El brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en Collserola ha provocado la presentación de un primer Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a un total de 458 trabajadores del sector cárnico de Santa Eugènia de Berga (Barcelona).

El expediente, aprobado por el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha sido solicitado por la empresa GCT Plus por causas de fuerza mayor, según han informado fuentes de esta consellería.

Los trabajadores de GCT Plus afectados por el ERTE desempeñaban su actividad laboral cedidos en cuatro empresas de Santa Eugènia de Berga, que han decidido prescindir de ellos y enviarlos de nuevo a la ETT de origen. El expediente aprobado por la Generalitat permitirá a estos trabajadores cobrar ahora la prestación por desempleo.

Hasta el momento, ha trascendido solo que la empresa cárnica Grupo Jorge decidió, al inicio del brote de peste porcina, prescindir de 300 trabajadores temporales que procedían de ETT.

La alerta sanitaria animal pone en vilo cerca de 1.000 millones de euros en exportaciones catalanas a países externos a la Unión Europea (UE), además de hacer peligrar los cerca de 11.000 empleos que dependen del sector en la provincia de Barcelona.

Los trabajadores que han perdido su empleo por culpa de un despido colectivo, los antiguos ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), han aumentado un 12% entre enero y octubre de este año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Según la última estadística publicada por el Ministerio de Trabajo, un total de 32.732 personas han sido despedidas utilizando una de estas fórmulas de regulación de empleo.

La cifra confirma una tendencia al alza que ya se reflejó en las estadísticas de 2023, cuando los trabajadores despedidos en un ERE crecieron un 34% en comparación con 2022. Este año aún faltan los datos de los dos últimos meses, noviembre y diciembre, que previsiblemente empeorarán los registros, pues las empresas suelen utilizar el final del ejercicio ara ejecutar sus recortes de plantilla. También hay que contar con los ERE que de forma inevitable van a presentar las empresas en la Comunidad Valenciana por la dana. Según el Ministerio de Trabajo, a fecha de 26 de diciembre, 2.848 empresas valencianas habían solicitado ya acogerse a un ERTE –suspensión de contratos o reducción de jornada– de fuerza mayor para proteger a 31.668 trabajadores.

Otras, en cambio, estarán abocadas al cierre. Desde el covid, tanto los ERE como los ERTE de fuerza mayor no han dejado de reducir su número. Entre enero y octubre, los despidos por esa causa han sido sólo 325, aun así un 48% más que en los mismos 10 meses de 2023.

La mayoría de las empresas aduce motivos económicos cuando ejecuta despidos colectivos. Entre enero y octubre de este año, el 48% de los trabajadores afectados por un ERE de este tipo han sido despedidos por esa causa. En concreto, porque sus empleadores tenían pérdidas. En total, 15.771 personas perdieron su trabajo en empresas que estaban en números rojos, un 4,36% más que en el mismo periodo de 2023. Las empresas que alegan causas organizativas son menos, pero los trabajadores despedidos por esa razón casi se han duplicado este año, hasta alcanzar los 8.334. Por causas productivas, las personas despedidas han bajado casi un 16%.

En el caso del ERE de MasOrange, sin embargo, el detonante fue la fusión que ha creado esa marca, Orange y MásMóvil. El pasado noviembre se cerró el despido colectivo, pactado con UGT y Fetico, que ha supuesto un recorte de plantilla de 650 trabajadores. Tras adherirse al ERE de forma voluntaria 465 personas, se ejecutarán 185 despidos forzosos. Las primeras percibirán hasta 47 días por año trabajado de indemnización; los segundos, hasta 45 días.

Otro despido colectivo que habrá que añadir a la estadística del año será el de Decathlon, que ha anunciado el cierre de su centro logístico de Sevilla este mismo día 31. El 30% de sus 110 trabajadores serán recolocados en otras instalaciones, pero el resto se quedará sin empleo, a cambio de una compensación de 30 días por año de antigüedad.

Cruz Roja también despide en diciembre. A 321 trabajadores, que se sumarán a los 149 cuyos contratos extinguió la ONG el pasado año. Alega causas productivas y de organización. El pasado julio la Audiencia Nacional condenó a Cruz Roja a readmitir a los despedidos en 2023, a resultas de una demanda por ERE encubierto presentada por UGT y CCOO.

Otra ONG, Médicos del Mundo, acaba igualmente de presentar un ERE para 118 de sus 484 empleados, aunque en su caso aduce pérdidas económicas.

También se cierra el día 31 el despido colectivo de Circet, una empresa francesa de redes de telecomunicación que trabaja para las principales operadoras de telefonía. Un total de 377 personas perderán su empleo después de que la compañía haya adquirido otra, Comfica, con la que sumó 500 trabajadores y un volumen de negocio de 60 millones de euros. Los sindicatos se opusieron a los despidos, convocaron cuatro días de huelga y rechazaron firmar el acuerdo con la empresa.

Ya en verano anunció la holandesa Bosal un ERE para los 135 trabajadores que empleaba en Pedrola (Zaragoza). El fabricante de tubos de escape perdió un contrato con la automovilística alemana Volkswagen que suponía el 80% de su producción. La marca se une así a otras del sector del automóvil, que se enfrenta a un futuro incierto en toda Europa por la competencia china. Airtex, que fabrica bombas de agua para automóviles, ha echado el cierre, despedido a los 91 empleados que tenía en su fábrica de Zaragoza y se ha marchado a Rumanía. Ti Automotive ha cerrado este mismo diciembre su ERE para 55 personas en la fábrica de Tauste (Zaragoza).

Todas estas empresas son proveedoras de la factoría de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), que empezó a aplicar a su plantilla el pasado 1 de diciembre un ERTE por causas organizativas y productivas, en previsión de la caída de ventas de coches que adivina el próximo año. Afectará a 4.200 de los casi 5.000 empleados de la fábrica de Zaragoza.

También Forvia y OP Mobility, ambos proveedores de la factoría de Stellantis en Vigo, empezarán el año con sus propios ERTE.

Aunque la multinacional estadounidense Ford ha excluido España de los despidos que ha anunciado para sus factorías en Europa, la fábrica de Almussafes (Valencia) estrenará 2025 con un Mecanismo RED, tras acogerse a uno de fuerza mayor por la dana. Lo ha pactado con UGT el pasado 27 de diciembre, se prolongará durante dos años –durante los cuales tendrá que mantener el empleo, pero podrá suspender contratos o reducir jornadas laborales– y le permitirá hacer frente a la enorme caída de la producción que ha sufrido la factoría en el último año. De hecho, la incertidumbre laboral en la planta está en máximos. En 2023 ya ejecutó un despido colectivo para casi 1.200 trabajadores. Y el pasado mes de julio se deshizo de otros 626 empleados, al tiempo que abría un ERTE hasta final año.

Frente al aumento de los trabajadores incluidos en despidos colectivos, entre enero y octubre de este año se han reducido los afectados por suspensiones de contrato y reducciones de jornada, las medidas etiquetadas bajo las siglas de los ERTE, respecto al mismo periodo de 2023. Los primeros han caído un 26,5%, hasta los 83.177. Ese número casi triplica la cifra de los que fueron despedidos. También ha disminuido el volumen de asalariados que han visto recortadas su jornada laboral, aunque menos: un 11,7%. Han sido sólo 6.871 hasta octubre.

Por sectores, es claro el patrón de cómo las empresas gestionan las plantillas. Las más abonadas a utilizar los ERTE suspendiendo contratos son las industrias –63.045 trabajadores, el 75,8% de todos los que sufrieron esa medida–, pero las que más empleados despidieron fueron las empresas del sector servicios –23.755 trabajadores, el 75,6% de los que perdieron su trabajo–.

Por tamaño, casi un tercio –10.373– de los despedidos en ERE estaban empleados en empresas de menos de 50 trabajadores. El grupo de empresas que más personas ha despedido –8.248– es el aquellas con una plantilla de entre 50 y 250 empleados.

Finalmente, los despidos colectivos se han llevado por delante hasta octubre a un 35,3% más de hombres –18.824– que de mujeres –13.908–.

El fichaje de Juan Luis Cebrián por The Objective no es sino el colofón de una prolongada deriva que convirtió al gestor del éxito periodístico de El País en el urdidor del casi hundimiento del grupo Prisa, enajenándose por el camino el respeto de sus propios redactores y el resto de la profesión mientras hacía gala de una derechización que también intentó trasladar al periódico progresista de referencia en España.

La sorpresa, por tanto, debería ser contenida. Como también que se vaya a estrenar en el nuevo medio con una entrevista a Felipe González, que abandonó el consejo editorial de Prisa en 2021. Es inevitable trazar la similitud de las evoluciones, vitales e ideológicas, de ambos personajes. Y lo mismo puede decirse del medio que ha elegido para escribir el estrambote de una carrera tan laureada como polémica: Antonio Caño, exdirector de El País y brazo ejecutor de Cebrián en la etapa más negra del periódico, forma parte del consejo editorial del digital que ahora acoge a su mentor. Allí compartirá espacio de firma con otros viejos conocidos como Fernando Savater, Félix de Azúa, y Pilar Marcos, entre los ex de El País, o Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre los antiguos cargos políticos.

El ya expresidente de honor de Prisa ha contestado a la destitución fulminante sugiriendo que va a demandar a su antigua empresa –“Demostraré en los tribunales que no he incumplido el contrato de colaboración”– y anunciando que este sábado iba a enviar a la directora del periódico, Pepa Bueno, el artículo previsto para este mismo lunes. Fuentes de Prisa aseguran a infoLibre que no van a publicar ningún artículo más de Juan Luis Cebrián, aunque lo utilice como “artimaña jurídica”.

En un comunicado, el fundador de El País se despide del grupo que ayudó a levantar citando su Libro de Estilo, al primer presidente de Prisa, José Ortega Spottorno, e incluso a Calderón de la Barca. Termina invocando a la libertad de expresión. Lo mismo hizo Antonio Caño cuando fue despedido en 2021, también anunciando acciones legales que terminaron en un acuerdo con la empresa antes de llegar al juicio.

Quizá ninguno de los dos recordaba, por ejemplo, el día en que El País canceló el suplemento de 12 páginas con artículos de The New York Times porque éste había publicado un reportaje titulado Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda, en el que varios periodistas denunciaban presiones gubernamentales y de los acreedores. Uno de ellos era Miguel Ángel Aguilar, que fue despedido sólo dos días antes por las críticas vertidas en el diario estadounidense.

Eso ocurrió en 2015, pero para entonces Juan Luis Cebrián ya había mostrado ante los suyos que la foto donde posaba con el casco de Darth Vader y que Jot Down no publicó hasta tres años después de lo previsto –en marzo de 2019, cuando la revista ya no era distribuida por Prisa– era un más que fiel reflejo de la evolución, y del carácter, del personaje.

Fue en una reunión con el comité de empresa de El País, previa al primer y único ERE que ha sufrido el periódico en sus casi 50 años de historia, cuando Cebrián intentó justificar los 129 despidos de noviembre de 2012. “No podemos seguir viviendo tan bien”, les dijo a los redactores. Pero esa primera persona del plural no le incluía: en 2011 había cobrado 13 millones de euros –fijo, bonus y complementos–, mientras Prisa se apuntaba unas pérdidas de 451 millones, las ventas de ejemplares caían más de un 30% y la acción del grupo en Bolsa se desplomaba, dejándose el 90% de su valor respecto a 2007. Como calculó entonces Pere Rusiñol, experiodista de El País, con esa cantidad se podían haber contratado 400 redactores, cuyos sueldos fueron recortados en un 8% tras el ERE.

No fue la única incoherencia argumental de Cebrián esos días de crisis económica. También defendía la necesidad de rejuvenecer la plantilla. “La tercera edad en periodismo comienza a los 50 años”, esgrimió, tras calificar de “preocupante” que la edad media en el diario fuera de 53. Entonces él tenía 68 años y hoy ya cuenta 79.

Pero hasta allí, el ERE, las pérdidas millonarias y una deuda elefantiásica, Prisa había llegado de la mano de una gestión económica que puede tacharse de nefasta. Ahora también se recuerda cuando Maruja Torres, que había abandonado El País en 2013, dijo que Cebrián quería ser “un tiburón de Wall Street”, pero se quedó en “sardinita”.

No le faltaba razón: como publicó infoLibre en 2014, Propu (Promotora de Publicaciones), la empresa que era el accionista mayoritario de Prisa y cuyo consejero delegado era Juan Luis Cebrián, se dedicó a hacer operaciones especulativas de alto riesgo al menos desde 2003, con importes que alcanzaban los 360 millones de euros. Al principio le fue bien, pero en 2007 perdió 148 millones de euros por especular de forma agresiva y arriesgada con derivados sobre acciones de Prisa. Tal fue el batacazo que Propu demandó en los tribunales a Goldman Sachs, la firma que había utilizado para asesorarse y gestionar estas operaciones. Y perdió estrepitosamente. Primero un juzgado de Primera Instancia y después la Audiencia Provincial de Madrid fallaron a favor del banco de inversiones en una sentencia que Propu ya no se molestó en recurrir y es firme. En ella se desvelan todos los detalles de las operaciones de alto riesgo que resultaron en un auténtico fiasco nada más estallar la burbuja financiera en 2008.

Mientras Propu acusaba a Goldman Sachs de hacer “un asesoramiento negligente e ilícito” e incluso su director de inversiones llegó a declarar ante los jueces que “no sabía lo que era” y “no entendía” aquello que le presentaba el banco estadounidense, el tribunal consideró que Cebrián y el resto de los gestores de la empresa “conocían los riesgos que asumían” cuando apostaron por una subida del valor de la acción que nunca se produjo. Es más, Propu aumentó sus posiciones en 2007, pese a que Goldman Sachs le aconsejó en contra. Era, alegó el banco de inversiones, un “cliente profesional y sofisticado”, acostumbrado a operar con derivados. De hecho, las operaciones especulativas formaban parte de los objetivos de inversión establecidos expresamente en la cuenta que Propu abrió con Goldman Sachs en 2000.

En ese mismo año 2008, el de la quiebra de Lehman Brothers, Cebrián firmó la operación más polémica de Prisa: la OPA por el 100% de las acciones de Sogecable, la televisión del grupo. Una inversión de 3.000 millones de euros que disparó la deuda de Prisa por encima de los 5.000 millones. Esa carga insoportable dejó al grupo en manos de sus acreedores, que convirtieron la deuda en capital. Santander, La Caixa y HSBC se convirtieron en accionistas del primer grupo de comunicación español. También entraron fondos de inversión y un jeque catarí. Al acabar 2015, cuatro bancos y el fondo Amber controlaban el 42% del capital de Prisa. Mientras, la familia Polanco no dejaba de perder peso. Al cierre de 2009, poseía el 70,95% del grupo; en 2016 su participación se había quedado en el 10,7%. Hoy no supera el 7,6%.

Eran años en que Prisa encadenaba números rojos cada vez más elevados. Si empezó con unas pérdidas de 72 millones de euros en 2010, en 2013 se elevaron a 649 millones y en 2014 explotaron hasta los 2.263 millones –en 2023 ha perdido 33,5 millones–. Cebrián había sido su consejero delegado desde 1988 y su presidente ejecutivo desde 2012. Pero, además de la crisis económica general, de la crisis de la prensa en particular, y de los problemas de gestión, Cebrián tenía que afrontar otros retos de tiburón financiero venido a menos. En 2016 su nombre apareció asociado a los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca que destapó a defraudadores fiscales de todo el mundo.

Su segunda exmujer, Teresa Aranda, figuraba como apoderada de una sociedad llamada Granite Corporation Incorporated, domiciliada en las islas Seychelles. Aranda también era vicepresidenta de la Fundación Atman, que presidía Felipe González. En su patronato se sentaba además un empresario iraní, Massoud Zandi, a su vez socio junto al propio Cebrián y Antonio Navalón, entonces columnista de El País, de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo, actividades poco claras en Sudán del Sur y una deuda con Hacienda de 2,5 millones de euros en 2016. Navalón también apareció en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 2,08 millones. Cebrián siempre ha negado tener ni haber tenido sociedades en paraísos fiscales, pero perdió en los tribunales una demanda contra El Confidencial por "difamarle" publicando la información revelada en los Papeles de Panamá.

Mientras, en la redacción de El País se libraba otra batalla. Cebrián encargó a Antonio Caño, quien entonces era corresponsal en Washington, un informe interno sobre el periódico y los cambios que debían hacerse para frenar la pérdida de lectores. Caño lo envió por error a una cincuentena de periodistas y colaboradores del diario. infoLibre lo publicó. Era febrero de 2014 y Javier Moreno, que no sabía nada del documento, ejercía de director. El contenido del informe levantó ampollas: Caño planteaba cambiar a todo el equipo directivo e incorporar a los cuadros a jóvenes de 30 años, al tiempo que criticaba que se hubiera “arrinconado” al periódico “en un lado del espectro político”.

Ya entonces era patente el giro del periódico hacia la derecha, pero el documento lo ponía negro sobre blanco. Cebrián también había hecho notar su enfrentamiento con los periodistas que él consideraba “del 68”, en alusión a los movimientos sociales que irrumpieron ese año en todo el mundo, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el Mayo francés. Apenas 10 días después de desvelarse el informe, el consejo de administración de Prisa anunció el nombramiento de Antonio Caño como director de El País.

Sus cuatro años al frente del periódico fueron quizá los más abruptos de la historia del diario. Caño, que se consideraba a sí mismo un “conservador”, apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak y su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentó con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Una vez en la dirección, sus relaciones, y las de quienes nombró para formar su equipo, con la redacción no fueron buenas. Además del cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas. Cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo había considerado “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo con una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulos”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

Además, el Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión convocada al efecto al cabo de apenas un minuto, con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial, de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz sólo dos semanas después de que Cebrián dejara la presidencia ejecutiva de Prisa en 2018. El resto de su equipo fue despedido. Tres años después también lo fue el propio Antonio Caño.

Desde entonces, Juan Luis Cebrián ostentaba la presidencia de honor de Prisa, mientras escribía artículos de opinión y críticas de libros en el suplemento Babelia. Siempre ha dicho que su abandono de las funciones ejecutivas fue el capítulo final de una sucesión que había empezado a preparar en 2016.

En una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre de 2017, Cebrián alertó de “la falta de rigor y credibilidad, del basurero de opinión en el que se ha convertido internet, a través de toda clase de sistemas organizados para generar una política de desinformación, chantaje y bloqueo con motivaciones muy diferentes”. Habrá que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el expresidente de Prisa en el medio que acaba de contratarle, precisamente uno de los señalados por no ser precisamente escrupuloso a la hora de publicar bulos.

El nuevo año comenzó con la firma del macroERE de Telefónica, que afectará a 3.421 trabajadores, el 21% de la plantilla en las tres empresas del grupo implicadas –Telefónica de España, Móviles y Soluciones–. Pero no ha sido suficiente. Cuando ya se ha abierto el plazo para que los empleados se adhieran al ERE, el gigante tecnológico ha presentado un plan de bajas voluntarias que “completa” el recorte de personal pactado con CCOO, UGT y Sumados-Fetico, y que muestra la puerta de salida a otros 100 trabajadores. En este último plan está incluido el personal de 11 filiales del grupo, además de la Fundación Telefónica y la Fundación Profuturo, ambas presididas por César Alierta, fallecido el pasado día 10.

