El concurso de acreedores y la posterior liquidación del Grupo Intereconomía han creado un mosaico de piezas sin aparente relación mercantil ni entre ellas ni, en teoría, con su antiguo presidente, Julio Ariza, condenado a pagar 16 millones de euros por negligencias en los concursos. 

Sin embargo, como ha relatado infoLibre, el ecosistema de marcas salidas del extinto grupo está fuertemente conectado a pesar de que su matriz común ya no existe. Además, se ha sumado a la ecuación el grupo mediático Hadoq Media, del que Julen Ariza, hijo de Julio Ariza, tomó las riendas en 2015, año en el que el imperio de su padre entró oficialmente en concurso de acreedores. 

A través de Hadoq Media, Julen Ariza controla medios digitales de varios ámbitos, y desde casi todos ellos divulga noticias sobre la programación y el contenido corporativo de Radio Intereconomía, a pesar de que ya no es su padre quien la dirige. 

Pero la mayor relación de Julen con las antiguas marcas del Grupo Intereconomía se da a través de su emisora Radio Libertad, que comparte programación, administrador, sede, y número de teléfono con Toro TV, el nuevo nombre de Intereconomía TV. 

Radio Libertad, que en origen perteneció a la familia Ruiz-Mateos, entró en concurso de acreedores en 2017 y en febrero de 2023 pasó a pertenecer a Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza, tras lo cual el domicilio social pasó a la madrileña calle Modesto Lafuente 43, antigua sede de Intereconomía y actual de Toro TV, y se nombró administrador único a José Hernández de Arce, CEO de la misma cadena. 

El juez concursal fue el magistrado Andrés Sánchez Magro, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, que además de juez es también crítico gastronómico en varios medios de comunicación, empezando por Radio Intereconomía, donde tiene dos programas, ‘El Gato Gourmet’ y ‘El club de los negocios raros’. 

Los vínculos de Sánchez Magro con las marcas del ecosistema Ariza no acaban ahí, el juez también ha aparecido en Toro TV para promocionar su libro, que está editado por la editorial Almuzara, propiedad de Manuel Pimentel, exministro de Trabajo con José María Aznar. También ha sido entrevistado sobre su libro en varios de los medios de Julen Ariza, como Confilegal o Madrid 365.

Pero la más llamativa de sus vinculaciones es la que mantiene escribiendo artículos en otro de los medios de Ariza: el digital Sivarious, especializado en hostelería. No solo es su colaboración más prolífica y regular, sino que se inició inició en febrero de 2023, mismo mes en que Radio Libertad pasa a pertenecer a Julen Ariza tras terminar el concurso que tramitaba Sánchez Magro. 

Consultado por varias vías sobre la coincidencia que supone comenzar a escribir para este medio al mismo tiempo que su dueño adquiere una emisora de radio mediante un concurso tramitado por él, así como por su relación con la familia Ariza y su ecosistema mediático, el juez no ha respondido a las preguntas de infoLibre. 

Los procesos concursales que afectaron a las sociedades del Grupo Intereconomía se tramitaron en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, del que es titular Manuel Ruiz de Lara desde 2019. Los concursos se habían declarado en 2015, por lo que Ruiz de Lara los cogió ya empezados, pero fue el que firmó las disoluciones de varias de las sociedades más importantes del grupo, y el que calificó como culpables los concursos de Intereconomía Televisión e Intereconomía Corporación, la matriz del grupo, condenando a Julio Ariza a dos multas de más de 16 millones de euros y dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos. 

A pesar de las multas millonarias, la pena de inhabilitación, que como recuerdan las sentencias puede ir de dos a 15 años, fue en ambas ocasiones la más baja que podía imponerse. Esto llama la atención especialmente en la segunda sentencia, ya que la ley concursal establece que, para fijar el plazo de inhabilitación, se tendrá en cuenta si la persona ya ha sido inhabilitada antes en otros concursos. En el caso de Ariza, su anterior inhabilitación había sido dictada solo una semanas antes por el propio Ruiz de Lara. 

Además, en el caso de Intereconomía Televisión, la condena de inhabilitación no afectó a Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza y en ese momento director general de la sociedad, a pesar que la ley concursal también contempla esa posibilidad, y de que Gabriel Ariza, junto a su padre, gestionó las relaciones de la empresa con la administración concursal, como recoge el informe de esta última. 

En 2018, un año antes de tomar posesión del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid y hacerse cargo de los concursos del Grupo Intereconomía, el juez Ruiz de Lara recibió un Premio Confilegal, entregado por el medio del mismo nombre, propiedad de Julen Ariza.  Desde ese mismo año, el juez también escribe columnas de opinión en este medio.  

Ruiz de Lara parece compartir en gran medida las ideas políticas de la familia Ariza: el CGPJ le ha abierto un expediente por sus insultos en redes sociales a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, a quienes ha llamado “golpista” y “barbigoña”, respectivamente. A Pedro Sánchez también se ha referido como “psicópata sin límites éticos” y a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como “la personificación del deshonor”, declaraciones por las que el CGPJ descartó sancionarle. 

Manuel Ruiz de Lara sí ha tenido palabras positivas para dirigirse a una figura política del extremo opuesto: Macarena Olona, a quien calificó como una persona con “principios y honor”. Y la exdirigente de Vox, por su parte, también se ha pronunciado en alguna ocasión sobre la familia Ariza, su extinto imperio mediático y, específicamente, su relación con Vox. 

En varias entrevistas a medios como El Confidencial o laSexta, así como en un libro publicado en 2023, Olona ha asegurado que el partido de Santiago Abascal está controlado por “el clan de Intereconomía”, como se refiere a Gabriel Ariza, Kiko Méndez-Monasterio y Julio Ariza, y que “Vox no se entiende sin la quiebra” de este grupo.

Según afirma la exdiputada, Julio Ariza es, desde la fundación del partido, el hombre que controla la formación política, y ante el cual Abascal responde en última instancia. Olona define al expresidente del grupo Intereconomía como “el último escalón [en la jerarquía de Vox] antes de la penumbra y la oscuridad”. En esa oscuridad, apunta a la influencia de la secta ultraderechista El Yunque, algo que también han afirmado autores como el historiador Santiago Mata.

Lo cierto es que las relaciones entre la familia Ariza y Vox son públicas y notorias. Algunos ejemplos incluyen al Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), que funciona como una escuela de liderazgo en la órbita del partido y en la que tanto Julio Ariza como el juez Ruiz de Lara imparten clases. En su patronato coinciden Gabriel Ariza, la ultraderechista francesa Marion Maréchal-Le Pen —nieta de Jean Marie Le Pen y sobrina de Marine Le Pen—, Miguel Menéndez Piñar —nieto de Blas Piñar y administrador de la editorial Homo Legens— , y Kiko Méndez Monasterio. 

La editorial de Menéndez Piñar —que formaba parte del Grupo Intereconomía, se salvó del despiece y fue recuperada en 2017 por Gabriel Ariza, antes de traspasarla al nieto de Blas Piñar— es otro ejemplo de las relaciones entre los Ariza y Vox. A través de ella, por ejemplo, Lidia Bedman, la esposa de Santiago Abascal, ingresó 63.600 euros en 2022, cuando aún pertenecía a Gabriel Ariza, como publicó El Confidencial. 

Méndez Monasterio es otro de los grandes vínculos que unen a Vox con la familia Ariza. Asesor de Santiago Abascal, aunque no tiene cargo orgánico en el partido, Méndez gestiona junto a Gabriel Ariza una empresa de consultoría política, Tizona Comunicación, inspirada en la estrategia comunicativa de Donald Trump, como afirmó en una entrevista al medio Dircomfidencial, que dirige el hermano de su socio, Julen Ariza. Tizona también fue quien registró en 2020 la marca del ISSEP. 

Además de los servicios que prestan a Vox desde Tizona Comunicación, voces internas del partido consideran a la dupla de Gabriel Ariza y Kiko Méndez Monasterio los verdaderos responsables de la organización, con capacidad y mucha predisposición para purgar a los dirigentes que les incomodan, como publicó El Mundo citando ejemplos como los de Juan García-Gallardo, Rocío Monasterio o la propia Macarena Olona. 

Tras varios años vinculado al Grupo Intereconomía, en 2015 Méndez Monasterio pasó a dirigir el diario de referencia del conglomerado, La Gaceta, según informaban entonces, como es habitual, los medios del entorno Ariza. Méndez ocupó el cargo hasta 2017, y en 2019, tras la liquidación de la sociedad Intereconomía Publicaciones, el diario pasó discretamente a pertenecer a Disenso, el think tank de Vox, tras ser adquirido por otra empresa de Gabriel Ariza que “lo cedió gratuitamente” a la fundación que preside Abascal. 

Pero Méndez Monasterio no es el único extrabajador del Grupo Intereconomía que ahora guarda grandes vínculos con la formación de ultraderecha. Empezando por el propio Julio Ariza, que se presentó a las elecciones generales de 2019 cerrando la candidatura de Vox en Barcelona, la lista incluye también al portavoz nacional y actual presidente provincial del partido en Madrid, José Antonio Fúster, que antes fue director de Medios de Intereconomía, o al diputado nacional Juan José Azcorbe, antiguo consejero delegado del grupo.

Durante más de una década, el Grupo Intereconomía fue un imperio mediático que contribuía a marcar la agenda política de la derecha en sus tertulias de radio y televisión. Jóvenes y prometedores líderes políticos —mayoritariamente de derechas, pero también alguno de izquierdas–, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, Albert Rivera o Pablo Iglesias, se fogueaban en sus estudios y platós, esperando saltar a la primera plana nacional. Todo el entramado giraba en torno a Julio Ariza, empresario y rostro público de un conglomerado que llegó a tener más de una veintena de sociedades bajo su paraguas.

El modelo se vino abajo a mediados de la década pasada. Los impagos se acumularon y la entrada voluntaria en concurso de acreedores abrió un largo proceso de liquidación. Lo que había sido un imperio se fue desarmando pieza a pieza y la familia Ariza perdió el control sobre él. 

La justicia fue más allá. En noviembre de 2023, un juzgado mercantil de Madrid calificó como culpable el concurso de Intereconomía e impuso a Julio Ariza una inhabilitación como administrador y sendas multas millonarias por haber retrasado la entradada en concurso y empeorado el pasivo de la empresa durante su proceso de disolución. 

Hoy, el panorama no se parece en nada al imperio mediático que fue hace unas décadas. Las tres principales marcas del grupo, Radio Intereconomía, La Gaceta y Toro TV—sustituto de Intereconomía TV— sobreviven con audiencias modestas y por separado, sin un paraguas común, reempaquetadas bajo estructuras distintas tras los procesos concursales y la reordenación societaria. El extinto grupo Intereconomía se ha convertido en un mosaico despiezado y descabezado, sobre el que su fundador, Julio Ariza, ya no tiene control. 

O al menos eso es lo que parece cuando se miran individualmente las marcas que en su día formaban el grupo. Cuando se examina la situación con más perspectiva y detenimiento, las conexiones de las empresas con el líder del clan familiar que las fundó parecen no haberse disuelto a la vez que la corporación que las aglutinaba en sus tiempos dorados. 

En 2012, ya con una deuda superior a los 40 millones de euros y con nóminas impagadas a su plantilla, según la web PR Noticias—hackeada por orden de Ariza, según la Fiscalía, por publicar noticias contra su grupo—, la matriz Intereconomía Corporación se segregó en cinco sociedades, una por cada línea de negocio. Pero la maniobra no fue suficiente para reflotar las cifras del grupo, que había perdido 16 millones de euros en 2011, y en 2015 solicitó el concurso de acreedores, con una deuda de al menos 70 millones de euros. Aún hoy, Intereconomía Corporación sigue debiéndole a la Hacienda Pública más de 12 millones de euros, cifra que aumenta hasta los 20 millones si se añaden las deudas de las secciones de televisión, radio y publicaciones. 

Las tres grandes patas del grupo, radio, televisión y prensa, acabaron desperdigadas. Radio Intereconomía fue a parar a Silicon Media SL, propiedad de Daniel Martin-Escanciano. La Gaceta de los Negocios, que en 2013 ya había dejado de imprimirse en papel, pasó a formar parte del ecosistema mediático de Vox, a través de su fundación, Disenso, renombrada como La Gaceta de la Iberosfera. 

Por último, Intereconomía TV, el antiguo estandarte del grupo, que había perdido su licencia para emitir en abierto en todo el territorio nacional, cambió su nombre a Toro TV y su propiedad a la sociedad Farnesio Ventures SL, del empresario murciano José Luis Hernández de Arce, un expromotor inmobiliario que, como Julio Ariza, fue condenado por el concurso de acreedores de su empresa, Polaris World. Según El País, Hernández había compartido negocios con Ariza antes de hacerse con Intereconomía TV en subasta.

Pero ni el hundimiento formal del grupo ni la inhabilitación del patriarca supusieron la desaparición de la familia Ariza del mapa mediático. Al contrario: mientras los viejos nombres quedaban desperdigados, surgieron nuevas sociedades y cabeceras bajo el control de sus hijos, que heredaron, de forma a veces más directa que indirecta, los resortes del antiguo imperio.

Los hijos de Julio Ariza, Gabriel y Julen—a veces escrito como Yulen—, administran varias sociedades mediáticas, algunas de ellas vinculadas, o directamente herederas de las que pertenecían al disuelto grupo de su padre. 

En esta segunda categoría, la de herencias directas recibidas por la nueva generación de los Ariza entraba—hasta que este año fue traspasada a Miguel Menéndez Piñar, nieto del histórico ultraderechista Blas Piñar— la editorial Homo Legens, una de las cinco ramas en las que la matriz se segregó en 2012. 

La sociedad bajo la que estaba la editorial, Intereconomía Publicaciones SL, antigua editora de La Gaceta, entró en concurso en 2015 junto con las demás empresas del grupo, pero la empresa Editorial IVAT SL, constituida en 2017 por Gabriel Ariza, reclamó la marca Homo Legens ese mismo año y la explota desde entonces. 

En otros casos, los grupos de los Ariza junior no vienen directamente de la antigua Intereconomía, pero sus vínculos con lo que queda hoy de ella son también notorios. Es el caso de Hadoq Media, propiedad de Julen Ariza, y editora de los medios Dircomfidencial, Confilegal, Sivarious y seis ediciones locales (Madrid, Coruña, Navarra, Valencia, Mallorca y Murcia) bajo el apellido y la marca 365. 

La actual Radio Intereconomía, supuestamente separada de la familia Ariza, tiene una sección en su web dedicada al grupo Hadoq, incrusta sus podcasts como si fueran propios, amplifica sus informes y publica su contenido corporativo. 

La relación simbiótica entre la radio y el grupo Hadoq tiene también muestras por el otro extremo: Dircomfidencial, el digital especializado en comunicación, marketing y medios que posee y dirige Julen Ariza, cuenta a su vez con una sección dedicada a Radio Intereconomía en la que publica noticias sobre las audiencias de la emisora, sus cambios de programación o los premios que otorga.

El digital Madrid 365, cuyo contenido consiste mayoritariamente en notas de prensa republicadas y sin firmar, tiene una sección para el CEO de Radio Intereconomía, Daniel Martin-Escanciano, acompañada de un halagüeño perfil. El medio cuenta con dos personas en su equipo, además de Julen Ariza, y también se hace eco de los nuevos programas de la emisora. Incluso Sivarious, especializado en hostelería y también dirigido por Ariza, publica entrevistas y alabanzas a la radio que antiguamente presidía su padre. 

Pero el caso más llamativo es el de Radio Libertad, propiedad, a través de Nature Radio SL, de la sociedad Civitas Firma, administrada por Julen Ariza. El administrador de Nature SL es el mismo que el de Toro TV, José Luis Hernández de Arce. En la misma inscripción del Registro Mercantil, del 17 de febrero de 2023, en el que se nombra administrador a José Hernández de Arce, se establece que, dos días después del fin de su concurso de acreedores, todas las acciones de Nature Radio pertenecen a Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza.

La emisora emite parte de su programación de forma conjunta con Toro TV, como informa, dentro de la sección dedicada a ella, otro de los medios de Julen Ariza, Dircomfidencial. También Radio Intereconomía compartió en su web, hablando en primera persona y en nombre de Radio Libertad, el anuncio de este programa compartido. 

Radio Libertad y Toro TV comparten también el mismo número de teléfono en su web de contacto —que ha respondido a nombre de Toro TV a las llamadas de infoLibre— y la misma dirección en Madrid, calle Modesto Lafuente 42 —la misma que tenía el grupo bajo el mando de Julio Ariza— a la que Radio Libertad cambió su sede social en octubre de 2023. 

infoLibre ha consultado por varias vías a las dos empresas si la coincidencia entre su administrador, programación, sede, y número de teléfono obedece a alguna relación jurídica entre ambas compañías, a pesar de que esta no consta en el Registro Mercantil, pero no ha obtenido respuesta. 

Por otro lado, Toro TV, sucesora de Intereconomía TV pero en teoría también separada –aunque como en el caso de Radio Libertad, en la práctica no tanto— del clan familiar, mantiene a su patriarca, Julio Ariza, como uno de sus principales colaboradores y opinadores. Al frente del departamento digital de la cadena se encuentra otra de sus hijas, María Ariza, que primero pasó por la antigua Intereconomía TV y después por Confilegal, el digital jurídico de su hermano Julen

Cuando en 2024, Ariza recomendó a la audiencia de su antigua televisión con qué medios de comunicación debían informarse, además de a El Debate y a OkDiario, nombró, por supuesto, a La Gaceta, y, sin olvidarse de ninguno de sus dos herederos, a InfoVaticana y a Confilegal. 

La inclusión de OkDiario en la lista no es casual: el digital de Eduardo Inda también está ligado a los negocios mediáticos que controlan los Ariza tras la caída del grupo Intereconomía. El vínculo se da a través de la cadena de televisión Negocios TV, que pertenece a Business Videns SL. En el consejo de esta sociedad confluyen el yerno de Julio Ariza, José Antonio Vizner, como presidente y CEO del canal; Julen Ariza en representación de su sociedad Civitas Firma SL; y Juan Carlos García Cabrera, director general de OkDiario, en representación de la empresa matriz del digital de Inda, Dos Mil Palabras SL.   

