El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha indicado este lunes que si un juzgado declarara en sentencia firme que el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta Cristina Cifuentes es falso, la universidad procederá a la retirada del título. Informa Europa Press.

Curiosamente, la propia expresidenta en plena polémica por el caso Máster manifestó su voluntad a renunciar a este título mediante una carta publicada en redes sociales y pedía disculpas si alguien se sentía ofendido por "las condiciones flexibles" que le permitió la universidad. Ramos, por su parte, ha agregado que la universidad ya ha iniciado los trámites para retirar el máster también a los alumnos que han reconocido en sede judicial no haber hecho nada para lograr la titulación, de cara a preservar el prestigio de las titulaciones.

Sin citarlos, Ramos ha aludido al compañero de promoción de Cifuentes, Álvaro Morente y María Dolores Cancio, que hizo el máster en la misma promoción del presidente nacional del PP, Pablo Casado. Ambos manifestaron el pasado verano ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 que no hicieron nada de cara a obtener el máster. 

El rector de la URJC también ha asegurado que el cadetrático y exdirector del IDP, Enrique Álvarez Conde, le engañó cuando le dijo que disponía de ese documento suscrito en 2012 cuando luego una docente que figura en el acta, Alicia López de los Mozos, declaró ante la Inspección de la URJC que su firma era falsa. "A mí quien me engaña y por eso el 5 de abril me persono en Fiscalía es Álvarez Conde", ha relatado Ramos para insistir en que, en un primer momento y dado que era una persona de prestigio reconocido, creyó las explicaciones iniciales del catedrático, quien aseveraba que en julio de 2012 tuvo lugar la defensa del trabajo de Cifuentes. 

El máster de Cifuentes y la presunta falsificación documental

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la comisión de universidades de la Asamblea de Madrid en relación al polémico caso Máster y relatar que la mañana del mismo día 21 de marzo, cuando saltó la información de posibles irregularidades en los estudios de Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde aseguró –al aparecer como responsable del TFM– que tenía ese documento en su despacho del campus de Vicálvaro. Javier Ramos también ha aseverado que realizó esa polémica rueda de prensa del 21 de marzo, donde se aludió a un error administrativo sobre el expediente de Cifuentes, al entender que se tenía que "dar la cara" por los estudiantes y el "buen nombre" de la URJC.

En este sentido, ha negado cualquier presión por parte del Ejecutivo regional para realizar esa comparecencia que tuvo lugar a las 13 horas del día 21 de marzo de 2018. "Nuestros 51.000 estudiantes merecían una explicación, si no la daba la presidenta, la daba yo", ha manifestado Ramos, quien ha rememorado que esa mañana se cuestionaba el cambio de dos calificaciones de la expresidenta. Respecto a la premura sobre esa comparecencia, Ramos ha comentado que ya pidió disculpas a la comunidad universitaria por ello.

Sobre el día 21 de marzo, fecha en la que eldiario.es publica la primera información sobre el asunto, Ramos ha señalado que ya conocía a última hora del día anterior que se iba a publicar esa información y que llegó a las 8.30 horas. Allí estaba ya la exasesora María Teresa Feito, a quien saludó y le comentó que había quedado antes con un vicerrector de postgrado, algo que luego éste en sede judicial negó. Sobre Feito, ha señalado que en una reunión de su equipo más cercano, con varios vicerrectores, se la deja acceder durante unos cinco y diez minutos, y donde ella señaló que la polémica no afectaba a la universidad sino a un "rifirrafe contra la presidenta".

Luego, entre la 10 y las 11 horas conversó con el consejero de Educación, Rafael van Grieken, que se interesó por el caso y sobre mediodía también habló con la jefa de Gabinete de Cifuentes, a quien le comunicó que iba a ofrecer una rueda de prensa sobre las presuntas irregularidades. En esa mañana ya dispone de la documentación digitalizada que había en el archivo central de la universidad y también se cita a la funcionaria mencionada en la información, Amalia Calonge, y a Álvarez Conde, pues figuraba como responsable del TFM de Cifuentes.

El rector ha sido "muy franco" y ha comentado que esa mañana tenía una buena opinión del catedrático por su prestigio académico y aseguró de forma pública, ante varios vicerrectores, que esa defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes se había producido. También dijo que disponía del acta y le solicitó, por tanto, que firmara por escrito esta versión. Cuando recibió el acta, ya por la tarde, se la remitió a la secretaria que a su vez la envió a la secretaría de la Consejería de Educación, pues Van Grieken le trasladó tras la rueda de prensa del 21 de marzo el interés por disponer de la documentación aludida en la comparecencia.

Aparte y pese a la remisión de este documento, Ramos decidió abrir una información reservada para esclarecer todo lo concerniente a este asunto que aludía a posibles irregularidades, como el caso del cambio de calificaciones de Calonge sin seguir el procedimiento pautado. Luego, como ha reseñado, la docente López de los Mozos señaló que su firma había sido falsificada en el acta, por lo que el 5 de abril acudió al Ministerio Público para que la Justicia esclareciera si había responsabilidad penal.

Sobre el máster de Casado: la URJC respeta la sentencia del Supremo

Respecto al caso del máster de Casado y preguntado sobre si piensa que hubo irregularidades, el rector ha dicho que la institución es rigurosa y acepta la sentencia marcada por el Supremo, que se pronunció en contra de investigarle de su máster en este centro. De la exministra Carmen Montón, Ramos ha señalado que hubo un cambio de actas y se certificó que fue legal. También ha asegurado que un caso, como el que afecta a la expresidenta regional, no podría pasar ahora, dado que se han revisado los procedimientos, como un sistema antiplagio para trabajos de fin de máster y grado, un procedimiento de doble verificación (similar al que tienen las entidades bancarias) para evitar posibles fraudes en las firmas de acta.

A su vez, se ha modificado el reglamento de inspección de la universidad, se va a lanzar un nuevo código ético, se trabaja en una oficina de Transparencia y Buen Gobierno y habrá también un nuevo reglamento de centros o institutos adscritos. Además, se ha encargado una auditoría de procedimientos de matriculación, que ya está dando resultados, para aplicar cambios que permitan detectar "si hay algún tramposo, como pasa en los partidos políticos, se detecte de manera temprana".

Por otro lado, Ramos ha apuntado que la auditoría forense encargada sobre las cuentas del Instituto de Derecho Público, ya extinto, y cuyas conclusiones estarán previsiblemente listas en abril. Precisamente, la URJC denunció por malversación a Álvarez Conde durante su etapa al frente del IDP.

Así consta en el escrito de acusación de la universidad en el que detalla las penas a pedir para los acusados en la causa investigada por la juez Carmen Rodríguez Medel. A finales de noviembre, la magistrada dio por concluida la instrucción y dictó el auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento. Este auto suponía el paso previo al juicio. Además de a Cifuentes, se pide esta misma pena para el catedrático y exdirector del polémico máster de Derecho Autonómico Enrique Álvarez Conde; para la profesora de la Rey Juan Carlos Cecilia Rosado; y para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito.

La universidad, que ejerce la acusación particular, expone que "procede imponer a cada uno de los acusados, de conformidad con lo prevenido en el artículo 390 del Código Penal, una pena de cuatro años de prisión, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, así como inhabilitación especial por tiempo de seis años para ejercer cualquier empleo o cargo público.

El relato de los hechos 

En el relato de los hechos, el escrito detalla que cuando se publicó la exclusiva sobre su falso máster, el pasado 21 de marzo, la exdirigente madrileña "dio instrucciones expresas a Feito para que ocultara dicha ausencia de mérito académico y con el fin de evitarle perjuicios a la primera, Feito instó a Álvarez Conde que creara - o diera instrucciones para crear - la documentación necesaria que justificara que había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para obtener del título, incluida la defensa del trabajo fin de máster".

"Cifuentes era en aquel momento presidenta de la Comunidad de Madrid, Feito era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria y Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos", recalca en el texto el letrado que dirige la acusación de la URJC. Con intención de ocultar "las irregularidades" en el máster de Cifuentes, "Álvarez Conde se puso en contacto telefónico

con Cecilia Rosado Villaverde, que había sido una de sus discípulas y trabajaba como personal laboral en la universidad, indicándole que procediera a elaborar ese mismo día un acta falsa de defensa del trabajo fin de máster".

Agrega que "Cecilia lo realizó mediante la invención de la fecha, título del trabajo y composición del tribunal, remitiéndola por correo electrónico al rector" Javier Ramos, en nombre de Enrique para así crear apariencia de "verosimilitud" en dicho documento. El mismo 21 de marzo, añade el escrito, para "la elaboración fraudulenta del acta del TFM" con la que Cifuentes pretendía simular "la existencia de la defensa del trabajo ante un tribunal público el día 2 de julio de 2012", la profesora Cecilia Rosado "simuló en la misma las firmas de Alicia López de los Mozos y Clara Souto Galván, con las que había hablado por teléfono ese día a los efectos de llegar a un acuerdo respecto a los trámites a realizar en la falsificación del acta".

