El ex director corporativo de los servicios jurídicos de Repsol Enrique Hernández ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que el excomisario Villarejo pidió inicialmente 1,5 millones de euros —que luego quedaron en 165.000— por labores de investigación sobre Sacyr y su presidente, Luis del Rivero.

Hernández ha declarado este martes como testigo en el juicio contra el propio Villarejo y los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank por presuntas labores de espionaje contra Sacyr y Pemex tras haber alcanzado ambas compañías un pacto sindicado para intentar tomar el control de la petrolera española.

El declarante fue el autor del informe interno encargado por la petrolera para determinar la naturaleza de los trabajos realizados por Cenyt, informe realizado con la colaboración de la consultora KPMG tras publicarse que "un banco estaba siendo investigado por la contratación de una empresa vinculada al excomisario" que también figuraba como proveedor de Repsol, ha explicado.

En ningún momento Repsol encargó a Villarejo informes personales, sino únicamente datos corporativos, y si se eligió a Cenyt fue porque el responsable de Seguridad de la petrolera, Rafael Araujo, aseguró que se trataba "de la mejor agencia de investigación de España".

"Nunca" se contrató a Cenyt para investigar a una persona concreta, ha reiterado Hernández, sino para analizar "estrategias empresariales, es decir, inteligencia corporativa, que es información para detectar amenazas y riesgos para los intereses de la compañía".

De ahí que de ese presupuesto inicial de 1,5 millones anticipado por Villarejo, finalmente se abonaron 165.000 euros por los trabajos realizados, que según el informe de Hernández "se basaban sobre todo en contenido que eran públicos".

Uno de los objetivos de la contratación de Cenyt como proveedores era "evitar que trabajara para la otra parte, ha explicado Hernández, que nunca llegó a preguntar si Villarejo era o no era funcionario en ejercicio, o ya en excedencia.

El "valor añadido" que aportaba la empresa de Villarejo era que se podía dedicar en exclusiva al encargo, mientras que los departamentos de Repsol que hubieran podido realizar esa investigación tenían multitud de tareas que atender.

El Ministerio Público pide 40 años de cárcel para Villarejo; 32,5 para el que fuera su socio Rafael Redondo; 28 para Rafael Araujo; 21 para el que fuera su 'número dos', Rafael Girona, y otros 21 para el exdirector de Seguridad de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Anticorrupción atribuye delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares y falsedad en documento mercantil.

Las grandes energéticas españolas se unirán en los próximos días a sus competidoras internacionales en la publicación de los beneficios históricos que les reportó en 2022 la guerra en Ucrania. Si los más de 210.000 millones de euros que han conseguido las siete grandes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia han superado todas las expectativas, las ganancias de los tres gigantes del petróleo y el gas en España, Repsol, Cepsa y Naturgy, prometen consolidar las cifras récord cosechadas hasta septiembre. En los nueve primeros meses de 2022, el trío sumó 5.265 millones de euros, un 64% más de lo que ganó en el mismo periodo del año anterior. Pero sus volúmenes de negocio han crecido aún más, rozando un alza del 78%. Los elevados precios del crudo y del gas, junto con unos márgenes de refino disparados, han obrado maravillas en sus cuentas de resultados.

De forma que, mientras estudian si recurren el impuesto del 1,2% que el Gobierno va a aplicar a sus ingresos, las petroleras también van a repartir generosos dividendos a sus accionistas. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar del extraordinario desempeño de estas compañías?

Fondos de inversión, bancos y fondos soberanos extranjeros copan la propiedad de Repsol, Naturgy y Cepsa. Lejos quedan los tiempos en que La Caixa (tanto en Repsol como en Naturgy), Sacyr (Repsol), ACS (Unión Fenosa) o el Banco Central (Cepsa) eran los dueños de los grandes del petróleo español. O los días en que el Estado controlaba Repsol, privatizada de forma progresiva entre 1989 y 1997. Las mayores compañías de un sector clave se encuentran en manos de inversores financieros foráneos.

En Repsol no hay ningún accionista de control. El principal es el fondo de inversión Blackrock, el mayor del mundo, propietario además de buena parte del Íbex 35, incluidas participaciones en el Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, ACS… En la petrolera presidida por Antonio Brufau el fondo estadounidense entró en 2009 y en estos momentos posee un 5,47% del capital. El segundo accionista es Norges Bank, que administra el fondo soberano de Noruega, uno de los más grandes del planeta, con un 3,25%. El fondo de inversión francés Amundi –cuya matriz es el banco Credit Agricole—tiene el 1,85%. Este mismo enero el banco estadounidense JP Morgan vendió el 1,59% que le quedaba en la petrolera, donde entró en junio de 2014 y en la que llegó a tener un 6,85% en marzo de 2020. En 2011 Caixabank era aún el dueño del 12,97% de la petrolera, que abandonó en 2019. También se fue Sacyr, el pasado mes de junio, tras vender el 2,9% que poseía en la compañía. Había llegado a tener el 20% en 2006. En 2021 el Santander contaba con un 3,8% de Repsol. Otro banco, Goldman Sachs, se hizo con hasta un 5,6% el año pasado a través de derivados financieros. Y Temasek, propiedad del Gobierno de Singapur, se hizo con un 2,43% en 2018.

Las acciones de Cepsa, por el contrario, se las reparten dos únicos actores: el fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, con un 61,36%, y el fondo de inversiones estadounidense Carlyle, con el 38,4% restante. Los emiratíes llegaron a Cepsa en 1988, a través de International Petroleum Investment Company (IPIC), también propiedad de la familia real, y fueron aumentando su presencia en la española comprando sus participaciones a Santander, Unión Fenosa y la petrolera francesa Total, que en 2011 dejó de ser el principal accionista. Ese año IPIC se hizo con el 100% de Cepsa. Desde 2017, y tras su fusión con Mubadala Development Company, el vehículo de inversión de Abu Dabi pasó a llamarse Mubadala Investment Company. Y, tras fracasar su intento para salir a Bolsa en 2018, los emiratíes le vendieron a Carlyle un 37% de la petrolera.

En Naturgy, Criteria Caixa, el hólding de inversiones industriales de Caixabank, aún mantiene una participación mayoritaria, del 26,7%. Le acompaña, con un 20,7% Rioja Acquisition Sàrl, una firma de inversión de Luxemburgo tras la que se encuentra el fondo británico CVC Partners y la familia March. CVC ha firmado un polémico acuerdo de financiación con LaLiga, al tiempo que cuenta con participaciones en otras empresas punteras españolas como Cortefiel y Deoleo o los geriátricos Vitalia. Un 20,6% de Naturgy tiene también Global Infrastructures Partners (GIP), un fondo estadounidense especializado en invertir en infraestructuras. Aunque tiene su sede en Nueva York, la inversión en Naturgy la gestiona a través de una sociedad registrada en Luxemburgo, GIP III Canary 1, Sàrl.

Además, un 14% es propiedad de Global InfraCo O (2) Sàrl, otra sociedad luxemburguesa tras la que figura el fondo australiano IFM, gestor de los ahorros de 120 millones de pensionistas en todo el mundo. En octubre de 2021 IFM fue el protagonista de una OPA fallida, con la que pretendía adquirir el 22,69% de las acciones de Naturgy, pero no pudo conseguir más que el 10,83%. A día de hoy ha ampliado su participación hasta el 13,9%.

Completa el accionariado de la compañía de Francisco Reynés Sonatrach, la empresa estatal de petróleo de Argelia, con un 4,1%.

La OPA de IFM vino precedida de seis meses de enfrentamiento con la dirección de Naturgy y con su principal accionista, Criteria. El nuevo socio había anunciado su intención de proponer la supresión del dividendo con el fin de impulsar las inversiones. Tanto los responsables de la empresa como el brazo inversor de Caixabank se opusieron. Adujeron que de ellos depende la financiación de los numerosos proyectos desarrolllados por la obra social de la Fundación La Caixa. En 2021, Naturgy repartió 1.707 millones de euros entre sus accionistas, y fueron más, 1.802 millones, los que distribuyó en 2020, el año de la pandemia. Hasta septiembre de 2022, el dividendo pagado alcanza los 769 millones de euros. Es decir, más de la mitad de esas cantidades, el 55,2% para ser precisos, se los han embolsado tres fondos extranjeros a través de firmas luxemburguesas: 942,26 millones en 2021 y 424,48 millones sólo hasta septiembre de 2022.

Los dividendos repartidos por Repsol en 2021 ascendieron a 1.326 millones de euros. En 2022, hasta septiembre, los accionistas recibieron 986 millones, un 66,2% más que en los mismos nueve meses de 2021. Este año, además, se les remunerará con 0,70 euros la acción, un aumento del 11%, y se ejecutará un plan de recompra de acciones de 36 millones de euros tras llevar a cabo una reducción de capital de 50 millones de acciones, lo que aumenta aún más la retribución a los accionistas.

