Juan Torres López (Granada, 71 años) acaba de escribir un libro titulado Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra. Es un manual oportuno que este catedrático de Economía Aplicada lanza contra lo que él denomina una “oleada de autoritarismo global en el plano económico”. Sostiene Torres que esta dinámica que puede parecer nueva en sus formas, ya que la encarnan personajes del perfil mediático de Donald Trump o Javier Milei, busca más de lo mismo: “desmantelar todos los contrapesos que pueden limitar el poder adquirido por los grandes capitales” y recortar prestaciones sociales a golpe de motosierra, para compensarlo.

Charla con infoLibre por teléfono, en una conversación que avanza por las grandes corrientes de la teoría económica —que para él dista mucho de ser una ciencia exacta— y retrocede hacia el descontento de una ciudadanía que, en su opinión, es presa (y será también víctima) de los discursos de extrema derecha y los intereses que defienden.  

“Lo que hace Donald Trump es lo mismo que se hacía antes, pero expresado de una manera descarnada, exagerada, grosera, insultante e incluso violenta”, señala. Defiende que a pesar de sus formas, la “partitura” que interpreta no es extraordinaria ni en lo político, ni en lo económico: “El ejercicio imperial del poder de Estados Unidos sobre otras naciones no es, ni muchísimo menos, nuevo. Tampoco el chantaje militar o las políticas de proteccionismo económico y arancelario”, concluye. 

Y este paisaje, apunta, pone en riesgo la democracia. “Es algo que está haciéndose evidente en los últimos tiempos, incluso desde antes de Trump y de su primer mandato. Las nuevas formas de capital que se están haciendo hegemónicas en torno a los nuevos desarrollos tecnológicos —sobre todo a la economía de las plataformas y a la economía de la nube— necesitan mucha servidumbre social, una utilización directa de los aparatos del Estado y una concentración de riqueza que es incompatible con el equilibrio de poderes y con la existencia de contrapesos”. Dos elementos, estos últimos, “consustanciales a la democracia” y que, señala, están amenazados.

Una de las advertencias que vertebra el libro es cómo la fe en un capitalismo legitimado bajo una “falsa” apariencia de ciencia y la confianza en el modelo económico neoliberal —basado en la no intervención y en la ley de oferta y demanda— como única alternativa, han resistido a lo largo del tiempo cualquier refutación y han expulsado concepciones de la economía más “humanas”.

Torres insiste en que hay ejemplos de cómo es posible gobernar los mercados bajo principios diferentes y que, además, son exitosos: “la sanidad, la educación pública, el cooperativismo, las pensiones…”, enumera. Aunque, entre risas, muestra cierto escepticismo sobre un cambio de mentalidad y cita al filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, cuando afirmaba que los paradigmas solo cambian realmente cuando se mueren sus viejos defensores.

El economista mira hacia la extrema derecha y sus discursos elevados como uno de los mayores riesgos, pero también hacia un reparto de la riqueza que no funciona como debería. “La concentración de la riqueza tan brutal, tan extraordinaria y en tan pocas manos que se está produciendo hoy día es incompatible con la libertad de las mayorías”. Explica que los debates sobre la riqueza desmesurada de unos pocos están ganando peso en el mundo, pero con eso no basta.

“Creo que los movimientos progresistas se están equivocando, porque no basta con poner el acento en que los ricos contribuyan a combatir la desigualdad. Sin duda eso es algo obligatorio, pero el problema es que hay que actuar sobre los orígenes y sobre las causas que producen la desigualdad. Si hay una inundación no basta con sacar el agua, hay que actuar sobre la fuga”, explica. “El problema hoy en día es que donde se genera la productividad, en el seno de las empresas, hay una asimetría de derechos que permite, por ejemplo, que se obtengan beneficios como no se habían obtenido nunca a cambio de retribuciones al trabajo que son ínfimas”, concluye.

Además de esta asimetría inicial en el reparto de los beneficios, Torres pone el acento en unos sistemas fiscales que no gravan adecuadamente los nuevos modelos productivos. “Hay un error de enfoque en la política tributaria y sería fundamental que los gobiernos progresistas se plantearan un cambio”, explica. Su propuesta es poner más presión sobre los patrimonios y sobre las transacciones financieras. Estos dos puntos son, en su opinión, “el origen de las mayores diferencias de riqueza” en las sociedades modernas.

“La concentración de patrimonio es tan grande que debería ser objeto prioritario de la tributación, junto a las transacciones financieras”. Y pone un ejemplo: “Con una simple tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera en el mundo, se podrían financiar todos los gastos públicos de todos los gobiernos del planeta sin necesidad de utilizar otro impuesto”, remata.

La entrevista concluye con un recordatorio de que hay alternativas a los sistemas que solo responden al cálculo de beneficios y productividad, pero también con un reconocimiento explícito de las dificultades que rodean a un cambio de paradigma económico “que no puede esperar”.

2024 prosigue como un año más de crisis, de guerras, de inmersión en la barbarie o, como se dice hablando de terremotos, una réplica del año anterior con carácter agravante, aunque solo sea éste por su aspecto duradero. Y todo apunta a que 2025 seguirá en la misma línea o incluso peor, a pesar del optimismo relativo de algunos dirigentes políticos.

La fase actual de una crisis que dura medio siglo se inscribe en lo que los economistas burgueses denominan muy a menudo “crisis secular”. Crisis que se ha visto agravada por la rápida sucesión de fallos del sistema monetario internacional, la abolición de la convertibilidad del dólar y las sucesivas crisis petrolíferas.

Esta crisis secular puso fin definitivamente a los treinta años de bonanza posteriores a la Segunda Guerra Mundial, debida al relance de la economía capitalista para reconstruir lo que se había destruido durante la guerra. Las crisis han sido la sombra del capitalismo desde sus inicios, siendo una de sus fases de desarrollo. No obstante, a diferencia de las crisis del capitalismo ascendente en periodo de auge, las crisis del capitalismo senil de nuestra era tienden a prolongarse y perpetuarse, de ahí la expresión “crisis secular”.

Todo indica que la fase actual de la crisis va a empeorar, según lo que la propia burguesía y sus portavoces nos dicen. Toda la prensa burguesa, incluso la propia prensa económica, parece angustiada. Temen que en este mundo capitalista enormemente financiarizado estalle una posible crisis financiera incluso peor que la de 1929. Si por ahora no se ha producido y parece que la evitaremos, probablemente lo peor esté por llegar.

Si por el momento el comercio mundial, un indicador significativo de la economía, no se ha hundido a pesar de las medidas proteccionistas adoptadas por las potencias imperialistas más sólidas, principalmente la estadounidense, dichas medidas proteccionistas empiezan a afectar ese indicador.

Un buen ejemplo es la evolución de Alemania. Lo que lleva a declarar a Mario Draghi que “la economía europea está en peligro, o actuamos o será una lenta agonía”. Y no es un periodista columnista quien lo dice. Por lo visto, su temor no es la competencia contra los rusos o los chinos sino contra los Estados Unidos, señalando con un dedo acusador la insuficiente inversión productiva. 

Lo que diferencia la crisis actual de la de 1929 es que la gran burguesía sigue obteniendo beneficios, incrementándose año tras año. Lo hace a costa de la clase trabajadora, de los pensionistas y de los recortes en los servicios públicos: sanidad, educación y transportes públicos, entre otros. Por lo esencial sus beneficios son los adquiridos mediante la especulación y las finanzas. Si lo tuviésemos que resumir en pocas palabras: los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres.

Si no sabemos por el momento si los conflictos bélicos actuales nos llevarán a una deflagración general planetaria, lo que empeoraría las condiciones de las clases populares, una cosa es cierta: su inevitabilidad. Como también es inevitable la certeza de que, si queremos poner un término a la situación actual, es decir evitar lo que Rosa Luxemburgo resumía como “barbarie o socialismo”, la otra certeza es que la única protagonista que puede poner un término a esta situación, hacerse cargo de las esperanzas de su clase y del destino de la humanidad, siempre ha sido, es y seguirá siendo la clase trabajadora. 

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

El fichaje de Juan Luis Cebrián por The Objective no es sino el colofón de una prolongada deriva que convirtió al gestor del éxito periodístico de El País en el urdidor del casi hundimiento del grupo Prisa, enajenándose por el camino el respeto de sus propios redactores y el resto de la profesión mientras hacía gala de una derechización que también intentó trasladar al periódico progresista de referencia en España.

La sorpresa, por tanto, debería ser contenida. Como también que se vaya a estrenar en el nuevo medio con una entrevista a Felipe González, que abandonó el consejo editorial de Prisa en 2021. Es inevitable trazar la similitud de las evoluciones, vitales e ideológicas, de ambos personajes. Y lo mismo puede decirse del medio que ha elegido para escribir el estrambote de una carrera tan laureada como polémica: Antonio Caño, exdirector de El País y brazo ejecutor de Cebrián en la etapa más negra del periódico, forma parte del consejo editorial del digital que ahora acoge a su mentor. Allí compartirá espacio de firma con otros viejos conocidos como Fernando Savater, Félix de Azúa, y Pilar Marcos, entre los ex de El País, o Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre los antiguos cargos políticos.

El ya expresidente de honor de Prisa ha contestado a la destitución fulminante sugiriendo que va a demandar a su antigua empresa –“Demostraré en los tribunales que no he incumplido el contrato de colaboración”– y anunciando que este sábado iba a enviar a la directora del periódico, Pepa Bueno, el artículo previsto para este mismo lunes. Fuentes de Prisa aseguran a infoLibre que no van a publicar ningún artículo más de Juan Luis Cebrián, aunque lo utilice como “artimaña jurídica”.

En un comunicado, el fundador de El País se despide del grupo que ayudó a levantar citando su Libro de Estilo, al primer presidente de Prisa, José Ortega Spottorno, e incluso a Calderón de la Barca. Termina invocando a la libertad de expresión. Lo mismo hizo Antonio Caño cuando fue despedido en 2021, también anunciando acciones legales que terminaron en un acuerdo con la empresa antes de llegar al juicio.

Quizá ninguno de los dos recordaba, por ejemplo, el día en que El País canceló el suplemento de 12 páginas con artículos de The New York Times porque éste había publicado un reportaje titulado Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda, en el que varios periodistas denunciaban presiones gubernamentales y de los acreedores. Uno de ellos era Miguel Ángel Aguilar, que fue despedido sólo dos días antes por las críticas vertidas en el diario estadounidense.

Eso ocurrió en 2015, pero para entonces Juan Luis Cebrián ya había mostrado ante los suyos que la foto donde posaba con el casco de Darth Vader y que Jot Down no publicó hasta tres años después de lo previsto –en marzo de 2019, cuando la revista ya no era distribuida por Prisa– era un más que fiel reflejo de la evolución, y del carácter, del personaje.

Fue en una reunión con el comité de empresa de El País, previa al primer y único ERE que ha sufrido el periódico en sus casi 50 años de historia, cuando Cebrián intentó justificar los 129 despidos de noviembre de 2012. “No podemos seguir viviendo tan bien”, les dijo a los redactores. Pero esa primera persona del plural no le incluía: en 2011 había cobrado 13 millones de euros –fijo, bonus y complementos–, mientras Prisa se apuntaba unas pérdidas de 451 millones, las ventas de ejemplares caían más de un 30% y la acción del grupo en Bolsa se desplomaba, dejándose el 90% de su valor respecto a 2007. Como calculó entonces Pere Rusiñol, experiodista de El País, con esa cantidad se podían haber contratado 400 redactores, cuyos sueldos fueron recortados en un 8% tras el ERE.

No fue la única incoherencia argumental de Cebrián esos días de crisis económica. También defendía la necesidad de rejuvenecer la plantilla. “La tercera edad en periodismo comienza a los 50 años”, esgrimió, tras calificar de “preocupante” que la edad media en el diario fuera de 53. Entonces él tenía 68 años y hoy ya cuenta 79.

Pero hasta allí, el ERE, las pérdidas millonarias y una deuda elefantiásica, Prisa había llegado de la mano de una gestión económica que puede tacharse de nefasta. Ahora también se recuerda cuando Maruja Torres, que había abandonado El País en 2013, dijo que Cebrián quería ser “un tiburón de Wall Street”, pero se quedó en “sardinita”.

No le faltaba razón: como publicó infoLibre en 2014, Propu (Promotora de Publicaciones), la empresa que era el accionista mayoritario de Prisa y cuyo consejero delegado era Juan Luis Cebrián, se dedicó a hacer operaciones especulativas de alto riesgo al menos desde 2003, con importes que alcanzaban los 360 millones de euros. Al principio le fue bien, pero en 2007 perdió 148 millones de euros por especular de forma agresiva y arriesgada con derivados sobre acciones de Prisa. Tal fue el batacazo que Propu demandó en los tribunales a Goldman Sachs, la firma que había utilizado para asesorarse y gestionar estas operaciones. Y perdió estrepitosamente. Primero un juzgado de Primera Instancia y después la Audiencia Provincial de Madrid fallaron a favor del banco de inversiones en una sentencia que Propu ya no se molestó en recurrir y es firme. En ella se desvelan todos los detalles de las operaciones de alto riesgo que resultaron en un auténtico fiasco nada más estallar la burbuja financiera en 2008.

Mientras Propu acusaba a Goldman Sachs de hacer “un asesoramiento negligente e ilícito” e incluso su director de inversiones llegó a declarar ante los jueces que “no sabía lo que era” y “no entendía” aquello que le presentaba el banco estadounidense, el tribunal consideró que Cebrián y el resto de los gestores de la empresa “conocían los riesgos que asumían” cuando apostaron por una subida del valor de la acción que nunca se produjo. Es más, Propu aumentó sus posiciones en 2007, pese a que Goldman Sachs le aconsejó en contra. Era, alegó el banco de inversiones, un “cliente profesional y sofisticado”, acostumbrado a operar con derivados. De hecho, las operaciones especulativas formaban parte de los objetivos de inversión establecidos expresamente en la cuenta que Propu abrió con Goldman Sachs en 2000.

En ese mismo año 2008, el de la quiebra de Lehman Brothers, Cebrián firmó la operación más polémica de Prisa: la OPA por el 100% de las acciones de Sogecable, la televisión del grupo. Una inversión de 3.000 millones de euros que disparó la deuda de Prisa por encima de los 5.000 millones. Esa carga insoportable dejó al grupo en manos de sus acreedores, que convirtieron la deuda en capital. Santander, La Caixa y HSBC se convirtieron en accionistas del primer grupo de comunicación español. También entraron fondos de inversión y un jeque catarí. Al acabar 2015, cuatro bancos y el fondo Amber controlaban el 42% del capital de Prisa. Mientras, la familia Polanco no dejaba de perder peso. Al cierre de 2009, poseía el 70,95% del grupo; en 2016 su participación se había quedado en el 10,7%. Hoy no supera el 7,6%.

Eran años en que Prisa encadenaba números rojos cada vez más elevados. Si empezó con unas pérdidas de 72 millones de euros en 2010, en 2013 se elevaron a 649 millones y en 2014 explotaron hasta los 2.263 millones –en 2023 ha perdido 33,5 millones–. Cebrián había sido su consejero delegado desde 1988 y su presidente ejecutivo desde 2012. Pero, además de la crisis económica general, de la crisis de la prensa en particular, y de los problemas de gestión, Cebrián tenía que afrontar otros retos de tiburón financiero venido a menos. En 2016 su nombre apareció asociado a los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca que destapó a defraudadores fiscales de todo el mundo.

Su segunda exmujer, Teresa Aranda, figuraba como apoderada de una sociedad llamada Granite Corporation Incorporated, domiciliada en las islas Seychelles. Aranda también era vicepresidenta de la Fundación Atman, que presidía Felipe González. En su patronato se sentaba además un empresario iraní, Massoud Zandi, a su vez socio junto al propio Cebrián y Antonio Navalón, entonces columnista de El País, de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo, actividades poco claras en Sudán del Sur y una deuda con Hacienda de 2,5 millones de euros en 2016. Navalón también apareció en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 2,08 millones. Cebrián siempre ha negado tener ni haber tenido sociedades en paraísos fiscales, pero perdió en los tribunales una demanda contra El Confidencial por "difamarle" publicando la información revelada en los Papeles de Panamá.

Mientras, en la redacción de El País se libraba otra batalla. Cebrián encargó a Antonio Caño, quien entonces era corresponsal en Washington, un informe interno sobre el periódico y los cambios que debían hacerse para frenar la pérdida de lectores. Caño lo envió por error a una cincuentena de periodistas y colaboradores del diario. infoLibre lo publicó. Era febrero de 2014 y Javier Moreno, que no sabía nada del documento, ejercía de director. El contenido del informe levantó ampollas: Caño planteaba cambiar a todo el equipo directivo e incorporar a los cuadros a jóvenes de 30 años, al tiempo que criticaba que se hubiera “arrinconado” al periódico “en un lado del espectro político”.

Ya entonces era patente el giro del periódico hacia la derecha, pero el documento lo ponía negro sobre blanco. Cebrián también había hecho notar su enfrentamiento con los periodistas que él consideraba “del 68”, en alusión a los movimientos sociales que irrumpieron ese año en todo el mundo, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el Mayo francés. Apenas 10 días después de desvelarse el informe, el consejo de administración de Prisa anunció el nombramiento de Antonio Caño como director de El País.

Sus cuatro años al frente del periódico fueron quizá los más abruptos de la historia del diario. Caño, que se consideraba a sí mismo un “conservador”, apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak y su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentó con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Una vez en la dirección, sus relaciones, y las de quienes nombró para formar su equipo, con la redacción no fueron buenas. Además del cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas. Cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo había considerado “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo con una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulos”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

Además, el Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión convocada al efecto al cabo de apenas un minuto, con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial, de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz sólo dos semanas después de que Cebrián dejara la presidencia ejecutiva de Prisa en 2018. El resto de su equipo fue despedido. Tres años después también lo fue el propio Antonio Caño.

