CCOO y UGT reprochan al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que rechace subidas salariales para no dañar sus posibilidades de ser reelegido al frente de la CEOE. El 23 de noviembre se reunirá la asamblea electoral que decidirá quién dirige a los empresarios los próximos cuatro años. De momento, sólo se ha presentado un candidato, el propio Garamendi, pero el plazo para que se presenten rivales se extiende hasta el 8 de noviembre. Y durante todo el año las conjeturas sobre posibles movimientos internos para armar una candidatura alternativa han sido múltiples. La patronal de los empresarios jóvenes Ceaje, la de concesionarios Ganvam, los autónomos de ATA, Confemetal y Cepyme no han tardado en hacer público su apoyo a Garamendi. Entre las territoriales, la patronal de Castilla y León también respalda al vasco, que antes fue presidente de los jóvenes empresarios, tesorero de Confemetal y presidente de Cepyme, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas.

Pero aún está por ver si los recelos de la patronal agrícola Asaja, del automóvil Anfac, la madrileña CEIM y la catalana Foment del Treball Nacional, que se tradujeron en cuatro abstenciones durante la junta directiva que aprobó la reforma laboral el pasado diciembre, se convierten en oposición con nombres y apellidos. En definitiva, si las organizaciones que han criticado a Garamendi por haber sido demasiado blando y pacífico en las sucesivas negociaciones con el Gobierno y los sindicatos en materia laboral durante los dos últimos años consiguen armar una candidatura alternativa.

Sólo esa eventualidad sería todo un acontecimiento en la CEOE, acostumbrada al sosiego de que sus presidentes resulten elegidos por aclamación. Únicamente en dos ocasiones anteriores hubo competición: en 2010, entre Juan Rosell y el presidente de la patronal andaluza CEA, Santiago Herrero, y en 2014 entre Juan Rosell y el propio Garamendi, que perdió pero fue nombrado vicepresidente por el vencedor.

Pero no sólo la CEOE terminará 2022 en campaña electoral, sino que también los sindicatos se encuentran ya velando armas antes de pasar el próximo año pendiente de las urnas. Porque en 2023, además de comicios generales y autonómicos –en todas las comunidades menos en las históricas–, se celebrarán elecciones sindicales sin descanso. Las plantillas de empresas con más de cinco trabajadores, unos 14,3 millones de asalariados, están llamadas a elegir 158.248 delegados, el 57% de los 280.000 representantes sindicales existentes.

Desde 1994, CCOO es el primer sindicato de España con 101.500 delegados y miembros de comité de empresa. Ese año dio el sorpasso a UGT, que ahora cuenta con 87.152 representantes en las empresas y las administraciones. El tercero es USO, a considerable distancia, con 11.000 delegados. Le sigue CSIF, la central de los empleados públicos, con 10.000 representantes. Los dos primeros ostentan la condición de sindicatos más representativos, al poseer más del 10% de los delegados en todo el país. También lo son, pero en sus comunidades autónomas, la CIG en Galicia y ELA-STV en el País Vasco.

Según esa representatividad, reciben subvenciones del Estado. En el caso de UGT, fueron 4,7 millones de euros en 2021 y 5,28 millones en el de CCOO –56,34 euros por cada representante sindical, aclara el sindicato en su página de transparencia–. También reciben subvenciones públicas por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo –como la Fundación Tripartita para la Formación den el Empleo–, 677.727 euros UGT y 649.237 CCOO. A CEOE se le asignaron 1,29 millones de euros. Por sentarse en el Consejo Económico y Social (CES), la patronal percibe 232.400 euros al año, mientras que CCOO y GTT cobran 104.580 euros cada uno.

Además, en 2021 el Ministerio de Educación concedió a UGT 10,2 millones para impartir cursos de digitalización a trabajadores y desempleados. A CEOE les otorgó 15,3 millones y a Cepyme 5,1 millones. CCOO renunció a 7,5 millones que en principio se le habían asignado. Y USO presentó un recurso contencioso-administrativo porque se hizo una concesión directa sin concurso. Además, sindicatos y patronal se reparten otros 10,5 millones de euros para formar a sus cuadros en materia de negociación colectiva. De ellos, 1,66 millones fueron para la CEOE en 2021.

El año pasado CCOO también percibió 34.200 euros del Instituto de la Juventud y 100.140 euros del Plan Nacional sobre Drogas por la realización de programas sobre adicciones, así como 12.058 euros por su participación en organismos del Ministerio de Transición Ecológica. UGT, por su parte, consiguió 255.000 euros del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Generalitat valencianas por la celebración del 43º congreso del sindicato en la ciudad de Valencia. Finalmente, la CEOE ha firmado un convenio con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que se traduce en 100.000 euros anuales para apoyar la internacionalización de las empresas españolas.

Aparte, destacan todos ellos, se sitúan las cantidades que les son concedidas para programas finalistas, que se gastan en cursos, atención a migrantes u orientación al empleo, por ejemplo. Según precisa CCOO, la cuantía que el sindicato recibe sumando subvenciones por su representación asciende a 10 millones de euros y a 23 millones las ayudas para programas finalistas: el 19% de los 173 millones de euros que ingresa cada año. De ellos, 134,5 millones proceden de las cuotas de su casi millón de afiliados, tal y como explicó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, a los periodistas al anunciar el eslogan de su campaña para el próximo año, El poder de cambiar las cosas.

UGT aún no la tiene preparada, según explican fuentes del sindicato a infoLibre. Pero, de acuerdo con las cuentas que publica en su página web, para 2021 contaba con un presupuesto de casi 30 millones de euros. De las cuotas de sus afiliados esperaba ingresar 20,72 millones de euros. Y consignaba recibir 2,37 millones de euros para programas finalistas –4,63 millones el año anterior–. En 2020 se apuntó unos beneficios de 61.835 euros. Según las cuentas, pagó 3.992 euros en impuestos sobre beneficios en 2020. Menos de lo que consigna la CEOE en las suyas, 19.000 euros en 2021 y 21.000 euros en 2020.

El ejercicio pasado la patronal se apuntó unos ingresos de 12,85 millones de euros, de los cuales 6,77 millones proceden de las cuotas de sus asociados –233 organizaciones– y 6,08 millones de aportaciones que hace las empresas y patrocinios. También consignó 2,1 millones en subvenciones. Con una plantilla de 103 personas, paga en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social un total de 8,33 millones de euros al año. De ellos 601.000 los cobraron en sueldos y dietas los miembros de su junta y otros directivos, que además recibieron como aportación a sus planes de pensiones 35.000 euros. La CEOE terminó 2021 con unos beneficios de 822.000 euros, un 42,6% más que el año precedente.

Patronal y sindicatos están empeñados en subrayar su transparencia para intentar recuperarse del batacazo de credibilidad que se dieron en la última década. La CEOE tuvo que sacudirse el escándalo que terminó con la presidencia de Gerardo Díaz-Ferrán: la quiebra de su empresa, el grupo Marsans, y su condena a 10 años de prisión, de donde salió en 2018. También comparte con los sindicatos la sospecha sobre cómo todos ellos gestionaban las subvenciones para cursos de formación en el empleo.

CCOO y UGT, por su parte, deben hacer frente a una crisis de confianza que, en el caso del segundo, se tradujo en una pérdida de 280.805 afiliados entre 2010 y 2015, cuando llegó a su mínimo, 928.846. Desde entonces ha recuperado 54.675, de acuerdo con las cifras que facilita el propio sindicato. La misma evolución sufrió CCOO, que llegó a 2017 con 920.870 afiliados y los ha aumentado hasta superar los 970.000 en la actualidad. “Nuestro objetivo [en las elecciones de 2023] es mejorar la densidad democrática y fortalecer el sindicalismo de clase”, adelantó Sordo en la presentación de la campaña. 

Pullmantur, la única naviera de cruceros española, solicitó el concurso de acreedores el pasado 22 de junio culpando a los “vientos en contra” generados por la pandemia. Ya antes había tenido que suspender todos sus viajes hasta el 15 de noviembre, lo que hizo saltar por los aires el alza del negocio que había conseguido el último año. Sin embargo, de española Pullmantur tenía ya muy poco.

Las oficinas las mantiene en España, con una plantilla de 261 personas, apenas el 5,3% de sus 4.932 trabajadores y ahora acogidos a un ERTE. El 40% de sus clientes, 400.000 pasajeros el año pasado, son españoles. Más de la mitad de su facturación procede de España.

Pero sus accionistas son dos holdings radicados en Países Bajos, RCL Holdings Coöperatief UA, y Luxemburgo, Cruises Investment Holding SA. El primero posee el 49% del capital y forma parte del gigante mundial de los cruceros Royal Caribbean, con sede en Miami. El segundo es un instrumento del fondo suizo Springwater, que lo controla a través de otra sociedad luxemburguesa, Springwater Cruises Holding.

Además, como ocurre desde hace tiempo con la mayoría de las navieras españolas, sus barcos ondean banderas extranjeras. En el caso de Pullmantur, la de Malta, donde tiene registrados sus tres cruceros, el Monarch, el Sovereign y el Horizon. Hasta enero de 2020, cuando lo jubiló, también poseía una cuarta nave, el Zenith, matriculada en la isla. Cada uno de estos barcos es, en realidad una sociedad distinta inscrita en el Registro Mercantil maltés. Una política también común a las navieras: one ship, one company. En Malta posee una quinta empresa, Pullmantur Cruises Ship Management Limited, que presta servicios de gestión a los buques.

Finalmente, para contratar a sus tripulantes Pullmantur utiliza una sociedad que ha creado en Bahamas, Pullmantur Ship Management Limited, una agencia de embarque para sus 4.600 trabajadores extranjeros. La mayoría de ellos son filipinos –886–, pero también los hay indios –611–, hondureños –524–, indonesios –508– o brasileños –411–. Así hasta 61 nacionalidades distintas. Sólo 110 españoles están embarcados en los cruceros de Pullmantur, según las cifras aportadas por la propia empresa en su informe no financiero de 2018.

Lejos quedan pues los tiempos en que Pullmantur era la naviera de Marsans, el grupo propiedad de Gerardo Díaz Ferrán. El expresidente de la CEOE se la vendió a Royal Caribbean en 2006, mucho antes de que Marsans declarara el concurso de acreedores en 2010 y de que su dueño terminara en la cárcel por vaciar la empresa y fraude fiscal. En 2016 fue cuando entró en el capital el fondo suizo Springwater.

Disputas con Hacienda

En España figura como sociedad dominante Pullmantur Holdings, que facturó en 2018 –las últimas cuentas que ha enviado al Registro Mercantil– un total de 344,50 millones de euros. Se apuntó entonces unos beneficios de 19,3 millones de euros. Sin embargo, en su informe no financiero la empresa asegura que no tiene ganancias en España y que no paga, por tanto, impuestos por ellas. Sí que perdieron dinero ese año las otras dos empresas que tiene registradas en territorio nacional, Pullmantur SAU –10,9 millones– y Pullmantur Cruises SL –9,1 millones–. El año anterior, en cambio, ambas sumaron 72,24 millones de euros en beneficios. También dice que no obtiene beneficios en Malta, aunque al mismo tiempo apunta en su informe un pago de 1,52 millones de euros en el impuesto sobre sociedades en esa isla, así como 74.272 euros en el impuesto sobre el tonelaje por sus cuatro barcos matriculados allí. Además, tributa en Colombia, donde posee oficinas comerciales y una filial, Cruceros Turismo de Colombia SAS, con 10 empleados. En total, entre impuesto sobre sociedades, IVA y dos impuestos locales de turismo e industria, ingresa en el fisco del país andino 379.537 euros.

En Bahamas informa de unos beneficios de 927.412 euros en 2018, por los que no paga impuestos.

Por lo que se refiere a España, Pullmantur abonó ese año 1,24 millones de euros en concepto de IVA, tras acogerse al régimen especial para las agencias de viaje, conocido como TOMS (Margen de los Tour Operadores), que le permite pagar el impuesto sólo sobre su margen de beneficio. En retenciones del IRPF y cotizaciones sociales de su plantilla española, Pullmantur empleó 3,17 millones más, explica en el informe.

Las cuentas de 2018 enviadas en el Registro Mercantil revelan además que, un año antes, la naviera había tenido que arreglar sus cuentas con la Agencia Tributaria, que le había inspeccionado las declaraciones del impuesto sobre sociedades, el IVA y el IRPF de la plantilla entre 2011 y 2015. Como resultado, Pullmantur pagó a Hacienda 1,75 millones de euros, de los que 1,27 millones correspondieron al impuesto sobre los beneficios, 430.000 euros al IRPF y 54.000 euros más al IVA. La Agencia Tributaria también le corrigió la declaración de bases imponibles negativas de esos años en el impuesto sobre sociedades, en una cantidad que no especifica. Se trata de una de las actuaciones habituales de la agencia, que consiguió aumentar el año pasado en 7.200 millones de euros las cuotas de las empresas tras reducir las bases imponibles negativas –las pérdidas– que éstas habían declarado incorrectamente. El 73% de esa cantidad correspondió a grandes compañías. Aparte de estos pagos, Pullmantur tiene recurridos otros 2,8 millones de euros que Hacienda le reclama por diferencias en el cálculo del IVA.

En 2019, la naviera anunció que había elevado la facturación un 5%, aunque eludió precisar el importe exacto alcanzado. Sólo aseguró que era su récord histórico en ventas. Aun así, la situación financiera de la empresa era, cuanto menos, apurada antes de la llegada del covid-19. En las cuentas de 2018 reconoce que su capital circulante era negativo en 106,82 millones de euros; es decir, se encontraba en insolvencia técnica: sus deudas a corto plazo eran superiores a sus créditos a corto plazo. En ese ejercicio, el patrimonio era negativo por importe de 90,64 millones de euros como consecuencia de las pérdidas acumuladas de años anteriores. Pero la empresa decía contar con liquidez suficiente para atender sus obligaciones durante 2019 y con el “apoyo financiero” de sus dos socios, Royal Caribbean y el fondo Springwater. De hecho, la primera le prestó 14 millones de euros en 2018.

infoLibre ha preguntado a Pullmantur por su situación financiera, las inspecciones de la Agencia Tributaria y el concurso de acreedores, pero la naviera ha declinado hacer ningún tipo de comentario, dado que se encuentra “en un proceso delicado” e inmersa en “diferentes negociaciones”.

Las ventajas fiscales del registro español no evitan la huida a Malta y Chipre

En España, el tercer país de la Unión Europea en tráfico portuario, el tonelaje inscrito bajo pabellones extranjeros supone un 52,9% de la flota controlada por armadores nacionales y supera, por tanto al de bandera española. Lleva ocurriendo dos años, aunque el porcentaje de barcos de pabellón español no ha dejado de recortarse desde 2012: se ha reducido en 11,6 puntos porcentuales. Según las estadísticas que elabora la Asociación de Navieros Españoles (Anave), a 1 de enero de este año de los 216 buques por encima de 300 GT –toneladas brutas, la medida del volumen del barco– en manos de armadores españoles, 106 ondean banderas extranjeras. De éstos, 29 son barcos de pasaje.

Malta es, después de Chipre y Madeira, el tercer registro favorito de los armadores españoles. Allí se encuentran inscritos el 15,1% de los buques que tienen propietario español pero bandera extranjera. Entre esos tres registros, comunitarios pero de baja tributación, acaparan el 75,7% de la flota controlada por armadores españoles. No obstante, por tonelaje, Malta sube al segundo lugar de la lista, por delante de Chipre; es decir, los barcos allí registrados son más grandes. Desde que ambas islas mediterráneas ingresaron en la UE, en 2004, el número de naves atraídas por sus ventajas fiscales no ha cesado de aumentar. Y ello pese a que desde 1994 España cuenta con un Registro Especial en Canarias (REC) que también proporciona un libérrimo esquema tributario, pensado precisamente para evitar la huida de los armadores a pabellones más o menos de conveniencia.