Cepsa también fue generosa con sus dividendos. En 2021 repartió 523 millones entre Mubadala y Carlyle, un 166,8% más que en 2020, y hasta septiembre de 2022 pagó 250 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

La multa de 61,3 millones de euros impuesta la semana pasada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 12 constructoras, entre ellas las principales del sector, desde ACS hasta Sacyr pasando por Ferrovial y OHL, ha vuelto a revelar las descaradas prácticas que de forma recurrente emplean las empresas para saltarse a la torera las más elementales normas del juego de los mercados. Los directivos de estas compañías amañaban los concursos públicos para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Acordaban cómo presentar las ofertas, tras crear una “bolsa de puntos” para cada tipo de licitación donde se registraban las bajas –ofertas por debajo de un determinado umbral–, excluían de los contratos a otras empresas ajenas al cártel así creado… En total, consiguieron con trampas más de 500 millones de euros en contratos. Además, son reincidentes. La CNMC ya multó con 118 millones de euros a varias de ellas en 2019 por repartirse los contratos del AVE.

Las sanciones, muy cuantiosas, contra los cárteles de empresas para distorsionar la competencia son carne de grandes titulares. Han sido investigados y castigados pactos ilegales entre petroleras, empresas lácteas, de recogida de basuras, concesionarios de automóviles, cementeras, papeleras empresas lácteaspapeleras. Pero los castigos no parecen ser lo bastante disuasorios porque las conductas mafiosas se suceden. Esos mismos titulares se han acostumbrado también a incluir la posterior anulación de las millonarias multas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Tal es así que los cárteles, que hasta que son desmantelados suelen llevar años en funcionamiento –el de las empresas lácteas, por ejemplo, una década, el del AVE 14 años–, parecen no tener miedo alguno al mazo de la CNMC, toda vez que recurrir a los tribunales puede transformar a la larga las trampas en casos de éxito: el 87,8% de las sanciones que el órgano supervisor tiene pendientes de cobro están suspendidas judicialmente. A 23 de septiembre de 2020, de los 1.012 millones de euros que las empresas debían a la CNMC por sanciones en materia de competencia, 889 millones se hallaban a la espera de que un tribunal resolviera.

Son cifras del Tribunal de Cuentas, que fiscalizó en un informe presentado en las Cortes el pasado junio la gestión de las sanciones no sólo de la CNMC, sino también de la CNMV, el Banco de España y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Para ello analizó los procedimientos, resoluciones y gestión de cobro en 2017 y 2018. En esos dos años, y sólo en materia de competencia –la CNMC también se encarga de supervisar a los sectores energético, audiovisual, postal y de telecomunicaciones– la Audiencia Nacional dictó 235 sentencias sobre recursos presentados por empresas contra la CNMC, mientras que el Tribunal Supremo firmó 64.

Litigiosidad “muy elevada” y “muy compleja”

De forma que los fallos pueden ser reveladores de la eficacia del trabajo del organismo que preside Cani Fernández desde junio de 2020. De hecho, el Tribunal de Cuentas destaca en su informe la “muy elevada” y “muy compleja” litigiosidad de las sanciones de la CNMC en materia de competencia. De las 127 sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en 2017, un total de 76 fueron a favor de las empresas, aunque en otras 31 también se estimaron parcialmente sus demandas. Sólo las 20 restantes confirmaron la sanción de la CNMC. En 2018, la Audiencia Nacional dictó 108 sentencias en este ámbito, de las cuales 28 dieron la razón a las empresas, ocho se la dieron parcialmente, 10 desestimaron sus pretensiones, 40 ordenaban recalcular el importe de la sanción –a la baja– y el resto anulaban el cálculo o tenían otro contenido.

El Tribunal Supremo, por su parte, dictó 20 sentencias en 2017 y 44 en 2018. El Tribunal de Cuentas no las detalla como hace con las de la Audiencia Nacional, pero resume que “la mayoría de ellas confirmaron” la infracción hallada por la CNMC, aunque ordenaban revisar la cuantía de la multa o los criterios del cálculo. En 14 de las sentencias de 2018, relativas a un mismo expediente, el Supremo mandó retrotraer el procedimiento para que la Audiencia Nacional volviera a pronunciarse.

En total, en esos dos años, la CNMC ha tenido que dictar 31 nuevas resoluciones sancionadoras reduciendo los importes de sus multas por orden judicial e incluso ha debido devolver cuantías –se ingresan en el Tesoro Público– si las empresas ya las habían abonado.

La Audiencia Nacional falla más a favor de las empresas

La propia CNMC ha evaluado la revisión judicial que llevaron a cabo tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo entre 2014 y 2018. Y llega a la conclusión de que la Audiencia Nacional falla mucho más a favor de las empresas que el Alto Tribunal, cuyas sentencias son firmes. En esos cuatro años, el Supremo ha anulado el 25,5% de las resoluciones de la CNMC, mientras que en otro 28,5% no confirmó su valoración sobre la existencia de una infracción. La Audiencia Nacional, en cambio, anuló un 26,2% de las resoluciones que revisó y confirmó la existencia de una infracción en el 52% de los casos.

En 2020, la Audiencia Nacional resolvió 91 recursos contencioso-administrativos, correspondientes a 18 sanciones de la CNMC, mientras que el Tribunal Supremo dictó 17 sentencias sobre otras cinco resoluciones en asuntos de competencia. La Audiencia Nacional confirmó la valoración de la CNMC en 53 recursos –el 58%–, aunque en 26 de ellos la sentencia estimaba parcialmente los argumentos de las empresas, y el Tribunal Supremo en 15 –el 88%–. Ocho sentencias ordenaron recalcular importes. Son datos aportados por la memoria del supervisor correspondiente a 2020.

En resumen, puede resultar una buena apuesta para las empresas recurrir en los tribunales una sanción de la CNMC; si no es anulada, puede recortarse su importe de forma satisfactoria. El Tribunal de Cuentas constata que, a 31 de enero de 2020, y sólo en materia de competencia, la CNMC había recibido un total de 403 recursos judiciales, que ponían en tela de juicio sanciones por valor de 1.202,72 millones de euros. Las 12 constructoras recién multadas ya han anunciado su intención de recurrir la resolución de la CNMC, que tachan de “barbaridad” y aseguran que sólo se basa en “especulaciones”, informa Europa Press.

Sólo en lo que va de año, los tribunales ya han anulado una multa de 22,6 millones a Repsol, otra de 29 millones a 20 cementeras, una tercera a cinco colegios de abogados…

Refuerzo jurídico frente a los tribunales

Pese a que la CNMC destaca que la Audiencia Nacional confirma el 75% de sus resoluciones y el Supremo aún más, casi el 83%, también ha intentado reforzar jurídicamente sus actuaciones: resoluciones más robustas, con una base de pruebas más sólida, y extremando las garantías de defensa de las empresas –dar trámite a sus alegaciones–. Por ejemplo, comenzó a llevar a cabo vistas orales, como en los juicios. También existen procedimientos de vigilancia de las resoluciones, que incluyen el seguimiento de la situación judicial y del cobro de las sanciones, así como actuaciones de control para que no se repitan las conductas sancionadas, mediante solicitudes de información e incluso inspecciones. En 2017 y 2018 se concluyeron 29 expedientes de vigilancia de resoluciones de ejercicios anteriores pero, a fecha de 30 de septiembre de 2020, no se había terminado ninguno de los expedientes de vigilancia de las resoluciones dictadas en 2017 y 2018.

Según el Tribunal de Cuentas, los llamados programas de clemencia, por los que se rebaja o se exime de las sanciones a las empresas que denunciaron las prácticas contra la competencia, delatando a sus cómplices y aportando pruebas, también han producido “resultados relevantes” en el desmantelamiento de los cárteles, al apoyar la “actividad investigadora” de la CNMC y su “capacidad para acreditar” los hechos, de forma que no los desmonten después los jueces. Entre los años 2014 y 2018 los delatores han permitido desarticular 12 cárteles.

La documentación que pone de manifiesto que Everland percibió casi medio millón de euros en 14 facturas la ha suministrado Sacyr-Vallehermoso al magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Esta empresa adquirió Sufi a Rafael Naranjo en junio de 2005. Luis del Rivero, el expresidente de la constructora, está imputado como presunto donante del PP. Y según los datos del sumario, Sacyr-Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos de las diferentes administraciones públicas por un montante de 4.786,84 millones, de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones del PP. Lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En relación a la contabilidad b reflejada en los papeles de Bárcenas, Del Rivero habría aportado al PP 480.000 euros de forma opaca. Del Rivero ha negado haber donado dinero de forma ilegal.

La mayor parte de los conceptos incluidos en las 14 facturas de Everland a Sufi se relacionan con el "asesoramiento jurídico y la gestión comercial". Pero otras facturas justifican el pago como gastos de representación "por gestiones realizadas en las comunidades autónomas de Murcia, Castilla y León y Canarias". O por el asesoramiento jurídico y gestión comercial sobre la oferta "Red Eléctrica Proyecto Azul 2004 según contrato de 15 de marzo de 2004".