Desde entonces, Juan Luis Cebrián ostentaba la presidencia de honor de Prisa, mientras escribía artículos de opinión y críticas de libros en el suplemento Babelia. Siempre ha dicho que su abandono de las funciones ejecutivas fue el capítulo final de una sucesión que había empezado a preparar en 2016.

En una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre de 2017, Cebrián alertó de “la falta de rigor y credibilidad, del basurero de opinión en el que se ha convertido internet, a través de toda clase de sistemas organizados para generar una política de desinformación, chantaje y bloqueo con motivaciones muy diferentes”. Habrá que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el expresidente de Prisa en el medio que acaba de contratarle, precisamente uno de los señalados por no ser precisamente escrupuloso a la hora de publicar bulos.

Llega el invierno, la guerra en Ucrania se alarga y el precio de la energía se resisten a bajar. El del gas se ha pegado un buen batacazo desde los 340 euros el gigavatio/hora de finales de agosto hasta los en torno a 200 de hace unos días, pero aun así sigue siendo un 55% superior al de hace un año. Por el contrario, el diésel ha vuelto a subir y rebasa de nuevo los dos euros el litro en las gasolineras españolas. El negocio de la energía está revolucionado. O por exceso o por defecto. Los llamamientos al ahorro de gas en toda Europa están sosegando la demanda, mientras los esfuerzos por cubrir las reservas han llenado al límite depósitos y tanques subterráneos. La imagen de decenas de barcos metaneros navegando en círculos a la espera de poder descargar el gas natural licuado (LNG) en los puertos españoles asaltaba las retinas de muchos. No hay barcos libres para tanto gas como necesita Europa. Las importaciones de la UE hasta agosto han crecido un 56% respecto a 2021 y en 2023 se espera que aumenten todavía un 10%. Precios y beneficios, por tanto, se disparan. Estos días, las grandes energéticas nacionales están presentando sus resultados hasta septiembre, después de un primer semestre de ganancias históricas. Aunque no son los únicos actores favorecidos por la coyuntura del mercado. Los grandes intermediarios mundiales de materias primas y las navieras, e incluso los astilleros, disponen de un full de ases gracias al gas.

Ya en 2021, antes de que Rusia invadiera Ucrania y cortara el grifo a Europa, el mercado del gas natural licuado, el que se transporta por barco, había dado un vuelco al desbancar China a Japón como primer importador mundial. Su consumo de gas creció un 15%, según las cifras del informe anual que publica el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (Giignl). Al mismo tiempo, Estados Unidos se convertía en el primer exportador a Europa, tras aumentar sus ventas exteriores casi un 50%. También las elevó Rusia, pero sólo un 6,1%. Un año después, la guerra y el cierre ruso han impulsado aún más las compras europeas a Estados Unidos y aupado a España que, con seis plantas de regasificación y un tercio de la capacidad regasificadora de toda Europa, ya era antes de Vladimir Putin el primer reexportador mundial de gas. De los 3,5 millones de toneladas de gas licuado que se reexportan en el mundo, el 28% viene y va a través de instalaciones españolas.

“No creo que haya 35 metaneros haciendo cola ante los puertos españoles esperando para descargar”, advierte no obstante uno de los brókers del sector consultados por infoLibre. Cada semana, de media, descargan en las seis plantas regasificadoras españolas entre siete y ocho barcos, aseguran fuentes de Enagás, el operador del sistema gasista. La operación –elevar los -160 grados centígrados con que se licúa el LNG para comprimirlo y transportarlo, hasta devolverlo a su estado gaseoso– no dura más de un día. Sólo el pasado septiembre descargaron 27 metaneros, un 42% más que hace un año.

Muchos de esos barcos, explican los analistas, están vacíos, otros se dirigen a puertos de otros países europeos –Francia es el segundo mayor reexportador del continente–… y sí, algunos practican lo que en inglés se llama floating storage, esperando en alta mar a que el precio del gas suba para vender la carga sólo entonces. Al menos es lo que anticipa la cotización de los futuros para noviembre. Los economistas lo llaman contango: el precio del futuro financiero es superior al precio actual del gas. “La demanda volverá a subir con el frío y en unas semanas veremos cómo baja el nivel de los tanques en las terminales de los puertos y los precios aumentan”, pronostica Daniel Semler, de Energy Intelligence.

Un cargamento de unos 172.000 metros cúbicos de gas comprado en EEUU y vendido en Europa puede reportar a una energética o a un intermediario de materias primas unos beneficios de 200 millones de dólares, según los cálculos de la naviera noruega Flex LNG publicados por Freightwaves. De forma que sale muy rentable aun pagando los fletes galácticos de los metaneros, que también han escalado desde 2021 al ritmo de la extraordinaria demanda. El alquiler de uno de estos barcos roza en estos momentos los 500.000 dólares/día, según confirman los brókers consultados por este periódico. El informe anual de Giignl sitúa la media para un barco de 160.000 metros cúbicos en 2021 en 89.200 dólares diarios; en 2020 era sólo de 59.300 dólares. Es decir, los fletes se han multiplicado casi por seis en un año.

Esto es así sobre todo para los contratos spot –al contado– y a corto plazo, los que Giignl registra cuando tienen una duración inferior a los cuatro años. Son los más volátiles. Y a los que se dedican grandes intermediarios mundiales como Glencore, Trafigura o Vitol, aunque no sólo. Según los datos de septiembre del bróker Clarksons, los fletes de un año se han encarecido un 25% respecto a 2021 y alcanzado ese mes el precio más alto desde 2012. Las transacciones spot y a corto plazo representaron el 36,6% de las operaciones de compraventa de gas cerradas en 2021, explica el informe del lobby gasista, 136,3 millones de toneladas. En 2017 no superaban el 28%. Y Estados Unidos es el principal exportador de LNG con este tipo de contratos, pues suministra el 32,2% del gas vendido al contado.

Gracias a los elevados precios de todas las materias primas, Glencore ganó 18.900 millones de dólares en el primer semestre de este año, el doble que en todo el ejercicio de 2021. Los beneficios de Trafigura crecieron un 27% entre octubre de 2021 y marzo de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 2.700 millones de dólares, como resultado de un aumento del 73% en sus ingresos. Vitol terminó el primer semestre con unos resultados de 4.500 millones de dólares, más de lo que ganó en todo 2021, según la agencia Reuters. Glencore y Vitol tienen sus sedes en Suiza; Trafigura, en Singapur.

Las grandes compañías energéticas, en cambio, prefieren los contratos a largo plazo, precisamente para evitar los vaivenes de precios. Estos son a muy largo recorrido tanto para comprar el gas en origen como para transportarlo. En España, Naturgy tiene una cuota de mercado del 48%, y Endesa casi del 20%. El informe anual del lobby gasista Giignl registra los contratos en el sector de LNG en todo el mundo. En 2021, Naturgy firmó dos contratos a corto plazo: uno de dos años con la francesa Engie para comprar gas en Puerto Rico y otro con BP para traerlo de Trinidad y Tobago. Pero la parte sustancial de sus compras las hace a través de los nueve contratos a 20 o incluso 22 años que tiene suscritos para proveerse de gas natural desde Nigeria, Rusia –hasta 2038–, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Omán y Catar. También ha cerrado un contrato con la multinacional Shell a 17 años. Además, la empresa de Francisco Reynés posee el 3,7% de una planta de licuefacción en Omán y el 47,5% de la regasificadora de Peñuelas en Puerto Rico.

Hasta junio, Naturgy ganó 717 millones de euros, un 48% más que hace un año, tras facturar 16.737 millones, lo que representa un alza del 83,3% respecto al mismo periodo de 2021. La energética atribuye buena parte de su éxito este ejercicio al buen funcionamiento del negocio internacional del gas licuado. De hecho, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de este segmento le reportó hasta junio 436 millones de euros, lo que multiplica por cinco el del mismo periodo de 2021. Según explica la empresa en su informe de resultados del primer semestre, los precios elevados del gas y el diferencial creciente entre la cotización del TTF, la referencia europea para la venta, y el Henry Hub, la estadounidense para la compra –mucho más barata– le han proporcionado “mayores márgenes”: cuatro veces los que consiguió hace un año.

Para transportar el gas, Naturgy cuenta con una flota de 12 metaneros, según consta en su página web, todos ellos fletados a distintas navieras: tres a Naviera Elcano, cuatro a la noruega Knutsen, dos a Flex LNG, dos a la canadiense Teekay –ahora llamada Seapeak– y uno a la también noruega Höegh.

Sólo una compañía española cuenta con metaneros en su flota: Naviera Elcano. Según los registros de la patronal de los armadores Anave, la flota de metaneros en manos españolas se compone de sólo 22 barcos, de los cuales 16 navegan bajo bandera española. La flota mundial la componen 588 buques LNG de más de 50.000 metros cúbicos.

Naviera Elcano es propiedad en un 58,23% de Grupo Nosa Terra 21, a su vez en manos de la familia dueña del hospital privado vigués Povisa. Otro 20,25% lo posee Abanca y un 25% Naviera Murueta. En 2021 ganó 9,48 millones de euros, tras haber perdido 2,56 millones en 2020. De los tres barcos fletados por Naturgy, sólo el Castillo de Villalba tiene pabellón español, los otros dos están abanderados en Malta.

Teekay es la empresa que compró en 2004 la naviera de Fernando Fernández Tapias, que tenía cuatro buques gaseros, fletados por Repsol y las que entonces aún eran Gas Natural y Unión Fenosa –hoy Naturgy–. El precio de la operación ascendió a 442 millones de euros. El acuerdo de venta incluía la creación de una sociedad al 50% entre la canadiense y el empresario español para gestionar el negocio del LNG. Seapeak ganó 202,46 millones de dólares en el primer semestre de este año, un 37,4% más que el año anterior. También ha sido mortal el salto dado por Höegh, que ha pasado de unas pérdidas de 6,6 millones de dólares en los primeros seis meses de 2021 a unos beneficios de 88,8 millones este ejercicio.

Endesa tiene suscritos tres contratos a largo plazo para proveerse de gas en Nigeria, Estados Unidos y Catar. Además, le compra a Naturgy en EEUU. Su flota la componen cuatro barcos, que alquila a Knutsen, Flex LNG y a la griega Gaslog. Las ganancias de Endesa ascendieron a 916 millones en los primeros seis meses del año, un 10% más que en 2021. A la compañía de José Bogas, el negocio de traer gas de Estados Unidos también le ha salido a cuenta. En su informe semestral, explica que el gas que compra a Corpus Christi Liquefaction LLC en Texas lo vende luego a Enel, la compañía italiana que posee el 70% de Endesa, y a Endesa Energía SAU. Hasta junio las compras y ventas se elevaron a 603 millones de euros, mientras que en el primer semestre fueron de 296 millones. Es decir, las ha duplicado.

Iberdrola también tenía su propio negocio gasista hasta que lo vendió en 2019 a Pavilion Energy, con sede en Singapur. El acuerdo incluyó los contratos que la energética de Ignacio Sánchez Galán tenía a largo plazo –20 y 21 años– para comprar gas en Noruega y Estados Unidos. Además, había suscrito otro con la italiana ENI y dos con BP y Glencore.

Fue en 2013 cuando Repsol vendió su negocio de gas natural licuado. El comprador fue el gigante británico Shell y el precio, 5.100 millones de euros. Pero aún posee una planta de regasificación en Canadá –Canaport– y un barco, el BW Lilac, fletado a la noruega BW Gas. Además, ha aumentado su participación en un proyecto en Argelia con la empresa estatal Sonatrach y antes de que acabe este año comenzará a producir gas junto con BP en Trinidad y Tobago. La compañía que preside Antonio Brufau ganó 3.222 millones de euros hasta septiembre, un 66,2% más que en el mismo periodo de 2021. La empresa atribuye buena parte de ese aumento a la subida de los precios a los que ha vendido el crudo y el gas. Estos últimos se han duplicado desde 2021: de 3,9 dólares por 1.000 pies cúbicos a 7,9 dólares, indica Repsol en su último informe trimestral.

Finalmente, Cepsa sólo tenía hasta este mismo año un contrato con Sonatrach, la compañía pública argelina.

Enagás, el operador del sistema, también ha llegado al tercer trimestre con más beneficios, 353,4 millones de euros, un 15% más que hace un año pero, matiza, gracias a las plusvalías generadas por la venta de su participación del 45,4% en GNL Quintero, una regasificadora ubicada en Chile, y por la entrada del fondo Clean H2 Infra Fund en Enagás Renovables. El aumento de la actividad en sus plantas de regasificación –un 85%– no se traduce en una explosión de los beneficios, explican fuentes de la empresa, porque cobran unas tarifas fijas por descargar. La suya es una actividad regulada.

Pero Enagás sí que ha tenido que publicar una nota de operación, el pasado día 17, para explicar los “pequeños” retrasos que están sufriendo los barcos a la hora de descargar en las plantas españolas. “Es una situación generalizada en toda la UE”, justifican las mismas fuentes. La compañía prevé que los “altos niveles de ocupación de los tanques” se mantengan “al menos, hasta la primera semana de noviembre”.

La incertidumbre sobre los precios del gas va a continuar en 2023, coinciden los conocedores del mercado. Pero el tirón del LNG no se intimida. Alcanza incluso a los astilleros. En 2021, se contrató en todo el mundo la construcción de 85 buques LNG y 124 en lo que va de este año, según datos de la consultora Clarksons publicados por la patronal Anave. Y la expansión puede continuar, pese a que los astilleros especializados en este tipo de barco –surcoreanos y chinos– tienen colgado el cartel de completo hasta 2025 y no entregarán ningún buque nuevo antes de 2027. Construir un metanero costaba 186 millones de dólares a principios de 2021; el pasado septiembre el precio ya alcanzaba los 240 millones. La inversión mundial en estos buques de alta tecnología y gran capacidad sumaba 24.200 millones de dólares entre enero y agosto, por encima de la dedicada a cualquier otro tipo de barco.

Las previsiones de Clarksons son que la flota mundial crezca un 4,6%% este año y un 3,2% en 2023. Pero no sólo por la inyección de adrelina que ha disparado los precios del gas en Europa, sino también porque, explican los brókers consultados, Catar tiene en marcha un megaplan de expansión de 30.000 millones de dólares que pretende convertir al emirato en el primer exportador mundial de gas natural licuado –ya ha encargado 44 barcos y en 2023 se esperan otros 25 pedidos– y porque Estados Unidos seguirá con su ritmo creciente de exportaciones.

Aumento de la deuda pública, devaluación de los servicios públicos y encarecimiento de la vivienda. Son sólo algunos de los efectos de los llamados fondos de inversión especulativa. Hablamos de empresas como KKR o Blackstone, cuya compra de grandes paquetes de inmuebles tras la crisis de 2008 "ha incrementado la deuda pública en 35.000 millones de euros".

Así figura en el estudio Fondos buitre: los nuevos amos presentado este miércoles por la Plataforma Contra los Fondos Buitre. En él se incluyen una serie de medidas para proteger los servicios sociales básicos frente a estos grandes entramados empresariales. La plataforma ha propuesto blindar los derechos sociales en la Constitución, ya que entienden que la salud, la vivienda, el trabajo, la educación o las pensiones no pueden quedar fuera del sistema público "dependiendo en exclusiva de la inversión privada". Asimismo han anunciado el desarrollo de un borrador de ley que permita regular la especulación con la deuda pública, así como impedir la entrada de los fondos buitre en los sectores básicos.

"Nuestro objetivo es fortalecer la plataforma para poder hacer una mayor presión", ha explicado su portavoz, José Ibarra. "Si durante la pandemia hubiera habido unos servicios sociales fuertes, el nivel de la desgracia no habría sido tan elevado", ha agregado.

La plataforma ha propuesto "implementar una fiscalidad justa y progresiva" que permita un mayor seguimiento de las actuaciones en paraísos fiscales de estos grandes conglomerados empresariales. Tal y como han recordado los autores del estudio, estos fondos invierten principalmente en servicios públicos, como la sanidad, la educación, la vivienda o la deuda, para luego dejarlos más empobrecidos. "Actúan por lo general en periodos de cinco años, en los cuales tienen que proporcionar a sus clientes el máximo beneficio posible por el mínimo coste", lo cual empobrece los recursos públicos y el grado de los servicios, según ha explicado el abogado Manuel Gabarre. "Aquí se genera una paradoja, ya que estos fondos viven de los impuestos al tiempo que no los están pagando", de modo que, lejos de generar riqueza, tan sólo "parasitan recursos públicos".

En materia de vivienda la plataforma ha planteado una ampliación de la oferta pública "de manera que pueda llegar a amplias capas de la sociedad", con una regulación complementaria en el precio de los alquileres, "ya que la vivienda es un bien de primera necesidad".

Para una mejora del sistema sanitario, la plataforma ha ideado diferentes medidas. En primer lugar una derogación de la ley que permite el desembarco de las empresas privadas en la sanidad pública, para lo que se tendría que hacer especial hincapié en "impedir la entrada de los fondos buitre en cualquier ámbito del sistema sanitario público". También han propuesto una modificación en la Ley de Transparencia, lo cual permitiría "garantizar el acceso pleno de la ciudadanía a la información sobre los procesos de compraventa de los hospitales concesionados a los fondos buitre", según se detalla en el informe.

La residencias de mayores también se han tenido en cuenta, ya que su gestión está directamente relacionada con los fondos de inversión. La plataforma ha propuesto en este sentido un aumento del número de residencias públicas, hasta alcanzar por lo menos el 50% del total. Igualmente, han creído necesario un mayor nivel de inspección y control por parte de la administración pública que garantice "la adecuada calidad asistencial de las personas mayores".

Desde un enfoque ecológico, han propuesto promocionar "un cambio radical en el sistema eléctrico", tanto a nivel nacional como europeo. Según el estudio, esto permitiría lograr una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y erradicar la pobreza energética.

Por último, los autores del estudio creen necesario la derogación del artículo 135 de la Constitución, el cual "prioriza el gasto de la deuda por encima del gasto social".