Al yerno y al hijo de Julio Ariza se une también Alejando Suárez Sánchez Ocaña, en representación de Mercados y Estilos de Vida SL, que edita los digitales Merca2, Moncloa y Qué!, entre otros.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, está abocada a la liquidación. Con una deuda de 3,95 millones de euros, la viabilidad de Mollitiam, que recibió 2,2 millones en subvenciones públicas desde su creación en 2018, es “nula”, según explican fuentes de la administración concursal.

De hecho, en breve ésta comunicará al juez la “insuficiencia de masa activa” de la empresa; es decir, informará de que sus activos no cubren siquiera los gastos que genera el propio concurso. Mollitiam lleva sin funcionar desde el pasado mes de octubre, por lo que se ha quedado “fuera del mercado”, explican las mismas fuentes. “Con sólo seis meses sin actividad, una empresa de este tipo cae en la obsolescencia”, lamentan. Mollitiam sólo ha conseguido vender “a precio razonable, pero no elevado” una pequeña herramienta de ciberseguridad, llamada dotlake, que extrae “datos de la deep web, foros cibercriminales más restringidos, mercados de fraude de difícil acceso, canales y grupos de telegram y ransomsites”, según puede leerse en su página web. Sin embargo, sus programas estrella de espionaje, Invisible Man y Night Crawler, entre otros, se han quedado en un cajón. “No tienen ningún valor”, considera la administración concursal.

Tampoco ha sido posible vender la empresa a un tercero. “No ha habido interés” en el sector, añade, en adquirir al creador de unos desarrollos informáticos cuyos únicos clientes son los gobiernos y sus organismos de inteligencia y seguridad.

Precisamente la principal razón de la insolvencia de Mollitiam, antes y de su camino a la liquidación, después. son los contratos con las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia que no ha podido cobrar. El primero de ellos, por importe de 2,34 millones de dólares ha sido impagado por un “intermediario”. Otras administraciones públicas en el extranjero le dejaron a deber un total de 1,54 millones de euros más, tal y como consta en las últimas cuentas que la empresa envió al Registro Mercantil, correspondientes a 2023.

Según la administración concursal, esos contratos son imposibles de cobrar. Intentarlo, contratando abogados en esos países, supondría un coste que Mollitiam no puede asumir en sus actuales circunstancias.

El principal acreedor de la empresa son sus trabajadores, 39 personas en 2023, que se han quedado en la calle y cuyas indemnizaciones por despido y salarios adeudados tendrá que pagar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). También la Seguridad Social y Hacienda figuran en la lista de créditos. Pero el segundo mayor acreedor es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico. Mollitiam le debe 1,1 millones de euros por la parte reembolsable de las subvenciones que el CDTI le concedió y no ha podido devolver. También adeuda a la sociedad de garantía recíproca Aval Castilla-La Mancha. Según consta en el registro de subvenciones de esa comunidad autónoma, Mollitiam consiguió una ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante. El tercero en la lista es el Banco Santander, que tiene una pignoración a su favor y es, por tanto, un acreedor con privilegio especial.

En todo caso, de los 3,95 millones que suma la deuda de Mollitiam, poco más de un millón es “contingente”, no se ha concretado aún jurídicamente que el acreedor tenga derecho a ese dinero, por su cifra o por su concepto.

El impago de contratos tan cuantiosos y la muerte de uno de sus fundadores, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, llevaron a Molittiam a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo. En mayo del año pasado ya tuvo que dejar de pagar algunas nóminas, así como solicitar el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social e incluso trasladar su sede de Toledo a Madrid. Pasó de facturar 2,5 millones de euros en 2022 a perder 1,024 millones en 2023, que se sumaron a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores.

Buena parte de su éxito inicial se lo debe a sus programas espía, Invisible Man se lo vendió a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Mollitiam Industries también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita el programa Invisible Man.

Es el mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministró el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a unas ayudas de 641.827 euros abonadas por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) – y el CDTI. Este organismo público también le concedió 540.000 euros en 2022 a través de Invierte Economía Sostenible, una sociedad anónima del que es el único accionista. Y 450.000 euros más en mayo de 2021 en una operación en la que también participó el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Finalmente, subvencionó a Mollitiam con 390.394 euros más mediante los proyectos Cien y Eureka.

La empresa de Toledo era propiedad en un 26,14% de los hermanos Alvárez, Samuel y Esther, a través de la sociedad Time to Change SL. Un tercer accionista, Antonio Ramos Varón, disponía del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, se ha declarado en concurso de acreedores. Llegó a facturar 2,5 millones de euros en 2022, tras vender uno de sus programas estrella, Invisible Man, a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Sin embargo, el negocio de Mollitiam ha atravesado graves dificultades en los últimos dos años, que llevaron a sus gestores a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo, que ya ha nombrado un administrador.

La noticia la ha adelantado Intelligence Online, una web especializada en el mundo de las empresas y los servicios de inteligencia. Atribuye la caída de Molllitiam a las “crecientes presiones financieras” que ha sufrido la empresa toledana y a la cada vez mayor competencia de los especialistas extranjeros en ciberinfiltración que se están instalando en España, sobre todo, en Barcelona, y que le han hecho perder contratos con el Gobierno.

También señala la muerte de su fundador, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, como uno de los motivos del declive de Mollitiam. Samuel y su hermana Esther eran los socios mayoritarios de la empresa, junto con un tercer accionista, Antonio Ramos Varón.

Intelligence Online asegura incluso que los mejores ingenieros de Mollitiam han abandonado la empresa en las últimas semanas, ante la incertidumbre sobre el futuro.

Sin embargo, el motivo de la caída de Mollitiam lo detallan sus gestores en las cuentas de 2023 que facilitaron al Registro Mercantil. Ese año la empresa perdió 1,024 millones de euros, que se suman a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores. Como los fondos propios no cubren esas cifras, Mollitiam solicitó en marzo del año pasado el preconcurso de acreedores al encontrarse en situación de insolvencia inminente. Al iniciarse 2024, la tesorería de la empresa sufría un “deterioro significativo”, del que sus gestores culpan principalmente a que no han podido cobrar un contrato por importe de 2,34 millones de dólares con un cliente –“intermediario”, precisa– en Ecuador. Además, entonces también tenían sin cobrar otros contratos con diferentes administraciones públicas en el extranjero, que no mencionan, por valor de 1,54 millones de euros. Finalmente, aseguran, Mollitiam estaba pendiente de formalizar una serie de contratos menores con administraciones locales extranjeras cuya firma se demoraba por culpa de “diversos trámites burocráticos”.

El “rigor normativo” y la “confidencialidad” que exigen los contratos de software para la ciberdefensa, argumenta también la empresa, explican los retrasos tanto en la firma como en el cobro de los encargos para gobiernos, el núcleo de su negocio.

Debido a esas demoras, Mollitiam no pagó a “algunos” de sus trabajadores –de una plantilla de 39 personas– al menos la nómina de mayo del año pasado, después de que éstos “pusieran a disposición de la empresa sus salarios de forma voluntaria”, apunta. Lo mismo habían hecho los socios directores ya en marzo. Mollitiam también tuvo que solicitar un aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social. Y trasladar su sede social de Toledo a Madrid, a una oficina de la Glorieta de Cuatro Caminos, además de poner a teletrabajar a los empleados del centro manchego.

Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, a 31 de diciembre de 2023 Mollitiam sumaba 1,43 millones de euros en deudas, de los cuales 438.709 euros eran deudas con entidades de crédito. El resto lo integraban la parte reembolsable de las subvenciones públicas recibidas, así como 41.666 euros que debían a Sabadell Venture Capital –uno de los fondos de capital riesgo a los que pertenece la empresa– y otros préstamos concedidos en 2022 por Neocapital (400.000 euros) y Ultramar Capital Partners (200.000 euros) –fondos creados por Torsa Capital, otro de los dueños de Mollitiam– e Invierte Economía Sostenible (540.000 euros), sociedad anónima cuyo único accionista es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico.

De hecho, la ayuda pública ha sido un importante apoyo financiero para Mollitiam. Desde su creación hasta 2021, consiguió más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes. Para desarrollar uno de sus programas, Phoenix, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– y por el Gobierno español, a través del CDTI. La subvención le fue concedida en 2019, la duración del proyecto era de dos años y el objetivo, crear una plataforma para el análisis de la información y el tratamiento de grandes volúmenes de datos (big data) obtenidos a partir de fuentes abiertas.

En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures, a su vez propietario de una participación en Mollitiam. Y le subvencionó con otros 390.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2023 de Mollitiam.

Además, una subvención de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) dos ayudas: una de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante, según consta en el registro de subvenciones de Castilla-La Mancha.

A finales de 2023, los hermanos Álvarez controlaban el 26,14% de la compañía a través de la sociedad Time to Change SL, mientras que Antonio Ramos Varón disponía en la misma fecha del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

InfoLibre se ha puesto en contacto, tanto con el administrador concursal de Mollitiam como con los tres fondos de inversión citados, para preguntarles por la situación concursal de Mollitiam, pero sólo ha respondido Sabadell Venture Capital, que mantiene el 6,8% del capital. “Nunca hemos desinvertido”, asegura.

Mollitiam Industries no sólo formaba parte de la lista de los mayores depredadores digitales de 2020, sino que también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

El mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministra el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a los 641.827 euros abonados por la Unión Europea y el CDTI.

Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

La operación que quiso ser un pelotazo urbanístico de los años del boom inmobiliario y se quedó en pufo millonario para la Sareb, el banco malo, tenía también una historia política. Como desveló en su día infoLibre, una finca rústica y “especialmente protegida” de 14,5 hectáreas, valorada en 504.000 euros, fue hipotecada por 20,7 millones a la espera de una recalificación que iba a servir para levantar 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. Y que nunca se produjo. En principio, sólo otro cuento de la lechera más de los muchos que jalonaron aquella década de euforia inmobiliaria. Ocurrió en 2006 en Torrelodones, un pueblo de la sierra norte de Madrid entonces gobernado por el PP. Tras el pinchazo de la burbuja y el rescate a Bankia, el préstamo que concedió Caja Ávila a la promotora del proyecto terminó en la cartera de activos tóxicos de la Sareb. Allí sigue. Proyectos Inmobiliarios Burke no ha devuelto ni un euro de lo que, 17 años después, se ha convertido en una deuda de 44,4 millones. Pero el PP ha colocado como número dos de su lista a la alcaldía de Torrelodones a Sagrario Cillero, la apoderada de la inmobiliaria que firmó el préstamo con Caja Ávila.

El partido la presenta como militante del PP local desde hace “más de una década” y como actual directora jurídica de PNG Desarrollos, una promotora inmobiliaria de la que fue administrador único Eduardo Morales Santiago hasta 2013. Morales también era el administrador único de Burke y de Proyectos Styx Dos, los compradores de la finca en 2003 y 2006, respectivamente –la primera se la pasó a la segunda–. Según un informe que la Sareb encargó a la consultora FTI Consulting Spain y entregó a la Fiscalía en 2016, Eduardo Morales poseía “vínculos personales y profesionales” con Mario Mingo, expresidente del PP local y alcalde de Torrelodones entre 1987 y 1996. También con Carlos Galbeño, que gobernó con el PP este consistorio de la sierra madrileña entre 2003 y 2011. La lista del PP la encabeza Almudena Negro, diputada en la Asamblea de Madrid.

Además, como publicó El País, Eduardo Morales se sentaba en el patronato de una fundación, denominada Escuela Superior de Arte Dramático, junto al alcalde Carlos Galbeño y el diputado autonómico del PP Juan Van Halen. Su presidente era Mario Mingo. Eduardo Morales también era propietario de C-15, entonces una de las mayores constructoras de Torrelodones y la empresa que aparece como “fiadora solidaria” de Burke en la compra de la finca. 

El Ayuntamiento del PP no tuvo problemas para aprobar la recalificación del terreno en 2006, pese a estar “especialmente protegido”. Pero en 2009 la Comunidad de Madrid se negó a ratificar el cambio de uso, después de que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un informe desfavorable y dictaminara que el proyecto era “medioambientalmente inviable”. El proyecto se volvió inviable.

Seis años después, el Ayuntamiento, con un nuevo grupo político al frente, Vecinos por Torrelodones, denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Y en noviembre de 2016, tras examinar la operación y encargar el informe a FTI Consulting Spain, la Sareb presentó su propia denuncia por estafa y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado.

La finca de Torrelodones es uno de los múltiples cadáveres que ha dejado la burbuja inmobiliaria, pero también una buena muestra de la lentitud de la maquinaria judicial y de la ineficacia de los procedimientos puestos en marcha para que el contribuyente recupere el dinero perdido en el rescate del ladrillo tóxico. El informe de FTI Consulting apreciaba en el caso los delitos de estafa “de especial gravedad, debido a la elevada cuantía del préstamo”, y de tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado trasladó la investigación a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias el 19 de diciembre de 2016 y lo mandó el 9 de febrero de 2017 a la Fiscalía de Ávila, donde tenía su sede social la caja de ahorros que concedió el préstamo. Las diligencias, finalmente sólo por administración desleal, fueron archivadas un mes después porque el delito había prescrito.

Pero el banco malo no se dio por vencido y encargó en 2018 un nuevo informe, esta vez a Ejaso ETL Global, el despacho del que fue consejero el exfiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana y cuya unidad de Derechos Fundamentales dirige la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas. Su dictamen jurídico apreciaba en la operación urbanística vinculada al préstamo impagado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, “con especial gravedad debido a la elevada cuantía dineraria afectada”, así como otro más de administración desleal continuada.

En contra del criterio de la fiscalía, el informe concluía que los delitos de cohecho, estafa agravada y continuada y administración desleal no estarían prescritos hasta 2022, por lo que recomendaba a la Sareb que interpusiera “denuncia o querella” ante el juzgado de instrucción competente –Ávila o Villalba– o ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Sobre el supuesto delito de prevaricación, el documento, que firmaba el propio Castresana como jefe del Departamento de Derecho Penal, establecía que no estaba prescrito cuando fue denunciado por la Sareb ante la Fiscalía General, en 2016, pero prescribió en 2017. Sin embargo, considera que, si éste se aprecia en relación con los delitos más graves anteriores, la prevaricación tampoco ha prescrito. Además, aconsejaba al banco malo que ejerciera, “al menos”, acciones civiles.

Esa fue la vía escogida por la Sareb, pero hubo que esperar hasta julio de 2021 para que presentara una demanda de ejecución dineraria hipotecaria contra Proyectos Inmobiliarios Burke. Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este periódico, le reclama 44,44 millones de euros: 20,7 millones por el capital del préstamo, 4,14 millones por los intereses remuneratorios y otros 19,6 millones por los intereses de demora. No obstante, el banco malo ha pactado una liquidación de 25,35 millones por la “responsabilidad hipotecaria”, tras reducir los intereses. “Lo que no significa que se renuncie a cobrar los 44,4 millones”, precisan fuentes de la Sareb tras recordar que está obligada a obtener “los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de su deuda, que se encuentra avalada por el Estado, y, recuperar así el dinero los contribuyentes”.

De momento, sin embargo, la demanda se encuentra atascada en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, a la espera de que su titular tome una decisión y determine la salida a subasta de la finca. En cualquier caso, el precio que se pague entonces no servirá para cubrir ni una ínfima parte de la deuda: en 2015 una valoración encargada por la propia Sareb tasó el terreno en sólo 915.082 euros. Además, es muy improbable que ese precio suba, teniendo en cuenta que el suelo seguirá calificado como rústico al encontrarse en un “espacio especialmente protegido”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Por si fuera poco, Proyectos Inmobiliarios Burke quedó extinguida en diciembre de 2022 después de que el concurso de acreedores en que había entrado se cerrara por la falta de patrimonio de la empresa.

Por lo que se refiere a la vía penal que el despacho de Castresana recomendaba a la Sareb, ésta ya la consideró cerrada después de que la Fiscalía de Ávila considerara prescritos los delitos. “No tiene recorrido”, aseguran fuentes del banco malo.

En resumen, las posibilidades de recuperar el dinero del contribuyente son escasas además de lejanas en el tiempo.

Tras la publicación de esta información, el PP ha emitido un comunicado en el que no desmiente ni uno solo de los datos y hechos publicados por este periódico sobre la operación urbanística. El partido se limita a afirmar que Sagrario Cillero es actualmente empleada de PNG Desarrollos, tal y como reseña infoLibre, y precisa que en 2006, cuando ella firmó la solicitud del crédito que luego resultaría impagado, era "empleada de C-15" y "apoderada de forma mancomunada, junto a otras personas, de dicha empresa". También explica que Cillero "no tiene propiedad alguna en el área homogénea norte que se menciona en la noticia, ni hay ni ha habido contra ella procedimiento judicial alguno".

Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola, ha presentado ese viernes ante el Decanato de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid la solicitud de concurso de acreedores voluntario con venta de unidad productiva, acompañada de una oferta vinculante por parte de un inversor que plantea la continuidad del negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo, según informa Europa Press.

La cadena hotelera de Kike Sarasola ha informado de que todo ello está sujeto al análisis del administrador concursal y a la aprobación del juez. Además, ha apuntado que el concurso afecta exclusivamente a la empresa Room Mate y no al resto de sociedades del grupo.

La compañía ha afirmado que este procedimiento tiene el objetivo de garantizar la viabilidad y continuidad de su actividad empresarial, el servicio a sus clientes y el futuro de sus trabajadores y proveedores.

De esta manera, busca acogerse a las nuevas vías que ofrece la última reforma de la ley concursal para afrontar con mayores garantías y en las mejores condiciones la venta de su unidad productiva.

Room Mate ha señalado que se ha visto "fuertemente golpeada por la grave pandemia y por los litigios judiciales que mantiene la accionista Sandra Ortega con los bancos financiadores de Room Mate". El pasado mes de mayo, la empresaria e hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera anunció que desahuciaría al grupo hotelero español Room Mate de sendos hoteles en Nueva York y Miami al exigir el 100% del pago del alquiler de los inmuebles. La cadena hotelera acusa a la empresaria de "extrema rigidez" en las negociaciones.

Desde la compañía han subrayado que están en proceso de regularizar el pago con la mayoría de sus proveedores y en el camino para su recuperación, pero que el proceso concursal es la fórmula más adecuada para su viabilidad futura.

Room Mate se ha comprometido a contribuir con todo lo necesario para facilitar el desarrollo del procedimiento. Durante el tiempo que dure el proceso concursal, la actividad de la cadena hotelera continuará desarrollándose.

