Manuel Moix, actual fiscal de Sala en el Tribunal Supremo (TS) que estuvo al frente de la Fiscalía Anticorrupción hasta que renunció por el escándalo de su participación en una sociedad offshore panameña desvelado por infoLibre–puedes consultar aquí todo el dosier del caso– ha sido designado nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Público. Eso sí, sin el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, también se ha nombrado al fiscal de la Audiencia Nacional Manuel Campoy como su sustituto en dicho cargo. A partir de ahora, el ex fiscal jefe de Anticorrupción será el encargado de incoar y tramitar los expedientes disciplinarios en el Ministerio Público.

Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que la designación de Moix ha salido adelante tan solo con el apoyo de las dos vocales natas del Consejo Fiscal: el teniente fiscal del Tribunal Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente.

Ninguno de los nueve vocales electivos le han respaldado, ya que en su mayoría –los seis de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– se han decantado por Francisco Moreno, fiscal de sala que desempeña la Jefatura de la Unidad de Apoyo al fiscal general.

No obstante, cabe recordar que el Consejo Fiscal se limita a expresar su parecer en materia de nombramientos y finalmente es su presidente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien decide. Las fuentes recalcan que se ha primado su conocimiento del derecho contencioso-administrativo.

El criterio del fiscal general también se impuso con la propuesta de nombramiento para cubrir la plaza de fiscal de sala de la Sala de lo Militar del TS, que fue adjudicada a su predecesora, Dolores Delgado, a pesar de que solo votaron a su favor las vocales natas y los dos vocales electivos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto ella como su sucesor en el cargo.

Las citadas fuentes han indicado que entre los motivos que han pesado en los vocales electivos del Consejo Fiscal para no arropar a Moix destaca su salida de la Fiscalía Anticorrupción.

Moix estuvo al mando de Anticorrupción apenas tres meses, de marzo a junio de 2017. Tuvo que presentar su renuncia "irrevocable por motivos personales" tras la polémica desatada después de que este diario desvelara que desde 2012 era dueño junto a sus hermanos del 25% de una sociedad offshore constituida en 1988 en Panamá con una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).

Nacido en 1958 y de tendencia conservadora, defendió desde el primer momento que estaba al día con Hacienda y que ya declaró la propiedad de la vivienda, un chalet valorado en más de medio millón de euros que heredó de sus padres.

Esa última polémica estuvo precedida por otras referidas a la gestión del departamento y a varios enfrentamientos con algunos miembros de su equipo respecto de investigaciones que afectan al Partido Popular, como son los casos Púnica y Lezo.

En relación al último, este diario destapó, poco antes de hacer público lo de la sociedad panameña, que como fiscal de Madrid había impedido hasta en tres ocasiones que se investigara la trama societaria creada por el expresidente madrileño Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

"Se llama Moix y es un tío serio y bueno", decía el exlíder del Ejecutivo madrileño sobre el fiscal a su amigo Eduardo Zaplana hace años en una charla telefónica. Una intervención, pinchada por la UCO de la Guardia Civil, que arrancaba así así: "Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo".

La querella la presentó ante el Supremo la asamblea TCJ15M, a través de la asociación Contratrama. El Supremo le notificó este lunes 10 de julio el auto a los querellantes y les da un plazo de tres días para prestar la fianza en metálico. "No tenemos tiempo ni para hacer un crowdfunding a través de una plataforma. Así que hemos tenido que habilitar la cuenta de la asociación Contratrama para que puedan realizar aportaciones los ciudadanos que quieran colaborar", explica José Gamo, miembro de la asamblea del 15M y portavoz de los querellantes. Esa cuenta está abierta en el Banco Sabadell, su titular es la asociación Contratrama y el número IBAN es el siguiente: ES36 0081 0085 6200 0271 5382.

"La actuación de Manuel Moix con respecto a los casos de corrupción que rodean a Ignacio González ha sido fundamental para la pervivencia de la supuesta red criminal que ahora se ha destapado a través de la operación Lezo. Moix archivó dos denuncias contra González en 2007 y 2009 sin practicar las diligencias que pedían los denunciantes. Si Moix hubiese realizado una mínima investigación, la trama se habría descubierto hace diez años", explica José Gamo, quien añade: "Tres días es un plazo muy corto, pero estamos seguros de que la ciudadanía concienciada nos ayudará a reunir ese dinero. Estamos hablando de un personaje clave como Moix".

Una fianza proporcionada

Tras su dimisión a causa del escándalo de la empresa panameña, Moix es ahora fiscal de Sala del Tribunal Supremo, que es precisamente el órgano judicial que deberá decidir si admite o no a trámite la querella contra él.

En el auto del Supremo conocido este lunes, cuyo ponente es el magistrado Francisco Monterde, se indica efectivamente que la competencia corresponde a la Sala de lo Penal del tribunal. Pero añade que, antes de entrar en el fondo del asunto, procede imponer la fianza al actuar los querellantes como acusación popular. "Una fianza que deberá ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso", razona Monterde. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre coinciden en que la cuantía de la fianza impuesta por el Supremo es muy razonable y no pretende obstaculizar la iniciativa. 

“Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González”, se indica en la querella presentada el pasado 26 de junio y que firma la abogada Liliana Pineda.

Estos hechos fueron desvelados por este periódico el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”.

Las dos denuncias y una querella contra Ignacio González fueron presentadas en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. En aquel momento, Manuel Moix era el jefe de la Fiscalía de Madrid. Según afirman ahora los querellantes, Moix “no sólo archivó sin investigar las denuncias presentadas contra González, sino que fundamentó sus decretos de archivo en datos inciertos y sostuvo que no existía la más leve sospecha de irregularidades en una operación que la Audiencia Nacional califica ahora como delictiva”. Es una referencia al caso Lezo, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que González y su familia se lucraron directamente con la construcción y la explotación del campo de golf del Canal.

“El encubrimiento por parte de Manuel Moix de las operaciones presuntamente corruptas del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de sus familiares permitió que la ‘organización criminal’ –así definida en el auto de la Audiencia Nacional– siguiese operando durante diez años”, se destaca en la querella, que tiene 36 páginas y que se presentó en el Supremo acompañada de una abundante documentación para probar las acusaciones.

Los querellantes piden que se cite a declarar a Manuel Moix “en calidad de investigado”; que se requiera a la Fiscalía de Madrid para que remita al Tribunal Supremo las diligencias de investigación 2/2009, abiertas tras una de las denuncias contra González y que terminaron en un decreto de archivo firmado por el propio Moix, y que se envíen oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos empresas vinculadas a la trama del campo de golf.

La asociación querellante, Contratrama, tiene su germen en las asambleas del 15M. En 2012 se creó el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), que según se define en su web es una asamblea del 15M cuyo objetivo es “identificar y denunciar a los verdaderos responsables del colapso económico” y “mantener viva la causa procesal para llevar a las tramas delictivas financieras ante los tribunales”.

La última oferta publicada por el portal inmobiliario idealista.com incluye nuevas imágenes del hasta hace poco impenetrable paraíso de los Moix. “Una casa exclusiva en un entorno idílico", reza el anuncio, que se extiende en las colosales proporciones de La Moira, que es como bautizó la familia la finca en alusión a la divinidad griega que tejía el destino de los mortales. “Es una propiedad que por su distribución con amplios espacios y grandes ventanales, sus magnificas vistas a la Sierra, diseño y comodidad hacen de ella una casa inigualable”, se recrea el portal inmobiliario.

La entrada a la casa de los Moix.

Pero, ¿vale realmente 535.000 euros la casa de los Moix? infoLibre preguntó en medios inmobiliarios y los Moix podrían todavía rebajar un poquito el precio para hacerlo realmente interesante. Se trata, sí, de una auténtica mansión pero la urbanización, que en los años 90 del pasado siglo era sinónimo de exclusividad, ahora ya no es lo que era. El precio de salida de la casa fue, hace dos años, de unos 700.000 euros, una cantidad desorbitada para un mercado que entonces comenzaba a coger peso tras la hambruna de la crisis del ladrillo. La urbanización cuenta con vigilancia las 24 horas, dispone de club social, una zona deportiva, piscina y hasta un colegio. Pero en el sector inmobiliario se rebaja esa exclusividad: abundan en este momento los se vende en una urbanización rodeada de promociones de lujo. 

Hasta el mes de mayo eran al menos dos las agencias que se encargaban de poner a la venta el entonces desconocido inmueble. A partir del mes de junio es otra, el gigante Gilmar, la que en exclusividad se ocupa de intentar colocar el preciado bien de los Moix.

Despacho de trabajo, una de las estancias del inmueble.

Pero ¿cómo es el refugio secreto de los Moix? El chalé tiene 645 metros cuadrados según sus vendedores [de acuerdo con el catastro son 457 metros], distribuidos en dos plantas y una bodega que incluye un pequeño garaje. Quienes han visto el complejo destacan las singularidades de la primera planta, abierta hacia el sur a un inmenso jardín a través de un gran ventanal. Dicen que la edificación tiene un aire propio del sur de EEUU, con columnas blancas en el porche. La joya de la corona es un espectacular salón de 75 metros cuadrados, en el que destaca una chimenea de mármol y el retrato al óleo del patriarca ya fallecido, Manuel Moix Martínez, inspector de Trabajo y profesor universitario. Un tipo peculiar si nos atenemos al sorprendente retrato, esta vez en papel, que ofreció su hijo el fiscal en una entrevista en El Mundo en plena gira mediática para salvar los muebles: "Yo lo descubro [que la casa estaba a nombre de una sociedad panameña] cuando fallece mi padre, a la hora de hacer números. Me dicen mis hermanas que está a nombre de una sociedad. '¿El qué?, pregunto. 'La casa, ya sabes cómo era tu padre', me dicen".

Piscina cubierta y climatizada en el jardín que rodea el chalé.

En esa planta está también la suite de los patriarcas, en un extremo, y la zona del servicio, al otro lado. También está el despacho de Manuel Moix padre, amueblado para la ocasión con un exclusivo diseño de aire aristocrático, tal y como se puede comprobar en las fotografías, y la correspondiente chimenea de mármol. Pero lo que llama la atención es hall y la espectacular escalera de acceso a la segunda planta. Todo un festival para los ojos.

La planta superior está ocupada por cuatro habitaciones, dos de ellas suite. Una espectacular terraza sirve como mirador a la Sierra. Es en esta planta donde dormían los cuatro hijos cuando iban a visitar a su padres. El inmueble dispone además de una bodega con barra de bar de unos 60 metros cuadrados.

La parcela que rodea el edificio es inmensa: 4.629 metros cuadrados salpicados de vegetación autóctona bien cuidada en los que sobresale una piscina cubierta acondicionada para agua salina. Hay una zona de columpios, un huerto, una barbacoa de obra, un pozo y una caseta, entro otros elementos. Y riego automático.

Vestíbulo con la escalinata.

Manuel Moix fue despedido con pesar, al menos en público, por el fiscal general del Estado. En la comparecencia en la que anunció su renuncia, el pasado 1 de junio, José Manuel Maza aseguró que el fiscal jefe de Anticorrupción no había cometido "ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad" pese a ser copropietario de una empresa en Panamá y que había actuado en todo momento con "total transparencia, comunicación a la Hacienda Pública y pagando los correspondientes impuestos".

¿Son esas afirmaciones de Maza ciertas? Este periódico ha consultado a dos inspectores y un técnico de Hacienda y los tres han concluido de forma unánime que, salvo que Moix hubiese enseñado a Maza otros documentos más allá de la información fragmentaria que facilitó a dos medios de comunicación, "no se puede afirmar que Manuel Moix actuó con total transparencia, comunicación a la Hacienda Pública y pagando impuestos. De hecho, todo apunta a lo contrario".

infoLibre también se puso en contacto con Maza, para saber si Moix le había aportado documentación adicional que le llevase a realizar esa defensa apasionada sobre su comportamiento y conocer si mantenía a dia de hoy las afirmaciones realizadas hace una semana. El fiscal general del Estado respondió, a través de un portavoz autorizado, que las declaraciones realizadas en aquella comparecencia "se hicieron con base en la información de que se disponía". 

Los hechos, desvelados por este periódico, son los siguientes. El fiscal Manuel Moix es desde hace cinco años y medio dueño del 25% de una sociedad en Panamá, denominada Duchesse Financial Overseas. La sociedad se constituyó en 1988 con un objetivo muy claro: ocultar quiénes eran los verdaderos propietarios de un chalé en el municipio de Collado Villalba (Madrid), que llegó a estar valorado en 900.000 euros aunque su actual valor de mercado se sitúa en 550.000. Los dueños del inmueble eran los padres del fiscal –Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja–, pero para no pagar a la pequeña constructora local que lo había edificado –llamada Terecon SA–, decidieron adquirir una compañía en Panamá y trasladarle la titularidad del inmueble.

Aunque Duchesse Financial Overseas compró el chalé el 24 de febrero de 1988, mantuvo oculta esta adquisición durante más de nueve años a la Hacienda española, hasta que prescribió la obligación de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Entre los años 1988 y 2000, Terecon SA inició hasta cuatro procedimientos judiciales distintos contra los Moix y contra su sociedad panameña. “El fiscal Manuel Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes”, declaró a infoLibre José Román Marín de la Bárcena, el abogado de Terecon SA. Apenas 60 horas después de que saltase el escándalo, el fiscal jefe de Anticorrupción tuvo que abandonar el cargo.

Levantar el velo societario

"Un juez o un Inspector de Hacienda, enfrentados a la realidad constatada, una sociedad sin actividad empresarial, en la que permanecen ocultos los socios y que se ha constituido y utilizado para defraudar a un acreedor, levantarían el velo societario y aplicarían las normas jurídicas procedentes como si la sociedad no existiese". Esa es la conclusión rotunda que ofrece a infoLibre un inspector de Hacienda con décadas de experiencia, que ha analizado la documentación sobre el caso que obra en poder de este periódico.

El levantamiento del velo societario es una figura jurídica que busca evitar que se utilice una sociedad con un fin fraudulento y la consecuencia de su aplicación es que los socios de una compañía mercantil tienen que responder personalmente de sus obligaciones y deudas.

"En el ámbito tributario, el levantamiento del velo societario supone que los dueños de la sociedad deberían de haber declarado la imputación de rentas inmobiliarias en su IRPF y los herederos tendrían que haber pagado el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el momento de fallecimiento del padre de los hermanos Moix", continúa su explicación el inspector de Hacienda. El fiscal y sus tres hermanos se convirtieron en propietarios de Duchesse Financial Overseas por herencia, en diciembre de 2011, cuando murió su padre. En cuanto a la "imputación de rentas inmobiliarias" es la obligación que tienen los propietarios de inmuebles utilizados como segunda residencia de imputarse en su declaración anual una renta inmobiliaria del 1,1% de su valor catastral (o del 2% si dicho valor no ha sido revisado desde 1994). Por último, el IIVTNU es conocido popularmente como "las plusvalías", y es un impuesto municipal que se debe abonar cuando se transmite la propiedad de un inmueble y se ha producido un incremento del valor de los terrenos urbanos.