El dedo acusador por el fracaso en el acceso a las vacunas de los países pobres suele apuntar a las farmacéuticas y los Estados. Y no es que el recién publicado informe Dosis doble de desigualdad, de Amnistía Internacional, no lo dirija hacia unas y otros. Lo hace y con extensión y detalle. Pero es que además amplía el barrido y señala también hacia donde no suele mirarse: las grandes compañías detrás de las farmacéuticas [ver aquí un resumen ejecutivo del informe y aquí el documento completo, en inglés].

Se trata de diez súper empresas, ocho de ellas de Estados Unidos, con participaciones de más de 213.000 millones de euros en seis farmacéuticas clave en el desarrollo de vacunas. Entre estos diez bancos, gestores de activos y fondos, en los que sobresalen nombres como Vanguard, BlackRock y State Street, poseen o gestionan el 32,7% de las de acciones de Pfizer, el 27,9% de las de Johnson & Johnson, el 24,7% de las de Moderna, el 23,5% de de AstraZeneca y el 17,4% de las de Novavax.

Seis grandes farmacéuticas

El informe ofrece una "imagen muy sombría" de seis farmacéuticas que "tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas": AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer. Según Amnistía, dichas compañías, a pesar de haberse beneficiado de ayudas públicas y pedidos anticipados que reducen el riesgo ligado a la investigación, "avivan una crisis sin precedentes de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología".

"Mediante sus acciones y omisiones –añade la organización internacional–, han terminado por perjudicar los derechos humanos de los miles de millones de personas que carecen de acceso a la vacuna".

Acceso global y propiedad intelectual

Amnistía destaca que las empresas se han negado a participar en las iniciativas coordinadas, como C-TAP, para facilitar un acceso global, así como a los intentos de suavizar las normas sobre propiedad intelectual, como el protagonizado por India y Sudáfrica. Ninguna de las empresas ha concedido licencias globales y no exclusivas a otras compañías, añade el informe, que no ha evaluado a las empresas chinas y rusas porque facilitan menos información corporativa.

Igualmente, "ninguna" de las seis empresas estudiadas ha revelado "los costes desglosados de investigación, desarrollo, producción, comercialización, distribución y otros datos cruciales para optimizar la producción y asignación de la vacuna", señala el informe. "Su enfoque –a pesar de los compromisos de AstraZeneca y Johnson & Johnson de vender a precio de coste durante la pandemia– ha fracasado en última instancia a la hora de abordar la crisis sanitaria mundial", añade.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, afirma: "El bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas”, ha manifestado. Con todo ello, menos del 10% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos está totalmente vacunada, según la ONG.

Amnistía Internacional recoge ejemplos de conductas contrarias al acceso global. Aquí van algunas, empresa por empresa, tomadas de la investigación de la ONG:

– Pfizer y BioNTech han suministrado sólo a Suecia vacunas en cantidad nueve veces superior a la de todos los países de bajos ingresos juntos, que han recibido menos del 1% de su producción. Gracias a los elevados precios que aplican, estas empresas prevén ingresos por valor de más de 86.000 millones de dólares (más de 73.300 millones de euros) a finales de 2022.

– Moderna aún no ha entregado "una sola dosis" a los países de bajos ingresos, ha facilitado sólo el 12% de sus vacunas a los países de ingresos medio-bajos y no entregará la gran mayoría de sus pedidos para el Covax, una iniciativa de acceso equitativo mundial, hasta 2022. Esta empresa obtendrá ingresos por valor de más de 47.000 millones de dólares (más de 40.000 millones de euros) a finales del año próximo.

– Johnson & Johnson no cumplirá la gran mayoría de los compromisos que ha adquirido con el Covax y la Unión Africana hasta 2022. Además, "se ha negado a conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más", según el informe.

– AstraZeneca, cuyo papel es destacado favorablemente a pesar de las críticas, ha entregado la mayoría de sus vacunas a los países de bajos ingresos y ha concedido algunas licencias voluntarias a otros fabricantes. Sin embargo, se ha negado a compartir sus conocimientos y tecnología con las iniciativas de la OMS y se ha opuesto a suavizar las normas de propiedad intelectual, según el informe.

– Novavax, pendiente de que se apruebe el uso de su vacuna, tiene previsto dedicar casi dos tercios al Covax, pero se ha negado a compartir sus conocimientos y su tecnología y se ha opuesto a suavizar las normas de propiedad, siempre según el informe.

Los grandes inversores

¿Se queda ahí Amnistía Internacional? No. A partir de información procedente de Bloomberg, mapea a los gigantes que hay detrás de las seis farmacéuticas criticadas. Los 10 mayores, principalmente gestores de activos, fondos de inversión y bancos con sede en Estados Unidos, tienen participaciones combinadas por valor de más de 250.000 millones de dólares (más de 213.000 millones de euros).

Aunque ninguno de ellos posee o gestiona más del 10% de una única empresa, el tamaño del conjunto de sus inversiones —así como el total de sus carteras en todo el sector— les da un peso crucial, analiza el informe, ya que poseen o gestionan el 32,7% de las acciones de Pfizer, el 27,9% de las de Johnson & Johnson, el 24,7% de las de Moderna, el 23,5% de de AstraZeneca y el 17,4% de las de Novavax.

"En el contexto de las vacunas covid-19, la influencia de este pequeño grupo de empresas es significativa", señala el informe, que lamenta que ninguna de las compañías se encontrara entre las 150 que, en febrero de este año, se sumaron a un llamamiento público para que las farmacéuticas apoyaran “una respuesta global, justa y equitativa a la pandemia”. Y ello a pesar de que se trata con compañías que, sin excepción, tienen establecidos compromisos en materia de derechos humanos.

Vanguard, BlackRock, State Street...

La compañía más importante, según el listado elaborado por Amnistía Internacional, es Vanguard Group (EEUU), un gestor de fondos que con acciones por un valor total de más de 66.000 millones de dólares (más de 56.200 millones de euros) en AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer.

BlackRock (EEUU) tiene 62.000 millones de dólares (casi 53.000 millones de euros) invertidos en las seis empresas destacadas. Va detrás State Street, también en EEUU, con más de 36.000 millones de dólares (más de 30.000 millones de euros) invertidos en todas las empresas evaluadas, excepto en BioNTech.

Los siguientes son Capital Group, Wellington Management (ambos de EEUU), Baillie Gifford (Reino Unido), Bank of America, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley. Cierra la suiza UBS, con casi 6.900 millones de dólares en acciones (cerca de 5.900 millones de euros), según la información contenida en el informe.

Además de exigencias y recomendaciones a Estados y farmacéuticas, Amnistía Internacional se dirige a estos inversores. "Una vez que un inversor ha identificado impactos adversos potenciales o reales, debe comprometerse con su empresa participada y ejercer su influencia para mitigarlos", señala el informe. "También deben insistir en que sus empresas participadas lleven a cabo su propia diligencia debida [due diligence] en materia de derechos humanos", añade la ONG, que reclama además divulgación de las medidas adoptadas.

Coincidiendo con la publicación de este informe, Amnistía ha lanzado una campaña global —con el respaldo de la OMS y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos— para pedir cuentas a los Estados y las grandes farmacéuticas. La campaña Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la covid-19 ya! exige que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año.

Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo: maneja 7,32 billones de dólares en activos, según sus propias cifras. También es el principal inversor del ÍBEX 35. Posee participaciones en 21 de las 35 mayores compañías españolas, entre ellas los seis grandes bancos, cuatro energéticas –Iberdrola, Enagas, Repsol y Red Eléctrica–, las constructoras ACS y Ferrovial y cuatro semipúblicas –Bankia, AENA y las citadas Enagas y Red Eléctrica–. Además, es el accionista principal de los dos mayores bancos, Santander y BBVA, y de la tecnológica del turismo Amadeus. En total, su cartera vale en estos momentos unos 12.714 millones de euros.

Pero, como al resto de los inversores, la caída de la Bolsa por culpa de la pandemia también ha afectado a Blackrock y sus acciones valen ahora un 29% menos que en enero. Aun así, desde entonces el fondo que dirige Larry Fink ha aumentado su participación en Bankinter e Iberdrola. De hecho, ha aprovechado el mes de agosto para salir de compras y crecer en cinco grandes del ÍBEX: las constructoras ACS y Ferrovial, el gestor aeroportuario AENA, Bankia e Iberdrola.

El pasado 28 de agosto, Blackrock, que había llegado a Bankia en mayo, en plena desescalada, afianzó su posición en la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri hasta el 1,58%, un paquete por importe de unos 53 millones de euros. Unos días antes había comprado en Cellnex hasta completar un 3,04% de las acciones, que valen casi 900 millones de euros. Aun así queda lejos del 4,59% que llegó a poseer en julio. El 19 de agosto aumentó su participación en AENA hasta el 3,05% –590 millones–, pese al penoso verano del turismo internacional en España, que ha desplomado el tráfico y la actividad de los aeropuertos nacionales. En ACS creció hasta el 4,71% el día 11, lo que casi duplica la participación con que entró en la constructora de Florentino Pérez en 2016. Las acciones que posee valen ahora 314,45 millones de euros.

Mayor es aún su apuesta por Iberdrola, donde ha llegado al 5,23% del capital este mes de agosto. Es su récord hasta ahora en la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán. También es su mejor inversión en España: 3.556,95 millones de euros, casi una cuarta parte de su cartera total. Sólo en Amadeus su porcentaje es aún más elevado: un 5,27% –1.164,25 millones– pero no lo ha movido desde el julio de 2019. En Telefónica, donde alcanzó el 5,6% en junio de 2017, ha vendido hasta quedarse con un 4,8%, valorado en 868 millones de euros, pero continúa siendo el tercer mayor accionista, tras BBVA y Caixabank. Finalmente, también ha puesto más dinero en Ferrovial, hasta alcanzar un 2,94% –503 millones de euros–. Todas estas cifras proceden de los registros de la CNMV.

Acciones baratas, poco movimiento

Las operaciones del gigante estadounidense se producen cuando la Bolsa española ha caído un 30,8% desde que alcanzó su máximo del año el 18 de febrero, 10.083 puntos. Este lunes, último día de agosto, perdió los 7.000 puntos que ha estado peleando por mantener todo el mes, y se ha quedado en unos tristes 6.369. Según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME), los mercados bursátiles nacionales –continuo, MAB, Latibex y los corros de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia– abrieron 2020 con una capitalización de 1,083 billones de euros, que en julio habían encogido hasta 775.211 millones. Sólo han remontado un 6,1% desde el descalabro de marzo, cuando la declaración del estado de alarma y el confinamiento paralizaron la economía. Por tanto, las acciones están baratas, en un mes en que tradicionalmente hay muy poco movimiento y el volumen de compraventa queda reducido al mínimo.

En cualquier caso, la sombra de Blackrock es aún mayor que la descrita. Además de las 21 empresas citadas, Blackrock mantiene posiciones no significativas –por debajo del 3%– en al menos otras siete empresas cotizadas. Es el caso de Acerinox, Cie Automotive, Siemens Gamesa, IAG y Viscofan. Sin contar con las participaciones que posee en Mediaset –1,83%– y en Bolsas y Mercados Españoles (BME) –donde llegó a poseer en 3,7% pero en junio se ha quedado sólo con un 0,3%–, dos valores que desde junio ya no figuran en el ÍBEX 35.

Por qué es tan poderoso

Creado en 1988, Blackrock aterrizó en España seis años más tarde. Emplea a 16.200 personas en todo el mundo. Y se la considera un auténtico poder en la sombra. En el primer semestre de este año ha ganado 2.020 millones de dólares –1.767 millones de euros–, un 21% más que el mismo periodo de 2019. Es decir, entre abril y junio recuperó todo lo que había perdido por culpa del covid-19: sus activos a 30 de junio engordaron 744.708 millones de euros respecto al 31 de marzo.

Ese mismo mes, la Reserva Federal de EEUU contrató a una filial de Blackrock para que la asesore en la compra de valores con garantía hipotecaria y bonos de grandes compañías, en un intento por estabilizar el mercado tras el hundimiento causado por la pandemia. La decisión levantó cierta polémica porque no era la primera vez que el fondo era utilizado por la Reserva Federal en tareas donde se rozaba el conflicto de interés. En 2008, tras la crisis financiera, Blackrock fue contratada para vender los activos tóxicos de las entidades rescatadas por el Gobierno de EEUU, como Bear Stearns y AIG, unos activos que el fondo compraba para sus propios clientes.

El fondo también asesoró entonces a los gobiernos de Irlanda y Grecia con sus propias crisis financieras. Sólo un mes más tarde de firmar con la Fed, la Comisión Europea encargó al fondo neoyorquino que la asesora antes de redactar futuras normas medioambientales para la banca. Noventa organizaciones europeas pidieron entonces a Bruselas que cancelaran el contrato.

El pasado mes de enero, su consejero delegado, Larry Fink, anunció en una carta pública a sus clientes, que el fondo iba a reorientar su actividad hacia las inversiones sostenibles, abandonando aquéllas que impliquen la producción de carbón y lanzando nuevos productos financieros que eliminen combustibles fósiles. Consciente de su influencia, no dudó en pedir a los gobiernos “una respuesta internacional coordinada”, alineada con los objetivos de la Cumbre de París y en instar a la iniciativa privada a sumarse a la pública para conseguir “una transición energética justa”. No sin advertirles de que en 2019 Blackrock ya votó contra 4.800 consejeros de 2.700 empresas de todo el mundo porque no habían sido lo bastante transparentes en materia de sostenibilidad o no la habían aplicado en sus prácticas empresariales. “Cada vez estamos más dispuestos a votar en contra de los gestores de esas empresas”, subrayaba.

Entre su cartera de clientes se cuentan los mayores planes de pensiones del mundo, así como los fondos soberanos de muchos países. Para hacerse una idea de las armas de Blackrock: el volumen de activos que gestiona multiplica por cinco el PIB de España en 2019 y casi duplica el alemán.

La expansión descontrolada del coronavirus SARS-CoV-2 está poniendo al mundo entero ante una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente. Desde que se iniciara el brote en diciembre de 2019, el número de contagiados supera ya los 400.000, mientras que la cifra de muertos sobrepasa los 18.000. España es, de momento, el segundo país más afectado de la Unión Europea –sólo por detrás de Italia–. Por eso, y con el objetivo de evitar que el sistema sanitario colapse, el Gobierno decidió fijar estrictas limitaciones a la circulación de personas en el marco de la activación del estado de alarma. Y lo hizo en medio de una fuerte zozobra económica y en pleno desabastecimiento de productos sanitarios. Un caldo de cultivo perfecto para que prolifere la especulación, ya sea intentando sacar una buena tajada con el continuo desplome de los mercados como aprovechando la escasez de mascarillas o geles desinfectantes para poner a la venta este tipo de productos a precio de oro. Actividades a las que las autoridades españolas no quitan el ojo de encima.

El pasado mes de enero, la epidemia de coronavirus no suponía directamente un problema para España. De hecho, ni siquiera se habían detectado los primeros casos en Italia. Por aquél entonces, el foco informativo estaba principalmente en China, a más de 8.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, la preocupación por la evolución del brote ya se había instalado dentro de nuestras fronteras. Sólo durante enero, la demanda de mascarillas en las farmacias se incrementó un 10.000% respecto al mismo mes de 2019, según los datos de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), que representa a las principales compañías distribuidoras. Ahora, siete semanas más tarde, es prácticamente imposible encontrarlas a la venta. Y quien dispone de dicho material sanitario está intentando sacarle el máximo beneficio. Así, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas denunció el pasado jueves la venta ilegal de mascarillas a 14 euros en Lanzarote, cuando el habitual de las quirúrgicas oscila entre los 30 y 40 céntimos, así como la fijación de precios abusivos por parte de determinados distribuidores.

Con la activación del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad ha intentado establecer un control sobre este tipo de material, fundamental para la labor que desempeñan los profesionales sanitarios en la lucha contra el coronavirus. Así, nada más decretarse el estado de alarma, el departamento que dirige Salvador Illa dio a las empresas centradas en estos productos un plazo de cuarenta y ocho horas para informar sobre la disponibilidad y ubicación de mascarillas, kits de diagnóstico, hisopos, gafas de protección, guantes o batas desechables, entre otros. Una orden que, sin embargo, no todo el mundo ha cumplido. La pasada semana, por ejemplo, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo en el marco de la alerta sanitaria dos actuaciones en locales comerciales de Madrid en las que se incautaron de 12.886 soluciones hidroalcohólicas, 468 botellas de alcohol, 19.600 mascarillas, 1.280 gafas protectoras, 150 batas desechables y casi medio millón de guantes de nitrilo. El cuerpo policial sostiene que los propietarios de los establecimientos estaban “haciendo acopio” de material sanitario y que no habían informado a Sanidad.

Durante la rueda de prensa de este lunes, Illa quiso salir al paso de todas aquellas informaciones sobre el bloqueo de la entrega de estos artículos sanitarios. “Es absolutamente falso. El Gobierno de España apoya cualquier tipo de compra y no hay ningún bloqueo. Lo que sí hay es combate contra las personas que quieren especular con materiales que son absolutamente necesarios en esta batalla contra el virus sanitario”, aseveró el ministro en una comparecencia conjunta en el Palacio de La Moncloa con la titular de Economía, Nadia Calviño. Veinticuatro horas después, en una nueva comparecencia celebrada este martes, Illa ha asegurado que el Ejecutivo está tomando “todas las medidas” para aceptar solo “ofertas serias” en la compra de estos productos, evitando así los “movimientos especulativos”. 

3M, una de las multinacionales líderes a nivel mundial en equipos de protección personal y soluciones sanitarias, asegura a infoLibre que no ha “cambiado los precios” de respiradores y mascarillas como resultado del brote de coronavirus. No obstante, continúan, no pueden “controlar los precios que los distribuidores o minoristas cobran por ellos”.

