El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha ordenado a la Universidad Complutense que informe sobre la contratación de la que fue coordinadora del máster que dirigió la pareja del presidente del Gobierno, detallando cuál fue el proceso de selección, sus funciones y su retribución. En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado solicita información a la institución académica sobre Blanca de Juan de Castro, quien ya declaró como testigo ante el juez el pasado 26 de febrero en relación con esta cátedra.

En concreto ordena que "a la mayor brevedad posible, y siempre dentro del plazo de diez días", la universidad informe al juzgado sobre quién contrató a Blanca de Juan de Castro, dónde tenía físicamente su puesto de trabajo, cuál fue el proceso de selección para su contratación, cuáles eran las funciones que tenía encomendadas y qué retribución tenía y con cargo a qué partida presupuestaria.

Esta trabajadora dijo durante su declaración ante el juez, según informaron fuentes presentes en su declaración, que fue coordinadora de másteres de la Complutense y que fue Begoña Gómez quien la propuso coordinar la cátedra de Transformación Social Competitiva. Reconoció que alguna vez puso en copia en sus correos a la asesora de Begoña Gómez -Cristina Álvarez, investigada en la causa-, porque implicaban temas de agenda de la mujer del presidente del Gobierno, según las fuentes.

El juez llegó a advertirla de que incurriría en un delito de falso testimonio si faltaba a la verdad y le pidió más concreción, a lo que ella contestó que a la citada asesora sólo le preocupaban los asuntos relacionados con la agenda de Begoña Gómez, para coordinar su seguridad. Negó además, en la sede judicial, haber recaudado fondos para la cátedra o haberse reunido con el empresario Juan Carlos Barrabés, otro de los investigados en este procedimiento.

Esta trabajadora también compareció en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la cátedra y el máster de Begoña Gómez, en la que no contestó a las preguntas concretas sobre el software que se investiga porque -dijo- se trata de una cuestión judicializada. Allí dijo que como coordinadora "jamás" se sintió presionada para agilizar los procesos administrativos para formalizar los presupuestos del máster.

El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por cuatro supuestos delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional- en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y la asesora de Gómez, Cristina Álvarez. Además mantiene abierta una pieza separada en la que investiga un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.

La próxima semana, el día 14 de mayo, Peinado tiene previsto tomar declaración al responsable de personal de Moncloa cuando se nombró a Cristina Álvarez, así como a responsables de diferentes empresas que financiaron el software que se creó en el seno del máster que codirigió la mujer del presidente del Gobierno.

Las estadísticas, por primera vez, reflejan un vuelco. Una victoria de la universidad privada frente a la pública. Llevaba años gestándose, pero el curso 2023-2024 ocurrió: la primera ya tiene más estudiantes de máster que la segunda. En concreto, 1.657, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando. Los tentáculos de los centros en manos privadas son cada vez más. En número y en tamaño. Y no es porque no haya legislación al respecto, sino porque su laxitud es tal que, aunque sea con un proyecto suspenso, consiguen salir adelante. ¿Cómo? Fundamentalmente con dos herramientas: dinero y un gobierno autonómico dispuesto.

Empecemos por los números. Por explicar su poder. El dato del alumnado matriculado en máster es el que refleja mejor la situación, pero no es el único. El último documento de Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2024-2025 [disponible en este enlace] dibuja una situación que alcanza también a los grados. El curso pasado las universidades privadas tenían 300.994 matriculados, pero es que hace una década eran 166.068. Un 81% menos. En términos relativos, en ese periodo los estudiantes de los centros privados han pasado de suponer el 11,5% del total de universitarios al 21,8%. ¿Por qué, qué ha pasado entre ambas fechas? Pues que las opciones para quienes prefieren este tipo de enseñanza superior se han multiplicado.

Actualmente hay 50 universidades públicas (47 de las cuales son presenciales) y 41 universidades privadas (35 presenciales y seis con enseñanzas online). El primer número siempre es el mismo. Desde 1998 no ha cambiado. El segundo, en cambio, sí. Sólo en el último cuarto de siglo se abrieron 25, es decir, a un ritmo de una al año. Y quedan otras tantas: Madrid ya planea la apertura —virtual— de la Universidad Abierta de Europa, el que será su décimocuarto centro privado; Extremadura tiene en proyecto otros cuatro; Baleares, la primera de las islas, igual que Asturias; y Andalucía, una cuarta. Y la lista podrá seguir creciendo.

Y ahí está el quid de la cuestión, en estos últimos 25 años. Lo explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de Fundación Alternativas. "Hablar de 'universidad privada' en su conjunto es arriesgado, porque no tiene nada que ver la que se abrió en el siglo XX que la que se ha abierto en este siglo XXI", señala. Distingue así las que podrían considerarse universidades privadas clásicas, que son básicamente la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra, de las que han aflorado en estas últimas dos décadas. Y que en su mayoría, por otro lado, sí tienen afán de lucro. No es lo mismo, ahonda, un centro controlado por la Iglesia —que hay más además de esas citadas— o por una fundación, que otra que tiene el frente un fondo de inversión.

Las primeras de hecho ya lo notan. Según la última memoria de la Conferencia Episcopal, el 58% de los universitarios y universitarias que estudian en universidades privadas presenciales lo hace en centros controlados por la Iglesia, un porcentaje que hace una década era del 65%. Es decir, siete puntos menos de influencia en diez años, el mismo tiempo en el que el número de estudiantes ha crecido más de un 80%. ¿A dónde han ido todos? Pues a esos nuevos centros a los que se refiere Parellada.

Junto a las empresas de negocios, los llamados fondos de capital riesgo son los que están haciendo florecer de manera tan rápida todas estas universidades. Es lo que comprueba Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente, con sus datos, que dejan una conclusión muy clara: son estos últimos los principales responsables de todos los números que las estadísticas nos han empezado ya a mostrar. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%, calcula el experto.

Pero no son estas empresas en ningún caso quienes, directamente, abren estas nuevas universidades privadas. "Ningún fondo puede directamente pedir y conseguir una autorización para una universidad nueva en ninguna comunidad autónoma. No pueden porque los requisitos que se solicitan solo los tienen instituciones educativas que ya están en funcionamiento durante muchos años", explica el inversor. De este modo, su presencia se explica de dos maneras: o bien porque quien promueve la creación del centro tiene un fondo en su accionariado o bien porque el fondo, al ver que el sector es rentable, compra la universidad después.

Ejemplos de esto último hay de sobra. CVC es dueño de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) de Madrid desde 2019, cuando la compró por 1.100 millones de euros. Tan sólo unos meses antes, Permira compró la Universidad Europea, que cuenta actualmente con centros en Madrid, Valencia, Tenerife y Málaga. Duró hasta el pasado mes de abril, cuando EQT, dueño en España de Idealista, se convirtió en el principal accionista del centro por 2.200 millones. Y KKR, estadounidense, será quien esté detrás a través de Medac de la futura Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera online de Andalucía.

Estará en Málaga. Y es seguro, porque la Junta de Andalucía ya le ha dado luz verde. No ha importado que tenga un informe técnico contrario a su creación porque, además, esto es algo que pasa habitualmente.

La creación de una universidad nueva no es un proceso inmediato. Y, a priori, tampoco fácil, pero esto último depende de muchas más cosas. Se observa en algunas de las memorias que recogen cómo ha sido el nacimiento de algunas de las nuevas universidades privadas que se han instalado en Madrid y que ha analizado infoLibre. Por ejemplo, la de la Universidad Internacional Villanueva, que registró su solicitud en abril de 2016 y no fue aprobada hasta marzo de 2019, tres años después. O la de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), cuyo proceso comenzó en diciembre de 2017 y finalizó en febrero de 2022.

Tanto una como otra solicitaron, y así lo recogen sus Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), los informes que deben pedir antes de constituirse. Fundamentalmente son cuatro: uno a la Secretaría General Técnica, otro a la Fundación de Conocimiento Madri+d, otro a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y otro a la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente directamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Todos estos documentos pueden ser favorables o desfavorables. Por ejemplo, el del departamento de Diana Morant relativo a la Universidad de Villanueva fue "desfavorable" porque el proyecto presentaba "dudas sobre porcentaje de doctores acreditados", "posible falta de espacios docentes para el número de alumnos" y "falta de garantías que aseguren la financiación económica". Aun así, el proyecto puede seguir adelante. De hecho, y según una respuesta escrita del Gobierno a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres lo hicieron así: UDIT, UTAMED y la Universidad Tecnológica de Canarias.

Juan Cayón es rector de UDIT y confirma que en su caso ocurrió así porque la Asamblea de Madrid le dio el beneplácito. Aunque explica, en todo caso, que resolvieron los problemas que se achacó a su proyecto. "Corregimos todas las deficiencias, lo que pasa es que no hubo un segundo informe positivo, directamente en ese punto obtienes el aval del parlamento", cuenta, desde el otro lado del teléfono.

Aquí entra el factor que, junto al dinero, Rafael Ramiro considera fundamental para abrir una universidad privada: la ayuda de los gobiernos autonómicos. Pone dos ejemplos: Madrid y Extremadura. La primera, siempre en manos del PP, es la que, con diferencia, más universidades privadas tiene y proyecta; la segunda, la que más tiene proyectadas. Pasará de no tener ninguna a tener cuatro. Y el gobierno —y poder parlamentario— en manos de la derecha lo explican.

En este sentido, la directora general de Universidad, Esther Muñoz, señaló que su Ejecutivo no quiere que "el mapa de las universidades privadas" sea como el del ferrocarril, que "hace una S" al llegar a su región. A su juicio, los cuatro centros planificados complementan la oferta pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva a cabo por su parte una campaña evidente contra la universidad pública, cuya financiación ha caído en picado. Sigue siendo inferior, de hecho, a la que recibía antes de la crisis.

"Hay una clara visión política e ideológica en la proliferación de las universidades privadas", considera Parellada. Si no, aunque los informes que realiza el Ministerio de Universidades fueran no vinculantes, la comunidad en cuestión respetaría su criterio. "Está claro que el sistema no funciona. Habría que establecer otros mecanismos que garanticen una mínima calidad. En eso el consenso de la comunidad académica es absoluto", considera.