Sigue detallando el escrito que "López de los Mozos -a quien se levantó la imputación- era en aquel momento funcionaria de la URJC y Souto, personal laboral de la URJC. "Durante el transcurso del día 21 de marzo de 2018, Feito llamó a Cecilia insistentemente con esta finalidad de elaboración de acta falsa y también para que redactara el trabajo en sí, a lo que doña Cecilia se negó, instándole entonces doña Teresa a que le facilitara la bibliografía necesaria para hacerlo por otros medios".

"Teresa anunció represalias en caso de que no se colaborara en la ocultación de las irregularidades. La acusada Cristina Cifuentes efectuó exhibición pública del acta falsificada a sabiendas de que en la misma, constaba la composición de un tribunal y la realización de la defensa del máster el 2 de julio de 2.012 y de que dicho tribunal no fue conformado y la defensa por tanto, no fue ", concluye el relato. La URJC entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de falsificación de documento público previsto en el artículo 390.1.1º, 2º, 3º y 4º del Código Penal, siendo los acusados responsables en concepto de autor.

La negativa del Tribunal Supremo a abrir causa contra Pablo Casado por el máster que obtuvo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha derivado finalmente, casi dos meses más tarde, en el archivo de las pesquisas abiertas en un juzgado de Madrid y por hechos casi idénticos contra Carmen Montón, quien dimitió en septiembre tras su efímera estancia en el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La jueza que el día 21 de ese mes decidió investigar a Montón y que este miércoles acaba de dictar el archivo provisional de las actuaciones contra la exministra es la misma que había pedido al Supremo la imputación de Pablo Casado, que goza de aforamiento ante el alto tribunal por su condición de diputado. Titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel solicitó a la URJC diversos documentos sobre el máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género cuya titulación obtuvo la exministra de Sanidad en el curso 2010-2011. El objetivo de aquel requerimiento era decidir a la vista de los documentos sobre el futuro de esas diligencias.

El auto de Rodríguez-Medel, muy escueto, se limita a dejar constancia en su único fundamento de derecho lo siguiente: "Habiendo informado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular en el sentido de interesar el sobreseimiento al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna, en base al principio acusatorio procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones de conformidad con lo establecido en el art. 779.1 en relación con el art. 641, 1º de la LECrim".

Como ya publicó este periódico basándose en el análisis de fuentes conocedoras del caso, el carpetazo del Supremo a investigar al líder del PP –carpetazo acordado pese a admitir que todo apunta a que recibió un "trato de favor"–  se saldó primero con el archivo de las diligencias que afectaban a otros alumnos en las mismas circunstancias que Casado e investigados por prevaricación y cohecho. Y auguró desde el primer momento que también la exministra de Sanidad saldría ilesa de la investigación emprendida por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel tras recibir una denuncia anónima. Los únicos que quedan imputados, pero por falsedad documental, son la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y los miembros de la URJC involucrados en la supuesta falsificación del acta sobre la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Montón dimitió como ministra el 11 de septiembre. Dos días antes, eldiario.es había publicado que, como con Casado, diversos indicios apuntaban a que se benefició de un trato de favor para la obtención de un posgrado impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras recibir la citada denuncia, la jueza incoó diligencias por prevaricación y cohecho impropio: exactamente los mismos delitos que la magistrada esgrimía ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada sobre el líder del PP.

La magistrada decidió no acumular –es decir, investigar dentro de las mismas diligencias– las pesquisas sobre Carmen Montón a las del caso máster porque las sospechas de ilegalidades no se refieren aquí al postgrado de Derecho Autonómico y Local –el que logró Pablo Casado– sino el ya mencionado sobre Estudios Interdisciplinares de Género.

El Supremo rechazó la solicitud de imputación de Casado, cursada por la jueza en lo que se conoce como una exposición razonada, pese a reconocer la existencia de indicios de "trato de favor". El auto que salvó al líder del PP lo presentaba como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según la resolución judicial, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.

Cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jerez que se encuentran ya camino del banquillo por los contratos a Gürtel acaban de pedir a la Audiencia Nacional que les aplique el mismo criterio por el que el Tribunal Supremo exoneró a quien era alcaldesa cuando el grupo de Francisco Correa recibió aquellas adjudicaciones: la exsenadora y hoy diputada al Congreso María José García Pelayo, del PP.

Los recursos de súplica de estos cinco inculpados constituyen el último eslabón en una cadena de temblores de carácter procesaltemblores. Y el epicentro se sitúa en las dependencias de la Sala Penal del alto tribunal y en las de los fiscales que intervienen en esa instancia respecto de causas que afectan a aforados.

El cerrojazo al caso máster tras el rechazo del Supremo a investigar a Pablo Casado llegó después de un primer episodio todavía pendiente de resolución: la negativa férrea de la Fiscalía del alto tribunal a que se mantenga la imputación que pesa sobre la senadora Pilar Barreiro en la Operación Púnica mientras Anticorrupción mantiene intactas sus acusaciones contra no aforados y las sostiene exactamente por los mismos indicios de criminalidad. Son esos picos en el sismógrafo judicial los que trazan una línea de puntos con un denominador común: la repercusión que la doctrina aplicada a los cargos políticos con escaño comienza a tener sobre investigaciones simétricas en cuanto a los hechos y delitos examinados pero divergentes en tanto que los imputados en esas piezas carecen de blindaje judicial.

El Supremo exculpó a García Pelayo el 28 de abril de 2016 con dos argumentos esenciales: que, a tenor de los indicios, la exalcaldesa de Jerez ignoraba las irregularidades de las adjudicaciones efectuadas en 2004 para el stand de la ciudad en Fitur; y que, en cualquier caso, los delitos habrían prescrito.

Firmado por el magistrado conservador Antonio del Moral, el auto que salvó a la entonces senadora y hoy diputada dice lo siguiente: "En su declaración la aforada sostuvo de forma creíble queignoraba todas esas irregularidades; y que cuando estampó su firma en los distintos acuerdos relacionados con ese asunto lo hizo como era habitual en su gestión en la confianza de su corrección, única forma razonable de operar a la vista del cúmulo de asuntos que tenía que despachar, fiada de los criterios de los técnicos".

Ahora, y en los recursos de súplica dirigidos a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, sus antiguos subordinados alegan esto: que si el Supremo entendió que el delito estaría siempre prescrito porque las "resoluciones arbitrarias", incluso en el supuesto de que fueran atribuibles a la antigua regidora, se localizaban más de diez años atrás –en enero de 2004– también a ellos debe hacerse extensivo ese razonamiento. 

El Supremo sostuvo que la cuenta atrás hacia los 10 años de prescripción comenzó el 1 de octubre de 2004, que es cuando entró en vigor la reforma del Código Penal aprobada el año antes y que amplió el plazo de prescripción hasta los 15 años en caso de delito continuado. Pero, según el alto tribunal, nada después del 1 de octubre de 2004 permitía inferir que la alcaldesa hubiese podido cometer delito continuado. Porque, según el auto, resulta inocuo a efectos penales que la datación tanto de los pagos a las dos firmas de Correa contratadas –Special Events y Down Town Consulting– como de la decisión de no retenerles la fianza exigible fuera posterior a esa "fecha clave" del 1 de octubre.

Casado, el trato de favor y la prescripción

Hace menos de tres semanas, la jueza que en Madrid investigaba el llamado caso máster archivó el 1 de octubre las diligencias abiertas contra 19 personas por prevaricación y cohecho apenas 72 horas después de que el Supremo rechazara abrir causa contra Pablo Casado por esos mismos delitos. "No resulta posible –argumentó en su auto la magistrada Carmen Rodríguez-Medel– circunscribir la decisión del Alto Tribunal al aforado". Contra el archivo ha recurrido la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero no el ministerio público.

Como ocurrió en la pieza de Jerez, la irrupción de Casado evidenció una brecha entre la posición que durante seis meses había manejado la Fiscalía madrileña y la que esgrimió la del Supremo. Desde la apertura de las diligencias, la Fiscalía madrileña había avalado las resoluciones de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla investigaba a los 19 imputados sin aforamiento.

El procedimiento se dirigía contra todos ellos por los mismos delitos que la juez incluyó en la exposición razonada donde solicitaba al Supremo la imputación del líder del PP: prevaricación y cohecho impropio, la modalidad más leve del soborno. La magistrada sostenía que todos ellos, profesores y estudiantes, habían participado en un "sistema de prebendas" urdido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en beneficio de lo que podría denominarse alumnos VIP.

