El pasado lunes, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España subía oficialmente un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. El aumento en la retribución tendrá efecto sobre un 9,3% de los asalariados, según las estimaciones de Comisiones Obreras (CCOO) a partir de la Encuesta de Población Activa. O, lo que es lo mismo, 1,7 millones de trabajadores percibirán un aumento en su nómina.

El número de empleados que ven su sueldo moverse al son de las reformas del Gobierno es cada vez mayor. La cifra de perceptores ya había aumentado desde un 3,5% en 2018 a un 7,4% en 2023, de acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo. Es decir, el impulso anual al SMI está alcanzando cada vez más convenios y más nóminas que llevan tiempo sin actualizarse en la negociación colectiva.

En la firma del acuerdo, en la que estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo hincapié en la ausencia de las patronales CEOE y Cepyme y en la necesidad de elevar la media salarial general para combatir la precariedad. “Que nadie nos diga que no hay margen para subir los salarios cuando los beneficios crecen”, señaló Sánchez. “Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de los sueldos”. 

El aumento de las retribuciones mínimas es una buena noticia que tiene un doble filo, ya que el SMI señala un mínimo de subsistencia para que un trabajador no pierda poder adquisitivo. Se estima teniendo en cuenta factores como la evolución del Índice de Precios del Consumo (IPC), la productividad media nacional, las tasas de actividad y la coyuntura económica, según recoge el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Ponderando estos factores, el cálculo tiene que cumplir también con una medida de control introducida por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece un umbral digno cuando el SMI llega al 60% del salario medio nacional. Con todas estas variables es con las que se sientan a la mesa los agentes sociales.

El hecho de que la retribución mínima cada vez alcance a más trabajadores quiere decir también que hay más gente en este territorio de mínimos. Algo que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejaba caer en su comparecencia, a la vez que hacía un llamamiento a las empresas para que “no solo desde lo público, sino en la negociación colectiva, suban los salarios” en España. “Estamos todavía con un diferencial negativo de 25 puntos con respecto a las medias salariales europeas”, señaló. 

“La aspiración de los sindicatos es que nadie —o cuanta menos gente, mejor— cobre el salario mínimo interprofesional”, apuntaba Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Sigue siendo un salario de mera subsistencia incapaz de hacer frente al aumento de gastos muy importantes como la vivienda o los productos básicos”, concluyó. Y es que, según los datos proporcionados por UGT, España mantiene un alto porcentaje de perceptores del SMI con respecto a otros vecinos europeos como Bélgica, donde lo cobra un 3% de los trabajadores, o Alemania (6%). 

Si observamos las retribuciones mínimas de nuestros vecinos europeos, España se encuentra ahora en la parte media de la tabla. Dentro de los 27, esta retribución va desde los 620 euros en Bulgaria, hasta los 2.704 fijados en Luxemburgo, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat este enero. La oficina estadística divide en tres bloques a los países. Por debajo de 1.000 euros se encuentran ocho países (Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta). Otros ocho, entre los que está España, oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros: son Grecia, Croacia, Portugal, Chipre, Polonia, Lituania y Eslovenia. Por encima de los 1.500 se sitúan Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Luxemburgo. Al recorrer el porcentaje de crecimiento en estos últimos años, donde más ha aumentado el SMI desde 2016 ha sido en Rumanía (13%) y Lituania (12%); donde menos, en Bélgica y Luxemburgo, ambos con un incremento del 3,2%.

Además de estos, hay otros países en los que la ley no estipula un salario base de referencia. Son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. En estos casos, la referencia suele estar en los convenios sectoriales y depende de cada ámbito profesional. En Suecia, por ejemplo, los convenios llegan a cubrir al 90% de los trabajadores y la potencia sindical permite que la negociación se haga entre las partes, sin participación del Estado, de forma que cada sector tiene un SMI propio. 

La media y la mediana salarial son dos formas habituales de estimar cómo son las nóminas en un país. La media, de uso más cotidiano, es el resultado de dividir la suma de salarios de un país por el número de personas trabajadoras. La mediana se define como el salario correspondiente al trabajador situado en el medio de la distribución salarial, de forma que la mitad de las personas trabajadoras tengan un salario inferior al suyo y la otra mitad un salario superior. La mediana siempre es inferior a la media y no se ve afectada por lo que ocurre en los extremos, es decir, por los sueldos altísimos o los más bajos. La media, en cambio, recoge mejor variables macroeconómicas como el coste salarial y peor la manera en que se reparten los salarios.

Tomando los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, España tenía en ese año una media salarial de 28.049 euros brutos anuales y una mediana de 23.349 euros, mientras que el SMI se quedaba en 15.120. Por eso, explica el informe de expertos de 2025 encargado por el Ministerio de Trabajo, los valores objetivo a los que la normativa europea aconseja llegar “se refieren al 50% del salario medio bruto o el 60% del salario mediano bruto”, recoge el documento. Aunque en nuestro país se ha llegado a un 60% del salario medio: “hasta el momento no hay constancia de la utilización del 60% del salario medio como referencia en ningún país, salvo el caso de España”, concluyen los expertos de trabajo.

Hablar de salarios lleva inevitablemente al debate de la precariedad laboral y del poder adquisitivo de los trabajadores. En 2024, el salario medio anual a tiempo completo para los empleados en la Unión Europea fue de 39.800 euros, lo que refleja un aumento del 5,2% respecto de los 37.800 euros de 2023, de acuerdo con los datos de Eurostat. En España esa retribución se situó en 33.700 euros, 6.000 menos que la UE. Hay que señalar que los cálculos de Eurostat suelen diferir de las cifras del INE por la metodología de los análisis, de forma que las conclusiones del organismo europeo dejan un salario medio ligeramente superior al que certifica el INE. Aun así, la brecha salarial es patente y esto se refería la vicepresidenta segunda en la firma del acuerdo del SMI. De los 27 países, Luxemburgo fue el que tuvo sueldos medios más elevados, con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca (71.575 euros), Irlanda (61.051 euros) y Bélgica (59.632 euros). Los valores más bajos se registraron en Bulgaria (15.387 euros), Grecia (17.954 euros) y Hungría (18.461 euros).

En la comparecencia de este lunes, la precariedad laboral tuvo más atención de la habitual. Primero, por la ausencia de la patronal en el acuerdo, pero también por el desafío que está suponiendo traducir los grandes números macroeconómicos en una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. “Necesitamos salarios dignos en España”, enfatizaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien también aludía a la Carta Social Europea, la cual fija el salario mínimo en una cuantía que debe llegar al 60% del salario medio nacional para evitar situaciones de precariedad laboral. Pero, ¿qué se entiende por precariedad y cómo se determina?

“Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”, recoge la misiva europea. Aunque hablar de precariedad laboral es entrar en un concepto muy amplio que cambia en función del organismo que lo defina. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que este concepto abarca un abanico amplio de circunstancias, desde tener un salario bajo o contratos inestables hasta carecer de protección contra el despido o representación sindical. Aunque sí deja claro que hay colectivos mucho más expuestos a estos abusos. “Un aspecto importante del trabajo precario es su carácter marcado por el género, ya que las mujeres están continuamente sobrerrepresentadas en este tipo de trabajo. Pero también las personas jóvenes y los trabajadores migrantes”, recoge el organismo. 

Y, de hecho, el informe Tendencias sociales y del empleo en 2026, realizado por la OIT, no dejaba conclusiones demasiado positivas a nivel global. Advertía del estancamiento de las condiciones laborales debido a que los salarios no se habían recuperado de la crisis inflacionaria y a que la inteligencia artificial estaba haciendo mella en el acceso al empleo de los perfiles más jóvenes. “El mundo sigue sin lograr reducciones significativas de los déficits de trabajo decente”, concluye el informe, que, por el contrario, sí detectaba una disminución de las cifras de paro globales. 

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros ha quedado ratificado esta semana en un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, aunque sin el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme. En los últimos años el SMI ha subido en España un 66%, desde los 735,9 euros en 2018, hasta los 1.221 euros mensuales en 2026. La subida más acentuada de la serie tuvo lugar entre 2018 y 2019, cuando este importe aumentó un 22,3%, desde los 735,90 euros, hasta los 900. Sin embargo, pese a que se ha evolucionado, esta remuneración se considera un salario base de subsistencia, por debajo del cual un trabajador no estaría ganando lo suficiente para vivir. 

Con respecto a nuestros vecinos europeos, España ha progresado puestos en la lista. Si observamos las retribuciones mínimas de otras regiones, se encuentra ahora en la parte media de la tabla. Tomando como referencia los 27, esta nómina mínima va desde los 620 euros en Bulgaria (el país que menos paga), hasta los 2.704 fijados en Luxemburgo, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat este enero. El organismo europeo divide en tres bloques a los países. Por debajo de 1.000 euros se encuentran ocho regiones (Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta). Otros ocho, entre los que está España, oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros: son Grecia, Croacia, Portugal, Chipre, Polonia, Lituania y Eslovenia. Por encima de los 1.500 se sitúan Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Luxemburgo.

Al recorrer el porcentaje de crecimiento en estos últimos años, donde más ha aumentado el SMI desde 2016 ha sido en Rumanía (13%) y Lituania (12%); donde menos, en Bélgica y Luxemburgo, ambos con un incremento del 3,2%. Aunque estos dos países están ya en la parte de la tabla, donde el SMI ahora mismo es más alto.

Además de estos, hay otros países en los que la ley no estipula un salario base por ley. Son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. En estos casos, la referencia suele estar en los convenios sectoriales y depende de cada ámbito profesional. En Suecia, por ejemplo, los convenios llegan a cubrir al 90% de los trabajadores y la potencia sindical permite que la negociación se haga entre las partes, sin participación del Estado, de forma que cada sector tiene un SMI propio. 

Vivir con una retribución base no resulta sencillo en ningún país, ya que en general este monto está ligado a un mínimo de subsistencia en relación al coste de la vida de cada país. En España, por ejemplo, hacer frente al pago de un alquiler o ahorrar para la entrada de una casa en propiedad con un SMI resulta más que complicado. Por ejemplo, en Madrid el precio mediano de alquiler de un piso de dos habitaciones se situaba en el cuarto trimestre de 2025 en 1.650 euros mensuales, según Idealista. Eso son 429 euros más que el SMI. Si suponemos que es una pareja quien alquila, pagarían 825 euros cada uno, lo que supone un 67% de cada nómina sin incluir gastos de ningún tipo.

