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Elisa Mandillo, de 35 años, lamenta que el fallo “despolitice” una acción contra la Ley del Aborto de Gallardón: “Eso no puede suponer una condena en 2020”.
Experto en política educativa y autor de un detallado análisis sobre la Ley Celaá, cree que el texto mejora la Lomce con déficits como vaguedad económica y falta de mirada de futuro: “Está hecha con las gafas de la Logse y la LOE”
Moreno ha lamentado que las cifras de evolución de la pandemia "no han mejorado lo suficiente" desde la entrada en vigor de las restricciones vigentes el pasado 10 de noviembre.
El tercer pacto presupuestario PP-Cs-Vox repite el modus operandi del partido de Abascal, que prioriza los logros simbólicos sobre el impacto en las cuentas.
El juzgado 16 de Sevilla fija declaración del dos veces candidato andaluz de Vox y sus dos exsocios el 8 de febrero.
Los diputados parasarán a ser considerados no adscritos.
El partido ultra alcanza su tercer acuerdo con PP y Cs, que despejan la legislatura pese al al desencuentro entre Casado y Abascal.
El Gobierno andaluz (PP y Cs + Vox) ha dado muestra desde el principio de su interés en privatizar los servicios públicos, entre ellos la Sanidad Pública (SP).
Un total de 94 presos han cambiado de centro penitenciario, 9 de ellos en dos ocasiones.
Asturias, Cantabria, Ceuta, Galicia, Melilla y País Vasco no han diagnosticado ningún caso de coronavirus importado en ese mismo periodo.
La población gitana vive con angustia las restricciones a la venta ambulante, su principal actividad económica.
Andalucía y Aragón autorizan a través de órdenes suspensiones de vacaciones y permisos y cambios de jornada.
Las medidas, que incluyen un adelanto del toque de queda a las 22 horas, entrarán en vigor en la medianoche del martes 10.
La Red Nacional de Vigilancia Epidemiología contabiliza 76 casos, 40 confirmados y 36 probables, con 71 casos en Andalucía, 57 en Sevilla y 14 en Cádiz, y cinco en Extremadura.
El enfrentamiento entre las dos formaciones no se ha traducido todavía en demandas concretas. El pulso es evidente en el Ayuntamiento de Madrid pero no parece afectar al respaldo de los ultras a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la favorita de Vox gracias su cruzada contra el Gobierno de Sánchez.
"La defensa de los intereses de Andalucía se tiene que hacer desde aquí, con los pies clavaos en el territorio, con voces desde Andalucía, y no por caras y burócratas desde Madrid", dice el alcalde de Cádiz.
PSOE, PP y Vox acuerdan, a solicitud de Podemos, la exclusión del grupo Adelante Andalucía de Rodríguez y siete parlamentarios afines por “transfuguismo”.
El dos veces candidato de Vox afirmó en 2018 en una denuncia contra sus exsocios “ninguna participación” en la obtención irregular de una ayuda de 2,48 millones.
Las diez comunidades en el pelotón de cola del PIB per cápita en 2008 siguen rezagadas y siete han empeorado su posición relativa, mientras las cinco más ricas mejoraban.
El Gobierno andaluz está en contra de todas las violencias que son ejercidas en nuestra sociedad", ha declarado la consejera andaluza de igualdad.
Los Gobiernos de Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana se promocionan como destinos para profesionales que trabajan lejos de la oficina.
Fue condenado en noviembre de 2019 a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
“El empleo ha perdido su relevante rol de garantizador de la inclusión social”, concluye el informe laboral de la Fundación Foessa.
La UDEF concluye que el PP financió compañas con las comisiones salidas de la caja B de una constructora a cambio de obras en Roquetas, feudo de Gabriel Amat.
Las medidas de la última versión de la ley desveladas por infoLibre, como la auditoría del expolio y la anulación de condenas, apuntan al reconocimiento moral, no a la compensación económica.
La Policía fue alertada por varias llamadas que indicaban que se escuchaban gritos fruto de una pelea en un domicilio ocupado por ciudadanos rumanos.
La aplicación de la futura ley podría anular la pena a Lluís Companys, cerrar la Fundación Francisco Franco, quitarle el ducado a Carmen Martínez-Bordiú y exhumar a Primo de Rivera.
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