En otras palabras: el levantamiento del velo societario equivale a considerar que en 2011, cuando falleció el padre de Moix, se produjo una transmisión de la propiedad del chalé a sus cuatro hijos. De forma que, aunque en el Registro de la Propiedad siga figurando como propietaria Duchesse Financial Overseas, en realidad hay que considerar como sus verdaderos dueños al fiscal y sus tres hermanos. Y estos tenían dos obligaciones fiscales que no cumplieron: pagar las plusvalías en 2012 en el municipio de Collado Villalba y realizar la imputación de rentas inmobiliarias en su declaración de IRPF desde aquel año.

En este caso, sabemos que no cumplieron esas obligaciones porque el propio Moix confesó que habían mantenido la titularidad del inmueble a nombre de la sociedad panameña porque uno de los hermanos no tenía presuntamente dinero para pagar las plusvalías municipales y porque en ningún momento el fiscal aceptó ser el propietario directo de la vivienda –en apariencia es dueño del 25% de las acciones de la sociedad titular del inmueble–, así que no tendría lógica que realizase la imputación de rentas en su IRPF.

El Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR)

"Aún admitiendo a efectos puramente dialécticos la existencia de la estructura creada por la familia, que el fiscal Moix ha defendido como legal, no hay constancia de que la sociedad haya tributado por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), en relación a la imputación de rentas inmobiliarias prevista en esos tributos", explica otro de los inspectores de Hacienda consultados. ¿Qué quiere decir? Pues que si no se procediese al levantamiento del velo societario, la imputación de rentas inmobiliarias no la tendrían que hacer los hermanos Moix en su IRPF, pero sí Duchesse Financial Overseas en el IRNR. Y, entre los documentos fragmentarios mostrados por Moix, no figura ninguno relacionado con el IRNR. Y tampoco contestó a las preguntas que infoLibre le formuló al respecto antes de publicar la primera información.

Es decir, alguien tiene que declarar la imputación de rentas inmobiliarias desde el ejercicio 2012. O los hermanos, o la sociedad. En caso contrario, se están ocultando rentas a Hacienda. Y Moix no ha demostrado que se estén declarando. Pero ello no fue obstáculo para que el fiscal general del Estado asegurase, en su comparecencia pública del 1 de junio, que se habían pagado "los impuestos correspondientes". ¿Cómo lo sabe Maza? Este periódico le preguntó, pero contestó con una respuesta genérica que no lo aclara.

La regularización catastral

Otra cuestión que se desconoce es cuándo se produjo la regularización catastral del chalé. En el Registro de la Propiedad consta una declaración de obra nueva, mediante una escritura otorgada el 7 de mayo de 1987, en la que se afirma que sobre la parcela de casi 5.000 metros cuadrados que tiene la finca se construyó "una vivienda unifamiliar, que consta de dos alturas, con una superficie total de 220 metros cuadrados".

Sin embargo, en la ficha catastral del inmueble se asegura que la superficie construida de la vivienda es de 457 metros cuadrados y que existe como construcción aneja una piscina, con una lámina de agua de 53 metros cuadrados.

¿Cuándo se produjo esa regularización catastral y a instancias de quién? No se sabe. Pudo ser de oficio, por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba, o a instancias de los titulares del inmueble, que son los obligados a declarar de forma correcta los datos al catastro. Esa información sirve para calcular el importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que deben pagar los dueños de la vivienda. Tampoco en este caso Maza quiso aclarar a infoLibre si tenía algún tipo de información para asegurar que el fiscal y sus hermanos siempre habían pagado el IBI que les correspondía y no se había producido ninguna irregularidad.

La actuación correcta

¿Cómo debería haber actuado el fiscal Moix para cumplir en todo momento con la legalidad? La respuesta de los inspectores de Hacienda es clara: "Manuel Moix nunca debería de haber coadyuvado a la constitución de Duchesse, a la transmisión del inmueble a esa entidad mediante un negocio jurídico connotado con los ingredientes de la simulación y, en última instancia, a la defraudación de un acreedor y a los incumplimientos tributarios observados: ausencia de declaración de la imputaciones de rentas inmobiliarias en el IRPF y ausencia de autoliquidación del IIVTNU en el momento de la transmisión del inmueble".

¿Y si se aceptase como mera hipótesis la versión de Moix de que no se enteró de la existencia de Duchesse Financial Overseas hasta que heredó su parte de la empresa? Una hipótesis que, por otra parte, ya ha quedado demostrada que es falsa puesto que Moix asistió personalmente a un acto procesal relacionado con el pleito por alzamiento de bienes. "De ser cierta su tesis de que no había conocido la existencia de la estructura creada en vida de sus padres, le resultaba exigible desarrollar una actuación equivalente a la que ya hemos comentado efectuaría un inspector de Hacienda, un juez y, por supuesto, un fiscal: deshacer la estructura artificiosa creada con ánimo de defraudación. Y a partir de ese momento aplicar las normas jurídicas procedentes y, singularmente, las tributarias que ya se han señalado: autoliquidación del IIVTNU e imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF", resume el inspector de Hacienda.

Nada de eso hizo Manuel Moix Blázquez, el primer fiscal con empresa en Panamá que se conozca. Pero su superior, José Manuel Maza, lo absolvió en una comparecencia en la que más que su destitución parecía que iba a anunciar su ascenso. Falta saber si Maza dispuso de pruebas facilitadas por Moix del cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales o si el fiscal general del Estado mintió, a sabiendas o por desconocimiento de las normas tributarias.

“Yo he podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad”. Son palabras pronunciadas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la comparecencia para explicar que había aceptado la renuncia de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción. Moix se veía obligado a dejar el cargo después de que infoLibre desvelase que era dueño del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, que tenía un chalé en España valorado en 550.000 euros, y después de que este periódico demostrase que el fiscal jefe de Anticorrupción respondía al escándalo con explicaciones falsas. Pese a ello, Maza llegó a afirmar en aquella comparecencia que en el caso de Moix y la sociedad panameña "se trataba tan sólo de la tenencia de ese bien, que por otra parte y aunque fuera en un país extranjero, se hacía con total transparencia, comunicación a la Hacienda Pública y pagando los correspondientes impuestos".

Este periódico ha consultado a dos inspectores y un técnico de Hacienda y los tres han concluido de forma unánime que, salvo que Moix hubiese enseñado a Maza otros documentos más allá de la información fragmentaria que facilitó a dos medios de comunicación, "no se puede afirmar que Manuel Moix actuó con total transparencia, comunicación a la Hacienda Pública y pagando impuestos. De hecho, todo apunta a lo contrario". Un ejemplo claro: Moix no ha mostrado ningún documento que demuestre que Duchesse Financial Overseas ha estado presentando anualmente el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Y tampoco se sabe si Duchesse o los dueños de esta sociedad –el fiscal Moix y sus tres hermanos– se están imputando las rentas por el inmueble, como es su obligación legal. O cuándo y en qué circunstancias se produjo la regularización catastral, dado que la información que figura en el Registro de la Propiedad no concuerda con la que consta en el catastro.

infoLibre se puso en contacto con José Manuel Maza para interesarse por estas cuestiones. En concreto, le remitió un correo electrónico con preguntas concretas sobre esas cuestiones fiscales no aclaradas –IRNR, imputación de las rentas, regularización catastral–, sobre el hecho de que la sociedad panameña se constituyó para evitar el pago a acreedores e interesándose por saber si el fiscal general del Estado mantenía que no había existido "ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad" por parte de Moix y que en este caso se habían pagado "los impuestos correspondientes" (ver La caja negra, al final de esta información).

El fiscal general respondió a través de un portavoz autorizado en los siguientes términos: "En respuesta al correo remitido al que adjunta una serie de preguntas en relación con la comparecencia realizada por el Fiscal General del Estado con motivo de la renuncia del Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, he de manifestarle que las afirmaciones que en el transcurso de la misma se hicieron fue con base en la información de que se disponía". Y añadía: "En tanto que la documentación facilitada a los medios de comunicación, a la que usted alude, fue la que el propio interesado consideró pertinente hacer pública". En realidad la pregunta era sobre si Moix había facilitado al fiscal general documentación adicional, que le hubiese llevado a afirmar de forma tan tajante que se habían pagado todos los impuestos y que no había existido ningún tipo de irregularidad.

Con esa respuesta genérica a las cinco preguntas concretas planteadas, Maza no aclaró si mantiene a día de hoy las declaraciones realizadas en la comparecencia del pasado 1 de junio.

En aquel momento, infoLibre no sólo había desvelado que Manuel Moix y sus tres hermanos eran dueños cada uno de ellos del 25% de la compañía panameña Duchesse Financial Overseas, heredada en diciembre de 2011 tras el fallecimiento de su padre. Este periódico también informó de que la sociedad se había constituido como un instrumento para ocultar la verdadera titularidad del chalé situado en Collado Villalba, que ya era propiedad de los padres del fiscal cuando transfirieron su propiedad en 1988 a Duchesse Financial Overseas. Los padres del fiscal habían decidido no pagar a la pequeña constructora local que construyó el chalé –Terecon SA– y para evitar un embargo trasladó la titularidad formal del bien a la empresa panameña. Entre los años 1988 y 2000, Terecon SA inició hasta cuatro procedimientos judiciales distintos contra los Moix y contra su sociedad Duchesse Financial Overseas. “El fiscal Manuel Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes”, declaró con rotundidad a este periódico José Román Marín de la Bárcena, el abogado de Terecon SA.

Pese a que todos estos datos ya eran públicos el 1 de junio, José Manuel Maza hizo una apasionada defensa de la integridad del comportamiento de Moix, a quien dijo que había intentado convencer para que no abandonase el cargo.

La empresa panameña de la familia Moix ocultó a la Hacienda española la compra de un chalé durante más de nueve años para dejar así que prescribiera la obligación de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), según documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre. La adquisición de la vivienda se realizó en febrero de 1988 pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta septiembre de 1997. Manuel Moix es fiscal desde 1986, dos años antes de que su familia adquiriese la compañía panameña, pero la semana pasada sostuvo que no conoció su existencia hasta 2008 o 2011 (ofreció dos versiones diferentes en dos días). "La sociedad de Panamá era un problema de mi padre", llegó a declarar pocas horas antes de verse forzado a dimitir el pasado jueves como fiscal jefe de Anticorrupción.

Este periódico desveló el lunes 29 de mayo que Manuel Moix era propietario del 25% de la sociedad panameña. En un principio intentó aferrarse al cargo, ofreciendo una versión plagada de falsedades, pero en apenas 60 horas tuvo que renunciar. Se fue entre elogios del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien aseguró que Moix no había cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad.

"La sociedad panameña se configura desde su origen como vehículo defraudador, en perjuicio de acreedores y de la Hacienda pública", explican dos notarios y dos inspectores de Hacienda a los que infoLibre mostró los documentos relacionados con el caso.

La historia es la siguiente. El 21 de octubre de 1986, los padres del fiscal –Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja– compraron una finca de casi 5.000 metros cuadrados en el municipio de Collado Villalba (Madrid). La operación se escrituró ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Un mes más tarde, el 14 de noviembre de 1986, contrataron a una pequeña constructora local –Terecon SA– para que les edificase un chalé. Se fijo un precio predeterminado, "por un ajuste alzado", pero los dueños del inmueble pidieron reiteradas modificaciones de obra que incrementaron el precio. Y cuando llegó la hora de pagar, decidieron que no lo hacían. La constructora les llevó a los tribunales, pero la familia Moix decidió adquirir una sociedad en Panamá y transferirle la propiedad del inmueble.

Manuel Moix Martínez era catedrático de Trabajo Social e inspector de Trabajo. En aquel momento, dos de sus hijos ya eran juristas. Margarita, la hermana mayor, era abogada desde 1983. Y Manuel, el segundo, era fiscal desde 1986.

Los Moix recurrieron al bufete panameño Morgan & Morgan, uno de los más importantes del mundo a la hora de crear empresas pantalla. Los principales despachos del país centroamericano crean decenas de miles de empresas, ponen como directivos a testaferros y luego venden esas sociedades a personas interesadas en mantener oculta su identidad. El 22 de diciembre de 1987, Morgan & Morgan constituyó la sociedad Duchesse Financial Overseas. El 4 de enero de 1988, la inscribió en el Registro Mercantil de Panamá. Y pocos días después, el 25 de enero de aquel año, la compañía off-shore nombró apoderada a Margarita Moix, la hermana del fiscal. Este apoderamiento se produjo ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra. Pero formalmente los directivos eran testaferros profesionales. La tesorera de la empresa sigue siendo a día de hoy Aida May Biggs, una ciudadana panameña de 93 años que figura en más de 17.000 sociedades.

La inscripción en el Registro de la Propiedad

El 24 de febrero de 1988, los Moix transfirieron formalmente la propiedad a la compañía panameña que acababan de comprar. La escritura se otorgó de nuevo ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Como parte vendedora comparecieron los padres del fiscal y como parte compradora, Duchesse Financial Overseas, que estaba representada por Margarita Moix. Era una operación destinada únicamente a enmascarar el verdadero propietario del chalé, para evitar que pudiera ser embargado por la constructora Terecon SA o por otros potenciales acreedores.

De acuerdo con la legislación española, Duchesse Financial Overseas tenía 30 días hábiles para autoliquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En aquel momento estaba fijado en el 6% del importe de la compraventa. El valor real del chalé –con una superficie construida según el catastro de 457 metros cuadrados–, más allá de la señalada en la escritura de compraventa, superaba en aquel momento los 45 millones de pesetas. Así que los Moix tendrían que haber ingresado en Hacienda 2,7 millones de pesetas de la época.

Pero no lo hicieron. Y dejaron pasar más de nueve años antes de inscribir la compraventa en el Registro de la Propiedad. De esta forma, prescribió su obligación de pagar el ITP. Dicha obligación prescribía entonces a los cinco años.

Cuando una persona pretende inscribir un cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad, uno de los documentos que debe presentar es la autoliquidación del ITP. Si no lo aporta, el registrador no inscribe la escritura, salvo que la obligación de pago haya prescrito.