Los precios de la vivienda, uno de los bienes básicos que más afectan al poder adquisitivo de los europeos, han subido en los 27 países de la UE y algunos partían ya de cifras considerables. En España, según los datos publicados este mes de enero por Eurostat, y relativos al tercer trimestre de 2025, el precio de la vivienda creció un 2,9% respecto al segundo trimestre y un 12,8% si se compara con el mismo periodo de 2024. Es la sexta variación más elevada de toda la UE, tanto en la comparación interanual como en la trimestral. La media de los 27 se quedó en el 5,5% interanual. Hungría (21,1%), Portugal (17,7%), Bulgaria (15,4%), Croacia (13,8%) y Eslovaquia (13,4%) encabezaron los aumentos interanuales de precios.

Las estadísticas de Eurostat no ofrecen cifras absolutas en euros sobre el precio de la vivienda, pero si por ejemplo revisamos Luxemburgo, la región con el SMI más alto, vemos que el precio de la vivienda también lo es, llegando a rondar los 600.000 euros euros un piso de segunda mano de 70 metros cuadrados en la Ciudad de Luxemburgo (la más grande del Estado) y los 1.900 euros/mes un piso de las mismas características en alquiler, según un estudio de su observatorio nacional.

Y es que la vivienda es un factor de incertidumbre económica. Un estudio reciente elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), ha preguntado a los europeos si consideran que van a tener que abandonar su casa en los próximos tres meses por motivos económicos. Entre los 27 países, un 12,4% respondió afirmativamente, pero en España ese porcentaje se situó en el 19,4%. En cambio, en Luxemburgo, esa sensación de incertidumbre solo la experimentaba el 5,7% y en Alemania el 5%.

La cesta de la compra es otro de los elementos determinantes, y mucho más cuando la renta es baja, ya que se lleva la mayor parte del dinero disponible. De hecho, según el INE, los hogares en el quintil de renta más bajo dedicaron en 2024 el 63,5% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. Si se toma el dato que hace referencia a vivienda y combustibles, sin contar alimentos, lo que se dejan es un 42,5% de su presupuesto. Es decir, a menores ingresos, más sensibilidad a las subidas de precios en los bienes imprescindibles y menos margen de ahorro.

En España, el índice de precios del consumo (IPC) se ha moderado en las primeras semanas de 2026, pero cerró 2025 con un incremento del 3%, por encima del 2% de media de la UE. Este indicador, que no incluye el gasto en vivienda, es la estadística de referencia para ponderar el coste de la vida que afronta la población. España se situó en octavo lugar, por detrás de Estonia, Eslovaquia, Austria, Croacia, Letonia, Luxemburgo y Lituania, todas ellas con un aumento del coste de la vida por encima del 3%.

“El señor Garamendi gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad. ¿Y por qué lo hago? En el año 80 la participación de los salarios en la renta nacional alcanzaba el 80%. Ahora lo hace en escasamente el 58%. Hemos perdido veintidós puntos de participación de la gente trabajadora en la renta nacional. Se ha construido un proyecto de país, que ahora estamos cambiando, en contra de la gente trabajadora. Hay más margen para mejorar los salarios. El país crece al 2,8%, con unos márgenes empresariales brutales. Bien merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora”.

Este mensaje al presidente de la patronal se lo lanzó de manera rotunda y directa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. En las últimas horas no ha dejado de subir la tensión entre el Gobierno y el principal representante de los empresarios, Antonio Garamendi, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como trasfondo.

Lejos quedan aquellas imágenes durante la pandemia en las que Garamendi posaba sonriente junto a los ministros del Gobierno y con los sindicatos por los acuerdos sobre los ERTE y el proyecto de reforma laboral, entre otros asuntos. Había entonces un hilo directo y de continuo diálogo entre el líder de la CEOE y la ministra de Trabajo. Pero ahora el representante de los empresarios libra su propia batalla contra las medidas del Ejecutivo de coalición progresista, un giro que emprendió principalmente desde su reelección al frente de la organización a finales de 2022, presionado también por los sectores duros de la confederación para alejarse del Gobierno.

Fue durante el primer semestre de 2023 –momento en el que todo el mundo daba por hecho que la izquierda saldría del Gobierno– cuando Garamendi entró al choque con el propio Pedro Sánchez y con las políticas del Ejecutivo. El líder de la CEOE llegó a dejar plantado al presidente durante la cumbre bilateral entre España y Marruecos en Rabat para mostrar su discrepancia con la subida entonces del salario mínimo y se despachó a gusto en una entrevista en El Mundo en la que acusaba a la coalición de incrementarlo de manera unilateral: “Para hacernos la foto no vamos”.

Pero al tiempo que se alejaba del Gobierno, Garamendi iba estrechando sus lazos con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a través de figuras destacadas del marianismo. Durante aquel principio de 2023 fichaba a José Luis Ayllón para dirigir el nuevo Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes. Fue uno de los hombres más importantes del último Ejecutivo del PP, donde ocupó puestos en la sala de máquinas como jefe de gabinete de Presidencia y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, además de ser la persona de máxima confianza política de Soraya Sáenz de Santamaría.

Esos vínculos umbilicales entre la actual dirección de la CEOE y el Partido Popular se materializan también a través de Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la organización desde septiembre de 2019 y presidente del consejo de administración de Rothschild en España. Fue uno de los cerebros económicos de la época de Rajoy, como secretario general del Tesoro y secretario de Estado de Economía. Hace menos de un mes, en un foro en Zaragoza, Fernández de Mesa apostó claramente por ir a elecciones anticipadas en caso de no aprobarse unas nuevas cuentas públicas. Con este mensaje al Ejecutivo: “Si no se es capaz de tener un presupuesto, lógicamente, hay que cambiar la composición del Parlamento”.

Asimismo, en el núcleo duro de Garamendi en la CEOE está Fátima Báñez como presidenta de su fundación. La exministra de Empleo fue la autora de la dura reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que supuso duros recortes para los trabajadores durante la crisis económica. Es también otra de las personas de confianza de Sáenz de Santamaría y tiene una excelente relación con Alberto Núñez Feijóo, a quien asesora de manera habitual en temas económicos.

La patronal y el Gobierno viven un duro choque durante estas horas, de nuevo a raíz de la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Este lunes se celebró el acto de rúbrica entre Díaz y los líderes sindicales para que ascienda a 1.221 euros mensuales durante 14 pagas para este año (un 3,1% más que en 2025). Y quiso estar presente Sánchez, un gesto de gran simbolismo político, al no haber acudido a un acto similar desde 2020, la última vez que los empresarios participaron.

El presidente del Gobierno fue también muy claro: “Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal y su ausencia dice mucho”. Para remarcar a continuación: “Es la que ha decidido borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Es una cuestión de justicia social y de inteligencia económica”.

Durante el martes, Garamendi disparó tanto contra Sánchez como contra Díaz. Sobre el líder socialista, indicó: "Yo creo que el presidente del Gobierno no estuvo a la altura". Se mostró “hiperenfadado”: "Creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria".

Respecto a Díaz, el líder de la patronal lamentó: “Yo creo que ya aburre sinceramente el populismo. En España los salarios están donde tienen que estar en función de la responsabilidad de la gente. Represento a la gran empresa y a los pequeñitos, que son los autónomos, los bares, los pequeños comercios”.

Desde el Palacio de la Moncloa insisten en las palabras de Sánchez durante el acto y señalan respecto a Garamendi: “No podemos entender que la patronal no esté de acuerdo en algo tan humano como mejorar el salario mínimo”. Asimismo, fuentes gubernamentales del espacio de Sumar manifiestan sobre el líder de la patronal: “Está haciendo política, está en contra del Gobierno”. “No quieren pactar nada”, señalan, recordando que, además del SMI, los empresarios se niegan a negociar sobre la reforma del despido y la modificación de la ley de prevención de riesgos laborales.

Este es el primer barómetro (estudio de campo entre el 2 y el 6 de febrero) que recoge los efectos del terrible accidente ferroviario en Adamuz (18 de enero) y de la regularización de personas migrantes del Gobierno (decreto aprobado el 27 de enero). También durante ese periodo el Ejecutivo anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. No entran los resultados de las elecciones de Aragón celebradas el 8 de febrero, que consolidan la subida de Vox, que dobla sus resultados, igual que en Extremadura. 

Como sucedió con la dana valenciana, es Vox quien rentabiliza la situación de inestabilidad. Si en aquella ocasión (noviembre del año 2024) pegó un primer estirón hasta el 14%, ahora alcanza la cifra del 20%, tal y como podemos observar en la siguiente estimación basada en el análisis independiente de las tablas del barómetro del CIS de febrero publicado este lunes. 

En realidad, la estimación se mueve poco respecto al pasado mes, lo que quiere decir varias cosas: 

El PP sacrifica barones en aras de que Feijóo sea presidente. Pero su estrategia de desplazamiento hacia posiciones más radicales no está teniendo buenos resultados. La contratación del activista Vito Quiles en el cierre de campaña aragonesa, o el reciente acuerdo con la formación verde para prohibir el burka son los últimos ejemplos, pero parece hacerlo todo a regañadientes, forzado, y no sirve para atraer el voto de los jóvenes y del segmento intermedio (hasta 44 años), que siguen apoyando masivamente a Vox, que es la primera fuerza política destacada en estos segmentos, muy por encima del PP. 

El problema de Feijóo es que ya no es creíble ni a un lado ni al otro. La preferencia por Abascal como presidente se dispara hasta un 18% entre los más jóvenes, muy cerca de la preferencia por Sánchez, y duplicando la que tiene el líder de los populares. Igual en el segmento de 25 a 34 años, donde Feijóo cae a los infiernos (4% de preferencia como presidente frente a un 14% de Abascal) o, incluso, en el segmento de 35 a 44 años (6,2% del gallego, 12,9% Abascal) dentro de un clima marcado por la desafección y la antipolítica. 

Con estos números, el PP tampoco tiene asegurada la primera plaza, más estando el PSOE a menos de medio punto, casi en empate técnico.

El factor que ha determinado los resultados de las últimas elecciones autonómicas (Extremadura y Aragón) ha sido el descontento. Una mezcla pura entre desafección política y la crisis económica que no para. 

La crítica al Gobierno, al conjunto de los partidos políticos y al mal comportamiento de los políticos los sitúa, sumados, como el primer problema de los españoles, empatando con la vivienda, que sigue escalando posiciones y ya está en el 23% de primeras menciones, o sea que casi uno de cada cuatro españoles la menciona como primer problema del país. 