Así, los armadores que acuden al REC disfrutan de una bonificación del 90% en el impuesto de sociedades, así como otra bonificación del 90% en la cuota empresarial a la Seguridad Social de sus tripulantes y una deducción del 50% en la base imponible del IRPF de esos trabajadores. También están exentos de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. Y a los tripulantes no se les aplica el tope de horas extraordinarias establecido en el Estatuto de los Trabajadores. “Es un régimen fiscal bastante generoso”, concede el director general de Anave, Manuel Carlier, quien asegura que la preferencia de los armadores españoles por los registros extranjeros se debe menos a las ventajas tributarias que a la agilidad y rapidez de éstos en los trámites administrativos. “Dar de baja un barco en España puede costar tres meses; en cualquier otro registro basta con 48 horas”, lamenta.

Ni en Malta ni en Chipre está bonificado el pago de las cotizaciones sociales de las tripulaciones, por lo que no es inusual que éstas se contraten a través de empresas ubicadas en Bahamas, como hace Pullmantur, a la búsqueda del gratis total. Eso sí, en Malta no hay obligación de reservar un tanto por ciento de las tripulaciones a nacionales de la UE. En el Registro Especial de Canarias, por el contrario, las navieras deben contratar a ciudadanos comunitarios para los puestos de capitanes y primeros oficiales, y del resto, sólo la mitad pueden ser ciudadanos de fuera de la UE. Para emplear sin limitaciones a filipinos, indios y hondureños, por tanto, hay que irse a Malta o más lejos. “En un petrolero, un granelero o un portacontenedores, se embarcan entre 14 y 22 personas; en un ferry, unas 50; pero en un crucero pueden hacer falta 2.000”, explica Carlier, “por lo que el peso del componente laboral es brutal”.

Por ejemplo, Balearia, la principal naviera de ferries española, con 32 buques y rutas en las islas Baleares y Canarias, el norte de África y el Caribe, tiene 14 de ellos abanderados fuera de España. En 2018 sacó del Registro de Canarias el fast ferry Jaume II y lo matriculó en el de Chipre antes de que empezara a cubrir el trayecto entre Florida y Bahamas. También tiene inscrito en Chipre su otro ferry caribeño, el Bimini Blue Marlin, o el Hedy Lamarr, que une Valencia y Mallorca. Pero el Bahama Mama y el Passió per Formentera están registrados en Malta.

Es en esta isla donde Pullmantur paga el impuesto sobre el tonelaje, apenas 74.272 euros, un régimen especial del que también se benefician las navieras y que sustituye en España al impuesto sobre sociedades. Es alternativo y voluntario: la empresa que quiere acogerse debe solicitarlo a la Dirección General de Tributos, que entonces recibe una autorización por 10 años. A la naviera se le aplica entonces una fórmula objetiva según el tonelaje neto que posea. De forma que la resultante suele ser “una base imponible relativamente baja”, explica Manuel Carlier. Por lo general, este sistema interesa sólo a las empresas que tienen beneficios, precisa. Si prevén pérdidas, pueden solicitar su salida del régimen especial para el siguiente ejercicio, pero ya no pueden regresar. El director general de Anave calcula que la mitad de las navieras españolas tributan en el impuesto sobre el tonelaje en lugar de en el general de sociedades.

Cuatro filiales en Bahamas 

La presencia de Pullmantur en Bahamas es muy antigua, comienza cuando aún era parte del grupo Marsans. Según ha podido comprobar infoLibre en los cerca de un millón de documentos del Registro Mercantil caribeño proporcionados a este periódico y a sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC) por el colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets (DDoS), que actuó como intermediario de una fuente anónima, Pullmantur Ship Management Limited, la agencia de embarque, fue creada en Bahamas el 2 de enero de 2004. En 2005 y 2006, además, la naviera constituyó allí otras tres sociedades: Pullmantur Freedom Ltd, Pullmantur Leisure Ltd y Pullmantur Oceanic Ltd, cuyos consejos de administración encabezaba el entonces presidente de la empresa, Alfonso López Pérez. Esta última sociedad es en realidad el Oceanic, un buque de pasaje de 238 metros de eslora que compró en 2002 y vendió en 2009 tras navegar por el Caribe y el Mediterráneo. Un barco, una empresa, una vez más, o una sociedad cuyo único activo es la nave en cuestión.

Manuel Carlier recuerda que Pullmantur, tras una década en Anave, abandonó la patronal naviera española cuando la adquirió Royal Caribbean. Catorce años después, se desconoce cuál va a ser el futuro de los tres barcos de Pullmantur, que pertenecen a la empresa estadounidense y que, según publican estos días los confidenciales náuticos, pueden estar navegando en estos momentos en aguas del Mediterráneo camino del desguace en Turquía.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denegado a la comisión de investigación sobre Avalmadrid todos los datos y documentos que ésta le había solicitado sobre MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios sus padres y que recibió un supuesto trato de favor cuando no devolvió el aval de 400.000 euros concedido por la sociedad de garantías en marzo de 2011.

Además de solicitar toda una serie de comparecencias, la comisión abierta en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre hizo al Ejecutivo madrileño un total de 136 peticiones de documentos relacionados con el funcionamiento y las irregularidades destapadas en Avalmadrid por las inspecciones del Banco de España, el informe forense encargado por la propia sociedad de garantías a una consultora privada y las informaciones publicadas por infoLibre.

El Gobierno ha rechazado una cuarentena. Entre ellas, todas las que se refieren a MC Infortécnica SL. Se niega a facilitar a la comisión el expediente completo de la concesión del aval a la empresa de los padres de Díez Ayuso, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembrosse ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. 

Ni Marsans ni Cantoblanco ni PwC

El Gobierno madrileño también ha denegado a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El motivo que esgrime el Gobierno de Díaz Ayuso para denegar los documentos es que estas peticiones están “relacionadas con la actividad de una sociedad mercantil” en la que la Comunidad de Madrid tiene una participación “no mayoritaria” y que “actúa con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Es el mismo argumento que le ha servido al Ejecutivo madrileño para no facilitar a la comisión de investigación los informes que la empresa de cobros Racmo Gestión elaboró el pasado mes de julio, a petición de la propia Avalmadrid, sobre las actuaciones de la sociedad de garantías para recuperar el importe impagado del aval de MC Infortécnica SL. Del mismo modo el Gobierno rechaza la entrega de los informes realizados por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre la venta de la cartera de fallidos de Avalmadrid a otra empresa de cobros, Cobralia, que también arrojó serias dudas sobre la operación por las conexiones entre directivos de ambas firmas. Al igual que los informes ya citados de Forest Partners y del Banco de España sobre 167 avales con irregularidades.

Nada sobre la inspección del Banco de España

Tampoco tendrá la comisión en sus manos –pese a que como los anteriores han sido profusamente revelados por los medios de comunicación– el expediente que abrió el Banco de España tras inspeccionar dos veces Avalmadrid, que como todas las sociedades de garantía recíproca está sometida a su supervisión. Además, la Comunidad de Madrid no entregará a la Asamblea la lista de personas de Avalmadrid que actuaron de interlocutores con los inspectores del Banco de España, ni las actas e informes relacionados con sus inspecciones, ni los miembros del Gobierno madrileño que a su vez integraban el consejo de administración de Avalmadrid y a los que el organismo supervisor acusó en su expediente, ni siquiera la lista de los 167 avales donde detectó anomalías.

El Gobierno de Díaz Ayuso rehúsa también facilitar a la comisión la lista de los miembros de los consejos de administración y comités ejecutivos de Avalmadrid desde 2007, así como las actas de las reuniones de todos esos órganos, que también habían sido solicitadas por los diputados. O la denuncia que la sociedad de garantías presentó en la Fiscalía el año pasado para dilucidar las responsabilidades de algunos de sus antiguos consejeros y directivos en la concesión de los avales bajo sospecha.

La comisión de investigación quería saber igualmente el número de ejecuciones hipotecarias y de subastas que se han llevado a cabo para recuperar avales impagados de Avalmadrid, pero el Gobierno autonómico lo ha impedido. Ni siquiera facilitará a los diputados una copia de la normativa interna de la sociedad de garantías.

Por último, el Ejecutivo madrileño no permitirá a los diputados acceder a los correos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. El motivo, que la información solicitada “afecta a datos de terceros que no han tenido relación con la Comunidad de Madrid”.

Eva Piera Rojo, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, admitió este martes que pidió al director de Relaciones Institucionales de la sociedad de garantías, Carlos Ramos, que facilitara información a Isabel Díaz Ayuso sobre la empresa de la que eran socios sus padres. “Yo no doy mandatos, sólo le pedí que atendiera a una persona [la actual presidenta de la Comunidad de Madrid] que quería información”, explicó Piera Rojo en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid, desveladas en su mayor parte en diversas informaciones de infoLibre.

Piera relató que, Ayuso, "cuando aún no ocupaba ninguna responsabilidad política" –fue elegida diputada autonómica el 15 de julio de 2011–, le pidió un “contacto” en Avalmadrid porque quería “asesoramiento respecto a la empresa de sus padres”. Lo hizo “en persona, en una conversación fuera de mi despacho”. Según recordó, Díaz Ayuso fue “escueta” y ella misma, “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”. “Nunca me envió un correo”, abundó después. “Y le di el contacto como hacía con cualquier persona que se me acercaba y se interesaba por las ayudas e instrumentos de financiación de la Comunidad de Madrid”, explicó la exviceconsejera, quien describió la consulta como una más de las 16.000 que recibe anualmente la sociedad de garantía recíproca madrileña en busca de “asesoramiento e información”.

Esta explicación, sin embargo, no se corresponde con la realidad en el caso de Ayuso, que no necesitaba ningún asesoramiento sobre "los instrumentos de financiación" de Avalmadrid, puesto que la sociedad de garantías ya había afianzado un crédito de 400.000 euros de la empresa de sus padre el 15 de marzo de 2011. Y la petición a Piera fue cuatro meses después. Lo que quería saber Ayuso es qué ocurriría en el caso de que dicha empresa no devolviera el dinero, puesto que sus padres eran avalistas solidarios, y temía que pudieran perder su patrimonio. La compañía efectivamente no devolvió ni un euro. Y los padres de Ayuso salvaron su patrimonio donándoselo a sus hijos, lo que permitió a la ahora presidenta madrileña apropiarse de un piso que en caso contrario habría tenido que responder de la deuda con Avalmadrid.

A preguntas de los diputados, Eva Piera subrayó que no sabía ni el nombre de la empresa, MC Infortécnica SL, y repitió en varias ocasiones que desconocía los detalles concretos de la operación. Tampoco hizo un seguimiento de ésta, ni volvió jamás a hablar del asunto con Díaz Ayuso, añadió, pese a que ambas fueron compañeras de grupo desde julio de 2011 hasta febrero de 2013.

Los diputados le preguntaron igulamente por el correo electrónico que envió al director de Relaciones Institucionales el 13 de julio de 2011, desvelado por infoLibre, donde le daba “mil gracias otra vez por anticipado” por atender a Ayuso y le proporcionaba el número de móvil de quien había sido su compañera en las listas del PP y dos días después se iba a convertir en compañera de escaño. Para entonces, y pese a que Piera reiteró en la comisión que Díaz Ayuso sólo buscaba "asesoramiento financiero", Avalmadrid ya había concedido a la empresa de sus padres el aval de 400.000 euros que después no devolvió. 

Un día después de que Eva Piera hiciera de intermediaria ante Carlos Ramos, Ayuso envió a éste un correo en el que le facilita los datos de MC Infortécnica SL y le cuenta que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”. En septiembre de ese año, Díaz Ayuso le pide a Carlos Ramos datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque teme que los primeros estén vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

La expresidenta de Avalmadrid dijo desconocer “qué información pidió Díaz Ayuso” e incluso aseguró que no ha hablado con ella desde hace “bastantes años”, a excepción de una breve conversación que mantuvieron al encontrarse hace escasas fechas en en la Copa Davis celebrada en Madrid y que patrocina su actual empresa, Mapfre Seguros. Negó que proporcionarle el contacto de Carlos Ramos fuera “un favor” y se desentendió del hecho de que éste hubiera incluido “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)” como “asunto” del correo que sólo dos días después de haberle dado el teléfono de Díaz Ayuso, el 15 de julio, envió a una empleada de Avalmadrid para pedirle que mirara si la empresa y sus socios estaban en un fichero de impagados.

Carlos Ramos, además de director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo minutos después en la misma comisión.

La culpa fue de la Gran Recesión

Eva Piera defendió en todo momento la gestión realizada en Avalmadrid durante los años en que estuvo a su frente y sentada en su consejo de administración. Pese a que formó parte durante años de su comisión ejecutiva, que aprobaba los avales superiores a 500.000 euros y los vinculados con consejeros o socios protectores –además de la Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal CEIM, posteriormente también Banco Santander y Caixabank–, rechazó una y otra vez que tuviera conocimiento de ninguna operación concreta. En varias ocasiones, aseguró que no recordaba los nombres de los responsables de algunos departamentos por los que le preguntaron los diputados.

La expresidenta de Avalmadrid rechazó también que el consejo de gobierno de la Comunidad le hubiera dado ningún tipo de indicación sobre la concesión de avales. O de cartas, como la que el entonces consejero de Economía, Antonio Beteta, mandó a Juan Manuel Santos-Suárez, invitándole a tener en cuenta los muchos empleos que el Grupo Marsans creaba en la región, a la hora de discutir en un próximo consejo de administración el aval que le había solicitado la empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Pese a la mala situación económica en que se encontraba Marsans, Avalmadrid le concedió avales por un importe total de 3,3 millones de euros. Cuatro meses después, el grupo se declaró en concurso de acreedores. Eva Piera reveló que no sabía si Avalmadrid se había personado en ese concurso para intentar cobrar los avales adeudados. “No estaba en la comisión ejecutiva en ese momento”, alegó. Los avales a Marsans son algunos de los que la propia Avalmadrid llevó a la Fiscalía años después, en abril de 2019, tras ser señalados primero en el expediente abierto por el Banco de España y después en un informe realizado por la consultora Forest Partners.

Eva Piera precisó que la comisión ejecutiva aprobaba “prácticamente todos” y “por unanimidad” las propuestas de aval que realizaba el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid. “En ningún caso nos oponíamos a lo que dictaban los analistas, aunque a veces sí pedíamos que se reforzaran las garantías, se concediera un plazo adicional o se modificara algún aspecto de la propuesta”, concedió. Si, después, los avales no se devolvían porque las empresas quebraban, argumentó, se debió sólo a la Gran Recesión, unos años en que los concursos de acreedores eran una constante y la morosidad, por tanto, se cuadriplicó.

El PSOE ha pedido la comparecencia de un total de 187 personas en la comisión que investigará las supuestas irregularidades y trato de favor de Avalmadrid a determinadas empresas, vinculadas con el PP y con miembros de su consejo de administración. Entre ellas se incluye MC Infortécnica SL, participada por los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que esta sociedad semipública otorgó un aval de 400.000 euros cuyo importe no fue devuelto.

Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas relacionadas con el PP o con consejeros de la propia Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

De este total de comparecientes, casi un centenar son miembros de los diferentes consejos de administración de AvalmadridAvalmadrid, así como sus presidentes y principales cargos directivos desde 2007 hasta la actualidad. Otros 56 son consejeros o administradores de las empresas que consiguieron un aval de la sociedad de garantías madrileña pese a los informes en contra de los analistas de riesgos o que mantenían lazos con miembros del órgano de administración de Avalmadrid.