Frente a esa tesis, y ya con María José Segarra en la cúpula del ministerio público, la Fiscalía del Supremo vino a aducir que ningún dato avalaba la existencia de un plan –o un concierto– en cuyo desarrollo hubiera participado Pablo Casado. Días después, el alto tribunal dictaba un auto que exoneraba a Casado pese a admitir los indicios de "trato de favor". La resolución presentaba al líder del PP como un sujeto pasivo sin intervención alguna en el regalo del máster, si este existió, y sin responsabilidad por tanto en un hipotético delito de prevaricación. Según el Supremo, ni siquiera cabía examinar si Casado cometió cohecho al aceptar supuestamente ese regalo dado que, en ausencia de prevaricación, ese delito estaría siempre prescrito.

Del caso máster solo queda viva una pieza: la que, por delitos distintos –presunta falsedad, la que habrían cometido quienes supuestamente falsificaron el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM)–, involucra a la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

Carmen Montón, efímera ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, se encuentra en espera de que también la jueza Rodríguez-Medel decida si sigue adelante o archiva las actuaciones abiertas por prevaricación y cohecho tras una denuncia anónima. La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, que había requerido documentación a la Universidad Rey Juan Carlos, ya la ha recibido. El viernes dio traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre qué hacer. Las fuentes conocedoras del caso auguran que, tras lo sucedido con Casado y los otros imputados, la exministra saldrá también ilesa.

La senadora Barreiro y la "mera suposición"

En un tercer procedimiento anterior en su origen al del caso máster, el de la pieza de la Operación Púnica relativa a los contratos que Alejandro de Pedro obtuvo en Murcia para mejorar reputaciones políticas en internet, acusaciones y defensas aguardan expectantes la decisión del Supremo sobre Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena.

En marzo, hace ya siete meses, el fiscal que tiene asignado el caso en el Supremo, Fernando Sequeros, pidió el sobreseimiento de su imputación y lo hizo con un informe que asestaba una auténtica bofetada  al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y se situaba en las antípodas de lo que había venido sosteniendo Anticorrupción. Según Sequeros, la exposición razonada con la que Velasco había pedido al Supremo la imputación de Barreiro alcanzaba conclusiones que "no parecen respetar el principio de intervención mínima".

Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como último recurso. Y los "indicios acumulados" contra la exalcaldesa de Cartagena –añadía– no pasaban de ser una "mera suposición". Cuando el escrito vio la luz, fuentes conocedoras de la Operación Púnica reaccionaron con sorpresa y se formularon la siguiente pregunta: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y por qué el Supremo finalmente la aceptó?" 

Contra Barreiro, la Fiscalía Anticorrupción esgrimió exactamente los mismos argumentos que amenazan con sentar en el banquillo al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que perdió su aforamiento –este, ante el Tribunal Superior de su comunidad– al dimitir. Pero, a diferencia del Ayuntamiento de Cartagena, el Gobierno murciano no llegó a firmar los contratos con De Pedro. El sucesor de Eloy Velasco en la instrucción del caso, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, no ha dictado aún el auto de apertura de juicio.

De momento, ninguna de las defensas ha enarbolado ante García Castellón el escrito por el que el fiscal del Supremo Fernando Sequeros pide el archivo de las diligencias para Pilar Barreiro. "Lo lógico –opina un jurista vinculado al caso– es que todo el mundo espere a que el Supremo tome una decisión sobre la senadora, porque si finalmente decide seguir adelante con la causa pese a la oposición de la Fiscalía del Supremo y a instancias de las acusaciones privadas [el Ayuntamiento de Cartagena, la asociación de abogados Adade y el PSOE], el argumento se les volvería en contra y empeoraría el panorama de sus clientes". 

Pero lo cierto, conviene la misma fuente, es que la discrepancia flagrante entre la Fiscalía del Supremo y Anticorrupción supone una "amenaza" para la investigación del caso. "A estas alturas –resume de modo coloquial– más de uno estará pensando que quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija". El buen árbol –aclara la fuente– es aquí el aforado.

La Fiscalía de Madrid no recurrirá el auto de la juez Carmen Rodríguez Medel que archivó la parte del caso máster relativa a los delitos de prevaricación y cohecho impropio, exonerando a un total de diecinueve personas, informa Europa Press.

Hace una semana, la juez de Instrucción número 51 de Madrid acordó mantener en la investigación solo el asunto sobre si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

En cambio, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) anunció hace unos días que sí impugnará el fallo al estar en contra de la interpretación de la jueza del auto del Tribunal Supremo que daba carpetazo a la petición de investigar a Pablo Casado.

Mantenía así como investigada a la exdirigente del PP además de al catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora del Gobierno regional Teresa Feito Higueruela, todos ellos por el delito de falsedad documental.

En el auto, la jueza destacaba que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado (pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

Por ello, la jueza se basaba en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones. Para Rodríguez Medel, acreditar indiciariamente la existencia de actividad académica era una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el "punto neurálgico" de la instrucción.

El sobresiemiento de la causa afecta a 19 personas: no sólo a los compañeros de Cifuentes y Casado que estaban siendo investigados sino también a otros profesores como Pablo Chico, Susana Galera, Amalia Calonge, Clara Souto o Laura Nuño, o el propio exrector Fernando Suárez.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) considera que las declaraciones en sede judicial de varios alumnos del caso Máster, donde reconocieron que no hicieron "nada" para obtener el título y que todo lo tramitaron "prácticamente en exclusiva" con el exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde, reflejan indicios claros de prevaricación administrativa que deben seguir siendo investigados, informa Europa Press.

Así lo detalla la propia institución en el recurso que ha interpuesto contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid relativo al archivo parcial de la causa y centrar las actuaciones en el tipo penal de falsedad documental.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la URJC muestra su "disconformidad" con este archivo parcial, pues entiende que las declaraciones de varios alumnos explicando que obtuvieron su máster sin realizar trabajos y el hecho de que Álvarez Conde les diera instrucciones de cómo convalidar asignaturas apuntan a una presunta prevaricación.

En sus argumentos jurídicos, la URJC ve procedente continuar las "diligencias de investigación" sobre la prevaricación para "depurar presuntas responsabilidades" entre los implicados en el caso Máster.

Por ello, la URJC discrepa del archivo parcial sobre el delito de prevaricación y apunta a varias declaraciones, como el caso de la alumna Alida Mas Taberner –exalto cargo de la Generalitat valenciana– que declaró que fue Álvarez Conde quien le "presentó" el máster de Derecho Público y que le informó de la convalidación de créditos para que se matriculara aunque estaba viviendo en Valencia. También aludió a que los trabajos se los entregaba a Álvarez Conde y que no tenía copias de los mismos. Una revelación "sorpresiva" fue que esta alumna, pese a presentar dichos trabajos, no sabía las asignaturas que tenía que cursar y dudó en su interrogatorio si tenía que hacer el Trabajo de Fin de Máster.

El caso de Cifuentes

Respecto al caso de Cifuentes, la universidad expone en su recurso que en su testimonio del 23 de julio dijo recordar que era el exdirector del IDP IDPquien le señaló que no era necesario ir a clase cuya asistencia podía suplir con la realización de varios trabajos.

Así, argumenta que se mantiene en este caso el delito de falsedad documental sobre el título de Cifuentes ante indicios de comisión delictiva. "De ser cierta la investigación anterior, es decir, que el título fuera falso y que el tribunal de defensa del TFM nunca fue conformado, la investigada hubiera sido conocedora de la necesidad de realización de la preceptiva defensa de dicho trabajo y a pesar de presuntamente no efectuarla, pagó la tasa y solicitó el título", apunta el escrito para volver a solicitar que se mantenga la investigación sobre prevaricación.

Por tanto, la universidad subraya que, "de ser confirmada judicialmente la falsificación del acta de Trabajo de Fin de Máster y por consiguiente, la ausencia de defensa del mismo frente al tribunal, la investigada hubiera contado necesariamente con el apoyo y el concierto de alguno de los profesores que dirigían el mismo, en este caso presumiblemente con el coinvestigado Álvarez Conde puesto que, tal y como se desprende de la declaración en sede judicial de Cifuentes, fue con la única persona con la que 'pactó' las condiciones de realización académica del máster".

También muestra su discrepancia con el archivo relativo a la prevaricación de las profesoras Cecilia Rosado o Clara Souto en relación al acta de TFM de Cifuentes y expone que el cambio de notas de la expresidenta de la funcionara Amalia Colange muestra indicios de criminalidad, dado las contradicciones con la declaración del catedrático Pablo Chico (responsable de una de las materias cambiadas) y que dijo que la modificación se hizo por parte de ella y que no estaba autorizado para ello, según los procedimientos de la universidad.