Semejante recorte laboral, sin embargo, no es más que el primero de 2024: la semana pasada dos históricas marcas de gran consumo, Bimbo y Danone, anunciaban el cierre de dos de sus plantas de producción, mientras que la empresa de reparto Glovo avanzó este jueves que despedirá a un centenar de sus empleados tras liquidar sus supermercados fantasma en seis ciudades. La sombra de los ERE se extiende además a otras grandes empresas y a la industria. ArcelorMittal prorrogó el pasado 28 de diciembre a todo 2024 el ERTE que debía terminar el día 31, al tiempo que negocia con los sindicatos el despido de 440 trabajadores. E Iberia planteó el lunes a su filial de handling, en huelga durante las pasadas fiestas de Reyes, un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas para 1.727 personas que los sindicatos han rechazado.

Hasta el pasado octubre, último mes del que ofrece datos el Ministerio de Trabajo, 809 empresas ejecutaron despidos colectivos, que hicieron perder su trabajo a 27.730 personas. Es decir, en esos 10 meses de 2023 ya se han superado las cifras de empresas y trabajadores despedidos en ERE de todo 2022, 779 y 24.215, respectivamente. Aun así, quedan por debajo de los números de 2021, el primer año pospandemia, cuando 1.060 empresas despidieron a 43.662 trabajadores haciendo uso de planes colectivos.

En esas cifras de 2023 no se incluyen los ERE presentados al concluir el año, algunos de los cuales terminarán de negociarse o ejecutarse este año. Es el caso de Atunlo, la mayor comercializadora española de atún, cuya plantilla acaba de aprobar esta misma semana el despido del 90% de los trabajadores de la factoría de O Grove (Pontevedra) y de los 84 de la de Santoña (Cantabria), un ERE que la empresa anunció en diciembre. La medida supone el cierre de ambas plantas.

Atunlo, que facturó 221,56 millones de euros en 2022 y obtuvo ese año un beneficio de 1,13 millones, se declaró en preconcurso de acreedores el pasado noviembre. Según CCOO, la empresa prefiere comprar productos ya manipulados en otros países y venderlos luego en España, en lugar de mantener aquí la industria conservera. La empresa gallega alega causas económicas y productivas y culpa de sus dificultades a la importación sin aranceles de lomos de atún desde Asia.

Otra firma gallega y del sector pesquero, Nueva Pescanova, también cerró 2023 con un ERE. Tras semanas de paros y protestas, la empresa ha despedido a 76 trabajadores de la factoría de Chapela (Pontevedra). En 2022 perdió 53,4 millones de euros y su principal accionista, Abanca, se encuentra en plena negociación con Cooke, una compañía canadiense, para su venta.

El acuerdo con los sindicatos lo firmó Heineken el 13 de diciembre. El ERE ha dejado sin trabajo a 127 trabajadores, de los 1.400 que la cervecera tiene repartidos en cuatro fábricas –Sevilla, Madrid, Valencia y Jaén–. La mayoría de ellos han salido de la empresa mediante prejubilaciones. La empresa, que también fabrica Cruzcampo y El Águila, aduce causas organizativas para recortar plantilla: mejorar su competitividad en un entorno económico “volátil e incierto”.

Tanto Danone como Bimbo han dejado claro a sus respectivos comités que el cierre de sus plantas en Parets del Vallés (Barcelona) y El Verger (Alicante) son “irreversibles”. En el caso de la láctea, se irán a la calle 157 trabajadores, aunque la empresa no descarta vender la factoría a un tercero. En 2022 Danone también vendió su fábrica de Salas (Asturias) a un grupo holandés, Royal A-ware, lo que supuso el despido de 70 personas. Y un año antes ejecutó un ERE en sus oficinas que afectó a 153 empleados. Mientras Danone señala a la caída en el consumo de lácteos como causa del cierre, así como a la necesidad de “fortalecer la competitividad de las marcas y ganar eficiencia industrial”, los sindicatos apuntan a la “mala gestión de la empresa”, que invirtió 22,7 millones de euros en renovar la planta.

En Bimbo los puestos de trabajo en peligro son 96. La empresa ha ofrecido el traslado de algunos de ellos a Guadalajara y Cataluña, e indemnizaciones en el mínimo legal de 20 días por año trabajado. La intención de Bimbo es trasladar también la producción de El Verger a la factoría de Santa Perpètua (Barcelona). El comité asegura que la planta no tiene pérdidas.

Las razones de Glovo para deshacerse de 104 de sus trabajadores es “el difícil acceso a capital e inversión” y “la evolución insuficiente del volumen de negocio” en los supermercados fantasma de Bilbao, Pamplona, Las Palmas, Tenerife, Granada y Alicante. Se trata de locales donde la empresa almacena los productos que luego reparten sus ciclistas.

Glovo se encuentra inmersa en un agrio y costoso conflicto con la Inspección de Trabajo a cuenta de la conocida como ley rider. Según las cuentas de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), Glovo ha cometido 45.791 infracciones, 14.363 de ellas en 2023, que suman 323,93 millones de euros en multas por emplear como falsos autónomos a repartidores que la ley le exige contratar como asalariados. Este mismo viernes, la Inspección de Trabajo ha sancionado a Glovo por emplear de forma fraudulenta a 49 repartidores en Asturias. Es sólo la primera del año, a la espera de que la Inspección concluya este año sus actuaciones en Madrid y Barcelona, según informa El Periódico de Catalunya. Glovo cuenta con unos 19.000 repartidores en toda España.

Esta misma semana ha firmado un ERE Clínicas Vivanta, que se deshará así de 249 trabajadores, con indemnizaciones de 27 días por año trabajado y con un tope de 14 mensualidades. El grupo, que se compone de 143 clínicas, fue rescatado tras la pandemia del covid con un total de 40 millones de euros por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En la industria tampoco ha empezado el año con los mejores augurios. ArcelorMittal, que ha mantenido en ERTE a 7.000 trabajadores por causas productivas desde el pasado octubre, quiere continuar con la medida de regulación laboral durante todo 2024. La baja demanda y el aumento de las importaciones desde fuera de la UE son los motores de la decisión, según la multinacional con sede en Luxemburgo. Considerada la mayor siderúrgica del mundo, también quiere despedir a 440 trabajadores mayores de 62 años para cumplir con el plan de descarbonización de su factoría de Veriña (Asturias).

Bayer cerró su ERE antes de acabar 2023. Fue el cuarto despido colectivo de la multinacional alemana en España y afectó a 113 trabajadores, el 4,7% de los 2.400 que emplea en el país. La culpa, las “dificultades de acceso a nuevos fármacos” en España y la “madurez de algunas marcas clave de la compañía”, aduce la farmacéutica.

Roca también terminó 2023 con despidos, 168, por los que pagará indemnizaciones de 42 días por año trabajado hasta un máximo de 32 mensualidades en caso de que no haya suficientes prejubilaciones voluntarias entre los mayores de 53 años. El recorte supone un 24% de los 700 empleados del fabricante de sanitarios y ha afectado a las plantas de Gavà y Viladecans (Barcelona). Roca no tenía problemas económicos: ha alegado causas productivas. Pero ya cerró en mayo su planta de Alcalá de Henares (Madrid) y aplicó un ERTE en Burgos y Navarra.

Un sector que encara el año con dificultades es el de las renovables. Holaluz, una empresa que cotiza en el en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y que el pasado abril celebraba un aumento de sus ingresos del 61% debido a los elevados precios de la electricidad y al aumento del negocio solar, presentó un ERE el pasado noviembre para 200 de sus 700 empleados. En los primeros seis meses de 2023 había acumulado unas pérdidas de 20,9 millones, informa Europa Press. Los trabajadores, a los que representa el despacho Col·lectiu Ronda, aseguran que no existe una “causa objetiva que justifique el elevado volumen de despidos”.

En GE Wind Energy, que se dedica a la generación de energía eólica, los despidos anunciados también en noviembre ascendían a 139 y las indemnizaciones acordadas con los sindicatos son elevadas: 45 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. CCOO y UGT denunciaron que la intención de la empresa era sustituir a los empleados de plantilla por una subcontrata, “con peores condiciones laborales”. Una práctica que ya han llevado a cabo otros grandes del sector como Vestas, Siemens Gamesa y Acciona, destacan.

Siemens Gamesa ejecutó su propio ERE en agosto. Les costó el empleo a 352 trabajadores, que abandonaron la empresa mediante prejubilaciones, bajas voluntarias, recolocaciones y excedencias. El fabricante de aerogeneradores sufre una grave crisis tras disparar las pérdidas su matriz hasta los 4.588 millones de euros el año pasado, seis veces las del ejercicio precedente. El causante fue precisamente la filial española, por los fallos en el diseño de sus turbinas y la lentitud de desarrollo de la eólica marina. El Gobierno alemán acudió al rescate de la compañía, con una inyección de 7.500 millones de euros. Por su parte, el Ejecutivo español ha ofrecido una línea de avales bancarios. Al mismo tiempo, Siemens Gamesa ya ha anunciado un “ajuste de costes” de 400 millones hasta 2026, aunque niega que tenga planes concretos de cierre de sus nueve plantas o de despidos en España, donde cuenta con 5.000 trabajadores.

SolarProfit se dedica a las placas solares en empresas y hogares. En octubre presentó un ERE para 919 trabajadores, el 28% de su plantilla. En 2022 había ganado 3,2 millones de euros, un 23% más que el año anterior, tras multiplicar por 2,5 su facturación. Fue el año en el que explotó la demanda para instalar paneles solares en las viviendas, un negocio que creció un 130% para SolarProfit. Sus previsiones en mayo eran elevar los ingresos hasta 110 millones de euros en 2023. Pero la empresa erró. Y culpa a la caída de los precios de la electricidad, la inflación y los tipos de interés del descenso de la demanda de placas solares. El pinchazo de la burbuja hundirá en 2023 la facturación de SolarProfit hasta los 78 millones euros, si se cumplen esta vez las previsiones de la empresa.

Los 197 operadores que atienden el servicio de atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social gracias a una subcontrata con la empresa de contact-center Konecta BTO se quedan sin trabajo el próximo jueves, 5 de octubre. El Ministerio de Seguridad Social no va a volver a sacar a concurso el contrato, que lleva ejecutando personal externo desde hace casi una década. A partir del día 6, el teléfono lo atenderán funcionarios de la Seguridad Social, o al menos es lo que Konecta BTO ha comunicado al comité de empresa y de lo que algunas direcciones provinciales de la Tesorería General han informado internamente.

De manera que el comité de empresa de Konecta BTO, integrado por CGT, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera y Valorian, ha convocado un día de huelga para este mismo lunes. Porque, al expirar el contrato de la Seguridad Social, los 197 trabajadores se quedan en la calle, sin indemnización ni derecho a cobrar prestación de desempleo. “En el limbo”, según explica Goyi Sánchez, representante de CCOO en Konecta. Y, a juicio de los sindicatos, no debería ser así: reclaman que la Seguridad Social cumpla la Ley de Contratos del Sector Público y el convenio colectivo del sector de contact-centers, firmado el pasado de mes de mayo, y se haga cargo de los 197 trabajadores.

La ley, en su artículo 130.3, establece que “en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba, si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”. Y eso es lo que hace precisamente el convenio colectivo en su artículo 20: determina que las plantillas se subrogarán “cuando el cliente principal extinga el contrato mercantil de la campaña o servicio para internalizar el objeto principal de dicha campaña”.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social se niega a subrogar a los operadores telefónicos, algunos de los cuales llevan atendiendo el 901 de la Tesorería General desde 2015, aunque sólo cobrando de Konecta desde 2019, cuando esta empresa se hizo con el contrato. Han ido pasando de adjudicatario en adjudicatario, como suele ser habitual en las subcontratas. El departamento que dirige José Luis Escrivá argumenta, tras “elevar las correspondientes consultas jurídicas”, que ahora “no se produce el supuesto de hecho que puede dar lugar a la subrogación”, sin precisar más. Es decir, que no le corresponde asumir a los trabajadores. Tampoco ha querido el ministerio confirmar a infoLibre si va a “internalizar” el servicio de atención telefónica para que lo presten funcionarios. Según indica, “la contratación de ciertos servicios de empresas externas para determinadas labores puntuales, así como la extinción de estos contratos, son procesos habituales en la Administración”. Konecta, concluye, “ha proporcionado un servicio y los trabajadores son de esa empresa, no son empleados de la Seguridad Social”.

Por el contrario, Lola Panero, responsable de la sección sindical de CCOO en la Seguridad Social, asegura que algunas direcciones provinciales sí han publicado instrucciones internas comunicando que la atención telefónica de la Tesorería la prestarán funcionarios del ministerio. Probablemente, algunos de los 2.000 interinos que se han incorporado a la Seguridad Social este año. “Pero no tenemos comunicación oficial”, se queja Panero, quien pide que este asunto se debata en la mesa delegada cuya convocatoria urgente han pedido al departamento. La dirigente sindical encuadra la asunción del servicio telefónico en la reestructuración que se está llevando a cabo para crear la Agencia de la Seguridad Social.

En mayo, después de que CCOO y CSIF convocaran una huelga –la primera de la historia de la Seguridad Social– en protesta por el mal funcionamiento de la atención a los ciudadanos, el ministerio firmó un acuerdo con los sindicatos donde se sientan las bases de un plan estratégico de recursos humanos. A su vez, el primer paso para reordenar las plantillas de cara a la creación de la futura Agencia. Entre otras medidas, el ministerio se compromete a acometer “un importante refuerzo de las unidades de gestión de la Seguridad Social” mediante la incorporación de los 2.000 interinos antes citados. Aunque también precisa que el empleo interino sólo podrá ser un recurso “excepcional”, sólo aceptable “para los estrictos casos indispensables, a fin de dar cobertura a nuevos servicios o para garantizar mediante un plan de choque la atención a la ciudadanía en las oficinas de la Seguridad Social”.

Este mismo viernes, el comité de empresa de Konecta y su responsable de Recursos Humanos se han reunido en los servicios regionales de mediación, en un último intento por evitar la huelga. Konecta le ha ofrecido aplicar un ERTE a partir del 6 de octubre, que presenta como una forma de que los trabajadores puedan cobrar prestaciones. Los representantes sindicales han rechazado lo que tachan de “ERTE exprés”, puesto que no tienen tiempo para cumplir en sólo unos días con los plazos de negociación exigidos por el Estatuto de los Trabajadores. “Konecta quiere saltarse la ley en su propio beneficio, reduciendo el procedimiento legal a su conveniencia económica y delegando en el SEPE lo que debería ser su responsabilidad”, critican en un comunicado público.

Este periódico ha contactado con Konecta BTO para preguntarle por el conflicto, pero la empresa se ha limitado a responder que está “trabajando en buscar una solución”. El ministerio adjudicó a Konecta en diciembre de 2019 el contrato para prestar el servicio de atención telefónica de la Tesorería General, por un importe de 16,26 millones de euros, impuestos incluidos. Tenía dos años de duración, pero fue prorrogado hasta cinco veces, la última vez el pasado 6 de julio. Por esos dos años adicionales, el ministerio pagó a Konecta un total de 9,96 millones de euros, de acuerdo con los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

El efecto tractor de la Semana Santa ha impulsado la creación de empleo en marzo hasta hacer de este mes de 2023 el mejor de la serie histórica, que comienza en 1996. La Seguridad Social registra 206.410 nuevos afiliados, un crecimiento del 1% respecto al mes anterior. Pese a que el responsable del departamento, José Luis Escrivá, ha disociado las buenas cifras de empleo de ese tirón estacional, lo cierto es que el mayor aumento de cotizantes, tanto en cifras absolutas como relativas, se ha producido en la hostelería, que genera 71.808 nuevos empleos, un aumento del 5,67% respecto a febrero. Le siguen, pero a mucha distancia, los 14.957 nuevos afiliados del comercio o los 14.938 de la administración pública. En volúmenes semejantes ha crecido el empleo en sanidad –13.624 cotizantes más– y educación –12.728–, con alzas que no superan el 1,5% mensual.

De esta forma, la Seguridad Social alcanza los 20,37 millones de afiliados, que es también el mejor dato desde 1996. En el último año, el empleo ha crecido en 542.049 cotizantes, un 2,73%. Desde la pandemia, hay 1,1 millones de afiliados más. De ahí que el ministerio destaque la mejora que eso supone en la relación entre número de cotizantes y de pensionistas, que ahora es de 2,41 afiliados por cada jubilado, “el nivel más alto de la década”, asegura el departamento de José Luis Escrivá nada más aprobar la reforma del sistema de pensiones.

El mismo buen tono muestran las cifras del paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), que han bajado en 48.755 personas, un 1,67%. Tras subir en enero –70.744 nuevos parados– y febrero –2.618–, el descenso del número de desempleados en marzo de este año es superior al registrado en ese mismo mes en 2018, 2019 y 2022, pero menor al de 2021. La mayor parte de la bajada se debe al sector servicios, donde hay 42.789 parados menos. También se ha reducido más el desempleo femenino en cifras absolutas, 25.897 mujeres menos en el paro, que el masculino, con una caída de 22.858 hombres.

Aun así, en España quedan todavía 2,86 millones de parados. El Ministerio de Trabajo destaca que es la cifra más baja, en un mes de marzo, desde 2008, justo antes de estallar la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers.

Este año, en cambio, los malos vientos augurados por la caída de Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank en medio de la crisis de precios y la guerra de Ucrania no han podido con los buenos presagios del consumo para la Semana Santa. Y ese comportamiento se refleja en el hecho de que todas las comunidades autónomas han ganado en empleo, pero con Baleares y Andalucía a la cabeza, que aumentan su número de afiliados en un 6,4% y un 1,36%, respectivamente. Todos los territorios reducen igualmente sus cifras de desempleados, menos la Comunidad de Madrid, que gana 1.013 nuevos parados. En cambio, son Andalucía y Canarias las que lideran la bajada del desempleo, con 15.284 y 5.775 parados menos.

La reforma laboral sigue notándose en el cambio de modelo de contratación, según subraya el Ministerio de Trabajo: el 46,82% de los contratos firmados en marzo fueron indefinidos, casi un punto y medio más del porcentaje de febrero, mientras que los temporales se reducen en un 39,6% respecto a hace un año. Su traducción en términos de cotizantes a la Seguridad Social es la caída de los afiliados con contrato temporal hasta el 14%, la mitad de los que había antes de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021. Es, apunta el ministerio, el mínimo histórico.

De los 1,31 millones de contratos registrados en marzo, 284.208 son a tiempo completo, 180.909 son fijos discontinuos y 150.557 a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 23,23% respecto a febrero, los segundos un 28,03% y los terceros un 24,16%. En comparación con el mismo mes de 2022, los de jornada completa han crecido un 8,97%, los de tiempo parcial un 2,52% y los fijos discontinuos, un 70,67%. Según el Ministerio de Seguridad Social, también sigue aumentando la duración media de los contratos, con un alza de 47 días entre enero y marzo respecto al mismo trimestre de 2019.

Otro cambio, pero éste recién estrenado, es el aumento de la base reguladora del 50% al 60% a partir del séptimo mes de cobro de la prestación por desempleo. Trabajo siempre publica los datos sobre prestaciones con un mes de retraso respecto de las cifras de paro, por lo que este mes se conocen los de febrero. Y la subida de la base reguladora se empezó a aplicar en enero. La cuantía media de la prestación de paro ha crecido un 7,3% en febrero, y se sitúa en 961,6 euros al mes. En España, 1,86 millones de personas la cobran, un 1,1% más que hace un año. La cobertura de la prestación alcanza el 68,11%, el porcentaje más alto en un mes de febrero desde 2012. La menor fue en febrero de 2016, cuando sólo protegía al 54,8% de los desempleados. Pero aún queda lejos del 80,6% al que se llegó en ese mismo mes de 2010.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han elogiado las buenas cifras de empleo. “Crear 206.000 empleos en un mes y concretamente en el mes de marzo es un dato extraordinario, que no tiene precedentes”, ha asegurado Escrivá, quien subraya el “complicado contexto” económico. Ambos ministros han presagiado que la misma tónica optimista continuará en los próximos meses, pese a reconocer que “ir a un ritmo de 100.000 empleos al mes no es sostenible”, en palabras de Escrivá en la Cadena Ser. “Queda aún mucho por hacer para dejar atrás la cultura de la precariedad”, advirtió en todo caso Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter, tras atribuir el mérito de la “robustez” del mercado de trabajo a la reforma laboral, que “protege mejor el empleo en situaciones de crisis”.

