El Consejo de Ministros dio este martes un paso más en la estrategia del Gobierno para legitimar la condonación de deuda a Cataluña haciéndola extensible al resto de las comunidades del régimen común (el País Vasco y Navarra tienen su propio modelo de financiación), aprobando el anteproyecto de ley que pretende regularla.

Sin embargo, la decisión de Alberto Núñez Feijóo de llevar su oposición a esta norma al extremo de prohibir a sus barones la posibilidad de acogerse a la quita, a pesar de las enormes dificultades que atraviesan las finanzas de varios de ellos, ha brindado a Pedro Sánchez una oportunidad de oro para poner a prueba la autoridad del líder del PP dentro de su propia organización.

Los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por más ingresos con los que hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella y mejorar su credibilidad financiera en los mercados, Feijóo les ha prohibido acogerse al procedimiento.

De momento, ninguno de ellos se ha salido de la foto y se mantienen firmes, aunque varios han especulado en el pasado con acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.

El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo. “¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?”, se preguntó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “¿Qué familia española en su sano juicio, si se le plantea una condonación de parte de su hipoteca, va a decir que no?”. “Esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo y que van a votar en contra cuando la quita llegue al Congreso”, concluyó.

Lo cierto es que los barones del PP tienen todavía margen para mantenerse del lado de Feijóo y no acogerse a la condonación. A la ley reguladora le queda todavía un largo trámite por delante. No saldrá del Consejo de Ministros rumbo a la Cámara Baja hasta finales de año, como muy pronto. Y después tendrá que hacer frente a una tramitación de meses que ni siquiera está asegurada: Sumar ya ha anunciado que presentará enmiendas y uno de sus socios, Compromís, ya ha dicho que está en contra del modelo.

Lo que es seguro es que la norma no estará lista a tiempo para las elecciones en Castilla y León (marzo) ni, casi con toda seguridad, para las andaluzas de junio, lo que no impedirá que vaya a ser un ingrediente importante del debate electoral entre candidatos. Como mínimo, habrá tiempo para decidir hasta 2027.

De momento, las comunidades del PP están rechazando la quita con un abanico de argumentos que van desde decir que penalizará a los territorios que menos deben hasta insinuar, contra toda evidencia, que solo servirá para mutualizar las deudas de Cataluña. Galicia ha anunciado ya que estudiará si recurrir judicialmente la condonación, a pesar de que está todavía lejos de llegar al Boletín Oficial del Estado.

La mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, llegó a afirmar que “es una irresponsabilidad política sin precedentes que beneficia a aquellos que peor han gestionado y pretende mancomunar la deuda que han provocado los independentistas catalanes”, obviando que las más beneficiadas serán precisamente comunidades con presidentes del PP. De hecho, de los 83.252 millones de deuda que el Estado se ofrece a asumir, casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, siete de cada diez euros.

“¿Dónde está el agravio?”, se preguntó la ministra Montero. “¿Dónde está el perjuicio que esta medida supone para otras comunidades que está denunciando el señor Feijóo y que repiten a coro los presidentes autonómicos a sabiendas de que esto beneficia a sus territorios?”. “Ya les digo yo”, añadió, “que por mucho que digan de cara a la galería, al final todos terminan firmando, porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio”.

En su formato actual, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas.

El modelo de reparto se conoce desde hace tiempo y se basa, sobre todo, en el criterio de población ajustada, un indicador que corrige la población real de cada comunidad según factores como edad, dispersión geográfica, superficie o insularidad, para repartir los recursos de manera más equitativa en función de sus necesidades de gasto. Pero tiene en cuenta otros factores: todas las comunidades deben beneficiarse de una reducción mínima de su deuda del 19% y compensar a las que tuvieron durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

En términos absolutos, las que más recibirán son Andalucía y Cataluña, con quitas de 18.791 y 17.104 millones, respectivamente. Pero en términos per cápita, la quita más cuantiosa será para la Comunitat Valenciana, con 2.284 euros por habitante ajustado. El mayor porcentaje de deuda perdonado será para Canarias con un 50% del total. Pero para beneficiarse de esa reducción deben aceptar la propuesta del Gobierno; de otro modo perderán la oportunidad.

Del criterio de población ajustada sale una condonación de 60.232 millones, a los que hay que sumar otros 11.514 millones al aplicar el mínimo del 19%. 10.590 millones más se calculan de elevar la asignación por habitante ajustado a las autonomías que entre 2010 y 2022 recibieron menos que la media, y a las que se les dará lo mismo por habitante ajustado que a la Comunitat Valenciana (2.284 euros).

A esta cifra hay que añadir un ajuste adicional: las comunidades que hayan usado sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF tendrán derecho a una condonación extra del 10%, si subieron el impuesto por encima de la media, y de un 5% para el resto. En total, 917 millones más. En la práctica, un castigo a las comunidades que, como es el caso de las gobernadas por el PP, redujeron impuestos.

Tres décadas de poder. Desde 1995 el PP está instalado en el Palacio de San Esteban de Murcia al mando de la Región. Una comunidad volcada hacia la derecha y que es uno de los grandes símbolos para los conservadores. En las reuniones del Partido Popular a puerta cerrada durante años en Génova, Esperanza Aguirre siempre lamentaba entre bromas que le ganaba en porcentaje en las urnas Ramón Luis Valcárcel.

La localidad murciana de Torre Pacheco encadena titulares desde el fin de semana por los altercados provocados por grupos ultras de “cacerías” de personas migrantes tras la agresión a un vecino. Y durante estas tardes de tensión Vox ha azuzado los actos contra los migrantes, acudiendo hasta allí el líder regional del partido de ultraderecha, José Ángel Antelo.

Murcia políticamente es un lugar clave tanto para el PP como para Vox. Una comunidad en la que los de Santiago Abascal obtuvieron el mayor porcentaje de voto en toda España el pasado 23J con un 21,96% (la media nacional fue del 12,48%). Y en las elecciones generales de noviembre de 2019, con un alicaído Partido Popular con Pablo Casado, la formación de ultraderecha llegó a ser la más votada en la comunidad, con un 28,16%.

Vox ha hecho tambalear la hegemonía absoluta de los populares en la región. En las pasadas elecciones autonómicas subió cinco escaños y se hizo con más del 17% de los votos. Esto obligó al presidente de Murcia, Fernando López Miras, a tener que depender de ellos y formar un Gobierno de coalición con Antelo como vicepresidente. Un Ejecutivo que saltó por los aires, por orden de Madrid, cuando Vox decidió romper con el PP en todas las autonomías durante julio del año pasado.

La derecha y la ultraderecha, con sus luchas internas, mantienen un dominio absoluto de la comunidad en número de votantes. En las autonómicas sumaron un 60,56% de las papeletas, en las generales un 63,42%, en las municipales un 55,97% y en las últimas europeas un 65,66% (incluyendo también a Se Acabó la Fiesta).

Esa supremacía de las derechas de la política murciana trató de cambiarla el PSOE a través de una moción de censura fallida que se pactó entre Ferraz y la dirección de Cs, con Inés Arrimadas al frente, en marzo de 2021. Pero los tránsfugas naranjas evitaron que se conformara un Gobierno con los socialistas a los mandos y, además, provocó el efecto mariposa de unas elecciones en Madrid que llevaron a Isabel Díaz Ayuso a aumentar su mayoría y hacer caer a Ciudadanos del Ejecutivo.

Los altercados racistas en Torre Pacheco han puesto otra vez en el centro a Vox en Murcia, en un momento en el que las encuestas reflejan que la ultraderecha está subiendo. Y, además, el Partido Popular trata de no confrontar con los de Santiago Abascal, con los que acaba de firmar un pacto de Presupuestos en la Región. Desde el Palacio de La Moncloa, se acusa a la ultraderecha de “incitar al odio” y al Partido Popular de mantener un “silencio cómplice”.

La política murciana está totalmente controlada por las derechas, donde su discurso cala con más intensidad en el electorado por una serie de peculiaridades sociales y económicas. Pero esa preeminencia también tiene que ver con una oposición débil que no ha logrado durante estos años despertar ilusión y que no ha encontrado a una figura que pueda encarnar la alternativa. El PSOE, en su último congreso regional, ha elegido a una cara de una nueva generación, Francisco Lucas, para tratar de hacer frente a López Miras.

Anna López, politóloga y profesora de la Universidad de Valencia, analiza así el marco político: “Murcia es hoy uno de los grandes laboratorios de la ultraderecha en España. No se trata solo de los resultados, aunque es significativo que Vox supere allí su media nacional —con un 17,7% en las últimas autonómicas—, sino de cómo ha logrado naturalizar discursos muy duros, especialmente en lo que respecta a la inmigración, el ecologismo o la educación. En municipios agrícolas como los del Campo de Cartagena, la formación llega incluso al 30%”.

“Lo que vemos en Murcia es una estrategia muy bien estructurada que mezcla elementos del populismo autoritario con una fuerte narrativa identitaria. Vox ha construido ahí el relato del ‘murciano agraviado’, alguien que se siente víctima de un centralismo progresista que intenta imponerle normas, modelos productivos o valores desde fuera”, explica esta experta en temas de ultraderecha, que añade: “Es una operación simbólica muy eficaz, que convierte el resentimiento en una herramienta de movilización política. Y Vox ha sabido instrumentalizar ese malestar, muchas veces real, en torno al modelo agroindustrial y las regulaciones ambientales”.

Para continuar con esta reflexión: “Lo ha hecho articulando una especie de identidad regional resistente, casi insurgente, contra un supuesto enemigo externo: el Gobierno central, las élites progresistas, las ONGs ecologistas... En ese marco, cualquier crítica al modelo económico local se vive como una afrenta a la ‘murcianía”. 

Señala al hilo esta clave: “Han logrado que el conflicto ideológico se convierta en un conflicto identitario. Y no olvidemos que Abascal utiliza Murcia como un escaparate para su modelo de confrontación y deslegitimación del adversario. Murcia es estratégica para Vox no sólo en términos electorales, sino como campo de pruebas para discursos de odio, retrocesos en derechos sociales y ataques a las instituciones. Lo que allí funciona se adapta y exporta a otros contextos. Es parte de una estrategia transnacional: Vox traduce al idioma local las fórmulas de Le Pen, Meloni o Bolsonaro. Y funciona también porque el resto de fuerzas políticas, en muchos casos, han respondido con tibieza o han acabado normalizando sus postulados”.

Y analiza también por qué el poder está en manos de la derecha allí desde hace décadas: “Murcia no ha roto con ciertas estructuras de poder tradicionales tras la Transición. El caciquismo, especialmente en áreas rurales, ha persistido con nuevas formas. Eso ha creado una cultura política muy conservadora, con redes clientelares fuertes y muy poca pluralidad”. “A esto hay que sumar una realidad sociológica: una región muy rural, con baja afiliación sindical, una economía fuertemente dependiente del agro intensivo... Un entorno donde las relaciones laborales verticales son la norma. Este modelo ha dificultado la articulación de un proyecto político alternativo desde la izquierda, que durante décadas ha carecido de un discurso sólido y de arraigo territorial en la región. Y Vox ha aprovechado esa debilidad”, apostilla.

La autora de La extrema derecha en Europa hace también esta consideración:·”El peso de la Iglesia y los valores tradicionales sigue siendo muy relevante. Hay una hegemonía cultural conservadora que hace que cualquier propuesta que cuestione el statu quo se vea como una amenaza. Vox no ha inventado nada, simplemente ha llevado al extremo los códigos culturales y políticos preexistentes”.

Con este análisis final: “Además, observamos la consolidación de un ecosistema político con fuerte verticalidad, una débil cultura democrática participativa y una estructura de poder local muy cerrada. Vox, en este contexto, representa una radicalización del modelo anterior, pero también la respuesta emocional de quienes se sienten desatendidos por el PP. Es una política del resentimiento, donde la ultraderecha ofrece identidad, pertenencia y enemigos claros. Y eso, cuando el resto de actores no saben cómo responder, tiene un efecto devastador”.

También se zambulle en el análisis Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. La orientación a la derecha de la comunidad, explica, tiene mucho que ver con “la composición social y con el modelo y la estructura ocupacional, con una influencia y un impacto muy relevantes del sector primario, además del turístico”.

Factores como la agricultura y la migración, continúa Simón, favorecen la expansión de las derechas: “Sobre todo, en estos momentos, a Vox”. Con otro elemento que pone sobre la mesa: es una de las comunidades con la población más joven, que hoy es un colectivo más propicio para convertirse en caladero de votos de la ultraderecha.

El politólogo asimismo incluye en su reflexión la “incapacidad de la oposición para hacerse un hueco”, a la vez de que han liderado la papeleta “candidatos poco visibles” en la izquierda. Además, cree que en esta fórmula ganadora de la derecha juega un papel importante “la estructura de los medios de comunicación que perpetúan un statu quo”. Pero advierte de que en política todo es susceptible de cambiar: “Como pasó en Andalucía, que parecía que inevitablemente sería siempre de izquierdas por su tradición y su legado histórico, y ahora el PP es hegemónico”.