El rector de la URJC, Javier Ramos, avanzó el pasado viernes que la institución recurría el archivo pues su voluntad es "defender la honorabilidad" de la institución "hasta las últimas consecuencias"

La Universidad Rey Juan Carlos recurrirá el sobreseimiento provisional del auto en el que la jueza conservadora Carmen Rodríguez Medel archivaba el caso en lo relativo al delito de prevaricación y cohecho impropio manteniendo la investigación por si hubo falsificación en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, informa Europa Press.

Fuentes de la universidad han confirmado que presentará el recurso al no compartir "los criterios establecidos en dicha resolución, relativos a la interpretación que se efectúa del auto del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018, que ha dado lugar al archivo de una parte sustancial de la causa".

No obstante, la universidad ha querido mostrar su "máximo" respeto a las decisiones judiciales, si bien se muestra disconforme con los argumentos esgrimidos por la instructora en su resolución.

En el auto dictado el pasado 1 de octubre, la jueza destacaba que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado, son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

Por ello, se basaba en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos, no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones. Para Rodríguez Medel, acreditar indiciarialmente la existencia de actividad académica era una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el "punto neurálgico" de la instrucción.

La magistrada aduce lo siguiente para explicar el porqué de su decisión: que si, aun aceptando que el líder del PP pudo obtener su máster gracias a que recibió "trato de favor", el Supremo no ve "indicios consistentes" de que eso obedeciera a la existencia de un acuerdo previo con los profesores (prevaricación) ni de que el "regalo" le fuese otorgado por su condición de cargo público (cohecho impropio), no debe ella misma apartarse de su "Superior criterio" en lo que a los no aforados compete.

Las pesquisas efectuadas hasta ahora, entre las que se incluyen las declaraciones de aquellos alumnos que admitieron haber logrado el máster en Derecho Autonómico y Local sin ir a clase, ni someterse a exámenes ni presentar trabajos, llevaron a la juez a concluir que la URJC regalaba ese máster a determinados estudiantes "por razón de su condición social (cargo público o relevancia) o por razón de amistad con el director del Instituto de Derecho Público, don Enrique Álvarez Conde".

Resulta "obvio", conviene la magistrada rozando el sarcasmo, que en la causa no hay ninguna "grabación" ni "documento firmado de propia mano" que acrediten que Álvarez Conde y su equipo se conchababan –se concertaban, en la terminología legal– con determinados alumnos para que sin hacer otra cosa que pagar la matrícula –"sin mérito académico" alguno– tuvieran garantizado el título de antemano.

Pero –agrega el auto– "no puede desconocerse que, de las propias manifestaciones de los alumnos que a diferencia de lo ocurrido con el aforado sí fueron citados y declararon todos ellos como investigados (...) se desprende información ciertamente relevante y que por esta instructora se había considerado significativa indiciariamente del concierto. Esta conclusión, sin embargo, debe rectificarse a la luz de la resolución del Alto Tribunal". Las negritas pertenecen al texto original.

Cuando Casado obtuvo el máster en el curso 2008-2009, el hoy líder del PP ocupaba un escaño en la Asamblea de Madrid. En seis años, periodo al que pertenece el curso 2008-2009, la Comunidad de Madrid otorgó al IDP casi medio millón de euros en contratos y convenios a medida. 

Cuajado de durísimos y casi indisimulados reproches al alto tribunal  y a la Fiscalía, el auto de la jueza Carmen Rodríguez-Medel levanta ahora de un plumazo, y con la resolución del Supremo como único factor explicativo del viraje, la imputación a los demás alumnos y profesores investigados por los mismos hechos que Casado. En total, 19. Y lo hace cuando –lo relata el auto– estaba a punto de dictar el denominado auto de pase a procedimiento abreviado, con el que siempre se inicia la recta final hacia el juicio. 

El ministerio público, al que hace una semana la jueza ya preguntó qué hacer tras conocer el informe del teniente fiscal del Supremo –número 2 de la institución tras la fiscal general– era contrario a la imputación de Casado, no ha adoptado todavía una decisión. Al menos, así lo aseguran las fuentes oficiales consultadas por infoLibre.

En su auto, la jueza sostiene que con su informe ante el Supremo la Fiscalía elevó "notablemente el estándar de indicios" para abrir la investigación al aforado Pablo Casado. Y a renglón seguido lanza uno de los ataques más afilados de su resolución: "Aplicar este nuevo parámetro conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los Juzgados de Instrucción". Traducido: la jueza sugiere que la posición de la Fiscalía sobre Casado y el posterior dictamen del Tribunal Supremo pueden tener un efecto disuasorio sobre los jueces que se planteen abrir diligencias basándose en indicios de delito que, en ese momento preliminar y por definición, no han podido adquirir todavía la categoría de "indicios incontestables". Eso, que los indicios fueran "incontestables", es lo que exigía el fiscal para abrir causa contra Casado.

Para la Fiscalía, el auto de Rodríguez-Medel plantea un dilema diabólico. Si tras lo sucedido en el Supremo opta por no impugnar el archivo, cobrará protagonismo lo que la jueza desliza en las 16 páginas del texto, que en estos cinco meses de diligencias el ministerio público avaló sus tesis por cuanto "no recurrió las decisiones adoptadas" y ahora, en cambio, efectúa un giro copernicano a medida; y si recurre el archivo, las defensas invocarán sin duda el argumento sobre el que distintos juristas ya alertaban el viernes: que se está produciendo una "diferencia de trato" entre el dispensado al líder del PP y el que se reserva a los demás implicados.

"La jurisprudencia del Supremo –rememora una fuente habituada a intervenir en casos judiciales que afectan a políticos– señala en efecto que para abrir causa a un aforado se precisan "indicios cualificados" y lo que ha hecho ahora el Supremo resulta más que discutible, pero no implica automáticamente que haya que sobreseer las restantes imputaciones". "De hecho –razona la fuente– en Gürtel siguió adelante y está en espera de juicio la pieza de los contratos del Ayuntamiento de Jerez pese a que el Supremo exoneró a la alcaldesa de esa ciudad; y en Murcia el juzgado de Lorca prosiguió la investigación sobre el auditorio de Puerto Lumbreras pese a que en un primer momento el TSJ rechazó imputar al exalcalde del municipio y entonces presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez".

Montón dimitió como ministra al trascender que, como con Casado, diversos indicios apuntaban a que se había beneficiado de un trato de favor para la obtención de un máster impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras recibir la citada denuncia, la jueza incoó diligencias por prevaricación y cohecho impropio: exactamente los mismos delitos que la magistrada esgrimía ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada sobre el líder del PP.

En el auto de incoación de diligencias, Rodríguez-Medel solicitaba a la URJC diversos documentos que aún no han llegado a su mesa. Una vez los reciba, lo previsible es que la jueza se dirija a la Fiscalía y recabe su opinión. Pero, según las fuentes jurídicas consultadas, la similitud entre los hechos que la exposición razonada atribuía a Pablo Casado con los que han originado el sobreseimiento en bloque de la investigación a los otros alumnos y con los que sostiene la denuncia contra Montón, "lo raro sería que la investigación contra la exministra siguiera adelante".

La magistrada decidió no acumular –es decir, investigar dentro de las mismas diligencias– las pesquisas sobre Carmen Montón a las del caso máster porque las sospechas de ilegalidades no se refieren aquí al postgrado de Derecho Autonómico y Local sino otro sobre Estudios Interdisciplinares de Género.

Esta mañana, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel Nieto, ha dictado el sobreseimento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero seguirá investigando si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

Por ello, mantiene como investigada a la exdirigente del PP además de al catedrático Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora del Gobierno regional Teresa Feito Higueruela, todos ellos por el delito de falsedad documental.

En el auto, fechado a 1 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza destaca que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado (pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

Como explicó infoLibre tras conocerse el auto del Supremo, éste reconocía la existencia de indicios de "trato de favor", pero presentaba a Casado como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según el auto, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel Nieto, ha dictado el sobreseimento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero seguirá investigando si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

Por ello, mantiene como investigada a la exdirigente del PP además de al catedrático Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora del Gobierno regional Teresa Feito Higueruela, todos ellos por el delito de falsedad documental.

En el auto, fechado a 1 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza destaca que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado (pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

Como explicó infoLibre tras conocerse el auto del Supremo, éste reconocía la existencia de indicios de "trato de favor", pero presentaba a Casado como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según el auto, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.