Para la Agencia Tributaria, la empresa Everland es propiedad de la mujer de Merino. No obstante, el exdiputado aparece como autorizado en una cuenta titularidad de Everland entre 2006 y 2009. El mismo documento destaca que Everland no disponía de empleados entre los años 2003 y 2006.

Por su parte, Merino ha negado haber tenido participación alguna en Everland, que pertenece a su esposa, pero en la que "nunca ha desempeñado cargo alguno, ni de hecho ni de derecho". También el exparlamentario ha negado que Everland haya tenido relación con el Grupo Correa. En cuanto a los años en los que fue apoderado de la firma de su mujer, Merino alega que este hecho fue motivado por una enfermedad de su esposa. 

Sin embargo, los diferentes informes policiales consideran a Merino, que también fue secretario de Política Autonómica del PP, como uno de los integrantes de la red corrupta presuntamente encabezada por Francisco Correa. Y su papel era el de realizar las gestiones con los cargos del PP de los que dependían las adjudicaciones de concursos millonarios. Un informe policial destaca que Jesús Merino y Luis Bárcenas recibían instrucciones del número dos de Correa, Pablo Crespo, señalando los responsables políticos y cargos de las administraciones públicas ante las que había que realizar gestiones para favorecer los intereses de la firma Ros Roca. También se refería al porcentaje de comisión que se iba a cobrar de comisión ilegal con las palabras "postura 3", en relación al 3%, y "postura 4", el 4%.

Pero también documentos del sumario explican que Merino presuntamente habría participado en el cobro de un porcentaje del dinero que pagaba el PP en las elecciones municipales, autonómicas, nacional y al Parlamento Europeo de 2003 y 2004. "Por tanto, los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar los gastos electorales que realiza la formación política, actos de la campaña electoral realizados por Rialgreen, revierten a los responsables políticos del PP encargados del control de los ingresos y gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal", determina la Policía, en referencia a varios políticos del PP entre los que se encontraba Jesús Merino.

Al igual que el extesorero del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino fue desimputado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Pero la Audiencia Nacional volvió a implicarle en el caso.

El expresidente de CaixaBank entre los años 2011 y 2016, Isidro Fainé, ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón cualquier irregularidad por su parte en relación con la contratación de la empresa Cenyt, propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que ha atribuido a Repsol. Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que también declaraba como investigado este viernes, ha explicado al instructor Manuel García-Castellón que él supo por su jefe de Seguridad, Rafael Araujo, que se había contratado una empresa de inteligencia pero que desconocía que se trataba del comisario José Manuel Villarejo y de su firma Cenyt, según fuentes presentes en la declaración de ambos, consultadas por Europa Press.

Estas fuentes indican que el magistrado ha estado más inquisitivo con Brufau que con Fainé, y los dos presidentes, que han declarado durante aproximadamente una hora cada uno, han respondido a las preguntas de sus defensas, de la Fiscalía Anticorrupción y del juez. En esta pieza separada número 21 del caso Tándem se indaga en el encargo por parte de Repsol y Caixabank a Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero dado que éste trataba de tomar el control de la petrolera mediante un concierto con Pemex.

Brufau ha resaltado que él no tuvo que autorizar la contratación de esa empresa de inteligencia y que no trató el asunto con Araujo. De hecho habría indicado que, si acaso, el directivo responsable de medios de la compañía, Luis Suárez de Lezo, sería quien despachaba con Araujo. Cabe recordar que este jueves Suárez de Lezo indicó que Araujo le comunicó que había contratado servicios de inteligencia pero que no él no ordenó contratar a la empresa de Villarejo.

La conversación entre Fainé y Brufau

Uno de los momentos clave de su declaración ha sido cuando ha explicado que en una conversación con Fainé le dijo que sería bueno que las dos áreas de inteligencia corporativa profundizaran en la investigación relativa a la operación de Sacyr. Sobre esa conversación, Fainé ha sido menos clarificador, según otras fuentes. El que fuera presidente de Caiaxbank en su declaración ante el magistrado ha indicado, en la línea de Brufau, que no tenía "el más mínimo conocimiento de las actuaciones que se llevaron a cabo" y que no participó tampoco "ni en la selección, ni en la contratación, ni en el pago del proveedor".

Así, ha comentado que no tenía "la más mínima idea de la empresa que Repsol había contratado ni de quién era el señor Villarejo, ni mucho menos si se había contratado a un funcionario de policía en activo". Cabe recordar que ambos están imputados por un presunto delito de cohecho.

Respecto a esa conversación con Brufau, el expresidente de CaixaBank ha reconocido que éste le dijo que sería conveniente tener más información empresarial sobre el pacto Sacyr-Pemex, para poder responder a éste desde una dimensión corporativa. En este sentido, Fainé ha explicado, según fuentes consultadas, que Brufau le informó de que Repsol ya tenía contratado un encargo, que lo llevaba su director de seguridad corporativa, y que le propuso compartir la información sobre el pacto.

No acordaron compartir gastos

Tras esa conversación, Fainé habría delegado el asunto en su departamento de Seguridad y, según ha explicado, se habría desentendido. En este punto, en su declaración ha negado que ambos presidentes acordaran compartir los gastos que suponía contratar a esa empresa externa, dado que, según fuentes, el expresidente de Caixabank ha indicado que los presidentes no se encargan de pagos.

Además, Fainé ha explicado que se reunía de vez en cuando con el responsable de Seguridad del banco, Miguel Ángel Fernández Rancaño, para tratar asuntos relativos a la seguridad, pero ha matizado que la información que le facilitó sobre este asunto fue de muy escaso interés, y nunca le entregó informes ni documentos ni le habló de "conversaciones o información personal sobre Del Rivero".

En otro momento del interrogatorio, el juez ha sacado a relucir el informe de compliance que se realizó en Repsol, y ha preguntado la razón por la que se decidió contratar a una empresa de seguridad privada -la de Villarejo- cuando no contaba con la autorización apropiada para llevar a acabo ese tipo de funciones en territorio nacional. Pero Fainé ha apuntado al respecto que no estaba a eso porque no era su competencia. Por su parte Antonio Brufau ha recordado que él dio la orden general de atender a la situación que se abría con el movimiento de Sacyr, pero que fue genérico, y ha señalado sobre el informe de compliance que no le consta que se realizara ilegalidad.

El ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero ha señalado este miércoles ante el juez que investiga la contratación por parte del BBVA del comisario José Manuel Villarejo que cuando la constructora decidió en febrero 2005 abortar el intento de entrar en el Consejo de Administración de BBVA, que presidía Francisco González –investigado en esta causa–, lo hicieron tras sentirse atacados en los medios y por miedo después de que ardiera la Torre Windsor el 12 de febrero de 2005.

Fuentes presentes en la declaración apuntan a Europa Press que Del Rivero ha afirmado asimismo preguntas de los fiscales que en 2004 mantuvo reuniones tanto con el entonces ministro socialista Pedro Solbes como con el expresidente del Gobierno José María Aznar, como cabeza visible de la oposición, sobre esa operación.

Del Rivero comparecía ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como perjudicado por el espionaje de Villarejo por encargo de BBVA –Proyecto Trampa–. Ese proyecto habría sido orquestado por Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco, y conllevó desde pinchazos telefónicos a seguimientos.

Del Rivero ha realizado durante su comparecencia un pormenorizado relato de las reuniones y movimientos que realizó en ese 2004 con el objetivo de ganar peso accionarial en BBVA, un peso que le podría haber abierto la puerta al grupo para tener voto y capacidad de decisión a la hora de los nombramientos en la entidad.

Así, Del Rivero ha indicado que el 22 de noviembre de 2004 mantuvo una reunión con el entonces alto directivo del BBVA José Ignacio Goirigolzarri para trasladarle la decisión de adquirir el 3,5 o el 5 por ciento de las acciones del banco. Tras esa reunión, siempre según Del Rivero, mantuvo una comida con el ministro Solbes, con quien al día siguiente se reunió en el ministerio, teniendo ya el apoyo de Société Genérale para la operación.

El apoyo de Société Genérale 

Si bien esas reuniones se mantienen en noviembre, la operación se gesta entre marzo y mayo cuando tantearon a Aznar, él y su vicepresidente Juan Abelló, para saber cómo veía el asunto. Tras esto se lo comunicaron al Gobierno a principios de junio, por medio de la Oficina Económica.

Según ha explicado Del Rivero ante el juez, para entonces ya habían contactado con Société Genérale y su presidente para España y Portugal, Donato González, estuvo presente en reuniones y estaba al tanto. Cuando Sacyr compra acciones a través de esa entidad llegando al 3,16 por ciento del BBVA es cuando deciden hablar con Solbes. Era ya noviembre de 2004.

