debe convocar elecciones de manera inmediata, no hay ninguna huida hacia adelante, es una huida a ningún sitio", señaló el conservador desde la sede de Génova. Y añadió: "Sánchez no puede pretender sobrevivir a Ábalos, primero, y a Cerdán, después. La corrupción es la marca de agua de este Gobierno y por ello debe terminar", dijo.

Sin embargo, Feijóo no tiene prácticamente ninguna opción de acabar con el mandato de Sánchez, ya que en esa misma comparecencia descartó iniciar los contactos para tratar de convencer a los socios parlamentarios del Gobierno de que le apoyen. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifique como presidente del Gobierno. No voy a ser cómplice como sus socios. Yo no soy socio de Pedro Sánchez, soy la única alternativa", defendió el líder del PP, que a renglón seguido instó a los aliados del Ejecutivo a dar ese paso. Horas antes, desde los pasillos del Congreso, también alejaba esa posibilidad. "No vamos a precipitarnos", aseguró.

Lo cierto es que el jefe de la oposición no tiene muchas opciones y ha ido quemando sus cartuchos en las últimas semanas: ha organizado una manifestación —que no salió como Génova esperaba—, ha endurecido su lenguaje —imitando al de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—hasta el punto de llamar al presidente del Gobierno "capo" de una "mafia" y ha prometido en dar la batalla al Gobierno por todos los frentes, el político, el judicial y el mediático. Pero nada de eso es suficiente para desbancar a Sánchez de la presidencia del Gobierno.

El Partido Popular lleva sentenciando la legislatura prácticamente desde que comenzó, pero esa prerrogativa es exclusiva de Sánchez o, en todo caso, de alguno de sus socios si decidiera apoyar al expresidente de la Xunta para castigar al socialista. "Tienen la oportunidad de salvar algo de honor", aseguró este jueves el líder del PP. "Sugiero que reflexionen. Les aseguro que acabará mal. Si eligen seguir con él, dejarán de ser socios para ser cómplices del mayor aluvión de corrupción que ha vivido nuestra democracia", concluyó.

Sin embargo, el conservador no se atreve a dar ese paso en solitario, que tan insistentemente le reclama Vox, porque considera que su fracaso supondría una victoria para Sánchez. Con todo, Feijóo ha amagado en varias ocasiones con hacerlo. Lo hizo antes de las elecciones europeas de junio del pasado año, cuando reclamó una "mayoría social" que mostrara "su rechazo al presidente del Gobierno" en esos comicios: "Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto", advirtió. El hecho de que el PSOE resistiera tan bien lo disuadió.

También lo hizo en enero de este año después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, respaldara públicamente esta posibilidad. “Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante”, señaló Feijóo en una entrevista en Onda Cero. Una máxima que siguió manteniendo en otras entrevistas, en las que sin embargo también incidía en la dificultad de conseguir esos apoyos por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

Aunque cuando Feijóo realiza estos llamamientos evita dirigirse a formaciones concretas y asegura que todos, desde Podemos pasando por ERC, BNG e Izquierda Unida, pueden sumarse a esta imaginaria moción, el PP siempre tiene dos partidos en mente: PNV y, sobre todo, Junts. En más de una ocasión Feijóo ha defendido que no tiene reservas a llegar a acuerdos con los de Carles Puigdemont “dentro de la Constitución" e incluso ha llegado a reconocer contactos con el partido independentista para tratar de conseguir su apoyo.

Aunque la dirección nacional del PP tiene claro que presentar la moción en estos momentos sería un error, en las próximas semanas deberá lidiar con la presión de Vox, que reclama a Feijóo que tome la iniciativa. Abascal, de hecho, ha abandonado Paraguay, país al que había acudido para participar en un foro, con el objetivo de exigir al PP que presente esta moción cuanto antes.

El ultraderechista aseguró que el Gobierno es "una charca de corrupción, una ciénaga pestilente, una banda de delincuentes y una banda mafiosa" con el único objetivo de "mantenerse en el poder a cualquier precio" pero también se mostró muy crítico con el líder del PP: "La debilidad de la oposición del señor Feijóo es letal para la oposición en España", dijo.

Unas palabras que han sentado mal en Génova. "La culpa es… del PP. Alguien tenía que echar una mano a Sánchez", escribía en X el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper. "Sinceramente, empiezo a pensar que Abascal prefiere que siga Sánchez a que gobierne Feijóo", le acompañaba la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. El PP no quiere que el foco se sitúe en otro que no sea Sánchez, pero sí que critica la "obsesión" del partido de Abascal de "atacarles" todo el tiempo.

