Enrique Ossorio, vicepresidente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), humilló de forma inhumana a las víctimas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid y a sus familiares con unas declaraciones propias de alguien entumecido mentalmente que no siente la más mínima empatía por el dolor de quien ha perdido a su padre, a su abuela o a su hermana en unas circunstancias terribles.

Pero más allá de la rabia e indignación que pueda sentir cualquier persona decente al escucharle, es fundamental analizar fríamente lo que dijo por una razón clave: Ossorio será más o menos torpe dialécticamente, pero sus palabras son la esencia del discurso que el aparato de propaganda y manipulación de Ayuso lleva repitiendo desde hace dos años y medio para ocultar lo que ocurrió y librarse así de cualquier responsabilidad política o penal. Un aparato de propaganda y manipulación que, no lo olvidemos, está formado por dos comandos: el de los comunicadores que diseñan las campañas desde el Gobierno regional y el de los periodistas que difunden ese falso relato a través de sus medios. Ambos, comunicadores y periodistas, son cómplices necesarios de los autores materiales de la barbarie sufrida por miles de personas inocentes en Madrid.  

Veamos antes de nada qué afirmó Ossorio cuando le preguntaron por qué se opone el Gobierno de Ayuso a crear una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid que analice lo ocurrido en las residencias.

Primero: “Pensamos que no tiene sentido [crear la comisión] porque mandamos un mensaje falso a los familiares. Parece que estamos diciendo o sospechando que las muertes que sucedieron se pudieron evitar y eso no es cierto”.

Segundo: “Esto sucedió igual en todo el mundo, esas muertes sucedieron igual en todo el mundo, con alta incidencia en las personas mayores”.

Tercero: “Ahora esta comisión solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar: ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Y volver a esto por interés electoral de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente”.

Analicemos ahora los hechos, la verdad que se busca ocultar con ese discurso perfectamente elaborado. Ossorio no improvisó, sino que iba mirando cada poco las notas que llevaba escritas. Un relato que se sostiene sobre seis falacias.

La Comunidad de Madrid aprobó, el 18 de marzo de 2020, un Protocolo que impedía trasladar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas­– o que sufrían un deterioro cognitivo importante. [Puedes consultar aquí los documentos íntegros con las cuatros versiones que se aprobaron del Protocolo].

Es fundamental recordar un elemento que no se suele destacar lo suficiente: el Protocolo afectaba tanto a personas con covid como a personas con otras patologías. Por tanto, el elemento clave que utilizó el Gobierno de Ayuso para decidir si un residente podía recibir o no asistencia en un hospital fue si esa persona era capaz de moverse por sí misma o si entendía los mensajes que recibía.

El resultado fue que, en marzo y abril de 2020, murieron en las residencias madrileñas 7.291 mayores. Unos centros que tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato, de forma que esas personas fallecieron sin la atención médica adecuada. En aquellos dos meses perdieron en total la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en la propia residencia.

Es falso que en “todo el mundo” se aprobasen Protocolos como el de Madrid. Incluso si Ossorio entendiese que “todo el mundo” es España, tampoco es cierto. Por supuesto, esto no es cuestión de opiniones. Y el debate es facilísimo de resolver: si Ossorio conoce algún Protocolo como el de Madrid, que lo enseñe.

¿Significa eso que no hubo Protocolos en otras comunidades o que en otros territorios no se impidió de forma masiva el traslado a hospitales?

En otras comunidades, como Cataluña, se aprobaron también Protocolos que suponían una discriminación de las personas mayores. Pero en ningún caso establecieron unos criterios de no derivación hospitalaria como los de Madrid, que afectaban a una buena parte de la población residente.

En cuanto a las personas fallecidas en las propias residencias, Madrid también encabeza esa fúnebre clasificación, con el 77% de los mayores muertos aquellos dos meses sin ser trasladados a un hospital. Un porcentaje que en Cataluña fue del 72% y en Castilla y León del 69%. En Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) sostiene que no tiene ese dato, el porcentaje también se situó en torno al 70% según apuntan otros indicadores del impacto de la pandemia en las residencias.

Pero esa cifra se situó en el 6% en Canarias, en el 37% en Cantabria y en el 50% en Galicia, de forma que miente quien diga que ocurrió lo mismo “en todo el mundo”.

Es cierto que, en aquellas fechas, la propia Ayuso acusó de mentir a quien afirmase que los hospitales madrileños estaban colapsados. Pero supongamos que era ella quien mentía y que realmente los hospitales estaban desbordados. ¿Qué sentido tenía llevar a los mayores a un hospital donde tampoco iban a poder recibir un tratamiento?, como preguntan los defensores de la presidenta madrileña.

El problema es que esa pregunta se olvida de lo que el Gobierno regional bautizó como el “hospital milagro”, el centro creado en Ifema con capacidad para tratar a 5.500 personas con covid, según los datos oficiales del equipo de Ayuso.

El hospital de campaña estuvo operativo seis semanas, entre el 21 de marzo y el 30 de abril, y en ese periodo sólo fueron trasladados allí 23 personas que vivían en residencias. Todas ellas tenían síntomas leves. Ifema atendió finalmente a 3.811 personas, así que esos 23 residentes supusieron el 0,6% del total.

Es más, Ayuso decidió cerrar Ifema con el argumento de que los contagios en la región se habían reducido y la presión sobre los hospitales era menor. La realidad es que en los nueve días anteriores al cierre perdieron la vida 960 mayores que vivían en geriátricos de la Comunidad de Madrid.

Es completamente falso que “en todo el mundo” se decidiese no atender en los recursos hospitalarios creados para combatir el virus a las personas mayores de las residencias. En realidad, lo cierto es lo contrario: no se conoce ningún otro ejemplo en el mundo –entendido aquí “mundo” como todo el planeta y no sólo España– donde se crease un hospital de emergencia para tratar a los pacientes enfermos de covid y no se llevase a dicho hospital a los enfermos de covid que más necesitaban el tratamiento para sobrevivir.

Durante el tiempo que estuvo abierto Ifema, murieron en las residencias de Madrid más de 5.000 mayores con covid. Ninguno fue llevado a ese hospital-milagro.

Dos años y medio después de aquellos hechos, el Gobierno de Ayuso aún no ha sido capaz de explicar por qué no se utilizó Ifema para tratar allí a los residentes y por qué se cerró dicho recurso cuando cientos de ellos seguían muriendo cada día.

El sistema ideado por el Gobierno de Ayuso para evitar que las personas mayores que vivían en residencias llegasen a los hospitales se basaba en tres pilares: el Protocolo que establecía los criterios de no derivación, la creación de la figura de los “geriatras de enlace” en los hospitales que eran quienes tenían que autorizar cualquier traslado, y la prohibición de que las ambulancias de la sanidad pública fuesen a recoger a una persona a una residencia si no contaba con el visto bueno previo del geriatra de enlace.

De esa forma, si la directora o el médico de la residencia pretendía saltarse el veto del geriatra de enlace llamando directamente a una ambulancia, fracasaría ya que esta no iba a la residencia.

Pero esas eran las normas para las personas con una tarjeta sanitaria pública. Si el residente contaba con un seguro privado, entonces podía llamar a una ambulancia privada que iría a recogerlo a la residencia y lo trasladaría a un hospital privado.

Es más, con los hospitales privados ocurrió lo mismo que con Ifema. Ni una sola persona fue trasladada desde una residencia a un hospital privado si era usuario de la sanidad pública. Y ello a pesar de que, el 29 de abril de 2020, Ayuso afirmó lo siguiente en la Asamblea de Madrid: “El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!” [puedes consultar aquí el diario de sesiones].

Puede que ese sistema “histórico” haya salvado muchas vidas, pero desde luego no de quienes vivían en las residencias de Madrid, puesto que ni un solo usuario de la sanidad pública fue trasladado desde una residencia a un hospital privado.

Es falso, de nuevo, que “en todo el mundo” se discriminase a los residentes según su capacidad económica, de forma que quienes tenían un seguro privado si recibían asistencia hospitalaria y quienes no lo tenían se quedaban sin ella. De hecho, al igual que ocurre con Ifema, lo cierto es exactamente lo contrario: no se conoce ningún caso en el mundo de una discriminación similar. Y, por supuesto, también aquí Ossorio tiene fácil resolver el debate : basta con indicar en qué país del planeta o en qué comunidad autónoma de España se implantó un sistema similar.

Ossorio se opone a enviar el “mensaje falso a los familiares” de que “las muertes que sucedieron se pudieron evitar" porque "eso no es cierto”.

La primera pregunta es obvia: ¿cómo lo sabe Ossorio? ¿Ha tenido acceso a los expedientes médicos de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias? ¿Tiene poderes adivinatorios para saber qué habría ocurrido con esos 7.291 mayores si hubiesen recibido tratamiento médico adecuado?

Obviamente, nadie podrá saber jamás cuántos se habrían salvado y cuántos habrían fallecido igual. Pero hay dos cuestiones esenciales a tener en cuenta en relación con este tema.

La primera es de pura lógica. ¿De verdad alguien puede afirmar que si un sistema sanitario avanzado como el madrileño hubiese tratado a 7.291 personas, unas con covid y otras no, habrían fallecido las 7.291? ¿Los médicos y enfermeras de la sanidad madrileña no habrían podido salvar la vida ni de una sola de esas personas?

La segunda es que existe ya una prueba clara de lo contrario. Los traslados a los hospitales en Madrid estuvieron paralizados básicamente entre el 16 de marzo y el 5 de abril. infoLibre publicó los datos tanto de fallecimientos diarios de residentes como de derivaciones hospitalarias. Pues bien, en cuanto se recuperan los traslados a partir de la segunda semana de abril, se reducen de forma notable los fallecimientos. Una prueba de que, efectivamente, parte de los pacientes que son trasladados a un hospital salvan la vida.

Esta mentira de Ossorio es quizá la más sencilla de desmontar.

La actual legislatura se inició tras las elecciones del 4 de mayo de 2021. Una de las primeras iniciativas de la oposición fue pedir que se reactivase la comisión de investigación sobre las residencias, que estaba funcionando antes del adelanto electoral. El PP y Vox lo rechazaron y enterraron aquella comisión de investigación. Eso ocurrió el 16 de julio, a los pocos días de constituirse la Asamblea de Madrid. Los familiares lo consideraron “una puñalada trapera a las víctimas”.

Ahora, Vox plantea crear una comisión de estudio, que tiene un rango y una posibilidad de actuación mucho menor que el de una comisión de investigación. Faltan menos de siete meses para las próximas elecciones autonómicas y el PP también se opone.

Es fácil de entender que si alguien rechaza una comisión justo cuando comienza la legislatura y también cuando esta se aproxima a su fin, el calendario electoral no tiene nada que ver.

Pero, una vez más, hay una salida fácil para Ossorio: que explique en qué momento de la legislatura se puede constituir una comisión sobre lo ocurrido en las residencias sin que sea “electoralismo”. Y una vez localizada esa fecha, seguro que no habrá problema para que el Gobierno de Ayuso se comprometa a apoyar la creación de dicha comisión en el día elegido por el propio PP.

Esto es una cuestión de Perogrullo: si alguien quiere saber qué opina el señor Ossorio sobre algún tema, lo lógico es preguntarle al señor Ossorio. Pues con los familiares de las víctimas de las residencias ocurre lo mismo. Si Ayuso, Ossorio o cualquier otro miembro del PP de Madrid desea saber lo que opinan, basta con que se pongan en contacto con ellas [aquí se lo explican, por cierto].

En Madrid hay tres asociaciones de familiares de residentes: Pladigmare, Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Ni Ayuso ni ningún otro dirigente del PP madrileño las ha recibido en estos dos años y medio.

Otro hecho que llama notablemente la atención, ¿verdad? Si la gestión ha sido tan excelente, ¿por qué no se lo explican cara a cara a los familiares de las víctimas? ¿Por qué no se reúnen Ayuso y Ossorio con esos familiares para convencerles de que intentar conocer la verdad de lo que ocurrió es “electoralismo”? ¿Por qué no les explican cómo saben ellos que ni una sola de las 7.291 personas se habría salvado en un hospital? ¿Por qué no les cuentan las razones por las que tenían recursos hospitalarios para tratar a los mayores, como Ifema y los centros privados, pero no los pusieron a su disposición? ¿Por qué no les indican los motivos para permitir la derivación de las personas con seguro médico privado y prohibírsela a las demás? ¿Por qué no les hablan de las bondades de no atender en un hospital a un enfermo si va en silla de ruedas o tiene deterioro cognitivo?

El pasado domingo, El Periódico publicó una entrevista con Ayuso y le preguntó sobre este tema. El diálogo fue el siguiente:

– ¿Tiene previsto recibir a las asociaciones de familiares de las víctimas después de dos años?

– La Consejería de Sanidad se reúne con numerosas asociaciones de toda índole.

– Digo usted como presidenta.

– Bueno, dependiendo… No me dejo llevar por la presión ni por el relato político. En este caso lo que hago es atender a muchos ciudadanos que no tienen por qué ir vía asociación y respondo al 100% de ellos, por cierto.

La Consejería de Sanidad quizá se reúna con asociaciones de toda índole, pero desde luego no lo ha hecho ni con Pladigmare, ni con Marea, ni con Verdad y Justicia. Y los familiares de las víctimas de las residencias no merecen ser recibidos porque tienen un “relato político”. ¿Queda ya claro por qué lo de Ossorio no ha sido un desliz?

Es difícil de creer, pero es así: tuvieron alternativas para tratar médicamente a esas 7.291 personas y no las utilizaron. Llevan dos años humillando a los familiares de las víctimas con mentiras como que el Protocolo era “un borrador” que no se llegó a firmar. Y ahora ya se atreven incluso a hablar en su nombre. ¿Qué será lo siguiente?

¿Los políticos que nos gobiernan llevarían a su madre a una residencia donde tuviera que compartir habitación con una desconocida? ¿Permitirían que a su padre lo levantasen a las seis de la mañana porque el escaso personal tiene que empezar a esa hora a asear y vestir a los residentes si quieren que todos estén listos para desayunar a las nueve? ¿Les parecería aceptable que sus padres estuvieran horas y horas con un pañal sucio?

Eso es exactamente lo que ocurre en muchísimas residencias de mayores de toda España. Una situación inhumana, que viola derechos fundamentales y la dignidad de esas personas.

Seamos claros: los viejos no importaban antes de la pandemia y siguen sin importar ahora. Parecía razonable pensar que después de la brutalidad de la primera ola, cuando más de diez mil residentes fallecieron sin recibir la atención hospitalaria a la que tenían derecho –especialmente en Madrid, Cataluña y las dos Castillas–, la sociedad se escandalizaría y obligaría a los políticos a poner en su agenda de prioridades el cambio de modelo residencial.

Pues no. La sociedad los ha enterrado sin mayor escándalo y, en casos como Madrid, la mayoría de los votantes incluso ha premiado la nefasta gestión de Isabel Díaz Ayuso. Entre la libertad (propia) de tomarse unas cañas y el derecho (ajeno) a la vida de unos ancianos, han optado por las cañas. Todo un ejemplo de solidaridad y empatía. La inmensa mayoría de jueces y fiscales no consideran ni siquiera que haya que investigar lo ocurrido, con mención especial a la indigna pasividad de la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado. Y, a la vista del jolgorio general, los políticos han decidido que mejor seguir mirando hacia otro lado. Total, si los muertos no votan y a los vivos diez mil viejos más o menos no parecen importarles, por qué se van a preocupar ellos.

La última expresión de este panorama ha sido el acuerdo aprobado este martes en el Consejo Territorial, donde se sientan Gobierno central y comunidades autónomas, sobre el nuevo modelo de residencias.

El acuerdo tiene algunos aspectos positivos. Negarlo sería una insensatez. 

Para empezar, es necesario recordar que ahora ya existe un marco legal, vigente desde el año 2008 y que es completamente anacrónico. Pasar de la Edad de Piedra a la Edad Media es un avance, claro.

Es también un avance que se consagre el derecho de los residentes a recibir una atención libre de sujeciones, respetando así la dignidad de las personas mayores, aunque quizá se podría haber acortado el periodo de transición de tres años para implementar la medida.

Son un avance los nuevos requisitos en la contratación, de forma que al menos el 80% de los contratos tengan que ser indefinidos y el 66% a tiempo completo, lo que ayudará a mejorar la situación laboral marcada por la precariedad que viven miles de trabajadoras en un sector cuyo convenio lleva tres años bloqueado. Y donde no son pocas las empresas que se apoyan en los bajos salarios para apuntalar sus beneficios.

Y quizá el mayor avance de todos "era" la obligación de que todas las residencias se organizaran en pequeñas unidades de convivencia estables, con un máximo de 15 residentes y espacios comunes, de forma que los centros se parezcan lo máximo posible a un hogar. Que es lo que deben ser. Escribo “era”, en pasado, porque en el Consejo Territorial de este martes han decidido que esa obligación ya no afectará a todas las plazas, sino "al menos a un 80%". Fuentes de la negociación aseguran que el objetivo es dejar cierto espacio a otros modelos, como los miniapartamentos o el cohousing, siempre que se garantice la obligación de crear "un ambiente hogareño". Veremos si no termina convirtiéndose en un butrón por donde se cuelen los espabilados de siempre.

Y hasta aquí el vaso, no medio lleno ni mucho menos, pero sí con algunas gotas de agua que antes no estaban. Vamos a la parte vacía.

El acuerdo se pasa por el forro el derecho a la intimidad de los mayores. Establece que al menos el 65% de las habitaciones tendrán que ser individuales... pero solo en las residencias de nueva construcción. En la actualidad hay más de 5.200 centros operativos y, pese a que es un sector en plena expansión, será difícil que en las próximas décadas se abran cada año cien nuevas instalaciones. Así que, con algo de suerte, dentro de medio siglo habrá un parque residencial donde el 65% de las habitaciones tendrán que ser individuales. ¡El 65%! Parece una obviedad que todas las personas tienen derecho a la intimidad y que, por tanto, todos los residentes deberían tener el derecho a vivir en una habitación individual salvo que ellos voluntariamente decidiesen lo contrario –por ejemplo, por ser pareja– o por razones médicas que lo aconsejasen.

Pues esa obviedad al parecer no es tal para quienes este martes estaban reunidos en el Consejo Territorial que aprobó el acuerdo.

El acuerdo se pasa por el forro la necesidad de terminar con las macro-residencias. Durante la pandemia, los contagios y la mortalidad fueron mayores en los centros de más de cien plazas –en términos proporcionales, obviamente–, como atestiguan dos estudios realizados por los Gobiernos autonómicos de Castilla y León (PP) y Navarra (PSOE). En este caso, el truco vuelve a ser el mismo que con las habitaciones individuales: las residencias no podrán tener más de 120 plazas... pero solo las de nueva construcción. Quizá cuando se jubilen quienes ahora están terminando la ESO haya un parque residencial con un tamaño razonable. ¿Y cuánto costaría reformar todos los centros ahora existentes, de forma que ninguno tuviera más de 120 plazas? Fuentes del Gobierno central aseguran que han hecho el cálculo y que la cifra estaría en torno a los 8.000 millones, menos del 1% del PIB. Este país va a incrementar el gasto en Defensa en un 1%, aumento que se consolidará año tras año en los Presupuestos, ¿pero no tiene 8.000 millones para reformar las casas donde viven varias decenas de miles de ancianos? Sería mejor que antes de gastar el dinero en misiles, lo gastásemos en garantizar unos cuidados dignos a la generación que levantó el Estado del bienestar en España (y a las que vengan detrás). Sí, ya sé que gastar en tanques genera empleo, como repite la ministra de Defensa, pero digo yo que invertir en servicios sociales no lo destruirá, ¿no?

Pero claro, el verdadero problema de reformar las residencias para que ninguna tenga más de 120 plazas no son solo los 8.000 millones. Es que los grandes grupos del sector, que son quienes explotan de forma mayoritaria las macro-residencias, verían reducido de repente su negocio de forma considerable. Y lo mismo ocurre por supuesto con la obligación de tener habitaciones individuales. Y ahí, amigos, ya estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de los que se embolsan millonadas a costa del malestar de las personas que deben cuidar.