Según su relato, ese mismo mes, el día 8, también se reunió con los accionistas del BBVA José Domingo Ampuero y Santiago Ybarra –hermano del que fuera presidente del BBVA Emilio Ybarra–, y ahí es cuando deciden pedir reunión con el ministro de Economía y comunicar la adquisición de acciones al Gobierno. Asimismo, ha negado que se reuniera con el entonces vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas, aunque sí con el exministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, en dos o tres ocasiones.

Al hilo, ha explicado que él opina que el BBVA quiso convertir esa operación en un movimiento que llegaba desde la política con el objetivo de desacreditar el cariz puramente económico que, ha defendido, es lo que realmente era. Y ha afirmado que si el Ejecutivo hubiera querido que la operación saliera adelante lo habría hecho, pero que se mantuvo al margen.

Las reuniones con Caruana y la CNMV 

Por otro lado, ha indicado que también se reunieron por este asunto con el entonces subgobernador del Banco de España Gonzalo Gil y con el gobernador Jaime Caruana, quien fue mucho más restrictivo que el subgobernador en sus posiciones. Y que también fueron citados junto al BBVA en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) porque tenían interés en conocer los detalles y posiciones concretas de la operación.

Tras todos estos movimientos en busca de apoyos políticos y económicos para la entrada en la entidad, finalmente el 15 de febrero de 2005 el Consejo de Administración de Sacyr Vallehermoso decidió formalmente no seguir con la operación, y en solo una noche la constructora decidió vender sus acciones en BBVA con un descuento del 3 por ciento.

Según ha explicado, la decisión la toman tras el incendio del Windsor y tras "saber" que había una investigación de Anticorrupción sobre los papeles de Merryll-Lynch, relacionados con la sociedad de valores de Francisco González, cuyos informes tenía la consultora Deloitte en dicho edificio. Por eso, ha añadido, ante esta escalada en la "guerra" decidieron dejar la operación.

Un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) en el marco de la pieza 21 del caso Tándem revela que Cenyt –la empresa del comisario José Manuel Villarejo– vigiló los contactos que mantuvo el que fuera presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero en noviembre de 2011 con el entonces ministro de Industria socialista Miguel Sebastián.

En ese informe de más de 100 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, se reflejan también otros contactos y llamadas telefónicas que mantuvo Del Rivero con exministros populares –Josep Piqué o Francisco Álvarez Cascos–, y personas relevantes como Miguel Blesa –quien fuera presidente de Caja Madrid– o David Taguas –que fue director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapataro–.

En esta pieza, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, investiga el proyecto Wine, un encargo realizado por Repsol y La Caixa a Villarejo que tenía por objetivo evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

"Los servicios contratados (...) tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en REPSOL YPF SA para tomar el control de la compañía", señalaba el magistrado en un auto de noviembre en el que acordaba la imputación del que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y del ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño –ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado–.

En uno de los informes que realizó Cenyt para sus clientes, y que se incluye en el informe policial, se explica que durante quince días se espió a Del Rivero (al que denominan LR o Rio) entre octubre y noviembre de 2011. Redondo y Villarejo, socios en Cenyt, explican que debido a las prisas no concretan si los contactos que reflejan se producen de forma personal o telefónica, pero apuntan que Del Rivero era "asiduo" de varios de los hoteles con más renombre de Madrid como el Wellington, el Ritz, el Palace, el Villamagna o el Intercontinental.

Además de los nombres de Sebastián, Piqué o Álvarez Cascos, Villarejo destaca que Del Rivero contacta esos días con varios responsables de la fundación FAES –vinculada al PP–, con el presidente de la CNMV Julio Segura o con Jorge Blázquez Lidoy, que era el presidente de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos).

La conexión con David Madí

El comisario en su informe para Repsol también destaca que Rio mantiene contacto con David Madí, quien fue portavoz y secretario de Comunicación y Estrategia de CDC en gobiernos de Jordi Pujol y mano derecha de Artur Mas. Cabe recordar que Madí fue detenido en octubre de 2020 en el marco de la Operación Volkhov.

De él, el informe de Cenyt destaca que mantiene una activa relación con Del Rivero, que es presidente (en novimebre de 2011) del consejo asesor de Endesa en Cataluña y que "es amigo personal del presidente de la Generalidad, Artur Mas, del que fue el más estrecho colaborador en su carrera hacia la presidencia de la Generalitat, actuando como su secretario de comunicación y estrategia".

Tal y como refleja el informe, destacan los contactos que mantiene el expresidente de Sacyr Vallehermoso con periodistas especializados en economía. Villarejo resalta varios nombres de redactores de las principales cabereceras e incluso refleja contactos con propietarios de empresas de comunicación como el Grupo Intereconomía –Julio Ariza–.

En su documento, el comisario, principal investigado de Tándem y en prisión provisional desde noviembre de 2017, explica que en los últimos meses LR como prevé que habrá cambio de gobierno frecuenta foros "donde esperaba coincidir con personalidades de su interés, mostrando especial interés por representantes del PP".

Indica que buscaba coincidir con el expresidente José María Aznar, con el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o con el expresidente de Endesa Manuel Pizarro, entre otros.

"Experto en la estrategia del caos"

En otro de los informes que elaboró el equipo de Villarejo, se explica cuales pueden ser las fortalezas y debilidades de Del Rivero. Entre las primeras, apunta que "recibe ayudas de muy alto nivel desde servicios de información oficiales nacionales", que dispone de "medios agresivos de captación de información", que es "un verdadero experto en manejar la Estrategia del Caos, genera confusiones y conflictos en sus operaciones, para salir airoso aprovechando el desconcierto", y que "dispone de capacidad económica opaca en el exterior, lo que le hace actuar con cierta dosis de impunidad".

Por el contrario, Villarejo indica que entre sus debilidades está que carece de un departamento de Seguridad, que su equipo está poco formado, que tiene una conducta "compulsiva", que toma decisiones "arriesgadas" y que muestra desconfianza con su staff. Esto, dice, supone que haya "facilidad de penetración y captación de información sensible en su bucle de toma de decisiones".

Dado que los trabajos de Cenyt comprendieron varios documentos, todos hallados en registros en los domicilios de Villarejo y su socio Rafael Redondo, el informe de Asuntos Internos va navegando por todos y cada uno de ellos. En el denominado IFWine4-2 1 12 el equipo de Villarejo puntualiza que el proyecto Wine "ha sido reducido presupuestariamente del previsto en un principio" por lo que se limitan "los ambiciosos objetivos contemplados en su origen, así como los medios y procedimientos a emplear" y advierte que sólo se ceñirán a lo que tenga que ver exclusvamente con PM (Pemex).

La pandemia está causando estragos en las cuentas de las empresas. La profundidad de la herida varía dependiendo del sector pero, desde la banca y la industria hasta las empresas de transporte y el turismo, los resultados corporativos están acusando el impacto con cifras que disparan todas las alarmas. Aun así, casi la mitad del ÍBEX 35 repartirá dividendos este año. Pese a la caída de beneficios e incluso las pérdidas que algunas de las grandes compañías han registrado este primer trimestre y las negras previsiones económicas para este año y el próximo. Otras los han recortado, pero no eliminado, y algunas más han pospuesto su decisión al verano o el pago de la remuneración al accionista al otoño.

Además, los anuncios de reparto del dividendo se están sucediendo al mismo tiempo que los mandatos institucionales a las empresas para que reserven sus beneficios y refuercen su calidad financiera o los reinviertan.

Así, el Banco Central Europeo (BCE) ha exigido a las entidades financieras que no abonen dividendos sobre los ejercicios de 2019 y 2020 hasta al menos el 1 de octubre de este año. Tampoco deberían recomprar acciones. En el mismo sentido se han pronunciado la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés) y en España la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto a las aseguradoras. Según el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, la banca europea ya ha suspendido el pago de más de 27.000 millones de euros en dividendos, el 75% de la cantidad que las entidades financieras tenían previsto repartir antes de que llegara el coronavirus.

Además, las millonarias ayudas públicas con que las diferentes administraciones van a ayudar a las empresas coinciden en incluir entre sus requisitos de concesión que las beneficiarias se abstengan de remunerar a sus accionistas. La Comisión Europea permite ya a los gobiernos entrar en el capital de las compañías perjudicadas por el coronavirus, pero a cambio éstas tienen prohibido repartir dividendos –o recomprar acciones y pagar bonus a sus directivos– hasta que el Estado haya salido de sus consejos de administración.

Son las mismas exigencias establecidas por el Ministerio de Economía para conceder los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas españolas impactadas por el covid-19: deben utilizar la financiación obtenida para afrontar sus necesidades de liquidez; es decir, para pagar nóminas, impuestos y facturas o devolver créditos. Y otro tanto se requiere a las empresas a las que se exime de pagar cotizaciones a la Seguridad Social tras aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Con pérdidas

Entre las grandes compañías que han repartido dividendos pese a sufrir pérdidas se encuentran Ferrovial y Siemens Gamesa. La constructora de Rafael del Pino terminó el primer trimestre con unos números rojos de 111 millones de euros, un 13,2% más de lo que perdió en el mismo periodo del año anterior. La empresa anotó una provisión de 39 millones que ya figuraba en el plan estratégico presentado en febrero, antes del covid-19, pero que ahora aparece incluida en las medidas de “reducción de costes, reestructuración y revisión de las inversiones” que está tomando para “adaptarse” a la pandemia.