Alberto Núñez Feijóo tiene debilidad por anunciar el fin de los tiempos. Así lo hizo el líder del Partido Popular este jueves, en una declaración solemne, sin preguntas, en la que denunció que "el estado de putrefacción al que nos tiene sometido el actual Gobierno" hace que "la degradación" sea "total". Para el jefe de la oposición, el mandato del presidente Pedro Sánchez "está en fase terminal porque no da más de sí". "Esta situación es inaceptable e inasumible", concluyó, con tono grave, tras anunciar la convocatoria de una concentración el próximo domingo 8 de junio en la capital y ponerse a disposición de los socios del Gobierno.

Para apuntalar este relato, Feijóo y su equipo intentan hacer ver que hay un rechazo frontal de la ciudadanía al Ejecutivo central —pese a que los socialistas no salieron mal parados de las últimas elecciones europeas, celebradas hace un año, en las que el PSOE que se mantuvo por encima del 30% de los votos—, insistiendo, además, en que la "corrupción en el seno del Gobierno" provocará que algunos de sus socios le dejen de apoyar en algún momento. "Si fuesen consecuentes", dijo en referencia a la moción de censura instigada por Pedro Sánchez en 2018 tras la sentencia de la Gürtel, "ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda”.

Con todo, el líder del PP dejó claro que no tiene intención de iniciar contactos ni actuar de manera proactiva para recabar los apoyos necesarios. “Seré claro: la moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad. Yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda de que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación", concluyó.

Sin embargo, no es la primera vez que Feijóo amaga con liderar una moción de censura —que después nunca se atreve a presentar ante la falta de apoyos— ni anuncia el apocalipsis. Ni mucho menos. Un repaso a sus declaraciones de los últimos tres años, los que lleva al frente del Partido Popular, es muy ilustrativo de su tendencia a proclamar que España está en "fase terminal" y a presentarse como la alternativa a Pedro Sánchez tras hacer un llamamiento de "responsabilidad" a sus socios, con la mirada puesta sobre todo en Junts y PNV.

Recién elegido para el cargo de presidente del PP, tras concluir con éxito, con la ayuda de los demás barones, la operación para defenestrar a su antecesor, Pablo Casado, Feijóo ya aseguraba que las cosas eran insostenibles. "Estamos asistiendo en vivo y en directo a una autoinmolación del Gobierno que está dañando seriamente a España" por culpa de un presidente "desorientado" y "superado por los acontecimientos". El líder conservador sacaba esta conclusión de la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, después de que trascendiese el supuesto espionaje llevado a cabo por la agencia pública de inteligencia a políticos y activistas independentistas catalanes utilizando el software Pegasus, propiedad de la compañía israelí NSO Group.

Aquello ya fue suficiente para que Feijóo afirmase que la legislatura estaba "en caída libre" y que la situación era "insostenible". Las elecciones, sin embargo, no tuvieron lugar hasta un año después y el candidato Pedro Sánchez, aunque el PP obtuvo más votos, volvió a reunir una mayoría suficiente en el Congreso para seguir gobernando. En esa época el PP negaba los cantos de sirena de Vox para convocar e incluso apoyar una moción de censura e insistía en que el verdadero veredicto lo darían "las urnas".

A finales de aquel año, cuando Feijóo apenas llevaba unos meses en Madrid, España volvió a tocar fondo, en opinión del líder del PP. "Entiendo que lo mejor que podemos hacer en este momento, dado que en mayo tenemos unas elecciones, es hacer ya unas elecciones generales de forma inmediata", exigió desde la tribuna del Senado, la Cámara en la que aterrizó en la política española después de hacer dimitir a una representante del Parlamento de Galicia para ocupar su escaño. ¿La razón? Muy parecida a la de cualquier otra pesca del año: "La situación en nuestro país no da para más".

Ya entonces Feijóo negaba la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez y argüía, para denunciar la insostenible situación, que el Ejecutivo estaba preparando un referéndum consultivo de independencia para Cataluña —que nunca ha tenido lugar—. También anticipaba un "cambio de ciclo" de manera inminente.

Tres meses después, sin haber completado un año en la política nacional, Feijóo volvía a la carga instando a adelantar las elecciones generales al mes de mayo, en coincidencia con las municipales. ¿El argumento? La supuesta "degeneración" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que el PP asediaba con el caso Mediador, las reducciones de penas producto de la aplicación de la ley del solo sí es sí o la decisión de la empresa Ferrovial de trasladar su sede social de España a Países Bajos.