El Gobierno ha tomado nota de ello. Tanto es así, que el pasado mes de abril el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades constituyó un grupo de trabajo para consensuar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios. Es decir, para modificar el Real Decreto 640/2021, un proceso que según confirman desde el departamento de Morant todavía sigue en marcha. Y en el que la Conferencia de Rectores, presente, pide no olvidar "cuestiones como la inversión en investigación y transferencia de conocimiento en la creación de una universidad, ni tampoco un plan de viabilidad económica".

El Real Decreto contempla, por ejemplo, la necesidad de diez títulos de grado (de distintas ramas), seis de máster y dos programas de doctorado, dedicar al menos un 5% a investigación o un docente por cada 25 estudiantes, como mínimo. Juan Cayón cree que así es suficiente. Para él, el debate público ha olvidado que la creación de una universidad privada es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución. Y suficientemente regulado, además. "Siempre se comprueba que existe lo que un proyecto dice que va a hacer, si no, te quitan la acreditación para dar formación", asegura.

Por eso él tiene clara su postura. "No importa en manos de quién esté una universidad, lo realmente relevante es si esta tiene o no calidad", señala. ¿Y cómo se mide? Pues para él, no debería ser únicamente una cuestión de labor de investigación —requisito que, señala, cumple sobre todo la pública—, sino también de empleabilidad. "¿Dónde están los estudiantes egresados años después? Eso también es un indicador importante", sentencia.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha anunciado este lunes la cancelación del segundo máster que codirigía Begoña Gómez en esa institución académica, por falta de alumnos suficientes, según informa EFE.

"El comité de dirección de la escuela de gobierno de la UCM ha aprobado esta mañana la cancelación de ocho títulos por falta de estudiantes matriculados", entre ellos los dos de captación de fondos ('fundraising') en sus modalidades en línea y semipresencial, han asegurado fuentes universitarias.

Se trata de la decimosegunda edición del máster en Dirección de captación de fondos ('fundraising') de la Universidad Complutense en colaboración con la Asociación Española de Fundraising (AEFr), que desde hace una década codirige Begoña Gómez.

A través de su cuenta de LinkedIn, Gómez ha confirmado que este lunes ha recibido la noticia de que la universidad ha cancelado el máster "de forma sorpresiva y unilateral" y ha lamentado que esta decisión no permita continuar con "una nueva edición de este programa" que debía empezar a final de octubre.

Gómez continúa explicando que la cancelación de un máster veinte días antes de que finalice la fecha de inscripción es "completamente anómala en los procedimientos habituales y va en contra del interés fundamental de una institución educativa, que es formar alumnos en diferentes disciplinas".

Sobre las razones de la cancelación, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la Universidad Complutense alude al bajo número de preinscritos y dice que "la realidad es que llevamos más de 50" en las modalidades presencial y 'online' del máster.

En principio las inscripciones estaban abiertas hasta el 15 de octubre y fuentes de la Complutense aseguran que hasta el momento de la cancelación había 12 alumnos preinscritos entre las dos opciones de seguir el programa y únicamente cuatro matriculados, dos en presencial y otros dos en la modalidad telemática.

En su publicación en la red social, Begoña Gómez termina pidiendo disculpas "a los más de 50 estudiantes afectados por esta cancelación que no atiende a razones educativas ni de viabilidad económica" y asegura que el equipo que ha hecho posible "doce años de formación en UCM para el tercer sector y el 'fundraising' va a seguir trabajando por mantener este vehículo de formación en otro espacio educativo".

El máster fue presentado el pasado 1 de octubre en un evento en Caixaforum, que reunió a expertos, líderes de opinión y representantes de ONG para analizar el papel de la Generación Z en el futuro del tercer sector y su capacidad para impulsar el cambio social.

El máster de formación permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro de la Universidad Complutense de Madrid lleva más de una década de trayectoria y está destinado a capacitar a profesionales en estrategias innovadoras de captación de fondos.

Todas, al unísono, se han levantado. Las universidades públicas de Andalucía han mostrado su "firme rechazo" a la "estrategia de privatización" del sistema que ha puesto en marcha, acusan directamente, la Junta de Juanma Moreno. Ha sido tras caer la gota que ha colmado el vaso. La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada en la Universidad Pontificia Comillas, con sede en Madrid, ha aterrizado en el campus de Bormujos de Sevilla. Además, de forma "exprés", sin autorización del Consejo de Gobierno, lo que preocupa todavía más. "Sienta un preocupante precedente", lamentan los rectores. Pero no es un caso aislado. El sector privado lleva años ganando presencia en la universidad. En toda España, además. Los datos así lo muestran y los expertos así lo corroboran. "La universidad es ya un auténtico negocio en nuestro país", denuncia Enrique Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León.

Se comprueba se mire donde se mire. Empecemos por las estadísticas oficiales. Porque el número de centros privados y públicos está a punto ya de equipararse. Desde el año 1998 no se ha creado ni una sola universidad pública, pero en el último cuarto de siglo se han creado 25 privadas, es decir, a un ritmo de una al año. Dicho de otro modo: ahora mismo hay 50 públicas y 39 en manos privadas.

Vayamos ahora a las titulaciones. El número de grados ha crecido en todas las universidades, aunque de forma muchísimo más acuciada en la privada, donde desde el curso 2015-2016 lo han hecho un 49,7% (pasando de haber 665 a 996). En la pública, en paralelo, lo han hecho un 13% (de 2.062 a 2.326). La consecuencia, claro, se observa en la cantidad de alumnado. Mientras que en las primeras ha crecido un 68%, en las segundas ha disminuido un 5,7%.

Pero en cualquier caso lo más grave no se encuentra aquí, sino en los máster. "Es de ahí de donde realmente está sacando dinero el sector privado", critica Díez Gutiérrez. Las cifras también son claras en este caso: mientras la oferta en estos títulos ha descendido un 7% en la pública, en la privada han crecido un 59%. Si hace ocho años sólo había 747 titulaciones, ahora mismo ya hay 1.188. Por eso su alumnado en este ámbito ha crecido un 161%. "Está claro que la privada está robando los máster a la pública", lamenta Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid.

Pero, ¿por qué? No es una mera casualidad. "Los grados no suponen un negocio porque exigen tener mucho profesorado, una docencia presencial e instalaciones. En definitiva, ser una universidad", explica el profesor. En cambio, los máster "tienen mucha más flexibilidad". En primer lugar porque pueden impartirse de manera online, una modalidad que ya escoge, según relata Martínez-Garrido, el 56% del alumnado de la privada pero menos del 10% del de la pública. Y que favorece el ahorro de los costes en plantilla, además.

La segunda posible razón, abunda Díez Gutiérrez, es que ofrecen titulaciones propias que, aunque no garanticen la "calidad" de la enseñanza, sí otorgan eso: un título. Aquí lo que cuenta, señala el experto, es la posible salida laboral. Y para muestra, un dato: el 25% de los nuevos profesores de Educación Secundaria salió de un máster privado y a distancia. "Ya hay maestros que se han titulado sin saber lo que es dar clase", lamenta Díez Gutiérrez.

El profesorado es otro indicador importante. En la última década, el personal docente investigador ha crecido un 11%, pero los funcionarios en la pública han descendido un 15%. "Al final, no se está haciendo una reposición tras las jubilaciones", lamenta Martínez-Garrido. En paralelo, la plantilla de docentes investigadores ha aumentado un 55%. "A mí lo que me dicen estos números es que la situación va a ir a peor, porque parece que la privada se está preparando para la llegada de más alumnado", señala.

Volvamos a los centros. En 1997, hace 27 años, había 16 universidades privadas, pero hoy son ya 39. Han crecido, por tanto, un 143%. Pudiera parecer, leyendo las cifras, que el incremento responde a una necesidad demográfica, pero no es así. Ni lo será. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por los colectivos Por otra política educativa. Foro de Sevilla y Unidigna, la población de entre 18 y 25 años no ha aumentado significativamente en todo este tiempo y la infantil es cada vez más pequeña, así que la consecuencia es clara: la población en edad universitaria no va a aumentar de forma significativa en los próximos años.

No es una cuestión banal. Según recuerda Díez Gutiérrez, uno de los requisitos para que las administraciones autoricen nuevas universidades privadas es, precisamente, que estos centros repondan a la "demanda social". Dicho de otro modo: que no compitan con el sector público. "En teoría, si en una ciudad ya hay una universidad pública que da respuesta a la población, no se puede crear otra", recuerda el profesor. Es más, los datos que recoge Martínez-Garrido cifran en 150 los municipios a los que llega la pública de forma presencial y en 59 a los que cubre la privada.

Así que se puede afirmar de forma vehemente: la privada no cubre una posible falta de oferta.

Hay que tener en cuenta, además, que en 2021 el Gobierno endureció los requisitos para autorizar centros nuevos, fijando unos mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, como también de profesorado, equipamientos y organización que, en cualquier caso, no tienen porqué demostrarse antes de 2026. "Aunque no cumplan todos estos criterios, y aunque los informes de las instituciones así lo señalen, las comunidades autorizan", lamenta Díez Gutiérrez.

Sobre todo ocurre en Madrid, donde ya hay 12 centros privados y seis públicos que, además, denuncian estar infrafinanciados. Lo hicieron también al unísono el pasado mes de abril, cuando la media docena de rectores lamentó tener un 15% menos de financiación que en 2010, una precariedad del 49% y una plantilla altamente envejecida de la cual, además, se jubilará el 30% en la próxima década. "La financiación que recibimos de la comunidad no cubre ni los gastos de personal. Tenemos una obsolescencia en todas las infraestructuras, estamos anticuados", expresaron.

"La financiación es fundamental y lo que vemos es que los gobiernos autonómicos, en su mayoría los del PP, están desfinanciando la universidad pública, lo que genera también mucha precariedad entre las plantillas", lamenta Díez Gutiérrez.

