La "prioridad nacional" no será la última propuesta de Vox sobre la inmigración antes de las elecciones generales. Veremos otras cada vez más subidas de tono, es decir, más llenas de odio y rechazo a los inmigrantes. Lo que no sabemos todavía es si el PP le seguirá acompañando en esas propuestas, aunque todo hace pensar que sí. 

El aumento del nivel de odio y rechazo al inmigrante es necesario para Vox porque ha convertido la inmigración en la columna vertebral emocional de su estrategia hacia el poder; las emociones que ese partido pretende estimular son las negativas, el odio y el rechazo al diferente. Por lo tanto, llegarán emociones más fuertes en forma de propuestas políticas y legislativas. 

El concepto, más bien engendro, de "prioridad nacional" no tiene sustento jurídico y se basa en bulos como afirmar que los españoles son discriminados en la obtención de prestaciones y ayudas sociales, lo que es totalmente falso. 

El presidente de Vox ha llegado a afirmar que es un concepto de sentido común. El buen sentido común lleva a considerar que no hay por qué discriminar entre personas que viven, trabajan y contribuyen en un mismo país, sin perjuicio de establecer baremos racionales para la gestión de las ayudas cuando estas no puedan ser universales. 

La obtención de la mayoría de las ayudas estatales y autonómicas exige a los solicitantes la nacionalidad española o la residencia legal en España, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal o la Renta Extremeña de Inserción. Por cierto, el 85% de los perceptores de ambas prestaciones son españoles. 

Las ayudas que pueden recibir los inmigrantes sin residencia legal son proporcionadas por ONG, Iglesia y otras entidades benéficas, hecho al que nos referiremos más adelante. 

¿Qué razón puede existir para negar la posibilidad de optar a una ayuda de alquiler para la vivienda a un inmigrante regularizado que puede llevar más tiempo trabajando, cotizando y pagando impuestos que otro solicitante español? ¿Únicamente porque no ha nacido en España? Sería una conducta contraria a nuestro ordenamiento y a los pactos internacionales que informan nuestra Constitución. 

Tendremos todos que aceptar que la inmigración forma parte de nuestra realidad y, por lo tanto, tendremos que dedicar recursos y capacidades para ella en contraprestación por los beneficios que obtenemos de la misma. Eso es de sentido común, como es de sentido común la regularización de la situación de personas que llevan incluso años con nosotros trabajando y residiendo. La regularización, además, evita situaciones de exclusión que no favorecen precisamente la convivencia. 

Todo ello no quiere decir que haya que estar ciego ante los problemas de integración y educación que plantea la inmigración en los volúmenes que se están produciendo en los últimos años en España. No son los planteamientos de Vox los que ayudan a resolver esos problemas.  

Es curioso que la proposición de "prioridad nacional" haya comenzado en Extremadura, una de las regiones con menor inmigración en España.  

De una población de poco más de un millón de habitantes, la población nacida fuera de España es de 67.846 personas empadronadas. De ellas, 20.676 personas eran cotizantes de la Seguridad Social con datos de marzo de 2026. De acuerdo a datos expuestos por la prensa extremeña, entre 3.000 y 4.500 personas podrán acogerse al actual proceso de regularización. 

Extremadura sufre un proceso de reducción de población que está siendo cubierta por inmigrantes en actividades importantes para la región. 

Por otra parte, Extremadura tiene una población envejecida. Un total de 239.110 personas reciben prestaciones contributivas con un promedio de 1.054 euros por pensión por debajo de la media nacional; el riesgo de pobreza es del 32,4, muy superior al total español que es de 19,7, según datos del informe del Consejo Económico y Social de Extremadura de 2024. 

Todos estos datos parecen preocuparle muy poco a los redactores del pacto extremeño. Cuando se debería estar hablando de aumentar la riqueza de la región y el nivel de vida de los extremeños, la estrella del acuerdo entre PP y Vox para gobernar Extremadura es la "prioridad nacional", asunto que distrae la atención sobre los verdaderos problemas. La demostración de que el concepto es un engendro es el debate en que se han enredado los firmantes sobre el arraigo, que les está llevando a plantear situaciones absurdas y, a veces, contradictorias con los fines propuestos. 

Una de las propuestas del pacto extremeño es eliminar las subvenciones que la Junta de Extremadura concede a las ONG, entre ellas la Iglesia, para la prestación de diversas ayudas y atención a los inmigrantes sin residencia legal. 

Los dirigentes de Vox califican a dichas organizaciones de mafias, incluida la Iglesia Católica, a la que han acusado de beneficiarse de la inmigración ilegal, acusación que podría dar lugar a querellas por parte de los insultados. 

¿Puede la Junta de Extremadura suprimir unas subvenciones basándose en esa acusación? Indudablemente no, salvo demostración de que la acusación es cierta. Las subvenciones se rigen por leyes aprobadas por el Parlamento extremeño, y tal debe ser la guía para conceder o rechazar la solicitud de subvenciones por parte de las ONG. La legalidad no puede ser sustituida por acusaciones sin fundamento o propuestas manifiestamente contrarias a dicha legalidad.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Un poco después de las 20:15 horas de este jueves, la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, salían de sus despachos para anunciar ante los medios de comunicación que había acuerdo. “Hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas, gana la democracia frente a la crispación”, sostenía Guardiola ante los micrófonos. 

Ahora, Fernández puede apuntarse el tanto de una victoria ante el PP, ya que el candidato de Vox será el que dirija la recién creada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, un departamento que concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad.

Un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. En 2024, el mandatario ultraliberal argentino creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un organismo orientado a eliminar trabas burocráticas, derogar leyes consideradas innecesarias y fomentar la libre competencia, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. 

El nuevo acuerdo entre el PP y Vox para el Gobierno de Extremadura contempla 74 medidas, la mayoría de ellas centradas en materia migratoria y que son un brindis al sol, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. Además, el partido ultra dirigirá la Consejería de Agricultura y contará con un senador por designación autonómica. Guardiola quiere contentar a Vox y le entrega, de este modo, dos departamentos que son seña de identidad de la formación de Abascal. 

Desde el partido verde defienden que la nueva consejería será una herramienta para impulsar la reducción de trabas administrativas, aplicar políticas sociales bajo su marco ideológico y reforzar medidas relacionadas con la “prioridad nacional”. 

Las acciones que se llevarán a cabo desde esta nueva consejería de Desregulación son, entre otras: la supresión de ayudas económicas para las ONG que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida, la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos o el retorno de los menores migrantes no acompañados. 

Hay medidas que incluso tienen plazo de cumplimiento. Antes del mes de septiembre se tendrá que haber creado una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para así tener un mayor control de los empadronamientos de los inmigrantes. Además, y también antes de dicho mes, tendrán que suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Otras de las que incluyen el acuerdo, como la prohibición del burka y el niqab, eran debates que, aunque ya parecían cerrados desde hace años, se han reabierto. Aun así, el pasado martes el Congreso rechazó su prohibición en una propuesta impulsada por Junts, después de haber tumbado el pasado mes de febrero una iniciativa similar. Esa vez, claro, los impulsores eran los diputados de Vox. 

Ya en 2013 sucedió algo similar. Por aquel entonces, el Tribunal Supremo declaró nula la prohibición del velo integral que había aprobado el Ayuntamiento de Lleida. Además, la institución advirtió del riesgo de aislamiento que estas medidas podrían generar en las mujeres a las que se buscaba “proteger” y que no era posible saber si todas las que lo llevaban lo hacían por coacción externa. 

Además, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. 

Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen”.

Extremadura es uno de los lugares en España que está perdiendo habitantes más rápidamente. De hecho, según las proyecciones del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), la comunidad podría ver reducida su población en casi 149.000 habitantes de aquí a 2049, una caída del 14% en tan solo 25 años. Esto tiene una traducción clara: menos mano de obra. 

La situación podría solventarse con la llegada de migrantes, que podrían revitalizar la economía de zona. Algo que no pasará con el nuevo Gobierno de PP y Vox. “Han conseguido incrementar su población en 2025 por los migrantes que van allí a trabajar”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa. “Extremadura necesita mucha inmigración para hacer frente a lo que viene”, sentencia. 

Esto por no hablar de que la ley de extranjería es de ámbito nacional. Es decir, los gobiernos regionales no pueden decidir si dejan entrar a los migrantes o no. Los traslados o las regularizaciones son competencia del Estado. 

“Lo que están haciendo es abrir un debate social sobre un problema que en Extremadura no existe para generar tensión social en la comunidad. Esto está en línea del discurso de Vox, lo vergonzoso es cómo el PP está comprando este discurso, representando no a sus votantes, sino a los de Vox”, añade la directora de porCausa. 

Este miércoles, uno de los diputados de Vox en Murcia señaló que hay que combatir el aborto "incluso con violencia". Dos días después, se ha conocido que su partido estará a cargo del área de Familia en Extremadura. Además, tendrán las competencias de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de cooperación internacional al desarrollo. 

En el caso de Extremadura, la violencia machista ni siquiera es mencionada en el acuerdo. Solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab. 

Tampoco habrá una consejería de Igualdad como tal. Aun así, ya hay precedentes de lo que sucede cuando Vox entra en los Gobiernos autonómicos. En el caso de Castilla y León, los de Vox propusieron que se obligara a las mujeres que pretendían abortar a escuchar el latido fetal o acceder a una ecografía 4D. No se puso en marcha, pero sirvió para abrir un debate social que ya estaba resuelto –como en el caso de la inmigración en Extremadura–. 

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla dio partidas a organizaciones contrarias al derecho a la libre interrupción del embarazo, destinadas a la implementación de “actuaciones de fomento de la natalidad”. Este era uno de los requisitos pactados con Vox en los presupuestos de 2021. Mientras, las ayudas económicas en materia de igualdad fueron languideciendo y en 2020, dejó sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas. 

La derogación de la ley de memoria histórica siempre ha sido uno de los objetivos principales de Vox y en algunas comunidades autónomas ya lo han conseguido. Baleares fue la última donde la coalición entre la extrema derecha y los populares consiguieron este objetivo y ya son cinco las comunidades donde PP y Vox están tratando de sustituir esta norma por una ley de “concordia”.

Así sucedió en octubre de 2025 precisamente en Extremadura. La norma salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura. Una ley cuyo objetivo trata en principio de “preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños sobre la base de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española”.

Esta sustitución también se ha dado en otras autonomías gobernadas por la coalición PP-Vox como Cantabria, Aragón o la Comunitat Valenciana. Con ello, la vuelta a una ley de memoria como ya la hubo en Extremadura se antoja complicada. Para la diputada extremeña por Unidas Podemos, Irene de Miguel, esto “demuestra que el franquismo sigue impregnado en su organización”.

El 4 de mayo expira el plazo que obligaría a la presidenta extremeña, María Guardiola, y a su homólogo en Aragón, Jorge Azcón, a repetir elecciones en ambas comunidades si no consiguen los apoyos para una investidura. En el Partido Popular y en Vox son conscientes de que no pueden permitirse no llegar a un acuerdo, pero ninguno de los dos quiere aparecer como el que cede. Y menos en plena precampaña andaluza. El parón de Semana Santa no ha servido para acercar posturas, a tenor de las declaraciones del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que volvió a acusar a la dirección nacional del PP de poner "zancadillas" a su formación.

Según el dirigente ultra, en los últimos meses Génova se ha dedicado a "filtrar las conversaciones y negociaciones" y a "volcar parte de sus recursos mediáticos en obstaculizarlas" y "decir que exigimos lo que no estábamos exigiendo". Fúster subrayó que su formación ha realizado "un esfuerzo titánico" para alcanzar "los mejores acuerdos" con "enorme sentido común", aunque evitó aclarar qué medidas están impidiendo alcanzar el acuerdo. "Será responsabilidad del PP decir si quiere o no quiere", lanzó. En ese sentido, aseguró que los barones territoriales tienen "mucha mejor predisposición al diálogo" que la dirección nacional del partido.