Los primeros meses de 2021 están siendo cada día más generosos en el anuncio de despidos colectivos. Como se temía, según iba alargándose la pandemia, los ERTE del confinamiento están dando paso a los ERE de una desescalada lenta y titubeante. Además, los protagonistas son grandes compañías con abultadas plantillas que van a destruir cientos o miles de puestos de trabajo. H&M negocia el despido de 1.100 empleados y el cierre de 30 tiendas, la cadena hotelera NH ya ha despedido a 187, el Hotel Palace de Madrid quiere deshacerse de 152 –el 43% de su plantilla–, las perfumerías Douglas ya han echado a 492 trabajadores y cierra 82 tiendas, El Corte Inglés tiene previsto recortar 3.500 empleos, la aerolínea Norwegian ha anunciado 1.190 despidos –el 85% del personal–. Nombres destacados de la hostelería y el comercio, los sectores más castigados por la pandemia. Pero no sólo: el grupo industrial vasco Tubacex ya ha prescindido de 128 empleados y la multinacional Ford se ha deshecho de 630 de los suyos.

Todas estas empresas se acogieron el año pasado a la protección pública que conceden los ERTE. Si tienen su justificación en los perjuicios ocasionados por la pandemia, las compañías disfrutan de cuantiosas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, mientras que los trabajadores perciben la prestación por desempleo en lugar de su salario si tienen el contrato suspendido o recortan su sueldo en la misma proporción en que se les reduce la jornada. Es decir, suponen un poderoso ahorro en costes de personal para las empresas mientras dura la inactividad forzada. A cambio de esa generosa ayuda, las sucesivas prórrogas negociadas por el Gobierno con patronales y sindicatos incluyen un compromiso de mantenimiento del empleo: las empresas deberán pagar las cuotas ahorradas si despiden a trabajadores antes de que transcurran seis meses desde que reanudan la actividad.

Ese requisito ha sido materia de enconada discusión cada vez que los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se han sentado para negociar la continuidad de los ERTE. La CEOE quiere eliminar esa prohibición de despedir o al menos restringirla. Pero hasta el momento no lo ha conseguido. Tanto los sindicatos como el Gobierno se oponen tajantemente. “Nadie duda ni por un segundo que el apoyo público para financiar los ERTE no puede servir para procesos de despidos más adelante”, zanjó en su día la ministra de Economía, Nadia Calviño. “No tendría sentido”, detalló también la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que se pueda despedir después de haber utilizado 14.000 millones de euros para mantener 550.000 empresas y 3,4 millones de trabajadores en el momento más grave de la crisis económica”.

Por el contrario, las patronales advierten de que muchas empresas están abocadas al cierre si tienen que mantener las plantillas en un regreso a la actividad mucho más lento de lo esperado. Quieren limitar el pago de cuotas a los trabajadores que sean despedidos, en lugar de tener que ingresar las de toda la plantilla, o restringirlo a los empleados de un centro de trabajo en lugar de a los de toda la empresa. La próxima prórroga de los ERTE, hasta el 30 de septiembre empezó a negociarse el pasado día 6.

El caso es que no existe un “procedimiento reglado” para “devolver” las exenciones de cuotas, según indican los despachos de abogados consultados que, no obstante, aseguran que “la Administración es consciente de ello y está intentando solucionarlo”. Algunas empresas lo intentaron para poder despedir antes de los seis meses en que se lo impide la cláusula de salvaguarda del empleo incluida en la normativa de los ERTE, según ha podido saber infoLibre, pero se les respondió que no podían. “El reintegro no está contemplado expresamente en los sucesivos reales decretos leyes [que han prorrogado los ERTE]”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En el supuesto de incumplimiento del compromiso de empleo, la Inspección de Trabajo emite un acta de liquidación donde se determina la cantidad que la empresa debe ingresar. “No se puede pedir a la Tesorería de la Seguridad Social la devolución”, señalan.

“En septiembre ya lo avisaron”

En cualquier caso, la mayor parte de las empresas antes citadas no van a tener que devolver los beneficios obtenidos en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Los disfrutaron durante los primeros meses de confinamiento, pero dejaron de acogerse a las exoneraciones permitidas en septiembre del año pasado, según ha recopilado este periódico preguntando a los respectivos comités de empresa. Y lo hicieron con la vista puesta en ejecutar despedidos seis meses después. Así se lo reconoció expresamente la vasca Tubacex a los representantes sindicales, revela el presidente del comité, Eduardo Ibernia, de ELA-STV: “En septiembre ya lo avisaron: iban a pagar las cuotas porque estaban pensando en despedir”. La empresa pasó por tres ERTE sucesivos durante la pandemia, el último de los cuales afecta aún al 80% de la plantilla. En 2019 las cuentas fueron positivas, pero en 2020 se tiñeron de rojo por culpa del coronavirus. En la memoria del ERE, apunta Ibernia, se planifica un futuro ahorro de costes mediante la subcontratación.

A su juicio, la pandemia ha sido la “excusa perfecta” para deshacerse de 128 trabajadores, de los que 34 se han ido de forma voluntaria con 33 días por año trabajado de indemnización y 94 han sido despidos forzosos con sólo 24 días. De forma que el comité ha impugnado el ERE en los tribunales acusando a la empresa de ejecutar medidas estructurales para solucionar un problema coyuntural, el covid-19. Al tiempo, las factorías de Tubacex se encuentran paralizadas desde hace 91 días, resultado de la huelga indefinida que mantienen sus trabajadores –en ERTE hasta el 10 de septiembre– en protesta por los despidos. La empresa dice que por el cierre ha perdido más de 16 millones de euros.

La cadena textil H&M, los hoteles NH o las perfumerías Douglas también prefirieron empezar a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social desde el 30 de septiembre pasado. Así que no tendrán nada que devolver pese a haber presentado ERE en abril, febrero y enero, respectivamente. H&M, además, no ha sufrido pérdidas en 2020, pese al desplome del consumo, asegura Manuel Sánchez Montero, responsable de Políticas Sindicales de la Federación de Servicios de CCOO. H&M ha presentado un ERE por causas organizativas y de producción, no por causas económicas. Planea cerrar 30 tiendas, pese a que un tercio de ellas no pierden dinero; su problema, explica Sánchez Montero, es que los alquileres de los locales son muy altos. La cadena sueca quiere, además, rebajar las horas de contrato de quienes mantengan sus empleos, lo que se traducirá en recortes de un 40% sobre salarios que no superan los 1.200 euros al mes. “Despedir después de haberse ahorrado el 70% de los costes salariales gracias al dinero público debería tener un coste económico, social y reputacional”, sentencia el responsable de CCOO. De momento, a H&M le va a costar cuatro horas de paros este viernes y dos días de huelga la semana próxima.

“En NH el ERE fue preparado a conciencia desde septiembre”, asegura también  Manuel Sánchez, “de hecho, fue de las primeras cosas que nos dijeron cuando nos sentamos a negociar los despidos: que no se habían acogido a las exoneraciones del ERTE”. A diferencia de H&M, la cadena hotelera propiedad del grupo tailandés Minor terminó con pérdidas en 2020 y en el primer trimestre de 2021 ha duplicado los números rojos de hace un año, alcanzando los 121,4 millones de euros. La plantilla que trabaja en los hoteles continúa con los contratos suspendidos a la espera de que vuelvan los turistas, mientras que los empleados de los servicios centrales, que también estuvieron en ERTE, pero por causas objetivas y, por tanto, no tienen derecho a exoneraciones de cuotas, han sido ahora el objeto de los despidos: 187. La situación es similar en el Hotel Palace, epítome del lujo en Madrid y en manos del fondo de inversión Archer, que mantiene a sus 346 empleados en ERTE mientras pretende despedir a 152 de ellos, el 43%, sustituirlos por trabajadores subcontratados –“más baratos”, dice Manuel Sánchez– y rebajar los salarios al resto. CCOO ha convocado cuatro días de huelga en el hotel los días 15, 16, 20 y 21 de este mes.

Un ahorro de 10,5 millones de  euros en cuotas

Golpeada de lleno por el coronavirus también ha sido la aerolínea Norwegian. Con toda la plantilla en ERTE desde marzo de 2020, el sindicato USO ha hecho un cálculo del dinero que se ha ahorrado la compañía noruega en 14 meses; casi 30,5 millones de euros, de los que 10,5 corresponden a las cotizaciones que han dejado de pagar a la Seguridad Social sólo por el personal de vuelo, unos 1.300 pilotos y tripulantes. El resto corresponde a las prestaciones por desempleo de los trabajadores.

El pasado día 3 Norwegian anunció un ERE para 1.191 personas, nada menos que el 85% de la plantilla. Sólo quedarán unos 215 trabajadores, entre tripulantes de cabina y pilotos, que seguirán en ERTE y verán recortadas sus horas de trabajo, y sus sueldos. A pesar de que no registra pérdidas –de hecho, justifica los despidos en causas organizativas y de producción, no económicas–, la filial española, Norwegian Air Resources Spain, se encuentra en preconcurso de acreedores, una situación que le permite no tener que devolver los beneficios obtenidos en sus pagos a la Seguridad Social.

En todo caso, los despidos en la aerolínea pueden terminar dependiendo de lo que dictamine la Audiencia Nacional, que el 8 de junio verá el juicio por la demanda que USO ha interpuesto por cesión ilegal de trabajadores. El sindicato mantiene que los españoles son trabajadores de la matriz noruega y no de la filial española, una sociedad constituida con el capital mínimo legal, 3.000 euros, y cuyos únicos acreedores son sus trabajadores, explica Ernesto Iglesias, delegado de USO en la empresa. La misma estructura mantiene Norwegian en otros países como Francia, Italia, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido. Y en todos ellos el comportamiento de la compañía noruega ha sido idéntico. “Les han cortado el contrato de provisión, que es como lo llaman ellos, y los trabajadores de esas filiales se han visto en la calle mientras la matriz dice que no tiene ninguna responsabilidad con ellos”, critica Iglesias. De hecho, los españoles han pedido que se les recoloque en el extranjero y la empresa se ha negado.

Ikea aún no ha devuelto el dinero

La sueca Ikea pasó igualmente por el ERTE durante los meses del confinamiento total. El 90% de la plantilla tuvo el contrato suspendido y la empresa se benefició de las exenciones de cuotas a la Seguridad Social. Gradualmente fue sacando a sus trabajadores del esquema público de protección y tiene previsto abrir este mismo año dos nuevas tiendas en Madrid, en Las Rozas y en Torrejón de Ardoz. “Con la reapertura de las tiendas en la desescalada, las ventas se dispararon, también las del canal online”, apunta Ricardo Navarro Gil, secretario de la sección sindical de CCOO en Ikea.

Así que Tolga Oncu, director de Operaciones Minoristas de Ingka Group, el holding propietario de la mayor parte de las tiendas de Ikea, anunció en una entrevista concedida a Financial Times en junio del año pasado que la compañía sueca iba a devolver el dinero público recibido en nueve de los países donde se asienta. Según explicó, Ikea ya había abierto un “diálogo” con las autoridades de Bélgica, Croacia, Chequia, Irlanda, Portugal, Rumanía, Serbia, España y Estados Unidos para reembolsar las ayudas obtenidas gracias a los ERTE y otros mecanismos similares en esos países. “Ahora que sabemos más de lo que sabíamos en febrero y marzo, lo correcto es volver atrás para decir: ‘Hey, chicos, muchas gracias, nos ayudasteis durante este periodo difícil y ahora podemos encargarnos de devolverlo [el dinero] o invertirlo más adelante”, prometió.

Navarro Gil cuenta que ha preguntado dos veces en las reuniones formales que mantiene con la empresa si en España se han pagado las cuotas exoneradas, pero su respuesta ha sido “ambigua”. “Sólo dicen que están ‘a disposición del Gobierno’ para lo que haga falta”, lamenta, sin precisar nada más. infoLibre también ha preguntado a Ikea, que se ha limitado a responder que no hay ninguna “novedad” a este respecto en España. “Seguimos comprometidos a destinar recursos a la sociedad y a poner en marcha planes que contribuyan a la mejora social y económica, especialmente en colectivos y familias vulnerables, tras los fuertes efectos que está dejando la pandemia”, indica la empresa sueca, “seguimos explorando la mejor vía para responder a las necesidades de la sociedad española y contribuir a la recuperación económica del país”. El ministerio de Seguridad Social, por su parte, dice que no puede dar información sobre empresas concretas.

El Corte Inglés es otro de los grandes del comercio que ha pasado del ERTE al ERE nada más comenzar el año, tras renunciar a los beneficios ofrecidos en las cotizaciones sociales. “Hace uno o dos años nos habían presentado ya informes que revelaban duplicidades, plazas amortizables y exceso de personal en servicios centrales”, indican fuentes sindicales, por lo que no les cabe duda de que los despidos ya estaban “previstos”.

Tras suspender contratos al 29% de su plantilla, 25.900 trabajadores, desde la irrupción del virus hasta hace un mes, El Corte Inglés puso en marcha el 26 de febrero un ERE que debe terminar con un recorte de 3.500 empleos a final de año. Ya se han apuntado 4.200 voluntarios, detallan las mismas fuentes, a los que la empresa aceptará o rechazará antes del 23 de este mes. Se irán con una indemnización de 33 días más una prima de salida. En 2020, la compañía que preside Marta Álvarez terminó en números rojos, pese a que hasta agosto informó de unos beneficios brutos de 811 millones de euros.

Cuatro ERE en cuatro años

También era un ERE anunciado el que presentó en enero la cadena de perfumerías Douglas, que lleva un cuatrienio sufriendo uno por año, destaca Mario Useros, delegado de CCOO en la compañía. Así que, como las otras empresas citadas, Douglas volvió a pagar en septiembre de 2020 las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores en ERTE. “Pertenecemos a una multinacional alemana, estas decisiones son muy medidas”, sostiene Useros para descartar cualquier posibilidad de improvisación en la medida. Ahora ha despedido a 492 personas y cerrado 82 tiendas. Recibirán indemnizaciones de 31 días por año trabajado por un máximo de 20 meses. “Eso nos ha costado dos días de huelga”, añade el delegado de CCOO.

Useros culpa a la mala gestión de los equipos directivos que se han sucedido en los últimos cuatro años de los decepcionantes números de Douglas, una empresa “sobredimensionada” tras la adquisición de otras dos cadenas, Juteco y Bodybell, y endeudada con sus propios accionistas. La pandemia, dice, les ha servido para justificar los despidos.

Eurest, la firma de restauración que sirvió las comidas en el hospital de campaña de Ifema durante la pandemia, es otra de las empresas que dejó de beneficiarse de las exoneraciones de cuotas en septiembre el año pasado, según explica Omar Fernández, responsable de Hostelería y Turismo de UGT. En enero puso en marcha un despido colectivo que en principio estaba destinado para 832 trabajadores y ha terminado por afectar a 430. Eurest tiene pérdidas, pero Omar Fernández opone que los análisis del sindicato sobre las cuentas de la empresa concluyen que posee “capacidad para mantenerse”. El sindicato, de hecho, ha impugnado el ERE en la Audiencia Nacional, repitiendo el argumento de otras demandas sindicales: la caída de negocio provocada por el coronavirus es coyuntural, puede solucionarse, por tanto, con una medida también coyuntural, prorrogando el ERTE, y no debe afrontarse con una estructural, los despidos.

El negro futuro de Ford

El futuro de Ford, en cambio, se antoja más sombrío. Al menos desde la perspectiva de Javier Galarza, secretario general de la Federación de Industria de CCOO en el País Valenciano. “Tiene muy mala pinta”, resume. La factoría de Almussafes lleva sufriendo ERTE sucesivos casi tres años, mucho antes de que apareciera el covid-19. Los últimos, además, han sido por causas objetivas, por lo que la multinacional no tiene derecho a beneficiarse de la exención de cuotas a la Seguridad Social. Y ya negocia otro hasta julio por los problemas de suministro de semiconductores en todas las factorías de la multinacional. El ERE que se cerró el pasado 26 de abril se ha llevado por delante 630 puestos de trabajo; eso sí, con indemnizaciones de las de antes, 45 y 33 días por año trabajado. En mayo de 2020 ya hubo otro ERE con 350 despidos. Es decir, un recorte de 980 trabajadores en un año para una plantilla de 7.400 personas.

A Galarza, más que las exoneraciones de cuotas le duelen los 125 millones de euros que la Generalitat Valenciana le ha concedido a Ford como ayudas públicas en los últimos cinco años. Y que, según teme, no van a impedir el lento declive de la factoría. El plan para Europa de la compañía estadounidense no parece halagüeño para Almussafes. “El vehículo eléctrico se lo adjudican a Turquía por sus bajos costes, en Polonia empiezan a fabricar baterías y a Valencia nos dejan con los motores que antes manufacturaban en Alemania, donde han cerrado, y que son motores muy potentes y fuera del mercado”, describe el dirigente de CCOO. “Nos hemos convertido en un depósito de cadáveres”, protesta.

Dentix ha solicitado finalmente este lunes un concurso de acreedores en los juzgados de lo mercantil de Madrid, acogiéndose a la ley de protección de quiebras, ante su incapacidad de hacer frente a las deudas contraídas con KKR, BBVA y Cetelem, sus principales financiadores, informaron en fuentes empresariales recogidas por Europa Press.

La firma de salud dental arrastraba problemas de financiación desde el año 2018, por su modelo de negocio basado en la fuerte expansión y los créditos al consumo, y había solicitado el concurso preliminar de acreedores el 13 de abril.

Tras el cierre de las clínicas por el estado de alarma, Dentix reabrió un reducido número de sus más de 350 establecimientos en toda España, con la incorporación del 30% de la plantilla y la prorrogación del ERTE hasta el 31 de diciembre.

El concurso de acreedores de Dentix, con una deuda total próxima a los 240 millones de euros, provocará el despido de casi la totalidad de la plantilla, compuesta por unas 3.400 personas, según avanzó hoy El Confidencial.

Según Adicae, esta solicitud "no comporta por sí misma una nueva suspensión de los servicios comprometidos", aunque Dentix no ha hecho ninguna mención alguna a los clientes, a los tratamientos contratados ni a la continuidad o no de los servicios.

No obstante, la asociación señala que cerca de 100.000 clientes se pueden ver afectados por el posible cierre de la cadena de clínicas dentales.