Por ello, la jueza se basa en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones. Y es que para Rodríguez Medel, acreditar indiciariamente la existencia de actividad académica era una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el "punto neurálgico" de la instrucción.

Otro de los puntos que quería analizar la jueza era la acreditación del mérito académico mediante el requerimiento de documentación a los profesores y a los alumnos, una cuestión que, según la magistrada, "en nada afecta a los derechos constitucionales de los investigados", e incluso puede facilitar su exculpación.

Sin embargo, destaca que del auto del Tribunal Supremo "se concluye como primer diligencia que no es relevante acreditar el mérito académico" y que, por eso, se descarta tomar declaración a Pablo Casado. "Se concluye, por el contrario, que es necesario acreditar la existencia de un concierto previo o coetáneo para prevaricar y sólo cuando tal concierto se evidencia, investigar si efectivamente el alumno participó y cooperó en la prevaricación", dice.

Entiende la jueza que esta doctrina debe aplicarse no sólo a Casado sino al resto del alumnado que ostentaba la condición de investigado: la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes y otro compañero suyo del máster, Álvaro Morente; y Alida Mas Taberner, exalto cargo de la Generalitat valenciana; María Mateo Feito, hija de la exasesora regional y Dolores Cancio Álvarez, relacionada con la URJC –estas tres de la promoción de Casado–.

En cuanto a si hay concierto prevaricador de los alumnos, la jueza vuelve al fallo del Supremo para señalar que, según este, no hay "indicios consistentes" de que nos encontremos ante "un regalo concertado entre alumno y profesor el hecho de que se permitiera al alumnado no asistir a clase a pesar de ser un máster presencial". "Esto puede ser como apunta en el auto, un mero trato de favor", añade.

En la misma dirección, destaca que tampoco es un "acto de cooperación necesaria para el hecho delictivo el que el alumno se matricule, pague las tasas, solicite la convalidación pasiva ni indicio del concierto que sólo a un grupo de alumnos se anuncie esta posibilidad de reconocer créditos". "Estos son actos neutros", dice refiriéndose al Supremo.

La jueza continúa exponiendo que, según el Alto tribunal, tampoco es indicio del concierto previo el uso del título obtenido sin mérito: "El uso es un hecho irrelevante penalmente a efectos de prevaricación, por ser posterior y al no servir para evidenciar el concierto previo concluimos que el uso del título es, únicamente, lo que hace el alumnado cuando, sorpresivamente, se encuentra con el máster aprobado como regalo".

Tras señalar que para el Supremo tampoco es prevaricación que el alumno se beneficie de la concesión del título sin actividad académica, la jueza indica que, a su juicio, lo que es determinante es que "no sean relevantes todos estos elementos analizados conjuntamente, como hace el TS". "Esta conclusión tiene una importancia trascendental en la imputación que pudiera hacerse a los demás alumnos no aforados en la causa", indica.

Y es que la jueza explica que tras tomar declaración a varios de los investigados, se desprendió información significativa para acreditar indiciariamente el concierto previo entre el profesor y alumno para que el máster le fuera regalado, una cuestión que "rectifica" a la luz de la resolución del Supremo.

Alumnos que reconocen que no hicieron nada

Y pone como ejemplo que una de las investigadas, Dolores Cancio, reconoció que por indicación de Álvarez Conde "no fue a clase ni hizo trabajo alguno" pero obtuvo el título. La juez explica que esta confesión no la tuvo en cuenta el Supremo y que, por tanto, no debe considerarse "indicio alguno de una mecánica de comisión delictiva llevada a cabo entre algunos alumnos, en los que concurrían unas mismas características, y el profesorado". Esto lo aplica a todos los alumnos en las mismas circunstancias.

También destaca que nada hay en autos que evidencie la "concreta relación entre el posible regalo del título y los cargos ostentados por Cristina Cifuentes o Alida Mas en el momento de cursar el máster".

En cuanto a la prevaricación administrativa imputada al personal docente de la URJC, indican que ante "la duda de la existencia de mérito académico, no hay prevaricación del docente". La jueza recuerda que la instrucción venía sustentada en que no hubiera evidencias mínimas de esta actividad académica: no hay trabajos, no hay constancia de su asistencia a clase, no hace exámenes, no hay correos...

Sin embargo, como el Supremo entiende que no es necesario acreditar indiciariamente la existencia o no de actividad académica de Casado, "lógicamente tiene que afectar también a la posible prevaricación de los profesores". En este punto, añade que Casado podría haber sido citado a declarar como testigo pero lo descarta una vez que el Supremo no ve causa.

También hace mención al informe de la Fiscalía del TS, y a que no se tenga en cuenta que hay un grupo de alumnos que tienen asignaturas aprobadas y que ya han declarado ante la jueza que no hicieron nada en el máster, más que matricularse y pagar las tasas, nada académico. "Por pura lógica, si el propio alumno señala que nada hizo y tiene la asignatura aprobada, cabe pensar que hay un comportamiento prevaricador del profesor que le calificó. Sin embargo, no hay indicios suficientemente consistentes al respecto, incontestables –según el fiscal–".

La negativa del Tribunal Supremo a abrir una causa contra Pablo Casado llega envuelta en un auto que reconoce la existencia de indicios de "trato de favor" pero que simultáneamente presenta al líder conservador como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según el auto, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación. Además, el Supremo sostiene que ni siquiera cabe examinar si cometió cohecho al aceptar supuestamente ese regalo dado que, en ausencia de prevaricación, ese delito estaría siempre prescrito. 

El auto, y así lo admiten fuentes conocedoras del caso, salva al político aforado con argumentos que minan severamente el núcleo de la investigación que desde hace seis meses desarrolla la titular del juzgado de instrucción 51 de la madrileña Plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, y que suma casi una veintena de imputados. Todos ellos carecen de aforamiento. Y la investigación se centra en los mismos hechos o muy parecidos a aquellos por los que la jueza observaba indicios delictivos en la actuación de Pablo Casado.

El dirigente del PP siempre ha sostenido que, aunque no fue a clase, presentó cuatro trabajos para obtener el título. Jamás ha accedido a facilitarlos, ni a la prensa ni a la jueza. La magistrada había pedido al Supremo que reclamase a Casado el ordenador donde, en una rueda de prensa en la que hizo suyo el papel de sujeto pasivo que ahora le asigna oficialmente el alto tribunal –"hice lo que me pidieron", reiteró–, dijo que permanecían guardados esos trabajos. El Supremo mantiene en su auto que la inasistencia a clase o la inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos "son actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor".

Al aducir el alto tribunal, en línea con la tesis de la Fiscalía del alto tribunal, que la exposición razonada de la jueza no contiene "indicios consistentes" de delito contra el aforado Pablo Casado, está reforzando la línea de defensa de los principales imputados: que la instrucción en sí es "prospectiva". Es decir, que no se sustenta en indicios previos de delito sino que lanza la caña en busca de potenciales infracciones penales susceptibles de ser endosadas a quienes están bajo investigación.

Exactamente eso, la ausencia de indicios delictivos, es lo que –previo informe de la Fiscalía– sostiene el Supremo para tumbar la exposición razonada contra Casado. Y exactamente eso es lo que rebate en otro auto conocido al mismo tiempo que el del Supremo pero fechado el pasado día 14 la Audiencia Provincial de Madrid.

Sistema de prebendas: "continuidad delictiva"

Ese auto, que rechaza un recurso de los principales imputados, no solo niega que la de Rodríguez-Medel sea una investigación prospectiva –o una "causa general"– sino que refuerza la piedra angular en que se sustenta la instrucción: que no se trata aquí de un regalo aislado ni de una decisión gratuita por parte de los organizadores del máster sino de un "sistema de prebendas" en el que participaban los responsables del máster y los alumnos "escogidos" que se beneficiaban del título sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin presentar trabajos.

Traducido al orden penal, se trataría, de probarse los hechos, de un "delito continuado", viene a decir el auto al comparar el escenario de esta investigación con el que se daría si hubiera "sucesivos robos con fuerza que se produjeran en proximidad temporal y espacial". "Hemos de concluir –razona la Audiencia madrileña– que la investigación ordenada en absoluto puede considerarse prospectiva, al centrarse en unos hechos concretos, que pudieran estar en relación de continuidad delictiva con otros y no en una causa general contra determinada persona o personas, analizando su conducta en su globalidad". 

