OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) el consorcio de medios de investigación al que pertenece infoLibre, ha presentado una demanda contra el presidente de EEUU, Donald Trump y el Departamento de Estado por la congelación de los fondos de la USAID, la mayor agencia de cooperación del mundo. La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional se ha quedado sin los casi 44.00 millones de dólares que destina cada año a programas para combatir la pobreza, erradicar enfermedades, luchar contra el tráfico de personas o promover la democracia. También apoyaba el periodismo de investigación colaborativo en Europa, Asia y América Latina.

La demanda, que ha interpuesto Public Citizen –una organización sin ánimo de lucro de defensa del consumidor– ante un tribunal del distrito de Columbia en nombre no sólo de OCCRP sino también de la Coalición en Defensa de la Vacuna contra el Sida (AVAC), alega que la congelación –y posterior eliminación– de las ayudas “excede la autoridad constitucional del presidente Trump y usurpa la autoridad legislativa conferida por la Constitución al Congreso, en violación de la separación de poderes”.

La acción legal también va dirigida contra el secretario de Estado, Marco Rubio, que es el administrador interino de la USAID, y contra Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Los demandantes argumentan que el presidente “no tiene autoridad para modificar unilateralmente las leyes federales”, según la Constitución de EEUU. De modo que, al exigir a USAID que bloquee la financiación de las subvenciones y becas que repartía hasta ahora basándose en “factores inadmisibles y arbitrarios”, la orden ejecutiva con la que Trump congeló los fondos pretende modificar los estatutos del Congreso. Porque las leyes federales, recuerdan, deben ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso antes de ser presentadas al presidente. Entonces es cuando se convierten en ley, tal y como establece la Constitución de EEUU.

“Esta acción ilegal del Gobierno de EEUU priva a los pequeños medios de investigación de países de bajos ingresos en todo el mundo de los fondos que tanto necesitan para funcionar. Estos medios son fundamentales para exigir cuentas a los poderes públicos en algunos de los lugares donde es más difícil informar. Muchos periodistas en el exilio corren el peligro de ser deportados a sus países de origen, donde se arriesgan a ser arrestados y torturados”, advierte un portavoz del consorcio.

Fundada en 2007, OCCRP reúne a medio centenar de medios de los cinco continentes. Colaboran en el consorcio desde The Guardian hasta Le Monde pasando por el belga Le Soir, la televisión pública alemana ZDF, el diario noruego VG o infoLibre en España. Como resultado del bloqueo de los fondos, el presupuesto de OCCRP se ha recortado en un 29%, lo que se ha traducido en el despido del 20% de su personal, además de en una reducción de salarios y de jornada para la mayoría de los empleados que han conservado sus puestos de trabajo.

Si no se restablece la financiación procedente de USAID, sostiene OCCRP, el consorcio deberá cancelar programas en media docena de países, lo que paralizará proyectos de periodismo de investigación en Asia, el Pacífico, América Latina y Europa, destaca la demanda.

Al mismo tiempo que se le retiraban los fondos OCCRP ha sido objeto de una campaña de desinformación promovida por comunicadores de la galaxia de Elon Musk y Donald Trump, que acusan al consorcio de conspirar junto a la CIA y el “Estado profundo” contra el presidente de EEUU.

En concreto, mencionan un reportaje que OCCRP publicó en 2019 que después fue citada por el alto funcionario de inteligencia cuya denuncia de abuso de poder contra Trump sirvió de base para su primer impeachment. Una historia que relacionaba al abogado del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con dos empresarios de origen soviético emigrados a Florida y los intentos de Trump para investigar a sus rivales políticos.

“OCCRP no tuvo ningún contacto con el denunciante ni se enteró de la denuncia [del alto funcionario de inteligencia] hasta que fue publicada por los medios de comunicación nacionales de Estados Unidos”, explica el consorcio, que se define como “apolítico”. “Recibimos financiación de muchos donantes diferentes, incluidas instituciones públicas, privadas y agencias de desarrollo de países democráticos”, añade.

“Como una de nuestras historias fue citada por un denunciante cuyo testimonio se utilizó para enjuiciar a Trump, él sugiere que nosotros causamos el impeachment”, ha contestado OCCRP en la red X. "¡Parece divertido ser tan poderoso! Pero el mundo no funciona así, y definitivamente no es así como nosotros operamos. Es genial cuando nuestras historias encuentran audiencia y tienen un impacto, pero no tenemos control sobre eso, ni queremos tenerlo", ironiza el consorcio.

Uno de esos “comunicadores” es Michael Shellenberger, que se presenta como defensor de la libertad de expresión, pero también niega el cambio climático y los derechos de los transexuales, fue uno de los que publicó los llamados Twitter Files, documentos internos de la red social que les facilitó Elon Musk después de comprar la compañía rebautizada como X. Los documentos supuestamente demostraban que Twitter había censurado hasta la llegada de Musk las cuentas de ideología más conservadora. Ahora, Schellenberg está utilizando a OCCRP para acusar a USAID de impulsar una serie de informaciones que relacionaban al ahora presidente con Rusia y que califica de “bulos”.

“OCCRP ha sido atacada por el crimen organizado, autócratas y otros, y nunca se han acobardado, pero sigue siendo desagradable ser blanco de teorías conspirativas y de desinformación, especialmente cuando están siendo lanzadas por personas que ahora están muy cerca del poder en EEUU”, replica Miranda Patrucic, directora del consorcio.

Otra de los arietes de Musk/Trump contra OCCRP es Michael Benz, un videobloguero antisemita que ha llegado a asegurar que los judíos estaban orquestando un genocidio contra los blancos.

Massoud Zandi Goharrizi se codeó durante años con las familias más ricas de España. El financiero Alberto Cortina, Rafael del Pino (Ferrovial), la familia Martínez Berrocal, el empresario Javier Merino y el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián son sólo algunos de los primeros espadas con los que hizo –o intentó hacer– negocios. Entre sus contactos políticos, Felipe González, Rodrigo Rato, o los exministros Miguel Sebastián y Javier Gómez Navarro.

De origen iraní, tiene la nacionalidad española desde 1997 y acaparó titulares en 2016 cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá: el despacho Mossack Fonseca le había ayudado a montar un entramado de sociedades en paraísos fiscales como Seychelles y Samoa, a través de las cuales controlaba Star Petroleum, una empresa a caballo entre Luxemburgo y Madrid con la que Massoud Zandi intentó dar un pelotazo gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur.

Pero muchos de los que se embarcaron en negocios con el hispanoiraní, un experto comisionista con domicilio en La Finca, la hiperlujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid), salieron escaldados. De modo que Massoud Zandi empezó a acumular demandas por estafa en los tribunales. Una de ellas, interpuesta por la familia Martínez Berrocal, ganaderos y antiguos propietarios de la empresa de autobuses La Sepulvedana, llevó al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a emitir una orden internacional de búsqueda y captura en enero de 2022, que sigue viva, según confirman fuentes judiciales. La Interpol lo busca desde entonces, porque quien fue bautizado como “el conseguidor del Íbex” se encuentra, en teoría, en paradero desconocido.

O quizá no tanto. Mientras hacía negocios en España, aseguraba que su residencia fiscal era Dubái. De hecho, en septiembre de 2016, unos meses después de que su nombre saliera a la luz con los Papeles de Panamá, la Fiscalía le denunció por simular que no residía en España en 2010: como vivía en Dubái, ese ejercicio no había presentado la declaración a Hacienda. Al año siguiente, la denuncia se amplió a dos ejercicios fiscales más, hasta 2013. El ministerio público le acusaba de cometer tres delitos fiscales por importe de 126,48 millones de euros. El procedimiento sigue desde entonces paralizado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, según explicó a infoLibre el abogado de Zandi, Luis Ugarte.

Si Interpol quiere localizar a Massoud Zandi, quizá debería buscar en el emirato. OCCRP ha encontrado a su nombre una vivienda de 338 metros cuadrados y cuatro habitaciones en World Trade Centre Residences, que fue adquirido en 2009 por 7,8 millones de dirhams, 1,96 millones de euros. El inmueble se encuentra embargado desde el pasado mes de enero por las autoridades de Dubái, pero no porque las autoridades dubaitíes hayan actuado contra un individuo buscado por la Interpol, sino por una deuda de 118.000 dirhams –29.722 euros–.

El de Zandi es uno de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Su abogado asegura que Zandi Goharrizi “siempre ha vivido en Dubái” y que “no pisa España desde hace ocho o nueve años”. Sólo con ocasión del nacimiento de su hijo, matiza después, volvió a territorio español, “porque allí, si tienes un hijo sin estar casado, puedes ir a la cárcel”. Precisamente su residencia fiscal es uno de los asuntos que se dirimen en la causa que Hacienda sigue contra el comisionista hispanoiraní. “Como no residía en España no tenía por qué presentar declaración aquí”, sostiene Luis Ugarte, quien carga las tintas sobre el modelo 720, la declaración de bienes y derechos en el extranjero que deben presentar los residentes fiscales en España y cuyo régimen sancionador fue anulado por el Tribunal de Justicia de la UE en enero de 2022. “Casi todo lo que le pide Hacienda, 105 millones, tiene relación con el 720”, añade.

Ese modelo, creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2012, establece la obligación de declarar los bienes en el extranjero por valor superior a 50.000 euros. Su régimen sancionador fue modificado por el Gobierno para adecuarlo al dictamen del TJUE. En consonancia, las multas impuestas hasta entonces tuvieron que ser anuladas. Por eso, Luis Ugarte se muestra convencido de que Massoud Zandi ganará la demanda de Hacienda. Además, dice que el hispanoiraní “no tiene ni un euro”, pese a que, en su día, recuerda, llegó a alquilar “toda una planta en el hotel de la vela”, como se conoce al Burj Al Arab, el único de siete estrellas del mundo, para albergar a sus invitados. Una noche en una de sus suites puede costar 1.800 euros.

OCCRP ha hecho llegar a Massoud Zandi unas preguntas también sobre su residencia fiscal y sus problemas judiciales, sin obtener una respuesta.

Con dinero o sin él, el rastro judicial que Massoud Zandi dejó en España no es despreciable. Alberto Cortina, uno de los hombres más ricos de España, propietario del 50% de la Corporación Financiera Alcor, le demandó por estafa en un negocio fallido con otra de sus empresas, SP Mining, con domicilio fiscal en Singapur y propietaria de una licencia para explotar una mina en Chad. Le pedía 18 millones de euros, según publicó en su día El Confidencial. infoLibre ha preguntado al financiero por el estado actual del litigio, sin obtener una respuesta.

Otro financiero, Juan Pablo Rodríguez Castejón, que antes de trabajar en SP Mining lo hizo en Rothschild y después se asoció con Dimas Gimeno, el expresidente de El Corte Inglés, en la cadena de tiendas Wow, le demandó porque dejó de abonarle la nómina. Tampoco ha querido responder a este periódico sobre el resultado del pleito. Igualmente lo denunció en los juzgados de lo Social un buen número de trabajadores de sus empresas por impago de salarios.

Sus huellas en España también pueden seguirse a través de sus empresas. O lo que queda de ellas. La luxemburguesa Star Petroleum –en cuyo consejo de administración se sentó Juan Luis Cebrián– fue liquidada en 2018, mientras su homónima española ha figurado en la lista de morosos de Hacienda desde 2015, su primer año de publicación, hasta 2022, con una deuda que superaba el millón de euros. El negocio por el que prometía un beneficio de 5.000 millones de euros en Sudán del Sur, un país fallido en perpetua guerra civil, quedó en nada.

En 2019 Javier Merino, exsocio de Zandi, aún seguía litigando en la Audiencia Nacional para demostrar que la Star Petroleum española seguía activa. No lo consiguió. En realidad, no tenía actividad mercantil desde finales de 2008. Primero la Agencia Tributaria y después el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y la Audiencia Nacional confirmaron la liquidación de la sociedad y la declaración de responsabilidad subsidiaria por una deuda de 947.000 euros por impago de IVA.

Por lo que respecta a Golden Vending, otra de las empresas españolas de Zandi pero también con matriz en una sociedad del hispanoiraní en Luxemburgo, sigue activa. O al menos el pasado 20 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a su favor en el recurso que interpuso contra un pago de 29.376 euros en concepto de impuesto de sociedades de 2016.

No tuvo tanta suerte cuando el mismo tribunal confirmó la legalidad del registro que la Agencia Tributaria llevó a cabo el 1 de junio de 2015 en las sedes sociales de las empresas citadas en este reportaje, así como en la oficina de Trade Petroleum, otra sociedad que había creado en Luxemburgo. Todas ellas estaban domiciliadas en el Paseo de la Castellana, 42, de Madrid, la misma dirección que facilita Massoud Zandi en el Registro de la Propiedad de Dubái para inscribir su vivienda en World Trade Residences. También fue registrada la mansión que era entonces su residencia en Madrid, situada en La Finca. Los jueces dictaminaron que la autorización para los registros fue “fundada”, “justificada” y “proporcional”.

Pero quien más arrepentido debió de terminar por su relación con Massoud Zandi fue el expresidente de Prisa, que demandó a El Confidencial en los tribunales por publicar con todo detalle su relación, empresarial y personal, con el hispanoiraní. Perdió en el juzgado en 2019 y en la Audiencia Provincial de Madrid, donde recurrió, un año más tarde. Cebrián llegó a poseer el 2% de la Star Petroleum luxemburguesa, mientras que su entonces esposa, Teresa Aranda, fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Atman, creada y presidida por el propio Massoud Zandi en 2005. En su constitución también participaron Javier Merino y el asesor fiscal Joaquín de Arespacochaga, igualmente administrador de la Star Petroleum luxemburguesa. Su misión, según consta en sus estatutos, era “contribuir a la difusión de la cultura, de la paz entre los hombres y los pueblos del mundo, con especial hincapié en el diálogo entre las civilizaciones”. Fue disuelta en 2014.

Si creía que el español era un mercado inmobiliario en permanente y rentable ebullición, échele un ojo al de Dubái. Es el más pujante del mundo. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Esas cifras dejan en pañales a España, donde el precio de los inmuebles creció un 4% el año pasado, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres aumentaron un 5,7%, si se hace caso a Fotocasa, y un 10,1% si se atiende a los cálculos de Idealista.

No es de extrañar, por tanto, que el volumen de transacciones en el emirato se disparara un 29% en 2023. Sobre todo, el de las de viviendas de lujo, cuyos precios están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, destaca la consultora inmobiliaria Knight Frank.

Sólo los rendimientos asociados a esos precios constituyen un extraordinario incentivo para la inversión extranjera. Pero si se añade el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales, Dubái se convierte en un imán para el dinero foráneo. El legal y el que no quiere ser rastreado.

Así, casi un tercio de los 533.000 millones de dólares –494.100 millones de euros– en que estaba valorado el mercado inmobiliario dubaití en 2020 es propiedad de extranjeros, de acuerdo con los cálculos publicados en Who owns offshore real estate? Evidence from Dubai ( ¿Quién posee bienes inmuebles en paraísos fiscales? La experiencia de Dubai), un estudio firmado por los economistas Annette Alstadsæter, Andreas Økland, de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU), junto con Bluebery Planterose y Gabriel Zucman, del Observatorio Fiscal de la UE.

El proyecto Dubai Unlocked permite ahora actualizar y refinar esas cifras. El valor de las inversiones extranjeras sólo en inmuebles residenciales de Dubái puede superar los 160.000 millones de dólares –148.300 millones de euros–. El dato lo han obtenido investigadores del Centro de Investigación Fiscal de Noruega (Skatteforsk) y del Observatorio Fiscal de la UE a partir de la filtración de datos de Dubai Unlocked referidos a 2022.

En ellos se constata que en manos de extranjeros había ese año un mínimo de 198.000 inmuebles residenciales, más unas 20.000 propiedades “sobre plano”, indica Andreas Økland, de la Facultad de Economía y Empresa de la NMBU. El análisis se basa en los precios inmobiliarios de 2022, sin tener en cuenta la subida del 25% que han sufrido en los dos últimos años, según Deloitte, Global Property Guide y el Departamento del Suelo de Dubái. Añadiendo el alza de precios, el valor de los inmuebles alcanza esta primavera los 200.000 millones de dólares –185.400 millones de euros–.

Dubai Unlocked es un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Para hacerse una idea cabal del volumen que implican esos 185.000 millones de euros, basta recordar que triplica el valor de los inmuebles que en Londres son poseídos por extranjeros a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. La capital británica tiene nueve millones de habitantes. Dubái apenas rebasó los 3,6 millones en junio de 2023. La cifra supera también el presupuesto de Noruega para este año y el PIB de un país como Hungría.

De esa cantidad, sólo una pequeña parte corresponde a propietarios españoles. A tenor de los datos de Dubai Unlocked, el número de nacionales que tienen inmuebles registrados a su nombre en el emirato son 472 en 2020 y 475 en 2022. Los académicos noruegos y del Observatorio Fiscal de la UE que han analizado la información calculan que su número total es en realidad mayor, entre 518 en 2020 y 570 en 2022. En Dubái residen 5.511 españoles, a fecha de enero de 2024, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El valor agregado de las propiedades identificadas en la filtración ascendería a 232 millones de dólares –215 millones de euros– en 2022, pero superaría los 326 millones de dólares –302 millones de euros– si a esos inmuebles se suman los que aparecen en el Registro del Suelo de Dubái y no figuran en los datos filtrados.