El sindicato UGT también ha celebrado el “éxito” de la reforma laboral, pero reclama medidas contra el “despido barato”, reformando sus causas y costes, y que se recuperen todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012. Además, pide más recursos para los servicios públicos de empleo y que se mejore la cobertura de las prestaciones de paro.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha advertido frente a los “mensajes triunfalistas” cuando la tasa de paro aún se mantiene en el 12%. En una entrevista en TVE, Sordo ha tachado de un “poco apresurada” la idea de que el modelo productivo ha cambiado en España, a tenor del empleo que se está creando en sectores de alto valor añadido, como le gusta destacar al Ministerio de Seguridad Social. “Aunque la correcta utilización de los fondos de recuperación europeos puede contribuir a acelerar esa transformación”, ha matizado.

Finalmente, la CEOE sostiene que los datos de empleo de marzo constatan la “mayor resiliencia” de mercado laboral, pese a “la incertidumbre económica derivada del conflicto bélico en Ucrania, la inflación y el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción”. Pero también cree que “las empresas de pequeño tamaño están sufriendo” y pone como ejemplo que se han perdido más de 6.000 autónomos y más 13.000 empresas han cerrado desde principios de año.

El fin de las rebajas no ha impedido que febrero haya terminado con 88.918 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. No sólo se ha invertido el descenso de afiliación con que se estrenó 2023 el pasado enero, cuando se perdieron 215.047 ocupados –una caída del 1,06% mensual–, sino que además nunca se había creado tanto empleo en un mes de febrero de 2015. La razón de este auge está en las alzas experimentadas en la educación –26.798 nuevos cotizantes–, la hostelería –25.073 más– y la construcción –22.411 más–, que han compensado con creces los 11.781 trabajadores perdidos en el comercio. También ha caído la afiliación de forma considerable en la sanidad, donde han desaparecido 9.934 ocupados.

A pesar de estas buenas cifras de afiliación, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado este último mes, aunque poco: hay 2.618 desempleados más que en enero. El alza, del 0,09% es mucho menor que la de enero, cuando el paro creció en 70.744 personas, un 2,49%. También es mucho menor que la media de los últimos 15 años, 35.280 parados, según destaca el Ministerio de Trabajo. De esta forma, en España hay aún 2,91 millones de desempleados, la menor cifra en un mes de febrero desde 2008, añade el departamento.

No obstante, en las estadísticas del paro registrado destaca este mes el aumento del paro entre las mujeres, 4.135 desempleadas más que en enero, frente a un descenso de 1.517 desempleados entre los hombres. Es quizás el resultado de la mayor cuota de empleo femenino en el comercio, que ha soltado lastre laboral tras las rebajas. También ha crecido el paro de quienes se incorporan al mercado de trabajo por primera vez, 10.139 nuevos desempleados, un aumento del 4,1%. Y de los menores de 25 años, 11.862 más, un 11,8%. El Ministerio de Trabajo apunta en todo caso que los 215.366 jóvenes registrados en las oficinas del SEPE constituyen la cifra más baja en un mes de febrero desde 1996. En perspectiva anual, el descenso del paro alcanza las 200.669 personas, una caída del 6,4%.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, se sitúa en febrero en 20,17 millones de cotizantes, también la más alta en este mes desde 1996. Por tanto, el sistema ha ganado 475.870 afiliados en el último año, un aumento del 2,42%. Se trata de una mejora superior a las de los dos meses anteriores –2,31% y 2,38%–, pero por debajo de la de noviembre –2,69%– y lejos de la subida interanual de febrero de 2022 –4,48%–. Es decir, se ha contenido ligeramente la ralentización del mercado laboral que se viene acusando desde el verano pasado. En total, la ocupación ha crecido en 920.948 cotizantes desde que comenzó la crisis de la pandemia.

También continúa a buen ritmo el empleo indefinido. El 45,46% de los contratos firmados en febrero eran de ese tipo, un punto y medio por encima de los de enero. De ellos, 230.635 son de jornada completa, un 32,6% más que en febrero de 2021, y 141.305 son fijos discontinuos, casi el triple que hace un año. Los indefinidos a tiempo parcial, 121.260, han aumentado un 27,2%. El número de los contratos temporales se ha reducido un 47,5% en los últimos 12 meses. Traducidos los contratos en términos de afiliación, los cotizantes temporales han pasado de representar el 30% antes de la reforma laboral a quedarse en el 14%. Los menores de 30 años con contrato temporal, destaca el Ministerio de Seguridad Social, han bajado del 53% al 22%. Según el departamento, de los cuatro millones de trabajadores que tenían un contrato temporal entre enero y marzo de 2022 –antes de la plena entrada en vigor de la reforma laboral– y que a día de hoy siguen de alta en la Seguridad Social, el 53% han pasado a tener un contrato indefinido: 1,73 millones un contrato ordinario y 407.688 uno fijo discontinuo. Además, los contratos duran más, una media de 50 días más respecto a 2019, asegura el ministerio.

Por comunidades autónomas, en febrero ha crecido el empleo en todas ellas, pero el paro ha subido en ocho. Donde más, en Madrid, con un aumento de 5.040 personas en cifras absolutas y un 1,63% en términos relativos, el segundo mayor tras Murcia –un 1,72%–. Donde más ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social ha sido en Cataluña, con 25.603 nuevos ocupados, un alza del 0,72%, más del doble de lo que han mejorado Baleares –11.792, un 2,6% en cifras relativas– y Madrid –11.690, un 0,33%–.

Los trabajadores protegidos por un ERTE continúan reduciéndose: quedan 14.624 –15.010 en enero–, de los que 13.025 estaban acogidos a suspensión de empleo o reducción de jornada por causas económicos, organizativas o de producción, mientras que por fuerza mayor son sólo 1.599.

Finalmente, los desempleados que perciben una prestación comenzaron el pasado enero a incorporar en su nómina el aumento del 50% al 60% en la base reguladora aprobada por el Gobierno, lo que ha aumentado un 8,1% la cantidad cobrada. Asciende de media a 965,7 euros, según el Ministerio de Trabajo. En España, perciben una prestación por desempleo 1,9 millones de personas, el 69,3% de quienes carecen de trabajo. Trabajo dice que es la mayor tasa de cobertura desde 2012.

Por el contrario, UGT cree que esa cobertura debería mejorarse, pues se sitúa 11,6 puntos por debajo de la registrada en 2010, cuando alcanzó su máximo histórico. Para su secretaria de Política Institucional, Cristina Estévez, los registros de febrero reflejan que se mantiene el “dinamismo” del mercado de trabajo, como también la calidad del empleo, toda vez que los contratos indefinidos siguen “aumentando su peso mes tras mes”. Para la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, los datos de febrero no son “malos”, porque “el empleo aguanta bien pese al ligero aumento del paro". Sin embargo, advierte contra el “triunfalismo” porque la tasa de desempleo en España sigue siendo muy alta.

La CEOE, en cambio, cree que se está produciendo “una importante destrucción de tejido empresarial que se traduce en la pérdida de 17.300 autónomos desde principios de año y el cierre de 16.764 empresas solo en el mes de enero”. Aunque la patronal reconoce que el mercado laboral “está en volúmenes de afiliación que encabezan la serie histórica”, advierte de que esa destrucción del tejido empresarial puede terminar destruyendo empleo a medio plazo.

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha dudado en calificar de “fantástica” la cifra de empleo de febrero. A su juicio, es la consecuencia de que “las empresas españolas se están desenvolviendo en un entorno de confianza y de certidumbre que les permite tomar decisiones de inversión muy fuertes y además contratar a mucha gente”.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha lamentado la dureza de los datos de paro en España, ha puesto en valor el hecho de que, tras la pandemia, con una caída del PIB de 11 puntos, y una guerra, la tasa de paro se sitúe en el 12,9%.

El Consejo de Europa debate en Estrasburgo si las indemnizaciones por despido improcedente en España son “adecuadas”. Su Comité de Derechos Sociales estudia las reclamaciones que UGT y CCOO han presentado para que España modifique el diseño de las compensaciones que perciben los trabajadores cuando son despedidos sin causa legal que lo justifique. Ambos sindicatos defienden que el método para determinar esas cuantías, un número prefijado de días de salario multiplicados por la antigüedad, no es proporcional ni repara el daño ocasionado al despedido de forma injusta o arbitraria, ni resulta disuasorio para la empresa. Además, reclaman que se restituyan los salarios de tramitación –los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el juez dicta sentencia– y que se recupere la readmisión del trabajador en caso de sentencia favorable. Ambas figuras fueron suprimidas en la reforma laboral de 2012.

UGT quiere que sean los jueces quienes examinen el daño infligido al trabajador y la conducta del empresario. CCOO, que se indemnice al despedido por ese daño, el lucro cesante y los daños morales, y que se fije una indemnización mínima de seis meses de salario. La CEOE, que considera perfectamente adecuadas las compensaciones por despido y se opone a cualquier aumento, ya ha presentado sus alegaciones.

También lo hará el Gobierno, aunque la postura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha quedado clara desde que UGT presentó su demanda hace casi un año y la reiteró esta misma semana. “El despido en España es demasiado barato”, aseguró en el Congreso interpelada al respecto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Díaz llegó a tachar de “patología” del mercado laboral la cuantía de las indemnizaciones. Según dijo, la escasa diferencia entre los 20 días por año del despido procedente y los 33 días del improcedente son “una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva antes los abusos”. También considera la ministra una “anomalía” con respecto al resto de Europa que la cuantía de la indemnización sea “un precio tasado sin atender a la lógica indemnizatoria del daño real y el lucro cesante como ocurre en los despidos por vulneración de los derechos fundamentales”.

La reforma laboral de 2012 recortó las indemnizaciones por despido improcedente de 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, a 33 días con un máximo de 24 meses. Además, amplió las causas del despido procedente, que se pagan a razón de 20 días, con un tope de 12 mensualidades. Es decir, no sólo abarató el despido, sino que también lo facilitó: desde entonces las empresas pueden despedir sólo con prever que van a entrar en pérdidas o con aducir que han caído sus ventas. También pueden despedir con la cantidad mínima establecida por la ley –20 días por año– si en un despido colectivo no llega a un acuerdo con los sindicatos. Hasta entonces, las empresas necesitaban la autorización del Ministerio de Trabajo o de la consejería autonómica correspondiente para ejecutar un ERE.

Esa desregulación se permitió justo en lo peor de la crisis económica, cuando se sucedían los despidos, individuales y colectivos, y el paro alcanzó máximos históricos de 6,27 millones de parados, casi el 27% de la población activa, en el primer trimestre de 2013. Por situar la cifra: hoy los desempleados suman tres millones y la tasa de paro se sitúa en el 12,87%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

De acuerdo con la más reciente estadística del Ministerio de Trabajo, referida a 2021, en ese año hubo 444.102 despidos, un 6,4% menos que en el año precedente, el de la pandemia, pero un 6,7% más que en 2017, el ejercicio en el que menos trabajadores perdieron su trabajo desde que el departamento empezó a contarlos, en 2015. Al tiempo, la cuantía media de las indemnizaciones no dejó de reducirse entre 2015 y 2020. Sin embargo, repuntó en 2021, hasta alcanzar su máximo siete años: 11.416,7 euros. La subida respecto a 2020 ha sido considerable, un 27,3%. Hasta entonces, el recorte de las compensaciones había sido del 10,7% en siete años. El año del covid la cuantía media se quedó en sólo 8.965 euros.

Una de las razones que pueden explicar ese cambio de tendencia es el gran aumento de los despidos colectivos, cuyas indemnizaciones son mucho más altas que las individuales. En 2021 afectaron a 75.328 trabajadores, un 49,68% más que el año anterior y la mayor cifra desde 2015. En 2021 perdieron su empleo en un ERE el triple de asalariados que en 2017. Ya habían repuntado en 2020, pese al paraguas protector de los ERTE, pero en 2021 las empresas terminaron recortando el personal que retuvieron durante el confinamiento. Pues bien, si la cuantía media general de las indemnizaciones en 2021 alcanzó los 11.416,7 euros, la de los despidos colectivos se dispara hasta los 21.754,9 euros. Casi duplica la media. El motivo: los sindicatos suelen negociar con las empresas compensaciones que superan el mínimo legal de 20 días por año.

En cualquier caso, la rebaja paulatina de las indemnizaciones hasta 2020 se explica por el hecho de que, desde 2012, también ha caído, y mucho, la antigüedad de los trabajadores despedidos. Así que lo ha hecho igualmente la cuantía de las indemnizaciones, que se calculan según el número de años que llevaba el asalariado en la empresa. El despido fue uno de los asuntos que quedó fuera de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. Ni estaba en el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ni en la agenda de negociación de los agentes sociales. De hecho, es un punto siempre controvertido en el que hubiera sido imposible el acuerdo.

Ahora, en pleno año electoral y cuando las relaciones entre sindicatos y Gobierno, por un lado, y la CEOE, por otro, están más tensas que nunca, se reabre el debate sobre el precio del despido. Aunque Yolanda Díaz ha dicho que esperará a que el Consejo de Europa se pronuncie, lo cierto es que su decisión no es vinculante. Mientras, se suceden las sentencias judiciales a favor y en contra de fijar indemnizaciones por encima de las legales. Las primeras citan la Carta Social Europea, en cuyo artículo 24 se basan CCOO, UGT y el Ministerio de Trabajo para reclamar compensaciones “adecuadas” y “reparadoras”, también el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluso la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las hay de juzgados de lo Social –una de ellas aumentó la indemnización de 95 a 3.162 euros–, así como de los Tribunales Superiores de Justica de Madrid, Cataluña, Galicia, Navarra y Castilla y León. En sentido contrario se han pronunciado los de Asturias, Madrid y Castilla-La Mancha. De hecho, UGT menciona en su reclamación ante el Consejo de Europa que el Tribunal Supremo aún no ha modificado su doctrina a favor del sistema de cálculo basado en antigüedad.

El argumento esgrimido por los empresarios y por algunos analistas del mercado laboral para oponerse al encarecimiento del despido es que frena la contratación y, por tanto, la creación de empleo. Para justificar el recorte de las indemnizaciones por despido improcedente, el preámbulo de la reforma laboral de 2012 aseguraba que abaratarlo era “necesario para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral”, es decir el abuso del contrato temporal. También consideraba la compensación de 45 días por año “un elemento distorsionador para la competitividad de las empresas, especialmente para la más pequeñas. Es casi el mismo argumento del Banco de España, que lleva años pidiendo que se rebajen los costes del despido. Abaratarlo serviría para reducir la dualidad del mercado de trabajo español, puesto que las empresas dejarían de contratar o despedir en función de las indemnizaciones que tienen que pagar e incluso mejoraría la movilidad de los trabajadores: si abandonan su empleo voluntariamente, no reciben compensación alguna.

De hecho, desde ese punto de vista, el coste del despido y la regulación de sus causas son dos elementos fundamentales de lo que viene en llamarse rigidez del mercado de trabajo. La OCDE lo mide apoyándose en toda una serie de indicadores de protección del empleo (EPL por sus siglas en inglés). Estos incluyen desde la cuantía de las indemnizaciones, la regulación de los despidos colectivos o el plazo de preaviso establecido por las leyes de cada país hasta las limitaciones legales para ofrecer contratos temporales. Con esos parámetros, la OCDE construye un índice. En 2019, el año más reciente del que publica datos, el país europeo con menor rigidez laboral es Irlanda –1,27–, aunque el índice de Estados Unidos, prototipo de país son regulación mínima, es el menor de la OCDE –0.09–. Por el contrario, Países Bajos son los más protectores del empleo en la UE y la OCDE –3,61–.

España, con un índice de 2,05, es el sexto país de la UE con menor rigidez laboral. De hecho, desde la reforma laboral de 2012, su índice bajó al 1,96 y no subió hasta el año anterior a la pandemia. Sólo Irlanda –y Reino Unido–, así como Hungría, Estonia, Finlandia y Dinamarca, aventajan a España en flexibilidad laboral en lo que a costes de despido y facilidades a la contratación temporal se refiere.

Italia y Francia tienen un índice de 2,56 y Alemania los supera, con un 2,60. Portugal llega al 3,14. En Alemania, explica la OCDE, la indemnización por despido improcedente asciende a 15 meses de salario si el trabajador supera los 50 años y acumula una antigüedad de más de 15; sube a 18 meses si tiene más de 55 años y lleva más de 20 años en la empresa. El juez decide si, además, cobra salarios de tramitación. En los despidos colectivos, las indemnizaciones se calculan multiplicando la antigüedad por el salario mensual y por un factor que va de 0,5 a 1,5.

En Francia, la indemnización oscila entre tres y 15,5 meses de salario si la antigüedad es de 20 años. Y el juez puede ordenar la readmisión del trabajador; en el caso de que el empresario la rechace, debe indemnizar al despedido.

En Italia, si el juez determina que el despido es improcedente, la compensación se sitúa entre seis y 36 meses de salario. Pero si la empresa tiene menos de 15 empleados, la indemnización no puede exceder de seis meses de sueldo.

En los Países Bajos, las indemnizaciones por despido improcedente las establece el juez. La cantidad habitual suele equivaler a unos siete meses de salario.

En Dinamarca, que muchos economistas presentan como paradigma de flexiseguridad –alta protección al desempleo, pero facilidad para el despido–, las indemnizaciones varían dependiendo de si el afectado es un trabajador cualificado o no. Para los primeros, si tienen menos de 30 años la cuantía no puede exceder los tres meses de salario; si supera los 10 años de antigüedad, recibe hasta cuatro meses de sueldo; tras 15 años en la empresa, cobra hasta un máximo de seis meses. Para los trabajadores con menor cualificación, la indemnización es de sólo una semana por año, con un máximo de 52 semanas para los de mayor antigüedad. En los despidos colectivos, la ley no establece ningún tipo de compensación, pero el convenio colectivo del sector financiero, por ejemplo, exige a los bancos indemnizaciones por encima de los límites fijados para los despidos individuales.

Tras el aumento de los despidos en 2021 y a falta de saber cómo ha reaccionado el mercado de trabajo a la última reforma laboral en esta materia, 2023 ha comenzado con una oleada de recortes de plantilla en las multinacionales tecnológicas que, de momento, no toca España. Aunque también se han anunciado despidos en grandes empresas de otros sectores que sí pueden afectar al mercado laboral español. Es el caso de Ford –que planea eliminar 3.900 empleos en Europa–, H&M –1.500 en todo el mundo–, o la más reciente, la farmacéutica Grifols, que prevé un recorte de 2.300 trabajadores, 100 de ellos en España. 

El mercado laboral comienza el año acusando el fin de la campaña de navidad: ha perdido 215.047 cotizantes a la Seguridad Social mientras el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha crecido en 70.744 personas. Ambas cifras superan las de enero de 2022, cuando los afiliados bajaron en 197.750 y los desempleados aumentaron en 17.173 trabajadores. Otro dato más que apunta hacia la desaceleración de la economía y el empleo que viene larvándose desde el final del año anterior. Aun así, España mantiene los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social –20,08 millones, exactamente–, que alcanzó el pasado mes de abril, y sigue por debajo de los tres millones de parados registrados –los ha superado en la Encuesta de Población Activa–, una cota que abandonó en mayo de 2022.