Adicae señala que el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados comportaría la resolución de los contratos, incluídos los préstamos suscritos para el pago de los tratamientos, y la devolución de la parte ya abonada en el caso de que el valor del tratamiento dental efectivamente recibido fuese menor al sumatorio de las cuotas ya abonadas.

Por su parte, la asociación de consumidores Facua ha informado de que ha recibido "multitud de peticiones de asesoramiento" por parte de los pacientes, a los que distintas entidades financieras reclaman el pago de los préstamos gestionados por Dentix para la financiación de sus tratamientos pese a que llevan meses paralizados o ni siquiera se iniciaron.

Dentix asumió la continuación de parte de los tratamientos de las clínicas iDental, desaparecidas en 2018, con préstamos vinculados a diferentes entidades. Para ello, Dentix facilitaba la contratación de préstamos son Abanca, Cetelem, Pepper y BBVA. Algunos afectados firmaron estos préstamos vinculados con Sabadell y la antigua Evo Finance, ahora Spymp (Servicios Prescriptor y Medios de Pagos).

A estas irregularidades, Facua añade también quejas "por mala praxis, una defectuosa prestación de los servicios y la falta de atención adecuada". La asociación ve "urgente" la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía.

El ministro de Justicia, Juan Campo, avanzó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo un aumento de los concursos de acreedores de hasta el 246% este año y nada menos que del 619% en 2021. Es sólo uno de los datos que revelarán la intensidad del parón productivo causado por el coronavirus: “De los 7.000 presentados en 2019 a 50.000 el año próximo”, precisó. De momento, sólo se conocen los concursos inscritos en los Registros Mercantiles hasta el mes de marzo, 1.001, un 9,6% más que un año antes, pero 29 menos que en el último trimestre de 2019. En abril apenas se han inscrito 44 concursos, y 84 en mayo, debido al estado de alarma, que ha frenado las comunicaciones internas de los procedimientos concursales. Para hacerse una idea de la caída, en abril de 2019 se inscribieron 285 concursos. Habrá que esperar pues, antes de tener una imagen real de la magnitud del daño infligido por la pandemia y el confinamiento a las empresas.

No obstante, empiezan a quedar al aire las primeras heridas. Pullmantur, la única compañía de cruceros española –aunque propiedad desde 2006 de Royal Caribbean y del fondo suizo Springwater a través de sociedades radicadas en Luxemburgo y Holanda– acaba de solicitar el concurso de acreedores. “Los vientos en contra generados por la pandemia son demasiado fuertes para que Pullmantur los supere sin una reorganización”, ha lamentado la empresa en una declaración muy marinera. La naviera cerró 2019 con un aumento anual de ingresos, pero el coronavirus la obligó enseguida a cancelar todos los viajes hasta el 15 de noviembre en sus tres cruceros, Sovereign, Horizon y Monarch. Pullmantur era parte del desaparecido Grupo Marsans, propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En el aire, casi 5.000 empleos, de ellos 370 en España.

Intu Properties es la promotora británica dueña del 50% de los centros comerciales Xanadú (Madrid) y Puerto Venecia (Zaragoza). Si no alcanza este viernes un acuerdo con los bancos a los que debe dinero, tendrá que presentar concurso de acreedores en Londres. El procedimiento puede afectar al futuro del centro comercial de Arroyomolinos, cuya otra mitad pertenece al fondo estadounidense Nuveen. Ya antes de la pandemia Intu vendió su 50% de Puerto Venecia, el mayor centro comercial de Europa, a una joint venture integrada por Generali Real Estate, filial de la aseguradora italiana, y la alemana Union Investment. La otra mitad del centro zaragozano sigue en manos del fondo de pensiones público canadiense CPP. El cierre de los centros comerciales por culpa del covid-19 ha dado la puntilla a una compañía que el año pasado perdió 2.293 millones de euros y carga con una pesada deuda de 5.200 millones.

La cadena de casas de apuestas Codere y la de clínicas dentales Dentix se han salvado de momento y en el último minuto. Con unas pérdidas de 97,1 millones de euros en los tres primeros meses de este año –nada menos que 11 veces las del mismo periodo de 2019– y el cierre de sus locales tras el estado de alarma, Codere necesitaba una financiación adicional superior a los 100 millones de euros que ha encontrado en un hedge fund, según ha publicado El Confidencial. El pasado lunes presentó el acuerdo a su consejo de administración, que ha convocado junta general de accionistas para el 24 de julio. Casi al mismo tiempo, Ernst & Young ha manifestado las “dudas significativas” que tiene sobre la capacidad de la empresa de apuestas para continuar funcionando, por las tensiones de liquidez que le ha supuesto el cierre de los locales. Durante el confinamiento sólo pudo mantener abierto el canal online de apuestas y a su término, únicamente ha reanudado las operaciones sobre las carreras de caballos en Uruguay. Mientras, la junta general no se prevé pacífica: los antiguos gestores de la compañía, José Antonio y Javier Martínez Sampedro, piden la dimisión de tres consejeros, nombrados por los tres fondos que poseen la mayoría del capital, Silver Point Finance, Prudential y Abrams Capital. Al tiempo, el consejo de administración ha solicitado un aumento de 20 millones de euros en sus remuneraciones, y una reducción de capital para conseguir liquidez.

Por su parte, Dentix ha vuelto a abrir sus tiendas tras llegar a un acuerdo con otro fondo, el estadounidense KKR, que ha renunciado a que la cadena dental le devuelva los 160 millones de euros que le había prestado. Esa deuda obligó a la empresa a acogerse al preconcurso de acreedores el pasado marzo, del que aún no ha salido a la espera de firmar otro acuerdo con el resto de los bancos que financian a los pacientes.

Peor suerte ha tenido la cadena de pastelerías Mamá Framboise. Tras cerrar las seis que tenía en Madrid durante el confinamiento, ha tirado la toalla y no continuará con la actividad después de casi 10 años. La pandemia va a arrasar en el sector del consumo. Por culpa directa del parón de casi tres meses, como en Mamá Framboise, o porque éste ha dado la puntilla a negocios que ya venían tocados. Es el caso de las tiendas de ropa infantil Tuc Tuc, que presentó el concurso en mayo. También propiedad de un fondo, Endurance Partners, declara 25 millones de euros de pérdidas. Ya estaba en preconcurso antes de que se extendiera el covid-19 y en 2018 tuvo que cerrar sus tiendas en Francia. Aún cuenta con otras en Turquía, México, China, Estados Unidos y Portugal. En España peligran 250 puestos de trabajo.

Scytl, pese a pertenecer a un sector muy alejado de la distribución textil, ha acabado de forma similar. La compañía tecnológica ya estaban en preconcurso desde diciembre y ha entrado en concurso y pedido la liquidación al juez en mayo. Su deuda alcanza los 75 millones de euros. La empresa saltó a los titulares de los periódicos tras adjudicarse los contratos para el recuento de los votos en las elecciones europeas y municipales del año pasado. Era la primera vez desde 1978 que Indra no se ocupaba de un recuento electoral, que Scytl consiguió con una rebaja del 20% en el precio de licitación. pero los problemas sufridos en ambas convocatorias devolvieron a Indra el concurso en la siguiente cita electoral. Según la empresa, en cambio, “no se produjo ningún fallo en el volcado de los datos”, sino que se trató de “simples errores de transmisión de datos desde las mesas, como sucede en todos los procesos electorales”. Poseen buena parte de su capital el fondo luxemburgués Balderton Capital, los estadounidenses Industry Ventures, SAP Ventures y Vulcan Capital y el irlandés VY Capital Ireland.

Aerolíneas e industrias

El aéreo va a ser otro sector letalmente impactado por la pandemia. Pero mientras las compañías de bandera han recibido enseguida generosas ayudas de sus respectivos gobiernos, –Lufthansa, Alitalia, KLM– las más pequeñas han empezado a cerrar. Level Europe es una filial del grupo Vueling, a su vez integrado en IAG, la compañía propietaria de Iberia. Con sólo tres aviones en Austria y otros tres en Países Bajos, explotaba 16 rutas en Europa. Tras quedarse sin el 99% de su demanda estos tres meses, presentó concurso en Viena, donde tiene su sede, el pasado día 18.

También ha dejado sus aviones en tierra Flyest, una de las aerolíneas de Air Nostrum, el grupo valenciano propiedad de Carlos Bertomeu. La empresa, que operaba en Argentina, ha sufrido la prohibición de vuelos en ese país hasta el 1 de septiembre, decretada por el Gobierno de Buenos Aires. Aunque también reprocha a éste la falta de ayudas públicas al estilo de las que se han concedido en Europa.

En la industria, la pandemia ha acabado con empresas punteras que arrastraban problemas previos. Nissan en Barcelona o Alcoa en Lugo han decidido no esperar ni un minuto más para echar el cierre tras años de pérdidas, pero también de desinversiones. A la parálisis del mercado de la automoción por culpa del covid-19 ha atribuido Vauste Spain el concurso de acreedores que ha solicitado este mismo mes. La empresa, adquirida el año pasado por un grupo de Emiratos Árabes Unidos, DSA Group, es la antigua Tenneco Automotiv, una factoría de amortiguadores de Gijón que ya estuvo a punto de cerrar en 2016 y vivió un largo conflicto laboral. Ese año lo adquirió un fondo de inversión alemán, Quantum Capital Partners, que salvó la primera amenaza de desaparición. Hoy sus 130 trabajadores vuelven a encontrarse con ella.

Aunque no ha presentado el concurso, el grupo siderúrgico Gallardo Balboa ha anunciado un plan de reestructuración financiera con los bancos acreedores que incluirá la venta de la empresa. La pandemia ha perjudicado tanto su liquidez como su posición financiera, según ha aclarado el grupo extremeño, por lo que pidió un aval del ICO que le fue denegado “pese a cumplir los requirimientos”. Tiene a parte de sus 900 trabajadores acogidos a un ERTE.

Mucha más prolongada ha sido la agonía de la antigua Uralita, hoy denominada Coemac. Solicitó el concurso de acreedores el pasado enero y el juez lo declaró en mayo. Coemac, en manos de la familia Serratosa, arrastra aún el lastre de las múltiples reclamaciones judiciales derivadas del amianto que Uralita fabricó durante años y que es cancerígeno. Las indemnizaciones la han dejado sin liquidez, asegura.

Cadáveres y fondos buitre

El camino hacia la insolvencia del grupo canario Ralons ha sido igualmente largo y nada tiene que ver con la pandemia. Es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, también dueño de Seguridad Integral Canaria y otras empresas de la seguridad privada en el punto de mira durante toda la crisis por sus cuestionables prácticas laborales. Ramírez, que fue condenado por el Tribunal Supremo por una delito urbanístico y luego indultado por el Gobierno, apareció como uno de los donantes del PP en los papeles de Bárcenas. El grupo incluye desde guarderías y servicios de limpieza hasta empresas de formación y de vigilancia. Unos 2.000 trabajadores. En estos momentos, Miguel Ángel Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, está siendo investigado por fraude fiscal y a la Seguridad Social, ya que según el fiscal, no pagó ni el IRPF ni las cuotas de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria entre 2009 y 2016. Seguridad Integral Canaria se declaró en concurso en enero de 2018 con un pasivo de 22 millones de euros.

Pero la pandemia se ha llevado por delante no sólo a empresas frágiles o ya heridas, también ha fabricado algunos cadáveres exquisitos, como las tiendas de lencería Victoria's Secrets en Reino Unido. La marca estadounidense abrió el pasado 31 de agosto su primera tienda en España, en Madrid. O la cadena de lujo de Diane von Furstenberg, que ha cerrado en Londres y en Estados Unidos sólo mantendrá abierto su local de Nueva York. También cuenta con una tienda en Madrid. Latam, la mayor línea aérea de América Latina, y Virgin Australia han seguido el mismo camino a los juzgados.

Una nota es común en casi todos estos procesos: la presencia de fondos de inversión rondando los cadáveres empresariales. Bien porque son los propietarios de las firmas en concurso ­–Pullmantur, Codere, Dentix, Tuc Tuc, Scytl,– bien porque aparecen como interesados compradores. –Codere, Tenneco–.

De hecho, según datos oficiales obtenidos por infoLibre de documentos registrales de las propias empresas, así como de anuncios y edictos publicados por la Seguridad Social, al menos 13 de las empresas citadas en ambos informes mantienen aún a día de hoy una deuda total de cuatro millones de euros por impago de cotizaciones sociales.

A continuación se detallan las empresas morosas y su deuda con la Seguridad Social:

1. Casbar Tecnología Industría: 1,3 millones

El mayor moroso es Casbar Tecnología Industrial, que debe más de 1,3 millones de euros. Se trata de una empresa de fabricación de muebles metálicos a la que se otorgaron siete avales por importe de 7,94 millones de euros entre 2008 y 2012. Su presidente y consejero delegado, además de propietario del 22,5% de las acciones, era José Miguel Guerrero Sedano, quien ocupó el cargo de consejero de Avalmadrid entre 2004 y 2013 como representante de la Cámara de Comercio de Madrid, uno de los socios protectores de la sociedad de garantías.

Según el informe de Forest Partners, la reestructuración de la operación que aprobó Avalmadrid cuando Casbar empezó a tener problemas para devolver el aval no sólo aumentó el importe de la garantía –una decisión “sin sentido”, apunta–, sino que además dividió la responsabilidad entre sus cinco avalistas, que consiguieron así reducir su riesgo al perder el carácter solidario que compartían hasta ese momento. Esta circunstancia, destacan los analistas, favorecía a los avalistas, entre ellos a Guerrero Sedano. A 31 de diciembre de 2018, la deuda que Casbar mantenía con Avalmadrid ascendía a 764.000 euros.

2 y 3. Rural Tour Viajes y Trapsa: 660.000 euros

Le sigue el Grupo Marsans, dos de cuyas empresas, Rural Tours Viajes SA y Trapsa, adeudan a la Seguridad Social más de 660.000 euros. El grupo fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien entre 2002 y 2007 había presidido también CEIM, la patronal madrileña, a su vez miembro de CEOE. CEIM es otro de los socios protectores de Avalmadrid, que concedió seis avales a Rural Tours Viajes SA y dos a Trapsa por un importe total de 3,39 millones de euros en 2010. El accionista al 100% de las dos empresas es Viajes Marsans, que entró en concurso de acreedores sólo cuatro meses después de recibir los avales sus dos filiales. Éstos fueron aprobados por la comisión ejecutiva de Avalmadrid pese a que el analista de riesgos había desaconsejado las operaciones tras advertir de la “muy mala situación patrimonial” del Grupo Marsans y de los “fuertes riesgos” que suponían para la sociedad de garantías.

“Cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente”, concluye la consultora. En aquel momento, tres de los miembros del consejo de administración de la sociedad de garantías madrileña ocupaban cargos en CEIM: Jesús Martín Sanz, vicepresidente de la patronal; Sol Olábarri Cervantes, directora del Departamento de Asuntos Económicos, y Juan Pablo Lázaro, también vicepresidente de CEIM.

Además, Avalmadrid recibió dos cartas en enero de 2010, apenas unas semanas antes de que se formalizara la concesión de los avales, firmadas por el entonces presidente de CEIM, Arturo Fernández, y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta. Con una redacción “casi idéntica”, resalta Forest Partners, las cartas de Fernández y Beteta pedían a los responsables de Avalmadrid que tuvieran en consideración “en la próxima sesión ordinaria” donde se iban a analizar los avales para las empresas de Díaz Ferrán, las 4.000 personas a las que Marsans proporcionaba trabajo en Madrid, “lo que da idea de la importancia del empleo que genera la actividad del grupo en el mercado laboral madrileño”.

Como ni Rural Tours ni Trapsa pudieron devolver las garantías, fueron ejecutadas. En junio de 2013 el grupo quedó liquidado, dejando a deber a Avalmadrid un total de 2,72 millones de euros.

4. Isolux Corsan: 582.000 euros

También otra empresa con graves problemas financieros, Isolux Corsán, solicitó un aval a la sociedad de garantías madrileña. Lo hizo en 2011 y por importe de 412.608 euros, de los que no devuelto ni un euro. Entró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2017.

En su caso Forest Partners sólo aprecia un “incumplimiento”: su “tardía” calificación como dudoso subjetivo. Isolux debe a la Seguridad Social 582.000 euros.

5. Grupo Cercal de Alimentación: 425.000 euros

El Grupo Cercal de Alimentación, que se dedicaba a proveer a supermercados de masa congelada para pan y dulces, debe a la Seguridad Social 425.000 euros. Consiguió de Avalmadrid 2,3 millones de euros en seis avales financieros en 2009 y 2010. Su nombre aparece tanto en el informe de Forest Partners como en el del Banco de España. El primero determina que no se le debieron conceder los avales porque los tres años anteriores había incurrido en graves pérdidas, un total de 4,2 millones de euros desde 2006. En 2011 entró en concurso de acreedores.

Ha dejado a deber a Avalmadrid casi un millón de euros. Según el Banco de España, en el caso de Grupo Cercal, la sociedad de garantías madrileña no efectuó la revisión de riesgos en el plazo establecido, sus informes de seguimiento eran deficientes, no recogían información fundamental para determinar cuál era la capacidad de pago de la empresa, y cuando ésta no pagó, no aportaban información sobre las posibilidades de ejecutar las garantías.

6. Grupo Nupcial Novissima: 405.000 euros

Grupo Nupcial Novíssima SL debe 405.000 euros a la Seguridad Social. Le fueron concedidos cuatro avales financieros por valor de 1,7 millones de euros entre 1998 y 2008. Entró en concurso de acreedores en 2010 y adeuda a Avalmadrid 1,38 millones de euros.

Es otra de las empresas que estaban vinculadas a los gestores de la sociedad de garantías. En concreto, Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño, además de consejero de Avalmadrid, era director general de Capital Riesgo Madrid (CRM)Capital Riesgo Madrid (CRM), una sociedad de capital riesgo participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de la sociedad de garantía recíproca madrileña. CRM había adquirido el 20% del capital de Grupo Nupcial Novíssima SL. Para los analistas de Forest Partners, se trata de un conflicto de interés claro. Sobre todo, teniendo en cuenta que los avales no debieron concederse debido a la delicada situación financiera de la empresa y a la presentación de unos planes de negocio que el informe no duda en calificar de “poco creíbles”.