Al igual que Unidas Podemos y Más Madrid, el PSOE ha pedido la presencia en la comisión de los últimos seis presidentes de la Comunidad de Madrid, desde Esperanza Aguirre hasta la actual, Isabel Díaz Ayuso, así como de los seis consejeros de Economía en ese tiempo, incluido el actual, Manuel Giménez, de Ciudadanos. Los anteriores son Ferndando Merry del Val, Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Matías Ossorio y Engracia Hidalgo.

Todos los consejos de administración desde 2007

También figuran en la exhaustiva lista confeccionada por el PSOE todos los presidentes y directores generales de Avalmadrid desde 2007, desde Pablo Abejas y Juan Manuel Santos-Suárez, hasta José María Rotellar, Rosario Rey García y el actual, Isaac Martín Barbero. Igualmente deberían ser llamados a explicar las anomalías de la sociedad de garantías, a juicio de los socialistas, los viceconsejeros de Economía y Empleo, así como los directores generales y secretarios técnicos de esos departamentos que se han sentado en el consejo de administración de Avalmadrid a lo largo de estos años. Entre ellos, Javier Ruiz Santiago, Eva Piera RojoEva Piera Rojo, Rocío Albert López-Ibor, Jesús Valverde Bocanegra y Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, quien fue luego directora adjunta del Gabinete de Presidencia de Mariano Rajoy y ahora trabaja en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, el PSOE quiere que acudan a la Asamblea de Madrid quienes formaron parte de los consejos de administración de Avalmadrid. La Comunidad de Madrid es el principal accionista de la sociedad de garantías, con un 26,1% del capital, seguida de Bankia, con un 25,3%. La Cámara de Comercio de Madrid posee el 4,2%; el Banco Santander cuenta con un 3,1%; Caixabank, un 1,5%, Plus Ultra Seguros Generales, un 0,02%, y la patronal madrileña (CEIM), un 0,018%. Precisamente algunas de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid estaban vinculadas a consejeros de la Cámara de Comercio y la patronal madrileñas. Así, el PSOE pide la comparecencia de Alfonso Carcasona, Jesús Martín Sanz, Juan Pablo Lázaro, Salvador Santos Campano, José Miguel Guerrero Sedano –ahora presidente de Confemetal– y de Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, expresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

Otro bloque de comparecientes lo integran los cuadros directivos de Avalmadrid en los últimos 12 años, incluidos sus actuales gestores. Los responsables de los departamentos de riesgos, morosidad, recuperaciones, auditoría y control internos, finanzas e incluso relaciones institucionales han sido convocados por los socialistas.

Empresas favorecidas

En la nómina de empresarios citados cabe destacar a Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y su hijo Ignacio, al frente del ya desaparecido Grupo Marsans. También Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco y expresidente de la patronal CEIM. Y los dueños y gestores de las empresas que fueron señaladas en los informes del Banco de España y de la consultora Forest Partners –contratada por la propia Avalmadrid para investigar las irregularidades–: Grupo Casbar, Bionostra, Grupo Nupcial Novíssima, Máscara Films –la productora del director Antonio Fernández del Real –, Vipventa, Volupte, Cubenube, Club Social Santo Domingo, Cavali, Ercam Accuore Inversiones y Viajes Dos.

De MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso, el PSOE pide la asistencia de dos de sus administradores: Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría.

Además, ha pedido que comparezca en la comisión Alfonso Ferrón del Río, administrador de Alfedel SL, una promotora imputada en el caso Púnica por una concesión irregular de colegios concertados.

Informes, cobradores de deudas y un director de periódico

Por último, los socialistas quieren que acudan a explicar su trabajo los autores del informe que Forest Partners envió a Avalmadrid y que sirvió a ésta para presentar una denuncia ante la Fiscalía. El ministerio público la archivó al considerar prescritos las irregularidades. Lo mismo solicita de los inspectores del Banco de España que abrieron expediente a la sociedad de garantías madrileña pos su deficiente gestión y control de los avales que concedía, así como del responsable del informe encargado a PriceWaterhouseCoopers para analizar si esas anomalías tenían consecuencias penales.

También solicita el PSOE la asistencia de los responsables de la empresa Racmo Gestión España, encargada ahora de los cobros de deudas para Avalmadrid, que también han emitido sus propios informes. Y de Darío B. Hernández Martínez, quien fue responsable del departamento de Recuperaciones de Avalmadrid además de miembro de su comité de morosidad en 2012, y actualmente figura como director general de Ramco. Igualmente ha sido convocada CobraliaCobralia, la empresa que estaba al cargo del cobro de deudas en la época en que MC Infortécnica SL no devolvió el aval.

El apartado final de comparecencias incluye la del director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, “por declaraciones sobre la situación de Avalmadrid atribuidas a él por la prensa”, según argumenta el PSOE en el documento registrado este martes en la Asamblea. Y de Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, “por su relación con el fondo Inicap”, propiedad de la Comunidad de Madrid, que invertía en empresas de alto riesgo luego avaladas por la sociedad semipública. López Madrid se ha visto salpicado también por los casos de corrupción Púnica, Lezo y las tarjetas black de Caja Madrid.

Más Madrid pide la comparecencia de 79 personas en la comisión que investigará el supuesto trato de favor y las irregularidades cometidas en Avalmadrid, la sociedad semipública que concedió un aval a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero no actuó con la debida diligencia para recuperarlo cuando no le fue devuelto su importe. Entre esas comparecencias se encuentran las de todos los presidentes de la Comunidad de Madrid desde 2003, incluidos Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, así como la propia Díaz Ayuso y su antecesor en el cargo, Ángel Garrido.

También quieren que expliquen su conocimiento de los procedimientos utilizados por Avalmadrid en la concesión, seguimiento y recuperación de avales quienes ocuparon la Consejería de Economía mientras se produjeron las anomalías reveladas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre. La Comunidad madrileña es el accionista con mayor participación en la sociedad de garantías recíprocas, con un 26,1% del capital, por lo que nombra a su presidente y a un vocal del consejo de administración. En el Gobierno de Díaz Ayuso la Consejería de Economía está en manos de Ciudadanos. Más Madrid solicita que comparezcan en la comisión el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, procedente de la formación naranja, y el actual viceconsejero de Economía y presidente de Avalmadrid, Isaac Martín Barbero.

Igualmente deberán explicar sus actuaciones en la concesión de avales, algunos de ellos otorgados a empresas con vinculaciones con el PP o a empresas relacionadas con miembros del consejo de administración de Avalmadrid a una veintena de estos últimos: desde Rocío Albert López-Ibor, actual viceconsejera de Política Educativa, hasta Juan Iranzo –condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid–, Aurelio García de Sola –presidente de Madrid Network, donde trabajó Díaz Ayuso– y José María Guerrero Sedano, presidente de Confemetal, o Juan Pablo Lázaro, expresidente de la patronal madrileña CEIM.

Directivos

Además, Más Madrid pide la presencia en la comisión de los directivos de Avalmadrid que tuvieron responsabilidades en la concesión de estas garantías bajo sospecha, incluida la otorgada a MC Infortécnica SL, la empresa participada por los padres de Ayuso. Así, pretende que se llame a comparecer a los ex directores generales Juan Luis Fernández Rubíes y Jorge Morán Santor, así como al anterior presidente Juan Manuel Santos Suárez. También a los responsables de riesgos, morosidad, auditoría interna y recuperaciones de Avalmadrid cuando se produjeron las irregularidades, así como a algunos miembros de su comité ejecutivo y otros directivos comerciales y jurídicos.

Respecto a MC Infortécnica SL, se solicita la comparecencia de sus administradores, Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría, así como el director financiero del grupo al que pertenecía la empresa, Manuel Pérez Campos.

A esta empresa de suministros médicos, Avalmadrid le concedió un aval de 400.000 euros. La presidenta madrileña admitió, después de que este periódico desvelase el escándalo, que se había interesado por saber “con qué persona había que hablar” para que Avalmadrid avalara a la empresa de su familia, “si se daban las condiciones”. Esas gestiones se produjeron antes de que, en febrero de 2011, el Comité Directivo de Avalmadrid aprobase la operación. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro del préstamo, que estaba avalado por los ocho accionistas de la empresa. Pese a que en dos reuniones del Comité de Morosidad de Avalmadrid celebradas en 2012 se decidió actuar contra los bienes de los avalistas, ese acuerdo jamás fue ejecutado. No sólo eso, sino que la entidad controlada por la Comunidad de Madrid permitió que los dueños de MC Infortécnica SL se deshicieran de todos sus bienes, en operaciones típicas de un alzamiento de bienes. La presidenta madrileña fue una de las beneficiadas, al apropiarse de un piso en el centro de Madrid, que le donaron sus padres para evitar que terminase respondiendo de la deuda de Avalmadrid.

Empresarios 

Entre los empresarios presuntamente favorecidos por Avalmadrid Más Madrid intenta que acudan a dar explicaciones Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y dueño del Grupo Marsans, así como los representantes de Máscara Films y del Club Social Santo Domingo. Y la exdirectora de Comunicación de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego. Les deberían acompañar también los representantes de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, que además de ser consejeros de Avalmadrid vieron cómo las empresas de algunos de sus miembros recibían avales. Más Madrid ha pedido igualmente la asistencia a la comisión del resto de los accionistas de la sociedad de garantías, como el Banco Santander o Bankia.

Finalmente, Más Madrid pretende que acudan a la comisión de investigación los autores de los informes que revelaron las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, desde el Banco de España hasta las consultoras Forest Partners y PriceWaterhouse Coopers.

Los principales nombres

1. Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid, con responsabilidades políticas dentro del PP desde 2012.

2. Esperanza Aguirre. Presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2012.

3. Ignacio González González. Presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015.

4. Cristina Cifuentes. Presidenta de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018.

5. Ángel Garrido García, presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta el final del periodo que será investigado por la comisión.

6. Pedro Rollán Ojea. Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid entre abril y agosto de 2019.

7. Ignacio Aguado Crespo. Actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Miembro de la ejecutiva de Ciudadanos.

8. Consejeros de Economía entre 2007 y 2018: Enrique Ossorio Crespo, Percival Manglano, Fernando Merry del Val, Antonio Beteta Barreda.

9. Tres exviceconsejeros y presidentes de Avalmadrid: Eva Piera Rojo, que facilitó a Díaz Ayuso un contacto en la sociedad de garantías, José María Rotellar, exviceconsejero de Hacienda entre 2011 y 2014, e Isaac Martín, actual presidente. También está en la lista de comparecientes la expresidenta Rosario Rey García, que encargó un informe a Forest Partners para denunciar ante la Fiscalía las irregularidades reveladas en el documento. Y Juan Manuel Santos Suárez, presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, cuando se produjo el grueso de las irregularidades reveladas por los informes del Banco de España y Forest Partners.

10. Juan Luis Fernández Rubíes: director general de Avalmadrid hasta 2016 y miembro del comité de morosidad en 2012, cuando se concedió a MC Infortécnica SL el aval que no se recuperó.

11. Isabel Parga Raventós. Directora del Departamento de Riesgo y Recuperaciones de Avalmadrid.

12. Fernando de la Fuente Gómez. Director financiero y de administración de Avalmadrid, así como presidente el Comité de Recuperaciones.

13. Jaime Echevarría Rey. Miembro del Comité de Morosidad de Avalmadrid en noviembre de 2012 y responsables de Recuperaciones.

14. Darío Hernández Martínez. Director del departamento de Recuperaciones y miembro del Comité de Morosidad en 2012. Actualmente, director general de Racmo, empresa de cobro de deudas contratada por Avalmadrid.

15. Christian de la Torre González. Analista de riesgos de Avalmarid.

16. Los responsables de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos que emitieron el informe sobre actividades de recuperación del expediente de MC Infortécnica el 30 de julio de 2019.

17. Borja Cubillo Santamaría. Director comercial de Avalmadrid.

18. Sandra Coego Benavides. Empleada del departamento comercial de Avalmadrid que intervino en la concesión, seguimiento y recuperación del aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso.

19. José Luis Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría. Administradores de MC Infortécnica SL.

20. Manuel Pérez Campos, director financiero de Grupo MC, al que pertenecía MC Infortécnica SL.

21. Gerardo Díaz Ferrán. Expresidente de la CEOE y dueño del Grupo Marsans, una de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid en la concesión de garantías.

22. Isabel Gallego Navarrete. Ex directora general de Comunicación de Esperanza Aguirre cuando ésta presidía la Comunidad de Madrid. Avalmadrid le vendió un piso a su padre por 30.000 euros cuando su valor de mercado era de 82.000.

23. Pedro Rodríguez Martín. Esposo de Isabel Gallego y presidente del comité de empresa de Avalmadrid.

24. Más Madrid solicita la comparecencia del responsable de la División de Expedientes Sancionadores y Colaboración con Órganos Judiciales del Banco de España. Así como de Miguel Graell Funes, del departamento de Inspección de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Y de Daniel Pérez García, instructor adjunto del Banco de España del expediente disciplinario abierto a Avalmadrid.

De hecho, según datos oficiales obtenidos por infoLibre de documentos registrales de las propias empresas, así como de anuncios y edictos publicados por la Seguridad Social, al menos 13 de las empresas citadas en ambos informes mantienen aún a día de hoy una deuda total de cuatro millones de euros por impago de cotizaciones sociales.

A continuación se detallan las empresas morosas y su deuda con la Seguridad Social:

1. Casbar Tecnología Industría: 1,3 millones

El mayor moroso es Casbar Tecnología Industrial, que debe más de 1,3 millones de euros. Se trata de una empresa de fabricación de muebles metálicos a la que se otorgaron siete avales por importe de 7,94 millones de euros entre 2008 y 2012. Su presidente y consejero delegado, además de propietario del 22,5% de las acciones, era José Miguel Guerrero Sedano, quien ocupó el cargo de consejero de Avalmadrid entre 2004 y 2013 como representante de la Cámara de Comercio de Madrid, uno de los socios protectores de la sociedad de garantías.

Según el informe de Forest Partners, la reestructuración de la operación que aprobó Avalmadrid cuando Casbar empezó a tener problemas para devolver el aval no sólo aumentó el importe de la garantía –una decisión “sin sentido”, apunta–, sino que además dividió la responsabilidad entre sus cinco avalistas, que consiguieron así reducir su riesgo al perder el carácter solidario que compartían hasta ese momento. Esta circunstancia, destacan los analistas, favorecía a los avalistas, entre ellos a Guerrero Sedano. A 31 de diciembre de 2018, la deuda que Casbar mantenía con Avalmadrid ascendía a 764.000 euros.

2 y 3. Rural Tour Viajes y Trapsa: 660.000 euros

Le sigue el Grupo Marsans, dos de cuyas empresas, Rural Tours Viajes SA y Trapsa, adeudan a la Seguridad Social más de 660.000 euros. El grupo fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien entre 2002 y 2007 había presidido también CEIM, la patronal madrileña, a su vez miembro de CEOE. CEIM es otro de los socios protectores de Avalmadrid, que concedió seis avales a Rural Tours Viajes SA y dos a Trapsa por un importe total de 3,39 millones de euros en 2010. El accionista al 100% de las dos empresas es Viajes Marsans, que entró en concurso de acreedores sólo cuatro meses después de recibir los avales sus dos filiales. Éstos fueron aprobados por la comisión ejecutiva de Avalmadrid pese a que el analista de riesgos había desaconsejado las operaciones tras advertir de la “muy mala situación patrimonial” del Grupo Marsans y de los “fuertes riesgos” que suponían para la sociedad de garantías.

“Cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente”, concluye la consultora. En aquel momento, tres de los miembros del consejo de administración de la sociedad de garantías madrileña ocupaban cargos en CEIM: Jesús Martín Sanz, vicepresidente de la patronal; Sol Olábarri Cervantes, directora del Departamento de Asuntos Económicos, y Juan Pablo Lázaro, también vicepresidente de CEIM.