El acuerdo, en fin, se pasa por el forro la necesidad de contar con unas ratios de personal que garanticen unos cuidados dignos a los mayores y una actividad laboral decente a las cuidadoras. Las ratios se mejoran, sin ninguna duda, pero, como denuncian las asociaciones de familiares de residentes, quedan aún lejísimos de lo que sería necesario. Y no hay probablemente ningún otro factor que influya tanto en la calidad de vida de los residentes como el número de personas que los atienden. Cuando los mayores permanecen todo el día ante un televisor sin que nadie les hable, cuando se pasan horas con un pañal sucio sin que nadie se lo cambie, cuando sufren una caída y tardan en atenderles... la responsabilidad esencial hay que buscarla en las bajas ratios de personal. No podemos pretender que una trabajadora cuide bien a 15 personas mayores, muchas de ellas dependientes.

El Ministerio de Derechos Sociales ha hecho algunas cosas bien. Para empezar, crear dos mesas de diálogo donde escuchar a los actores implicados. Y sus responsables destacan que este acuerdo es un primer paso importante, que supone establecer un rumbo acertado a un barco que iba a la deriva y que debe servir para que todos tomemos conciencia de la necesidad de cambiar el modelo residencial. Ojalá tengan razón.

Pero si uno compara el primer borrador que puso sobre la mesa de negociación el Ministerio de Derechos Sociales y el que se ha aprobado este martes, encontrará la diferencia entre un cambio significativo de modelo y unos parches necesarios pero completamente insuficientes. 

Hay importantes entidades que han mostrado su apoyo público al acuerdo, entre ellas la Mesa Estatal de Personas Mayores. Sin embargo, el equipo del secretario de Estado que lleva meses negociando, Nacho Álvarez, no ha logrado ni siquiera un sí crítico de los principales sindicatos. Y las asociaciones de familiares de residentes hablan directamente de "decepción".

Las patronales están en contra, pero eso es lo de menos, lo relevante es que viven en otro planeta. Hace unas semanas llegaron a sacar una nota de prensa en la que directamente mentían sobre las obligaciones que fijaba el acuerdo. En el sector hay residencias que hacen bien su trabajo y es una pena que su voz esté secuestrada por los intereses de los grandes grupos en manos de fondos de inversión, multinacionales y millonarios patrios. Su obsesión por acumular beneficios gracias al dinero público, caiga quien caiga, les inhabilita como interlocutores serios. El respeto hay que ganárselo. Cuando sean capaces de redactar una nota de prensa o pronunciar un discurso donde se hable de los derechos de los mayores, y no de los euros que costaría garantizar esos derechos, podrán pretender que se les tome en serio. Mientras tanto deberían taparse un poquito, que estamos hablando de la dignidad de miles de personas.

En el Consejo Territorial el acuerdo se aprobó por la mínima, gracias a las comunidades gobernadas por los socialistas. Votaron que no Euskadi y Cataluña, por entender que invade competencias autonómicas. Votaron que no las comunidades gobernadas por el PP, en una muestra más de cómo entiende la política el moderadísimo y pulcrísimo Alberto Núñez Feijóo. Votó que no Castilla-La Mancha, porque dice Emiliano García Page que nadie garantiza la financiación para cumplir el acuerdo. Algo que desde el Ministerio de Derechos Sociales matizan (a medias), puesto que aseguran que con el dinero que aportará el Estado este año o el próximo será suficiente para cumplir los nuevos requisitos. ¿Y en 2024? Bueno, eso dependerá del Gobierno de turno. Una respuesta nada tranquilizadora, si tenemos en cuenta que Mariano Rajoy ganó en 2011 por mayoría absoluta unas elecciones tras anunciar que el gasto en Dependencia no era "viable" y había que recortarlo. Y esa promesa, mira tú por dónde, sí la cumplió. En lo de que el rescate bancario no costaría ni un euro a los ciudadanos tuvo una pequeña desviación de 50.000 millones de euros. Migajas.

¿Qué hacer? ¿Resignarse a vivir en la Edad Media el próximo medio siglo, felices porque hemos dado un salto importante desde la Edad de Piedra?

No parece un plan aceptable. Creo que hay que dar la batalla en todos los frentes. En los tribunales, en las instituciones y en la calle. La Plataforma que agrupa a la mayoría de asociaciones de familiares de España ya ha anunciado una manifestación para septiembre. Deberíamos empezar a trabajar, desde hoy mismo, para que esa marcha sea un gran éxito.

Una sociedad donde los viejos no importan es una sociedad de mierda.

Les imagino a estas alturas conocedores de que ya está en Madrid un Churchill redivivo, de nombre Alberto, para quien los amanuenses no encuentran suficientes loas y alabanzas. Mira que es rico el castellano, pues aun así faltan adjetivos. De momento, todas sus decisiones se cuentan por luminosos aciertos. Tuvo que decidir entre un político que pedía explicaciones sobre un posible caso de corrupción o la hermana del comisionista que quería tapar el escándalo, y optó por la encubridora. Tuvo que decidir entre pactar con la extrema derecha en Castilla y León o actuar como los partidos de la derecha democrática europea, y eligió abrazarse a Vox. Tuvo que decidir entre seguir con el no a todo en el Congreso o facilitar la aprobación de un decreto de ayudas contra la crisis, y logró que acertase a votar en contra hasta el diputado Casero.

Con este expediente sin mácula, ¿alguien en su sano juicio puede quitarle la razón a los palanganeros que nos presentan a Alberto como la moderación personificada, un hombre de Estado sin igual, un gigante de la política con mayúsculas?

Creo, sin embargo, que no se ha destacado lo suficiente otra de las genialidades de Alberto: definir como “pillos” a quienes roban a sacos llenos el dinero de los contribuyentes. “Ha habido pillos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no teníamos material”, explicó cuando le preguntaron por los comisionistas-saqueadores del Ayuntamiento de Madrid. Es preciso ponderar también en su justa medida la traslación de responsabilidades en el mundo de Alberto. ¿Por qué hubo pillos? Porque no teníamos material. Son culpables las circunstancias, no los ladrones.

infoLibre ha localizado a uno de esos “pillos”, Philippe Haim Solomon, quien al parecer se llevó para su saca 2,5 millones de euros por unas mascarillas inservibles. Las palabras de un brivoncete –evitemos calificativos que puedan herir la sensibilidad de Alberto– hay que tomarlas siempre con mucha precaución, pero Solomon dibuja un panorama donde el Ayuntamiento de Madrid no destaca precisamente por su diligencia a la hora de reclamarle el dinero o de ayudar a la Justicia a encontrarlo. Que dicho sea de paso, tampoco era una misión imposible. A ver si van a pensar que en infoLibre contratamos los servicios de inteligencia de Ángel Carromero para dar con el paradero del tal Philippe.

Y aquí es donde está el meollo de la cuestión, da igual que hablemos del presunto estafador Solomon que de los presuntos estafadores Medina-Luceño: una vez que el Ayuntamiento de Madrid se dio oficialmente por estafado, ¿qué hizo el alcalde Almeida para recuperar el dinero y lograr que paguen los supuestos delincuentes?

Es para mosquearse, ciertamente, el atasco de granujas –evitemos calificativos que puedan herir la sensibilidad de Alberto– que había aquellos días alrededor de la M-30. Es como si la Internacional de los Pillos hubiera avisado a todos sus socios de que existía un lugar llamado Ayuntamiento de Madrid donde pronunciabas la palabra mascarilla y antes de que te dieras cuenta tenías un par de millones en tu cuenta bancaria. Pero seamos empáticos y pensemos que a cualquiera de nosotros nos podía haber ocurrido algo similar en un contexto tan excepcional. Que el culpable es el pícaro –evitemos calificativos que puedan herir la sensibilidad de Alberto– que engaña y no el Almeida engañado.

Lo que sí es responsabilidad de Almeida es su inacción total al no denunciar la estafa de los Medina-Luceño. ¿En qué cabeza cabe que te roben seis millones y no vayas a los tribunales?

Lo que sí es responsabilidad de Almeida es su inacción (casi) total en la persecución de Solomon. Esta vez sí puso una denuncia, pero no movió un dedo cuando se archivó la causa por estar ilocalizable un pillo al que el Ayuntamiento tenía más que fichado.

Lo que sí es responsabilidad de Almeida es la falta total de transparencia, que llega al extremo de no querer confirmar si al granuja Solomon le pagaron los 2,5 millones del contrato o solo la mitad. ¿Tan difícil le resulta entender que los millones que fueron para la saca no son suyos, que son de los contribuyentes, y por tanto tiene la obligación de ofrecer explicaciones públicas detalladas e inmediatas?

Una cosa es tener una plantación de pillos en la plaza de Cibeles y otra que, cuando los ves saliendo con la saca de millones por la puerta del Ayuntamiento, en vez de perseguirlos te vayas a dar divertidos saltitos a un parque.

El fiscal jefe Anticorrupción es una persona con una dilatada experiencia profesional, así que no necesita el consejo de ningún humilde periodista. Pero es también sabido que a veces los dioses ciegan a algunos hombres y sería una pena que Alejandro Luzón no viese con nitidez la realidad que tiene ante sí.

Esa realidad se puede resumir en once palabras: la investigación más sencilla en la historia de la Fiscalía Anticorrupción.

Alejandro Luzón firmó este martes un decreto incoando unas diligencias de investigación relacionadas con un contrato adjudicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el que se lucró su hermano Tomás, el comisionista. Una investigación que asume el propio fiscal jefe. Es un asunto que puede resolver en cuestión de días, quizá horas.

Lo primero es preguntar a la Agencia Tributaria qué ingresos ha tenido Tomás Díaz Ayuso durante los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Es decir, en los dos años anteriores a que su hermana fuese elegida presidenta madrileña y en los tres ejercicios siguientes.

Si no se ha producido ningún incremento importante en sus ingresos, puede Luzón cerrar de forma inmediata la investigación. No habiendo un beneficio atípico, cabe deducir en buena lógica que tampoco pudo existir tráfico de influencias ni ningún otro delito.

Lo dicho, cuestión de horas. Se analizan cinco datos y, pum, archivado.

En cambio, si los datos fiscales mostrasen un aumento desmedido de los ingresos de Tomás justo en los dos últimos años, la investigación quizá tendría que prolongarse durante algunos días. Justo el tiempo que la Comunidad de Madrid tardase en responder al siguiente oficio enviado desde la Fiscalía Anticorrupción: “Indique qué contratos ha adjudicado el Gobierno a las empresas que se relacionan a continuación, desde 2019 hasta la fecha, señalando en cada caso importe, fecha y modalidad de contratación”. Y las empresas que se deben incluir en la relación son aquellas que, de acuerdo con los datos aportados por la Agencia Tributaria, hayan pagado en los dos últimos años a Tomás, el comisionista.

Si esto no es un caso para lucirse, que bajen los dioses y lo vean.

Pero mucho me temo que, si las casas de apuestas británicas aceptaran pronósticos sobre el resultado de la investigación, a día de hoy serían más altas las probabilidades de que los dioses cieguen a a Luzón, que las posibilidades de que Luzón deslumbre a los dioses.

¿Y de dónde procede esa intuición? Pues del contenido del decreto y de los antecedentes de la Fiscalía Anticorrupción con Isabel, la hermana del comisionista.

En su decreto, Alejandro Luzón sostiene que las denuncias presentadas en la Fiscalía por los tres partidos madrileños de la oposición conforman un relato de hechos “que no constituyen indicios razonablemente verosímiles” de la existencia de delito alguno.

Umm, ya están ahí los dioses cegando. Que no digo yo que las tres denuncias no contengan una secuencia de hechos francamente mejorable, o que incluso no acierten a la hora de perfilar los presuntos delitos. Pero si a todo un señor fiscal jefe Anticorrupción no le saltan los indicios ante un hermano que cobra como comisionista de los contratos que adjudica el Gobierno de su hermana... Regular, tirando a malo.

Y luego están los antecedentes. En el verano de 2019, infoLibre publicó una enorme cantidad de datos y pruebas documentales sobre un presunto alzamiento de bienes en el que habrían participado y del que se habrían beneficiado Isabel y Tomás. Por hacer corto el relato: los padres de la presidenta madrileña le donaron a ella y a su hermano dos inmuebles el 7 de octubre de 2011, para evitar que dichos bienes fuesen embargados por Avalmadrid [puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por este periódico sobre el caso]. 

Es sin duda legítimo el debate sobre si ese posible delito existió o no, o si en caso de existir estaba prescrito o incluso si se podía considerar o no a los hermanos Isabel y Tomás autores del mismo. Seguro que se encuentran reputados juristas que ofrezcan respuestas diferentes a esas cuestiones.

Pero hay un asunto que está fuera de cualquier debate: la entonces número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez Pantín, ordenó el archivo de la denuncia que había presentado Más Madrid con un decreto lleno de falsedades. Y esto no es ni una opinión, ni una interpretación jurídica. Ese decreto de archivo contenía mentiras escandalosas sobre hechos, mentiras flagrantes sobre asuntos fácticos (el lector que quiera conocer los detalles los puede encontrar en este artículo).

Aquí surgen dos posibilidades: o Belén Suárez Pantín dictó ese decreto con la aquiescencia de su jefe, o su jefe no sabía nada. En la primera hipótesis, Luzón sería cómplice de la actuación de su mano derecha; en la segunda, habría incumplido su obligación de destituirla de forma inmediata tras conocer la fechoría jurídica que había perpetrado.

Alejandro Luzón llegó a la Fiscalía Anticorrupción después de que su antecesor, Manuel Moix, arrastrase a la institución por el fango del desprestigio. Moix, el fiscal al que adoraban los principales corruptos amamantados por el régimen de Esperanza Aguirre, tuvo que dimitir después de que infoLibre descubriese que era copropietario de una empresa en Panamá.

La llegada de Luzón fue recibida con alborozo por sus compañeros. No solo por el pieza que se habían quitado de encima, sino porque el nuevo jefe venía avalado por una carrera notable, que en buena lógica debería terminar antes que tarde en el Tribunal Supremo.

El precedente del decreto Suárez es un borrón en ese expediente, pero ahora es cuando ha llegado el momento decisivo para Luzón. Tiene ante sí la investigación más sencilla en la historia de la Fiscalía Anticorrupción. Los dioses intentarán cegarlo para que dicte una detalladísima resolución con todo tipo de referencias jurídicas, pero sin la respuesta a esa pregunta clave: cuál ha sido la evolución de los ingresos de Tomás, el comisionista.

El prestigio de los hombres y los dioses no se hunde solo protegiendo a corruptos o montando empresas en Panamá, como hizo Moix. A veces se escapa por vías más ordinarias, como no enviar el único oficio que era realmente imprescindible. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza Mónica Boticario Martín reabrir la causa por la muerte de 29 mayores en cuatro residencias de Leganés durante la primera ola de la pandemia. Esta es la noticia que debería alegrar a cualquier persona, salvo a los desalmados y a los posibles culpables. Pero más allá de la noticia, la resolución judicial tiene mucho que analizar, por lo que determina y también por cómo quedan retratados algunos personajes. Intentaré resumirlo en los seis puntos siguientes.

Una parte de la sociedad española lleva casi dos años demostrando tal deshumanización ante la masiva violación de derechos humanos sufrida por los mayores durante la primera ola del covid –más de 20.000 residentes fallecidos según cifras oficiales y decenas de miles que sobrevivieron pero con un notable deterioro de su salud física y mental–, que parece necesario empezar por lo más obvio: fallecieron personas, con nombres y apellidos; personas con familiares que les querían; personas que pertenecían a la generación que recuperó la democracia y construyó el Estado de bienestar en España. Y es que escuchando o leyendo a los desalmados, cualquiera podría concluir que estamos hablando de alguna cosa inservible. Pero no, este asunto trata sobre lo más valioso que existe: la vida y el bienestar de personas, muchas de ellas especialmente vulnerables.

Estamos hablando de Juliana, que vivía en la residencia madrileña Los Frailes, gestionada por Aralia. El 24 de marzo de 2020, cuando desde el centro pidieron su traslado, en el Hospital Severo Ochoa determinaron que no era “una paciente derivable, por lo que debe mantenerse en la residencia con oxigenoterapia. Ese mismo día es trasladada a la unidad de aislamiento. Se mantiene contacto con Geriatría por los brotes de agresividad que presenta la paciente, y desde el hospital pautan la medicación y el tratamiento a seguir. Se le colocan muñequeras para conseguir tratarla y se le coloca el día 28 mascarilla de oxígeno pediátrica”. Así consta en el execrable auto dictado en su día por Mónica Boticario Martín. Juliana murió el 9 de abril de 2020.

Estamos hablando de María, que residía en el centro de Amavir. El 30 de marzo mostró síntomas de decaimiento e ingesta irregular de alimentos. El 7 de abril empeoró su estado basal, pero el Severo Ochoa no autorizó su traslado “por no cumplir los requisitos marcados por protocolos Comunidad de Madrid (gran dependiente y deterioro cognitivo severo)”, según se indica en el execrable auto. Por la mutua privada sus familiares consiguieron que fuese trasladada al Hospital Quirón de Alcorcón, donde tras su exploración el diagnóstico fue de “deterioro estado general, fallo renal e hipernatremia”. Falleció al día siguiente.

Estamos hablando de Feliciano, de 85 años, quien estaba en Vitalia Home. El 18 de marzo comenzó con tos sin expectoración y fiebre alta (39º). Al día siguiente se llamó al servicio de urgencias para derivar al hospital, que negó el traslado. Murió once días después.

Estamos hablando de Esperanza, de María Purificación y de Carmen, que también residían en Vitalia Home. Cuando desde su residencia llamaron al Severo Ochoa para solicitar el traslado, ni siquiera cogieron el teléfono.

Estamos hablando de Carmen, de Ricardo, de Rosa, de Carmen, de Antonio, de Atanasio, de Eladia, de María, de Piedad y de María del Sagrario. La primera vivía en la residencia de Amavir, el segundo en DomusVi y los otros ocho en Vitalia Home. Todos ellos fallecieron sin recibir asistencia hospitalaria.

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid conocido este miércoles es la segunda rectificación que se realiza desde esta instancia superior al Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés.

En el procedimiento judicial se están analizando en realidad dos querellas diferentes, que fueron acumuladas en su día. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

El 18 de agosto de 2020, ante la primera querella presentada por los familiares, la jueza decidió directamente inadmitirla. ¡Sí, inadmitirla! Su señoría consideró que no merecía la pena perder el tiempo con el asunto.

El 5 de noviembre de aquel año, la Sección 23ª de la Audiencia Provincial admitió parcialmente el recurso interpuesto por los querellantes y ordenó realizar una serie de pruebas, “a los efectos de que se individualicen cada uno de los casos relatados, solicitando a las respectivas residencias a las que se hace referencia en el escrito de querella para que aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid con los que actuaron durante los meses a los que se refiere el escrito de querella y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios”. Además, ordenó solicitar “a las respectivas residencias la historia de los residentes y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de ellos en particular”; pedir a los hospitales las historias clínicas de dos personas que fallecieron allí; requerir a las residencias que explicasen de qué medios de protección disponían y las medidas de seguridad que adoptaron, y que se tomase declaración a los querellantes.  

Mónica Boticario Martín practicó las diligencias que consideró pertinentes y, el 13 de julio de 2021, dictó su execrable auto de archivo y sobreseimiento libre de las actuaciones.

La Sección 23ª de la Audiencia Provincial le ordena ahora por segunda vez practicar una serie de pruebas, en busca de un doble objetivo: “para una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados”.

Pese a que se trata de la segunda corrección al Juzgado de Leganés, hay que señalar también que los magistrados de la Audiencia Provincial se muestran magnánimos con la actuación de Mónica Boticario Martín. Por poner el ejemplo más obvio: en su execrable auto, la jueza sostiene que analizó "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros". Y a continuación menciona hasta 22 resoluciones, pero en ese extenso listado no figura el Protocolo dictado el 18 de marzo de 2020 por la Consejería de Sanidad que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo [puedes consultar aquí dicho Protocolo, desvelado por infoLibre]. En otras palabras: Boticario estudió documentos como para escribir una tesis doctoral, pero justo se le olvidó entrar en detalle en el que utilizaron en los hospitales para prohibir el traslado de los mayores. Habrá sido un despiste. La Audiencia Provincial generosamente ni menciona este asunto en su resolución.