Mientras la izquierda siga hablando de macroeconomía, de la venta de vehículos eléctricos, etc., será alimento para Vox, que este mes es la primera fuerza con diferencia en la clase baja, con un 21% de intención de voto. 

Con estos mimbres, es previsible que la mayoría de los ciudadanos (que en los menores de 45 años llega a un intervalo entre un 60% y un 70%) tenga poca o ninguna confianza en que la Constitución del 78 pueda ayudar a resolver los problemas que hoy sufren. Las demandas de reforma, muy mayoritarias, se centran en los derechos sociales, económicos y laborales, es decir una constitución que blinde sus derechos, que no ven ahora protegidos, básicamente la vivienda y la precariedad laboral que son dos de los principales problemas del país. Por eso acaba de actuar el Gobierno en ambos flancos con la subida del SMI y su plan de vivienda (España crece), aunque este último parece más bien una gota de agua en un pozo sin fondo. 

Pedro Sánchez trata de ocupar el centro, siguiendo el camino de José Seguro en Portugal, aunque sea dando bandazos: aprobando la regulación de inmigrantes y acto seguido dando luz verde a la ley para la expulsión de multirreincidentes con el apoyo de Junts, PP, Vox y PNV y con el 'no' de todos los grupos de izquierda, salvo Esquerra. 

El PSOE contiene sus fugas, aunque ya manda tantos votantes a Vox como al PP, en conjunto un nada despreciable 7% a la derecha. El trasvase a su izquierda es más contenido, de apenas un 5%, mientras sigue recogiendo votos de Sumar, un 18%. 

Es la marca la que tira, la de la rosa y el puño. El PSOE conserva un “suelo” competitivo suficiente para disputar la primera plaza, está muy cerca del PP. La primera de las condiciones para formar Gobierno de Sánchez. Si las otras no se dan no será culpa suya. 

En definitiva, continúa la batalla electoral. Terminará el calvario en junio de este año para el PP y en el verano de 2027 para el PSOE (resurrección o martirio). Cada vez queda más claro que no habrá adelanto electoral, por mucho que le pese a García Page. 

Mientras, la izquierda del PSOE se rehace en una semana decisiva: 

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Francisco Sande es responsable de investigación social en Logoslab.

Las mujeres, los jóvenes y los extranjeros serán los más afectados por el incremento del SMI hasta los 1.221 brutos a jornada completa por 14 pagas que firmarán este lunes 16 de febrero el Ministerio de Trabajo con los sindicatos UGT y CCOO. Este nuevo sueldo equivale a un salario anual de 17.094 euros brutos. La subida, del 3,1%, permite mantener la referencia del salario mínimo en el 60% del salario medio neto.

Por sectores notarán la subida del salario mínimo los trabajadores y trabajadoras en agricultura (el 27% del total lo reciben), seguido de otros servicios (25%) y de comercio y hostelería (23%).

El 18% de los trabajadores canarios verán aumentado su sueldo gracias a esta subida. También hay gran incidencia del SMI en otras comunidades autónomas del sur peninsular como Extremadura (16,1%), la Región de Murcia (13,5%) o Andalucía (13,2%).

"Esta subida va a afectar a 1,66 millones de personas asalariadas", asegura un comunicado emitido por Comisiones Obreras, que recalca que este número de trabajadores corresponde al "9% de la población asalariada española". El texto acusa a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, de no aceptar el acuerdo y de asegurar que la subida será un freno para el empleo.

"Subir los salarios más bajos es una inyección de dinero en el consumo de las familias cada mes, y como se ha venido evidenciando año a año no es una medida que haya impactado ni en el empleo ni en la economía, al contrario", expresa el comunicado de CCOO que pone el foco en los salarios entre el SMI y el salario medio. El sindicato asegura que "hasta 11 millones de personas están en esa horquilla, con salarios que no pueden quedarse estancados".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará el lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, el acuerdo para subir el salario mínimo un 3,1% en 2026, un evento en el que también se espera la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según recoge EFE.

La firma tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, según confirman a EFE fuentes de este departamento, que aún tiene pendiente la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto con la subida, que situará el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

El incremento del SMI en 37 euros brutos al mes fue rechazado por la patronal CEOE-Cepyme, que se desvinculó del pacto después de que el Ejecutivo no recogiera su petición para poder actualizar con el alza del SMI los contratos suscritos con la Administración Pública.

El Ministerio de Trabajo espera aprobar lo antes posible, previsiblemente antes de que termine el mes de febrero, una subida que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

El alza del SMI es potestativa del Gobierno -previa consulta con los agentes sociales- y cada año se establece por real decreto, una norma que no requiere de la convalidación del Congreso.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras acuerdan subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales, con el rechazo patronal. En la tarde de este jueves el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmaba en rueda de prensa que las remuneraciones mínimas avanzarían en 2026 un 3,1%.

Las patronales CEOE y Cepyme han rechazado la subida, como en las cinco ocasiones anteriores y han protestado por la forma en la que se ha llevado a cabo la negociación. En un comunicado publicado esta mañana, tachaba de “fórmulas trileras” las propuestas de Trabajo para llegar a un acuerdo y les reprochaba haberse “enterado por la prensa” de las condiciones. Entre estas propuestas lanzadas para tratar de atraerles al acuerdo, estaba una deducción de Hacienda en su impuesto de sociedades. En cuanto a la cotización de esta remuneración mínima, Trabajo y sindicatos llegaron a un acuerdo con Hacienda para que este nivel salarial quedase exento de IRPF.

En la comparecencia posterior, Rey ha reprochado a la patronal su postura: “Ha habido una voluntad absoluta de meter a la patronal en el acuerdo y hemos sido acusados de trilerismo”, protestó el Secretario de Estado. Desde el ámbito sindical, Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO apuntaba a una “falta de respeto” hacia el diálogo social. “Lo que está encima de la mesa es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que menos ganan en este país”, concluyó.

Por su parte, Fernando Luján, de UGT, quiso empezar poniendo en valor el diálogo social y advertía que de no haberse acordado este jueves la subida, habría decaído la prórroga de la subida del SMI con la negativa del Congreso al decreto Ómnibus votado este miércoles. “No debíamos incrementar la incertidumbre de las personas perceptoras del SMI”, concluía Luján.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que ha dictado un criterio para garantizar que el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 se mantenga en vigor aunque decaiga su prórroga para este año si, como parece previsible, el Congreso rechaza el decreto ómnibus.

En una entrevista en RNE, Díaz ha recordado que el pasado año ya decayó la prórroga del SMI -en ese caso, el de 2024- y que en ese momento dictó un criterio interpretativo para evitar que se produjera un vacío legal, "que es lo que acabo de hacer" ante la posibilidad de que se repita esa situación.

A falta de un SMI aprobado para 2026, el Gobierno incluyó la prórroga del de 2025 en un decreto ómnibus que este martes debate el Congreso, donde previsiblemente será rechazado con los votos en contra de PP, Vox y Junts, por lo que todo su contenido -que va desde la subida de pensiones hasta la suspensión de los desahucios- decaerá.

Trabajo explicó el pasado año que la no convalidación de la prórroga del SMI dejaba un vacío legal, ya que hasta la aprobación de una nueva cuantía las empresas no estarían obligadas a pagar ningún mínimo a las nuevas contrataciones, por lo que dictó una instrucción que mantenía en vigor el SMI del año anterior, algo que, asegura Díaz, ha vuelto a hacer.

En paralelo, Trabajo sigue negociando con los agentes sociales la subida del salario mínimo para 2026 en un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, sin que sus perceptores tengan que tributar. Esta subida "resiente" los contratos públicos, ha admitido la vicepresidenta, por lo que trabaja en unos "incentivos" para compensar a las empresas afectadas que suban el salario de sus trabajadores por encima del salario mínimo.

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una propuesta de incentivos fiscales para las empresas que se vean más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un intento de pactar el incremento de 2026 con la patronal CEOE, según recoge EFE.

Según ha avanzado el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, tras la reunión de la mesa de diálogo social mantenida esta mañana, se trataría de una deducción en el Impuesto de Sociedades que iría vinculada a una serie de condiciones como el mantenimiento del empleo en esas empresas.

Según Pacheco, patronal y sindicatos analizarán la nueva propuesta, de la que esperan tener más detalles por escrito, y se volverán a reunir el próximo jueves para intentar sellar un acuerdo con un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, sobre la mesa.

El cierre de año está siendo una carrera de fondo para el Ministerio de Trabajo respecto a un diálogo social en el que hace tiempo que la patronal ya no quiere participar. Y es que los acuerdos tripartitos, entre Gobierno, patronal y sindicatos, son ya una rareza en lo que a las medidas laborales se refiere. Esta misma semana Trabajo cerraba con los sindicatos y sin la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) un acuerdo para incrementar hasta en 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 para cuidados paliativos. Tampoco en la reducción de jornada hasta las 37,5 horas, en el fichaje digital o en el anteproyecto del Estatuto del Becario encontraron un punto de acuerdo. En cuanto a la subida del SMI, las últimas cinco veces los empresarios dijeron no, y solo en 2020 participaron de ella. En la que toca ahora, la distancia entre las partes ha dejado un primer encuentro sin acuerdo.

Este martes ha tenido lugar la primera reunión para acordar la remuneración mínima legal en 2026 y el acuerdo no parece estar cerca. A la salida, Comisiones Obreras ha hablado de un encuentro en el que se han ponderado “los márgenes de negociación” en relación con las posiciones de cada grupo y en el que el Gobierno no ha lanzado aún una propuesta concreta. Se trata, en principio, de porcentajes de aumento muy dispares, CEOE ha cuestionado el cálculo que se hace para llegar al 60% del salario medio y mantiene que una subida del 1,5% es “más que suficiente”. Los sindicatos se han posicionado en un 7% y los expertos de Trabajo han dado una horquilla entre un 3,1% y un 4,7%. “Confiamos en que haya margen para poder analizar las propuestas entre el conjunto de agentes sociales y sabemos de las dificultades de conciliar con las organizaciones empresariales”, señaló a la salida de la reunión Javier Pacheco, secretario confederal de acción sindical de CCOO.