Aunque Vox no quiere hablar sobre qué medidas concretas están obstaculizando los acuerdos que deben servir de base para un gobierno de coalición, en diversas ocasiones ha pedido al PP que se desmarque de la política de su familia política en la Unión Europea en cuestiones como Mercosur o el Pacto Verde. Esa fue la condición que impuso la formación ultra al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, para ser investido tras la dimisión de Carlos Mazón. Pero en el PP señalan que, más allá de declaraciones, sus gobiernos autonómicos no tienen margen de actuación en cuestiones de carácter nacional o europeo. Es más, ese fue el argumento que puso sobre la mesa Azcón para no alcanzar un acuerdo presupuestario con los ultras y justificar así el adelanto electoral.

Los ultraderechistas también han llegado a reclamar dar "prioridad a los españoles en sanidad" por encima de los migrantes para investir a los presidentes autonómicos del PP. En Génova no han manifestado su rechazo a esa medida de manera clara e incluso se abstuvieron en el último pleno antes de Semana Santa en la moción de Vox que incluía esa medida, pero aseguran que no harán nada "en contra de la ley" y sostienen que nadie de Vox ha planteado incluir ese punto en las actuales negociaciones.

Es más, en Génova confiesan que no hay ningún escollo programático para alcanzar un acuerdo y atribuyen la tardanza a un mero cálculo electoralista de Vox. "Es un tema más del cuándo que del qué", apuntan fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo. En un primer momento, el líder del PP se mostró convencido de que podría alcanzar un acuerdo con la formación ultra antes de Semana Santa, al menos en Extremadura. Con el fin de acelerar el pacto, su número dos, Miguel Tellado, se desplazó a Mérida. Pero su viaje solo sirvió para "acercar" posturas. Nada más. Ahora, Génova asume que será solo cuando Santiago Abascal quiera porque está atrapado en un "laberinto" del que no sabe cómo salir. La tesis del equipo de Feijóo es que Abascal se precipitó al decir que iba a gobernar en coalición con el "PSOE azul" y ahora no puede desdecirse, lo que a su vez complica la campaña de Vox en Andalucía.

Lo cierto es que la formación ultra combina las negociaciones autonómicas con reproches muy duros hacia Feijóo y sus lugartenientes. La pasada semana el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusó al líder del PP de estar detrás de un "ataque brutal, calumnioso y miserable" contra su formación. Así lo trasladó en una carta remitida a afiliados y simpatizantes en la que aseguró que existía una "maquinaria mediática" impulsada desde el entorno del jefe de la oposición. En concreto, en la misiva citó a Tellado y a la asesora de cabecera de Feijóo, Mar Sánchez Sierra, a los que define como un "clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría" que, según Garriga, contacta "con arribistas y despechados", en referencia a sus exdirigentes.

Unas palabras que Génova interpreta como una alusión directa a la amistad entre el narcotraficante Marcial Dorado y el líder del PP. Así, lamentan que Vox esté utilizando "los mismos métodos que Sumar" pero recalcan que ellos no van a entrar en "provocaciones". "No vamos a entrar en una escalada verbal", resumen fuentes del equipo de Feijóo. Con todo, sí creen que los ultraderechistas se están "poniendo nerviosos" con las últimas encuestas publicadas que apuntan a un frenazo de la formación y consideran que no pueden ser percibidos como "los responsables" de una repetición electoral ni en Extremadura ni en Aragón.

Ambas comunidades están atrapadas desde hace meses en un bloqueo político que mantiene a sus ejecutivos en funciones y reduce la acción de gobierno a una gestión muy limitada. Al igual que ocurre a nivel nacional, un gobierno en funciones autonómico no puede actuar como si no hubiera cesado. No está legitimado para impulsar con normalidad nuevas políticas, aprobar leyes o tomar decisiones de gran alcance salvo en circunstancias excepcionales. La regulación vigente hasta el pasado 13 de marzo era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal, y por ese motivo PP y Vox aprobaron un decreto-ley, para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada del gobierno regional.

En Extremadura, han pasado más de cinco meses desde que Guardiola decidió adelantar las elecciones y disolvió la Asamblea extremeña. La investidura de la dirigente del PP fracasó en marzo por la negativa de Vox a respaldarla. Desde entonces, la comunidad sigue pendiente de un acuerdo que no llega, con una Junta que mantiene el día a día de la administración pero sin el margen político de un Ejecutivo plenamente investido. Ambas formaciones también unieron sus votos para impedir que la Asamblea de Extremadura controlara la acción del Gobierno regional en funciones. El pasado 20 de marzo, tumbaron la solicitud de un pleno extraordinario por parte de Unidas por Extremadura para valorar cuestiones como los efectos de la guerra de Irán y el proceso selectivo docente.

En Aragón, el escenario es similar. La convocatoria electoral del 8 de febrero, forzada por Jorge Azcón y formalizada a mediados de diciembre, supuso el inicio de la carrera a las urnas y, al mismo tiempo, el final de facto de la XI Legislatura. El propio Azcón reconoció recientemente que "hay determinados acuerdos" que no pueden aprobarse al estar en funciones. También lo admitió el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública. Y precisamente ahí es donde chocan muchas de las reivindicaciones y exigencias que ponen sobre la mesa los partidos durante una negociación de investidura.

A todo ello se suma otra cuestión que preocupa especialmente a los de Feijóo. Si PP y Vox terminan cerrando un acuerdo, los conservadores quieren un Ejecutivo estable. Extremadura y Aragón han conocido una experiencia de coalición entre ambas formaciones que se rompió apenas un año después de echar a andar, cuando Abascal ordenó a sus consejeros abandonar los gobiernos autonómicos. Dos años más tarde, la legislatura volvió a saltar por los aires por la falta de acuerdo para los presupuestos.

Una sigilosa negociación que se va alargando como los plazos de las obras. Parece que está a punto pero no llega. Las conversaciones entre PP y Vox en Extremadura, según los propios implicados, se encuentran en su fase final. Y las últimas reuniones, con un tono más cordial, se han centrado en el llamado ‘acuerdo programático’ que, a priori, marcará las políticas regionales los próximos cuatro años. La ultraderecha se mantiene firme en sus postulados a exigir haciendo gala de que su porcentaje de apoyos se ha duplicado en las últimas elecciones (pasó de un 8% a un 16% de representación, quedándose como tercera fuerza). De hecho, el portavoz extremeño Óscar Fernández lanzó tras el último encuentro en Mérida: “Ya se reconoce cuál es el peso de Vox”. Hablaba sobre “la actitud” de la presidenta popular en funciones, María Guardiola, para cerrar el pacto.

Pero, ¿qué se aborda realmente en ese citado ‘acuerdo programático’? Oficialmente no ha trascendido cuáles son los puntos calientes, pero hay experiencia previa de concesiones y malestar entre miembros del PP cuando se tocan determinados asuntos.

¿Qué es lo que ya ha ocurrido? Lo primero fue la eliminación de la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola (que apenas ha durado dos años y medio) arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia, a su departamento, puesto que eran “un eje prioritario” y que por ello debería ser abordado “de manera transversal desde las diferentes políticas”.

En esta nueva negociación que ahora hay sobre la mesa, Vox insiste en, por ejemplo, eliminar las ayudas a las asociaciones ligadas a la “ideología de género”. Las entidades que trabajan con mujeres en Extremadura, entre otras funciones, prestan apoyo a las víctimas.

Otra cuestión que forzaron los ultras fue la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y la imposición de otra de ‘Concordia’. Fuentes del PP admiten que “no era en absoluto una prioridad para ellos entrar en esta cuestión”, de hecho, en un primer momento, los populares criticaron la propuesta de Vox y la apartaron.

Pero posteriormente no fueron capaces de sacar adelante los presupuestos de 2025 porque no hubo respaldo del resto de grupos parlamentarios, y optaron por un decreto urgente de medidas fiscales para salir del paso y para el que volvían a necesitar a Vox. Y ahí sí: la Memoria Histórica sirvió de moneda de cambio. Se dio luz verde tanto al decreto como a la llamada Ley de Concordia.

Y entre esas medidas aprobadas, ayudas a los jóvenes para acceder a la vivienda, pero también extender la bonificación del Impuestos de Sucesiones y Donaciones a personas con un vínculo familiar especial y la gratuidad de las tasas de las licencias de caza y pesca.

En materia sanitaria la relación PP-Vox también ha dejado huella. La más evidente: ahora los jefes de servicio de los hospitales públicos pueden ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno reformó la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios que son quienes gestionan las listas de espera.

Si bien era una medida que el PP veía con bueno ojos, fue Vox quien se adelantó y la colocó en la agenda.

Habría que recordar que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía la citada dedicación exclusiva. En la región extremeña existía desde 2006; la puso en marcha el fallecido socialista Guillermo Fernández Vara cuando ejercía de consejero de Sanidad.

¿Y ahora? Hay una polémica que se arrastra desde la anterior legislatura: el intento de derogar la ley LGTBI, que el año pasado cumplió una década y que precisamente puso en marcha el gobierno popular de José Antonio Monago. Fuentes del PP aseguran que sigue siendo uno de los puntos complejos.

Ya en la anterior legislatura ambas formaciones se enfrentaron en un tenso debate en la Asamblea por la intención de la ultraderecha de acabar con esta ley. “Quizá no será hoy, pero lo haremos”, terminó sentenciado la formación liderada por Santiago Abascal.

Los de Vox se agarraron de nuevo a argumentos como el fomento de las «asociaciones chiringuiteras» y «la gran mentira de la autopercepción de género».

Desde el PP los acusaron de “buscar problemas donde no los hay”. Además, el entonces diputado y ahora presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, expresó que para su grupo la defensa del colectivo LGTBI era un “convencimiento irrenunciable”.

En esta ocasión, tanto PSOE como Unidas por Extremadura se pusieron de parte del PP y la ley se salvó. Pero sigue siendo un punto a debatir.

Impuestos e inmigración

Otro tema en la diana es la nuclear de Almaraz. Ambos partidos defienden su continuidad y que se les quite impuestos a las propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). De momento el PP ha activado una rebaja progresiva de la ecotasa, pero Vox pide la eliminación total de la misma.

El entorno de la central cacereña es un caladero de votos para las dos formaciones. En el adelanto electoral del 21D, tanto en Almaraz como en Navalmoral de la Mata (donde viven muchos trabajadores) la ultraderecha quedó como segunda fuerza, por detrás del PP pero por delante del PSOE.

Y otro de los asuntos que genera discrepancias entre la derecha y la ultraderecha, aunque el debate se escapa del ámbito autonómico, es la inmigración. En la fallida sesión de investidura de Guardiola, el pasado mes de marzo, si bien la presidenta en funciones habló de una oportunidad para crear empleo y aumentar la población, desde Vox zanjaron: “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”.

Lo cierto es que cuando Abascal dio la orden de que su partido se saliera de todos los gobiernos autonómicos argumentó que era por estar totalmente en contra de que las comunidades acogieran a menores migrantes.

Ahora la negociación PP-Vox seguirá después de Semana Santa. Con otra sintonía, con el foco nacional encima, con la tutela desde Madrid y después de que la relación haya pasado por todas las fases.