Fijar precios máximos

“Es vox populi que hay establecimientos, incluidos farmacias, que están subiendo no solo el precio de las mascarillas, sino también de determinados productos de higiene personal, como por ejemplo los geles desinfectantes”, explica en conversación con este diario Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Por eso, más allá de la decisión de Sanidad de intervenir el material sanitario, desde la organización de consumidores creen que el Gobierno de Pedro Sánchez debería dar otro paso al frente decretando una “política de precio máximo” para todos aquellos productos que son “básicos a la hora de evitar el contagio”. Esto es, exactamente, lo que hizo Francia a comienzos de marzo. Mediante decreto, el Gobierno galo estableció un baremo de venta de los geles desinfectantes: 2 euros de precio máximo para los frascos de 50 mililitros, 3 euros para los envases de 100 mililitros, 5 euros para los botes de 300 mililitros y 15 euros para la botella de un litro. Límites que se mantendrán hasta finales de mayo y que se impusieron por “una falta de disponibilidad” de los productos, según anunció el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire.

Sánchez, además, pone el acento en el importante papel que juega la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la hora de detectar “prácticas ilícitas, como por ejemplo las subidas concertadas”. El organismo que dirige José María Marín Quemada ya anunció que extremaría la vigilancia “ante posibles abusos que pudieran entorpecer el abastecimiento o producir el encarecimiento de los productos necesarios para la protección de la salud de la población”. “Se trata de garantizar que no se produzcan en España prácticas anticompetitivas, por ejemplo, en materia de fijación de precios abusivos o de acuerdos entre operadores”, aseveró el regulador en un comunicado, en el que recordaba a los ciudadanos la disposición de canales para denunciar prácticas de este tipo. En este sentido, el portavoz de Facua recomienda “no comprar” artículos que se estén vendiendo a un precio muy elevado. Sin embargo, reconoce que “hay gente que no tiene más remedio”. “No estamos en una situación habitual en la que podamos acercarnos a varios establecimientos distintos. Se tiene que salir lo mínimo de casa”, apunta.

Pero además de precios abusivos, la escasez de estos productos ha permitido también la proliferación de estafas. El pasado 13 de marzo, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Madrid a una persona que había puesto a la venta a través de una aplicación móvil una caja de 22 mascarillas quirúrgicas por 600 euros, un material que nunca llegaba a las víctimas. No fue, sin embargo, la única detención que se produjo ese día. Un hombre de 44 años fue arrestado también en Alicante como autor de una estafa piramidal cuyo importe podría superar los 726.000 euros. El investigado se aprovechaba de los datos legales de una mercantil en la que había trabajado para captar a sus víctimas, a las que se les ofrecía mascarillas Miller fft2 n95, un material que nunca recibían tras hacer el pago. Estas, a su vez, convencían a otros familiares para que también compraran a través del supuesto estafador, completando así el esquema piramidal. Una de las víctimas, según la información facilitada por la Policía Nacional, llegó a abonar 180.000 euros como adelanto por la adquisición de medio millón de unidades.

La especulación bursátil

Y mientras las autoridades sanitarias tratan de contener la expansión del coronavirus, los mercados continúan haciendo frente a su particular viacrucis. Tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de lanzar un programa de emergencia mediante la adquisición de activos públicos y privados con un alcance de 750.000 millones de euros, los principales parqués europeos repuntaron ligeramente. Sin embargo, el desplome experimentado en las últimas semanas –este lunes de nuevo– los ha colocado en una situación complicada. De hecho, en algún momento ha llegado a abrirse el debate sobre la posibilidad de que los mercados bajen la persiana en esta situación de enorme excepcionalidad. Algo de lo que no quieren oír hablar, sin embargo, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni la Federación Europea de Bolsas (FESE). “Los intercambios juegan un papel clave en la formación de precios, transparencia y liquidez. Evitar que cumplan este papel tendría un gran impacto no solo en la economía sino también en la sociedad”, señalaron desde la FESE.

Actualmente, el Ibex 35 se encuentra oscilando por debajo de los 7.000 puntos básicos, cuando hace sólo un mes había roto la barrera de los 10.000. En este contexto, con descensos importantes y sesiones marcadas por la volatilidad, los mercados se han convertido también en un campo perfecto para intentar hacer negocio. “Con las empresas a precio de saldo hay inversores que pueden intentar sacar una tajada importante”, explica en conversación con este diario el economista Javier Santacruz. En este sentido, pone el foco en tres grupos. En primer lugar, los inversores nacionales, que “van a por compañías sobre todo de mediana capitalización, siendo en muchos casos perfiles de patrimonios familiares o empresas que aprovechan la oportunidad para intentar hacerse con otras”. En segundo término los europeos, ya sean fondos de inversión o firmas que quieran hacerse con compañías españolas. Y por último los extracomunitarios, que intentan “entrar a un mercado, igual que pasó tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con descuentos del 60% o el 70%”.

El Gobierno ya se ha apresurado a atar en corto a estos últimos. Y lo ha hecho a través del real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, un texto que contempla la suspensión de todas aquellas inversiones cuando sitúen la participación del inversor por encima del 10% del capital social de la compañía española o le permitan tomar el control del órgano de administración. “Con esta medida se corta el paso a todos aquellos que quieran aprovechar la situación para intentar quedarse a unos precios muy bajos con las principales firmas españolas, sobre todo las más delicadas: telecomunicaciones, eléctricas, bancos, aseguradoras…”, explica Santacruz. Sin embargo, el economista se muestra preocupado ante la posibilidad de que empresas europeas puedan aprovechar la coyuntura para “quedarse por dos duros” con compañías españolas. “Ahí es donde hay que profundizar ahora”, sostiene el experto, que asevera que existen mecanismos para evitar que “los peces gordos” comunitarios “se coman a los más pequeños”.

En cuanto al primer grupo, el de los inversores nacionales, Santacruz señala que la actual crisis económica puede poner “a tiro” determinadas “operaciones”. “El mercado español es muy dado a fusiones o integraciones. Sin embargo, en el último año eso se paralizó porque las compañías estaban caras en Bolsa. Ahora, habrá empresas viendo cómo esas otras firmas donde querían entrar han bajado un 60%”, explica. Pero además de estos movimientos, el experto pone también el foco en las denominadas “posiciones cortas”. Y lo ejemplifica: “Soy un inversor y estoy convencido de que van a caer las acciones de Telefónica, pero no tengo y no las quiero comprar porque si falla mi predicción pierdo el dinero. Recurro entonces a alguien y le pido prestadas sus acciones. En el momento que las tengo, las vendo intentando provocar una caída. Si se desploman, compro esos títulos a menor precio del que los había vendido y tengo una plusvalía para devolverlos con intereses”.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha prohibido durante un mes las posiciones en corto. Y esta medida, según aseguró Calviño este lunes en rueda de prensa, ya está teniendo un “impacto positivo” en términos de volatilidad. El objetivo, explicó la titular de Economía, es evitar por todos los medios que se instale una “especulación a la baja” en los mercados.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso de la venta de vivienda pública al fondo de inversión buitre Fidere por el Gobierno presidido por la exalcaldesa Ana Botella (PP), informa Europa Press.

En un auto, fechado ayer, 27 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial estima los recursos presentados por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS; por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, y por la EMVS contra el auto del pasado 23 enero, dictado por el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que dispuso el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.

Con esta nueva decisión se busca agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda, por la venta de 1.860 viviendas, locales y garajes públicos realizada en 2013.

Ya un auto de septiembre de 2017 acordó la reapertura de las diligencias previas, también archivadas, a raíz de la presentación del informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 30 junio 2016 y que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013, bajo el mandato de Ana Botella (PP). En el informe de la Cámara de Cuentas se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.

A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que, con carácter previo al acuerdo de la venta, tuvieron cuatro compañías, entre ellas la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a las compañías Fidere. Y destacaban igualmente que había sido el comprador y no EMVS quien fijó el precio de la venta de las viviendas, un importe "objetivamente inferior al precio que podía obtenerse e incluso al mero valor contable de las viviendas". El informe de la Cámara de Cuentas también hacía mención a los 2,3 millones de euros destinados al pago de dos facturas de una sociedad intermediaria en las operaciones de compra-venta "que no sólo no resultaría necesaria sino que no existe otra constancia de la intermediación que la aparición de las propias facturas".

En el auto, la Audiencia Provincial hace mención a que Oslé pudo incumplir las normas reguladoras de la gestión económico-financiera aplicables a las operaciones en las que intervino "pues no aplicó las prevenciones de derecho público exigibles". "Además, permitiendo el pago a la empresa intermediaria por prestaciones que no tenían cobertura jurídica, ni está probado que se ejecutaran, y el cobro por la venta de inmuebles por un precio inferior al mínimo jurídicamente aceptable, la actuación del demandado produjo un daño real y efectivo, económicamente evaluable e identificado en unos bienes públicos concretos", apostillan.

La actuación de Oslé "está incursa, al menos, en negligencia grave pues ni se atuvo al canon de diligencia cualificado exigible en la gestión de fondos públicos, ni agotó los medios a su alcance profesional para prevenir y evitar el menoscabo del patrimonio público puesto a su cargo". La Audiencia Provincial no desconoce que el ámbito competencial del Tribunal de Cuentas es diferente del penal, aunque no descartan "la existencia de indicios de infracción penal" en la actuación de Oslé.

"Existen indicios suficientes como para entender que entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos", añaden. Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

2019 es, como ya hemos contado, el año de la energía solar fotovoltaica, pero todo apunta a que lo será, además, de todas las energías renovables al completo. España debe cumplir, a la espera de su propio Plan de Energía y Clima, objetivos muy ambiciosos para seguir la senda de descarbonización de la Unión Europea, y eso pasa por impulsar el sector de la generación limpia de electricidad, paralizado durante años de Gobierno del PP. Pero la iniciativa tanto pública como privada está volviendo a encontrarse con un viejo conocido: la especulación. Empresas que consiguen puntos de acceso y permisos para una instalación eólica y fotovoltaica y, en realidad, no tienen ninguna intención de llevar a cabo el proyecto. "Es un problema", reconocen fuentes del sector: incluso las más entusiastas con la revolución renovable. Hay que instalar entre 6.000 y 7.000 megavatios de potencia renovable al año para cumplir con el Acuerdo de París de cara a 2030: un obstáculo así amenaza con hacer salir al país de la senda.

Para entender la magnitud del asunto, cifras. Red Eléctrica de España (REE), que otorga los permisos de acceso a la red, ha recibido peticiones para instalar 87.500 megavatios de renovables. Esa es una cifra algo inferior a los megavatios ya instalados de todas las generaciones, renovables o no (98.593 MW en 2018). Si las peticiones se convirtieran en realidad, modificarían de cabo a rabo el sistema eléctrico. Pero no será así. En esos 87.500 MW se incluyen los 9.000 MW que se adjudicaron en las subastas que organizó el Ejecutivo del PP, que les ofrecían condiciones favorables. El Ministerio de Transición Ecológica no cree que antes de 2020, fecha límite, pueda instalarse ni el 70% de lo subastado.

El resto de las peticiones de MW proviene de proyectos que se plantean sin la red de seguridad que otorga la subasta porque, a diferencia de hace una década, instalar renovables sin incentivos estatales ahora sale muy rentable. Sin embargo, no se sabe cuántas de esas peticiones de puntos de acceso a la red se convertirán finalmente en plantas de generación o se revenderán, encareciendo los precios de todo el mercado.

La normativa actual establece un plazo de 5 años para que las empresas que pidan a REE acceder a la red eléctrica construyan sus instalaciones de generación. Por lo que es de esperar que, en ese plazo, finalmente los proyectos se hagan realidad, dado que de no hacerlo los titulares de esos permisos perderían todo lo invertido. Pero la especulación encarece los precios. "Es uno de los grandes problemas del sector", afirma el experto en el mercado eléctrico Jorge Morales de Labra. Sociedades pirata consiguen los permisos y, posteriormente, son vendidas, con el acceso a la red ya concedido, lo que sirve para esquivar la imposibilidad de transferir el permiso. Y como los accesos a la red son limitados, los que realmente quieren construir una planta de generación eléctrica se encuentran con un mercado saturado de especuladores, donde no se abrirán nuevos accesos a la red hasta dentro de años, por lo que solo les queda comprar una de esas sociedades piratapirata y, en definitiva, contribuir a que el negocio de la energía renovable sea menos rentable.

El Gobierno es consciente del problema de la especulación en las renovables. El anterior Ejecutivo ya se encontró de bruces con el problema: en las jornadas de información que el antiguo Ministerio de Energía celebró previas a las subastas de 2017, tres cuartas partes de las preguntas de los asistentes estaban orientadas a la posibilidad de la venta de las sociedades que salieran ganadoras en el proceso. Es por ello que, en el decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, aumentó los avales que el Ejecutivo exige para todo aquel que quiera solicitar un punto de acceso. De 10 euros por cada KW que se prevea instalar se pasa a 40 euros. Morales de Labra cree que la iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica no es, ni mucho menos, suficiente. "El que podía pagar 10 euros puede pagar ahora 40". Para el experto, la solución pasa por reformar la red de transporte de electricidad en España, que a su juicio está "saturada" y que es responsable de que REE limite las concesiones de nuevos puntos de acceso. "Se utiliza un criterio de prudencia para autorizar nuevos accesos, y se podría flexibilizar algo más", opina. Más que subir los costes de los avales, considera que "hay que acelerar la caducidad" de los permisos, actualmente fijados en cinco años, para dar menos margen a los especuladores para vender las sociedades y encarecer los precios.

"Esto no es un defecto exclusivo de las tecnologías renovables", advierte el vicepresidente de la Fundación Renovables, Sergio de Otto. "Es un defecto de cualquier negocio capitalista. Es igual que lo que se ha hecho, por ejemplo, con las licencias de taxis". De Otto asegura que "es necesario ser mucho más exigentes", y más allá de los ineficientes avales, cree que es el momento de obligar a una permanencia a quien obtenga un acceso a la red por parte de REE. Jorge Morales de Labra no cree que dicha obligación sea viable. "Sería ilegal, chocaría con la libertad de empresa. Si tienes una sociedad a la que se le ha concedido el permiso y vendes la sociedad, no se puede evitar eso", afirma.

Sergio de Otto cree que el problema de la especulación con las energías renovables no puede servir de excusa para dejar de lado la transición energética pendiente. "Esto no debe cuestionar la necesidad de instalar mucha más potencia de renovables. Especulación hay con todo. No nos engañemos", concluye.

El día 15 se cumplen 10 años de la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, ahogado entre derivados sobre hipotecas basura. Con un pasivo que superó el medio millón de euros, aún hoy continúa figurando como la mayor bancarrota de la historia. Y aunque no fue la primera entidad financiera en caer empujada por las hipotecas subprime –ya antes fueron intervenidas las semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac, y otro grande, Bear Sterns, fue rescatado y vendido a JP Morgan–, la estrepitosa caída de Lehman Brothers fue la mecha que prendió el incendio de la crisis financiera en el resto del mundo.

Apenas 18 días después, el Gobierno de George W. Bush ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos: un programa de 700.000 millones de dólares –560.000 millones de euros– de los que finalmente se desembolsaron casi 438.000 millones. Con esa inyección de dinero público, el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos, tanto hipotecas como cualquier instrumento financiero basado en ellas. Pretendía así sacar de los balances de los bancos todos esos activos ligados a las hipotecas basura.

En Europa, la reacción fue lenta. En España, aún más: el rescate bancario no llegó hasta 2012. De forma que Estados Unidos salió enseguida de la crisis, mientras que en Europa y España la recuperación está siendo, todavía, lenta y dificultosa.

Una década después del estallido, el paisaje financiero ha cambiado sustancialmente: en EEUU desaparecieron 489 entidades entre 2008 y 2013; España se quedaba sin cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Y para quienes sobrevivieron, las instituciones internacionales aprobaron nuevas y más rigurosas normas de funcionamiento. El objetivo era evitar la repetición de los perversos comportamientos del pasado que habían conducido a la mayor crisis económica desde 1929. Además de las multas –130.000 millones de dólares en Estados Unidos–, los acuerdos de Basilea III endurecieron a partir de 2010 los requisitos de capital de los bancos para asegurar una mayor capacidad de absorber pérdidas, la Unión Europea creó los tests de estrés o pruebas de resistencia bancaria, se pusieron en marcha los colchones anticrisis –MERL o Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles, en Europa, y TLAC para los 30 bancos considerados sistémicos–, y ya ha entrado en vigor la nueva normativa del Mifid II, que pretende aumentar la transparencia y garantizar la protección de los compradores de productos financieros.

Todo un corsé regulatorio pensado también para impedir que los bancos sean rescatados, de nuevo, con dinero público cuando estalle una nueva crisis. En España se inyectaron 60.000 millones de euros, de los que sólo se ha recuperado hasta ahora un 6,8%. En Reino Unido las ayudas públicas se elevaron a 100.000 millones.

Lecciones de la crisis

Sin embargo, los expertos expresan sus dudas sobre la eficacia de estos mecanismos. No son suficientes y no evitarán que los contribuyentes vuelvan a pagar los problemas de los bancos. Se han dado “pasos en la dirección correcta”, concede Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de Cunef (Colegio Universitario de Estudios Financieros). Las soluciones diseñadas desde 2008 “están bien para la crisis pasada, pero no servirán para la próxima”, advierte en cambio el analista Juan Ignacio Crespo. Y es seguro que habrá una nueva crisis, resaltan, aunque ninguno se atreve a predecir cuándo estallará.

En todo caso, Carbó cree que la sociedad sí ha aprendido de lo ocurrido tras la caída de Lehman Brothers, “no sólo los banqueros y los reguladores”, apunta, también los gobiernos “han espabilado”, y se han levantado “barreras” para que el recurso al dinero público sea el último recurso si hay que rescatar a las entidades financieras. Asunto distinto es que se consiga. “Hemos aprendido, pero no nos da la gana de ponerlo en práctica”, lamenta Crespo, quien alerta de que estos mecanismos no garantizan en absoluto que no vayan a volver a utilizarse fondos públicos en la próxima crisis. “Se seguirá empleando, no queda otra, sobre todo si los riesgos son cada vez mayores”, abunda Javier Santacruz, economista del Think Tank Civismo.