El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra José Ángel Antelo, líder regional de Vox, acusándolo de incitar al odio mediante sus declaraciones relacionadas con los incidentes en Torre Pacheco, según informa EFE.

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha asegurado en rueda de prensa que “el odio tiene consecuencias y no puede salir gratis en una democracia”. “La ultraderecha lleva años criminalizando y deshumanizando a personas migrantes con el respaldo del PP”, ha afirmado y ha criticado la actitud de Antelo durante su visita a Torre Pacheco el sábado donde encabezó un acto bajo el lema "Defiéndete de la inseguridad" y donde, según los socialistas, hizo declaraciones que atentan contra la convivencia y la dignidad. “No fue a calmar los ánimos, sino a alimentar el odio con mentiras y bulos”, ha señalado Gadea.

La denuncia ha sido adelantada a través de su cuenta oficial en la red social X, por el secretario general del PSOE de Murcia, Francisco Lucas que ha asegurando que las palabras del dirigente de Vox “atacan la seguridad de miles de personas y son incompatibles con los derechos humanos”.

La portavoz socialista también ha cuestionado el silencio del presidente de Murcia, Fernando López Miras: “¿Por qué no hemos escuchado al presidente condenar las palabras racistas de Vox? Su silencio es cobarde y cómplice”, y ha recordado que el gobierno regional, en línea con las demandas de Vox, ha cerrado centros de acogida para menores no acompañados y ha cancelado la compra de viviendas destinadas a su acogida.

Finalmente, la portavoz socialista ha agradecido la actitud de los vecinos y vecinas de Torre Pacheco, quienes “han demostrado calma y sensatez frente a la barbarie”. También ha valorado positivamente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos. “Esto no es una cuestión partidista, sino de humanidad. En esta situación solo hay dos bandos: quienes siembran el odio y quienes defienden la convivencia”, ha concluido Gadea.

Por su parte, Podemos ha anunciado este lunes que está recopilando pruebas y que denunciarán ante la Fiscalía los hechos ocurridos este fin de semana en Torre Pacheco y también a los cargos públicos de Vox que hayan alentado estos actos de violencia, que han calificado de “cacería contra el inmigrante”.

La diputada regional de Podemos en Murcia María Marín y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en sendas declaraciones en Murcia y Madrid, han comparado lo ocurrido con un "pogromo medieval" -termino que se usó para referirse a los ataques violentos contra los judíos- y han señalado como principales responsables a Vox y al Gobierno regional del PP.

Fernández ha apuntado directamente al líder de Vox, Santiago Abascal, y al presidente de este partido en Murcia. "Estamos ante terrorismo racista de extrema derecha y los culpables están muy claros", ha subrayado. En este contexto, ha anunciado que denunciarán ante la Fiscalía a los cargos públicos de Vox que han alentado estos enfrentamientos, "compartiendo bulos y difundiendo vídeos de linchamientos".

Además, ha cargado contra el presidente murciano, Fernando López Miras, por "blanquear" estos sucesos, y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por asistir a la final de tenis en Wimbledon mientras en Torre Pacheco había "cazas de nazis" a personas migrantes.

Por su parte, Marín ha criticado que “la ultraderecha envalentonada se siente impune y ha pasado todas las líneas rojas”. Según ha explicado, este fin de semana se difundieron en redes sociales vídeos de agresiones a jóvenes, “linchamientos a personas que nada tienen que ver con ningún suceso, solo por su origen étnico”.

Por otro lado, también ha acusado a la Delegación del Gobierno de falta de respuesta ante las convocatorias violentas: “El viernes pedimos refuerzos para la zona. La convocatoria de la cacería era pública y notoria”, ha afirmado. Marín, que ha recordado, en contraste, “el brutal operativo” desplegado contra los trabajadores del metal en Cartagena, ha asegurado que la Delegación “abandonó a su suerte” tanto a vecinos inmigrantes como autóctonos, que pasaron el fin de semana “encerrados en sus casas por miedo” y ha exigido la dimisión inmediata de la delegada, Mariola Guevara.

La diputada ha hecho un llamamiento a la unidad social para hacer frente a la violencia y al odio: “Es el momento de organizar la resistencia. En la Región de Murcia somos más quienes creemos en la convivencia”. Ha anunciado, además, que Podemos trabaja en una gran convocatoria ciudadana para responder a lo que considera “una barbarie”. 

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su formación política, IU, denunciará delitos de odio en Torre Pacheco y ha denunciado el "interés" de la extrema derecha por "reventar la convivencia" en España.

Rego, en declaraciones al programa Mañaneros 360 de TVE, ha aseverado que España es un país muy seguro donde no existe ningún problema de convivencia, al tiempo que ha señalado que lo que está sucediendo en Torre Pacheco es "un problema de racismo" y una "utilización partidista del relato del odio de la extrema derecha".

"Ellos son los que están en los márgenes de la democracia, ellos son los que están generando un problema de convivencia en nuestro país y hay que señalarlos", ha subrayado, para criticar que se persiga a todo un colectivo por un delito, en referencia a la agresión sufrida por un anciano en Torre Pacheco. Rego ha mostrado su solidaridad con este hombre y su confianza en la investigación y la justicia frente al delito. "Esta es una cuestión y otra es el llamamiento a la persecución de todo un colectivo".

La titular de Juventud e Infancia ha alertado de que se trata de un posible delito de odio y ha insistido en que la extrema derecha hace un "llamamiento sistemático a la polarización, al odio y al miedo". "Esto es una estrategia. (...) Creo que no es casual que llevemos días escuchando a diputados de Vox señalando la necesidad de deportar a ocho millones de personas, llevamos tiempo escuchando el relato extremistay de confrontación de la extrema derecha con las personas migrantes de nuestro país, están situando un problema donde no existe", ha dicho.

El Partido Popular llevaba meses reclamando la celebración de la Conferencia de Presidentes —hasta el punto de que varias autonomías recurrieron ante el Tribunal Supremo para tratar de forzar el encuentro— y, sin embargo, sus dirigentes autonómicos no han salido reforzados de la cita celebrada en Santander este viernes. Aunque las once autonomías presididas por el PP formaron un frente común en contra de que se reconozca la singularidad fiscal de Cataluña, no se mantuvieron tan unidas con lo que respecta a la quita de la deuda, el asunto que centró el debate sobre financiación autonómica.

Se trata de la condonación de deuda a la que el Gobierno se comprometió a extender a todas las autonomías tras pactarlo primero con la Generalitat de Cataluña. Fue el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el que anunció a primera hora de la mañana que en enero se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas del régimen común". Una cuestión que genera tiranteces entre las autonomías del PP, ya que algunas están dispuestas a aceptar la condonación si es para todos y otras se niegan.

La voz más beligerante sobre esa condonación es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que únicamente defendió la exención para la Comunitat Valenciana —como consecuencia de la "herencia recibida", en sus palabras, y para hacer frente a las consecuencias de la catástrofe de la dana—. "Me gustaría que me explicaran que es esto de condonar deudas, condonas deudas y qué: ¿se evaporan las dudas y quedamos en tablas?", preguntó retóricamente, para después añadir que el "conchabeo" le "parece injusto y, proporcionalmente, una locura": "Lo van a heredar las siguientes generaciones".

El valenciano Carlos Mazón, abiertamente cuestionado en el PP por su gestión de las riadas, se mostró favorable a "abordar el problema de la deuda" siempre y cuándo "se haga de forma complementaria" y se ligue a la reforma del sistema. "Hablar simplemente de una condonación de la deuda es como el que debe una hipoteca pero no le cobran una cuota", afirmó. Sin embargo, vendió su caso como "excepcional": "Para cupos, excepcionales y bilateralidades, el caso único es el valenciano", zanjaba.

Durante su reunión con Sánchez hace dos meses, el president de la Generalitat Valenciana presentó una propuesta para reclamar un fondo de nivelación solo las comunidades autónomas infrafinanciadas. Una propuesta que también le trasladó el presidente murciano, Fernando López Miras, que aunque este viernes censuró que el Gobierno no había lanzado ninguna propuesta concreta en la reforma del sistema de financiación, fuentes de su entorno sí se mostraban favorables en privado a la quita para todos.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, también evitó rechazar públicamente esta fórmula. Lo que sí hizo fue poner el acento en que se debe conocer todavía "la letra pequeña" de esa condonación que el Gobierno asegura que extenderá a todos los territorios y afirmó que lo que "interesa" al Ejecutivo de Sánchez es la quita de la deuda.

El debate sobre la quita de la deuda viene de lejos. En plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy creó el conocido como Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para comprar la deuda de los Gobierno regionales, ya que actores terceros no pujaban por ella o pedían intereses elevadísimos. Esa fórmula creada por el PP era voluntaria para las autonomías y se adhirieron a ella las comunidades de Aragón, Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana.

Cataluña es precisamente la comunidad, según los datos del Banco de España, que más debe al FLA, con 73.110 millones de euros, por delante de la Comunitat Valenciana (48.344 millones de euros) y Andalucía (25.409 millones de euros). Detrás aparecen: Castilla-La Mancha (11.363 millones de euros), Murcia (10.286 millones de euros), Aragón (5.053 millones de euros), Balears (4.916 millones de euros), Cantabria (3.090 millones de euros) y Galicia (2.759 millones de euros). Madrid no se adhirió al sistema del FLA y se financia exclusivamente en el mercado sin depender de la compra por parte del Estado, pero es la tercera autonomía de España con más deuda pública.

La quita de deuda de las comunidades autónomas para tratar de que vuelvan con normalidad a los mercados financieros no es precisamente algo ajeno al Partido Popular, ya que en su programa electoral para las elecciones del 23 de julio se apostaba por una “eliminación ordenada del FLA”. Sin embargo, en la reunión con todos los presidentes autonómicos del PP el pasado mes de septiembre, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, instó a sus barones a no negociar de manera bilateral con Sánchez.

Con todo, la cumbre de presidentes de Santander se ha saldado sin ningún acuerdo concreto tras cinco horas de intervenciones, a diferencia de lo que sucedió en la conferencia de La Palma, donde sí se cerró un texto de respuesta a la guerra de Ucrania y la inflación. La intención inicial del Ejecutivo de Sánchez era tratar de buscar consensos en materia de vivienda, ya que inicialmente quería convertir la cita en un monográfico sobre este asunto, pero la presión del PP —y su mayoría absoluta en el Senado— le obligó a incluir otras problemáticas.

El presidente del Gobierno ofreció a los dirigentes autonómicos "blindar el carácter social de las viviendas financiadas con dinero público de forma permanente e irreversible", con el objetivo de asegurar "que el parque público de vivienda asequible siga creciendo y llegue al 20%", y también les instó a aprobar la reforma de la Ley del Suelo, que el Ejecutivo se vio obligado a retirar el pasado mes de mayo, con el objetivo de “ofrecer más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos".

Tampoco obtuvo el presidente respuesta, al menos por parte del PP, a la propuesta de “acordar de una vez una solución compartida al problema del reparto de los menores no acompañados a través de criterios objetivos, apelando a la solidaridad de todas las comunidades” y que “se sumen a una política migratoria responsable y solidaria". En cambio los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de País Vasco, Imanol Pradales, sí secundaron la iniciativa.

En materia sanitaria, Sánchez anunció que transferirá 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 a las autonomías “para que financien la adopción y desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial" y que "consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas" si las autonomías se comprometen a cofinanciarlo.

Pese a la ausencia de acuerdos concretos, el tono general fue positivo, según destacó el ministro Ángel Víctor Torres al finalizar el encuentro: "Decían que este país se rompía y hoy tenemos a todos los presidentes sentados y con un tono constructivo, muy distinto al del Congreso y el Senado, hemos hablado de lo que interesa a la gente", afirmó.

Menos optimistas, sin embargo, se mostraron los dirigentes del PP, que reprocharon al Ejecutivo que no se había preparado la cita lo suficiente, aunque evitaron confrontar con Sánchez en materias como la corrupción como sí hace todas las semanas el líder de su partido en el Congreso.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "se parece al hámster que está metido en una rueda" y ha acusado al Ejecutivo de pensar "que gobierna a idiotas". "Los españoles no somos idiotas", ha señalado el líder popular durante su participación en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que ha reunido en Madrid a los barones populares, incluidos varios presidentes autonómicos, según informa EFE.

El dirigente popular ha comenzado su intervención lamentando que la política del Gobierno se ha "agravado" desde el inicio del nuevo curso político y ha advertido del "plan de control y censura" que en su opinión quiere imponer Sánchez, quien ha abandonado "los verdaderos problemas" y "solo guarda fuerzas para tratar de manipular la opinión pública". "Tiene la misma credibilidad Sánchez con su plan de acción por la democracia que la que tendrá Zapatero hablando de la democracia y de los derechos. Definitivamente se han creído que gobiernan a idiotas", ha incidido.