Los contribuyentes que son residentes fiscales en España están obligados a declarar su patrimonio en el extranjero –inmuebles, acciones, cuentas bancarias– por encima de 50.000 euros. Lo hacen desde 2013 en el modelo 720, creado por el exministro Cristóbal Montoro a la par que aprobaba la polémica amnistía fiscal. La Agencia Tributaria sólo ha publicado los datos obtenidos a través de esa declaración, desglosados por países y tipo de bienes, hasta 2015. No ha habido ninguna actualización posterior. Tampoco ha dado a conocer el número de contribuyentes que declaran tener propiedades en el extranjero según los países donde los poseen.

Pero, según el valor de esos bienes, los españoles declararon inmuebles en los Emiratos por importe de sólo 11,93 millones de euros en 2013 y de 11,02 millones en 2015. Es decir, la cifra obtenida a partir de los datos de Dubai Unlocked multiplica por más de 25 la declarada a Hacienda que, además, incluye a los siete emiratos, no sólo a Dubái. La Agencia Tributaria explica que esa cifra es una “foto fija” del patrimonio declarado en el extranjero cada año: una vez presentada la primera declaración, sólo es necesario volver a hacerlo si el valor de los bienes ha aumentado más de 20.000 euros o si se han vendido.

No es un caso aislado. Según el dato facilitado por la Hacienda británica al diario The Times –socio de OCCRP–, un total de 1.900 ciudadanos del Reino Unido habían declarado en el ejercicio fiscal 2021-2022 que tenían propiedades a su nombre en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, Dubai Unlocked ha identificado a 20.300 británicos como propietarios registrados en 2020 –19.560 en 2022– sólo en Dubái y los académicos calculan que ese número puede superar los 25.700; es decir, hasta 13 veces más de los que declaran sus inmuebles al HMRC, la agencia tributaria británica. De hecho, sólo la India tiene más propietarios en el emirato, 40.700. Y hay que tener en cuenta que el 41% de los inmigrantes de Dubái son indios. El 20% del valor de los inmuebles en manos de extranjeros corresponde a ciudadanos de la India. A los británicos, el 10%.

Otro tanto ocurre con los italianos. Sólo 486 declararon a Hacienda que tenían propiedades en los Emiratos Árabes Unidos en 2022. Sin embargo, según Dubai Unlocked, 2.022 italianos eran dueños de 2.502 inmuebles residenciales en Dubái en 2022. Y sólo 33 italianos declararon ese año tener participaciones en sociedades de Emiratos Árabes Unidos.

El valor de todos los inmuebles emiratíes declarados a las autoridades fiscales italianas en 2022 fue únicamente de 186 millones de euros, mientras que los datos de Dubai Unlocked elevan esa cifra por encima de los 1.000 millones de dólares –927 millones de euros–. Incluso sin contar las plusvalías, la pérdida de ingresos para el Estado es evidente. Según los cálculos de IrpiMedia –socio de OCCRP–, el agujero fiscal puede medirse con una horquilla entre 2,7 y 5,4 millones de euros.

En Noruega, uno de los pocos países, junto con España y Suiza, que aplican un impuesto sobre el patrimonio, el panorama es similar. Apenas 66 noruegos declararon en 2020 que tenían propiedades en Dubái. Los datos de Dubai Unlocked, en cambio, localizaron a 234 ese año, mientras que los académicos calculan que puede haber hasta 300 en 2022. Es decir, casi el 80% eludió al fisco y, por tanto, evadió impuestos. “Los inmuebles en Dubái son las nuevas cuentas bancarias suizas”, resumen los investigadores del Observatorio Fiscal de la UE.

Es así porque, a diferencia de lo que ocurre con los activos financieros, los países no están obligados a intercambiar información sobre la propiedad de bienes inmuebles. Tampoco es óptima la información transfronteriza sobre los propietarios últimos de sociedades pantalla, que a menudo se utilizan para esconder viviendas de lujo, advierte el observatorio europeo. Y por ahí pierden los países ingresos millonarios del impuesto sobre la renta –alquileres y plusvalías– y del impuesto sobre el patrimonio. Alrededor del 8% de los inmuebles propiedad de extranjeros en Dubái pertenecen a ciudadanos de la Unión Europea.

Ese vacío de cobertura legal no sólo atrae a los evasores fiscales, que pueden preferir la inversión en vivienda a los activos financieros. También es un imán para quienes buscan blanquear dinero y eludir las sanciones internacionales o la acción de la justicia.

Entre los españoles localizados en la filtración figuran personas sobre las que pesan órdenes internacionales de busca y captura, como Massoud Zandi Goharrizi, el comisionista hispanoiraquí que apareció en los Papeles de Panamá con un entramado de sociedades en paraísos fiscales y que se situó en el centro del negocio fallido en torno a Star Petroleum. Amigo de Felipe González y Juan Luis Cebrián, con buenas conexiones con la jet set financiera española, pretendió dar un pelotazo con un negocio de 5.000 millones de euros gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur que terminó arruinando a sus socios.

También busca la justicia española a Cándido Nsué Okomo, cuñado de Teodoro Obiang, que contrató al excomisario José Manuel Villarejo para lanzar una campaña de difamación contra uno de los hijos del dictador ecuatoguineano. El dueño de la cadena hotelera Bluebay y del 49% del Málaga CF, Jamal Satli Iglesias, fue detenido en 2023 en cumplimiento de otra orden internacional de busca y captura por estafa, aunque emitida por las autoridades de los Emiratos. Mientras, en España, está imputado por cohecho en el caso Astapa, una de las mayores tramas de corrupción urbanística de España.

Además, figuran como propietarios de bienes inmuebles dos agentes de futbolistas, uno de ellos implicado en un caso de presunta evasión fiscal y lavado de dinero investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina en 2012, y otra ciudadana hispanoargentina cuyo nombre apareció en la Lista Redrado, donde aparecieron los contribuyentes que compraron dólares en 2008 y 2009 y los sacaron del país en plena crisis financiera. En ella estaban también los expresidentes Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Una española condenada por un delito monetario en 1987 –e indultada por el Gobierno tres años después– y un alto funcionario municipal tienen también propiedades registradas en Dubái. infoLibre ha preguntado a todos ellos por el origen de los fondos con los que adquirieron esas propiedades, si son residentes fiscales en España y si las han declarado a Hacienda. Pero no ha conseguido una respuesta de ninguno de ellos.

En todo caso, el volumen del patrimonio español en Dubái es pequeño comparado con otros países. También el declarado a Hacienda. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria y referidos a 2013, Emiratos es el número 58 de un total de 206 países si se considera la cantidad total de bienes declarados, 70 millones de euros. Pero el 43 si se miran sólo los inmuebles –11,93 millones–. Es en Suiza donde los españoles poseían ese año más patrimonio, 19.867,46 millones de euros, pero en Francia donde declaraban más viviendas, por importe de 1.727,25 millones. En general, los contribuyentes nacionales acumulan más patrimonio en valores y derechos –acciones y participaciones en empresas–, nada menos que 47.000 millones de euros, así como en sicavs y cuentas bancarias, que en inmuebles, sólo 9.207,6 millones.

Las cifras españolas también quedan lejos de las inversiones inmobiliarias de los ciudadanos indios o paquistaníes, los principales propietarios extranjeros de Dubái. El valor de las viviendas residenciales, incluidas las compradas “sobre plano”, por indios superaba los 17.000 millones de dólares en 2022 con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. El de los británicos excede los 10.000 millones. Hay un dato que retrata el mercado inmobiliario en el emirato: si se pone el foco de atención sólo en las zonas más caras de Dubái, la India sigue siendo el mayor propietario, pero su cuota disminuye respecto al resto de las áreas, mientras que la proporción de rusos –más de 5.000, con 3.300 millones de dólares en inmuebles– se multiplica por dos.

También es llamativo el volumen de propietarios procedentes de regímenes autocráticos y países en conflicto. Por ejemplo, unos 7.000 ciudadanos iraníes son propietarios registrados en Dubái, con inmuebles residenciales por un importe superior a los 4.000 millones de dólares. De Siria aparecen en los datos analizados unos 3.900 propietarios, con casi 1.850 millones en viviendas en 2022.

Grandes economías como Canadá, Estados Unidos o China rozan los 5.000 dueños de inmuebles en el emirato. En la UE, Alemania cuenta con unos 2.000 y Francia casi llega a los 3.000, casi cinco veces más que España.

El valor medio de las viviendas compradas por españoles tampoco es muy alto, no alcanza el medio millón de euros. Por el contrario, los inmuebles más caros de media son aquellos cuya propiedad está asignada a paraísos fiscales. Su número es pequeño, pero los menos de cinco propietarios con residencia en las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, tienen a su nombre 118 inmuebles, con un valor medio de nada menos que 40 millones de dólares, según los datos de Dubai Unlocked.

El mercado inmobiliario dubaití es tan sabroso que incluso las empresas españolas están poniendo un pie en el emirato. Tímidamente. Resulta difícil competir con los gigantes locales –Damac, Emaar–. La Oficina Económica y Comercial de España en Dubái asegura que “no existen empresas inmobiliarias españolas propiamente dichas” asentadas en el emirato. En todo caso, “agentes inmobiliarios de nacionalidad española” que trabajan, en su mayoría, en las grandes inmobiliarias internacionales.

Gesmar 2000 es una inmobiliaria de Alicante que lleva un tiempo trabajando en Dubái. Lo hace a través de agentes locales que son los que tratan directamente con los promotores, explica a infoLibre su gerente, Gabriela Schneir. “Es un mercado en auge, con muchas posibilidades de crecimiento y completamente seguro”, recalca.

Tanto ella como Lennart Ulf Sten Cromstedt, vocal de la patronal inmobiliaria Fadei, elogian la capacidad de atraer capitales que tiene Dubái. “Lo ponen muy fácil”, reconoce Cromstedt, “son muy laxos con las normas de prevención del blanqueo de capitales”. El pago en efectivo o en criptomonedas es habitual. Algunas inmobiliarias no tienen problema en publicitarlo abiertamente en su página web. También su fiscalidad resulta de lo más “atrayente”, apunta Gabriela Schneir, sin impuesto sobre la renta y con un tipo en el de sociedades de sólo el 9%. A cambio, la rentabilidad de los alquileres está entre el 7% y el 10%, explica, con unas plusvalías de la revalorización de los inmuebles de entre el 15% y el 30% anual.

Sus clientes, dicen ambos, son sobre todo británicos. “Los mismos que invierten en la Costa del Sol invierten en Dubái”, añaden. También italianos. Y latinoamericanos. “Hacemos de puente”, describe el vocal de Fadei, que cifra en una veintena de inmobiliarias medianas las empresas españolas que trabajan en Dubái.

Schneir asegura que cada vez hay más españoles haciendo negocio allí y que no todo es vivienda de lujo. Por 250.000 euros, sostiene, se pueden encontrar apartamentos con piscina, pista de pádel, gimnasio, zonas comunitarias completas… Por supuesto también hay villas y apartamentos que son el paradigma de la ostentación. “En febrero se vendió un apartamento por 363 millones de dírhams –91 millones de euros–”, detalla. Sólo en febrero, continúa, se cerraron operaciones por importe de 10 billones de dírhams –2.500 millones de euros–.

La gerente de Gesmar 2000 elogia la “impresionante” oferta inmobiliaria de Dubái. Palm Jumeirah, la famosa isla artificial en forma de palmera, ya forma parte del pasado. “Palm Jebel Ali [otra isla artificial, pero con el doble de tamaño] la va a superar”, se muestra convencida: “Cada vez que un promotor lanza una nueva área los agentes inmobiliarios hacen cola toda la noche en la oficina del máster desarrollador para presentar las ofertas de sus clientes”. “No hay límite en lo se puede tener allí”, resume.

El fichaje de Juan Luis Cebrián por The Objective no es sino el colofón de una prolongada deriva que convirtió al gestor del éxito periodístico de El País en el urdidor del casi hundimiento del grupo Prisa, enajenándose por el camino el respeto de sus propios redactores y el resto de la profesión mientras hacía gala de una derechización que también intentó trasladar al periódico progresista de referencia en España.

La sorpresa, por tanto, debería ser contenida. Como también que se vaya a estrenar en el nuevo medio con una entrevista a Felipe González, que abandonó el consejo editorial de Prisa en 2021. Es inevitable trazar la similitud de las evoluciones, vitales e ideológicas, de ambos personajes. Y lo mismo puede decirse del medio que ha elegido para escribir el estrambote de una carrera tan laureada como polémica: Antonio Caño, exdirector de El País y brazo ejecutor de Cebrián en la etapa más negra del periódico, forma parte del consejo editorial del digital que ahora acoge a su mentor. Allí compartirá espacio de firma con otros viejos conocidos como Fernando Savater, Félix de Azúa, y Pilar Marcos, entre los ex de El País, o Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre los antiguos cargos políticos.

El ya expresidente de honor de Prisa ha contestado a la destitución fulminante sugiriendo que va a demandar a su antigua empresa –“Demostraré en los tribunales que no he incumplido el contrato de colaboración”– y anunciando que este sábado iba a enviar a la directora del periódico, Pepa Bueno, el artículo previsto para este mismo lunes. Fuentes de Prisa aseguran a infoLibre que no van a publicar ningún artículo más de Juan Luis Cebrián, aunque lo utilice como “artimaña jurídica”.

En un comunicado, el fundador de El País se despide del grupo que ayudó a levantar citando su Libro de Estilo, al primer presidente de Prisa, José Ortega Spottorno, e incluso a Calderón de la Barca. Termina invocando a la libertad de expresión. Lo mismo hizo Antonio Caño cuando fue despedido en 2021, también anunciando acciones legales que terminaron en un acuerdo con la empresa antes de llegar al juicio.

Quizá ninguno de los dos recordaba, por ejemplo, el día en que El País canceló el suplemento de 12 páginas con artículos de The New York Times porque éste había publicado un reportaje titulado Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda, en el que varios periodistas denunciaban presiones gubernamentales y de los acreedores. Uno de ellos era Miguel Ángel Aguilar, que fue despedido sólo dos días antes por las críticas vertidas en el diario estadounidense.

Eso ocurrió en 2015, pero para entonces Juan Luis Cebrián ya había mostrado ante los suyos que la foto donde posaba con el casco de Darth Vader y que Jot Down no publicó hasta tres años después de lo previsto –en marzo de 2019, cuando la revista ya no era distribuida por Prisa– era un más que fiel reflejo de la evolución, y del carácter, del personaje.

Fue en una reunión con el comité de empresa de El País, previa al primer y único ERE que ha sufrido el periódico en sus casi 50 años de historia, cuando Cebrián intentó justificar los 129 despidos de noviembre de 2012. “No podemos seguir viviendo tan bien”, les dijo a los redactores. Pero esa primera persona del plural no le incluía: en 2011 había cobrado 13 millones de euros –fijo, bonus y complementos–, mientras Prisa se apuntaba unas pérdidas de 451 millones, las ventas de ejemplares caían más de un 30% y la acción del grupo en Bolsa se desplomaba, dejándose el 90% de su valor respecto a 2007. Como calculó entonces Pere Rusiñol, experiodista de El País, con esa cantidad se podían haber contratado 400 redactores, cuyos sueldos fueron recortados en un 8% tras el ERE.

No fue la única incoherencia argumental de Cebrián esos días de crisis económica. También defendía la necesidad de rejuvenecer la plantilla. “La tercera edad en periodismo comienza a los 50 años”, esgrimió, tras calificar de “preocupante” que la edad media en el diario fuera de 53. Entonces él tenía 68 años y hoy ya cuenta 79.

Pero hasta allí, el ERE, las pérdidas millonarias y una deuda elefantiásica, Prisa había llegado de la mano de una gestión económica que puede tacharse de nefasta. Ahora también se recuerda cuando Maruja Torres, que había abandonado El País en 2013, dijo que Cebrián quería ser “un tiburón de Wall Street”, pero se quedó en “sardinita”.

No le faltaba razón: como publicó infoLibre en 2014, Propu (Promotora de Publicaciones), la empresa que era el accionista mayoritario de Prisa y cuyo consejero delegado era Juan Luis Cebrián, se dedicó a hacer operaciones especulativas de alto riesgo al menos desde 2003, con importes que alcanzaban los 360 millones de euros. Al principio le fue bien, pero en 2007 perdió 148 millones de euros por especular de forma agresiva y arriesgada con derivados sobre acciones de Prisa. Tal fue el batacazo que Propu demandó en los tribunales a Goldman Sachs, la firma que había utilizado para asesorarse y gestionar estas operaciones. Y perdió estrepitosamente. Primero un juzgado de Primera Instancia y después la Audiencia Provincial de Madrid fallaron a favor del banco de inversiones en una sentencia que Propu ya no se molestó en recurrir y es firme. En ella se desvelan todos los detalles de las operaciones de alto riesgo que resultaron en un auténtico fiasco nada más estallar la burbuja financiera en 2008.