“El Gobierno tendrá que adoptar finalmente una posición y nosotros exigiremos que, tanto el incremento como las reglas de compensación y absorción (para que las empresas no descuenten la subida de los complementos salariales), sean parte del mismo acuerdo y se incorporen al conjunto de las nóminas de los trabajadores”, señaló Pacheco. Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaban a última hora de la tarde del lunes que este primer encuentro ha servido solo para ver las posiciones y apelaban a mantener un maltrecho diálogo social. “Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno realizará una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social”.

Aunque lo cierto es hubo un tiempo en el que existía sintonía con la patronal. Eran aquellos tiempos en los que se prorrogaban los ERTE (hasta seis veces), o se acordaba la reforma laboral en 2021. De hecho, en 2023, preguntado ante un hipotético cambio en el Gobierno, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, pedía “defender la reforma laboral” que habían firmado conjuntamente con Trabajo y sindicatos. Pero en este último año, ni rastro de diálogo o puntos de acuerdo. “La patronal no se levanta nunca de las mesas de negociación, sino que, como en el caso de los permisos por fallecimiento, nos echan de las mismas”, lanzaba Garamendi a principios de diciembre y hablaba de un espacio de diálogo “minado”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondía calificando de “inhumana” su negativa. “Lamento la actitud inaudita de la CEOE, que primero dijo que quería diálogo social para debatir sobre estos permisos y después, tras meses de trabajo y diálogo, se levanta de la mesa porque sencillamente no quiere algo que es de sentido común”, protestaba Díaz. Los reproches en una y otra dirección han ido erosionando aquel espejismo de diálogo social y no parece que ese patrón vaya a cambiar de cara a la negociación del SMI. 

Y es que el tono se ha ido elevando a medida que algunas propuestas progresaban, pero la revalorización del salario mínimo se ha convertido en una fuente habitual de desencuentros. “La CEOE podría participar si quisiera en el grupo de expertos de Trabajo que ha elaborado estos días el informe. Y pudiendo participar, han declinado, porque, por una cuestión política, no quieren dar legitimidad a las cosas que aquí se plantean”, explica a infoLibre Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico de CCOO. 

En las cinco últimas subidas el SMI ha pasado desde los 950 euros a los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, ha crecido un 24% en contra del criterio de la patronal. Pero, ¿bajo qué supuestos se ha dado esta negativa? El principal y la que más ha repetido es “la supervivencia de las pymes” o la “baja productividad”, dos temas usuales cuando la mejora de las condiciones laborales vuelve a debate en la mesa de diálogo social. 

Sobre el impacto en las pequeñas empresas, en las anteriores negociaciones la patronal pidió establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario (en el que los salarios son en general más bajos y, por tanto, tienen una mayor incidencia las subidas) y de modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público, para poder repercutir el incremento en los contratos en ejecución. Algo que también está presente en las quejas de este año. 

En cuanto a la productividad, es uno de los argumentos que más se han repetido en las notas de la patronal para oponerse a la reducción de la jornada o a los cambios en el SMI. Este indicador hace referencia a lo que cada hora trabajada de un empleado genera en rentas a la empresa. Y, si bien es cierto que España crece por debajo de la media europea, es difícil establecer una causalidad entre organización del trabajo y productividad. La razón, advierte el Banco de España, es que los mayores cambios en este aspecto vienen de la inversión en tecnología y la innovación, algo más lento en un país de empresas pequeñas (con menor margen para invertir en i+D), como es el nuestro. 

Entre los factores macroeconómicos también se suele hablar de la repercusión negativa en el empleo, bajo la hipótesis de que si aumenta el gasto en salarios, se recortan las plantillas o caen las contrataciones. Aunque este es un riesgo reconocido por todos, el informe de los expertos de Trabajo y de otros organismos como la AIReF, descartan que, por el momento, haya un impacto pernicioso y hablan de “un muy limitado efecto negativo del aumento del SMI sobre el crecimiento del empleo”.

En la misma línea se expresa la OCDE. “Entre los trabajadores directamente afectados, la subida del salario mínimo aumentó los ingresos mensuales equivalentes a tiempo completo en un 5,8% de media, y redujo el empleo en un -0,6% (unos 7.400 puestos de trabajo), lo que implica una elasticidad de la demanda de mano de obra con respecto al salario, muy pequeña”, señala su estudio para España relativo a 2023. 

Pero además de la batalla, que se repite año tras año, con el SMI. La fractura en la mesa diálogo social se aprecia también en la falta de acuerdos tripartitos recientes. Antes que los permisos por fallecimiento, ya mencionados, el nuevo marco sobre riesgos laborales tampoco se consiguió debatir y el cruce de acusaciones llegó se elevó con acusaciones de Díaz hacia la patronal de “jugar con la vida de los trabajadores” y respuestas que acusaban a la titular de “usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas”. En este clima, se dirime en vísperas de Navidad el salario mínimo legal.

El Ministerio de Trabajo se ha reunido este martes con sindicatos y patronal para valorar si hay margen de negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, pero sin plantear una propuesta ni aclarar si el Gobierno mantendrá exenta de tributación esta retribución mínima, según fuentes sindicales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a EFE que la reunión ha servido para trasladar a los agentes sociales el informe de la comisión de expertos, que recomendó una subida del 3,1% sin tributación y del 4,7% si paga IRPF.

Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno hará próximamente una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, ha añadido el ministerio.

"Esperábamos que el Gobierno trasladase su posición, pero nos ha manifestado que primero quería conocer los márgenes de negociación ante las propuestas hechas públicas por los sindicatos y la patronal", ha dicho tras la reunión el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, en referencia al 7,5% que piden los sindicatos y al 1,5% planteado por la patronal.

Pacheco ha explicado que los sindicatos están en condiciones de rebajar su propuesta siempre que se garantice que los perceptores del SMI cobrarán el 60% del salario medio neto.

Además ha reclamado que se modifique la regulación actual que permite a las empresas neutralizar la subida del salario mínimo a través de la compensación y absorción de los complementos salariales, un aspecto en el que reconoce que será difícil concitar el apoyo de CEOE y Cepyme.

El Ministerio de Trabajo ya ha puesto en consulta pública previa un real decreto para desarrollar por la vía reglamentaria, sin convalidación del Congreso, el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula el SMI, con lo que daría por completada la transposición a la legislación española de la directiva europea de salarios mínimos.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha explicado que los sindicatos también quieren que se incorpore a este real decreto el observatorio de márgenes empresariales como uno de los parámetros de subida del salario mínimo.

De esta forma habrá dos reales decretos que formarán parte de un eventual acuerdo, el que transpondrá la directiva de salarios mínimos y el que fijará la subida del SMI para 2026, que en este último caso es la vía habitual para una decisión que es potestativa del Gobierno y no requiere validación ni de los agentes sociales ni del Parlamento, solo consulta previa con patronal y sindicatos.

Cada vez más trabajadores españoles ven cómo el salario mínimo legal (SMI) se acerca más a su sueldo. El informe económico de la comisión de expertos de Trabajo, publicado este viernes, dice que el número de perceptores aumenta desde un 3,5% en 2018 a un 7,4% en 2023. Se basa en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ha detectado cómo el salario mínimo va alcanzando más nóminas, de forma que cada vez más trabajadores se agrupan en la parte baja de la tabla salarial. “No es una mala noticia, porque significa que los sueldos están subiendo”, apunta Josep Ginesta, pero también cabe destacar que estar en esta posición no es, ni mucho menos, un privilegio.

“Antes de que empezasen estas subidas, el salario mínimo había quedado muy, muy desfasado con respecto a los salarios medios”, explica Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. Esto se debe, explica, a que los sueldos “son generalmente bajos en España” y una gran cantidad de trabajadores se va quedando, como vemos en el gráfico, agrupada donde menos se cobra. “Entre 2,5 y 3 millones de trabajadores se van a beneficiar de la subida”, anunciaba el año pasado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, durante la anterior negociación.

En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados este año y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 21.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 16.576 euros, y la nueva subida alcanzará a muchos más trabajadores.

Aquí se muestra el porcentaje de trabajadores en cada categoría salarial y el pico de la curva se sitúa claramente en la franja más baja. “En la distribución de los salarios de la Encuesta de Estructura Salarial, lo que se ve es que el sueldo medio está muy por encima de la mayoría de la gente”, apunta el economista. De hecho, el salario medio de ese año se situó en los 28.000 euros. Pero además de esta tendencia de nóminas bajas, González explica que también se puede estar dando un “estancamiento” en la revalorización del resto de sueldos.

Otro dato que avala este comportamiento y que ofrece el documento de los expertos de Trabajo, es que en 2018, un 11,7% de quienes habían tenido algún episodio de empleo a lo largo del año lo hizo cobrando el SMI, pero para 2023 esa cifra había crecido hasta un 20,4%.

El análisis de los expertos también defiende que el aumento de las prestaciones mínimas no está afectando al empleo de manera significativa. Para González, esto tiene que ver con que “la productividad de las empresas estaba por encima de los salarios, de modo que no hubo una corrección al aplicarse los incrementos” y no ve grandes consecuencias para las empresas.

Sin embargo, Josep Ginesta, profesor de economía en OBS Business School y secretario general de PIMEC, patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, coincide en que el impacto ha sido leve, pero es menos optimista en las predicciones. “Los análisis señalan que el impacto en el empleo es pequeño, pero la fuerte evolución del SMI en los últimos años, vista en conjunto, es de casi un 70% y puede terminar teniendo consecuencias”, advierte. “Paul Krugman (premio Nobel de economía) dice que subir el SMI no tiene efecto en el empleo hasta cierto punto. Y no lo ha tenido mientras estas subidas se daban en un ciclo económico expansivo, pero si llega una fase de contracción económica, quizá ese punto llegue a darse”, concluye.

Dentro del magma de datos y porcentajes, el documento advierte que cobrar este mínimo de subsistencia es más habitual en jóvenes, mujeres y personas extranjeras. Ellas y ellos son quienes más se benefician de las subidas, pero son también los más expuestos a la precariedad.

Por sectores, son el campo, la hostelería y la limpieza los ámbitos profesionales donde más incidencia tienen estas subidas, ya que son también los que suelen tener salarios más bajos. Así, cuantas más personas se agrupen en torno a las remuneraciones mínimas en un sector, más se incrementa el impacto cuando se produce una subida por ley. “Son sectores donde la negociación colectiva es débil y que, además, concentran un gran volumen de empleo”, apunta González. A la menor capacidad de negociación sindical se une también, apunta, el hecho de que muchas sean empresas pequeñas, con menor margen de inversión. Todo junto acaba generando ese tapón de trabajadores por debajo.