Pero ese análisis de conducta "en su globalidad" resulta imposible ahora por cuanto el único aforado de ese escenario de presunta "continuidad delictiva" ha quedado exonerado tras la decisión del Supremo. El riesgo de una doble vara de medir, de "una diferencia de trato"  –aducen uno tras otro un reputado jurista de talante conservador que pide no ser identificado y el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández– sobrevuela ahora la instrucción de un caso que ha hecho emerger el ya citado –y presunto– "sistema de prebendas" aplicado –decía la exposición razonada– "solo a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Personaje central en el caso, Álvarez Conde ejerció durante años un poder autárquico y sin control financiero alguno como director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). En solo seis años (2005-2010) el IDP obtuvo de la Comunidad de Madrid casi medio millón en convenios y contratos a medida. Pablo Casado obtuvo el máster en el curso 2008-2009. Entonces, era diputado en la Asamblea de Madrid.

"Lo previsible –resume tras la decisión del Supremo una fuente jurídica que sigue de cerca la instrucción– es que se mantenga abierta la pieza que afecta a Cristina Cifuentes [expresidenta de Madrid, cuyo máster originó la apertura del caso y derivó en su dimisión] porque ahí también hay un presunto delito de falsedad documental; y que lo demás, incluida la denuncia anónima contra la exministra Carmen Montón, quede en nada".

La jueza ya ha pedido a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre qué debe hacer ahora. De momento, no hay respuesta. Hasta ahora, el ministerio público ha formado un bloque monolítico con la jueza. Pero la entrada en escena de la Fiscalía del Supremo en favor de Pablo Casado introduce dudas más que razonables sobre qué ocurrirá. La gran paradoja –improbable, opina uno de los consultados– estribaría en que se viese finalmente en el banquillo una de las compañeras de máster de Casado, la que justamente ya ha reconocido los hechos ante la jueza. La exposición razonada constata que siete alumnos "han reconocido en sede judicial que no hicieron más que matricularse" en el máster, "sin mayor actividad académica de ningún tipo, a pesar de lo cual tienen todo expedito para recoger el título".

"Nos llama la atención –dice el portavoz de la UPF– que se esté instruyendo el caso durante varios meses con el apoyo de la Fiscalía y que otro tribunal diga rápidamente y también con el apoyo de la Fiscalía que no hay nada que hacer". "Si la conducta [de los otros investigados] ha sido idéntica a la de Casado, esta causa se cae a pedazos", vaticina el jurista conservador antes citado.

En el escrito que la jueza Carmen Rodríguez-Medel elevó al Supremo, la magistrada consideraba que la conducta de Casado podía ser calificada "de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa". Y también de cohecho impropio.

No obstante la Sala concluye que, aunque pueda considerarse que de las actuaciones "resultan indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado, y que ello pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal", "de la exposición razonada no resultan indicios consistentes de que existiera un acuerdo previo o simultáneo del aforado con los responsables del máster para que tal trato le fuera dispensado, ni tampoco que el aforado haya realizado algún acto de aportación relevante al mismo que pueda valorarse como cooperación necesaria, u otra participación de menor intensidad, a un presunto delito de prevaricación, por lo que no se justifica la apertura de una causa penal".

El auto del Supremo explica, además, que la cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa se produce cuando el sujeto coopera a la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se habría ejecutado. Añade que la jurisprudencia exige, de un lado, un concierto de voluntades con el autor, que puede ser previo o, cuando menos, simultáneo al acto prevaricador, y, de otro lado, una aportación esencial a la ejecución, que generalmente se produce en la fase de preparación. En tercer lugar, indica que el cooperador tiene que actuar con un doble dolo: conocer el plan del autor y saber que con su aportación coopera a su éxito.

La Sala analiza los indicios recogidos en la exposición razonada respecto a este delito de prevaricación administrativa y concluye que el hecho de que el aforado se matriculara en el máster, aportara la documentación necesaria, entre ella su expediente académico y pagara la matrícula, "son actos neutrales que fueron ejecutados de la misma forma por todos los alumnos y que, en sí mismos, carecen de sentido delictivo".

En cuanto a la convalidación de los 40 créditos, la Sala asegura que se reconoce en la exposición razonada que era lícito, por lo que no es indicativo de la comisión de una conducta delictiva por parte del aforado, sino que puede deberse a un "cuando menos, irregular comportamiento de los responsables del máster".

El fiscal jefe del Supremo, Luis Navajas, afirmó en su informe que los indicios de prevaricación "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez" mientras que el presunto cohecho habría prescrito.

Precisamente respecto al cohecho impropio, el tribunal subraya que la valoración de los hechos debe realizarse en relación con la posición del aforado en el momento de su ejecución, cuando era diputado de la Asamblea de Madrid, por lo que "deberá existir alguna vinculación apreciable entre el regalo que se dice recibido en la exposición razonada y su función como tal diputado". El hecho de que fuera presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid tampoco implica la condición de autoridad o funcionario público, según los magistrados.

En cualquier caso, la Sala concluye, en línea con la propia exposición razonada y el fiscal, que solo podría considerarse que este delito no ha prescrito si se entiende que concurre junto con el delito de prevaricación de manera que, excluida la consistencia de los indicios respecto de la comisión de este último, no es necesario el examen del mismo.

El Supremo, que ha tomado la decisión por unanimidad, también se pronuncia sobre el hecho de que el líder del PP no asistiera a las clases de este máster de Derecho Autonómico. Al respecto, la Sala afirma que la inasistencia "tampoco es indicativa de un acuerdo previo". La importancia en este aspecto, afirman los magistrados, "es relativa porque en la exposición razonada se reconoce que no se pasaba lista y que, concretamente, en una asignatura puntuaba solo con un 10 %. Es cierto que no consta que se cumpliera con el otro 90%". De ello deduce también que es una actuación imputable "al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor".

Reacción del PP

Fuentes de la dirección del Partido Popular aseguran que Casado "siempre ha dado la cara porque siempre ha confiado en que se haría justicia"

Además, el nuevo líder del PP "agradece la confianza demostrada estos meses". "La verdad ha prevalecido y el tiempo le ha dado la razón", añaden.

Hasta la fecha, el líder del PP no ha permitido que se consulte el detalle los cuatro trabajos que exhibió en la sede del PP cuando se publicaron las primeras informaciones. Los medios sólo accedieron a ver las carátulas y el propio líder del PP dio en ese encuentro con los medios algunos detalles sobre la bibliografía. Los argumentos esgrimidos desde la dirección del PP es que, con esto, se quería evitar entrar "al cotilleo". Además, defendían que el caso estaba "judicializado" y que nadie enseña los trabajos de un curso "no habilitante".

  Auto Rechaza Causa Casado by infoLibre on Scribd

La Sección 16 de la Audiencia Provincial ha respaldado el criterio de la magistrada que investiga el caso Máster al considerar que la investigación que cae sobre el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, y sobre la funcionaria Amalia Calonge "no es prospectiva", según ha informado la Cadena Ser.

Según explica el auto de la Audiencia Provincial, una investigación prospectiva ocurre cuando "se parte de una persona y se le somete a una especie de causa general, en averiguación de todas las conductas delictivas que puedan atribuírsele". Las defensas de Álvarez Conde y Colenge pidieron que se considerara como prospectiva la investigación llevada a cabo por el juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. No obstante, la Audiencia Provincial ha desestimado esta pretensión al considerar que "no es el caso que nos ocupa”.

Al contrario, los magistrados consideran que “en la situación que nos ocupa, se parte de unos hechos claros, perfectamente definidos, sin perjuicio de a quien puedan imputarse y cuál sea finalmente su calificación jurídica”.

“Difícilmente podría el juzgado indicar a la Policía que no investigue unos hechos delictivos o que no ponga en su conocimiento hechos relacionados con los anteriores, si al hilo de la investigación policial surgen nuevas cuestiones, nuevos hechos delictivos o sencillamente hechos delictivos similares o iguales en relación de continuidad delictiva. Francamente, tal situación, que es lo que parece pretender la defensa de los investigados, alteraría el buen hacer procesal de cualquier instrucción judicial”, concluye la resolución.

La decisión de la Audiencia Provincial entra, además, en confrontación con el criterio de la Fiscalía respecto a la investigación sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado. El pasado 22 de septiembre, el fiscal de Supremo se opuso a que se investigue a Casado al estimar que se hacía de forma prospectiva: "No son lo suficientemente consistentes, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo", señaló el escrito del fiscal de TS.

La magistrada del juzgado de instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha preguntado a la Fiscalía qué repercusión tendrá la decisión de la Audiencia Nacional sobre la investigación de Pablo Casado. 