Mientras Propu acusaba a Goldman Sachs de hacer “un asesoramiento negligente e ilícito” e incluso su director de inversiones llegó a declarar ante los jueces que “no sabía lo que era” y “no entendía” aquello que le presentaba el banco estadounidense, el tribunal consideró que Cebrián y el resto de los gestores de la empresa “conocían los riesgos que asumían” cuando apostaron por una subida del valor de la acción que nunca se produjo. Es más, Propu aumentó sus posiciones en 2007, pese a que Goldman Sachs le aconsejó en contra. Era, alegó el banco de inversiones, un “cliente profesional y sofisticado”, acostumbrado a operar con derivados. De hecho, las operaciones especulativas formaban parte de los objetivos de inversión establecidos expresamente en la cuenta que Propu abrió con Goldman Sachs en 2000.

En ese mismo año 2008, el de la quiebra de Lehman Brothers, Cebrián firmó la operación más polémica de Prisa: la OPA por el 100% de las acciones de Sogecable, la televisión del grupo. Una inversión de 3.000 millones de euros que disparó la deuda de Prisa por encima de los 5.000 millones. Esa carga insoportable dejó al grupo en manos de sus acreedores, que convirtieron la deuda en capital. Santander, La Caixa y HSBC se convirtieron en accionistas del primer grupo de comunicación español. También entraron fondos de inversión y un jeque catarí. Al acabar 2015, cuatro bancos y el fondo Amber controlaban el 42% del capital de Prisa. Mientras, la familia Polanco no dejaba de perder peso. Al cierre de 2009, poseía el 70,95% del grupo; en 2016 su participación se había quedado en el 10,7%. Hoy no supera el 7,6%.

Eran años en que Prisa encadenaba números rojos cada vez más elevados. Si empezó con unas pérdidas de 72 millones de euros en 2010, en 2013 se elevaron a 649 millones y en 2014 explotaron hasta los 2.263 millones –en 2023 ha perdido 33,5 millones–. Cebrián había sido su consejero delegado desde 1988 y su presidente ejecutivo desde 2012. Pero, además de la crisis económica general, de la crisis de la prensa en particular, y de los problemas de gestión, Cebrián tenía que afrontar otros retos de tiburón financiero venido a menos. En 2016 su nombre apareció asociado a los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca que destapó a defraudadores fiscales de todo el mundo.

Su segunda exmujer, Teresa Aranda, figuraba como apoderada de una sociedad llamada Granite Corporation Incorporated, domiciliada en las islas Seychelles. Aranda también era vicepresidenta de la Fundación Atman, que presidía Felipe González. En su patronato se sentaba además un empresario iraní, Massoud Zandi, a su vez socio junto al propio Cebrián y Antonio Navalón, entonces columnista de El País, de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo, actividades poco claras en Sudán del Sur y una deuda con Hacienda de 2,5 millones de euros en 2016. Navalón también apareció en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 2,08 millones. Cebrián siempre ha negado tener ni haber tenido sociedades en paraísos fiscales, pero perdió en los tribunales una demanda contra El Confidencial por "difamarle" publicando la información revelada en los Papeles de Panamá.

Mientras, en la redacción de El País se libraba otra batalla. Cebrián encargó a Antonio Caño, quien entonces era corresponsal en Washington, un informe interno sobre el periódico y los cambios que debían hacerse para frenar la pérdida de lectores. Caño lo envió por error a una cincuentena de periodistas y colaboradores del diario. infoLibre lo publicó. Era febrero de 2014 y Javier Moreno, que no sabía nada del documento, ejercía de director. El contenido del informe levantó ampollas: Caño planteaba cambiar a todo el equipo directivo e incorporar a los cuadros a jóvenes de 30 años, al tiempo que criticaba que se hubiera “arrinconado” al periódico “en un lado del espectro político”.

Ya entonces era patente el giro del periódico hacia la derecha, pero el documento lo ponía negro sobre blanco. Cebrián también había hecho notar su enfrentamiento con los periodistas que él consideraba “del 68”, en alusión a los movimientos sociales que irrumpieron ese año en todo el mundo, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el Mayo francés. Apenas 10 días después de desvelarse el informe, el consejo de administración de Prisa anunció el nombramiento de Antonio Caño como director de El País.

Sus cuatro años al frente del periódico fueron quizá los más abruptos de la historia del diario. Caño, que se consideraba a sí mismo un “conservador”, apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak y su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentó con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Una vez en la dirección, sus relaciones, y las de quienes nombró para formar su equipo, con la redacción no fueron buenas. Además del cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas. Cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo había considerado “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo con una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulos”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

Además, el Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión convocada al efecto al cabo de apenas un minuto, con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial, de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz sólo dos semanas después de que Cebrián dejara la presidencia ejecutiva de Prisa en 2018. El resto de su equipo fue despedido. Tres años después también lo fue el propio Antonio Caño.

Desde entonces, Juan Luis Cebrián ostentaba la presidencia de honor de Prisa, mientras escribía artículos de opinión y críticas de libros en el suplemento Babelia. Siempre ha dicho que su abandono de las funciones ejecutivas fue el capítulo final de una sucesión que había empezado a preparar en 2016.

En una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre de 2017, Cebrián alertó de “la falta de rigor y credibilidad, del basurero de opinión en el que se ha convertido internet, a través de toda clase de sistemas organizados para generar una política de desinformación, chantaje y bloqueo con motivaciones muy diferentes”. Habrá que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el expresidente de Prisa en el medio que acaba de contratarle, precisamente uno de los señalados por no ser precisamente escrupuloso a la hora de publicar bulos.

"Es chocante, sí. Más que sorprendente, porque sabemos que esto existe, es chocante. Actúan a las claras, sin disimulo".

Quien así habla es Miguel Alba, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, tras darse un rápido paseo por la oferta digital offshore disponible en España. A golpe de clic, uno puede montarse desde España, con unas pocas y sencillas gestiones y asistido telemáticamente, una compañía en una jurisdicción considerada paraíso fiscal por la UE y la Hacienda nacional. Sí, es como suena. Empresas privadas ofrecen servicios de constitución de compañías en jurisdicciones offsore, es decir, en el extranjero, a menudo en territorios de tributación, cooperación y transparencia bajos. Los principales alicientes están claros: pocos impuestos y mucha discreción. Se trata, subrayan empresas prestadoras de estos servicios, de una práctica legal de elusión fiscal, no de evasión.

Foster Swiss, con oficinas centrales en Ginebra (Suiza) y un cuadro de dirigentes donde se destacan las carreras en Credit Suisse, presume de ser "una de las consultoras más activas en la creación de empresas offshore a nivel internacional", con más de 10.000 clientes sobre todo en Latinoamérica y Europa, incluida España. Ofrece servicios de apertura de sociedades y cuentas bancarias en más de 120 países, entre ellos Seychelles, Vanuatu y Samoa, todos ellos destinos que figuran en el listado de "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" de la UE y también en el catálogo de "jurisdicciones no cooperativas de la Agencia Tributaria". Otras opciones, fuera de los listados oficiales pero en el punto de mira de las asociaciones por la justicia fiscal, son Andorra, Delaware –Estado norteamericano donde hay más empresas que habitantes–, Luxemburgo y Suiza.

Con un capital muy bajo o incluso sin capital, estas firmas son ideales para fondos de inversión o sociedades de comercio electrónico. Foster Swiss expresa a las claras los alicientes. "¡Pagar menos impuestos merece la pena!", proclama en su web, que recuerda que las sociedades en los territorios y jurisdicciones offshore están exentas del impuesto sobre sociedades, sobre beneficios y dividendos, sobre sucesiones y sobre actividades económicas. Y afirma, promocionando sus servicios de "planificación holding": "Si IKEA o APPLE paga CERO impuestos, su empresa también puede". ["En IKEA cumplimos escrupulosamente con todos nuestros compromisos fiscales, que son, además, una de nuestras principales vías de contribución allá donde estamos presentes", señala la multinacional de origen sueco y remite a dos enlaces: aquí y aquí. Apple no respondió al mensaje de infoLibre].

La compañía suiza insiste en que todo es "totalmente legal", porque no se trata de "evasión", sino de "elusión fiscal", es decir, de "aprovechar todos los recursos legales para pagar menos impuestos". Aquí, aclara Foster Swiss, no hay "lavado de dinero". "La elusión fiscal se puede lograr por medios legales, siempre y cuando se cumplan las leyes y tratados existentes", señala. Entre las obligaciones que Foster Swiss especifica está la de "notificar a las haciendas locales la constitución de una sociedad y la apertura de una cuenta bancaria". Así evitaremos "encontrarnos con sorpresas", subraya.

En declaraciones por escrito a infoLibre, el director general, Manuel García, insiste en que todo es "absolutamente legal" y apunta el dedo acusador contra las grandes empresas, mencionando a Google, Microsoft e Ikea, que "sangran a las arcas del Estado" en "connivencia con los gobiernos", algo que no está al alcance de las empresas pequeñas y medianas. Sobre el ofrecimiento de destinos offshore en las listas de la UE y España, el directivo de Foster Swiss afirma: "Sí, obviamente, muchos de ellos lo están pero hay que entender qué significa esto, qué lobbies internacionales son los que marcan las directrices". A su juicio, la falta de "peso internacional" de España hace que acepte listas negras con destinos que excluyen a países como Holanda o Luxemburgo, de facto "paraísos fiscales y no cooperadores".

Offshore Company Corp, compañía con oficina principal en Hong Kong y presencia en Estados Unidos, Lituania y Vietnam, también ofrece la constitución de sociedades en jurisdicciones incluidas en los listados oficiales europeo y español, como es el caso de Seychelles. ¿Alicientes? "Los detalles de los accionistas y beneficiarios finales no están sujetos a divulgación pública. No pague impuestos, derechos de timbre u otros impuestos recaudados en Seychelles", recoge la propia promoción de los servicios de la compañía. Offshore Company Corp no responde a la comunicación remitida por infoLibre.

Si responde en cambio Foster Swiss, para quien su oferta offshore permite que se "democratice" una práctica que –según se concluye de sus respuestas– es el pan nuestro de cada día de la élite empresarial. "Nunca ha existido ninguna empresa cotizada en el IBEX que no cuente con decenas de empresas de ésta índole", asegura su director, Manuel García. Y añade: "Hoy en día es una opción para cualquier pequeño y mediano empresario español".

"Actualidades: lo que revelan los 'Paradise papers' y por qué es una buena cosa", se lee en la web de Merrit Middle East, compañía radicada en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, una escisión del grupo de Hong Kong Merrit. Se dedica a crear sociedades offshore en Emiratos, una de las más ricas petromonarquías árabes, para actuar como empresas de importación-exportación, consultoría, asesoría o cabeza de holding.

La sociedad, aclara Merrit, no puede tener actividad en Emiratos, aunque sí cuenta bancaria, y entre sus alicientes están: "Ningún impuesto: no hay impuesto de sociedades, no hay retención, no hay IVA. No hay intercambio de información con el extranjero". Más: "Los Emiratos no pondrán nunca problemas a nivel jurídico y fiscal para sus clientes y socios". De nuevo, la compañía –que no responde a las preguntas de infoLibre– defiende el carácter legal de su actividad, al tiempo que advierte a sus posibles clientes de que deberá responder a "ciertas preguntas" sobre la actividad de la sociedad en Emiratos, que no está en la lista negra de la UE ni de España pero sí de la organización Tax Justice Network.

En cuanto a Panamá, está en la lista europea, no en la española. Legal Solutions Panama, firma con sede en Panama City y oficina en Madrid, ofrece la apertura de empresas offshore en dicho país centroamericano sin moverse de España. ¿El gancho? "Cualquier profesional o pyme con beneficios superiores a 30.000 dólares puede beneficiarse de una sociedad offshore con una reducción de costes de hasta el 75%".

Preguntada por los requisitos para la legalidad, la directora general, Kathia Rivera, responde: "Esta es una muy buena pregunta, toda vez que es verdad que las personas piensan que tener una sociedad fuera de España es ilegal, cosa que no es así. Como ciudadanos tenemos el derecho de constituir una empresa en cualquier país del mundo, siempre que cumplamos los requerimientos que nos exijan las leyes del país en el cual residimos y tenemos nuestra residencia fiscal".

Rivera afirma que los conocidos papeles de Panamá, o Panama papers a nivel internacional, "hicieron mucho daño a nuestra actividad y prueba de ello fue el decrecimiento sistemático, durante los años siguientes, de la inscripción de sociedades en Panamá". "No fue justo que a la investigación se le denominara Panama papers, ya que no sólo se trataba de la filtración de documentos de una firma ubicada en Panamá, sino que lo realmente llamativo es que la firma panameña creaba las sociedades principalmente fuera de Panamá, en otros paraísos fiscales. Es decir, las sociedades estaban creadas en su gran mayoría en otras jurisdicciones [como] Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles, y si sumamos todas las sociedades offshore que fueron creadas en estas jurisdicciones, podemos afirmar que sobrepasan, con creces, las creadas en Panamá. Por tanto, Panamá no es el mayor paraíso fiscal mundial como se ha querido transmitir a raíz de los Panama papers", añade Rivera, que reivindica las medidas introducidas tras el escándalo para para evitar la llegada de "fondos opacos". "Vienen mejores días para Panamá. No perdemos la esencia pero sí establecemos mecanismos que nos alejan de proteger blanqueadores, personas políticamente expuestas y terroristas", concluye la directora de la compañía, única empresa latinoamericana en la feria de servicios jurídicos Expo Spain Legal 2022, celebrada en Madrid.

LABE, con más de treinta años de experiencia y sede en el Paseo de la Castellana, en Madrid, es un despacho de abogados dedicado –entre otras tareas– a la constitución de empresas offshore, que según la propia firma tienen como "beneficios" la reducción de impuestos –"optimizar fiscalidades"–, la privacidad y la protección de activos ante demandas, embargos y otras acciones legales. "En general, es legal tener una sociedad offshore. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes fiscales de diferentes países pueden diferir en cuanto a cómo se tratan", señala la compañía, que no responde a las preguntas de este periódico.

Desde la Agencia Tributaria, fieles a su máxima de no comentar casos concretos, se limitan a enmarcar legalmente la cuestión, sin nombrar ni valorar la actividad de ninguna empresa. "Las sociedades offshore, que es un concepto anglosajón sin traducción jurídica concreta en España, se rigen por la normativa mercantil y de toda índole del país donde se constituyen. A efectos de España, lo obligado es la adecuada declaración de todas sus rentas por parte del contribuyente español. Y para ello analizar el uso que se da a esa sociedad constituida en el extranjero. La Administración Tributaria puede utilizar los sistemas de intercambio de información internacional".

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, afirma que una clave legal está en acreditar que hay un "motivo legítimo" para montar la sociedad y que no es "una pantalla" e insiste en la necesidad de dotar a las administraciones de normas y herramientas para evitar que las jurisdicciones offshore acaben sirviendo para propósitos indebidos. ¿Como cuáles? Según Mollinedo, entre estos –que no atribuye a ninguna compañía en concreto– está la posible ocultación de activos o ingresos tributables en España, posibles tarjetas para tener acceso a dichos activos, el posible uso de sociedades tapadera para desplazar beneficios al extranjero, incluyendo la posible utilización de "facturas ficticias o cobrando de más (o de menos) en transacciones entre entidades afiliadas”. Tomando como referencia los criterios de la OCDE, Mollinedo cita como el posible mecanismos de defraudación de "mayor sofisticación" la creación por parte de multinacionales y entidades financieras de estructuras que desplazan "artificialmente" sus ingresos hacia jurisdicciones de baja tributación y gastos hacia jurisdicciones de alta tributación".

Se consulte donde se consulte, la respuesta sobre la legalidad es siempre la misma: es legal, siempre que... Es decir, si se cumplen unos requisitos. "Crear sociedades offshore no es ilegal. Tampoco lo es tener dinero en paraísos fiscales, pero sí podría llegar a serlo si su creación se produce para ocultar patrimonio (con ánimo de eludir el pago de impuestos), o la procedencia ilícita de un capital", explica la gestoría Ficotec. Obviamente, prácticas así hay que demostrarlas, no van de suyo con la mera constitución de la sociedad. Añade Ficotec en su web: "Si bien las sociedades offshore no tributan en el país en el que se domicilian, los activos y bienes con los que operan sí deben haber liquidado los correspondientes impuestos en el país en el que se originaron". Ese es el abecé de la mecánica. Pero Ficotec enciende la alerta: "La práctica nos indica que a través de estas sociedades opacas se pueden realizar múltiples operaciones económicas que se ocultan a la Administración", entre ellas "impago de impuestos y blanqueo de capitales". Ficotec afirma que para prevenir el delito el elemento fundamental es la "información", precisamente la madre del cordero.

ILP Abogados, en un apartado de su web con información que orienta a quien esté pensando en montar una sociedad offshore, recuerda obligaciones básicas para hacerlo dentro de la normativa, como las impuestas por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establece que las empresas españolas que tengan filiales en países o territorios calificados como paraísos fiscales deben declarar y tributar por las rentas obtenidas allí, o la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que fija que las entidades financieras deben informar a la Agencia Tributaria sobre las operaciones "sospechosas" que realicen con empresas offshore.