Ginesta apunta que, de hecho, el ritmo de crecimiento de las remuneraciones mínimas hará que gran cantidad de convenios se queden obsoletos, de forma que en el año próximo muchos de ellos tendrán que renegociarse.

En los últimos siete años el SMI ha subido un 60,8%, desde los 735,9 euros en 2018, hasta los 1.184 euros mensuales en 2025. La subida más acentuada de la serie tuvo lugar entre 2018 y 2019, cuando este importe aumentó un 22,3%, desde los 735,90 euros, hasta los 900 euros. 

En España ha habido sucesivas reformas para ajustar esta retribución. De hecho, en la última década pueden contarse hasta doce, acometidas tanto por Gobiernos del Partido Popular como socialistas. Aunque en la legislatura anterior, a cargo de Mariano Rajoy, las retribuciones mínimas se habían quedado en un incremento de solo el 14,6%.

Si se mira la evolución de los precios en España entre 2018 y 2024, el INE apunta que han crecido en un 19,7%. En ese mismo periodo, los salarios mínimos han aumentado un 54% sin contar la última subida. Pero no hay que olvidar que esta es una prestación de mínimos, por lo que cobrarla supone estar cerca de ser un trabajador pobre. Ese es el mayor riesgo de quedarse en el borde bajo de la tabla.

El debate sobre salario mínimo interprofesional (SMI) suele ser una bronca política revestida de porcentajes y cifras, pero en el fondo se trata de algo tan sencillo como cuánto más debe ganar al año un trabajador que cobra por la base para no ser pobre. El tema vuelve a la actualidad y lo hace, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, revestido de discrepancias políticas e informes de impacto. Esta semana la patronal se quejaba de la forma en que se calcula para avalar su propuesta, que Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, calificaba de “ridícula”.

Quienes en 2025 viven con esta nómina básica, cobraron 1.184 euros en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 16.576 euros anuales. Pero como cada año, la pregunta sobre cuánto debe crecer esta prestación para situarse en el 60% del salario medio neto del país pone en lucha a los agentes sociales. La patronal dice que el SMI está “distorsionado” y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, considera que la mejor subida es “cero”, aunque lanzan una propuesta de 1,5% para el año que viene. Desde los sindicatos, que ya no ven demasiadas posibilidades de sentarse a la mesa con los empresarios, elevan la subida hasta el 7,5% y la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo recomienda una horquilla entre un 3,1% y un 4,7%. Las cifras ya están sobre la mesa, y el debate, servido.

“La CEOE podría participar si quisiera en el grupo de expertos que ha elaborado estos días el informe. Y pudiendo participar, han declinado, porque, por una cuestión política, no quieren dar legitimidad a las cosas que aquí se plantean”, apunta Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico de CCOO.

En dinero contante y sonante, este incremento no es nada impresionante para quienes lo perciben, pero el aumento agregado de los últimos años sí ha sido significativo, con un salto considerable en 2018, después de años de estancamiento, como se ve en el gráfico. De hecho, desde ese año los salarios más bajos han crecido un 61% y los incrementos han llegado ya a 2,4 millones de trabajadoras, ya que la mayoría son mujeres y solo un 34% hombres.

La nueva propuesta de la patronal, la más baja, implica 17 euros más al mes; la de los sindicatos, la más alta, 88 euros. En el medio, la de los expertos de Trabajo se mueve entre los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (si queda exento de tributación) y los 1.240 si se le aplica IRPF. Esto es, entre 37 y 56 euros mensuales más.

Pero ¿qué significan todas estas cuantías y por qué dice la patronal que el SMI está sobrestimado?

El argumento para oponerse a las subidas desde el ámbito de la empresa ha venido, por un lado, por las consecuencias negativas que estimaban para el empleo y de las que los expertos discrepan hasta el momento. Por otra, porque consideran que las estimaciones que hacen los organismos oficiales están “distorsionadas” y el SMI ya supone más del 60% del salario medio si, en vez de calcular sobre la Encuesta de Estructura Salarial (la que se ha empleado siempre), se mide sobre la Encuesta de Población Activa (EPA). Un giro técnico que supondría una novedad, ya que nunca se ha estimado sobre esta última el umbral del SMI, cuyo fin último es evitar que la brecha entre trabajadores pobres y ricos se abra en exceso y que avala la Carta Social Europea.

“Los datos de la EPA a la hora de medir los salarios no son tan buenos porque esta encuesta está destinada a medir el empleo y lo hace preguntando a los hogares, mientras que las encuestas de salarios se hacen con datos de las propias empresas”, resume Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. “Otra cosa es que haya que incorporar datos de sectores menos representados a la cuenta, como el primario o los cuidados, pero no vale utilizar la EPA 'porque me conviene más'”, concluye.

Desde Comisiones Obreras también rechazan este giro técnico. “La CEOE tiene una posición de parte, como puede ser la de los sindicatos, y su objetivo en este caso es fijar la subida en lo mínimo posible porque las empresas valoran solo la parte de costes. Igual que nuestro objetivo es garantizar el máximo poder adquisitivo para los trabajadores”, señala Zarapuz.

Sobre las desviaciones en los cálculos, explica que utilizar la EPA como pide la patronal no sería adecuado, ya que maneja un volumen de datos inferior y además, no da salarios netos (lo que cobra el trabajador sin deducciones) sino brutos, y esto dificulta saber el dinero real le llega al trabajador. “Se utiliza la encuesta de estructura salarial, que es la que está ratificada por el ministerio de Economía y Hacienda porque es más fiable”, concluye.

La tributación del SMI provocó una gran polémica dentro del Gobierno en la anterior negociación. Enfrentó al Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz (Sumar) y al Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza (PSOE). Sumar pedía que se dejase libre de carga impositiva para que el dinero neto que llegaba a los trabajadores fuese el porcentaje total de la subida, mientras que desde Hacienda defendían que esta tributación afectaba poco a los trabajadores y que con las sucesivas subidas del SMI el umbral no podría seguir moviéndose infinitamente. En 2025 se solventó este desencuentro con una deducción en la renta, pero ahora el debate regresa.

“La propuesta del 7,5% del sindicato parece asumir que esa tributación se va a dar y que el SMI va a ser una renta declarable ante Hacienda”, apunta González. “Si el SMI se mete en la tributación sin una corrección, se produce una merma del salario neto y la referencia del 60% se pierde. Pero con este 7,5% una parte sería absorbida por la tributación y otra no, de forma que el trabajador sí vería en su cuenta esta subida”, concluye.

Con los porcentajes propuestos por cada actor social ya sobre la mesa, comenzarán las negociaciones, aunque por el momento no se ha aclarado qué va a pasar con la tributación. Aunque cabe destacar que cada vez se agrupan más trabajadores en esta franja, lo que aleja la posibilidad de que el umbral de tributación mínima siga caminando al paso del SMI.

“Las diferencias en euros nominales no son tan cuantiosas: lo que piden los sindicatos no es una barbaridad y lo que ofrece la CEOE es una cantidad muy reducida, inferior a la inflación e incluso a lo que están creciendo los salarios”, concluye González.

Las patronales CEOE y Cepyme han acordado proponer al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para 2026, hasta los 16.824 euros brutos anuales (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades), no exentos de tributación al IRPF, informa EFE.

La subida, inferior a la planteada por los sindicatos, que apuestan por elevar el SMI un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes, ha sido acordada este martes por el Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido con carácter extraordinario, ha informado la patronal en un comunicado.

La CEOE ha decidido proponer esta subida del 1,5% porque considera que el SMI ya ha superado el 60% del salario medio neto, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y porque está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año.

El Ministerio de Trabajo está a la espera del informe del comité de expertos al que pidió dos propuestas de subida, una en la que se tenga en cuenta si el SMI empieza a tributar y otra si sigue exento como hasta ahora.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avanzado que si el SMI comienza a tributar -como todo parece indicar- la subida de 2026 "va a ser relevante".

En el comunicado, la CEOE explica que la Encuesta de Estructura Salarial, que sirve de base para extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, no tiene en cuenta los sueldos de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, "lo que genera una distorsión al alza".

"Precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", añade la nota de la patronal.

Además, apunta, no tiene en cuenta el salario de sectores en los que las sucesivas subidas del SMI están penalizando más el empleo, algo que sí contempla la EPA, "una estadística más válida y ajustada para poder realizar estos cálculos", así como más actualizada (2024) que la Encuesta de Estructura Salarial (2023).

Así, según la EPA, el SMI debería ser de 15.760 euros brutos anuales, esto es 816 euros menos al año, de forma que el actual (16.576 euros) "es un 4,9% superior a lo que realmente corresponde".

"Dicho esto, si el SMI ya supera el 60% del salario medio según la EPA, en el caso de dar por buena la referencia que sigue el Ministerio de Trabajo, no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026", dice la CEOE.

Sin embargo, propone aplicar un alza del 1,5% en línea con la prevista para los empleados públicos y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos: el fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza, y reducir la brecha salarial de género.

"Justamente para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", concluye la CEOE.

La actividad de las plataformas digitales va más allá del reparto a domicilio o la paquetería y ha avanzado hacia el sector de los cuidados o incluso a la enfermería o el transporte. De hecho, según constata el informe Fairwork España. Avances Insuficientes en la protección del trabajo en plataformas digitales, el nuestro es uno de los países europeos en los que esta modalidad de trabajo, mediada por algoritmos y plataformas digitales, ha ganado terreno.

“En 2021, el estudio realizado para dar soporte a la discusión de la nueva directiva europea de trabajo en plataformas estimaba que en España había algo más de 4 millones de personas (el 13% de la población activa) trabajando en la economía de plataforma regularmente”, recoge el documento. Sin embargo, y pese a que se ha ganado terreno en la lucha contra los “falsos autónomos” después de que Glovo y Uber fueran obligadas a contratar directamente, hay varios problemas que se perpetúan: la opacidad de los algoritmos, los bajos salarios y la precariedad laboral, derivada muchas veces del “abuso en la subcontratación”.

Esto no es algo nuevo, señala Raquel Boto, adjunta de la Secretaria Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras (CCOO), pero las dificultades tienen que ver con un nuevo entorno digital que aún está en construcción y que ya emplea a 43 millones de personas en toda Europa. “La transparencia es una parte fundamental, porque si un algoritmo determina las condiciones laborales y el trabajador no las conoce bien, es muy difícil que pueda defender sus derechos”, concluye.