Primero fueron los plagios del antiguo rector Fernando Suárez; después, las contrataciones fraudulentas de profesores y, más tarde, "el falso máster de Cristina Cifuentes, el máster cursado con privilegios de Pablo Casado" y el posgrado "cursado con privilegios y plagiando el TFM de Carmen Montón". Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) están hartos del desprestigio de su universidad y, sobre todo, de sus títulos. Por eso este jueves dijeron basta y convocaron una huelga que comenzó con encierros en los campus de Fuenlabrada y Aranjuez durante la noche del miércoles. La jornada de paro fue convocada por siete asociaciones de estudiantes del centro agrupadas bajo la denominación URJCrítica. El lema es el mismo que ya usaron en las movilizaciones que protagonizaron cuando saltó el escándalo del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Fuera la mafia de la universidad".

Según informaron los estudiantes a infoLibre, el seguimiento de la huelga fue mayoritario. "En el campus de Fuenlabrada la asistencia a clase ha estado entre el 10 y 15%. En Vicálvaro, como mucho ha ido a clase un 20% de los alumnos", afirman fuentes de Res Pública, una de las asociaciones. 

Esta, junto a las demás, llama al paro ante la "pérdida de prestigio" de la universidad por el escándalo del caso máster en el que la Justicia mira con lupa las presuntas anomalías detectadas en los cursos de postgrados dirigidos por el catedrático Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público. "Son nuestros títulos los que son desprestigiados por la corrupción y nepotismo de los altos cargos de la URJC, y por ello nosotras y nosotros, que luchamos día a día por sacar nuestros estudios adelante, nos vemos en la obligación de defenderlos y dejar constancia del esfuerzo que en ellos depositamos", critican los estudiantes. Por eso, tienen claras sus exigencias: el inicio de una investigación externa a la universidad, la "limpieza completa" de la misma, la regeneración de sus órganos de gobierno y la dimisión del rector, Javier Ramos.

Ramos, de hecho, ha sido el foco de las protestas estudiantiles de la URJC de los últimos meses. "Nunca quiso hacer una verdadera limpieza de la institución. Nunca asumió que el problema de la URJC era estructural y no de 'manzanas podridas', pues entonces tendría que asumir su servidumbre y la de su equipo a estos sectores de la universidad hasta llegar a rector", critican los estudiantes en su manifiesto de convocatoria.

El propio Ramos les pidió perdón este miércoles por esos problemas "del pasado". Pero insistió en la idea que critican los estudiantes: esos conflictos estuvieron "focalizados en uno o dos caraduras". Aun con sus disculpas, criticó la huelga. "No creo que sea lo mejor para la comunidad universitaria. Mi intención es recuperar el prestigio que nunca debió perder la Universidad", dijo en declaraciones a la Cadena Ser, donde también negó cualquier vínculo político. "Mi obligación, como rector de la URJC, es defender el servicio público que damos, yo no tengo ninguna obligación en defender a ningún responsable político", afirmó.

Manifestación en el campus de Vicálvaro

Los estudiantes del campus de Vicálvaro de la URJC comenzaron pasadas las 10.30 horas a asentarse en la plaza Cervantes, donde se sitúa el aulario universitario, para asistir a todo lo que ocurra durante la jornada de huelga. El resto del campus está vacío, según informó Europa Press. Mónica, Fátima y Catalina están sentadas justo debajo de la estatua de Cervantes. Son estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas. Hoy quieren defender sus derechos. "No todos somos iguales y no tenemos la culpa de lo que está pasando", afirmó Mónica en declaraciones a la agencia. 

Por otro lado, algunos estudiantes han utilizado las redes sociales para manifestarse a favor de la universidad y bajo en el hashtag #YoSoyURJC han grabado vídeos y editado textos a favor de la institución y de su funcionamiento.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este sábado, tras la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de no abrir causa contra él por su máster que "decía una paisana –en referencia a la exministra de Sanidad, Carmen Montón– que no todos somos iguales, y tenía razón: no todos somos iguales". "No voy a decir nada más, no hace falta decir nada más", ha subrayado.

En su discurso en un acto con militantes en la Pobla de Farnals (Valencia), ha valorado la decisión de la Fiscalía en contra de la apertura de una causa penal por el título del máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso 2008-2009, al no ver "consistentes" los indicios de prevaricación.

Casado, aunque no se ha referido explícitamente a la polémica y únicamente ha hablado de ello como "el último tema de actualidad", ha manifestado: "Hace una semana, decía una paisana que no todos somos iguales, y tenía razón, no todos somos iguales", aludiendo a la dimisión de Montón tras las informaciones sobre su máster.

Acto seguido, el dirigente conservador ha reivindicado que "la serenidad, decencia y dignidad con la que este partido se defiende debería ser imitada por otros muchos".

Y ha enfatizado: "Lo único que voy a decir es que la verdad siempre se abre paso, y que este partido siempre respeta a las instituciones, sean universidades o administraciones judiciales, a diferencia de otros".

"Este partido nunca liquida la presunción de inocencia convirtiéndola en una presunción de culpabilidad, ni va a exigir a un adversario que explique lo que no ha hecho y lo que las calumnias dicen que ha hecho", ha aseverado.

Por tanto, "como no somos iguales y (en el PP) tenemos más dignidad y respeto a las instituciones", Casado ha agradecido la confianza de los militantes y ha remachado: "Dije en el Congreso Nacional que no iba a defraudar y, afortunadamente, el tiempo nos está dando la razón".

Firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, El informe rebate con detalle dos de los indicios esgrimidos por la jueza: que Casado utilizó el máster para publicitarlo en su currículum –un argumento "completamente inocuo", dice la Fiscalía– y que pidió y logró que se le reconocieran 40 de los 60 créditos del postgrado, lo cual era "legítimo" como considera "la propia exposición razonada".

Pero, sin embargo, pasa literalmente de largo por aquellos dos indicios que constituyen la piedra angular de la exposición razonada: la inasistencia a clase y, sobre todo, la ya citada "calificación de las cuatro asignaturas no reconocidas (20 créditos)". Esos dos factores son los que llevaron a la jueza a concluir que hay indicios de prevaricación (en este caso, por la consecución de un título sin mérito académico alguno) y de cohecho impropio (porque ese título habría sido un regalo).

La jueza proponía al Supremo que citase a declarar a Casado, que le requiriese la aportación de cualquier documento relacionado con aquel máster y, enlazando con la "cuestión nuclear" enunciada al inicio, que entregase "el ordenador portátil antiguo" en el que, según el propio líder del PP, "se encontraban archivados los trabajos presentados para su calificación en el máster".

En la exposición razonada elevada al Supremo a comienzos de agosto, la titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid relataba lo siguiente: que una de las tres alumnas imputadas que realizaron el mismo máster que Casado en el curso 2008-2009 "ha reconocido los hechos y descrito cómo funcionaba en la práctica el sistema de prebendas" presuntamente orquestado por el director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde.

Lo que reconoció esa alumna, y así lo detalla la magistrada en su resolución, es esto: que obtuvo "el título indiciariamente de manera arbitraria (tras reconocimiento de 40 créditos [y], sin actividad para ser calificada en los otros 20 y sin ir a clase)".

El alcance del informe del fiscal del Supremo sobre el conjunto del caso es tal que la jueza ya ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe archivar la causa respecto de esas tres compañeras de Pablo Casado, incluida la que confesó los hechos.

"No pasa de ser una mera sospecha o conjetura"

La Fiscalía del Supremo omite toda referencia a lo declarado por esa alumna que reconoció el "sistema de prebendas". Y tacha de "conjetura" las pruebas recopiladas por la jueza del caso. Según el ministerio público, sostener que determinados estudiantes consiguieron el máster sin hacer "nada" es una afirmación que, "carente de prueba alguna, no pasa de ser una mera sospecha o conjetura".

El argumento de que Álvarez Conde se puso de acuerdo, se concertó, con un grupo "escogido" de alumnos para que, una vez abonada la matrícula del máster, consiguieran la titulación tras aprobarles las cuatro asignaturas no convalidadas (las que sumaban 20 créditos) "sin mérito académico alguno", constituye la piedra angular que sustenta la tesis de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel:  que Casado participó de forma activa en un presunto delito de prevaricación y en otro de cohecho impropio.

La Fiscalía no descarta que hubiera podido producirse un delito de cohecho impropio. Pero sostiene que, en cualquier caso, ya habría prescrito, por lo que no cabe "profundizar" en esa dirección. Y que solo alcanzaría de nuevo relevancia penal si se hubiese perpetrado en unión –concurso medial– con el de prevaricación. Es decir, con el delito del que, según la Fiscalía, no hay el menor indicio.

El informe carga con dureza contra Carmen Rodríguez-Medel. "Aunque la exposición razonada –escribe Navajas– es perfectamente consciente de los requisitos que la Sala Segunda [del Supremo] viene exigiendo en estos casos (...) es lo cierto que la Magistrada, dicho sea con el debido respeto, no se atiene a dichos criterios". Según la Fiscalía, "los "indicios" en que se basa "ni son lo suficientemente consistentes, sino todo lo contrario, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna siquiera indiciaria, que existiera concierto del señor Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados".