Una convocatoria a la misma hora y en el mismo sitio pero enviada por separado. La de Vox llegó antes que la del PP. A las 16:00 horas en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. Los indicios eran evidentes. Ambos partidos se manifestarían a la vez ante los medios de comunicación para, este miércoles 25 de marzo, en vísperas de Semana Santa y tras diversas reuniones mantenidas, anunciar el famoso y esperado acuerdo que “casi está”, que va “muy adelantado”, pero que sigue sin cerrarse.

No obstante, los que hicieron de portavoces de ambas formaciones no dijeron nada nuevo ante los micrófonos. Y hablaron por separado. “Todavía no hay ningún tipo de acuerdo, pero esperamos que lo haya en un futuro, somos optimistas”, aseguró, de nuevo, Óscar Fernández Calle, portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea. Además, destacó la “predisposición” de la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, para acercar posturas: “Reconoce con los hechos y en estas reuniones cuál es el peso de Vox”, recalcó Fernández Calle.

Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, subrayó que las reuniones de los últimos días han sido “muy positivas”. “Todos queremos un gobierno cuanto antes, pero esa ansiedad no nos puede llevar a la inestabilidad”, insistió. Esta vez pretenden completar los cuatro años de legislatura y no quedarse a medias.

A pesar de todo, sí ha habido avances en el acuerdo programático, aunque aún no se ha dado a conocer públicamente. Este miércoles se abordaron cuestiones que afectan directamente al territorio extremeño como el regadío de Tierra de Barros (Vox ha acusado a PP y PSOE de abandonarlo) y la central nuclear de Almaraz, para la que los ultras piden aún más facilidades en forma de bajada de impuestos a las empresas propietarias para que se alargue su vida útil.

Las medidas generales que la formación de Santiago Abascal pone sobre la mesa también se están abordando. Son, entre otras, “más seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde y fin del adoctrinamiento en las aulas”.

En la reunión de este miércoles de lo que no se ha hablado es del reparto de consejerías y de si habrá una vicepresidencia para la ultraderecha en el nuevo Gobierno de Extremadura. O al menos eso es lo que han transmitido.

Fuentes de Génova admiten que a Vox “le está costando” encontrar perfiles “de gestión”, motivo que está retrasando las conversaciones respecto a este reparto de puestos. Este extremo no lo confirman en la formación de extrema derecha a preguntas de este periódico.

La realidad es que ya han pasado más de tres meses desde el 21D, cuando se celebró el adelanto electoral impuesto por Guardiola. Desde entonces ha habido mucha expectación, mucha puesta en escena y mucho ruido. Y, de momento, sin resultado.

La estrategia de Vox se ha ido evidenciando con el paso del tiempo: primero esperar a las elecciones en Aragón, donde duplicaron su representación; y después a los comicios en Castilla y León, donde, aunque subieron, no llegaron a los apoyos esperados. El objetivo era ir ganando posiciones y fuerza más allá de las necesidades de los territorios. Mientras tanto, Extremadura ha estado a la espera de que las direcciones de PP y Vox, desde Madrid, dieran algún paso.

En su último anuncio, el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se había marcado como fecha “antes de la Semana Santa” para alcanzar un acuerdo, pero ahora se evita hablar de plazos concretos. Las reuniones continuarán la semana que viene. Hay fuentes que apuntan a que el pacto definitivo podría llegar a finales de abril, esto es, un mes más tarde del horizonte señalado como límite.

Desde Génova trataron desde el primer momento de rebajar la reunión de este miércoles en Mérida. Fuentes del equipo de Feijóo hablaban de “acercamiento”, pero alejaban la posibilidad de un acuerdo inminente entre ambas formaciones. Es más, en Génova admiten que la desconfianza mutua entre ambos partidos –que se han acusado de filtrar información a la prensa para tratar de desgastar al otro–, así como las próximas elecciones en Andalucía, convocadas por Juanma Moreno, han retrasado el pacto. 

Lo que sí remarca la dirección nacional del PP es que su número dos, Miguel Tellado, se está involucrando en las conversaciones, hasta el punto de desplazarse hasta Extremadura este miércoles 25 de marzo frente a la otra negociadora, Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo, que ha asistido telemáticamente a las reuniones. El movimiento de Tellado evidencia, a juicio de algunas voces del partido, que Feijóo no se acaba de “fiar” de la presidenta Guardiola. Desde el PP extremeño han trasladado sus reservas, a través de sus chats grupales, a la estrategia de “ninguneo” de la cúpula nacional.

Por otra parte, el viaje de Tellado le ha impedido preguntar durante la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que siempre dirige sus cuestiones parlamentarias. No se trata de un asunto menor ya que la de este miércoles ha sido la última sesión de Montero antes de dejar su cartera para ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Un ‘sacrificio’ que Feijóo ha realizado para acercar posturas con Vox a costa de la propia autonomía de la presidenta extremeña. Al margen de ella, el resto de barones autonómicos negocia de ‘tú a tú’ con la extrema derecha.

No lo ha tenido fácil en estos tres meses Guardiola. Primero Abascal aseguró “no descartar pedir su cabeza” si ella era un impedimento para alcanzar un pacto. Después cambiaron la estrategia y en la sesión de investidura fallida en la Asamblea de Extremadura, Fernández Calle le remarcó que no había acuerdo por culpa de Génova y que “sus enemigos estaban en su partido”.

Además, tanto Guardiola como Calle y Abascal han protagonizado sonoros rifirrafes en redes sociales durante la campaña electoral y durante los primeros intentos de negociación que han marcado la relación entre ambos partidos.

Por ahora las posturas están más cerca, el pacto “casi cerrado”, pero el ruido permanece.

Una comisión de Vox se ha reunido este miércoles con el PP en Extremadura con la intención de alcanzar un acuerdo basado en la negociación de las medidas que la formación que preside Santiago Abascal "considera imprescindibles para alcanzar un acuerdo de Gobierno".

Así lo han asegurado en un comunicado Vox, en la que explica que en la negociación está Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

Por parte del PP, fuentes de dirección nacional han confirmado que están el secretario general, Miguel Tellado, de manera presencial, y la diputada Marta Varela por videoconferencia.

La reunión que se ha mantenido en Mérida se ha centrado "exclusivamente" en las medidas políticas a adoptar, "sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica (cuestiones que quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político), determinando plazos de cumplimiento y garantías de ejecución", según ha explicado el partido de Abascal. Las consejerías que desea Vox, según publican algunos medios son Agricultura, Industria y Seguridad, además de una vicepresidencia.

La negociación "medida a medida" implica el compromiso de llegar a un acuerdo de "seguridad en las calles; vivienda accesible; fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos; prioridad de los españoles en sanidad; fin de Mercosur y el Pacto Verde; Fin de las políticas de sustitución demográfica; la familia en el centro de todas las políticas; Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030; reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria; fin del adoctrinamiento en las aulas y rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa", según ha explicado Vox en un comunicado de prensa.¡

El encuentro, como ha publicado El Mundo, fue acordado ayer entre ambas formaciones tras suspenderse una primera reunión que fue suspendida por el partido de Abascal al culpar a Génova de haber filtrado que iba a producirse dicho encuentro. Eso ocurrió el pasado 26 de febrero, cinco días antes de que se iniciara el pleno del primer intento de investidura de la presidenta en funciones de la Junta, donde Vox votó en contra, junto a PSOE y Unidas Podemos. A ese encuentro también tenía previsto acudir la diputada del PP, Marta Varela.

Ambas formaciones han anunciado sendas comparecencias en las que harán declaraciones este miércoles a las 16:00 horas a las puertas de la Asamblea de Extremadura.

Este, pues, parece el penúltimo paso para confirmar un Gobierno de derechas en Extremadura después de casi tres meses sin acuerdo y tres semanas después de que los de Abascal tumbaran por dos veces la investidura de Guardiola que salió del debate entre lágrimas.

Si Extremadura tenía que servir como ejemplo, como avanzadilla o como experimento para palpar el termómetro político nacional, la respuesta ya es evidente: el adelanto electoral impulsado por el PP ha llevado a la comunidad a una parálisis tutelada desde Madrid. Sin gobierno, sin acuerdo y sin libertad para negociar. Más de dos meses después del 21D, la región sigue siendo un laberinto. El intento de la popular María Guardiola de ser investida como presidenta de la Junta ha fracasado por la falta de apoyo de Vox. El resultado no ha provocado ninguna sorpresa.

La estrategia —cocinada desde Génova— era anticipar los comicios autonómicos para hundir al PSOE (y, en consecuencia, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) y frenar el avance del partido de Santiago Abascal. Entre manos de los populares, la ambiciosa idea de saborear una mayoría absoluta que estaba lejos. Al menos aspiraban a rozarla. Pero el recuento de votos los puso en un escenario complejo, y ahí permanecen: una dependencia aún mayor de Vox.

¿Cómo se vive la situación en Extremadura? Hay plazo hasta el 4 de mayo para acercar posturas y celebrar otra sesión de investidura, por lo que existe margen para que PP y Vox estrechen finalmente la mano. Pero en este proceso surgen varias claves pegadas al territorio. La primera, el malestar por la manifiesta intervención de los líderes nacionales, algo insólito. Vox y PP se acusan mutuamente de estar a las órdenes de sus jefes de Madrid. Tanto Abascal como Alberto Núñez Feijóo han entrado de lleno en las conversaciones y son los que marcan el paso. Precisamente, uno de los argumentos en el debate de investidura del líder extremeño de Vox, Óscar Fernández Calle, a Guardiola fue: “No hay acuerdo porque Génova no quiere”.

Hay que recordar que “evitar la repetición electoral” fue el razonamiento que se esgrimió para elegir a Miguel Tellado como encargado de ejercer esa citada supervisión en Extremadura y Aragón “para facilitar los acuerdos” con Vox y “velar por la coherencia”.

En Génova pensaban que Tellado sería capaz de hacer lo que Guardiola no había conseguido: desencallar y alcanzar un pacto. La tesis era la “animadversión” de la extrema derecha hacia la presidenta extremeña; pero el movimiento se entendió en clave interna como una tutela sin precedentes a una candidata que había obtenido el 43% de los votos, el tercer mejor resultado autonómico. 

No son pocos los cargos que consideran que ha habido “fuego amigo” contra Guardiola, dejándola en una posición “muy debilitada”. Ahora es Tellado el que se encuentra ahí porque el ‘no’ de Abascal ha constatado que la derrota es también suya.

El PP conoció la negativa de Vox poco más de 24 horas antes de la votación de investidura y la dirección de Abascal ha querido dejar claro que la culpa del desacuerdo no es Guardiola, sino de Feijóo.

En las filas populares saben de sobra que hasta que no pasen las elecciones de Castilla y León (el 15 de marzo) será difícil un posible pacto. Creen que Vox únicamente está “escenificando un enfado” de cara a la campaña porque pretende seguir mejorando resultados en las autonómicas. La estrategia nacional les está funcionando.

En Extremadura, la puesta en escena de intentar acercar posturas se ha mantenido casi hasta el último momento, asegurando que el silencio establecido e impuesto de las negociaciones era señal de un acercamiento en secreto.

A sabiendas de las cartas con las que jugaba cada cual, Guardiola optó por rebajar el tono en sus intervenciones durante el debate de investidura; evitó ir contra los diputados de Vox e insistió en que les tendía la mano. En ningún momento respondió a las provocaciones de la ultraderecha. “No la quieren ni los suyos”, “sus enemigos están dentro” o “tiene que ser duro soportar la humillación de su partido, que la desautoriza”, fueron algunos de los mensajes que le lanzó Fernández Calle. Ninguna reacción. 