Recordemos otra obviedad: ningún querellante tiene derecho a que la Justicia le dé la razón. El derecho, de rango constitucional, es a la tutela judicial efectiva. Y los hechos permiten llegar a una conclusión bastante clara: hay decisiones judiciales que cumplen con ese mandato y hay otras que se cachondean de él. Es la diferencia entre Justicia e Injusticia.

En el auto de la Audiencia Provincial hay una somera mención al Ministerio Público. Es esta: “Conferido traslado, el Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida”.

La decisión judicial es, por tanto, también una sonora bofetada para la Fiscalía, que se opuso al recurso de los familiares.

En este asunto de investigar lo ocurrido en las residencias son ya decenas las actuaciones vergonzosas (en términos jurídicos) del Ministerio Público por toda España. Y dado que estamos ante una institución que se rige por el principio jerárquico, la principal responsable de dicho comportamiento es la fiscal general, Dolores Delgado García. 

Que sea precisamente ella, quien tuvo una meritoria y notable carrera como fiscal durante casi dos décadas, la que está arrastrando a un lodazal el prestigio del Ministerio Público, es para mí algo inesperado y sorprendente. Pero los hechos son tozudos. Hace meses que Delgado debería haber comparecido públicamente para dar explicaciones sobre la actuación fiscal en el tema de las residencias. Y si no tiene o no puede dar esas explicaciones, debe dimitir.

Como se explica perfectamente en el auto de la Audiencia Provincial, los recursos de los familiares sostienen que los fallecimientos de los residentes se produjeron por dos causas distintas y acumulativas. La primera en el tiempo sería “una falta de previsión y de adopción de medidas de protección frente al Covid-19 por parte de los responsables de las residencias que propició que muchos de los residentes enfermaran”. Y la segunda, que una vez que el virus entró en los centros, “a muchos residentes no se les derivó a centros hospitalarios, lo que propició su fallecimiento, y a otros no se les derivó a su debido tiempo, lo que hizo ineficaz el tratamiento médico tardíamente prestado”.

Dada la resolución de la Audiencia Provincial, no parece temerario concluir que el primero de esos factores tendrá poco recorrido judicial. Hasta en dos ocasiones se indica en el auto que, a la vista de las diligencias practicadas, no cabe “inferir en el presente caso una actuación disconforme a la lex artis por parte del personal de las residencias implicadas que fuera propiciadora de los contagios”. A priori, será difícil establecer un reproche penal para los directores de las residencias por este tema.

La Audiencia Provincial entiende, sin embargo, que es necesario investigar con más detalle la segunda cuestión, la posible falta de atención sanitaria adecuada una vez producidos los contagios. Y ello lleva directamente al Protocolo aprobado por la Consejería de Sanidad del Gobierno Ayuso. De hecho, el órgano judicial ordena que se tome declaración “a los responsables de implementar los protocolos de actuación” y a “los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa”. Estos últimos deberán declarar en calidad de testigos, lo que les impone la obligación legal de decir la verdad.

Y este punto es especialmente interesante. Hasta ahora, el foco de la mayoría de los procedimientos judiciales se ha centrado en los directores de las residencias. Algo que tiene, sin duda, toda la lógica jurídica del momento. Pero en el escenario también deberían figurar otros actores que de momento han logrado permanecer en la oscuridad más absoluta: los geriatras que aplicaron ese Protocolo inhumano dictado por el Gobierno Ayuso. Ellos también deben una explicación: a los familiares para empezar, pero también a esa parte de la sociedad que se niega a enterrar este tema sin conocer la verdad.

La querella de los familiares agrupados en la Marea de Residencias se dirigía inicialmente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y contra los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La Audiencia Provincial, en el auto que ordenó admitir a trámite la querella, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

Así que en este momento Ayuso y sus consejeros no son objeto de investigación judicial alguna. Pero hay otra cuestión que se llama responsabilidad política.

El 28 de mayo de 2020, en la Asamblea de Madrid, el entonces portavoz de Unidas Podemos –Jacinto Morano– planteó la siguiente cuestión: "Nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su Gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencias de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid". Y la respuesta de la presidenta madrileña fue la siguiente: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo".

Esa absurda mentira sobre el “borrador” fue repetida en los meses siguientes, machaconamente, por Ayuso y su consejero Escudero. Ahora, en todo tipo de escritos oficiales, desde los autos de la Audiencia Provincial a la Memoria anual de la Fiscalía de Madrid, se reconoce lógicamente la verdad: que el Protocolo existió y se aplicó. Pero resulta que nos hemos saltado una pantalla: ¿han visto ustedes a Ayuso o a Escudero pedir perdón por mentir una y otra vez, en la Asamblea y en los medios amigos? Yo tampoco.

La mentira de Ayuso buscaba ocultar la verdad sobre la muerte de 7.291 personas mayores, que fallecieron en las residencias sin recibir atención hospitalaria durante la primera ola. Cualquier político con un ápice de dignidad, habría dimitido ya.

El auto de la Audiencia Provincial es toda una lección jurídica para Mónica Boticario Martín y para la Fiscalía, y vuelve a retratar a Ayuso y sus consejeros. Pero no son los únicos retratados. También están los medios y periodistas que han montado y difundido la operación de desinformación más indigna desde la teoría de la conspiración del 11-M (que en más de un caso haya repetidores tampoco debería extrañar).

Una campaña que incluyó desde repetir cual loritos a sueldo que el Protocolo era un borrador hasta señalar falsamente que las competencias sobre las residencias las tenía el entonces vicepresidente Pablo Iglesias.

Ellos saben quiénes son (y las hemerotecas también). Ninguno ha tenido la dignidad de pedir perdón primero y dedicarse luego a otra profesión.

Confío en que a estas alturas tenga usted alguna noticia de lo ocurrido en la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real). Allí fallecieron 75 mayores durante la primera ola de la pandemia, convirtiéndose así en uno de los diez centros de España con mayor número de personas muertas en aquella horrible primavera de 2020. Siete familias denunciaron al director del centro, José Manuel Sampedro, que fue inicialmente imputado en una causa que el juez decidió archivar el pasado 9 de diciembre. La resolución obvió casi por completo los detallados y coincidentes relatos realizados por los seis testigos que prestaron declaración ante el juez instructor.

Y cuando digo que esas testificales se prestaron ante el juez instructor, digo bien, porque quien no estaba allí era representante alguno del Ministerio Público que usted dirige. No estuvo la fiscal adscrita al caso el 27 de julio, cuando se interrogó al imputado Sampedro. No estuvo la fiscal adscrita el caso el 26 de julio, cuando declararon dos testigos clave (el supervisor de auxiliares y la gobernanta del centro). No estuvo la fiscal adscrita al caso el 28 de mayo, cuando prestó testimonio la enfermera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a quien se encargó supervisar las residencias de la zona. En los días de julio no pudo asistir porque estaba “de vacaciones” y no se encontró a tiempo a un fiscal que pudiera sustituirla. Esa es la explicación ofrecida por el Ministerio Público que usted dirige. La fiscal adscrita sí pudo pasarse por Tomelloso el 9 de abril, de forma que escuchó a los otros tres testigos. El relato no debió de interesarle lo suficiente como para volver por allí.

Quizá sea yo un ingenuo, pero la verdad es que no se me ocurren demasiados asuntos más importantes a los que deba dedicar su tiempo un fiscal de Ciudad Real (o de cualquier otro lugar de España) que a investigar qué ocurrió en una residencia donde murieron 75 personas. Voy a repetirlo, porque hay individuos que cuando les hablas del fallecimiento de mayores reaccionan con la empatía de una ameba. La muerte de 75 personas. Sí, personas.

Las declaraciones de los seis testigos duraron algo más de nueve horas. Ya imagino yo que si no hay capacidad para que alguien en el Ministerio Público que usted dirige elabore un cuadrante que permita a un fiscal acudir en julio a Tomelloso, pedirle que otro alguien revise los vídeos de las testificales será misión imposible. Con el engorro que es además parar cada poco el vídeo, darle para atrás, pulsar el play, escuchar de nuevo...

El caso es que he tenido el atrevimiento de resumirle las nueve horas de declaraciones testificales. En mi afán por cooperar, lo hago en plan relato de hechos, con sus números ordinales y todo. Quién sabe, quizá al Ministerio Público que usted dirige le dé algún día por regresar de las vacaciones en las que está instalado en este tema de las muertes en residencias (en Tomelloso, en Madrid, en Cataluña, en las Castillas, en Murcia y en tantos otros sitios), y la lectura de este humilde texto tenga alguna utilidad. Allá voy:

Primero.–  El 27 de febrero de 2020 se celebró la reunión interdisciplinar semanal de la residencia Elder. En dicho encuentro participan el director, los tres mandos intermedios (la gobernanta y los supervisores de auxiliares y de enfermería) y el equipo técnico (psicóloga, fisioterapeuta, logopeda, trabajador social y terapeuta ocupacional). En esa reunión, la coordinadora de enfermería, Mar H.M., indicó que deberían “empezar a tener previsión de material y a adoptar algunas medidas”. El director hizo caso omiso y acusó a Mar de ser una “adelantada”.

Segundo.– El 5 de marzo, en la siguiente reunión interdisciplinar, Mar volvió a la carga. Reclamaba sobre todo material de protección: “EPIs, guantes, mascarillas, que no había nada, y gel hidroalcohólico”. Sampedro despachó con estas palabras las peticiones de la supervisora de enfermería: “Estoy hasta el chocho del coronavirus”. Se levantó, pronunció esas palabras y dio por terminada la reunión.

Tercero.– El Ministerio de Sanidad aprobó el 5 de marzo un documento con recomendaciones de actuación para las residencias, entre ellas que los centros debían elaborar un plan de actuación que incluyese las necesidades de equipos de protección individual (EPIs) y un plan de continuidad de la actividad ante las previsibles bajas de personal. El director de Elder ni tenía ninguno de esos planes, ni los elaboró tras recibir el documento. Tampoco puso en marcha otras recomendaciones propuestas por Sanidad, como poner gel hidroalcohólico o toallitas de papel en todas las habitaciones de los residentes.

José Manuel Sampedro, que recibió el documento por correo el 7 de marzo, se limitó a repartirlo entre los trabajadores el día 9. No se analizó su contenido, simplemente se le entregó una copia a los empleados y se les pidió que firmaran que lo habían recibido.

Cuarto.– El 9 de marzo en Elder ya tenían a dos residentes con sintomatología. Un día después, la fundación propietaria del centro decidió cerrar sus puertas esa misma semana. Pese a la situación crítica que se sufría ya en la residencia, Sampedro decidió que el 11 de marzo se iba a Madrid a declarar como testigo del periodista Ignacio Villa –su exjefe en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha–, a quien juzgaban en el Tribunal de Cuentas por malversar fondos públicos. Sampedro podía haber pedido declarar por videoconferencia o incluso solicitar un aplazamiento de su testimonio, pero no lo hizo. Consideró que lo razonable era abandonar el centro.

Quinto.– Mientras está en el Tribunal de Cuentas esperando a declarar, el 11 de marzo, Sampedro recibe una llamada de la supervisora de enfermería confirmándole el primer positivo por covid de un residente. Horas después, Sampedro comunica a sus colaboradores que se encuentra “mal” y no podrá ir al centro. No volverá a aparecer por Elder hasta el día 16. Pese a que en su declaración aseguró padecer los síntomas propios del covid –fiebre y una presión en el pecho que le impedía respirar–, Sampedro no acude esos días a ningún médico.

Sexto.– Ese mismo 11 de marzo, Sampedro le dice a la gobernanta –Marisa R.A.– y a otros miembros del equipo directivo que se vayan a casa porque “cuanto menos gente hubiese en la residencia, mejor”. Lo mismo hace con el personal “más cercano”, según explicó durante su testifical el coordinador de auxiliares, Ángel S.M., que era entonces el número dos de Elder. Una de las consecuencias de la decisión de Sampedro de enviar a casa a parte del personal es que la comunicación con los familiares de los residentes se corta casi por completo. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie lo cogía. Algunos, desesperados, se dirigieron a la Guardia Civil para pedirle que se pasase por Elder y preguntase por el estado de salud de su familiar.

Por supuesto, la idea de que era mejor que hubiese menos gente en la residencia en una situación de grave crisis sanitaria no solo atenta contra la lógica, sino contra las recomendaciones específicas de Sanidad pidiendo un plan que garantizase la continuidad de la actividad en caso de bajas de personal. Recomendaciones que Sampedro incumplió: no solo no elaboró ese plan, sino que él mismo agravó la situación al enviar empleados a sus casas.

Séptimo.– Ante la situación que se empieza a vivir en el centro, aquel mismo 11 de marzo, Mar se pone en contacto con Epidemiología de Ciudad Real para informar y recibir instrucciones. Con las indicaciones que recibe, la supervisora de enfermería escribe un correo a todos los empleados de Elder con unas pautas de actuación. Sampedro no solo no lo agradece, sino que se cabrea con Mar y escribe un mensaje al grupo de whatsapp que tiene con los mandos intermedios diciendo que nadie debía adoptar ninguna iniciativa sin comunicársela previamente a Ángel, para que éste le informase y pudiese ser él quien tomase la decisión.

Así valoró Ángel en su declaración la iniciativa de Mar: “Yo sinceramente creo que fue lo más acertado que pudo pasar, porque es que si no, en vez de la cantidad que murieron, hubiesen fallecido más”.

Octavo.– La responsabilidad legal de tener material de protección era, ya antes de la pandemia, de las residencias. Elder no tenía EPis y siguió sin adquirirlos a pesar de que, ya desde febrero, la coordinadora de Enfermería insistió en reclamarlo. Sampedro dejó antes de marchar a Madrid cinco mascarillas para Enfermería y a su regreso de la capital, desde su casa (o desde donde estuviese), informó a Ángel de que tenía otras 50 mascarillas en su despacho bajo llave. Como decía encontrarse mal, la entrega de ese material a los trabajadores se retrasó casi un día, hasta que un empleado de Elder se pasó por casa del director a recoger la llave.

En la residencia trabajaban en ese momento 107 personas, de forma que 50 mascarillas no servían ni para proteger a la mitad del personal durante un día. Por no hablar de los 160 residentes que vivían en el centro, y que estuvieron sin mascarillas hasta que llegó el Sescam. Todos, menos cuatro, terminaron contagiándose.

Tampoco recibieron los trabajadores otros componentes de un EPI, como prendas de protección parcial o total (monos), gafas o pantallas faciales.

Noveno.– En la noche del sábado 14 de marzo, fallecen en Elder cinco residentes. La coordinadora de Atención Primaria del Hospital de Tomelloso, Silvia Quemada, llama el domingo por la mañana al director de la residencia para conocer qué está pasando y ofrecerle ayuda. Sampedro le responde que no se preocupe, que lo único que necesitan son EPIs, y que con eso se apañan. Ese fin de semana ni siquiera había un médico en la residencia.

Décimo.– La situación sigue empeorando y el Sescam decide realizar una primera actuación. En la noche del domingo, se desplazan a Elder varias UVIs móviles. Los médicos derivan a nueve residentes: cinco al hospital de Tomelloso y cuatro al de Villarrobledo. Sampedro llama a la gobernanta a las dos de la mañana para que salga a la calle y haga unas fotos a las UVIs. Marisa no atiende esa petición.

Décimoprimero.– En Tomelloso empieza a extenderse la noticia de que Sampedro está “desaparecido”. El lunes 16, horas después de la intervención de las UVIs, el director de Elder se presenta de forma repentina en el centro. Pese a que según sus propias declaraciones, los cinco días anteriores había estado con síntomas propios de covid, lo hace sin prueba negativa. Es decir, con una alta probabilidad de estar contagiado, y por tanto ser un vector de riesgo para trabajadores y residentes.

Tras regresar al centro, lo primero que hace es pedirle a Ángel y Marisa que le digan qué residentes no tienen síntomas para hacerse una foto con ellos y subirla a las redes sociales. Ambos siguen con su trabajo sin atender la solicitud de Sampedro.

Décimosegundo.– Ese lunes 16, en el perfil de Elder en Facebook se publica el siguiente mensaje: “¡Estamos bien! Residentes, trabajadores y responsables del centro. Ni nos ha tomado el Sescam ni el Ejército. Seriedad, por favor. Estamos trabajando siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad. #Stopbulos #Stopmaldad”. En la misma red social, identificándose como el director de la residencia, Sampedro escribe: "Estamos aquí trabajando con normalidad. La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien y haciéndoles pruebas del covid-19. Se está haciendo en todos los centros. Cualquier familiar que necesite información que me llame al XXX. Pero está todo bien!!!!!!".

En otras palabras, cuando ya habían fallecido una decena de personas en Elder, Sampedro sigue sin pedir ayuda y oculta la grave situación, afirmando que se encuentran en una situación de normalidad.

Décimotercero.– El personal sanitario del Sescam indicó el domingo 15 que el centro debía tener una enfermera de noche, para estar pendiente de las decenas de personas con síntomas de covid. Sampedro no hizo caso a esta demanda. El lunes por la noche el centro no tuvo enfermera.

Décimocuarto– En los cuatro días que transcurren desde su regreso a Elder hasta que el 20 de marzo la Junta de Castilla-La Mancha interviene el centro, Sampedro no adopta ninguna medida para proteger la salud de los residentes. “Nos decía que en qué ayudaba”, según la testifical de Mar.

Décimoquinto.– No consta que, entre el 11 y el 20 de marzo, Sampedro sustituyese a ninguno de los trabajadores que se dieron de baja. En esa última fecha, cuando asume el control del centro el director provisional –Miguel Ruiz–, están de baja 35 empleados. Además de solicitar a quienes estaban teletrabajando que regresen, el Sescam pone en marcha un plan urgente para contratar personal que permite sustituir las vacantes en pocos días.

Décimosexto.– Tras ser destituido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, Sampedro pidió el 23 de marzo a sus colaboradores más cercanos que abandonasen el centro en el peor momento de la crisis sanitaria. Ninguno de ellos lo hizo, sin duda en un ejercicio de responsabilidad, ya que un hipotético abandono habría agravado la situación en una residencia donde se acumulaban los fallecimientos de residentes, los contagios y las bajas del personal.

Hasta aquí, estimada fiscal general, la reconstrucción de lo ocurrido a partir de las declaraciones de los testigos, que como sabe tienen la obligación de decir la verdad.

Varios de esos testigos ofrecieron al juez audios y mensajes de whatsapp que respaldaban la veracidad de sus declaraciones. El instructor, Daniel Vicente Pérez, no mostró mayor interés. ¿Al Ministerio Público que usted dirige tampoco le interesan esas pruebas?

Sampedro negó –y está en su derecho– cualquier actuación negligente por su parte. Por ejemplo, aseguró que todos los días desde el 11 de marzo se contrató personal para sustituir a quienes se ponían de baja. ¿Al Ministerio Público que usted dirige no se le ocurrió que sería buena idea solicitar al instructor el envío de un oficio a la Seguridad Social para comprobar si hubo altas o no?

Las preguntas para el Ministerio Público que usted dirige servirían para escribir varios artículos como este. Pero creo que todas ellas se pueden resumir en estas tres: ¿De verdad, Dolores Delgado, que va a permitir esto? ¿De verdad que el Ministerio Público que usted dirige no va a recurrir el auto de archivo? ¿De verdad que el Ministerio Público no cree que existen suficientes indicios como para poner fin a sus vacaciones, solicitar que continúe la instrucción y adoptar una actitud activa para esclarecer lo ocurrido?

¿Si la madre de Isabel Díaz Ayuso hubiese muerto abandonada en una residencia, ahogada en su propia tos, sin recibir atención médica, se negaría a investigar lo ocurrido? ¿Si el padre de Pere Aragonès se hubiese consumido en un geriátrico, llagado, desnutrido, deshidratado, rechazaría investigar lo sucedido?