Para Miguel Alba, de Oxfam Intermón, el gran problema está en que, más allá de las obligaciones fijadas en la letra legal, las empresas offshore se deben básicamente a las reglas del país en el que se forman, que por su propia naturaleza suele ser laxa, y se benefician de lo que a su juicio es el gran déficit: la "falta de gobernanza global" a nivel fiscal. "Los movimientos transnacionales de capitales trascienden la soberanía de los Estados. Nosotros reclamamos que sea la ONU la que asuma a papel, como también que los listados [de paraísos fiscales] sean mucho más ambiciosos de lo que son ahora".

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto que pone fin a la investigación del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato al entender que incurre en "omisiones" graves, como las cifras reflejadas en un informe de expertos fiscales del Ministerio Público según las cuales el investigado habría ocultado a la Hacienda Pública más dinero del que señala el instructor, según informa Europa Press. 

Anticorrupción ha apelado ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto emitido el pasado 23 de febrero por el juez Antonio Serrano-Arnal, donde propone procesar a Rato por delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales por, presuntamente, haber repatriado a España casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal explica que dicho dictamen "realiza afirmaciones erróneas que no se ajustan a la realidad documental obrante en autos, incurre en omisiones de hechos que forman parte de la instrucción e injustificadamente no se recogen, y está desajustado al entremezclar confusamente hechos de distintos delitos".

Así, señala las "anomalías" observadas precisando los aspectos que, en su opinión, "deben añadirse o corregirse a fin de que todos los hechos de esta investigación queden debidamente incorporados" al auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

En concreto, reprocha a Serrano-Arnal que omite un informe de 7 de julio de 2020 elaborado por el perito inspector de Hacienda adscrito a Anticorrupción que, en base a la información obtenida en domicilios y sedes sociales de Rato y el abogado Domingo Plazas, también investigado, establece "las cuotas tributarias defraudadas dimanantes del afloramiento de incrementos de patrimonio no justificados y rendimientos de capital mobiliario derivados de fondos no declarados deslocalizados en el exterior".

Según dicho informe, las bases imponibles, "exclusivamente por los fondos offshore, a los que han de sumarse las cuotas defraudadas correspondientes al resto de hechos imponibles" ascienden a 16.181.818,97 euros, repartidos entre los años 2005 a 2015.

Sin embargo, el juez solo recoge en su auto las cantidades plasmadas en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del 13 marzo de 2020, que "resultan de cuotas reducidas progresivamente de acuerdo con la documentación de la defensa de Rato". De acuerdo con la ONIF, el dinero que el ex vicepresidente del Gobierno tenía fuera de España sin declarar eran 5.256.869 euros repartidos entre los años 2006 a 2009.

"En definitiva, la diferencia de bases imposibles relativas a la llamada partida tráfico de divisasdifiere en casi once millones de euros (10.924.949,97 euros) entre el resultado de la ONIF, único al que atiende el auto del 23 de febrero de 2021, y el informe de la Unidad de Fiscalía de 7 de julio de 2020, totalmente omitido", ha advertido Anticorrupción.

Patrimonio oculto

El Ministerio Público indica que en su informe "se recogen documentos y mails intervenidos durante la entrada mails y registro que afloran bolsas patrimoniales deslocalizadas en el exterior cuya titularidad se atribuye a Rato".

Entre ellas destaca Wheelerdale Corporation, constituida en 2012 en Luxemburgo y domiciliada en Curaçao, puesto que, "atendiendo al balance contable localizado en bases de datos abiertas de gran fiabilidad, los fondos que presuntamente pudieran parapetarse tras esta sociedad luxemburguesa ascienden a 77,429.892,8 euros en 2016".

Menciona igualmente a GI International Holding, una entidad dependiente de Wheelerdale radicada en Suiza, subrayando que "los fondos que presuntamente pudieran parapetarse tras esta sociedad suiza ascienden a 54.358.747,7 euros en 2013".

Además, se refiere a otras empresas offshore que esconderían montantes inferiores, tales como el binomio británico Vivaway-Kradonara, el canal por el que habría circulado gran parte del dinero ocultado por Rato, y que habría enmascarado 5.160.673,46 euros en los periodos 2006 a 2010, 2013 y 2015; o Red Rose Finantial, creada por el despacho de los Papeles de Panamá Papeles de Panamá (Mossack-Fonseca) y que habría tapado 2.474.085,42 euros entre 2005 y 2008.

Para Anticorrupción, estas y otras cantidades, "a pesar de no ser incluidas inicialmente en el cuadro de bases y cuotas defraudadas, gozan de la suficiente entidad para ser incluido dicho bloque documental dentro de los hechos objeto de imputación".

Más de 70 años de prisión

La Fiscalía ha solicitado para Rato 70 años de cárcel por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándole de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, insolvencia punible y falsedad documental.

De acuerdo con las tesis fiscales, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

El Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria la directiva de la UE que protege a los denunciantes de corrupción. La propuesta, que la Comisión Europea presentó en abril de 2018, sumó 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. Tras ser aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 20 de noviembre, se abrió el triálogo, las discusiones entre la Comisión Europea, los eurodiputados y el Consejo de la UE –que representa a los Estados miembros–, que ha culminado en la votación de este martes. Así se materializa una idea que vio la luz con una iniciativa de la eurodiputada francesa Virgine Rozière, del Partido Radical de la Izquierda, aprobada por la Eurocámara el 24 de octubre de 2017.

Para entonces, el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung –y el resto de los medios integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– llevaba más de un año publicando los Papeles de Panamá, Edward Snowden hacía cuatro años que había huido a Rusia tras destapar los sistemas de vigilancia intensiva de la NSA estadounidense y Hervé Falciani ya vivía protegido en España desde que en 2012 fue detenido en Barcelona por revelar una lista de 130.000 evasores fiscales amparados por el secreto de las cuentas del banco suizo HSBC. Son sólo algunos de los whistleblowers que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en los últimos años por destapar prácticas ilícitas de instituciones y gobiernos, cuando no tramas delictivas que involucran a empresas, bancos y grandes fortunas de todo el mundo.

La directiva, que deberá ser trasladada ahora a las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE, protege a los denunciantes de corrupción o alertadores –como se ha traducido whistleblowers del inglés– de posibles represalias. También crea un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que posea información sobre prácticas ilícitas de todo tipo, denunciarlas en el seno de las empresas y las instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada, coaccionada, discriminada, incluida en una lista negra…

Europa pierde miles de millones por no proteger a los denunciantes

El beneficio del sistema de protección que la UE extiende a todo el continente no es una medida filantrópica. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes. Las infracciones que desvelan los alertadores “crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, perjudican a los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa”, advierte la Comisión en las consideraciones iniciales de su propuesta de directiva. Fraude y evasión fiscal, corrupción, delitos medioambientales, seguridad alimentaria y en el transporte, riesgos para la salud pública y vulneración de la competencia son sólo algunos de los terrenos donde los denunciantes han demostrado ya su valor.

Sin un sistema adecuado que no sólo garantice el secreto y la confidencialidad, sino también la eficacia de las denuncias –que éstas den lugar a la apertura de investigaciones y a la toma de medidas, políticas o judiciales–, denunciar prácticas irregulares suponía un riesgo considerable. De hecho, hasta el momento sólo 10 de los 28 miembros de la UE cuentan con mecanismos legales protectores: Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Eslovaquia.

España, sin sistema de protección

España es uno de los países que carecen de un sistema de protección. En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó su proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que ha quedado bloqueada tras recibir un chaparrón de enmiendas, unas 400, del resto de los grupos parlamentarios. Con la disolución de las Cortes, la iniciativa es ya papel mojado. “Y mejor que sea así, porque no cumple casi ninguno de los requisitos de la directiva europea”, apunta Simona Levi, impulsora del Partido X, nacido del movimiento del 15M.

El texto elaborado por el partido de Albert Rivera sólo protege a los funcionarios públicos y altos cargos de las administraciones y únicamente si lo que se denuncia constituye un “delito o infracción administrativa o puede dar lugar a responsabilidades por alcance”, por lo que deja fuera cualquier otro tipo de información por relevante que sea. Además, no concede valor a las denuncias anónimas.

En plena tramitación se encuentran igualmente dos proyectos de ley autonómicos, en Cataluña y País Vasco. El primero, asegura Levi, tiene asegurado el apoyo mayoritario de la Cámara autonómica catalana. Con la segunda, una propuesta de Unidos Podemos, no está tan claro. Además, Castilla y León aprobó en 2016 una ley que sólo regula las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre posibles delitos contra la Administración pública, y que la responsable del Partido X critica por estar diseñada con el mismo patrón que el proyecto de Ciudadanos. Finalmente, la Comunidad Valenciana incluyó algunos mecanismos de protección para denunciantes en la norma por la que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Canales internos y externos, asistencia jurídica gratuita

Como la Comisión Europea considera que los sistemas de garantía para los alertadores son “desiguales” y están “fragmentados”, la directiva proporciona unas normas mínimas comunes que luego cada Estado miembro desarrollará. Así, la directiva da protección a “la gama más amplia de categorías de personas”: trabajadores, no importa si a tiempo parcial, con contrato temporal, dependientes de ETT o autónomos, pero también proveedores de empresas, consultores, empleados de subcontratas, accionistas, directivos, trabajadores en prácticas no remuneradas, voluntarios e incluso precandidatos a puesto de trabajo. Todos ellos tienen ahora garantizado el anonimato y la inmunidad. Tanto del sector público como del privado.

En el primer caso, cualquier ayuntamiento con más de 10.000 habitantes, y por supuesto las administraciones autonómicas y la estatal, deberán contar con un sistema para canalizar denuncias internas. Lo mismo será obligatorio para empresas con más de 50 empleados o que facturen más de 10 millones de euros, excepto si pertenecen al sector financiero; en ese supuesto, todas tendrán que poseer un canal de denuncias interno sin importar el tamaño.

Además, las administraciones deberán contar con un sistema para denuncias externas, las que presente cualquier particular: organismos de regulación (la Comisión Nacional de la Competencia o la CNMV en España ya los tienen), autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo, enumera el proyecto de directiva.

En su momento, los debates del triálogo se centraron en si debía ser obligatorio para cualquier alertador acudir primero al canal interno antes de recurrir al externo o a la prensa. Finalmente, el filtrador podrá elegir qué canal de denuncia prefiere aunque se fomentará que primero utilice el interno antes de ir al público.

También resultó controvertida la protección a los periodistas y a los activistas de ONG. El Partido X advierte de que la directiva “deja en situación de vulnerabilidad” a unos y otros, “un aspecto que habrá que pelear en la transposición al marco legislativo español”, subraya. “La protección de los denunciantes como fuentes de informaciones periodísticas”, destaca la iniciativa europea, “es crucial para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas”. 

La directiva, además, incluye no sólo la asistencia jurídica gratuita para los denunciantes que deban afrontar juicios, sino también sanciones para quienes tomen represalias contra los alertadores o para estos últimos si hacen denuncias falsas.

La onda expansiva de las denuncias

Mientras eurodiputados, funcionarios europeos y representantes de los gobiernos ultimaban la norma, Rui Pinto, el portugués que creó Football Leaks, permanecía en arresto domiciliario en Budapest (Hungría), con una tobillera electrónica que le impide salir de su apartamento. Los 70 millones de documentos que compartió con Der Spiegel y la red EIC (European Investigative Collaborations) han permitido investigar y condenar por delito fiscal a un puñado de futbolistas de élite –Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Özil, Coentrao, Falcao–. Finalmente, fue extraditado a Portugal, donde el pasado 24 de marzo fue ingresado en prisión preventiva. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

Antoine Deltour, que destapó los acuerdos fiscales secretos de Luxemburgo y 300 empresas, entre ellas multinacionales como Amazon, Fiat, Ikea, Burberry o Pepsi, resultó absuelto finalmente por los tribunales del Gran Ducado el pasado mes de junio. Pero antes había sido condenado a un año de prisión y una multa por robar documentos y revelar secretos empresariales. Trabajaba en la consultora PriceWaterjouseCoopers (PwC), de donde se llevó documentos que envió a un periodista de investigación francés, Edouard Perrin, en 2011. Los Luxleaks, como se bautizó el escándalo, pusieron en serios aprietos al ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron esos acuerdos con dudosos privilegios fiscales. Tirando del hilo, Bruselas tumbó los tax rulings de Holanda con Starbucks –de 20 a 30 millones de euros–, de Fiat –otros 30 millones– y Amazon –250 millones– con Luxemburgo, así como de Apple con Irlanda –13.000 millones de euros–.

En España, Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel de corrupción en el PP, fue despedida del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) pero terminó ganando en el Tribunal Supremo la demanda por acoso laboral que interpuso contra el consistorio. Los jueces también dieron la razón a Azahara Peralta, la directora de Obra de la empresa pública Acuamed, que fue despedida tras alertar de unos sobrecostes falsos de 36 millones en un contrato con FCC. Luis Gonzalo SeguraLuis Gonzalo Segura, el teniente expulsado del Ejército por denunciar corrupción en las fuerzas armadas en un libro y en entrevistas periodísticas, y Roberto Macías, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel por filtrar la contabilidad interna de la UGT andaluza, son otros nombres de alertadores españoles que han terminado siendo desvelados.

Por el contrario, constituye aún una incógnita quién se oculta tras John Doe, el informante que proporcionó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca al Süddeutsche Zeitung. La onda expansiva provocada por los Papeles de Panamá tuvo alcance planetario. Salpicaron a jefes de Estado y primeros ministros, así como a grandes fortunas, empresas y bancos. Se abrieron más de un centenar de investigaciones judiciales. Desde Mauricio Macri (Argentina) hasta Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia), pasando por el emir de Dubai o el presidente de Ucrania aparecieron en los documentos por sus sociedades opacas situadas en paraísos fiscales.

En España, el exministro del PP José Manuel Soria –tuvo que dimitir–, el comisario europeo Miguel Arias Cañete, el exvicepresidente Rodrigo Rato, la hermana del rey emérito Pilar de Borbón, famosos como Bertín Osborne, Pedro Almodóvar, Imanol Arias Pedro AlmodóvarImanol Ariaso Alex Crivillé habían utilizado el bufete panameño para eludir el pago de impuestos a Hacienda.

Rui Pinto, el informático que ha hecho posible la filtración de documentos de Football Leaks, va a recurrir la prisión preventiva en la que se encuentra desde que la jueza lisboeta Maria Antonia Andrade ordenó su entrada en la cárcel el pasado viernes. Pinto ha sido extraditado a Portugal, su país de origen, por Hungría, donde residía. La jueza le acusa de robo de datos y extorsión, unos cargos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y que él niega de forma rotunda.

“Nuestro cliente es tan importante como John Doe, que puso al descubierto los Papeles de PanamáPapeles de Panamá”, subrayan sus abogados en un comunicado hecho público este miércoles. Y recuerdan que Eurojust, el órgano de la UE encargado de la cooperación judicial entre los países miembros, ha decidido impulsar las investigaciones penales abiertas gracias a la filtración de Rui Pinto. Por ese motivo, el portugués se ofrece a las autoridades europeas como testigo para prestar su colaboración, algo que ya hizo en el otoño de 2018 con la Fiscalía de Delitos Económicos de Francia.

Los abogados de Pinto alegan que la prisión preventiva no está justificada porque “carece de base legal”. El delito de extorsión que se le imputa es el único que según la ley lusa implica el encarcelamiento sin juicio previo. La acusación se refiere a una supuesta conversación con los responsables del fondo de inversión Doyen Sports, en la que sin embargo Rui Pinto, destacan los letrados, “rehusó cualquier tipo de transacción” con los documentos que obraban en su poder.

El próximo lunes, los abogados del joven portugués, William Bourdon –que también se ocupó de la defensa de Edward Snowden– y Francisco Teixera, explicarán en Lisboa los fallos de la protección a los filtradores en Europa, y lo harán junto a la eurodiputada portuguesa Ana Gomes y Antoine Deltour, el filtrador de Luxleaks, los polémicos acuerdos fiscales de Luxemburgo. También expondrán detalles sobre el caso concreto que afecta a Football Leaks.

De Ronaldo a Mourinho y el Manchester City

Desde la primavera de 2016, Rui Pinto ha enviado 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart –socio francés de infoLibre– y sus socios de la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). Ese volumen de información se ha traducido en más de 800 artículos que han destapado qué se esconde detrás del negocio del fútbol. Las informaciones han motivado la apertura de investigaciones judiciales en varios países, entre ellos España y Francia. Los delitos fiscales del futbolista Cristiano Ronaldo y del entrenador José Mourinho tras su paso por el Real Madrid, los fichajes basados en criterios raciales del París Saint Germain o la tolerancia de la UEFA ante las presuntas violaciones del fair play financiero de ese equipo francés y del Manchester City son algunos de los escándalos destapados por Football Leaks.

Bourdon y Teixera consideran “paradójico” que Rui Pinto se encuentre en prisión preventiva cuando al mismo tiempo un borrador de directiva de la UE recomienda que se aumente el grado de protección legal a los filtradores. Aprobado por unanimidad el pasado día 18 en la Comisión Europea, el borrador tiene por objeto ampliar la protección de aquellos ciudadanos que vulneren la ley, y en concreto rompan la confidencialidad, en beneficio del interés general.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe de recomendaciones para combatir la criminalidad financiera y la evasión fiscal en el que, entre otras cosas, pide a países como España que acaben con las leyes que permiten obtener visados de residencia o incluso la nacionalidad a cambio de inversiones importantes como la compra de viviendas de lujo.