En el caso de Duchesse Financial Overseas, la inscripción en el Registro de la Propiedad se realizó el 23 de septiembre de 1997, es decir, nueve años y siete meses después de firmar la escritura de compraventa. El registrador dejó constancia expresa de que el impuesto estaba "prescrito".

"Al dejar que pasase el plazo de prescripción, la sociedad panameña no abonó el impuesto al que estaba obligada y además soslayó la posible comprobación de valores por la Hacienda Pública, y la posibilidad de una liquidación complementaria", explica uno de los inspectores de Hacienda que vio los documentos. El ITP se autoliquida por el comprador sobre la base del precio de la compraventa, pero la Administración tributaria puede comprobar los valores declarados para determinar si el precio se ajusta a los valores de mercado y girar en caso contrario una liquidación complementaria. Esa comprobación sólo la puede hacer durante el plazo de prescripción del impuesto. En este caso, hasta el 24 de febrero de 1993, cinco años después de que Duchesse Financial Overseas adquiriese el inmueble en escritura pública.

Cuando el pasado lunes 29 de mayo infoLibre se puso en contacto con Moix, para conocer su versión sobre la empresa panameña e incluirla en la información que iba a publicar, el entonces fiscal jefe de Anticorrupción puso en marcha lo que en el argot periodístico se conoce como una "voladura controlada". No contestó a este periódico y contactó con El Español, que publicó una versión llena de falsedades bajo el siguiente titular: "Moix heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años".

En esa primera versión, el fiscal aseguró que él y sus tres hermanos –cada uno de ellos dueño del 25% de la sociedad– se habían enterado de la existencia de la compañía panameña en 2008, cuando falleció su madre. infoLibre demostró que esa versión era falsa, ya que Margarita Moix había actuado como representante de Duchesse Financial Overseas en 1988, cuando la familia adquirió la empresa al bufete panameño Morgan & Morgan. 

Al día siguiente, Moix cambió de versión y aseguró que en realidad se había enterado de que el chalé estaba a nombre de una sociedad panameña cuando murió su padre, en diciembre de 2011. Y el miércoles, en una entrevista con El Mundo, cuando le preguntan por qué los Moix mantuvieron dicha empresa oculta para la Hacienda española durante décadas, responde: "Eso es un problema de la sociedad y de mi padre, no es un problema mío". Y añade que no sabe por qué motivo adquirió la compañía su padre: "Yo lo descubro cuando fallece mi padre, a la hora de hacer números. Me dicen mis hermanas que está a nombre de una sociedad. '¿El qué?, pregunto. 'La casa, ya sabes cómo era tu padre', me dicen. Y a partir de ahí declaramos la sociedad".

Una nueva falsedad. Este periódico desveló ese mismo miércoles que el propio fiscal había estado presente en la declaración de sus padres en un procedimiento por alzamiento de bienes. Y es que el impago de las obras a Terecon y el intento de ocultar las propiedades para que el constructor demandante no pudiera comprobar provocó hasta cuatro procedimientos judiciales diferentes, que se prolongaron durante 13 años. Finalmente, los Moix pagaron tras llegar a un acuerdo extrajudicial.

La empresa Panamá y las explicaciones falsas llevaron a Moix a un callejón sin salida y el jueves renunció al cargo. En la comparecencia en la que anunció su destitución, el fiscal general del Estado defendió con rotundidad que Moix no había cometido "ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad". De hecho, José Luis Maza aseguró que lo había intentando convencer para que permaneciese en el puesto. Y también se comprometió públicamente en su defensa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró este viernes que la empresa panameña de Moix "tributaba todos sus impuestos" en España.

  MOIX NO RESPONDE

El pasado viernes por la mañana, infoLibre le envió a Manuel Moix una serie de preguntas relacionadas con el impago del ITP por parte de Duchesse Financial Overseas. El fiscal, una vez más, no respondió a este periódico.

El contenido del mensaje trasladado a Moix fue el siguiente:

Hechos:

a) Duchesse Financial Overseas adquirió la finca mediante escritura autorizada por el notario Félix Pastor Ridruejo, el 24 de febrero de 1988.

b) Duchesse Financial Overseas no autoliquidó en el plazo de 30 días el ITP, tal y como establece la legislación.

c) La compraventa no se inscribió por parte de Duchesse Financial Overseas en el Registro de la Propiedad hasta el 23 de septiembre de 1997, cuando ya había prescrito la obligación de abonar el ITP. De hecho, esa inscripción se realizó dejando expresamente constancia de que había “prescrito el impuesto”.

Preguntas:

a) ¿Por qué incumplió Duchesse Financial Overseas la obligación de autoliquidar el ITP en el plazo de 30 días?

b) ¿Por qué dejó pasar Duchesse Financial Overseas más de cinco años desde la compra de la vivienda antes de inscribir la operación en el Registro de la Propiedad, de forma que prescribió la obligación de pagar el ITP?

Manuel Moix ya es oficialmente ex fiscal jefe de Anticorrupción, después de que el BOE publicase este sábado su destitución, sin agradecerle "los servicios prestados". Moix tuvo que dejar el puesto apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que era el dueño del 25% de una empresa en Panamá. En esos dos días y medio se intentó aferrar al cargo con excusas falsas, que agravaron su situación al ser desmontadas por este periódico. Ahora espera regresar a su puesto de fiscal en el Tribunal Supremo. Y ello pese a que sigue ocultando datos clave para saber si cumplió con Hacienda y por qué decretó en 2007 y 2009 el archivo de denuncias contra Ignacio González sin practicar una sencilla diligencia que habría descubierto la trama corrupta.

En la comparecencia en la que anunció su destitución, el fiscal general del Estado defendió con rotundidad que Moix no había cometido "ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad". De hecho, José Luis Maza aseguró que lo había intentando convencer para que permaneciese en el puesto. Y también se comprometió públicamente en su defensa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró este viernes que la empresa panameña de Moix "tributaba todos sus impuestos" en España.

Mas prudente se ha mostrado hasta ahora el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. Tal y como desveló este sábado infoLibre, la Agencia Tributaria ha decidido investigar "de oficio" la situación de Manuel Moix, para comprobar si ha cometido alguna irregularidad fiscal, dueño durante al menos cinco años y medio del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. Esta compañía es, a su vez, propietaria de un inmueble en el municipio de Collado Villalba (Madrid) cuyo valor de mercado se sitúa en 550.000 euros. Los tres hermanos de Manuel Moix –Margarita, Pilar y José María– son los propietario, a partes iguales, del restante 75% de la empresa panameña.

De momento, el fiscal Moix sólo mostró parcialmente dos documentos: la declaración del Impuesto de Sucesiones realizada a finales de 2012, un año después de la muerte de su padre, y una copia del llamado modelo 720, que deben presentar en la Agencia Tributaria todos los españoles que tengan en el extranjero bienes valorados en más de 50.000 euros. 

infoLibre le ha planteado una serie de preguntas a las que Moix se ha negado a responder de forma reiterada (ver La caja negra al final de esta información). A continuación se analizan cuatro grandes asuntos que el fiscal se niega a aclarar.

  1. ¿CUÁNDO HEREDÓ MANUEL MOIX?

El ya exfiscal jefe de Anticorrupción asegura que heredó el 25% de las acciones de Duchesse Financial Overseas tras la muerte de su padre, el 7 de diciembre de 2011.

Este periódico ha enseñado documentos relacionados con la propiedad de Collado Villalba a dos notarios y dos inspectores de Hacienda y los cuatro coincidieron: cada uno de los cuatro hermanos Moix heredó el 12,5% de las acciones el 9 de octubre de 2008, cuando falleció su madre, y el otro 12,5% en diciembre de 2011, al morir su padre. Y ello es así porque tanto la adquisición de la finca como la posterior construcción del chalé se hizo para la sociedad conyugal de Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. 

La única posibilidad de que esto no fuera así –y, por tanto, de fuera cierta la versión del fiscal– es que "todos los hermanos repudiasen la herencia de su madre y además acordasen que se le adjudicara al viudo, que pasaría así a tener la totalidad del haber conyugal", explican las fuentes consultadas.

Manuel Moix Martínez compró la parcela "para su sociedad conyugal", tal y como consta expresamente en la escritura firmada el 21 de octubre de 1986 ante el notario de Madrid Félix Pastor Ridruejo. Medio año después, en una escritura otorgada el 7 de mayo de 1987 ante el mismo notario, se realiza una declaración de obra nueva –la construcción del chalé– y también consta expresamente que "se inscribe para la sociedad conyugal".

Y ambos cónyuges venden, el 24 de febrero de 1988, la propiedad a Duchesse Financial Overseas. Es una mera operación para ocultar a partir de entonces quiénes son los verdaderos dueños del chalé, puesto que los padres del fiscal siguen siendo los propietarios. En el momento en que se realiza esa operación, el inmueble es a partes iguales de ambos, así que cada uno de ellos tiene que recibir la mitad de las acciones de la compañía panameña.

¿Y qué importancia tendría que el fiscal Moix fuese en realidad dueño del 12,5% de Duchesse Financial Overseas desde 2008? En primer lugar, en 2008 España consideraba a Panamá un paraíso fiscal de forma oficial –le retiró esa consideración en 2010–; en segundo lugar, el fiscal habría mantenido activa una empresa en Panamá durante casi nueve años –en vez de cinco años y medio–, y, en tercer lugar, habría que analizar si Moix cumplió en 2008 con las obligaciones fiscales relacionadas con la herencia materna.

  2. ¿CUMPLIÓ MANUEL MOIX SUS OBLIGACIONES FISCALES?

Los notarios e inspectores de Hacienda consultadas por infoLibre coinciden en otro punto: "Procede levantar el velo societario porque debe de quedar claro que la constitución de la compañía panameña por un despacho dedicado a los negocios fiduciarios con administradores y directores que son meros testaferros y la transmisión del inmueble de Collado Villalba a tal sociedad tiene por objeto la defraudación a un tercero impidiéndole cobrar las cantidades debidas". Como explicó este periódico, una constructora pleiteó durante 13 años contra los padres del fiscal y su empresa panameña en los tribunales. Terecon SA edificó el chalé para los Moix, pero en vez de pagar, estos decidieron ocultar sus propiedades. 

El levantamiento del velo societario es una figura jurídica que busca evitar que se utilice una sociedad con un fin fraudulento y la consecuencia de su aplicación es que los socios de una compañía mercantil tienen que responder personalmente de sus obligaciones y deudas.

A priori, hay cuatro asuntos fiscales que podrían afectar a los hermanos Moix:

a) El pago de las llamadas plusvalías del inmueble (su nombre real es Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Este impuesto lo tendrían que abonar los Moix tras el fallecimiento de sus padres.

b) El abono del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) en 2008, en lo relativo a la herencia de la madre.

c) La imputación de rentas del inmueble desde que son propietarios de Duchesse Financial Overseas. La duda está en si esa imputación de rentas se tiene que realizar en el IRPF de cada hermano –si se levantara el velo societario y se considerase que la sociedad no existía– o si debe abonarlo la propia sociedad panameña a través del Impuesto de la Renta de los No Residentes (IRNR). "Como el velo sólo puede ser levantado por un juez, los Moix debieron efectuar la imputación de rentas a través del IRNR", considera uno de los inspectores de Hacienda consultados.

d) El pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En teoría, este tributo no se ha devengado ya que no se ha producido ninguna transmisión patrimonial: la dueña del chalé es desde 1988 la compañía panameña. Pero, si se levantara el velo societario, podría entenderse que los hermanos Moix son los verdaderos propietarios del inmueble desde el momento en que lo heredaron de sus padres. "Levantando el velo, el impuesto devengado al fallecimiento de los padres sería el Impuesto sobre Sucesiones por la transmisión mortis causa del inmueble de los padres a los hijos", explica el otro inspector de Hacienda con el que ha hablado este periódico.

  3. ¿QUIÉN Y CÓMO PAGA DESDE 2012 LOS GASTOS DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA?

El fiscal Moix aseguró esta semana que su empresa panameña estaba inactiva –una falsedad, tal y como demuestra el Registro Mercantil de Panamá y el hecho de que mantenga exactamente la misma actividad que cuando fue creada– y que su único bien en España era el inmueble de Collado Villalba. 

Esta versión abre un primer interrogante: dado que Duchesse Financial Overseas tiene que afrontar una serie de gastos, ¿de dónde proceden sus ingresos? Y, en segundo lugar, puesto que según Moix la compañía panameña no tiene ni siquiera una cuenta bancaria en España o Panamá, ¿desde dónde se pagan sus facturas?

Duchesse Financial Overseas tiene que hacer frente, como mínimo, a los siguientes gastos:

a) La tasa única anual que todas las sociedades anónimas deben pagar en Panamá. Su coste es aproximadamente de 300 dólares estadounidenses.

b) El abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que debe pagar anualmente en el Ayuntamiento de Collado Villalba.

c) Los gastos de comunidad de la finca, situada en una urbanización con una serie de servicios comunes, por ejemplo vigilancia 24 horas al día en el acceso de entrada. Esos costes se elevan a 170 euros al mes, es decir, 2.040 euros al año.

d) Los costes de mantenimiento de la finca, entre ellos la limpieza y el jardinero. El chalé está rodeado por una parcela de 4.629 metros cuadrados, según el catastro.

¿Quién corre con esos gastos? ¿Cómo se abonan: en metálico, mediante transferencias bancarias? El fiscal Moix se niega a responder sobre todos estos aspectos.

  4. ¿POR QUÉ ARCHIVÓ MOIX SIN INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ?

Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. 

En 2007, Moix archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que era falso. Sostenía Moix que González no había participado en la reunión del consejo de administración del Canal donde se decidió la adjudicación, cuando el propio político del PP había admitido públicamente que había presidido dicho acto.

En 2009, Moix archivó otra denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí. Decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para destapar la trama corrupta. Y lo hizo a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González.

En 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.

El campo de golf del Canal fue inaugurado por Esperanza Aguirre e Ignacio González el 28 de marzo de 2007. Por tanto, las dos denuncias y la querella se presentaron después de que la obra estuviese concluida. En la fase de construcción de las instalaciones deportivas, Dragados había abonado 3,2 millones de euros a una empresa sin apenas actividad, llamada Tecnoconcret, para que instalase el césped del campo de golf. Esa sociedad estaba controlada por la familia González. La Fiscalía podría haber obtenido esos datos simplemente con pedir a la Agencia Tributaria las ventas declaradas de Tecnoconcret. No lo hizo en ninguna de las tres ocasiones en que tuvo que pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010 se lo pidieron expresamente los denunciantes.