Pero mientras las administraciones secan la pública, los fondos de inversión riegan la privada. El último ejemplo se conoció este mes de abril, cuando el fondo EQT se hizo con una participación mayoritaria en la Universidad Europea tras llegar a un acuerdo con Permira, que desembolsó 770 millones en 2019 por adquirir ese centro, el campus de Valencia, el de Canarias y otros dos en Portugal.

Ahora, sus números tienen mejor cara que nunca. Desde ese año el fondo ha duplicado su volumen de ingresos y ha multiplicado por 2,5 su resultado bruto de explotación. En paralelo, además, han triplicado su número de alumnos.

Pero no ha sido el único. La facturación del sector, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, alcanzó los 2.390 millones en 2022, lo que supuso un 10,4% más que un año antes. En concreto, las seis universidades no presenciales con actividad en 2022 generaron unos ingresos conjuntos de 480 millones de euros en ese ejercicio, tras crecer un 8,8% respecto a 2021. Por su parte, las universidades presenciales alcanzaron en 2022 los 1.910 millones de euros, un 10,8% más.

Los números tienen sentido porque, según denuncian los colectivos Por otra política educativa. Foro de Sevilla y Unidigna, el coste medio de un curso en estos centros multiplica por cinco o hasta por seis el de una universidad pública. Y eso, sumado a lo anterior, implica consecuencias claras. Para Díez Gutiérrez, el avance del sector privado en la educación superior supone que ésta deje de ser un derecho y se convierta en algo "sólo para las élites que puedan pagarlo", que además es educada en valores como "la competitividad y el capitalismo". "Los centros en manos de empresas no forman en valores humanistas y que buscan el bien común y la solidaridad, por eso cada vez hay más jóvenes que votan a la extrema derecha", lamenta.

En términos de competitividad, además, tenemos la prueba de las notas. Y es que en la universidad ocurre algo parecido a lo que ocurre en Primaria o Secundaria: el alumnado de la privada obtiene mejores calificaciones que el de la pública. En concreto, y según ha recogido Martínez-Garrido, la tasa de rendimiento de los universitarios de los centros públicos está en un 78,9%, un porcentaje que en os privados asciende hasta el 88%. "Es decir, en estos últimos tienes más posibilidades de aprobar", señala la experta. La diferencia se ve todavía más en la rama de arquitectura o de cualquier ingeniería. "En las públicas sólo hay un 33% de alumnado que aprueba un curso por año, más o menos. En la privada es un 51%, son casi 20 puntos más", lamenta.

La explicación en este caso nos vuelve a llevar a la concepción de la educación, en este caso superior, como un negocio. "En términos de publicidad a la privada le interesa dar a conocer estos números, porque es evidente que estudiar en sus centros es mucho más caro", lamenta Martínez-Garrido.

En cualquier caso este aspecto nos conduce directamente a la desigualdad. Porque este alumnado que aprueba con más facilidad procede, a su vez, de las familias más adineradas, que son las que mayormente acuden a estos centros.

Pero hay más. Porque el hecho de que triunfen los máster lleva, a su vez, a que los grados pierdan valor. Y a que lo que valga sea, precisamente, un mero título de máster. "Es una forma de diferenciación social que al final lastra el acceso al mundo laboral de quien no tiene un estudio de ese nivel", critica Díez Gutiérrez. ¿Y quienes son? Los hijos e hijas de las familias más humildes.

Burger King ha lazando un nuevo plan de formación, al que podrán acceder sus más de 30.000 empleados en España. Hasta aquí, nada diferencia a la cadena de hamburgueserías de cualquier otra empresa que forma a sus empleados en las tareas que van a realizar. Pero en este caso el gigante de la comida rápida ha ido más allá y se ha unido a la Universidad Nebrija para que los estudiante obtengan un título propio acreditado por la institución académica, un centro privado con sede en Madrid. Burger King University, como han bautizado este plan formativo, no es el único caso de empresas que tiran de la universidad para avalar sus títulos. Leroy Merlín ya lo hizo en 2015 con la Universidad Autónoma de Madrid.

120 personas se van a convertir en titulados por Burger King cuando dentro de dos años hayan completado su plan de formación. A partir de ahora, cuando el empleado se incorpore, podrá recibir un plan de acogida teórico y práctico sobre el día a día del restaurante: uso y funcionamiento de la parrilla, preparación de las hamburguesas, freidoras, limpieza o mostrador. El trabajador podrá encadenar un título con otro, porque para alcanzar el puesto de encargado de turno tendrá que obtener otro título también avalado por la Universidad Nebrija, según informa Resturant Brands Iberia (grupo al que pertenece Burger King) en un comunicado. Al completar cada itinerario formativo, al titulado se le reconocen 11 créditos ECTS, lo que equivale a un 18% de un curso universitario (pero sin validez académica en el Ministerio).

Leroy Merlín es otra de las empresas que tiene su propio plan de formación, en este caso con la Universidad Autónoma de Madrid, según indican desde la institución, para "dotar a los estudiantes de una rigurosa formación sobre distribución comercial, habilidades comerciales y orientación al cliente". El curso se imparte durante seis meses entre la Facultad de Ciencias Económicas y una de las tiendas de bricolaje Leroy. La empresa subraya que asume los 2.250 euros que cuesta la matrícula. Los estudiantes, una vez completado los 46 ECTS, obtienen su Diploma de Especialización y se incorporan al club de Jóvenes Graduados de Leroy Merlín. Este acuerdo con la entidad pública viene firmado por María Teresa Parra Catalán, la Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UAM.

La letra pequeña de este diploma, al igual que el que otorga la Universidad Nebrija, indica que son enseñanzas propias que no proporcionan acceso a programas de doctorado, es decir, no equivalen a un máster homologado ni habilitan para ejercer ninguna profesión regulada. Estos títulos están regulados por el Ministerio de Universidades pero no tienen reconocimiento académico homologado. La legislación establece tres niveles para las formaciones propias de cada universidad: el Máster de Formación Permanente (con una carga de 60, 90 y 120 créditos ECTS), el Diploma de Especialización (con entre 30 y 59 créditos) y el Diploma de Experto (de menos de 30 créditos). El artículo 36 de la por el que se regulan las enseñanzas propias universitarias también aclara que la denominación ni el formato de estos títulos no pueden inducir a confusión con respecto los títulos universitarios oficiales.

Los máster reconocidos por el Ministerio, al contrario que las titulaciones propias, pueden acceder a becas para eximir al estudiante del pago de la matrícula y una ayuda económica. La matrícula de los títulos propios es más elevada que los máster oficiales porque su precio no está regulado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (Aneca). Este órgano es el que reconoce que el máster cumple con los estándares de calidad y lo homologan a nivel europeo. Los títulos propios no tienen que someterse a estos criterios, así que pueden empezar a impartir el curso rápidamente, mientras que en el caso de los títulos oficiales pueden tardar años en aprobarse.

Ni Burger King, ni Leroy Merlin, ni las dos universidades, la Autónoma y la Nebrija, han querido responder a las preguntas de infoLibre sobre este fenómeno formativo. Tampoco la Conferencia de Rectores.

La empresas llegan a ofertar cursos que se hacen pasar por enseñanzas superiores aunque no sea una institución universitaria quién las imparta. La plataforma de formación online Aicad Business School, por ejemplo, promociona en su web un curso "universitario" de cajero de supermercado. Se trata de una serie de vídeos online y charlas en directo que enseñan al alumno a "dominar las cajas registradoras y el datáfono" y a "conocer los tipos de sistemas y desarrollar habilidades operativas en el manejo de caja". Tras estudiar el contenido teórico, la plataforma ofrece al egresado una beca en un supermercado para pulir sus funciones en los terminales de pago. El curso no está acreditado por ninguna institución universitaria española sino por la Università degli Studi Guglielmo Marconi, una universidad en línea italiana. Todo esto por un importe de 520 euros.

Cada año, el centro escolar donde trabajo recibe a un número importante de alumnado en prácticas del llamado Máster en Formación del Profesorado. Al proceder de universidades públicas y privadas, así como de carreras universitarias variopintas, entre las paredes del instituto se da durante unos meses una mezcolanza de aptitudes, personalidades y singularidades diversas que comparten una misma inquietud: completar el camino formativo inicial de estos estudios que habilitan para ejercer la profesión docente en las etapas a partir de la ESO.

El ritual va más allá de lo estrictamente burocrático, que ya tiene su complejidad: comienza con una bienvenida lo más calurosa que podemos —entre el trajín del timbre y el bullicio constante del “pasilleo”— y un recorrido por la instalaciones de todo el instituto. Imagínense: muchos de ellos y ellas reconocen que pisan un centro por primera vez desde que salieron del Bachillerato y, además, sienten que es demasiada información para arrancar. Casi todo suena "a nuevo". A eso se le suma la incomparable sensación de estar rodeados de adolescentes, cada uno a su vez con una historia propia, y con los que empezarán a interactuar todavía como aprendices en una simbiosis muy singular: un discente que aprende también de otros discentes.

Con el paso de las semanas, los estudiantes del Máster se aclimatan al entorno educativo: un tutor o tutora (profesorado del centro, de la misma especialidad) los acompaña en todo este proceso que completa esta primera inmersión en lo que en realidad es la escuela, y acaba con la cumplimentación de una memoria que representa el final de un ciclo. En teoría, la superación de estos créditos, junto a los del Trabajo de Fin de Máster, habilita para entrar en el apasionante y singular mundo de la enseñanza, en el que ya están más de sesenta millones de personas en todo el mundo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Nadie nace aprendido; nadie posee el conocimiento o la verdad absoluta, y más en una profesión que soporta a sus espaldas el peso de la incertidumbre que nos rodea. En una conversación de cafetería (otro punto neurálgico donde se cuece más de lo que aparenta), recuerdo que una de las alumnas del Máster intercambiaba conmigo algunas impresiones: “es más complicado de lo que pensaba, pero apasionante y muy diferente a otros trabajos; es una labor que tiene mucho de social, de ayuda a los demás”, me decía sobre la enseñanza. No pude sino darle la razón, porque, con los años, uno se va dando cuenta de que es así: ser docente es un trabajo cargado de compromiso social, y no solo de virtudes académicas.