PP y Vox en la Asamblea de Madrid, PSC, ERC y Junts en el Parlament de Catalunya, todos ellos han cometido esta semana la misma indignidad. Sus votos han servido para impedir que sendas comisiones de investigación parlamentaria analicen qué ha ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia.

Hay que ser un desalmado para no buscar la verdad, para despreciar a los muertos, para añadir más dolor a sus familiares.

En Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, fallecieron en total 9.470 personas en las residencias de la región. De ellas, 7.291 lo hicieron en el propio centro, sin ser trasladadas a un hospital para recibir asistencia. Es decir, el 77% del total. Son datos oficiales facilitados por el Gobierno de Ayuso a infoLibre en respuesta a una pregunta planteada al amparo de la Ley de Transparencia.

En Cataluña, en el mismo periodo de tiempo, murieron 3.891 mayores con covid confirmado o con síntomas compatibles en los geriátricos de la comunidad. De ellos, 2.797 lo hicieron en el propio centro, sin ser trasladados a un hospital para recibir asistencia. Es decir, el 72% del total. Son datos oficiales facilitados por el Gobierno de Quim Torra a infoLibre en respuesta a una pregunta planteada al amparo de la Ley de Transparencia.

Hay que ser un desalmado para que no te salten las lágrimas al pensar en esos 10.088 mayores que fallecieron en Madrid y Cataluña sin recibir ni siquiera atención hospitalaria. Todas las víctimas de la pandemia merecen el respeto de la sociedad española, por supuesto, pero da una rabia especial imaginar los últimos días de esas personas a quienes dejó tiradas el Estado del bienestar que ellas mismas construyeron. Personas en su mayoría dependientes, muchas con deterioro cognitivo, que a veces no entendían por qué sus familiares habían dejado de visitarlas (obligados por el estado de alarma). Mayores a los que encerraron en sus habitaciones, donde solo entraban un par de veces al día unas gerocultoras a las que no siempre reconocían con sus equipos de protección.

Hay que ser un desalmado para pensar en esos mayores y que, si eres un político, no consideres que tu prioridad máxima durante el resto de los días que sigas siendo representante público es conseguir que se sepa la verdad y se haga justicia con esas personas y sus familias.

En Madrid, el Gobierno de Ayuso aprobó un Protocolo que prohibía derivar a los hospitales a los residentes que caían enfermos si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Y cuando infoLibre desveló su existencia, Ayuso mintió en la Asamblea diciendo que era un borrador. La aplicación de ese Protocolo de la muerte fue fatídico para muchos mayores.

Hay que ser un desalmado para haber participado en la aprobación o la ejecución de ese Protocolo y no haber pedido aún perdón a las familias de los muertos, para no haberles dado ni siquiera una explicación. ¡Cuánto desprecio, cuánta soberbia! Es probable que intenten aparentar normalidad en sus vidas, pero sobre su conciencia pesará siempre lo que han hecho. Quizá se libren de los tribunales, pero ellos saben perfectamente la atrocidad que cometieron. Cuando se agoten las cañas, cuando se apaguen las luces, ojalá recuerden siempre que son los ejecutores de ese Protocolo indigno.

En Cataluña, el Gobierno de Torra aprobó un Protocolo que recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus. Es cierto que el documento no era tan brutal como el de Madrid, pero la verdad es que en la práctica la exclusión hospitalaria de los residentes también se aplicó durante semanas en Cataluña, como demuestra el porcentaje de fallecidos en los propios centros.

Hay que ser un desalmado para haber impedido, por acción o por omisión, que todos esos mayores recibiesen la atención sanitaria a la que tenían derecho y no haber pedido aún perdón a las familias de los muertos, para no haberles dado ni siquiera una explicación. ¡Cuánto desprecio, cuánta soberbia!

Clàudia Garcia trabajaba como terapeuta ocupacional en la residencia Bertrán i Oriola de Barcelona cuando estalló la pandemia. Los diputados de PSC, ERC y Junts deberían haber hablado con ella antes de dinamitar con su voto la comisión de residencias. Les habría contado lo siguiente:

Si después de escuchar a Clàudia, esos diputados hubiesen enterrado la comisión, no hay duda de que serían unos desalmados.

Puri Prieto perdió a su padre, que estaba en la residencia Adolfo Suárez de Madrid. Los diputados de PP y Vox deberían haber hablado con ella antes de dinamitar con su voto la comisión de residencias. Les habría contado lo siguiente:

Si después de escuchar a Puri, esos diputados hubiesen enterrado la comisión, no hay duda de que serían unos desalmados.

Claro que, en realidad, son unos desalmados por haber sepultado la investigación parlamentaria sin escuchar a Clàudia y a Puri. Sin preocuparse por el dolor de miles de personas. Sin ocuparse del derecho a conocer la verdad de los familiares de los muertos. Irán a misa diaria, o peregrinarán a Waterloo, pero no podrán mirar a los ojos a las miles de Clàudias y Puris, por la sencilla razón de que han perdido la dignidad para mirar a los ojos a las personas dignas.

Hay que ser un desalmado, por supuesto, para ofrecer en público argumentos absurdos que buscan justificar la liquidación de las comisiones de investigación.

¿De verdad creen los diputados catalanes de PSC, ERC y Junts que el mecanismo adecuado para conocer la verdad es un grupo de expertos? En una comisión de investigación pueden convocar a todos los expertos que quieran y además a cualquier otra persona, que tiene la obligación legal de acudir. Respétense un poco a sí mismos, por dios, no insulten así a la inteligencia de los ciudadanos.

¿De verdad creen los diputados madrileños de PP y Vox que es la oposición quien “juega con el dolor de las familias”? Si es así, ¿por qué no han tenido el coraje de reunirse con esas familias? ¿Por qué llevan año y medio escondidos en su cobardía sin atreverse a preguntar a esas familias en cuyo nombre tienen la desfachatez de hablar? Respétense un poco a sí mismos, por dios, no insulten así a la inteligencia de los ciudadanos.

Las víctimas y sus familiares tienen derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad. Con sus votos en la Asamblea y en el Parlament, los diputados de PP, Vox, PSC, ERC y Junts buscan sepultar bajo paladas de olvido a los fallecidos, pero hay muchas personas que se declaran dispuestas a seguir luchando. Ojalá no desfallezcan. Y ojalá encuentren el apoyo de una sociedad que también ha mirado a veces para otro lado.

El único antídoto contra el olvido es la memoria. Así que debemos recordar quiénes han sido los sepultureros de las comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid y en el Parlament de Catalunya. Estos son sus nombres:

Partido Popular: Isabel Díaz Ayuso, María Paloma Adrados Gautier, José María Arribas del Barrio, Álvaro Ballarín Valcárcel, María del Mar Blanco Garrido, Sergio Brabezo Carballo, Miriam Bravo Sánchez, Tomás Pedro Burgos Beteta, Ana Camíns Martínez, Eugenia Carballedo Berlanga, María del Carmen Castell Díaz, Ignacio Catalá Martínez, Orlando Chacón Tabares, Ana Collado Jiménez, Pedro María Corral Corral, Mirina Cortés Ortega, Ana Dávila-Ponce de León Municio, Jaime Miguel de los Santos González, Alberto Escribano García, María Yolanda Estrada Madrid, Lucía Soledad Fernández Alonso, Francisco Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Francisco Galeote Perea, Carlos González Maestre, Carlos González Pereira, Carla Isabel Greciano Barrado, Lorena Heras Sedano, Carlos Izquierdo Torres, Enrique López López, Marta Marbán de Frutos, Paloma Martín Martín, José Virgilio Menéndez Medrano, Álvaro Moraga Valiente, Pedro Muñoz Abrines, Almudena Negro Konrad, María del Mar Nicolás Robledo, Janette Novo Castillo, Noelia Núñez González, José Enrique Núñez Guijarro, Enrique Matías Ossorio Crespo, Juan Antonio Peña Ochoa, Juana Beatriz Pérez Abraham, David Pérez García, Ignacio José Pezuela Cabañes, Judit Piquet Flores, Esther Platero San Román, Daniel Portero de la Torre, Miriam Rabaneda Gudiel, Eduardo Raboso García-Baquero, Ángel Ramos Sánchez, Miguel Ángel Recuenco Checa, María Isabel Redondo Alcaide, Encarnación Rivero Flor, Jorge Rodrigo Domínguez, Enrique Ruiz Escudero, Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diego Sanjuanbenito Bonal, Carlos Segura Gutiérrez, Alejandra Serrano Fernández, Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino, Enrique Serrano Sánchez-Tembleque, Juan Soler-Espiauba Gallo, Paloma Tejero Toledo, Elisa Adela Vigil González, José Manuel Zarzoso Revenga.

Vox: Rocío Monasterio San Martín, José Ignacio Arias Moreno, Gonzalo Babé Romero, Mariano Calabuig Martínez, Ana María Cuartero Lorenzo, Jorge Arturo Cutillas Cordón, Jaime María de Berenguer de Santiago, Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, Íñigo Henríquez de Luna Losada, Gádor Pilar Joya Verde, Javier Pérez Gallardo, Alicia Verónica Rubio Calle, José Luis Ruiz Bartolomé.

PSC: Salvador Illa i Roca, Alícia Romero Llano, Raúl Moreno Montaña, Judit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa, Helena Bayo Delgado, Eva Candela López, Dolors Carreras Casany, Elena Díaz Torrevejano, Mireia Dionisio Calé, Assumpta Escarp Gibert, Ramon Espadaler Parcerisas, Rocio García Pérez, Mario García Gómez, Pol Gibert Horcas, Cristòfol Gimeno Iglesias, David González Chanca, Rosa María Ibarra Ollé, Gemma Lienas Massot, Marta Moreta Rovira, Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, Joaquim Paladella Curto, Silvia Paneque Sureda, Ferran Pedret i Santos, David Pérez Ibáñez, Jordi Riba Colom, Mónica Ríos García, Sílvia Romero Galera, Juan Luis Ruiz López, Beatriz Silva Gallardo, Jordi Terrades Santacreu, Rubén Viñuales Elías.

ERC: Pere Aragonès Garcia, Josep M. Jové Lladó, Marta Vilalta i Torres, Meritxell Serret i Aleu, Jordi Albert i Caballero, Irene Aragonès Gràcia, Ana Balsera i Marín, Jaume Butinyà i Sitjà, Alba Camps i Roca, Carles Castillo Rosique, Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa, Ferran Estruch i Torrents, Juli Fernàndez i Olivares, Antoni Flores i Ardiaca, Jordina Freixanet i Pardo, Chakir el Homrani Lesfar, Ángeles Llive Cruz, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest Maragall i Mira, Engelbert Montalà i Pla, Pau Morales i Romero, Jordi Orobitg i Solé, Mònica Palacín i París, Núria Picas Albets, Lluís Salvadó Tenesa, Raquel Sans Guerra, Anna Torrentà Costa, Alba Vergés i Bosch, Eugeni Villalbí Godes, Maria Jesús Viña i Ariño, Ruben Wagensberg Ramon.

Junts per Catalunya: Albert Batet i Canadell, Mònica Sales de la Cruz, Josep Rius i Alcaraz, Pere Albó Marlés, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, Elsa Artadi i Vila, Maria Antònia Battle i Andreu, Laura Borràs i Castanyer, Joaquim Calatayud Casals, Joan Canadell i Bruguera, Cristina Casol Segués, Francesc de Dalmases i Thió, Anna Maria Erra i Solà, Mercè Esteve i Pi, Jordi Fàbrega i Sabaté, Anna Feliu Moragues, Glòria Freixa i Vilardell, Joan Carles Garcia Guillamon, Assumpció Laïlla Jou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Jordi Munell i Garcia, Irene Negre i Estorach, Lluís Puig Gordi, Josep Riera i Font, Ferran Roquer i Padrosa, David Saldoni i de Tena, Francesc Ten i Costa, Judith Toronjo Nofuentes, Ramon Tremosa Balcells, Ester Vallès Pelay, Salvador Vergés i Tejero. 

La gestión de las residencias de mayores por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia fue el elemento clave del debate electoral en la campaña del 4M. En realidad, tendría que haber sido un tema de análisis permanente durante el último año por una sencilla razón: en los casi 40 años de existencia de la Comunidad de Madrid, jamás ocurrió un hecho tan grave que afecte directamente a la responsabilidad del Gobierno autonómico.

Lo que sucedió es algo que, simplemente escribirlo, duele: en apenas mes y medio, entre mediados de marzo y finales de abril de 2020, fallecieron 9.470 mayores que vivían en residencias de Madrid. De ellos, 7.291 murieron en el propio centro, sin recibir atención médica ni ser trasladados a un hospital. Ello supone que el 77% del total de decesos se produjo en el geriátrico, porcentaje que se incrementó hasta el 84% en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que impedía traslados de los ancianos enfermos al hospital (5.343 mayores murieron en esos veinte días en sus residencias). De las 9.470 personas fallecidas, 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles (el 61% del total) y el resto perdieron la vida por otras causas. Hay que recordar que la prohibición de derivar residentes al hospital no solo afectó a quienes estaban contagiados por el virus, sino a todos los que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Todas estas cifras son datos oficiales, aportados por la Consejería de Sanidad a infoLibre a través del Portal de Transparencia.

Lo que sucedió, y esto duele aún más escribirlo, es que muchos de los mayores murieron solos, ahogados en su propia tos, sin oxígeno, sin recibir la atención médica a la que tenían derecho. Derecho porque así lo determinan nuestra Constitución y nuestras leyes, y derecho por un sentido básico de humanidad.

Con estos hechos, escuchar en el debate a Ayuso mentir con descaro sobre los datos (dijo que el 70% de los mayores habían muerto en el hospital) o mentir con brutalidad sobre las posibilidades de sobrevivir de los ancianos (afirmó que el traslado al hospital no habría salvado a ninguna de las 7.291 personas que murieron en los geriátricos), provoca cierta rabia y cierta pena a cualquier persona con un mínimo de conciencia. Y la tentación de escribir un artículo desde las tripas. Pero eso no sería periodístico. Así que lo que sigue es una explicación fría, basada únicamente en hechos incontestables, sobre la responsabilidad política del Gobierno de Ayuso en la muerte de esos mayores y sobre la falsedad de los argumentos que utilizan quienes defienden su gestión en este tema. Es el relato periodístico que dicta la razón.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE AYUSO

El Gobierno de Ayuso realizó cuatro actuaciones que, conjuntamente, provocaron que miles de mayores muriesen en las residencias desatendidos, sin recibir atención médica. Esas cuatro medidas no pueden ser analizadas aisladamente –como hacen algunos por interés o por ignorancia– porque todas ellas se tomaron al mismo tiempo y todas ellas contribuyeron al resultado fatídico. Son las siguientes:

1. El Protocolo de no derivación hospitalaria

El 18 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero aprobó un Protocolo que impedía derivar a los hospitales a los residentes enfermos que tuvieran un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los días 20, 24 y 25 de marzo se aprobaron otras tres versiones del mismo Protocolo. Con un lenguaje más o menos crudo, todas ellas compartían el elemento esencial: la orden de no trasladar a los hospitales a las personas más dependientes. Cualquiera que conozca el perfil de los residentes sabe que esa orden afectaba potencialmente a miles de ancianos, ya que en los geriátricos son muy pocos los mayores con autonomía y muchos los que tienen un grado de dependencia alta.

En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, fallecieron en los centros 5.343 mayores sin ser trasladados a un hospital, un 84% del total de decesos. Para entender lo que significa este porcentaje es conveniente compararlo con lo que ocurre habitualmente: el número de muertes en los centros está claramente por debajo del 20%. Se trata de personas en estado terminal, a las que no tiene sentido alguno llevar a un hospital, y la decisión se toma con el acuerdo de sus familiares. Durante la primera ola de la pandemia en Madrid, en la práctica totalidad de los casos, la decisión de no trasladar a los mayores al hospital le fue impuesta a sus familiares en contra de su expresa voluntad.

2. La no medicalización de las residencias

La decisión de no trasladar a miles de mayores a los hospitales, siendo discriminatoria y grave, no dejaba al Gobierno autonómico sin alternativas para intentar salvar sus vidas. De hecho, tuvo en sus manos tres alternativas. La primera era medicalizar las residencias. El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, lo explicó perfectamente en una comparecencia en la Asamblea de Madrid: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó resoluciones ordenando que se medicalizasen las residencias de Alcorcón y Leganés, pero el Ejecutivo de Ayuso no se mostró conforme y recurrió las resoluciones judiciales, alegando que ya había aportado distinto material a los geriátricos. El TSJM determinó que “medicalizar” una residencia consiste en dotarla “del personal sanitario necesario” y “del material preciso para actuar sobre los residentes”. Y concluyó que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos”.

Ayuso y Escudero hicieron caso omiso al TSJM. Su plan para medicalizar las residencias fue la llamada Operación Bicho: un plan encargado a Encarnación Burgueño, la hija del ideólogo de la privatización hospitalaria de Madrid, Antonio Burgueño, a quien Ayuso había encomendado la coordinación del sector sanitario cuando empezó la pandemia. El plan duró doce días y fue un auténtico caos. "Vimos morir a personas sin sedación y hay personas que murieron sin condiciones dignas. Los que nosotros vimos morir, sufrieron", confesó en la Asamblea de Madrid el dueño de la empresa de ambulancias subcontratada para visitar las residencias.

3. Número de traslados al hospital del Ifema: 23

Durante la primera ola de la pandemia, el Gobierno de Ayuso montó un hospital de campaña en las instalaciones de Ifema, que estuvo operativo entre el 21 de marzo y el 30 de abril. La Comunidad de Madrid aseguró que dicho centro tendría 5.000 camas.

La realidad es que, durante las seis semanas que estuvo abierto, en Ifema se atendió a 3.811 personas. De ellas, únicamente 23 eran mayores procedentes de dos residencias. Es decir, el 0,6% del total. En ese periodo, el 43,5% de los fallecidos en la región con covid o síntomas compatibles eran ancianos que vivían en residencias. En otras palabras: se creó un hospital al que no se trasladó a las personas que más lo necesitaban, aquellas que estaban muriendo en las residencias sin ningún tipo de cuidado médico.

Un segundo elemento inexplicable en relación con el Ifema es por qué se decidió cerrarlo cuando seguían muriendo muchas personas en los geriátricos sin ser trasladados a un hospital. La decisión de desmontar Ifema se adoptó una semana antes del cierre. Pues bien, en esos siete días, 549 mayores murieron en una residencia sin ser derivados a un hospital. La emergencia sanitaria no había pasado.

4. Número de traslados a hospitales privados: 0

El Gobierno de Ayuso, con buen criterio, decidió poner bajo un mando único tanto a los hospitales públicos como a los privados. La presidenta madrileña lo explicó así en la Asamblea: “El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!” [puedes consultar aquí el diario de sesiones].

La realidad es la siguiente: ese mando único “histórico” no consideró necesario que los 68 hospitales privados atendiesen a las personas que vivían en las residencias y caían enfermas. Los datos oficiales de derivaciones hospitalarias demuestran que todos los traslados de residentes enfermos se hicieron a centros de la red pública de hospitales. La Comunidad no trasladó ni a un solo residente a un hospital privado. Ni uno.

Los únicos residentes que fueron trasladados a los hospitales privados fueron aquellos que tenían un seguro privado. En otras palabras: tener un seguro privado se convirtió, en muchas ocasiones, en el único salvoconducto para recibir atención hospitalaria y salvar la vida.

Estos son los hechos. Y se resumen así: el Gobierno de Ayuso es responsable de haber aprobado un Protocolo que impidió trasladar a miles de mayores a los hospitales y de decidir además no utilizar las tres alternativas que tenía para intentar salvar sus vidas –medicalizar los centros, trasladar a los enfermos a Ifema o llevarles a los hospitales privados–, lo que provocó que muriesen desatendidos en los geriátricos.