La operación del campo de golf del Canal sí ha sido investigada ahora por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es una de las que se describe con detalle en el auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Ignacio González y a su hermano Pablo. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, logró eludir la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Hace un mes que infoLibre publicó los documentos que demuestran que Moix impidió en tres ocasiones que se investigase el caso. Desde entonces, el fiscal tampoco ha querido aclarar su actuación en este tema, pese a los reiterados intentos realizados por este periódico.

La Agencia Tributaria actúa "de oficio" en el caso del exfiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, tras desvelar infoLibre que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa en Panamá. Este viernes, el Consejo de Ministros aprobó su cese "a petición propia", comunicado un día antes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Fuentes del departamento dependiente del Ministerio de Hacienda consultadas por este diario señalan que las investigaciones son "secretas" y que, por tanto, no pueden precisar si la actuación se ha iniciado ya o se iniciará en los próximos días, pero aseguraron que en todo caso el organismo "actúa de oficio" en el caso del ya exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix.

Mientras, este mismo viernes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntaba que Moix tenía una "sociedad no opaca" que había heredado "de sus padres, declarada ante la Hacienda española y que tributaba todos sus impuestos". Además, recordó que el fiscal general del Estado "puso de manifiesto que él consideraba que no había ninguna censura profesional, legal ni en materia de incompatibilidades para el señor Moix".

Maza llegó a decir que no veía "ningún motivo" para su marcha, que había podido "constatar de manera absoluta" que no había existido en su comportamiento "ninguna irregularidad ni ilegalidad". Y que todo se hizo "con total transparencia, comunicación a Hacienda y pagando los correspondientes impuestos".

"Eludir 90.000 euros en impuestos"

El miércoles, un día antes de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunciara la dimisión "irrevocable" de Moix por "motivos personales", los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamaron a la Agencia Tributaria la apertura de una investigación al por entonces todavía fiscal jefe Anticorrupción y a sus tres hermanos, copropietarios de la compañía panameña.

La finalidad, según Gestha, es verificar si realmente la sociedad familiar, Duchesse Financial Overseas, "es una empresa para eludir el pago de 90.000 euros en impuestos, según reconoció el propio fiscal".

Los técnicos de Hacienda apuntaron que la Ley del Mercado de Valores "determina que los hermanos Moix podrían haber actuado, salvo prueba de lo contrario, con supuesto ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles cuando adquirieron el control de la sociedad panameña, cuyo activo está formado en al menos un 50% por inmuebles radicados en España, que no están afecto a actividades empresariales o profesionales".

Gestha ha demandado a Hacienda, además de la investigación, que informe "públicamente" si detectó "alguna irregularidad fiscal" en la familia Moix. En este sentido, reclama que precise "qué decisión se tomó al respecto tras la presentación de los modelos 720 de bienes y derechos en el extranjero en 2013". Y, especialmente, "tras la puesta en marcha en el primer semestre de 2016 de la nueva herramienta informática para el control de patrimonios y rentas" con la información del modelo 720.

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha estas actuaciones "de oficio" en dos de los casos más mediáticos de los últimos años. Ya cuando estalló el caso que afectaba al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, a principios de 2015, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que la "Agencia Tributaria actúa de oficio" cuando salta a la opinión pública un asunto de esas características. También fue así en el caso que se llevó por delante al exministros de Industria José Manuel Soria, en abril de 2016. Ese caso con el que tantas similitudes ven ahora en el PP y el Gobierno. Y que llevó a Montoro a señalar que "nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno".

"Obviamente la Agencia Tributaria actúa de oficio en relación con las informaciones que van apareciendo", sostuvo el titular de Hacienda en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Una reacción plagada de mentiras

A última hora del lunes, infoLibre desveló que "el fiscal Moix es desde 2012 dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España".

La compañía, Duchesse Financial Overseas, fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988 y ,un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, adquirió un chalé en Collado Villalba. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.

El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.

En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal: Margarita Moix. Abogada, había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante un notario panameño.

El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre. Es estos cinco años y medio, Moix evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la empresa panameña.

Tras versiones contradictorias y excusas falsas, Moix dimitió en la mañana del jueves. Así lo trasladó a los medios de comunicación el fiscal general del Estado, Manuel Maza en una comparecencia en la que no admitió preguntas. Los días previos se aferró al cargo hasta que se dio cuenta de que ya no contaba ni con el apoyo del Gobierno y ni el de las asociaciones de fiscales. Ni siquiera la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, la que le respaldó cuando accedió al cargo.

Moix nunca atendió a este medio, pese a las reiteradas peticiones de información. Pero, además de ofrecer su versión con datos falsos de la noticia a El Español cuando supo que infoLibre iba a publicarla, defendió en varias entrevistas tres argumentos: que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba "inactiva", que no había podido disolverla por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de sus hermanos y que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 [dio dos versiones diferentes]. Ninguna de estas tres afirmaciones se correspondía con la realidad.

Por un lado, Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, ha estado activa. Por otro, al contario de lo que sostuvo, mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros.

Proceso judicial por alzamiento de bienes

Además, Manuel Moix aseguró a El Español que él y sus hermanos  "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008. En declaraciones posteriores afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, también desmienten esta versión.

En las fechas de las que Moix habló, hacía décadas que conocía la existencia de la empresa en Panamá. En este sentido, este miércoles, este medio publicó unas declaraciones exclusivas del abogado que pleiteó en nombre de la constructora Tereco contra la familia Moix por impago de deudas y alzamiento de bienes. "El fiscal Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes", relató el letrado José Román Marín de la Bárcena. La declaración tuvo lugar en el año 2000.

"Respondo a los medios que me piden las cosas con educación", afirmó Manuel Moix, el martes en una entrevista con Ángels Barceló en la Cadena Ser, para explicar por qué no había constestado a las preguntas de infoLibre sobre su empresa panameña.

Este periódico reproduce a continuación, de forma íntegra, las seis comunicaciones que se han producido entre infoLibre y Moix desde el 16 al 29 de mayo, para que los lectores puedan juzgar por sí mismos.

16 de mayo: primer correo de infoLibre a Moix

El pasado 26 de abril, este periódico desveló que en 2009, cuando era fiscal superior de Madrid, Manuel Moix archivó una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí contra el ahora encarcelado Ignacio González. Moix archivó el caso sin realizar una sencilla diligencia de investigación, que habría servido para destapar el escándalo de corrupción. En la denuncia figuraban todos los datos de las empresas relacionadas con la adjudicación del campo de golf del Canal que ahora sí han investigado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Manuel Moix, que entonces era el fiscal superior de Madrid, no se limitó a archivar la denuncia. Además, lo hizo con un escrito de cinco folios en el que aseguraba que no existía “ni indicio”, ni “rastro”, ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de González. InfoLibre le envió ocho preguntas, a través de los portavoces habituales de Fiscalía, a las que Moix no contestó. Así quedó reflejado en esta información: Las ocho preguntas que Moix no responde sobre su decisión de archivar el 'caso González' en 2009.

Días después, este periódico intentó solicitar una entrevista con el fiscal jefe de Anticorrupción, y desde la Fiscalía se le indicó que los asuntos de comunicación los llevaba directamente Manuel Moix. Así que, el 16 de mayo, desde infoLibre se le envió el primer mensaje a la cuenta de correo corporativo del fiscal. Además de solicitar la entrevista, se le adjuntaban las preguntas que quería plantear este periódico, por si no quería responder en persona.

Puedes leer el correo íntegro aquí [pdf].

Manuel Moix no respondió, ni para dar acuse de recibo del correo.

17 de mayo: segundo correo de infoLibre a Moix

Ante la falta de respuesta, desde infoLibre se envió un segundo correo al entonces fiscal jefe de Anticorrupción. Además de reenviarle las preguntas planteadas, en el texto se indicaba: "Le envié ayer un correo porque desde la Fiscalía General me indicaron que como portavoz para estos temas en Anticorrupción debería hablar con usted. Se lo reenvío de nuevo, por si no lo tiene a mano".

Puedes leer el correo íntegro aquí [pdf].

Manuel Moix no respondió, ni para dar acuse de recibo del correo.

18 de mayo: tercer correo de infoLibre a Moix

"Le escribo por tercera vez en relación con unas preguntas que le he planteado en mis dos correos anteriores, en mi calidad de director y periodista de infoLibre. En la Fiscalía General del Estado me indicaron, de forma oficial, que el portavoz de Anticorrupción era usted y que le dirigiese a usted las preguntas. Pero usted ni siquiera acusa recibo de mis correos". Así comenzaba el tercer correo enviado a Moix.

La misiva continuaba señalando: "La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción son organismos públicos y, como le indiqué en los dos correos anteriores, si usted no es la persona que actúa como portavoz de Anticorrupción le ruego que me indique a quién debo dirigirme. Pero, como director de un medio de comunicación, quiero saber quién es el portavoz de una institución pública como Anticorrupción. Es algo inaudito, que jamás me ha ocurrido en 27 años de ejercicio profesional, que una institución pública que se sostiene con los impuestos de los contribuyentes oculte a un medio de comunicación quién es su portavoz o que su portavoz no responda". 

Y se le advertía de que esta situación estaba "atentando claramente contra el derecho a la información, un derecho fundamental protegido en nuestra Constitución", y que dejaba al periodista en "una situación de enorme indefensión".

Puedes leer el correo íntegro aquí [pdf].

19 de mayo: correo de la Secretaría del Fiscal Jefe a infoLibre

Manuel Moix no contestó pero, al día siguiente, respondió su Secretaría. El contenido del mensaje era el siguiente: 

"Buenos días: indicarle que está remitiendo sus correos a una dirección de correo que automática [sic] borra cualquier información, la dirección a la que debe enviarlos es fiscalia.anticorrupcion.fj@xxxxxx. En cualquier caso, pongo en su conocimiento que desde la Fiscalía no se contestará a ninguna cuestión que se plantea, en asuntos que haya intervenido el Ministerio Fiscal".

Puedes leer el correo íntegro aquí [pdf].

19 de mayo: Respuesta de infoLibre a la Secretaría del Fiscal Jefe

Nada más recibir el correo anterior, desde infoLibre se contestó a la Secretaría de Manuel Moix. El texto comenzaba así:

"En primer lugar, encantado de saludarles y muchas gracias por su respuesta. No podía imaginar que la cuenta de correo profesional del Sr. Moix “borra automáticamente cualquier información”.

En todo caso, como le indiqué al Sr. Moix en los tres correos escritos con fecha 16, 17 y 18 de mayo, lo que yo necesitaba era saber a quién dirigir los correos con las preguntas de infoLibre, para poder ejercer correctamente nuestras obligaciones como periodistas. Por tanto, a partir de ahora, cuando tenga alguna pregunta que plantear al Sr. Moix, me pondré en contacto con ustedes".

A continuación se reiteraba la solicitud de entrevista y se le adjuntaban de nuevo las preguntas que habían sido planteadas desde la primera comunicación, el 16 de mayo.

Puedes leer el correo íntegro aquí [pdf].

29 de mayo. Justificante del envío del burofax de infoLibre a Manuel Moix.

29 de mayo: burofax de infoLibre a Moix

Una vez que este periódico logró contrastar todos los datos que demostraban que Manuel Moix era dueño del 25% de la empresa panameña Duchesse Financial Overseas, el pasado lunes, a las 11.14 horas, se puso en contacto con la Secretaría del Fiscal Jefe y le envió por correo una serie de preguntas para conocer la versión de Moix. A lo largo de la mañana del lunes, este diario llamó en cinco ocasiones y siempre obtuvo la misma respuesta: Moix estaba reunido. Así que, ante su actitud, infoLibre le envió a las 17:44 un burofax de cuatro páginas reproduciendo todas las preguntas sobre el caso y advirtiéndole de que era el único responsable de que la información se publicase sin su versión.

Puedes leer el burofax íntegro aquí [pdf].

Manuel Moix no sólo evitó responder a infoLibre, sino que intentó lo que en el argot periodístico se llama una "voladura controlada". Se puso en contacto con El Español, medio que dirige Pedro J. Ramírez y que se prestó a publicar una información firmada por María Peral bajo el siguiente titular: "Moix heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años". La noticia contenía varias falsedades, tal y como demostró este periódico en los días siguientes.

En la entrevista en la Cadena Ser, a Moix le preguntaron por el burofax. Respondió lo siguiente: "Yo no lo he recibido. Yo no digo que en la Fiscalía no esté, pero yo personalmente no lo he recibido. He recibido un correo electrónico".

Puedes leer el justificante de envío del burofax aquí [pdf].

Aquel día dijo que no pensaba dimitir. Este jueves, Manuel Moix se vio obligado a dejar el cargo.

1) El fiscal general Maza ha comunicado al pueblo español (sin admitir preguntas) que "no había ni existen motivos" para el cese de Moix. Que "sería de justicia" que siguiese ocupando "el cargo que ha ejercido con plena satisfacción"; que no ha cometido ningún tipo de "irregularidad ni ilegalidad"... Vamos, que uno ya dudaba si la convocatoria de Maza era para destituir a Moix o para ponerle una medalla. Finalmente ha informado de que su Fiscal Jefe Anticorrupción ha presentado una "renuncia irrevocable por motivos personales". Como si sufriera una acumulación de cólicos nefríticos. O sea que Maza ha hecho todo lo posible para que Moix continuara ("aguanta, sé fuerte, hacemos lo que podemos", que diría Rajoy a Bárcenas). Por resumirlo sin aspavientos: de un fiscal general que considera perfectamente ético y normal tener una sociedad en Panamá y perseguir judicialmente a los que ocultan bienes a través de sociedades en Panamá sólo cabe plantearse la duda de si es un cínico o un tonto. Pero un cínico o un tonto coherente, puesto que nombró a Moix sabiendo que un investigado por corrupción (Ignacio González) le consideraba "cojonudo" para el cargo. ¿Estamos a setas o a Rolex? Si te colocan para hacer unos nombramientos que tu antecesora se negó a hacer, lo lógico es defender "tus" nombramientos aunque se hunda el mundo. El clímax de la coherencia habría sido que Maza dimitiera exactamente en el mismo minuto en el que comunicaba la renuncia de Moix. Pero para eso se precisaría que Maza tuviera algún mínimo principio.

2) El ya ex Fiscal Jefe Anticorrupción Moix se ha visto obligado a presentar esa "renuncia irrevocable" no porque haya asumido la menor culpa, sino porque su descarado intento de manipular a la opinión pública con filtraciones, intoxicaciones y mentiras ha fracasado por culpa de un medio (infoLibre) y un periodista (Manuel Rico) que han cumplido con su obligación mientras otros compraban la mercancía averiada o se prestaban a alimentar teorías conspiranoicas en las que están acostumbrados a chapotear. La entrevista que le hizo Ángels Barceló en la Cadena Ser es reveladora de la calaña del personaje. Cuando Ángels le pregunta por qué no respondió a las preguntas de infoLibre, planteadas incluso mediante burofax, Moix dice que sólo contesta a los medios que "piden las cosas con educación". Es obvio, a la vista de los acontecimientos, que la costumbre de Moix no es responder sino intoxicar, filtrar y engañar. Para él educación equivale a sumisión.