Además, Avalmadrid recibió dos cartas en enero de 2010, apenas unas semanas antes de que se formalizara la concesión de los avales, firmadas por el entonces presidente de CEIM, Arturo Fernández, y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta. Con una redacción “casi idéntica”, resalta Forest Partners, las cartas de Fernández y Beteta pedían a los responsables de Avalmadrid que tuvieran en consideración “en la próxima sesión ordinaria” donde se iban a analizar los avales para las empresas de Díaz Ferrán, las 4.000 personas a las que Marsans proporcionaba trabajo en Madrid, “lo que da idea de la importancia del empleo que genera la actividad del grupo en el mercado laboral madrileño”.

Como ni Rural Tours ni Trapsa pudieron devolver las garantías, fueron ejecutadas. En junio de 2013 el grupo quedó liquidado, dejando a deber a Avalmadrid un total de 2,72 millones de euros.

4. Isolux Corsan: 582.000 euros

También otra empresa con graves problemas financieros, Isolux Corsán, solicitó un aval a la sociedad de garantías madrileña. Lo hizo en 2011 y por importe de 412.608 euros, de los que no devuelto ni un euro. Entró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2017.

En su caso Forest Partners sólo aprecia un “incumplimiento”: su “tardía” calificación como dudoso subjetivo. Isolux debe a la Seguridad Social 582.000 euros.

5. Grupo Cercal de Alimentación: 425.000 euros

El Grupo Cercal de Alimentación, que se dedicaba a proveer a supermercados de masa congelada para pan y dulces, debe a la Seguridad Social 425.000 euros. Consiguió de Avalmadrid 2,3 millones de euros en seis avales financieros en 2009 y 2010. Su nombre aparece tanto en el informe de Forest Partners como en el del Banco de España. El primero determina que no se le debieron conceder los avales porque los tres años anteriores había incurrido en graves pérdidas, un total de 4,2 millones de euros desde 2006. En 2011 entró en concurso de acreedores.

Ha dejado a deber a Avalmadrid casi un millón de euros. Según el Banco de España, en el caso de Grupo Cercal, la sociedad de garantías madrileña no efectuó la revisión de riesgos en el plazo establecido, sus informes de seguimiento eran deficientes, no recogían información fundamental para determinar cuál era la capacidad de pago de la empresa, y cuando ésta no pagó, no aportaban información sobre las posibilidades de ejecutar las garantías.

6. Grupo Nupcial Novissima: 405.000 euros

Grupo Nupcial Novíssima SL debe 405.000 euros a la Seguridad Social. Le fueron concedidos cuatro avales financieros por valor de 1,7 millones de euros entre 1998 y 2008. Entró en concurso de acreedores en 2010 y adeuda a Avalmadrid 1,38 millones de euros.

Es otra de las empresas que estaban vinculadas a los gestores de la sociedad de garantías. En concreto, Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño, además de consejero de Avalmadrid, era director general de Capital Riesgo Madrid (CRM)Capital Riesgo Madrid (CRM), una sociedad de capital riesgo participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de la sociedad de garantía recíproca madrileña. CRM había adquirido el 20% del capital de Grupo Nupcial Novíssima SL. Para los analistas de Forest Partners, se trata de un conflicto de interés claro. Sobre todo, teniendo en cuenta que los avales no debieron concederse debido a la delicada situación financiera de la empresa y a la presentación de unos planes de negocio que el informe no duda en calificar de “poco creíbles”.

7. Grupo Bionostra: 190.000 euros

Grupo Bionostra SL mantiene una deuda con la Seguridad Social de 190.000 euros. Avalmadrid aprobó 18 operaciones para diferentes empresas del grupo, un total de 4,39 millones de euros entre 2008 y 2010. De esa cantidad, nunca recuperará 2,86 millones. Dedicada a vender sistemas de control y seguridad alimentaria, también contaba entre sus socios con la sociedad de Capital Riesgo de Madrid.

Además, apunta Forest Partners, Imade y la Comunidad de Madrid le “concedían subvenciones de forma continuada”. Así, Pedro Olabarría ocupó diferentes cargos en Bionostra, al igual que Alfonso Carcasona García –al tiempo consejero de Avalmadrid–. Además, en aquellos años, la Comunidad de Madrid participaba en la sociedad de garantías a través de Imade. Como en otras operaciones, en el caso de Bionostra, los avales fueron aprobados en contra de los informes de los analistas de riesgos, que destacaban las fuertes pérdidas del grupo y la falta de apoyo financiero. El Banco de España también incluye a Bionostra y a Grupo Nupcial Novíssima entre las operaciones con informes llenos de deficiencias.

8. Clalu Restauración: 109.000 euros

La deuda de Clalu Restauración SL con la Seguridad Social asciende a casi 109.000 euros. Le fueron otorgados tres avales entre 2008 y 2009 por importe de 1,21 millones de euros, de los cuales Avalmadrid nunca recuperará 862.092 euros. Según el Banco de España, ni se revisaron los riesgos en el plazo legal ni sus informes contenían la información necesaria para determinar si la empresa podía devolver el dinero o se le podían ejecutar las garantías.

9. Gold Bridge: 96.000 euros

En el caso de Gold Bridge SL, una empresa de alquiler de coches de gama alta a directivos, la Seguridad Social le reclama 96.000 euros. Avalmadrid le concedió tres avales por un total de 1,02 millones de euros entre 2009 y 2012. Forest Partners asegura que no se debieron aprobar las operaciones puesto que o no presentó un plan de negocio o los que proporcionó después no estaban suficientemente contrastados. Gold Bridge SL se declaró en concurso en 2014.

Debe a Avalmadrid 510.433 euros que no podrá cobrar. El informe apunta a la posible comisión de “actuaciones fraudulentas” por parte de la empresa: denunció a la Policía la desaparición de algunos de sus vehículos de lujo y una de sus naves sufrió un incendio que destruyó parte de los automóviles que poseía. “Demasiados eventos desafortunados”, sospechan los analistas.

10. Afianza Telecomunicaciones: 60.000 euros

Afianza Telecomunicaciones SL recibió un aval de 2,5 millones de euros en 2008, de los cuales aún adeuda 2,07 millones. A la Seguridad Social, además, le debe 60.000 euros.

El Banco de España la señala como una de las empresas a las que Avalmadrid no revisó el riesgo cada seis meses, como es su obligación con todos los avales que superan el millón de euros.

11. Accuore Inversiones: 34.000 euros

Accuore Inversiones SL debe 34.000 euros a la Seguridad Social. Recibió dos avales por un total de 600.000 euros en 2014 y 2015. No ha devuelto 294.000 euros. Uno de sus accionistas era Fernando Rodríguez Sousa, al mismo tiempo consejero de Avalmadrid en representación de la patronal CEIM.

Forest Partners indica que la operación carecía de reaval y que nunca se verificó el patrimonio personal de los avalistas solidarios.

12. The Tie Gallery: 27.000 euros

The Tie Gallery SL, una cadena de corbatas y complementos, recibió un aval de 100.000 euros en 2009. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo era su administrador único y propietario del 33% del capital. Otro 5% pertenecía a un hermano suyo. Rodríguez-Carmona presidía además la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y ejercía como vicepresidente de la patronal madrileña CEIM. No ha devuelto 35.000 euros tras entrar en concurso de acreedores en octubre de 2012. A la Seguridad Social le debe 27.000 euros.

Mención aparte del conflicto de intereses, el aval se aprobó pese a que la empresa llevaba tres años consecutivos en pérdidas, el plan de negocios presentado carecía de sustento y faltaba la firma de un segundo avalista que se le había requerido a la empresa.

13. Vipventa: 12.000 euros

Igualmente Vipventa SL, un outlet por internet de marcas de lujo, tenía un conflicto de interés por la presencia en su accionariado de una sociedad de capital riesgo, Inicap, donde participaba la Cámara de Comercio de Madrid, socio protector de Avalmadrid. Y Alfonso Carcasona García era consejero de la sociedad de garantías y de Möbis Corporate Venture Capital, la gestora de Inicap. A Vipventa se le concedieron tres avales financieros por valor de 1,55 millones de euros en 2008 y 2009, de los que adeuda 529.760 euros.

Según Forest Partners, se trata de operaciones de alto riesgo puesto que Vipventa sólo había generado pérdidas desde su creación. De hecho, se declaró en concurso de acreedores en junio de 2012 y fue liquidada en mayo de 2014. “El simple análisis de la situación financiera de Vipventa desaconsejaría la concesión de los avales”, concluye el informe. El tercero, en concreto, se aprobó sólo seis meses antes de que la empresa entrara en concurso. Debe a la Seguridad Social 12.000 euros.

En total, la negligente concesión y gestión del riesgo de estas 13 empresas le ha costado a Avalmadrid la pérdida de 13,42 millones de euros.

Avalmadrid, en el disparadero desde que se han conocido sus sopechosos tratos de favor a la hora de conceder avales y no cobrar los que no se devuelven, es una de las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que existen en España desde 1978. Fue entonces cuando se creó un sistema que proporciona acceso a la financiación a pymes y autónomos, los que más dificultades tienen para conseguir crédito: ha otorgado un total de 31.969 millones de euros en los últimos 40 años.

Avalmadrid nació con ese nombre en 1985, pero desde tres años antes existía como Assaf. Tiene una plantilla de 60 trabajadores y la consideración de entidad financiera, por lo que está sometida al control e inspección del Banco de España. Y es una sociedad semipública sin ánimo de lucro, donde la Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital. Lo mismo ocurre en el resto de las 17 sociedades de garantía españolas –también hay una sectorial, CREA, que avala sólo a empresas audiovisuales–, donde cada administración autonómica cuenta con una participación.

En Avalmadrid, además, Bankia, banco público por el 61,7% que posee el FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Entró en la sociedad de garantías madrileña en 1991, cuando aún era Caja Madrid. Hasta 2014 no se convirtieron en socios Banco Santander y Caixabank; Banco Popular –integrado en el Santander desde 2017– llegó en 2015. También son socios fundadores la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM.

Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento. Desde esta semana la preside Isaac MartínIsaac Martín, viceconsejero de Economía y Competitividad, y su director general es Rodrigo Tilve, también director general de Economía. La consejería es una de las carteras del Gobierno madrileño a cargo de Ciudadanos, que ha situado a su cabeza a un independiente, Manuel Giménez.

Casi 11.000 pymes y autónomos son socios

Todos los citados son socios protectores de Avalmadrid, que reúnen el 60,5% del capital. Pero cuatro quintas partes de sus accionistas deben ser pequeñas y medianas empresas, por lo que el 39,5% restante corresponde a los socios partícipes, todas las pymes y autónomos que obtienen un aval. Para conseguirlo deben adquirir acciones de la sociedad en proporción a la cuantía de la garantía otorgada. Que son reembolsables cuando cancelan el aval. Por eso su número es variable, al igual que el capital que representan en el total de la sociedad. A 31 de diciembre de 2018, Avalmadrid cuenta con 10.903 socios partícipes.

Cualquier pyme o autónomo puede acudir a la sociedad de garantías madrileña para que le avale ante la entidad financiera a la que ha pedido un préstamo. Además de la cuota de capital, deberá pagar dos comisiones: una calculada según el riesgo de la operación y otra anual que equivale a un porcentaje del principal pendiente de amortizar.

A cambio, puede pedir dos tipos de avales: técnicos y financieros. Los primeros son los que exigen las administraciones para conseguir subvenciones o participar en concursos públicos. Los segundos, los necesarios para solicitar créditos a los bancos. Según las cifras de Cesgar, la patronal de las sociedades de garantía españolas, de los casi 3,6 millones de empresas con menos de 250 trabajadores que existen en España, el 36,5% necesitó acudir a un banco en busca de crédito el año pasado y, de éstas, la mitad necesitó un aval.

De hecho, el principal problema que exponen las pymes para obtener financiación es precisamente la falta de las garantías que les piden los bancos, según los informes de Cesgar, incluso por delante del precio del dinero. Por regla general, las pequeñas empresas necesitan solicitar un crédito sobre todo para financiar el circulante, por el desajuste temporal entre ingresos y pagos.

Entre la Fiscalía y el Banco de España

En 2018 Avalmadrid concedió 1.672 avales, 944 financieros y 728 técnicos. El importe medio de los primeros fue de 58.000 euros. Una cuantía que no ha dejado de caer desde los 132.000 euros de media aprobados en 2011.

A MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Avalmadrid le proporcionó un aval que triplicaba la cuantía media de los que aprobó en 2011, 400.000 euros. Bajo escrutinio está si esta firma de suministros médicos se benefició de un trato de favor por la intervención de Díaz Ayuso, entonces parte del equipo de Esperanza Aguirre, su antecesora en el cargo.

También está en el foco del Banco de España la concesión de avales a empresas que tenían vinculaciones con miembros del consejo de administración. El organismo supervisor inspeccionó y abrió expediente a la sociedad de garantías madrileña por las numerosas irregularidades que descubrió en 167 operaciones. Y la propia Avalmadrid remitió a la Fiscalía el pasado mayo un informe donde señalaba a exconsejeros y exdirectivos como responsables de toda una serie de operaciones aprobadas de forma “discrecional” y pese a su “falta de lógica económica”, que además “causaron un perjuicio” a la entidad. El ministerio público archivó la denuncia por considerar prescritos los hechos, pero tendrá que volver a analizar éstos y otros avales, entre ellos el de los padres de Díaz Ayuso, después de que Más Madrid haya presentado este mismo miércoles otra denuncia donde se acusa a la presidenta madrileña de alzamiento de bienes, tráfico de influencias y trato de favor, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal.

Bankia, la entidad que más operaciones firma con Avalmadrid

Las SGR permiten a las empresas y autónomos conseguir condiciones ventajosas, tanto en interés como en plazos, a la hora de firmar con los bancos. Gracias a que mantienen convenios de colaboración con estas entidades financieras. Avalmadrid los ha suscrito con los que son sus socios protectores –Bankia, Santander, Caixabank–, pero también con Sabadell, Deutsche Banki, BBVA, y varias cajas –rurales de Soria, Albacete y Jaén– e incluso bancos extranjeros como el ecuatoriano Pichincha o el holandés Triodos.

La entidad con el mayor volumen de riesgo garantizado por Avalmadrid es la propia Bankia, con 99,348 millones de euros y 190 avales, según se recoge en la última memoria anual de la sociedad de garantías. Caixabank le sigue con casi una tercera parte, 33,86 millones y 182 operaciones, así como Banco Sabadell, con una cantidad parecida, 36,86 millones de euros y 108 avales. Pero si se suman los volúmenes de Santander y Popular, ambos cuentan con 44,85 millones en avales.

Para los bancos, contar con la garantía de una sociedad como Avalmadrid les supone un doble negocio.

Por un lado, reducen el riesgo de las operaciones porque saben que tienen cubierto cualquier impago. No sólo por la sociedad de garantía recíproca, sino también por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, y por la Comunidad de Madrid, que a su vez respaldan las operaciones de Avalmadrid. Por otro, los préstamos avalados por las SGR ponderan al 20% a efectos del coeficiente de solvencia, por lo que consumen menos recursos propios bancarios. De ahí que las entidades puedan ofrecer tipos más bajos y plazos más largos.

Además, es la sociedad de garantías la que efectúa todo el seguimiento de la operación. Se trata de un proceso largo, puesto que los avales se conceden con plazos que van desde tres años para un crédito hasta 15 años si son préstamos hipotecarios.

Aunque, como se ha visto en el caso de MC Infortécnica SL, hayan quedado patentes los fallos de esos controles. De hecho, nunca se recuperaron lo 400.000 euros del aval: en siete años Avalmadrid no actuó para embargar a los socios de la empresa los inmuebles que habían puesto en garantía para la operación. En ese tiempo, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica, incluidos los padres de Díaz Ayuso, los donaron a sus hijos o transmitieron a terceroslos donaron a sus hijos o transmitieron a terceros, lo que el Código Penal considera un delito de alzamiento de bienes.