LOS FALSOS ARGUMENTOS PARA TAPAR LO OCURRIDO

Para tapar la realidad de lo ocurrido, el Gobierno de Ayuso ha puesto en marcha una serie de mentiras y manipulaciones. Algunas más bien burdas, como asegurar que un Protocolo firmado digitalmente por un alto cargo del Gobierno era en realidad un “borrador”, y otras más sofisticadas, como ofrecer cifras de derivaciones hospitalarias de amplios periodos de tiempo (entre marzo y junio) para enmascarar que el problema con la falta de traslados se produjo básicamente durante cuatro semanas al principio de la primera ola. Pero hay cinco grandes argumentos (falsos) que el PP madrileño y sus altavoces mediáticos repiten sin cesar. Son estos:

1. Las competencias eran de Pablo Iglesias

Las competencias tanto en materia sanitaria como de servicios sociales, lo que incluye las residencias, son de las comunidades autónomas. Y en ninguno de los decretos aprobados durante el estado de alarma se produjo ningún cambio competencial en este sentido. Saber la verdad sobre este asunto es sencillo: si alguien asegura que se produjo esa transferencia de competencias, basta con enseñar el BOE donde se aprobó tal cosa. Nadie lo ha enseñado, claro, porque no existe.

En el debate sobre el estado de la región, el 15 de septiembre de 2020, el portavoz del PP –Alfonso Serrano– afirmó literalmente lo siguiente sobre este tema:

Dice usted: "Tráigame aquí un boletín oficial que diga que Pablo Iglesias asume el mando"; vale, bueno, a ver, no es el boletín oficial, es una noticia de La Sexta, que para usted puede ser más o menos algo así como creíble (Risas): "Pablo Iglesias se pone al mando de los servicios sociales de toda España: vamos a construir un escudo social". Oiga, ¿está mintiendo La Sexta? ¿Lo está diciendo usted? ¡A ver si se están equivocando! (Aplausos.) ¿Esto qué es? ¿La caverna mediática? ¡Es La Sexta! "¡El ministro Illa ha puesto al mando de los servicios sociales de toda España al vicepresidente Pablo Iglesias!". ¡Oiga, eso lo dice La Sexta!, que ya sé que no es el BOE, pero usted le dará un poquito de credibilidad, pero bueno [Puedes consultar aquí el diario de sesiones].

¿Es posible ser más frívolo cuando se está hablando de miles de personas muertas en condiciones indignas? Sea cual sea la respuesta, la realidad es que España es un Estado mucho más serio del que dibujan algunos políticos, y las decisiones sobre el reparto de competencias se publican en el BOE.

Constatar la evidencia de que las competencias nunca fueron transferidas no equivale, por supuesto, a afirmar que el Gobierno central hizo todo bien. Durante la primera ola cometió un grave error: no otorgó a las residencias la misma prioridad que a los hospitales. Y tendría que haberlo hecho. Tuvo una clara responsabilidad por omisión, al no haber adoptado más medidas en esa línea, para lo que estaba facultado gracias a los poderes excepcionales del estado de alarma.

2. El triaje era necesario porque no había medios para atender a todos

Lo que se aplicó a los mayores madrileños no fue un triaje, fue una discriminación en razón del lugar de residencia. Médicos Sin Fronteras, en un excelente informe sobre lo ocurrido durante la pandemia, explica cuáles son las pautas que se deben seguir para realizar un triaje: “Cada caso debe ser valorado individualmente, con criterio exclusivamente clínico, psicológico y social. Los criterios de priorización deben ser objetivos, éticos y transparentes, aplicarse equitativamente y hacerse públicos si fuera necesario”. Es evidente que ninguno de esos criterios se siguió con los residentes en Madrid durante la primera ola de la pandemia.

La excusa del triaje tiene, además, un problema mayor. La aplicación del triaje requiere como condición previa que exista una escasez de medios. Así que esconderse tras el supuesto triaje en los hospitales no sirve para responder a estas tres preguntas: ¿Y por qué no se medicalizaron las residencias como ordenó el TSJM? ¿Y por qué no se trasladaron enfermos al Ifema, que supuestamente podía tener operativas 5.000 camas y solo atendió a 23 mayores? ¿Y por qué no se llevaron pacientes desde los geriátricos a los hospitales privados, salvo que tuvieran seguro médico privado?

3. Lo mismo que ocurrió en Madrid sucedió en otras comunidades

Es cierto que Madrid no fue la única comunidad donde, en la primera ola de la pandemia, la mayoría de los mayores fallecieron en las residencias y no fueron trasladados al hospital. En Madrid ello ocurrió en el 77% de las muertes de residentes, mientras que en Cataluña ese porcentaje se situó en el 72% y en Castilla y León en el 71%. De Castilla-La Mancha no hay datos oficiales, pero otras estadísticas apuntan a que el porcentaje fue similar. En esas cuatro comunidades se concentraron el 75% de los fallecidos en la primavera de 2020.

Lo que no ocurrió en ninguna otra comunidad, y lo que configura por tanto la excepcionalidad de Madrid, es que el Gobierno autonómico incumpliese resoluciones judiciales que le ordenaban medicalizar las residencias y que además se negase a trasladar enfermos a los hospitales donde había plazas para atenderles (Ifema y hospitales privados).

Por supuesto, tampoco hay ninguna comunidad donde se aprobase un Protocolo como el de Madrid prohibiendo el traslado a los hospitales de los mayores de acuerdo con su nivel de dependencia. En Cataluña, eso sí, se aprobó también un Protocolo indigno que recomendaba no ingresar en la UCI a mayores de 80 años con determinadas patologías.

4. Otras comunidades tuvieron peores datos que Madrid

El Gobierno de Madrid, a mediados del pasado año, puso en circulación una estadística que indicaba que “Navarra, Aragón y Extremadura superan el 80% de fallecidos por covid que residían en geriátricos”. Un porcentaje que en Madrid se quedaba en aquel momento en el 41%. No hace falta ser un experto matemático para entender que, al comparar los decesos en las residencias con los producidos fuera de ellas, el porcentaje puede ser bajo por dos motivos: porque realmente hay pocos fallecimientos en las residencias o porque fuera de los geriátricos hay también una hecatombe importante. Esto último fue exactamente lo que sucedió en Madrid, triste líder en muertes en la primera ola en los geriátricos y fuera de ellos.

Para saber qué ocurrió realmente dentro de las residencias, hay dos estadísticas que sí son relevantes: el número de mayores fallecidos respecto al total de residentes y el exceso de mortalidad (que es precisamente la estadística que utiliza el PP para sostener, con razón, que el número de fallecidos totales por covid en España es mayor que el que recogen las cifras oficiales). En ambas cuestiones Madríd es la comunidad con peores datos: en la primera ola fallecieron el 12% del total de residentes de Madrid con covid o síntomas compatibles, por delante de Castilla-La Mancha, donde se superó ligeramente el 8%. En cuanto al exceso de mortalidad en los geriátricos, según un estudio recién publicado en Envejecimiento en Red, se disparó hasta el 52,9% en Madrid, casi el doble que la producida en la segunda comunidad peor parada, de nuevo Castilla-La Mancha con el 27,9%.

En todo caso, hay que tener presente que la responsabilidad política del Gobierno madrileño no deriva de que fuese la comunidad con más residentes fallecidos. Es importante conocer los datos reales, para evitar las manipulaciones interesadas. Pero la responsabilidad de Ayuso y Escudero nace de cómo gestionaron la pandemia, no del número de fallecidos. Su responsabilidad es producto de las cuatro decisiones mencionadas: el Protocolo de no derivación hospitalaria, la no medicalización de los centros incumpliendo resoluciones judiciales y la doble negativa a trasladar ancianos enfermos al Ifema y a los hospitales privados. 

5. Los residentes no se habrían salvado aunque se les hubiese trasladado al hospital

Este argumento lo utilizó Ayuso por primera vez en el debate electoral y lo desmienten tanto la lógica como la realidad de lo ocurrido a partir de mayo. ¿Alguien puede sostener en serio que los 7.291 mayores que fallecieron en las residencias habrían perdido igual la vida si hubiesen recibido atención hospitalaria? ¿Todos? ¿Los 7.291? Es evidente que una parte de esas personas habría muerto y que la otra se habría salvado.

Por supuesto, en términos éticos, aunque todos hubiesen fallecido, la inmoralidad de privarles del derecho a recibir atención médica sería la misma. Pero es que la realidad demuestra que, además de inmoral, es un argumento falso. Las derivaciones hospitalarias de los residentes enfermos empezaron a recuperarse en la segunda mitad de abril y, especialmente, a partir de mayo. Y el número de mayores fallecidos se redujo drásticamente, por la sencilla razón de que la atención médica les salvó la vida a muchos de ellos.

Los encubridores

Hasta aquí los hechos. Pero no me gustaría terminar este artículo de opinión sin realizar una valoración subjetiva.

Muchísimos ciudadanos madrileños desconocen los hechos que acabo de exponer, por la sencilla razón de que hay algunos medios que jamás han informado sobre ellos. Sus directores son responsables de encubrir esa hecatombe. Si es por ignorancia, es una ignorancia culpable; si es por otras razones menos confesables, se califican solas.

La Fiscalía está teniendo, en general, un papel lamentable. Es asombroso que, con todas las pruebas documentales que existen sobre el Protocolo y su aplicación masiva en las residencias, no haya abierto una investigación de oficio. Una Fiscalía que actúa como abogada defensora se denigra a sí misma y ofende especialmente a los familiares de las víctimas. Es, también, una Fiscalía encubridora.

Hay una pregunta sin respuesta, pero creo que clarificadora: si quienes fallecieron en las residencias sin atención médica, fuesen la madre o el padre de los políticos que adoptaron esas decisiones, ¿habrían actuado igual? Si fuesen la madre o el padre de los encubridores, ¿actuarían estos como lo hacen?

En los casi 40 años de existencia de la Comunidad de Madrid, jamás ocurrió un hecho tan grave que afecte directamente a la responsabilidad del Gobierno autonómico. Jamás han existido, por tanto, más razones para ir a votar. Si tienen alguna duda a la hora de acercarse a las urnas o a la hora de escoger papeleta, quizá les ayude hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo me sentiría yo si fuesen mi madre o mi hermano las personas que murieron de forma indigna en una residencia, solos, sin atención médica, ahogados en su propia tos, sin oxígeno?

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P.D.-1: Este artículo se centra, a partir del debate electoral, en el análisis de la responsabilidad política como una de las causas de lo ocurrido en las residencias de Madrid. Pero no fue la única. Durante la primera ola de la pandemia, en toda España, se pueden identificar otras cuatro grandes causas: déficits estructurales previos del sistema residencial, errores producidos cuando llega el virus, responsabilidades empresariales y el hecho objetivo de que las residencias son lugares donde el virus se transmite con facilidad.

P.D.-2: El texto se apoya en datos oficiales y en documentos de la Comunidad de Madrid. Si quieres profundizar en alguno de los hechos que se narran, puedes hacerlo en las siguientes informaciones que fueron publicadas en infoLibre.

– La prueba definitiva de la discriminación de los mayores en Madrid: los datos por residencias desvelan cómo se paralizó el traslado a los hospitales

– Los datos del Gobierno Ayuso revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital

– 7 de abril de 2020, el día de la vergüenza: Madrid registra la muerte de 913 residentes

– Los seis documentos que demuestran que Ayuso miente sobre la orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales

– El 'hospital milagro' de Ayuso también excluyó a los mayores: sólo 23 residentes fueron trasladados a Ifema

– Ayuso no añadió ni un hospital privado a la red pública que atendía a los mayores pese a que miles morían en las residencias sin ser trasladados a un centro médico

1. Que su padre lo va nombrando alegremente beneficiario de fundaciones en paraísos fiscales sin su conocimiento.

2. Que él pensaba que su padre vivía con apenas 200.000 euros al año. Que no era un (presunto) ladrón. Que los elefantes, las Corinas, los jets y las juergas de multimillonario salían de su asignación de los Presupuestos del Estado.

Felipe de Borbón y Grecia ha confesado por medio de un comunicado público:

1. Que se enteró el 5 de marzo de 2019 de que era el beneficiario de una fundación panameña donde su padre escondía fondos opacos. Es decir, que su padre era un (presunto) delincuente. Pero decidió que lo mejor era ocultarlo. Y sólo lo ha admitido tras la publicación de la noticia en un periódico británico.

2. Que no ha colaborado con la Justicia para el esclarecimiento de los posibles delitos de su padre. Lo que le convierte a él en un encubridor.

Esos dos hechos y esas dos confesiones sólo permiten llegar a una conclusión: Felipe de Borbón y Grecia se ríe de nosotros.

Y eso que tendría muy fácil demostrar que de verdad quiere “observar una conducta íntegra, honesta y transparente”, como escribió en su comunicado. Sólo necesita acometer las cinco actuaciones siguientes:

1. Publicar en la web de la Casa del Rey el patrimonio que tienen sus padres, él, su esposa, sus hijas y sus hermanas. No la cifra global, sino la relación exacta del tipo de bienes y del lugar donde se encuentran.

2. Publicar en la web de la Casa del Rey el testamento de su padre, de su madre y, si ya lo hubieran realizado, el suyo, el de su mujer y el de sus hermanas. Y comprometerse a actualizar los datos en caso de que sufran cualquier tipo de modificación.

3. Entregar a la Justicia copia de toda la documentación que exista en palacio sobre (presuntas) actividades ilegales de su padre, de las examantes del emérito o de otros miembros de su familia.

4. Entregar a la Agencia Tributaria copia de toda la documentación que exista en palacio sobre (presuntos) fraudes fiscales cometidos por su padre, por las examantes del emérito o por otros miembros de su familia.

5. Trasladar al Congreso su deseo de que se constituya una comisión de investigación que aclare los posibles actos de corrupción cometidos por su padre. La sede de la soberanía popular no puede ser secuestrada a la hora de analizar hechos tan graves. Y anunciar su máxima colaboración para que dicha investigación parlamentaria sea fructífera.

Ese es el verdadero dilema que afronta Felipe de Borbón y Grecia: seguir insultando la inteligencia de los ciudadanos españoles o dejar de ser el encubridor, cómplice y beneficiario de su padre. Así de sencillo.

Que se trata de cinco falsedades no es una interpretación jurídica o periodística. Es una conclusión a la que llega cualquier persona que haya superado las pruebas de comprensión lectora que se realizan a los alumnos de 4º de primaria. Veámoslo. [Puedes leer aquí el decreto de archivo].

  alzamiento de bienes

El primer hecho que analiza la teniente fiscal de Anticorrupción es la participación de Isabel Díaz Ayuso en un presunto alzamiento de bienes. Los hechos los desveló infoLibre: los padres de la presidenta madrileña le donaron a ella y a su hermano dos inmuebles el 7 de octubre de 2011, para evitar que dichos bienes fuesen embargados por Avalmadrid. Esta entidad le había concedido un crédito-aval de 400.000 euros a la empresa MC Infortécnica SL, propiedad de ocho socios entre los que estaban los padres de Ayuso, que habían avalado personalmente el préstamo. Dos semanas antes de la donación, MC Infortécnica SL había despedido a la práctica totalidad de su plantilla y estaba en quiebra, así que era evidente que no podría devolver los 400.000 euros. El primer pago lo tenía que realizar el 15 de diciembre de 2011. No pagó ni un euro. [Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

Para llegar a la conclusión de que no hay nada delictivo en ese relato de hechos que realiza Más Madrid en su denuncia, Belén Suárez Pantín incurre en las dos primeras falsedades:

FALSEDAD Nº 1: LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO

Sostiene la teniente fiscal que, respecto al alzamiento de bienes, "la jurisprudencia indica como uno de sus requisitos esenciales que el crédito sea vencido, líquido y exigible". Y añade: "Del análisis de los hechos que se describe [sic] en la propia denuncia resulta que las donaciones se realizaron dos meses antes del impago de la primera cuota".

Es imposible saber a qué jurisprudencia se refiere Belén Suárez Pantín, dado que no cita una sola sentencia en su decreto, lo que por otra parte da una idea bastante clara sobre la calidad jurídica de su escrito. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo español dice exactamente lo contrario de lo que falsamente afirma la número dos de Anticorrupción. En concreto, el Alto Tribunal declara que:

Esta jurisprudencia se recoge en decenas de sentencias del Supremo. Sirvan como ejemplo estas tres, separadas por 17 años pero idénticas a la hora de interpretar las características del crédito que se busca dejar impagado mediante el alzamiento de bienes: 1738/2002, de 11 de marzo; 4396/2005, de 30 de junio y593/2019, de 20 de febrero. 

FALSEDAD Nº 2: LA INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL PATRIMONIO DEL DEUDOR

Sostiene la teniente fiscal, también en relación con el alzamiento de bienes, que un segundo requisito esencial es que "no queden bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito". Señala, además, que "el citado crédito estaba garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble y 8 avalistas solidarios. Consta que en el año 2018 se ha ejecutado la garantía hipotecaria y por lo que resta, no consta que se hubieran dirigido contra los avalistas solidarios".

Belén Suárez Pantín tiene razón en lo primero: la jurisprudencia también es constante a la hora de afirmar que si el deudor conserva suficiente patrimonio para hacer frente a sus deudas, las operaciones de transmisión de los bienes no serán consideradas alzamiento. Esto es de una lógica aplastante: dicho delito se caracteriza por "imposibilitar o dificultar a los acreedores el cobro de lo que les es debido", en palabras del Supremo. Y si el deudor mantuviese suficiente patrimonio, pues el acreedor podría actuar contra él.

¿Qué ocurrió con los avalistas del préstamo de Avalmadrid? Pues que se desprendieron de absolutamente todos los bienes que tenían a su disposición. Los padres de Díaz Ayuso y otros cuatro avalistas. De forma que no queda patrimonio que perseguir.

Y, en segundo lugar, esos avalistas solidarios tienen a día de hoy una deuda viva con Avalmadrid de más de 270.000 euros; es decir, una vez descontado el importe de la garantía hipotecaria ejecutada sobre una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila). 

Por tanto, el totum revolutum argumental de la teniente fiscal no se sostiene: la realidad es que los avalistas no tienen bienes para hacer frente a la deuda y que esta supera a día de hoy los 270.000 euros. Así que en, todo caso, se cumpliría ese segundo requisito esencial del delito que cita en su decreto.

  ADMINISTRACIÓN DESLEAL

En segundo lugar, analiza Belén Suárez Pantín si pudo existir administración desleal por parte de los gestores de Avalmadrid, precisamente por permitir que los avalistas solidarios se deshicieran de su patrimonio y no actuar contra ellos durante siete años, pese a que ya en abril de 2012 se decidió en una reunión del Comité de Morosidad de Avalmadrid que se debía proceder a "la ejecución dineraria" de los morosos. Aquí tampoco encuentra delito alguno, pero para ello nuevamente debe forzar la verdad de los hechos.

FALSEDAD Nº 3: LA VOLUNTAD DEL ACREEDOR DE ABANDONAR EL COBRO DE LA DEUDA PENDIENTE

El delito de administración desleal exige, entre otros elementos, que se actúe en beneficio propio o de un tercero y que cause un perjuicio patrimonial. En el presente caso, sostiene la teniente fiscal, "no puede determinarse ninguno de ambos, teniendo en cuenta que está pendiente la reclamación a los avalistas solidarios, y no puede concluirse, de lo afirmado por el denunciante, la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente".

O sea que, según Belén Suárez Pantín, la prueba de que el acreedor mantiene "la voluntad de cobrar" la deuda pendiente es... que durante siete años no ha hecho nada para recuperarla y sigue pendiente "la reclamación". ¿La voluntad de que se quiere hacer algo es no hacerlo? ¿De verdad que razonan así en Anticorrupción?

La voluntad de Avalmadrid ha quedado patente por dos hechos que puede comprobar fácilmente la teniente fiscal:

1. Entre octubre de 2011 y julio de 2012, Avalmadrid permitió que los avalistas solidarios donasen o vendiesen todos los bienes que tenían a su disposición. ¡Todos!Siete inmuebles propiedad de seis avalistas diferentes. Y solo una vez que los morosos se habían deshecho de todo el patrimonio que no tenían hipotecado, Avalmadrid trasladó el expediente a Cobralia para que en teoría intentase recuperar la deuda.

2. Cuando le pasaron el expediente de MC Infortécnica SL, Cobralia tampoco actuó contra los avalistas. Se limitó a enviarles una notificación requiriendo el pago de la deuda, pero no fue a los tribunales. En 2015, Cobralia le preguntó a Avalmadrid qué hacían al respecto y cuatro años después siguen esperando una respuesta.