Quien se haya acercado a esta profesión y esté leyendo este texto, podría concluir que para ejercer el magisterio hoy es necesaria esa especie de virtud cívica de la que hablaba Aristóteles: aquella que nos alienta en la construcción de los lazos para un mundo más justo y nos predispone a entender la escuela como lugar de aprendizaje y cuidados donde socialización, culturización y cooperación van de la mano. Y nadie nos forma para ello.

El Máster en Formación del Profesorado es una oportunidad única, pero a la vez escasa y con un enfoque que urge revisar en su estructura. La vigencia en él de un modelo que se aferra con vigor a la propedéutica y a la teoría en exceso, alejada de realidades de las aulas, son algunas de las críticas que esos mismos estudiantes que se adentran en los centros para la fase de prácticas vuelcan sobre ese modelo academicista que sobrevive a trompicones en toda institución educativa, también para instruir a futuros profesionales escolares.

Los que cursamos hace algunas décadas el antiguo Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) y ahora vemos la deriva similar de la actual formación inicial del profesorado nos damos cuenta de cómo no hemos sabido cubrir esa permanente necesidad de orientar la preparación didáctica hacia una “ciencia más aplicada”, como la llama el investigador Francisco Imbernón. Una ausencia que logra que quienes cursan estos estudios tras haber pasado por otros grados y másteres detecten el enorme impacto que supone aterrizar en un aula con un proceso de aprendizaje teórico superado y chocar de bruces con experiencias o situaciones que no saben resolver, en lo metodológico y lo humano.

La solución es compleja, porque la tradición escolar (también universitaria) parece seguir en su gobernanza anclada a una cultura académica que se aferra en los planes de estudio a sus orígenes. Los intentos de cambio de una parte del cuerpo docente de estos niveles que, en sus nuevas generaciones, está sometido a elevados índices de precarización, chocan con la hegemonía de políticas neoconservadoras que siguen imperando, con el fin de rechazar cualquier transformación avalada que concluye que la mala formación transmisora no tiene sentido en el mundo actual.

Las soluciones para cambiar esta tendencia no son sencillas, pero desde luego seguir la corriente actual plagada de mantras sobre la educación no hace sino entorpecer la actualización pedagógica inicial de los futuros docentes. Mientras, se engorda la facturación de las universidades privadas que sacan tajada de este caos también ante la pobre oferta de plazas en universidades públicas, para quedarnos con la triste idea de que, al final, se trata de eso: de pagar para obtener un título. Un paso más hacia la devaluación del saber didáctico de los que se van a dedicar a una de las profesiones más trascendentales de la sociedad.

Actuales estudios sobre la cuestión concluyen que para volver a prestigiar el acceso a la profesión hay que establecer itinerarios desde los propios estudios de grados, para quienes quieren inclinarse ya desde pronto por la profesión. Apuestan también por el viraje hacia un modelo práctico-reflexivo amplio, con base en el saber pedagógico y a partir de las características reales de los centros escolares. Ello precisa de mayor voluntad de escucha y colaboración entre todos los niveles de enseñanza, para lo cual debemos dejar de mirarnos el ombligo de una vez por todas y pensar que el aprendizaje en diálogo y en comunidad para compartir recursos y experiencias ofrece mejores resultados. Una revisión de lo que es la escuela, para rescatarla de complejos del pasado (que también son los nuestros) que la conciben como institución cerrada al exterior. Con ciertas virtudes de antaño, sí, pero también con debilidades anacrónicas que nos hacen más endebles y, sobre todo, temerosos ante el cambio.

Seguiremos, los que estamos en centros de Secundaria, recibiendo a estudiantes del Máster. Les volveremos a dar la bienvenida y les ofreceremos una cálida acogida y tutorización. Les contaremos cómo es entrar en clase y ser un poco de todo a la vez. "Esto no es lo que aprendí", dirán muchos. Pero no importa, se trata de eso: de entenderlos también, de pensar en cómo ven el tránsito de la teoría a la práctica e interesarnos por las dificultades que encuentran, y así entre todos mejorar cómo nos formamos para ser docentes. Se trata, en definitiva, de aprender a dar clase más allá de un máster. Y de aprender también habiendo escuchado.

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Albano de Alonso Paz es profesor de Lengua Castellana y Literatura y miembro del Colectivo DIME de Docentes por la Inclusión y la Mejora Educativa. Divulga sobre educación a través de su blog www.albanoalonso.info

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la absolución de la expresidenta regional Cristina Cifuentes en el caso máster y ha rebajado a un año de cárcel la condena impuesta a la que fuera directora del polémico curso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Cecilia Rosado, por un delito de falsedad documental.

En la sentencia, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal desestiman el recurso de la Fiscalía de Madrid contra la absolución de la exmandataria madrileña y estiman de forma parcial el recurso interpuesto tanto por Rosado como la exasesora María Teresa Feito, según informa Europa Press.

El pasado febrero, la Audiencia de Madrid exoneró a Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster del curso de postgrado que cursó en 2012.

Ahora, el Alto Tribunal ha rebajado a Cecilia Rosado la condena como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión, frente al año y seis meses de cárcel al que le condenó la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid.

María Teresa Feito ve rebajada su condena de los tres años de prisión iniciales a los dos años de prisión como inductora de un delito de falsedad documental.

Los magistrados confirman la absolución de Cifuentes al desestimar el recurso presentado por la Fiscalía de Madrid. En su recurso, la fiscal solicitó la anulación de la resolución y la repetición del juicio.

La representante del Ministerio Público alegaba que la sentencia infringía la tutela judicial efectiva, al carecer de "racionalidad y lógica" la motivación que llevó a los jueces a absolver a la expresidenta de la Comunidad de Madrid pese a las evidencias, que a su juicio, aporta el material indiciario.

No hay déficit de motivación

La Sala entiende, sin embargo, que el tribunal sentenciador "no incurrió en un déficit de motivación ni su discurso es irracional ni omite razonamiento sobre alguna prueba relevante" y sostiene que "la sentencia explica sucintamente las razones que alientan la absolución" .

En este sentido, los magistrados mantienen que si bien la sentencia "orilló algunos pormenores y su discurso absolutorio no comprende ni excluye la construcción propuesta por el Ministerio Fiscal, no por ello incumple el deber de motivación ni lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por la acusación pública por irracional valoración de la prueba".

"La fundamentación en que descansa la pretendida virtualidad probatoria de los indicios o razones velados o encubiertos que expone la fiscalía para dar por probada la intervención en los hechos de la Cristina Cifuentes es inhábil, pues estamos en presencia de meras hipótesis, insuficientes para determinarla con la certeza que una sentencia condenatoria requiere", recoge la sentencia.

"El proceso deductivo no se basa en un enlace racional que de forma natural conduzca a una consecuencia cierta y los subrayados como indicios no apuntan a una probabilidad prevalente que autorice a dar por enervada la presunción de inocencia", abunda la resolución del TSJM.

Contra esta resolución cabe aún la interposición del correspondiente recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la competente en asuntos de naturaleza jurídica penal, en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha asegurado que el catedrático Pablo Chico le pidió que cambiara las calificaciones y que estaba autorizada para ese cometido en contra de lo manifestado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y el entonces responsable de estudios de postgrado, como informa Europa Press.

La Audiencia de Madrid ha retomado este lunes el juicio contra la exlíder madrileña, quien se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel. En la sesión de este lunes, comparecerán doce testigos clave en la acusación.

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. Además, manifestó que actuó de "buena fe" cuando exhibió el acta del tribunal al afirmar que no sabía que estaba falsificada, responsabilizando a la universidad de las irregularidades.

En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

En cuanto a su trabajo, ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Postgrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento, por lo que protestó ante el vicerrector José María Álvarez Mozoncillo.

"Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres", ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de "muchísimos alumnos" ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.

"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quién se lo dijo?", ha preguntado el letrado de la URJC. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha contado.

A preguntas sobre si la habilitaron para modificar las notas, ha replicado que ese extremo no es automático y que ella ya estaba autorizada. "Fue por orden del vicerrector, quien es quien tiene la competencia para ello. Yo me he enterado después, en un juzgado", ha dicho.

Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha dicho.

La funcionaria estuvo presente en una de las reuniones después de que saltara la polémica con la noticia de eldiario.es, en la que el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde —fallecido— dijo que tenía el trabajo de Cifuentes y que lo podía tener en su casa y en su despacho. "Varias personas le dijimos que fuera a buscarlo, entre ellas yo", ha dicho.

Además, ha indicado que vio el acta encima de la mesa y que la enviaron al Rectorado por correo electrónico. "Vi el actilla que salió en la prensa y que parece ser que estaba falsificado. Lo vi antes de la rueda de prensa".

También ha contado una conversación con la exasesora de Educación María Teresa Feito, ya que fue la profesora que había ido con Cifuentes en 2017 a recoger el título del máster. "Feito entró en el despacho del rector y el vicerrector de Comunicación Carles Marín, que estaba preparando la rueda de prensa, la echó", ha recordado.

No estaba autorizada

El primero en comparecer ha sido José Antonio Lobato, quien ha relatado que el rector Javier Ramos le solicitó al saltar la polémica el 21 de marzo de 2018 que recopilara las actas, sin que constara el acta del TFM de Cifuentes.

Sobre el máster que cursó Cifuentes, ha indicado que era presencial y que a partir de 2007 era obligatoria la defensa del trabajo final. "En la normativa decía que se tenía que defender y daba unos requisitos. Hay un decreto de 2007 en el que se establecen las directrices de los másteres y la normativa aplicada a este decreto", ha detallado.

El departamento de Lobato se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, indicando que la funcionaria Amalia Calonge no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a realizar modificaciones.

"El profesor si ve alguna rectificación desde 2011 hay una cuenta de correo tiene que mandar un correo y solicitar la rectificación del acta. También puede darse el caso que se acercaran al servicio solicitando la rectificación. La hacía el departamento y no el profesor", ha comentado.