Marsans y Cantoblanco

Tampoco fueron diligentes los gestores de Avalmadrid con el seguimiento y control de riesgos en los 167 avales investigados por el Banco de España, que pide sanciones por un total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia SGR y la Consejería de Economía. La decisión definitiva del supervisor se conocerá antes de que acabe este año.

El caso es que la ratio de morosidadratio de Avalmadrid no ha hecho más que aumentar desde 2012, cuando era sólo del 4,32%, hasta 2018, cuando alcanza el 11,62%. Casi la ha triplicado. De los 352,11 millones de euros que la sociedad de garantías madrileña mantiene en avales otorgados en vigor, 46,35 millones son considerados dudosos.

Según el informe del Banco de España, las irregularidades se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018. Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el supervisor, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”.

En otros avales, los informes de seguimiento sólo mencionaban el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aportaba información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en algunas operaciones la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

Cambios en la política de riesgos

Todas estas irregularidades se sucedieron pese a que el Banco de España requirió a Avalmadrid en 2012 que mejorara su política de seguimiento de riesgos. No le hizo caso hasta 2014. Y hubo que esperar hasta septiembre de 2018 para que la SGR madrileña creara el cargo de director de Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo y eligiera a Rodolfo Felipe Gómez para el puesto, además de nombrar una directora de Seguimiento y Recuperaciones, Asunción Martín Gómez.

En octubre de 2018, cuatro meses después de que el Banco de España abriera el expediente a Avalmadrid, el consejo de administración aprobó una nueva política de operaciones vinculadas que “refuerza y amplía el alcance” de las operaciones que no puede aceptar la SGR, además de endurecer los requisitos para conceder avales a empresas relacionadas con la cúpula de la sociedad, asegura la memoria anual.

Según ese informe, Avalmadrid ha concedido a empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración un total de 25 avales, por importe de 3,64 millones de euros. La empresa subraya que todas estas operaciones cumplen el Código Ético de la entidad, del que carecía hasta 2016. Esa cifra es la más alta desde 2011, cuando fueron 11 los avales otorgados a firmas relacionadas con la cúpula de Avalmadrid.

La Mesa de la Asamblea de Madrid debe decidir este lunes si admite la propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión que investigue las irregularidades de Avalmadrid, en el centro de la controversia por las vinculaciones de las empresas a las que avalaba con consejeros y directivos de la sociedad de garantías, así como por el trato de favor dispensado, entre otras, a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos y Vox ya han anunciado que apoyan la creación de la comisión, pero el PP la descarta con el argumento de que Avalmadrid es una empresa privada y, como sociedad de garantía privada, ya está sometida a la supervisión del Banco de España. Queda fuera, por tanto, del ámbito de control de la Asamblea madrileña. El informe que los letrados de la cámara regional acaban de enviar a la Mesa desmonta ese razonamiento, al determinar que la supervisión administrativa del Banco de España no excluye la parlamentaria y que ésta se centra, precisamente, en la actuación del Gobierno o en la información que el Ejecutivo tiene gracias a su participación en los órganos de dirección de esta sociedad.

Además, son numerosas las comisiones de investigación abiertas, tanto en el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos, desde 1977. Y muchas de ellas se ocuparon de empresas privadas y semipúblicas, como es el caso de Avalmadrid, cuyo 26,1% pertenece a la Comunidad madrileña. Otro 25,4% del capital lo aporta Bankia, que a su vez es propiedad del Estado –a través del FROB– en un 61%. El presidente de Avalmadrid lo nombra el Gobierno regional, y en su consejo de administración se sientan también otros dos altos cargos de la Comunidad: el viceconsejero de Economía y el secretario general técnico de esa consejería.

  RUMASA

El Congreso de los Diputados, ya en la segunda legislatura, examinó la evolución del grupo Rumasa desde que se creó, en 1961, hasta que fue expropiada por el Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983. Todos los grupos, menos el Mixto, apoyaban la investigación, que se abrió sólo tres meses después de la expropiación y se prolongó hasta abril de 1985, un año más de lo previsto. El dictamen final, que contó con los votos particulares de Alianza Popular y UCD, culpó a los gobiernos anteriores a 1977 del crecimiento irregular de Rumasa así como de sus “desastrosas repercusiones, sociales y económicas”. También consideró la expropiación como la única “solución eficaz”. El grupo comandado por José María Ruiz-Mateos llegó a tener más de 700 empresas, incluidos 17 bancos, y a contar con una plantilla de 60.000 trabajadores. Pero en el momento de ser expropiado sufría un déficit patrimonial que Arthur Andersen cifró en 1.558 millones de euros. Debía 64,7 millones a la Seguridad Social y 116 millones más a Hacienda.

Como suele ser habitual con las investigaciones parlamentarias, también hubo una actuación judicial. Y en este caso fue múltiple: la Fiscalía demandó a Ruiz-Mateos, que fue detenido en abril de 1985 en Fráncfort y extraditado. Fue juzgado por falsedad documental y contable en la Audiencia Nacional pero absuelto en 1997, pese a quedar probado que falseó la contabilidad, porque cuando lo hizo el Código Penal no lo consideraba un delito. Pero tanto el Supremo como el Constitucional fallaron en contra de Ruiz-Mateos y confirmaron la legalidad de la expropiación.

En 1986, en cambio, el Congreso rechazó crear una segunda comisión para investigar la gestión que hizo el Gobierno de la Rumasa expropiada y su posterior privatización. Alianza Popular promovió la iniciativa, que fue apoyada por el PDP, IU, CDS y el Grupo Mixto, pero contó con el rechazo del PSOE, entonces en el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara Baja.

  GESCARTERA

En septiembre de 2001 se constituyó otra comisión que investigó a una empresa privada: la agencia de valores Gescartera. Ese verano había sido intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había descubierto un agujero patrimonial de 100 millones de euros. Perdieron su dinero la mitad de los clientes, unas 2.000 personas. El fraude se convirtió en un escándalo político cuando se hizo público que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del secretario de Estado de Hacienda y que la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, había mantenido reuniones con los dueños de la sociedad de valores a petición suya. Enrique Giménez-Reina tuvo que dimitir, al igual que Valiente. Además, el vicepresidente de la CNMV –y exdiputado del PP– Luis Ramallo, había recibido regalos del principal accionista de la agencia, Antonio Camacho, por valor de 12.000 euros. Gescartera había sido investigada desde 1993 en varias ocasiones por la CNMV, pero nunca actuó contra ella.

En noviembre de 2001, el Congreso aprobó el dictamen de la comisión, que eximía al Gobierno de responsabilidades políticas. Sólo la apoyaron, además del PP, CiU y Coalición Canaria. Mientras, el frente judicial se prolongó hasta marzo de 2008, cuando la Audiencia Nacional condenó a 52 años en total a las ocho personas acusadas.

También en los parlamentos autonómicos se han sucedido las comisiones de investigación desde 1977 hasta ahora. Bajo la lupa se pusieron tanto empresas privadas como semipúblicas. Por recibir subvenciones –las primeras– o por la participación de los gobiernos autonómicos en su gestión –las segundas–. Sin olvidar las cajas de ahorros, entidades privadas pero con dependencia orgánica de las administraciones territoriales.

  SPANAIR

Así, el Parlamento catalán investigó en 2014 la quiebra de Spanair, una de las empresas del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ocurrida dos años antes. Fue solicitada por todos los grupos políticos, que querían saber qué había ocurrido con los 185 millones de euros que habían inyectado la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para apoyar la compra de la aerolínea por parte un grupo de inversores catalanes. Sin embargo, entró en concurso con un pasivo de 474 millones de euros.

En julio de 2015, la comisión eximió de responsabilidad política a las instituciones, con los votos de CiU, PSC y ERC, la abstención de ICV y el rechazo de PP y Ciudadanos. Si éstas apoyaron con dinero público la operación fue porque consideraron que el proyecto era “viable”, aseguraba el dictamen. La Audiencia Nacional terminó exonerando a la cúpula de la empresa, que había sido condenada en primera instancia a pagar 10,8 millones de euros, al igual que la sociedad de la Generalitat Avançsa, que ejercía de administradora de la empresa, Fira de Barcelona e Inversions Turistiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, un consorcio municipal.

  PROYECTO CASTOR

Tampoco ha tenido problema el Parlament para investigar el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas que una empresa del grupo ACS, Escal UGS, perforaba frente a la desembocadura del Ebro en Tarragona. El proyecto tuvo que ser clausurado cuando empezó a detectarse una fuerte actividad sísmica en la zona. El Estado, que había asegurado el riesgo geológico de la obra, terminó pagando 1.350 millones a la empresa, propiedad de Florentino Pérez. La comisión se creó con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara. Aún no ha terminado sus trabajos.

  EPSILON E HIRIKO

En otros casos, los parlamentos autonómicos han investigado a empresas privadas por sus relaciones con las administraciones públicas. Por ejemplo, el Parlamento vasco analizó en 2015 las ayudas concedidas por el Gobierno de esa comunidad autónoma a los proyectos Epsilon –60 millones de euros en 2007– e Hiriko –15 millones en 2009–, que resultaron fracasados. La comisión halló responsabilidades políticas en miembros tanto del Consejo de Promoción Económica como del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y de SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial.

  MUSEOS GUGGENHEIM Y BALENCIAGA

En la comisión que se abrió en 2008 sobre el Museo Guggenheim, se trataba de dilucidar responsabilidades políticas por las “irregularidades financieras, ausencia de control administrativo y anomalías” descubiertas en las dos sociedades públicas del museo: la Sociedad Tenedora, encargada de comprar obras de arte, y la Sociedad Inmobiliaria, dueña del solar y del edificio. El 50% de la Sociedad Tenedora es propiedad del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, pero sus cuentas no estaban integradas en los presupuestos de ninguna de estas instituciones ni sujetas a control público. La oposición las tachaba de opacas.

El detonante de la investigación fue el desfalco de más de medio millón de euros entre 1998 y 2005 cometido por el director de Finanzas del Museo, Roberto Cearsolo. Pero también se sometió a escrutinio una operación de compra de dólares –destinados a la adquisición de obras de arte–, donde la Sociedad Tenedora perdió más de seis millones de euros, de los 17,3 millones que habían aportado el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

El dictamen de la comisión culpó al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, por su “falta de capacidad profesional” para controlar a sus subordinados, tutelar los bienes de la institución y gestionarla. Pero sobre todo reprochó a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, su “falta de celo” en el control al director del museo y que hubiera “relajado su atención” sobre el manejo de recursos públicos. Azkarate presidía los consejos de administración de las dos sociedades antes citadas.

Casi al mismo tiempo, el Parlamento vasco indagaba en las irregularidades detectadas en otro museo, el Balenciaga, en esos momentos aún en fase de proyecto. En el patronato de la fundación que lo promovía se sientan el Ayuntamiento de Getaria (Guipúzcoa) y el Ministerio de Cultura, así como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, en 2005 las cuatro instituciones constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar para impulsar la construcción del museo dedicado al diseñador.

La comisión atribuyó responsabilidades políticas a los miembros del consejo de administración de Berroeta Aldamar por su “dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos, falta de celo en su función de control de sus gestores y por avalar actuaciones de su gestor máximo con resultados contrarios al interés de la sociedad”. También culpó a la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco de una “insuficiente actuación en la supervisión e inventario”.

  GRUPO HISPANO TEXTIL

En Castilla y León fue el grupo Hispano Textil el que tuvo que someterse a escrutinio de su parlamento por una subvención de 3,61 millones de euros que la Junta le había concedido en 1992. Más otros 1,6 millones en incentivos regionales. De dos millones se desconoce aún cuál ha sido su paradero. La empresa de Béjar (Salamanca) cerró en 1983, dejando a 350 trabajadores en la calle. La comisión parlamentaria concluyó eximiendo de responsabilidades políticas al Gobierno del PP, pese a que durante las investigaciones se habían aportado documentos que revelaban fraude en la contabilidad, con indicios de caja B.

  NEW TECHNO

Otra subvención bajo sospecha fueron los 360.000 euros que recibió la empresa New Techno de la Junta de Castilla-La Mancha en 1987. Además, el Ministerio de Industria le concedió otros dos millones. El problema era que la empresa tenía escasa viabilidad. Aun así, la Junta, a través de la Sociedad de Fomento Regional (SFR), se quedó con 600 acciones de la empresa a cambio de la ayuda. Además, New Techno resultó ser la dueña del jaguar que durante años condujo el entonces secretario del Grupo Socialista en el Congreso, el abogado José María Mohedano, quien tuvo que dimitir cuando se hizo pública su relación con la empresa: también actuaba de asesor legal de su dueño, el empresario José Luis Gómez Pinto-Fontán.

  ACOREX

En Extremadura la comisión que investigó la quiebra de Acorex, la mayor cooperativa agrícola de la comunidad autónoma, en 2015 fue un fracaso: el Parlamento autonómico no llegó a aprobar un dictamen conjunto porque cada uno de los cuatro grupos sólo votó a favor del suyo propio y rechazó el del resto. Las indagaciones se centraron en la intervención de la Junta de Extremadura en Acorex, que entró en concurso de acreedores ese año, y en la Caja Rural extremeña. Todos los grupos coincidieron en la existencia de “injerencias políticas” en la empresa y en la caja, para unos por parte del Gobierno del PP y para otros, del PSOE. Podemos pidió la comparecencia de más de 100 personas, pero finalmente no acudieron ni los presidentes Guillermo Fernández Vara (PSOE) ni José Antonio Monago (PP), mientras que la Caja Rural de Extremadura pidió –y consiguió– que las sesiones no fueran públicas. La Junta, a través de la sociedad pública Avante, inyectó 16,9 millones de euros en el grupo cooperativo, de los cuales 10 millones eran préstamos. La Caja Rural debía actuar como “pulmón financiero” de Acorex, que salió del concurso en 2017. Según dijo entonces el PP, la intervención en la caja rural fue para “evitar que desapareciese”, siguiendo el consejo del Banco de España.

  CAJAS DE AHORROS

Un capítulo aparte merece la atención que han prestado los parlamentos autonómicos a las cajas de ahorros de sus respectivos territorios. Las vinculaciones entre estas entidades financieras y los políticos llevan mucho tiempo en el ojo del huracán. En 1988 el Parlamento canario empezó a investigar las cuentas corrientes que los miembros del Gobierno regional y los diputados tenían en las cajas de ahorro de las islas. Quería saber si algunos de ellos se habían beneficiado de créditos concedidos por estas entidades. La comisión se creó a solicitud del CDS, después de que IU lanzara las primeras acusaciones: el presidente canario, Lorenzo Olarte, había pedido un crédito de seis millones de euros a la Caja Insular de Ahorros de Canarias –de la que había sido presidente– para levantar una urbanización en Fuerteventura. En la misma comisión tuvo que comparecer otro presidente canario, el socialista Jerónimo Saavedra, para explicar la concesión de créditos por la misma entidad financiera.

En el Parlamento andaluz todos los grupos aprobaron el dictamen que denunció las múltiples irregularidades financieras y contables cometidas durante años en la Caja Rural de Jaén. Fue en 1983 cuando se destaparon los pufos que llevaron a la intervención de la entidad y los que se cometieron cuando ésta ya era inminente. Entre ellos, el trato de favor recibido por el teniente coronel Antonio Tejero. Ya había sido condenado por el intento de golpe del 23-F cuando pudo rescatar unos 20 millones de pesetas –120.000 euros– invertidos en valores de la Caja Rural de Jaén antes de su vencimiento. Esa cantidad le había sido entregada por la empresa editora del diario ultraderechista El AlcázarEl Alcázar. Cuando la entidad estaba a punto de ser intervenida, Tejero pudo así recuperar su inversión y los intereses, mientras que muchos otros clientes perdieron hasta un 25% de su dinero.