3) No se me ocurriría dar lecciones sobre ética periodística a mis colegas, entre otras razones porque sé que en cada medio, por hipotecado que esté, hay profesionales honestos, valientes y sensatos, pero me produce vergüenza ajena tener que leer editoriales en El Español pidiendo la dimisión de Moix después de haberle servido de felpudo. La misma vergüenza que me provoca escuchar a tertulianos que intentan reducir a una "guerra entre fiscales" lo que es un clamoroso intento de boicotear las investigaciones sobre la corrupción en el PP (revisen, para comprobarlo, el dossier de infoLibre sobre el tema). Señor Moix, cuando usted presume de no leer "ninguna crítica" lo que hace es visibilizar su gran problema y el de quienes le han defendido hasta el último minuto: han actuado convencidos de una inmunidad garantizada, sin lugar para la crítica. Sólo en la salsa de los sectarismos crece la semilla de la impunidad.

4) El ministro Catalá, (Rafa para los amigos encarcelados o procesados) ha procurado alejarse de la bomba Moix antes del estallido. Lo que no puede es borrar el hecho de que él es el autor del nombramiento de Maza tras la negativa de Consuelo Madrigal a tragar con los apaños. Lo que tampoco puede es ocultar los esfuerzos que ha hecho para defender a presuntos delincuentes como Pedro Antonio Sánchez o Ignacio González. Lo que no debe es pensar que un ministro reprobado por el Congreso junto a los mandos judiciales colocados a sus órdenes tiene restos de credibilidad como para pasar sin quemaduras por el incendio que ha provocado.

5) El presidente Mariano Rajoy fue preguntado hace dos días por La Sexta acerca de si aún confiaba en Moix como Fiscal Jefe Anticorrupción. La respuesta fue contundente: "Sí". Este jueves ha guardado silencio ante la interrogación directa, pero ha aprovechado un discurso oficial para proclamar que "hacer política es hacer las cosas a lo grande" y "no ocuparse por los chismes". Cabe concluir que Rajoy pretende convertir todo esto en "un lío más". Faltan dos telediarios para que responda a la pregunta sobre Moix definiéndolo como "ese fiscal del que usted me habla". Por cierto, un fiscal cuya dimensión ética es equiparable a la de un cangrejo de río y cuyo salario queda duplicado a partir de ahora tras los servicios prestados desde la Fiscalía Anticorrupción. (Salvo que los "méritos" adquiridos con el cambalache de la empresa panameña le cuesten finalmente un expediente disciplinario). A Rajoy le interesa exprimir la eficacia de su estrategia: convertir en "chisme" todo aquello que sería inadmisible en cualquier democracia mínimamente consolidada.

El caso Moix no ha terminado. Ni mucho menos. De momento ha demostrado que un medio modesto como infoLibre, nacido con la aspiración de depender exclusivamente de sus lectores, puede cumplir su función y generar un debate público con consecuencias políticas. Como también ha demostrado que un Fiscal Jefe Anticorrupción, un fiscal general, un ministro de Justicia y un presidente del Gobierno pueden fracasar en su intento de convertir en "chisme" lo que es un asalto al Estado de Derecho. Ya lo hemos escrito. Cumplamos cada cual su obligación, de forma que entre todos logremos expulsar a los cínicos, a los tontos y a los delincuentes del servicio público.

P.D. Gracias sinceras, en nombre de todo el equipo de infoLibre, por tantos mensajes de apoyo a nuestra labor. Decía el guionista Rafael Azcona que en la vida se puede ser "de todo, menos pesado". Disculpen la pesadez, pero un medio independiente exige lectores comprometidos. Así que contamos con tod@s para seguir intentando ejercer un buen periodismo frente a los sectarismos.

"Hacer política es hacer las cosas a lo grande" y "no ocuparse por los chismes". Así se pronunciaba este jueves el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Burgos, donde había acudido a clausurar unas jornadas de la UGT. Lo hacía pocas horas después de conocerse la dimisión de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción por unas informaciones de infoLibre que apuntaban que es propietario del 25% de una sociedad en Panamá que, a su vez, posee un chalé en la sierra madrileña. A esa hora, los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, socio de investidura del PP, ya habían dejado claro que no les basta con esta baja. Exigen que el fiscal general del Estado y el titular de Justicia sigan el mismo camino.

Rajoy coló ese mensaje, el de los "chismes" al final de su discurso y a pocos les cupo duda de que era una alusión velada al caso Moix. A su llegada al acto había esquivado las preguntas de los informadores sobre la caída del máximo responsable judicial de lucha contra la corrupción. Para el Gobierno, que el miércoles vio cómo se aprobaban los Presupuestos Generales del Estado de 2017, la situación en la Fiscalía se ha convertido en un problema. Un obstáculo al que se suman también los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular, la formación que los sostiene. Y que en los próximos meses harán que el propio Rajoy comparezca en una comisión monográfica en el Congreso y declare como testigo en el marco del caso Gürtel. 

En la "dimisión irrevocable" de Moix, tal y como la calificó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no sólo pesó la forma en la que el Gobierno se fue desmarcando de él en las 24 horas previas. También fue determinante el malestar en el colectivo de fiscales. Si el martes todas las asociaciones profesionales le exigían que diese explicaciones por sus relaciones con la empresa panameña dueña del chalé que heredó junto a sus tres hermanos, a última hora de la tarde del miércoles se quedaba solo del todo. 

Enfado en la carrera fiscal

La Asociación de Fiscales, la mayoritaria, la que había apoyado su nombramiento, le pidió que pusiese su cargo a disposición de Maza al entender que el episodio desvelado por infoLibre comprometía "la imagen de imparcialidad de la institución" y suponía "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal".

Pese a que el Gobierno insista ahora en la separación de poderes y en dibujar una especie de frontera entre Ejecutivo y Poder Judicial, la frontera no ha existido en las últimas semanas. El miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba a los periodistas que desde Moncloa se "respeta" la "autonomía del Ministerio fiscal" y el titular de Justicia, Rafael Catalá, sostenía que "los nombramientos de fiscales no son de confianza del Gobierno". Quedaban menos de 24 horas para que Moix dimitiera por "motivos personales" y se descargó en Maza, su superior, toda la responsabilidad sobre el futuro del fiscal jefe Anticorrupción. Pero no hacía ni un mes que desde el más alto nivel del Ejecutivo, su presidente, y desde la sede de la soberanía popular, el Congreso, se hacía una cerrada defensa de Moix.

"Independencia y personalidad"

Era 10 de mayo y el Pleno de control al Gobierno en la Cámara baja estuvo dominado por el caso Lezo. "Es un profesional con una amplia trayectoria que actúa con independencia y personalidad", defendió Rajoy en respuesta a Pablo Iglesias (Unidos Podemos). Por su parte, Catalá puso también el énfasis en los "30 años" de carrera de Moix. "Funciona con eficacia cada día. Está actuando cada vez más", subrayó el ministro de Justicia. Después, en una interpelación urgente del PSOE fue más contundente todavía al señalar que "la fiscalía anticorrupción funciona de manera brillante". 

Por estas fechas, el Gobierno ya conocía las discrepancias nacidas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción tras las últimas decisiones tomadas por Moix o la sustitución de los fiscales de la presunta financiación ilegal de Convergència. Pero también conocía que, como había publicado infoLibre, Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. 

El favorito de Ignacio González

Tampoco pasó inadvertido que, en unas conversaciones entre el exministro Eduardo Zaplana e Ignacio González que forman parte del sumario de la operación Lezo, el expresidente madrileño, ahora en prisión, asegurase que la llegada de Moix a Anticorrupción sería buena para que marchasen mejor sus problemas con la Justicia. 

Es en este contexto, en el de la defensa cerrada de la actuación de Moix, en el que los partidos de la oposición piden a Catalá y a Maza que rindan cuentas. Desde el PSOE, su secretario general, Pedro Sánchez, aseguró que la dimisión llega "tarde y mal" y evidencia un "cambio de postura" del Gobierno. Por su parte, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, también del PSOE, dijo confiar en que Maza y el ministro de Justicia "sigan el mismo camino". "Está claro", dijo, que "no sirven" para sus puestos.

Por parte de Unidos Podemos, su secretario general de Organización, Pablo Echenique, avisó, horas antes de confirmarse la dimisión de Moix, de que el ya exfiscal Anticorrupción "es un peón". "A Moix lo pone Maza, a Maza lo pone Catalá y, a Catalá, Mariano 'sé fuerte' Rajoy", aseguró en un mensaje en Twitter.

Mientras, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró que la dimisión de Moix "llega mal y tarde", y reclamó que tanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, abandonen sus respectivos cargos.

Catalá insiste en la legalidad

Por su parte, Catalá, uno de los aludidos, afirmó que respeta la decisión de Moix de renunciar por "motivos personales" al no entender que exista "ningún motivo de legalidad para promover su cese más allá de la renuncia personal". Obviaba el ministro que el fiscal Anticorrupción se había marchado después de ofrecer varias versiones contradictorias del episodio de su sociedad en Panamá. El de Justicia es uno de los ministros que más desgaste ha sufrido en este primer tramo de legislatura, gran parte a cuenta de los escándalos de corrupción.

Fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del Fiscal General del Estado, confirmaron en su día a infoLibre que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal, antecesora de Maza, que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabado poniendo en marcha su sucesor. A saber: relevar a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, colocar a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o cesar al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.

En el PP, dieron por "completamente zanjado" el caso con su marcha. Fueron las palabras que empleó el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo.

"En cuanto hay una polémica, algunos tratan de sacar rédito político", lamentó el número tres de los conservadores. "Nadie cuestionará que Moix ha hecho como fiscal un gran servicio a este país, y lo tiene que seguir haciendo, como hay tantos fiscales en España que lo hacen con los normalidad", añadió, según informa Europa Press.

En privado, algunos dirigentes conservadores insistían en la "legalidad" del caso que afecta a Moix. Pero admitían que "chirría" que el responsable judicial de la lucha contra la corrupción tuviese vínculos con paraísos fiscales. Argumentos similares se atrevió a pronunciar en público el expresidente del Congreso, Jesús Posada (PP). En los pasillos de la Cámara baja, donde es diputado, admitía que el caso aunque "ético", no era "estéticamente adecuado". En este sentido, elogió su decisión de dimitir.

En el Gobierno y en el PP han resonado en los últimos días unas palabras que pronunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en abril de 2016, tras la dimisión de José Manuel Soria. "Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno". El ministro de Industria se vio obligado a dejar su cargo tras mentir a la hora de explicar sus vínculos en empresas radicadas en paraísos fiscales. Y es que los conservadores encuentran muchas similitudes entre ambos escándalos.

Tras los Presupuestos...

Este episodio ha empañado a Rajoy uno de sus momentos más dulces de lo que va de esta legislatura en la que Gobierna en minoría con patinazo de por medio después de responder el martes con un "sí" rotundo a la pregunta de si seguía confiando en Moix. El jueves, a pocas horas de la dimisión, el Congreso de los Diputados daba luz verde a los Presupuestos Generales del Estado de 2017,Presupuestos Generales del Estado de 2017 algo que aleja el fantasma del adelanto electoral.

Los conservadores creen que ya han tocado techo en lo que se refiere a la influencia de los escándalos de corrupción en su electorado y que en las próximas generales recuperarán parte del voto perdido gracias a la "recuperación económica". "A partir de ahora nos toca recuperar. Pero casos como este no ayudan en absoluto", mantiene un diputado.

Manuel Moix Blázquez, el fiscal cuyo nombramiento deseaba el presunto delincuente Ignacio González, el funcionario que llegó a jefe de Anticorrupción sin experiencia previa en la materia, ya es historia. Ha durado cien días en el cargo. Entró con puño de hierro y sale por la puerta de atrás, tras avergonzar a decenas de compañeros que ahora respiran aliviados. Ha sido Moix, el BreveMoix, el Breve. Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que era el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, ha tenido que dimitir. En estos dos días y medio Manuel Moix se intentó aferrar al cargo con excusas falsas, que agravaron su situación. El Gobierno pasó de apoyarlo el martes, a desentenderse de su suerte 24 horas más tarde.

Este periódico informó de que Manuel Moix llevaba cinco años y medio siendo copropietario de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. La compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.

Ante la imposibilidad de negar los hechos, Moix intentó aferrarse al cargo mediante dos maniobras: primero dictó a Elespañol.com una versión con algunos datos falsos y otros manipulados, que el periódico que dirige Pedro J. Ramírez publicó sin contrastar. Y cuando infoLibre desveló esas mentiras, hizo una gira por varios medios en la que defendió tres grandes argumentos: primero, que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba "inactiva"; segundo, que no había podido disolverla por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, unos costes de disolución que llegó a cifrar "en 90.000 euros", y tercero, que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 (cambió de versión sobre la marcha). Ninguna de estas tres afirmaciones era tampoco cierta.

Por un lado, Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, siempre ha estado activa. Este lunes, este medio pudo comprobar en el Registro Mercantil el "status" de la compañía seguía siendo el de "vigente".

Por otro, inspectores y técnicos de Hacienda consultados por infoLibre, desmontaron la excusa ofrecida por Manuel Moix de que no pudieron disolver la sociedad panameña porque uno de los hermanos no podía hacer frente a los gastos de liquidación. Mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros. 

Cuestión diferente es que, al disolver la sociedad, los hermanos Moix tendrían que pagar lógicamente determinados impuestos, como el resto de ciudadanos. Pero incluso para evitar el pago de los tributos, los Moix tenían una opción barata: trasladar el domicilio de la sociedad de Panamá a España, sin necesidad de disolverla, de forma que seguiría siendo la titular del chalé de Collado Villalba. Los costes totales de esa operación rondan los 1.600 euros y el fiscal dejaba de tener una empresa en uno de los paraísos fiscales preferidos por los evasores de medio mundo.

Manuel Moix aseguró a Elespañol.com que él y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008. En declaraciones posteriores a varios medios afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, también desmienten esta versión.

El 25 de enero de 1988, la compañía panameña apoderó a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada. La escritura de apoderamiento se firmó ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra. Un mes más tarde, el 24 de febrero de 1988, Margarita Moix actuó como representante de la empresa cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba.