Feijóo ha remarcado que el Gobierno es "incapaz de aunar a los españoles" en una legislatura "ingobernable" y ha advertido que su partido "no se quedará esperando su turno" e impulsará "otra política" frente a un Ejecutivo "insostenible". "No esperemos ahora soluciones de la Moncloa, que bastante tienen con lo suyo. Las soluciones van a venir de la sociedad y nosotros vamos a representarla. Somos diferentes a lo que hay", ha considerado el líder popular.

En este sentido, ha avanzado que en las próximas semanas el PP reunirá a los agentes sociales y económicos para exponerles la ley de conciliación que los populares presentarán en el Congreso de los Diputados y que incluye la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años.

También ha sido crítico con ministros del Gobierno de Sánchez, que no ha nombrado pero a los que ha acusado de tener "dedicación exclusiva en insultar a un tal Feijóo". "Lo único que les queda, ir a por nosotros, empezando por los presidentes autonómicos e ir a por mí. Pero les digo una cosa, ni con insultos, ni con vejaciones, ni con sobornos lo van a conseguir (...) ni intimidarán a mi partido, ni me intimidarán a mí", ha dicho.

Respecto a la crisis migratoria, Feijóo ha lamentado el aumento de las llegadas irregulares en las últimas semanas y ha recordado su pacto con el Gobierno canario, en la semana en la que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunirá con el PP y el Ejecutivo de Canarias para tratar de cerrar un acuerdo para el reparto de menores migrantes.

Durante el Comité del PP, los presidentes autonómicos populares han cerrado filas en torno a Núñez Feijóo y han descartado negociar de forma bilateral la financiación de sus comunidades. "Lo que es de todos, se decide entre todos y de ahí no nos van a mover", ha remarcado el líder popular, quien ha acusado a Sánchez de "amenazar" a los presidentes "con pérdidas multimillonarias" si no sale adelante la senda de déficit esta semana en el Congreso o si no se aprueban los presupuestos del próximo año.

A su entrada al hotel, los presidentes populares de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Murcia, Fernando López Miras, han reclamado una Conferencia de Presidentes sobre financiación autonómica y no descartan movilizaciones contra el "cupo" catalán.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha remarcado que son la comunidad "peor financiada" y ha asegurado que irán "hasta donde haga falta" para evitar que "quiten la solidaridad" a Valencia, incluidas movilizaciones en la calle. "Yo creo que son motivos más que suficientes para que la gente, desde luego, exprese en la calle su rechazo a una decisión que les va a perjudicar en el día a día de sus recursos para la sanidad, para educación o para políticas sociales", ha dicho Mazón también.

En el mismo sentido, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que la gente "tiene derecho a manifestarse y a expresarse" si el Gobierno ha adoptado alguna medida que "les discrimina, les perjudica, que rompe la igualdad", como es, ha indicado, la financiación singular para Cataluña, que el PP considera "cupo catalán".

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León y del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, no ha querido anunciar, ni tampoco descartar, la convocatoria de movilizaciones en la calle contra el Ejecutivo. Así, cuando se le ha preguntado por las palabras pronunciadas por su homólogo gallego Alfonso Rueda sobre la posibilidad de volver a convocar manifestaciones contra el acuerdo del PSC y ERC, Mañueco ha señalado que no le corresponde a él como presidente de la Junta hacer este llamamiento. Sin embargo, sí ha exigido al presidente del Gobierno que convoque la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar de forma conjunta la reforma del modelo de financiación autonómica.

Además del discurso de Núñez Feijóo, el Comité Ejecutivo Nacional ha aprobado el nombramiento de Ildefonso Castro como secretario de Política Internacional en sustitución de Gabriel Mato, que pasará a presidir la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat). 

No daban crédito. El vídeo circulaba de móvil en móvil. Ya estaban acostumbrados a las declaraciones explosivas de Emiliano García-Page, pero el “compadreo” con los presidentes del PP en Fitur traspasaba cualquier línea. La indignación se convirtió en total y absoluta en el PSOE con el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Entre altos cargos, parlamentarios y muchos militantes se siente como un “ataque” a la propia formación y a sus integrantes.

Así lo confiesan varias fuentes consultadas sobre el impacto de las imágenes de García-Page junto a los presidentes populares Juanma Moreno (Andalucía), Fernando López Miras (Murcia) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana). Tres dirigentes, además, que han asumido a lo largo de estos años pactos con la ultraderecha de Vox. Las risas y expresiones de Page de “vamos diciendo lo mismo, pero por separado” y “a mí están a punto de extraditarme” han hecho estallar a cargos de la mayoría de federaciones en público o en privado.

El PSOE ha salido en tromba desde el miércoles por la tarde a frenar a García-Page. Pero, como reconocen fuentes socialistas, no se trata de una operación orquestada sino fruto de la indignación personal y de partido que tienen la mayoría de ellos. De hecho, dirigentes territoriales han trasladado esa sensación a los altos cargos de Ferraz y aplauden que hayan entrado a reprender a Page las máximas autoridades: María Jesús Montero o Santos Cerdán. Además, se celebran intervenciones como las del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del exsecretario de Organización José Luis Ábalos. “Ya era hora de contestar”, como resume una parlamentaria nacional.

Esta indignación también se extiende dentro de la federación de Castilla-La Mancha, como reconoce a infoLibre un alto dirigente del PSOE regional. Desde allí también se ha trasladado ese malestar con Page y se ha comunicado esa situación a cargos de Ferraz. Además, recuerdan las fuentes que la militancia en esta comunidad avaló los pactos con Junts con un 78,5% de respaldo y una participación del 60,6% a pesar de las críticas constantes del líder autonómico. También indican que muchos militantes han hecho llegar sus críticas a cargos provinciales y su descontento ante la imagen de los socialistas de esa región en el resto de España. “Mucha gente está indignada y harta”, resume el dirigente, además de lamentar la situación que esto provoca en los propios parlamentarios que representan a Castilla-La Mancha en las Cortes.

La mayoría de cargos consultados comenta que hasta el momento se había evitado el choque directo con Page para no avivar conflictos internos y ruido mediático. Pero esta vez la mayoría se ha hartado. Como reconoce un dirigente territorial: “Venimos de meses de asedio en las puertas de las sedes. De críticas muy duras y mentiras del PP. Todos estamos como una piña. Y ver a Page ahora de compadreo con los que nos insultan…” Por lo tanto, ha habido esa unanimidad emocional de frenar a García-Page. “Es que va a hacer daño al partido”, reflexiona otro dirigente.

El PSOE no piensa expedientar a Page, pero la ‘número dos’ del partido y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue muy contundente: “En relación con las palabras de mi compañero, decir solamente que no comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino, el camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha".

Page intentó este jueves rebajar el tono pero no pidió disculpas e insistió en que su postura es minoritaria pero “a lo mejor mañana no lo es”. Sobre María Jesús Montero dijo que es muy buena “amiga” y “política”. No obstante, dentro del partido ha sentado muy mal que sus críticas tuvieran como gancho la financiación autonómica que lleva directamente la vicepresidenta primera y que, además, Pedro Sánchez ofreció pactar a Alberto Núñez Feijóo. “Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas”, añadió el líder regional. "Llevo desde los 16 años defendiendo al PSOE e incluso haciendo todos los esfuerzos del mundo para que el PSOE gane las elecciones. Creo que en ese sentido no se puede discutir", señaló.

Desde el entorno de Page comentan que esa conversación fue “fortuita” y fruto de la “casualidad” mientras el presidente de Castilla-La Mancha esperaba en la línea de saludo a los reyes en la inauguración de Fitur. Además, su núcleo duro defiende que él no sabía que había cámaras y que fue el murciano López Miras quien lo llamó primero. Aseguran que él no tiene intención de dejar el PSOE, como apuntan algunas interpretaciones, pero que no va a cambiar su "forma de ser".

En el partido asimismo hay otra opinión generalizada contra García-Page: no acudió a la convención política del pasado fin de semana en A Coruña donde se marcó su hoja de ruta ideológica para los próximos años, que es donde "corresponde dar la batalla ideológica". Él se excusó en un viaje oficial a China anunciado antes de la convocatoria del cónclave. En el documento se plasma una defensa de la ley de amnistía y se concreta el convencimiento de que es “plenamente constitucional”. Como recuerdan fuentes del PSOE, la delegación de Castilla-La Mancha presente (con miembros del Gobierno regional y el secretario de Organización, entre otros) ni se opuso ni hizo la mínima mención al tema de la amnistía.

Tampoco ha gustado nada entre los miembros del partido su referencia a que él se dedica a ganar elecciones. Muchos cargos tiran de hemeroteca y recuerdan que él logró ser presidente en 2015 gracias a un pacto con Podemos, pero que la lista más votada fue la de María Dolores de Cospedal (Partido Popular). También llegó a la Alcaldía de Toledo en 2007 gracias a un acuerdo con Izquierda Unida pese a que el Partido Popular fue la primera opción en las urnas.

A lo largo del jueves salieron muchos barones del partido a contrarrestar a Page evidenciando que su postura es minoritaria. El expresidente valenciano Ximo Puig, que ha sido mucho tiempo su aliado interno, le reprochó: “Cada uno tiene su manera de expresarse. Yo siempre he dicho que lo fundamental es que cada uno adopte el papel que le corresponde y que sea leal con su ciudadanía y con sus partidos”. Para reclamarle que deje de hacer “frentismo”. Se pronunció también el candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que recalcó que la mayoría del partido no piensa como el presidente de Castilla-La Mancha.

Luis Tudanca hizo una reflexión en el mismo sentido: “Procuro no equivocarme de adversario político, no lo hago nunca. Desde luego mis adversarios no están en el Partido Socialista. Tengo un enorme respeto por Emiliano García-Page, pero discrepo de su opinión, porque en Castilla y León es donde más llevamos sufriendo las políticas de la extrema derecha y del señor Mañueco”. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, tachó de “estéril” la reunión en Fitur y dijo a Juanma Moreno que tiene que reunirse con Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda. Con esta referencia en un mensaje en la red social X: “Déjense de cumbres o pasillos en Fitur y acepten la comisión de trabajo que planteó Pedro Sánchez a Feijóo y que han rechazado. O vengan al Senado a defender y contraponer posturas con otros presidentes autonómicos”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado este miércoles, durante la denominada conjura de Fitur que ha reunido a los presidentes conservadores de la Región de Murcia, Fernando López Miras; Andalucía, Juanma Moreno; y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, su situación en el PSOE, después de que se haya convertido en una de las voces más críticas dentro del partido por los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

En una conversación informal entre los cuatros dirigentes regionales, según ha revelado Antena 3 y recoge Europa Press, Page ha explicado el "esquema argumental" en la petición de las autonomías de un fondo de nivelación hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica. "Hay una cifra objetiva, reconocida hasta por el Ministerio, de desajuste del modelo", ha señalado Page, a la vez que el presidente valenciano le adelantaba que llevaría el asunto a las Cortes Valencianas y emplazaba a una comida entre los cuatros presidentes.

En este momento, el andaluz Juanma Moreno se dirigía a Page para decirle que esta comida era para él más complicada. "A mí están a punto prácticamente de extraditarme", ha contestado el castellanomanchego, a lo que, entre risas, Mazón le ha replicado: "Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía".

"Eso me dijeron el otro día en una reunión. Digo, 'serán hijos de...'", ha continuado Page, al tiempo que López Miras le ha apuntado: "Tú los tienes nerviosos todo el día". Finalmente, Page ha zanjado la conversación informal revelando su situación en el PSOE tras los pactos con los independentistas y la ley de amnistía: "Yo sufro que no te imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima. Echar a todo dios que se le opone".

Esta confesión de Page a los barones del PP, se produjo durante una reunión informal, aunque con una foto buscada, en la que los cuatro jefes del ejecutivo autonómico charlaron sobre que están "mal financiadas" y han insistido en la necesidad de un fondo de nivelación hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica.

Así lo ha indicado Mazón en declaraciones a los medios, en las que ha explicado que esta "minicumbre" ha reunido a las autonomías "objetivamente peor tratadas" pero que tienen que "seguir sosteniendo nuestra sanidad, nuestros servicios sociales". "Los cuatro estamos de acuerdo en que, en cualquier caso, antes y mientras viene un nuevo sistema de financiación, haya un fondo de nivelación transitorio que al menos nos iguale a los que están mucho mejor que nosotros", ha subrayado.

Para Mazón, esta herramienta "es fundamental, es irrenunciable" y ya la exigen "de manera clara cuatro presidentes autonómicos que están en el mismo caso". El valenciano ha señalado que esto se va a desarrollar y reivindicar y que van a mantener un "diálogo permanente" entre ejecutivos y consejeros.

Sin embargo, ha señalado que no hay fecha para la cumbre: "No sé si cristalizará antes o después en un encuentro más o menos formal, pero que hay una línea de trabajo conjunta, irrenunciable y prioritaria de los cuatro, lo confirmo".