7. Grupo Bionostra: 190.000 euros

Grupo Bionostra SL mantiene una deuda con la Seguridad Social de 190.000 euros. Avalmadrid aprobó 18 operaciones para diferentes empresas del grupo, un total de 4,39 millones de euros entre 2008 y 2010. De esa cantidad, nunca recuperará 2,86 millones. Dedicada a vender sistemas de control y seguridad alimentaria, también contaba entre sus socios con la sociedad de Capital Riesgo de Madrid.

Además, apunta Forest Partners, Imade y la Comunidad de Madrid le “concedían subvenciones de forma continuada”. Así, Pedro Olabarría ocupó diferentes cargos en Bionostra, al igual que Alfonso Carcasona García –al tiempo consejero de Avalmadrid–. Además, en aquellos años, la Comunidad de Madrid participaba en la sociedad de garantías a través de Imade. Como en otras operaciones, en el caso de Bionostra, los avales fueron aprobados en contra de los informes de los analistas de riesgos, que destacaban las fuertes pérdidas del grupo y la falta de apoyo financiero. El Banco de España también incluye a Bionostra y a Grupo Nupcial Novíssima entre las operaciones con informes llenos de deficiencias.

8. Clalu Restauración: 109.000 euros

La deuda de Clalu Restauración SL con la Seguridad Social asciende a casi 109.000 euros. Le fueron otorgados tres avales entre 2008 y 2009 por importe de 1,21 millones de euros, de los cuales Avalmadrid nunca recuperará 862.092 euros. Según el Banco de España, ni se revisaron los riesgos en el plazo legal ni sus informes contenían la información necesaria para determinar si la empresa podía devolver el dinero o se le podían ejecutar las garantías.

9. Gold Bridge: 96.000 euros

En el caso de Gold Bridge SL, una empresa de alquiler de coches de gama alta a directivos, la Seguridad Social le reclama 96.000 euros. Avalmadrid le concedió tres avales por un total de 1,02 millones de euros entre 2009 y 2012. Forest Partners asegura que no se debieron aprobar las operaciones puesto que o no presentó un plan de negocio o los que proporcionó después no estaban suficientemente contrastados. Gold Bridge SL se declaró en concurso en 2014.

Debe a Avalmadrid 510.433 euros que no podrá cobrar. El informe apunta a la posible comisión de “actuaciones fraudulentas” por parte de la empresa: denunció a la Policía la desaparición de algunos de sus vehículos de lujo y una de sus naves sufrió un incendio que destruyó parte de los automóviles que poseía. “Demasiados eventos desafortunados”, sospechan los analistas.

10. Afianza Telecomunicaciones: 60.000 euros

Afianza Telecomunicaciones SL recibió un aval de 2,5 millones de euros en 2008, de los cuales aún adeuda 2,07 millones. A la Seguridad Social, además, le debe 60.000 euros.

El Banco de España la señala como una de las empresas a las que Avalmadrid no revisó el riesgo cada seis meses, como es su obligación con todos los avales que superan el millón de euros.

11. Accuore Inversiones: 34.000 euros

Accuore Inversiones SL debe 34.000 euros a la Seguridad Social. Recibió dos avales por un total de 600.000 euros en 2014 y 2015. No ha devuelto 294.000 euros. Uno de sus accionistas era Fernando Rodríguez Sousa, al mismo tiempo consejero de Avalmadrid en representación de la patronal CEIM.

Forest Partners indica que la operación carecía de reaval y que nunca se verificó el patrimonio personal de los avalistas solidarios.

12. The Tie Gallery: 27.000 euros

The Tie Gallery SL, una cadena de corbatas y complementos, recibió un aval de 100.000 euros en 2009. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo era su administrador único y propietario del 33% del capital. Otro 5% pertenecía a un hermano suyo. Rodríguez-Carmona presidía además la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y ejercía como vicepresidente de la patronal madrileña CEIM. No ha devuelto 35.000 euros tras entrar en concurso de acreedores en octubre de 2012. A la Seguridad Social le debe 27.000 euros.

Mención aparte del conflicto de intereses, el aval se aprobó pese a que la empresa llevaba tres años consecutivos en pérdidas, el plan de negocios presentado carecía de sustento y faltaba la firma de un segundo avalista que se le había requerido a la empresa.

13. Vipventa: 12.000 euros

Igualmente Vipventa SL, un outlet por internet de marcas de lujo, tenía un conflicto de interés por la presencia en su accionariado de una sociedad de capital riesgo, Inicap, donde participaba la Cámara de Comercio de Madrid, socio protector de Avalmadrid. Y Alfonso Carcasona García era consejero de la sociedad de garantías y de Möbis Corporate Venture Capital, la gestora de Inicap. A Vipventa se le concedieron tres avales financieros por valor de 1,55 millones de euros en 2008 y 2009, de los que adeuda 529.760 euros.

Según Forest Partners, se trata de operaciones de alto riesgo puesto que Vipventa sólo había generado pérdidas desde su creación. De hecho, se declaró en concurso de acreedores en junio de 2012 y fue liquidada en mayo de 2014. “El simple análisis de la situación financiera de Vipventa desaconsejaría la concesión de los avales”, concluye el informe. El tercero, en concreto, se aprobó sólo seis meses antes de que la empresa entrara en concurso. Debe a la Seguridad Social 12.000 euros.

En total, la negligente concesión y gestión del riesgo de estas 13 empresas le ha costado a Avalmadrid la pérdida de 13,42 millones de euros.

La quinta lista de los mayores morosos que publica la Agencia Tributaria no ha deparado grandes sorpresas respecto a años anteriores. Excepto quizá que ha aumentado el ritmo de reducción de la deuda: un 7,8% respecto a la anterior, referida a 2017. Si hasta entonces el volumen de lo reclamado había caído sólo un 1,9% desde que se publicó el primer listado, en diciembre de 2015 –apenas un 0,5% en 2017 respecto al año precedente–, en esta ocasión la deuda se ha reducido hasta los 14.100 millones de euros, desde los 15.600 millones de hace cuatro años. Es decir, del 9,6% total de recorte, casi cuatro quintas partes corresponden a 2018.

El número de los morosos se queda este año en 4.028, cuando en 2015 se elevaban a 4.855: una disminución del 17%.

Pero la cabeza de la clasificación no ha cambiado apenas en todos estos años. Los 17 mayores morosos, los que deben más de 50 millones, continúan teniendo los nombres de las grandes inmobiliarias fulminadas por la debacle del ladrillo. Todas ellas suman una deuda de 1.919,9 millones de euros, si a los impagos de las sociedades se les unen los atribuidos a sus principales accionistas. Así, Reyal Urbis continúa siendo el mayor moroso, con 353,23 millones de deuda. Aun voluminosa, es 8,2 millones menor que la del año anterior. Sin embargo si se suman las cantidades en el debe de Isolux Corsán e Isolux Corsán Concesiones, el montante del malogrado grupo de ingeniería supera a Reyal Urbis, con un total de 369,83 millones de euros.

Les siguen las empresas de uno de los protagonistas del hundimiento inmobiliario, Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés conocido como Sandokán. Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez acumulan, junto con el propio Sandokán como persona física, una deuda de 242,23 millones de euros. Vittone 1842 SL, una empresa de licores de Girona, debe al fisco 134,23 millones. Otro caído del ladrillo es el grupo malagueño Aifos, que a sus 98,64 millones añade 32 millones de Sun Farm, también propiedad del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado Taillefer, así como las deudas personales de ambos. En total, 129,89 millones de euros. De hecho Ruiz Casado y Maldonado Taillefer son las dos personas que más deben a Hacienda (más de 15,7 millones cada uno) después del número uno de la lista, el empresario Agapito García Sánchez, que mantiene ese puesto desde 2015.

Banreal Holding SL, una empresa de servicios financieros, repite un año más en el listado, con una deuda de 98,39 millones a la Agencia Tributaria. Tras ella, continúan los damnificados del ladrillo: Grupo Pra SA, con 97,94 millones de euros y el grupo de Francisco Hernando Contreras, El PoceroEl Pocero, que alcanza los 87,84 millones. Le pisa los talones la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una polémica ONG dedicada a la venta de cupones sin autorización, según Hacienda, que la sancionó por ello en 2015. Debe 86,13 millones de euros.

En la clasificación aparece también Anca Corporate, una sociedad formada por el empresario hotelero Antonio Catalán y la familia Cosmen, propietaria de los autobuses Alsa. Su deuda con el fisco, 81,93 millones. A Promaga, constructora del empresario gaditano Manuel Gaviria, Hacienda le reclama 70,93 millones, mientras que a la inmobiliaria Natica Classic le apunta 60 millones de euros. Rematan la lista otros dos grandes del fiasco del ladrillo: Nozar, con 56,87 millones de euros, y Martinsa-Fadesa, con 50,33 millones.

Desaparece de la lista la sociedad del paraíso fiscal de Man

Por el contrario, han desaparecido dos de los mayores morosos de ediciones anteriores. Se trata en primer lugar de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos desbancaron el año pasado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, cuando sumaban 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Salir de la lista no significa que se haya abonado toda la deuda, sólo que ésta ya no alcanza el millón de euros. La segunda es Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que fue durante dos años la segunda empresa más endeudada de la lista. Llegó a deber 227,72 millones de euros.

Entre las personas físicas con mayor volumen de deuda, además de los ya citados destaca de nuevo el exbanquero Mario CondeMario Conde. Aún se le exige el pago de 12,37 millones de euros, por debajo de los 14,96 millones de 2017 pero muy por encima de los 9,93 millones de euros con que se estrenó en la lista.

Ruiz Mateos, clubes de fútbol y Rodrigo Rato

Nombres ya habituales entre los mayores morosos siguen siendo los de la familia Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el antiguo dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas de los hijos de Ruiz Mateos –Garvey, Dhul, Nueva Rumasa y otras– acumulan una deuda con el fisco de 21,87 millones de euros. Las de Arturo Fernández en torno al grupo Cantoblanco deben 19,36 millones. Y las empresas de Díaz Ferrán Air Comet y Spanair superan los 21 millones de deuda fiscal.

Otro sector bien representado entre los mayores morosos es el del deporte. Clubes de fútbol como el CF de Murcia –18,3 millones de euros–, el Mérida –4,8 millones–, el Hércules de Alicante –3,9 millones–, el Real Jaén –11,16 millones–, el Rácing de Santander –3,26 millones–, la Unión Deportiva de Salamanca –13,62 millones de euros–, acompañan a los de baloncesto como el Lleida –1,04 millones– y el Girona –10,12 millones– o el Estudiantes de Madrid –8,21 millones–. Entre las novedades deportivas de la lista cabe destacar al ex motorista Sito Pons, que debe a Hacienda 1,95 millones de euros. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, continúa un año más en el listado de morosos, con 1,36 millones, al igual que el exjugador del FC Barcelona Gabriel Milito, a quien se le reclaman 1,84 millones de euros. Otro exbarcelonista, Dani Alves, por el contrario, ha salido de la lista.

Siguen sin pagar lo que deben a la Hacienda pública el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato –1,02 millones–, y Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, 1,13 millones. Lo mismo puede decirse de Francisco José Ortiz von Bismarck, a quien el fisco reclama 1,28 millones de euros, y  del juez Pascual Estevill –3,7 millones–, que fue condenado por corrupción. Además, entre los mayores morosos se encuentran dos organizaciones políticas: Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid –con poco más de un millón de euros– y Fundescan, una fundación ligada a la UGT canaria –1,05 millones–.

Desde Paz Vega hasta Okeysi

Entre los famosos del espectáculo se han estrenado en la lista la actriz Paz Vega, con casi 2,5 millones de euros, mientras que Patricia Conde se mantiene –debe 1,83 millones– y el cantante Miguel Bosé y el personaje televisivo Kiko Matamoros se caen del listado.

El empresario Javier Merino, exmarido de la actriz Mar Flores, que suma 3,4 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur– acompaña también a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, con 18,41 millones en el debe fiscal.

Antonio Navalón, periodista de El País y moroso desde 2015, continúa 2,01 millones. El articulista de La Razón César Vidal también se mantiene, con una deuda de 2,7 millones. Ya no aparece el grupo Intereconomía.

Entre las marcas del sector textil se han estrenado los dueños chinos de la cadena de tiendas Okeysi, que se unen así a Caramelo, Hakei y Blanco, en concurso de acreedores.

Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del polémico Miguel Ángel Ramírez, ha aumentado su deuda con Hacienda hasta alcanzar el último año los 6,36 millones de euros.

Los clubes de fútbol deben 249 millones de euros a la Agencia Tributaria y otros 43,88 millones a la Seguridad Social. Según el Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado las actuaciones de ambas administraciones para conseguir el cobro de las cantidades adeudadas por los clubes, éstas se redujeron de forma “relevante y continuada” en el caso del fisco, desde los 635 millones en que estaba calculada a finales de 2010, pero no así en el de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que incluso ha aumentado desde esa fecha. De los 249 millones debidos a Hacienda, 31 millones se consideran incobrables. De los 43,88 millones de euros exigidos por la TGSS, casi seis millones están igualmente calificados como de imposible cobro. No es de extrañar el volumen si se tiene en cuenta que a fecha de diciembre de 2017 un total de 46 clubes de fútbol se encuentran en concurso de acreedores.

En cualquier caso, desde 2010 la Agencia Tributaria canceló deuda por importe de 1.638 millones de euros tras conseguir su ingreso por parte de los clubes y otros 289 millones por anulaciones, prescripción, quitas o por ser calificada de incobrable, así como, en algunos casos, por haber sido “incorrectamente cargadas las cantidades en los sistemas informáticos de la agencia, por retrasos en el reflejo de resoluciones judiciales y otras deficiencias en el control interno”. No obstante, ese 15% de ingresos perdidos es para el Tribunal de Cuentas una cifra “adecuada en relación con las de otros sectores económicos”.

Entre 2010 y 2015 la Agencia Tributaria levantó un total de 198 actas de inspección a 36 clubes de fútbol. La mitad de ellas se referían a los pagos a cuenta a trabajadores y profesionales y un 20% al pago del IVA y a las retenciones efectuadas a no residentes. Básicamente, fueron inspeccionados los grandes clubes y aquéllos que sufrían graves problemas económicos. Pero el informe no cita ni en este capítulo ni en ningún otro qué clubes fueron investigados. El montante de las actas levantadas asciende a 69,5 millones de euros, de los que se han ingresado 56,5 millones. De ellas, cinco fueron por delito fiscal, por importe de 13 millones de euros, casi el 20%. Pero no precisa qué clubes fueron denunciados por ello. Tampoco los que, sin llegar al delito, cometieron infracciones tributarias y fueron sancionados. Además, la Agencia Tributaria dictó 5.094 diligencias de embargo a los clubes de fútbol por valor de 99,1 millones de euros. La mayor parte de esa cantidad corresponde al embargo de derechos federativos, audiovisuales, ayudas al descenso, contratos de esponsorización y quinielas, puesto que gran parte de los clubes carecen de activos tangibles, precisa el Tribunal de Cuentas: los estadios e instalaciones deportivas suelen ser de propiedad municipal.

El informe del órgano fiscalizador incluye un rapapolvo a la Seguridad Social por su gestión de los aplazamientos concedidos a los clubes de fútbol para pagar sus deudas. Entre 2010 y 2015 la TGSS concedió 208 aplazamientos a 93 clubes, por importe de 42,53 millones de euros. De ellos fueron incumplidos 117, un número que, a juicio del Tribunal de Cuentas, cuestiona la eficacia de concesión de estas prórrogas como procedimiento de cobro. Es más, muchos de esos aplazamientos se aprobaron pese a que los clubes habían incumplido reiteradamente aplazamientos anteriores. Y ése es precisamente uno de los motivos que la ley establece como causa para denegar solicitudes posteriores. El informe cita el caso de un club de fútbol, al que no identifica y que consiguió seis aplazamientos. Incumplió cinco de ellos y el sexto sigue vigente. En la actualidad la sociedad está en concurso de acreedores. A otro club la TGSS le concedió cinco aplazamientos y los incumplió todos. En 2015 se disolvió.

Aplazamientos sin garantías

Pero no es la única irregularidad. Cuando una sociedad no cumple las condiciones de pago del aplazamiento, la Seguridad Social debe iniciar el procedimiento de apremio y ejecutar las garantías otorgadas para conseguirlo. Sin embargo, la TGSS no lo hizo en ninguno de los casos. Por el contrario, concedió nuevos aplazamientos. Además, a nueve de estos clubes se les otorgó la nueva prórroga de pago con la misma garantía que habían presentado para conseguir el aplazamiento anterior que habían incumplido, no con una nueva o adicional. Sólo puede eximirse a una sociedad de constituir una garantía cuando la deuda total sea inferior a 30.000 euros o cuando ingrese al menos un tercio de la deuda si ésta es inferior a 90.000 euros. O bien por “causas de carácter extraordinario”, que debe autorizar expresamente el secretario de Estado de la Seguridad Social.

Pues bien, de los 227 aplazamientos concedidos a clubes de fútbol en esos cinco años, en 116 éstos no presentaron garantías, más de la mitad. Y en casi el 15% de los casos la razón esgrimida fueron “causas de carácter extraordinario” que el Tribunal de Cuentas no considera “debidamente fundamentadas”. Por ejemplo, a un club se le otorgó el aplazamiento sin necesidad de garantía pese a que había incumplido previamente otras tres prórrogas de pago.

La misma laxitud advierte el informe incluso cuando los clubes sí constituyen garantías para solicitar un aplazamiento. De hecho, “de forma generalizada”, la Seguridad Social no exige la declaración responsable preceptiva o una justificación documental de la imposibilidad de obtener un aval o certificado de seguro de caución. En numerosas ocasiones, además, las garantías se constituyen sin considerar la situación económico-financiera del club –por ejemplo, que se halle inmerso en un concurso de acreedores–, por lo que la garantía termina siendo insuficiente. Ocho de los clubes examinados no cumplían los requisitos legales para presentar las garantías y otros cinco las constituyeron fuera de plazo.

Más ineficacias: a dos clubes a los que se otorgó una prórroga para pagar su deuda, la TGSS se la concedió por duplicado: al club de fútbol original y a la sociedad anónima deportiva que se les obligó a constituir por ley a partir de 1991, pese a tratarse de la misma persona jurídica. En otros casos, la Seguridad Social no consideraba la deuda de la sociedad anónima deportiva a la hora de conceder un aplazamiento al club, o viceversa. O embargaba las cuentas de la sociedad anónima pero al mismo tiempo concedía un aplazamiento al club de fútbol del que había surgido.