El hachazo laboral tras las navidades se hace evidente en el hecho de que todo el aumento del paro se lo ha llevado el sector servicios, que suma 70.759 parados más. Sólo la construcción ha bajado sus registros en el SEPE, con un descenso de 3.111 desempleados. La industria apenas se movió, con 408 parados más. La agricultura añadió 1.457 personas a las listas del desempleo. En las estadísticas de la Seguridad Social el golpe puede precisarse más: la hostelería ha prescindido de 43.118 trabajadores, un 3,36% de sus afiliados, y el comercio de otros 39.613, un 1,56%. También han perdido cotizantes, 42.068, las actividades administrativas, un 3%. En la sanidad se han dado de baja 17.329 profesionales. La caída de la ocupación en los servicios, sobre todo en los citados, que son sectores muy feminizados, se ceba en el empleo de las mujeres. La Seguridad Social ha perdido 116.322 afiliadas –un descenso del 1,2%–, pero 98.725 afiliados –una caída del 0,9%–, mientras que se han apuntado al paro 49.937 mujeres –un aumento del 2,95%– y menos de la mitad de hombres, 20.807 –un 1,8% más–.

En el patrón estacional característico del mercado de trabajo español, enero siempre es un mes malo, con crecimientos del paro y bajadas en la afiliación, y 2023 no ha sido una excepción. Aun así, el Ministerio de Seguridad Social ha destacado que el descenso de afiliación de este último enero –1,06%– ha sido menor que los registrados desde 2019. Con respecto al paro, el aumento multiplica por cuatro el de enero de 2022, pero queda por debajo de las alzas sufridas los tres años precedentes.

El buen dato que continúa en 2023 es el auge de los contratos indefinidos. En enero el 44,16% de los firmados eran de este tipo, un 122,2% más que en el mismo mes de 2022. Son cinco puntos porcentuales más de los registrados en diciembre. De los 530.306 contratos fijos suscritos el pasado enero, 236.443 fueron a tiempo completo, 173.968 eran fijos discontinuos y 119.895 a tiempo parcial. Los primeros han crecido un 62,2% respecto a hace un año, los segundos un 558,3% y los terceros, un 80,3%. Los temporales, a su vez, han caído un 50,6%. Los 670.444 suscritos son la mitad de los que se registraron hace un año, pero un millón menos de los que se firmaron en enero de 2019.

La misma tónica se desprende de los datos de la Seguridad Social. Los afiliados con contrato temporal han descendido hasta el 15%, su mínimo histórico según resalta el ministerio, que atribuye el cambio de tendencia a la reforma laboral aprobada hace un año. Hasta ese momento, la media de cotizantes con contratos de duración determinada no bajaba del 30%. Seguridad Social ha facilitado este mes datos sobre fijos discontinuos y sobre la pervivencia de los contratos fijos firmados desde la entrada en vigor de la reforma, dos de las polémicas surgidas con su aplicación. Así, el ministerio asegura que más de la mitad de los 4,05 millones de cotizantes que entre enero y marzo de 2022 –antes de la entrada en vigor plena de la reforma– tenían un contrato temporal y ahora siguen dados de alta, tienen un contrato indefinido. De ellos, el 80% han firmado un contrato fijo y el 20% son fijos discontinuos. Además, destaca, el 40% de los que han conseguido un contrato indefinido han cambiado de empresa.

El departamento de José Luis Escrivá sale así al paso de las críticas que la oposición y algunos expertos han lanzado sobre el enorme aumento de los fijos discontinuos tras la reforma laboral y sobre cómo se registra su número y sus periodos de inactividad en las estadísticas. Este último enero, se han firmado 173.968 contratos fijos discontinuos, un 2,2% menos que en diciembre, mientras que han aumentado un 32,1% los indefinidos a jornada completa y un 11,7% los de tiempo parcial.

El mal comportamiento del mercado de trabajo ha sido general en todas las comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere al paro como al número de cotizantes a la Seguridad Social. Sólo en Baleares ha bajado el desempleo, aunque apenas tiene 297 parados menos que en diciembre. Los territorios donde más ha bajado el empleo y crecido el paro en cifra absolutas han sido Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, que también son las más pobladas. En términos relativos, Madrid es la segunda comunidad, tras Asturias, donde más ha aumentado el desempleo en enero respecto al mes anterior, un 3,74%, seguida por Cantabria y Castilla-La Mancha. Pero es en Extremadura –1,58%–, Comunidad Valenciana –1,52%– y Cantabria –1,4%– donde más ha caído el empleo en cifras porcentuales.

Finalmente, los ERTE siguen reduciendo el número de trabajadores a los que protegen. Son 15.010, un 27% menos que en diciembre. De ellos, 13.097 son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, mientras que ya sólo quedan 1.529 por fuerza mayor y 384 en el mecanismo RED que se aplicó a las agencias de viajes.

A juicio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los datos de empleo de enero constatan que España tiene un mercado laboral “muy sólido y muy fuerte”, que además está “aguantando muy bien” un entorno “muy complicado”. Según ha dicho, enero es “el mes estacionalmente más bajo del año” por lo que prefiere observar los datos sin ese componente estacional, como sucede con el PIB. Pero incluso sin hacerlo, Escrivá ha resaltado que la caída de enero de 2023 de la afiliación media y la subida del paro son menores que las registradas en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando se perdieron 245.000 ocupados y se sumaron 90.000 personas a las listas del desempleo. Para el ministro, los datos desestacionalizados evidencian que el mercado laboral “ha arrancado bien el año” y aunque no ha querido adelantar lo que ocurrirá en los próximos meses, sí ha dicho que el empleo “no hará más que crecer”. De hecho, ha afirmado que la probabilidad de que febrero sea también un buen mes “es grande”, informa Europa Press.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el crecimiento del paro en enero ha sido “más moderado que la media histórica y que otros eneros recientes, lo que muestra una mayor estabilidad del mercado laboral”.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, cree que los datos de empleo de enero “no son buenos”. Aunque corresponden a una situación estacional, advierte de que también se presentan como un “síntoma de desaceleración” que hacen necesario tomar medidas para “avanzar en la consolidación y la creación de empleo“.

La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, ha subrayado que “son los bajos salarios los que lastran la economía y el empleo, no los que los castigan”, tras alabar la “senda de estabilidad” de los contratos tras la reforma laboral. Además, ha reclamado una mejora de las políticas activas de empleo para luchar contra el paro de larga duración y de la cobertura de las prestaciones por desempleo, pues la tasa de diciembre, del 68,9%, se encuentra 11 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2010, cuando alcanzó su máximo histórico.

Para la CEOE, el descenso del empleo y el aumento son un comportamiento habitual del empleo en el primer mes del año, aunque aprecia una mayor intensidad en la caída de la afiliación, al igual que en meses anteriores, por culpa de la incertidumbre. No obstante, la patronal destaca la “gran resiliencia” que está mostrando el mercado laboral, pese a que éste “no es inmune” a los riesgos que supone la guerra en Ucrania y “su impacto sobre la inflación, el suministro de energía y, en general, el encarecimiento generalizado de los costes de producción”.

Ya no son sólo las grandes tecnológicas las que se disponen a desprenderse de cientos de sus trabajadores y ni siquiera la ola de despidos se ciñe a Estados Unidos. El estrés de un año de inflación desbocada y precios energéticos que no se recordaban desde los años 80 está alcanzando a compañías industriales, bancos, medios de comunicación o inmobiliarias, también en Europa. De forma que el año 2023 se estrena con anuncios de despidos que sólo para las tecnológicas suman, a fecha de 27 de enero, 67.268 trabajadores, según el recuento que lleva a cabo el portal Layoffs.fyi, para un total de 210 empresas. No son pocos si se tiene en cuenta que, en todo 2021, el total de despidos en el sector alcanzó los 159.684, en 1.040 empresas. Es decir, en menos de un mes ya se ha anunciado el 42% de los que se ejecutaron en todo el año precedente.

Pero si a los despidos tecnológicos se añaden los anunciados en grandes compañías de otros sectores, los trabajadores afectados superan ya los 82.400 en un recuento que no es exhaustivo. En ese número se incluyen los despidos en algunas empresas de criptomonedas –Coibanse, Crypto.com, Genesis, Blockchain– que gotean desde que estalló el escándalo de FTX

Buena parte de estas empresas culpa a la “incertidumbre” de la economía, golpeada por la inflación y el coste de la energía y las materias primas, otras afrontan problemas comunes a su sector –como la caída de los suscriptores digitales de los medios de comunicación– y algunas más sufren crisis particulares por decisiones de gestión equivocadas. Pero tampoco es ajena al fenómeno la subida de los tipos de interés, en la que fue pionera la Reserva Federal y cuyo efecto, aunque retardado, es siempre el enfriamiento económico.

Los despidos de Facebook y Twitter con los que terminó 2022 se han quedado pequeños comparados con los que se avecinan este año. Pese a que los países occidentales parecen haber esquivado, de momento, el fantasma de la recesión y los precios se han contenido de forma más rápida de la esperada, la subida de los tipos de interés sigue amenazando el crecimiento y la guerra de Ucrania va a perturbar la geopolítica y la economía durante todo el año. Así que las empresas no lo han dudado y han optado por el método más expeditivo.

IBM acaba de hacer público que va a despedir a 3.900 trabajadores, mientras en Google la cifra se eleva hasta los 12.000. Microsoft se deshará de 10.000 empleados, aunque al mismo tiempo va a gastarse 10.000 millones de dólares en OpenaAI, la empresa que ha creado el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT. Fuera de EEUU, la empresa alemana de software SAP despedirá a 3.000 personas. En su caso, atribuye la caída de los beneficios en 2022, nada menos que un 56%, al cierre de su negocio en Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania, lo que se ha traducido en un impacto de 410 millones de euros. En Suecia, Spotify, el servicio de música digital, ha puesto en el punto de mira a 600 de sus empleados para reestructurar la empresa en un entorno económico que tacha de “difícil”. Y la holandesa Philips ha añadido 6.000 trabajadores al recorte de 4.000 anunciado en octubre y que se prolongará hasta 2025. Perdió 1.608 millones de euros en 2022.

Amazon, que ya comenzó a recortar plantilla en noviembre de 2022, cabalga la ola con el mayor volumen de despidos: 18.000 trabajadores. Pese a que su cifra de negocio creció un 15% el año pasado, desde julio ha perdido casi la mitad de su valor en bolsa.

También la química 3M, que emplea a 100.000 personas, se ha apuntado al recorte de plantillas con el anuncio de 2.500 despidos. El descenso de las ventas, argumenta la compañía estadounidense, hace necesario un ajuste de producción y, por tanto, de trabajadores. Otra química estadounidense, Dow, echará a la calle a 2.000 empleados para hacer frente, dice, “a la ralentización del crecimiento económico mundial, los desafíos del mercado energético y la reducción de existencias”. La automovilística Ford planea despedir a 3.000 trabajadores en Europa, según ha publicado la revista Fortune. Equivalen al 65% de su plantilla en el continente y se sumarán a los 3.000 de los que prescindió el año pasado en EEUU.

Y un gigante más: la juguetera Hasbro despedirá al 15% de su plantilla en todo el mundo, unos 1.000 trabajadores. Se encuentra embarcada en plena transición digital: menos Monopoly y más gaming es el objetivo.

En el caso de la textil sueca H&M, los despidos ya se anunciaron en noviembre del año pasado, unos 1.500 en todo el mundo. Este mismo viernes ha publicado una caída de sus beneficios del 67% en 2022, debido a la subida de precios de las materias primas y los fletes, la fortaleza del dólar y los costes energéticos. El aumento de las ventas en un 12% no le ha servido para engordar el resultado.

También empezaron el año pasado los mayores bancos del mundo a reducir personal: Credit Suisse anunció en octubre el despido de 9.000 empleados, tras admitir unas pérdidas de 4.000 millones de euros en el tercer trimestre. Este año, en el que también prevé pérdidas, el recorte lo sufrirá el negocio de banca de inversión europea, cuya plantilla mermará en un 10% según adelanta Financial Times. La semana pasada fue Goldman Sachs la que se deshizo de 3.200 empleados, el 6,5% de su personal. En los primeros nueve meses de 2022, sus ingresos cayeron un 20%, por lo que ha decidido también revisar los bonus que paga a sus empleados e incluso la compra de dos jets privados. La entidad financiera también pretende ajustar una plantilla que ha engordado en 10.000 personas desde diciembre de 2019.

Citigroup aún no ha precisado a cuántos trabajadores les afectará la tijera, aunque en noviembre ya se deshizo de 50 personas. El año pasado sus beneficios cayeron casi un 33% respecto al ejercicio anterior. Barclays echó también ese mismo mes a otros 200 trabajadores. Bank of New York Mellon prevé poner en la calle a otros 1.500.

Incluso el mayor fondo de inversión del mundo, Blackrock, propietario del 4% del Íbex 35, ha recortado plantilla este enero: 500 empleos, el 3% de su plantilla.

Mención aparte merecen los despidos en los grandes medios de comunicación estadounidenses. En diciembre abrió la veda la cadena de televisión CNN, con cientos de trabajadores, pero este año ha sido The Washington Post el que se ha sumado con 20 extinciones de contrato y no 30 vacantes que ha dejado sin cubrir, después de haber suprimido su suplemento dominical en noviembre –otros 10 despidos–. Los motivos aducidos son dobles, según informó el propio periódico: la caída de las suscripciones digitales y el sobredimensionamiento de la plantilla, que desde que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, compró la cabecera, en 2013, casi se ha duplicado, hasta el millar de trabajadores.

La cadena de televisión NBC –75 empleados– y la mayor compañía de periódicos de EEUU, Gannet –propietaria de USA Today–, con otros 200 despidos y después de desprenderse de 400 trabajadores en 2022, se añaden a la lista. Que completan Buzzfeed –el 12% del personal– y Vox Media, dueña de New York Magazine, con un plan para despedir a 133 personas después de deshacerse de 39 el pasado julio.

La oleada de despidos se produce cuando parecía que el ánimo de empresas y analistas se entonaba en un año que terminó con la inflación y los precios de la energía contenidos, además de con el PIB aún en cifras positivas. A ambos lados del Atlántico. No obstante, ¿se contagiará el recurso al recorte de plantillas a Europa, y a España?

Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, cree que su traslado al continente europeo sería, en todo caso, sólo “parcial”. “Aquí no hay burbujas como la que afecta a las tecnológicas estadounidenses, con plantillas sobredimensionadas, o como la que sufrió España con la burbuja financiera e inmobiliaria”, razona. Algo parecido les ocurre a los fondos de inversión, que “prosperaron al calor de los tipos de interés negativos” y ahora se encuentran con un contexto que ya no existe.

Y es precisamente en la política monetaria donde Torres ve el riesgo. “Hemos sido impactados por un triple shock”, explica, “el energético y el geopolítico se han ido moderando, pero es el monetario el que ahora está afectando a la economía”. La subida de los tipos de interés tiene un efecto retardado que, además, no es lineal, aclara el analista. Al principio, parece que no tiene impacto, pero puede ocurrir como en 2008, cuando una vuelta más de tuerca llevó a la economía europea a la recesión. Encarecer el precio del dinero tiene como fin enfriar la economía y, en consecuencia, frenar la inflación. Como en EEUU los tipos de interés empezaron a subir antes, el comportamiento de la economía allí puede considerarse un indicador adelantado de lo que puede suceder en Europa. Así que también en España se notará la contracción de la subida de tipos, aun cuando el PIB haya aguantado y el IPC sea de los más bajos del continente, advierte Raymond Torres.

“De hecho, se está notando ya en el crédito”, añade, “incluso ya han caído los nuevos créditos”. La oferta se ha endurecido, tanto para los préstamos inmobiliarios como para los que piden las empresas. Y ese acceso más difícil al dinero reducirá la inversión, lo que puede terminar afectando al empleo. “Quizá pecamos de un pesimismo excesivo en otoño, cuando parecía que estábamos en la antesala de la recesión, y ahora que la hemos esquivado nuestro optimismo es también excesivo y no hemos tenido suficientemente en cuenta la política monetaria”, concluye el analista de Funcas. El peligro, continúa, es que persista la inflación mientras se desacelera la actividad en un contexto de tipos de interés altos.

Según una encuesta de la empresa de recursos humanos Adecco, casi el 54% de los directivos españoles prevé aumentar la contratación en sus empresas este año. Sólo el 25% de los ejecutivos preguntados descartaba aumentar plantilla este ejercicio y el próximo. El ánimo es por tanto mucho más optimista que el captado en la encuesta realizada en 2021, cuando el 47% de los directivos decía que no iba a hacer nuevos contratos en sus empresas.

Es más, el 72% de las tecnológicas españolas piensan en aumentar su plantilla en este primer trimestre, pese a que sus perspectivas para mejorar la facturación han caído 15 puntos, de acuerdo con el barómetro que elaboran la empresa Vass y el Centro de Predicción Económica (Ceprede), informa Europa Press.

A la espera de saber cuántos trabajadores españoles de H&M, Microsoft y Ford pueden resultar afectados por los despidos de ambas multinacionales, ya hay algunos ERE en marcha. Los sindicatos empezaron el pasado día 10 a negociar con Siemens Gamesa el despido de 352 trabajadores. También se negocia en el grupo cerámico de Castellón Victoria, que ha planteado 198 despidos en Keraben y Saloni. Wallbox, que fabrica cargadores para vehículos eléctricos en Barcelona y cotiza en la Bolsa de Nueva York, va a desprenderse del 15% de su plantilla, que integran 1.400 trabajadores.

Además, Indra ha recortado 56 empleos en su centro de Sant Joan Despí (Barcelona). Y en la factoría de Stellantis –Citroën– en Vigo los sindicatos han pactado con la empresa un ERE para 100 empleados, además de la prórroga del ERTE que ya se aplicó a la plantilla el año pasado. El último despido colectivo en la factoría viguesa se remontaba a 2016.

El año de la guerra en Ucrania, la crisis energética y la inflación desbocada termina con un mercado de trabajo que se ha comportado de forma sorprendentemente positiva cuando se estaba recuperando del cerrojazo forzado por la pandemia. En 2022 la Seguridad Social ha ganado 471.360 afiliados, lo que sitúa en 20,96 millones el número de ocupados, un máximo histórico. Al tiempo, el número de parados registrados en las oficinas de empleo ha bajado en 268.252, dejando en 2,83 millones la cifra de quienes carecen de empleo, la menor desde 2007.

No obstante, el pasado mes de diciembre los cotizantes sólo aumentaron en 12.640 personas, muy por debajo de los 72.553 registrados en diciembre de 2021 y la menor cuantía desde que en 2012, en plena crisis financiera, ese mes perdió 88.367 ocupados. La campaña navideña es siempre un revulsivo para el empleo, por lo que ese debilitamiento de la ocupación puede ser un síntoma más de desaceleración. Este año el alza de la afiliación ha sido del 2,38%, mientras que en 2021, en pleno repunte de la actividad tras el covid, creció casi el doble, un 4,08%: 776.478 nuevos cotizantes.

En cualquier caso, también está en máximos históricos el número de mujeres ocupadas, 9,56 millones, tras crecer un 2,9%, un punto más que los hombres. De igual forma se sitúa en mínimos desde 2008 el paro femenino, con 1,69 millones de mujeres sin trabajo.