El avance de esta economía de plataformas no se sustenta solo en las más conocidas, como las ya citadas Uber o Glovo, sino que se ha ido ampliando a otros sectores como el sanitario o el de los cuidados con aplicaciones como Livo —dedicada a la enfermería y financiada a través del fondo Yellow, creado por los fundadores de Glovo— o Cuideo, especializada en cuidado de personas dependientes. “De las 517 plataformas digitales de trabajo activas en 2021 en la Unión Europea, 226 operaban en España”, recoge el informe, que insiste en que la tendencia está consolidada a pesar de su aparente “volatilidad”.

Las hay de educación, como Superprof, Gostudent; las hay de atención psicológica, como Therapyside o Psicologoplus; o de servicios jurídicos, transporte de mercancías, etc. La lista va siendo cada vez más larga, aunque los agujeros no terminan de corregirse en lo que respecta a lo laboral. Uno de ellos es la falta de transparencia de los algoritmos que seleccionan a las personas, gestionan los tiempos de trabajo o asignan tareas, y que el análisis identifica como un “problema persistente en el sector”, ya que no se suele ofrecer a los trabajadores información clara y detallada.

Pese a que ha habido avances en los modelos de contratación y se ha reducido la incidencia de los conocidos como falsos autónomos, la subcontratación es uno de los problemas que aún persisten. “La laboralización no siempre se está llevando a cabo por medio de la contratación directa de los trabajadores por parte de las plataformas, sino recurriendo en mayor o menor medida a empresas subcontratadas, conocidas en el sector como flotas de reparto”, apuntan los analistas.

Esto provocaría que las condiciones laborales empeorasen en materia de presencia sindical, creación de convenios o rotación. Además, la contratación a tiempo parcial, sobre todo en actividades que tienen horas punta, como el reparto, también se vería favorecida por este modelo.

Una de las ramas a las que se ha extendido esta economía de plataformas son los cuidados o el ámbito de la enfermería, a las que el informe dedica un capítulo. En este caso se centra en Livo, que recientemente adquirió Nursea, otra plataforma con el mismo tipo de negocio y amplió su servicio de enfermería hacia el de cuidados auxiliares.

Lo que ofrecen estas aplicaciones son puestos de trabajo para cubrir turnos puntuales “normalmente de un día de duración” o un servicio de mediación que pone en contacto a centros sanitarios privados (o públicos de gestión privada) con los profesionales. Una dinámica laboral nueva que, sin embargo, ahonda en la rotación y en los contratos de corta duración, una de las principales reclamaciones que las profesionales piden corregir.

“Si bien Livo ha emergido como una herramienta digital útil para que las empresas que actúan en al ámbito de la salud hagan frente a la escasez de enfermeras que caracteriza el sector, al mismo tiempo, parece estar contribuyendo a la intensificación de los problemas estructurales de la profesión”, concluyen los autores del informe.

En el informe, que han realizado la Fundación Primero de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras; junto con la Universidad Complutense y Fairwork, un proyecto de investigación internacional ligado a la Universidad de Oxford, los salarios son el otro gran escollo. Según el estudio, cuatro de las siete compañías analizadas (Cabify, Just Eat, Livo y Uber) ofrecen salarios situados apenas por encima del salario mínimo vigente en España en 2025, pero el resto no llegan. En Just Eat, que es la que mejor parada sale, el salario base de los repartidores a tiempo completo se quedó en 16.678 euros brutos anuales, 102 euros por encima del SMI estipulado para este año.

En el caso de Uber y Cabify, basándose en el convenio de los VTC de la Comunidad de Madrid, el estudio estima una remuneración de 16.632 euros brutos al año para una jornada completa. Y la última de las plataformas que aparecen por encima del SMI es Livo, orientada al sector sanitario, con una remuneración de entre 17 y 42 euros brutos por hora, dependiendo de la urgencia del servicio. “El resto de las plataformas no pudieron demostrar que el salario bruto por hora obtenido (después de gastos y tomando en cuenta el tiempo real de trabajo que dedican a la plataforma) se sitúa por encima o a nivel del salario mínimo”, señala el documento en relación con Cuideo, Glovo y Taskrabbit.

En la legislación española, la ley rider, que se aprobó en 2021, reconoció la “presunción de laboralidad” de los trabajadores que hasta entonces eran autónomos en estas plataformas. “Ese ha sido el primer paso, porque reconoce a las personas como trabajadores de una empresa”, explica Boto, quien señala que, pese a que quedan muchas cosas por corregir en el entorno digital, hay derechos reconocidos que no requieren de nuevas leyes, sino simplemente de una aplicación rigurosa de las que ya existen, como el registro de jornada o la prevención de riesgos laborales. “Ahora lo que se requiere es una acción sindical que permita crear acuerdos en la especificidad de cada empresa y cada sector”, concluye.

La crisis de la vivienda en España se ha establecido como un factor claro de desigualdad social. Así lo afirma el informe Vivir la desigualdad 2025, de la ONG Oxfam Intermón, que arroja el dato de que casi la mitad de las personas en España se ve afectada por esta situación. Esta problemática va de la mano de la precariedad salarial, que, según el citado estudio, impide vivir con dignidad a un tercio de la población.

Según Oxfam Intermón, tan solo el 14,4% de los no propietarios se muestra optimista sobre la compra de una vivienda en un futuro. “En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas”, señala Ernesto García López, coordinador de la investigación.

A la hora de poder acceder a un alquiler o a una hipoteca, la brecha socioeconómica permanece visible para los jóvenes. Según el mencionado informe, el 72% de la juventud de clase adinerada tiene expectativas de recibir apoyo familiar. Sin embargo, casi dos tercios de los jóvenes con menos recursos ven imposible este tipo de respaldo.

La vivienda no es el único factor de desigualdad que señala el estudio Vivir la desigualdad 2025. La precariedad laboral y salarial también está detrás del malestar de la población española. Oxfam Intermón hace hincapié en el dato de que más de un tercio de la población asegura necesitar un segundo empleo, pero no lo podría compaginar con su actual estilo de vida. 

Alrededor de un 40% tampoco puede permitirse una semana de vacaciones al año o hacer frente con sus ahorros a un gasto repentino de 600 euros. “Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etcétera”, afirma García López. Concretamente, una de cada cuatro personas no va al dentista por razones económicas, al igual que al psicólogo. Además, el estudio subraya que una de cada dos personas no ha continuado su formación por los mismos motivos.

Según la ONG, la situación de vulnerabilidad afecta en mayor medida a las mujeres, jóvenes y personas racializadas. El informe señala que el 62,3% de las mujeres se ha visto obligadas a reducir su gasto en actividades de cultura y ocio, mientras que el porcentaje en hombres se sitúa diez puntos por debajo (54,2%). En cuanto a las personas racializadas, una de cada cuatro no puede permitirse la compra de medicamentos.

A pesar de que ocho de cada diez personas opinan que España es un país desigual, más de la mitad de las encuestadas considera que la situación puede revertirse. De hecho, el informe establece que existe un consenso en el que la solución se encuentra en las políticas redistributivas, aunque el 73% cree que el método actual no reparte adecuadamente la riqueza. Entre los responsables señalados se encuentran las Administraciones públicas y los distintos niveles de gobierno. Algunas de las medidas propuestas por los encuestados están relacionadas con la vivienda, los salarios, la calidad del empleo y los servicios públicos.

“La desigualdad no es una percepción, es una estructura que moldea la vida de millones de personas. Pero también es una construcción política que puede transformarse. Escuchar a la ciudadanía es el primer paso para actuar con justicia”, apunta García López. Desde Oxfam también proponen intervenciones como mejorar la protección social o garantizar los derechos de los migrantes, además de aumentar la progresividad del sistema fiscal.

El informe Vivir la desigualdad se ha basado en una encuesta cuantitativa con una muestra de 4.102 personas y llevada a cabo entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. Este proyecto ha tenido en cuenta la interseccionalidad en materia de edad, género, clase social, etnicidad, entre otros aspectos; y un enfoque multidimensional, con dimensiones no económicas como la salud o la educación. Además, la investigación ha contado con entrevistas y grupos focales para profundizar en los discursos identificados, cuyos resultados no aparecen en este texto.

En el viaje por las diferencias salariales que se dan en las grandes cotizadas españolas, la constructora Sacyr aparece entre aquellas que más brecha mantienen entre su mejor salario y la media de la plantilla. En el Informe de Remuneraciones de los Consejeros, que presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el salario medio de los empleados ascendió a 47.000 euros anuales. En el punto más alto de la pirámide salarial de la empresa, Manuel Manrique, presidente ejecutivo del consejo de administración de Sacyr, que percibió en 2024 un total de 8,7 millones de euros entre sueldo y pensión. Esto es, 185 veces más que un trabajador medio. 

El grupo Sacyr fue fundado en 1986 por directivos de Ferrovial como Sociedad Anónima Caminos y Regadíos, pero a lo largo de estas cuatro décadas ha tenido diferentes nombres. Su actividad principal es la construcción, aunque actualmente apuesta por las concesiones, con autopistas, aeropuertos, hospitales e infraestructuras varias en su cartera de gestión. Otra pata de su negocio son los servicios, como limpieza, tratamiento de residuos, gestión medioambiental o mantenimiento. Como suele pasar con las empresas multinacionales, el puzle de actividades, filiales y sociedades dependientes hace que la compañía emplee a trabajadores de muy distintos ámbitos, perfiles y rangos profesionales. 

Los trabajadores de una de sus filiales, Valoriza, concesionaria de servicios de limpieza, participaron en la huelga de recogida de basuras que se produjo en varias ciudades de España entre los meses de abril y mayo. Entre las peticiones de los sindicatos estaba la negociación de un convenio por dos años, mejoras salariales, bonificación de la nocturnidad o no trabajar más de seis días consecutivos de noche, ya que hacían hasta siete. 

Son reclamaciones que quienes conocen el sector están acostumbrados a escuchar. Una de estas personas es Patricia Ruiz, es miembro de la ejecutiva confederal de Comisiones Obreras (CCOO) y ha participado en la negociación del convenio del sector de la construcción. “Lo que hemos ido buscando desde el sindicato es una mejora generalizada de los salarios”, señala, y puntualiza que actualmente están poniendo el foco en quienes menos ganan. “Los altos directivos y los CEO se rigen por otros criterios y sus remuneraciones quedan fuera de las negociaciones”, puntualiza. 