A juicio de los eurodiputados, estos programas "deben desaparecer", especialmente los de Malta y Chipre, dadas las "escasas exigencias" que se requieren a los solicitantes. En la actualidad, estos dos países y Bulgaria son los únicos que conceden "pasaportes dorados" con los que conceden la nacionalidad a cambio de grandes inversiones, mientras que un total de 20 Estados miembros, incluido España, tramitan permisos residencia para extranjeros en condiciones similares.

En el caso de España, la ley de 2013 para el apoyo a emprendedores permite conceder visados de residencia para inversores a los extranjeros no residentes que "se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital". Entre los requisitos de dicha ley figura la compra de bienes inmuebles por valor de al menos 500.000 euros, pero también otras inversiones como, por ejemplo, invertir más de un millón de euros en empresas o depósitos en bancos españoles o más de dos millones en deuda pública española.

En concreto, los eurodiputados han sacado adelante con 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones el informe elaborado por la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal, creada hace un año tras las filtraciones de 'Luxleaks', los papeles de Panamá, 'Football Leaks' y los 'papeles del Paraíso'.

Críticas y reclamos del informe 

La Eurocámara, en general, pide una revisión "en profundidad" de los mecanismos europeos para combatir los delitos financieros, la evasión y la elusión fiscal, sobre todo mediante la mejora de la cooperación entre las autoridades implicadas, ha informado la institución comunitaria. El informe critica que los Estados miembros "no muestran voluntad política para acabar" con estas prácticas fiscales y señala particularmente a Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Chipre, Malta y Hungría, a los que acusa de tener "lagunas" en su legislación que facilitan la planificación fiscal agresiva.

Además, los eurodiputados han propuesto la creación de una policía financiera europea, enmarcada dentro de Europol, con capacidad para llevar a cabo investigaciones, y de una unidad de inteligencia financiera. En el ámbito internacional, han recomendado el establecimiento de un organismo de la ONU centrado en fiscalidad. En la misma línea, el Parlamento Europeo ha reclamado la prohibición de las llamadas 'empresas pantalla' y ha pedido reforzar la protección de personas denunciantes de casos de evasión fiscal y periodistas de investigación.

José Mourinho ganaba 15,3 millones de euros al año cuando entrenaba al Real Madrid. Menos de la mitad de los 38,2 millones que llegó a cobrar Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo en su última etapa en el club de Florentino Pérez. O los 60,4 millones que se embolsa Leo Messi en el Barcelona. Para hacerse una idea de la enormidad de sus emolumentos, basta con compararlos con los 10,58 millones que percibió Ana Patricia Botín en 2017, entre salario y pensión, por ser la presidenta del primer banco español, que tuvo unos beneficios de 7.810 millones de euros el año pasado y posee una plantilla de casi 200.000 empleados repartidos por todo el mundo.

Aunque, en realidad, Ronaldo no cobra el triple que Botín, sino mucho más. A los 30 millones de su nómina, deben sumarse otros tantos millones procedentes de sus innumerables contratos publicitarios.

Los jugadores y entrenadores de élite son una máquina de hacer dinero. Por partida doble: lo multiplican a su alrededor. Cuando la Hacienda española, también las de otros países como Reino Unido y Portugal, empezaron a husmear en las declaraciones de impuestos de estos deportistas millonarios, destaparon toda una industria que se lucra a cambio de reducirles al mínimo sus facturas fiscales. Recurriendo incluso a fórmulas rayanas en lo ilegal cuando no directamente delictivas. Mourinho sólo ha sido el último de una larga lista. También han resultado condenados por delitos contra la Hacienda PúblicaCristiano Ronaldo, Leo Messi, Luca Modric, Marcelo, Ángel Di María, Radamel Falcao, Alexis Sánchez, Javier Mascherano…

Los correos electrónicos en poder de Der Spiegel, que la revista alemana comparte con European Investigative Collaborations (EIC) y que han sido consultados por infoLibre, ponen al descubierto una amplia red de abogados y asesores, en nómina de estos deportistas para gestionar sus complejos esquemas fiscales. El caso Mouriño es paradigmático: hasta ocho bufetes, consultoras, gestores o bancos, de cinco países diferentes, formaban parte de esa red. En concreto, dos bufetes españoles –Garrigues y Senn Ferrero– y uno portugués –Moris Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva–, dos consultoras fiscales británicas –RSM y Moore Stephens– y una suiza –Go Trust SA–, un banco helvético –St. Galler Kantonalbank– y un gestor de grandes fortunas neozelandés –Denton Morrell– participaron en la estructura utilizada por el entrenador portugués y su agente deportivo –la sociedad Gestifute– para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. Después, para apagar el incendio mediático y de reputación que se declaró al revelarse la estructura, hicieron falta otros dos despachos británicos –Schilling Partners y BCL Solicitors–.

España y Portugal

El abogado Carlos Osório de Castro, del bufete Moris Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, es quien ordena y coordina los trabajos de todo el entramado. Él contrató en España a los despachos Garrigues y Senn Ferrero para que se ocuparan de los asuntos fiscales del entrenador mientras estuvo en el Real Madrid. Según explica Garrigues a este periódico, su tarea se limitó a preparar las declaraciones del IRPF de Mourinho de 2011 a 2013, “basándose siempre en la información que proporcionaron sus asesores”.

Por su parte, los abogados de Senn Ferrero, un despacho especializado en el mundo del deporte y el entretenimiento, aseguran en sus correos con el resto de asesores que ellos no tienen “ni la más mínima idea” de cómo se creó la estructura que, con un pie en las Islas Vírgenes Británicas y otro en Nueva Zelanda, le permitía a Mourinho no pagar ni euro al fisco por sus derechos de imagen. “Fue a Garrigues a quien encargásteis el análisis” de ese esquema, le recuerdan a Carlos Osório.

Uno de sus fundadores, Julio Senn, ejerció de director general del Real Madrid entre 1999 y 2002. Al igual que su socio, Javier Ferrero, procede de Garrigues, que se encargó hasta 2006 de la asesoría jurídica del club blanco.

Tanto Osório como Garrigues y Senn Ferrero no sólo fueron contratados por el exentrenador, sino también por Cristiano Ronaldo. Además, ambos bufetes españoles se cuidaron de los problemas fiscales de, por ejemplo, Radamel Falcao y Fabio Coentrão, jugadores del agente deportivo Jorge Mendes igualmente investigados por la Agencia Tributaria y condenados por los tribunales.

Un irlandés al cargo

Además, al servicio de Mourinho estaban también dos firmas internacionales de asesoría fiscal. Una de ellas es RSM, con base en Londres, que se presenta como la sexta mayor consultora de auditoría y gestión tributaria del mundo. Posee una plantilla de 41.000 empleados repartidos en 116 países. Uno de sus socios, Freddie Huxtable, fue quien diseñó el plan para liquidar toda la estructura fiscal del portugués una vez que Football Leaks destapó la existencia de la sociedad neozelandesa Kaitaia Trust y las Haciendas española y británica colocaron las lupas sobre sus millonarios ingresos.

La otra es Moore Stephens, también británica e igualmente extendida por todo el planeta, con más de 30.000 empleados. Su especialidad, los problemas “fiscales multijurisdiccionales derivados de operaciones internacionales”. “El ámbito de nuestra gestión global se extiende, por tanto, más allá de proporcionar servicios de cumplimiento normativo, e incluye la asesoría sobre estructuras empresariales internacionales y la planificación fiscal para minimizar las obligaciones tributarias”, se publicita en su página web.

Uno de sus socios, Andrew Quinn, figuraba como fundador y accionista de las sociedades irlandesas MultiSports Image & Management (MIM) y Polaris, utilizadas por Mourinho, Cristiano Ronaldo, Coentrao, Falcao y Di María para gestionar sus derechos de imagen con la mínima carga fiscal posible.

Quinn dejó Moore Stephens el 31 de agosto de 2017, pero sigue siendo codirector de Gestifute International, la rama irlandesa de la empresa creada por Jorge Mendes para representar deportistas de élite. De hecho, en los correos publicados por Football Leaks, Quinn es presentado a los abogados españoles de Mourinho como “la persona al cargo de la estructura” fiscal creada para reducir al mínimo la tributación por los derechos de imagen.

El asesor neozelandés, bajo sospecha

Al otro lado del planeta, en Nueva Zelanda, Denton Morrell, una firma especializada en crear y administrar estructuras para gestionar grandes fortunas e inversiones, tuvo que atender a los inspectores del fisco de ese país en diciembre de 2016 cuando se presentaron en sus oficinas de Auckland para reclamar todos los documentos relacionados con Kaitaia Trust, el fideicomiso con el que Mourinho cobraba sus derechos de imagen tras desviarlos a Koper Services, una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Denton Morrell era, junto a Kaitaia Trust, accionista de Operating Nominees, la empresa pantalla de Islas Vírgenes que poseía las acciones de Koper Services.

Matthew Butterfield, director y consejero delegado de Denton Morrell, fue quien dio aviso de la visita de los inspectores al resto de la red, a cuyos miembros pidió a su vez información sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria española tras destapar Football Leaks la existencia de Kaitaia Trust. En abril de 2018 Butterfield y su empresa aparecieron implicados en una red internacional de blanqueo de dinero que incluía a 16 empresas de Azerbaiyán. La información fue desvelada por el Proyecto Daphne, que integran 18 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos The Guardian, la agencia Reuters y Le Monde, y cuya misión es continuar las investigaciones que le costaron la vida a la periodista maltesa Daphne Caruana Galiza. El 16 de octubre de 2017 fue asesinada con una bomba en su coche, tras indagar en la corrupción del Gobierno maltés, algunos de cuyos miembros resultaron salpicados por los Papeles de Panamásalpicados por los Papeles de Panamá.

Después, los medios neozelandeses publicaron que Butterfield, nacido en Reino Unido, había llegado al país austral desde Suiza y tras abandonar Guernsey, donde en 2010 se le había castigado con una prohibición para trabajar en servicios financieros durante cinco años por transgredir cinco leyes de la isla, situada en el Canal de La Mancha y también considerada como un paraíso fiscal.

Además, Butterfield tuvo que declarar en enero de 2018 ante un tribunal de Colorado (Estados Unidos) como parte implicada en un caso de fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero relacionado con el fideicomiso de los herederos de un empresario estadounidense. Nueva Zelanda saltó a los titulares como paraíso fiscal en alza con los Papeles de Panamá. Según The Australian Financial Review, más de 12.000 fideicomisos registrados en Nueva Zelanda no pagan impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero y la identidad de sus beneficiarios se mantiene en secreto. El Gobierno neozelandés cifra en más de 815.000 millones de euros la cantidad de dinero procedente del fraude y el narcotráfico que se blanquea en Nueva Zelanda a través de empresas pantalla.

Pero, antes de llegar a Nueva Zelanda, los asuntos fiscales de Mourinho necesitaron los servicios de los asesores fiscales de Go Trust, con sede en Ginebra (Suiza) y que dirige Christian Thury, también habitual en los intercambios de información de la red. El dinero que cobraba Koper por los derechos de imagen de Mourinho se ingresaba en cuentas del St. Galler Kantonalbank, un banco suizo, cuyo delegado en Portugal es Miguel Marques. Fue él, y no el abogado Carlos Osório, quien dio la orden a todo el equipo, tras hablar con José Mourinho, de liquidar la estructura fiscal una vez revelada la existencia de Kaitaia Trust.

Hasta aquí la unidad de combate al servicio de un objetivo globalizado: de Portugal a Nueva Zelanda pasando por Suiza y con paradas en Islas Vírgenes e Irlanda. En un primer momento, Mourinho consiguió amortiguar el golpe consiguiendo que la primera inspección de la Hacienda española se limitara a una sanción administrativa y que la británica liquidara con una multa las irregularidades que halló en la tributación de sus derechos de imagen. Pero, cuando en diciembre de 2016 la prensa desnudó al completo sofisticada trama, fue necesaria ayuda adicional.

Crisis de reputación: apagando el incendio

El motivo aducido por Marques para hacer desaparecer el entramado fiscal de Mourinho, tal y como lo explicaba en un correo del 13 de diciembre de 2016, era “evitar cualquier sorpresa o publicación en los medios para el futuro”. No mencionaba aún la amenaza  de nuevas inspecciones por parte de la Agencia Tributaria española y del HMRC británico. El 4 de diciembre, al día siguiente de las revelaciones de Football Leaks, dos socios de la consultora británica especializada en lidiar con crisis de reputación y privacidad Schilling Partners, Rod Christie-Miller y Phil Hartley, se ponían ya a trabajar para intentar apagar el fuego que había prendido en torno al entrenador, entonces en el banquillo del Manchester United. Hartley sí que menciona una posible inspección por parte del fisco británico y recomienda a Carlos Osório que se asesore con expertos, no sólo para lidiar con el caso Mourinho, sino también con el de Cristiano Ronaldo. Christie-Miller le facilita el nombre de Ian Burton y un enlace a su perfil. Le dice que el abogado ya ha leído la historia publicada por The Sunday Times –que entonces formaba parte de EIC– y que cree que no hay dudas: el HMRC inspeccionará a Mourinho. Osório accede a hablar con Burton, mientras Hartley le aconseja que primero mantenga “bajo control los documentos relevantes”. Así, le advierte de que los asesores no deberían “traer al Reino Unido ningún documento que actualmente se encuentre fuera del país ni deberían eliminar ni destruir ningún documento que se encuentre dentro”. “The house is burning [La casa está en llamas]”, le contesta el abogado de Mourinho.

Ian Burton es el fundador de BCL Solicitors, un bufete de Londres especializado en asesorar a empresas, instituciones y personajes públicos en materia de delitos corporativos y financieros. “Si fuera un oligarca en problemas, acudiría a Ian Burton” es la frase con la que se publicita a sí mismo en la web de BCL Solicitors.

InfoLibre se ha puesto en contacto con todas las empresas de la red creada para reducir la factura fiscal de José Mourinho. Pero sólo dos, el suizo St. Galler Kantonalbank y el británico RSM –además del bufete español Garrigues– han contestado. Ambos se amparan en la confidencialidad del trabajo con sus clientes para no responder a ninguna de las preguntas que este periódico les ha trasladado sobre el asunto.

Cambios a partir de 2020

El 1 de enero de 2020 debe entrar en vigor en todos los países de la UE una directiva comunitaria que obligará a asesores, abogados y bancos a informar a las autoridades tributarias sobre “esquemas transfronterizos” que constituyan “planificación fiscal agresiva”. Para entonces, estos intermediarios tendrán que cambiar sus métodos de trabajo si no quieren exponerse a sanciones.

Cuando en mayo de 2017 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que la Audiencia de Barcelona había impuesto a Messi y a su padre, los jueces recriminaron tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos. Hasta ahora ninguno ha sido condenado como colaborador necesario en los procesos que se han seguido contra sus clientes.

Quizá un signo de cambio respecto a estos casos es el de otro antiguo jugador del Real Madrid, Xabi Alonso. El juez sí que ha imputado al asesor fiscal Iván Zaldúa Azcuenaga y a Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló ceder la explotación de sus derechos de imagen, según la denuncia de la Fiscalía. Mientras que el acusador público solicita cinco años de prisión para Xabi Alonso por tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2010 y 2012, para el asesor y el administrador de la sociedad pide el pago de una multa de cuatro millones de euros y en concepto de responsabilidad civil el abono de forma conjunta y solidaria de 2,03 millones euros más.

Este miércoles, laSexta y El Confidencial revelaron nuevos nombres implicados en los papeles de Panamá y en los próximos días irán dando a conocer más información sobre 1,2 millones de documentos nuevos. Lionel Messi, la familia del presidente argentino Mauricio Macri o Micaela Domecq, esposa del comisario europeo Miguel Arias Cañete, protagonizan esta remesa de filtraciones.

En abril de 2016, al día siguiente de la primera publicación de esta investigación, la familia Messi aseguró que la sociedad Mega Star Enterprises estaba inactiva, pero la nueva filtración lo cuestiona por una comunicación interna del despacho que en la que se afirma que "la oficina de Uruguay me dice que el cliente usa esa sociedad”. De hecho, el registro de Panamá confirma que la sociedad sigue “vigente” aún hoy, informa laSexta en nota de prensa.

Los correos electrónicos entre la oficina central de Mossack Fonseca en Panamá y su sucursal en Uruguay en septiembre y octubre de 2016 muestran que los empleados discutieron un plan para antedatar documentos y así ocultar que el bufete no sabía que una compañía que había establecido en Bahamas, Fleg Trading Co., estaba controlada por la familia de Mauricio Macri. Mauricio MacriSu padre era el dueño, como reveló la investigación original.

A un mes de que se publicaran los papeles de Panamá, un familiar de Micaela Domeneq solicita a Mossack Fonseca un certificado con el que desvincular a toda la familia de Rinconada Investments desde 2010, justo el año previo a que Arias Cañete sea ministro. Sin embargo, los abogados se niegan en redondo a hacerlo.