El Tribunal de Cuentas concluye que, dado el elevado porcentaje de incumplimientos y que éstos, por tanto, no son eficaces para recuperar las deudas, la Seguridad Social debería haber limitado “la discrecionalidad que, en general, preside la gestión de los aplazamientos”. La norma permite a la TGSS “apreciar discrecionalmente” las circunstancias que concurren en la solicitud de un aplazamiento, pero el tribunal cree que sus responsables deberían “analizar de forma restrictiva” su concesión, en vista de los resultados.

Quitas de hasta el 85% y plazos de espera de 34 años

También critica el informe los “elevados porcentajes de quita” que la Seguridad Social aprueba en los convenios con los clubes de fútbol en situación de concurso. En su mayoría, alcanzan al 50% de los créditos ordinarios y subordinados, aunque en algún caso han llegado hasta el 85%. El Tribunal de Cuentas destaca que esas quitas provocan un “importante detrimento en el patrimonio de la Seguridad Social”, cifrado en más de seis millones de euros, aunque esa cantidad, precisa también, se encuentra infravalorada.

Para algunos clubes de fútbol, además, la TGSS ha aprobado plazos de espera para pagar tan elevados que superan el límite legal de cinco años, hasta un máximo de 34 años. Algunos no concluirán hasta 2037. Así, de los 46 concursos presentados, 33 seguían vigentes a 31 de diciembre de 2017.

Otra de las señales de la manga ancha con que se trata a los clubes de fútbol es, según el Tribunal de Cuentas, que la Seguridad Social no ha abierto ninguna actuación para reclamar la deuda de un club de fútbol a los administradores u otras sociedades vinculadas –lo que se conoce como derivación de responsabilidad–, vulnerando así sus propias directrices, que le exigen “agotar el procedimiento de apremio frente a todos los sujetos responsables del pago”.

Finalmente, el informe reprocha a la TGSS que desde 2015 no haya evaluado si han sido eficaces o no las actuaciones que ha llevado a cabo sobre la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales, pese a que también se lo exige la ley.

Seguridad Integral Canaria, la empresa que durante la crisis se convirtió en el buque enseña de los servicios de vigilancia low cost, presentó concurso de acreedores en diciembre de 2017. Diez meses después, el administrador concursal presentó un informe donde ponía en cuestión las posibilidades de continuidad de la empresa, tras calcular un pasivo de 65 millones de euros y unos activos –35,49 millones– que no cubren esa cantidad. “La sociedad está abocada a la liquidación”, concluye. Es más, el informe concursal, al que ha tenido acceso infoLibre, descalifica la propuesta de viabilidad que hace la propia empresa como “un desiderátum con escasa, nula o negativa trascendencia real”. “Las previsiones y planes de la sociedad carecen de una base lo suficientemente sólida para dar por buenas la expectativas manifestadas” por los gestores de la firma de seguridad.

De hecho, buena parte de las expectativas de Seguridad Integral Canaria dependen ahora de la batalla que acaba de declarar contra su fundador, Miguel Ángel Ramírez. El pasado mes de junio el empresario canario vendió todas sus acciones a quien desde 2011 había sido su administrador único, Héctor de Armas Torrent. Desde entonces este empresario, ex director general de Trasmediterránea en Canarias y exportavoz y viceconsejero del Gobierno canario que presidió el socialista Jerónimo Saavedra, es quien se ha hecho cargo de la empresa de seguridad, al tiempo que abandonaba sus cargos en el grupo Ralons –en enero– y en la Unión Deportiva Las Palmas –en junio–. Ambas corporaciones son propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

El administrador concursal se queja en su informe de la falta de colaboración de los gestores de Seguridad Integral Canaria, hasta el punto de que “no ha podido obtener de la concursada la información, datos y documentación imprescindibles” para acometer la tarea que tiene encomendada. El cambio de dueño en junio supone “una mejora de actitud”, explica el administrador, pero como el anterior equipo tampoco colabora con los nuevos directivos, no sólo se ha visto afectada la redacción del informe sino también la gestión diaria de la empresa. El administrador concursal habla incluso de “grave desgobierno administrativo”, al que culpa de una sanción de 311.500 euros impuesta a la empresa por la Agencia Tributaria, del levantamiento de actas de la Inspección de Trabajo por importe de 187.515 euros, de los errores cometidos en los certificados de trabajo para el IRPF de la plantilla, así como de otros problemas de contabilidad, que en ocasiones, advierte, no se ajusta a la realidad.

Consumado el divorcio empresarial entre Ramírez y De Armas, este último niega a infoLibre que esté “enfrentado” a su antiguo empleador. Aunque eso no le impide lamentar que Seguridad Integral Canaria haya estado durante los últimos años “demasiado en primera línea”. “Y no siempre por actuaciones que nos deban enorgullecer”, apunta. Lo cierto es que en ese tiempo Héctor de Armas era el responsable de la empresa. Al menos sobre el papel. El administrador concursal asegura en su informe que “existen indicios del desempeño de Miguel Ángel Ramírez Alonso como administrador de hecho de la sociedad […] al menos hasta el momento de producirse los cambios” de junio. De Armas confiesa que esa afirmación del administrador “está bien fundada”.

El retrato que el informe concursal hace de la gestión de Ramírez/De Armas en Seguridad Integral no puede ser más desfavorecedor. No sólo sus activos se recortaron de 22 millones de euros a 12 millones en sólo dos años, sino que, además, su pésima política de cobros casi triplicó las deudas comerciales de la empresa, de 15 a 42 millones. “Vendemos menos [la cifra de negocio se redujo drásticamente entre 2015 y 2017] y no cobramos los créditos generados”, resume el administrador concursal. El resultado fue que la empresa no podía pagar ni a Hacienda ni a la Seguridad Social. A la Agencia Tributaria central le debe siete millones de euros, a la canaria, otros 5,14 millones. Con la Seguridad Social la deuda es aún mayor: 16,72 millones, según consta en la lista de acreedores que acompaña al informe concursal.

Operaciones bajo la lupa

Además, el documento desglosa toda una serie de operaciones entre Seguridad Integral Canaria y las empresas del grupo Ralons, cuyo estudio el administrador concursal ha dejado en suspenso. Entre ellas figura Gestiones y Asesoramientos 3000, en la que, según explica De Armas, Ramírez decidió integrar la gestión de todo el grupo, incluida Seguridad Integral Canaria, en 2016. Gestiones y Asesoramientos 3000, cuyo administrador único es Manuel Hernández Ramírez,debe a Seguridad Integral Canaria 5,25 millones de euros. Según el informe, esa deuda “desapareció” de la contabilidad y se desconoce si se ha cobrado. Gestiones y Asesoramientos 3000 también es el propietario de los 14 inmuebles donde Seguridad Integral Canaria tenía su sede en Madrid, en el municipio de Las Rozas. Tal y como consta en el informe concursal, la firma canaria los adquirió ejercitando una opción de compra. Pero la operación no la ha inscrito en el Registro de la Propiedad, por lo que no figura a su nombre, sino al de Gestiones y Asesoramiento 3000. Al tiempo, existe un nuevo contrato, de fecha de 28 de abril de 2017, que prorroga el alquiler con opción de compra y lo amplía en idénticas condiciones hasta el 30 de abril de 2020. “No tiene sentido”, subraya el administrador concursal, “prorrogar tres año más el alquiler de un inmueble que ya teníamos completamente pagado”. Es una operación, insiste, que sólo carga de gastos a la empresa y le impide disponer de un “valioso activo” que ya era de su propiedad. Aunque tampoco ha podido verificar el administrador que la prórroga del contrato figure registrada en la contabilidad. Los inmuebles están valorados en 1,48 millones de euros, perosobre ellos pesa una hipoteca a favor del Banco Guipuzcoano y otra a favor de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS). Dos de los locales, además, ya han sido embargados por la TGSS y sacados a subasta.

Con Gestiones y Asesoramientos 3000 también firmó Seguridad Integral Canaria en 2011 una cesión de crédito por 1,43 millones de euros, que no ha cobrado.

En otra cuenta, el administrador concursal ha encontrado una serie de operaciones financieras con empresas del grupo Ralons –Powersic, Ralons Medio Ambiente, Ralons Schools, Ralons Centro de Formación…– por importe de 138.403 euros de las que no existen contratos que las justifiquen, sólo los “documentos de reconocimiento de las deudas”.

Además, De Armas ha presentado ahora en su respuesta al informe concursal un total de 18 millones de euros en productos financieros de los que Seguridad Integral Canaria no es titular, sino fiadora o avalista. Los nuevos gestores de la empresa solicitan que sean considerados partidas del activo, y no del pasivo como las ha clasificado el administrador del concurso. En breve, un perito inspeccionará la contabilidad tanto de Seguridad Integral Canaria como del grupo Ralons, a instancias de un trabajador de la primera que ha presentado una reclamación salarial en el Juzgado de lo Social número dos de Las Palmas, según han confirmado fuentes judiciales.

Litigio con otra empresa de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad

Pero el mayor deudor de Seguridad Integral Canaria resulta ser otra empresa del sector, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que le debe 18,14 millones de euros. Los nuevos gestores de la firma canaria no quieren precisar cuál es el origen de esa deuda. A Sinergias de Vigilancia Miguel Ángel Ramírez le cedió todos sus contratos con el sector privado un mes antes de declarar el concurso de acreedores. Sinergias ha estado siempre en el ojo del huracán porque negoció un convenio de empresa que rebajaba los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto a los fijados en el convenio del sector. Ese convenio fue anulado por la Audiencia Nacional porque fue negociado de forma ilegal, la misma suerte que han corrido la propia Seguridad Integral Canaria y la otra bestia negra de los sindicatos en el sector de la vigilancia, Marsegur.

No es extraño que coincidan las políticas de personal y experiencias judiciales de estas tres empresas. Los sindicatos siempre han relacionado a Sinergias de Vigilancia y a Marsegur con Miguel Ángel Ramírez y no han dudado en etiquetarlas como sus “marcas blancas”. De hecho, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario canario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece aún como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Es más, como pagaba sueldos por debajo del convenio sectorial, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector, que le acusa de practicar dumping social, competencia desleal. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. Power SIC pertenece al grupo Ralons.

El caso es que por esa cesión de contratos privados, Sinergias debería haber pagado a Seguridad Integral Canaria 37,44 millones de euros. Pero el informe concursal asegura que hasta el momento no ha abonado ni un euro. Debería haber empezado el pasado mes de febrero, a razón de 624.000 euros por 60 cuotas.

Los nuevos gestores fían al pago de esa cantidad buena parte de la viabilidad de la empresa. De Armas asegura que si cobra esos 37,44 millones de euros, el pasivo que le adjudica el administrador concursal a la empresa quedará reducido a la mitad. Y cuenta con recuperarlos de dos maneras: bien reclamándolos en los tribunales, con el 15% de recargo por intereses, o bien exigiendo a Sinergias la devolución de la cartera de clientes que le cedió Ramírez, más la correspondiente indemnización.

Para ello, además, De Armas tiene previsto reclamar en el juzgado el levantamiento del velo societario, lo que permitiría revelar si Miguel Ángel Ramírez está realmente detrás de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y obligarle a él o a quienes resultaran ser sus propietarios a hacer frente a la deuda. Aunque la situación financiera de Sinergias de Vigilancia tampoco es boyante. Ha perdido un puñado de contratos por no respetar el convenio del sector y son intermitentes las protestas de sus trabajadores por el retraso habitual en el pago de las nóminas. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la empresa pero al otro lado del número 902 que ofrece en su página web no ha contestado nadie durante días.

También la otra empresa low cost, Marsegur, debe dinero a Seguridad Integral, aunque mucho menos a tenor de las cuentas del administrador concursal: 35.691 euros.

El declive de los negocios de Ramírez

En cualquier caso, las perspectivas de futuro de Seguridad Integral Canaria son complicadas. Le quedan unos 400 trabajadores y sólo mantiene negocio en Canarias. Sigue vigilando los centros de salud de la Consejería de Sanidad, los partidos del CD Tenerife o los conciertos del Festival Womad. También conserva servicios de transporte de fondos en blindados, de los que posee nueve.

Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional,el Ministerio de Defensa llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas. En los procedimientos por delitos fiscales y contra la Seguridad Social que aún tiene abiertos la empresa, figuran como imputados tanto Miguel Ángel Ramírez como Héctor de Armas.

Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.

Es la tercera vez que la multinacional estadounidense Alcoa amenaza con despidos y el cierre. Ya lo hizo en 2014, cuando presentó un despido colectivo para 800 trabajadores en las factorías que ahora quiere liquidar, A Coruña y Avilés (Asturias), tras conseguir 40 millones euros menos de los esperados en la subasta de interrumpibilidad que cada año organiza el Ministerio de Industria. Tras una segunda puja en la que se repartieron 200 millones de euros adicionales, Alcoa retiró el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La subasta es un mecanismo que permite a Red Eléctrica Española pedir a las grandes industrias que consuman menos luz en momentos de aumento de la demanda, a cambio de una compensación económica. Un sistema que comparten otros países europeos y que la multinacional no considera una subvención encubierta.

En 2016, la compañía de Pittsburgh anunció la venta de esas mismas dos factorías. En esta ocasión, justo antes de celebrarse la subasta. Ese año consiguió otros 100 millones de euros. Desde 2013, Alcoa suma 822 millones de euros públicos como compensación eléctrica: 190 millones el año que más recibió, 2013, y 90 millones el que menos, el ejercicio en curso. Aun así, uno de los motivos que la multinacional aduce para cerrar en Áviles y A Coruña es el elevado coste de la energía, además de problemas productivos y tecnológicos, el precio de las materias primas y la competencia china. Según ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Alcoa se ha beneficiado sistemáticamente de un 30% de la potencia eléctrica interrumpible subastada en España durante la última década.

El movimiento de Alcoa recuerda al de otra multinacional, la danesa Vestas, que hace sólo unas semanas echaba el cierre a su factoría de Villadangos del Páramo (León), tras despedir a 360 trabajadores. Instalada en la comarca leonesa en 2005, la compañía alega que uno de los tres modelos de aerogeneradores que fabricaba en León está obsoleto y que otro casi ya no tiene demanda en Europa. Pero en sus 13 años en Villadangos Vestas recibió 13,5 millones de euros en ayudas comunitarias gestionadas a través de la Administración castellanoleonesa y el Gobierno central. Entre ellas, 12,2 millones en incentivos regionales por una inversión prometida de casi 50 millones de euros que finalmente se redujeron a 33,2 millones en 2013. Y 1,25 millones más para proyectos de I+D. El fabricante danés hizo su anuncio de cierre en julio, sólo un mes después de que expirase el plazo para no tener que devolver el importe íntegro de las ayudas. En esa fecha también puso el candado en otra de sus plantas, la de Vilafranca del Penedés (Barcelona) y despidió a sus 44 trabajadores.

El caso es que el Gobierno se ha apresurado a prometer “medidas de política industrial” para reactivar la comarca leonesa –donde Vestas era la única industria y donde peligran unos 2.000 empleos indirectos tras su marcha– “en pro de un desarrollo económico sostenible”. Es decir, más incentivos públicos. El Ejecutivo asegura que ya está negociando con un inversor interesado.

De la robótica al automóvil

Multinacionales atraídas por generosas subvenciones públicas que abandonan el país más tarde o más temprano sin mirar atrás es una historia harto conocida. Y que no deja de repetirse. El pasado mes de mayo Loxin, una empresa dedicada a la robótica para el sector aeronáutico, anunciaba el despido de 40 de sus 64 trabajadores en Esquíroz (Navarra). Loxin es una firma local, pero fue adquirida en 2011 por una compañía catalana, Aritex, propiedad del grupo chino Avic International desde 2016. Uno de sus principales clientes es Airbus. Alta tecnología, trabajadores con la máxima cualificación. Según el sindicato ELA, Loxin recibió casi cinco millones de euros en subvenciones públicas, una cifra que incluye préstamos avalados por el Gobierno navarro. La plantilla dice que su carga de trabajo se ha desviado a otras plantas de la multinacional y a subcontratas.

El pasado martes, Cemex comunicó a sus trabajadores que clausura dos de las siete fábricas que tiene en España, las de Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares). Unas 240 personas –del millar que componen la plantilla española de la multinacional mexicana– ven amenazados sus puestos de trabajo. Cemex, aterrizada en España en 1992, llegó a tener 3.000 empleados. El derrumbe de la construcción lo superó la cementera con un ERE de extinción en 2012, además de con despidos individuales, la externalización de servicios y otro ERE en 2013 en el que se recortaron los salarios un 25% y se suprimieron buena parte de los beneficios sociales de la plantilla. Todo lo necesario antes de cerrar ninguna planta, subraya el presidente de su comité de empresa, José Lafuente, de CCOO. Ahora, Cemex añade a la mala situación del sector cementero el fin en 2020 de la regulación europea sobre los derechos de emisión de dióxido de carbono como causa del cierre de Gádor y Lloseta. En efecto, precisa, Lafuente, el mercado español se hundió desde un consumo de 57 millones de toneladas de cemento anuales a sólo 12 millones. “Pero la perspectiva de futuro es que se estabilice en 18 millones”, opone. Por lo que cree que existen “alternativas” a la clausura de las dos factorías.

El mercado de CO es otro tema. Las grandes empresas se han beneficiado hasta ahora de los cupos de emisiones gratuitos concedidos por los gobiernos europeos. Al sustituir los combustibles fósiles por otros no contaminantes, las compañías venden sus cupos. Una fuente de ingresos que se acaba dentro de dos años. El precio de la tonelada de CO cayó de 22 euros a cinco euros en 2017, pero este año ha vuelto a encaramarse en los 21.

En 2007 Cemex recibió una subvención de seis millones de euros del Plan del Carbón para levantar una planta cementera en Andorra (Teruel). En 2015 empezó a devolver las ayudas, una vez que el hundimiento del mercado del cemento hizo desistir a la multinacional de ponerla siquiera en funcionamiento. También con dinero público, en este caso de la UE, ha restaurado dos canteras en Tarragona. En 2013 cobró 810.000 euros del Proyecto Life para recuperar el paisaje en un espacio de 20 hectáreas del que extraía arcilla.