Pero las pérdidas no han sido obstáculo para que Ferrovial abone el primer pago de los dos en que tradicionalmente reparte de su dividendo anual. Eso sí, el abono, por importe de 234 millones de euros, será en acciones, lo que se conoce como scrip dividend.

Siemens Gamesa cifra en 56 millones de euros el impacto del coronavirus en sus cuentas del último trimestre, que le han conducido a unas pérdidas de 165 millones de euros, frente al beneficio de 49 millones de euros en el mismo periodo de 2019. De forma que ha retirado sus previsiones financieras para este ejercicio. Pero, como dice tener un balance y una posición de liquidez “sólidos”, 2.000 millones de euros, pagará el dividendo correspondiente a 2019, un total de 34 millones de euros, el doble de lo que desembolsó el año anterior.

La constructora Sacyr, fuera del ÍBEX desde 2016, repartirá dividendos con cargo a los resultados de 2019, pese a haber perdido 297 millones de euros en 2019 y pese a la crisis sanitaria: 0,110 euros por acción, pero no en efectivo, sino en papel.

Desplome de resultados

Telefónica, por el contrario, sí que ha tenido beneficios en el primer trimestre, 406 millones de euros, aunque la cifra supone un 56,2% menos que los registrados un año antes. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha suspendido sus objetivos financieros para este ejercicio por culpa de la pandemia. Pero, apoyada por su “confianza en la flexibilidad de su modelo de negocio”, junto con su “sólida posición de liquidez y la esperada resistencia del comportamiento” de su actividad, abonará un dividendo de 0,4 euros por acción. No en efectivo, sino mediante acciones.

Además, el covid-19 llega justo en el momento más bajo de Telefónica en Bolsa desde hace años. Su acción ha llegado a estar por debajo de cuatro euros. Sólo la fusión con Liberty Global en Reino Unido la ha animado en los últimos días. Pese a ello, su capitalización en Bolsa, que alcanzó en sus mejores tiempos los 100.000 millones de euros, no supera ahora los 20.000 millones.

Logista, que aunque no está en el ÍBEX le ronda cada año, ha recortado su beneficio casi un 12% –65,9 millones– y culpa al covid-19. Lo que no le impide mantener su política de remuneración al accionista: distribuir al menos el 90% del beneficio neto consolidado y repartir un dividendo complementario de 0,81 euros.

Acciona ha ganado 78 millones de euros hasta marzo, un 6,9% más que en 2019, pero prevé que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se reducirá este año un 15% por culpa de la pandemia. Así que ha decidido recortar a la mitad su dividendo: repartirá 105,6 millones de euros en lugar de los 211 previstos en principio. Además, ha presentado ERTE en al menos dos de sus filiales: Acciona Facility Services y EROM.

Decisión aplazada

Acerinox también han sufrido una caída de beneficios, en su caso del 14%, en los tres primeros meses del año. Ha ganado 28 millones de euros. Iba a pagar un dividendo de 0,4 euros por acción, pero ha desconvocado su junta general de accionistas, que estaba prevista para el pasado 22 de abril, y no la convocará hasta que “se den las circunstancias de estabilidad, certidumbre y visibilidad de los mercados que las decisiones importantes exigen”.

Otro tanto han decidido Aena, Inditex, Indra y Grifols. El operador aeroportuario se le han desplomado los resultados –23,1 millones– un 83,1% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2019. Por lo que ha aplazado su junta general de accionistas, inicialmente prevista para los días 31 de marzo y 1 de abril, y por tanto también el reparto de su remuneración al accionista. Además, ha dejado en suspenso las previsiones de tráfico y negocio que publicó el pasado febrero, debido a la paralización del transporte aéreo.

Inditex ha retrasado la decisión sobre los dividendos hasta el consejo de administración previo a la junta general de accionistas que celebrará en julio, y provisionará 287 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. “No se dan en el momento presente las condiciones necesarias para tomar la decisión adecuada sobre el reparto del dividendo”, ha explicado la multinacional de Amancio Ortega, cuyas ventas cayeron un 24% sólo entre 1 y el 16 de marzo pasados.

Los números de la semipública Indra son aún peores: su beneficio se ha hundió un 65,6% hasta marzo, y gana 6,3 millones de euros. También ha suspendido todos sus objetivos para 2020 y pospone la decisión sobre el abono de dividendos.

Los perjudicados del turismo

Al igual que AENA o Inditex, otro de los mayores perjudicados por la pandemia es IAG, el hólding de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, que ha retrasado hasta septiembre su junta general de accionistas y no pagará el dividendo complementario de 0,17 euros por acción. Además, IAG ha presentado un ERTE para 13.900 empleados de Iberia, 4.000 de Vueling y 32.000 en British Airways. El grupo perdió nada menos que 1.683 millones de euros en el primer trimestre, mientras que había ganado 70 millones un año antes en ese mismo periodo.

La crisis del covid-19 también ha transformado los 11,5 millones de euros de beneficio obtenidos por Meliá Hotels International en los tres primeros meses de 2019 en unas pérdidas de 79,7 millones este año. De sus 326 hoteles, según informó a la CNMV, sólo mantiene abiertos 43. Aún no ha decidido qué hará con los dividendos. La junta general de accionistas no se celebrará hasta junio.

Amadeus es una víctima más del desplome del turismo. Tras disminuir su beneficio un 12,6% ya en 2019, no repartirá un dividendo complementario este año por importe de 320 millones de euros, al tiempo que prepara un plan de recortes por otros 300 millones sólo para hacer frente a las “duras condiciones de mercado” que le amenazan por culpa del coronavirus. Además, reducirá su programa de recompra de acciones, que es otra forma de remunerar al accionista.

El negocio inmobiliario tampoco escapa del contagio. Merlin Properties ha preferido “dejar en suspenso” el pago del dividendo complementario, 0,32 euros por acción. Decidirá si lo abona o no “una vez se evalúen las consecuencias que tenga para el negocio la situación creada por la pandemia”, sin descartar su cancelación. La socimi, que cuenta con una de las plantillas mejor pagadas el ÍBEX, también ha recortado un 25% la retribución de sus consejeros.

Atresmedia y Mediaset, dos de las compañías más generosas con sus accionistas, han tomado diferentes direcciones tras toparse con el covid-19, pese a que las dos sufren la misma caída de los ingresos de publicidad. Las ganancias de la primera –21,7 millones– han caído un 24,4% hasta marzo comparadas con el año pasado, mientras que las de la segunda –48,9 millones– se han reducido un 8%. Pero mientras la matriz de Antena 3 pagará en julio 0,25 euros por acción, tras retrasar su junta general de accionistas, Mediaset no pagará nada y destinará a reservas los 168,9 millones de euros que tuvo de beneficios en 2019.

Casi toda la banca anula o aplaza

Mención aparte merecen los bancos. Especialmente castigados los últimos años en la Bolsa, se encuentran ahora también en el ojo del huracán con la crisis. Y obligados por el BCE a no repartir dividendos hasta octubre, que incluso les ha amenazado con tomar “medidas coercitivas” si desobedecen.

Banco Santander, Banco Sabadell y BBVA han cancelado la retribución a sus accionistas. La entidad que preside Ana Patricia Botín ha anulado el dividendo complementario de 2019 , cuyo reparto estaba previsto para mayo, y dejado en suspenso el dividendo de este año. La junta general de accionistas no se celebrará hasta octubre. En el primer trimestre el beneficio de Banco Santander se desplomó un 82%, hasta los 331 millones de euros, tras provisionar el impacto del coronavirus con 1.600 millones de euros.

Las ganancias del Banco Sabadell se también se hundieron en el comienzo de 2020, un 63,7%, hasta quedarse en 94 millones de euros. En su caso la provisión por la pandemia alcanzó los 213 millones de euros. Así que ha anulado el dividendo de 0,04 euros por acción con cargo a 2019 inicialmente aprobado por su junta general de accionistas.

Las pérdidas de BBVA se cifran en 1.792 millones de euros, tras anticipar saneamientos por la crisis del covid-19 por importe de 1.433 millones de euros. Tampoco abonará dividendos con cargo al ejercicio en curso al menos hasta que desaparezcan las incertidumbres generadas por la pandemia, ha asegurado la entidad.

No obstante, otras entidades han sido menos drásticas. CaixaBank ha recortado también sus beneficios con cifras alarmantes, un 83,2%. La entidad que preside Jordi Gual ganó 90 millones hasta marzo después de hacer una dotación extraordinaria de 400 millones de euros por el coronavirus. Ha reducido el dividendo de 2019, pero no ha renunciado del todo al correspondiente a 2020: lo ha recortado del 50% al 30% del beneficio neto.