A su juicio, los colchones que se están creando no serán suficientes para mantener un negocio que está “permanentemente apalancado”. En el caso del MERL, el seguro para absorber pérdidas, puede situarse –aún no está definido– en el 20% o 22%, entre capital y bonos, sobre el total de activos ponderados por riesgos de las entidades españolas, lo que significa que los bancos deberían emitir bonos por importe de entre 65.000 y 79.000 millones de euros, según los cálculos de Ángel Berges, Alfonso Pelayo y Fernando Rojas, de Analistas Financieros Internacionales. Juan Ignacio Crespo acude a la debacle de las cajas de ahorros para explicarlo: “El apalancamiento [endeudarse para financiar una operación] de las cajas era tan brutal que, aunque estaban bien capitalizadas, no les sirvió de nada para un vendaval como el que sopló”. Si vuelve a desatarse un tsunami, los Estados tendrán que intervenir otra vez. Para Santacruz, los bancos españoles, con unas ratios de capital entorno al 12% o el 15%, no podrán aguantar si se extiende el “pánico bancario”.

Los peligros en el horizonte

Carbó precisa, no obstante, que no habrá otro Lehman Brothers, porque no se permitirá que crezca otro monstruo de esas proporciones. Pero sí que aprecia “elementos estructurales” que abocan a una nueva crisis. Un mundo cada vez más globalizado, donde persisten esos “vehículos opacos” que propiciaron la explosión de las subprime y su ejército de complejos derivados financieros. Hace sólo unos días, la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, auguró que la próxima crisis la causará el mercado inmobiliario. Tanto Carbó como Crespo y Santacruz desconfían. El experto de Cunef teme más a los “elementos políticos”, cuya causa sitúa precisamente en la crisis desatada en 2008: el auge de los populismos, personificados en Donald Trump o convertidos en Brexit. “La sociedad es mucho más vulnerable ahora que hace 10 años, aunque los ciudadanos no perdieron sus ahorros, sí que perdieron su empleo o sus salarios, y aún no se han recuperado”, explica. También adivina nuevos riesgos en el horizonte: las criptomonedas, las innovaciones tecnológicas,las criptomonedas que “corren siempre más deprisa que los reguladores”. Y le preocupa la “complacencia” de Estados Unidos, tras su rápida salida de la crisis. No en vano Trump ya ha comenzado a desmontar la Ley Dodd-Frank con la que Barack Obama embridó al sistema financiero para evitarle la tentación de acumular riesgos como hizo en el pasado. El actual presidente de EEUU odia todo lo que signifique regulación y cree que liberar a los bancos del corsé aumentará el crédito a familias y empresas.

Para Juan Ignacio Crespo, en cambio, el peligro es China, que lleva casi dos décadas inyectando dinero en su economía para solucionar todas y cada una sus disfunciones, y seguir alimentando su estratosférico crecimiento. En 2008 había “un exceso de dinero a la caza de pocos activos”, lo mismo que ahora, destaca, después de que los bancos centrales de EEUU, Europa, Japón y otros países hayan unos 20 billones de dólares a la economía mundial.

Es lo que destaca Javier Santacruz: “El dinero gratis [con los tipos de interés por los suelos] es el germen de cualquier crisis”, resume. Frente a esa “incubadora de riesgos”, subraya, no se ha hecho nada. Según sostiene, la siguiente crisis será de deuda. “Y no estamos suficientemente protegidos”, avisa. Santacruz pone como ejemplo los problemas del BBVA en Turquía. En poco tiempo, los bonos de ese país han pasado de ser activos con riesgo cero a convertirse en una inversión problemática.

El FMI calcula que la deuda mundial supone ya el 225% del PIB del planeta, por lo que supera el máximo registrado en 2009. “En el pasado ese dato se ha asociado con crisis fiscales”, asegura el organismo en su informe sobre Estabilidad Financiera Global. Es la consecuencia lógica de una solución a la crisis que consistió en cubrir con dinero público los desmanes privados. Y que deberá seguir ayudando a reparar los descosidos sociales de la crisis financiera, apunta Santiago Carbó.

Medidas anticrisis

Si los mecanismos implantados no protegen a la economía mundial frente a una nueva crisis, ¿qué debería hacerse entonces? Carbó es partidario de crear un instrumento fiscal de apoyo en la UE para cuando el BCE termine el programa de ayudas que ha reanimado la economía europea en los últimos años. Lo ha pedido el propio Mario Draghi, a fin de ayudar a los países que resulten castigados por los inversores en caso de una crisis de deuda. “El problema es que ahora Alemania no se fía de Italia y no quiere ni oír hablar de ello”, lamenta el economista de Cunef.

Javier Santacruz pide una supervisión de la banca “exhaustiva”, “integral”, que no sólo atienda a los riesgos del balance sino que también evalúe las perspectivas del negocio a medio y largo plazo, para minimizar el riesgo. Además, cree que debería “mantenerse a raya” a los países de la UE. “Nada de locuras en la política: ni bajadas de impuestos populistas ni subidas del gasto público populistas”, concluye. Juan Ignacio Crespo niega que el BCE carezca de herramientas para hacer frente a una nueva crisis por culpa de unos tipos de interés en mínimos históricos. “Se exagera en eso, por supuesto que tiene herramientas”, precisa, “ya lo ha hecho antes: en cuanto Draghi anuncia que va a comprar activos, las bolsas se disparan”.

Ni la desaceleración de la economía ni las guerras comerciales que está declarando Trump ni las posibles subidas de tipos de interés, los problemas de Italia o la supuesta debilidad del Deutsche Bank –del que se dice con frecuencia que iba a ser el nuevo Lehman– es seguro que vayan a detonar la próxima crisis de forma inminente. Pero la sombra del banco que esparció el virus de las hipotecas basura por el mundo sigue siendo alargada incluso 10 años después. Somos más débiles, admite Santiago Carbó: “La economía ha dado un paso atrás en todo el mundo”.

Acechando pues desde las alturas, justo desde la misma bóveda del azul prístino y celestial, calculando con precisión, reuniéndose, a cada segundo más y más ejemplares, circundando e iniciando el descenso, muy lentamente, sin distracción, con exasperante calma, con tino frío y determinante:

“Los fondos buitre fuerzan cada vez más desahucios”.

Los buitres abandonan los restos óseos carcomidos, vaciados del tuétano, para regresar a otear lontananzas, cárcavas y ribazos, porque su apetito es insaciable y su fijeza inalterable.

Tan solemnes e implacables.

Ahora que los buitres ya planean sobre nuestras ciudades, los fondos buitre gobernados por gestores de gran eficacia, sin alma ni corazón, escudriñando cada posible desgracia humana, cada posibilidad de echarse sobre la vulnerabilidad de los desahuciados, hasta dejarlos sin nada, endeudados, condenados, por lograr el enriquecimiento obsceno y mezquino de esos buitres que luego no podrán remontar el vuelo si no es tras gran esfuerzo… porque han ingerido más allá de sus propias necesidades.

Con la indiferencia de la mayoría que celebra la ocasión que ha vuelto a pasar de largo, y también con la complicidad de los trepas y tiralevitas por abrirse un hueco entre los buitres que muestran sus fauces sanguinolientas, porque confían que ellos, estómagos agradecidos, también terminarán sacando tajada.

Los buitres invitados por ejecutivos y políticos sin conciencia, adictos a los intereses y a los beneficios que solo se acumulen en las cuentas de sus amos y señores, al dictado de los buitres que sobrevuelan y escudriñan la penuria humana, desde su inhumanidad más insolente, a buen recaudo de todo sentimiento de culpa, sabiendo que irán devastando, del centro a la periferia, sin límites, sin conciencia, honestidad o moralidad.

Y, entretanto, el panorama se ofrece desolado en un laberinto de hormigón y asfalto que ofrece despojos a los buitres que no dejarán ninguna presa, porque son insaciables y porque no tienen otro objetivo que devorar y necrosar todo aquello que ofrezca debilidad, precariedad, principio del fin de un mundo que agoniza bajo las sombras siniestras de… los fondos buitre.

Los fondos buitre se han hecho con los despojos de una sociedad vencida y rendida a los pies de sus nuevos buitres, basureros de cualquier atisbo de humanidad.

Antonio García Gómez es socio de infoLibre

Royal Bank of Scotland (RBS) ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el que pagará una multa de 4.900 millones de dólares (4.323 millones de euros), la más elevada impuesta hasta la fecha a una única entidad por mala conducta durante la crisis financiera, para zanjar las reclamaciones que acusaban al banco de haber engañado a los inversores con la suscripción y emisión de valores respaldados por hipotecas residenciales entre 2005 y 2008.

"Muchos ciudadanos sufrieron un perjuicio económico duradero como resultado de la crisis de 2008", declaró el fiscal general adjunto en funciones, Jesse Panuccio, quien subrayó que este acuerdo "responsabiliza a RBS de una grave mala conducta que contribuyó a esa crisis financiera". El Departamento de Justicia de EEUU destacó que el acuerdo con RBS supone la mayor multa impuesta por la institución por mala conducta durante la crisis financiera a una única entidad, informa Europa Press.

El acuerdo alcanzado incluye una relación detallada de los hechos, utilizando llamadas telefónicas y correos electrónicos de ejecutivos del banco escocés, sobre cómo RBS de manera rutinaria tergiversaba información sobre los riesgos significativos de sus titulizaciones.

Su beneficio cae un 5,4%

RBS, entidad controlada en un 62,4% por el Gobierno británico, ha anunciado tras el acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU que tiene intención de abonar un dividendo provisional de dos peniques por acción el próximo 12 de octubre, el primero desde su rescate hace 10 años. "Estamos satisfechos por haber llegado a un acuerdo definitivo con el Departamento de Justicia y de que podamos concentrar nuestra energía en dar un mejor servicio a nuestros clientes y retornar capital a nuestros accionistas", declaró Ross McEwan, consejero delegado de RBS.

El banco escocés obtuvo un beneficio neto atribuido de 888 millones de libras esterlinas (997 millones de euros) en el primer semestre, un 5,4% menos que un año antes, mientras su cifra de negocio alcanzó los 6.702 millones de libras (7.527 millones de euros), un 3,1% menos que un año antes, incluyendo ingresos por intereses netos de 4.326 millones de libras (4.859 millones de euros), un 3,3% menos que en el mismo periodo de 2017.

La crisis financiera de 2008 sacó a la luz la creatividad financiera. En unas semanas, el mundo había descubierto las subprimes, la titulización y todos los títulos oscuros (CDO, CDS, ABS, etc.) origen del hundimiento financiero. En las próximas semanas, es muy posible que otras siglas, VIX, se encuentren en boca de todos. No en vano ya se apunta a este índice como el principal responsable del hundimiento bursátil que conoció Wall Street el lunes 5 de febrero.

En apenas unos minutos durante la sesión del lunes, el Dow Jones, el índice de Wall Street, cayó más de un 10% hasta cerrar con pérdidas del 4,6%. Desorientados, los agentes de los mercados trataban de entender lo ocurrido. ¿Había un trader loco? ¿Ordenadores que habían perdido el control? Muchos apuntan ahora a otro culpable, el VIX, el índice de volatilidad del mercado. El índice del miedo, como se le conoce en los mercados. Un índice que, en unos años, se ha convertido en la referencia de todas las apuestas bursátiles, en mercados dominados por algoritmos y matemáticas cuánticas.

Si los mercados bursátiles han denominado al VIX el índice del miedo es porque se supone que debe medir el estado de los mercados día a día, en función de la volatilidad de éstos. La volatilidad es una noción muy empleada en los mercados financieros: mide la magnitud de las variaciones de las cotizaciones de los activos día a día. Cuanto más elevada sea, mayores serán los riesgos; mayor la perspectiva de ganancia, pero también de pérdidas.

En 1993, el Chicago Board Options Exchagne (CBOE) creó un índice para medir esta volatilidad; se calcula a diario a partir de la suma de las opciones de venta (put) y de compra (call) suscritas a partir de los valores del índice Standard & Poor’s 500. Inicialmente se concibió como un indicador para calcular los productos de cobertura y de garantía contra las recesiones de mercado. Y ese es el papel que desempeñó en 2008. Todos los inversores que habían tomado la precaución de asegurarse contra una eventual caída del mercado con ayuda de este instrumento financiero evitaron pérdidas colosales.

Esta situación no se le escapó al mundo financiero. En 2009, los bancos, las garantías, los fondos y los hedge funds descubrieron las maravillas financieras ocultas del VIX. Los actores financieros –que recurren a todas las potencialidades de los algoritmos, de las matemáticas cuánticas, del trading de alta frecuencia– empezaron a multiplicar los productos (ETP, siglas de exchange traded products, instrumentos financieros que tienen como único objetivo reproducir la evolución de un índice como los fondos indexados) basados en el VIX.

Pero desviaron por completo la finalidad inicial. Estos productos se han convertido en meras herramientas de especulación, alcista o bajista, del mercado. La volatilidad en sí misma, con ayuda de la ingeniería financiera, se ha convertido en un activo negociable en los mercados, al igual que las acciones o las obligaciones. En una palabra, se trata de apostar por el comportamiento, la tendencia que se espera o los estados de ánimo de los actores financieros en un futuro más o menos próximo. Tal es así que se llega al estadio último de la financiarización y la codicia: el de un mundo financiero que funciona como circuito cerrado, apostando en función de sus expectativas modelizadas en algoritmos.

Así se han creado cientos de fondos cotizados, productos derivados de derivados del VIX. Nadie es capaz de evaluar las cifras que hay en juego, habida cuenta del número de productos, cotizados o no (over the counter) que han florecido en los últimos años. Hay quien habla de inversiones que rondan los 500.000 millones; otros estiman que se ha invertido más de un billón de dólares.

Algunos sirven para cubrirse en caso de que la volatilidad estalle, como forma de anunciar riesgos importantes en los mercados, constituyéndose en espejo de inversiones consideradas poco arriesgadas o de las reservas de dinero. Sin embargo la mayor parte apuesta por una tendencia bajista de la volatilidad. En el lenguaje de Wall Street, son short. En otros términos, piensan que los mercados van a permanecer tranquilos, lo que les permite acumular activos muy arriesgados de alto rendimiento, cubiertos por productos indexados en el VIX. Como las finanzas nunca se quedan atrás en la búsqueda de complejidad, estos mecanismos han ido acompañados de múltiples herramientas de derivados, de efecto palanca, de estructuración financiera.

Desde 2009, todos los que han apostado por una bajada de la volatilidad en los mercados han sido siempre los grandes ganadores. Y con razón: los bancos centrales, con su política monetaria ultraacomodaticia que favorecen los tipos cero y se presentan como compradoras de títulos en los mercados, han sido en los últimos diez años las garantes en última instancia de todo el sistema financiero.  Ya casi no existía riesgo, ya que los bancos centrales seguían estando allí, dispuestas a soltar miles de millones de liquidez en caso de problemas.

A mediados de 2007, los inversores incluso creyeron que habían encontrado el momento de gracia absoluto: la volatilidad se había desvanecido de todos los mercados. O las acciones, las obligaciones, los índices, en todas partes tendía a cero. El riesgo había desaparecido, Lo que permitía a los mercados hacer las apuestas más arriesgadas.  Quizás habría sido necesario recordar las lecciones de Hyman Minsky. En sus análisis sobre la estabilidad financiera, el economista americano explicó que los momentos más planos, aquellos en los que todo parece en equilibrio, sin riesgo, llevan a los actores económicas a acumular los riegos y recrean nuevas condiciones de estabilidad.

El viento cambió

A mediados de año, algunos analistas advirtieron de esa falsa calma de los mercados, anunciador de grandes tempestades, en su opinión. “Ahora existe un riesgo de pérdidas catastróficas, simplemente con que el VIX suba cinco puntos, pasando de 10 a 15 puntos”, advertía en junio Marko Kolanovic, responsable de los estudios cuantitativos de JPMorgan. “El VIX, que ha sido una herramienta salvadora en la última crisis, podría ser el causante de la próxima crisis”, predecía un estudio de Goldman Sachs en noviembre. “Si los vientos cambian, habrá que atarse los machos”, avisaba también Jes Staley, director general de Barclays en Davos a finales de enero. Y el viento cambió.

Hace meses que los banqueros de los bancos centrales avisan de que se dan las condiciones económicas necesarias para abandonar las políticas monetarias ultraacomodaticias vigentes desde hace 10 años y volver a una situación más normal. Incluso si la salida se hace gradualmente, los tipos van a empezar por subir, advirtieron. No obstante, sólo hace 15 días que el mundo financiero empieza a tomar conciencia de que los tiempos en que se obtenía dinero a tipo cero se han acabado.

El nerviosismo se ha apoderado de los mercados. La volatilidad ha reaparecido. El lunes, el VIX explotó. En unas horas, el índice del miedo que rondaba los 10 puntos se disparó hasta superar los 50 puntos. Todos aquellos que habían apostado por una volatilidad casi nula se vieron sorprendidos. Para limitar las pérdidas, los fondos empezaron a vender. La magia de los algoritmos, del trading a alta frecuencia, las transacciones al nanosegundo hizo el resto, provocando un hundimiento a la velocidad de la luz. Un flash crack generalizado, nunca visto en los mercados bursátiles. Según las primeras estimaciones, unos tres billones de dólares de capitalización se esfumaron en esta deriva bursátil.

Algunos fondos explotaron. El martes, el broker Nomura anunciaba la liquidación de uno de sus fondos, ideado para apostar por el VIX siempre más bajo (VIX inverso): los 300 millones de dólares recaudados fueron literalmente barridos en la deriva bursátil de la víspera. Crédit Suisse, con fondos del mismo tipo, también anunció su liquidación: evaluada en 2.000 millones a finales de enero, había perdido el 93% de su valor en tres días. Otros fondos suspendieron su cotización. Según Bloomberg, los cinco principales fondos cotizados, que apostaban por el VIX a la baja vieron cómo el valor de sus activos pasaba de valer 3.700 millones a 525 millones de dólares, entre el 31 de enero y el 6 de febrero. Y esto no es más que una estimación inicial de las pérdidas.