El Partido Popular, como también el PSOE y otros partidos políticos, se comprometió en 1998 a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas” y a “desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario”. Un compromiso que renovó en 2020, pero que no le impidió beneficiarse del tamayazo, el caso de transfuguismo más célebre hasta la fecha, gracias al cual el PP evitó en 2003 un gobierno de izquierdas en Madrid e inició dos décadas de hegemonía política en la comunidad que todavía continúan. 

El pacto nació precisamente para eso: dificultar que concejales o diputados traicionasen a los partidos que les incluyeron en las listas, favoreciendo gobiernos de signo diferente. Incómodo con esa limitación, el PP se la saltó en más de una ocasión. La última y más sonada, comprando la voluntad de cuatro diputados de Ciudadanos en Murcia para derrotar la moción de censura que este partido, de común acuerdo con el PSOE, había presentado para poner fin a 26 años de gobierno ininterrumpido del PP en la Región.

Esa actuación motivó una resolución de los expertos de la comisión antitransfuguismo que certificó la “condición de “tránsfugas” de los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como del presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos parlamentarios.

El pacto contra los tránsfugas, firmado el 7 de julio de 1998 y ampliado en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno del PP, nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno.

No tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral. La culpa es de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su momento estableció que, aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños.

Las consecuencias de la “práctica reiterada” del transfuguismo, sostiene el acuerdo firmado en su día por el PP, “cuando sus efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

El acuerdo original lo impulsó en su momento Mariano Rajoy siendo ministro de Administraciones Públicas y lo firmaron los representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergència, PNV, Coalición Canaria, BNG y ERC entre otras formaciones.

La renovación del documento en el año 2000 reconocía que, dos años después de su firma, se podía “constatar una significativa reducción del transfuguismo, debida esencialmente, sin duda, a la constancia de los esfuerzos realizados por los partidos políticos para ser consecuentes con el compromiso asumido, y a la creciente condena y estigmatización social de tales conductas”.

 “El transfuguismo supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacia los electores, que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión”.

El pacto se amplió en dos ocasiones. La primera en 2006, estableciendo por primera vez una definición de tránsfuga en el ámbito local que la adenda de 2020 hizo extensible a las instituciones autonómicas: “Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

“Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Si existen dudas, “será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso” para el puesto “quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.

La segunda adenda del pacto, aprobada hace 14 años, establecía además que las medidas de castigo contra los tránsfugas deben extenderse “a aquellos que se beneficien de su conducta”.

Pedir al PP que volviese al pacto fue precisamente una de las primeras demandas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Alberto Núñez Feijóo en la primera entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril de 2022, una vez que el expresidente de la Xunta relevó a Pablo Casado. Pero no obtuvo respuesta.

Feijóo no solamente no ha manifestado nunca el menor interés por someterse de nuevo al pacto, del que en la actualidad están fuera el PP y Vox, que nunca lo suscribió, sino que su partido y él mismo llevan semanas alentando una traición en las filas del PSOE apelando a “la conciencia” de los diputados socialistas para que impidan la aprobación de una amnistía, bien haciéndole a él presidente, bien impidiendo la reelección de Sánchez.

Su número dos, Cuca Gamarra, insistió en ello este lunes, a menos de 24 horas del inicio de la sesión de investidura, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en la que acusó a Sánchez de ser él mismo un tránsfuga pro defender ahora lo que rechazaba antes de las elecciones y en la que evitó expresamente rechazar la posibilidad de que Feijóo sea elegido gracias a una traición como las previstas en el pacto antitransfuguismo.

Según Gamarra, “no hay más transfuguismo” que el de Sánchez. “Yo creo que el mayor ejercicio de transfuguismo que se está produciendo en nuestro país en estos momentos lo está protagonizando Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay mayor transfuguismo que el ideológico que está detrás de haberte presentado con un programa electoral que no recoge la amnistía y estar dispuesto a pactar un Gobierno asumiendo una amnistía”, señaló. Las urnas, aseguró negando la legitimidad del Congreso, “no habilitaron a nadie” a articular una amnistía ni para llevar a cabo el préstamo de diputados a Junts que permitió a esta formación contar con grupo parlamentario propio.

El último ejemplo de transfuguismo notorio a escala nacional lo protagonizó también el PP de Casado, pero sus consecuencias llegaron hasta Feijóo. Fue su dirección la que consumó el premio a los dos tránsfugas de UPN que a punto estuvieron de dar al traste con la reforma laboral al darles cobijo en sus listas.

Ficharlos supuso una flagrante violación del pacto antitransfuguismo, que prohíbe expresamente a los partidos “admitir” a concejales o diputados elegidos en una lista diferente “mientras mantengan el cargo conseguido en su partido original”. Es decir: admitir a Sergio Sayas y a Carlos García Adanero en el PP incumplió el pacto contra el transfuguismo porque previamente no renunciaron a sus escaños en el Congreso.

Ambos fueron expulsados de UPN después de incumplir el acuerdo que su partido había suscrito con el Gobierno para apoyar en el Congreso la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los dos diputados, conscientes de que sus votos eran decisivos, engañaron deliberadamente al Ejecutivo diciéndoles que votarían a favor de la iniciativa con la intención de causarle una inesperada derrota.

Sin embargo, el azar hizo que la votación saliese adelante sin su apoyo gracias al error cometido por un diputado del PP, Alberto Casero. Su voto favorable a la reforma laboral arruinó la estrategia de los dos tránsfugas así como la del Partido Popular y de Vox, que confiaban en ellos para causar una seria derrota al Gobierno.

A Pepe Vélez le extrañaban las palabras de Fernando López Miras de que no gobernaría con Vox. No le encajaban. Y el tiempo ha terminado dándole la razón. Finalmente la Región de Murcia estará pilotada por los populares y la ultraderecha tras la sesión de investidura que concluye este jueves.

El líder de los socialistas murcianos muestra su preocupación por la “agenda regresiva” que supone el pacto entre los populares y el partido de Santiago Abascal, especialmente por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI y la protección del Mar Menor. Y advierte de que Vox ha prometido poner en marcha el pin parental. Pero está absolutamente convencido de que Pedro Sánchez va a conseguir la investidura a nivel nacional y se “dejará la piel” ante la situación de la Región.

¿Cómo ha recibido el discurso de investidura de López Miras?

Muy poco convincente y no ha explicado con detalle el pacto con Vox. Por un momento llegué a pensar que estábamos en la sesión de investidura de 2019 porque ha repetido las mismas promesas. Por supuesto, no ha cumplido. López Miras ha dejado claro que no tiene palabra y no es de fiar. Nos dijo que no gobernaría en coalición con Vox y ha estado más de tres meses engañando a la ciudadanía.

¿Cómo calificaría el próximo Gobierno del PP y Vox en Murcia?

No es novedoso porque López Miras fue el primero que metió a la ultraderecha en un Gobierno autonómico, aunque ahora haya venido a hacerse el estrecho. La firma de este acuerdo es una mala noticia para la Región de Murcia. Los gobiernos del PP desde hace casi treinta años nos han situado a la cola de todos los indicadores de progreso y calidad de vida. El futuro Ejecutivo va a agravar muchísimo más esta situación.

¿Por qué se llega a este acuerdo después de meses de negativa de López Miras?

Es evidente que el señor López Miras ha estado pensando en su partido a nivel nacional y ha trabajado más al servicio de Feijóo que de los ciudadanos de Murcia. En algunos momentos del discurso de este miércoles pareció que nos habíamos trasladado al Congreso y que estábamos en la sesión de investidura de Feijóo. También es cierto que ha dado por hecho por su forma de hablar que evidentemente va a fracasar el líder del PP y que Pedro Sánchez seguirá siendo presidente. Es lo único en lo que le voy a dar la razón.

¿Hubo una orden directa desde la calle Génova de Madrid para llegar a este pacto en el momento en el que necesita Feijóo el voto de Vox para su intento de investidura?

No me cabe duda de que López Miras ha jugado a la política nacional y a los intereses de Feijóo. Pero no parte de cero, ya que lleva gobernando cuatro años con la ultraderecha. Por eso no entendimos esos mensajes de que no tendría un Gobierno con Vox y que las coaliciones eran un engaño. Me extrañaba. Pero era una forma de darse tiempo y una patada al balón. Murcia ha perdido tres meses porque se estaba pensando en los intereses del PP a nivel general. Una vez que han visto que no tiene futuro la investidura de Feijóo, López Miras llega a un acuerdo.

¿Qué le parece que no exista en el acuerdo una referencia directa a la violencia machista?

Lo esperábamos, es una muy mala noticia para la Región. El documento continúa con una agenda regresiva. Han dejado claro, además, el nulo interés por el Mar Menor. Ni se menciona esa ley.

¿Temen que esté en peligro la protección del Mar Menor en virtud de este pacto?

No me cabe la menor duda de que lo van a seguir poniendo en peligro. No podemos obviar que se han cargado el Mar Menor durante estos 28 años de gobiernos de la derecha en Murcia. Pero la sociedad y el PSOE no vamos a consentir que terminen con él. Ni tampoco con que acaben con los derechos y la igualdad de los ciudadanos. Vamos a luchar contra la violencia de género y el cambio climático y por los derechos LGTBi. Estaremos totalmente en frente de este Gobierno de la derecha ultra y de la ultraderecha. Nos vamos a dejar la piel.

¿Cómo interpreta que el acuerdo hable de “neutralidad ideológica” en los colegios?

Si no fuese porque es un tema muy serio, tendríamos que tomarlo a broma. Vox dice una cosa y el PP la contraria. Pero hemos visto que la ultraderecha ha dicho que va a poner en marcha el pin parental en los colegios.

¿Cree que se hará efectivo ese pin parental?

Vox lo ha dejado muy claro. En la legislatura anterior ya vimos que el PP lo puso en marcha en Murcia junto a sus socios tránsfugas. La educación lleva abandonada en la Región casi treinta años. No tenemos ninguna esperanza, sólo va a cambiar a peor.

¿Por qué el PSOE no consigue gobernar en Murcia? 

No hemos hecho las cosas todo lo bien que deberíamos y, por eso, la ciudadanía nos ha puesto en la oposición. Pero hemos entendido claramente el mensaje y nos vamos a dejar la piel como nunca durante esta legislatura, que dudo mucho que sea de cuatro años. Vamos a demostrar a los votantes que necesitan algo mejor en la Región y que se merecen una Murcia que avance y que no esté a la cola en los índices de calidad de vida. Somos un partido serio que puede poner a esta Región donde se merece.

El Gobierno de Murcia durante estos años ha tenido un enfrentamiento muy directo con la Vicepresidencia de Transición Ecológica, dirigida por Teresa Ribera. ¿Se acrecentarán las tensiones en materia hidrológica con el nuevo Ejecutivo de PP y Vox?

El PP y Vox van a confrontar por supuesto continuamente con el Gobierno de España y con Ribera. Pero no me cabe duda de que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta tercera en funciones se van a dejar la piel para salvar el Mar Menor y para que Murcia tenga el agua que necesite. Se está invirtiendo en desalación para tener más agua y que el precio sea inferior. Asimismo, por mucho que lo niegue la derecha, el cambio climático ya está aquí. 

Es una persona cercana a Pedro Sánchez, ¿confía en que logrará sacar adelante la investidura tras escuchar las exigencias del expresident Carles Puigdemont?

Estoy convencido de que habrá investidura. Es necesario seguir avanzando en las políticas de progreso. En estos cuatro años se ha mejorado muchísimo con la coalición en tiempos muy difíciles, atravesando situaciones como la pandemia, el volcán o la guerra en Ucrania. El Ejecutivo ha trabajado con mucha fuerza y seriedad para no dejar a nadie atrás.

Como socialista de dilatada carrera, ¿le han molestado las palabras del expresidente Felipe González diciendo que le costó votar al PSOE durante las elecciones del 23 de julio?

Respeto absoluto a las declaraciones del que fuera presidente del Gobierno, pero probablemente este 23J ha sido una de las veces que he cogido la papeleta del PSOE con más fuerza.

Primero los sillones y después el programa. PP y Vox tardaron tres meses en ponerse de acuerdo para repartirse los puestos en el nuevo gobierno de la Región de Murcia y apenas tres días en cerrar un programa común de gobierno. Las diferencias, hasta hace poco insalvables, que separaban a los dos partidos, en especial en torno al Mar Menor, han desaparecido o han sido aplazadas. 

El documento final, firmado este martes por representantes de los dos grupos, sigue el guion de otras comunidades también con gobiernos de coalición PP-Vox al incluir las principales banderas ideológicas de la extrema derecha y varias demandas dirigidas al Gobierno central que escapan de las competencias de la comunidad.

El acuerdo sostiene que “la recuperación del Mar Menor es una prioridad de la acción del Gobierno Regional”. Y para atenderla, PP y Vox, que llevan meses enfrentados por el régimen de protección de la zona, se comprometen genéricamente a seguir “desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación. Pondremos en marcha nuevos mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para que cada euro público invertido redunde en el máximo beneficio para el ecosistema”. 