Además, el presidente de la entidad, Domingo Solís Ruiz, había utilizado fondos de una caja B para financiar un partido que había fundado, Acción Social Agraria, también para financiar a la UCD.

Pero es sin duda la crisis que llevó a la desaparición de las cajas de ahorro tras el estallido financiero de 2008 el asunto que más ha acaparado la atención de las cámaras autonómicas en los últimos años. Las de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han dedicado a intentar dirimir responsabilidades. Pero con éxito dispar.

En Castilla y León, la comisión que indagó por los motivos que llevaron a la desaparición de sus seis cajas de ahorro terminó el pasado enero sin conclusiones tras año y medio de trabajo. No salió adelante ninguna propuesta por el empate entre los 42 escaños del PP y los del conjunto de la oposición. Los populares pedía que eximiera de toda responsabilidad a la Junta de Castilla y León, además de culpar de lo ocurrido a la falta de vigilancia del Banco de España. Eso sí, los directivos de las cajas de Segovia, Ávila y Caja EspañaSegoviaÁvilaCaja España han afrontado en los juzgados sus correspondientes procesos.

En la Comunidad Valenciana, la cámara autonómica examinó el desvalijamiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una comisión que se constituyó con el apoyo unánime de los grupos en octubre de 2011 y no concluyó sus trabajos hasta marzo de 2015. Indagó sobre los motivos por los que la cuarta caja de ahorros española terminó siendo intervenida por el Banco de España y desapareció con unas pérdidas de 1.731 millones de euros y una tasa de morosidad del 20%. Lo que no fue óbice para que sus directivos se embolsaran cuantiosas indemnizaciones, los mismos que habían concedido avales a proyectos inviables y habían permitido una sobreexposición de la entidad al ladrillo de 16.000 millones de euros.

En sus conclusiones, la comisión repartió culpas entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por falta de diligencia. Pero también señalaron a los directivos por sussueldos desorbitados y sus pensiones vitalicias, además de acusarles de manipular las cuentas y los balances. También reprocharon a la auditora KPMG por una actuación “complaciente”. Y no faltaron las menciones al trato de favor recibido por algunos empresarios.

La Audiencia Nacional sigue aún juzgando a algunos de los directivos responsables de la estrepitosa caída de la CAM, mientras el Tribunal Supremo acaba de absolver del delito de falsedad contable a su ex director general Roberto López Abad y de reducir las penas a otros dos ejecutivos.

En La Rioja, la comisión que investiga la integración de su caja en Bankia empezó a trabajar en septiembre de 2016. Fue suspendida en junio de 2017. Y aún hoy sigue sin cerrarse.

En Navarra, por el contrario, el dictamen se aprobó el pasado 22 de febrero y determinó que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) podría haber continuado en solitario, en lugar de desaparecer al quedar integrada primero en Banca Cívica, en 2010, y en 2012 en Caixabank. Contó con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, pero con el rechazo de UPN, PSN y PP. La comisión atribuyó el fin de la CAN al cambio de modelo de negocio que impulsó su último director general, Enrique Goñi, así como a una “dejación de funciones de control” por parte de los gobiernos forales de entonces. Además, destaca que la pérdida patrimonial que sufrió la caja navarra, del 80%, fue “muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”.

A comienzos de este año el consejo de administración de Avalmadrid encargó a la firma Forest Partners un informe de análisis forense sobre los mismos 167 avales que había investigado previamente el Banco de España y que sirvieron a éste para abrir un expediente sancionador tanto a la sociedad de garantías madrileña como a 19 de sus consejeros y directivos. En esa inspección, el organismo supervisor encontró irregularidades tanto en la concesión como en el seguimiento de esos avales, también en su recuperación si el avalado no devolvía el préstamo. Sin embargo, el encargo de Avalmadrid a Forest Partners se limitó exclusivamente a la fase de concesión y formalización de los avales, excluyendo por tanto el posterior seguimiento de los expedientes y la recuperación de los impagados.

El análisis de Forest Partners, al que ha tenido acceso infoLibre, obvió igualmente otro aspecto que sí había sido estudiado por el Banco de España y donde también se hallaron deficiencias: si Avalmadrid había cumplido o no los requerimientos que el supervisor le había hecho tras una primera inspección en 2012, cuando le instó a mejorar sus políticas de concentración de riesgos y de seguimiento de los avales. El Banco de España también dictaminó que, cuatro años después, Avalmadrid había incumplido ambos.

El Grupo Socialista ha presentado ya un escrito en la Asamblea de Madrid preguntando por los motivos por los que la sociedad de garantía recíproca madrileña eludió en su contrato con Forest Partners el análisis del seguimiento y la recuperación de los avales. Este periódico ha hecho la misma pregunta a Avalmadrid, sin obtener respuesta alguna.

El Banco de España abrió la inspección en noviembre de 2016, tras detectar gracias a su plan supervisor del año anterior un aumento de 16 millones de euros en fallidos, un 30%, así como un alza de 13 millones de euros en los saldos dudosos, un 56%. En los 167 avales analizados por los inspectores, que fueron concedidos entre 2008 y 2016, los inspectores encontraron deficiencias en las fases de seguimiento y recuperación.

“Avalmadrid no debería haber entrado en esas operaciones”

Por lo que respecta al informe de Forest Partners, y pese a la limitación de su objeto, los analistas desvelaron “incidencias dignas de mención” en 100 de los 167 avales investigados previamente por el Banco de España; como queda dicho, en la fase de concesión y formalización.

Así, Avalmadrid otorgó garantías a proyectos de capital riesgo donde participaban fondos y sociedades gestoras vinculadas a algunos de los socios protectoresvinculadas a algunos de los socios protectores –Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal madrileña CEIM, Banco Santander, Caixabank y Groupama Plus Ultra Seguros–. Las operaciones generaron “importantes pérdidas” por su elevado riesgo y escaso éxito final, apuntan los autores del informe. Según su dictamen, se trata de operaciones en las que la sociedad de garantías “no debería haber entrado” a la luz de un “análisis económico razonado”. Pero se aprobaron pese a la opinión en contra del analista de riesgos. Una sanción que los analistas de Forest Partners atribuyen a “los intereses cruzados de determinadas entidades y profesionales con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión de Avalmadrid”con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión de Avalmadrid.

La sociedad de garantías madrileña también aprobó operaciones con empresas en dificultades financieras que estaban vinculadas igualmente a miembros de su propio consejo de administración o de la comisión ejecutiva. Por último, otros avales tenían todo tipo de anomalías: sus importes y plazos infringían la normativa interna de Avalmadrid, carecían del preceptivo reaval o éste era muy bajo, e incumplían condiciones necesarias para su aprobación. Muchos de ellos terminaron en pérdidas.

Informes deficientes, revisiones con retraso

Sin embargo, los expertos de Forest Partners no pudieron investigar las irregularidades descubiertas por el Banco de España en las siguientes fases de los expedientes, a pesar de que fueron también numerosas y se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018.

Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Un total de 46 operaciones padecían esta deficiencia. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el informe del Banco de España, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”. Los inspectores encontraron estos fallos en 64 operaciones.

En otros 52 avales, los informes de seguimiento sólo mencionan el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aporta información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en 12 operaciones más la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

En la última fase, la de recuperación de los impagados, el Banco de España descubrió fallos en los informes que el Departamento de Seguimiento y Recuperaciones presentaba mensualmente al Comité de Seguimiento y Morosidad.

Las irregularidades en la recuperación del aval de Ayuso

En cualquier caso, los 167 avales que pasaron bajo el escrutinio del Banco de España y de Forest Partners son una muestra no aleatoria de las operaciones cerradas por Avalmadrid entre 2008 y 2016; es decir, fueron seleccionados por los inspectores del supervisor financiero de acuerdo con un perfil muy determinado. Entre ellos no se encontraba el concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Como ha publicado infoLibre, Avalmadrid dio un trato de favor al expediente de MC Infortécnica SL: renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas y, de hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres. Esta lista de irregularidades se produjeron durante la fase de recuperación del aval concedido a MC Infortécnica SL en febrero de 2011 para que Caja España les concediera un préstamo de 400.000 euros que no pudo devolver. Precisamente una de las fases que Avalmadrid prefirió no investigar.

La entonces presidenta de la sociedad de garantías madrileña, Rosario Rey García, utilizó el informe encargado a Forest Partners para presentar el pasado mes de abril una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por las irregularidades descubiertas en los avales otorgados a Rural Tours Viajes SA y Trapsa, propiedad de Díaz Ferrán; Central de Compras Cantoblanco, de Arturo Fernández, y a The Tie Gallery SL. El ministerio público la archivó al considerar prescritos los delitos.

[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos presentan este martes una solicitud conjunta para que la Asamblea de Madrid cree una comisión de investigación sobre Avalmadrid, tan sólo tres días después de que Ciudadanos haya reclamado en una Proposición no de Ley (PNL) que la Comunidad madrileña “extinga su relación”la Comunidad madrileña “extinga su relación” con esta sociedad de garantía recíproca (SGR), puesta en entredicho por su política de concesión y recuperación de avales y el trato de favor dado a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta autonómica.

Los tres grupos de la izquierda han trabajado juntos para redactar la petición de que se investigue el funcionamiento de Avalmadrid y ahora instan al resto de los grupos a sumarse a la iniciativa, que la Mesa de la Asamblea deberá calificar la semana próxima y, si cumple con los requisitos legales, pasará enseguida a la junta de portavoces, de forma que la primera sesión se celebre antes de acabar este mismo mes. Desde que se empezaron a conocer las irregularidades en la sociedad de garantías, el vicepresidente de la Comunidad y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha repetido que su grupo apoyará la comisión de investigación “siempre que sea rigurosa, seria y, sobre todo, jurídicamente posible”.

“Va a ser seria y rigurosa, y es absolutamente viable, siempre que haya transparencia y se facilite toda la información necesaria”, responde Pilar Sánchez Acera, portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña. Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid, recuerda que las tres comisiones de investigación que se solicitaron la pasada legislatura salieron todas adelante. Pero también lamenta que cuando pidió una copia de la denuncia que Avalmadrid presentó ante la Fiscalía por el supuesto trato de favor concedido al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y al expresidente del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán, se le denegó alegando “falta de concreción” en la solicitud.

“Que una entidad pública haya servido para conceder préstamos sin garantías a personas cercanas al PP, además de las evidencias sobre tratos de favor y alzamiento de bienesalzamiento de bienes, es un tema serio que merece una comisión de investigación, también en relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid”, explica por su parte la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra.

Al frente de la Consejería de Economía se encuentra ahora Manuel Giménez, de Ciudadanos. Y hasta el momento el director general de Economía presidía Avalmadrid en virtud de ese cargo, puesto que el 30% de su capital lo aporta la Comunidad madrileña a través de esa consejería. “Ya que Ciudadanos es ahora el responsable de la entidad, antes de cerrarla debería dar explicaciones sobre qué ha pasado, no cerrar las ventanas y tapar las alfombras en lugar de levantarlas”, apunta Serra a infoLibre. La portavoz socialista coincide en que no se puede cerrar Avalmadrid “como si no hubiera pasado nada”. “No se puede entorpecer la labor parlamentaria”, resume. “La comisión es necesaria no sólo por lo ocurrido con Díaz Ayuso; debemos saber cómo ha funcionado Avalmadrid”, recalca Isabel Serra.

Responsabilidades políticas

En la PNL que presentó el pasado viernes, Ciudadanos destaca las “dudas” que han surgido sobre la gestión de la sociedad de garantía recíproca madrileña, basadas en la “disposición espuria” de sus recursos “en favor de personas vinculadas a su consejo de administración”. También menciona la denuncia que la propia Avalmadrid presentó ante la Fiscalía por la supuesta concesión “fraudulenta” de créditos “que carecían de toda lógica desde el punto de vista financiero”. La iniciativa fue archivada porque los supuestos delitos fueron considerados prescritos. Ciudadanos recuerda incluso que en los últimos tres años han cesado tres directores generales en Avalmadrid. En ningún momento menciona a Isabel Díaz Ayuso. Tras cifrar en 15 millones de euros las aportaciones realizadas en 2018 por la Comunidad de Madrid a la sociedad de garantías, el grupo de Aguado pide que la primera abandone la segunda.

Eduardo Gutiérrez precisa que el cierre de Avalmadrid no es “un automatismo legal” que deba seguir necesariamente a la salida de la Comunidad madrileña de su accionariado, pero advierte de que los fallidos se cubren con el fondo de reserva técnica que cubre el Gobierno regional con sus aportaciones anuales y que tiene un nivel determinado por el Banco de España. A su juicio, cerrar la SGR equivaldría a “dejar huérfanos a muchas pymes y autónomos”, porque duda de que el resto de los socios protectores vayan a sustituir a la Comunidad de Madrid en el capital. Además de constituir un intento de “acabar con las pruebas de corrupción”.

Avalmadrid cuenta con dos tipos de socios, los protectores y los partícipes. Los primeros son la Consejería de Economía, con un 31% del capital; Bankia, con el 30%; la Cámara de Comercio de Madrid –5%–, y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) –0,02%–. Los partícipes son socios en su condición de clientes: cuando se les otorga un aval tienen que adquirir una participación, que se les reembolsa cuando lo cancelan. Ese capital actúa de garantía: a mayor riesgo, más acciones deben comprar. Sánchez Acera cree que primero deben dirimirse responsabilidades políticas por el “daño reputacional y patrimonial” que se ha causado a la Comunidad de Madrid, y después ver qué se hace con los socios partícipes y si el Gobierno regional va a poder recuperar el dinero aportado.

Una herramienta necesaria

Los tres grupos están de acuerdo en que una institución como Avalmadrid constituye un instrumento necesario para facilitar financiación a las pymes y los autónomos, que tienen mayores dificultades para conseguirla. “Es una buena herramienta que se ha usado mal”, describe la portavoz socialista. “No somos jueces, no buscamos responsabilidades penales, pero sí políticas, además de ver cómo se puede mejorar la gestión”, precisa. Pilar Sánchez avanza que va a solicitar el convenio que la Comunidad de Madrid firmó en 2011 con Avalmadrid para reafianzar los préstamos concedidos por la sociedad de garantías. Según publicó este lunes infoLibre, el aval otorgado a MC Infortécnica, la empresa de los padres de Díaz Ayuso, fue reavalado por la Comunidad de Madrid y por Cersa, una sociedad pública de reafianzamiento. De forma que de los 308.154 euros concedidos, 102.000 los tendrá que cubrir la Comunidad de Madrid si la sociedad de garantías no consigue recuperar el dinero, la opción más probable en vista del desarrollo del expediente. En total, la Comunidad de Madrid debe asumir 4,5 millones de euros de los 163,5 millones que Avalmadrid tiene reavalados. El resto corresponden a Cersa.

Si la comisión de investigación sale adelante, su primera sesión debería celebrarse a finales de este mismo mes. Y sus indagaciones, acabar en diciembre de 2020. Entonces, si los grupos no piden que se les amplíe el plazo, se presentará un informe definitivo sobre el funcionamiento de Avalmadrid. El Banco de EspañaBanco de España, que abrió en junio de 2018 un expediente sancionador a la sociedad de garantías madrileña y a sus consejeros y directivos desde enero de 2013, debe concluirlo antes del 21 de diciembre del año en curso.

La cuarta lista de grandes morosos –quienes deben más de un millón de euros al fisco– publicada por Hacienda sigue mostrando una foto fija de la crisis. Las variaciones respecto a los anteriores registros son pequeñas: se mantienen los juguetes rotos del pinchazo inmobiliario –Reyal Urbis, Nozar, Martinsa-Fadesa, Polaris World–, empresas con voluminosos concursos de acreedores – Spanair, Orizonia, Grupo Cantoblanco– y quiebras sonadas –Nueva Rumasa, Isolux, Abengoa–, aderezados con famosos del deporte y el mundo del espectáculo –Mario Conde, Kiko Matamoros, Patricia Conde, Dani Alves–.