Esas son algunas de las historias que los socios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ) en decenas de países publicarán para arrojar luz sobre nuevos detalles de las transacciones financieras de los protagonistas de la primera investigación y vincularán al bufete panameño Mossack Fonseca –origen de los documentos filtrados– con otras personas influyentes y políticamente conectadas.

Màxim Huerta ha sido el último cargo político en dimitir por fraude fiscal. Pero antes que él la lista de los que fueron acusados, juzgados y condenados, de los que dimitieron y de los que no, es ésta:

  1. MIGUEL ARIAS CAÑETE

El comisario europeo y exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete simuló gastos en Ceuta en 2013 cuando en realidad trabajaba en Jerez de la Frontera (Cádiz). Consiguió así ahorrarse 14.451 euros. La Agencia Tributaria abrió una inspección y le obligó a pagar esa cantidad. Cañete presentó un recurso judicial, pero el tribunal le dio la razón al fisco. El comisario utilizaba una de sus empresas familiares, Petrolífera Dúcar, con sede en Ceuta y controlada desde Holanda, para deducirse ingresos por actividad en la ciudad autónoma, puesto que la ley del IRPF permite descontarse un 50% en las rentas obtenidas allí. En septiembre de 2014, poco antes de su nominación como miembro de la Comisión Europea, Cañete vendió las acciones que conservaba en Petrolífera Dúcar: un 2,5%.

Además, su esposa, Micaela Domecq Solís-Beaumont, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo del PP. La empresaria apareció en el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP, en sus siglas en inglés) que la Agencia Tributaria remitió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ante la posibilidad de que Domecq obtuviera sus fondos de la actividad política de su marido. Domecq es miembro de una familia de terratenientes de Jerez de la Frontera. Junto a 12 miembros de su familia, fue apoderada de una compañía con sede fiscal en Panamá, según se desprende de la investigación de los papeles de Panamá, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

  2. JUAN CARLOS MONEDERO

Juan Carlos Monedero dimitió como secretario de Programa de Podemos en abril de 2015, tres meses después de revelarse que había cobrado 425.150 euros por trabajos de asesoría a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Una cantidad que percibió a través de su empresa, Caja de Resistencia Motiva2 Producciones SL. Esta sociedad, que carecía de empleados, facturó los trabajos tres años después de su realización. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Monedero elaboró esos informes como parte de un proyecto para implantar una moneda común en Latinoamérica en 2013. El exdirigente de Podemos regularizó su deuda con Hacienda en febrero de 2015, pagando 200.000 euros por el IRPF no abonado dos años atrás.

  3. JOSÉ MANUEL SORIA

José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria en abril de 2016. Su nombre había aparecido en los papeles de Panamá: fue administrador en 1992 de una sociedad registrada en Bahamas, tal y como constaba en documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca. La compañía offshore era una sociedad consignataria con la que había trabajado la empresa de su familia. “Desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal”, fue su primera declaración. Después se descubrió que también había sido administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey, Mechanical Trading Limited. Cuando se disolvió, en 2002, “los dos administradores, que hasta ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre”. La rúbrica de Soria aparece en la disolución, con fecha de 27 de noviembre de 2002. Por entonces, el titular de Industria era alcalde de Las Palmas.

Ya eran dos paraísos fiscales y Soria había mentido. El PP le retiró su apoyo y terminó renunciado a su cargo. Pero cinco meses después, el Gobierno intentó que fuera nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, pero el escándalo subsiguiente le obligó a renunciar.

  4. JOSÉ MANUEL VILLEGAS

El número tres de Ciudadanos, José Manuel Villegas, fue embargado por Hacienda en 2014. El motivo fue el impago de unas cuotas del IVA de su empresa Mabex Gestión SL, de la que es administrador único y que fue contratada por Ciudadanos para hacer labores de asesoría. Además, la sociedad recibió una notificación de embargo de la Seguridad Social por una deuda de 1.027 euros, que luego pagó.

El nombre de la empresa apareció en un informe de la Sindicatura de Cuentas –el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas–, que detectó facturas de Ciudadanos a favor de dos sociedades que tenían como administradores únicos a dos miembros del partido. Según el documento, se abonaron 32.200 euros en concepto de asesoría y consultoría “en el ámbito de la organización interna del partido” y 22.624 “en concepto de secretaría general”. Tal y como publicó entonces infoLibre, esas compañías pertenecían a dos personas de la máxima confianza de Albert Rivera: José Manuel Villegas y Matías Alonso, secretario general del partido.

  5. JORDI CAÑAS

Otro cargo de Ciudadanos, el exdiputado catalán Jordi Cañas, fue finalmente absuelto por un juzgado de Barcelona tras ser acusado por la Abogacía del Estado de un delito contra la Hacienda Pública. Aunque la Fiscalía retiró los cargos contra él, fue juzgado por una factura supuestamente falsa que la empresa de su excuñado le había girado por unos servicios de asesoría inmobiliaria inexistentes. La acusación argumentaba que la factura, de 100.000 euros, formaba parte de un entramado societario que había permitido a su familiar político defraudar 429.000 euros en 2005. La sentencia, sin embargo, le absolvió al considerar que esa factura no había sido utilizada en el fraude fiscal.

Sin embargo, el exdiputado ya había abandonado su escaño en la Cámara catalana tras ser imputado. Medio año después Ciudadanos lo recolocó como asesor del partido en el Parlamento Europeo.

  6. VICENTE ALBERO, mariano rubio, alejandro pedrós

El ministro de Agricultura Vicente Albero dimitió en 1994 cuando se supo que el banco Ibercorp, implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción de los gobiernos de Felipe González, le había gestionado una cuenta. En ella había depositado la indemnización que le pagó la textil Marie Claire tras ser despedido. Con ese dinero, Albero compró a través de Ibercorp, propiedad del entonces síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, pagarés del Tesoro que no fueron declarados a Hacienda. La inversión alcanzaba los 222.369 euros, 37 millones de pesetas de la época.

El fraude se descubrió al investigar a De la Concha por su implicación en el caso que protagonizó el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, también acusado de fraude fiscal. Rubio, la primera autoridad monetaria de España entre 1984 y 1992, ocultó más de 10 millones de pesetas –60.000 euros— a Hacienda, mediante una cuenta en dinero negro también en el banco Ibercorp. Dimitió en 1992 y en 1994 permaneció dos semanas en prisión.

Igualmente abandonó su cargo el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 1999, Alejandro Pedrós Abelló, ya con el Gobierno de José María Aznar. La Fiscalía de Barcelona el imputó por haber ocultado a Hacienda las plusvalías obtenidas  por un empresario, Armando Lausaca, en la venta de la cadena de tiendas Massimo Dutti a Inditex. Pedrós Abelló, que era asesor fiscal de Lausaca, tiene en común con Màxim Huerta la brevedad de su cargo: presidió el ICO menos de una semana.

  7. CARLOS FABRA

De hasta cinco delitos fiscales fue acusado el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. En 2011 el Tribunal Supremo ordenó  reabrir estas causas contra quien también presidía el PP en esa provincia. La sentencia dejaba así sin efecto la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón, que había archivado el proceso por considerar prescritos cuatro de esos cinco delitos. El Alto Tribunal constató el “irregular incremento patrimonial” tanto de Fabra como de su esposa, hijos y las sociedades que todos ellos. Los delitos, además, afectaban al impuesto de sociedades, el IVA y el IRPF entre 1999 y 2004. Tres años después, la causa ya había vuelto al Supremo, que terminó condenando al político del PP a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales y a un año a su ya exmujer. En diciembre de 2014 ingresó en la prisión de Aranjuez (Madrid) por haber defraudado al fisco 693.000 euros. En 2017 dejó la cárcel tras acceder al tercer grado.

  8. JOSÉ MARÍA AZNAR

Aunque ya no se encontraba en activo, el expresidente del Gobierno José María Aznar fue multado por la Agencia Tributaria en abril de 2016 por utilizar una sociedad para pagar menos impuestos por sus ingresos. Quien fue su ministro, Cristóbal Montoro, abrió en 2014 una inspección a la sociedad Famaztella –creada con su mujer, Ana Botella– para facturar sus actividades profesionales. Con ella tributaba a través del impuesto de sociedades y no del IRPF. Éste tenía entonces un tipo máximo del 45%, pero el de sociedades no superaba el 25%.

Como consecuencia de la indagación en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, Aznar tuvo que pagar una multa de 70.000 euros y abonar una liquidación complementaria de casi 200.000 euros. El expresidente, que es inspector de Hacienda, creó Famaztella en 2004, tras abandonar La Moncloa. A través de ella gestionaba los ingresos procedentes de sus libros y conferencias.

El despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los Papeles de Panamá, ha anunciado este miércoles el cierre de sus oficinas en el país centroamericano y el resto del mundo.

Según las informaciones recogidas por el diario local Panamá América, un total de 600 trabajadores serán despedidos durante la semana por el bufete, que dejará a 36 personas al frente de las tareas pendientes.

"El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones", ha dicho Mossack Fonseca en un comunicado, recogido por la agencia británica de noticias Reuters.

El bufete saltó a la fama tras la filtración de millones de documentos que detallaban las operaciones de sus clientes, entre los que figuraban destacados políticos mundiales, para crear compañías en paraísos fiscales.

Las revelaciones del caso generaron indignación mundial al conocer en detalle cómo políticos, criminales, empresarios y deportistas de élite utilizaban entramados fiscales para pagar menos impuestos en sus países.

El año pasado, las autoridades panameñas realizaron un registro en las oficinas de Mossack Fonseca y arrestaron a sus socios fundadores para investigar posibles nexos con la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios locales y en otros países para obtener contratos.

Ramón Fonseca, uno de los socios que luego fueron puestos en libertad, negó que la empresa tuviera conexión con Odebrecht y acusó al presidente, Juan Carlos Varela, de haber recibido coimas de la firma brasileña. Varela ha negado las acusaciones.

Los Papeles de Panamá, que dieron lugar a numerosas investigaciones fiscales, fueron publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que obtuvo 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca con información sobre empresas creadas en paraísos fiscales.

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid tiene "dudas" ante el nombramiento del director de cine, guionista y productor Pedro Almodóvar como Hijo Adoptivo de Madrid al contar con "una sociedad radicada en un paraíso fiscal".

La elección de Raphael y de Pedro Almodóvar como Hijos Adoptivos de Madrid está fundamentada en sus extraordinarias trayectorias artísticas y en su vinculación con Madrid, según explicó la alcaldesa, Manuela Carmena, en la pasada comisión de Cultura.

El portavoz del PP en Cibeles, José Luis Martínez-Almeida, ha precisado que "la trayectoria cinematográfica (de Almodóvar) no se puede poner en discusión, porque es uno de los más grandes cineastas". "Pero esta distinción engloba la consideración de hijo adoptivo, y tiene que haber requisito de honorabilidad", ha apuntado el portavoz del Grupo.

Además, Almeida ha recordado que un cargo del Consistorio dimitió porque su nombre apareció en los Papeles de Panamá.

"En el caso de haber puesto el PP a una persona con estos condicionantes, la izquierda se hubiera levantado en armas, y no podría serlo, pero ya sabemos cuál es la doble moral, el doble rasero", ha reprochado.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido al PP que "rectifique" y apoye la propuesta de nombrar al cineasta Pedro Almodóvar hijo adoptivo de la capital. "La hipocresía del PP no conoce límites. Pedro Almodóvar merece ser hijo adoptivo de Madrid y mucho más. Su talento, su universo transgresor y su prestigio dentro y fuera de nuestro país son un inmenso orgullo. ¡Rectificación inmediata!", ha escrito Sánchez en su Twitter.

Los hermanos Almodóvar, Pedro y Agustín, figuraban en la larga lista de políticos, empresarios y deportistas que eran titulares o estaban vinculados a sociedades opacas fiscalmente que fueron filtradas en el conocido caso de los Papeles de PanamáPapeles de Panamá. Los dos cineastas señalaron en su momento que estaban "al corriente" de todas sus obligaciones tributarias. La sociedad se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994 y su tramitación se gestionó desde el despacho abogados panameño Mossack Fonseca. La creación de la sociedad coincidió con los primeros grandes éxitos del director.

Al estallar los Papeles de Panamá, a la familia Franco le descubrieron dos empresas en Islas Vírgenes Británicas: Vamfield Alliance Limited y Malini Investments Limited. Las habían clausurado unos años antes, en 2012. El año de la amnistía fiscal del PP, lo que desató las sospechas.

Cuando a Francisco Franco y Martínez Bordiú le preguntaron por las empresas a nombre de sus hijos –Francisco Franco Suelves y Juan José Franco Suelves– en paraísos fiscales, el primer nieto del dictador declaró que era "un tema antiguo y todo está regularizado”, algo “perfectamente legal". El periodista Rafael Méndez dejó constancia entonces de que Francis Franco “parece saber algo más del tema”.

infoLibreha descubierto que, al menos una parte de los activos que tenían en las Islas Vírgenes no vinieron a España, por lo menos no en un primer momento, sino que los trasladaron a Miami.

Francisco Franco entró como accionista de Malini Investments Limited, en las Islas Vírgenes, el 1 de enero de 2012. Al final de ese año, la compañía, que llevaba más de una década activa, fue absorbida desde Miami por Malini Corp, según la documentación oficial localizada en el Registro Mercantil del Estado de Florida.

Como directivos autorizados de la sociedad absorbente figuran Francisco Franco Suelves, el hijo, pero también Francisco Franco Martínez-Bordiu, el padre que parecía "saber algo más del tema".

La declaración de absorción establece que la sociedad de Estados Unidos adquiere los “activos, derechos, privilegios, poderes, inmunidades, franquicias, responsabilidades y obligaciones” de la sociedad de las Islas Vírgenes desde el 1 de enero de 2013.

La operativa de la operación es compleja. Los Franco registraron una empresa en el Registro de Miami, llamada Montecopel Inc, el 19 de diciembre de 2012. Ese mismo día firmaban la absorción de la empresa de las Islas Vírgenes. Dos semanas después rebautizaban la empresa resultante como Malini Corp. Las fechas de estos movimientos coinciden con la vigencia de la amnistía fiscal decretada por el PP, en la parte final de 2012.

Por cierto, el nombre inicial de la empresa de Miami es muy similar al de Montecopel S.A., una de las muchas sociedades que se le conocen a Francis Franco en España.

Malini Corp no es la única sociedad que mantiene en Miami esta rama de los Franco. Hay otra casi idéntica, Pristina LCC, con la misma dirección y en la que padre e hijo (Francisco Franco Suelves) aparecen también como directivos.

Hombres de paja o testaferros

En varios documentos de estas dos empresas figura como dirección en Florida “C/O 2100 Salzedo Street, Suite 300”. Esta es la dirección de la oficina en Miami de los abogados madrileños López de Santiago Consultores, que ofrecen servicios de “internacionalización de empresas”. Como “sede en América del Norte” estos abogados madrileños presentan las oficinas del bufete Arazoza & Co, que figura como responsable del papeleo de las empresas de los Franco en Miami.

infoLibre ofreció a los Franco, a través de sus bufetes de abogados, la oportunidad de comentar estos movimientos empresariales, sin obtener respuesta.

Por otra parte, en las dos sociedades clausuradas en las Islas Vírgenes los Franco tuvieron unos socios peculiares. Reluce el nombre de Thomas Shortt, que se dice barón irlandés de Galmoy, retratado como intermediario en numerosísimas operaciones con famosos españoles e intermediario para docenas de sociedades de Panamá y las Islas Vírgenes.

El de A. Kolupaev es un nombre que se repite en varias de esas operaciones en España, aunque sin relación aparente entre ellas. Esto apunta a un posible hombre de paja, presunto testaferro que por lo menos una vez declaró domicilio en el centro de Madrid y otra vez en unos cines de Vigo.

Con cientos de millones de patrimonio, los herederos del dictador son uno de los clanes a los que se ha relacionado en varias ocasiones con paraísos fiscales. Al frente de la familia, tras la reciente muerte de Carmen Polo, está su primogénito, Francis Franco, señor de Meirás y Marqués de Villaverde.

Se da la circunstancia de que un juzgado de Teruel condenó el pasado jueves a Francisco Franco Martínez-Bordiu por los delitos de atentado a la autoridad, daños y conducción temeraria a 30 meses de prisión. Lo hechos sucedieron el 30 de abril de 2012 en la provincia de Teruel, cuando agentes de la Guardia Civil de Tráfico observaron, a la altura de Monreal del Campo, el vehículo Toyota Hilux, conducido por el nietísismo, circulando por la CN-234 en sentido contrario y con las luces apagadas. Tras darle el alto, el conductor hizo caso omiso a las órdenes luminosas y acústicas y emprendió una huida de película que acabó con un agente herido.

Los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo han acordado este jueves la creación de una comisión especial sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscal, que se encargará investigar las revelaciones de los Papeles del paraíso y evaluar el progreso conseguido en los países del bloque para combatir prácticas fiscales ilegales, entre otras tareas, informa Europa Press.

La decisión ha sido adoptada en la conferencia de presidentes, que reúne a los líderes de los grupos políticos de la Cámara, aunque todavía debe ser validada en una votación por el Pleno del Parlamento Europeo.