Ni una medida concreta que anticipe el futuro del Mar Menor. Y ni una palabra sobre la modificación dela Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del mar Menor, que Vox quiere recortar en contra de la voluntad, hasta ahora, del PP. 

Los grandes temas de los de Abascal, sean o no competencia autonómica, están presentes en el acuerdo. Desde, según Vox, una vía para poner en marcha un pin parental (la posibilidad de que los padres puedan vetar contenidos académicos en función de sus creencias sobre religión, sexualidad o ciencia) a través de un compromiso con la “neutralidad ideológica del currículo escolar”, hasta la invisivilización de la violencia machista, definida como “violencia contra las mujeres” y situada al mismo nivel que “la que sufren los niños y los mayores”.

La ambigüedad del texto acordado es tal que Vox da por sentado haber pactado acabar con el dinero destinado a sindicatos y organizaciones empresariales porque a partir de ahora las subvenciones se repartirán por “concurrencia competitiva”, algo que el PP limita a un control “más eficiente” del gasto público.

Vox ha conseguido incluir también en el programa de gobierno la voluntad de enfrentarse a las normas comunitarias que considera perjudiciales para los agricultores, ganaderos y pescadores de la región, algo que ya provocó disturbios en Castilla y León a cuenta de las medidas contra las enfermedades del ganado vacuno. En el mismo sentido, PP y Vox se comprometen a otorgar ayudas a la a las empresas para paliar el incremento de los costes de producción, una medida que desafía abiertamente las normas de la UE destinadas a evitar que los Estados miembros puedan conceder ayudas a las empresas que les permitan situarse en una situación ventajosa respecto a sus competidores.

Más ayudas, sí, pero menos impuestos. El pacto se compromete también a reducir el IRPF de los salarios “medios y bajos” y a aumentar las deducciones por hijos, así como a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, la fiscalidad del turismo, al tiempo que reclama más dinero al Estado a través de un nuevo modelo de financiación autonómica. 

Las demandas al Gobierno central son numerosas. Un Plan Hidrológico que garantice agua para Murcia y mantenga el trasvase Tajo-Segura, en línea con las promesas de agua sin fin para la agricultura ya pactadas en plazas como Comunitat Valenciana, Baleares y Aragón y que evidencian una total coincidencia en un enfoque que ignora las crecientes alertas sobre la insostenibilidad del modelo, más aún en plena sequía y aceleración del cambio climático.

Los socios de la derecha murciana piden también al Estado más efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para luchar contra “las bandas organizadas y las mafias de la inmigración ilegal”, cambios legislativos contra la ocupación de viviendas y la culminación del Corredor Mediterráneo, incluido el AVE, cercanías y mercancías.

Para que no haya dudas, el documento recoge también el reparto del Gobierno y quién decide su composición. Tendrá 11 miembros y Vox, no el presidente de la comunidad, será quien decida el nombre de dos de ellos. El de Interior, Seguridad y Emergencias, que además tendrá rango de vicepresidente, y el de Fomento. Los ultras designarán también al presidente del Consejo de Transparencia con atribución de Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

El pacto en Murcia abre la puerta a la investidura de Fernando López Miras el próximo jueves y garantiza además a Alberto Núñez Feijóo que los 33 diputados en el Congreso le respaldarán como candidato a la Presidencia del Gobierno en la sesión convocada para los días 26 y 27 de septiembre. El líder de Vox, Santiago Abascal, sugirió este martes que la cesión del PP en la región, después de tres meses negándose a compartir el gobierno con Vox, ha sido clave para que la ultraderecha mantenga el compromiso de respaldar la investidura de Feijóo.

La historia se repite. Como ya sucedió en Extremadura, la extrema derecha de Vox ha doblado el brazo al PP y estará en el gobierno de la Región de Murcia a pesar de la oposición de su presidente en funciones, Fernando López Miras.

El candidato del PP, según fuentes del PP, ya ha ofrecido a Vox formar parte de su próximo Gobierno a cambio de sus votos en la sesión de investidura que necesariamente tendrá que celebrarse la semana que viene para evitar una repetición de las elecciones que, unidas a las generales, serían las terceras en menos de seis meses.

López Miras da marcha atrás para salvar su elección como presidente, igual que sucedió con su homóloga en Extremadura, María Guardiola, y pone fin a dos meses de incertidumbre durante los cuales los días iban pasando y PP y Vox seguían sin anunciar un acuerdo que desbloquease la situación y evitase la repetición electoral. 

La marcha atrás del PP deja por los suelos el argumentario que hasta ahora habían defendido Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras. El líder nacional del partido siempre dijo que el candidato murciano del PP estaba “legitimado” con el 43% de los votos para gobernar en solitario en Murcia y llegó a a advertir al presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, de que “no hay razones objetivas para que Vox niegue el Gobierno al Partido Popular” en esa región. “No hay razones objetivas para que Vox niegue el gobierno al PP en Murcia, salvo el interés por el follón que tenemos en España y que continúe el mismo”, denunció Feijóo el pasado 3 de julio en un acto en Madrid.

El líder del PP siempre aseguró que el caso de Murcia era diferente del de otras comunidades, que no se podían poner como ejemplos a seguir. En su opinión, tenía sentido que Vox pidiese entrar en el Gobierno de Extremadura o de la Comunitat Valenciana porque eran necesarios sus votos para la investidura, lo que no pasa en Murcia. 

No es la primera vez que el PP se tiene que tragar las reglas con las que intenta explicar comportamientos diferentes en situaciones semejantes. Ocurrió antes en el caso de Extremadura, donde Feijóo pasó de decir que Vox no tenía derecho a entrar en el Gobierno de esa comunidad porque sólo representaba al 8% de los votantes a tener que defender una coalición.

Tampoco el discurso de López Miras sale bien parado con la cesión a Vox. “Con el resultado que se ha obtenido en la Región de Murcia teniendo el 43% de los votos, el 47% de los diputados regionales, lo legítimo en una democracia es gobernar en solitario. Esto no es nuevo, ya que así gobernó Aznar en el 1996, Zapatero durante sus dos mandatos, Rajoy en 2015 y Pedro Sánchez en estas últimas legislaturas”., alegaba hasta hace pocos días.

Exigir consejerías y una vicepresidencia, decía el presidente murciano en funciones, es “chantajear a un partido que se ha quedado tan solo a dos diputados de la mayoría absoluta”. “No necesitamos el sí de Vox”, aseguraba López Miras. “Ni el apoyo explícito de Vox; solo necesitamos una abstención, es decir, que no bloqueen”.

Génova siempre ha dicho que lo que pasase en la Región de Murcia sería responsabilidad de su barón local, el actual presidente en funciones. Tanto si llegaba a un acuerdo con Vox como si no lo conseguía y la región no tenía más remedio que repetir elecciones.

El equipo de Alberto Núñez Feijóo intervino en su momento para obligar a su candidata por Extremadura a llegar a un acuerdo con la extrema derecha dándole entrada en el Gobierno a pesar de que se había comprometido públicamente a hacer todo lo contrario. 

El equipo de Feijóo siempre ha sostenido que las dos situaciones no eran comparables: Guardiola ni siquiera fue la candidata más votada en las elecciones extremeñas de mayo, mientras que López Miras no solamente ganó, sino que se quedó a únicamente dos escaños de la mayoría absoluta. La primera era una recién llegada; el segundo es un barón consolidado que lleva seis años gobernando su comunidad.

Todo indica, sin embargo, que ha sido Feijóo el que ha impuesto una solución que evite no sólo la repetición electoral sino también un nuevo conflicto entre el PP y Vox justo cuando el presidente del PP se prepara para defender su investidura en el Congreso de los Diputados y más necesita del apoyo de la extrema derecha.

La única salida al pulso entre ambos partidos era que una de las partes diese su brazo a torcer y ese, al final, ha sido López Miras, que no quería tener a Vox en el gobierno. El gato al agua se lo han llevado los ultras, que siempre dijeron que no votarían a favor de la investidura del candidato del PP murciano si no les garantizan presencia en el nuevo ejecutivo. Consiguieron casi el 20% de los votos en las elecciones y quieren que eso se refleje entrando en el gobierno, como ya ha ocurrido en Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón.

“Celebramos el acercamiento de posturas que hacen posible desatascar la negociación. Creemos importante que Vox esté en el gobierno con tres consejerías, una de ellas la de Agricultura, donde entendemos que podemos aportar un gran valor añadido en esta nueva etapa”, declaró José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, nada más conocer la noticia.

A pocos días de la fecha límite —el jueves 7 de septiembre—, las direcciones nacionales de PP y Vox buscaban la manera de desbloquear unas negociaciones estancadas a escala regional, mientras López Miras se preparaba para poner en marcha un segundo intento de investidura que comenzaría el miércoles, la víspera de la fecha límite.

El pasado 7 de julio, los votos en contra de los nueve diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia tumbaron el primer intento de López Miras, de ser investido.

El candidato del PP no consiguió la mayoría simple (más síes que noes) necesaria en la segunda votación para ser elegido presidente de la comunidad. Sólo contó con 21 votos a favor, los del PP, y 24 en contra, correspondientes a PSOE, VOX y Grupo Mixto —Podemos—.

La firmeza de Vox se hizo patente este viernes en la asamblea regional, en la que no dudó en tumbar, junto a PSOE y Unidas Podemos, el decreto-ley con el que el Gobierno de López Miras y el PP pretendían para evitar la caducidad de la moratoria urbanística del Mar Menor. 

La decisión tensó la cuerda para forzar a los de Feijóo a presionar a López Miras y obligarle a dar entrada a la extrema derecha en su gobierno aprovechando que el líder del PP necesita los 33 votos de Vox en el Congreso para no verse superado en la investidura por la alianza de PSOE y Sumar (152 escaños) como ya ocurrió en la elección de la mesa de la Cámara Baja.

Feijóo ya cedió la semana pasada ante Vox asumiendo públicamente y por primera vez su alianza con la extrema derecha, que hasta ahora atribuía exclusivamente a sus barones. Y admitiendo que necesita su apoyo para optar a la investidura. Es ya una “relación de normalidad democrática” “en el objetivo compartido de proteger nuestra nación y defender la Constitución”. “No cabe duda de que la relación de colaboración se mantendrá”, aseguró el presidente del PP después de visitar al rey Felipe VI para ofrecerse como candidato el pasado 22 de agosto.

La decisión del PP de pactar con Vox también en Murcia dará acceso al gobierno al líder local de la extrema derecha, José Ángel Antelo. Un dirigente que considera una “ley comunista” la que, con rango estatal, protege el contaminado Mar Menor. Antiguo jugador de baloncesto, el discurso ambiental de Antelo sigue con pulcritud las normas del negacionismo. En una entrevista concedida en la recta final de campaña a La Opinión de Murcia, lanzó el aviso cuando el periodista le hizo la siguiente pregunta:

– Si Fernando López Miras no toca la Ley del Mar Menor, ¿será presidente?

Antelo respondió así:

– Si depende de nosotros, será oposición. Y nosotros, también.

El autor de la entrevista abundó en el tema:

– Habla como si no hubiera cambio climático 

Y Antelo, que ya en otras ocasiones había ridiculizado el concepto –por ejemplo, en su cuenta de Twitter–, respondió así: “El clima lleva cambiando desde que existe el mundo, hace más de 4.500 millones de años, y lo seguirá haciendo”.

Concejal en el Ayuntamiento de Murcia, la estrella interna de Antelo comenzó a brillar cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox le nombró en noviembre de 2019 jefe de la gestora constituida en Murcia tras la bronca con los tres diputados autonómicos que habían sido elegidos en la lista del partido. “El CEN –relata el periodista Xavier Rius en su libro Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron (Akal, 2023)– nombra una gestora presidida por el concejal en el Ayuntamiento de Murcia, el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo, vinculado a José Luis Mendoza, miembro de los ultracatólicos neocatecumenales, los "kikos", y presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia”, la UCAM. Fallecido en enero de este año, Mendoza se convirtió en un baluarte del sector que en Vox procede del catolicismo más conservador. 

Antelo ha hecho bandera del pin parental, que ya aplicó el PP en Murcia a requerimiento de Vox. Los padres –sostiene el candidato– deben tener información de si lo que pretende una charla escolar es “enseñarle a un niño de tres, cuatro o cinco años cómo masturbarse”. O si a un niño “que se llama Juan le van a tratar como María”.

El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha ofrecido a Vox formar parte del Gobierno regional, con el fin de terminar con la situación actual de "bloqueo" y no "condenar" a los ciudadanos a unas terceras elecciones en menos de seis meses, según ha podido saber Europa Press de fuentes del PP.

De esta forma, según fuentes del PP, se acabaría con el "bloqueo" en el que se encuentra la Región desde el pasado 28 de mayo y se evitaría la repetición electoral.