Presiones de la Comunidad de Madrid

El catedrático y profesor Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha afirmado en el juicio que no instó a la funcionaria Amalia Calonge a modificar las calificaciones de la exlíder madrileña, aseverando que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid. "Esta señora faltó a la verdad", ha subrayado el testigo en el juicio que se sigue contra Cifuentes y en el que ha manifestado que el interés de la exasesora de Educación María Teresa Feito en recabar información tras publicarse la información era porque "había una rueda de prensa que tenía que dar la presidenta y necesitaba tener esa aclaración".

"El señor rector -Javier Ramos-, no recuerdo si me hablaba de la presidenta pero sí expresamente de la Comunidad de Madrid, me dijo que me iba a llamar Feito para esclarecer el tema. Yo tenía claro que si había una modificación había un fundamento académico", ha relatado el testigo. "Lo que tengo claro es que ella tenía que resolver este problema para la Comunidad de Madrid, con total seguridad. Eso me quedó meridianamente claro", ha aseverado a preguntas insistentes de la fiscal Pilar santos sobre en nombre de quién actuaba la exasesora. 

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

El exconsejero Educación reconoce "reiteradas" llamadas al rector

El exconsejero de Educación Rafael Van Grieken ha reconocido en el juicio que se celebra contra Cristina Cifuentes por el caso Máster que realizó "reiteradas" llamadas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al tratarse de "algo que afectaba al Gobierno regional" y entraba dentro de sus competencias. Van Grieken, que actualmente ejerce como catedrático en la URJC, ha comparecido como testigo en la vista oral en la que la expresidenta regional se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad del acta sobre la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Lo hace después de que el pasado viernes Javier Ramos manifestara que el exconsejero le pidió el acta de defensa del TFM, cuya defensa Cifuentes reconoció que no realizó.

Así, ha relatado que la noche del 20 de marzo de 2018 recibió un mensaje del rector y le comentó que hablarían por la mañana al no ser horas. "Lo que hice es llamarle esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información y que todo era normal. Me quedé tranquilo", ha señalado en relación a la información publicada en elDiario.es y que destapó la polémica.

El testigo ha señalado que llamó al rector tras la rueda de prensa ofrecida para pedirle la documentación en la que se habían basado para realizar las diferentes manifestaciones que realizaron en la comparecencia para dar explicaciones a los medios. "Era un tema importante y había que hacer acopia de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación", ha dicho apuntando que se remitió la información tres horas después.

Además, ha comentado que le llamó la jefa del gabinete, Marisa González, y le trasladó que querían asesoramiento acerca de la situación. "Yo solicito de forma reiterada la documentación en general", ha subrayado y ha dicho a preguntas de la fiscal, que sus gestiones estaban dentro de sus competencias al ser su Consejería la interlocutora con las universidades madrileñas. "Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública", ha agregado.

Finalmente, ha recalcado que para él era "lógico" que el propio rector hubiera buscado el acta, dado que ningún profesor guarda este tipo de documentos. "Confié en la legitimidad y le daba totalmente credibilidad al rector. No tenía ninguna duda de que se había comprobado de que era la verdad", ha apostillado. 

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha indicado este lunes que si un juzgado declarara en sentencia firme que el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta Cristina Cifuentes es falso, la universidad procederá a la retirada del título. Informa Europa Press.

Curiosamente, la propia expresidenta en plena polémica por el caso Máster manifestó su voluntad a renunciar a este título mediante una carta publicada en redes sociales y pedía disculpas si alguien se sentía ofendido por "las condiciones flexibles" que le permitió la universidad. Ramos, por su parte, ha agregado que la universidad ya ha iniciado los trámites para retirar el máster también a los alumnos que han reconocido en sede judicial no haber hecho nada para lograr la titulación, de cara a preservar el prestigio de las titulaciones.

Sin citarlos, Ramos ha aludido al compañero de promoción de Cifuentes, Álvaro Morente y María Dolores Cancio, que hizo el máster en la misma promoción del presidente nacional del PP, Pablo Casado. Ambos manifestaron el pasado verano ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 que no hicieron nada de cara a obtener el máster. 

El rector de la URJC también ha asegurado que el cadetrático y exdirector del IDP, Enrique Álvarez Conde, le engañó cuando le dijo que disponía de ese documento suscrito en 2012 cuando luego una docente que figura en el acta, Alicia López de los Mozos, declaró ante la Inspección de la URJC que su firma era falsa. "A mí quien me engaña y por eso el 5 de abril me persono en Fiscalía es Álvarez Conde", ha relatado Ramos para insistir en que, en un primer momento y dado que era una persona de prestigio reconocido, creyó las explicaciones iniciales del catedrático, quien aseveraba que en julio de 2012 tuvo lugar la defensa del trabajo de Cifuentes. 

El máster de Cifuentes y la presunta falsificación documental

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la comisión de universidades de la Asamblea de Madrid en relación al polémico caso Máster y relatar que la mañana del mismo día 21 de marzo, cuando saltó la información de posibles irregularidades en los estudios de Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde aseguró –al aparecer como responsable del TFM– que tenía ese documento en su despacho del campus de Vicálvaro. Javier Ramos también ha aseverado que realizó esa polémica rueda de prensa del 21 de marzo, donde se aludió a un error administrativo sobre el expediente de Cifuentes, al entender que se tenía que "dar la cara" por los estudiantes y el "buen nombre" de la URJC.

En este sentido, ha negado cualquier presión por parte del Ejecutivo regional para realizar esa comparecencia que tuvo lugar a las 13 horas del día 21 de marzo de 2018. "Nuestros 51.000 estudiantes merecían una explicación, si no la daba la presidenta, la daba yo", ha manifestado Ramos, quien ha rememorado que esa mañana se cuestionaba el cambio de dos calificaciones de la expresidenta. Respecto a la premura sobre esa comparecencia, Ramos ha comentado que ya pidió disculpas a la comunidad universitaria por ello.

Sobre el día 21 de marzo, fecha en la que eldiario.es publica la primera información sobre el asunto, Ramos ha señalado que ya conocía a última hora del día anterior que se iba a publicar esa información y que llegó a las 8.30 horas. Allí estaba ya la exasesora María Teresa Feito, a quien saludó y le comentó que había quedado antes con un vicerrector de postgrado, algo que luego éste en sede judicial negó. Sobre Feito, ha señalado que en una reunión de su equipo más cercano, con varios vicerrectores, se la deja acceder durante unos cinco y diez minutos, y donde ella señaló que la polémica no afectaba a la universidad sino a un "rifirrafe contra la presidenta".

Luego, entre la 10 y las 11 horas conversó con el consejero de Educación, Rafael van Grieken, que se interesó por el caso y sobre mediodía también habló con la jefa de Gabinete de Cifuentes, a quien le comunicó que iba a ofrecer una rueda de prensa sobre las presuntas irregularidades. En esa mañana ya dispone de la documentación digitalizada que había en el archivo central de la universidad y también se cita a la funcionaria mencionada en la información, Amalia Calonge, y a Álvarez Conde, pues figuraba como responsable del TFM de Cifuentes.

El rector ha sido "muy franco" y ha comentado que esa mañana tenía una buena opinión del catedrático por su prestigio académico y aseguró de forma pública, ante varios vicerrectores, que esa defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes se había producido. También dijo que disponía del acta y le solicitó, por tanto, que firmara por escrito esta versión. Cuando recibió el acta, ya por la tarde, se la remitió a la secretaria que a su vez la envió a la secretaría de la Consejería de Educación, pues Van Grieken le trasladó tras la rueda de prensa del 21 de marzo el interés por disponer de la documentación aludida en la comparecencia.

Aparte y pese a la remisión de este documento, Ramos decidió abrir una información reservada para esclarecer todo lo concerniente a este asunto que aludía a posibles irregularidades, como el caso del cambio de calificaciones de Calonge sin seguir el procedimiento pautado. Luego, como ha reseñado, la docente López de los Mozos señaló que su firma había sido falsificada en el acta, por lo que el 5 de abril acudió al Ministerio Público para que la Justicia esclareciera si había responsabilidad penal.

Sobre el máster de Casado: la URJC respeta la sentencia del Supremo

Respecto al caso del máster de Casado y preguntado sobre si piensa que hubo irregularidades, el rector ha dicho que la institución es rigurosa y acepta la sentencia marcada por el Supremo, que se pronunció en contra de investigarle de su máster en este centro. De la exministra Carmen Montón, Ramos ha señalado que hubo un cambio de actas y se certificó que fue legal. También ha asegurado que un caso, como el que afecta a la expresidenta regional, no podría pasar ahora, dado que se han revisado los procedimientos, como un sistema antiplagio para trabajos de fin de máster y grado, un procedimiento de doble verificación (similar al que tienen las entidades bancarias) para evitar posibles fraudes en las firmas de acta.

A su vez, se ha modificado el reglamento de inspección de la universidad, se va a lanzar un nuevo código ético, se trabaja en una oficina de Transparencia y Buen Gobierno y habrá también un nuevo reglamento de centros o institutos adscritos. Además, se ha encargado una auditoría de procedimientos de matriculación, que ya está dando resultados, para aplicar cambios que permitan detectar "si hay algún tramposo, como pasa en los partidos políticos, se detecte de manera temprana".

Por otro lado, Ramos ha apuntado que la auditoría forense encargada sobre las cuentas del Instituto de Derecho Público, ya extinto, y cuyas conclusiones estarán previsiblemente listas en abril. Precisamente, la URJC denunció por malversación a Álvarez Conde durante su etapa al frente del IDP.

La exministra de Sanidad Carmen Montón se declara "contenta" y "satisfecha" tras el archivo de la causa que se abrió contra ella por los presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación con el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Estoy contenta de que todo haya terminado y de que se confirmen las explicaciones que di", ha indicado Montón, quien dimitió en septiembre por este asunto. Informa Europa Press.

En declaraciones a las puertas del Congreso, la socialista ha recalcado que la Justicia ha determinado lo que ella sostuvo "desde el primer momento", es decir, que no cometió ninguna irregularidad, ni ningún delito y que no hubo ningún trato de favor hacia su persona. "No sólo la jueza en su auto, que es lo más importante, sino que tanto la fiscalía como la propia universidad corroboran las explicaciones que di", ha aseverado Montón.