El Gobierno, decía el líder de los conservadores, "ha pasado de la decepción a la deriva, de ahí a la decadencia y a la degeneración, y debería convocar elecciones ya" porque "ha perdido el crédito y la confianza de los españoles". Apenas cuatro meses después fue Feijóo quien no consiguió un resultado suficiente en las elecciones generales para ser elegido presidente del Gobierno y, aunque miró tanto al PNV como a Junts para ser investido, se quedó a cuatro votos de conseguirlo.

El líder del PP verbalizó por primera vez en junio de 2024 la posibilidad de una moción de censura. Lo hizo en una entrevista en Antena 3. Feijóo apuntó a esa vía en caso de que hubiera una "mayoría social" que mostrara “su rechazo al presidente del Gobierno" en las elecciones europeas: "Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto", advirtió. Pocos días después se celebraron esos comicios que los conservadores habían planteado como un plebiscito contra el socialista, pero el resultado no fue el esperado para Génova, ya que los socialistas lograron resistir aunque el PP volvió a ser primera fuerza.

"Si esa mayoría social se convierte en una mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximos el final del túnel", argumentaba el conservador" ¿Qué herramientas vamos a utilizar ? Todas las que consideremos oportunas", sostenía, sin llegar a descartar este mecanismo en el Congreso. Tras esos comicios desde Génova rebajaron cualquier posibilidad de presentarla porque entendían que, si la perdían, se reforzaría más a Pedro Sánchez.

Un año después de las elecciones generales, el presidente del PP ya consideraba al jefe del Ejecutivo "noqueado". Y decía que la legislatura estaba "agotada". Después de que Sánchez reflexionase varios días sobre su continuidad en la Moncloa, a la vista de que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo sometida a una investigación judicial que a día de hoy continúa, le emplazó a convocar elecciones o irse, porque su situación es "más grave y más patética" que nunca. Entonces argumentaba que no iba a presentar una moción de censura porque Sánchez había "comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles".

"Déjelo ya, convoque elecciones, váyase, pero así no podemos seguir", declaró entonces un enfático Feijóo durante una reunión con sus diputados y senadores, convencido de que las dos derrotas parlamentarias que acababa de sufrir el Gobierno en el Congreso —los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma de la Ley de Extranjería— iban a poner fin al mandato de Sánchez. Está "aflorando la decadencia de quien ya no puede ofrecer nada a los españoles"; "esto ya no da más de sí", argumentaba, anticipando una convocatoria electoral anticipada que no se produjo y que, un año después, sigue sin estar en el horizonte.

En octubre del pasado año Feijóo se dirigió de nuevo a los socios del Gobierno fue en Bruselas tras una reunión del Partido Popular Europeo. "Queda por ver quién permanece al lado embarrándose y embarrando la vida política española. Aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores", decía, en referencia a la ya citada moción de censura de 2018.

El conservador también mantenía que en la capital comunitaria había "una preocupación de dimensión internacional" sobre las "corruptelas" que rodeaban al presidente del Gobierno. "Las investigaciones judiciales en torno al presidente del Gobierno, a su familia, a su gobierno y a su partido están teniendo trascendencia en las cancillerías europeas. Es una absoluta anomalía tener un primer ministro con una situación judicial y personal como la que tiene el primer ministro español", argumentaba.

Hace cinco meses, el líder popular seguía en el mismo sitio que en mayo de 2022, cuando llegó a Génova. El mismo del que sigue sin moverse. Entonces, en plena resaca de la inacción del Govern de la Generalitat Valenciana, que no avisó a tiempo a los ciudadanos de lo que se les venía encima el día de la dana, el presidente del PP denunciaba el "completo colapso" y la "agonía legislativa" del Gobierno.

Ese mismo mes, en una comparecencia desde la Cámara Baja. Feijóo dio total credibilidad a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional y lanzó el recado a los socios del Ejecutivo. “No tengo los votos para cambiar el Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país”, aseguró.