Hay que recordar, que el próximo jueves, 7 de septiembre, se acaba el plazo para elegir presidente de la comunidad. De no ser así, se iría a una repetición electoral.

Los votos en contra de los nueve diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia han tumbado la posibilidad del candidato del PP, Fernando López Miras, de ser investido en segunda votación como presidente de la Comunidad y abre la posibilidad a nuevas elecciones, ha informado Europa Press.

El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, no ha conseguido la mayoría simple (más síes que noes) necesaria en la segunda votación para ser investido presidente de la Comunidad. Sólo ha contado con 21 votos a favor, los del PP, y 24 en contra, correspondientes a PSOE, VOX y Grupo Mixto —Podemos—.

Al no salir investido, la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, iniciará nuevamente un proceso de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato.

El candidato a presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha dirigido en su alocución directamente a Vox y les ha advertido que "nadie entendería un bloqueo protagonizado por la izquierda, por Partido Socialista, por Podemos y también por Vox" y todo "por sillones".

Ha responsabilizado a Vox de la posibilidad de unas nuevas elecciones por su bloqueo a la investidura junto a PSOE y Podemos, "una gran irresponsabilidad conducir a la Región a una convocatoria de elecciones cuando el resultado de las urnas ha sido tan claro y contundente" y todo por querer "sillones".

Algo que ha confirmado posteriormente el presidente provincial y portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, quien ha hecho una propuesta de última hora, ya en la tribuna de oradores, al PP en la que pedía la vicepresidencia y dos consejerías de 10, así como la derogación de la Ley del Mar Menor.

El primero de 12 puntos pedía "derogar/modificar/reformar la ley de recuperación y protección del Mar Menor acordando con los agentes afectados y con el objetivo de proteger realmente al Mar Menor y no criminalizar a nuestro campo y su industria auxiliar" y "fomentar el aumento de las superficies de regadío".

El PP ha rechazado el acuerdo. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha rechazado, en nombre de López Miras, el acuerdo, argumentando que, "respecto al Mar Menor, ni un paso atrás en su protección".

Les ha pedido que digan claramente "qué quieren hacer con la Ley del Mar Menor, porque reformar, derogar o modificar no es lo mismo. Derogar es una cosa y reformar o modificar es otra bien diferente" y han criticado que lleven semanas intentando que "se pronuncien sobre un documento de 88 medidas que les hemos presentado y del que todavía no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que piensan".

De igual forma les han afeado que hablan de "preocupación sobre el programa" y lo que les presentan "es un documento que dice 'queremos una vicepresidencia y dos consejerías'". "Ustedes lo que están pidiendo son sillones, les da igual las competencias que asuman", ha criticado.

Once días después de las elecciones del 28 de mayo, la Junta Electoral de Murcia ha decidido regañar sin efecto práctico al presidente de la Región, Fernando López Miras, por presentar junto a Carlos Alcaraz, en plena campaña y a bombo y platillo, la Copa bautizada con el nombre del tenista y que no se celebrará hasta la última semana del año o la primera de 2024. El organismo arbitral admite que López Miras cometió una "infracción electoral" pero "en atención a las circunstancias del caso (sic) y en ausencia de antecedente previo alguno no procede la apertura de expediente sancionador". Los tres jueces que integran la junta se limitan a pedir al jefe del Ejecutivo regional que "se abstenga en la realización de actos de idéntica o similar naturaleza". Por qué se mencionan "las circunstancias del caso" constituye un misterio: la resolución no aporta ningún dato.

En aquel acto del 18 de mayo, el entonces candidato del PP, que finalmente ha revalidado su mayoría pasando de 16 a 21 escaños, presagió que la Copa Carlos Alcaraz "va a situar a la Región de Murcia en lo más alto del deporte".

El PSOE denunció ese mismo día la comparecencia de López Miras con el número 2 del tenis mundial. Aquello, sostuvo el partido que en Murcia dirige José Vélez, era un caso de vulneración de la Ley Electoral (Loreg), que prohíbe realizar en campaña actos institucionales que exalten los logros de las autoridades intervinientes o induzcan a votar a un determinado partido. Pero no ha sido hasta este jueves cuando los tres jueces que integran la junta han concluido que las intervenciones de López Miras "contienen alusiones a los logros realizados por las autoridades intervinientes con connotación electoralista e infracción electoral".

Adelantada por la periodista Rosa Roda en Onda Cero, la resolución de la junta electoral incluye un párrafo sobre un hecho que califica de "relevante": que la reunión donde el 23 de abril se acuerda celebrar en Murcia la presentación oficial de la Copa "tiene lugar con posterioridad a la publicación del Decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea Regional (...) fijándose la fecha de presentación del torneo el 18 de mayo de 2023 en plena campaña electoral, atendiendo a la disponibilidad del jugador". A renglón seguido, llega entre paréntesis la que se perfila como la frase más dura del relato de hechos: "(pudo fijarse en fecha posterior, atendiendo a dicha disponibilidad, pues el partido de exhibición estaba programado para la última semana de diciembre de 2023 o la primera semana de enero de 2024)".

Las cifras de recaudación fiscal de 2022 confirman que, en contra de lo que debería demostrar la famosa curva de Laffer, las rebajas de impuestos no mejoran los ingresos tributarios. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, abanderadas de las bajadas de impuestos como fórmula de estímulo fiscal, aumentaron menos su recaudación que el resto de las comunidades autónomas el año pasado. Los ingresos tributarios totales crecieron de media un espectacular 14,4% en 2022, sólo siete décimas menos que el ejercicio precedente, como efecto de la recuperación económica tras el confinamiento pandémico. Pero en Andalucía la mejora de la recaudación –12,2%– fue dos puntos inferior a la media nacional, en Castilla y León –9,7%– se quedó 4,7 puntos por debajo, en Galicia –12,2%– la distancia fue de 2,2 puntos, y en Murcia –3,1%, donde menos creció– nada menos que de 11,3 puntos. Sólo en Madrid los ingresos fueron superiores a la media nacional, aunque apenas una décima.

Por el contrario, las que más subieron su recaudación fueron Cantabria –48,3%–, Baleares –un 47,5%–, Canarias –el 36,6%–, La Rioja –23,2%– y Asturias –19,8%–.

Esas cifras se refieren a los ingresos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales, que gestiona la Agencia Tributaria. Pero si la lupa se pone sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas –Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Matriculación y Juego– también se observa la misma brecha.

De esas cinco comunidades autónomas, Andalucía es la que peor se ha comportado tanto en los impuestos estatales como en los de gestión autonómica. La recaudación del IVA creció en 2022 un 7,3% respecto al año anterior, la mitad de la media nacional y ocho puntos por debajo de lo que mejoró el ejercicio precedente. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades subieron un 8,4%, mientras que la media nacional alcanzó el 20,8%. La tasa de variación de 2022 se quedó, además, 20,3 puntos por debajo de la que se registró en 2021. Los Impuestos Especiales –hidrocarburos, tabaco, alcohol– se hundieron, con un recorte del 26,4%, mientras el alza nacional fue del 2,5% de media. Sólo la recaudación del IRPF, con un crecimiento del 20,4%, superó la media española, situada en el 15,8%. “Pero eso es algo que lleva ocurriendo desde 2015, no es un fenómeno que pueda atribuirse a las últimas bajadas de impuestos en Andalucía, donde, además, como las rentas están por debajo de la media nacional, la recaudación tiene más recorrido”, precisa Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), la recaudación en Andalucía aumentó un 10,03%, tres puntos y medio por debajo de la media española y hasta siete, 12 y 17 puntos por debajo de los crecimientos de Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. En Sucesiones, los ingresos cayeron un 17,64%, por sólo un 3,89% en el resto de España, mientras que en Patrimonio el alza del 6,93% se quedó a la mitad del 14,75% en que subió de media lo recaudado en las otras comunidades autónomas. Lo mismo ocurrió con el Impuesto de Matriculación, cuyos ingresos mejoraron cuatro puntos menos en Andalucía que en el resto del país. Tampoco el juego recaudó por encima de la media nacional, que mejoró un 19,5%.

Las cifras, por tanto, “contradicen los argumentos usados por el Gobierno andaluz”, asegura Diego Martínez, para defender las rebajas fiscales aprobadas, seis desde 2018 si se cuentan las de septiembre de 2022: desde una bonificación del 99% en Sucesiones y más deducciones en el Transmisiones Patrimoniales hasta una rebaja del 4,3% en el IRPF en los tres primeros tramos, la supresión de Patrimonio y hasta el canon del agua. “Su tesis es que las bajadas fiscales en esos impuestos permitirían recuperar las bases imponibles de otros, como el IVA, el Impuesto sobre Sucesiones o el IRPF”, abunda el profesor de la Pablo Olavide. Pero eso es algo que desmienten las cifras de recaudación de 2022.

Y no sólo para Andalucía. En Madrid, que lidera la ola de rebajas fiscales imitada por otras comunidades gobernadas por el PP, los ingresos del IRPF crecieron en 2022 un 14,7%, un punto por debajo de la media nacional y en los de Sociedades la distancia fue aún mayor, 4,5 puntos. Aun así, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar una nueva bajada, medio punto en todos los tramos del IRPF, si gana las elecciones del próximo 28 de mayo. En cambio, sí mejoró Madrid los resultados del resto de las comunidades la recaudación del IVA –cinco puntos– y los Impuestos Especiales –un punto–. También subió con brío en Madrid en 2022 el cobro del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, un 91,8%, 30 puntos por encima de la media española. Lo mismo sucede en Castilla y León –15 puntos–, pero no en Galicia, Murcia y Andalucía. Diego Martínez lo atribuye al “boom” de la inversión extranjera directa en España en los últimos tiempos, “sobre todo en Madrid”. Se trata, explica, del impuesto que pagan personas físicas asociadas a estas inversiones y que, con el tiempo, debería convertirse en impuesto sobre la renta de residentes.

En Madrid la recaudación de Transmisiones Patrimoniales creció un punto y medio por debajo de la media española, mientras que el Impuesto sobre el Patrimonio es inexistente desde 2009 y los tributos sobre el juego mejoraron sólo un 2,39%, 17 puntos por debajo de lo que lo hicieron de media en el resto del país. Por el contrario, el cobro del Impuesto de Matriculación creció ocho puntos más. También aumentaron los ingresos de Sucesiones y Donaciones, un 6,6% –la recaudación nacional se redujo casi un 3,89%– “muy apoyados en el impuesto sobre los grupos de parentesco 3 y 4”, apunta Diego Martínez: hermanos, sobrinos, tíos, primos. El pasado mes de octubre, la Comunidad aumentó al 25% las bonificaciones para el tercer grado de parentesco.

En Galicia crecieron por encima de la media nacional igualmente los ingresos de Sucesiones y Patrimonio, pero se redujeron los de Transmisiones Patrimoniales, así como los del IRPF, el IVA –nada menos que 11 puntos de caída– y los Impuestos Especiales, cuya recaudación se hundió un 15,7%. Por el contrario, mejoró Sociedades seis puntos por encima de la media española.

Sin embargo, el impuesto que grava los beneficios de las empresas se desplomó en Castilla y León, cuyo cobro cayó un 10,3% en 2022 respecto al ejercicio anterior, mientras que la media nacional disfrutó de un alza del 20,8%. En Murcia la mejora se quedó a 7,5 puntos de esa cifra. En Castilla y León, además, sólo creció la recaudación del Impuesto de Patrimonio entre los tributos cedidos. Y entre los estatales, mejoró únicamente el IRPF –2,8 puntos–respecto de la media española, pero se comportaron peor, aparte de Sociedades, también el IVA y los Especiales, cuya recaudación se desplomó un 41,3%. En Murcia evolucionaron peor que la media nacional tanto el IRPF –7,3 puntos por debajo– como el IVA, que se redujo un 21,2% respecto a 2021.

Las pérdidas de recaudación repercuten en la capacidad de las administraciones para gastar. Pero también tienen otros efectos menos visibles. Es lo que ha pasado con Andalucía, según destaca el profesor Diego Martínez. Sus ingresos tributarios se han quedado por debajo de la recaudación normativa del Sistema de Financiación Autonómica, la cantidad que cada comunidad debe aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, fijado en un 75% de lo que recolectan por los impuestos cedidos.

Pues bien, debido a los recortes fiscales practicados, la recaudación real de algunas comunidades es inferior a esa aportación a la que están obligadas. Por tanto, contribuyen más de lo que recaudan, y son cientos de millones de euros, advierte Diego Martínez. También le ocurre a la Comunidad de Madrid. En el IRPF, las cantidades fijadas para la recaudación normativa de las comunidades autónomas son correctas. No así las de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones, objeta, que están “muy mal calculadas, a partir de valores históricos que se actualizan según unos índices de referencia”. En todos los casos, critica el profesor de la Pablo de Olavide, aportar más de lo que se recauda se convierte en un “mal negocio” para las comunidades autónomas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes la remodelación de su Ejecutivo, a unos meses de las elecciones regionales y tras aprobarse los Presupuestos en la Asamblea, que contempla la creación de dos nuevas consejerías y el relevo de Mabel Campuzano en Educación, según informa Europa Press.