En 2022 el número de contratos firmados descendió un 5,5% respecto al año anterior y un 18,7% en comparación con 2019, antes de la pandemia. Es una consecuencia lógica de los cambios propiciados por la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021 pero plenamente en vigor desde abril de 2022. El número de contratos indefinidos, 7,027 millones, representan el 38,37% de los registrados, 18,31 millones. En 2021, los indefinidos equivalían al 10,9% del volumen de contratación. Es decir, su número se ha más que triplicado. De ellos, 2,96 millones son a tiempo completo y 1,18 millones a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 129,4% respecto a 2021 y más aún los segundos, un 212,4%. Al tiempo, los temporales han caído un 34,6%.

La mayor estabilidad del empleo se refleja también en las estadísticas de la Seguridad Social, con un alza de 2,3 millones de afiliados con contratos indefinidos en comparación con diciembre de 2021. El ministerio destaca que tres de cada cuatro menores de 30 años tienen un empleo fijo, cuando antes de la reforma la proporción era de uno de cada dos. Además, los contratos que terminaron el año pasado duraron un 25% más que antes de la pandemia, 52 días más de media que en 2019. Y aquellos que tenían menos de un mes de duración se han reducido en este tiempo en más de 3,3 millones, calcula la Seguridad Social.

Por lo que respecta a las cifras de contratos del mes de diciembre, se registraron un 29,2% menos que un año antes, 1,19 millones, de los cuales el 39% fueron indefinidos, cuatro puntos menos que en noviembre. Los temporales, 782.002, también se redujeron respecto a 2021, un 51,8%.

De los indefinidos, casi se han firmado tantos fijos discontinuos –177.877– como a jornada completa –178.983–. De hecho, los primeros se han multiplicado por 10 respecto a diciembre de 2021, mientras que los de jornada parcial se han duplicado –han crecido un 127,6%– y los de tiempo completo han aumentado menos, un 63%. Un mes más se confirma, por tanto, que el empleo temporal se ha trasladado en un volumen muy importante hacia el contrato fijo discontinuo.

Por sectores, la hostelería encabeza la creación de empleo, con 87.037 nuevos afiliados en todo 2022, aunque este diciembre ha dado de baja nada menos que a 24.090 trabajadores. También las actividades artísticas han recuperado los ocupados perdidos durante la pandemia, con un alza del 8,24% respecto a 2021. Pero es el sector de la información y comunicaciones, con un 9,24% de aumento, el que porcentualmente más aumentó la afiliación el año pasado –52.265 personas más–. Le siguen las actividades profesionales, científicas y técnicas –52.177–, y la construcción, la sanidad y la enseñanza.

Si en el cómputo anual todas las comunidades autónomas han ganado empleo, en diciembre, en cambio, sólo lo han hecho siete. Los territorios donde más creció la afiliación en 2022 fueron Canarias y Baleares, con un 5,25% y un 3,95%, respectivamente, confirmando así la recuperación de la actividad turística. A continuación, Madrid –3,92%–, Cataluña –2,75%– y Comunidad Valenciana –2,62%–. Por el contrario, estas navidades la comunidad que más ocupados ha perdido ha sido Baleares, con un 4%.

Finalmente, siguen bajo el paraguas de los ERTE un total de 20.574 trabajadores, de los que 18.237 son por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción. El mayor grupo pertenece a la industria del automóvil, 4.018 personas. En hoteles continúan 1.785 y en bares y restaurantes, 712. En el comercio son unos pocos más, 810.

El Gobierno ha sacado pecho de los buenos datos laborales de 2022. “Volvemos a demostrar que se pueden afrontar las crisis económicas protegiendo el empleo, modernizando el mercado laboral y combatiendo la precariedad y la temporalidad”, ha resaltado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su cuenta de Twitter. A su juicio, estos datos demuestran que “las medidas de protección laboral están funcionando”. Para el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, “2022 ha sido un año de máximos históricos”, con récord de mujeres afiliadas, récord de afiliación en promedio anual, récord en más de una década del ritmo de crecimiento del empleo y récord en los últimos 10 años de la ratio cotizantes/pensionistas”.

También los sindicatos han saludado los datos de contratación de 2022. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que “desmienten” que, poniendo el foco en los indefinidos, subiendo los salarios más bajos e interviniendo el mercado laboral se destruya empleo. Pese a haber sido un año “muy difícil”, el empleo, aseguró, ha sido la variable económica que mejor se ha comportado en 2022.

“El empleo ha evolucionado mejor cuando hemos hecho lo contrario de lo que históricamente nos decían que había que hacer en materia laboral ante las crisis, cuando se han roto los mantras neoliberales desde el Diálogo Social”, ha explicado en una entrevista en RNE.

Por su parte, UGT insta a “no bajar la guardia” pese la “buena evolución” del empleo en 2022, y se reafirma en su estrategia de movilización para exigir a la patronal subidas salariales “justas”, cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y el alza del SMI hasta 1.100 euros al mes.

2023 terminará sin la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sin la segunda parte de la reforma de las pensiones aprobadas. El último Consejo de Ministros del año, previsto para el próximo martes, día 27, no incluirá en su agenda ninguno de estos dos asuntos capitales. El Diálogo Social ha fallado esta vez, al menos en los tiempos, y ha sido incapaz de poner de acuerdo a empresarios, sindicatos y Gobierno. En el caso del SMI, el último Consejo de Ministros del año aprobará la prórroga del actual hasta que se decida la cuantía en que aumente, quizá a mediados de enero. La subida, no obstante, se aplicará a los trabajadores con carácter retroactivo desde el día 1. El Gobierno, de hecho, sólo debe consultar a los agentes sociales, no negociar con ellos, lo que significa que una vez puestas sobre la mesa las diferentes cuantías propuestas por cada parte –1.040 euros la CEOE, entre 1.082 y 1.100 euros CCOO, 1.100 euros UGT– y la horquilla recomendada por la comisión de expertos –de 1.046 a 1.082 euros–, las discusiones se han trasladado a los ministerios concernidos: Trabajo, Economía y Hacienda.

La segunda fase de la reforma de las pensiones tiene un desarrollo más incierto. La última reunión entre el Ministerio de Seguridad Social, sindicatos y patronal se celebró el pasado día 12, pero no supuso avance alguno, según lamentaron CCOO y UGT a su término. Ambos pidieron, además, al ministerio que no vuelva a convocarles si no lleva a la mesa una propuesta que realmente suponga una novedad sobre lo ya discutido. “En ningún caso [la negociación] acabará antes de que finalice este año”, advirtió hace unos días el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “le quedan aún bastantes capítulos”.

El Gobierno se había comprometido con Bruselas a tener aprobada esta segunda parte de la reforma antes de que acabara este año, para empezar a aplicarla “de forma progresiva” a lo largo de 2023. En concreto, el componente 30 del Plan de Recuperación incluía ese plazo tanto para la ampliación del periodo de cálculo de la pensión como para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que de momento se han quedado en el tintero de José Luis Escrivá.

Desde esa última cita, Seguridad Social mantiene contactos con los agentes sociales, pero no ha habido reuniones y, según las fuentes sindicales consultadas por infoLibre, no se esperan citas formales hasta después del Día de Reyes. En cualquier caso, tanto los sindicatos como la patronal consideran mínimas las posibilidades de un acuerdo tripartito. El rechazo de la CEOE a cualquier cambio que implique un aumento de las cotizaciones sociales –es el caso del MEI– impide el sí empresarial. CCOO y UGT, por su parte, reprochan al ministerio que se haya embarcado en un aumento del periodo de cálculo de la pensión que no cuenta con respaldo político suficiente para su aprobación en el Congreso. Es más, también ha expresado su rechazo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por culpa de ese doble frente, laboral y político, el camino de la segunda fase de la reforma de las pensiones se antoja tortuoso, a diferencia de la primera, que fue acordada con sindicatos y patronal en julio de 2021, y aprobada por el Congreso en diciembre con los votos en contra de PP, Cs, Vox, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y BNG, y la abstención de EH Bildu.

En cualquier caso, aunque se supere el plazo prometido a la Comisión Europea, el Gobierno no prevé que el retraso suponga un problema: tampoco lo hubo con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se prometió para el primer semestre de este año, pero no pudo pactarse hasta el 20 de julio. Prueba de ello es que en la adenda del Plan de Recuperación que va a enviar a Bruselas, con modificaciones en algunos hitos y objetivos por culpa del retraso en las inversiones, no se incluirá ninguna relacionada con las pensiones, informa Europa Press. En esa adenda irán 15 reformas nuevas y otras tantas serán ampliación de las ya existentes, entre ellas la mejora de los sistemas de búsqueda de empleo del SEPE.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir”, en palabras del ministro de Seguridad Social, a convertirse en el principal punto de disenso en la mesa de diálogo con los agentes sociales y en las negociaciones con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A lo largo del último año, Escrivá fue modulando sus declaraciones sobre lo que en el Plan de Recuperación se denomina “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”. Escrivá siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. También que el objetivo era atender a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, las carreras profesionales de quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, cubriendo mejor las lagunas de cotización o descartando sus peores años. Según sus cálculos, la medida afectará a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

El pasado septiembre, cuando prometió presentar una primera propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo que, por tanto, no llegaría a los 35 años como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, Escrivá plantea aumentarlo hasta los 30 años, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Será el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Que la ampliación del periodo de cálculo sea neutra para las cuentas de la Seguridad Social no quiere decir que lo sea para los trabajadores afectados. Y es ahí donde surge la discordia. Los sindicatos recuerdan al ministro que la medida se excluyó de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y que aún no se han evaluado los efectos de la más reciente ampliación, a 25 años, que se completó el año pasado. “No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde, que lo deje como está”, protestó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Unai Sordo criticó que la iniciativa de Escrivá sobre el periodo de cálculo esté “distorsionando” la negociación sobre la reforma. Y Yolanda Díaz la desechó por tratarse de “un recorte de derechos”, ya que “endurece” el acceso a la pensión. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País, socios parlamentarios del Gobierno, rechazan que se aumente el periodo de cálculo, puesto que, dicen, se traducirá en una rebaja de la cuantía de la pensión.

Pese a estas discrepancias, Seguridad Social no modificó su propuesta en la última reunión del pasado día 12. Sí que mejoró la cobertura inicial de las lagunas de cotización y las brechas de género en las pensiones. Pero los sindicatos lo consideraron “claramente insuficiente”. En la mesa también se discute el destope de las bases máximas de cotización –el ministerio ofrece que suban tanto como la inflación hasta 2025 y a partir de ese año y hasta 2050 lo haga en un 34,76%–, la mejora de las pensiones mínimas y el MEI, que debe sustituir al derogado Factor de Sostenibilidad. CCOO quiere iniciativas generosas en esos asuntos para empezar a discutir siquiera el periodo de cálculo.

Aunque el Gobierno prefiere llevar a Bruselas tanto la reforma de las pensiones como el SMI con el respaldo de patronal y sindicatos, el rechazo de la CEOE a ambas medidas va a impedir la reedición de los 14 acuerdos anteriores que revitalizaron el Diálogo Social. La patronal ha endurecido su discurso según se iban sucediendo las críticas desde el PP y desde el interior de la propia patronal. Que diera el sí a la reforma laboral de diciembre de 2021 no fue del agrado de muchos. Ya antes de las elecciones que el pasado noviembre han dado cuatro años más a Antonio Garamendi al frente de los empresarios, la CEOE se había opuesto a la subida del SMI de 2022 y renunciado al acuerdo de salarios para el próximo trienio con los sindicatos. Quedó en suspenso en mayo por la negativa de la patronal a subir los sueldos tanto como la inflación y por la línea roja que CCOO y UGT dibujaron en las cláusulas de revisión salarial.

Una vez reelegido, Garamendi perseveró en la línea dura al rechazar “la interlocución” del Ministerio de Trabajo por considerarla “tramposa y contraria a la buena fe”. La CEOE reaccionaba así a la enmienda que EH Bildu había negociado con los grupos del Gobierno para permitir a la Inspección de Trabajo que revise si las empresas cumplen las causas legales cuando presentan un ERE. La patronal considera que esa nueva atribución a los inspectores devuelve a la Administración el control sobre los despidos colectivos e incluso habla de “traición” a los acuerdos de la reforma laboral.

Por el contrario, tanto CCOO como UGT creen que la CEOE está “sobreactuando”. “No vi que reaccionara con tanta intensidad cuando algunos grupos parlamentarios impugnaron la reforma laboral [que la patronal había firmado] en el Tribunal Constitucional”, lamentaba el número dos de UGT, Fernando Luján, en referencia a los recursos presentados por PP y Vox.

Exceso de drama o no, lo cierto es que CEOE escenificó su divorcio con Trabajo no acudiendo a la última reunión sobre el SMI este mismo miércoles. Envió una propuesta por escrito al ministerio. Para saber si el resto de las mesas de negociación abiertas peligran, habrá que esperar también a enero. La Ley de Empleo –que incluye las nuevas competencias de la Inspección de Trabajo y la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo– quedó aprobada el pasado jueves en el Congreso, con las abstenciones de PP, Cs y Junts y los votos en contra de Vox y BNG. Pero el Estatuto de Becario sigue pendiente de acuerdo. La última reunión fue el pasado día 5. El Gobierno aún no les ha presentado una propuesta sobre prácticas extracurriculares –el nudo donde se ha atascado la negociación– que les prometió y que ya no verán hasta el próximo año.

Mención aparte merece el acuerdo de salarios y negociación colectiva, que ya sólo implica a los sindicatos y la CEOE. Unai Sordo ve “bastante complicado” que se recupere el Diálogo Social si la patronal persiste en su discurso de los últimos meses. “La lectura que están haciendo ahora las organizaciones empresariales es que la crisis de precios debe descansar sobre los recursos públicos y los trabajadores, no sobre las empresas”, explicó en una entrevista en TVE, “por eso no están por la labor de acordar ni en el Diálogo Social ni en la negociación colectiva”.

También está pendiente el pacto de rentas que impulsó el Gobierno pero que no ha dado siquiera un primer paso. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, invitó hace unos días a incluir el acuerdo sobre el SMI en un futuro pacto de rentas, del que casi nadie, a estas alturas de la crisis, habla ya.

CCOO y UGT lo quieren todo y lo quieren ahora: una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “en la banda alta” de la propuesta que ha hecho la comisión de expertos, 1.082 euros mensuales, o incluso superior, 1.100 euros, para incorporar el alza de la inflación. Y sin esperar a que se revise dentro de seis meses como recomienda el informe de los 12 sabios reunidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces, explican, debería tenerse en cuenta el “contexto de alta inflación” y el “impacto asimétrico” de los alimentos y la energía en el poder adquisitivo de las rentas más bajas, “entre los que se encuentran los hogares perceptores del salario mínimo”. En concreto, el documento menciona que el 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI se localiza en los estratos más bajos de distribución de la renta. En realidad, no hace más que recoger lo que establece el artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores, que prevé una revisión semestral del salario mínimo en caso de que “no se cumplan las previsiones” sobre el IPC.

Sin embargo, los sindicatos no ven muy funcional esa revisión en junio, tampoco como una manera de distribuir la subida y hacerla más llevadera, siendo más moderada ahora y postergando el resto para dentro de seis meses. “Tampoco es una buena solución para las empresas”, coinciden los responsables de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y de UGT, Fernando Luján. Vicente explica que, al subir el SMI, tendrán que hacerlo también los sueldos de las categorías profesionales más bajas de muchos convenios, lo que aboca a renegociar las tablas salariales a mitad de año. “Un follón”, resume. Que provocará “tensiones en la tesorería de las empresas y tensiones en el Diálogo Social”, añade Luján.

Sólo ha ocurrido dos veces que se revisara el SMI a mitad de un ejercicio para adecuarlo a la inflación. Fue en 1978 y 1979, cuando aún no existía el actual Estatuto de los Trabajadores. La Ley de Relaciones Laborales mandaba ajustar el salario mínimo al IPC cuando éste superaba el 5%. Y esos años la inflación se situó por encima del 15%. Así que en octubre de 1978 el SMI aumentó un 9,5% y en 1979 un 7,8%. En 2004 hubo dos subidas del salario mínimo: la primera en enero, del 2%, y la segunda en julio, tras llegar el PSOE al Gobierno, de un 6,6%, para compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los perceptores del SMI entre 1996 y 2004, que se calculó en esa cifra.

En la reunión a la que fueron convocados por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos señalaron cuáles son sus “líneas rojas” para subir el SMI de 2023, que para CCOO parten de los 1.082 euros indicados por la comisión de expertos, aunque también pide que la inflación se refleje en el alza y se alcancen los 1.100 euros. Para UGT, el salario mínimo debe situarse en ese máximo. “La coherencia del Gobierno empieza en el 8,5% [que les ha subido a los pensionistas]”, resume Fernando Luján.

La CEOE no acudió a la cita, su primer gesto tras anunciar la semana pasada que rechazaba la “interlocución con el Ministerio de Trabajo”, por entenderla “tramposa y contraria a la buena fe”. La patronal considera una “traición” que el Gobierno haya pactado con EH Bildu una enmienda que faculta a la Inspección de Trabajo para que compruebe si las empresas cumplen debidamente las causas fijadas por la ley para ejecutar despidos colectivos.

Como había avanzado la víspera su presidente, Antonio Garamendi, la CEOE envió por la mañana al ministerio una propuesta por escrito, que incluye una subida del SMI del 4% –que lo situaría en 1.040 euros, inferior a la propuesta mínima de los expertos, de 1.046 euros–, medio punto más de la que estaban dispuestos a conceder hasta ahora, pero supeditada a dos condiciones. La primera, que el Gobierno acceda a aumentar las deducciones en cotizaciones sociales de que disfrutan las empresas del sector agrario. En concreto, citan una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes. Y la segunda, que se permita a las empresas repercutir el aumento del SMI en los contratos públicos que se les han adjudicado.

En esta última petición los empresarios se encontrarán con el apoyo de CCOO y UGT. La prohibición de revisar el precio de los contratos que licitan las administraciones públicas, establecida en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, ya ha supuesto problemas, explica Mari Cruz Vicente, en la negociación de algunos convenios. “En algún momento el Gobierno tendrá que afrontarlo”, advierte Fernando Luján. El Ministerio de Trabajo, a preguntas de infoLibre, no comenta la propuesta de los empresarios y se limita a indicar que la revisión de los contratos públicos no es una cuestión de su competencia ni entra en el ámbito de negociación del SMI. Lo mismo ocurre con las deducciones de cuotas del sector agrario, que corren a cargo del Ministerio de Seguridad Social. No obstante, CCOO recuerda que estas empresas ya cuentan con un buen catálogo de incentivos y UGT rechaza que se aplique un SMI distinto en función del sector.

Trabajo aún no ha presentado una propuesta a los sindicatos, según revelan ambos. CCOO y UGT exigen que ésta sea “de Gobierno, no de ministerio”. Porque es en el seno del Ejecutivo donde a partir de ahora se va a desarrollar la negociación para dar con la subida exacta del SMI, una vez hechos los cálculos por la comisión de expertos y consultados los agentes sociales. Yolanda Díaz ha subrayado que el compromiso del Gobierno es que el SMI alcance “al menos” el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social de la UE. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado en público su confianza en que el futuro acuerdo sobre el SMI forme parte del pacto de rentas, una iniciativa que, meses después de ser anunciado, aún no tiene siquiera un listado de materias.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, en cualquier caso, la subida del SMI no estará lista para su aprobación en el último Consejo de Ministros, el próximo 27 de diciembre. Por lo que habrá que esperar hasta mediados de enero para que entre en vigor. Pero su aplicación será retroactiva, ya ha avanzado Trabajo.