El descalabro en el resultado del semipúblico Bankia ha sido un poco menor pero aun así considerable, del 54%. Ha ganado 94 millones de euros por culpa de unas provisiones de 125 millones por el covid-19. Pero mantiene el abono del dividendo complementario de 2019, 355,32 millones. Sí que ha renunciado al dividendo extraordinario comprometido para 2020.

Bankinter ha pospuesto hasta octubre cualquier decisión sobre el reparto de beneficios entre sus accionistas. El banco de María Dolores Dancausa recortó sus ganancias un 10% en el primer trimestre, hasta los 130,3 millones de euros, tras notar una provisión de 107,3 millones por la crisis. Lo mismo han hecho con sus dividendos Abanca e ING.

Por el contrario, Mapfre abonará 447 millones de euros a sus accionistas en concepto de dividendo complementario con cargo a 2019. Desoye así las recomendaciones tanto de la Autoridad Europea de Seguros como de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda. Los beneficios de la aseguradora ascendieron a 609 millones de euros el año pasado, un 15,2% más que en 2018.

Otra aseguradora, Grupo Catalana Occidente, ha suspendido el dividendo complementario, pero sí repartirá el cuarto dividendo a cuenta de 2019.

Lastrada por el descalabro de los precios del petróleo, con el barril de Brent por debajo de los 20 dólares, el beneficio de Repsol cayó en el primer trimestre un 27,7%. Ganó 447 millones de euros. Como ha ocurrido a otras grandes compañías, la de Antonio Brufau tuvo que retrasar hasta finales de este año o el primer trimestre de 2021 la presentación de su plan estratégico , así como suspender la recompra de acciones propias del 5% que había anunciado por valor de 1.000 milones de euros. Sin embargo, en julio pagará a sus accionistas 0,55 euros por acción, en forma de scrip dividend.

Viscofan también recortó sus beneficios en 2019, un 14,7%, por lo que ganó 105,6 millones de euros. Pese al coronavirus, la empresa, que se dedica a fabricar envolturas plásticas para productos cárnicos, prevé aumenar sus ganancias este año entre un 6% y un 9%, según informó a la CNMV. Así que mantiene el reparto de dividendos de 1,62 euros por acción, que incluye el dividendo complementario de 0,96 euros el 4 de junio, tras pagar 0,65 euros en diciembre.

Con el covid-19 a favor

Claro que también hay compañías que ganan a pesar del covid-19 o incluso gracias a él. Es el caso de Ebro Foods, fuera del ÍBEX 35, pero cuyo beneficio ha crecido casi un 30% –hasta los 48 millones de euros– en buena parte gracias al aumento de sus ventas de alimentos a los hogares por el confinamiento. De manera que no tiene previsto aplicar ERTE y sí pagar un dividendo de 0,57 euros por acción.

ACS, la constructora de Florentino Pérez, asegura que la crisis del covid-19 no ha tenido ningún “impacto significativo” en sus cuentas. En 2019 ganó 962 millones, un 5,1% más que el año precedente, y este ejercicio retribuirá a sus accionistas con 630 millones de euros en forma de scrip dividend.

También las eléctricas mantienen el tipo y el dividendo. Iberdrola prevé que sus ganancias superen este año su récord histórico de 3.406 millones de euros, por lo que sostiene su política de remuneración a los accionistas. Hasta marzo, el beneficio alcanzó los 1.257 millones de euros.

Tampoco Endesa cree que la crisis sanitaria no va a afectar a sus objetivos para este año y que su capacidad para pagar dividendos se mantiene “intacta”, en palabras del director financiero, Luca Passa. Con cargo a 2019, abonará 1,475 euros por acción y la de este año subirá a 1,6 euros.

Enagás ha ganado un 14,7% más en el primer trimestre, con un resultado positivo de 119,1 millones de euros. La empresa destaca que no ha notado “impactos” por la pandemia, así que mantiene el dividendo: 1,6 euros en 2019 y 1,68 euros para este año. Entre 2021 y 2023 lo aumentará hasta que llegue a 1,74 euros al final del trienio.

Por el contrario, Naturgy redujo sus beneficios un 41,6% hasta marzo respecto al mismo periodo de 2019. 199 millones de euros en el primer trimestre del año. Pero eso no le impide sostener un dividendo de 1,37 euros con cargo a 2019 e incluso aumentar el de este año hasta los 1,59 euros por título. “No hay motivos para cuestionarlo”, subrayó el presidente de la compañía, Francisco Reynés al presentar sus resultados. No obstante, ha suspendido de forma temporal su programa de recompra de acciones, 400 millones de euros.

Finalmente, la semipública Red Eléctrica (REE) distribuirá un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2019 a partir de junio de 1,0519 euros, tras cerrar el primer trimestre con unos beneficios de 172,6 millones de euros. La cifra supone un recorte del 9,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Julio Corrochano, director de seguridad del BBVA hasta que se jubiló en abril de 2018, informó puntualmente a su presidente, Francisco González, sobre el espionaje encargado al comisario Villarejo a través de su empresa Cenyt para abortar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr en el banco. Así lo demuestran las grabaciones que el propio Villarejo hacía de sus conversaciones con terceros y que constituyen uno de los elementos clave para que la Fiscalía Anticorrupción sitúe a Francisco González como la figura decisiva en la cadena de contratos "ilícitos" con Villarejo.

Entre las grabaciones que destapan el papel jugado por González, conocido como FG en el mundo financiero, figura la efectuada por el propio Villarejo el 1 de abril de 2005. A lo largo de la conversación, y así consta en la transcripción incorporada al sumario, el policía y Julio Corrochano charlan sobre un extenso informe relativo a la marcha del dispositivo contra aquellos a quienes, como el político socialista Miguel Sebastián o el empresario Luis del Rivero, vigiló y hostigó Cenyt entre 2004 y 2005 para evitar la entrada de Sacyr en el accionariado. Corrochano trata de convencer al policía de que no necesita páginas y más páginas –"Pepe, es una novela, entiéndeme, coño", llega a decirle– sino un relato directo y conciso. Y en un momento dado resume así su posición: "Yo lo que quiero son los tres o cuatro folios que no tiene que leer nadie nada más que mi presidente".

Aquel encargo hecho por el BBVA en diciembre de 2004 y con el que Corrochano, expolicía y amigo de Villarejo, buscaba satisfacer las expectativas de su jefe máximo fue el primer eslabón de una cadena de contratos que Anticorrupción define como de "naturaleza ilícita" y que "vulneraron" los derechos fundamentales de los espiados. Le costaron al banco 10,28 millones hasta diciembre de 2017.  Villarejo bautizó aquel primer proyecto como "Operación Trampa". Su objetivo pasaba por frenar al "Grupo Hostil" que capitaneaba Sacyr. O lo que es lo mismo, el "GH" que aparece en documentos internos de la trama que dirigía el policía.

De la importancia de aquel contrato inaugural con Cenyt hablan varios documentos incorporados a la causa y cuyo contenido prueba dos hechos de trascendencia. El primero, que el BBVA ocultó toda la información sobre tal contrato a la CNMV cuando en octubre de 2018 le reclamó datos sobre las relaciones del banco con Villarejo, como adelantó la semana pasada elindependiente.com.

El segundo hecho puede resumirse así: una vez que en enero de 2019, el digital moncloa.com desveló que Sebastián, Rivero y otros como el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, habían sido víctimas de un dispositivo que incluyó espiar 15.000 llamadas telefónicas, el organismo supervisor mandó un segundo requerimiento al BBVA donde le lanzó un aviso contra los datos "inexactos o no veraces". En esa segunda ocasión, la entidad sí remitió a la CNMV todos los contratos con Cenyt anteriores a 2013 y los pagos efectuados hasta esa fecha, nada menos que cinco millones omitidos en su primera respuesta. Pero hubo algo que no le facilitó tampoco ahora: los informes –o "entregables", en la terminología empleada en estos casos– que se correspondían con los contratos signados entre 2004 y 2007. Y esa serie de contratos arrancaba con el de la Operación Trampa.

"Dado el tiempo transcurrido –adujo el banco el 23 de enero de 2019–, no consta en los archivos de BBVA soportes documentales de los servicios prestados a los que corresponden dichas facturaciones". En esa fecha, FG ya había dado el relevo en la cúspide de la entidad a Carlos Torres aunque conservaba la presidencia honorífica. Este lunes, infoLibre preguntó a los portavoces del BBVA por qué en los archivos del banco se conservan los contratos con Cenyt y las facturas que emitió pero no los informes que acreditarían la prestación de los servicios encomendados a la empresa de Villarejo. El banco se limitó a responder así: “Con fecha 23 de enero de 2019, BBVA dio cumplida respuesta al requerimiento remitido por la CNMV el 11 de enero”.