Pero no sólo lo sabía la hermana. El propio Moix hacía décadas que conocía la existencia de la empresa en Panamá. En este sentido, este miércoles, infoLibre publicó unas declaraciones exclusivas del abogado que pleiteó en nombre de la constructora Tereco contra la familia Moix por impago de deudas y alzamiento de bienes. Y desmontan la última coartada del fiscal: que se había enterado de la existencia de la empresa panameña en 2008 [o en 2011]. "El fiscal Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes", relata el letrado José Román Marín de la Bárcena. Y esa declaración se produjo en el año 2000.

La información de infoLibre puso aún más en el punto de mira a un fiscal que había quedado fuertemente debilitado por su actuación en el caso Lezo. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegaron a apoyar en sede parlamentaria al hombre que Ignacio González, ahora encarcelado, quería en Anticorrupción para que marchasen mejor sus problemas con la Justicia. Pero a medida que pasaban las horas, la defensa fue cada vez más fría. Su situación se tornó insostenible. Él mismo pudo comprobar cómo se iba quedando solo: todas las asociaciones de fiscales se pusieron de acuerdo a la hora de exigirle explicaciones urgentes. Hasta el fiscal general del Estado, José Manuel Maza le contradijo al asegurar que desconocía la existencia de esa sociedad panameña.

A última hora de la tarde del miércoles, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, la que había apoyado su nombramiento, le pidió que pusiese su cargo a disposición de Maza, al entender que su participación como propietario en una sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal". Un mazazo para el fiscal jefe Anticorrupción.

Dirigentes del PP y del Gobierno han visto estos días muchas similitudes entre el caso Moix y el caso Soria. El exministro de Industria dimitió después de demostrarse que había mentido a la hora de rendir cuentas sobre sus relaciones empresariales con paraísos fiscales.

Historia de la empresa panameña de los Moix

Duchesse Financial Overseas fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988. Un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió un chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.

El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.

En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal: Margarita Moix. Abogada de profesión, había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.

El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre.

Por tanto, Manuel Moix es dueño desde hace cinco años y medio del 25% de una empresa radicada en uno de los principales paraísos fiscales del mundo. En todo este tiempo evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la compañía panameña. Tampoco contó nada ni a Maza ni al titular de Justicia, Rafael Catalá, según fuentes conocedoras del proceso.

La empresa panameña fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal de Panamá. Entre ellos destaca Aida May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 compañías, y que en la actualidad sigue figurando como tesorera y directora de la sociedad de Moix.

En el proceso de elaboración de la información, este periódico se puso en contacto este lunes por la mañana con el fiscal para conocer su versión, pero Moix se negó a ofrecerla. "Respondo a los medios de comunicación que me preguntan las cosas con educación", llegó a justificar su actitud el fiscal en una entrevista concedida a la cadena Ser. [Consulta aquí el burofax remitido a Moix].

Su papel en el 'caso González'

Antes de desvelar los vínculos de Moix con Panamá, este diario informó en exclusiva de que el máximo responsable Anticorrupción, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

En una conversación interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo González sostenía en que el nombramiento Moix como fiscal Anticorrupción sería "cojonudo" para la marcha de sus problemas judiciales. Su interlocutor era el exministro de José María Aznar Eduardo Zaplana.

En primer lugar, infoLibre desveló que Moix había tapado el caso en 2009, al no investigar una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí: decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para destapar la trama corrupta. Después, nuevos documentos a los que tuvo acceso este diario elvaron a tres las veces que había dado carpetazo al caso. Al episodio de 2009 se sumaba uno previo en 2007 y otro en 2010.

En 2007, archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.

Y en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía él, se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.

El campo de golf del Canal fue inaugurado por Esperanza Aguirre e Ignacio González el 28 de marzo de 2007. Por tanto, las dos denuncias y la querella se presentaron después de que la obra estuviese concluida. En la fase de construcción de las instalaciones deportivas, Dragados había abonado 3,2 millones de euros a una empresa sin apenas actividad, llamada Tecnoconcret, para que instalase el césped del campo de golf. Esa sociedad estaba controlada por la familia González. La Fiscalía podría haber obtenido esos datos simplemente con pedir a la Agencia Tributaria las ventas declaradas de Tecnoconcret. No lo hizo en ninguna de las tres ocasiones en que tuvo que pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010 se lo pidieron expresamente los denunciantes.

La operación del campo de golf del Canal sí ha sido investigada ahora por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es una de las que se describe con detalle en el auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Ignacio González y a su hermano Pablo. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, logró eludir la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Si las cosas que cuenta Manuel Moix sobre su empresa panameña son ciertas, sólo cabe llegar a dos conclusiones: o en su familia había una incomunicación total entre sus miembros, o el padre no confiaba lo más mínimo en el criterio jurídico de su hijo fiscal. Y es que entre los años 1988 y 2000, según los datos que obran en poder de infoLibre, la pequeña constructora Terecon SA inició hasta cuatro procedimientos judiciales distintos contra los Moix y contra su sociedad Duchesse Financial Overseas. Pero según cuenta ahora el fiscal jefe de Anticorrupción, él no se enteró de que sus padres eran dueños de una sociedad en Panamá hasta 2008 o 2011 –en tres días ha dado esos dos años diferentes–.

Ese supuesto desconocimiento choca contra otro hecho. José Román Marín de la Bárcena, el abogado de Terecon SA, explicó este miércoles en declaraciones exclusivas a este periódico que esa coartada no era cierta. “El fiscal Manuel Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes”, aseguró con rotundidad el letrado.

Las declaraciones en fase de instrucción no son públicas, de forma que la presencia de una persona ajena a los declarantes llamó la atención del abogado. Cuando pidió explicaciones, se le indicó que era el hijo fiscal del matrimonio formado por Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. Aunque no le pareció correcta su presencia allí, el letrado prefirió seguir con el interrogatorio.

La causa por alzamiento de bienes era sólo una de las puestas en marcha por la constructora. En total se iniciaron tres procedimientos por la vía civil –uno de reclamación de cantidad, una tercería de mejor derecho y una acción de nulidad– y un cuarto por la vía penal, el citado del alzamiento de bienes.

El calvario judicial que los Moix hicieron pasar al dueño de Terecon SA se completó con un recurso ante el Tribunal Supremo, un incidente previo de especial pronunciamiento y una impugnación de costas.

El origen del pleito

Terecon SA era una empresa que se dedicaba a construir viviendas unifamiliares. Y el padre del fiscal, Manuel Moix Martínez, la contrató para edificar un chalé en un solar de casi 5.000 metros cuadrados que poseía en Collado Villalba.

Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, había comprado la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros construidos.

En vez de pagar al constructor, los Moix pensaron que era mejor idea camuflar el chalé de Collado y trasladarlo a una sociedad panameña. Como desveló infoLibre, el 4 de enero de 1988 se inscribió en el Registro Mercantil de Panamá la sociedad Duchesse Financial Overseas. Pocos días después, el 25 de enero de ese año, esta compañía nombró apoderada a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal. Y el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió el chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. La sociedad panameña estuvo representada por Margarita Moix.

Hay que tener en cuenta que, en aquel momento, dos de los hijos del matrimonio Moix-Blázquez eran juristas: Manuel había aprobado las oposiciones de fiscal en 1986, mientras que Margarita ejercía de abogada en Madrid desde 1983.

José Román Marín de la Bárcena recuerda perfectamente cuál era el argumento que ofrecía el padre del fiscal para no pagar sus deudas: “Manuel Moix Martínez no quería pagar porque decía que él sólo era apoderado de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, pero que no era el dueño”.

Obligado a ir a los tribunales

Una disculpa que le parecía lógicamente absurda al dueño de Terecon SA, que había mantenido todas las negociaciones con Manuel Moix Martínez, quien en todo momento demostró tener pleno dominio para disponer sobre la obra. Así que, a la vista del impago de la deuda y del presunto alzamiento de bienes, contrató al abogado José Román Marín de la Bárcena para que llevase a los tribunales a la familia Moix.

En 1988, Terecon SA planteó una demanda contra Moix Martínez en reclamación de cantidad. El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid ordenó la ejecución. El asunto de la reclamación de cantidad llegó en 1994 al Tribunal Supremo.

Un segundo procedimiento civil, iniciado en 1998, fue un pleito por lo que se denomina una tercería de mejor derecho. Se produce cuando un acreedor (en este caso Terecon SA) afirma que tiene un derecho preferente a que le sea pagada una deuda frente al acreedor ejecutante. La acción se sustanció en el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid y se dirigió contra los padres del fiscal y contra su hermana Margarita. Fuentes judiciales conocedoras del caso explicaron que esta última había alegado que sus padres tenían una deuda con ella, para recibir así el dinero y evitar que cobrase la constructora.

El tercer procedimiento civil fue una acción de nulidad, que correspondió en 2000 al Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Madrid. En este caso, Terecon SA actuó contra la familia Moix y contra la panameña Duchesse Financial Overseas, buscando que se declarase la nulidad de la operación realizada para transferir la propiedad del chalé de Collado Villalba a la sociedad panameña.

Por último, en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid se vio la querella por alzamiento de bienes, interpuesta en 2000 y dirigida por Terecón SA contra el padre del fiscal.

Al final, los Moix decidieron pactar. “Llegamos a un acuerdo extrajudicial: ellos pagaron y mi cliente retiró la demandas. pero sobre el contenido del acuerdo o sobre la forma de pago no puedo desvelar nada porque estoy afectado por el secreto profesional”, señala a infoLibre el abogado José Román Marín de la Bárcena.

Lo que recuerda con pesar es que la actitud de los Moix de no pagar arruinó a su cliente. “Mi cliente era un pequeño constructor que llegó a tener problemas económicos muy graves porque Manuel Mox Martínez no le pagaba”.

En definitiva: trece años de pleitos judiciales en casa de los Moix por el chalé de Collado Villalba, pero el fiscal jefe de Anticorrupción sostiene que nunca se enteró de nada. Ni siquiera cuando estuvo presente en la declaración de sus padres por alzamiento de bienes.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ofreció en los últimos días dos versiones diferentes sobre el momento en que se enteró de que sus padres habían creado una sociedad en Panamá: en una filtración llena de inexactitudes que publicó El Español dijo que había sido en 2008, al morir la madre, y en declaraciones posteriores a varios medios afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. El abogado José Román Marín de la Bárcena, que actuó judicialmente contra la familia Moix por impago y alzamiento de bienes, explica en declaraciones exclusivas a infoLibre que esa coartada no es cierta. “El fiscal Manuel Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes”, asegura con rotundidad el letrado. Esa declaración se produjo hace 17 años.

Las declaraciones en fase de instrucción no son públicas, de forma que la presencia de una persona ajena a los declarantes llamó la atención del abogado. Cuando pidió explicaciones, se le indicó que era el hijo fiscal del matrimonio Moix-Blázquez. Y, para permitir que la declaración continuase adelante, prefirió continuar con el trámite aunque el fiscal Moix estuviese presente.

José Román Marín de la Bárcena, abogado desde 1982, defendió en aquella causa los intereses de una pequeña sociedad denominada Terecon SA. Era una empresa que se dedicaba a construir viviendas unifamiliares. Y el padre del fiscal, Manuel Moix Martínez, lo contrató para edificar en el chalé que tenía en Collado Villalba. Una propiedad que pertenecía a la sociedad de gananciales que tenía con su mujer, Manuela Blázquez Borja.

Cuando llegó la hora de pagar, el padre del fiscal Moix se negó. La deuda se elevaba a varias decenas de millones de pesetas, pero decidió que era mejor idea dejar en la estacada al contratista. José Román Marín de la Bárcena recuerda perfectamente cuál era el argumento que ofrecía para no pagar: “Manuel Moix Martínez no quería pagar porque decía que él sólo era apoderado de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, pero que no era el dueño”.

Una disculpa que le parecía lógicamente absurda al dueño de Terecon, que había mantenido todas las negociaciones con Manuel Moix Martínez, quien en todo momento demostró tener pleno dominio para disponer sobre la obra. Así que contrató a José Román Marín de la Bárcena, que planteó en principio una demanda civil en reclamación de cantidad. Pero el asunto se agravó porque a la hora de intentar embargar bienes a los Moix se encontraron con que el chalé estaba efectivamente a nombre de la sociedad panameña y que cierto dinero que Manuel Moix Martínez tenía en una cuenta bancaria había sido transferido.

Camuflar la identidad de los propietarios

Como desveló infoLibre el pasado lunes 29 de mayo,  el fiscal Manuel Moix es desde principios de 2012 dueño del 25% de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que es la propietaria de un chalé en el municipio madrileño de Collado Villalba valorado en 550.000 euros.

Toda la operación de constitución de la sociedad panameña y de traslado de la propiedad del chalé de Collado Villalba tenía como objetivo camuflar la identidad de los verdaderos dueños del chalé.

Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, había comprado la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros y una parcela de 4.629 metros cuadrados.

A principios de 1988 decidieron camuflar la propiedad. El 4 de enero de 1988 se inscribió en el Registro Mercantil de Panamá la sociedad Duchesse Financial Overseas. Pocos días después, el 25 de enero de ese año, esta compañía nombró apoderada a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada de profesión. Y el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió el chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. La sociedad panameña estuvo representada por Margarita Moix.

De esta forma, aunque el chalé siempre fue de los Moix, formalmente era prácticamente imposible rastrear a los titulares oficiales.

El abogado José Román Marín de la Bárcena no se arredró. Pidió que se inscribiese en la finca, en el Registro de la Propiedad, una demanda de embargo e incluso logró una orden para embargar los muebles. Ante el cariz que tomaban las cosas, la familia Moix prefirió pactar. "Llegamos a un acuerdo extrajudicial, pero sobre el contenido del acuerdo o sobre la forma de pago no puedo desvelar nada porque estoy afectado por el secreto profesional”, afirma el letrado.

El relato que hace el abogado desmiente de forma tajante la versión del fiscal jefe de Anticorrupción, que en estos días pretendía hacer creer que sus padres nunca le habían dicho a los hijos que habían constituido una sociedad patrimonial en Panamá.

No es la única mentira. Como informó infoLibre este miércoles, hay otras tres excusas defendidas por Moix para justificar que sea dueño de una empresa en un paraíso fiscal que también son falsas.

  MOIX SIGUE MUDO CON 'INFOLIBRE'

El pasado lunes, en el burofax que infoLibre envió a Manuel Moix con una serie de preguntas sobre su participación en la empresa panameña, ya se planteaban dos cuestiones sobre este asunto. Eran las siguientes: 

1) En el proceso civil y penal que se desarrollo en su día, a iniciativa de la constructora Terecon SA, ¿tuvo alguna participación D. Manuel Moix Blázquez?