En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, López Miras ha explicado que se ha creado la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, que estará dirigida por Juan María Vázquez, actual senador del PP; y la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que tendrá al frente a Conchita Ruiz Caballero, actual directora General de Personas con Discapacidad del IMAS.

Además, Víctor Marín Navarro, hasta este momento director general de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación de Educación sustituirá a Mabel Campuzano como consejero.

La remodelación del Gobierno regional anunciada por López Miras tiene lugar 18 días después de la aprobación, en el seno de la Asamblea Regional, de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma correspondientes a 2023, el más alto de la historia de la Comunidad, que la propia Campuzano, diputada autonómica por Vox, formación de la que fue expulsada en 2020, apoyó con su voto favorable.

La exconsejera entró a formar parte del Gobierno regional como titular de Educación y Cultura tras la fallida moción de censura presentada en marzo de 2021 por PSOE y Ciudadanos para desbancar al PP del Ejecutivo murciano.

Sin embargo, discrepancias con dos de sus compañeros de filas, Juan José Liarte y Francisco José Carrera, ambos, como ella, expulsados de la formación liderada por Santiago Abascal debido a conflictos surgidos en el seno del grupo parlamentario, llevaron a Campuzano a renunciar, en abril de 2022, a las competencias de Cultura, que fueron asumidas por el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, quien ahora asume también la portavocía del Gobierno regional. El presidente agradeció públicamente la labor de Campuzano en la Consejería de Educación.

Madrid, 7 de junio de 2021. La periodista de infoLibre Alicia Gutiérrez desvela en exclusiva que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea. La investigación se publica tras los reiterados intentos de este diario por conseguir una versión oficial de todos los afectados. Y se apoya sobre varios mensajes de móvil que ambos políticos se cruzaron en el transcurso de un pleno celebrado a mediados de abril en la Asamblea Regional de Murcia. Un intercambio de Whatsapp que este diario reprodujo como base de la información y al que posteriormente se agarraron López Miras y García Egea para llevar a la autora de la exclusiva y a este diario a los tribunales por revelación de secretos. Ahora, casi un año después de la denuncia contra la que cargaron de forma unánime periodistas y colectivos, el juez ha decidido dar carpetazo al asunto, una decisión que han recurrido el presidente murciano y el ex secretario general del PP.

La información publicada era de gran relevancia. Al fin y al cabo, ponía de manifiesto las gestiones realizadas por el jefe del Ejecutivo murciano con el secretario general de Salud en relación con un familiar cercano de García Egea. A media mañana, López Miras informaba al número dos del PP sobre cuándo entraría en quirófano el paciente en cuestión. "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde", rezaba un mensaje reenviado. "Cojonudo", contestaba García Egea, que completaba su respuesta con un segundo mensaje: "Pero creo que tienen que verlo un cardiólogo". "OK. Voy a verlo", responde López Miras. A continuación, el presidente murciano escribe de nuevo un mensaje al alto cargo de salud, que es quien le había informado en un primer momento de la fecha: "OK. Asegúrate de que lo citan por favor. Creo antes tiene que verlo un cardiólogo. Gracias". El día 20 el familiar fue operado.

Tras la publicación de la información, las reacciones políticas fueron extensas. "Se saltaron los grupos de edad para vacunar a sus amigos y se saltan las listas de espera quirúrgicas para adelantar una operación a un familiar", criticó el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, calificó el hecho de "gravísimo", un calificativo que, junto al de "inmoral", utilizó también el diputado de Compromís, Joan Baldoví. También algunos miembros de Ciudadanos cargaron públicamente contra los políticos que protagonizaron la exclusiva. "En caso de ser cierto, se demostraría, una vez más, que el PP en la Región de Murcia utiliza las instituciones como si fueran su cortijo", escribió en redes sociales la coordinadora autonómica de los naranjas en suelo murciano, Ana Martínez Vidal.

Antes de hacer pública la información, este diario trató por varias vías de recabar la versión de García Egea, López Miras y el PP, sin que se le permitiera incluir nada oficial. De hecho, la formación conservadora tardó varias horas en pronunciarse al respecto. El primero en hacerlo fue el responsable de Justicia del partido y consejero madrileño, Enrique López, quien admitió que el ex secretario general del PP solicitó información al presidente murciano sobre su familiar. "Una cosa es pedir información y otra es intermediar", sostuvo.

Al día siguiente, fue el vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Montesinos, quien fue preguntado al respecto en La hora de la 1 de TVE. "En el partido hemos sido muy claros desde el primer momento. La información no es verdad, es falsa, y el PP emitió un desmentido y presentó una demanda en los tribunales. No voy a dedicar ni un minuto a una información que no es cierta", se limitó a decir a preguntas del director de infoLibre, Daniel Basteiro. Aquella denuncia, centrada en un delito de revelación de secretos, no cuestionaba en ningún momento que el contenido de la noticia fuera cierto ni que los mensajes no se produjeran. Sin embargo, Montesinos no quiso aclarar qué de lo que se publicó era falso.

El director adjunto de El Mundo, Joaquín Manso, también presente en el programa, insistió al vicesecretario de Comunicación del PP. Pero el resultado fue prácticamente el mismo. "Que un partido que pretende ser alternativa al Gobierno de España reaccione a una información que considera falsa pidiendo prisión para los periodistas me parece absolutamente impropio", espetó al portavoz conservador, que respondió, una vez más: "Hemos dicho que la información es falsa y que lo hemos llevado a los tribunales". 

No fue la única muestra de solidaridad que este diario y la autora de la exclusiva recibieron tras la ofensiva judicial de los conservadores. El apoyo fue unánime por parte de periodistas y colectivos. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) lanzó un comunicado, al que se sumaron otras organizaciones de informadores como la FAPE, en el que resaltaba que la noticia era "de interés público". "La jurisprudencia ha determinado en varias ocasiones que, si la información es veraz, ha sido contrastada y resulta de interés público, prevalece sobre otros derechos", rezaba el texto, en el que se defendía que la periodista de este diario "no violó el secreto de las comunicaciones" puesto que, "en el ejercicio de su actividad periodística", tuvo "acceso al intercambio de unos mensajes que consideró de interés para los ciudadanos".

Una ola de solidaridad que pudo volver a verse tras la declaración ante el juez de la autora de la exclusiva y del director de infoLibre. Mostraron su apoyo en redes sociales Reporteros Sin Fronteras, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la red de activistas Xnet, medios como El Salto. Y, también, algunos periodistas a título individual –Maruja Torres, Ramón Lobo, Rosa María Artal, Xabier Lapitz, Pilar Velasco, Diego Suárez o Javier Valenzuela– y diferentes políticos: Pablo Echenique, Sira Rego, Rita Maestre u Odón Elorza, entre otros.

La justicia da la razón a infoLibre frente al presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el ex secretario general del PP Teodoro García Egea. Ambos dirigentes de la formación conservadora interpusieron en junio de 2021 una denuncia por revelación de secretos, un delito que puede conllevar una pena de hasta cinco años de prisión. La demanda fue presentada a raíz de la publicación de una noticia que llevaba por título "El presidente de Murcia medió en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea: “La van a programar para el día 20” y que firmó la periodista Alicia Gutiérrez. La empresa editora del diario también fue denunciada y, por ello, tanto Gutiérrez como el director de infoLibre, Daniel Basteiro, tuvieron que declarar en calidad de investigados el pasado mes de diciembre.

En el texto se reproducían dos imágenes en las que se podía ver al presidente regional hacer gestiones por whatsapp con el secretario general de Salud, Andrés Torrente, y transmitir datos sobre la operación de un o una paciente al número dos del PP a nivel nacional. Ese paciente era familiar del propio García Egea. El número dos del PP nacional exclamaba un agradecido "cojonudo" al recibir la información de carácter privado y personal que al resto de los ciudadanos les es facilitada no por el presidente regional sino por sus centros de salud u hospitalarios de referencia. Es ese "secreto" el que motivó la acción judicial tajante y en cuestión de horas por parte del PP.

Durante este año de proceso judicial, la información ha sido reconocida como cierta y contrastada por la Fiscalía, el juez y hasta los propios denunciantes. En un primer momento, el PP la tachó como "falsa" y arremetió contra infoLibre, al que han arropado numerosas asociaciones de periodistas, colectivos en defensa de la libertad de prensa y ciudadanos particulares frente a lo que ha sido considerado un intento de intimidación a la prensa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha decidido ahora decretar el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al entender que "existe una preponderancia del derecho a la información", que este periódico "tuvo diligencia en el contraste" de los datos y que no se ha podido "acreditar" que infoLibre "conociera necesariamente" que la "captación" de las imágenes de Whatsapp incluidas en la noticia "tuviera un origen ilícito", algo que, por otra parte, jamás ha sido probado. La resolución recoge buena parte de la argumentación de la Fiscalía. A pesar de los argumentos del magistrado y el Ministerio Público, tanto López Miras como el ex secretario general conservador han decidido presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid que podría alargar el proceso y seguir minando los recursos económicos de la cabecera.

"No está determinada la conducta con respecto a ninguno de los denunciados", señala el juez en un auto fechado el pasado jueves 12 de mayo.

El juez destaca que la periodista que firmaba la exclusiva, Alicia Gutiérrez, "tuvo diligencia en el contraste de los datos de la noticia antes de su publicación". De hecho, este periódico consultó antes de publicar la información a García Egea, a López Miras y al PP, por varias vías, por escrito y con tiempo suficiente para ofrecer una versión de lo sucedido, pero no hubo autorización para incluir ninguna. Fue una vez publicada cuando miembros de la dirección de la formación conservadora salieron en público a decir que era "falsa". Luego, en cuestión de horas, llegó la denuncia por un delito que comporta penas de prisión para periodistas, algo insólito en democracia, especialmente por la publicación de informaciones ciertas que afectan a destacados dirigentes políticos.

El juez ha tomado esta decisión tras recibir un escrito del Ministerio Público, fechado a finales de abril, en el que se solicitaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. El fiscal señalaba que no quedaba "acreditada" la "comisión dolosa de los hechos" al entender que de las pesquisas llevadas a cabo no era posible "determinar" si la conversación de Whatsapp había sido "captada intencionalmente" o si se trató de "una captación casual y, por tanto, no delictiva en origen".

El Ministerio Público, además, destacaba en su escrito que la conducta de la periodista y el diario "no podría ser calificada de antijurídica atendiendo a criterios jurisprudenciales". Las imágenes de Whatsapp, señalaba el fiscal, se habían publicado "como soporte gráfico de una noticia", estando "amparada" la "labor periodística" en el derecho a la libertad de información que se recoge en el artículo 20 de la Constitución. "Sin que el ejercicio de dichos derechos se haya excedido, entendemos, de la publicación de los datos estrictamente necesarios para la publicación del hecho noticiable, y ello por cuanto, según la noticia, la conversación de Whatsapp publicada reflejaba un presunto caso de corrupción entre los políticos que mantenían la misma, Fernando López Miras y Teodoro García Egea", concluía la Fiscalía, que insistía en que nunca se aportaron "datos sin interés noticiable y que afectasen a terceros no implicados".

El jefe del Ejecutivo murciano y el ex número dos del PP ya han interpuesto recurso de apelación contra la resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid. "La decisión de acordar el sobreseimiento de las presentes actuaciones es prematura, y se adopta sobre la base de una serie de conclusiones que no se han derivado de las diligencias de investigación ya practicadas sino que se sustentan en meras conjeturas o suposiciones", sostienen. Un escrito en el que llegan a asumir que la noticia fue contrastada: "Las diligencias practicadas hasta ese momento evidenciaron de manera incontestable que la información publicada, pese a ser contrastada, afectaba al núcleo más íntimo de la vida privada de una persona anónima y contenía datos que permitían perfectamente localizarle". ¿Y cuáles eran esos datos? Que residía en Murcia, que necesitaba ser operado, la fecha de la operación y la necesidad de ser atendido previamente por otros especialistas. También aseguran que se dio información sobre la patología, que llegan a mencionar, algo que nunca se hizo.

En el mismo mes, este diario desveló que el hospital había operado al familiar de García Egea antes que a pacientes con la misma prioridad y que ya estaban en lista de espera. También que el pariente fue atendido por el cardiólogo horas después del mensaje del número dos del PP a López Miras en el que se evocó esa consulta.

“Al Gobierno le molesta que propongamos rebajas fiscales y mucho más que las apliquemos en las comunidades autónomas donde gobernamos, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y Galicia, por cierto, con éxito de recaudación”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó este miércoles su plan de bajada de impuestos presumiendo de que en las comunidades gobernadas por los populares han subido los ingresos de “la mayoría” de los tributos “desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno”. El aún presidente de la Xunta blandía así la famosa y controvertida curva de Laffer –bajar impuestos aumenta la recaudación– para vender lo que, de momento, ha presentado como una solución “selectiva, inmediata y temporal” para “devolver a los ciudadanos” el dinero recaudado de más por culpa de la inflación.