La exministra ha remarcado que siempre quiso explicarse "de manera honesta y transparente" y que dimitió para no influir en la acción del Gobierno, renunciando también al aforamiento que tenía por ser ministra para "ser tratada como cualquier ciudadano normal y corriente" ante la Justicia "ordinaria". "Hoy, que todo ha terminado, la verdad es que estoy ciertamente satisfecha. Hoy para mí es un buen día", ha confesado Montón, quien, no obstante, ha rehusado especificar si cree que a los políticos se les pide la dimisión con mucha premura y si se debe acordar en qué momento deben dejar sus cargos cuando surgen sospechas sobre su actuación.

Montón diferencia su caso del de otros

"Cada uno tiene que poner el listón en un nivel, cada uno tiene que marcar la diferencia y en mi caso creo que se marcó", ha dicho, volviendo a remarcar, aunque sin citarla expresamente, las diferencias entre su actitud y la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, quien precisamente este miércoles ha sido imputada por un presunto delito de falsedad documental en relación con el máster que dijo haber cursado también en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Dimití, renuncié al aforamiento, ofrecí todas las explicaciones desde el primer minuto, la propia universidad ha pedido que se archive el caso, no encuentra tampoco ningún indicio de irregularidad y acredita la existencia de actividad académica. Por tanto, digan ustedes si es lo mismo", ha zanjado.

La negativa del Tribunal Supremo a abrir causa contra Pablo Casado por el máster que obtuvo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha derivado finalmente, casi dos meses más tarde, en el archivo de las pesquisas abiertas en un juzgado de Madrid y por hechos casi idénticos contra Carmen Montón, quien dimitió en septiembre tras su efímera estancia en el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La jueza que el día 21 de ese mes decidió investigar a Montón y que este miércoles acaba de dictar el archivo provisional de las actuaciones contra la exministra es la misma que había pedido al Supremo la imputación de Pablo Casado, que goza de aforamiento ante el alto tribunal por su condición de diputado. Titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel solicitó a la URJC diversos documentos sobre el máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género cuya titulación obtuvo la exministra de Sanidad en el curso 2010-2011. El objetivo de aquel requerimiento era decidir a la vista de los documentos sobre el futuro de esas diligencias.

El auto de Rodríguez-Medel, muy escueto, se limita a dejar constancia en su único fundamento de derecho lo siguiente: "Habiendo informado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular en el sentido de interesar el sobreseimiento al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna, en base al principio acusatorio procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones de conformidad con lo establecido en el art. 779.1 en relación con el art. 641, 1º de la LECrim".

Como ya publicó este periódico basándose en el análisis de fuentes conocedoras del caso, el carpetazo del Supremo a investigar al líder del PP –carpetazo acordado pese a admitir que todo apunta a que recibió un "trato de favor"–  se saldó primero con el archivo de las diligencias que afectaban a otros alumnos en las mismas circunstancias que Casado e investigados por prevaricación y cohecho. Y auguró desde el primer momento que también la exministra de Sanidad saldría ilesa de la investigación emprendida por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel tras recibir una denuncia anónima. Los únicos que quedan imputados, pero por falsedad documental, son la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y los miembros de la URJC involucrados en la supuesta falsificación del acta sobre la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Montón dimitió como ministra el 11 de septiembre. Dos días antes, eldiario.es había publicado que, como con Casado, diversos indicios apuntaban a que se benefició de un trato de favor para la obtención de un posgrado impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras recibir la citada denuncia, la jueza incoó diligencias por prevaricación y cohecho impropio: exactamente los mismos delitos que la magistrada esgrimía ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada sobre el líder del PP.

La magistrada decidió no acumular –es decir, investigar dentro de las mismas diligencias– las pesquisas sobre Carmen Montón a las del caso máster porque las sospechas de ilegalidades no se refieren aquí al postgrado de Derecho Autonómico y Local –el que logró Pablo Casado– sino el ya mencionado sobre Estudios Interdisciplinares de Género.

El Supremo rechazó la solicitud de imputación de Casado, cursada por la jueza en lo que se conoce como una exposición razonada, pese a reconocer la existencia de indicios de "trato de favor". El auto que salvó al líder del PP lo presentaba como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según la resolución judicial, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.

Lo que está pasando ahora mismo ya pasó mucho antes, aunque los ríos del tiempo fueran distintos. En este país existe con un largo recorrido la idea de que sólo las derechas pueden gobernarlo. Ya pasó cuando la Segunda República. Volvió a pasar –aunque con el fondo diferente del tiempo que vivíamos– con la victoria de José María Aznar en 1996 y la resurrección de las dos Españas, una de las cuales provocaría el espanto de Antonio Machado en uno de los poemas más desesperadamente lúcidos de su repertorio. Lo penúltimo sería el acoso mediático, político y obispal a los años de gobierno de Rodríguez Zapatero. Y finalmente, dos casos que son lo mismo, salvando la distancia en el tiempo y sus circunstancias, que lo que acabo de decir. Uno: el asedio a Podemos desde que, antes de convertirse en partido –y sobre todo cuando ya lo fue–, se destapó con éxito en las elecciones europeas de 2014. El otro caso ya nos sitúa en los tiempos de ahora mismo: la moción de censura que aparta al PP del gobierno resucita las viejas alianzas políticas, económicas y mediáticas de otra época. Y regresa el viejo asedio de las derechas, en este caso al gobierno de Pedro Sánchez.

El día siguiente a la moción de censura, la artillería de esas derechas empieza a disparar con una saña que pone los pelos de punta y nubla cualquier entendimiento o acercamiento a la razón que pueda explicar mejor lo que nos pasa. Y eso que, hasta ahora, lo que el gobierno de Sánchez ha hecho es mucho menos –infinitamente menos– de lo que dijo que iba a hacer si ganaba la moción de censura. Pero a las derechas les da igual. A las derechas sólo les importa una cosa: dejar bien claro que sólo ellas ostentan el derecho divino a gobernar. Y digo "derecho divino" porque es el único que, como en las monedas franquistas, deja bien claro que el poder de las derechas viene directamente concedido por dios. De la misma manera que para esas derechas hay un sólo dios, igualmente sólo a ellas corresponde ejercer las tareas de gobierno, aunque sea a golpes militares, a sablazos de mentiras, a amenazas apocalípticas si ellas no están al frente de nuestra anacrónica y falangista unidad de destino en lo universal.

Lo que está pasando en España, desde los másteres VIP a los chillidos de las ratas que asoman su hocico repulsivo en las páginas del golpismo mediático, tiene una sencilla explicación: las derechas (ahora PP y Ciudadanos, con ese apunte para el trío extremista que está siendo Vox) son las únicas que merecen ostentar el poder. Cualquier gobierno de izquierdas (aunque aquí estemos hablando de una socialdemocracia siempre temerosa) es sólo una interinidad, un tiempo muerto como en los partidos de baloncesto, el espacio para el rearme político e ideológico que habrá de acabar más pronto que tarde con aquella interinidad cargada no por dios sino por el diablo.

La dictadura franquista sigue encarnada en los jóvenes emergentes de la política conservadora. No digo que sean lo mismo (puedo ser idiota pero no tanto), aunque sí que digo que en muchos aspectos la una y los otros se parecen demasiado. Si Mariano Rajoy tenía pasta de correoso artista de la mentira, ¿es menos de todo eso su sucesor, Pablo Casado, un sucesor que en vez de seguir la estela del mismo Rajoy va más atrás y entronca directamente con la de José María Aznar? ¿Se queda atrás Albert Rivera a la hora de situarse en lo más innoble y extremo del oportunismo antinacionalista y de esa anacrónica moral de lo rancio que parecía ubicada ya en los tiempos de maricastaña? La respuesta es claramente no, es claramente que se parecen demasiado, es claramente que estamos viviendo un acoso cínico y apabullante, no a un gobierno (para las derechas ilegítimo) sino –y salvando con razón las distancias que ustedes quieran–, a la misma democracia.

Para las derechas, la democracia sólo es útil si sirve única y exclusivamente a sus intereses.

Por eso no van a parar hasta que vuelvan al poder. La batería de sus medios afines (muchos, por no decir la mayoría) no parará de difundir los chillidos de las ratas que habitan las alcantarillas del Estado, ni de convertir en basura los cimientos de la democracia, ni de hacerles la ola a los jueces que confunden aposta la justicia con una detestable promiscuidad entre las leyes y muchos (demasiados) sospechosos de quebrantarlas con una impunidad que aterra.

Regreso a Eliot, lo mismo que al empezar este artículo: “Lo que podría haber sido y lo que ha sido / apuntan a un fin único, que es siempre presente”. O lo que es lo mismo y también dice el ilustre y muchas veces ideológicamente contradictorio autor de La tierra baldía: lo que nos pasa ahora viene de mucho antes. Y eso, ese tiempo de antes, tan triste y tan lleno de sueños rotos, no tiene remedio. Se nota que no soy el colmo del optimismo. ¿Quién puede serlo en unos momentos en que tiene más vigencia que nunca lo que decía, hace cincuenta años por lo menos, mi viejo amigo anarquista tío Bulla: “mires pande mires, to es mortífero”?. Pues eso. _____________________________

Alfons Cervera es escritor. Su último libro publicado es La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona (Piel de Zapa, 2018)La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, apuesta por que la futura Ley de Universidades que prepara el Gobierno incorpore un "órgano externo" o "parcialmente externo" para "detectar cualquier tipo de irregularidad" y evitar así casos como los de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón.

Para el titular del departamento, "es muy difícil saber cómo se va a perfilar" esta futura Ley por la transferencia de las competencias entre comunidades autónomas en materia de educación, pero sí ha asegurado que debería contemplar una mayor "corresponsabilidad entre universidad y sociedad".