Si bien las empresas cotizadas suelen pagar mejor que la media a sus empleados, también es en este selecto grupo de Ibex 35 donde se dan los mayores saltos entre lo que cobra un trabajador y lo que ganan sus directivos. Por categoría profesional, en Sacyr hay sueldos de todo tipo: “dirección” y “gerencia”, con 256.559 euros y 84.822 euros, respectivamente, son los escalafones mejor pagados. Por debajo, “soporte” tiene el salario más bajo de la pirámide, con 19.560 euros, y la categoría “técnico”, se coloca por encima, con 34.623 euros anuales. En cuanto a la evolución general de los salarios, el documento remitido a la CNMV constata que han crecido un 9% de media con respecto a 2023. 

Ruiz explica que en muchas empresas de la construcción el impulso a los salarios llegó también por los aumentos en el umbral del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha ido acercándose no solo a los salarios base, sino a aquellos rangos profesionales que solían estar por encima. “La subida del SMI afectó a alrededor del 60% de los convenios y a varias categorías profesionales, por eso las negociaciones colectivas que estamos viendo en el sector insisten en la necesidad de mejorar los salarios más bajos y también subirlos en categorías superiores”. Si los salarios premian también las responsabilidades que se asumen en cada categoría, explica, es necesario “diferenciar” esa responsabilidad y pagar más en las categorías superiores a medida que la retribución mínima legal va subiendo. 

Los saltos económicos en vertical, que separan, por ejemplo, a un técnico de un gerente, generan choques e incoherencias a la hora de sentarse a negociar. “La gran distancia entre salarios y categorías pasa en casi todas las grandes multinacionales, pero muchas veces roza lo obsceno. No es de recibo que muchas plantillas estén en el salario mínimo interprofesional o ligeramente por encima, como es este caso, y que gran parte de los directivos esté multiplicando de una manera vergonzosa el salario de la mayoría”, concluye. 

Además, es un hecho que deslegitima las negociaciones, apunta, ya que es difícil explicar recortes o negar mejoras laborales cuando existen salarios millonarios en la misma compañía. “No es de recibo que en las mesas de negociación colectiva los directivos se empeñen en decir que subir el SMI o la reducción de jornada pueden poner el riesgo la viabilidad de la empresa cuando hay salarios tan altos y tan diferenciados protagonizados por ellos mismos”, sentencia. 

Algo parecido ocurre, puntualiza Ruiz, cuando se habla del reparto de beneficios en las multinacionales. Los números de Sacyr también han ido al alza. En 2024 la compañía ganó 113 millones de euros, un 7% más que en el año anterior, e hizo una caja de 1.294 millones. En los primeros seis meses del año tampoco le ha ido mal, ganó un 5,2% más que el mismo periodo del ejercicio previo y firmó unas ganancias de 27 millones. “Cuando se habla de repartir beneficios, no solo se hace referencia a lo económico, sino también a cuestiones como poder reducir la jornada de trabajo, conseguir beneficios sociales o mejor conciliación”, explica la responsable de CCOO. 

Las mujeres y las personas más jóvenes son quienes suelen estar en la parte baja de la pirámide salarial. En el caso de Sacyr ellas ganaron, de media, un 28% menos, si atendemos al cálculo que hacen en su información financiera anual de 2024. Por edades, los menores de 30 años empleados en la compañía apenas superaron los 16.000 euros, entre 30 y 50 años el salario sube hasta los 26.600 euros y entre los mayores de 50 la media salarial se eleva hasta los 36.300 euros. 

Estas son otras brechas que atraviesan habitualmente las plantillas y que requieren de medidas específicas que van desde paliar la parcialidad en los contratos a facilitar la conciliación. “En materia de género hay que hacer algo más que subir los salarios, hay que incentivar la participación de las mujeres en el sector técnico y en la construcción porque ellas están representadas sobre todo en la parte administrativa, pero no lo están en la parte técnica y mucho menos a pie de obra”, explica Ruiz. Con Sacyr están preparando un plan de igualdad que corrija algunas de estas tendencias negativas. De hecho, de un total de 15.121 trabajadores en 2024, solo 4.200 son mujeres. En puestos de dirección cuenta con dos mujeres, lo que supone un 22% del total, según recoge la empresa en sus cuentas anuales. 

Juventud y parcialidad son los otros puntos en los que insiste la tarea sindical a la hora de proponer medidas que cierren estas grandes brechas salariales. Para Ruiz, dar más estabilidad a los contratos y sobre todo, seguir en la senda de mejorar los salarios base son las mejores respuestas que se pueden dar a este problema. “Desde los sindicatos insistimos en estos dos puntos, porque son centrales para que las plantillas trabajen motivadas, saludables y puedan conciliar. Esto hace que las personas sean más productivas y, por tanto, también termina repercutiendo en las cifras”, concluye. 

Después de siete años en situación de calle, hace apenas seis meses que Naiara Nani Pérez, española de 40 años, tiene un techo en el madrileño barrio de Villaverde. Antes de terminar durmiendo al raso, estuvo cuidando de su madre, impedida por varios ictus, durante cinco años en la localidad toledana de Quismondo. Al fallecer su progenitora, su padrastro, un anciano de 81 años, le puso a Nani la condición de que se acostara con él para seguir viviendo en el domicilio. Ante su negativa la echó de casa, y no le quedó otra alternativa que irse a Madrid a buscarse la vida y deambular por la zona de Oporto.

Allí conoció a un grupo de indigentes con los que se sentía “más segura que en el centro de la ciudad, donde hay bandas y es más peligroso moverse; nos cuidábamos unos a otros”. Entre ellos estaba Jimmy, quien hoy es su pareja desde hace dos años y con el que vive en un piso compartido junto a una tercera persona —un búlgaro apodado Toni— gracias al apoyo de la Fundación Atenea, organización que, junto al Samur Social, les sacó de la calle y les hizo las gestiones necesarias para entrar al piso y que Nani pueda cobrar una prestación de 658,81 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda que, confiesa, “desconocía hasta que los trabajadores sociales me hablaron de ella”. Con esto y con lo que cobra Jimmy por desempleo van tirando, con el propósito de “independizarnos y ser autónomos en un futuro”. 

Nani es una de las 2.050.000 personas, repartidas en 674.000 hogares, que, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, son beneficiarias del IMV en España, cuando se cumple este mayo el quinto aniversario de la norma que el Gobierno introdujo por decreto debido a la situación de emergencia provocada por la pandemia. El pasado diciembre se cumplieron tres años de la consolidación de la ley (20-12-2021) que estableció esta prestación, que pretende prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas —solas o integradas en una unidad de convivencia— sin recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

En su momento, la medida generó una importante controversia, y ahora es un tema recurrente en el debate político: algunas voces sostienen que esta ayuda, denominada peyorativamente “paguita”, desincentiva a la gente que la recibe a trabajar. Para Nani, “los que critican el IMV tendrían que vivir en la calle y verse sin nada, y a ver cómo salen de ahí; más de uno te aseguro que no sale vivo, yo he visto morir gente en la calle sin ningún tipo de recurso”. 

Esta mujer madrileña, nacida y crecida en Embajadores, empezó a trabajar a los 18 años, y ha hecho un poco de todo: en un McDonald’s, de limpiadora o cuidando niños y personas mayores. “Mi último trabajo fue en Torremolinos de relaciones públicas para fiestas en yates”, relata. Pero la vida en la ciudad malagueña se tornó en infierno debido al maltrato físico y psicológico que le infligía su entonces pareja. De una paliza acabó en el hospital y, como las desgracias no suelen llegar solas, allí le comunicaron que estaba embarazada y que había perdido a sus gemelos. “Me afectó mucho, pero no sé qué hubiera sido de esos críos con un padre maltratador”, admite. 

Según Sara Fernández, educadora social en el programa Housing Led del Ayuntamiento de Madrid, que proporciona alojamiento y acompañamiento a personas sin hogar, el IMV es únicamente adecuado para “cubrir las necesidades básicas”. Su función principal es iniciar el camino para salir de la exclusión y poder acceder a trámites y gestiones que se quedan paralizados por no tener ingresos económicos, como la renovación del documento de identidad, cargas de teléfono móvil para mantener el contacto con la red de apoyo, búsqueda de trabajo y recursos, y compra de alimentos y productos de primera necesidad. Más allá de estas tesituras, la prestación es “un apoyo escaso y no una protección real” para poder realizar “una vida normalizada sin la ayuda de un recurso de atención social, pagando alquiler, colegio u otro tipo de contratos sociales”, aclara Fernández.

La burocracia es una de las principales barreras a las que se enfrentan los posibles beneficiarios de la prestación. Al dilatado tiempo de espera tras realizar la solicitud, se unen aspectos como el necesario seguimiento del proceso, que se vuelve dificultoso para las personas sin recursos o en situación de exclusión, así como los tiempos de respuesta al requerimiento, que, al ser muy cortos, no otorgan el margen adecuado para que las personas sean localizadas con tiempo suficiente para responder al aviso, sobre todo las que no tienen un domicilio fijo o carecen de teléfono, perdiendo así el proceso de solicitud iniciado y debiendo comenzar de nuevo. “Incluso teniendo el respaldo de un recurso de intervención que trabaja con la persona, los procedimientos son muy dificultosos de cumplir”, revela Fernández, que denuncia asimismo la “imposibilidad de conseguir cita en las oficinas del INSS donde se tramita la prestación, entre otras muchas gestiones”.

Alfonso Sito Giráldez, español de 31 años, lleva casi dos años percibiendo el IMV. Su padre murió cuando apenas tenía ocho meses y, con una madre ausente por varias condenas por robos y tráfico de drogas, quedó a cargo de su abuela. Fue ella quien solicitó su pensión de orfandad, que cobró hasta los 26 años. Al fallecer la anciana, sus tías le echaron de casa “y se quedaron con todo”, lamenta, por lo que terminó viviendo en la calle: “He dormido hasta en el aeropuerto”. Gracias a la Fundación Atenea, donde reside desde hace dos años, su situación ha “cambiado mucho” y goza de una estabilidad que no había experimentado nunca: “Se han volcado y han confiado en mí, pero yo también puse de mi parte para salir de la calle, que es algo muy complicado y me costó mucho, porque nadie te lo pone fácil”.