Ese cuestionamiento del liderazgo de Guardiola es otra de las claves extremeñas. Los suyos la han aplaudido sin parar en la Asamblea, dentro y fuera del hemiciclo, para evidenciar que la formación extremeña cierra filas en torno a su jefa, la cual tiene claro que no dará un paso al lado. Vox, PSOE y Unidas han coincidido en poner en duda su papel. Aunque ahora Abascal culpe a Génova del fracaso en Extremadura, en otras ocasiones incluso no ha descartado “pedir su cabeza”.

La realidad es que si bien en su primera campaña electoral, en 2023, Guardiola le pedía al ya fallecido Guillermo Fernández Vara que dijese su nombre porque consideraba que evitaba darle protagonismo, esta vez le lanzó a la bancada socialista: “Dejen de hablar de mí, hablen de la gente”. En el primer caso, era una desconocida, su principal hándicap; después sus declaraciones han retumbado varias veces en el ámbito nacional.

En ese sentido, la más directa en el debate de investidura fue la líder de Unidas, Irene de Miguel: “Váyase con dignidad, no espere a que esta panda de señoros con tufo machista la defenestre”.

Más allá de que finalmente haya acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, otra de las claves que se plantean es qué estabilidad ofrecerá ese pacto en una comunidad que ya ha tenido a los mandos a ambas formaciones en un gobierno de coalición que se rompió apenas un año después de crearse. Ocurrió cuando Abascal dio la orden de que los consejeros se salieran del Ejecutivo autonómico. Asimismo, dos años después, la legislatura se ha tenido que dar por acabada por la falta de acuerdo para aprobar los presupuestos. Ahí está el antecedente. Además, los rifirrafes públicos, especialmente en redes sociales, entre Guardiola, Abascal y Fernández Calle, han sido sonoros.

Ahora la líder extremeña del PP quiere dejar a un lado la batalla y centrarse en las cuestiones en común que tiene con Vox. Coinciden —unque en distintos niveles— en bajar impuestos y defender la continuidad de la central nuclear de Almaraz, por ejemplo. Pero están más alejados en temas fundamentales para los ultras como la inmigración. Si bien Guardiola lo ve como una oportunidad para crear empleo y aumentar la población siempre que no se caiga “en el caos migratorio de Pedro Sánchez”, Fernández Calle fue tajante: “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”.

Cuando, después del 21D, el PP intentó iniciar las conversaciones con Vox y la respuesta fue esquiva, entre los populares algunos ya empezaban a asumir que el 4 de mayo habría que convocar nuevas elecciones. Ahora, a pesar del fracaso, la derecha y la ultraderecha aseguran seguir con la puerta abierta. Eso sí, a la espera de los resultados en Castilla y León (tras haberse celebrado ya los comicios en Aragón, donde Vox también mejoró su porcentaje de apoyos) y a la espera de las órdenes desde Madrid.

Al respecto, Abascal ya ha manifestado que “cuando se pase de las musas al teatro y cuando se concreten medidas precisas, podremos seguir con la mano tendida”. Ese es el argumento a repetir.  

Pero esta investidura fallida ha vuelto a poner sobre la mesa un escenario que ahora empieza a gustar a los partidos de la oposición: PSOE y Unidas por Extremadura. Es más, ambas formaciones piden abiertamente que la región vuelva a las urnas como única opción ante el “callejón sin salida” en que se encuentra ahora mismo.

La líder de Unidas se ve fuerte y tiene claro que celebrar elecciones el 28 de junio (sería la fecha marcada en rojo) supondría una nueva oportunidad para los partidos de izquierda. “Aunque se pongan de acuerdo, esto va a ser un polvorín. Guardiola no sabe dialogar”, resume.

Por parte del PSOE, la diputada Piedad Álvarez afirma que, después de tocar mínimos históricos, su partido solo podría mejorar. “Esta vez no nos cogerían con el pie cambiado”, expresa ya fuera de la tribuna de la Asamblea. Este viernes 6 de marzo, justo después de la investidura fallida de Guardiola, los socialistas extremeños han decidido el calendario para elegir a su nuevo líder. Habrá primarias el 11 de abril si antes no se llega a una candidatura de consenso.

Lo que sí ha descartado el PSOE es abstenerse para que el PP pueda gobernar en solitario. De ahí no se mueven.

De momento, Extremadura ha vuelto a vivir esta semana una jornada histórica: la primera vez que hay un rechazo en una sesión de investidura.

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ha recibido este viernes otro no de Vox para ser investida como jefa del Ejecutivo regional, por lo que se abre un plazo máximo de dos meses para que Extremadura cuente con un nuevo Gobierno antes de la repetición electoral, informa EFE.

El rechazo de Vox en la segunda votación para la investidura de la candidata del PP ha confirmado lo que horas antes ya habían anunciado fuentes populares sobre cuál iba a ser el voto de la formación de Santiago Abascal en el pleno de este viernes, un rechazo al que se han sumado el PSOE y Unidas por Extremadura (UPE).

Tras este nuevo revés, Guardiola ha pedido a Vox "dejar de lado los reproches y culpas, y así se lo voy a pedir también a mi partido", y "cambiarlo por más trabajo y reuniones" para dar cuanto antes estabilidad a Extremadura

En su intervención en el hemiciclo, ha afirmado que no está dispuesta a rendirse e insistirá en el diálogo, y a la oposición les ha dicho que no pedía que votasen a favor de su investidura ni que renunciasen a sus programas, solo que no se posicionara en contra y dejasen gobernar a quien ganó a las elecciones autonómicas.

Guardiola ha indicado que en esta sesión podría haberse dedicado a lamentarse pero ha preferido centrarse "en lo que será y que sea cuanto antes".

Por ello, ha pedido a Vox que "no cierre el camino" porque la factura de esta falta de acuerdo y de gobierno "la pagarán los extremeños, no nuestros partidos"

Para Guardiola, la mejor oposición "no es la que más bloquea, sino la que propone y fiscaliza, con debates rigurosos", pero para ello es necesario contar con un gobierno al que se le puedan pedir explicaciones.

Una vez celebrada la votación, en declaraciones a los medios, Guardiola ha manifestado que no se plantea "dar un paso al lado" porque sería "traicionar" a toda la gente que ha confiado en ella, y considera que una repetición electoral "no es lo deseable". Por ese motivo, ha anunciado que se podrá en contacto con Vox para cerrar una reunión lo antes posible.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que su grupo sigue dispuesto a negociar "medida a medida y propuesta a propuesta", pero ha recalcado que su formación ni "regala" el voto al PP ni los "suma" al PSOE, recordando en este sentido que los populares llegaron a un acuerdo con los socialistas para sacar adelante los presupuestos de 2025.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha instado Guardiola a convocar elecciones para poner fin al "callejón sin salida" en que se encuentra Extremadura, y Unidas por Extremadura a marcharse "con dignidad" convencida de que será sacrificada políticamente.

"El bloqueo de Extremadura es usted, exclusivamente usted", le ha reprochado la portavoz parlamentaria de los socialistas, Piedad Álvarez, a Guardiola, a la que ha responsabilizado de la "parálisis" de más de seis meses que va a sufrir Extremadura por su "capricho electoral".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recomendado a Guardiola que abandone el "síndrome de Estocolmo" en el que, a su juicio, está instalada, "porque está secuestrada por aquellos que la quieren humillar públicamente".

Ha opinado que no solo Vox, sino también el propio PP, está ejerciendo "violencia política" contra ella, "ninguneándola" y apartándola de las negociaciones para conformar gobierno.

"En sus manos está señora Guardiola romper con todo, con el yugo de Vox y la estrategia suicida de su partido, o seguir el guión marcado donde usted cada vez se muestra más prescindible y van a acabar finalmente sacrificándola políticamente", ha advertido.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a Vox de "secuestrar" a esta región por una cuestión partidista que "abandona a los extremeños".

"Ustedes son los responsables de este bloqueo", le ha dicho a la oposición, además de afear a Vox que hayan votado lo mismo que "la mafia", en alusión a la bancada socialista.

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, no ha logrado ser investida para continuar al frente de este Ejecutivo regional tras el rechazo de Vox, formación política que, no obstante, sigue con la mano tendida para alcanzar un acuerdo.

Todos los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Vox y Unidas) han votado en contra este miércoles a la investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, quien necesitaba mayoría absoluta.

El voto de Vox era decisivo en esta sesión parlamentaria para que Guardiola lograra ser investida en esta sesión, quien volverá a someterse a una nueva votación este mismo viernes, en la que solo necesitará mayoría simple y, por tanto, es necesario que Vox al menos se abstenga.

"Hoy no cuenta con la confianza de mi grupo parlamentario", ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, abriendo la puerta a que se pueda alcanzar un acuerdo en las próximas 48 horas.

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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, será el encargado de tutelar las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón "para facilitar los acuerdos", "garantizar que se ajustan a las negociaciones del partido" y "velar por la coherencia" de los pactos. Sin embargo, no todos en el PP consideran que Tellado sea el más indicado para llevar a cabo esta tarea. Fuentes de la formación a nivel territorial lo ven como un intento de Génova por "aparecer como el salvavidas" de la presidenta extremeña, María Guardiola. Tras el toque de atención de la pasada semana de la dirección nacional a la baronesa del PP, los chats del PP extremeño "echaban humo", confirman varias fuentes del partido en conversación con infoLibre, por la "falta de respeto" hacia "una persona que obtuvo el 43% de los votos", señalan, "el tercer mejor resultado territorial por detrás de Galicia y Madrid". "¿Pero hubieran hecho lo mismo con [Isabel Díaz] Ayuso?", plantean.

Este jueves arrancarán las negociaciones en Extremadura, con Tellado al frente. Algunas fuentes califican este movimiento como una "intromisión" después de haberse "desentendido por completo" durante los últimos meses mientras la dirección nacional de Vox sí estaba presente. "No sé si toman a los territorios por tontos o por inútiles", afirman. Sin embargo, creen que, si las negociaciones con la extrema derecha fracasan, "también será responsabilidad de Génova", aunque sea a costa de "despreciar" a Guardiola. "La herida en Extremadura, aunque cicatrice, es una herida que va a perdurar", auguran. Fuentes del entorno de la presidenta extremeña recuerdan que ella "quiso convocar elecciones" en enero de 2025 y que Génova se lo desaconsejó y "ella cumplió".

Según la tesis de cuadros medios del partido, "el mensaje viene a ser: apártate que tú no sabes, nosotros sí". Un mensaje que, recuerdan, "nada tiene que ver" con lo que defendía Feijóo hace cuatro años, cuando llegó a la presidencia del partido. Entonces aseguró a sus líderes territoriales vía libre para hacer y deshacer a su antojo sin el control de su antecesor en el cargo, Pablo Casado. "Los recibieron como los salvadores, como los que nos iban a llevar a la tierra prometida... pero no ha sido así", valoran.

Tellado trató de calmar las aguas y aseguró este martes que la dirección nacional de su partido había tomado el control de las negociaciones autonómicas para "poner orden", pero insistió en que "las conversaciones serán lideradas por los presidentes autonómicos". El objetivo, dijo, es "homogeneizar" los acuerdos y servir de "catalizador" para ello. En la dirección nacional aseguran que su objetivo es dar "estabilidad" a sus Ejecutivos autonómicos, pero lo cierto es que en Extremadura consideran que en Génova ha habido "fuego amigo" contra Guardiola lo que le ha dejado en una posición "muy debilitada": "La gente está muy enfadada", resumen.

Las críticas a Tellado se extienden también a otras delegaciones del PP, que consideran que no está a "a la altura" del cargo: "Es un mal secretario general", analizan, porque creen que "no le interesa" lo que pasa en otros territorios, como se vio con la crisis del PP valenciano antes de la marcha de Carlos Mazón. Prueba de ello es que los tres presidentes provinciales se reunieron para atajarla sin que el número dos de Feijóo lo supiera.