En enero de este año el presidente del PP se mostró dispuesto a presentar la moción después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, respaldara públicamente esta posibilidad. “Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante”, señaló Feijóo en una entrevista en Onda Cero. Una máxima que siguió manteniendo en otras entrevistas, en las que sin embargo también incidía en la dificultad de conseguir esos apoyos por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

Aunque cuando Feijóo realiza estos llamamientos evita dirigirse a formaciones concretas y asegura que todos, desde Podemos pasando por ERC, BNG e Izquierda Unida, pueden sumarse a esta imaginaria moción, el PP siempre tiene dos partidos en mente: PNV y, sobre todo, Junts. En más de una ocasión Feijóo ha defendido que no tiene reservas a llegar a acuerdos con los de Puigdemont “dentro de la Constitución" e incluso ha llegado a reconocer contactos con el partido independentista para tratar de conseguir su apoyo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la convocatoria de una manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez el próximo 8 de junio en la madrileña Plaza de España y ha pedido a sus socios de Gobierno apoyo para una moción de censura.

En una comparecencia convocada de urgencia en la sede del PP, Feijóo ha afirmado que si los socios del Gobierno fueran "consecuentes", apoyarían una moción de censura "para combatir la corrupción", como hicieron hace siete años con el expresidente Mariano Rajoy.

La moción de censura "para sacar la corrupción de la Moncloa", ha precisado, no depende de su voluntad, que la tiene toda, sino que "depende de quienes le han dado soporte parlamentario" al presidente. Por ello se ha dirigido a los socios del Gobierno para decirles que, si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a su disposición y, si no quieren, "no tengan duda de que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les harán cómplices de esta degradación".

"La decadencia de este Gobierno y la convivencia de sus socios les retratan solamente a ellos", ha afirmado en una comparecencia, sin preguntas, que ha durado unos diez minutos y ha tenido lugar en la sede de la formación de la calle Génova.

Pese a no poder llevar a acabo la moción de censura, ha asegurado, el PP seguirá dando "una respuesta amplia, clara, contundente y continuada" a la "decadencia" del Gobierno de Sánchez, una lucha que hará "desde las Cortes, hasta la calle y los tribunales".

En esta coyuntura, el líder popular, que será reelegido presidente del PP en el XXI Congreso de la formación que se celebrará el 4, 5 y 6 de julio en Madrid, ha llamado a los ciudadanos a "tomar la palabra" y salir a las calles para definir "el futuro de la nación", "Si no pueden hacerlo en unas urnas, porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle", ha insistido.

Feijóo ha llamado por tanto a manifestarse a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un Gobierno que "ataca" a jueces y a fiscales, que "persigue" a la Guardia Civil y a periodistas y que "no solo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos", sino otra "para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas".

El líder popular ha tomado esa decisión, ha explicado, por "el estado de putrefacción" del Gobierno de Sánchez, que está "rodeado de corrupción", con "más de una veintena de altos cargos de su entorno implicados en las distintas tramas". "Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego", ha apuntado.

Además de a los españoles, Feijóo también se ha dirigido a Sánchez y le ha dicho que servir a la nación como presidente del Gobierno "es un honor" y "hace tiempo que ya no es digno de ejercerlo". "Dure lo que dure, su mandato está en fase terminal porque no da más de sí", ha declarado.

También se ha dirigido a las instituciones del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los medios de comunicación y ha dicho que hay que disculparse con ellos "por las presiones que están sufriendo". La gravedad de los hechos que se conocen y "aún parece que quedan hechos por conocer", ha dicho, "trasciende a cualquier ideología, coyuntura o manía personal de nadie".

Por su parte, el Gobierno considera que las declaraciones de este jueves de Feijóo contra Sánchez demuestran que vive en una realidad paralela y le ha reprochado que convoque una manifestación de rechazo al jefe del Ejecutivo y no atienda las manifestaciones de Valencia por la gestión de la dana.

Para el Gobierno, esa comparecencia del líder del PP ha sido para repetir las estridencias que considera que viene diciendo desde hace tiempo pese a que haya querido darle solemnidad.

Las fuentes citadas señalan que Feijóo ha descrito una realidad que no existe y ha convocado una manifestación después de que siga sin atender las que se suceden en Valencia pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El Gobierno francés superó este jueves una moción de censura apoyada por tres partidos de izquierda pero que no contó con el respaldo de los socialistas. La moción registró 131 votos a favor, anunció tras el recuento la presidenta de la Asamblea Nacional, Yäel Braun-Pivet, lejos de la mayoría absoluta de 288 necesarios para hacer caer al Ejecutivo.

La ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen tampoco apoyó la moción, como sí había hecho en diciembre pasado para, junto con los cuatro partidos de izquierda, derribar al anterior Gobierno de Michel Barnier.

La moción, la primera que afrontaba el primer ministro François Bayrou, estuvo protagonizada por la fractura de la izquierda, donde el Partido Socialista (PS) se desmarcó de sus otros socios del Nuevo Frente Popular (NFP). Un primer análisis de los votos registrados indicó que en torno a ocho de los 66 diputados socialistas habrían rechazado la consigna de su partido para apoyar la moción.