Su condición de transexual le ha originado “situaciones violentas de homofobia” al realizar trámites administrativos ante funcionarios que han optado por llamarle por su antiguo nombre, que sigue siendo el que figura en su documentación, “a pesar de insistir en ser llamado Alfonso”. Empero, esos episodios “desagradables” son ya parte del pasado y se encuentra ahora en “el proceso, con la trabajadora social y la psicóloga, de cambiar mis datos de una vez y recibir un carné de identidad con mi nombre masculino”.

Sito explica que la prestación sólo le cubre “la alimentación e ir ahorrando un pequeño colchón para el futuro”. Tras muchos meses acudiendo al taller de búsqueda de empleo, acaba de encontrar un puesto en una unidad distrital del Ayuntamiento de Madrid, donde hace labores de acompañamiento. “No voy a necesitar más la paga y espero poder cumplir pronto el sueño de irme a vivir con mi pareja”, sentencia.

Según el ‘Informe Arope sobre el estado de la pobreza en España’, en 2024 “el 26,5% de la población española -unos 12,7 millones- se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, aumentando el número en 240.000 personas respecto a 2023, lo que significa una subida del 0,5%”. La realidad es que muchas personas no llegan a fin de mes, ahogadas por los elevados alquileres, los bajos salarios y el aumento general del coste de la vida, y obligadas a verse en “situaciones habitacionales no elegidas para poder tener una vida medianamente estable, o a mantener relaciones no deseadas para poder pagar un alojamiento”, expone Fernández.

La factura de la pandemia fue elevada. La economía española bascula en gran medida sobre el turismo y la hostelería, y en el momento en que el confinamiento cerró ese grifo, muchas personas se acercaron peligrosamente al abismo de la pobreza. El coronavirus enseñó las costuras de un sistema mal preparado para atender a los más desfavorecidos, con recursos como albergues y comedores altamente masificados, teniendo algunos incluso que cerrar. 

No obstante, Ana Vilar, vocal del Consejo General del Trabajo Social, destaca “la solidaridad y el trabajo colaborativo” de aquellos meses desesperados para reparar “los graves daños sociales que se incrementaban a medida que la incertidumbre avanzaba”. Pero ahora, cinco años después, el IMV presenta “márgenes de mejora en sus niveles de cobertura, tramitación, gestión y cuantías”. En este sentido, Vilar demanda la puesta en marcha de “pasarelas reales con el servicio de empleo” para que los beneficiarios “tengan prioridad y acceso directo” a ofertas de trabajo y formativas para alcanzar la inclusión sociolaboral, así como “medidas complementarias” dirigidas al pago de suministros, alojamiento, comedores escolares o escuelas infantiles, y la incorporación de trabajadores en la Seguridad Social para “realizar los acompañamientos y seguimientos necesarios del proceso”.

El fin último del IMV, presente en la mayoría de los países europeos, es que el beneficiario pueda incorporarse al mercado laboral, pero Vilar puntualiza que “no es lo mismo depender temporalmente de 600 euros mensuales que mantener esta cuantía en el tiempo”, que resultaría en ese caso “claramente insuficiente”, y apunta a las personas con mayores “dificultades de acceso” a las nuevas tecnologías, o que se encuentran en “entornos más aislados” para acceder a los servicios o recibir información, así como a las personas de mayor edad, donde “existe una brecha digital evidente”, como los colectivos con mayores obstáculos para conseguir la prestación. En este contexto, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza avisa que cuatro de cada diez posibles favorecidos desconocen la existencia del IMV.

Rosario Fortunata Ruiz (59 años) llegó de su país, Perú, en 2019. Encontró trabajo como cuidadora de ancianos y se iba manteniendo con lo que ganaba en negro, pero con la pandemia todo se fue al traste, al punto de quedar en situación de calle. Desde abril del pasado año cobra el IMV, y ahora vive en un piso de la Fundación Atenea con otras dos mujeres. La ayuda que percibe (658,81 euros) no le llega para costearse una habitación en un piso compartido, que ronda los 500 euros, y cubrir el resto de necesidades básicas. Mientras espera que le concedan la residencia para poder trabajar legalmente, con el IMV se paga la comida y ayuda a su hija y a su nieta, que viven de alquiler y “apenas llegan a fin de mes”. Su meta es ser “independiente” cuando le den los papeles, aunque se muestra desanimada: “Son tiempos malos”. 

En su informe ‘El Ingreso Mínimo Vital, impulso político para la protección de los más vulnerables’, el sociólogo Pau-Mari Klose, ex alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, indica que la norma ha mejorado “sustancialmente” la protección de los más necesitados en los últimos años, pero el marco jurídico presenta lagunas que niegan el derecho a “ciertos colectivos que no han sido reconocidos como merecedores de la ayuda: jóvenes e inmigrantes recientes o en situación irregular”, existiendo también un “alto número de solicitudes rechazadas” y segmentos poblacionales que “teniendo derecho a la ayuda, no la solicitan”.

En abril de 2024, el Ministerio de Inclusión, con el apoyo de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), publicó el estudio ‘Información y apoyo para el acceso al IMV’, que concluía la necesidad de mejorar el acceso a la información -que debe ofrecerse de manera directa y presencial-, y reforzar el acompañamiento a los beneficiaros, para así aumentar el número de solicitudes.

Teresa López, directora de la Fundación Atenea, aplaude el IMV porque consigue algo muy importante: “Mantener a las personas más vulnerables en un nivel de pobreza moderada; sin esa ayuda, su situación caería hasta los niveles de pobreza severa o extrema. Es un logro muy significativo que no sólo mejora a los que perciben la prestación, sino que, con ello, se mejora la situación de toda la sociedad”. No obstante, López habla de “insuficiencia” a la hora de “pagar un techo bajo el que vivir de manera autónoma”, aunque también puede ser insuficiente “el propio Salario Mínimo Interprofesional”.

López reclama otras medidas que complementen el IMV, siendo la “no siempre bien valorada sanidad pública universal una de ellas”, pero lo que realmente “nos falta es un parque suficiente de vivienda pública asequible y ayudas adicionales para las personas con especiales dificultades económicas”.

Los programas para personas en situación de exclusión residencial abarcan modelos y metodologías diversas, siempre en función de las necesidades de los usuarios: desde la gestión tradicional de albergues municipales hasta los llamados centros de alta tolerancia, o la gestión que en Madrid lleva a cabo Atenea -junto con la Asociación Realidades y el Consistorio- del programa Housing Led, que tiene 52 pisos y algunas plazas en pensiones. Los proyectos cuentan con profesionales especializados -Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Orientación Laboral, Atención Sanitaria- para ofrecer a las personas no sólo un techo, sino un acompañamiento en su camino hacia una vida autónoma, donde el IMV juega un papel esencial.

Entre los diversos perfiles de usuarios de estos programas, destaca el de un hombre solo, joven o de mediana edad, y en ocasiones con la salud deteriorada por una mezcla de años sin hogar, aislamiento y desesperanza, a lo que a veces se añade algún tipo de consumo problemático de sustancias. También predominan los jóvenes de ambos sexos que, por diversos problemas en casa, se han visto finalmente en la calle. “Cuando imaginamos a una persona sin hogar, tendemos a visualizar una imagen muy concreta, almacenada en nuestro imaginario colectivo. Nos cuesta mucho ver que puede ser uno de nuestros hijos, pero es algo que está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia”, concluye López.

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en abril a 719.543 hogares en los que viven 2.194.586 personas, lo que supone incrementos del 22 y del 23,9%, respectivamente, frente al mismo mes de 2024. Según la última estadística publicada este viernes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recogida por EFE, la cuantía media de la prestación fue de 505,4 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ascendió a 404 millones.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, el IMV ha llegado a más de un millón de hogares (1.010.565) y ha protegido a los tres millones de personas que forman parte de ellos (3.008.318). Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 14.938,9 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.

El ingreso mínimo vital tiene un marcado perfil femenino, ya que el 67,6% de los titulares en abril (486.327) y el 53,4% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.172.606. Además, el 41,3% de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, un total de 905.371. En abril, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 68,8%, hasta 495.003 hogares, 123.974 monoparentales.

Además, en abril han sido 498.899 unidades de convivencia las que han recibido el IMV con el complemento de ayuda a la infancia, una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

Los españoles tuvieron que destinar en 2024 de media un 47% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en España, el porcentaje más alto desde 2019, según un estudio elaborado con los datos del portal inmobiliario Fotocasa y los sueldos medios de las ofertas de empleo de InfoJobs, ha recogido EFE.

En 2024, el precio de la vivienda en alquiler en España cerró con un incremento anual del 14%, hasta los 13,29 euros/m2 al mes; mientras que el salario bruto medio de España registrado por InfoJobs fue de 27.060 euros (2.255 euros brutos en 12 pagas), según recoge EFE. Con todo ello, los españoles tuvieron que dedicar un 47% del sueldo al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados en alquiler, frente al 43% que reservaban en 2023.

Las comunidades autónomas en las que más sueldo se fue en 2024 a ese concepto fueron Madrid (71% del salario bruto), Cataluña (64%), País Vasco (56 %), Canarias (55%), Comunidad Valenciana (47%), Navarra (41%), Aragón (38%), Andalucía (37%), Asturias (37%), Galicia (36%), Castilla y León (35%), La Rioja (34%) y Murcia (33%).

Por provincias, aquellas en las que los alquileres necesitaron más desembolso fueron Barcelona (71% del sueldo bruto), Madrid (71%), Islas Baleares (61%), Guipúzcoa (59%), Vizcaya (56%), Girona (55%), Valencia (53%), Málaga (49%), Sevilla (45%) y Alicante (43%).

Según la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, la subida acelerada del precio del alquiler ha superado el crecimiento de los salarios, obligando a que los inquilinos destinen casi el 50% del sueldo, muy por encima del 30% recomendado. Además, el aumento de 4 puntos porcentuales en tan solo un año evidencia un cambio "radical" en el arrendamiento, lo que agrava la inaccesibilidad a la vivienda y podría generar problemas de precariedad habitacional a largo plazo.

Desde InfoJobs han apuntado que el salario medio ha subido un 3,1%, hasta alcanzar los 27.060 euros brutos mensuales, y se sitúa por encima del 2,8% de variación del IPC. Aunque esta revalorización permite una ligera recuperación del poder adquisitivo, las elevadas tasas de inflación de los últimos años han reducido la capacidad financiera de las familias, a lo que se suma el alza de precios del alquiler, ha añadido la plataforma de empleo.