Sin embargo, en la formación conservadora son conscientes de que el dirigente del PP no da un paso sin que Feijóo lo sepa. "Tellado dice y hace lo que Feijóo no puede o no quiere decir ni hacer", señalan voces de la formación conservadora. En ese sentido lamentan los intentos del actual líder del PP de "homogeneizar" el partido, evitando fisuras en el discurso nacional, especialmente en lo relativo a los pactos. "No sé si el Feijóo presidente de la Xunta lo hubiera aceptado", afirman voces del PP.

Tellado, aseguran quienes le conocen de cerca, asume su condición de peón aplicado e incansable, hasta el punto de no tener ambiciones propias. Vive por y para Feijóo. Lo suyo es controlar el funcionamiento del partido. Es un fontanero puro —bajo esa denominación se conoce a los dirigentes que han hecho de la vida orgánica su profesión—, no un estratega, aseguran quienes le conocen. Llegó a Madrid acompañando a Feijóo, como parte de su núcleo de colaboradores más estrecho.

A Tellado también se le achacan internamente decisiones como la de llevar al agitador ultra Vito Quiles al cierre de la campaña de Aragón, una decisión muy cuestionada por la mayoría del partido. En su etapa como portavoz del partido en el Congreso, ejerció un férreo control en el grupo parlamentario del PP, hasta el punto de haber prohibido a sus diputados que hablasen con los periodistas, según trasladan a este periódico fuentes del grupo.

"En el PP no te mueves sin que el clan gallego lo sepa", resume un dirigente, que considera que Tellado sigue ejerciendo ese poder dentro del grupo parlamentario y que Ester Muñoz no se inmiscuye en la organización. Ese círculo gallego permanece inamovible desde hace años y en él no ha logrado ingresar nadie más. Fuentes del partido lamentan que Feijóo no se haya fijado en el trabajo que se está haciendo en los territorios para introducir nuevas caras y darles responsabilidad.

Con todo, el poder del número dos del PP en la estructura del partido es innegable. Desde el congreso del pasado julio ostenta el "mando único en la gestión de los asuntos internos del partido, la relación con las autonomías y el diseño y planificación de los procesos electorales". Cuando, en 2016, Feijóo lo eligió para la secretaría general del PPdeG, el actual líder del PP lo ilustró la designación con un paralelismo futbolístico. "Ya sé que me dirán que no es Cristiano Ronaldo o Messi", pero "sería perfectamente Iniesta, que fue el capitán de la selección española que ganó el Mundial", expresó para evidenciar su confianza.

Pero las fuentes consultadas consideran que "gestionar el PP gallego y su mayoría absoluta era una cosa" y "controlar la estructura del partido a nivel nacional es otra". Así, se reafirman en que lo que ha sucedido en Extremadura ha dejado "ver las costuras internas" con "mucha gente enfadada" por la gestión de los pactos con Vox. "Los ataques a María [Guardiola] han sido gratuitos y esperemos que si los de Abascal piden su cabeza, no se la den. Porque el mensaje sería terrible", zanjan.

Génova tutelará las negociaciones en Extremadura y en Aragón. Así, cuatro años después de llegar a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo se enmienda a sí mismo. Cuando aterrizó en Génova 13, dio manos libres a sus presidentes autonómicos para hacer y deshacer a su antojo, también en las negociaciones con Vox. Ahora, sin embargo, quiere ser él quien las pilote para "para facilitar los acuerdos", "garantizar que se ajustan a las negociaciones del partido" y "velar por la coherencia" de los pactos entre sí, en palabras de la vicesecretaria de Acción Institucional, Cuca Gamarra. La dirección nacional del Partido Popular elegirá a uno o varios negociadores que se sentarán a la mesa con su formación y Vox en Extremadura y Aragón.

Tanto María Guardiola (Extremadura) como Jorge Azcón (Aragón) anticiparon las elecciones con el aval expreso de Génova con el objetivo de desgastar al PSOE, como así ha ocurrido, pero también de reducir su dependencia de Vox, al contrario de lo que ha pasado. Por lo pronto, en Génova confían en que las aguas se calmen y los ultraderechistas cedan... pero quieren ser ellos los que lo desencallen para que Feijóo sume una victoria interna. En la dirección del Partido Popular dan por perdida la primera investidura de María Guardiola, prevista para el 3 de marzo, y creen que el mismo bloqueo puede persistir en la comunidad de Jorge Azcón, que también necesita ser investido con los votos del partido de Santiago Abascal. En este último caso, ha perdido posiciones respecto a 2023.

Esta decisión incide en la sensación, cada vez más extendida entre los territorios, de que para Feijóo la agenda nacional pesa más que la autonómica y de que Vox está utilizando ambas negociaciones para lanzarle un mensaje de cara a las próximas elecciones generales. Gamarra trató minimizar este movimiento al calificar su función como "acompañamiento" y, más tarde, fuentes del PP confirmaron que la idea partió de Génova pero que tanto Guardiola como Azcón lo aceptaron. Lo que explican en el cuartel general de los conservadores es que el golpe de mando se produce tras la amenaza de Abascal de una repetición electoral en Extremadura.

El razonamiento de Génova es que cualquier acuerdo con Vox en ese territorio antes del 15-M podría convertirse en munición electoral en Castilla y León, tanto para Vox si presume de arrancar consejerías con peso institucional, como para el PP si se traslada el relato de que ceden ante los ultras. En ese sentido, es el calendario electoral, y no las prioridades de Extremadura y Aragón, lo que guía la estrategia de la dirección de Alberto Núñez Feijóo. Por el momento el bloqueo mantiene a ambas comunidades con Ejecutivos en funciones, lo que limita la capacidad política y presupuestaria de sendos Gobiernos.

Con todo, la negociación con Vox no está siendo igual en ambos territorios. Mientras que el clima en Aragón es más proclive al acuerdo, en Extremadura ambas formaciones llevan semanas abiertamente enfrentadas por las exigencias de los ultras, que en el PP extremeño tacharon desde el primer momento de inasumibles, con consejerías como Economía, Agricultura, Interior e Industria, además de un cumplimiento íntegro del programa de Vox. En este escenario, en el equipo de Guardiola llevan semanas advirtiendo de la posibilidad de que la negociación se alargue hasta el límite o incluso acabe en nuevas elecciones. Fuentes de Génova aseguran que no van a meterse a negociar "partida por partida" en las consejerías y que, con su presencia, buscan "evitar tratos asimétricos" en Aragón respecto a Extremadura, donde hay voces que creen que hay una "inquina" personal contra Guardiola.

Vox también parece querer reconducir la situación, a tenor de las declaraciones de este lunes de su secretario general, Ignacio Garriga. En rueda de prensa desde la sede nacional sostuvo que los ultraderechistas quieren centrarse ahora en pactar "un acuerdo detallado de medidas concretas" con "cesiones de ambas partes que sean claras y conocidas por todos los españoles" y que incluya "garantías de que lo que se ha acordado se cumple". Es decir, priorizan el acuerdo programático sobre el reparto de consejerías, pero no renuncian a ellas. Garriga señaló que el volantazo se produce por el "nerviosismo" que ha provocado la negociación extremeña y los intentos por torpedearla por parte de medios de comunicación y políticos "no solo del PP, sino de Vox".

La formación ultra deja entrever que hay disposición para abrir un nuevo marco de diálogo con el PP y que la situación se desbloquea por la intervención directa de Génova. Sin embargo, aunque está previsto que las negociaciones se reanuden esta misma semana, Garriga también dijo que, si no hay un giro notable por parte del partido de Alberto Núñez Feijóo, sus diputados votarán no a la candidata del PP en Extremadura cuando se someta a la primera votación el 3 de marzo. Si los ultras mantienen esa posición 48 horas más tarde, el Reglamento de la Asamblea establece que se podrán convocar tantos plenos como sean necesarios, y si el 4 de mayo no se ha logrado elegir presidenta, la Cámara quedaría disuelta y se convocarían nuevas elecciones. 

En paralelo al pulso con Vox, Génova está librando otro con Guardiola. La pasada semana se le trasladó públicamente desde la dirección del PP que hiciera "menos ruido" y se aplicara más en la negociación. El detonante fue el volantazo discursivo de Guardiola sobre el feminismo en su intento de acercamiento a Vox que generó incomodidad en la cúpula nacional y abrió una brecha con el equipo regional. Pero las tensiones venían de antes. Durante la campaña electoral, Guardiola protagonizó varios rifirrafes con Abascal, al que llamó "machista" después de que él sugiriera que el PP debía cambiar de candidata para llegar a un acuerdo. En las últimas semanas aseguró que no iba a "travestirse" de Vox y dijo que prefería una abstención del PSOE a un pacto con los ultras.

Desde Génova son conscientes de la tensa relación de Guardiola con la extrema derecha, pero consideran que la repetición electoral es el escenario "menos deseable" y por eso quieren implicarse en la negociación. En el PP extremeño consideran que, además de la presión de Vox, la dirección nacional de su partido tampoco ha ayudado a destensar, sino todo lo contrario. El temor de Feijóo es que la extrema derecha condicione el resto de negociaciones y que la presidenta extremeña sea la "excusa" de Abascal.

El nerviosismo del PP se debe a que Feijóo ha comprobado de primera mano las dificultades de plantear una hoja de ruta independiente de lo que haga Vox, aunque ha intentado todas las estrategias: ignorarlos, atacarlos y mimetizarse con ellos. Y mientras en campaña llueven los reproches hacia los ultras, a los que consideran igual de "populistas" que Podemos, tras las elecciones los califican de "hermanos", en palabras de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. Ahora van a intentar acercar posturas todo lo posible, aunque sea a costa de ningunear a sus presidentes autonómicos por el camino.

La dirección de Vox ha anunciado que ha acordado un nuevo marco de negociaciones con el PP para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, según informa EFE.

Según han avanzado fuentes de la dirección del partido de Santiago Abascal se trata de un nuevo intento por ambas partes para evitar que haya que repetir elecciones en estas comunidades, en las que ganó el PP pero necesita el apoyo de Vox para que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón puedan continuar al frente de sus respectivos gobiernos.

Las cúpulas de los dos partidos ha intercambiado impresiones en los últimos días y han llegado a este acuerdo de retomar desde cero las conversaciones, han asegurado las fuentes.

A las nuevas reuniones entre los equipos de PP y Vox, que se retomarán esta misma semana, los de Santiago Abascal acudirán con un nuevo marco de negociación en dos fases: la primera centrada en el programa de gobierno y la segunda sobre los cargos, ha avanzado este lunes en rueda de prensa su secretario general, Ignacio Garriga.

La presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha afirmado que no va a aceptar lecciones de la izquierda sobre feminismo y que defender la igualdad entre hombres y mujeres no debe ser un escollo en las negociaciones entre PP y Vox para la conformación del Gobierno regional.

Guardiola ha realizado estas manifestaciones después de que, en una entrevista a Okdiario, al ser preguntada por si el feminismo puede ser un obstáculo en las negociaciones con el partido de Abascal, haya afirmado: "El feminismo que defiendo estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox".

A preguntas de los periodistas en Navalmoral de la Mata (Cáceres), en el marco de la visita de europarlamentarios ante el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz, ha explicado que no entiende que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres.

"Considero que ese es el feminismo que debería defender Vox y el que debería defender cualquiera, la igualdad real entre hombres y mujeres, y yo la defiendo con hechos", ha expresado.

Ha explicado que es defensora de "un feminismo real, no un feminismo de pancarta, no un feminismo de discurso, no el feminismo que mira para el otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado, no el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución, y ni siquiera mueven un dedo".