En enero también esperan los sindicatos que la CEOE vuelva a sentarse con ellos para negociar el acuerdo de salarios que quedó bloqueado el pasado mayo. Pese al rechazo a seguir debatiendo con el Ministerio de Trabajo y a las duras declaraciones de Antonio Garamendi tras su reelección al frente de los empresarios en noviembre, CCOO y UGT confían en que el acuerdo salarial “no sufra” por el “ruido político” general ni por el cambio de tono de la CEOE. Sindicatos y patronal no han dejado de mantener “contactos” durante estos meses, aseguran a infoLibre ambas partes, a la búsqueda de “fórmulas alternativas para la revisión salarial”, en palabras de Mari Cruz Vicente. Porque fueron las cláusulas para recuperar la inflación la causa de la ruptura hacia siete meses: la CEOE está dispuesta a subir salarios, pero no a igualar su alza con la inflación. Garamendi pide un aumento “moderado”, porque una mejora elevada “invade la negociación colectiva” y crea “indefensión” en las empresas.

Fernando Luján cree que la “sobreactuación” de Garamendi tras la enmienda pactada con EH Bildu “pasará” y se recuperará el Diálogo Social. Con Seguridad Social aún están abiertas la mesa que debate la reforma de las pensiones y con Trabajo la negociación del Estatuto del Becario, en la que el ministerio aún no ha presentado una propuesta sobre las prácticas extracurriculares a la que se comprometió. “Si toda la reforma de las pensiones se va a cargar sobre la empresa [el Mecanismo de Equidad Intergeneracional planteado por el ministro de Escrivá se basa en un aumento de las cotizaciones], no es sostenible el sistema que se está planteando por mucho que se quiera”, lamentó el presidente de la CEOE este martes en Valencia. A la vista de los escollos, tanto el SMI como las pensiones y el Estatuto del Becario van a quedar en el tintero del Diálogo Social para el año que viene.

La comisión de expertos recomienda al Gobierno que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) entre un 4,6% y un 8,2% en 2023; es decir, entre 46 y 82 euros más al mes. Como el suelo salarial se sitúa en 1.000 euros al mes brutos en 14 pagas, tras las fuertes subidas de los últimos años, el alza propuesta debería ir entre 1.046 y 1.082 euros. La opción más generosa de los 12 sabios se encuentra, no obstante, por debajo de los 1.100 euros que reclaman los sindicatos. “No puede subir menos del 10%”, ha exigido el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Para hacer su propuesta, los expertos no han tenido en cuenta la subida de la inflación, que en promedio será este año del 8,5%. La mejora quedaría igualmente por debajo de la que experimentarán las pensiones, alineadas con esa alza del IPC.

No obstante, el propio informe recomienda al Gobierno que revise dentro de seis meses el SMI para tener en cuenta el “contexto de alta inflación” y el “impacto asimétrico” de los alimentos y la energía en el poder adquisitivo de las rentas más bajas, “entre los que se encuentran los hogares perceptores del salario mínimo”. En concreto, menciona que el 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI se localiza en los estratos más bajos de distribución de la renta. En su artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores prevé una revisión semestral del salario mínimo en caso de que “no se cumplan las previsiones” sobre el IPC. Además, el informe precisa que la estimación del salario medio que han utilizado los autores para hacer sus cálculos del SMI es el de 2022, no el de 2023, “que razonablemente cabe esperar que será superior”. Por tanto, también le correspondería un SMI más elevado.

Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirá con sindicatos y patronal para consultarles sobre la subida del SMI. Pero la decisión final corresponde sólo al Gobierno. La CEOE se opone a cualquier subida que no sea moderada. Su presidente, Antonio Garamendi, ha advertido del “peligro” de que el salario mínimo “rebase las bandas salariales bajas de los convenios colectivos”. También repite que el SMI supera el 60% del salario mínimo en algunas comunidades autónomas y que una nueva subida perjudicaría a la agricultura. Para sostener su rechazo a un aumento significativo del SMI, Cepyme asegura que la subida del 35,9% experimentada por el SMI desde 2028 ha destruido 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos.

La cita del miércoles servirá para ver si, como anunció la pasada semana, la patronal ha roto el diálogo con el Gobierno por la enmienda que ha pactado por EH Bildu para que la Inspección se pronuncie en su informe sobre el cumplimiento de las causas de un ERE por parte de las empresas. “No hay nada roto”, respondió Yolanda Díaz a los periodistas en la presentación del informe de los expertos cuando se le preguntó por la presencia de la CEOE en la reunión de este miércoles. “Todas las mesas [del Diálogo Social] siguen haciendo sus tareas; a los empresarios no les pido que asistan, sino que atiendan a su mandato constitucional”, explicó la vicepresidenta, quien también expresó su deseo de que la “bronca política” de los últimos días en el Congreso “no contagie al Diálogo Social”. “Si alguien no va [a la reunión sobre el SMI]”, añadió, “tendrá que dar cumplidas explicaciones no al Gobierno, sino a los españoles, que sufren el impacto de la inflación”.

La reacción de CCOO y UGT ha sido pareja e inmediata. “El SMI tiene que subir, al menos, lo mismo que la media de la inflación de este año, un 8,46%, y en un momento en que el precio de los alimentos básicos ha aumentado un 15%, los casi dos millones de trabajadores que lo cobran no pueden tener ninguna merma en el poder adquisitivo”, ha apremiado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. De forma que pide un salario mínimo entre 1.082 y 1.100 euros en 14 pagas. UGT, por su parte, ha recordado que en los Países Bajos el SMI subirá un 10%, en Bélgica un 13% y en Polonia y Alemania, un 15%. Por lo que en España debería estar en consonancia con esas cifras y situarse en 1.100 euros, apuntó Fernando Luján.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consideran posible que, por cuestiones técnicas, la subida del SMI no sea aprobada en las últimas dos reuniones del Consejo de Ministros este año, previstas para el 27 y 29 de este mes. De forma que la decisión se postergue a enero. En ese caso, la aplicación del alza será retroactiva, aclaró Yolanda Díaz durante la presentación del informe. En pleno acto, un grupo de inspectores de Trabajo interrumpió a la vicepresidenta con una pancarta y gritos de “vamos a la huelga”, que han convocado para este miércoles. Los inspectores protestan por el incumplimiento del acuerdo que firmaron en 2021 con Trabajo para dotar de más medios al servicio, cada vez con mayores atribuciones, sostienen CCOO, CIG, y los sindicatos de inspectores y subinspectores SITSS, SISLASS y USESS.

La coordinadora de la comisión de expertos, Inmaculada Cebrián, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, cifró en 1.856 euros el salario medio neto a tiempo completo en 2022. Para elaborar sus cálculos, los autores del informe emplearon la Encuesta de Estructura Salarial de 2020, la última disponible, así como la Encuesta Trimestral de Coste Laboral –ambas elaboradas por el INE– y las subidas registradas en la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo. Con esos datos han realizado cuatro simulaciones del salario medio neto a tiempo completo de 2022 para, a partir de ellas, hacer cuatro estimaciones del SMI para 2023.

Además, han incorporado una estimación aportada por el Ministerio de Economía de lo que habría variado el salario medio en 2021 y 2022 si no hubieran existido los ERTE en 2020, cuando 3,1 millones de trabajadores tuvieron suspendidos sus contratos o reducidas sus jornadas y salarios por culpa del covid-19. Según sus resultados, el aumento salarial en ese periodo fue de sólo el 1,11%. Aplicada esa subida, el SMI para 2022 se queda en 1.046 euros al mes, la propuesta más baja.

El SMI ha subido en España desde los 735,9 euros de 2018 hasta los 1.000 euros actuales, por lo que ha pasado de ser uno de los más bajos en relación con los salarios brutos de la UE a situarse por encima de la media: es el séptimo país –equivale al 47,5% deñl salario bruto–, por delante de Reino Unido, Países Bajos o Alemania, pero detrás de Luxemburgo, Francia o Portugal. “Ya podemos decir que la del SMI es una historia de éxito”, se felicitó Yolanda Díaz, tras resaltar que el debate sobre el salario mínimo ha cambiado “radicalmente” y ahora hay un “consenso”, desde el G20 hasta la OCDE y un buen número de países, sobre los beneficios de subirlo y sobre su “ínfimo” efecto sobre el empleo. No sólo no se han destruido puestos de trabajo, sino que, por el contrario, se han creado más de un millón de empleos desde 2018 y éstos son de calidad, beneficiando más a mujeres y jóvenes, aseguró.

Es lo que también concluye el informe de los expertos, que cita estudios anteriores como los del Banco de España y la AIReF para calificar de “marginal” el impacto de la subida del SMI en 2019, que fue del 22,29%. El Banco de España calculó que se dejaron de crear entre 94.000 y 173.000 empleos. Según la AIReF, el efecto fue mucho menor, de entre 19.000 y 33.000 puestos de trabajo. A juicio de los expertos, se trataría de un “efecto bajo, en términos relativos y absolutos, en comparación con el volumen de personas beneficiadas por la subida”.

Un tercer estudio, realizado por el centro de estudios Iseak y dirigido por Sara de la Rica, una de las expertas de la comisión, concluyó que el impacto de la subida del SMI fue nulo los cinco primeros meses y a partir de entonces fue pequeño, unos 28.000 empleos. Otro elaborado por University College London sobre los efectos de la creación del SMI en Alemania en 2015 –8,5 euros la hora– revela que, además de subir los salarios, no se redujo el empleo. Por el contrario, se mejoró la eficiencia de la economía: se produjo una reubicación de trabajadores desde empresas más pequeñas y con peores sueldos hacia otras de mayor tamaño y mejores retribuciones.

Este es el segundo encargo que el Ministerio de Trabajo hace a la comisión de expertos. El primero, en julio de 2021, fue calcular el salario medio de 2020 para diseñar la correspondiente subida del SMI y una senda de mejora hasta igualarlo con el objetivo establecido en la Carta Social Europea –el 60% del salario medio nacional–. El segundo, calcular el salario medio de 2022 y la subida del SMI de 2023, pero también evaluar el impacto de las alzas en la desigualdad de ingresos y en la pobreza.

Apoyándose en la Encuesta de Condiciones de Vida, la Encuesta Financiera de las Familias y el Panel de Hogares del Instituto de Estudios Fiscales, los 12 expertos de la comisión señalan que en el caso de los hogares monoparentales que tienen como único ingreso el SMI procedente de un trabajo a tiempo completo, sólo a partir de 2019, cuando tuvo su primera gran subida, pudieron cruzar el umbral de riesgo de pobreza y abandonar la pobreza laboral. Lo mismo ocurrió con los hogares unipersonales. Sin embargo, a las familias con dos adultos y dos menores, las subidas de 2019 y 2020 no les permitieron aún franquear el umbral de riesgo de pobreza.

Para sostener que las alzas del SMI han reducido la desigualdad, la comisión recurre a diferentes estudios en Estados Unidos e Irlanda. En España, otros análisis cifra en entre un 9% y un 17% los asalariados a los que afectó el aumento del salario mínimo de 2019. Sobre todo, benefició, enumeran, a mujeres, jóvenes e inmigrantes, con nivel de estudios bajo, empleados en pequeñas empresas y con contratos temporales, mayoritariamente en el sector servicios y la agricultura, y residentes en Extremadura, Andalucía, Canarias o Murcia.

Los estudios revelan también que la subida de 2019 elevó los ingresos de los hogares de rentas más bajas por encima de la media, más de un 10% en términos reales –contando con la inflación–. Lo que contribuyó al descenso de la desigualdad entre un 2% y un 3,8%. Uno de ellos, de la Fundación La Caixa, precisa que las subidas del del SMI entre 2018 y 2020 redujeron un 2,8% la incidencia de la pobreza en España: más de 250.000 personas salieron de la pobreza, de las cuales 121.000 son menores de 30 años. 

Noviembre ha sido otro mes anómalo para un mercado laboral alborotado durante la recuperación de la pandemia y amenazado por la incertidumbre de la inflación y la crisis energética. Como se viene dibujando a lo largo de los últimos meses, las afiliaciones a la Seguridad Social se están ralentizando y el pasado noviembre se redujeron, aunque muy poco. Apenas fueron 155 menos que en octubre. Cuando en un mes de noviembre normal –antes del coronavirus– se destruye empleo en un volumen considerable: 47.449 cotizantes se perdieron en 2018 y 53.114 en 2019.

Aun así, este año el golpe al empleo ha venido de la mano de la hostelería, que ha retrasado un par de meses el cierre de la campaña alta turística y de ocio. Ha perdido 101.752 afiliados, un 7,22% respecto al mes anterior. También ha sido Baleares, con 80.387 cotizantes menos, la comunidad autónoma que más puestos de trabajo ha destruido en noviembre, lo que permite inferir las causas de la atonía del empleo en noviembre. Por el contrario, la educación, al igual que en octubre, ha ayudado a sostenerlo, con 27.670 nuevos afiliados, el sector de actividad que más ha aumentado la ocupación en el último mes.

Sin embargo, el paro ha sumado un mes más de buen comportamiento, con un descenso de 33.512 trabajadores menos registrados en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El Ministerio de Trabajo destaca que es la segunda mayor bajada en un noviembre de los últimos 10 años, si se exceptúa el de 2021, y que la cifra total de parados, 2,88 millones, también es la menor en un noviembre desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

Además, el desempleo registrado ha caído en todos los sectores, sobre todo en los servicios, donde hay 25.083 personas sin trabajo menos. Por esa misma razón –los servicios son el sector más feminizado–, ha bajado más el paro entre las mujeres, 19.199 menos, que entre los hombres, 14.313 menos.

El número de contratos también se ha reducido, lo que viene ocurriendo desde que entró en vigor la reforma laboral, debido al acusado descenso de los contratos temporales y su sustitución por indefinidos. Se han firmado 1,42 millones de contratos, un 29,54% menos que hace un año y un 6,5% menos que en octubre. El 43,2% son indefinidos: 615.236, una cifra que más que duplica la de noviembre de 2021, antes de la reforma laboral, aprobada un mes después, pero que también son un 11,7% menos que en octubre. Esa caída es mayor que la sufrida por los contratos temporales, que sólo se han reducido un 2,15% respecto a octubre.

Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Seguridad Social subrayan la “estabilidad en el empleo” que reflejan los datos de noviembre y que atribuyen a la reforma laboral. El 73,7% de los contratos que se firmaron en la construcción son fijos, el sector que mayor volumen nuevo de empleo indefinido registra. Ambos departamentos comparan las cifras de este mes con el promedio de los contratos registrados entre 2017 y 2019, cuando en la construcción los indefinidos no llegaban al 11%, y entre 2017 y 2021, cuando los menores de 30 años con contrato fijo no superaban el 47% y ahora se ha elevado hasta el 76%, dos millones de trabajadores.

Del total de contratos indefinidos, el 34,6% son fijos discontinuos, cuyo número sigue disparado desde que entró en vigor la reforma laboral –se multiplica por seis la cifra de los registrados en noviembre de 2021–. Los indefinidos a tiempo parcial se han duplicado respecto a hace un año. Es en ambos tipos de contrato hacia donde parece que se ha trasladado el empleo temporal que antes suponía el 90% de la contratación cada mes. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este mismo viernes el contrato fijo-discontinuo porque da “flexibilidad” a las empresas y una cierta “estabilidad” a los trabajadores. “Si se quita este contrato, tendríamos un problema real de paro en España”, asegura, informa Europa Press. Los contratos temporales firmados este último noviembre son un 53,4% menos que en el mismo mes de 2021.

En conjunto, la Seguridad Social cuenta con 20,319 millones de afiliados, por lo que desde enero se han creado 480.044 empleos y 825.000 desde agosto de 2021, cuando se superó el número de cotizantes anterior a la pandemia. No obstante, se empieza a evidenciar una desaceleración en el empleo: el aumento de cotizantes en noviembre es de un 2,69% si se compara con el mismo mes de 2021, el menor crecimiento interanual desde abril de 2021. Noviembre es el primer mes en que el ritmo interanual de afiliaciones se sitúa por debajo del 3%. La creación de empleo llegó a su máximo interanual en abril de este año, con un 5,06%, pero desde entonces no ha dejado de caer. Pese a esa ralentización, el Ministerio de Seguridad Social adelanta que, con los datos de los 11 primeros meses, el aumento de la ocupación para todo 2022 se acercará al 4%, “el mayor ritmo de crecimiento de los últimos años”, asegura.

Por comunidades autónomas, Madrid es donde más crece la afiliación en cifras absolutas –34.134 nuevos cotizantes–, seguida de la Comunidad Valenciana –21.064– y Andalucía –12.881–. Donde más empleo se pierde, además de Baleares –un 14,4%–, es en Castilla y León –aunque a considerable distancia de las islas, 5.489 afiliados menos–. El paro subió también en Baleares, pero sólo en 1.587 personas, Castilla y León –1.554 desempleados más– y otras siete comunidades más, todas ellas con alzas inferiores al millar de personas. Pero bajó en 15.330 trabajadores en la Comunidad Valenciana y en 11.169 en Andalucía.

Por lo que se refiere a los ERTE, ha crecido el número de trabajadores bajo este mecanismo de protección pública un 13,8% respecto a octubre. Ascienden a 22.763 trabajadores, de los cuales 20.310 está acogidos a un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es en este tipo de ERTE donde se está concentrando el aumento, con un alza mensual del 17%, superior por tanto a la media.

UGT ha destacado que los datos del paro del mes de noviembre vuelven a constatar que “la reforma laboral funciona”, aunque el sindicato también advierte de que, de seguir la negativa de la patronal a aplicar subidas salariales dignas, continuará con el clima de conflicto que comenzó tras el verano. Además, ha reclamado políticas activas más eficaces para acabar con el paro de larga duración. CCOO habla de “datos récord de empleo”, que también atribuye al “impacto positivo” de la reforma laboral, y aplaude que se haya reducido el número de contratos y la rotación necesarios para “dar estabilidad al empleo”.

Por su parte, USO alerta ante ese descenso del número de contratos firmados y destaca que, aunque se registran más indefinidos que hace un año, “están marcados por la temporalidad y la parcialidad”. A su juicio, la nueva temporalidad “se disfraza de contratos fijos discontinuos” y de fijos a tiempo parcial. “Estos contratos sirven para reducir el paro pero no mejoran ni actúan sobre los problemas estructurales que arrastra el mercado laboral en España”, ha resaltado el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez.

La patronal de las empresas de trabajo temporal, Asempleo, reclama datos estadísticos que recojan “con precisión” los cambios que ha traído la reforma laboral. “Es muy difícil entender la dinámica de nuestro mercado laboral”, asegura. Para Asempleo, se aprecian ya “claras evidencias de desgaste”, como el aumento del paro del colectivo sin empleo anterior, los parados de muy larga duración y el “nulo crecimiento” de la afiliación a la Seguridad Social.

“Si no estamos para llegar a acuerdos, ¿para qué estamos?”, fue la pregunta retórica que Antonio Garamendi lanzó al aire nada más ser reelegido como presidente de la CEOE este jueves. Con las negociaciones del acuerdo marco salarial en punto muerto desde el pasado mayo, la respuesta es urgente y necesaria. Tras recordar que debatir con sindicatos y Gobierno es su “obligación” como agente social y establece el artículo 7 de la Constitución, Garamendi ensalzó el diálogo como “la mejor infraestructura del país”.