El primer secretario del PS, Olivier Faure, justificó la posición en dos motivos, el primero las concesiones del Gobierno en los contactos de las últimas semanas, y que según él han beneficiado a los ciudadanos con medicas concretas en fiscalidad, educación o sanidad. También porque el Gobierno ha aceptado reabrir la discusión sobre la muy impopular reforma de las pensiones de 2023, aunque no está garantizado que haya cambios.

Y el segundo fue su temor a que una nueva crisis de Gobierno podría traducirse en llevar a Le Pen al poder: "Hemos optado por no practicar la política de lo peor porque puede conducir a lo peor, al triunfo de la extrema derecha", afirmó Faure. Aún así, Faure dejó claro que "estamos en la oposición y ahí seguiremos", y advirtió a Bayrou que su partido podría apoyar otra moción de censura "en cualquier momento".

La postura socialista fue criticada por los principales líderes de La Francia Insumisa (LFI), el partido más a la izquierda de la Asamblea Nacional, que había presentado la moción, apoyada después por ecologistas y comunistas.

El primer ministro acusó a LFI de que con su moción apostaba por "el enfrentamiento" en lugar de buscar el diálogo "en la situación tan grave de nuestro país", tanto por la posición "extremadamente grave" de la economía y de las cuentas públicas como por el difícil panorama internacional. 

El boicot de casi la totalidad de parlamentarios del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) ha impedido finalmente que prospere la moción para destituir al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, votada este sábado en la Asamblea Nacional de este país, según informa EFE.

La iniciativa parlamentaria para inhabilitar a Yoon comenzó a votarse pasadas las 18.00 hora local de hoy (9.00 GMT) después de que abandonaran la cámara todos los diputados del PPP salvo dos, de modo que si incluso estos hubieran votado a favor, la moción fracasaría.

Para que la moción de destitución prospere es preciso el respaldo de dos tercios de la cámara, lo que significa que el bloque opositor (que cuenta con clara mayoría parlamentaria con 192 escaños) necesitaría contar con al menos ocho votos adicionales de entre los 108 con los que cuenta el gobernante Partido del Poder Popular.

El voto de esta moción en la Asamblea tuvo lugar tras la de otra propuesta para establecer una investigación sobre la primera dama, Kim Keon-hee, por supuesta corrupción, que no salió adelante con un resultado de 198 votos a favor y 102 en contra, lo que ya apuntaba al fracaso de la iniciativa para destituir a Yoon.

Ese resultado reflejaba que únicamente seis miembros del PPP habían roto la disciplina de voto fijada por la formación conservadora, que acordó este mismo sábado rechazar la moción contra Yoon, tras haber dado varios bandazos en días previos al respecto.

La principal formación opositora, el Partido Democrático (PD) y las otras cinco fuerzas políticas presentaron una moción para destituir a Yoon el pasado miércoles, después de que el presidente decretara por sorpresa la ley marcial en la noche del martes acusando a la oposición de "actividades anti-estatales" y de ser "fuerzas pronorcorenas".

El estado de excepción fue levantado después de que los partidos de la oposición y algunos del propio PPP votaran en la Asamblea Nacional la revocación de esa medida apenas unas horas después de ser decretada, y pese a los intentos de la policía y de tropas surcoreanas por bloquear los accesos al parlamento y tomar el control de la cámara. 

Mientras tenía lugar hoy la votación parlamentaria, unas 149.000 personas -según datos de la policía- se concentraron frente a la Asamblea para reclamar que Yoon dimita de su cargo o sea destituido.

La sesión parlamentaria extraordinaria se desarrolló en un ambiente tenso, con repetidos intercambios airados entre diputados del opositor y liberal Partido Democrático (PD) y el PPP.

Tras dar varios bandazos en los días previos, el PPP estableció hoy disciplina de voto para lograr boicotear el intento de echar al presidente de su puesto.

A su vez, el líder del partido gobernante, Han Dong-hoon, afirmó este mismo sábado antes de la sesión parlamentaria que una "pronta dimisión" de Yoon "es inevitable".

Sus declaraciones de hoy tuvieron lugar después de que Yoon pidiera disculpas "por causar preocupación e inconveniencias a la ciudadanía" con su ley marcial, en una alocución en la que también dijo que dejaba en manos de su partido "la estabilización de la situación política, incluido su mandato".