"Mi feminismo es el de verdad, el feminismo que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres mirándonos a los ojos los unos y los otros, dándonos la mano", ha añadido. Y ese, ha subrayado, es el feminismo que va a seguir defendiendo "siempre", un feminismo que su Gobierno ha defendido en base a "hechos".

A su juicio, el escollo sería si su intención fuera "sacar violadores a la calle o fuera desproteger a las mujeres". "Pero como ese no es el sentido del feminismo que defiendo y por el que trabajo, estoy convencida de que eso no va a suponer un escollo en ninguna negociación", ha insistido.

Ha resaltado además que preside un "gobierno feminista" donde las mujeres están siempre dando un paso al frente, que condena la violencia machista y que ha puesto en marcha los centros de crisis para víctimas de la violencia sexual "que en esta región no existían". Un Ejecutivo, ha agregado que trabaja "por la dignidad, el respeto y la libertad de las mujeres". "Nadie me va a cuestionar esto y no voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda", ha sentenciado.

No hace falta irse a la genealogía de María Guardiola. Ahora el volantazo es más profundo y más rápido. Aun sin ser necesario, repasemos. Su primer viraje político la catapultó a la presidencia extremeña. El PP cargaba contra Pedro Sánchez por no ser la lista más votada y Guardiola se conjuraba para no meter en el gobierno a quienes “cuestionan la violencia de género, deshumanizan a inmigrantes y tiran a la papelera la bandera LGTBI”. Gobernó con menos votos que Guillermo Fernández Vara y estaban dentro en cuestión de días. Ahora solo pasan unas horas entre negarse a “travestirse de Vox” y decir que les separa “lo mínimo”. A ese primer Vox le concedió la consejería de Igualdad (se la cargó), derogó la Ley de Memoria Histórica (una de las pioneras) y las ayudas a la cooperación, entre otras. Hoy no sabemos hasta dónde puede llegar porque Guardiola oculta qué le piden. Solo así sabríamos qué les dará. 

En Extremadura pueden estar pasando varias cosas. Unas exigencias inasumibles de la ultraderecha que tienen paralizado al PP. Un PP temeroso de que Extremadura sea el Valencia de Carlos Mazón, aquel aldabonazo PP-Vox antes del 23J que hundió a Alberto Núñez Feijóo. También puede que Vox pretenda acabar con María Guardiola, forzar su caída (una humillación para el PP), debilitarla al máximo como candidata o futura presidenta pato-cojo. Todo con un machismo de fondo que no sufre Jorge Azcón. Qué se esperaba, es Vox. Es posible que Abascal haya decidido convertir Extremadura en la primera cabeza de caballo. Y puede que Guardiola termine por adelantar elecciones. De momento, la estrategia del PP pasa por aguantar y rogar por la coalición. De negarse en el Congreso Nacional de julio a estas simbiosis, a pedirlas. Del somos “realidades distintas” en palabras de Feijóo, al somos “hermanos”, según la portavoz Ester Muñoz.

María Guardiola tiene su presidencia en el buzón de spam. No por la ironía de Vox, ahí es donde supuestamente llegó el correo con la propuesta del PP. Ella misma se ha puesto en una posición de debilidad porque no sabe decir con claridad con qué carta quedarse. Luego está el debate interesado de la derecha intentando arrinconar al PSOE con la supuesta abstención. Guardiola no ha puesto las condiciones para pedirla. “La única verdad es que no negocio con este PSOE ni con el sanchismo”, dijo en X. “Pero sí te llamé y te pedí, por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse”, replicó al presidente de la gestora, José Luis Quintana. Sic. Guardiola ya está en apuntalar su relato ante la posible derrota de la repetición electoral. 

Todo lo que sucede con Vox hoy lo ha desencadenado el PP. Eligió el carrusel electoral de diciembre al próximo julio para debilitar al PSOE y ahora tiene una ultraderecha hiperdopada que escenifica su poder sobre Feijóo. Obsesionados con Sánchez, empiezan a reaccionar ante un Abascal que quiere la sustitución. El horizonte 2031 sin Feijóo. Aragón y Extremadura eran las dos citas anticipadas con la excusa de los presupuestos. Ahora Extremadura no tiene presupuestos ni presidenta. No hay fecha para esas cuentas que supuestamente no podían esperar. Tampoco hay estabilidad de gobierno a la vista. Se convocó a tres días de Nochebuena por la urgencia y ahora han perdido el control, los tiempos, las políticas, la agenda. "Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… “, decía el manido Churchill. Ahora María Guardiola tiene el deshonor y la guerra. Le quedan muy pocos días para remontar una jugada que le ha salido mal. Su cabeza puede acabar en Génova. Y Génova, ganando gobiernos, puede perder la fuerza de gobernar. 

La batalla que se libra en la derecha desde hace años evidencia que el Partido Popular sigue sin dar con la tecla ante su mayor amenaza, que no se llama Pedro Sánchez sino Santiago Abascal. Para la formación de Alberto Núñez Feijóo, Vox no es un socio menor ni coyuntural: condiciona Gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil autónomo.

En el PP identifican un antes y un después. Desde que Vox decidió romper en bloque los Ejecutivos autonómicos en julio de 2024, tras el choque por la acogida y reparto de menores migrantes no acompañados, el mapa de la derecha autonómica vive instalado en el regate corto: presupuestos como moneda de cambio, negociaciones de última hora y una idea fija en ambas sedes —Génova y Bambú—: nadie quiere aparecer como el que cede, pero nadie puede permitirse romper. Aunque el PP es el que más perdería.

Feijóo ha comprobado de primera mano las dificultades de plantear una hoja de ruta independiente de lo que haga Vox, aunque ha intentado todas las estrategias: ignorarlos, atacarlos y mimetizarse con ellos. Y mientras en campaña llueven los reproches hacia los ultras, a los que consideran igual de "populistas" que Podemos, tras las elecciones los califican de "hermanos", en palabras de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz.

En los últimos meses la frustración se ha instalado en el PP, que asiste impotente al crecimiento de la ultraderecha en las elecciones autonómicas que ellos mismos convocaron con la intención de asestarle un golpe al PSOE —como así ha sucedido— y disminuir su dependencia de los ultras —al contrario de lo que ha pasado—. El caso de Aragón es el último ejemplo. Y los ultras ya han dejado claro que la última palabra la tienen ellos.

En el caso de Extremadura, donde la líder de los populares, María Guardiola, venció en las elecciones y cuya investidura está prevista para el próximo 3 de marzo, Vox ha exigido entrar en el Ejecutivo con cuatro consejerías clave —Economía, Agricultura, Interior e Industria—, además de una vicepresidencia. El PP, sin embargo, lo considera inasumible y ya no descarta la repetición electoral si no hay acuerdo. Si nadie cede, la investidura está abocada al fracaso a no ser que se produzca una abstención de los socialistas, algo que Génova ya empieza a reclamar. Pero esa puerta está prácticamente cerrada porque el PSOE extremeño también se opone.

Según trasladaron fuentes del equipo de Feijóo a primera hora de este miércoles, el PP prefiere una abstención del PSOE a un Gobierno de coalición con Vox. Esto es también lo que viene reclamando Guardiola desde la celebración de las elecciones el pasado 21 de diciembre. Un mensaje que, sin embargo, no comparten otros presidentes autonómicos y que incluso Génova se ha visto obligada a rectificar. "Preferimos no entregar ni poder ni consejerías a otros partidos, pero eso solamente pasaría por las abstenciones de formaciones políticas que entiendan que hemos ganado las elecciones y que nos corresponde formar Gobierno", señalaban fuentes del equipo del líder del PP.

Sin embargo, creen que "ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada", por lo que al PP solo le queda "explorar la consecución de apoyos a cambio de algo" como, por ejemplo, asientos en los consejos de Gobierno. "Con el PSOE evidentemente no queremos gobernar y, por tanto, la única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma", añaden estas fuentes. Desde Génova son conscientes de la tensa relación de Guardiola con la extrema derecha, pero consideran que la repetición electoral es el escenario "menos deseable".

Por lo que respecta a Aragón, en Vox también han dejado claro que quieren consejerías "con estructura y presupuesto". Azcón es partidario de gobernar con los ultras, porque cree que es el único modo de que se desgasten, y rechaza de plano lo que propone su homóloga extremeña. "Yo no quiero depender del PSOE", señalaba este miércoles el presidente en funciones de Aragón, que considera a los socialistas aragoneses "una caricatura" de lo que fueron por "defender a Pedro Sánchez por delante de los intereses de Aragón". "Yo no quiero que mi Gobierno tenga nada que ver con esto", aseguró en Antena 3.

En esa entrevista, Azcón asumió que "hay que pactar". Y añadió que lo importante ahora es "saber si Vox está dispuesto a asumir responsabilidades". "Lo que hay que ver es qué quiere hacer Vox en los próximos meses y años". Su relación con los de Santiago Abascal es menos tirante que en Extremadura, aunque también sabe que lo que allí suceda puede condicionar su Gobierno. "Estoy convencido de que mi capacidad de diálogo hará que busquemos acuerdos siempre pensando en Aragón", dijo.

De cara a esas negociaciones, el presidente aragonés en funciones sostiene que las "normas y reglas" de su relación ya las dejó claras hace semanas y que no han cambiado. Es decir, "se tienen que basar en cumplir la legalidad, que sean cuestiones con competencias de Aragón y buscando el mínimo común" entre ambas. Aunque se mostró convencido de su "capacidad de diálogo", a pesar de que fue la incapacidad para llegar a un entendimiento sobre los presupuestos lo que propició el adelanto electoral, en el que el PP retrocedió dos escaños respecto a 2023 mientras que Vox duplicó los suyos.

Todas estas negociaciones afectarán, inevitablemente, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el primero en meter a Vox en el Gobierno hace ya cuatro años tras un adelanto electoral. El martes, en un desayuno informativo, se refirió a esta cuestión y dijo que la ultraderecha ya tuvo "responsabilidades reales" de gobierno y que "sus políticas fueron un fracaso, a veces sonoro". Recordó que Vox tuvo, entre otras responsabilidades, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pero "cuando vinieron mal dadas con los agricultores y ganaderos salieron corriendo".

Aunque el presidente de la Junta de Castilla y León defendió que su objetivo es ganar las elecciones y que para él "lo mejor es un Gobierno en solitario con un pacto parlamentario", aseguró que en caso de pactar con Vox exigiría un Gobierno o un pacto parlamentario "que dure cuatro años" y "no esté pendiente de las encuestas". Una declaración que se contradice con lo que apuntan fuentes cercanas a Mañueco, que sopesan la propuesta del PSOE de que gobierne la lista más votada. Eso pasaría, en todo caso, por una abstención de la segunda fuerza y que el PP rechaza públicamente. Eso se explica en que hay voces en el PP que temen un "triple empate" entre su formación, el PSOE y Vox. De ahí que no acepten el ofrecimiento de los socialistas.

A todo ello se le suma que Vox llega a esos comicios, previstos para el próximo 15 de marzo, con sus propias grietas: la salida de Juan García‑Gallardo de sus responsabilidades en el partido dejó una organización regional menos previsible, más intervenida por la dirección nacional y, por tanto, más dependiente de la lógica estatal de confrontación.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este martes su "no rotundo" a apoyar la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de la Junta de Extremadura porque "no ha entendido el mandato de las urnas" y no ha dado "garantías" para impulsar sus políticas, aunque ha dicho que siguen "dispuestos a negociar", informa EFE.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament, el mismo día en el que Guardiola ha sido propuesta como candidata a presidir el Gobierno regional y cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.