El informe por el que la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo investigue al líder del PP, Pablo Casado, se sustenta en una conclusión que podría resumirse así: que no ha quedado acreditado "de forma alguna, ni siquiera indiciaria", que existiera un plan destinado a regalarle a Casado un máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La oposición de la Fiscalía augura que la sala de admisión del Supremo dará carpetazo al asunto. 

Firmado por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, el informe tilda de "mera sospecha o conjetura" la afirmación de que el catedrático Enrique Álvarez Conde se encargó de que un grupo de alumnos "escogidos", Casado entre ellos, lograse los créditos necesarios para aprobar el máster sin hacer nada. No hay rastro de que Casado participase en ningún delito de prevaricación, dice el fiscal, que desecha también la posible existencia de un delito de cohecho impropio, la modalidad menos grave del soborno. En cualquier caso, dice el informe, el delito de cohecho impropio habría prescrito –Casado hizo el máster en el curso 2008-2009– y eso impide incluso "profundizar más" en esa dirección. 

El informe carga con dureza contra Carmen Rodríguez-Medel, la jueza que ya investiga a otros involucrados en el llamado caso máster y que hace mes y medio remitió un relato de hechos y su correspondiente análisis jurídico -la llamada exposición razonada- con el que solicitaba que Casado, que goza de aforamiento ante el Supremo por su condición de diputado, fuese imputado. Navajas escribe lo siguiente: "Aunque la exposición razonada es perfectamente consciente de los requisitos que la Sala Segunda [del Supremo] viene exigiendo en estos casos (...) es lo cierto que la Magistrada, dicho sea con el debido respeto, no se atiene a dichos criterios", ¿En qué sustenta ese mazazo a Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid? En que "los "indicios" en que se basa, ni son lo suficientemente consistentes, sino todo lo contrario, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna siquiera indiciaria, que existiera concierto del sr. Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados".

En su exposición razonada, la juez Carmen Rodríguez-Medel sostenía que, "indiciariamente", la investigación permite concluir que el director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, "dirigió una serie de actuaciones tendentes a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva".

"Esta mecánica –añadía la exposición razonada– ha sido reconocida en sede judicial en su declaración como investigada por una de las alumnas que recibió dicho regalo, doña MD.C.A., que detalló cómo siguió las indicaciones de don E.A.C para, tras solicitar el legítimo reconocimiento de 40 créditos pero sin hacer absolutamente nada más para obtener los otros 20 créditos, siendo calificada sin presentar trabajo alguno o sin otro tipo de evaluación en los mismos, obtener el título del Máster Oficial en dicha edición".

Según la jueza, con esta operativa "sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él, de modo que el resto del alumnado del master de esa edición sí cursó con normalidad el mismo".

La Inspección de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha archivado la información reservada que abrió de oficio sobre la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) del presidente del PP, Pablo Casado, tras no detectar irregularidades, según ha informado esta mañana el rector, Javier Ramos, al Consejo de Gobierno.

En un comunicado, la universidad ha explicado que el Servicio de Inspección ha analizado todos los procedimientos formales administrativos del alumno tales como su expediente académico completo, matriculación, pagos, calificaciones, actas y convalidaciones.

A la vista de la documentación recibida, el Servicio de Inspección ha realizado las "consultas necesarias" y ha mantenido reuniones con los servicios que han trasladado la información de Casado. "Los responsables de dichos servicios verificaron la documentación remitida y constataron que no existían indicios de error alguno", destacan desde la universidad.

Igualmente, el traslado del expediente desde la Universidad Pontificia de Comillas se realizó correctamente.

El Servicio de Inspección de la URJC abrió dicha información reservada de oficio a raíz de las diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre los estudios cursados por Casado en la Universidad Rey Juan Carlos, además del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local que cursó en 2008/2009, que está siendo objeto de investigación judicial.

En cuanto al máster que cursó en el cuestionado Instituto de Derecho Público, la Universidad explica que "está colaborando con la justicia aportando todos los datos que se requieren", recalcando que el estudio cursado por Casado era universitario de segundo ciclo conducente a la obtención del título oficial de Máster.

También ha detallado que las convalidaciones solicitadas por el alumno y reconocidas por la Universidad, así como las calificaciones obtenidas, "fueron siguiendo el procedimiento y la normativa correspondiente a los estudios de postgrado, y en particular el Real Decreto 56/2005".

De hecho, se articuló conforme a dicha normativa las "Instrucciones para las convalidaciones relativas a los Programas Oficiales de Postgrado". Todo ha sido aportado al juzgado, explican, y recuerdan que no era preceptiva la realización del Trabajo de Fin de Master, como sí lo fue en ediciones posteriores reguladas por el citado Real Decreto 1393/2007.

Porque copiar, a veces, entraña riesgos: los que arrostraron Bouvard y Pécuchet, los personajes  que dan nombre a una novela de Flaubert. Bouvard y Pécuchet son tan semejantes que parecen copiados el uno del otro. Jubilados, se conocen en un parque de París y deciden dedicarse a copiar todas las enciclopedias que caen en sus manos y a poner en práctica lo que aprenden en ellas. Pero fracasan una y otra vez. La estupidez de Bouvard y Pécuchet, muy parecida a la de Don Quijote, consiste en su incapacidad para aprender de sus fracasos.

La estupidez del dios de la Biblia consistiría en la solución tan estrambótica que activó para arreglar la mala copia que había hecho de sí mismo. ¡Nada más y nada menos que inmolarse en una cruz! Siendo omnipotente, pienso, le hubiera resultado menos gravoso arreglar el hardware y el software de Adán y Eva, y el de su estirpe, para que se parecieran más a él. Hacernos inmortales, todopoderosos, omniscientes, y todo eso.

Bouvard y Pécuchet, hartos de tantos fracasos, deciden ahorcarse un 24 de diciembre en el desván de su casa. Pero al darse cuenta de que no han hecho testamento, desisten. Y vuelven, tras algún fracaso más, al sosiego de su antiguo oficio: copiar. Para ello, compran papel usado  al peso y copian metódicamente todo lo impreso. Compone Flaubert, con esta novela, un relato de anticipación. Se malició que la copia, como estamos viendo en nuestros días, sería el problema de los siglos venideros: el cortar y pegar. 

A veces me sucede como al mismo Flaubert –según dejó escrito- que me siento tan lleno de Bouvard y Pécuchet que he terminado siendo como ellos. Su estupidez -la estupidez de todos nosotros- que no paramos de cortar y pegar, es la mía y esto me inquieta y me frustra sobremanera porque me gustaría –como reclaman muchos adolescentes- “ser yo mismo”. No una copia.

Resumen: Dios, según el Génesis, fue el primero que se autoplagió, creando al ser humano a su imagen y semejanza. ______________

Pablo Alcázar es socio de infoLibre

Me explico (o lo intento):

En este país nuestro tan pródigo en sectarismos cabe la tentación de concluir lo que más interesa a quienes se frotan las manos con todo este ruido: que todos son iguales. Lo cual es, una vez más, absolutamente falso. Porque no se trata sólo de someter a examen cuasipolicial el expediente académico de cada líder político (ya hemos escrito –disculpen el autoplagio– que convendría la misma higiene en el gremio periodístico, empresarial o financiero, por ejemplo) sino de distinguir el grano de la paja y de diferenciar lo que debe ser un debate político fructífero de lo que se convierte en una simple cacería contra un adversario considerado enemigo. PP y Ciudadanos han decidido sumar fuerzas para impedir la más mínima posibilidad de que haya Presupuestos y para forzar el final urgente de la legislatura (pinche aquí la crónica política de Fernando Varela sobre esos movimientos).

A cada cual lo suyo. Despertamos cada mañana con un nuevo episodio en la guerra de los máster, pero seguimos esperando que Pablo Casado haga con sus trabajos lo que Sánchez con su tesis, y que Rivera deje de hacerse el loco sobre su extrañamente menguante currículum… y que el ministro Pedro Duque recuerde que no sólo es responsable de Ciencia sino también de Universidades (pinche aquí si no ha leído esta reflexión del profesor Javier de Lucas).

P.D. ‘A cada cual, lo suyo’. El  título de este artículo (no cuesta nada citar) está copiado de una magnífica novela de Leonardo Sciascia sobre el asesinato de un farmacéutico. Como en tantos relatos del maestro italiano, asoma sobre la trama la confrontación entre el compromiso ético y los intereses de los poderosos, entre la defensa de la verdad y el sometimiento a las mafias. (Nada que ver con el último suceso en Torrelodones. Aunque lo parezca).