Eso sí, también advirtió de que dirá “sí cuando toque y no cuando no toque, pero un no razonado y desde la moderación y la independencia”, en un intento por desarmar las críticas que le llovieron desde su propia organización por firmar demasiados acuerdos con sindicatos y Gobierno. Garamendi hizo gala de ellos, “14 pactos tripartitos y dos bipartitos”: las seis renovaciones de los ERTE tras la pandemia, la ley del teletrabajo y de los riders, las cotizaciones de los autónomos, la primera parte de la reforma de las pensiones… y la más importante y polémica para la CEOE, la reforma laboral de diciembre de 2021.

Ese acuerdo contó con la abstención de las patronales del campo (Asaja) y la automoción (Anfac) y de las organizaciones empresariales de Madrid y Cataluña. Fue el primer síntoma del malestar de parte de los empresarios por lo que consideraban cesiones al Gobierno. A continuación, la CEOE rehusó apoyar la subida del SMI a 1.000 euros y las negociaciones con UGT y CCOO para renovar por tres años el acuerdo marco salarial quedaron en suspenso en mayo: los empresarios no querían ni oír hablar de subir los sueldos tanto como lo está haciendo una inflación desbocada.

Los sindicatos acusaban, además, a la patronal de torpedear el diálogo social según se aproximaban las elecciones que debían decidir si Garamendi continuaba en la presidencia. Una vez renovado en el cargo, y con un respaldo del 86%, CCOO y UGT confían en volver a sentar a los empresarios a la mesa. Ha sido su exigencia desde la vuelta del verano, cuando emprendieron un calendario de movilizaciones sectoriales para espolear los convenios colectivos bloqueados. Y que culminaron el pasado día 3 con miles de delegados sindicales protestando a las puertas de la CEOE en Madrid.

“Tenemos muchas expectativas, una vez pasadas las elecciones, de recuperar el diálogo con la patronal”, avanza a infoLibre el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya. Su intención es que se reanuden las negociaciones y estas conduzcan a la firma de un acuerdo marco salarial “en enero o febrero”. O incluso a un pacto de rentas, se atreve Hoya, pese a que la iniciativa ni siquiera se puede considerar activa por la falta de impulso desde el Gobierno y la ausencia de interés de la CEOE, según los sindicatos. El Ejecutivo ha mantenido un par de reuniones al máximo nivel con los agentes sociales para pedirles un acuerdo de “moderación de rentas empresariales y salariales” hasta 2025. Pero aún no ha precisado ninguna propuesta sobre el contenido de ese acuerdo. Este mismo miércoles, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de “reactivar” el pacto de rentas “después de estas elecciones”. “La voluntad de todos los agentes sociales está ahí y a ver si se alinean todos los incentivos y podemos terminar de acordar ese tema, que sería muy importante para nuestro país”, ha dicho en una entrevista en Antena 3.

En cualquier caso, subraya Mariano Hoya, el acuerdo marco salarial sólo será posible si los salarios se suben con el IPC como referencia. Sin embargo, la postura de Garamendi, al menos antes de las elecciones, era clara: “No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más. Se puede hablar de productividad, de beneficios. Hay fórmulas”, explicó en declaraciones a RNE el mismo día en que los sindicatos se manifestaban ante la sede de la patronal con el lema Salario o conflicto.

En la misma dirección apuntaba el empresario vasco cuando se trata de la subida del SMI para el próximo año. Si ya estuvieron en contra de que aumentara hasta 1.000 euros, ahora el alza que prepara el Gobierno apoyado en los cálculos de una comisión de expertos debe llegar hasta el 60% del salario medio. “El 1 de enero el SMI debe ser de 1.100 euros; en caso contrario el Gobierno estará abdicando de su responsabilidad”, advierte Mariano Hoya. Por el contrario, Garamendi objeta que el salario mínimo supera ya el 60% del salario medio español “en bastantes comunidades autónomas”. También apunta a que sería perjudicial para las actividades agrícolas.

Por su parte, la rival derrotada por Garamendi, Virginia Guinda, es partidaria de aplicar diferentes SMI dependiendo del sector e incluso de la edad de los trabajadores. En una entrevista en el periódico Cinco Días llegó a decir que el salario mínimo debería subir “sin duda, en algunos estratos” pero también “debería bajar en otros”, como los jóvenes.

Por cerrar quedan aún el estatuto del becario, la Ley de Empleo y la segunda fase de la reforma de las pensiones, que debería quedar negro sobre blanca antes de que acabe el año por imperativo comunitario.

También el Gobierno y CCOO instan a Garamendi a recuperar el diálogo. “Quienes defendemos un sistema de relaciones laborales democrático sabemos de la importancia de contar con interlocutores fuertes y representativos”, ha sido la respuesta en Twitter del secretario general de CCOO, Unai Sordo, a la reelección del empresario vasco. Una vez concluido el periodo electoral en la CEOE, Sordo confía en se puedan reanudar “a la velocidad adecuada” los trabajos para renovar el acuerdo marco salarial y el diálogo social, que “languidece en una coyuntura de precios altos". “Es lo que toca hacer a partir de ahora", apremia.

Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, además de felicitarle por el triunfo, expresaba su esperanza en que, en este segundo mandato, el diálogo social “siga siendo una de las señas de identidad de la CEOE”. Durante los últimos meses, Díaz ha sido muy enfática a la hora de pedir a la patronal que regrese a la mesa de negociación y suba los salarios. Incluso dio su “apoyo explícito” a CCOO y UGT en sus protestas. “Tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal”, declaró.

El respaldo del 86% con que Antonio Garamendi ha ganado las elecciones le proporciona seguridad en su posición negociadora para las futuras mesas a las que deberá sentarse la CEOE. De los 789 votos posibles, 643 fueron depositados en las dos urnas de la Asamblea General celebrada este miércoles y 534 fueron para Garamendi. Virginia Guinda, la aspirante que presentó su candidatura casi a última hora, consiguió el apoyo de 87 representantes. También hubo 14 votos en blanco y ocho nulos.

En 2018, cuando se hizo por primera vez con la presidencia de la patronal, el empresario vasco fue elegido por aclamación, porque no se presentó ninguna otra candidatura. En realidad, ésta es la tercera vez que Garamendi, que antes presidió la patronal de jóvenes empresarios Ceaje, Cepyme y Confemetal, se presenta a las elecciones en la patronal. La primera fue en 2014, cuando perdió frente a Juan Rosell. La de este año también será la última, porque los estatutos de la CEOE no le permiten más de dos mandatos. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tiene claro cuál va a ser su próximo objetivo de política laboral: el despido. Quiere que sea “reparativo” y “restaurativo”. Para conseguirlo, pretende abrir una nueva mesa del Diálogo Social en la que se debata cambiar tanto las causas como las indemnizaciones. Materia sensible donde los haya que no por casualidad quedó fuera de las discusiones de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. Pero que UGT ha esgrimido enseguida como parte esencial de la voladura controlada de lo que sobrevive de la reforma laboral del PP.

De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales admitió días atrás a trámite una reclamación de UGT para que España modifique el diseño de las indemnizaciones de los despidos improcedentes, que se calculan basándose únicamente en un número prefijado de días de salario multiplicados por la antigüedad del trabajador. Según argumenta el sindicato, este mecanismo “predeterminado” ni es proporcional ni repara el daño causado al despedido de forma “injusta o arbitraria”. Tampoco resulta disuasorio para la empresa. Por el contrario, UGT pide que se deje a los jueces examinar si el daño infligido al trabajador es mayor y cuál ha sido la conducta del empresario, explica a infoLibre su secretario confederal, Fernando Luján. Aunque no renuncia a que se permita a sindicatos y patronales revisar y regular las indemnizaciones de despido para dar “mayor seguridad jurídica”.

Díaz apuntó a que las indemnizaciones deberían tener en cuenta la edad, la formación o el sexo del trabajador para evaluar el “daño” ocasionado por la ruptura del contrato por parte de la empresa. Luján precisa, en cambio, que el objetivo de su demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales no tiene por objeto que se indemnice más a mujeres, jóvenes o mayores, sino que se considere, por ejemplo, la dificultad del despedido de forma injusta o arbitraria para encontrar otro empleo, si tiene una hipoteca o si ha sido sustituido por otro trabajador. En su denuncia, UGT argumenta que el Comité Europeo ya ha dictaminado contra los “sistemas indemnizatorios por despido abusivo” de Francia, Italia y Finlandia, porque, al igual que el español, están desvinculados de “los daños reales y de la función disuasoria” que deberían tener.

La CEOE no tardó en rechazar cualquier cambio en las direcciones sugeridas tanto por la vicepresidenta como por UGT. “Es un planteamiento bastante viejo, que se implantó en la época de Primo de Rivera, se mantuvo en el franquismo y se suprimió en democracia porque puede ser una traba para algunos colectivos”, replicó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi en una entrevista en RTVE. “Las empresas”, advirtió, “no contratarían a gente cuyos despidos sabes de antemano que van a ser más elevados que los de otros”.

Garamendi se refería a la Ley del Contrato de Trabajo de 1944, elaborada por el ministro José Antonio Girón, que para un despido sin causa justificada permitía la readmisión del trabajador o que se le indemnizara “en una suma que fijara el magistrado de Trabajo a su prudente arbitrio”, pero teniendo en cuenta “la facilidad o dificultad de encontrar otra colocación adecuada, cargas familiares, tiempo de servicio en la empresa, etcétera”. En todo caso, la cantidad no podía exceder del importe de un año de sueldo. Y si era el empleado quien incumplía el contrato, “abandonando el trabajo”, el empresario tenía derecho a “exigirle el resarcimiento de daños y perjuicios”.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, que se refieren a 2020, en España fueron despedidas ese año 474.738 personas. La indemnización media se elevó a 8.965 euros. En esas cifras se incluyen también las extinciones de contratos temporales, de las que hubo 141.994. Sin embargo, las estadísticas sobre despidos e indemnizaciones no son muy fiables, lamenta Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, que lleva desde 1996 estudiando estos datos. Las cifras de despidos antes citadas se elaboran a partir de los datos de la Seguridad Social sobre las causas de baja de la afiliación y las de indemnizaciones proceden de las declaraciones del IRPF, así como del. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que paga las compensaciones que no han podido abonar las empresas en concurso de acreedores o insolvencia.

Pero, si se acude a los números que el propio ministerio ofrece sobre altas de beneficiarios de prestaciones por desempleo –a las que se tiene derecho sólo si se es despedido– el número de personas que se quedan sin empleo cada año es muy superior: 1,85 millones en 2020. En ese número se incluyen quienes han accedido a la prestación tras conseguir una sentencia favorable en los juzgados de lo Social o quienes lo han hecho tras no superar el periodo de prueba de un contrato o mediante acta de conciliación y no han llegado a juicio.

También ofrece datos sobre despidos el Poder Judicial. No obstante, en España sólo una tercera parte de las extinciones de contrato llegan a los tribunales, si se considera el dato de la estadística de despidos del ministerio. En 2021 demandaron a sus empresas tras un despido 148.372 trabajadores. Y los jueces concedieron indemnizaciones por un importe total de 914,81 millones de euros. La compensación media asciende a 8.882 euros, en línea con las publicadas por el ministerio para el total de los despidos registrados.

En cualquier caso, Malo Ocaña añade que las cuantías medias de indemnización, en realidad, “informan de muy pocas cosas” porque son el resultado de múltiples variables. Por ejemplo, son muy superiores las que reciben los contratados por tiempo indefinido, una media de 15.418 euros. Casi quintuplican las indemnizaciones abonadas a quienes tenían un contrato indefinido a tiempo parcial –3.272 euros– y multiplican hasta por 30 las de un temporal a tiempo parcial –506,5 euros–. Otro ejemplo: las compensaciones en un despido colectivo –una media de 17.079 euros– más que duplican las de los despidos individuales por causas objetivas –7.570,5 euros–. En los despidos colectivos, la negociación previa con los sindicatos se centra esencialmente en aumentar el máximo posible las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, y en reducir el número de trabajadores afectados.

Además, detalla Miguel Ángel Malo, las compensaciones a veces se acuerdan en los servicios de mediación, porque empresa y trabajador han pactado previamente la improcedencia del despido y una cuantía más elevada. Por tanto, es fácil que pueda elevarse de 20 días por año trabajado –la cantidad prevista para los despidos objetivos y procedentes– a 33 días –la prevista para despidos improcedentes–. En el caso de que el despido llegue al juzgado, primero se celebra una conciliación, para intentar evitar el juicio, que también puede aumentar la cuantía inicial. Y, finalmente, si no hay acuerdo, puede terminar en una resolución judicial, que mejorará quizá la indemnización consignada en la carta de despido. Según la estadística del Poder Judicial, de los 135.361 despidos resueltos en 2021, el 46,2% se cerraron en la fase de conciliación, mientras que en el 28,2% se dictó sentencia. De estos, 38.197, el 80,2%, fueron resueltos a favor del trabajador.

Es decir, las empresas tienen interiorizado que el coste del despido es 33 días, no 20 días, el coste del despido procedente, “y eso es algo que no funciona bien en el diseño del despido en España”, asegura el economista. A su juicio, los 45 días por año trabajado, con el máximo de 42 mensualidades en que estaba compensado el despido improcedente hasta la reforma de 2012 era un “coste muy alto”, mientras que los 20 días con un tope de 12 mensualidades se sitúa en la media de los países europeos.

Por el contrario, Fernando Luján no tiene ninguna duda: desde 2012 en España despedir es “fácil”, por las escasas “formalidades” que deben cumplir las empresas, y “barato”, por la cuantía decreciente de las indemnizaciones.

Un informe de CCOO ya alertaba en 2019 ante la creciente precarización de los contratos indefinidos, que el sindicato achacaba a varias causas, todas ellas producto de la reforma laboral del PP: el abaratamiento de las indemnizaciones de los despidos improcedentes, la supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos y la ampliación de los supuestos en que un despido es considerado procedente. El resultado fue que de los 11 millones de contratos indefinidos firmados entre 2012 y 2018 sólo 3,4 millones alcanzaron el año de duración. A finales de 2018, seguían vivos el 63% de los indefinidos firmados durante ese año y el 50% de los suscritos en 2017. Es decir, en 2018, 845.638 contratos indefinidos no se habían traducido en empleo indefinido, cuando en 2012 esa cifra era sólo de 184.108. De media, en España hacía falta firmar 1,6 contratos indefinidos para conseguir un puesto indefinido, pero en Baleares, Madrid, Cataluña, Murcia, País Vasco, La Rioja y Asturias hacían falta dos.

Es decir, resume Miguel Ángel Malo, desde 2012 la antigüedad de los despedidos ha bajado notablemente. Por consiguiente, también las cuantías de las indemnizaciones. El anterior presidente de la CEOE, Juan Rosell, solía repetir que los empresarios tenían “miedo a contratar” por las elevadas compensaciones que la ley les imponía si tenían que despedir a trabajadores. A la luz de las cifras, parece que las empresas han dejado de temer al lobo del despido caro de los trabajadores indefinidos.

Según las estadísticas de Trabajo, los despidos aumentaron un 14% entre 2017 y 2020, mientras que la cuantía de las indemnizaciones cayó un 11%. Las que más se redujeron, un 20,4% fueron las pagadas a trabajadores con contratos indefinidos a tiempo completo. Como corresponde a las comunidades autónomas con salarios más altos, también son Madrid –13.210 euros– y Cataluña –11.685– los territorios donde se abonan las mayores indemnizaciones. Las más bajas, en Extremadura y Murcia, que son sólo un tercio de las madrileñas y catalanas. Por sectores, son las compañías energéticas y los bancos los más generosos a la hora de despedir, con indemnizaciones de 35.773,8 y 33.320 euros, respectivamente porque pagan el doble que las siguientes de la clasificación, las empresas de información y comunicaciones –16.632 euros– y hasta 15 veces lo que conceden la hostelería –2.318 euros–, la construcción –3.892 euros– o la agricultura –3.465 euros–. Los bajos salarios y la elevada temporalidad, por tanto la menor antigüedad, explican las exiguas indemnizaciones en estos tres sectores.

“Cuando se abarata el despido, se usa más”, sostiene Miguel Ángel Malo. Y desde la reforma de 2012, añade, se ha abierto más hueco al despido objetivo compensado con 20 días por año trabajado. Además, en 2020 los despidos colectivos se duplicaron respecto al año anterior, pese al colchón para el empleo que supusieron los ERTE. El año de la pandemia bajaron los despidos disciplinarios, un 22,6%, pero crecieron los objetivos individuales, un 11,3%. En 2020 fueron despedidas 290.039 personas por causas objetivas, casi seis veces más que en despidos colectivos. Otras 115.061 perdieron su trabajo por causas disciplinarias.

Para saber lo que ocurrió en 2021 se puede acudir a las estadísticas de altas en las prestaciones de desempleo. Entonces, los despidos se redujeron un 13% respecto al año del confinamiento más duro. Y en lo que va de 2022, los despidos ya son un 12% menos que en los nueve primeros meses de 2019. En 2021, no obstante, continuó la tendencia al alza de los despidos colectivos, que casi duplicaron en número de trabajadores afectados a los de 2020. Y en 2022 ya habido más despedidos en ERE que en todo 2020.  

Uno de los argumentos utilizados por UGT para reclamar el cambio del sistema de indemnizaciones en España es que en cualquier otro tipo de contrato –civil, mercantil– la ley sí permite aumentar la compensación midiendo el daño infligido más allá de un mecanismo predeterminado. Una posibilidad que la jurisprudencia española ha rechazado en repetidas ocasiones, reconoce el sindicato. “El ordenamiento laboral”, explica, es “una regulación completa, especial y excluyente de cualquier otra”. Para Miguel Ángel Malo, en cambio, sería “peligroso” devolver el contrato de trabajo al Código Civil, como tenían por ejemplo en el Reino Unido. Equivaldría, dice, a “desandar el camino de protección” que ha seguido hasta ahora.

Según destaca, la regulación del despido es fruto de un equilibrio de economía política: empresarios y trabajadores ganan y pierden algo. “El empresario gana que puede despedir casi de un día para otro pagando su improcedencia; hay unos límites, pero también una libertad muy amplia para despedir, aunque eso le cuesta dinero”, describe. El trabajador, por su parte, pierde parte de la protección que le da la ley, pero a cambio de obtener una indemnización más elevada. Para modificar ese mecanismo, rebajando la compensación económica, habría que mejorar la protección efectiva del trabajador. “Y es muy difícil garantizar de verdad las causas, muy difícil para el juez verificar lo que pasa en una empresa”, concluye.

Malo Ocaña recuerda que en otros países europeos ya se aumentan las indemnizaciones cuando el trabajador despedido tiene más de 50 años, por ejemplo. “Pero no se calcula una compensación a la carta”, matiza. También cree que diseñar las indemnizaciones de los despidos colectivos “a la medida” puede ser problemático. En cambio, sí que apoya que se compense el capital humano acumulado por los trabajadores de más edad y antigüedad que estos pierden cuando son despedidos.

Este miércoles está previsto que Meta, la antigua Facebook, comunique a miles de sus empleados que se quedan sin trabajo. Una caída del 52% de sus beneficios en los nueve primeros meses del año respecto de 2021 está en el origen de los despidos. Su presidente, Mark Zuckerberg, anunció el pasado 26 de octubre que la empresa va a concentrar sus inversiones en un “pequeño número de áreas”, cuyos equipos “crecerán de forma significativa”, pero la mayoría del resto “se mantendrá sin cambios o se reducirá durante el próximo año”. Así que, en 2023, la compañía puede terminar siendo “ligeramente más pequeña” que ahora, dejó caer sutilmente el creador de la red social.