“Eres un genio hasta el momento en que dejas de serlo, pero cuando basta con uno o dos días para echar por tierra toda la estrategia, entonces nunca has sido un genio”, dice Greg McKenna, estratega jefe en Axitrader, citado por Reuters. “Todo el mundo sabía que existía un gran problema. Todo el mundo sabe que el VIX Invertido [que apuesta por una volatilidad bajista] va a cero a partir de un cierto punto, pero no sólo él, todos los productos invertidos y se basan en el efecto palanca. A fin de cuentas, todo esto cuesta mucho dinero a todo el mundo”, según señala a Bloomberg Devesh Shah, uno de los diseñadores del VIX en un primer momento.

Después de la borrasca del lunes, algunos analistas financieros quieren creer que lo más duro ha pasado. Las posiciones más especulativas parece que han quedado liquidadas en la tormenta y no parece que exista más riesgo de ver un hundimiento parecido al del 5 de febrero, según ellos. Otros son mucho más circunspectos. Para ellos, hay muchos fondos que han invertido en “estos productos que no tendrían que haber existido nunca”, mucha gente que ha cedido a la locura especulativa.

En cualquier caso, la volatilidad ha reaparecido en los mercados. El VIX está a más de 29 puntos, muy por encima de los 5-10 puntos que se consideran como media normal. La noción de riesgo reaparece en el mundo financiero, lo que podría conllevar desplazamientos masivos de capitales, invertidos estos últimos años en cualquier cosa. El índice del miedo aún puede dar mucho que hablar en los próximos meses.índice del miedo ________

Traducción: Mariola Moreno

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La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Abengoa, a la que el fiscal acusaba de un delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado indemnizaciones de casi 16 millones de euros cuando la empresa se encontraba al borde del concurso de acreedores. Los magistrados no sólo han librado al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega –los que cobraron–, sino también a tres miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que informaron favorablemente sobre las indemnizaciones. Para los primeros las acusaciones pedían cinco años de cárcel y cuatro para los segundos.

Según la sentencia, los contratos de Benjumea y Sánchez Ortega fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que ambos intervinieran en su redacción. Tampoco cree el tribunal que los miembros de la comisión de retribuciones actuaran “torticeramente” al informar favorablemente sobre las condiciones económicas de los dos máximos ejecutivos de la empresa de ingeniería sevillana.

Además, descarta que existiera “confabulación” alguna para beneficiar a presidente y consejero delegado con su salida de la compañía. Finalmente, la Audiencia Nacional destaca que ni siquiera la propia Abengoa les pide ninguna cantidad, pese a que “ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado”. Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la empresa en 2015; Abengoa perdió 7.626 millones de euros en 2016.

La sentencia rechaza con dureza las que considera “peticiones indemnizatorias desbordadas” de las acusaciones. Y les reprocha que pretendieran ampliar el ámbito de los perjudicados por la mala gestión de los ejecutivos de Abengoa a los accionistas y bonistas de la empresa: los primeros vieron diluida su participación en un 95% con el acuerdo de refinanciación de noviembre de 2016 y los segundos sufrieron quitas superiores al 70%. “Se ha planteado el juicio como una causa general contra la actividad empresarial desarrollada en Abengoa”, recrimina la sentencia a los acusadores.

Reproche moral, pero no delito

Pese al escándalo y la indignación que han suscitado los múltiples casos de altos directivos que recibieron cuantiosos sobresueldos o prejubilaciones mientras sus empresas se encaminaban a la ruina, sólo unos pocos ejecutivos han sido condenados y han tenido que devolver lo indebidamente cobrado. De hecho, el Tribunal Supremo ha dejado al margen de toda responsabilidad penal las “conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche moral, ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal”. Con ese argumento el Alto Tribunal archivaba en julio de 2013 las actuaciones judiciales contra la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas irregulares en una comisión de Caja Navarra que no figuraban en las cuentas de la entidad ni habían sido comunicadas al Banco de España ni a la CNMV.

Desde luego, los casos más sonados han sido los que han afectado a los máximos directivos de las cajas de ahorro. A punto de ser rescatadas con dinero público o fusionadas con otras, asfixiadas por el ladrillo tóxico y recortando sus plantillas en miles de trabajadores, muchas de ellas subían los sueldos o aprobaban bonus y prejubilaciones para los responsables de su nefasta gestión.

Una conducta que las instituciones europeas quieren extirpar de raíz aplicando una cláusula de recobro o clawback, para los directivos de bancos con pérdidas o en trámite de resolución. Establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco de España la impuso el pasado 1 de enero y el Santander acaba de activarla para reclamar 25 millones de euros a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a los consejeros delegados Pedro Larena, Francisco Gómez e Ignacio Sánchez Asiaín. A Ron le correspondió una prejubilación de 12,8 millones y a Gómez, otra de nueve millones. El banco de Ana Patricia Botín absorbió el pasado mes de junio el Popular, que perdió la mitad de su cotización bursátil y agotó su liquidez tras reformular sus cuentas en 700 millones de euros.

Sólo  pagan Caixa Penedès y Novagalicia

A la espera de lo que decidan los tribunales sobre las prejubilaciones del Banco Popular, muchos son los directivos de entidades financieras que han debido defenderlas en sede judicial. Algunos ya han tenido que pasar por caja. Los primeros fueron cuatro exejecutivos de Caixa Penedès, después integrada en Banco Mare Nostrum (BMN). Condenados a dos años de cárcel por administración desleal, se libraron de ir a prisión porque devolvieron 27 millones de euros percibidos ilegalmente como prejubilaciones.

También fueron condenados a reintegrar prejubilaciones de escándalo los directivos de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas. Se embolsaron casi 19 millones de euros. Primero se subieron los sueldos y luego cambiaron sus contratos, justo cuando la entidad se encontraba técnicamente en la quiebra y había pedido ayudas públicas para ser rescatada. Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó un total de 10.118 millones de euros, de los que da por perdidos 8.648 millones, según los cálculos del Banco de España.

El Supremo les obligó a devolver 10 millones de euros, pero como no desembolsaron ni la mitad, la Audiencia Nacional les envió a prisión el pasado mes de enero. Fernández Gayoso, de 85 años, salió de la cárcel el pasado agosto, debido a su elevada edad y a que ha terminado devolviendo la cantidad íntegra que le exigía el tribunal. Los demás continúan entre rejas, pero han obtenido permisos de salida semanales antes de conseguir el tercer grado.

Por el contrario, los 13 máximos ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –luego integrado en el Banco Sabadell– se libraron de reintegrar los 47 millones de euros embolsados en 2010 y 2011 entre prejubilaciones, rentas vitalicias, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones variables. La Audiencia Nacional las consideró legales en una sentencia del pasado octubre tras absolverles de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La operación fue similar a la de Novagalicia: los ejecutivos aprobaron mejorar sus rentas justo cuando la CAM se dirigía hacia la bancarrota. El Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre con aportaciones del resto de las entidades bancarias españolas, inyectó para el rescate de esta antigua caja un total de 11.093 millones de euros, según las últimas cuentas del Banco de España. La sentencia avala las actuaciones de la cúpula de la CAM con el argumento de que aun no siendo “siempre lógicas e incluso inteligibles”, estuvieron “amparadas por las resoluciones de la comisión de remuneraciones y el consejo de administración” de la entidad.

Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caja Segovia, pendientes

Pendiente de la decisión final de los jueces se encuentran aún los antiguos gestores de Caja Madrid. Según los cálculos que el FROB remitió a la Fiscalía, los ejecutivos de la entidad percibieron indebidamente un total de 14,8 millones de euros entre 2007 y 2010. Empezaron subiéndose el sueldo más de 26%, entre retribución fija, variable, aportaciones a planes de pensiones e indemnizaciones. También acordaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas black.

Tanto el expresidente Miguel Blesa como su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, estaban obligados a sentarse en el banquillo por los 8,57 millones de euros que cobraron en sobresueldos ilegales y por los que la Fiscalía Anticorrupción les pedía cuatro años de prisión. También les reclama su devolución. Blesa se suicidó en julio, pero el Tribunal Supremo le condenó cuatro meses después a responder con sus bienes por los 9,3 millones de euros que defraudó por el uso de las tarjetas blackblack y de los que sólo devolvió una mínima parte. Por este caso, la Audiencia Nacional condenó a los 65 implicados a devolver 12,5 millones de euros. De ellos, 2,7 millones corresponden a Rodrigo Rato, que a partir de 2010 también presidió la sucesora de Caja Madrid, Bankia.

Y Bankia, una vez intervenida y nombrado José Ignacio Goirigolzarri al frente, exigió enseguida a 72 de sus mayores ejecutivos que devolvieran los bonus cobrados en 2011. Como resultado de la revisión de sus cuentas, los 309 millones de euros de beneficios que habían servido a los directivos para cobrar sus variables se convirtieron en 2.979 millones en pérdidas. Lo mismo ocurrió con la indemnización de un millón de euros que pretendió llevarse Rodrigo Rato al salir de Bankia en mayo de 2012.

A lo largo de los próximos meses los tribunales deberán dilucidar qué ocurre con las cantidades cobradas por todos ellos en los casos de las tarjetas black de Caja Madrid –pendientes de recurso en el Supremo–, así como de la salida a Bolsa y de la falsedad de las cuentas de Bankia. La Audiencia Nacional sostiene que las irregularidades contables que precedieron a la operación bursátil permitieron también a los altos ejecutivos cobrar bonus ilegales .

La Fiscalía pide para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y su ex director general, Adolfo Todó, cuatro años de cárcel por buscar únicamente su propio beneficio aprobando unos sobresueldos y prejubilaciones “escandalosos”. El rescate de la entidad catalana costó a las arcas públicas 11.830 millones de euros inmediatamente después. El fiscal les  ha reclamado, a ellos y a otros 39 miembros del consejo de administración una fianza conjunta de 9,5 millones de euros. Todó cobraba un sueldo anual de 600.000 euros, más una retribución variable del 35% y se aseguró una prejubilación del 90% del sueldo entre los 60 y 67 años, para a partir de esa edad percibir de forma vitalicia el 80%. Serrá sumó dietas extraordinarias de hasta 135.000 euros a su retribución anual de 175.000 euros.

Esta primavera se sentarán igualmente ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia, una de las entidades que terminó formando parte de Bankia. Pese a que un juzgado de Segovia archivó en junio de 2016 la causa por apuntarse 17 millones de euros en prejubilaciones, la Audiencia Provincial la reabrió después de que el Tribunal Supremo condenara a la cúpula de Novagalicia. Como en otros casos similares, los directivos de la caja segoviana se adjudicaron 34 millones de euros –17 millones en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones– justo antes de que la entidad se integrara en Bankia.

El presidente de la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores, Joseph Borg, desató la alarma cuando el pasado lunes en televisión aseguró que ciudadanos de EEUU estaban hipotecando sus casas para invertir en bitcoinsbitcoins. No hacía ni 24 horas que la moneda digital había empezado a cotizar en el mercado de futuros de Chicago (CBOE). A lo largo de la jornada los contratos de futuros de bitcoins llegaron a alcanzar los 19.300 dólares, cuando a principios de este año la cotización de esta criptomoneda rondaba los 1.000 dólares. En 2012 sólo valía 12 dólares.

Pero las advertencias de quienes adivinan una burbuja de manual en el bitcoin son anteriores a esta semana en que la moneda digital se ha estrenado en un mercado regulado y formal. Premios Nobel como Joseph Stiglitz y Robert J. Schiller se unieron a grandes jerarcas de las finanzas internacionales como el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, que no dudó en calificar de “fraude” la criptomoneda y en anunciar que despediría “en un segundo” al primero de sus empleados que operara con bitcoins. El pasado día 5, la CNMV replicó las advertencias de su homóloga francesa, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), para avisar a los inversores españoles de “la elevada volatilidad y carácter especulativo” de las operaciones con la moneda virtual. Al mismo tiempo, una empresa de servicios de internet japonesa, GMO, anunciaba que a partir de febrero pagará en bitcoins una parte del sueldo a sus 4.700 empleadosbitcoins, si así lo piden. Japón se ha convertido en el mayor mercado de esta criptomoneda del mundo, por delante incluso de Estados Unidos.

Alberto Gómez Toribio es uno de los tres fundadores de la consultora Nevtrace, que se define como un laboratorio blockchain, la tecnología que hace posible los bitcoins. Por tanto, es también un firme defensor de las bondades de la moneda virtual. Lo que no le impide alertar del “peligro” que supone para los muchos que están invirtiendo en un nuevo producto cuyo funcionamiento desconocen.

El bitcoin nació en 2008 cuando alguien bajo el nombre de Satoshi Nakamoto –se desconoce si es una persona real– colgó un artículo en internet con el protocolo para crear la moneda virtual. En principio, se basa en el mismo tipo de red de pares –peer to peer– con que funcionaban programas de intercambio de archivos como Napster, eMule o BitTorrent: una red de usuarios particulares sin ningún tipo de regulación exterior. En teoría, cada una de esas personas tiene una copia en su ordenador de todas las transacciones que se realizan en la red y que se anotan en un libro contable virtual, llamado blockchain –cadena de bloques–. Ese libro contable ocupa ahora unos 200 Gigas de espacio, explica Gómez Toribio. Es decir, no todos los usuarios poseen ya esa copia.

Cada cliente tiene un número de cuenta con una clave privada –una contraseña– desde la que opera, y un monederomonedero de bitcoins, una aplicación informática –por ejemplo, blockchain.info, xapo– para gestionarlos. Cuando un usuario quiere hacer una transacción, tiene que informar a la red y la operación debe ser aceptada por el resto y apuntada en el libro. “El sistema funciona por consenso, según unas reglas que figuran en el programa que cada uno tiene instalado en su ordenador”, explica Alberto Gómez. Esa mayoría está compuesta por los que el mundo bitcoin denomina mineros, que comprueban las transacciones y las agrupan en bloques. En sus comienzos, los mineros eran particulares, ahora ya son empresas con grandes servidores ASICS, las enormes máquinas necesarias para mantener vivo el sistema. “El mundo del bitcoin se ha profesionalizado mucho”bitcoin, apunta el fundador de NevTrace, “la mayor parte de la industria se encuentra en China y Estados Unidos, donde la energía es más barata –hace falta gran cantidad de electricidad para sostener el funcionamiento de los servidores– y hay quien puede sostener las grandes inversiones que son necesarias: cuatro millones de euros en dos años”.

Pues bien, cada 10 minutos un minero genera una nueva página en el libro contable. A cambio, recibe como “recompensa” 12,5 bitcoins. También cobran una comisión voluntaria por transacción. “Como la propina en un bar”, compara Gómez Toribio. Hace cuatro años la recompensa era de 25 bitcoins, y cuatro años más atrás, de 50. De esta manera el sistema regula la generación de nueva moneda: no podrán crearse más de 21 millones de bitcoinsbitcoins. “Con una oferta limitada, el bitcoin subirá muchísimo y se convertirá en un activo interesante para guardar dinero o usarlo como valor reserva, al igual que el oro”, destaca el fundador de NevTrace. Su precio depende así únicamente de la oferta y la demanda, sin ninguna intervención exterior. De ahí, también, su extrema volatilidad y la “brutal” especulación” que le rodea. En estos momentos, añade Gómez Toribio, hay en circulación ya 17 millones de bitcoins, pero queda lejos llegar a los 21 millones gracias a esa ratio decreciente de producción.

El sistema también incluye casas de cambio, una suerte de “puertas de entrada y salida” entre el mundo real y el virtual, donde se ponen en contacto los compradores y vendedores de bitcoins, quienes quieren invertir en la moneda digital y quienes desean transformarla en dinero del que se puede tocar, euros, dólares, yenes… Las más conocidas: Coinbase, Bitstamp, Kraken.

El éxito de Chicago

En resumen, se trata de un sistema en el que se han suprimido los intermediarios –bancos– y los reguladores –bancos centrales, comisiones del mercado de valores–. Además, el valor de la moneda digital no está respaldado por ningún banco central o por un activo, producto o servicio, sino “por la confianza, como cualquier otra divisa”. Por eso, al menos en sus inicios, el bitcoin era visto casi como una apuesta ideológica de quienes rehúyen cualquier tipo de regulación gubernamental o institucional. Hoy, sin embargo, se ha convertido en un producto más de inversión, de alto riesgo y, por tanto, de alta rentabilidad: “Pocos productos financieros ofrecen rentabilidades del 1.000% como hace el bitcoin”, subraya Alberto Gómez. Así que tiene menos que ver con el criptoanarquismo y más con los gemelos Winklevoss, los hermanos que demandaron a Mark Zuckerberg por haberles robardo la idea de Facebook y que ya han conseguido sus primeros 1.000 millones de dólares gracias a los negocios con bitcoins.

De hecho, la entrada en el mercado de futuros ha sido saludada por muchos como un paso adelante en la formalización de esta moneda digital. El siguiente escalón son los EFT de bitcoinsbitcoins, apunta enseguida Alberto Gómez. Los EFT (Fondos de Inversión Cotizados) replican un determinado índice bursátil y permitirán invertir en esta moneda digital “sin necesidad de saber lo que es”, destaca.

“Es una manera de regular lo que antes parecía un sueño, una película de humo”, indica por su parte Daniel García, analista del bróker online XTB sobre el estreno de la moneda virtual en Chicago, “y ha sido muy bien acogido por los inversores”. XTB trabaja con bitcoins, así como con otras criptomonedas como Ethereum, Litecoin, Ripple o Dash, “las cinco que más volumen de negociación generan y más liquidez tienen”, detalla el analista. La entrada en el mercado de futuros ha avivado el interés de sus clientes en trabajar con el dinero virtual. “En principio eran los más especuladores los que se interesaban, pero ahora, cada vez más, vemos inversores que quieren diversificar sus carteras acudiendo al bitcoin”, señala Daniel García, quien no obstante les aconseja “siempre” que “moderen al máximo el riesgo”. “Son productos altamente volátiles y no acordes para todo tipo de cliente”, advierte. También es prudente a la hora de definir si existe una burbuja o no, también rehúsa predecir si estallará o cuándo.