El discurso no difiere en mucho del ya empleado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, donde se precia de aplicar rebajas “históricas” de impuestos. En parecidos términos se ha expresado ya Alfonso Fernández Mañueco, quien ha prometido una “revolución fiscal” esta legislatura con la mayor bajada de impuestos de “la historia” de Castilla y León. La misma revolución tributaria con la que se presentó Juan Manuel Moreno Bonilla a las elecciones andaluzas en 2018. Mientras, Carlos Iturgaiz ataca al PNV por “negarse a reducir los tributos”, después de que el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, apoyara la propuesta del FMI de subir temporalmente el impuesto sobre sociedades a las multinacionales con grandes beneficios para financiar políticas públicas. “El Gobierno vasco tiene una bolsa de más de 1.800 millones de euros sin gastar, pero sigue pensando en subir impuestos y asfixiar al sector productivo”, ha sido el reproche lanzado por el parlamentario popular Luis Gordillo.

Sin embargo, las cifras de recaudación desmienten las declaraciones de Núñez Feijóo y el entusiasmo de Ayuso, Moreno Bonilla y Mañueco por la eficacia de las rebajas fiscales. En 2021, un año de fuerte reactivación económica y, por tanto, de extraordinario aumento de los ingresos tributarios, Madrid mejoró su recaudación menos de lo que lo hicieron otras comunidades con impuestos más altos. De competencia autonómica son los que gravan las sucesiones y donaciones, el patrimonio, las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la matriculación de vehículos y el juego. Además del tramo del IRPF que les corresponde.

Sólo en el Impuesto de Matriculación superó Madrid en 2021 el aumento de recaudación de la media nacional, un 18,91% frente al 16,64%. Se trata de un impuesto armonizado con un mínimo estatal que las comunidades autónomas sólo pueden subir o deshacer las subidas previas. En los demás impuestos, la tendencia fue la contraria. En los tributos del juego, la diferencia entre los ingresos de Madrid y la media nacional es sustancial: aumentaron apenas un 0,26%, frente al 8,4% en el resto del país.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados los ingresos de Madrid crecieron un 42,59% respecto a 2020, unas décimas por debajo de la media nacional –42,76%–, pero muy por debajo del 63,04% que aumentaron los de Baleares o el 45,8% y 45,9% de la Comunidad Valenciana y Cantabria. En otras comunidades gobernadas por el PP, el alza de la recaudación fue menor incluso: un 29,48% en Castilla y León, un 36,73% en Galicia y un 36% en Murcia. En Andalucía fue un poco superior a Madrid, con un 43,17%. Todos estos porcentajes proceden de los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas que publica el Ministerio de Hacienda.

En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el aumento en Madrid fue del 28,29%, 11 puntos por debajo de la media nacional, en el 39,82%. En Galicia la recaudación creció aún menos, un 15,71%. En Aragón, por el contrario, el alza fue del 64,34%, en Cataluña del 59,3% y en Extremadura subió un 65,45%. En Castilla y León y Andalucía, los aumentos fueron más moderados: 38,1% y 41,9%, respectivamente. En Murcia, los ingresos por este tributo incluso cayeron, un 0,88%.

La diferencia es más abultada en la recaudación del Impuesto del Patrimonio. Mientras el aumento nacional medio fue del 1,07%, en Madrid los ingresos por este tributo descendieron un 14,7% y en Galicia el doble, un 37,1%.

Galicia y Madrid han sido el estandarte popular de la lucha contra los impuestos de sucesiones y donaciones, por un lado, y del patrimonio, por otro. Primero, Feijóo excluyó del pago a las herencias por encima de 400.000 euros sin contar la vivienda habitual por un valor de hasta 300.000 euros. Y en 2019 amplió la exención a quienes hereden hasta un millón de euros.

Respecto al de Patrimonio, Feijóo aplica una bonificación del 25% mientras que el mínimo exento alcanza los 700.000 euros. Afecta en Galicia a unas 8.000 personas que poseen unos 50.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. A estos propietarios la Xunta les rebajó, sólo en 2021, un total de 183,09 millones de euros, a tenor de los cálculos de su Consellería de Facenda. La previsión para 2022 es una merma de ingresos de 136,9 millones.

Por lo que respecta a Madrid, el Impuesto de Sucesiones está bonificado al 99% y al 100% el de Patrimonio. En 2019 la comunidad perdió 2.631 millones de euros de recaudación en el primero y 996 millones en el segundo. En 2021, ha ingresado 637 millones por el Impuesto de Sucesiones.

En Murcia, Andalucía y Castilla y León también está bonificado al 99% este tributo.

“Cataluña, una comunidad con una presión fiscal alta, tiene sin embargo un comportamiento fiscal mucho mejor que Andalucía, por ejemplo”, resume Diego Martínez López, profesor de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Según recalca, la curva de Laffer sólo podría tener validez “forzando mucho la teoría”. Porque, “desde el punto de vista empírico”, precisa, “no se ha dado aún ningún caso en que se haya cumplido que la bajada de impuestos haga crecer la recaudación”. Martínez López explica que son “muchos” los factores que pueden provocar un aumento de los ingresos tributarios, “desde la reactivación económica y la inflación hasta cualquier cambio normativo, no sólo uno”.

Un buen ejemplo de esa multiplicidad de causas es la carrera por la rebaja fiscal que se ha desarrollado durante los últimos años en el tramo autonómico del IRPF. Madrid –tipo marginal del 8,5% y máximo del 20,5%– y Castilla y León tienen las escalas más bajas, seguidas por Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia. Por el contrario, las escalas de Cataluña –tipo marginal del 10,5% y máximo del 25,5%–, Asturias, Cantabria, Aragón y Extremadura son superiores a la escala estatal que establece un tipo marginal del 9,5% y máximo del 24,5%.

En 2021 la recaudación del impuesto sobre la renta creció un 7,5%, explica Diego Martínez, pero el aumento de los ingresos por la escala autonómica en Andalucía cayó un 2,27%. En Galicia, se redujo un 0,98%. En Castilla y León bajó aún más, un 2,62%. En Murcia, un 2,21%, mientras que en Madrid aumentó sólo un 1,75%, según los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades publicados por Hacienda. Todas ellas hicieron recortes en sus respectivos tramos, pero no se notó en la recaudación en el sentido que apuntan Núñez Feijóo y Laffer. Las que más sufrieron la merma de ingresos fueron también las más afectadas por las restricciones impuestas por el covid al turismo: Canarias, con un descenso del 5,24%, y Baleares, con un 4,96%.

Además, Diego Martínez recuerda otro detalle que ninguna de las comunidades que han suprimido el Impuesto del Patrimonio revela cuando presumen del ahorro que proporcionan al contribuyente: todas siguen cobrando la compensación que el Estado les garantizó en 2008 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el tributo. Al ser un gravamen cedido a las comunidades autónomas, el Estado quedaba obligado a pagarles una cantidad igual a la recaudación del último año en que estuvo vivo, actualizada cada ejercicio según evolucione el Índice de Evolución de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE). Pese a que Mariano Rajoy recuperó el Impuesto del Patrimonio en 2012, en el año de mayores estrecheces económicas por la crisis financiera, la compensación se mantuvo y se mantiene a día de hoy.

De forma que las comunidades autónomas empezaron a repartirse en 2009 un total de 2.097,3 millones y continúan haciéndolo ahora, actualizada esa cifra según el ITE (1,4532), a través del Fondo de Suficiencia Global. Esa cantidad es superior a la recaudación anual del impuesto del patrimonio, que ascendió a 1.314 millones de euros en 2021.

De los casi 2.100 millones que les paga el Estado, 632 millones corresponden a Madrid, 537 millones a Cataluña, 216 millones a la Comunidad Valenciana y 162 millones más a Andalucía. Castilla y León recibe 83 millones, Galicia 81,5 y Murcia, 41,3 millones.

La prioridad de los barones y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, es volver cuanto antes a la normalidad y que los ciudadanos visualicen rápidamente que se abre una nuevas etapa en el partido. De ahí la insistencia en situar fuera de los focos a Pablo Casado sin pérdida de tiempo. Si puede ser, en la reunión en la que a esta hora todavía participan —todos menos Isabel Díaz Ayuso— en la sede de Génova 13. Si no, en el caso de que Casado insista en prolongar su agonía para asegurar un último minuto de gloria, en la Junta Directiva Nacional que el martes convocará el congreso extraordinario y ante la que el todavía presidente del partido quiere cerrar su mandato.

Los más próximos a Casado sostienen que no hay dudas sobre su voluntad de dimitir y por eso defienden que la Junta sea el escenario de su despedida, ante la plana mayor del partido. Una forma de atenuar, siquiera formalmente, la crudeza con la que ha sido defenestrado por sus compañeros. Aunque algunas fuentes aseguran que lo que de verdad le gustaría a Casado es continuar el puesto hasta el congreso.

Pero los más interesados en poner fin al drama en el que se ha instalado el PP desde que se desató el enfrentamiento entre Ayuso y Casado no quieren esperar. Para ellos lo mejor hubiese sido que Casado estuviese ya fuera ahorrando al partido el espectáculo de los últimos días, con dirigentes y cargos públicos obligados a pronunciarse públicamente para forzar su caída.

Los líderes territoriales quieren a Casado lejos de Génova. Y lo quieren cuanto antes. De otro modo, si no dimite ni siquiera el próximo martes, nadie puede estar seguro de que no intente seguir asumiendo la representación del partido y quiera, por ejemplo, continuar protagonizando las sesiones de control en el Congreso.

Todos los días, además, el PP debe adoptar decisiones y tomar posición ante asuntos de actualidad y acuerdos del Gobierno que, en opinión de los barones, no pueden seguir en manos de Casado. En unos meses además habrá, inevitablemente, elecciones en Andalucía. Y hay que empezar a preparar las municipales y las autonómicas: el 28 de mayo de 2023 está previsto que voten once comunidades (Comunitat Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Illes Balears, Extremadura, Asturias, Navarra, Cantabria y La Rioja) y las dos ciudades autónomas. Por no hablar de las elecciones generales. 

Todo el mundo en el PP teme que los acontecimientos de los últimos días se hayan traducido en una sangría de votos. Así que la prioridad de la nueva dirección será tratar recuperar el terreno perdido.

Antes de comenzar la reunión con todos los barones, Casado recibió en su despacho de Génova al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el elegido por sus pares para tomar las riendas y tratar de enderezar el rumbo del partido. Le convocó él, según la versión que el propio Feijóo trasladó a los periodistas a su llegada a la sede: “Vengo a una reunión convocada por el presidente de mi partido. Me ha convocado a las 19:00 horas y por tanto acudo a la convocatoria del presidente de mi partido. Después tendremos otra reunión conforme a lo establecido”, aclaró.

Casado planteó la reunión como una consulta para conocer de primera mano los planes de los barones para su relevo y tratar de llegar a un acuerdo que le permita dejar la presidencia de manera ordenada.

Muchos cargos del PP han pedido estos días “generosidad” a Casado y que dé un paso atrás para empezar una nueva etapa que frene la pérdida de votos que está sufriendo el PP. “Casado va a escuchar a los barones y a buscar la mejor solución. No va con ningún planteamiento inicial de nada”, señalaron fuentes próximas al líder del PP consultadas por Europa Press.

En medio de la convulsión que vive el partido, y un día después de la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general, Casado acudió este miércoles al Congreso para despedirse aprovechando la sesión de control al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En su discurso, leído y en un tono más solemne de lo habitual, planteó a sus compañeros de filas que él solo entiende la política “desde la defensa de los más nobles principios y valores”, como “el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros”.

El calendario de trabajo de los barones pasa por exprimir al máximo los plazos y buscar una elección exprés de Feijóo. La Junta Directiva Nacional aprobará el martes 1 de marzo la convocatoria de un congreso extraordinario que los estatutos permiten celebrar como muy pronto el primer fin de semana de abril (los días 2 y 3). Los plazos de presentación de candidaturas no se pueden reducir, lo que condiciona que la proclamación de los candidatos se demore hasta el día 18. 

Pero nada en los estatutos impide a la Junta Directiva establecer una campaña electoral corta para que los afiliados puedan decidir qué candidato prefieren antes de que termine el mes de marzo.

Nadie puede descartar que no se presenten aspirantes espontáneos que traten de disputar el puesto a Feijóo, pero los barones están convencidos de que su influencia, unida al peso que tiene la figura del presidente gallego, le permitirá ganar la presidencia ya en la votación de los militantes a pesar de que los estatutos exigen un resultado más que incontestable: por encima del 50% de los votos, una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el segundo candidato más votado y ganar la elección en la mitad de las circunscripciones. 

Lo que de paso evitaría tener que recurrir a una ratificación de los compromisarios en el congreso, a comienzos de abril, como sucedió con Casado.