"Depende del PP, dependerá de la señora Guardiola, si se presenta a otra investidura con la posibilidad de tener un voto favorable o la abstención de Vox. Pero ahora es radicalmente un 'no' rotundo, por respeto a nuestros votantes y porque no ha entendido el mandato de las urnas, que es que Vox tiene que tener capacidad para cambiar las políticas y garantías para impulsarlas. Fue el PP quien rompió el pacto con Vox hace un tiempo y quien expulsó a Vox de los gobiernos", ha sostenido Garriga.

El también vicepresidente de Vox ha emplazado al PP a que "sea consciente de que hay un cambio de paradigma político", y ha reiterado que están dispuestos a negociar, "pero con la firmeza que han dado las urnas", al no ser "un tema de sillones".

Además, se ha preguntado por qué "le molesta tanto al PP" que Vox tenga consejerías con competencias en gobiernos autonómicos cuando le ha resultado "tan fácil" pactar con CiU a lo largo de la historia. 

Por ello, ha apuntado que "será Guardiola quien decida si quiere ir a unas nuevas elecciones o si quiere escuchar el veredicto de las urnas", que pasa por "impulsar un cambio de políticas y otorgar las garantías necesarias para que sea Vox quien pueda implementar esas políticas".

"A Guardiola hay que decirle que nosotros no queremos que se tenga que travestir de Vox. Estamos acostumbrados a que se disfrace del Partido Socialista, lo único que queremos es que respete a los votantes de Vox y recuerde el mandato de las urnas", ha resuelto.

Preguntado por la situación tras las elecciones aragonesas, Garriga ha reconocido que "podría darse el caso de que Guardiola tenga el 'no' rotundo de Vox en una primera investidura o en una segunda investidura" y que haya "un acuerdo con Jorge Azcón" en Aragón para hacerlo presidente autonómico.

Este escenario se daría, ha dicho Garriga, si el candidato popular a presidir el Gobierno de Aragón "entiende que Vox, en su justa proporción, tiene que cambiar políticas" en la comunidad.

A renglón seguido, ha preguntado directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si "ha dado órdenes de paralizar las negociaciones" con Vox y de "pactar preferentemente con el PNV y Junts" a sus diputados.

Aunque todavía no han mantenido ninguna reunión, Garriga ha apuntado que sí que se han emplazado a hablar con el PP en Aragón, y que trasladarán a la mesa de negociación que han "doblado" sus resultados.

Por ello, ha dicho que el PP de Aragón "tiene que entender que no se puede producir el bloqueo que está produciendo Guardiola en Extremadura" porque "los electores han sido claros".

La campaña en Aragón está demostrando que Jorge Azcón no quiere cometer los mismos errores que su homóloga extremeña, María Guardiola. Él no sueña con una mayoría absoluta que ninguna encuesta da. Tampoco la dirección nacional la espera y ni siquiera se atreve a hacer pronósticos concretos, más allá de dar la victoria del PP por segura. El resultado, en cambio, sí que creen que se repetirá: volver a depender de la ultraderecha para gobernar.

Lo que quiere Azcón es tener protagonismo a nivel nacional, por lo que ha optado por una estrategia opuesta a la de Guardiola. Mientras la extremeña se decantó por un perfil bajo con menor exposición por miedo a cometer errores y rehuyó los medios, el aragonés ha tratado de nacionalizar la campaña con un estilo más confrontativo. Mientras ella no quería que nadie de Génova "interfiriera" en la campaña, él recurre a sus compañeros de partido.

Es más, Azcón está echando mano de perfiles 'duros' para combatir el discurso de Santiago Abascal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo el pasado fin de semana en Aragón, donde participó en distintos eventos al hilo del inicio de campaña. El sábado acudió a un encuentro con jóvenes junto al presidente aragonés en una discoteca de Zaragoza. Por la tarde se trasladó a Huesca, pero sin el presidente, y allí paseó por las calles de la ciudad con representantes del PP oscense.

El domingo ya fue cuando participó en un mitin junto a Azcón en Zaragoza. Fue el primer gran acto electoral del candidato del PP y tuvo un tono más en clave nacional que autonómica. "Estas elecciones votamos por Aragón, pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez", dijo, en la misma línea que defiende Génova. "Lo que sucede en Aragón es cosa de los madrileños, como lo que sucede en Galicia o Madrid es cosa de los aragoneses. Porque somos regiones, regiones hermanas", señaló ante Ayuso tras criticar los "privilegios para los nacionalistas". Un discurso que cala muy bien en Aragón por la percepción del desequilibrio territorial y por los recelos históricos, que se remontan a la Corona de Aragón.

Además de Ayuso, Azcón contará con otros perfiles del llamado sector duro con los que busca frenar el avance de la extrema derecha, que podría pasar de los siete diputados actuales hasta los 12 o 13, según los sondeos. Está prevista la presencia de miembros de la dirección nacional como la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. También es previsible que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelque junto a su candidato. Este miércoles ambos protagonizaron un acto conjunto y el próximo 5 de febrero coincidirán en el gran mitin de la campaña.

A esto se le añade que Azcón quiere utilizar la política nacional como elemento de confrontación contra la candidata socialista, Pilar Alegría. Ha cogido por bandera su rechazo al nuevo sistema de financiación autonómica y fue el anfitrión en Zaragoza hace dos semanas de un encuentro de todos los líderes del PP, bajo el paraguas de Alberto Núñez Feijóo, para denunciar un trato de favor a Cataluña, tema que despierta mucha atención en Aragón.

La decisión del presidente aragonés de adelantar las elecciones al 8 de febrero responde a una estrategia consensuada con la dirección nacional del Partido Popular para tratar de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, pero obedece también a los propios intereses políticos de Azcón. Así, no solo ha conseguido forzar la salida de Alegría del Gobierno, sino que ha aumentado su proyección estatal.

El PP ha querido aprovechar su fortaleza a nivel territorial con un carrusel de convocatorias electorales —según el calendario, no deberían haberse celebrado elecciones en Aragón hasta mayo de 2027— para tratar de abrir un cisma en el PSOE. Lo que busca Génova es que las federaciones le obliguen a Sánchez a adelantar él también las generales, como hizo en 2023 tras la debacle de la izquierda en las autonómicas y municipales.

Con todo, Azcón corre varios riesgos. Entre ellos, agrandar la dependencia de Vox, que está aumentando la presión en Extremadura. Su Ejecutivo rechazó replicar el pacto que el PP sí firmó con Vox para investir al sustituto de Mazón al frente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. En ese caso, el barón del PP cedió ante las peticiones de los ultraderechistas en materias como medio ambiente e inmigración, pero el PP de Aragón tachó esas mismas medidas de "inasumibles" e incluso de "ilegales".

Azcón ha desarrollado gran parte de la carrera en política municipal, es más, se enfrentó a Alegría en 2019 por la alcaldía de Zaragoza. Pero no quiere que su papel termine ahí. El presidente aragonés lleva tiempo buscando cómo proyectarse a nivel nacional con un perfil "moderado" frente al de otros de sus compañeros. Si Feijóo no acaba cumpliendo su objetivo de llegar a La Moncloa en las próximas generales, se abriría un proceso interno en el que Azcón podría ser considerado para sustituirle, a tenor de sus movimientos.

A favor del popular juega la buena imagen que se ha labrado dentro del PP y el peso que ya tiene, según admiten en privado fuentes del partido. Así se desprende de una encuesta del pasado diciembre de 40dB., que colocaba a Azcón como el líder mejor valorado del PP, con un 52,2%, por encima de figuras como Feijóo, la madrileña Ayuso, o el presidente andaluz, Juanma Moreno. Sin embargo, su nivel de conocimiento es el más bajo de todos los barones populares: solo el 24,5% de los encuestados sabe quién es.

Uno de los éxitos del conservador se explica en su gasto en publicidad institucional. En estos dos años y medio al frente del Gobierno de Aragón, ha aumentado la cantidad de recursos económicos que distribuye entre los medios de comunicación regionales y nacionales de manera considerable. El desembolso ha sido un 40% mayor el año pasado respecto al ejercicio previo.

El presidente aragonés también se ha enfocado mucho en captar proyectos milmillonarios privados como los centros de datos, actualmente en auge en la comunidad autónoma. Según Azcón, atraerán 75.000 millones de euros a la región. Sin embargo, al mismo tiempo han generado controversia por la incertidumbre que rodea al impacto ambiental de estas instalaciones y las rebajas fiscales de las que disfrutan. Con todo, el asunto pasa prácticamente desapercibido en los los programas electorales, pese a que si se ejecutan todos los proyectos planeados tendrían un impacto innegable en el futuro de la región.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado al líder de Vox, Santiago Abascal, que "está en su mano entrar en el gobierno" y que, de hecho, a principios de enero ella misma manifestó la voluntad de que esta formación volviera a la Junta, informa EFE.

La presidenta del PP extremeño se ha expresado así en su perfil en una red social después de que esta mañana Abascal, en su intervención en Madrid Foro Empresarial, haya reiterado la voluntad de Vox de entrar en la Junta para cambiar el rumbo de las políticas a la vez que ha lamentado que los populares tengan distintas opiniones según los territorios.

Por su parte, Guardiola ha indicado que no hace falta avisar de algo que está contemplado en las negociaciones iniciadas, en relación a que formen parte del Ejecutivo. "Las urnas han pedido que dialoguemos. Ahora lo que debemos hacer es materializarlo con normalidad y proporcionalidad", ha apuntado.

El cruce de declaraciones se produce un día después de la sesión de constitución de la Asamblea, donde el PP asumió la Presidencia gracias a la mayoría de los votos populares y facilitó que Vox tuviese una de las tres secretarias, lo que no contentó a estos últimos que aspiraban a la Presidencia.

La elección de este cargo formaba parte de las negociaciones que, según informó el PP en la víspera de la sesión de constitución, Vox había roto de forma unilateral, algo que después esta formación desmintió asegurando que seguían abiertos al diálogo y que lo que habían hecho era expresar su rechazo al "insulto" de la oferta del PP. Los de Abascal alegaron falta de fondos en las Consejerías que asumiría este partido.

Al término de la constitución de la Mesa de la Asamblea, el portavoz de Vox en la Asamblea y líder de la formación en Extremadura, Óscar Fernández Calle, acusó a Guardiola de bloquear cualquier posibilidad de acuerdo y de "conducir a la región hacia una repetición electoral".

La presidenta del PP extremeño, por su parte, pidió a Vox "responsabilidad" para llegar a un acuerdo, tras no ser posible antes de la constitución de la Asamblea, que baje el "suflé" y no negocie "como si hubiera ganado las elecciones" al pretender que se cumpla la totalidad de su programa, además de tener puestos en el Ejecutivo y Legislativo. 

El accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) que ha dejado un balance de al menos 40 muertos y cientos de heridos —a falta de conocer nuevos datos— ha acaparado todos los focos políticos y mediáticos este lunes, hasta el punto de que la mayoría de los partidos han suspendido la actividad prevista para este lunes por respeto a las víctimas. Hay, sin embargo, una excepción: Vox. La formación de Santiago Abascal no solo ha mantenido su agenda, sino que ha aprovechado la jornada para romper las negociaciones con el Partido Popular en Extremadura, según denuncian los populares.