2) En concreto, y en relación con la toma de declaración a D. Manuel Moix Martínez en el marco de dicho proceso judicial, ¿estuvo presente en dicho acto de toma de declaración?

Dos días después, el fiscal jefe de Anticorrupción sigue sin responder. Pese a que lleva unos días ajetreados con entrevistas, desde hace tres semanas boicotea de forma sistemática a infoLibre: ni responde a sus preguntas, ni ha aceptado las múltiples peticiones de entrevista planteadas por este periódico.

El fiscal jefe de Anticorrupción utilizó tres grandes argumentos para intentar justificar que sea desde 2012 dueño del 25% de una sociedad de Panamá, tal y como desveló infoLibre. Manuel Moix aseguró que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba “inactiva”; que no había podido disolverla por “motivos económicos” ya que los “gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos” de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, y que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008. Ninguna de estas tres afirmaciones es cierta.

El pasado lunes 29 de mayo, a las 11.14 horas, este periódico se puso en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para plantearle a Moix una serie de preguntas sobre su participación en la sociedad panameña. Dicha compañía es dueña de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.

A lo largo de la mañana del lunes, infoLibre llamó en cinco ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción y siempre obtuvo la misma respuesta: Moix estaba reunido. Así que, ante su actitud, infoLibre le envió a primera hora de la tarde un burofax de cuatro páginas reproduciendo todas las preguntas sobre el caso y advirtiéndole de que era el único responsable de que la información se publicase sin su versión.

El fiscal jefe de Anticorrupción no sólo evitó responder a infoLibre, sino que intentó lo que en el argot periodístico se llama una "voladura controlada". Se puso en contacto con El Español, medio que dirige Pedro J. Ramírez y que se prestó a publicar una información firmada por María Peral bajo el siguiente titular: "Moix heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años".

Primera falsedad: la sociedad está activa

Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, siempre ha estado activa.

Este lunes, en el Registro Mercantil el “status” de la compañía seguía siendo el de “vigente”.

Inspectores de Hacienda consultados por este periódico destacan la importancia de este hecho: “Tras la publicación de los llamados papeles de Panamá, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá puso al día el censo de entidades, dando de baja provisional a las personas jurídicas que hubieran impagado la tasa única, con anotación marginal de disolución en su caso, publicando a dichos efectos listados de las entidades morosas afectadas para promover su rehabilitación antes de ser disueltas definitivamente. Por tanto, dado que Duchesse Financial Overseas no figura en dichos listados, la tasa única anual de 300 dólares estadounidenses se ha tenido que satisfacer regularmente por los beneficiarios de la entidad o por cuenta de ellos desde 1988”.

Además, explican los inspectores de Hacienda, Duchesse Financial Overseas siempre ha tenido la misma actividad: “Se trata desde el principio de una sociedad patrimonial, que en realidad es una pantalla que oculta y disimula el pleno dominio de bienes y derechos al aparentar ser un inversor extranjero. Esa compañía no hace nada en 2017 que no hiciera en 1988. Es insostenible decir que una sociedad patrimonial con patrimonio se encuentra inactiva”.

Segunda falsedad: es más caro mantener una empresa en Panamá que disolverla

Inspectores y técnicos de Hacienda desmontan también la segunda excusa ofrecida por Manuel Moix: que no pudieron disolver la sociedad panameña porque uno de los hermanos no podía hacer frente a los gastos de liquidación. Y es que mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros.

En otras palabras: dado que Manuel Moix y sus tres hermanos son dueños de la sociedad desde principios de 2012, mantener abierta la compañía durante estos seis años les ha costado entre 2.700 y 5.400 euros, entre seis y doce veces más que si la hubiesen disuelto.

Comprobar estos datos es algo sencillísimo. Basta tener conexión a internet y poner en Google el nombre de algún despacho panameño. Por ejemplo, en la web del bufete Delvalle y Delvalle, en su guía de preguntas más frecuentes sobre sociedades anónimas, plantea como cuestión 56: “¿Cuál es el monto total anual que deben pagar las sociedades anónimas y qué incluye? Y la respuesta que ofrece es la siguiente: “El monto total anual que deben pagar las sociedades anónimas incluye el impuesto anual al Estado de US$300.00 y el pago de agente residente a nuestra firma el cual será el siguiente; US$200.00 (en caso de usted haber nombrado sus propios directores) o US$450.00 (en caso de haber contrato del servicio de directores nominales)”. [Aquí puedes consultar el link]

Otro ejemplo: en el despacho Mata & Pitti, en la pestaña desplegable bajo el epígrafe “costes totales de renovación anual”, se explica que incluyendo a tres directores el coste asciende “a US$ 889.00”, mientras que el total “designando ustedes sus propios directores US$ 568.00”. [Aquí puedes consultar el link].

En cambio, disolver una sociedad cuesta en torno a 550 balboas, moneda panameña cuyo valor de cambio se sitúa alrededor de 0,9 euros. Es, además, un proceso bastante rápido, que se puede completar en un plazo aproximado de 30 días y que simplemente necesita un acuerdo de disolución aprobado por la junta de accionistas y no tener deudas con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

En una entrevista este martes por la noche con Ángels Barceló, en Hora 25 de la Cadena SER, Moix llegó a afirmar que según la información que había recabado en su día disolver una sociedad en Panamá costaba "90.000 euros". La periodista le puso unas declaraciones de José María Mollinedo, secretario general del sindicato del técnicos de Hacienda (Gestha), explicando que el coste era de "450 euros".

Tercera falsedad: los hermanos no conocieron la existencia de la empresa hasta 2008

La tercera falsedad ya la adelantó este periódico en una información de este lunes, titulada “El burofax que infoLibre envió a Moix”, en la que explicaba la intrahistoria de la investigación periodística y el intento del fiscal de realizar una “voladura controlada” a través de la publicación de una versión falsa en El Español.

Manuel Moix aseguró que él y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008.

Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, desmienten esta versión.

El 25 de enero de 1988, la compañía panameña apoderó a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada. La escritura de apoderamiento se firmó ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.

Un mes más tarde, el 24 de febrero de 1988, Margarita Moix actuó como representante de la empresa cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba del que sigue siendo propietaria. La escritura de compraventa se firmó ante el notario de Madrid Félix Pastor Ridruejo.

Es significativo que dos de los hermanos Moix son juristas: Manuel es fiscal desde 1986 y Margarita se inscribió como abogada ejerciente en el Colegio de Madrid en 1983. Se les presupone ciertos conocimientos sobre la utilización de sociedades pantalla, el empleo de fiduciarios y el uso de paraísos fiscales.

Resumamos el penúltimo capítulo de esta vergonzosa historia repleta de atropellos judiciales, de mentiras políticas y de manipulaciones periodísticas. Después de haber documentado el comportamiento ciego y sordo de Manuel Moix ante las sucesivas denuncias sobre Ignacio González, infoLibre descubre que el actual Fiscal Jefe de Anticorrupción es propietario desde 2012 del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, a cuyo nombre está registrado un chalé en Collado Villalba (Madrid). Los cuatro hermanos Moix lo heredaron de sus padres, quienes consideraron conveniente a principios de 1988 ocultar que eran dueños de ese chalé y de los más de 4.600 metros que lo rodean. Hace cinco años y medio de la muerte del padre, y en ese tiempo Manuel Moix y sus tres hermanos han mantenido la empresa constituida en Panamá.

Nuestro compañero Manuel Rico, cumpliendo el código ético que obliga a todo periodista riguroso, llama en cinco ocasiones durante la mañana del lunes a la Fiscalía Anticorrupción para hacerle llegar a Moix las preguntas pertinentes, conocer su versión y publicarla junto a los datos disponibles. “Está reunido”, es la respuesta repetida. A primera hora de la tarde enviamos un burofax de cuatro páginas a Manuel Moix con todas las preguntas relativas al caso, advirtiéndole de que será el único responsable de que su versión no aparezca.

  PURA INTOXICACIÓN

Lo que hace Moix a continuación define (por si quedaran dudas) su concepto del derecho a la información y su (nulo) respeto a la función del periodismo. Es obvio que él entiende mucho más de filtraciones e intoxicaciones varias. Por algo el Plan de Acción de 17 páginas que presentó para optar al cargo hacía mucho hincapié en la necesidad de “acabar con las filtraciones periodísticas”, y se autonombró único portavoz de la Fiscalía Anticorrupción. Incansable a la hora de mentir, llegó a decir públicamente que en España convendría imitar a "Alemania, donde se sanciona al medio que publica filtraciones". Es justo al revés: en Alemania impera el derecho a la información por encima del secreto de sumario. Lo que hace Moix es trasladar su versión de unos hechos aún no publicados a otro periódico, El Español, que la misma noche del lunes cuenta (sin excesivo despliegue) que el fiscal “heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años”. El subtítulo también es tan redondo como atrevido: “El fiscal anticorrupción declaró a Hacienda la existencia de esa empresa, que no ha podido ser disuelta por motivos económicos”.

Manuel Moix sabe (y El Español debería saber) que la empresa panameña Duchesse Financial Overseas es tan activa o inactiva hoy como lo era el primer día, porque fue constituida para figurar como propietaria de ese chalé, y lo sigue siendo. Es posible que el señor Moix haya cumplido todas sus obligaciones con Hacienda, pero para demostrarlo hay un paso sencillo: muestre esas declaraciones de los años correspondientes y el modelo 720, obligatorio para todos aquellos ciudadanos con bienes en el extranjero por más de 50.000 euros. Decir (y publicar) que la sociedad no ha podido ser disuelta en los últimos cinco años y medio “por motivos económicos” es simplemente un insulto a los ciudadanos-contribuyentes-lectores. Si entre cuatro hermanos con empleos de éxito no pueden reunir 400 euros en cinco años para ese trámite cabe sospechar que se debe a que no les da la gana hacerlo. Entre otras cosas porque es más caro mantener abierta esa sociedad que cerrarla.

Preguntado por La Sexta este martes sobre si considera ético ser titular del 25% de una compañía domiciliada en Panamá y ocupar el cargo de Fiscal Jefe Anticorrupción, Moix ha respondido con su desparpajo habitual: “Lo que es ético es que los hijos hereden de los padres”. Vuelve este señor a hacerse el sordo. La cuestión no es si un hijo tiene derecho a la herencia de sus padres (hasta Jordi Pujol empleó tan simplón argumento) sino si un funcionario público al que pagamos por combatir la corrupción, el fraude y, por tanto, la ocultación de bienes en paraísos fiscales, puede tener propiedades domiciliadas en Panamá. Y la respuesta es no, no puede, no debe, no es ético desde ningún punto de vista. Si le interesara escuchar un poco, le bastaría a Moix con haber escuchado al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que al hilo del caso de José Manuel Soria y los ‘papeles de Panamá’ afirmó: “Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno”. Ni en el Gobierno ni mucho menos al frente del órgano responsable de investigar la corrupción. (Si además Moix quisiera aprender algo sobre compromiso ético y justicia, debería visionar este vídeo en el que Carlos Castresana, uno de los primeros fiscales anticorrupción, denunciaba hace unos días durante un acto organizado por infoLibre cómo “grupos criminales han capturado al Estado”).

  PONER FRENO A LA IMPOSTURA

En términos éticos y en términos políticos, la continuidad de Manuel Moix es insostenible, digan lo que digan el fiscal general, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno. Por cierto, ¿qué credibilidad tendrán las explicaciones de los dos primeros ante un Parlamento que ya los ha reprobado? ¿Cuánto tardará Mariano Rajoy en referirse a Moix como “ese fiscal del que usted me habla”? Aunque sólo fuera por un mínimo respeto a los centenares de fiscales que realizan su trabajo honestamente, más le vale a Rajoy dejar de ofenderles y exigir la destitución inmediata de Manuel Moix. El empeño en mantenerlo como cortafuegos del incendio que ellos mismos han provocado es patético, y el daño que hace tal cerrazón al sistema democrático es evidente.

Aparten de una vez sus sucias manos de la justicia, pero también del periodismo. El intento de Moix de perpetrar la “voladura controlada” del escándalo con la inestimable ayuda de El Español es una muestra de los comportamientos a los que este tipo de gente se ha acostumbrado durante años. Pueden tener sociedades domiciliadas en Panamá y a la vez dar lecciones de transparencia y de dignidad, siempre que haya altavoces mediáticos que se presten a la labor de garantizar su impunidad.

En un lúcido ensayo titulado Sobre la tiranía, que es ya un éxito de ventas, el profesor Timothy Snyder va desgranando “Veinte lecciones del siglo XX”. Una de ellas se refiere a la importancia capital de la ética profesional, del compromiso de cada uno con su propio oficio: “Si los abogados hubieran cumplido la norma de que no puede haber ejecución sin juicio, si los médicos hubieran aceptado la regla de que no puede practicarse una operación sin consentimiento, si los empresarios hubieran acatado la prohibición de la esclavitud, si los burócratas se hubieran negado a realizar el papeleo que tuviera que ver con el asesinato, el régimen nazi habría tenido muchas más dificultades para cometer las atrocidades por las que lo recordamos”. (Página 46)

No podemos aceptar el descarado intento de convertir en normal lo que es irregular y excepcional. Ni todos los fiscales son como Moix ni todos los periodistas aceptan ser meros transmisores de intoxicaciones. Cada cual desde su ámbito individual, desde su compromiso profesional y utilizando las herramientas que nos permiten actuar de forma colectiva, debemos sumar esfuerzos para poner freno a tanta impostura. Por eso somos ya decenas de miles los ciudadanos que exigimos la destitución del Fiscal Jefe Anticorrupción.

La empresa panameña de la que es dueño el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal de Panamá. Entre ellos destaca Aida May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 compañías, y que en la actualidad sigue figurando como tesorera y directora de la sociedad de Moix.

Como desveló infoLibre este lunes, Manuel Moix es desde 2012 dueño del 25% de la sociedad Duchesse Financial Overseas. El resto de las acciones pertenecen, a partes iguales, a sus hermanos Margarita, Pilar y José María. La empresa panameña es propietaria de un chalé, valorado en 550.000 euros, situado en la localidad madrileña de Collado Villalba. Los hermanos Moix heredaron la compañía en dos fases: en octubre de 2008, cuando murió su madre, y en 2011, cuando falleció su padre. Desde entonces, ni disolvieron la sociedad ni la trasladaron a España. La han mantenido durante cinco años y medio en el paraíso fiscal de Panamá.

Duchesse Financial Overseas se constituyó en una escritura pública firmada el 22 de diciembre de 1987, ante Olmedo Mario Cedeño, notario quinto del circuito de Panamá. El capital social se fijó en 10.000 dólares estadounidenses, dividido en 100 acciones, y como “objeto principal” se señala el siguiente: “Dedicarse en la República de Panamá o en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero, a comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer, administrar, dar o tomar en préstamo, comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo, o anticresis, toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de lícito comercio”.