Pero es que no hace falta que la número dos de Anticorrupción crea lo que afirman los denunciantes de Mas Madrid, bastaría con que se hubiera leído un informe realizado por la Comisión de Auditoría de la propia Avalmadrid, fechado el 30 de julio de 2019, donde se admite que el Comité de Morosidad ocultó la donación fraudulenta de un piso a Ayuso, entre otras irregularidades. Claro que para leer el informe, tendría que haberlo pedido, y Belén Suárez Pantín no consideró necesario desgastarse en exceso en este caso.

  Tráfico de influencias

Por último, la teniente fiscal analiza el tráfico de influencias que los denunciantes atribuyen a la presidenta madrileña, pero felizmente para Ayuso tampoco aquí encuentra la defensora de la legalidad ninguna tacha Código Penal en mano. Eso sí, para ello es preciso vapulear nuevamente la verdad, pero ya se sabe que la Justicia es ciega y a veces atropella a quien no debe.

FALSEDAD Nº 4: LAS FECHAS DE LOS CORREOS

Analiza Belén Suárez Pantín unos correos que envió Ayuso a un directivo de Avalmadrid interesándose por las consecuencias que tendría para sus padres el impago del préstamo y por información confidencial de determinadas empresas vinculadas a dos socios de sus padres. Sostiene la teniente fiscal en su escrito: "Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la fecha en que adquirió [Ayuso] la condición de diputada autonómica –15/07/2011–, siendo que las fechas que constan en los correos aportados son todos ellos anteriores".

Otra falsedad, si se tiene en cuenta que en la denuncia figura un correo enviado por Ayuso el 14 de septiembre de 2011. Ha de saber la teniente fiscal que, desde que el papa Gregorio XIII decretó en 1582 que el mundo católico debía regirse por el calendario llamado en su honor gregoriano, el 14 de septiembre viene después del 15 de julio. Y tal fenómeno se repite año tras año de forma invariable, sin que de momento haya nunca sucedido que septiembre se anticipase a julio. Pero es más, incluso aunque en Anticorrupción se guiasen por el calendario juliano, en lo que sería una clamorosa falta de adaptación a los tiempos, resulta que Quintilis también iba por delante de Septembris, de forma que si Ayuso hubiese sido nombrada diputada en Quintilis de 2011 ya sería diputada a la hora de escribir un correo en Septembris del mismo año.

No crean que la preocupación de la teniente fiscal por las fechas es intrascendente. Los diputados son considerados "autoridad" por el Código Penal, y hay determinados delitos que sólo pueden cometer quienes son fucnionarios o autoridad, de forma que si se despoja a Ayuso de dicha condición, por arte de magia también se le protege de esos presuntos delitos (por ejemplo, el cohecho). 

FALSEDAD Nº 5: INFORMACIONES OBTENIDAS A TRAVÉS DE INTERNET

El escrito de Belén Suárez Pantín tiene cuatro folios: dos y medio los dedica a resumir los hechos de la denuncia y otro folio y medio escaso a no encontrar delitos. Pues bien, aunque parezca increíble en tan breve espacio, aún entra una quinta falsedad en ese folio y medio mencionado. Sale a mentira por cada dos párrafos.

Sostiene la teniente fiscal, en unas líneas de sintaxis complicada y puntuación ciertamente mejorable: "Lo anterior puesto en relación a lo que describe el denunciante como información privilegiada, del propio relato de hechos como del contenido de los correos los correos [sic] aportados las informaciones no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo que se realice, sino que se refieren a informaciones obtenidas a través de internet y del registro mercantil".

Pues bien, la realidad es que en uno de los correos, Ayuso le pregunta a un directivo de Avalmadrid si le podría facilitar "la actividad comercial, facturación y clientes" de dos empresas cuya propiedad atribuye a los socios de sus padres. El dato global de facturación se puede encontrar ciertamente en el Registro Mercantil, si la empresa cumple la obligación legal de presentar las cuentas anuales, pero la identidad de los clientes es una información confidencial que desde luego las compañías no declaran ante el Registro y tampoco suelen colgar en Internet.  

Hasta aquí el atropello a la verdad perpetrado en el decreto de la teniente fiscal de Anticorrupción. Es un escrito que recuerda a aquellos que firmaba Manuel Moix para explicar que el presunto corrupto Ignacio González era un político sin mácula. Por las conclusiones, pero sobre todo por el atropello jurídico. Las cosas, incluso para llegar al mismo fin, se pueden hacer mucho mejor. Sirva un ejemplo para explicarme: se puede defender con argumentos jurídicos razonables que la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes habría prescrito, de forma que no procede investigarlo. O incluso se puede afirmar que no está demostrado el dolo de Ayuso en el momento de recibir la donación del inmueble, por lo que faltaría un elemento imprescindible para el delito. En ambos casos, por cierto, también hay pruebas y razonamientos que apuntan en la dirección contraria. Pero lo que no se puede hacer, cuando los españoles le pagan a alguien el sueldo de teniente fiscal de Anticorrupción, es poner por escrito que la jurisprudencia del Supremo dice exactamente lo contrario de lo que de verdad dice la jurisprudencia del Supremo. No es necesario ni hacer el ridículo, ni provocar que la gente sienta vergüenza ajena.

Se pueden escribir libros enteros sobre los derechos que quiere recortar Vox o los colectivos a los que quiere marginar. No es necesario. Basta con decir que sus dirigentes son los representantes del fascismo.

Existe un candidato que se llama Pablo Casado que admite su intención de gobernar con Vox. Está dispuesto, por tanto, a ejercer de colaboracionista.

Existe un candidato que se llama Albert Rivera que se presenta como enemigo de los “nacionalismos” mientras espera entrar en Moncloa abrazado a la extrema derecha nacionalista española. Está haciendo, por tanto, el trabajo de quintacolumnista.

Me molesta cuando alguien dice que en Cataluña hay dos millones de xenófobos  o que en Andalucía hay 400.000 fascistas. Cada votante tiene unas motivaciones que se deben respetar. Pero no respeto a los dirigentes políticos que propagan el odio ni a quienes están dispuestos a pactar con ellos.

Hace 80 años se apagó en España el grito “No pasarán”… porque pasaron. Y en el nombre de España aplastaron a los españoles demócratas.

Ahora está en nuestra mano evitar que vuelvan a pasar. ¿Cómo?

– Si resides en una circunscripción que elige 5 o más diputados: las papeletas de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV o BNG son voto útil.

– Si resides en una circunscripción que elige 4 o menos diputados: el voto útil es el PSOE.

La pinza en la nariz puede ser del tamaño que uno considere, pero lo que no cabe es ser ingenuo. El voto en estas elecciones servirá para que gobierne la extrema derecha o para evitar que gobierne la extrema derecha.

Yo lo tengo claro: votaré contra la ultraderecha.

infoLibre ha conseguido las declaraciones del impuesto de sociedades (liquidación anual a través del modelo 220) presentadas por cuatro grupos bancarios españoles en 2016. Dos de ellos declararon beneficios y dos pérdidas (Banco Popular y BMN). Los resultados del modelo 220 de las dos entidades financieras que ganaron dinero aquel año fueron los siguientes:

1) El Banco Santander abonó en retenciones a cuenta y pagos fraccionados 675.508.309,05 euros (la cifra incluye la Hacienda estatal y las forales). En la liquidación anual pidió que se le devolvieran 675.508.309,05 euros. Su contribución neta por impuesto de sociedades fue, por tanto, de 0,00 euros. Ese año, el Santander declaró unos beneficios de 7.486 millones.

2) Bankia ingresó en retenciones a cuenta y pagos fraccionados 193.533.060,05 euros (el dato incluye la Hacienda estatal y las forales). En la liquidación anual reclamó que se le devolvieran 193.533.060,05 euros. Su contribución neta por impuesto de sociedades fue, por tanto, de 0,00 euros. Ese año, Bankia declaró unos beneficios de 802 millones.

Santander y Bankia no son una excepción entre las entidades financieras. Las normas fiscales están diseñadas para que la banca no pague por el impuesto de sociedades.

Que los bancos paguen 0,00 euros por impuesto de sociedades es inaceptable en un Estado social y democrático de Derecho, como dice la Constitución que es España.

La culpa en términos morales es de los dueños y ejecutivos de las entidades financieras, por su insolidaridad absoluta con la sociedad donde hacen negocio. Pero, en términos políticos, la responsabilidad corresponde íntegramente a los Gobiernos y a las Cortes, que aprueban o mantienen las normas que permiten a los bancos no pagar nada por el impuesto de sociedades gracias a centenares de desgravaciones, deducciones, compensaciones y demás zarandajas fiscales.

El debate no es si los bancos deben pagar más por el impuesto de sociedades. La cuestión es si van a empezar a pagar algo. 0,00 euros debería ser una cifra escasa incluso para los charlatanes disfrazados de economistas viejoliberales.

Una Anti-España donde se encuentran los empeñados en defender a un dictador genocida y reo de rebelión; los que quieren mantener abiertas las heridas de la guerra civil impidiendo que reciban una sepultura digna las decenas de miles de personas asesinadas y abandonadas en cunetas desde hace décadas; los que ven con naturalidad que se mantenga abierto en las cercanías de Madrid un mausoleo fascista; los que aceptan sin problema que los Franco vivan a cuerpo de rey con lo robado por el patriarca de la familia a todos los españoles. Frente a la España moderna, solidaria, abierta al mundo, viajada y que quiere cerrar las heridas del pasado para mirar hacia adelante reconciliada, se alza esa otra Anti-España paleta, rabiosa, encerrada en su nacionalismo de botijo.

Todos aquellos que aman de verdad a España deberían ponerse de acuerdo en un programa mínimo de sensatez y dignidad democrática, formado por cuatro puntos:

1. Ilegalización de todas las organizaciones que hagan apología del terrorismo, da igual que sea el etarra (que provocó mil muertos) o el franquista (que causó decenas de miles).

2. Exhumación de todos los asesinados durante y después de la guerra civil y, si es posible, identificación de los restos y entrega a sus familiares.

3. Cierre del mausoleo fascista en Cuelgamuros.

4. Creación de una fundación que se encargue de financiar todos los costes relacionados con la exhumación de los asesinados y el cierre del Valle de los Caídos. Esa fundación se nutrirá de las aportaciones realizadas por empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo durante la dictadura, por los bienes que se requisen a los herederos de Franco siempre que se demuestre de forma inequívoca que fueron obtenidos mediante la coacción o el saqueo, y por los donativos de aquellas otras personas físicas o jurídicas que quieran contribuir a la reparación y la justicia pendiente desde hace décadas.

A la Anti-España seguro que este programa le parece demasiado “radical”. No faltará algún iletrado que lo considere “propio de comunistas”. Pero comprobar qué ocurrió en Alemania tras el final del nazismo nos ayuda a entender que esa es la forma en que se comportan las sociedades civilizadas. Veamos.

1) El patrimonio de los principales jerarcas del Partido Nacionalsocialista fue requisado. La medida afectó a Adolf Hitler y Eva Braun; Hermann y Emmy Göring; Martin Bormann (el secretario de Hitler); Rudolf Hess; Heinrich Himmler; Baldur von Schirach (líder de las Juventudes Hitlerianas); Heinrich Hoffmann (fotógrafo personal de Hitler) y Julius Streicher (editor del periódico nazi Der Stürmer). Por supuesto, también se confiscaron todos los bienes del Partido Nazi. Ese patrimonio pasó a formar parte del Estado de Baviera (aquí lo explica el semanario Stern).

2) El Estado de Baviera dedicó parte de los bienes incautados –unos 627 millones de marcos– a reparar a las víctimas del nazismo. Otros bienes fueron puestos al servicio de la Administración pública. Por ejemplo, la vivienda privada que Hitler tenía en la Plaza del Príncipe Regente (Prinzregentenplatz) de Munich es ahora una comisaría de Policía.

3) Los tribunales tumbaron las acciones puestas en marcha por algunos herederos de los jerarcas nazis para intentar recuperar los bienes que les habían sido incautados. El caso más famoso es el de Edda Göring, hija del jefe de la Aviación alemana y ahijada del propio Hitler. Como regalo de bautizo, el Ayuntamiento de Colonia le envió el cuadro La Virgen con el niño de Lucas Cranach ‘el Viejo’, una obra del siglo XVI de valor incalculable. El Tribunal Federal de Alemania (equivalente a nuestro Supremo) puso fin en 1968 a la batalla judicial de Edda Göring, que pretendía quedarse con el cuadro expoliado, y dictaminó que la obra pertenecía al Ayuntamiento de Colonia porque había sido “ilegal” la decisión de regalárselo a aquella recién nacida.

Y la misma suerte corrió otro intento más reciente de Edda Göring. En noviembre de 2014, presentó una petición ante el Parlamento de Baviera para que le devolvieran parte de los bienes confiscados a su padre, aunque sólo fuese una mínima parte que le permitiera cubrir “un sustento mínimo”. Seis meses más tarde, el Parlamento bávaro rechazó la petición por unanimidad.

4) En Alemania no hay mausoleos fascistas. De ningún tipo. Lo que hay son campos de concentración convertidos en lugares de recuerdo y homenaje a las víctimas.

5) En las cunetas alemanas no hay restos abandonados de judíos, socialistas, comunistas o gitanos asesinados por los nazis.

6) La Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, en alemán), cuyo objetivo es indemnizar a los trabajadores forzosos del nazismo, se constituyó en el año 2000. Sí, en el 2000, más de medio siglo después del hundimiento del régimen nazi y sin que conste que ningún descerebrado dijese que esa fundación buscaba reabrir heridas del pasado. 6.500 empresas alemanas han aportado 2.600 millones de euros a la fundación, entre ellas algunas de las principales compañías que utilizaron mano de obra esclava durante el nazismo.

Así de sencillo. Hagamos en España lo que han hecho en Alemania. No hace falta más, pero tampoco menos. Entre la civilización y la barbarie, elijamos la civilización. Es hora de avanzar y dejar atrás a la Anti-España.

Es sorprendente que a un joven diputado le ofrezcan un título de máster de 60 créditos a cambio de cuatro trabajos que se elaboran en un fin de semana largo, sin ir a clases ni hacer exámenes, y no lo rechace airado explicando al desgarramantas que la universidad es el alma mater y que él sólo se matricularía para aprender y formarse. Y también es sorprendente que ese joven diputado no se interese por saber si todos sus compañeros de máster lo cursan como él en plan universidad a distancia, no vaya a ser que le estén otorgando cierto privilegio, lo que lógicamente sería inaceptable para un admirador confeso de aquellos países que tienen los más altos estándares de ética en la vida pública.

Todo ello es sorprendente, pero lo realmente alucinante del tema del mini-máster de Pablo Casado es que el presidente del PP no encuentre los cinco minutos que le llevaría cruzar la calle Génova, entrar en la sede del Tribunal Supremo, entregar el ordenador que dice que utilizó para realizar los trabajos de las únicas cuatro asignaturas que no le convalidaron y pedir declarar voluntariamente para aclarar cualquier duda que pudieran tener en el alto tribunal.

Es muy complicado que, entre los dos millones de asuntos pendientes en este momento en los tribunales españoles, haya uno más fácil de resolver que el del mini-máster. Un perito informático comprueba la fecha de creación de los cuatro trabajos. Que se crearon en 2009, se archiva el caso y punto final de la historia. Que se fabricaron en 2018, el Supremo abre una investigación para decidir si procede o no actuar penalmente contra Casado por los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa que ha apreciado indiciariamente la magistrada Carmen Rodríguez-Medel.

Y políticamente, pues lo mismo. Que los cuatro archivos se crearon en 2009, Casado regresa a hombros a la calle Génova. Que los trabajos se fabricaron en 2018, el presidente del PP presenta de forma inmediata su dimisión y se convierte en Pablo el Brevísimo.

Así que, llegados a este punto, sólo hay una pregunta que hacerse: ¿por qué si Casado tiene en sus manos terminar en cinco minutos con la polémica del mini-máster prefiere no hacerlo y permite así que el asunto se convierta en un escándalo político?

La investigación judicial se centra lógicamente en los hechos ocurridos en el curso académico 2008-2009, que es cuando los presuntos delincuentes del chiringuito ese de la URJC montaron su máster de dos velocidades –una corta para la plebe estudiantil, y otra larga para los patricios amigos de la casa–, pero políticamente a mí me fascina otro instante. Es aquella mañana del 10 de abril de 2018, en la que Casado cita a 60 periodistas a un encuentro en la sede del PP y les muestra los cuatro trabajos que según explicó guardaba en su ordenador. Si esos documentos los había escrito en las semanas previas, el ánimo de engaño a la opinión pública sería tan descomunal, la alevosía de su comportamiento tan calculada, que en términos éticos sería insoportable su continuidad en cualquier cargo público.

Así que la pregunta surge inevitable una y otra vez: ¿por qué no se acerca Casado al Supremo ordenador en mano? Si dijo la verdad, sería un hombre libre de sospecha de forma inmediata.

Dos atajos

El problema, para Casado, es que hubiera mentido. En ese caso estaríamos ante un político sin escrúpulos que probablemente estaría valorando dos atajos.

El primero es que el ordenador se evapore. Se pierde en un traslado, lo roban en una tarde de verano, lo encuentra el hombre del martillo de Génova, unos extraterrestres se lo llevan por error... Estaríamos ante un modelo de ordenador ciertamente milagroso. Habría sobrevivido y guardado durante nueve largos años los trabajos del mini-máster, justo hasta el preciso momento en que su dueño los necesitaba para imprimirlos y enseñárselos a la prensa, y desaparecería nada más saber que se había convertido en la prueba clave de un asunto judicial. Las indemnizaciones en diferido que se estilaban en época de Cospedal serían una broma comparada con el ordenador-milagro de Casado.

El segundo atajo también entra en la categoría de lo humanamente milagroso y es que alguien en el Supremo viese la luz y encontrase una vía de rechazar la exposición razonada que le envió Rodríguez-Medel. Cualquiera que haya leído las 54 sólidas páginas de ese documento y tenga una mínima noción jurídica –pero mínima, mínima–, sabe que sería un escándalo no practicar (al menos) las pruebas que plantea la magistrada para aclarar la actuación de Casado. Claro que a veces la Justicia no es ciega, sólo tuerta.

Ambos atajos crearían divertidísimos trending-topics en Twitter, donde ya saben que somos potencia mundial, y dejarían instalada una gigantesca sombra de sospecha sobre Casado. Vale, muy bien, pero con la sombra Casado puede intentar aguantar al frente del PP y con la certeza (si fabricó los trabajos en 2018), tendría que irse por la puerta de atrás de forma ignominiosa. Así que la tentación estaría ahí.

Les confieso que de alguna forma me gustaría que Casado estuviera diciendo la verdad. Aborrezco a su padrino Aznar. Me provocan náuseas los presuntos delincuentes González y Granados y su madrina Aguirre, los tres referentes de la escuela política en la que creció el ahora líder del PP. Me escandalizan sus discursos plagados de mentiras de las últimas semanas, especialmente en temas como la inmigración. Pero valoro la valentía que tuvo al presentarse cuando todos estaban esperando al señor de las cremas y aprecio a algún militante honrado que lo apoyó en las primarias convencido de que el PP tenía que pasar página y dejar atrás el bochorno de la corrupción. Y es que sería bueno que la derecha acertase al fin con su liderazgo.

Pero la pregunta sigue ahí, sin respuesta, cada hora que pasa más grande y pesada: ¿por qué, Pablo, si está en tu mano enterrar el ominoso asunto del mini-máster llevando al Supremo la prueba irrefutable de que dices la verdad, no lo haces? ¿Por qué no encuentras esos cinco minutos?

En abril de 2007, la revista Tiempo publicó dos amplias informaciones sobre el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid: en una se desgranaban adjudicaciones sospechosas de Ignacio González, entre ellas la realizada para explotar el campo de golf de Chamberí y que había beneficiado directamente al socio de un hermano de González (Pablo, también detenido ahora), y en otra se explicaba que el político madrileño había adquirido en 2006 un chalé de 447 metros cuadrados valorado en 1,8 millones de euros. Un conocidísimo gacetillero publicó diez años después la misma información en rigurosa exclusiva y anda el hombre tan feliz jactándose de sus investigaciones.