Una vez el conjunto de la Eurocámara de su visto bueno a la creación de la comisión, los grupos tendrán que acordar la composición de la misma, que contará con 45 miembros y desarrollará su actividad durante un periodo de 12 meses.

Entre las tareas de esta comisión estará la de completar el trabajo llevado a cabo por otras comisiones anteriores sobre fiscalidad y la comisión de investigación que se creó a raíz de las revelaciones de los Papeles de PanamáPapeles de Panamá. También investigará la filtración de los Papeles del Paraíso, según ha explicado el grupo de Los Verdes en un comunicado.

Además, los eurodiputados examinarán los avances de la Comisión Europea y de los Estados miembros para combatir la elusión y la evasión fiscal, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que han sido recomendadas por la Eurocámara en el pasado.

"El comité de investigación del Parlamento Europeo sobre los Papeles de Panamá fue una experiencia positiva y se acordó un plan de acción ambicioso para frenar la evasión fiscal (...). Debemos asegurar que todo el progreso en materia fiscal no se pierde y que la Comisión y los gobiernos de toda la UE implementen estas medidas tan necesarias", ha señalado el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun.

"Las prácticas fiscales de países como Luxemburgo, Malta e Irlanda siguen suponiendo un agujero negro para los sistemas fiscales de los países de la UE. Esta nueva comisión debe seguir poniendo el foco en estas prácticas y exigir reformas urgentes", ha añadido el catalán.

Por su parte, el eurodiputado de S&D Udo Bullmann también ha celebrado el acuerdo para poner en marcha esta comisión especial y ha enfatizado que es "crucial" completar el trabajo que llevaron a cabo las comisiones iniciadas hace ya cuatro años. "El trabajo para combatir la evasión fiscal debe continuar", ha apuntado.

Special Olympics España, la mayor entidad del país en deporte para personas con discapacidad, fue beneficiaria durante más 10 años de una sociedad en un paraíso fiscal. En concreto, de Luristan Trust, parte de la red offshore del grupo de la familia Ortuzar, una de las más relevantes de la burguesía vasca, en la Isla de Jersey.

Así figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación alimentada por los famosos Paradise Papers. La Fundación Special Olympics España fue beneficiaria de Luristan Trust entre 2001 y 2011, según los documentos filtrados.

Al menos durante gran parte de ese período, el presidente de la Fundación Special Olympics era un destacado miembro de esa familia, Gaizka Ortuzar. Esta persona ya no es presidente, pero sigue siendo miembro de la Junta Directiva.

¿Por qué una ONG tan encomiable como Special Olympics arriesgó su reputación aceptando ser beneficiaria de una entidad en un paraíso fiscal? El actual director general, Enric Blesa, responde que “hemos revisado nuestra contabilidad, auditada anualmente, por el Ministerio de Justicia y también todos los certificados de donaciones: en ningún caso aparece ‘Luristan’ y no nos consta ninguna donación recibida del trusttrust”.

En declaraciones a infoLibre, Blesa insiste en que tampoco les "consta” ser beneficiarios de Luristan Trust aunque añade que “Special Olympics es una ONG con presencia en muchos países y es probable que sea beneficiaria de muchos trust”. Llegados a este punto, es necesario señalar que la beneficiaria del ente de Jersey no es la organización internacional, con presencia en cientos de países, sino en concreto la Fundación Special Olympics España.

Este periódico intentó en varias ocasiones obtener la versión de los hechos de Gaizka Ortuzar. Desde la Fundación de la que es directivo se señala que han “consultado con el señor Ortuzar y comenta que él es ciudadano británico, país donde los trusts son reconocidostrusts. Concretamente con este caso nos indica que ya hace años que no es beneficiario del trust”.

Otros 'trusts' en Jersey

Según los Paradise Papers, el citado directivo está vinculado a otros dos trust en Jerseytrust (Ampudian Trust y Drayton Investments Limited) figurando registrado a través de una dirección en un lujoso barrio de Madrid. Del grupo familiar dependería además otra sociedad (Parkside Securities) y una empresa homónima al trust del que es beneficiario Special Olympics, Luristan Company Limited. Todas las entidades citadas tienen base en el paraíso fiscal británico. Luristan Company Limited sigue activa, según se puede comprobar en el registro mercantil de Jersey.

Un miembro de la familia, Iban Ortuzar, explicó tal maraña de sociedades en Jersey por la presión de ETA a los empresarios vascos. “Nos obligaron a mudarnos. Varios familiares míos siguieron apareciendo en las listas de objetivos de la banda terrorista”, declaró a Marcos García en El Confidencial, donde aseguró que su familia "es en gran parte inglesa y nuestro patrimonio tiene su origen en Inglaterra”. ETA empezó a secuestrar empresarios en 1973. En 1978 el grupo terrorista raptó y asesinó a Javier de Ybarra y Bergé, uno de los empresarios más importantes de la época y cuñado de Gaizka Ortuzar.

Las primeras sociedades familiares en Jersey se remontan a antes de la escalada terrorista contra la oligarquía. Por ejemplo, Parkside Securities es de 1965. Otras han sido creadas hace relativamente poco y siguen activas en la actualidad, caso de Drayton Investments (fundada en 2014 y activa).

Sociedades en Panamá

Gaizka Andere Ortuzar y varios miembros de su familia aparecen como directores de otra sociedad en un paraíso fiscal diferente, Panamá. Se trata de Corporación Inversora Trinidad, creada en 1941 y disuelta en 2005, según datos del registro mercantil panameño comprobados por infoLibre.

Operar sociedades en paraísos fiscales no es ilegal y, declarándolas correctamente ante Hacienda, tampoco perseguible fiscalmente. El gran debate suscitado por los Paradise Papers gira en gran medida sobre la ética de que algunas personas y empresas con más recursos se aprovechen de las ventajas fiscales de ciertos Estados, especialmente si los beneficiarios son de relevancia pública.

“Special Olympics España lleva trabajando para personas con discapacidad intelectual hace más de 25 años cumpliendo con la legislación y el régimen de asociaciones primero y fundacionales después, incluso recibiendo premios por su transparencia en el cierre de los ejercicios así como en la organización de grandes eventos”, señala el actual director de la fundación, de la que defiende su carácter “ejemplar”. Special Olympics España asegura estar formada por 16.000 deportistas y 4.500 entrenadores.

Gaizka Ortuzar ha recibido varias distinciones del Estado, como la medalla de bronce de las Reales Órdenes de Mérito Deportivo 2014 del Consejo Superior de Deportes, y es representante en el Comité Paralímpico Español.

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea dieron luz verde este martes a la tan esperada lista comunitaria de paraísos fiscales. Tras más de dos años de trabajo, y con el objetivo de promocionar una "buena gobernanza" que maximice "los esfuerzos para evitar el fraude fiscal y la evasión de impuestos", los titulares de Economía de los Estados miembro aprobaron, durante la reunión del Ecofin, una lista "negra" compuesta finalmente por 17 jurisdicciones offshoreoffshore, y otra "gris", en la que han sido incluidos otros 47 países que se han comprometido durante los últimos meses a modificar su legislación impositiva y a cumplir con los criterios de transparencia y justicia fiscal de Europa. El documento aprobado [puedes consultarlo aquí en PDF] incluye, además, un marco sancionador aplicable a todos aquellos países no cooperativos.

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, Pierre Moscovici, celebró en rueda de prensa el paso dado, "una victoria clave para la transparencia y la equidad". Sin embargo, apuntó que es necesario no bajar la guardia. "El proceso no termina aquí. Debemos intensificar la presión sobre los países incluidos para que cambien de opinión", aseveró Moscovici, que recordó a renglón seguido a las 17 jurisdicciones offshore que "deberán enfrentar las consecuencias en forma de sanciones". No obstante, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros también envió un mensaje muy claro a los otros 47 territorios que estarán bajo la lupa europea: "No debe haber ingenuidad: las promesas deben convertirse en acciones. Nadie debe obtener un pase gratis", sentenció Moscovici. 

Pero con las felicitaciones –"Es un paso muy importante", señaló el ministro de Economía español, Luis de Guindos–, llegaron también las críticas. Eurodiputados y diferentes organizaciones han mostrado su decepción tras lo que consideran una lista "claramente sesgada". Tanto Los Verdes/Alianza Libre Europea –grupo en el que están integrados partidos como ICV y Equo– como el Grupo Confederal de la Izquierda Verde Unitaria –en el que se integran Podemos e IU– han criticado con dureza que la relación de jurisdicciones opacas deje fuera a "reconocidos paraísos fiscales", como las Islas Bermudas o las Caimán, y han cargado contra la decisión de no incluir territorios comunitarios, como Suiza o Luxemburgo. "En cuanto a las sanciones, son muy flojas", apunta a infoLibre Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV.

17 países no cooperativos

El proyecto se empezó a cocinar hace más de dos años. Sin embargo, la publicación de las primeras informaciones de los denominados Papeles de Panamá empujaron a Bruselas a pisar el acelerador, fijando finales de 2017 como fecha límite para la presentación del listado oficial. Según explican fuentes de la Comisión Europea, el primer punto del proceso se alcanzó en septiembre de 2016, cuando el Ejecutivo comunitario, tras evaluar el riesgo de 213 sistemas que podían facilitar la elusión fiscal, cerró una primera relación de países a examinar con mayor profundidad. Tras esto, continúan, "se estableció contacto formal" con todos ellos para explicarles el proceso e invitarles a colaborar con la Unión Europea. Mientras tanto, los expertos comunitarios continuaron analizando detenidamente las jurisdicciones incluidas en la primera lista borrador.

Una vez concluida la etapa de selección, se entregaron al denominado Grupo de Código de Conducta, un equipo compuesto por representantes técnicos de todos los Estados miembro que siempre ha generado dudas dentro del Parlamento Europeo por el secretismo de sus trabajos, una segunda relación compuesta por 92 territorios bajo sospecha. "Sobre esa base, se envió una carta a cada uno de ellos, confirmando que cumplían con los criterios o destacando las deficiencias en sus sistemas impositivos", explican las fuentes consultadas, que añaden que se solicitaron a las que no cooperaban "compromisos serios de abordar las deficiencias identificadas dentro de un periodo de tiempo determinado". 

Las que no se comprometieron a introducir cambios que mejorasen la cooperación con la UE, fueron incluidas finalmente en la lista negra que ha recibido luz verde este martes. En total, 17 jurisdicciones a lo largo y ancho de todo el planeta: Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. Todas ellas incumplen alguno de los tres criterios que se han tenido en cuenta durante todo el proceso: la existencia de transparencia fiscal, una fiscalidad justa y seguimiento de las líneas directrices en la materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Lista gris y ausencia europea

Sin embargo, recoge el documento aprobado por los ministros de Economía y Finanzas de la UE, "la gran mayoría de jurisdicciones [bajo el foco] han decidido introducir cambios relevantes en su legislación fiscal para cumplir con los criterios europeos". No obstante, y a la espera de que esas modificaciones se hagan realidad, Bruselas ha decidido crear una lista gris de países que estarán en observación. En esta segunda relación se han incorporado otras 47 jurisdicciones, entre las que se encuentran las de muchos de los paraísos fiscales más reconocidos que han logrado escaparse de la lista negra: Curaçao, Hong-Kong, Nueva Caledonia, Maldivas, Mauricio, Andorra, San Vicente y las Granadinas, Islas Bermudas, Islas Caimán, Liechtenstein o Nauru, entre otras.

En concreto, se han fijado dos plazos para que los países de esta lista intermedia cumplan los compromisos que han adquirido: los desarrollados deben hacerlo a lo largo de 2018 y los que están en vías de desarrollo antes de que se cierre 2019. Por otro lado, Bruselas ha decidido dar más tiempo –hasta principios de 2018– a ocho territorios caribeños (Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Dominica, las islas Vírgenes Británicas, San Cristobal y Nieves, islas Turcas y Caicos y las islas Vírgenes estadounideneses), duramente golpeados por huracanes en verano, para responder a las preocupaciones de la UE.

Sin embargo, quedan fuera de las dos listas cuatro Estados europeos que, según ha denunciado en repetidas ocasiones la ONG Oxfam Intermón, no superarían el examen al que Bruselas ha sometido a todas las terceras jurisdicciones: Malta, Irlanda, Holanda y Luxemburgo. De hecho, la semana pasada una delegación del Parlamento Europeo desplazada a suelo maltés señaló, al término de la visita, que "no puede continuar" en el país europeo la "impunidad" que existe en materia de delitos financieros y corrupción. La inclusión en la relación oficial de Estados miembro fue uno de los frentes de batalla abiertos tanto por eurodiputados como por diferentes organizaciones, entre ellas Oxfam o Tax Justice Network. Sin embargo, a comienzos de mayo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue taxativo al respecto: "No haremos eso. No sentimos que sea nuestro deber hacerlo".

Lista "descafeinada" y sanciones 

Ernest Urtasun, eurodiputado del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea, lamenta el resultado final del ambicioso proyecto. En conversación telefónica con infoLibre, el parlamentario de la Eurocámara critica que se haya excluido a "muchos paraísos fiscales, como Suiza o EEUU, donde se pueden encontrar estados como Delaware –territorio con baja tributación–" y a otros tantos países comunitarios que "presionaron con éxito para que sus propias dependencias y territorios de ultramar quedaran fuera". "Es lamentable que los Estados miembro demuestren tan poco coraje y responsabilidad", añade Urtasun, que califica la relación respaldada durante el Ecofin de "lista negra descafeinada" y "claramente sesgada".

Además, el eurodiputado critica la ausencia de sanciones duras en el documento: "Nosotros propusimos que todas las transacciones financieras que se hicieran entre algún país de la UE y esas jurisdicciones tuvieran que pagar un impuesto. Pero no se ha aceptado", explica. En la misma línea se posicionó en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, quien señaló que le habrían gustado sanciones "más firmes". "Esperamos que los trabajos continúen en 2018 para introducir medidas defensivas más fuertes", completó. A nivel comunitario, según ha explicado la Comisión, no se podrá conceder financiación europea a entidades de los países incluidos en la lista negra.

Pero además de bloquear el dinero procedente de los fondos para el desarrollo sostenible (EFSD, por sus siglas en inglés), el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI, por sus siglas en inglés) o del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la UE también establece que, a fin de garantizar "una acción coordinada", los Estados miembro "deben aplicar al menos una de las siguientes medidas administrativas en el ámbito fiscal: a) supervisión reforzada de ciertas transacciones; b) mayores riesgos de auditoría para los contribuyentes que se benefician de los regímenes en juego; c) mayores riesgos de auditoría para los contribuyentes que usan estructuras o arreglos que involucran estas jurisdicciones". "Con que digan que están supervisando las transacciones, han cumplido", sentencia Urtasun.

El centenar de países 'offshore' de Gestha

En la misma línea se han pronunciado tanto Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la ONG Oxfam Intermón, como Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos en la Eurocámara. "Sólo cuando tengamos una lista negra consistente con sanciones efectivas contra grandes empresas y fortunas que abusan de los paraísos fiscales, podremos poner fin a la evasión y elusión fiscal", explica la activista. "La UE no puede pretender exigir a países terceros que se sometan a sus criterios si es incapaz de acabar con su parte del problema", añade el diputado del Parlamento Europeo, que asegura que "la elaboración de esta lista no hace más que ilustrar la complicidad de la Unión Europea con la evasión fiscal". 

En este sentido, a ojos de Urbán es mucho más completo el trabajo que ha realizado el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Pocas horas antes de que se diese a conocer el resultado final de Bruselas, Gestha hizo públicas dos listas: una negra, en la que incluyeron 30 jurisdicciones –entre ellas, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas–, y otra gris, compuesta por otro centenar de territorios –entre ellos, los cuatro principales paraísos fiscales en suelo europeo–. Además, pusieron sobre la mesa sanciones que deberían aplicarse sobre estos territorios: suspender acuerdos de libre comercio, poner fin a la financiación o prohibir que todas las instituciones y entidades públicas de la UE abran cuentas u operen en dichos lugares, vetando también la contratación con empresas radicadas en paraísos fiscales. 

El guion se conoce ya a la perfección. Como sucede después de cada nueva revelación importante sobre la magnitud de la evasión fiscal en el mundo, los responsables políticos se han apresurado a mostrarse indignados, a raíz de las primeras publicaciones relativas a los Paradise Papers. Como si si acabasen de enterarse de todo. Como si no hubiesen existido antes los LuxLeaks, la lista del HSBC, los documentos del UBS, los papeles de Panamá, los Malta Files, los testimonios de los lanzadores de alerta, los informes de ONG como Oxfam, Tax Justice Network o CCFD-Tierra Solidaria, los estudios de Nicholas Shaxson o de Gabriel Zucman sobre los paraísos fiscales. Como si en 10 años no hubiese existido ningún informe parlamentario sobre la cuestión.