Son 4.318 sociedades y personas físicas, 537 menos que las incluidas en la primera lista, publicada en diciembre de 2015 y correspondiente a los deudores a fecha de 31 de julio de 2015. El número de grandes morosos se ha reducido, por tanto, un 11% en dos años. En cambio, el volumen de la deuda ha menguado mucho menos, un 1,9%. En 2016 sumaba 15.600 millones de euros y ahora asciende a 15.300 millones. Es más, este último año el recorte de la mora ha sido sólo de un 0,5% respecto a la lista de 2017, apenas ha bajado 100 millones de euros. Y el descenso en el número de los morosos también se ha resentido. Sólo ha bajado en 87, un 1,8%, casi un tercio de lo que se redujo un año antes, cuando 219 personas jurídicas y físicas salieron de la lista, el 4,6%.

La dificultad en recortar el volumen de deuda tributaria se debe a que la mayor parte de las empresas –que representan el 92% de los morosos de la lista– se encuentran en concurso de acreedores o en liquidación. En otros casos, como el del expresidente de Banesto Mario Conde, la deuda ha ido aumentando año a año: desde los 9,93 millones que se apuntaba en 2015 hasta los 14,96 millones con los que aparece tres años más tarde. Otro tanto ocurre con Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que ya es por segundo ejercicio consecutivo la segunda empresa más endeudada de la lista. Debe 227,72 millones de euros, 38,65 millones más que hace un año. El constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a través de seis sociedades distintas un total de 139,66 millones de euros, nueve millones más que el año pasado. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y dueño del grupo Cantoblanco, consta en la lista con 20,35 millones, tres millones más. La familia Ruiz Mateos suma 28,5 millones de euros por su grupo de empresas quebradas –Clesa, Dhul, Garvey, Nueva Rumasa, Inversiones Ruiz Mateos y José María Ruiz Mateos SA–, 2,6 millones menos que en 2016, pero aún más del doble de los 13 millones con que ingresó e la lista de 2015.

Anca Corporate, la sociedad del hotelero Antonio Catalán –Hoteles AC–, ha aumentado su deuda con Hacienda en casi 30 millones desde 2015, y ahora debe 89,06 millones de euros. Por el contrario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reducido su débito con el fisco en más de 22 millones de euros desde el año pasado, al desaparecer de la lista la deuda de Viajes Marsans. Aun así, sigue teniendo que abonar 24,87 millones por los impuestos impagados de Spanair, Air Comet, Newco Airport Services y Teinver.

Los dueños de la promotora inmobiliaria malagueña Aifos también han engordado sus obligaciones con Hacienda en 31,5 millones de euros desde el año pasado, con una factura que supera los 151 millones de euros. La deuda se la reparten Jesús Ruiz Casado; su mujer, Teresa Maldonado, y dos de sus empresas, Aifos Arquitectura y Promoción Inmobiliaria y Sun Farm.

De récord

Sí que ha recortado sus compromisos con el fisco Agapito García Sánchez, el empresario que desde 2015 figuraba como el particular con mayor deuda fiscal de la lista: la ha rebajado 9,4 millones de euros, desde los 26,8 millones de hace tres años. Mucho menos la ha reducido Francisco Hernando Contreras, conocido como El Pocero, el constructor de las urbanizaciones fantasma de Seseña (Toledo). Debe ahora sólo 96.482 euros menos de los 86,1 millones de euros con que ingresó en la lista de 2015 con su sociedad Obras Nuevas de Edificación. Sin embargo, también figura al frente de otra, Lady Mónica SL, con una deuda de 1,7 millones de euros de los que no ha ingresado ni un céntimo.

Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, un empresario habitual de las revistas del corazón, ha aumentado su débito con el fisco en 7,4 millones de euros desde 2015, de forma que su pasivo asciende a 14,3 millones de euros.

El mayor moroso de la lista sigue siendo, un año más, la promotora Reyal Urbis, protagonista de la segunda mayor liquidación inmobiliaria de la historia de España tras la de Martinsa Fadesa. Adeuda a la Agencia Tributaria 361,5 millones de euros, tras haber pagado 16,67 millones el último ejercicio. Le sigue la ya citada Oceanus Maritime Limited y otra inmobiliaria, Nozar, que ha rebajado sus compromisos con el fisco en 5,5 millones pero aún debe 197,6 millones de euros.

Además, se han incorporado a la relación de grandes morosos, y con un débito abultado, los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos han desbancado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Pero el conjunto de sus empresas también desbancan a Reyal Urbis como los mayores morosos de España, con un pasivo acumulado de 361,98 millones de euros. Si se suman ambas cifras, los Cort deben al fisco un total de 417,89 millones de euros.

Los nuevos y los grandes fiascos de la crisis

Se estrenan en el registro de deudores este año también el cantante Miguel Bosé, con una deuda de 1,86 millones de euros, y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, con sólo 2.103,31 euros por encima del límite de un millón que lo convierte en gran moroso. El exfutbolista del Barça Dani Alves se cayó de la lista el año pasado, pero ha vuelto ahora con un pasivo de 2,6 millones de euros, el doble de lo que debía en 2016. Entre las personas jurídicas han entrado en la relación de los mayores morosos las sociedades Global Leiva y Maemoda, propietarias de la cadena de tiendas Blanco, que quebró en diciembre de 2016. La primera adeuda 1,95 millones de euros, y la segunda, 6,7 millones.

En la lista persisten muchos de los principales fiascos de la crisis como Grupo Pra SA, Banreal Holding, Fincas Corral, Fergo Aisa o Promaga, en el sector del ladrillo, y Viajes Iberia, Viajes Iberojet y Orizonia en el turístico. El aeropuerto sin aviones de Ciudad Real debe al fisco siete millones de deuda y la concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5, rescatada por el Estado el pasado mes de mayo, 38,51 millones de euros.

También aparecen un buen número de empresas de seguridad como Seguridad Integral Canaria, del polémico Miguel Ángel Ramírez, que se mantiene por segundo año, con 3,09 millones de euros. Le acompañan Halcón Seguridad, Esabe, Ombuds –16,21 millones–, Segur Ibérica –21,7 millones– y Magasegur –seis millones–. Unipost, el fallido operador postal, debe 11,76 millones. Los textiles Caramelo, Hakei, Fun & Basics y Victorio & Lucchino repiten en la lista una vez más. Y es larga la nómina de los clubes deportivos con deudas tributarias. Desde el Hércules al Salamanca pasando por el Rácing de Santander y el Recreativo de Huelva, que repiten desde la primera lista. Lo mismo sucede con el exjugador argentino del Zaragoza Gabriel Milito, con un pasivo de 1,8 millones, exactamente la misma cantidad que el año pasado. Y con el expresidente del Valencia CF Vicente Soriano, que no ha pagado ni un solo euro de los 1,14 millones que se le apuntaron ya en la primera lista hace tres años.

Conocidos y morosos

Además, continúa en el grupo de grandes morosos el empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, que suma 3,5 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur–.

Entre los medios de comunicación, continúan el grupo Intereconomía, con un débito de 17,66 millones de euros, 4,4 millones más que hace un año, el grupo Negocios, con 1,35 millones de euros, y Prensa Universal, editor de Diario de Alcalá, con 1,11 millones. También se mantiene desde 2015 el periodista de El País Antonio Navalón, con 2,9 millones de euros, y el articulista de La Razón César Vidal, con 2,1 millones.

Otros rostros conocidos que no terminan de saldar sus deudas con Hacienda son el financiero Jacques Hachuel, con 2,7 millones de euros, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que no ha abonado aún ni un céntimo de los 3,6 millones que se le imputan desde 2015, y el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán, que suman 2,9 millones. El juez Pascual Estevill, condenado por corrupción, ha pagado 1,68 millones desde 2016, pero aún debe 3,74 millones a Hacienda. El hijo de Gunilla von Bismarck, Francisco José Ortiz von Bismarck, cuyo nombre apareció en los Papeles de Panamá, se estrena en la lista, adeudando al fisco 1,25 millones de euros.

La Audiencia Nacional autorizó la excarcelación del expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, que próximamente abandonará la prisión madrileña de Soto del Real en la que se encuentra desde su detención en diciembre de 2012 en el marco de la operación Crucero, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penintenciaria, José Luis Castro, concedió el segundo grado –un régimen de semilibertad– al que fuera presidente de la patronal española por haber cumplido ya una tercera parte de su condena. Díaz Ferrán está condenado a más de ocho años de prisión por varias causas judiciales, entre ellas el conocido caso Marsans.

El juez también tuvo en cuenta a la hora de flexibilizar el internamiento su buen comportamiento –con 17 hojas meritorias, apuntan las mismas fuentes– durante los más de cinco años que estuvo encarcelado, así como su disposición a colaborar, una vez que salga de prisión, con una ONG.

Eso sí, el juez mantendrá bajo vigilancia a Díaz Ferrán mediante una pulsera telemática, lo que permitirá no tener que volver a la cárcel todos los días. El expresidente de la CEOE, de 75 años y que padece varias enfermedades, disfrutó de varios permisos penitenciarios y estuvo estudiando Económicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Además, en febrero de 2016 el propio Díaz Ferrán mandó una carta a la Audiencia Nacional en la que mostró su arrepentimiento por el daño causado por su actuación.

Las condenas de Díaz Ferrán

Gerardo Díaz Ferrán fue condenado el 7 de julio de 2015 por la Audiencia Nacional a cinco años y medio de prisión, que él mismo aceptó al reconocer los hechos, por el vaciamiento al Grupo Marsans. Además, se le impuso la multa de 1,2 millones de euros y se le ordenó indemnizar de forma solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur por los prejuicios causados.

No obstante, por el incumplimiento del pago de la multa, se le impuso la condena de un año y diez meses de prisión; mientras que la responsabilidad civil fue satisfecha por los concursos de acreedores que tiene.

En junio del pasado año el Tribunal Supremo confirmó esta condena por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.

Díaz Ferrán fue también condenado a una pena de dos años y dos meses de prisión en una sentencia dictada en diciembre de 2013 por el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia por defraudar 99,04 millones de euros del Impuesto de Sociedades de 2001 derivado de la operación de compra de la aerolínea de bandera argentina por parte de Air Comet y Viajes Marsans.

Por otro lado, la Audiencia Nacional también impuso una pena de dos añosde prisión por el gasto de 93.984 con la tarjeta blackde Caja Madrid y Bankia, una pena que no se puede acumular a las anteriores ya que la sentencia aún no ha sido declarada firme por el Tribunal Supremo.

La tercera lista de morosos publicada este viernes por la Agencia Tributaria tiene pocas novedades respecto a las dos anteriores. Ni en volumen ni en nombres. Este año el número de los morosos se reduce un 4,6% respecto a la facilitada hace un año e incluye a 4.549 personas físicas y empresas, que suman deudas por importe de 15.400 millones de euros, un 2% menos que en la lista de 2016. Los campeones de la lista tampoco han variado: la inmobiliaria Reyal Urbis, con 363 millones de euros la encabeza, seguida de Oceanus Maritime, una empresa radicada en la isla de Man, propietaria de un yate de lujo y que debe 227 millones, y otra promotora, Nozar, con 198 millones de euros más.

Según las cifras que facilita la Agencia Tributaria, desde que publicó el primer listado, el 23 de diciembre de 2015, ha cobrado de estos grandes morosos un total de 891 millones de euros, apenas el 6% de la deuda. De esa cantidad, 100 millones los pagaron 48 morosos entre el 31 de diciembre de 2016 –fecha en que se cerró la lista publicada este viernes– y el pasado 20 de mayo. Hay que tener en cuenta que, antes de hacer públicos los nombres, los deudores son notificados por Hacienda. Otros 309 millones fueron abonados por 3.600 morosos que aparecían en la segunda lista y los 482 millones restantes, por 1.660 deudores del primer listado.

La dificultad para ingresar la deuda se corresponde con el hecho de que el 38,5% de los morosos de la última lista se encuentra en concurso de acreedores, lo que ralentiza y entorpece el cobro. Una sentencia de 2014 del Tribunal Supremo acabó con el derecho de que hasta entonces gozaba el fisco de ser el primero en cobrar las deudas, por delante del resto de los acreedores, con lo que también solía ser el que más dinero recuperaba. Esos morosos en concurso suman el 43% del volumen total de deuda con Hacienda. En el listado aparecen sólo quienes deben a la Agencia Tributaria más de un millón de euros.

Además se presenta otro obstáculo: este año el fisco ha practicado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria con 904 deudores por importe de 1.700 millones de euros, un 9,5% más que el ejercicio anterior. Estos procedimientos –Hacienda reclama el dinero a terceros– retrasan aún más la recaudación de las deudas.

Así, en la lista se perpetúan desde la primera edición los nombres de cientos de empresas constructoras y promotoras inmobiliarias quebradas con el pinchazo del ladrillo. También de otras asociadas a ellas, de los sectores de la cerámica, los muebles... Hace sólo unos días se supo que la ya citada Reyal Urbis entraba en liquidación tras cuatro años en concurso. Con un pasivo de 4.660 millones, es la segunda mayor liquidación de una inmobiliaria después de la de Martinsa Fadesa –que también aparece en el listado de morosos, con una deuda de 65,2 millones de euros–.

Continúan igualmente los viejos nombres del boom constructor. El cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a Hacienda, a través de cuatro empresas distintas, un total de 130,52 millones de euros. Francisco Hernando, El Pocero,El Pocero adeuda 86 millones a través de Obras Nuevas de Edificación 2000. Aifos aparece con un débito de 98,64 millones de euros, a los que hay que añadir los 10,5 millones a nombre de su propietario, Jesús Ruiz Casado, y otros tantos de su esposa, Teresa Maldonado Taillefer: un total de 119,7 millones de euros. Los murcianos Pedro García Meroño y Facundo Armero Madrid están detrás de Polaris World y Suelos Industriales La Hita, que deben a Hacienda 87,6 millones. Como El Pocero de Guayquil fue bautizado Manuel Gaviria, promotor gaditano al frente de Promaga SA, con una deuda de 71,9 millones de euros y que dejó a cientos de inmigrantes ecuatorianos sin casa en su propio país. El castellonense Manuel Guillén Polo, a través de 18 sociedades distintas, tiene un agujero con Hacienda que suma 75 millones de euros.

Por el contrario, Sacyr, tras sufrir una dura reestructuración y recortar su enorme deuda, ha salido de la lista de morosos tras aparecer en ella en su segunda edición.

Repiten, y con importes casi idénticos, el intermediario financiero Banreal Holding, con 98,4 millones de euros de deuda, o el grupo Pra SA, con otros 98,7 millones, que ha rebajado la cifra desde el año pasado en tres millones de euros.

Ruiz Mateos, Serratosa, Sanahúja

Se mantienen también algunos de los empresarios que más titulares han protagonizado en los últimos años por sus fiascos financieros. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña, CEIM, sigue debiendo a Hacienda 17,3 millones de euros, sólo 200.000 menos que el año pasado. Permanecen en la lista las empresas que pertenecieron al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán: Spanair, Air Comet, Viajes Marsans y Teinver. En total, casi 47 millones de euros, sólo 26.000 euros menos que en 2015.

Mario Conde, expresidente de Banesto que fue condenado a 20 años de prisión tras ser intervenida la entidad en diciembre de 1993, continúa en la lista con 9,93 millones de euros, tras reducir su deuda en sólo 49,35 euros. Su exsocio Jacques Hachuel le acompaña con un débito de 2,69 millones, el mismo que en 2015. El empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, suma 5,27 millones de euros, a través de cuatro empresas –Star Petroleum, Star Petroleum Red, Multipetróleos y Multipromotur–.