Igualmente hace escasos días la automovilística Ford sembraba el miedo en sus plantas europeas al anunciar una “restructuración” de la que apenas ha dado detalles, pero que incluirá “decisiones difíciles y duras”. Los sindicatos ya han traducido la medida como recortes de producción y de empleo. Carlos Faubel, secretario general de la sección sindical de UGT en la factoría de Almussafes, tiene la vista puesta en la huida de General Motors de Europa el año pasado. En abril vendió Opel y Vauxhall a PSA Citroën por 1.997 millones de euros, tras perder 226 millones en 2016. Ahora es Ford la que quiere cambiar su negocio europeo. En Valencia da trabajo a 7.800 personas. Faubel dice que será el primer disgusto desde que en 2012 aumentó la producción en Almussafes y se duplicó la plantilla. Pero en la factoría no sabrán con qué intensidad les afectará hasta que el 15 de noviembre el comité de empresa europea se reúna con la dirección de la multinacional en Colonia (Alemania).

Desde que Ford se instaló en Valencia en 1976, la lluvia de subvenciones públicas percibidas por el gigante de EEUU apabulla. Bruselas aprobó ayudas para la fábrica española por importe de 52 millones de euros en 2008 y 23 millones más en 2010. Cuando un año más tarde el presidente de Ford Europa, Stephen Odell, y el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, publicitaron “la mayor inversión de la historia en la industria de la automoción en España”, de los 812 millones de euros que la multinacional se comprometía a destinar a Almussafes, 89 millones de euros correspondían a ayudas públicas. En 2014 percibió del Gobierno como incentivos regionales 22,45 millones de euros para ampliar la producción. En 2016, el Ejecutivo valenciano le concedió nueve millones de euros para proyectos de I+D+i. Y el pasado mes de septiembre aprobó un millón de euros para un proyecto sobre vehículos eléctricos y otros tres millones para un proyecto de inversiones sostenibles en la fabricación del Ford Kuga.

Cinco multinacionales para una fábrica

Un buen ejemplo de que, además de cara, la política de apoyo a las multinacionales es fuente inagotable de decepciones se comprueba con la historia de la factoría de generadores eléctricos de Ortuella (Bizkaia). En julio de 2017 General Electric anunció su cierre, tan sólo año y medio después de habérsela comprado a la francesa Alstom. Una plantilla de 147 trabajadores se quedó en la calle. “A los seis meses [de que llegara General Electric] ya empezamos a ver que iban a cerrar”, asegura un antiguo empleado de la fábrica. Los sindicatos denunciaron entonces que la intención de la multinacional estadounidense era deslocalizar la producción en China e India. El extrabajador, que prefiere no hacer público su nombre, explica que ahora su producción la llevan a cabo sus competidores en el mismo Bilbao, a los que General Electric les compra el generador terminado.

Pero los avatares de Ortuella habían comenzado en realidad mucho antes. En 1971 General Electric abrió una fábrica en la margen izquierda del Nervión, la zona industrial de Bilbao. Entonces eran 7.000 trabajadores los que montaban los generadores eléctricos. La empresa suspendió pagos en 1984 y fue adquirida por Conelec, parte del grupo Cenemesa. Arbobyl Limited, una firma británica especializada en rescatar compañías en crisis compró Cenemesa en 1993 por el precio simbólico de una peseta la acción. Entre sus ocho plantas repartidas por España, dos se encontraban en la margen izquierda: una en Galindo y otra en Trápaga. Todas ellas pasaron luego a manos de otra multinacional, la suiza Asea-Brown Boveri (ABB), que fue adquirida por Alstom a partir de 1999. Fue la compañía francesa la que comenzó en 2015 a construir la fábrica de Ortuella, en unos terrenos de 10.000 metros cuadrados que fueron cedidos por la Diputación Foral de Bizkaia, recuerda el extrabajador.

El largo camino recorrido por esta instalación industrial de primera línea fue regado con abundante dinero público. Cenemesa no pudo presentar al Ministerio de Industria un plan de restructuración en 1990, pero tres años antes el Gobierno ya le había aprobado un paquete de ayudas extraordinario para sufragar los costes de un recorte de plantilla de 1.612 trabajadores, gracias a las subvenciones en vigor para la reconversión industrial. Fue entonces cuando ABB compró por 7.000 millones de pesetas –42,1 millones de euros– el grupo Cenemesa. Como resultado de las negociaciones entre ABB y el Gobierno, éste terminó condonándole una deuda por importe de 35.910 millones de pesetas –215,82 millones de euros– que mantenía con la Seguridad Social, las haciendas autonómicas, el Tesoro Público y el Banco de Crédito Industrial. También pagó el Estado las indemnizaciones a 1.666 trabajadores que se jubilaron anticipadamente. Tras denunciar estas ayudas un competidor, la Comisión Europea las consideró en 1993 ilegales pero compatibles con el mercado común porque “no falseaban la competencia”.

Después fue Alstom la que recibió del Gobierno Vasco 645.000 euros del programa Indartu, que destinó en 2016 ocho millones de euros a subvencionar empresas que invirtieran en generar empleo en la Margen Izquierda. La compañía francesa se comprometía a crear 40 puestos de trabajo con una inversión total de 6,45 millones de euros. Pero en ese mismo de enero en que se le concedió la ayuda también vendió la fábrica de Ortuella a General Electric. “Alstom nos trató muy mal”, se queja el veterano trabajador. “Nosotros éramos más baratos que los franceses”, recuerda, “pero cuando vi lo que pagaban en sus fábricas de Polonia…”. Allí estuvo él enseñando a los trabajadores polacos lo que hacían los españoles en Bilbao. “Lo que importa es la tecnología, que es muy fácil de mover”. Después, General Electric “no invirtió ni un euro” en Ortuella, critica, pese a que la operación por la que la multinacional estadounidense compró los negocios de energía y redes de la francesa en 2015 por 9.700 millones de euros fue considerada la “compra industrial más importante de la historia”: necesitó la aprobación de las autoridades de la competencia de una veintena de países, desde la UE y EEUU hasta Japón, India y China.

Seguirán las subvenciones en Ortuella

El extrabajador con quien ha hablado infoLibre no sabe cuánto dinero aportó el Gobierno vasco para que General Electric comprara la factoría de Ortuella. “Durante las negociaciones que precedieron al cierre”, se queja, “le preguntamos al Gobierno vasco por las subvenciones, pero nunca nos dieron una cifra, sólo nos contestaban que ‘estaba todo devuelto”. Pero asegura que tanto la empresa que construyó y era dueña del inmueble, Toro y Betolaza, como la multinacional recibieron dinero por crear la infraestructura. Dice que General Electric pagaba un millón de euros al año por el alquiler de la instalación.

Hace sólo un mes se supo que otra gran empresa, aunque esta vez española, ha adquirido la planta de Ortuella. Ingeteam tiene previsto reanudar la producción en enero de 2019, tras contratar a un número aún por determinar de los trabajadores despedidos por General Electric. No serán muchos: prevé funcionar con sólo 50 empleados, la tercera parte de los que tenía con General Electric. La propia empresa ha hecho público que la inversión ha sido posible gracias al “apoyo” del Ayuntamiento de Ortuella, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), la Diputación de Bizkaia y el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, sin concretar cifras.

“Hemos visto morir Altos Hornos y muchas grandes empresas, La Naval es la última”, lamenta el extrabajador de Ortuella refiriéndose al histórico astillero de Bilbao, que se ha declarado en concurso de acreedores y despedirá a sus 180 trabajadores tras sumar pérdidas de 95 millones de euros en 2015 y 2016. El que fue astillero público hasta 2006 recibió, sólo el año pasado, 5,5 millones de euros en subvenciones.

La cuarta lista de grandes morosos –quienes deben más de un millón de euros al fisco– publicada por Hacienda sigue mostrando una foto fija de la crisis. Las variaciones respecto a los anteriores registros son pequeñas: se mantienen los juguetes rotos del pinchazo inmobiliario –Reyal Urbis, Nozar, Martinsa-Fadesa, Polaris World–, empresas con voluminosos concursos de acreedores – Spanair, Orizonia, Grupo Cantoblanco– y quiebras sonadas –Nueva Rumasa, Isolux, Abengoa–, aderezados con famosos del deporte y el mundo del espectáculo –Mario Conde, Kiko Matamoros, Patricia Conde, Dani Alves–.

Son 4.318 sociedades y personas físicas, 537 menos que las incluidas en la primera lista, publicada en diciembre de 2015 y correspondiente a los deudores a fecha de 31 de julio de 2015. El número de grandes morosos se ha reducido, por tanto, un 11% en dos años. En cambio, el volumen de la deuda ha menguado mucho menos, un 1,9%. En 2016 sumaba 15.600 millones de euros y ahora asciende a 15.300 millones. Es más, este último año el recorte de la mora ha sido sólo de un 0,5% respecto a la lista de 2017, apenas ha bajado 100 millones de euros. Y el descenso en el número de los morosos también se ha resentido. Sólo ha bajado en 87, un 1,8%, casi un tercio de lo que se redujo un año antes, cuando 219 personas jurídicas y físicas salieron de la lista, el 4,6%.

La dificultad en recortar el volumen de deuda tributaria se debe a que la mayor parte de las empresas –que representan el 92% de los morosos de la lista– se encuentran en concurso de acreedores o en liquidación. En otros casos, como el del expresidente de Banesto Mario Conde, la deuda ha ido aumentando año a año: desde los 9,93 millones que se apuntaba en 2015 hasta los 14,96 millones con los que aparece tres años más tarde. Otro tanto ocurre con Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que ya es por segundo ejercicio consecutivo la segunda empresa más endeudada de la lista. Debe 227,72 millones de euros, 38,65 millones más que hace un año. El constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a través de seis sociedades distintas un total de 139,66 millones de euros, nueve millones más que el año pasado. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y dueño del grupo Cantoblanco, consta en la lista con 20,35 millones, tres millones más. La familia Ruiz Mateos suma 28,5 millones de euros por su grupo de empresas quebradas –Clesa, Dhul, Garvey, Nueva Rumasa, Inversiones Ruiz Mateos y José María Ruiz Mateos SA–, 2,6 millones menos que en 2016, pero aún más del doble de los 13 millones con que ingresó e la lista de 2015.

Anca Corporate, la sociedad del hotelero Antonio Catalán –Hoteles AC–, ha aumentado su deuda con Hacienda en casi 30 millones desde 2015, y ahora debe 89,06 millones de euros. Por el contrario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reducido su débito con el fisco en más de 22 millones de euros desde el año pasado, al desaparecer de la lista la deuda de Viajes Marsans. Aun así, sigue teniendo que abonar 24,87 millones por los impuestos impagados de Spanair, Air Comet, Newco Airport Services y Teinver.

Los dueños de la promotora inmobiliaria malagueña Aifos también han engordado sus obligaciones con Hacienda en 31,5 millones de euros desde el año pasado, con una factura que supera los 151 millones de euros. La deuda se la reparten Jesús Ruiz Casado; su mujer, Teresa Maldonado, y dos de sus empresas, Aifos Arquitectura y Promoción Inmobiliaria y Sun Farm.

De récord

Sí que ha recortado sus compromisos con el fisco Agapito García Sánchez, el empresario que desde 2015 figuraba como el particular con mayor deuda fiscal de la lista: la ha rebajado 9,4 millones de euros, desde los 26,8 millones de hace tres años. Mucho menos la ha reducido Francisco Hernando Contreras, conocido como El Pocero, el constructor de las urbanizaciones fantasma de Seseña (Toledo). Debe ahora sólo 96.482 euros menos de los 86,1 millones de euros con que ingresó en la lista de 2015 con su sociedad Obras Nuevas de Edificación. Sin embargo, también figura al frente de otra, Lady Mónica SL, con una deuda de 1,7 millones de euros de los que no ha ingresado ni un céntimo.

Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, un empresario habitual de las revistas del corazón, ha aumentado su débito con el fisco en 7,4 millones de euros desde 2015, de forma que su pasivo asciende a 14,3 millones de euros.

El mayor moroso de la lista sigue siendo, un año más, la promotora Reyal Urbis, protagonista de la segunda mayor liquidación inmobiliaria de la historia de España tras la de Martinsa Fadesa. Adeuda a la Agencia Tributaria 361,5 millones de euros, tras haber pagado 16,67 millones el último ejercicio. Le sigue la ya citada Oceanus Maritime Limited y otra inmobiliaria, Nozar, que ha rebajado sus compromisos con el fisco en 5,5 millones pero aún debe 197,6 millones de euros.

Además, se han incorporado a la relación de grandes morosos, y con un débito abultado, los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos han desbancado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Pero el conjunto de sus empresas también desbancan a Reyal Urbis como los mayores morosos de España, con un pasivo acumulado de 361,98 millones de euros. Si se suman ambas cifras, los Cort deben al fisco un total de 417,89 millones de euros.

Los nuevos y los grandes fiascos de la crisis

Se estrenan en el registro de deudores este año también el cantante Miguel Bosé, con una deuda de 1,86 millones de euros, y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, con sólo 2.103,31 euros por encima del límite de un millón que lo convierte en gran moroso. El exfutbolista del Barça Dani Alves se cayó de la lista el año pasado, pero ha vuelto ahora con un pasivo de 2,6 millones de euros, el doble de lo que debía en 2016. Entre las personas jurídicas han entrado en la relación de los mayores morosos las sociedades Global Leiva y Maemoda, propietarias de la cadena de tiendas Blanco, que quebró en diciembre de 2016. La primera adeuda 1,95 millones de euros, y la segunda, 6,7 millones.

En la lista persisten muchos de los principales fiascos de la crisis como Grupo Pra SA, Banreal Holding, Fincas Corral, Fergo Aisa o Promaga, en el sector del ladrillo, y Viajes Iberia, Viajes Iberojet y Orizonia en el turístico. El aeropuerto sin aviones de Ciudad Real debe al fisco siete millones de deuda y la concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5, rescatada por el Estado el pasado mes de mayo, 38,51 millones de euros.

También aparecen un buen número de empresas de seguridad como Seguridad Integral Canaria, del polémico Miguel Ángel Ramírez, que se mantiene por segundo año, con 3,09 millones de euros. Le acompañan Halcón Seguridad, Esabe, Ombuds –16,21 millones–, Segur Ibérica –21,7 millones– y Magasegur –seis millones–. Unipost, el fallido operador postal, debe 11,76 millones. Los textiles Caramelo, Hakei, Fun & Basics y Victorio & Lucchino repiten en la lista una vez más. Y es larga la nómina de los clubes deportivos con deudas tributarias. Desde el Hércules al Salamanca pasando por el Rácing de Santander y el Recreativo de Huelva, que repiten desde la primera lista. Lo mismo sucede con el exjugador argentino del Zaragoza Gabriel Milito, con un pasivo de 1,8 millones, exactamente la misma cantidad que el año pasado. Y con el expresidente del Valencia CF Vicente Soriano, que no ha pagado ni un solo euro de los 1,14 millones que se le apuntaron ya en la primera lista hace tres años.

Conocidos y morosos

Además, continúa en el grupo de grandes morosos el empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, que suma 3,5 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur–.

Entre los medios de comunicación, continúan el grupo Intereconomía, con un débito de 17,66 millones de euros, 4,4 millones más que hace un año, el grupo Negocios, con 1,35 millones de euros, y Prensa Universal, editor de Diario de Alcalá, con 1,11 millones. También se mantiene desde 2015 el periodista de El País Antonio Navalón, con 2,9 millones de euros, y el articulista de La Razón César Vidal, con 2,1 millones.

Otros rostros conocidos que no terminan de saldar sus deudas con Hacienda son el financiero Jacques Hachuel, con 2,7 millones de euros, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que no ha abonado aún ni un céntimo de los 3,6 millones que se le imputan desde 2015, y el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán, que suman 2,9 millones. El juez Pascual Estevill, condenado por corrupción, ha pagado 1,68 millones desde 2016, pero aún debe 3,74 millones a Hacienda. El hijo de Gunilla von Bismarck, Francisco José Ortiz von Bismarck, cuyo nombre apareció en los Papeles de Panamá, se estrena en la lista, adeudando al fisco 1,25 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a las Fuerzas de Seguridad del Estado que localicen el paradero de Fawaz Abdulaziz Alhokair, presidente del grupo saudí Alhokair, para que declare como investigado –el antiguo imputado– por los delitos de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Alhokair compró la cadena de tiendas Blanco en 2013 y se la vendió tres años más tarde a un fondo dubaití, AC Modus, del que Fawaz Abdulaziz Alhokair es consejero delegado. Sólo tres meses después de la operación, Global Leiva, la sociedad propietaria de Blanco, pidió el concurso de acreedores y, en diciembre, la liquidación. La cadena despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.

Los trabajadores de Blanco presentaron entonces una querella contra la empresa saudí, el fondo dubaitíy los administradores de Global Leiva. El ex consejero delegado de la cadena textil, Gerry Waters, y su director financiero, Nuno Ferreira, acudieron a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el pasado mes de febrero. También fueron llamados a comparecer otros dos administradores de la empresa, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud.

Aunque el presidente del grupo saudí no estaba incluido en la querella, Fernando Andreu, que está en funciones en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, ha accedido a la petición de unos de los acreedores de Global Leiva, la empresa Lopcas Inves, para que declaren Fawaz Abdulaziz Alhokair y Catherine Becket, la auditora de Ernst & Young que dio el visto bueno a las cuentas de Alhokair. Becket no vio ninguna irregularidad en la venta de Blanco al fondo AC Modus, que se publicitó por un precio de 83 millones de euros, cuando según las escrituras de compraventa éste fue sólo de 1.197.963,46 euros, el equivalente de cinco millones de riales saudíes. Esa cantidad, además, debería haberse pagado en cinco plazos, a razón de un millón de riales –239.592,692 euros– al año. Pero el fondo no llegó a abonar ni euro.

Alhokair es una gran compañía saudí propietaria de un centenar de centros comerciales en 14 países repartidos por  Oriente Próximo. Además, gestiona en régimen de franquicia en esa zona, Asia Central y el Cáucaso hasta 88 marcas internacionales, todas las de Inditex pero también Gap, Mango, Desigual, Topshop o Nine West, según consta en su página web. Fawaz Abdulaziz Alhokair creó la empresa en 1990 junto con dos de sus hermanos, es multimillonario y vive en la capital saudí, Riad, según la revista Forbes, que además le señala como propietario de un superático de lujo en Nueva York.