Tal y como han trasladado a primera hora del lunes fuentes del PP extremeño, después de que apareciera en los medios que Vox daba un "portazo" a la presidenta madrileña, María Guardiola, por "negarse al cambio" en su comunidad, su equipo recibió un correo electrónico confirmando esa ruptura que Vox, sin embargo, niega públicamente. "El PP confirma el bloqueo de Vox a un posible acuerdo y que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación pese al compromiso mutuo de discreción y lealtad entre las dos partes", explicaban desde la formación que ganó las elecciones el 21D.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, evitó hablar de ruptura en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección, si bien confirmó que las negociaciones se han suspendido por el momento porque, según él, la presidenta extremeña no "atiende a razones". "Alguien no quiere que entremos en ese gobierno. La señora Guardiola no ha entendido que queremos cambios de políticas y consejerías con el presupuesto necesario para hacer posible ese cambio. Esperamos que lo entienda", manifestó. Ahí está, según el portavoz ultraderechista, la "madre del cordero de estas negociaciones". En las consejerías y el presupuesto asignado a ellas.

La pasada semana el portavoz de Vox concretó qué áreas les interesaban más de cara a la negociación, pero lo desvinculó de las futuras consejerías. "El campo es fundamental", señaló Fúster, que también citó la "industria, seguridad e inmigración", aunque en esta materia reconoció que "la influencia" de la inmigración ilegal en Extremadura es "menor" que en otros lugares. También enumeró la educación, para atajar, dijo, el "adoctrinamiento" ideológico. Se trata de un área que el PP nunca ha cedido a Vox. Desde el equipo de Guardiola se reconocen "sorprendidos" porque, aseguran, únicamente quedaban algunos "flecos" por cerrar.

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, también ha lanzado un mensaje público hacia el PP. "No damos un portazo a Guardiola; es Guardiola quién da un portazo al cambio y de paso lo hace riéndose de nuestros votantes. Esperamos que recapacite, que entienda el mandato de los extremeños y se siente a hablar con Vox con el respeto que merecen nuestros votantes", escribió en la red social X.

Aunque ambas formaciones se comprometieron a no negociar a través de los medios es, precisamente, lo que está ocurriendo a pocas horas de que se celebre la constitución de la Asamblea extremeña este martes. La entrada en el Ejecutivo de los ultras parece ser el principal foco de conflicto, aunque fue la propia Guardiola la que se lo ofreció en primer lugar, desmarcándose de la estrategia que siguió en 2023. En el PP extremeño estaban convencidos de que Abascal no quería volver a entrar en sus ejecutivos por temor al desgaste y querían utilizar esa maniobra para tratar de "retratarles". 

Pero el plan no le salió del todo bien al PP. El líder de Vox no solo aceptó el órdago, sino que respondió con otro mayor mayor. Así, exigió a Guardiola una vicepresidencia y varias consejerías. Fue entonces cuando el PP expresó su sorpresa por el hecho de que Abascal quisiera compartir gobierno con la "Irene Montero de Extremadura". Así es como se refirió el líder de Vox a la candidata del PP durante la campaña, en la que ambas formaciones protagonizaron múltiples reproches cruzados y acusaciones de machismo.

En privado, en Vox no esconden su animadversión hacia la candidata del PP y adelantan que no pedirán entrar per se en todos los gobiernos autonómicos si son la llave, sino que decidirán "en función de si hay un PP echado al monte o no". Sin embargo, también quieren advertir así al aragonés Jorge Azcón y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco de cara a las elecciones que vienen: el próximo 8 de febrero y el 15 de marzo respectivamente. Según las últimas encuestas publicadas, ambos necesitarían a la extrema derecha si quieren seguir gobernando en sus respectivas comunidades.

Fúster también lamentó este lunes que el PP no acepte sus condiciones que son "extraordinariamente razonables, tanto que son las que se aprobaron en Valencia", en referencia al pacto para investir al sustituto de Carlos Mazón. Sin embargo, entonces los de Abascal no exigieron lo mismo a Juanfran Pérez Llorca, sino que aceptaron darle su apoyo en Les Corts a cambio de que él asumiera sus postulados en diversas materias, como así ocurrió.

Desde la formación ultraderechista señalan que el PP busca ir a unas nuevas elecciones autonómicas, pero el equipo de Guardiola lo niega. "El PP de Extremadura ha manifestado que, en la última reunión de trabajo, celebrada el pasado viernes 16 de enero, fue flexible y planteó una propuesta razonable, que permitía la entrada de Vox tanto en el Ejecutivo como en el legislativo, incluyendo políticas que la formación de Abascal quiere implementar, asegurando las partidas presupuestarias para llevarlas a efecto", señalan, al tiempo que señalan a Vox por estar en el "cálculo electoral".

El calendario, en todo caso, sigue en marcha. Y este martes se constituirá la Asamblea, en la que cada formación deberá proponer y votar a sus candidatos para la Mesa. La falta de acuerdo entre los dos grupos de la derecha, sin embargo, no impedirá que el PP se haga con tres de los seis puestos, incluida la presidencia, porque tiene más escaños que el PSOE y Unidas por Extremadura juntos. Sin embargo, la alianza de las formaciones de izquierdas sí podría perjudicar a los de Abascal, que está en desventaja.

Una situación que recuerda a la de 2023, cuando la falta de acuerdo entre PP y Vox propició que el PSOE se hiciera con la presidencia de la Asamblea extremeña y Vox se quedara fuera del reparto, aunque entonces los socialistas empataron en escaños con el PP y fueron el partido más votado.

Año nuevo, viejas estrategias. Tras el resultado de las elecciones del pasado 21 de diciembre en Extremadura, en las que Vox fue el partido que más creció al pasar de cinco a once escaños, lo que a su vez imposibilitó la ansiada mayoría absoluta a la presidenta extremeña María Guardiola (PP), los ultraderechistas quieren demostrar que son "un partido de gobierno", en palabras de su portavoz, José Antonio Fúster. La formación de Santiago Abascal enmienda así su estrategia del último año y medio, cuando en verano del 2024 decidió romper las coaliciones autonómicas con el Partido Popular por la reubicación de menores migrantes. Una estrategia —la de presionar desde fuera— que ha dado a Vox un importante impulso electoral, pero que la ultraderecha no quiere seguir en Extremadura.

En una rueda de prensa celebrada este lunes desde la sede nacional del partido, Fúster insistió en que Vox es un partido que quiere gobernar porque no se fía de un PP en solitario: "Qué difícil sería pactar algo para que al día siguiente traicionen el pacto sin estar ahí", arguyó. Sin embargo, los de Abascal no exigieron lo mismo en la investidura del presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, el pasado noviembre. Entonces, aceptaron dar su apoyo al sustituto de Carlos Mazón a cambio de que él asumiera sus postulados en diversas materias, como así hizo.

Un modelo que ahora no quieren replicar porque, según Fúster, de los "errores" se "aprende". "Nos han engañado muchas veces y no volverá a ocurrir", subrayó ante la prensa. El ultraderechista también concretó qué áreas interesan más a Vox de cara a la negociación, pero lo desvinculó de las futuras consejerías. "El campo es fundamental", señaló el portavoz de Vox, que también citó la "industria, seguridad e inmigración", aunque en esta materia reconoció que "la influencia" de la inmigración ilegal en Extremadura es "menor" que en otros lugares. También enumeró la educación, para atajar, dijo, el "adoctrinamiento" ideológico. Se trata de un área que el PP nunca ha cedido a Vox.

La entrada en un eventual gobierno con el PP contrasta con la línea marcada por la dirección hasta ahora, que insistía en que ejercer presión desde fuera era más beneficioso que sufrir el desgaste de gobernar, al menos hasta las generales. Preguntado por el cambio de postura, Fúster lo justificó señalando que "ha cambiado el reparto de fuerzas en Extremadura". En privado, fuentes del partido explicaban que no pedirán entrar per se en todos los gobiernos autonómicos si son la llave, sino que decidirán "en función de si hay un PP echado al monte o no".

En el pacto anterior, de 2023, Vox únicamente obtuvo la cartera de Mundo Rural y Gestión Forestal, ya que el campo es uno de los caladeros de votos para la ultraderecha. El documento firmado hace dos años y medio, en línea con la batalla que Vox sostiene desde hace años contra la Agenda 2030 y su negacionismo climático, se comprometía a eliminar "cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños"; apostaba por recuperar "las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales"; y anunciaba que Extremadura solicitaría "una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste para los productores".

María Guardiola tuvo que firmar este documento —aunque después no cumplió— lo que le obligó a dar un giro de 180 grados al que le forzó la dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Sucedió después de que ella misma dijera que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI". Sin embargo, en esta ocasión ha sido ella la que ha abierto la puerta a que los ultras entren en el Ejecutivo "para que puedan gestionar y asumir responsabilidades en base a lo que han pedido los extremeños en las urnas". Según la tesis del PP, de esa manera Vox tendrá que asumir un "coste" por gobernar y bajará en las encuestas, como pasó hasta su ruptura.

Según el barómetro del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER publicado este lunes, Vox alcanzaría una estimación de voto de casi el 18% a nivel nacional, es decir, 5,5 puntos más que en las últimas generales. Por su parte, el PP se situaría en el 31,5%, casi dos puntos por debajo de su resultado en las urnas en 2023, aunque medio punto más que en la anterior encuesta. La izquierda se desplomaría, como ocurrió en Extremadura: el PSOE obtendría un 27,1%, lo que supondría casi cinco puntos porcentuales menos de lo que obtuvieron en las urnas en julio de 2023 mientras que Sumar perdería 6,4 puntos y Podemos, que entonces formaba parte de la coalición, se quedaría en el 3,5%.

Se trata de un escenario favorable para el bloque de la derecha, aunque lo cierto es que al propio PP, como recalcan desde el equipo de Guardiola, le resulta llamativo que Abascal quiera compartir gobierno con la "Irene Montero de Extremadura". Así es como se refirió Abascal a la candidata del PP durante la campaña, en la que ambas formaciones protagonizaron múltiples reproches cruzados y acusaciones de machismo por parte de la baronesa conservadora después de que Abascal sugiriera al PP que la sustituyera. Según Fúster, será Vox Extremadura quien lidere las conversaciones con el PP de Guardiola, aunque habrá "apoyo" de la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís.

El hecho de que Abascal reclame una vicepresidencia y varias consejerías acorde al resultado electoral ha dejado descolocado a un PP que creía que Vox rechazaría el ofrecimiento. "¿Le ha ido a Vox bien salir de los Gobiernos? Sí, hay que aceptarlo, porque gobernar es complejo; es decidir, es ser responsable de lo que haces", admitía el propio Feijóo en su primera entrevista del año concedida a Servimedia. "Tú te puedes presentar a las elecciones con el interés de no gobernar, aunque es un poco sorprendente pedir el voto para no gobernar", añadía.

Más allá de la negociación extremeña, Vox no es un socio menor ni coyuntural para el PP: condiciona gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil de partido de gobierno. Y por eso en la formación conservadora están preocupados, aunque su líder no quiera admitirlo en público. Es más, Feijóo volvió a insistir durante el balance realizado el pasado 29 de diciembre en la sede de Génova en que se comprometía a gobernar en solitario, como ya dijo en el congreso del PP en julio. Un compromiso que afecta al Gobierno central pero no a las autonomías, según explican desde Génova.

Sí se mostró preocupado, en cambio, el presidente andaluz, Juanma Moreno, que señaló a la prensa antes de la última Junta Directiva Nacional celebrada tras las elecciones extremeñas que le "preocupaba" el auge de Vox —él mismo deberá enfrentarse a las urnas en el primer semestre de este año, lo que podría complicar su mayoría absoluta— y sostuvo que "así es muy difícil tener una mayoría absoluta en cualquier territorio". "Vox solo empezará a bajar cuando entre en los Gobiernos y asuma responsabilidades", fue el análisis del barón del PP ante los medios, que añadió que así se podrán "desmontar sus políticas, que no son viables en muchas ocasiones".