La familia Ruiz Mateos adeuda un total de 31,1 millones de euros por culpa de seis empresas: Dhul, Clesa, Garvey, Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos SA e Inversiones Ruiz Mateos. Son casi el doble de los 13 millones con que ingresó en la lista de 2015. Y este año aparecen con una sociedad más: Nueva Rumasa, que adeuda casi nueve millones de euros.

Otros nombres de la élite empresarial como los Serratosa –Valencia de Cementos– o los Sanahúja –Metrovacesa–, tampoco se apean del listado de Montoro. Estos últimos han recortado su deuda de 53,6 a 49,3 millones en el último año.

El empresario y ventrílocuo José Luis Moreno también continúa entre los morosos de Hacienda, con un importe de 1,9 millones a través de la sociedad Kulteperalia. Igual que el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, con una deuda de 3,6 millones, la misma cantidad que hace dos años. El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán Muñoz, deben al fisco en conjunto 3,4 millones de euros.

508 nuevos en la lista

En la lista figuran este año 508 morosos nuevos respecto a la lista anterior, entre ellos la presentadora de televisión Patricia Conde, con una deuda de 1,2 millones, y el también televisivo Kiko Matamoros, quien debe un millón a Hacienda. Sin olvidar a Francisco José Ortiz von Bismarck, hijo de Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck, miembros de la jet set marbellí, que debe pagar 1,2 millones de euros al fisco. En el lado de las empresas, aparecen por primera vez Unipapel, Unipost y Seguridad Integral Canaria. Propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, el rey de la seguridad low cost, adeuda 2,9 millones de euros. Los vigilantes de esta empresa llevan meses denunciando los retrasos con que cobran todos los meses sus nóminas. Y han comenzado a protestar con huelgas y manifestaciones. Sin embargo, la empresa asegura que se encuentra “totalmente al corriente de sus obligaciones con Hacienda”, después de haber abonado la cantidad con que figura en la lista. Por el contrario, dice que las administraciones públicas le deben 16 millones de euros por los servicios que les presta.

Seguridad Integral Canaria no es la única empresa del sector que aparece entre los morosos fiscales. También Magasegur, Segur Ibérica, Ombuds, Falcon, Halcón, Seguriber o Esabe.

Nuevas en el listado son igualmente las textiles Hakei, que acaba de cerrar todas sus tiendas, y Reig Martí, que se suman a la gallega Caramelo, los sevillanos Victorio y Luchino y a los vaqueros Lois. Pero la novedad con mayor volumen de deuda es Vittone 1842, una empresa que destila el fernet, un licor amargo muy popular en Argentina. La empresa, radicada en Girona, debe nada menos que 134,4 millones de euros al fisco.

En cambio, son antiguos en la nómina de Montoro el juez Luis Pascual Estevill, condenado por corrupción –3,7 millones– y la persona física con mayor volumen de deuda, el empresario Agapito García Sánchez: 17 millones de euros, una considerable rebaja desde los 26,8 millones con que ingresó en la lista.

Medios, clubes de fútbol, empresas municipales

No faltan los medios de comunicación. Repiten este año Intereconomía, con 13,2 millones de euros de deuda; la Editorial Católica –que publicaba el diario Ya–, con 4,6 millones; la editora de La Crónica de León –un millón– y Prensa Universal, responsable de Diario de Alcalá Diario de Alcalá–1,1 millones–. Como tampoco faltan dos colaboradores habituales de la prensa y la radio: Antonio Navalón –El País–, que adeuda 2,08 millones de euros, la misma cantidad desde 2015, y César Vidal –La Razón–, con 2,3 millones.

Otro sector bien representado en las tres ediciones de la lista es el de los clubes deportivos. Entre los de fútbol, el Recreativo de Huelva debe 12,5 millones; el Elche, 10,5 millones; el Hércules, 4,7 millones de euros; el Rácing de Santander, 9,1 millones; la Unión Deportiva Salamanca, 13,6 millones más. Se han caído de la nómina los clubes de baloncesto Estudiantes y Joventut de Badalona, pero continúan en ella los equipos de Valladolid, Girona, Alicante, Lleida y Menorca. También sigue debiendo dinero a Hacienda el futbolista del Zaragoza y del Barça Gabriel Milito –1,8 millones–. En cambio, han regularizado su situación fiscal el ex jugador del Barça Dani Alves y el piloto español de motos Dani Pedrosa.

En la relación de morosos de Montoro no sólo hay empresas privadas. Entre las públicas cabe destacar la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, con una deuda de 1,08 millones de euros, y las empresas municipales Almonte Territorio Sostenible, la de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, y las de Suelo de San Fernando de Henares y Algeciras.

El ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha presentado una querella contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por presuntos delitos de injurias y calumnias, publicidad engañosa y contra los derechos fundamentales por incluir una caricatura suya en el denominado tramabús con el que la formación denuncia la existencia de una red de relaciones de poder en las élites políticas y económicas de este país.

En la querella, que se dirige también contra varios periodistas y medios de comunicación, el ya condenado por vaciar el patrimonio del Grupo Marsans –quien cumple pena en prisión– considera delictivo que se pasee su imagen "de forma burlesca" en el autobús relacionándole con la corrupción "con la única finalidad de captar la atención y ganarse la confianza de sus votantes".

Pero el plato fuerte del juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en el que permanecen 65 personas procesadas por gastar de forma ilegal, según el fiscal Alejandro Luzón, más de 12 millones de euros, fueron los exdirigentes de CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de la patronal madrileña (CEIM) Arturo Fernández.

Luzón, que interpeló primero a Arturo Fernández, empresario de la restauración propietario de la firma Cantoblanco, se interesó por el motivo por el que el concuñado de Fernández, el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, gastaba cantidades fijas con la tarjeta en sus restaurantes: "¿Esos cargos responden a comidas o una suerte de financiación y acuerdo con Díaz Ferrán?", preguntó el representante del Ministerio Público a Arturo Fernández.

Desayunando en los calabozos

El letrado de Díaz Ferrán reclamó entonces a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que esa pregunta la realizara en presencia del interrogado, que se encontraba en los calabozos, ya que permanece en prisión desde diciembre de 2012: "El señor Díaz Ferrán no había podido desayunar hasta ahora, y están dándole de comer en los calabozos", explicó el letrado, que pidió al fiscal que interpelara a Arturo Fernández sobre los gastos de Díaz Ferrán cuando éste ya estuviera de vuelta en el banquillo de los acusados.

Unos minutos después, ya con Díaz Ferrán presente, Luzón volvió a hacer la pregunta a Arturo Fernández sobre los gastos que hacía el presidente de la CEOE, a lo que contestó que los gastos fijos que se reflejan en los extractos de las black eran adelantos a cuenta: "En los restaurantes teníamos buenos clientes como Díaz Ferrán, que hacía muchas reuniones de trabajo. Entregaba a cuenta de sus facturaciones unas cantidades fijas, y al final se le decía si faltaba algo...".

"Se liquidaba", completó el fiscal antes de que Arturo Fernández, a quien se le atribuyen gastos de 38.776 euros, continuara: "Entregaba el dinero a cuenta y luego se liquidaba".

Gastos en restaurantes

En su turno, Díaz Ferrán aseguró a Alejandro Luzón que sólo reconocía los gastos que había hecho en los restaurantes, "y no todos". En este sentido explicó que él consideraba que había hecho el 50% de los gastos que aparecían en restaurantes, "como mucho. Era absurdo que yo me quedara con las copias. Esta hoja [en referencia al excel aportado por Bankia en el que se ven los cargos que hacía con la black] es un papel mojado y sólo sirve para que digan en la televisión que yo me he comprado una mesa", lamentó Díaz Ferrán, que fue interrumpido por su abogado, quien le reclamó que se tranquilizara.

Díaz Ferrán, que insistió en que se le atribuyen gastos que no había hecho, sí explicó por qué pagaba cantidades fijas a los restaurantes de su concuñado Arturo Fernández: "Yo hice esos cargos en los restaurantes en los años 2008 y 2009, con empresarios de Madrid y algunas veces de otras provincias", declaró el reo, que recordó que en aquellos años era presidente de la CEOE y antes de la CEIM de Madrid, "en la que me sucedió Arturo Fernández".

Pero con la crisis, según el testimonio de Díaz Ferrán, que pagó 93.984 euros con su black (la mayor parte en restaurantes de Arturo Fernández) había muchas empresas que no tenían el crédito suficiente para poder seguir trabajando: "Y yo pensé entonces que podía hacer la labor de ayudar a los empresarios por un lado y a Caja Madrid por otro". 

Comidas con empresarios

El expresidente de la patronal CEOE recordó entonces que Caja Madrid tenía su negocio principal en el crédito hipotecario, "y cayó en picado. Y era bueno que Caja Madrid profundizara más y por eso reuní a empresarios en comidas de 20, 30, 10 y 15 en las que, por una parte, les iba aconsejando que fueran a Caja Madrid y a otros también les pedía que echaran una mano. Y de ahí vienen los gastos de las comidas", declaró. 

Y como esta actividad era en beneficio de la caja, Díaz Ferrán consideró que no tenía que pagarlo de su bolsillo. "Eran gastos en favor de Caja Madrid y de los empresarios, y me pareció normal pagar esas comidas”, completó.

"Increíble" estar en el banquillo

Por su parte, el expresidente de la comisión de control de Caja Madrid Pablo Abejas negó que este órgano tuviera algo que ver con la emisión y gestión de las tarjetas y ha indicado que le parece "increíble" estar sentando en el banquillo de los acusados.

Abejas precisó que en los seis años que estuvo en la caja "nunca jamás" obtuvo ninguna comunicación relativa al uso de la tarjeta –y cuyo límite en su caso era de 25.000 euros– y que era un hecho conocido su uso por parte de otros miembros de la entidad, por lo que no le extrañó la práctica.

Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP Jesús Pedroche dijo que la entidad le negó acceder al desglose de los gastos efectuados con su tarjeta black en 2007 y que lo solicitó porque los cargos que le constaban a la entidad no coincidían con los que él apuntaba en su "contabilidad doméstica".

También nombrado por el PP, Darío Fernández Yruegas precisó ante el tribunal que nunca "ni de forma verbal ni por escrito" se le comunicó por parte de la entidad que había actuado de manera incorrecta al utilizar la tarjeta.

"Absolutamente inocente"

Otro de los exconsejeros promovidos por la formación conservadora, Alberto Recarte, aseguró que es "absolutamente inocente" de los delitos que se le acusa y añadió que para que haya apropiación indebida tiene que existir una motivación económica, algo que rechazó.

Tanto Mercedes Rojo como Francisco José Moure, que fueron nombrados consejeros a propuesta del PP, explicaron a preguntas del fiscal Anticorrupción que confiaban en la gestión de Caja MadridCaja Madrid y que no tuvieron dudas de que la caja se encargaba de la fiscalidad de las tarjetas.

Gonzalo Martín Pascual, exconsejero de la entidad por UGT y que cargó 129.750 euros, testificó por su parte que nunca receló de l tarjeta que le fue otorgada y que si hubiera dudado de su legalidad la hubiera devuelto.

En representación del PSOE, el exconsejero José María Arteta hizo hincapié en que el listado de los gastos facilitado por Bankia estaba "plagado de errores": "He contabilizado más de doscientos. Hay anotaciones que están mal, a mí se me atribuyen gastos en una conocida cafetería y a la vez una comida en una marisquería", precisó Arteta, que respondió que utilizó el plástico para gastos de libre disposición relacionados con la actividad de la entidad.

Comisión de control

Por su parte, Rodolfo Benito (CCOO) aseveró que lo único que reconoce del desglose de gastos de la Visa es el "daño" que le ha ocasionado y agregó que hizo un uso de la tarjeta "controlado".

Finalmente, los miembros de la comisión de control de Caja Madrid –Rubén Cruz Orive, Antonio Rey de Viñas y Antonio Cámara Eguinoa– defendieron en su turno de declaraciones ante el tribunal que se les dijo que la fiscalidad de las Visa dependía de la entidad. Los tres acusados destacaron que nunca tuvieron motivos para dudar de la legalidad de la tarjeta.

El juicio de las tarjetas black ha comenzado con una hora de retraso tras la sustitución en el tribunal de la magistrada Carmen Paloma González Pastor, que por un problema personal ha dejado su puesto al también magistrado Juan Francisco Martel.

La sala de juicios de la Audiencia Nacional en el municipio madrileño de San Fernando de Henares se ha quedado pequeña con los 65 procesados, entre los que encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

Precisamente, los dos expresidentes han sido sentados juntos en la segunda fila del banquillo de los acusados. Seguidos del que fuera representante de Izquierda Unida en Caja Madrid y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), José Antonio Moral Santín, por el exrepresentante de CCOO Francisco Baquero y por el ex secretario de Estado, Estanislao Rodríguez-Ponga. También están sentados en esa segunda fila Antonio Romero (PSOE) y Ricardo Romero de Tejada (PP).

En primera fila se ha sentado el expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que ha sido conducido expresamente desde la cárcel por la Policía para comparecer en el juicio. 

Taburete, el grupo del que forman parte el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, Guillermo, y el nieto del que fuera presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, Antón Carreño, se subirá esta noche a partir de las 21.00 horas al escenario Inside Stage del festival Arenal Sound de Burriana (Castellón).

La de hoy será la primera jornada del evento musical, que abrió hoy sus puertas y hasta el que se desplazaron más de 200 autobuses por el momento, según señalaron los responsables de la cita musical.

Un conjunto "como todos los demás"

La banda Taburete debutará después de artistas como Zahara y El último vecino con la intención de hacer vibrar a su público. Al respecto, la organización manifestó que están "encantados de apoyarles como al resto de 120 grupos del cartel" porque se trata "de un conjunto musical como todos los demás" y apuntaron que están "convencidos de que va a ser un gran concierto".

El grupo, que nació en Barcelona en agosto del 2014 de la mano de Guillermo Bárcenas y Joaquín Gasset, colgó el cartel de "entradas agotadas" en varias actuaciones en ciudades como Madrid. Además, fuentes de Arenal Sound, afirmaron que "por los comentarios que hubo en las redes cuando los anunciamos, la gente estaba muy contenta". Por este motivo, la organización cree que habrá una gran respuesta del público esta noche.

La banda sacó a la luz su primer trabajo, Tres tequilas, en mayo de 2015 y lanzará próximamente su segundo álbum, Doctor Chacras. Respecto a su estilo, Taburete se autodefine en su página web como "pop aunque presenta detalles de rancheras, flamenco y reggae".

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por un delito continuado de apropiación indebida cometido al apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados con el Grupo Marsans.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condena al último director general del grupo turístico, Iván Losada, a la pena de un año de prisión y le ordena indemnizar a Viajes Marsans para su reintegro en la masa del concurso con la cantidad de 400.000 euros.

El tribunal ha aplicado a ambos acusados la circunstancia atenuante de confesión después de que reconocieran los hechos en la última sesión del juicio, lo que provocó que la Fiscalía rebajara su petición inicial de cuatro años de cárcel a dos.

Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel han considerado probado que ambos se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.

En marzo de 2010, era una "práctica generalizada" entre los proveedores turísticos de Marsans exigir el prepago de los servicios que se reservaban en sus agencias. Los responsables del Grupo Marsans, "lejos de destinar los fondos depositados por los clientes al pago de los servicios contratados, los destinaron a otros fines ajenos a la actividad del grupo".

La desviación de los fondos condujo a que los clientes perdieran el dinero entregado al hacer la reserva o el precio total del servicio contratado. En total, hubo 4.706 clientes de Marsans que se vieron afectados por este fraude.