Qince años antes de esa "cumplida respuesta", al entonces director de seguridad del BBVA, expolicía y amigo de Villarejo, le preocupaba que el hombre que al inicio del nuevo siglo se había convertido en presidente de la segunda entidad financiera del país considerase inútil el primer contrato con Cenyt. Un contrato suscrito, como los posteriores, por el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y en cuya ejecución –subraya la Fiscalía y atestiguan ya distintos indicios recopilados por la Audiencia Nacional en 14 meses de investigación secreta– el comisario y su equipo utilizaron "medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares". 

"Putadas" para dejar al jefe seguro de no haber tirado el dinero

¿Sabía entonces FG que el poderoso comisario y su grupo afín podía obtener de compañías telefónicas listados de llamadas sin orden judicial? González niega tajante haber participado o conocido cualquier delito. Pero en la conversación referida en el segundo párrafo de este texto, Julio Corrochano ya se mostra inquieto ante la posibilidad de que FG tomase a Cenyt por ineficaz en el cumplimiento de los objetivos: "emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión, contra los diferentes miembros del GH para obligarles a huir". 

"Mi jefe –había transmitido Corrochano de viva voz a Villarejo el 1 de abril de 2005– tiene un mosqueo que te cagas con esta movida, te lo dije, el otro día, se reunió con mi director general [el jefe directo de Corrochano, Ángel Cano, luego consejero delegado] y piensa que hemos hecho el indio, te lo digo así".

A partir de ahí, lo que los dos interlocutores dijeron sella cualquier atisbo de duda sobre quién, según Corrochano, sufría ese "mosqueo": 

– Villarejo: ¡Qué cabrones son, macho!

– Corrochano: Bueno, pues piensa que hemos hecho el indio...

– Villarejo: Cuando están, cuando están jodidos...

– Corrochano: Pepe... no, no, no olvídate de mi jefe, digo el presidente, ¿sabes?

Para inclinar a FG hacia su posición y la de su amigo Villarejo, Corrochano ideó una estrategia: resumir por un lado, aunque también en "dos folios", las cosas que se hacen "que son limpias (...) no sé cuantas vigilancias, no sé cuantos seguimientos, no sé cuantas captaciones de información de fuentes abiertas..." y reservar para FG la narración de los mayores logros. O, por usar los términos que emplea Corrochano, "las putadas". ¿Por qué? Porque "las putadas" son las que "le puedan dejar la conciencia tranquila, porque eso lo lleva muy claro, porque no le gusta tirar ni un duro". Ahí tercia de nuevo Villarejo y de nuevo Corrochano insiste en su idea:

– Villarejo: Ajá.

– Corrochano: Ni un puto duro, macho (...), lo controla todo, de que le quede la conciencia tranquila de que se han hecho una serie de putadas que justifiquen el tema.

Las "putadas" ya aparecen en el sumario a modo de listado en un documento denominado "Proyecto FG". La larga nómina de acciones ahí enumeradas detalla desde intoxicación a medios informativos a reuniones con miembros de los servicios de información e inteligencia del Gobierno e intentos de destrozar reputaciones sacando a la luz episodios de la vida privada de los investigados.

BBVA desconoce el objeto de las investigaciones encargadas a Cenyt en 2004 para frenar el intento de asalto de Sacyr al banco debido a que su exjefe de seguridad, Julio Corrochano, destruyó toda la documentación relativa a la contratación, según informa Europa Press.

Así consta en la grabación de la declaración judicial del representante de BBVA Adolfo Fraguas y que obra en el sumario de la pieza 9 de Tándem, que investiga los contratos entre Villarejo y el banco, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El responsable de los servicios jurídicos de la unidad de negocio de BBVA en España declaró ante el juez del caso Tándem que en la investigación interna que llevó a cabo la entidad no se encontró ningún entregable relativo a contratación de V & V Development, marca de Cenyt vinculada el excomisario José Manuel Villarejo, en diciembre de 2004 ante el temor de que Sacyr tomase el control de BBVA con objeto de desestabilizar el banco, denominado 'Proyecto Trampa'.

A lo largo del interrogatorio, el representante de BBVA repite en varias ocasiones que Corrochano "se ocupó de destruir todos los entregables que en su caso hubiera" y que en el seno de la investigación interna iniciada a principios de 2019, el banco no ha conseguido encontrar ninguno.

Así, toda información que la entidad posee sobre dicha actuación procede únicamente del cuestionario que Julio Corrochano proporcionó por escrito a raíz de la citada investigación interna.

Fraguas ha indicado que Corrochano relató que, en el contexto de toma de participación por parte de Sacyr en el accionariado de BBVA, el expresidente Francisco González le encargó la búsqueda de una empresa que pudiera proporcionar servicios de análisis de crisis empresariales, decidiendo el exjefe de seguridad la contratación de Cenyt.

Este encargo por parte del expresidente "podría tener sentido", ha apuntado Fraguas, en la medida en que "una toma de participación podría afectar a González si era hostil", aunque no ha podido confirmar que realmente sea así, al proceder toda la información de que dispone del cuestionario de Corrochano.

En cuanto a los procedimientos de contratación de Cenyt para "proteger" a BBVA de Sacyr, el representante del banco ha señalado que se incumplió el procedimiento en la fase inicial, relativa a la selección y homologación del proveedor, señalando a Corrochano, que "es quien firma el contrato y debería haber cumplido con el procedimiento de compras".

Cano verificó el pago a Cenyt

Según ha relatado Fraguas, a continuación tiene lugar una fase en la que una persona verifica que los servicios se han prestado, y finalmente una fase de pago, en el que se comprueba que existe la verificación y que hay capacidad presupuestaria y entonces se autoriza el pago, sin tener que revisar cada hito del proceso anterior.

En el caso del contrato de 2004, la verificación de la prestación del servicio correspondió al entonces director de recursos humanos y servicios del grupo y posteriormente consejero delegado, Ángel Cano, según ha señalado el representante de BBVA, mientras que el entonces jefe contable, Javier Malagón, realizó el pago.

"El señor Cano verifica y el señor Malagón, si el señor Cano le decía que los servicios se habían prestado, no tenía por qué dudar de la palabra de Cano en ese momento. La persona que hace el pago se asegura de que hay alguien que ha comprobado que se ha prestado el servicio y comprueba que hay presupuesto para ello, pero no verifica los hitos previos", ha explicado Fraguas.

El representante de BBVA "supone" que el banco, durante las entrevistas que hizo en el marco de su investigación interna, preguntó a las personas involucradas en el proceso de verificación, pero desconoce el contenido de dichas entrevistas al no haber sido grabadas ni haberse realizado acta alguna, pues su objeto era "recabar documentación de todo lo que podía haber sido la prestación de servicios a Cenyt a lo largo del tiempo".

Preguntado por si Corrochano debía comunicar a Malagón o Cano que el servicio se había prestado, Fraguas intuye que se lo diría a Cano. Pero es el señor Cano el que verifica la prestación del servicio. Corrochano, en su cuestionario, señala que él reportaba, entre otras personas de un círculo muy reducido, al señor Cano y al señor González", ha relatado Fraguas, quien también ha señalado al exdirector de comunicación Javier Ayuso como integrante de dicho círculo.

En este punto, el fiscal se ha interesado por el sentido que puede tener que Corrochano reportara a Ayuso. "Como el objeto del servicio, en parte, no está claro, no sé decirle. Sí puedo decirle que en cualquier cosa que afecte a lo que es la imagen del banco hacia el exterior y a los medios de comunicación, está involucrado el departamento de comunicación. Si esa toma de participación (de Sacyr) hubiera tenido esos efectos, a lo mejor hubiera tenido sentido que hubiera participado Ayuso como responsable de comunicación", ha razonado Fraguas, quien ignora si González ordenó una estrategia específica de comunicación para informar a la opinión pública de que lo que realmente ocurría no era lo que "el grupo hostil" difundía a los medios.

Una semana después de que la Audiencia Nacional imputase al expresidente del BBVA, Francisco González, por los contratos con el comisario José Manuel Villarejo, que espió para el banco a políticos y empresarios, la segunda entidad financiera del país sigue sin aclarar una cuestión clave: la de si ha entregado al juez Manuel García Castellón los informes de cualquier naturaleza que la consultora Price Waterhouse (PwC) haya ido suministrándole desde que en enero fue contratada para elaborar un forensic sobre los 15 años de relación con el policía más controvertido del país. El forensic es una investigación privada que usa técnicas cuasi policiales y que permite a una empresa detectar las ilegalidades que hayan podido producirse en su seno, examinar su alcance en todos los ámbitos –desde lo temporal a las personas implicadas– y, a partir de ahí, extraer conclusiones. 

El propio banco se cuenta entre los imputados, en este caso como persona jurídica. Y lo sucedido este miércoles apunta a que el juez de la Audiencia Nacional que investiga las actividades de Villarejo en la Operación Tándem, Manuel García Castellón, mantendrá viva por el momento esa imputación. García Castellón tomó declaración durante cuatro horas al representante legal del BBVA. Y su comparecencia proseguirá el día 29 porque el interrogatorio no ha concluido. ¿Interrogarán la Fiscalía o el juez al representante del BBVA, Adolfo Fraguas, por esos informes? Esa es una de las incógnitas de una pieza que se investiga bajo secreto y que coloca en una posición complicada al banco.