En Francia, en pleno debate presupuestario, donde hasta la fecha sólo se ha hablado de medidas favorables al capital para evitar su fuga a otros territorios, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, decía este lunes 6 de noviembre: “La evasión fiscal no sólo supone un ataque al Tesoro fiscal, también es un ataque a la democracia, a la imposición fiscal. [...] Mañana mismo presentaré en Bruselas un paquete de propuestas para aumentar la transparencia”. De inmediato, el también francés Pierre Moscovici, ahora comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, destacaba la premura a la hora de combatir la evasión fiscal. Su primera propuesta incluye la presentación de una lista negra de paraísos fiscales. “Es importante que esta lista salga [...] en 2017, debe resultar creíble, estar a la altura, que sea consistente y que incluya restricciones adecuadas para los países que integren dicha lista negra”, indicó.

Más allá del gesto, ¿qué interés puede tener la creación de una lista así? Porque la OCDE ya elaboró una en 2019, a petición del G20, en respuesta a la crisis financiera de 2008. Y derivó en una de las mayores farsas económicas de la década. Para salir de la lista negra de los países “no cooperativos”, los Estados debían comprometerse al intercambio de informaciones con otros 12 países. Mónaco se presentó garante de Liechtenstein y a la inversa, Panamá obtuvo el apoyo de Vanuatu, etc. En unos meses, de los 38 países cuestionados, sólo quedaba uno en la abominable lista: Trinidad y Tobago. Esta situación permitió que Nicolas, en su discurso sobre el capitalismo pronunciado en Toulon [sureste de Francia] el 1 de diciembre de 2009. Ironizaba entonces sobre el número de países que deseaban convenciones de intercambio fiscal con Francia.

“Tendríamos que habernos alarmado todos cuando la lista negra de los paraísos fiscales de la OCDE, que debía ser la primera línea del combate mundial contra la opacidad, estaba vacía el 7 de abril de 2009, sólo cinco días después del comunicado del G20. En teoría, ahora los paraísos fiscales se suponen que se han limpiado”, insistía James Henry, execonomista jefe de McKinsey, autor de un amplio estudio sobre los paraísos fiscales para la Tax Justice Network, publicado en julio de 2012.

Porque, en la práctica, no ha cambiado nada. Al contrario de la legislación norteamericana sobre los cambios automáticos (Fatca), que prevé multas de al menos el 30% sobre los ingresos efectuados a Estados Unidos, el resto de países no han previsto ninguna sanción en caso de que no se respeten las reglas sobre los intercambios automáticos. ¿Resultado? Malta sigue acogiendo, en la mayor de las discreciones, las matriculaciones de yates de las grandes fortunas; la isla de Man, la de los aviones privados, Jersey o Guernesey los trusts o fideicomisos; las islas Caimán o las islas Vírgenes se ocupan de los holdings y de las filiales bancarias.

Lejos de contribuir a poner orden, la línea seguida por el G20 ha contribuido sobre todo a hacer más opacos los circuitos y a mover los haberes, tal y como recuerda Gabriel Zucman en su libro La Richesse cachée des nations [La riqueza oculta de las nbaciones]. “Entre 2009 y 2014, la parte del mercado de Singapur en la gestión de fortuna transfronteriza subió dos puntos (del 8% al 10%), la de Hong Kong explotó (del 6% al 16%), mientras que la de las islas anglonormandas y de Suiza se contrajo”.

La lista negra de la Comisión Europea corre el riesgo de no cambiar nada. Aunque Pierre Moscovici anunciase: “Advierto de que no habrá país de la UE en esta lista de paraísos fiscales porque un paraíso fiscal es un país que no respeta los estándares de buena gobernanza, después hay que ocuparse también de la legalidad y mejorarla”.

Sin embargo, son justamente estos “famosos estándares de buena gobernanza” los que cuestionan los Paradise Papers. “Sus revelaciones son muy diferentes a las recogidas en los papeles de Panamá”, asegura Pascal Saint-Amans, director del Centro de política y de administración fiscales de la OCDE. De hecho, no se trata sólo de dinero negro, de cuentas ocultas, de blanqueo vinculado a la corrupción, al tráfico de armas etc. Se trata de prácticas “legales” de las multinacionales, que se basan en una industria de la evasión fiscal: ejércitos de abogados, de auditores, de contables, a menudo vinculados con los grandes nombres de gabinetes mundiales, que se apoyan en las redes internacionales de los grandes bancos para hacer circular el dinero de un lado a otro del globo a la velocidad de internet, saben sacar el máximo beneficio de los fallos, del hueco abierto –a propósito o no– en los diferentes países para evadir impuestos.

Los responsables políticos, como los grandes grupos cuestionados, se cuidan muy mucho de recordar que todo es legal. Lo único que han hecho es explotar con habilidad los mecanismos existentes. En resumen, nada que ver con el fraude. Se trata simplemente de optimización. “Por decirlo de forma directa, nadie iría a paraísos offshores si pudiesen hacer lo que quieren en otra parte. Las personas y los grupos han recurrido precisamente a las jurisdicciones financieras offshores porque les permiten hacer cosas que no podrían hacer en sus países”, advierte un integrante de Tax Justice Networks, tras escuchar las justificaciones de los grandes grupos a raíz de las primeras revelaciones de los Paradise Papers. Para él, la constatación está clara: fraude y optimización participan de las mismas intenciones, alentadas por algunas legislaciones.

Competencia por un gravamen “cada vez menor”

Hay países europeos expertos en la materia. Un estudio de CCFD-Tierra Solidaria ha demostrado que Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo se encuentran en el epicentro del sistema de fraude fiscal dirigido a las grandes multinacionales europeas. En su informe de abril sobre el estado de la economía mundial, el FMI también dedicó especial atención a Irlanda. Según las cifras oficiales, el PIB irlandés creció más del 25% entre 2015 y 2016, tras los cambios contables relativos a los compromisos de las multinacionales. El FMI, tras considerar que, en este punto, las cifras no eran indicativo de nada y que el PIB real de Irlanda carecía de relación alguna con el fraude fiscal practicado a escala mundial por el país, anunciaba que en el futuro se basaría en sus propias estimaciones.

Los Paradise Papers aportan nuevas pruebas del fraude que se comete en la zona euro. Según la encuesta de Le Monde, el gigante americano Nike evitó pagar impuestos en Europa gracias a un montaje fiscal con base en Países Bajos. Gracias a él, el grupo norteamericano redujo su gravamen impositivo del 24% al 16% en tres años, en detrimento del resto de países europeos. Este mecanismo de optimización fiscal no se ideó hace años, sino en 2014. Es decir, en un periodo en que las preocupaciones sobre la evasión impositiva y los desequilibrios fiscales en el seno de la eurozona ya se encontraban en el centro de las discusiones europeas. La Haya no podía ignorarlo: su ministro de Finanzas también era el presidente del Eurogrupo.

Es decir que la competencia del “siempre menos” a la hora de pagar impuestos que se practica en algunos países de la zona euro para atraer a las multinacionales no está dispuesta a detenerse, si no hay ninguna norma que le ponga freno. Lo que es más, corre el riesgo de verse potenciada ahora que Donald Trump, en el marco de su nueva ley presupuestaria, prevé incluir a Estados Unidos en esta carrera. Trump tiene previsto rebajar el impuesto de sociedades del 35% al 20% y adoptar una fiscalidad mucho más favorable para promover que las multinacionales repatrien sus montañas dinero, actualmente en paraísos fiscales, a Estados Unidos. Baste como ejemplo el caso de Apple, campeón de la optimización fiscal, que tiene 234.000 millones de dólares en países clave como Bermudas, Bahamas o Irlanda.

Tras mantener los ojos cerrados durante mucho tiempo en lo que a los mecanismos de fraude y de optimización fiscales se refiere, e incluso después de haberse opuesto a cualquier medida vinculante para tratar de limitar el impacto, la OCDE considera ahora una prioridad la lucha contra la evasión fiscal. Para el organismo, la destrucción de las bases fiscales de los países es un factor de inestabilidad económica, social y política. Se hace necesario mantener mecanismos de redistribución, mediante el pago de impuestos, para luchar contra el aumento sin precedentes y cada vez más peligroso de las desigualdades, asegura. En este marco normativo, la institución ha iniciado un proyecto para luchar contra la erosión de la base y transferencia de los beneficios (proyecto BEPS) dirigido a establecer leyes fiscales internacionales más equitativas, eliminando todas las medidas que favorecen el fraude y la optimización fiscales.

Su informe provisional, publicado el 16 de octubre, hace temer que la mascarada de la lista de los paraísos fiscales siga adelante. Sobre los cientos de regímenes preferenciales examinados, 99 deben sufrir modificaciones o dejar de funcionar. Pero, según la OCDE, se están produciendo ciertos avances. Señala que el régimen de los fideicomisos de Barbados está cambiando, lo mismo que el régimen de los holdings y de los servicios financieros en Curaçao. Las Seychelles, Bermudas, isla Mauricio también están introduciendo mejoras. Luxemburgo ha eliminado algunas disposiciones que acarreaban una excesiva distorsión, lo mismo que Suiza. En cambio, los casos contrarios apenas existen. No hay ni siquiera cinco. Francia figura por su tipo reducido de plusvalías a largo plazo e Italia por su régimen impositivo a las marcas registradas. En cambio, los servicios financieros internacionales en Barbados sólo se consideran “potencialmente perjudiciales”. En cuanto al régimen de apoyo a las actividades del conocimiento instaurado en Irlanda, no plantean ningún problema.

Estos ejemplos muestran lo mucho que queda por hacer para combatir realmente las prácticas del fraude fiscal, convertido en un deporte mundial. Digan lo que digan, los responsables políticos no tienen ningunas ganas de emprender esta batalla. Su preocupación está dirigida más bien a ofrecer el mejor marco normativo posible para atraer capitales. Pese a sus recientes declaraciones, Bruno Le Maire no es una excepción. Con gran constancia, Francia se ha dedicado estos últimos años a sabotear cualquier avance relativo a imponer una tasa a las transacciones financieras. Un proyecto que el Gobierno francés presentó allá por el año 2000 pero que tenía el inconveniente de disgustar a los bancos y al Ministerio de Finanzas.

Del mismo modo, todo los intentos por introducir algo de transparencia en las prácticas de las multinacionales han quedado en nada. En el marco de la ley Sapin 2, los diputados quisieron obligar, a los grandes grupos con negocios en Francia, a presentar un informe país por país donde figurase la cifra de negociones, el número de asalariados, los beneficios obtenidos. En nombre de la libertad para emprender, el Consejo Constitucional acabó con esta disposición. Al igual que acabó con la tasa Google, que habría permitido gravar a los grandes grupos radicados en Francia, y con las leyes que contemplaban penalizaciones proporcionales a la cifra de negocios, en el caso de fraude en el IVA.

La nueva legislación no recoge ninguna de estas disposiciones. Al contrario. El Gobierno ha querido que la Asamblea Nacional anule una enmienda adoptada en el Senado dirigida a acabar con el cerrojo de Bercy: se mantiene una total opacidad en las prácticas de los grandes grupos.

Sin embargo, este apoyo más o menos tácito a todas las prácticas de optimización y de fraude fiscal de los grandes grupos tiene un coste político y social: supone menos dinero para educación, hospitales, investigación, infraestructuras, más deuda e impuestos a cuenta de los otros contribuyentes. Los políticos tendrán que asumirlo algún día. ________________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La filtración de los 13,4 millones de documentos bautizados como los Papeles del Paraíso ha vuelto a dar argumentos a quienes abanderan la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión de impuestos tanto de las grandes empresas como de las mayores fortunas del mundo. Según los cálculos de la ONG Oxfam Intermón, la red mundial de paraísos fiscales permite a los más ricos evitar el pago del 30% de los impuestos que les corresponden. En esos territorios de baja o nula fiscalidad y opacos al escrutinio internacional, esconden los multimillonarios 7,6 billones de dólares, una cifra que supera los PIB de Reino Unido y Alemania sumados.

La nueva filtración, tras los Papeles de Panamá en 2016, coincide también con la investigación que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo sobre la política contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero tanto de las instituciones de la UE como los gobiernos nacionales. El informe resultante es una dura crítica a la falta de voluntad política y la ineficacia de todos los estamentos implicados en la lucha contra una lacra que le cuesta a la UE un billón de euros al año. Si la lupa se acerca a España, resulta que en 2016 cuadriplicó sus inversiones en paraísos fiscales. Un volumen apreciable si se tiene en cuenta que la economía nacional dirige hacia estos territorios offshore uno de cada cuatro euros que invierte, más de lo que destina a América Latina y el Caribe.

Precisamente por esa pasividad, si no negligencia, de las autoridades mundiales, Oxfam Intermón apremia a los gobiernos a tomar cinco “medidas urgentes” para combatir el uso de paraísos fiscales.

La primera, elaborar una lista negra de paraísos fiscales acompañada de sanciones “potentes”. Hasta ahora todos los intentos para redactar un instrumento tan sencillo se han visto abocados al fracaso por los intereses de los propios países. Como ni siquiera se han puesto de acuerdo en definir qué es un paraíso fiscal, la última elaborada por la OCDE sólo incluye uno, Trinidad y Tobago. Únicamente si un país se niega a ser transparente es considerado “paraíso fiscal” por la organización de las naciones más ricas del mundo. La UE se ha comprometido a publicar su propia lista el próximo 5 de diciembre. Como criterios para incluir un territorio en ese índice se añadirán a la transparencia, la equidad fiscal y un indicador de tipos impositivos nulos. Pero dejará fuera a los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que Holanda, Luxemburgo, Irlanda y ChipreLuxemburgo –entre los más agresivos según Oxfam– se librarán de la etiqueta.

Este mismo martes y ante sus homólogos del Ecofin en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, propuso crear una “lista gris” de paraísos fiscales, paralela a la lista negra, que incluya las jurisdicciones no colaborativas pero que estén “adaptándose” a los requisitos internacionales. En la primera, aseguró, podría figurar Gibraltar cuando Reino Unido abandone la UE. Con Andorra fue más suave: “Está en proceso de mejora”.

Oxfam reclama que la lista se elabore “sin interferencias políticas” y que incluya sanciones o desincentivos. Además, propone que los gobiernos nacionales apliquen normas sobre las sociedades extranjeras controladas (CFC por sus siglas en inglés), aquéllas que operan en una jurisdicción distinta de donde residen sus propietarios, de forma que tributen por los beneficios que transfieren artificialmente a paraísos fiscales. O que practiquen retenciones sobre royalties e intereses.

Más transparencia

La segunda iniciativa planteada por la ONG es obligar a las grandes multinacionales a publicar informes “país por país” de sus ingresos, beneficios e impuestos. De esta forma se podrá comprobar fácilmente si la empresa paga los impuestos que le corresponden en cada país. Ya hay propuestas en esta dirección tanto en la UE como en la OCDE. Pero, en el caso de la primera, las empresas sólo deben proporcionar esa información sobre sus operaciones en países comunitarios. E incluso, denuncia Oxfam, algunos gobiernos están bloqueando la aprobación final de la medida. Por lo que se refiere a la OCDE, ésta limita el acceso a los informes país por país a las autoridades tributarias. Oxfam exige que se haga pública a todos los ciudadanos.

La ONG también pide a los gobiernos que creen un registro público y centralizado de los titulares reales y últimos de las empresas, trusts y fundacionestrusts. Además, a su juicio debería ser obligatorio el intercambio automático de datos entre los diferentes países. Así, éstos podrían recaudar impuestos de los ciudadanos que deslocalizan su riqueza.

La directiva antiblanqueo de la UE ya obliga a crear estos registros, pero sólo permite acceder a sus datos a las autoridades fiscales. Más de 100 países se han comprometido también a intercambiar información sobre activos financieros e ingresos de ciudadanos extranjeros en sus instituciones financieras, a través de dos instrumentos distintos: uno de la OCDE y otro de Estados Unidos, la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, en virtud de la cual el Gobierno de Washington ha firmado acuerdos con diferentes naciones, entre ellos España. Pero Oxfam considera necesario añadir sanciones a los bancos, a los países y a los paraísos fiscales que se nieguen a intercambiar información.

Reforma fiscal mundial

La cuarta medida propuesta por la ONG se basa en “reequilibrar los acuerdos fiscales” para impedir que sean injustos con los países en desarrollo. “Por lo general”, explica Oxfam, los acuerdos asignan injustamente más derechos fiscales al país con mayores ingresos, por lo que el dinero acaba saliendo desfiscalizado de los países en desarrollo hacia los ricos”. Muchos de esos acuerdos, destaca, permiten que las multinacionales no paguen impuestos ni en el país de origen ni en el de destino. Según los datos de Oxfam, África pierde 14.000 millones de dólares en ingresos fiscales por el uso que sus grandes fortunas hacen de los paraísos fiscales.

Finalmente, la ONG exige la creación de un organismo mundial que dirija y coordine la cooperación fiscal de todos los países. Una figura a la que se oponen la mayoría de los gobiernos de la OCDE, reconoce por otra parte Oxfam. Los países más ricos también rechazan negociar una ronda de reformas fiscales para crear “un nuevo sistema fiscal internacional”. Para la ONG, las revelaciones de los Papeles del Paraíso dejan claro que las iniciativas internacionales en marcha contra el abuso fiscal “no funcionan”. “Los evasores siguen actuando como de costumbre, sin haber cambiado sus prácticas”, lamenta. Porque las últimas reformas quedan lejos de resultar eficaces: “Continúan replicando los mismos defectos que han afectado al sistema fiscal internacional hasta ahora”.