Por el contrario, Monex, una de las principales empresas de cambio de divisas del mundo, ni compra ni vende bitcoins. “Las criptomonedas no están en nuestro espectro de actuación, sólo trabajamos con divisas fiat”, responde uno de sus brókers, Gonzalo de la Fuente. Tampoco está entre sus planes inmediatos incluir el dinero digital en su cartera.

¿Camino de la economía formal?

Alberto Gómez saluda que “el gran capital haya empezado a entrar en bitcoin”bitcoin. “A medida que se vaya institucionalizando”, añade, “aumentarán los inversores profesionales que quieran invertir o especular con estas monedas, pero no poseerlas, y ahí es donde entran los EFT”. El fundador de NevTrace no teme que los gobiernos o los bancos centrales impongan restricciones al bitcoin. Y desdeña las declaraciones de los financieros en contra de las criptomonedas. Hace sólo unos días el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, despreció el bitcoin como algo “totalmente irrelevante”. Pero, al mismo tiempo, dice Gómez Toribio, el banco es uno de los miembros de Ethereum Alliance, junto al BBVA, JP Morgan, Credite Suisse o UBS, entre otros, que pretende desarrollar la tecnología blockchain. “No les interesa el bitcoin, pero sí crear su propio bitcoin”bitcoin, resume. Desde 2016 el Santander, UBS, Deutsche Bank y BNY Mellon impulsan un proyecto denominado Utility Settlement Coin (USC), para promover el uso de dinero digital. El pasado agosto, se les unieron Barclays, Credite Suisse, Banco Canadiense de Comercio (CIBC), HSBC, Banco MUFG y State Street Bank, con el fin de crear una moneda digital basada en la tecnología blockchain. Y pese a sus advertencias públicas contra el bitcoin, tanto JP Morgan como el alemán Commerzbank –que pone en duda que llegue a convertirse en un medio de pago– actúan como intermediarios en operaciones con bitcoinsbitcoins. “Los clientes se lo piden y los bancos prestan el servicio”, aclara Alberto Gómez.

Otra señal de que quizá las criptomonedas llevan camino de integrarse en las finanzas formales es que la UE está elaborando un Libro Verde, la base para que luego la Comisión Europea regule en sus directivas el funcionamiento del dinero digital. Alberto Gómez forma parte del grupo de expertos que asesora a los gestores de Bruselas en la materia. Una de las novedades que prepara la Comisión es la obligación de identificar a los usuarios de bitcoinsbitcoins, explica.

Además, empresas tan reales como constructoras, de logística o de la energía –la alemana RWE– utilizan ya tokens, o títulos digitalestokens, que a diferencia de las criptomonedas están respaldados por activos físicos. El petro, cuya creación ha anunciado el Gobierno venezolano, es por tanto un token, no una divisa digital, puesto que está respaldado por las reservas de petróleo del país latinoamericano.

Cuestión diferente es hacia dónde evolucionará el bitcoin. Alberto Gómez repite que se trata de “un experimento, no se sabe muy bien qué va a ocurrir”. De momento, más que una moneda, un instrumento de pago, es un vehículo de inversión. Y de especulación. “Lo mismo que cualquier divisa”, puntualiza: “Que sea tan volátil es precisamente su principal atractivo”. Pero hasta ahora no funciona como un medio de pago porque hay que pagar una comisión de nueve euros por operación, independientemente de su volumen. Tampoco constituye una reserva de valor por su alta volatilidad. Ni es una unidad de cuenta porque no se puede poner un precio en bitcoins, enumera.

Aun así, en la calle de Serrano de Madrid se puede comprar con bitcoins en algunas tiendas de lujobitcoins –Loewe, Agatha Ruiz de la Prada– y en el centro comercial ABC Serrano se pueden sacar bitcoins de un cajerobitcoins situado en uno de sus comercios. “Factura 40.000 euros al mes”, asegura el fundador de NevTrace, quien también impulsó el proyecto, denominado Calle Bitcoin, como un experimento que aún continúa en marcha.

Prohibido

Además, existe un factor adicional de incertidumbre para el dinero digital. Países como Singapur, China o Ecuador han prohibido los bitcoinsbitcoins. “Hay gobiernos que lo ven como una amenaza”, dice Gómez Toribio. China no permite a las empresas, aunque sí a los particulares, tener depósitos en criptomonedas. Japón ya ha anunciado una mayor regulación del importante mercado nacional de bitcoins, que pretende limitar las operaciones especulativas. La India investiga las casas de cambio de monedas digitales, sospechosas de evasión fiscal. Aunque quizá sea difícil frenar el fenómeno cuando el bitcoin es sólo la más conocida de las “decenas de miles” de monedas digitales existentes, según destaca el fundador de NevTrace: “Son muy fáciles de crear y sacar al mercado”.

Las criptomonedas pueden suponer un cambio radical en los usos financieros siempre que la burbuja no sea tal y no estalle. El canal estadounidense de televisión CNBC, especializado en información económica, preguntó a economistas y gestores de fondos de Wall Street sobre el bitcoin. El 80% cree que su altísima cotización es una burbuja, el 66% no lo considera una divisa. Richard Turnill, responsable de inversiones de la mayor gestora de fondos del mundo, Blackrock, fue más contundente cuando aventuró que los inversores en bitcoins “deben estar preparados para perderlo todo”. JP Morgan calcula que el valor de todas las criptomonedas en circulación asciende a 300.000 millones de dólares. Para hacerse una idea del volumen, basta indicar que el valor de todo el oro guardado en los bancos centrales del mundo es de 1,5 billones de dólares.

El jefe de la misión en España de la Comisión Europea durante los años del programa de asistencia financiera, Servaas Deroose, ha asegurado que la aplicación del rescate financiero en España ha sido un "éxito", pues ha resultado en un sistema bancario "más solvente, rentable y resiliente".

Deroose se ha pronunciado así durante su intervención en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro más de cinco años después de que el Gobierno anunciase que solicitaba a Bruselas una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, de la que finalmente se tomaron 41.300 millones a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y de los que el Banco de España ha asegurado que el Estado sólo recuperará el 19%.

"La aplicación del programa ha sido un éxito", ha señalado el dirigente comunitario, que ha resaltado la velocidad de aplicación del rescate lograda, según ha explicado, gracias al "claro compromiso" del Gobierno y otras instituciones españolas. "La economía española está de nuevo en pie y en mejor forma que hace cinco años", ha subrayado, según informe Europa Press.

En este sentido, Deroose entiende que la situación de la economía española sería "mucho peor" sin la aplicación del rescate financiero, "con un mayor coste para la economía y para los contribuyentes". En este punto, ha precisado que las medidas de recapitalización interna aplicadas durante el rescate español permitieron ahorrar unos 13.000 millones de euros de la cantidad que finalmente se solicitó al MEDE.

"La salida de España de la crisis y su crecimiento actual se deben a las soluciones que se ofrecieron al sector bancario y a las reformas estructurales que se adoptaron durante el programa (de asistencia financiera)", ha manifestado Deroose.

En esta línea, Deroose ha asegurado que el régimen de supervisión financiera español de aquella época "no estaba preparado" para superar la crisis y ha defendido que el Ejecutivo comunitario hizo "lo que pudo" para subrayar los riesgos que afectaban a la economía española.

Elude responsabilidad de la Comisión

Así, ha recordado que la Comisión Europea, por aquel entonces, no desempeñaba "papel alguno" en la supervisión bancaria, pues su papel era "muy limitado". "La supervisión bancaria era una prerrogativa nacional en el marco gubernamental de aquella época", ha apuntado.

El hombre de negro ha señalado que las medidas que se adoptaron antes de la crisis para reforzar el marco prudencial, entre las que se encuentran las provisiones contracíclicas del Banco de España, resultaron "insuficientes" para evitar que el sector bancario sufriera las perturbaciones combinadas del colapso del mercado de la vivienda y de la deuda soberana en la zona euro.

No obstante, Deroose ha reconocido que el Banco de España estaba limitado, pues carecía de capacidades correctoras y de sanción "suficientes" en aquel momento.

"El régimen de supervisión del sector financiero no estaba totalmente preparado para abordar una crisis de esta magnitud. Las autoridades carecían de un marco adecuado para la resolución bancaria y no había un marco macroprudencial adecuado", ha dicho.

En cuanto al papel de las agencias de calificación, el economista ha reconocido que son "importantes", pero ha sugerido que no deberían tener "tanta importancia", puesto que pueden "incluso" desembocar crisis financieras.

Insta a retomar la privatización de Bankia

Deroose también ha instado a consolidar las reformas estructurales emprendidas en los años de la crisis, así como a finalizar la privatización Bankia y BMN, los únicos bancos españoles que disponen en la actualidad de capital público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El economista entiende que entre los temas por abordar del sistema financiero se encuentra la "necesidad" de privatizar los bancos de titularidad estatal, los activos inmobiliarios latentes y la tasa de morosidad, así como mejorar la rentabilidad de los bancos.

Además, el primer compareciente internacional que participa en la comisión que investiga el rescate financiero ha recomendado reanudar esfuerzos para instaurar políticas más activas en el mercado laboral y acabar con su dualidad, así como mejorar el apoyo a la investigación y al desarrollo.

Este verano se cumplen diez años de la caída de la gestora estadounidense Bear Stearns, cuya quiebra al no poder reembolsar la inversión a sus partícipes fue el inicio de una espiral que supuso el pinchazo de la burbuja inmobiliaria norteamericana y acabó arrastrando a la economía mundial y, muy especialmente, a los países en los que coincidían unos activos inmobiliarios sobrevalorados con una excesiva asunción de riesgos por parte del sector financiero como consecuencia la mala gestión de las hipotecas de alto riesgo. 

Las consecuencias de la crisis son de sobra conocidas: crecimiento del desempleo, aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, incremento de la pobreza relativa, caída de los salarios, recortes del gasto público... Lo que era inicialmente una crisis financiera y bancaria se convirtió en una crisis de deuda soberana que acabó afectando a la economía real. Una década después sigue siendo necesario revisar qué se ha rectificado y qué no de las causas que dieron origen a la gran recesión.

Los economistas consultados por infoLibre no son demasiado optimistas al respecto. Coinciden en que los bajos tipos de interés, los altos niveles de endeudamiento público, la fiebre por el sector inmobiliario o la proliferación de productos financieros que prometen altos retornos –todos ellos elementos que propiciaron el crack de 2007– siguen siendo factores de vulnerabilidad que dejan a la economía mundial demasiado expuesta a un nuevo shock. 

Este miércoles la Comisión Europea dio por zanjada "la peor recesión sufrida en la Unión Europea en sus seis décadas de historia". En un comunicado [consultar, aquí] el ejecutivo comunitario resaltó que, en la actualidad, la economía de la UE crece por quinto año consecutivo, el desempleo registra sus cifras más bajas desde 2008, los bancos son más fuertes, la inversión está repuntando y las finanzas públicas están más saneadas. "La recuperación de la economía europea se ha consolidado y ampliado", declaró el comisario Pierre Moscovici, responsable de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.

El economista Alejandro Inurrieta cree que tras el parón se está produciendo el mismo esquema pues, con tipos de interés negativos, hay que generar de nuevo activos con riesgo y con rentabilidad para que la maquinaria siga funcionando. "Vuelven a crecer los activos inmobiliarios mientras el sector productivo está cada vez peor. La inversión sigue por los suelos, el empleo agregado global de la economía mundial sigue cayendo a pesar de que haya recuperación en algunas zonas... el mundo va hacia otra economía con deuda en el que se sigue abusando de las operaciones especulativas de alto riesgo", señala.

Javier Santacruz, economista e investigador en la Universidad de Essex, pone el acento sobre los altos niveles de endeudamiento. "Es una cuestión muy relevante pues acaba generando problemas financieros tanto a la banca como a las grandes empresas. Lo que estamos observando es que el endeudamiento, lejos de reducirse, lo que ha hecho es incrementarse de una forma muy importante trasladándose desde el sector privado al público", asevera. De hecho, a su juicio, los bajos tipos de interés "perpetúan en el tiempo la cuestión del alto endeudamiento", lo que se une al "problema" del escaso ahorro. 

Otro de los "excesos" de antes la crisis que se siguen viendo en la actualidad, sin que se haya hecho nada para atajarlo, es el relativo al ámbito inmobiliario. "El precio de la vivienda en las principales ciudades de Estados Unidos está ya en el mismo nivel que en 2007", señala el economista José Carlos Díez. 

Más regulación  

En el marco europeo, el ejecutivo comunitario presume de que la UE ha trabajado para regular el sector financiero y mejorar la gobernanza económica; alentar nuevos marcos institucionales y jurídicos comunes; crear un cortafuegos financiero para la zona del euro; ayudar a los países que atravesaban por dificultades financieras; mejorar las finanzas públicas de los Estados miembros; llevar a cabo reformas estructurales y estimular la inversión; combatir el desempleo juvenil; mejorar la supervisión del sector bancario; aumentar la capacidad de las entidades financieras para hacer frente a los retos del futuro; así como establecer métodos para gestionar y prevenir mejor posibles crisis.

Sin embargo, según Santacruz, lo que hay ahora encima de la mesa tanto en Estados Unidos como en Europa son "toneladas de regulación" sin una aplicación efectiva. "Hay más regulación, pero menos productiva y eficaz. Lo que hay que hacer es establecer unas reglas claras y sencillas y que los reguladores, cuyo papel es fundamental, velen por su cumplimiento", señala. Lo cierto es que el estallido de 2007 puso muy en cuestión la actuación de los organismos supervisores, que no fueron capaces de detectar a tiempo la excesiva dimensión que estaban adquiriendo los créditos hipotecarios ni de tomar medidas para resolver el problema.

A este respecto, Díez saca a colación algunos recientes movimientos en el mercado de bonos. En concreto, el caso de la automovilística de vehículos de lujo Tesla, que esta semana hizo una emisión de bonos basura con un rating similar al que tenía el Banco Popular antes de quebrar, B-. También la propia quiebra de Popular, que evidenció las fisuras de la asunción de la supervisión bancaria por parte del BCE. 

A juicio de Inurrieta, los bancos centrales siguen alimentando la "burbuja bursátil" porque la teoría, sobre todo en el mundo más neoconservador norteamericano, es que la bolsa es un termómetro para que los ciudadanos consuman. "La ilusión monetaria dice que si las acciones van bien hay más sensación de riqueza y, por tanto, más consumo, aunque en algunos casos la plusvalía bursátil esté generando más endeudamiento", señala.

Los expertos consultados, no obstante, sí señalan que esa regulación ha traído aspectos positivos en la banca regulada. En concreto, el aumento de las exigencias de capital a las entidades financieras para que puedan asumir sus pérdidas. Es decir, el objetivo es que la banca tradicional cuente con mejores colchones de capitalización. Sin embargo, cuestionan que la llamada banca en la sombra (fondos de capital riesgo, hedge funds...), convertida en un  gran foco de inestabilidad, sigue escapando a la supervisión. 

Díez pone de ejemplo de reciente operación de compra del 51% de los activos inmobiliarios que el Banco Santander heredó del Popular por parte del fondo Blackstone. "Esos activos han pasado de estar en un banco regulado a un sistema en sombra. Aunque Blackstone es un gran fondo no tiene la misma regulación o las mismas exigencias de capital que la banca tradicional. Aunque quizá no al nivel de 2007, pero sí sigue habiendo excesos en el sistema financiero paralelo", sentencia. 

Mientras los gestores de DIA intentaban convencer a posibles inversores y analistas, en su Capital Markets Day tanto en Madrid como Londres, del brillante futuro que espera a las acciones de la cadena de distribución, los franquiciados que la culpan de su ruina reanudaban una ya larga batalla contra la enseña de supermercados de bajo coste. Las asociaciones que los agrupan han identificado hasta el momento 441 tiendas cuyos franquiciados han tenido que abandonar el negocio tras sufrir graves problemas con la marca. Según los datos que han podido recopilar entre los afectados, señalan que hay 35 tiendas por las que han pasado 91 franquiciados. Es decir, cada supermercado ha tenido casi tres franquiciados de media desde 2011.

En algunos casos, la rotación ha sido mucho mayor. Una tienda de Barcelona ha tenido ocho franquiciados en 10 años. Otra en A Coruña llegó a los 12, puesto que hubo dos de ellos que no duraron más de seis meses.

DIA niega estas cifras. No facilita datos de rotación en sus tiendas, pero asegura que la antigüedad media de sus franquiciados es de seis años y que algunos de ellos llevan más de 12 con la enseña. También explican que la cadena no podría soportar que un 19% de sus tiendas estuvieran cerradas durante el tiempo que media entre el abandono de un franquiciado y la entrada del siguiente. Según las asociaciones de afectados, en la actualidad 16 de esas 441 tiendas se encuentran cerradas.

En efecto, la salida de un franquiciado puede demorarse hasta cuatro meses “porque DIA tarda mucho tiempo en mandar la documentación, facturas, etcétera, que se le pide, antes de devolverle las llaves”, explican Ángela Pérez y Elías Carcedo, abogados que han llevado en los tribunales algunos casos contra la cadena de distribución. En ocasiones DIA también se niega a hacer un inventario de las mercancías, añaden los letrados.