"Es lógico que uno de los cambios sea una mayor participación del tejido social en la definición de qué es y lo que tienen que hacer las universidades, qué estudios son necesarios y qué camino deberíamos seguir", opina Duque, que apunta que el Ministerio "seguramente" incluirá "algún tipo de mecanismo" para que la sociedad pueda aportar ideas con el objetivo de influir en el funcionamiento "positivo" del sistema.

En un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, Duque ha vuelto a decir que es "injusto" el tratamiento informativo que ha recibido el sistema universitario a raíz de los casos de Cifuentes, Casado y Montón, y ha insistido en que estos son "casos puntuales". "El sistema no está sujeto a ningún problema de los que se ha informado", ha añadido. "Espero que no hayamos tenido un mazazo universal, una vez el pico de información haya remitido, probablemente la universidad seguirá teniendo el prestigio que merece", sostiene Duque.

Según indica, España tiene actualmente "las mejores universidades" de su historia y para mantener ese nivel es necesario "rehacer, cambiar, modificar, el modelo de universidad". Otra de las medidas que ha destacado del ámbito universitario guarda relación con el acceso a la universidad. Así, ha señalado que "para no perder ningún talento ni por procedencia ni situación económica", su departamento está trabajando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en una reforma del modelo de becas.

La Sección 16 de la Audiencia Provincial ha respaldado el criterio de la magistrada que investiga el caso Máster al considerar que la investigación que cae sobre el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, y sobre la funcionaria Amalia Calonge "no es prospectiva", según ha informado la Cadena Ser.

Según explica el auto de la Audiencia Provincial, una investigación prospectiva ocurre cuando "se parte de una persona y se le somete a una especie de causa general, en averiguación de todas las conductas delictivas que puedan atribuírsele". Las defensas de Álvarez Conde y Colenge pidieron que se considerara como prospectiva la investigación llevada a cabo por el juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. No obstante, la Audiencia Provincial ha desestimado esta pretensión al considerar que "no es el caso que nos ocupa”.

Al contrario, los magistrados consideran que “en la situación que nos ocupa, se parte de unos hechos claros, perfectamente definidos, sin perjuicio de a quien puedan imputarse y cuál sea finalmente su calificación jurídica”.

“Difícilmente podría el juzgado indicar a la Policía que no investigue unos hechos delictivos o que no ponga en su conocimiento hechos relacionados con los anteriores, si al hilo de la investigación policial surgen nuevas cuestiones, nuevos hechos delictivos o sencillamente hechos delictivos similares o iguales en relación de continuidad delictiva. Francamente, tal situación, que es lo que parece pretender la defensa de los investigados, alteraría el buen hacer procesal de cualquier instrucción judicial”, concluye la resolución.

La decisión de la Audiencia Provincial entra, además, en confrontación con el criterio de la Fiscalía respecto a la investigación sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado. El pasado 22 de septiembre, el fiscal de Supremo se opuso a que se investigue a Casado al estimar que se hacía de forma prospectiva: "No son lo suficientemente consistentes, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo", señaló el escrito del fiscal de TS.

La magistrada del juzgado de instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha preguntado a la Fiscalía qué repercusión tendrá la decisión de la Audiencia Nacional sobre la investigación de Pablo Casado. 

La juez del caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, ha preguntado a la fiscal que aclare si el cambio de criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo después de que se pronunciara en contra de que el presidente del PP, Pablo Casado, sea investigado por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) afecta al exdirector del Instituto de Derecho Público y "urdidor" de la trama, Enrique Álvarez Conde.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la juez se manifiesta en relación a la ruptura de criterio dado que hasta ahora la fiscal no había recurrido sus actuaciones en la instrucción, como por ejemplo de su auto de exposición razonada ante el Supremo en el que pedía imputar al líder popular. En concreto, pregunta si "con el informe del teniente fiscal del Tribunal Supremo se está ordenando un cambio de interpretación que tenga incidencia en la parte del procedimiento que pende ante este juzgado de instrucción".

"Resulta necesario pedir a la fiscalía que ilustre a esta instructora a los efectos de dictar, en su caso, la resoluciones oportunas", asevera la juez frente a la decisión del fiscal de Supremo de oponerse a que se investigue a Casado al estimar que se hace de forma prospectiva al considerar que los indicios no son sólidos. "No son lo suficientemente consistentes, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo", señala el escrito del fiscal de TS.

De este modo, la juez solicita al Ministerio Público que se pronuncie sobre si sigue "oponiéndose a la pretensión de Enrique Álvarez Conde de habérsele atribuido un carácter prospectivo a la instrucción de este asunto", tras manifestar la Fiscalía del Tribunal Supremo que la apertura del procedimiento en relación a Pablo Casado ante este Alto Tribunal "sería meramente prospectiva".

En este punto, explica que la fiscal ha impugnado los recursos de reforma y en apelación presentado por Conde en el sentido de oponerse "a la pretensión" de tildar "de prospectiva la presente instrucción".

Me explico (o lo intento):

En este país nuestro tan pródigo en sectarismos cabe la tentación de concluir lo que más interesa a quienes se frotan las manos con todo este ruido: que todos son iguales. Lo cual es, una vez más, absolutamente falso. Porque no se trata sólo de someter a examen cuasipolicial el expediente académico de cada líder político (ya hemos escrito –disculpen el autoplagio– que convendría la misma higiene en el gremio periodístico, empresarial o financiero, por ejemplo) sino de distinguir el grano de la paja y de diferenciar lo que debe ser un debate político fructífero de lo que se convierte en una simple cacería contra un adversario considerado enemigo. PP y Ciudadanos han decidido sumar fuerzas para impedir la más mínima posibilidad de que haya Presupuestos y para forzar el final urgente de la legislatura (pinche aquí la crónica política de Fernando Varela sobre esos movimientos).

A cada cual lo suyo. Despertamos cada mañana con un nuevo episodio en la guerra de los máster, pero seguimos esperando que Pablo Casado haga con sus trabajos lo que Sánchez con su tesis, y que Rivera deje de hacerse el loco sobre su extrañamente menguante currículum… y que el ministro Pedro Duque recuerde que no sólo es responsable de Ciencia sino también de Universidades (pinche aquí si no ha leído esta reflexión del profesor Javier de Lucas).

P.D. ‘A cada cual, lo suyo’. El  título de este artículo (no cuesta nada citar) está copiado de una magnífica novela de Leonardo Sciascia sobre el asesinato de un farmacéutico. Como en tantos relatos del maestro italiano, asoma sobre la trama la confrontación entre el compromiso ético y los intereses de los poderosos, entre la defensa de la verdad y el sometimiento a las mafias. (Nada que ver con el último suceso en Torrelodones. Aunque lo parezca).

La Universidad es una institución de origen medieval que no ha sabido librarse de las lacras que arrastra desde su fundación. Concebida teóricamente como un puente entre el pueblo y los saberes, en la práctica siempre ha padecido un cúmulo de malformaciones que la han convertido en un vertedero de intereses que la desfiguran hasta llegar al estado de postración en que se encuentra. Y no será por falta de intentos de regeneración. Todo lo contrario. Precisamente esta continua intromisión de “técnicos” reformadores, más bien arbitristas, es una de las causas de su mal funcionamiento.

Hace muchos años (¡siglos!) Alfonso X el Sabio lo tenía muy claro: para él universidad es el “ayuntamiento de maestro e de escolares que es fecho en algunt lugar con voluntad e entendimiento de aprender los saberes”. ¿Qué tiene que ver tal nobleza de miras con la innoble fábrica de títulos en que se ha convertido? Pervertida por una praxis estragada, un cúmulo de intereses bastardos y una legislación caótica, no es de extrañar que propicie casos como los que estamos presenciando.

Reformas ha habido muchas. La Universidad es un campo abonado para que los políticos, profesionales del escamoteo y el rifirrafe, y los pedagogos, expertos en lucubraciones y entelequias, se ganen la vida a costa de ella. Para no divagar, vamos a renunciar a hacer historia del reformismo. Descansen en paz don Claudio Moyano, don Fernando de los Ríos, don Manuel Lora Tamayo, don José Luis Villar y toda la saga que ocupó despacho en el controvertido Ministerio de Educación. La revolución, la auténtica revolución, llegó en 1983 con el felipismo y su LRU, parto de José María Maravall y su sombra, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Maravall traía la experiencia de las universidades americanas. Se creyó que Lavapiés o el Ensanche eran la Quinta Avenida y diseñó la Universidad española a la medida de Columbia, Stanford o el MIT. Craso error. Ni sus bibliotecas y laboratorios eran los nuestros, ni tampoco sus presupuestos se parecían en nada. Y, lo que es peor, el puritanismo americano nada tenía que ver con nuestra picaresca y su política no era tan aficionada a meter la mano en el aula como lo es nuestra clase (casta) política. La reforma de Maravall-Rubalcaba en realidad produjo efectos devastadores. Añádase a esto el posterior toque europeo del Plan Bolonia y el resultado no puede ser más demoledor. Si para Valle-Inclán la realidad española es una desfiguración esperpéntica de la europea, la universidad española es el máximo esperpento de una universidad. Así nos va. A ver si el nuevo ministro astronauta trae la solución con la ayuda de algún grupo alienígena con el que haya coincidido en los espacios siderales.

Todo se mimetizó y degradó. Al calorcito de las autonomías, las universidades proliferaron como hongos hasta los límites del ridículo, con riesgo de depauperación, sobre todo mental. A las autonomías territoriales añádase la autonomía universitaria y la mezcla es explosiva. Los cargos se multiplicaron por mil. Los rectores actuaron como vulgares caciques. Los departamentos, la gran novedad, pronto se desnaturalizaron, convertidos en garitos y burdeles, con su chulo incluido. La selección del profesorado, por huir de las veleidades de los antiguos catedráticos, fue pasto de la manipulación. Se arbitraron titulaciones inútiles o pintorescas. Los planes de estudios se empezaron a hacer a la medida de los intereses de un profesorado advenedizo e incompetente. Las tesis, ¡ay las tesis!, ¡cuánto camelo!, ¡cuánto papel malgastado! Las antiguas oposiciones se convirtieron en auténticas meriendas de negros (con perdón de los negros), por más que se disfrazaran de comisiones evaluadoras, integradas en un alto tanto por ciento por tribunales de amigos y clientes, que hacían el paripé de unos ejercicios irrelevantes y sin auténtico control. La comunidad universitaria sabe muy bien lo que pasa, pero nadie levanta la voz.