De acuerdo con la información que figura depositada en el Registro Mercantil de Panamá, a la que ha tenido acceso infoLibre, ese objeto social sigue siendo el mismo a día de hoy.

La escritura fue elaborada por el bufete Morgan y Morgan, uno de los principales de Panamá. Ese mismo despacho fue designado como agente residente de Duchesse Financial Overseas en el país centroamericano.

Los primeros directores

Los primeros directivos de la compañía fueron tres de los testaferros panameños más activos durante las últimas décadas: Pablo Javier Espino fue designado presidente, Adelina Mercedes Chavarria de Estribi fue nombrada secretaria y Aida May Biggs fue elegida tesorera.

Esta última fue una de las protagonistas de una reciente sesión en el Consejo de EuropaConsejo de Europa, en un debate sobre los papeles de Panamá y las consecuencias de la evasión fiscal, celebrado el 18 de abril de 2016. El portavoz del Grupo Socialista, el belga Dirk Van der Maelen, señaló lo siguiente en su intervención: “Estimados colegas. ¿Alguien en la sala sabe quién es la señora Aida May Biggs? Supongo que no la conocen. Vive en Panamá y tiene 93 años. Nada especial, pueden decir, pero resulta que es la directora de 17.539 compañías off-shore, desde bancos a navieras. Antes de que saltase el escándalo [de los papeles de Panamá] –quizá no me crean, pero es verdad– ella ni siquiera era consciente de ser la directora de 17.539 sociedades. Si, por casualidad, alguna de nuestras Administraciones fiscales averiguase algo sobre uno de estos instrumentos societarios off-shore, la investigación terminaría con el nombre de la señora May Biggs. La Administración fiscal nunca llegaría al verdadero beneficiario o dueño”.

Es decir, la tesorera y directora de la empresa de los hermanos Moix fue mencionada en el Consejo de Europa como ejemplo de la actuación de los testaferros panameños.

Pero lo cierto es que sus compañeros en Duchesse Financial Overseas tampoco se quedan atrás en su actividad societaria: tanto Pablo Javier Espino como Adelina Mercedes Chavarria de Estribi figuran en más de 10.000 compañías vinculadas tanto a Panamá como a otros paraísos fiscales (Bahamas e Islas Vírgenes británicas entre otros).

La función de estos testaferros es servir como personas interpuestas con fines de ocultación, garantizando así el anonimato de los verdaderos dueños que se ocultan bajo el velo societario creado en las jurisdicciones de los paraísos fiscales.

Panamá y Suiza

La escritura de constitución de Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988, así que desde esa fecha ya pudo operar como una sociedad anónima bajo el régimen jurídico panameño.

Pocos días después, el 25 de enero de aquel año, la compañía off-shore nombró apoderada a Margarita Moix Blázquez, la hermana mayor del fiscal Anticorrupción. Este apoderamiento se produjo ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.

Y al día siguiente, 26 de enero de 1988, la compañía convocó una junta de accionistas que procedió a nombrar a la nueva junta directiva. Como presidente pasó a figurar Gerhard Leiss, un abogado alemán con residencia en Zurich, la principal ciudad suiza; como secretaria se designó a Ana Leiss, con el mismo domicilio que el anterior, y como tesorera permaneció Aida May Biggs, la testaferro de las 17.539 compañías.

Así que, cuando el 24 de febrero de 1988 Duchesse Financial Overseas compró oficialmente el chalé de Collado Villalba, la estructura de esta sociedad era la siguiente: tenía su sede en Panamá, estaba presidida por un abogado residente en Suiza y la apoderada era la hermana del ya entonces fiscal Moix.

Operación para camuflar a los propietarios

En aquel momento, la finca y el chalé de Collado Villalba ya eran de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. Y el único objeto de trasladar la propiedad del chalé a una sociedad panameña era camuflar la identidad de sus verdaderos propietarios.

Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, compró la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. Según sus datos, había sido construida una vivienda unifamiliar de dos alturas y con una superficie total de 220 metros cuadrados. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros. Los hermanos Moix, que la tienen a la venta en varios portales inmobiliarios, aseguran que la superficie es de 645 metros cuadrados.

Poco después, en junio de 1987, el matrimonio Moix-Blázquez constituyó una hipoteca con Caja Madrid a cambio de un préstamo de 14 millones de pesetas (84.141 euros).

Y, en febrero de 1988, fue cuando la familia Moix realizó la operación de trasladar la propiedad del chalé a la sociedad panameña que ellos mismos habían adquirido.

La casa de Collado Villalba nunca dejó de pertenecer a los Moix. De hecho, allí era donde residían los padres del fiscal. Y en una de las plantas de arriba se alojaban sus hijos cuando iban a visitarlos, según explicaron a este periódico fuentes próximas a los Moix.

El Telediario 1 de TVE ha relegado al minuto 18 de su emisión la noticia sobre la sociedad en Panamá del fiscal anticorrupción destapada por infoLibre, a quien la locutora se ha referido como "un medio digital". El formato elegido ha sido unas breves colas (imágenes alusivas que se emiten mientras la presentadora lee el texto) en las que se ha dicho que el Fiscal General ha calificado la información "como un asunto particular del señor Moix", mientras los partidos de oposición reclamaban explicaciones. En ningún momento se han ofrecido las declaraciones en imagen del fiscal Maza, del ministro Catalá, ni los portavoces políticos que han exigido el cese del fiscal anticorrupción, y que han sido ampliamente difundidas —incluso en directo— por las cadenas privadas. Especialmente llamativo ha sido el que este asunto, de plena actualidad, ha sido relegado por otros como la segunda sesión del juicio del Caso Liceu, que ha incluido directo y pieza de apoyo, tratamiento otorgado también a las detenciones en Asturias relacionadas con presunta malversación de fondos de la minería en ese principado.

Telediario - 15 horas - 30/05/17

El órgano de representación de la redacción estudia la emisión y formulará preguntas a los responsables editoriales por un tratamiento que, a priori, consideran "claramente insuficiente". Fuentes de ese consejo destacan a infoLibre que "se ha sustraído a los ciudadanos las valoraciones del propio ministro de Justicia, de toda la oposición e incluso las del líder de Ciudadanos, partido que apoya al PP, y que han sido especialmente duras. Es muy grave que no se aporte toda la información sobre un hecho vital para el funcionamiento del sistema democrático". Las mismas fuentes critican que en ese informativo se haya hablado de la decisión judicial para que el presidente del Gobierno acuda en persona a declarar como testigo ante el tribunal del caso Gürtel, sin que se haya explicado por qué tiene que ir (presunta financiación ilegal del PP), ni se haya citado que la decisión del tribunal se produce después que que Mariano Rajoy pidiera por carta declarar por medio de un plasma.

En el transcurso de la tarde, el órgano de representación de la redacción ha escrito en el Inews profesional una nota informativa para todos los trabajadores de Informativos, a la que ha tenido acceso infoLibre. Este es su contenido:

El Consejo de Informativos de TVE os quiere informar de que hemos abierto una nueva investigación por el tratamiento dado en el TD1 de hoy, 30 de mayo, a dos noticias de calado: que el presidente del Gobierno tendrá que declarar en persona como testigo en el 'caso Gürtel' y que el fiscal Anticorrupción ha reconocido tener una sociedad en Panamá.Para elaborar su posterior dictamen, el CdI ha solicitado la siguiente información a la editora del TD1:Declaración de Rajoy– ¿Cuál es el criterio profesional para anteponer en la escaleta una cumbre bilateral a la noticia de que el presidente del Gobierno tendrá que declarar en persona como testigo en el caso Gürtel?– ¿Cuál es el criterio profesional para contar esta noticia en formato colas? ¿Valoraste la posibilidad de hacer un directo y/o una pieza?–  ¿Por qué en el texto se dan los argumentos del Gobierno y del presidente del tribunal y se obvian los de los dos jueces que han decidido que Mariano Rajoy vaya en persona al tribunal?– ¿Por qué no se contextualiza la información explicando por qué tiene que declarar Rajoy en esta causa?– Toda la oposición ha opinado sobre esta noticia, ¿en base a qué criterio profesional decides no incluir estas voces en el Telediario que editas?Sociedad offshore de Moix– ¿Cuál es el criterio profesional para contar esta noticia en formato colas?  ¿Valoraste la posibilidad de hacer un directo y/o una pieza?– Toda la oposición ha opinado sobre esta noticia. El presidente del Gobierno ha dicho que sigue confiando en Moix y también ha hablado el ministro de Justicia. ¿En base a qué criterio profesional decides no incluir todas estas voces en el Telediario que editas?– ¿Con qué criterio profesional decides no incluir en la información que el PSOE ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro Catalá y Ciudadanos la del propio fiscal?– ¿Cuál es el criterio profesional para citar o no la procedencia de una noticia en los telediarios?

El pasado 3 de mayo, infoLibre desveló que Manuel Moix –que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015– impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. Este periódico explicó que, en 2007, Moix archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto. Después vino el archivo de la denuncia de Parque Sí en Chamberí en 2009, realizada a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González. Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.

Pese a los reiterados intentos por conocer la versión del fiscal jefe de Anticorrupción, Moix se ha negado desde entonces de forma reiterada a hablar con infoLibre.

Este lunes, a las 11.14 horas, el periódico se puso en contacto con la Secretaría de la Fiscalía Anticorrupción para plantearle una serie de preguntas sobre Duchesse Financial Overseas. Se trata de una empresa panameña, de la que Moix posee el 25% desde el año 2012. Dicha compañía es dueña de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.

A lo largo de la mañana del lunes, este diario llamó en cinco ocasiones a la Secretaría de la Fiscalía Anticorrupción y siempre obtuvo la misma respuesta: Moix estaba reunido. Así que, ante su actitud, infoLibre le envió a primera hora de la tarde un burofax de cuatro páginas reproduciendo todas las preguntas sobre el caso y advirtiéndole de que era el único responsable de que la información se publicase sin su versión. [Se puede consultar el burofax de forma íntegra al final de esta noticia].

'El Español' publica la versión de Moix

El fiscal jefe de Anticorrupción no sólo evitó responder a infoLibre, sino que intentó lo que en el argot periodístico se llama una "voladura controlada". Se puso en contacto con El Español, medio que dirige Pedro J. Ramírez y que se prestó a publicar una información firmada por María Peral bajo el siguiente titular: "Moix heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años".

La noticia de El Español contiene algunas falsedades evidentes, que podría haber evitado con un mínimo ejercicio de contraste. Así, por ejemplo, asegura que Manuel Moix y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008. La realidad es que la hermana mayor, Margarita Moix, actuó como representante de la empresa panameña en 1988, cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba del que sigue siendo propietaria. Margarita Moix fue apoderada por dicha compañía el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. 

Aunque quizá lo más llamativo sea la explicación que ofrece El Español sobre el hecho de que, cinco años y medio después de que Manuel Moix y sus hermanos heredasen la totalidad de las acciones de la compañía panameña, no la hayan disuelto y sigan siendo sus accionistas: "La sociedad, Duchesse Financial Overseas, está declarada a Hacienda y no ha sido disuelta todavía porque los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos de los hermanos del fiscal, copropietarios de la sociedad", sostiene el digital de Pedro J. Ramírez. Disolver la sociedad cuesta, en el peor de los casos, unos 400 euros. O sea que, según la versión de Moix, uno de los hermanos no ha conseguido reunir a lo largo de cinco años y medio aproximadamente 100 euros. Y el resto de la familia no le ha dejado ese dinero. Las profesiones de los cuatro hermanos Moix son las siguientes: un fiscal, una abogada, una médico y un alto ejecutivo de un grupo de comunicación. Todos ellos están en activo desde hace décadas.  

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño del 25% de una empresa de Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. Esta compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros. Este periódico se puso en contacto este lunes por la mañana con el fiscal para conocer su versión, pero Moix se negó a ofrecerla.

Duchesse Financial Overseas fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988. Un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió un chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.

El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.

En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal: Margarita Moix. Abogada de profesión, había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.

El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre.

Por tanto, Manuel Moix es dueño desde hace cinco años y medio del 25% de una empresa radicada en uno de los principales paraísos fiscales del mundo. En todo este tiempo evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la compañía panameña.

Historia del chalé

Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, compró la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. Según sus datos, había sido construida una vivienda unifamiliar de dos alturas y con una superficie total de 220 metros cuadrados. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros.

Poco después, en junio de 1987, el matrimonio Moix-Blázquez constituyó una hipoteca con Caja Madrid a cambio de un préstamo de 14 millones de pesetas (84.141 euros). 

Y, en febrero de 1988, fue cuando la familia Moix realizó la operación de trasladar la propiedad del chalé a la sociedad panameña que ellos mismos habían constituido.

La casa de Collado Villalba nunca dejó de pertenecer a los Moix. De hecho, allí era donde residían los padres del fiscal. Y en una de las plantas de arriba se alojaban sus hijos cuando iban a visitarlos, según explicaron a este periódico fuentes próximas a los Moix.

Hace dos años, los hermanos pusieron a la venta la casa, pero de momento no han encontrado comprador.

El fiscal no responde

Este lunes, a las 11:14 horas, infoLibre envió por correo electrónico una serie de preguntas al fiscal Manuel Moix en relación con su participación en la sociedad panameña. Pero el fiscal se negó a responderlas. Las preguntas planteadas fueron las siguientes:

1. ¿Declaró D. Manuel Moix, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la titularidad de las acciones de la entidad Duchesse Financial Overseas?

2. ¿Presentó D. Manuel Moix declaración del modelo 720, incluyendo entre los bienes la titularidad del 25% de la entidad Duchesse Financial Overseas?

3. En las declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, ¿realizó D. Manuel Moix la imputación de rentas correspondiente al inmueble de Collado Villalba?

4. ¿Considera D. Manuel Moix ético ser titular real del 25% de una compañía domiciliada en Panamá y, al mismo tiempo, ocupar el cargo de fiscal jefe de Anticorrupción?

Tras ser advertido de que este periódico publicaría la información, el fiscal jefe de Anticorrupción contó la noticia a otro medio digital y le ofreció la siguiente versión: que la sociedad panameña "está declarada a Hacienda" y que cuando el padre murió "los cuatro hermanos pagaron los impuestos sucesorios y presentaron el modelo 720", una declaración que deben realizar ante la Agencia Tributaria quienes tengan bienes en el extranjero valorados en más de 50.000 euros. Además, señaló que la sociedad no había sido disuelta porque "los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por alguno de los hermanos" del fiscal.