¿Y qué pasó con aquella denuncia periodística, basada en documentos oficiales de los registros Mercantil y de la Propiedad? Pues que los medios miraron tranquilamente hacia otro lado. Voy a poner el ejemplo más paradigmático: El Mundo, entonces dirigido por Pedro J. Ramírez, le dedicó al asunto media página en el suplemento local con el siguiente titular: "Polémica por el campo de golf". No, hombre, no, polémica no. Un escándalo mayúsculo. Pero pocas semanas después había elecciones autonómicas y tocaba apoyar a Esperanza Aguirre.

Polémico habría sido saber cuántos millones de euros había inyectado en publicidad el Gobierno de Esperanza Aguirre en los medios de comunicación. Bueno, bien pensado, eso también habría sido un escándalo mayúsculo. Alguna cifra desveló infoLibre. Eran millones que tenían la virtud de transformar los escándalos de corrupción en polémicas menores o directamente en silencio.

Pero no todos se inclinaron ante el poder. La asociación de vecinos Parque Sí en Chamberí llevó el tema de la adjudicación del campo de golf a los tribunales. Y pelearon sin descanso para que se terminase declarando la ilegalidad de aquella operación. Allí estaba por ejemplo Hugo Martínez Abarca, ahora diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en aquel momento en la parte honrada de IU. Y mucha otra gente desconocida para el gran público que dedicaron horas y horas a leer farragosos documentos del expediente de adjudicación. 

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra de la Asociación de Vecinos de Chamberí.

En enero de 2009, Público desveló en una veintena de artículos otras escandalosas actuaciones de Ignacio González. Por ejemplo, que la cúpula del PP tenía en su poder un dosier de 69 páginas sobre el abultado patrimonio y las adjudicaciones irregulares del vicepresidente madrileño. O qué González había inyectado 1,3 millones de euros de dinero público en la empresa de su profesor de pádel.

Hubo entonces diputadas madrileñas, como Inés Sabanés y Reyes Montiel, que hicieron todo lo posible para que aquellos hechos no se enterrasen. Pero se impuso la parte corrupta de IU y se les prohibió seguir dando la matraca con temas tan feos. No merece la pena hablar de aquellos despreciables personajillos que escondidos tras la bandera de la Libertad trabajaban sin descanso para los corruptos. A alguna le pagan aún hoy la nómina.

Pero además de diputadas como Sabanés y Montiel, también ayudaron a destapar aquellos escándalos personas alejadas de la batalla política, que simplemente se acercaban al periodista asqueados al observar el gigantesco saqueo de los fondos públicos. Entre todos ellos sería injusto no acordarse de Javier L, al que la mafia amenazó y persiguió, hasta que lograron que se marchase de Madrid. Ayer, al enterarse de la noticia de la detención del jefe de esa presunta organización criminal, estaba el hombre contento, en una ciudad del sur donde ha reconstruido su vida, pensando que todo aquel acoso al que lo sometieron quizá ha servido para algo. Y también de Juan Carlos F., un simpatizante del PP, honrado a carta cabal, horrorizado porque la mafia había extorsionado a un familiar que se presentó a una adjudicación pública.

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra de las diputadas Sabanés y Montiel, en contra de Javier L., en contra de Juan Carlos F., en contra de todos los que le pedían que tomase medidas contra su número dos.

En 2012, cinco años después de las primeras informaciones sobre el personaje, el periódico El Mundo se incorporó al reducidísimo grupo de medios que denunciaba los desmanes de González y publicó la primera información sobre el ático de Estepona. Un asunto que llevó a los tribunales el Sindicato Unificado de Policía (SUP), entonces liderado por José Manuel Sánchez Fornet, cuya insistencia en denunciar el tema y no convertirse en un cómplice más de la corrupción le terminó costando el puesto. Pero Sánchez Fornet no se doblegó ni ante el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó. Por cierto que el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, aseguró que su conmilitón González había sufrido una investigación "ilegal" por parte de la Policía. ¡Qué ojo, Fernández, siempre del lado confundido de la ley!

Defenestrado Sánchez Fornet, el SUP se retiró como acusación popular en el caso del ático en 2015. Pero entonces cogió su relevo la asociación creada por los afectados del ERE de Telemadrid. Sí, los liberales, tan poco amantes de lo público, saquearon sin piedad la televisión pública madrileña. Llenaron los bolsillos de amigotes como Enrique Cerezo, un íntimo de González, y la fiesta la pagaron 861 empleados de Telemadrid que fueron despedidos cuando las arcas habían quedado vacías. Pero buena parte de ellos decidieron que tampoco se iban a rendir ante la mafia, y en un ejercicio de dignidad ciudadana encomiable, optaron por dar la batalla también en los tribunales y continuaron con la acusación popular por el asunto del ático. Es una obligación acordarse hoy de Alberto, de Celia, de José Ignacio, o de Liliana Pineda, que hizo un excelente trabajo jurídico.

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra del SUP, en contra de José Manuel, en contra de Liliana, en contra de Alberto, de Celia, de José Ignacio y de los otros 858 despedidos de Telemadrid.

Ayer se encendieron los focos de ese gran plató en que se ha convertido la política y el periodismo español. Allí estaban todos los héroes de puntillas reclamando su medallita. Todos jugaron un papel esencial en la detención de Ignacio González. Todos llegaron a tiempo para el último directo. Pues vale. Quienes no estaban eran los vecinos de Chamberí, ni Hugo, ni Inés, ni Reyes, ni Javier, ni Juan Carlos, ni José Manuel, ni Alberto, ni Celia, ni José Ignacio, ni Liliana. Ellos se conformaron con estar cuando tocaba, cuando no había focos, cuando la organización criminal te intentaba aplastar si denunciabas sus corrupciones.

P.D.: También hubo cinco periodistas que fuimos denunciados en los tribunales por Ignacio González por desvelar informaciones que no le gustaron al presunto jefe de la organización criminal. Es cierto. Pero eso va en nuestro sueldo y se supone que es parte de nuestro cometido profesional: controlar al poder. 

Cuando estaba planteando sus preguntas sobre este tema el diputado de Podemos Miguel Ongil, se produjo el siguiente diálogo:

– Miguel Ongil: ¿Quien manipuló el informe de Cajamadrid y lo hizo pasar como un informe propio de Telemadrid? ¿Fue usted?

– Manuel Soriano: No.

– M.O.: Usted lo presentó. ¿Quién se lo dio preparado?

– M.S.: Rechazo completamente el término de que se manipuló un informe.

– M.O.: Se lo puedo mostrar.

– M.S.: Usted podrá decir que había un informe que publica infoLibre y habría que verlo porque en fin… infoLibre, pequeño paréntesis. ¿Sabe usted que infoLibre tiene relación con Mediapro?

– M.O.: No.

– M.S.: ¡Ah, no! ¿Por qué no investiga? Investíguelo, por favor. Investigue la relación que tienen.

– M.O.: ¿Qué tiene que ver con la Comunidad de Madrid?

– M.S.: Que no sé si usted está defendiendo los intereses generales de los madrileños o los particulares de un lobby de un grupo de comunicación.

– M.O.: Lo que está claro es que usted los ha dañado.

Las afirmaciones de Manuel Soriano son mentira.

infoLibre ni tiene, ni ha tenido ninguna relación con Mediapro. De ningún tipo: ni accionarial, ni comercial. Sería perfectamente legítimo, ya que Mediapro es un importante grupo de comunicación. Pero resulta que este periódico jamás ha tenido relación con Mediapro, ni con ninguno de los dueños de Mediapro.

Tenemos así un primer hecho: Manuel Soriano es un mentiroso. Y no uno cualquiera. Es alguien que miente en la Asamblea de Madrid, a los representantes de todos los ciudadanos.

¿Por qué miente Manuel Soriano? A priori, hay dos posibilidades: puede mentir por ignorancia o puede mentir por mala fe. Dado que existe un conocido periódico digital que sí tiene relación con Mediapro (Público), cabe la posibilidad de que Soriano sea un ignorante que confunde las cosas y no sabe dónde tiene la mano izquierda (la derecha sí sabe, pero a ese tema vamos luego). Pero si alguien va a comparecer en la Asamblea de Madrid, tiene que mostrar un mínimo respeto por los diputados: si no tiene capacidad para distinguir las cosas, debe prepararse antes la intervención y llevarla escrita. Así lee el papelito y prueba superada. En resumen: si Soriano mintió por ignorancia, es una ignorancia culpable. No le pilló desprevenido, sabía adónde iba y a lo que iba.

La segunda opción es que Manuel Soriano mintiese por mala fe. ¿Qué pretendía al establecer esa falsa relación entre infoLibre y Mediapro? Pues pretendía convencer a sus señorías de que este periódico desveló determinadas informaciones sobre la compra de derechos de fútbol a Mediapro porque entre ambas compañías "hay una relación". Y ahí se retrata perfectamente Manuel Soriano: así es como ha actuado él en su vida profesional (pero a ese tema vamos luego), ocultando o publicando informaciones dependiendo de su relación con los protagonistas de la noticia. Un periodista publica una información cuando cumple dos características: que haya comprobado su veracidad y que sea de interés público. Si Manuel Soriano tuviese algo que objetar a la información de infoLibre, podría argumentar que no era cierta o que no tenía interés público; pero como las noticias son impecables, razona en términos de comisario político, de favorecer o perjudicar a un "lobby".

Como no tengo la capacidad (ni el interés) de leer mentes ajenas, no sé si Manuel Soriano mintió por ignorancia o por mala fe. Lo que sí sé es que si a Manuel Soriano le quedase un mínimo de dignidad (pero a ese tema vamos luego), este sábado por la mañana debería hacer dos cosas: escribir una carta a la presidenta de la Asamblea de Madrid pidiendo perdón por haber mentido de forma descarada a sus diputados y escribir una carta a infoLibre pidiendo disculpas por haber intentado difamar a este periódico al sugerir que publica noticias por intereses espurios.

Vamos con el otro tema.

¿Quién es Manuel Soriano? Bastaría un hecho para definirlo. Manuel Soriano es la persona que, siendo director general de Telemadrid, envió una nota al jefe de Gabinete de Esperanza Aguirre con el siguiente texto: 

"Querido Regino. Te mando la primera parte del documental que daremos el jueves y el viernes en prime time. Pásaselo a la presidenta. Creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente e ... ideológicamente... Un abrazo, Manolo".

El documental era sobre el 11-M y había quedado bastante bien "ideológicamente" porque daba pábulo a las mentiras de la teoría de la conspiración, probablemente el ejercicio de antiperiodismo más infame perpetrado en España en cuatro décadas de democracia.

Ahí tienen ustedes, desnudos, todos los atributos de Manuel Soriano: un comisario político encargado de la pureza ideológica de los documentales de Telemadrid, un servil al que le falta tiempo para decirle a la jefa que se ha portado muy bien. Pásaselo a la presidenta, querido Regino.

Ahí está expuesto en todo su esplendor Manuel Soriano. Pero sería injusto hacia su persona no tener en cuenta otros hechos destacables de su biografía:

– Manuel Soriano llegó a una televisión pública que tenía prestigio y era bastante plural y la convirtió en una mezcla de Pravda y Völkischer BeobachterPravdaVölkischer Beobachter audiovisual al servicio de su dueña, Esperanza Aguirre (a la que ya había servido previamente como jefe de prensa en el Ministerio de Educación y en el Senado).

– Manuel Soriano es uno de los principales culpables del hundimiento económico de Telemadrid, primero en su calidad de director y luego de presidente de la cadena pública. Un hundimiento que, mientras se perpetraba, llenó los bolsillos de alguno de sus amigotes.

– Manuel Soriano es uno de los grandes responsables, por su nefasta gestión, del ERE que dejó en la calle a 861 trabajadores de Telemadrid (quienes, por cierto, en vez de bajar los brazos y rendirse dieron una admirable batalla contra los corruptos).

– Manuel Soriano es el directivo de Telemadrid que, mientras Ignacio González compraba áticos y Francisco Granados organizaba volquetes de putas, no encontró el momento para que la cadena pública denunciase ni uno solo de los múltiples episodios de putrefacción del régimen liberal-estalinista montado por Esperanza Aguirre y que tan bien le pagaba sus servicios.

Pero todos esos méritos no justifican que se presente en la Asamblea y mienta así a los diputados. Y tampoco que intente manchar el nombre de un periódico que, humildemente y con el principal apoyo de sus suscriptores, intenta cumplir con su trabajo de informar.

Vayamos por partes (y con pincel algo más fino); en concreto, con tres partes: lo de Manuel Rico, lo del Grupo Prisa y lo del panorama mediático.

Por las responsabilidades que he ocupado en diversos medios de comunicación, me ha tocado contratar y despedir a muchos colaboradores. Los columnistas o tertulianos solemos ser gente con un altísimo concepto de nosotros mismos (al parecer hay algún caso en que ese juicio está incluso justificado). Nunca me ha ocurrido que llamase a Mengano para ofrecerle una colaboración y me respondiese: "No, hombre, no, ¿cómo me vas a contratar a mí? Quien es realmente brillante es Zutano. Llámalo a él, que va a funcionar mucho mejor que yo, Mira, te doy su móvil. Toma nota...". Y, sin embargo, cuando años después prescindes del mencionado Mengano, hay un porcentaje no menor de posibilidades de que considere que su salida certifica la muerte de la libertad de expresión en Occidente. Ese mismo periodista que aceptó encantado ir a la tertulia, dando por supuesto que su presencia era todo un acierto, no suele preguntarse si su salida es razonable porque ya eran repetitivos sus argumentos, porque hay gente mejor o porque sus ideas chocan frontalmente con la línea editorial del medio.

Empecé a colaborar con Hora 25 hace tres años. Un día recibí un correo de Pedro Blanco, a quien no conocía, preguntándome si me apetecía ir a la tertulia en verano. Me sentí halagado porque la SER era mi emisora e imagino que di por supuesto que era el mejor fichaje que podían hacer porque no les propuse ningún nombre alternativo. Al final de aquellos meses de estío, Àngels Barceló me propuso continuar durante la temporada, así que consideré confirmada la buena opinión que tengo sobre mi valía profesional y acepté feliz. Tomando una caña con ella y con Pedro, recuerdo que les comenté: "Mis ideas son a veces algo radicales para la SER y trabajo en infoLibre. Cuando tengáis que prescindir de mí, no hay problema. No voy a declararme víctima de nada. Lo único que pediré es que nos vayamos a tomar otras cañas".

A estas alturas, creo que mi argumento está bastante claro: la cadena SER puede contratar y despedir como tertuliano a quien le dé la gana. Ni el día que comencé a colaborar allí fue un día luminoso para la libertad de expresión en España, ni el día que prescindieron de mis servicios aquella se tiñó de luto. La SER es una empresa privada y responde ante sus accionistas y ante su audiencia. Sus oyentes son los que deben valorar la calidad del producto que reciben. Y, por supuesto, tengo la misma opinión de Àngels Barceló hoy que ayer: es una periodista excelente, íntegra a carta cabal. Con ella o con Pedro Blanco al frente del programa, siempre he opinado con absoluta libertad. Es simplemente un lujo trabajar con profesionales así.

Vamos con lo del grupo Prisa. Más allá de peripecias personales, creo que es una tragedia para la izquierda de este país el giro en la línea editorial de sus medios, y muy especialmente de El País. Pertenezco a una generación que se educó política y periodísticamente con ese diario, que llegó a tener una enorme calidad. Pero está ocurriendo con él lo mismo que en aquel cuento de Cortázar titulado La casa tomada. Primero, el grupo empezó a tener tantos intereses en el mundo de las editoriales, que algunas páginas de Cultura había que leerlas con precaución. Después, Prisa se expandió por Latinoamérica y el fervor de algún converso llevó a publicar aquella portada de un Chávez moribundo que no era Chávez, ejemplo paradigmático de cómo se informa sobre ciertos países. Luego, bancos y grandes empresas entraron directamente en el accionariado del grupo y hubo que dar por perdidas muchas páginas de Economía. Y ahora han llegado al mando del periódico los liberales, que han decidido que formas parte de la anti-España si no defiendes que Rajoy debe gobernar, lo que está lastrando muy seriamente las secciones de Política y de Opinión. Hasta las encuestas quedaron malparadas desde aquel día en que se consideró necesario apuntillar a Tomás Gómez y se publicó un sondeo en el que casi todos los madrileños se declaraban conocedores de su defenestración pocas horas después de que lo destituyesen en un día laborable, fenómeno que habría sido ciertamente único en la historia de la demoscopia.

El giro a la derecha del grupo Prisa es dramático porque desequilibra por completo el panorama mediático en España. La derecha (ya me perdonarán quienes piensan que esas categorías están muertas) siempre ha tenido una mayoría cuantitativa, pero la potencia y la credibilidad de El País y de la SER equilibraban la batalla mediática en términos cualitativos. Ese mundo se acabó. Y por eso nos encontramos con unanimidades como en las fallidas investiduras, cuando los cuatro periódicos editados en Madrid decidieron que el culpable del fracaso de Pedro Sánchez era Pedro Sánchez y que el culpable del fracaso de Mariano Rajoy también era Pedro Sánchez. Una forma de razonar que provoca grandes rasgamientos de vestiduras en las redes sociales. Y poco más.

Total, que la situación mediática es la siguiente: en un lado están las principales cadenas públicas y privadas de televisión, casi todas las radios, el 90% de los periódicos nacionales y provinciales y un sinfín de medios nativos digitales, desde los que están bien hechos hasta los que son bazofia empaquetada en formato de periódico. Y en el otro lado hay cuatro programas de tele en La Sexta y Cuatro, tres de radio y un puñado de medios digitales, la mayoría de ellos pequeños y con serias dificultades para alcanzar el equilibrio financiero.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues muy sencillo: somos responsables los editores, directivos de medios y lectores que afirmamos ser de izquierdas, que denunciamos la situación mediática, que nos llenamos la boca con la importancia de la libertad de prensa y que no hemos sabido o querido crear, defender o apoyar medios que reflejen esa visión del mundo (pudiendo hacerlo, claro). Somos responsables los miembros de esa izquierda divina que da en Twitter unas lecciones que te quedas boquiabierto. Una izquierda que en muchas ocasiones oculta bajo su divinidad una mentalidad minifundista y cainita. Ni más, ni menos.

He vivido esa experiencia en Público

Público, el último intento de hacer un periódico de izquierdas en papel. Seguro que el editor cometió muchos errores (y muy especialmente en los ocho meses que precedieron a su cierre) y desde luego que los periodistas que desempeñamos cargos de responsabilidad pudimos hacerlo mejor (yo llegué a subdirector, así que me corresponde buena parte de la culpa). Pero también hay otro factor a tener en cuenta: si vendiese el doble en el quiosco, si lo comprasen todos aquellos que decían comprarlo o si lo hubiesen apoyado de verdad quienes lo ensalzaban como un medio clave ante la entonces ya incipiente deriva de El País, en cualquiera de esos supuestos Público sería hoy un periódico boyantePúblico.

A otro nivel, también se van acumulando ciertas experiencias frustrantes en infoLibre. El suscriptor de Podemos que anuncia su baja si sigue escribiendo Luis Arroyo, aquella fuente del PSOE que deja de ayudarte porque para su gusto eres demasiado podemita... ¿De verdad estamos tan ciegos como para pretender que se haga prensa de partido? El rival va ganando 5 a 1, pero algunos prefieren que no marque el delantero centro de su equipo porque un día le miró mal en un entrenamiento.

Y, sin duda, lo más difícil es explicar algo que a priori parece fácil de entender: la necesidad de que los lectores que puedan permitírselo paguen para que un medio sea libre e independiente. Me refiero libre e independiente de verdad, ya sabemos que todos nos proclamamos así en nuestros principios editoriales. Si usted quiere que un medio no esconda la noticia de que El Corte Inglés lleva cinco años sin pagar el impuesto de sociedades y además desea que ese mismo medio no dependa del poder político de turno, ¿cómo cree que se puede financiar? Parece evidente: el periodismo lo puede pagar El Corte Inglés (y las demás grandes empresas), lo puede pagar Moncloa o el Gobierno autonómico o local al mando o lo pueden pagar los lectores. No hay más.