Por si fuera poco, se puso en marcha ese engendro llamado ANECA, oficina de control de la calidad… (¡ojo!, controlada por los prebostes del Ministerio). Es quizá la covachuela más siniestra de todo este artilugio. Se presenta como el muro de contención y el instrumento de una justicia implacable cuando en realidad es el reflejo de todo este marasmo. Habría que ver cómo son elegidos los miembros de ese misterioso tribunal y con qué criterios actúan sus componentes. Por si sirve de ejemplo, da que pensar que se priorice el desempeño de un cargo académico sobre la publicación de un libro.

Esto pudiera parecer un ejercicio de exageración y masoquismo y es claro que no se debe generalizar. Antes de Maravall y después de Maravall hay en la Universidad gente admirable, profesionales rigurosos que hacen del ejercicio universitario un deber casi religioso. Están en el aula, en el laboratorio y en la biblioteca al servicio de los alumnos y de la disciplina de la que son responsables, con un sentido del deber y la rectitud de los que pocos profesionales pueden alardear. Son, sin duda, el honor de la clase universitaria. No puede saberse si son pocos o muchos, pero ahí están. Muchos no deben de ser, porque el sistema es perverso y patrocina otro tipo de profesor.

A la vista de panorama tan deprimente como el expuesto ¿a qué viene ahora rasgarse las vestiduras ante este baile de créditos, grados, másteres y tesis doctorales que, en el fondo, no son más que el chocolate del loro? Parece mentira que a estas alturas llamen la atención los modales de muchos políticos que, como es sabido, no se sonrojan cuando confiesan hacer del pragmatismo el primer principio de su actuación profesional. Que no nos vengan con cuentos de servir a unos ideales al servicio del pueblo. Cuando dejan el cargo o se hunden o es para disfrutar de sustanciosas sinecuras. Si la universidad ya está de por sí suficientemente contaminada, ahora vienen los políticos a añadir contaminación. De un país de avispados y madrugadores ¿qué se puede esperar?

En este asunto lo realmente preocupante no es tanto la presencia de unas irregularidades de tres al cuarto, sino el estado lastimoso de una institución como la universitaria, que se quiere presentar como respetable y modélica y no lo es. ______________________

Joaquín González Cuenca, filólogo y catedrático de Literatura Española, ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de León y en la de Castilla-La Mancha.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Fernando Martínez-Maillo ha dicho que espera que todos los grupos parlamentarios apoyen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique en el Senado las dudas en torno a sus tesis doctoral tras conocerse que en el libro que la recoge, y que se publicó posteriormente, el jefe del Ejecutivo hizo un "corta y pega".

De esta forma se ha referido, en los pasillos del Congreso, a una información de El País que señala que en ese libro, que escribió junto el economista Carlos Ocaña, recoge párrafos sin citar ni entrecomillar de una conferencia pronunciada por un diplomático español.

"Cada día que sabemos más de la tesis (de Sánchez) sabemos que está más plagiada. Eso explica por qué no quería hacerla pública y se vio obligado a hacerlo", ha comentado Maíllo, para añadir que "cada vez se demuestra más que éste es un presidente mentiroso y que la tesis que ha hecho es un copia y pega de artículos de otros".

Por ello, ha subrayado que es "normal" que el PP haya pedido que Sánchez explique en el Senado las dudas en torno a su tesis, ya que se niega a hacerlo en el Congreso, y espera que todos los grupos apoyen ahora su solicitud porque después de lo publicado tiene que dar "muchas explicaciones".

¿Demandará a El País?El País

En esta misma línea se ha expresado el secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, quien se ha preguntado si el presidente amenazará también con demandar a El País tras lo publicado como hizo con otros medios que informaron sobre el "plagio" de sus tesis.

García Egea ha defendido que, "en vez de amenazar", lo que tendría que hacer Sánchez es convocar una rueda de prensa y dar las correspondientes explicaciones porque, de lo contrario, "las va a tener que dar ante el Senado".

"Bastante cutre"

Por otro lado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera "bastante cutre" que el libro del presidente del Gobierno incluya párrafos copiados.  "No responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos (en ese libro) sin citar adecuadamente", ha manifestado Iglesias, en los pasillos del Congreso, a propósito de la información que publica este jueves El País, y sobre la que cree que el presidente tendrá que dar cuenta.

Tras confesar, en broma, tener "un poco de envidia" por que su tesis doctoral y sus libros no hayan sido tan leídos como los del presidente, el líder de la formación morada ha insistido en que ahora le toca al presidente del PP, Pablo Casado, enseñar su trabajo de fin de máster porque existen "serias sospechas" sobre su existencia o sobre si está copiado de principio a fin.

¿Y el TFM de Casado?

"Cuando hay dudas más que razonables sobre el máster de Casado, después de que hemos podido examinar hasta la saciedad la tesis de Sánchez y su libro y ver elementos académicamente poco presentables, ahora le toca al presidente del PP que enseñe su trabajo de fin de máster", como en su día se hizo con el de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón, ha dicho el líder de Podemos.

En la misma línea se ha expresado su portavoz adjunta en el Congreso Ione Belarra, quien considera de "extrema gravedad" que el líder de los 'populares' aún no haya hecho público su trabajo de fin de máster. Belarra también cree que es "muy cuestionable" que Sánchez no haya citado en su libro al autor de algunos párrafos que recoge su libro, pero ha remarcado que al menos se puede comprobar, algo que no sucede con Casado, ha insistido, cuyo trabajo de máster no se puede leer "de ninguna manera".

Tras recibir la documentación, el juez Enrique de la Hoz acordó investigar los hechos que tienen origen en una denuncia interpuesta en 2016 por el Observatorio contra la Corrupción ante la Fiscalía de Madrid. La investigación de los hechos ocurridos bajo el mandato del exrector Fernando Suárez es "muy reciente" y aún no se han practicado diligencias, según las mismas fuentes.

La Rey Juan Carlos también está en la lupa de la Justicia por la investigación que lleva la juez de Instrucción número 51 de Madrid acerca de las anomalías detectadas en el máster que realizó Cristina Cifuentes y que ha derivado en varias piezas separadas por irregularidades en los estudios de postgrados cursados por otros alumnos en el instituto de Enrique Álvarez Conde.

La denuncia relata que en mayo de 2016 tuvo lugar "un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana, con el fin de obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de Licenciado en Derecho". Los denunciantes señalan que así los alumnos italianos podrían comenzar su actividad profesional "mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado".

Según ha informado la Cadena Ser, así evitarían pagar el máster en Ciencias Jurídicas necesario para ejercer en su país, cuyo precio ronda los 18.000 euros. Una vez conseguido su título en la URJC, podían ejercer su profesión en toda Europa. Las autoridades han detectado que los estudiantes italianos realizaban viajes relámpago a España para realizar exámenes en la Universidad, con poco conocimiento de español, y muchas veces coincidiendo con la celebración de partidos de fútbol de la liga europea.

Ciudadanos ha corregido en su web oficial el currículo de su presidente, Albert Rivera, para aclarar que sólo fue “doctorando” entre los años 2002 y 2004 y que, por lo tanto, hace 14 años que abandonó la preparación de su tesis doctoral en Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La inconsistencia del currículo de Rivera fue divulgada por infoLibre el pasado viernes, el mismo día en el que la UAB confirmó que el líder de Cs comenzó a hacer la tesis en el curso 2002-2003 con el programa antiguo, pero no completó los cursos. Y con la implantación del Plan Bolonia se extinguió el programa que seguía y no convalidó los créditos. “A día de hoy no es doctorando de la UAB”, señaló la vicerrectora de Comunicación y Promoción de la UAB, Virginia Luzón, quien pidió a Rivera que corrigiese esa referencia en su currículo.

Finalmente, Ciudadanos ha optado por mantener la misma redacción y seguir atribuyendo a Rivera la condición de “doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona”, si bien ha añadido entre paréntesis el período en el que verdaderamente lo fue: 2002-2004.

El partido naranja también ha retocado la ficha académica de su presidente para añadir que su título de licenciado y máster en Derecho por Esade lo obtuvo entre 1997 y 2002.

La opacidad de Rivera

El presidente de Ciudadanos lleva una semana exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, primero la publicación de su tesis y, cuando así lo hizo, toda clase de explicaciones sobre el trabajo académico que le convirtió en doctor. Pero la transparencia que demanda a Sánchez no se la aplica a sí mismo: Rivera lleva seis días negando a infoLibre información sobre los datos que aparecen en su currículo académico, varios de los cuales han sido ya desmontados por la Universidad Autònoma de Barcelona y la Escuela Superior de Administración de Empresas (Esade).

De los cinco apuntes académicos que Rivera hace constar en su currículo, dos ya han sido puestos en cuestión por las propias universidades, el tercero es en realidad una estancia Erasmus en el extranjero y el cuarto un curso en una universidad de Estados Unidos respecto al que el líder de Cs guarda un absoluto mutismo. Así que el único aspecto sobre el que no existen dudas o desmentidos es la licenciatura en Derecho.

Este periódico publicó este miércoles las 12 preguntas que el líder de Ciudadanos se niega a responder (las puedes consultar aquí).

Entre esas preguntas destacan las relacionadas con un curso en la Universidad George Washington, con sede en Estados Unidos, que Rivera afirma haber realizado en 2009. En ese año ya era presidente de Ciudadanos y diputado en el Parlament de Cataluña, lo que le obligó a compatibilizar esa actividad en primera línea de la política con la supuesta asistencia a clases o la realización de trabajos. El líder de Cs no ha querido explicar cómo pudo compatibilizar ambas cosas. También se niega a dar datos tan básicos como dónde se impartió ese curso de la universidad estadounidense, cuánto duró y en qué fechas exactas se celebró.