Los despidos en Meta no son sino el penúltimo anuncio de cirugía laboral en las grandes tecnológicas. Y se produce sólo unos días después de los ejecutados por Elon Musk en Twitter. Primero apuntó al 75% de la plantilla y finalmente se quedó en el 50%. También en España, donde sólo cuenta con unos 30 trabajadores, va a pasar el bisturí. Antes ya habían soltado lastre Google, Netflix o LinkedIn, por citar sólo las más conocidas. “Hay un patrón muy claro en todas ellas: crecen con muchísima rapidez, pero cuando se desinflan también recortan plantillas con mucha facilidad”, explica Miquel Pellicer, consultor en comunicación digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), “hay mucho acordeón, todo es muy líquido”. En algunos casos, porque estas empresas “se deben mucho a los inversores”. Twitter es un buen ejemplo, con Elon Musk entrando como un elefante en la cacharrería del pájaro azul. De hecho, uno de sus fundadores, Jack Dorsey, que renunció como director ejecutivo en noviembre de 2021 y dejó la junta directiva en mayo de este año, ha llegado a pedir disculpas en la propia red por los despidos: “Soy el responsable de que todo el mundo esté en esta situación: Hice crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido”.

En otras empresas, como Meta, la causa de la sangría laboral radica en el desplome de un tercio en el valor de la empresa en Bolsa. Pellicer se pregunta ahora si el crecimiento global de Tik Tok, otra red de social en alza, será sostenible en el tiempo.

Cuestión aparte es cómo está afectando la oleada de despidos tecnológicos a sus centros de trabajo en España. Los de Twitter activaron las alarmas cuando se supo que se habían comunicado por correo electrónico. Pero por el momento no se sabe si van a ser despedidos todos los trabajadores de Twitter Spain SL, una sociedad limitada constituida con el capital mínimo de 3.000 euros en 2013 y domicilio social en la calle de Rafael Calvo de Madrid, para trasladar toda la actividad a Irlanda, o si se va a quedar sin empleo sólo la mitad de la plantilla.

“En cualquier de los dos casos”, advierte Fernando Luján, secretario confederal de UGT, “Twitter está obligada a ejecutar un despido colectivo, como corresponde a una empresa de menos de 100 trabajadores que quiere extinguir los contratos de más de 10 de ellos”. De lo contrario, los despidos serán considerados nulos y Twitter tendrá que readmitir a todos los empleados. Ese despido colectivo exige toda una serie de trámites: presentación de una memoria que detalle las causas de la medida y el número de afectados, la apertura de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores durante 15 días, la notificación a la autoridad laboral… Unas formalidades desconocidas en EEUU. De momento, la plantilla sigue en las oficinas, esperando la comunicación definitiva, añade Luján. Según sus cuentas, Twitter Spain SL rozó en 2019 y 2020 los cinco millones de facturación y durante ese último ejercicio cerró con unos beneficios de 250.862 euros.

Las grandes tecnológicas son territorio extraño para los sindicatos. No hay comités de empresa ni ánimo de reivindicación colectiva. “Son perfiles cualificados, tecnológicos, hay mucha rotación, tienen sueldos altos…”, resume Raúl de la Torre, responsable del sector TIC de CCOO. Eso sí, ahora ya se puede despedir con un simple “certimail”, el equivalente digital del burofax, que certifica la entrega, lectura y el contenido del mensaje.

En Meta España, en cambio, aún no saben cómo les van a afectar los miles de despidos anunciados en EEUU. La empresa cuenta con 87.000 empleados en todo el mundo. Un portavoz de la red social en España no facilita, sin embargo, cuál es la plantilla en el país. Pero, según las fuentes consultadas por infoLibre, puede superar los 100 trabajadores. Miquel Pellicer asegura que Meta cuenta además con diferentes subcontratas en Barcelona, ubicadas en la Torre Agbar, que se dedican a la moderación de contenidos. Y, pese a ser ajena a la presencia sindical, CCOO y UGT están negociando estos días con Meta su plan de igualdad. La ley la obliga a negociarla con los sindicatos más representativos a falta de comité de empresa, recuerda Fernando Luján.

Google también se apuntó al recorte de personal el pasado septiembre, cuando anunció que reduciría a la mitad los proyectos en marcha de su división interna de I+D, llamada Área 20. Por tanto, los empleados de esa área que no tengan acomodo en otras secciones de la empresa, serán despedidos. En España, Google cuenta con unos 370 trabajadores. En 2020, Google Spain SL tuvo unos ingresos de 148,13 millones de euros en 2020, un 12,2% más que el año anterior, y unos beneficios de 24,88 millones. No obstante, esos números apenas reflejan el negocio real de la empresa en España, puesto que, en teoría, sólo presta servicios de marketing a la filial de Google en Irlanda, donde registra todas sus ventas.

Netflix es otra empresa puntera que ha recurrido a los despidos para salvar sus números. En junio anunció la salida de 300 trabajadores en todo el mundo, el 3% de su plantilla, de los que 53 correspondían a Europa. Y sólo un mes antes, en mayor se había deshecho de otros 150 empleados, tras perder 200.000 suscriptores. En España cuenta con una filial, Netflix Servicios de Transmisión España, SL, que facturó 579,3 millones de euros en 2021, 16 veces más que el ejercicio precedente. Sus beneficios ascendieron a casi 8,7 millones de euros, una cifra minúscula comparados con los casi 1.600 millones que ganó sólo en el primer trimestre de este año.

Para estas grandes tecnológicas, no obstante, mercados como España son fundamentales. “Les interesa la implantación en territorios clave”, destaca Miquel Pellicer, “porque necesitan ser relevantes y tener representación y relaciones de marketing y comunicación en países como España”. En ese aspecto, dice, funcionan casi como un periódico.

También las plataformas se desinflan

Pese a que su estructura es mucho más pequeña, no han corrido mejor suerte que otras marcas señeras de la economía digital: desde la alemana Gorillas –reparto de comida a domicilio– y la californiana Bird –patinetes y bicicletas eléctricos– hasta Getir. La última en España ha sido Lola Market, que cerrará este viernes. La compró hace un año otro puntal del reparto a domicilio, Glovo, pero la caída de sus ventas ha dado al traste con esta empresa que primero hacía la compra en el supermercado para el cliente y después se la llevaba a casa. La empresa ha comunicado a sus shoppers que queda interrumpida la relación “mercantil” que les une a ellos. Sin embargo, según explica Rubén Ranz, responsable del sector en UGT, los trabajadores de Lola Market son falsos autónomos, por lo que están animándoles a que presenten demandas individuales para que los jueces les reconozcan el carácter laboral de su relación. También la Asociación Unificada de Riders (AUR) está preparando demandas por despido improcedente “y por no haber realizado un ERE como marca la ley”, explica su responsable, Fernando Roán.

Tras la aprobación de la llamada ley rider, sólo Glovo y Uber Eats se resisten a contratar a sus repartidores. Getir, que ha despedido a 4.500 trabajadores en todo el mundo este año, mantiene sin embargo en España a sus 900 empleados como asalariados, resalta Rubén Ranz. Gorillas, que despidió a la mitad de su plantilla en junio, lo hizo mediante un despido colectivo al uso. Por el contrario, Uber Eats mantiene a parte de sus repartidores como falsos autónomos y a otros los utiliza a través de empresas de mensajería. Aún tiene pendiente una demanda de CCOO y UGT en la Audiencia Nacional por ejecutar un ERE encubierto poco días antes de entrar en vigor la Ley Rider desconectando de su aplicación a 4.000 repartidores. 

La pandemia y la crisis desencadenada por la guerra en Ucrania están distorsionando el rígido patrón estacional que dirige el mercado laboral español. Ya ocurrió en julio, un mes tradicionalmente bueno para el empleo por el tirón del turismo, y se ha repetido en octubre, cuando suele desinflarse con el fin de la temporada alta. Este último mes el paro tal como lo registra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha caído en 27.027 personas, la mayor bajada desde que hay registros, en 1996. En 2021 también se redujo el desempleo, pero sólo en 734 personas. Ha sido el repunte en la educación, las contrataciones del nuevo curso, el que ha permitido compensar, con creces, el descenso en el empleo en la hostelería. Así, la enseñanza ha registrado 139.197 nuevos afiliados a la Seguridad Social, un número que cubre los 54.695 cotizantes que ha perdido la hostelería, así como los 39.777 que se ha dejado la sanidad. También ha disminuido el empleo en las actividades administrativas, 16.061 personas.

En consecuencia, el mercado laboral resiste aún el envite de la crisis energética, manteniendo 20,28 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras haber creado 401.348 empleos desde enero. Si la cuenta se hace desde octubre de 2021, el número de ocupados ha crecido en 593.197, un alza del 3,01%. Esa tasa interanual se reduce desde el 3,3% que registraba el pasado septiembre, reflejando una cierta ralentización. El pasado octubre la afiliación creció en 103.499 cotizantes, menos que octubre de 2020 –114.000– y de 2021 –159.000–, con la recuperación a pleno ritmo, y más próxima a la de 2019 –106.541–. Por lo que se refiere al paro, sigue habiendo en España 2,91 millones de personas sin trabajo apuntadas en las oficinas del SEPE. El Ministerio de Trabajo destaca que es la mejor cifra de un mes de octubre desde 2008. En los últimos 12 meses, el paro ha bajado un 10,5%, al perder los registros 342.176 desempleados.

Al mismo tiempo, continúan al alza los contratos indefinidos. En octubre se firmaron 697.335, el 45,75% de los registrados en el SEPE. Es decir, su número se ha multiplicado por 3,5 respecto a hace un año, antes de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. De ellos, los que más han crecido han sido los fijos discontinuos, que se han multiplicado por nueve en el último año, hasta sumar 259.834. Y los temporales siguen reduciéndose. Se suscribieron 826.804 en octubre, un 51,19% menos que en octubre de 2021. Desde enero, su número se ha reducido en un 30,5%. Y los temporales a tiempo parcial, los más precarios, caen más que la media, un 55,74% en comparación anual.

El aumento de los contratos indefinidos engorda automáticamente el empleo fijo en las listas de la Seguridad Social. El 84% de los afiliados cuentan ahora con un empleo indefinido, 14 puntos más que en el promedio de 2017 y 2021, según se encarga de destacar el Ministerio de Seguridad Social. También resalta el departamento de José Luis Escrivá que los contratos de menos de 30 días de duración han disminuido en más de 2,8 millones de personas desde la reforma laboral, y los contratos que se rescindieron desde enero tenían una duración superior a la media de 2019, duraron 48 días más.

En el último año, todos los sectores han ganado afiliados, excepto dos: la agricultura, con una pérdida mínima del 0,19%, y las empleadas de hogar, que cuentan ahora con un 2% de cotizantes menos. El pasado octubre perdieron 1.319 cotizantes, un 3,21%, la segunda mayor caída después de la hostelería, que se dejó un 3,73% de sus afiliados a la Seguridad Social.

Por comunidades autónomas, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja perdieron empleo en octubre. La que más, Baleares, un 5,69% respecto al mes anterior, mientras que Canarias gana un 1,34%. Madrid también crece en afiliación, un 1,26%, con 43.266 empleados más, seguida de Comunidad Valenciana, con 39.217 nuevos cotizantes. En la comparativa anual, todos territorios han aumentado su número de afiliados a la Seguridad Social.

Finalmente, siguen acogidos a un ERTE un total de 19.990 trabajadores, por debajo de los 21.369 con que cerró septiembre. De ellos, el mayor número se concentra aún en el transporte aéreo, 1.863 personas, seguidos por las empresas automovilísticas, que suman 1.664 trabajadores. El número supera a los de hoteles, 1.591 personas, y bares y restaurantes, con 1.090. En el mecanismo RED se mantienen 1.293 empleados de agencias de viajes.

UGT ha alabado la mejora del empleo en un mes donde habitualmente aumenta el paro, a pesar del “incierto y difícil contexto internacional”. El sindicato atribuye a la reforma laboral la corrección de la “alta volatilidad” que ha caracterizado siempre al mercado laboral español. También destaca que el empleo haya crecido en términos desestacionalizados por decimoctavo mes consecutivo. CCOO ha aplaudido que España haya creado empleo “cuando más alto ha sido el SMI, más estable la contratación y más intervencionista a través de los ERTE han sido las políticas públicas”. “Se están rompiendo muchos de los mantras neoliberales con los que nos venían intoxicando en materia laboral”, ha asegurado el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

Por su parte, Asempleo, la patronal de las ETT, destaca la dificultad de rebajar la barrera de los 2,9 millones de parados, pese a la reducción producida por el alargamiento de la campaña veraniega. A su juicio, el ritmo de contratación sigue una tendencia “claramente exponencial a la baja”: mientras que a principios de año el número de contratos crecía en un 20%, de media, en octubre ha bajado al 0,09%.

La CEOE coincide con los sindicatos en asegurar que la reforma laboral está “evitando la destrucción de empleo” en momentos de incertidumbre. En particular, llama la atención sobre el contrato fijo discontinuo que, a su juicio, “otorga suficiente flexibilidad a las empresas y protege a los trabajadores”. 

Los ERTE, el mecanismo de protección de empresas y empleos que protagonizó la pandemia, sigue vivo, y repuntando, por culpa de la crisis energética y la incertidumbre asociada a la guerra y la inflación. A diferencia de entonces, cuando los ERTE de fuerza mayor eran la mayoría, debido a la paralización de la actividad por el confinamiento, ahora son los motivados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) los que agrupan al 87,3% de los trabajadores protegidos. Y éstos han aumentado un 4,3% durante el verano. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social, había 17.898 asalariados acogidos a ERTE del tipo ETOP en junio, que en septiembre son ya 19.019. Los trabajadores en ERTE no dejaron de disminuir conforme se suavizaban las restricciones por el covid y la actividad se recuperaba. Llegaron a ser 3,6 millones en lo peor del coronavirus, por lo que su número ahora es muy pequeño en comparación. La duda es si la economía de guerra que se avecina este invierno relanzará la cifra y el aumento de septiembre es sólo el aviso.

El repunte de los ERTE por causas económicas o productivas afecta también a sectores distintos de los que coparon las ayudas durante la pandemia. Si entonces la hostelería, los hoteles y el comercio se vieron abocados a suspender los contratos o reducir las jornadas de sus plantillas, este año el golpe lo están recibiendo sobre todo el sector cerámico y el del automóvil. En el primero, afectado por la escalada de los precios del gas, el número de trabajadores en ERTE se ha triplicado: de sólo 422 en junio a 1.297 en septiembre. En el segundo, aún pendiente de que se resuelvan los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, el aumento ha sido del 59%, hasta 1.609 registrados en septiembre.

Pero otros sectores también están sintiendo el peso de la incierta coyuntura económica. En la industria de la alimentación los trabajadores en ERTE se han disparado un 247% este verano y los de la industria textil, un 117%. En el sector químico han crecido un 50%. Por ejemplo, la falta de aceite girasol, que se importaba de Ucrania, forzó el ERTE al poco de la invasión en la planta que General Mills tiene en Navarra, donde se fabrican los productos de la marca Old El Paso. En el textil, un 20% de las empresas ha tenido que parar alguna línea de producción y un 15% ha aplicado un ERTE por los costes energéticos, según una encuesta del Consejo Intertextil Español.

El apuro de los fabricantes de automóviles es bien distinto. Comenzaron a sentir la falta de chips ya a finales de 2021 y anunciaron los primeros ERTE con el comienzo del nuevo año. Desde entonces no han dejado de prorrogarlos. Ford mantiene el suyo en la factoría de Almussafes (Valencia) por lo menos hasta el 31 de este mes. Seat acaba de prolongar la regulación de empleo hasta el 23 de diciembre, lo mismo que Volkswagen en Navarra. También han recortado su producción Mercedes en Vitoria y Stellantis –Citroën, Peugeot– en Vigo. Pero si las grandes marcas capean la necesidad de parar sus cadenas de producción por falta de componentes gracias a los ERTE, la industria auxiliar, que de ellas depende, no está teniendo tanta suerte. Si bien todas las auxiliares —suman una plantilla de 15.000 personas— que trabajan para la antigua General Motors –hoy también Stellantis— en Zaragoza están en ERTE hasta diciembre, Saint-Gobain, que fabrica lunas para vehículos, ya en junio añadió un ERE para despedir a 100 trabajadores al ERTE que estaba aplicando. Otra suministradora, en este caso de componentes eléctricos, Kostal Eléctrica, anunció en julio el despido de 120 de los 747 empleados que tiene en Sentmenat (Barcelona).

Aunque la peor parte se la está llevando el sector cerámico. Pese a que el Gobierno terminó incluyendo la cogeneración –el sistema que utilizan estas empresas para proveerse de energía— en la excepción ibérica el pasado mes, las industrias cerámicas sumaban casi 60 ERTE en septiembre. Halcón Cerámicas, Todagres o Azuliber son sólo algunas de las que han tenido que acogerse al mecanismo de protección público. Azulejera Alcorense ha ido más lejos: ya ha planteado un despido colectivo para 78 trabajadores. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido este mismo martes a la Comisión Europea una “acción ofensiva urgente” para sostener a la industria azulejera –que se concentra en la provincia de Castellón—, atenazada por los elevados costes del gas.

También son víctimas de los elevados precios de la energía las conocidas como empresas electrointensivas. Es el caso de grandes grupos como Arcelor Mittal, que aplicará hasta el 31 de diciembre un ERTE en sus plantas de Asturias, Sagunto (Valencia) y el País Vasco, y Ferroatlántica, que tendrá igualmente en ERTE durante nueve meses a su plantilla en Cantabria y que ya en julio paró sus hornos en la planta de Arteixo (A Coruña).

En cualquier caso, los trabajadores afectados por despidos colectivos, aunque han aumentado un 31,8% entre enero y septiembre, están lejos de las cifras de 2021. Este último mes los registros del Ministerio de Trabajo cuentan 2.663 despedidos en ERE. En el mismo mes de septiembre de hace un año, el número ascendía a 9.281, más del triple. También entonces su ritmo de crecimiento fue mucho más intenso: de enero a septiembre de 2021 los trabajadores que perdieron su empleo en un despido colectivo se multiplicaron por ocho.

Aun así, Iberia acaba de plantear un ERE para un número no determinado de trabajadores que será, según dice la aerolínea, “negociado, acordado y voluntario”. Lo ha hecho nada más firmar el convenio con los pilotos, a los que subirá el sueldo un 12% en los próximos cuatro años. Este año, se les mejorará los sueldos un 6,05%. El transporte aéreo también fue uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. De hecho, es el que más trabajadores mantiene aún en ERTE: 1.983 en septiembre, más incluso que la hostelería y los hoteles.

Un caso bien distinto es el de Duro Felguera, que fue rescatada el año pasado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con 120 millones de euros, acompañados de otros seis millones que aportó el Principado de Asturias. La empresa de ingeniería anunció el pasado día 7 que quiere despedir a 208 personas en España y a otras 40 en el extranjero. Una medida que los sindicatos del grupo tachan de “desproporcionada” teniendo en cuenta que sus cuentas arrojan beneficios, 1,4 millones en el primer semestre del año.

Tampoco se ve empujada por los apuros económicos la farmacéutica Novartis, que quiere despedir a entre 220 y 240 trabajadores, de los 2.100 que tiene en España. En todo el mundo, la empresa suiza se deshará de unas 8.000 personas, pese a que en 2021 ganó 21.234 millones de euros, triplicando los resultados del ejercicio anterior. En España, el ERE que ha presentado está motivado por causas organizativas. Este será el segundo despido colectivo que ejecute la empresa en España en los dos últimos años. En 2020, ya rescindió los contratos de 63 empleados del departamento comercial.