Por supuesto, no hablo sólo de infoLibre. Habrá muchísimos ciudadanos a quienes no le guste este periódico o que prefieran otros medios y sólo puedan respaldar económicamente a uno de ellos. Porque, lógicamente, si todos los periodistas que nos quedamos en el paro pretendemos montar un periódico digital y tener miles de suscriptores, entonces estamos para encerrarnos. Sólo digo que si vamos perdiendo por goleada es en buena parte culpa nuestra: de los editores, de los directores y de los lectores de izquierda (como estoy en las tres categorías es fácil adivinar que me doy triplemente por aludido). Nuestra es la responsabilidad de crear medios potentes, creíbles y de calidad.

Finalizo. Efectivamente, la SER ha decidido prescindir de mi colaboración. Tiene todo el derecho del mundo y no me he convertido en ningún héroe de la libertad de prensa. Los oyentes juzgarán si esa decisión es o no acertada. Por mi parte solo tengo palabras de agradecimiento para Àngels Barceló y Pedro Blanco, a quienes seguiré escuchando donde quiera que hagan radio. Agradezco muchísimo todos los mensajes de apoyo recibidos, que me han animado a escribir este artículo, que creo que se puede resumir en una frase: esto no va de Manuel Rico, esto va de infoLibre. Apoyen, en la medida de sus posibilidades, a los medios cuya independencia quieran preservar. El éxito de la manifestación dependerá del número de manifestantes, no de quienes aplauden desde las ventanas.

– "Nos puede gustar o no, pero los españoles han querido que gobierne Mariano Rajoy", sentencia satisfecho el urnólogo de guardiaurnólogo.

– "Los españoles han situado a los socialistas en la oposición", escribe convencido el urnólogo-editorialista urnólogo-editorialista.

Pues no. Ya lo siento por la urnología realmente existenteurnología, pero eso es una patraña. No hace falta tener conocimientos matemáticos avanzados, que permitan dividir 350 entre 2, basta con que el perito en urnas entienda el siguiente concepto de Barrio Sésamo: si los españoles hubiesen querido que gobierne Rajoy, ya estaría gobernando Rajoy, y si hubiesen decidido que el PSOE estuviera en la oposición, ya estarían allí los socialistas.

Sirva este ejemplo: el 20 de noviembre de 2011 los ciudadanos pensaron que era buena idea colocar a Rajoy en la Moncloa y cuatro días antes de Navidad el presidente del PP llegaba a palacio.

Entonces, ¿qué han decidido los españoles el 26-J? Pues algo que hasta el urnólogo más obtuso debería ser capaz de entender: que gobierne quien logre pactar con un número de diputados suficiente como para obtener la confianza del Congreso. Y los demás, que pasen a la oposición.

¿A que no es tan difícil?

Pues nada, con alguna gente no hay manera.

Lo más cabreante del asunto de la urnología, no obstante, no es la evidente laguna matemática de los representantes de la escuela española. ¡Qué va! Lo insoportable es que se empeñen en distorsionar la realidad.

Seamos serios: se puede defender perfectamente que los socialistas tienen que abstenerse y también que no deben permitir bajo ningún concepto un gobierno de este PP con este Rajoy al frente. Se puede plantear incluso como una alternativa entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Habrá quien considere que para los intereses generales de España es mejor que se forme un Gobierno cuanto antes, y habrá quien concluya que bajo ningún concepto se puede contribuir a que siga gobernando el hombre que susurraba a los tesoreros "Luis sé fuerte".

Ambas conclusiones se pueden argumentar, con rigor, sin necesidad de manipular. Pero hay urnólogos que en cuanto divisan una verdad, salen disparados como una exhalación a embestirla. ¿Ejemplos? Aquí van algunas mentiras y gordas:

1. "Abstenerse no es apoyar un Gobierno de Rajoy, sino permitir la gobernabilidad".

Pero qué me dicen, me quedo a cuadros. Y esa gobernabilidad, ¿quién la va a encarnar y desarrollar? ¿La tía Tula o Mariano Rajoy? Porque digo yo que si la abstención de diputados del PSOE permite que Rajoy siga en Moncloa, lo que han hecho esos parlamentarios socialistas es facilitar la gobernabilidad de... ¡sorpresa!... Rajoy.

Cuestión diferente es que esa decisión suponga entregar el liderazgo de la oposición a Podemos. Eso ya no es una realidad incontestable, es una opinión discutible. Parece difícil establecer una relación mecánica de causa-efecto entre ambos hechos. Dependería de otros muchos factores, entre ellos las iniciativas que plantease posteriormente el Grupo Socialista o cómo evolucionase Podemos.

Pero vamos, que hasta Perogrullo capta que si gracias a la abstención de los diputados socialistas Rajoy es reelegido presidente, efectivamente la conclusión a extraer es que Rajoy es presidente gracias a la abstención de los diputados socialistas.

2. "El responsable del bloqueo es el PSOE".

Pues tampoco.

La verdad es que el principal responsable del bloqueo es el PP. Si Rajoy no hubiese aplicado el rodillo parlamentario durante cuatro años, si Rajoy no hubiese recortado derechos, si Rajoy no hubiese usado la tijera como un poseso, si Rajoy no hubiese enviado aquellos SMS ni recogido aquellos sobresueldos, si Rajoy no tuviese un despacho reformado presuntamente con dinero negro... entonces sería mucho más fácil contribuir a la permanencia de Rajoy en Moncloa. 

¿A que es fácil de entender con un poquito de voluntad? La historia de España, esa nación tan llena de españoles "muy españoles y mucho españoles" (Rajoy dixit), no empezó el pasado 20 de junio. Y se tiende a cosechar lo que se siembra.

Por supuesto, eso no equivale a afirmar que el PSOE no tenga su parte alicuota de responsabilidad en el actual bloqueo institucional. Simplemente significa que el primer responsable es Rajoy y el segundo, Sánchez. Ambos, pero por ese orden.

Y es que Rajoy pretende hacer creer que es una especie de derecho natural suyo algo inédito en 40 años de democracia: que sea el segundo partido quien facilite el Gobierno al primero. Ni a Adolfo Suárez se le ocurrió pedir tal cosa a Felipe González en 1977 y 1979, ni González tuvo semejante idea con José María Aznar en 1993, ni a Aznar se le pasó por la cabeza algo similar con su antecesor en 1996, ni José Luis Rodríguez Zapatero se lo reclamó a Rajoy en 2004 y 2008. 

Aquí lo verdaderamente extraordinario no es que el segundo partido le diga "no" al primero, lo auténticamente novedoso es que el primero exija "la complicidad" del segundo. Y sí, en política ocurren muchas veces fenómenos extraños, pero conviene mantener al menos la perspectiva y llamar a las cosas por su nombre. El raro (entendido como poco habitual) es en este caso Rajoy, no Sánchez.

En este caso.

3. "Si no hay Presupuestos aprobados el 15 de octubre nos caerán 6.000 millones de multa de la UE. Y no se podrán subir ni las pensiones ni los sueldos de los funcionarios".

Pues ni lo uno, ni lo otro.

Políticos y periodistas muy principales repiten desde hace semanas una especie que puso en circulación el Ministerio de Economía, pero sin dar la cara: si el 15 de octubre no están aprobados los Presupuestos, la UE impondrá una multa a España de 6.100 millones de euros. Cuando infoLibre pidió al departamento de Luis de Guindos que confirmase en público lo que escribían sus amanuenses, los portavoces oficiales de Economía prefirieron esconderse. ¿Y por qué se escondieron? Pues muy sencillo: porque es mentira. Falso. No verdadero. Incierto.

Menos gallinácea fue la actitud de los portavoces de la Comisión Europea, que respondieron a las preguntas de este periódico con claridad: es una "pura especulación" asegurar que Europa multará a España de forma automática si el 15 de octubre no tiene nuevos Presupuestos. Las penalizaciones se pueden imponer, en todo caso, por un déficit excesivo. Y los antecedentes avalan esta interpretación de las normas comunitarias: Portugal no envió el borrador de Presupuestos de 2016 hasta el 22 de enero de este año y no recibió por ello ninguna sanción.

¿Y qué decir de esa amenaza a pensionistas y jubilados de que no se podrán subir sus pensiones y sueldos si no se aprueban con celeridad los Presupuestos? Pues que la burla a los ciudadanos es doble: porque tampoco es verdad y porque la prueba de ello es la actuación del propio Gobierno de Rajoy. El 30 de diciembre de 2011, nueve días después de aterrizar en Moncloa y con los Presupuestos prorrogados, el Ejecutivo decidió mediante un real decreto-ley congelar el salario de los funcionarios y revalorizar las pensiones en un 1%. Y pese a que tenía mayoría absoluta, retrasó la aprobación de los Presupuestos de 2012 hasta junio de ese año, para que los recortes no afectasen a sus expectativas electorales en las elecciones andaluzas. 

En fin, parafraseando a Rajoy, esto es lo que hay: urnólogos muy mentirosos y mucho mentirosos. Cuando en realidad sería mucho mejor que prestasen atención a otra de las píldoras filosóficas del presidente en funciones. "España será lo que los españoles quieren que sea", reflexionó en el colegio electoral el 26J. Pues eso.

Lo que está en duda en este momento es otra cuestión, que se resume en una sencilla pregunta: ¿han llegado las ranas a palacio, señora Aguirre? ¿Acaso están croando en el palacete del barrio madrileño de Malasaña donde tienen su domicilio social la empresa Savial SL y su residencia la dirigente del PP?

"No hay nadie que piense que soy corrupta", proclamó ufana hace unas semanas Aguirre. Lo escribiré sin rodeos: si no enseña los papeles de la presunta donación a su marido de las participaciones que tenía en Savial SL, yo lo pensaré.

Lo que infoLibre ha desvelado esta semana es lo siguiente:

– Dos bancos prestaron tres millones de euros a Savial SL, una empresa ganadera que estaba en quiebra técnica, para que los dedicase a jugar en Bolsa.

– Esa compañía fue creada en 1993 por el marido de Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, y por la ya entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Él suscribió el 51% de las participaciones, ella el 39%. Aguirre sostiene que donó a su esposo en 2005 la parte del capital que tenía en Savial SL. Pero no muestra ningún documento que avale su versión. Ni explica en qué precio se valoró esa presunta donación. Ni si se declaró ante Hacienda. Ni en qué fecha exacta se produjo. Ni aclara si, antes de 2005, incluyó en sus declaraciones de bienes como dirigente política las acciones o incumplió la Ley de Incompatibilidades.

– La decisión de utilizar a Savial SL para las inversiones en Bolsa permitió a Fernando Ramírez de Haro no pagar ni un céntimo de euro por los dividendos y las ganancias de capital que generaron esas acciones. Una media de 50.000 euros al año desde 2007. Y es que la empresa no paga el impuesto de sociedades desde hace... ¡15 años! Tiene, al parecer, muchas pérdidas.

– Durante el tiempo en que Aguirre admite haber sido accionista de Savial SL, la sociedad se embolsó más de dos millones en subvenciones públicas. Desde su creación hasta la actualidad, la suma supera los cuatro millones de euros.

¿Y qué ha dicho ante estas informaciones la Thatcher española, la apóstol hispana del liberalismo, la admiradora de la democracia británica, la reina de la transparencia, la azote de las mamandurrias?

Primero, que preguntar por datos que figuran en el Registro Mercantil es "machismo".

Después, que "supone" que la empresa que fundó no paga impuestos porque tiene "pérdidas".

La Thatcher española, dicen. Madre mía.

El équipo médico habitual ha salido a defender al matrimonio Ramírez de Haro-Aguirre con cierta desidia: que si el maridísimo no ha cometido ningún delito, que si su único pecado es ser noble y rico... Teniendo en cuenta todo el dinero que repartió la dirigente del PP entre los medios amigos, un verdadero saqueo de las arcas públicas, creo que deberían esforzarse más.

Pero las maniobras de distracción sólo van a distraer a quienes llevan tres lustros distraídos. No estamos ante el caso Ramírez de Haro. La cuestión que está sobre la mesa es saber si Esperanza Aguirre Gil de Biedma es la rana madre.

La dirigente del PP tiene facilísimo despejar cualquier duda. Son cinco minutos, una comparecencia ante la prensa brevísima:

1) Enseña su declaración de bienes tras tomar posesión como presidenta madrileña en 2003 y el documento de liquidación del Impuesto sobre Donaciones por las participaciones regaladas presuntamente a su esposo en 2005.

2) Declara que las inversiones en Bolsa realizadas por Savial SL jamás se han realizado usando información privilegiada. Su palabra basta. A estas alturas no creo que la descubridora de la Gürtel vaya a mentir en un tema tan sensible. Pero es importante descartar que hasta palacio hayan llegado hilillos con pistas para invertir o desinvertir, qué se yo, en Endesa o en Jazztel, por poner dos nombres al azar, que en el Ibex-35 hubo mucho donde elegir estos años. Y los hilillos a veces los carga el diabl0...

Si ya de paso tiene a bien explicarle a los periodistas cómo se siente siendo la política en activo que más mamandurrias se ha embolsado (que se sepa), faena redonda. Pero esto último no es estrictamente necesario ya que no es un asunto de ranas, es más bien de sapos. Uno de los principales sapos políticos que se ha tenido que tragar, ella, que clamaba contra los vagos que vivían de los subsidios.

Si Aguirre no enseña esos documentos oficiales, a priori sólo hay dos opciones:

1) Todo está correcto, pero la dirigente del PP considera que no tiene que enseñar ningún papel a nadie.

2) No quiere mostrar los documentos porque no todo está correcto. O no incluyó sus acciones de Savial SL en su declaración de bienes como presidenta madrileña, o no donó las participaciones de la compañía cuando dijo, o valoró la donación en un precio ridículo. ¿Acaso podría defender Aguirre que la entrega del 39% del capital de una sociedad que se había embolsado dos millones sólo en subvenciones se liquidó pagando un par de cientos de euros a Hacienda por el Impuesto sobre Donaciones?

La pregunta es fácil de entender incluso para quien confunde transparencia con machismo: ¿han llegado las ranas a palacio? La madre política de Ignacio González y Francisco Granados tiene la respuesta.

González tendrá que explicar ante la Justicia cómo pagó el ático de lujo en Estepona. Y ya veremos hasta dónde llegan otras investigaciones policiales. Pero la gran responsable política de que la corrupción haya inundado enormes esferas de poder del Gobierno y del PP de Madrid se llama Esperanza Aguirre. 

Aguirre es responsable por elegir como sus tres personas de máxima confianza, en la última década y media, a Ignacio González (la Fiscalía pide investigarlo por el caso ático), Francisco Granados (en la cárcel por el caso Púnica) y Alberto López Viejo (imputado por el caso Gürtel). Pero, sobre todo, Aguirre es responsable por haber tapado de forma sistemática la podredumbre de sus colaboradores.

Y luego, claro, está el tema de su marido. Aguirre permanece agazapada en el Ayuntamiento de Madrid sin dar explicaciones sobre las informaciones que ha publicado infoLibre desde mayo del año pasado. Pero no se puede vivir eternamente escondida. ¿De verdad piensa que no va a tener que explicar nunca los negocios de Fernando Ramírez de Haro, conde de Bornos?

Esto no son opiniones. Son hechos.

En octubre de 2006, un incendio intencionado calcinó el Mini Cooper que utilizaba la mujer de Granados. El vehículo no estaba a su nombre, sino que figuraba como propiedad de una constructora, cuyos lazos con el entonces consejero de Presidencia eran conocidos. Si Aguirre hubiese sido una política preocupada por combatir la corrupción, le habría pedido explicaciones. Y como un político no tiene forma de explicar que un constructor le regale un coche a su esposa, allí se habría terminado la carrera política de Granados.

Lo que hizo Aguirre fue proteger a Paco –como ella le llamaba–, mimarlo y darle cada vez más poder.

En abril de 2007, la revista Tiempo publicó una información titulada "Adjudicaciones bajo sospecha". Contaba lo siguiente: "El vicepresidente de Madrid adjudicó a un socio de su hermano y de su cuñado la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid. La empresa beneficiada carecía de experiencia en el sector y tenía una actividad mínima". Y dos semanas después, la misma publicación informó de que González y su mujer habían adquirido un chalé en Madrid a un precio sensiblemente inferior al del mercado. Si Aguirre hubiese sido una política preocupada por combatir la corrupción, le habría pedido explicaciones. Y como un político no tiene forma de explicar la compra de casoplones a precio de ganga y la adjudicación pública de un negocio al socio de un hermano, allí se habría terminado la carrera política de González.

Lo que hizo Aguirre fue proteger a Nacho –como ella le llamaba–, mimarlo y darle cada vez más poder.

La tarea de encubridora de Aguirre se inició, por tanto, hace casi una década. Desde entonces no han sido una, ni dos, ni cinco, sino centenares las veces que salió públicamente en defensa de sus colaboradores y que vetó iniciativas de la oposición en la Asamblea de Madrid. Y son muchos los millones de euros de los madrileños que destinó a comprar el silencio de determinados medios y periodistas –entre ellos algunos de los que ahora encabezan la operación de alancear al moro muerto–, peleados entre ellos para ver quién era más servil. 

Aguirre cerraba los ojos mientras su querido Nacho aparecía cada dos semanas con un reloj más caro que el anterior, o se hacía un lío con bolsas llenas de toallas en Colombia, o pagaba en metálico 8.000 euros para viajar a Suráfrica o compraba un ático a un testaferro profesional. Ay, Esperanza, ¿de verdad que no viste nada? Pero si así fuese, la pregunta sería otra: ¿cómo puede seguir en política una persona ante cuyas narices pasan áticos, relojes, bolsas con toallas, fajos de billetes y gestapillos, sí, también gestapillos, y no se entera absolutamente de nada?

Esperanza Aguirre ha sobrevivido políticamente a González, a Granados y a López Viejo. Pero ya no le quedan escudos. Y aún tiene pendiente una gran explicación que ofrecer: qué sabe ella de los negocios de Fernando Ramírez de Haro. La materia empieza a acumularse. Veamos:

1) Fernando Ramírez de Haro actuó como lobista con empresas de la Comunidad de Madrid.

2) Fernando Ramírez de Haro colocó productos de una empresa familiar en el Congreso y la Asamblea de Madrid. 

3) Fernando Ramírez de Haro lleva siete años ocultando las cuentas de una empresa, Savial SL, con la que se embolsa subvenciones millonarias de la UE. Ello supone incumplir la Ley de Sociedades de Capital, que obliga a depositar todos los años las cuentas en el Registro Mercantil.

¿Le parece bien a Aguirre que su marido haya actuado como lobista con empresas de la Comunidad mientras ella era presidenta? ¿Apoya Aguirre que su marido haya hecho negocios con la Asamblea que ella controlaba? ¿Respalda Aguirre que su marido oculte las cuentas de una empresa que se nutre de dinero público? De momento calla, pero no se puede vivir eternamente escondida.

Paco, Nacho, Alberto. Y, al fondo, el querido Fernando. Ese es el cuadro. Pero es imposible encontrar un dato que defina mejor al personaje que el asunto de las mamandurrias. Resulta que ella, que tan beligerante se mostró contra los subsidios y las subvenciones –la mayoría de las veces unos cientos de euros que sirven a los beneficiarios para malvivir–, tiene un marido que se ha embolsado 2,7 millones de euros en subvenciones comunitarias a través de dos empresas cuyo domicilio está en el hogar familiar, un palacete del madrileño barrio de Malasaña. Resulta que la gran luchadora contra las mamandurias era, en realidad, la consorte del gran acaparador de mamandurrias. Resulta que la zona cero de las mamandurrias estaba en casa de los Ramírez-Aguirre. Resulta que los condes de Bornos eran una pareja a una mamandurria pegados, que ese palacete era una mamandurria superlativa.

Áticos y mamandurrias. Ese es el concepto político y moral de Esperanza Aguirre e Ignacio González.