DIA reconoce que mantiene abiertos 10 litigios con antiguos franquiciados, de los que ha ganado tres en primera instancia. Al tiempo, ha entablado pleitos contra 15 de sus antiguos socios comerciales, a quienes reclama 1,7 millones de euros. Por su parte, los franquiciados llevan dos años con una querella en un juzgado de Vic (Barcelona). Una veintena de perjudicados están a la espera de que el nuevo juez al frente empiece a pedir testimonios. Este juzgado intentó que la Audiencia Nacional se hiciera cargo del caso, dado el alto número de afectados y su extensión por todo el territorio nacional. En vano: no consideró que el perjuicio económico tuviera el alcance nacional que la ley exige para declararlo de su competencia. Según DIA, este grupo de franquiciados le adeuda 925.000 euros. “Ocho de ellos ya han firmado un acuerdo de resolución y liquidación”, explica un portavoz de la empresa.

Por el contrario, en otras ciudades, como Alicante, a DIA no le ha ido tan bien. La cadena franquició el supermercado que tenía en un mercado de propiedad municipal a uno de sus empleados, a quien cedió el uso del local pese a que la concesión que había obtenido del Ayuntamiento se lo prohibía.  El consistorio abrió expendiente y sancionó a DIA por este motivo. El franquiciado se negaba a devolver a la empresa las llaves del establecimiento –donde se guardaban bienes propiedad del primero– y el juez le dio la razón: la cadena pretendía conseguir el local antes de que se hubiera dilucidado el objeto del pleito. Tras la quiebra del franquiciado, la empresa le reclamaba en el juzgado una deuda de 71.275 euros.

En la Audiencia Provincial de Madrid también se dirime el caso de una trabajadora de DIA a la que la cadena le puso ante la disyuntiva de ser despedida o quedarse con la tienda en la que estaba empleada. Cuando reclamó a la empresa porque las cuentas no eran las prometidas, DIA le ofreció una segunda tienda en lugar de la primera. Pero finalmente no fue así, asegura Ángela Pérez. “Nos dijeron que ambas tiendas iban de la mano y que no podían resolver la primera”, detalla. La empresa le reclama una deuda de 181.573 euros.

Cuenta de explotación falsa

Los franquiciados que demandan a DIA dicen ser víctimas de una estafa. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan antes de firmar es falsa. Forma parte de la información precontractual que el franquiciador está obligado por ley a entregar a sus futuros asociados y, según la ley, debe estar basada en datos reales. Además, la empresa les promete un margen del 13% que nunca llega a alcanzarse. El contrato que se les facilita es un “contrato tipo, sin cantidades ni fechas”, un documento cerrado cuyos términos no pueden negociar, detallan.

A fin de hacerse con la tienda, los que DIA llama “operadores locales” deben abonar un canon de entrada de 12.000 euros y suscribir un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Una inversión cuantiosa, por tanto. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata, explican los denunciantes. Más adelante, cuando el supermercado cierra por culpa de las pérdidas, los franquiciados descubren que el inventario no se corresponde con la realidad y que siempre deben dinero a DIA, decenas de miles de euros, por mercancía que no sabían que tenían.

Los problemas de gestión comienzan pronto. DIA fija los precios, lo que es ilegal. Los numerosos cupones descuento acumulables que la cadena distribuye a sus clientes, las ofertas “pague dos, llévese tres”, los “superprecios”… obligan a los franquiciados a vender a pérdida. Ellos adquieren a la empresa la mercancía a un precio determinado, pero la tienda termina vendiéndola a un precio muy inferior al cliente que acude con sus múltiples cupones. E, incumpliendo su propio manual de franquicias, la cadena no reembolsa los descuentos a los asociados, que deben asumir la pérdida.

Los franquiciados con que ha hablado este periódico explican que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena. Pero los 6.000 euros mensuales de beneficio que les prometió DIA no aparecían por ninguna parte. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”, resumen.

Transforma 243 de sus tiendas propias en franquicias

Por el contrario, la cadena de supermercados argumenta que sólo en España ha pasado de 1.005 a 2.147 franquicias de la marca DIA –tiene otras como las tiendas de perfumería Clarel– desde 2010. Es decir, ha más que duplicado el número de locales franquiciados en seis años, de forma que, en la actualidad, el 60% de las tiendas DIA en los cinco países donde está presente –España, Portugal, Argentina, Brasil y China– son de este tipo. En España equivalen al 52% de sus establecimientos. Esos números le sirven a DIA para presumir de ser “la primera franquiciadora de España y la tercera de Europa en el sector de la distribución”. Sólo el año pasado DIA transformó 243 de sus tiendas propias en franquicias.

Además, la cadena sostiene que su política de relación con las franquicias se basa en “la veracidad de la información difundida y el cumplimiento de los acuerdos suscritos” con los socios, así como en su “independencia jurídica y patrimonial”. “La resolución de discrepancias está basada”, continúa la empresa en su última memoria anual, “en la buena voluntad, la comunicación y la negociación de ambas partes, favoreciendo el diálogo y las soluciones de conciliación”. Finalmente, se remite a una encuesta a sus franquiciados que la consultora Nielsen elabora cada año, según la cual el 48% de ellos “se encuentran satisfechos respecto a las expectativas iniciales puestas en el negocio”.

No obstante, DIA reconoce que ha cerrado en España y Portugal –no proporciona datos de España en solitario– 33 tiendas sólo en el cuarto trimestre de 2016 y otras 10 en el primer trimestre de este año porque “sus niveles de rentabilidad no eran satisfactorios”. El número de supermercados del resto de sus enseñas –La Plaza/El Árbol y Clarel– cerrados el año pasado asciende a 131. A esta clausura de tiendas atribuye el informe de resultados del primer trimestre de 2017 la caída de las ventas en un 2,7% sufrido por DIA hasta marzo.

Los bajistas al acecho

Al mismo tiempo que la cadena de supermercados informa de sus planes de futuro a inversores y analistas, bate récords en Bolsa como el valor con mayor porcentaje de capital en manos de bajistas de España y casi de Europa. Los bajistas son inversores que apuestan por la caída de las acciones de una empresa. Normalmente se trata de fondos de alto riesgo o hedge funds, que especulan con acciones que toman prestadas a otros inversores. En el caso de DIA, el 24,35% de su capital se encuentra en manos de estos especuladores. Hace un año poseían el 11,49%. Para hacerse una idea del volumen, basta con recordar que el Banco Popular, intervenido hace unas semanas, terminó con sólo el 12% de su capital en manos de bajistas. Y desde que empezó 2017 las posiciones cortas en el accionariado de la cadena se han disparado un 58%.

Este tipo de inversores centran su interés en empresas en las que advierten debilidades. Creen que el valor de sus acciones caerá bien porque tienen problemas financieros o prevén que pueden padecerlos en el futuro, bien porque piensan que no van a ser capaces de cumplir sus objetivos. Un portavoz de DIA explica a infoLibre que la empresa no comenta el comportamiento de los mercados y apunta que otras marcas del sector de la distribución, como Carrefour, Marks&Spencer o Tesco también han sufrido el ataque de los bajistas.

“A costa de sus franquiciados”

Un informe de JP Morgan ya alertaba en 2015 sobre algunas posibles flaquezas del modelo de negocio de DIA que igualmente barruntan los bajistas.

“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe, “históricamente han operado con una media de casi el 1% de margen de EBIT que puede desaparecer fácilmente después de dos años de ventas en superficie comparable negativas”. No ganan dinero pese a que “gestionan ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita los costes de personal, de residuos y por robos. En el primer caso, al tratarse de autónomos o emprendedores, “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”.

Así, las ventas en superficie comparable de las franquicias superan en 200 puntos básicos a las que generan las tiendas propias de la cadena. A juicio de JP Morgan, se trata de un “comportamiento muy negativo”. El informe tacha de “contrario al sentido común” que, cada vez que DIA abra una tienda, el margen de EBITDA crezca; es decir, que un negocio menos intensivo en capital –la franquicia– produzca mayores márgenes. JP Morgan concluye que la cadena de supermercados consigue esos márgenes anormalmente altos “a costa de sus franquiciados”. No duda en afirmar que los “canibaliza”.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció el pasado día 6 que está preparando medidas administrativas para evitar “burbujas especulativas” en la compraventa de licencias de Vehículos Turismo con Conductor (VTC). Muchas de esas autorizaciones, aseguró, están cayendo en manos de un único propietario. “Y cuesta creer que tenga intención de prestar servicio con todas ellas”.

De la Serna repetía así las denuncias que llevan tiempo haciendo las asociaciones de taxistas. Según la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), las autorizaciones llegan a venderse en el mercado de segunda mano a precios 1.000 veces mayores de lo que costó obtenerlas: 36 euros por los trámites administrativos de solicitarlas. A preguntas de infoLibre, Fomento no ha detallado cómo va a evitar la especulación con las licencias, sólo que pretende conseguir que cada empresa utilice la autorización para explotarla, no para venderla en función de las condiciones del mercado. Los taxistas, por su parte, quieren que se impongan límites temporales a la reventa de las licencias, dos años, como ocurre con las licencias de taxi en Madrid.

Fomento tampoco ha precisado a este periódico cuáles son los datos que avalan la existencia de esa burbuja especulativa en un sector que ha tenido un crecimiento explosivo en muy poco tiempo. Pero el Registro de Empresas y Actividades de Transporte (CREAT) del propio ministerio proporciona cifras elocuentes. Ares Capital SA es propietaria de 483 vehículos con sus correspondientes autorizaciones. Pero, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, sólo en Cataluña esta empresa ha solicitado a la Generalitat –la concesión de las licencias es competencia autonómica– 800 autorizaciones.

Cabify, a través de 27 sociedades limitadas con nombres turcos que creó para adquirir estas autorizaciones, suma 64 vehículos, según el citado registro ministerial. Y a través de Maxi Mobility Transporte de Viajeros, 279 más. Además, la matriz de Cabify, Maxi Mobility Spain, también es socio único de otras empresas –como Iki Fiesta Ómnibus– que administra Eduardo Martín Gómez de Villalba, presidente de Unauto, la patronal de los VTC. También Marc Sarnito, que a través de Cab Car Madrid posee 17 vehículos, administra empresas cuyo socio único es Maxi Mobility Spain, según la información registral. Eduardo Martín ha solicitado a la Generalitat 30 licencias a través de Atlantis Media, que cuenta con siete autorizaciones registradas en Fomento, y otras 25 a través de Proinvertia Madrid. Además, comparte administración en otras dos firmas más –Johnston Ventures, Powerful Prestige– con Javier de Hoces Gómez, que ha solicitado 50 licencias en Cataluña a través de Icloud Laboratories y Freetown Business. 

Otra empresa de Madrid, Jojucar, suma 59 vehículos. Sólo en Cataluña ha pedido 20 licencias. Pero su propietaria, Servicar 25 Transporte de Viajeros SL, posee otras 44 coches, según el registro. Y ha solicitado a la Generalitat 20 autorizaciones.

Una sociedad anónima, Forever Tour Dreams, cuenta con sólo 10 vehículos registrados, pero en Cataluña ha pedido 360 licencias. Su administrador único, Antonio Bonet Vinos, es apoderado también de Youll Never Walk Alone SL, que administra Pedro Panizo Puebla. Éste, a su vez, ha solicitado a la Generalitat 34 licencias a través de VTC Desarrollo 2015. Panizo ya es dueño de 12 coches con VTC 11 Desarrollo 2015, indica el registro de Fomento.

Además, en las solicitudes de autorizaciones a la Generalitat destacan tres nombres, José Luis Gómez Corchero, José María Goñi Ayet y Miguel Ángel Martín Beti. A título particular y a través de varias empresas en las que aparecen como administradores, Taxi Travel Ticket, Travel Transfers, Radio Taxi Barcelona, Prestige and Limousine o Alquiler de Vehículos Costa Dorada, han solicitado 313 autorizaciones. La mayor parte de estas sociedades limitadas tienen un mismo domicilio social, en la calle de Plom de Barcelona.

Del taxi al VTC

El propietario de una de estas empresas, Travel Transfers, es Jesús Ramos Fernández, quien también ha pedido 150 licencias a la Generalitat a través de otras dos empresas –Publicidad y Marketing TaxiEspaña y La Ciudad de Taxi de Madrid– y como particular. Se da la circunstancia de que Fernández Ramos es socio único y administrador de Creditaxi Servicios Financieros, una firma que concede préstamos a taxistas. José María Goñi Ayet fue secretario general de la Federació Catalana del Taxi y vicepresidente de la Unión Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos y Empresarios del Taxi (Unalt) hasta mayo de 2011, pero ahora figura en el bando contrario: es el secretario general de Unauto, la patronal de VTC.

Inversiones Andalucía 2014, que tiene registradas en Fomento 21 VTC, ha solicitado en Cataluña 90 licencias, a las que hay que añadir otras 50 pedidas por su administrador único, Fermín Ruiz López.

Finalmente, cabe destacar las 250 licencias que ha solicitado en la Generalitat la compañía de autobuses Alsa, la mayor de España. Lo ha hecho con tres marcas distintas: Alsina Graells, Transportes Bacoma y Tibus.

En total, las solicitudes a la Generalitat catalana para licencias VTC suman 2.973. Según puede verse en las peticiones, las han cursado no sólo empresas catalanas, sino también madrileñas o andaluzas, por ejemplo. La ley les obliga a prestar el 80% de sus servicios en la comunidad donde están domiciliadas. En la Comunidad de Madrid, según los datos facilitados por la Consejería de Transportes, hasta ahora se han concedido, tras la correspondiente resolución judicial, 2.263 autorizaciones. En la Comunidad Valenciana y Andalucía se han solicitado 1.000 más en cada una.

Pero puede que en poco tiempo se pongan en el mercado miles más, dependiendo de cómo falle el Tribunal Supremo sobre las licencias solicitadas entre 2013 y 2015. Son unas 3.300, explica Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi. Porque las que circulan ahora en el mercado, tras ser concedidas por las comunidades autónomas, son producto de las numerosas sentencias del Alto Tribunal sobre solicitudes cursadas antes de esa fecha.

El precio se duplica

El motivo de este baile legal son los agujeros de la Ley Ómnibus de 2009, que pretendió liberalizar todos los servicios y eliminó el cupo de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. La solicitud de licencias se multiplicó entonces, pero las comunidades autónomas las denegaron a partir de 2013 cuando el Gobierno restableció la ratio 1/30. Los interesados recurrieron en los tribunales y a partir de enero de 2014 el Supremo empezó a dictar una auténtica catarata de sentencias a su favor. A los gobiernos autonómicos no les ha quedado más remedio que concederlas. Desde 2012 el número de licencias VTC se ha duplicado. Hasta el punto de que la ratio media nacional ha caído a sólo un VTC por cada 11,5 taxisratio. En Madrid es incluso menor, uno por cada siete. Según las últimas cifras, a 1 de junio, publicadas por Fomento, en España hay 64.714 licencias de taxi, por 5.727 de VTC.

A pesar de la inseguridad jurídica, el mercado ha crecido. Los VTC negros, de cristales traseros tintados y conductores con corbata y traje son ya parte del paisaje habitual en las calles de las grandes ciudades. En octubre de 2014, se pagaban 30.000 euros por una licencia VTC. Hoy se pueden encontrar anuncios en internet por 60.000 euros o más en Madrid o Barcelona. Las de taxi son mucho más caras: se pueden vender por más de 150.000 euros. En informe reciente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cifra en un 500% la revalorización que han experimentado las licencias de taxi entre 1987 y 2016 por culpa de las restricciones que impone al mercado la regulación en el sector.

Ese mismo mes de octubre de 2014, el presidente de la Federación Nacional de Empresas de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) , Miguel Ángel Cazcarra, reconocía a infoLibre que muchas empresas habían solicitado un número desorbitado de licencias “por motivos especulativos”. Y aseguraba que en Barcelona se llegaban a pagar entre 70.000 y 80.000 euros por ellas.

La Fiscalía investiga

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias para investigar si Ares Capital, la empresa con mayor número de autorizaciones de VTC, especula con ellas. Lo hace a instancias de una denuncia presentada por Fedetaxi ante la Fiscalía General del Estado y la Especial para Delitos Económicos, que incluye también a Cabify y sus empresas con nombres turcos. Según explica a este periódico el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, hay quien vende porcentajes de licencia, un 12%, por ejemplo, por 20.000 euros. Por eso, las asociaciones de taxistas han pedido también que la Inspección de Trabajo investigue las condiciones de trabajo de muchos chóferes de VTC, “en realidad falsos autónomos”.

Además, para el próximo mes de julio esperan los taxistas que el ministerio publique la orden que pondrá matrículas azules tanto a los taxis como a los VTC siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la ley: ficha técnica y tarjeta de transporte en regla. Así se pretende dejar fuera de circulación a ilegales e intrusos.

infoLibre ha preguntado a Cabify por las autorizaciones que poseen su matriz, Maxi Mobility, y su red de sociedades, también por las que ha solicitado a la Generalitat catalana. Además, se le inquirió sobre la finalidad de las casi 30 sociedades con nombres turcos. Pero no ha contestado. “Cabify no cuenta ni con licencias ni con vehículos propios”, asegura. Dice que no las adquiere de la Administración. Por el contrario, la empresa se define como “una plataforma tecnológica que únicamente pone en contacto a un usuario con el vehículo que mejor se adapte a su necesidad”, pero también como “una agencia de viajes”.  Tampoco ha querido contestar sobre su relación con Eduardo Martín y Marc Sarnito “por temas de privacidad”. “Nuestra estructura societaria es sobradamente conocida por la Administración pública española”, contesta. Además, destaca la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid que desestimó la semana pasada una demanda de la Federación Profesional del Taxi de Madrid por competencia desleal  y violación de las normas de transporte.

En un comunicado difundido el pasado día 8 tachó de “absolutamente falso y carente de fundamento” que especule con las autorizaciones de VTC. “La transmisión de licencias debe ser conocida y autorizada por la Administración pública para que tenga validez y despliegue efectos jurídicos”, alega. Por tanto, añade, todas las que Cabify explota “han sido legítimamente autorizadas” por cada comunidad autónoma.

Por su parte, Ares Capital se ha limitado a responder a las preguntas de este periódico indicando que trabaja en el sector de VTC desde hace más de 25 años y que “dispone de este tipo de autorizaciones desde su fundación” porque son “indispensables” para realizar su actividad.