“Venta simulada”

En su declaración ante Ismael Moreno, los administradores Waters y Ferreira se negaron a contestar a las preguntas de los abogados de la plantilla. Pero, interrogados por el fiscal, aseguraron que el único valor de Blanco cuando la adquirió Global Leiva en 2013 era la marca. Ambos directivos sí contestaron a sus abogados, pero sólo para intentar desvincular a Global Leiva de Alhokair. Por el contrario, la plantilla de la cadena argumenta que la empresa saudí fue siempre el administrador de factode facto de Global Leiva, que en realidad no era más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. De hecho, su tesis es que Global Leiva fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.

Según argumentan los trabajadores en la querella, Alhokair mantuvo el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo dubaití fue únicamente una “venta simulada”. Sostienen que el grupo saudí siguió financiando a Blanco y aseguran que el director financiero, Nuno Ferreira, ha actuado siempre como administrador de facto de la empresa y como su portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Gerry Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, además, no sólo eran miembros de la alta dirección de Alhokair, sino que el grupo saudí también les pagaba sus sueldos.

Una historia de 57 años

Blanco solicitó la liquidación tras perder en su último año 72,5 millones de euros, el triple que en 201572,5 millones de euros. En ese momento no tenía locales de su propiedad, todas sus tiendas estaban en régimen de alquiler. Y su principal acreedor era Alhokair.

Mientras la Audiencia Nacional investiga la quiebra de Blanco, el Juzgado de lo Mercantil de Toledo tramita aún el concurso de acreedores de Global Leiva. A sus trabajadores el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) les ha abonado los sueldos impagados y las indemnizaciones por despido.

Pese a la entrada de capital saudí y dubaití desde 2014 y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena, fundada por el empresario cántabro Bernardo Blanco en 1960, no consiguió levantar la cabeza. En sus mejores días llegó a tener 1.200 tiendas repartidas por todo el mundo, pero terminó sufriendo dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores y en el segundo, 189, mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus a la espera de un inversor que nunca apareció.

UGT ha vendido una de sus empresas, Foro de Formación y Ediciones, a Hispakol, una sociedad de participaciones financieras (soparfi) radicada en Luxemburgo, un país polémico por sus ventajas fiscalesun país polémico por sus ventajas fiscales. Su socio único es Diego González Alonso, que aparece en los registros internacionales como dueño de un grupo de empresas repartidas por República Dominicana, Chipre, Letonia, Bulgaria, Brasil y Miami (EEUU). Foro de Formación, cuyo consejo de administración preside Julio Lacuerda, histórico secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato, ha sido adquirida por 17 millones de euros, según las fuentes consultadas por infoLibre.

González Alonso asegura que ya ha firmado el contrato con UGT, pero que ambas partes no formalizarán ante notario la operación hasta el mes de mayo, puesto que aún están pendientes algunos “temas internos y burocráticos, de documentación, en el sindicato”. El financiero, sin experiencia previa en el sector de la formación, asegura que “lidera el proyecto de una universidad de Miami para impartir a nivel mundial formación sobre la tecnología BIM (Building Information Modeling)”, un nuevo sistema integrado de aplicaciones de diseño y modelado para ingeniería y arquitectura. La universidad, que será on line, aún no tiene licencia, admite, pero espera obtenerla antes de que acabe este año. “Será la primera universidad BIM del mundo”, presume.

En aplicación de una directiva europea, el Ministerio de Fomento va a obligar a las empresas a presentar todos los proyectos con esta tecnología a partir del 17 de diciembre de 2018 en los concursos públicos de edificación, y a partir del 26 de julio de 2019 en los de infraestructuras. “Se calcula una demanda de 100.000 empleos en los próximos cinco años relacionados con el BIM”, avanza Diego González. Su idea es que la universidad lidere la formación universitaria en esta tecnología, mientras que Foro de Formación y Ediciones, “a través de foros, imparta los cursos menores en España”.

A preguntas de este periódico, ni UGT ni la Federación de Servicios Públicos del sindicato han querido hacer comentarios sobre la operación. Foro de Formación y Ediciones posee cuatro filiales, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Canarias. Imparte cursos de formación para el empleo de todo tipo, desde certificados de profesionalidad hasta cursos de posgrado en colaboración con el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad de Complutense. 

Una estructura en Luxemburgo

El nombre de González Alonso apareció en una advertencia difundida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en junio de 2015: una agencia de intermediación financiera denominada New York Securities Bank Funds Management (NYSB), en la que él figura como administrador único, carecía de autorización para prestar servicios de inversión; es decir, se trataba de lo que se conoce como chiringuito financiero.

Hispakol fue constituida en Luxemburgo el 20 de noviembre de 2013, con un capital de 31.000 euros. Su socio principal era Soliberiam Prestige SA, una empresa panameña a la que representaba el abogado marbellí Pablo Julián Ruiz de Peralta Casallo, también director general de Hispakol. El consejo de administración lo completaban el empresario español Claudio Rivas Ruiz Capillas y el abogado de Costa de Marfil Hassane Diabate. La sociedad panameña fue creada el 21 de octubre de ese mismo mes; es decir, sólo un mes antes de constituirse la luxemburguesa. Ruiz de Peralta tiene despacho en Marbella y fundó, junto con la suiza Verena Soom, Euro Family Office, una sociedad especializada en gestionar grandes fortunasgestionar grandes fortunas. En la página web de la firma, Ruiz de Peralta dice que ha trabajado en bancos privados de Suiza y Luxembugo. También ha recibido la medalla de oro de la Fundación Mérito Europeo, que se concede a quienes se distinguen en la defensa de los ideales de la UE. El abogado ha sido asesor jurídico del Parlamento Europeo, así como colaborador del expresidente Adolfo Suárez y del exministro franquista y fundador de Alianza Popular Alfonso Osorio.

Diego González Alonso explica a infoLibre que compró la “estructura” de Hispakol en 2014 y que él es ahora "su socio único". “Eliminamos la figura de Panamá porque no tenía sentido para nosotros, soy el único propietario de la sociedad”, señala. También rechaza que su grupo se asiente en sociedades radicadas en países de baja fiscalidaden países de baja fiscalidad como los antes citados. “Son empresas europeas sobre suelo europeo, es algo circunstancial”, asegura. “No tenía razón de ser crear la sociedad en España porque no era un proyecto español, sino internacional, tengo más firmas fuera de España que aquí, no hay nada oculto”, recalca. González Alonso dice que sus sociedades se dedican a sectores diversos, desde los seguros –en Chipre y Bulgaria– hasta la minería y la tecnología, así como a “activos y proyectos empresariales”, en general. “Ahora también a la formación”, apunta.

Empresas en apuros, un banco en el extranjero

Además, ha comprado empresas en España como Aerlyper –mantenimiento y reparación de avionetas– y Ambartel –servicios técnicos de ingeniería–. La primera, que adquirió en 2016, cuando ya estaba en concurso de acreedores, se encuentra en liquidación y buena parte de sus trabajadores aún pleitean en los tribunales por sus finiquitos e indemnizaciones. González Alonso dejó un buen número de nóminas sin pagar, según han contado a infoLibre los empleados afectados. “Por discrepancias con nuestros socios no fuimos capaces de salvar la empresa”, argumenta él. De la segunda, comprada el año pasado, dice que fue “un proyecto fallido”. Baninver Financiaciones del Siglo XXI, adquirida también en 2017, es “propietaria de una compañía minera en España”, asegura.

De New York Securities Bank Funds Management o NYSB, que fue considerada “chiringuito financiero” por la CNMV, Diego González indica que, efectivamente, carecía de autorización para operar en España pero sí tenía licencia bancaria “en una jurisdicción extranjera” que no quiere revelar. “El banco ya está cerrado”, zanja, “no es relevante dónde estaba radicado”. También afirma que la advertencia de la CNMV no se tradujo ni en un expediente ni en una sanción. La antigua dirección de internet de NYSB Funds Management (http://www.nysb.biz/) avisa de que New York Securities Bank, NYSB Incorporated “ya no tiene actividad bancaria”. Pero en el registro mercantil español figura NYSB Consulting International SL como sucesora de NYSB Funds Management y con domicilio social en Santa Cruz de Tenerife. Con esa misma marca, NYSB, Diego González Alonso y su socia, Jocelyn Patricia Smythe Cortés, tienen o han tenido empresas en República Dominicana –seguros y reaseguros–, Miami y Hertfordshire (Reino Unido). Esta última figura como disuelta desde noviembre de 2013. Además, en Brasil ha abierto una filial de Hispakol, dedicada a la consultoría empresarial, y otra firma de seguros, Olympic Brasil Seguros.

El comprador de la empresa de UGT avanza que ha firmado “un pacto” con la Federación de Servicios Públicos, a la que está adscrita Foro de Formación y Ediciones, para “mantener e incluso aumentar la plantilla” actual. “Es un proyecto de crecimiento, no vamos a cerrar nada ni a cambiar a priori nada de lo existente”, responde Diego González, quien ha empezado ya a trabajar con el equipo directivo de la empresa, según destaca, “para “aplicar las ideas y las relaciones” que trae de Miami sobre el BIM.

La empresa de seguridad low cost Novo Segur, antes conocida como Marsegur, ha comunicado este jueves a los representantes de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores. Así consta en el acta de la reunión que han mantenido ambas partes y a la que ha tenido acceso infoLibre. El director general de la empresa, Antonio Redondo, ha confirmado también a este periódico la decisión, que justifica en las “circunstancias del mercado”.

Redondo, sin embargo, no ha querido precisar en qué juzgado de lo Mercantil ha presentado la solicitud. La empresa tiene su domicilio social en Las Palmas. Marsegur cambió su denominación mercantil a Novo Segur el pasado mes de septiembre, justo cuando Defensa decidió abrir los trámites para rescindirle el macrocontrato que le había adjudicado sólo cinco meses antes por las irregularidades que acumulaba en la prestación del servicio. Es el mayor contrato conseguido por la low cost, 16 millones de euros a cambio de vigilar las instalaciones del ministerio en toda España durante un año prorrogable a dos. Finalmente, Novo Segur abandonará el servicio del próximo 30 de abril y no se le prorrogará el contrato.

Novo Segur sigue así los pasos de otra empresa polémica, Seguridad Integral Canaria, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado de enero. Tanto la primera como Sinergias de Vigilancia y Seguridad llevan años situadas en el punto de mira de los sindicatos del sector porque sus convenios colectivos, anulados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, establecen salarios hasta un 40% por debajo de los incluidos en el convenio sectorial. Gracias a esas rebajas –sueldos de 700 euros, pluses de nocturnidad de 10 céntimos la hora– han conseguido numerosas adjudicaciones públicas desde que los recortes del gasto impusieron el precio como criterio prioritario en los concursos.

Además, los vigilantes de esta empresa sufren continuos retrasos e impagos de las nóminas, lo que les ha llevado a la huelga. Es lo que les ocurre a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, algunos de los cuales llevan hasta cinco meses sin cobrar, tanto en el archipiélago como en el Metro de Madrid, uno de sus principales contratos.

De hecho, la reunión de este jueves entre la dirección de Novo Segur y los representantes del comité tenía, en principio, como primer punto de orden del día discutir el retraso en el abono de las nóminas. El segundo era la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el convenio de la empresa el pasado mes de diciembre. En su lugar, el director de Novo Segur les comunicó que “no había orden del día” y que el único punto que se iba a tratar era la solicitud del concurso de acreedores. Al cierre de esta edición, los representantes sindicales –CCOO, USO y Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS)– se encontraban a la espera de que la empresa les entregara la documentación que acredite la solicitud ante el juez.

El fiscal quiere aclarar la relación con Ramírez

Novo Segur, Seguridad Integral Canaria y Sinergias de Vigilancia y Seguridad están vinculadas a un mismo empresario, Miguel Ángel Ramírez, también dueño de la Unión Deportiva Las Palmas y del Grupo Ralons, que fue condenado por el Tribunal Supremo y posteriormente indultado por el Gobierno. Su nombre apareció entre los donantes del PP en la contabilidad de 2011. Las tres firmas pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, incluida en Ralons. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur-Novo Segur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur-Novo Segur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

El pasado día 16, la Fiscalía Provincial de Las Palmas abrió diligencias contra Seguridad Integral Canaria por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, denunciado por CCOO, Intersindical Canaria y Alternativa Sindical Canaria. El ministerio público ha exigido a la Inspección de Trabajo las actas de infracción y liquidación de cuotas abiertas durante los últimos siete años a Seguridad Integral Canaria y a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. También ha requerido al Registro de Marcas y Patentes para que acredite a quién corresponde la propiedad de ambas empresas, según publica el digital canario Espiral21.

Millones en contratos públicos

En 2016, Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según revela la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. En 2017, y sólo desde el mes de agosto, Sinergias consiguió ocho contratos del Ministerio de Empleo y Marsegur otros cuatro: la vigilancia de las sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Cuenca, Ciudad Real y en Tenerife, así como la del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en León. También el CSIC, el Imserso, la Inspección General de Sanidad de la Defensa y la Gerencia de Sanidad de Fuerteventura le han concedido adjudicaciones.

Sinergias de Vigilancia y Seguridad se ha quedado con todos los contratos que Seguridad Integral Canaria mantenía con empresas privadas. La empresa, antes de solicitar el concurso, anunció que abandonaba el área de vigilancia para centrarse únicamente en el transporte blindado. Lo que no significa que la situación económica de Sinergias sea boyante: sus trabajadores también sufren retrasos e impagos de nóminas, tanto en Canarias como en los servicios que prestan en la Península.

El ex consejero delegado de la cadena textil Blanco, Gerry Waters, y su director financiero, Nuno Ferreira, declararon este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tras haber sido demandados por la plantilla de la empresa por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Blanco pidió el concurso de acreedores en noviembre de 2016 y la liquidación un mes más tarde. Despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.

La querella se presentó contra la empresa saudí Alhokair, el fondo dubaití AC Modus y los administradores de Global Leiva, la empresa propietaria de la cadena de moda. También han sido llamados a declarar en la Audiencia Nacional Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, administradores de Global Leiva. administradores de Global LeivaLa querella fue interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón (Madrid), donde tiene su domicilio esta sociedad, pero la Audiencia Nacional se hizo cargo del caso el pasado agosto tras declararse competente por el volumen del supuesto perjuicio económico causado.

Waters y Ferreira se negaron a contestar a las preguntas de los abogados de la plantilla. Pero, interrogados por el fiscal, aseguraron que el único valor de Blanco cuando la adquirió Global Leiva en 2013 era la marca. Esta fue la sociedad que utilizó el gigante saudí Alhokair para hacerse con la cadena de tiendas.

Ambos directivos sí contestaron a sus abogados, pero sólo para intentar desvincular a Global Leiva de Alhokair, explica a infoLibre el letrado de los trabajadores de Blanco, Alfredo Camacho. Por el contrario, la plantilla de la cadena argumenta que la empresa saudí ha sido siempre el administrador de facto de Global Leiva, que en realidad no era más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. De hecho, su tesis es que Global Leiva fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.

Según explican, Alhokair ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. De hecho, uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.

Los saudíes respondían, financiaban y pagaban nóminas

“Ha sido Alhokair quien ha estado detrás de Blanco todo el tiempo”, subraya Alfredo Camacho, “por eso el juzgado de lo Mercantil autorizó la venta en 2013 a Global Leiva, constituida con sólo 3.000 euros de capital unos meses antes de la operación, y lo señalan los propios gestores de la empresa en sus cuentas anuales cuando los auditores advierten de que está en causa de disolución y dejan claro que Alhokair responderá ante los proveedores”.

Además, los trabajadores sostienen en su querella que el grupo saudí siguió financiando a Blanco tras vendérsela al fondo dubaití AC Modus en noviembre de 2016 y sus directivos continuaron gestionándola. Es lo que intentarán demostrar en la Audiencia Nacional los abogados de la plantilla con la práctica de una batería de diligencias, el aporte de documentación y el testimonio de los trabajadores de la empresa: ellos seguían reportando a Alhokair, que nunca abandonó el control de Blanco. También aseguran que el director financiero, Nuno Ferreira, ha actuado siempre de administrador de facto de la empresa y como su portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Gerry Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, además, no sólo eran miembros de la alta dirección de Alhokair, sino que el grupo saudí era también el que pagaba sus sueldos.

Los directivos tampoco asumieron ante el juez ninguna responsabilidad por la mala situación de la empresa, de la que culparon a la crisis económica. La plantilla, en cambio, denuncia en su querella “la falta de diligencia en la llevanza del negocio” de los gestores de Blanco, a su juicio “difícilmente explicable desde un punto de vista de razonabilidad empresarial”. Y llega a tachar de “actitud depredadora” la del grupo saudí con Global Leiva: “Su objetivo nunca fue conseguir el reflotamiento de la empresa, sino obtener la titularidad de la marca”. 

El concurso sigue su trámite en Toledo

Mientras la Audiencia Nacional investiga la quiebra de Blanco, la Audiencia Provincial de Toledo debe decidir si el Juzgado de lo Mercantil de Toledo donde Global Leiva solicitó el concurso de acreedores es competente para hacerse cargo del asunto. Los trabajadores entienden que no. La sociedad acudió al juzgado toledano pese a que su sede social se encuentra en la localidad madrileña de Alcorcón. Adujo que posee una nave tiene un “centro de interés” en Seseña (Toledo), una nave donde sólo trabajaban cuatro personas. Pese a que el artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”, el juzgado de Toledo se declaró competente para gestionar el concurso de Blanco.

Además, la plantilla de Blanco ha recurrido el nombramiento del administrador concursal. Antonio Muñoz Perea también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, coincidió con él como administrador –en representación de Caixabank– Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva. Los trabajadores desconfían de la gestión que Muñoz Perea ha llevado a cabo. El juzgado aún debe dictaminar si el concurso de Blanco fue culpable.

Los 818 trabajadores de la cadena de ropa fueron despedidos en enero de 2017. Sus indemnizaciones de despido las ha abonado el Fondo de Garantía Salarial.

Pese a la entrada de capital saudí y dubaití desde 2014 y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena, fundada por el empresario cántabro Bernardo Blanco en 1960, no consiguió levantar la cabeza. En sus mejores días llegó a tener 1.200 tiendas repartidas por todo el mundo, pero terminó sufriendo dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus a la espera de un inversor que nunca apareció.