Aunque la causa judicial permanece bajo secreto, que no existe todavía un informe final del forensic de Price Waterhouse está fuera de duda. Porque, como el propio banco anunció en agosto, "las líneas de investigación originales del forensic ya han sido finalizadas"forensic. Pero eso es así, dice el texto, "sin perjuicio de otras líneas que se puedan iniciar mientras la investigación judicial siga en curso". Buena parte de los medios interpretó, sin que nadie emitiese una rectificación, que ese comunicado implicaba el fin de la investigación interna. No es así, sostiene ahora el BBVA.

¿Qué tipo de borradores o informes explicativos de los hallazgos localizados ha ido aportando PwC a su cliente? No se sabe. En septiembre, el banco ya había pasado a engrosar la lista de imputados, donde ya figuran varios de sus altos directivos, que en su mayoría se han acogido al derecho a no declarar y cuyas defensas corren a cargo del seguro que la entidad destina a sus cargos.

El BBVA sí repite abiertamente uno de sus mensajes fundamentales: que ha remitido al juez todos los documentos relevantes hallados gracias al forensic, pero no explica qué criterio ha aplicado para distinguirlos de los irrelevantes ni si ha transmitido al juez cómo interpreta PwC lo que ha ido descubriendo en su investigación. ¿Entiende el BBVA que fueron directivos de segundo nivel quienes contrataron a Villarejo o considera que actuaban siguiendo instrucciones? La respuesta a esas dos preguntas formarían parte de modo inexorable de un forensic. Aunque PwC declina ofrecer datos como cabía esperar dada su posición, otros expertos en la materia consultados por infoLibre sostienen que lo habitual es ir facilitando al cliente informes escritos a modo de borradores del informe final que se van ampliando a medida que avanzan las investigaciones. En esos borradores no solo se aborda de manera ordinaria el carácter de las pesquisas efectuadas sino otros elementos sustanciales. Por ejemplo, la aparición de nombres que, en opinión de los analistas, deban ser investigados de manera especial. Una vez Fraguas abandonó la Audiencia Nacionl pasadas las seis de la tarde, el BBVA emitió un comunicado donde remarca que el responsable de los Servicios Jurídicos de BBVA España, había "respondido a todas las preguntas planteadas por el juez y los fiscales". Y "defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad".

El proceso judicial –continúa la nota–  sigue sujeto a secreto de sumario, "lo que limita la información que la entidad puede difundir públicamente sobre este caso, dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial".

El comunicado reitera que el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha lanzado un recordatorio: "Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos colaborando con la Justicia, como hemos hecho hasta ahora. Somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día".

La pieza sobre el BBVA estalló en 2018 cuando trascendió que Villarejo había puesto en marcha una operación en 2004 destinada a evitar la entrada de la constructora Sacyr en el accionariado del banco. Y que esa operación implicó el espionaje de políticos y empresarios, entre ellos el hoy exministro socialista Miguel Sebastián.  Otras operaciones de supuesto espionaje se sucedieron hasta 2016. A día de hoy, más de una decena de directivos y exdirectivos del banco están investigados por delitos de cohecho y revelación de secretos.

“Es tan grande y negra la sombra que proyecta Francisco González, a pesar del golpe de efecto de ayer, que no sólo ensombrece los resultados [del BBVA], sino que también lastra su presidencia [la de Carlos Torres], porque este negocio se base en la confianza y en la prudencia, y [con el escándalo Villarejo] la primera se ha perdido y de la segunda no ha habido suficiente”. Carmen García, representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG), describió a la perfección el desarrollo de la junta general de accionistas que el BBVA celebró este viernes en Bilbao.

El “golpe de efecto” fue la carta que el presidente de honor del banco, Francisco González, envió la víspera a su sucesor, Carlos Torres, para anunciarle que abandona “temporalmente” sus cargos en la fundación y la entidad financiera “mientras concluyen las investigaciones en curso” sobre el caso Villarejo. Y la sombra que planeó durante las tres horas que duró la junta correspondía, en realidad, no sólo a Francisco González, sino también al comisario José Manuel Villarejo, pese a que el nuevo presidente del BBVA utilizó el recurso rajoyano de esconderlo bajo una perífrasis –“el caso con el que abría yo mi intervención”– o se limitó a aludir a la empresa del expolicía, Cenyt, a la que el banco encargó el supuesto espionaje.

Ayudado por la renuncia previa de González, Carlos Torres intentó pasar por encima del escándalo que amenaza con arruinar la reputación del BBVA, además de acarrearle graves consecuencias judiciales. Así que su única mención al ya expresidente fue para “agradecerle” que se apartara y evitar así la utilización de “su persona para dañar la imagen del banco”. Después detalló las actuaciones de la entidad para afrontar el caso desde el 9 de enero pasado, cuando empezaron a publicarse las noticias sobre las supuestas escuchas y seguimientos de Villarejo, por encargo del BBVA, a exministros, altos cargos de la CNMV, directivos de Sacyr y periodistas. Torres lleva en el cargo desde diciembre y subrayó que enero “marcó un punto de inflexión”. Entonces envió una carta a los 125.000 empleados de la entidad donde aseguraba que las conductas reveladas en las informaciones de El Confidencial y moncloa.com eran “indudablemente muy graves, deplorables y contrarias a los valores de BBVA”. A continuación, anunciaba una investigación externa a cargo de PricewaterhouseCoopers y los despachos Garrigues y Uría Menéndez, “todo ello con el impulso del consejo de administración”, recalcó.

Respondiendo a los apremios del BCE, a través de Luis de Guindos, y del Banco de España, que le reclaman una solución “rápida” al escándalo, Torres advirtió de que aún harán falta “varios meses de trabajo” para concluir las indagaciones. “Tan importante o más que hacer el trabajo rápidamente es hacerlo bien”, subrayó. Antes de encargar la investigación externa, BBVA ya había emprendido, en junio de 2018, otra interna a cargo de Garrigues, tras revelar publico.es que el banco había suscrito un contrato con Cenyt para vigilar a Ausbanc, entre cuyos –presuntos– chantajeados figuraba precisamente el BBVA.

Carlos Torres también dejó claro que el banco está “colaborando activamente con la Justicia”, puesto que la Audiencia Nacional investiga igualmente las actividades de Villarejo en la Operación Trampa. Y en ese procedimiento judicial se apoyó después para no responder a ninguna de las múltiples acusaciones que sobre las relaciones de Francisco González con Villarejo le hizo la docena de accionistas que intervinieron en la junta general. “He dicho todo lo que podía decir”, zanjó.

Pese a que fue un reproche repetido por los accionistas la pérdida de valor de la acción del BBVA y el daño que el caso Villarejo puede infligir no sólo a la reputación del banco sino también a sus cuentas, el presidente negó que hasta el momento el escándalo haya producido “impactos relevantes” tanto en el negocio como en la cotización. Incluso no dudó en proclamar que “el BBVA ha sido, es y seguirá siendo un banco honesto y continuará actuando como tal”.

Renuncia definitiva

Sin embargo, los accionistas que intervinieron no resultaron muy convencidos. “Resulta que la gestión no sólo ha sido mala, sino deshonestaResulta que la gestión no sólo ha sido mala, sino deshonesta y susceptible de responsabilidades judiciales”, le espetó Paulino García-Toraño Martínez, que representa a Uniter, una asociación de exempleados del BBVA dueños de tres millones de acciones y que se declararon “muy afectados por los acontecimientos en torno a Francisco González y por su pésima trayectoria de gestión”. García-Toraño recordó el “habitual tono despectivo con los accionistas críticos” que usaba el expresidente y preguntó al responsable de la comisión de auditoría y cumplimiento, José Miguel Andrés Torrecillas, cómo es posible que fallaran los controles internos, además de si ese órgano –“que debería ejercer de contrapoder frente a la dirección ejecutiva del banco”, apuntó– fue informado de los contratos con Villarejo y qué medidas tomó. “No pueden ustedes escudarse detrás de la comisión de investigación”, recriminó a los responsables de la entidad. Así que exigió que el “alejamiento temporal” anunciado por Francisco González se convierta en “definitivo”, una petición recibida por aplausos de los accionistas. Fue la tónica de la junta general: las ovaciones con que era interrumpida cualquier crítica o acusación hacia quien presidió el BBVA durante 18 años.

Se repitieron también los reproches a González por la caída de valor de la acción –“perdemos dinero a espuertas”–, los sueldos de la cúpula del banco –si se los bajaran un 35% entenderían mejor a los accionistas”– y a algunas de las operaciones realizadas durante su mandato, como la compra del banco turco Garanti. Hubo quien pidió que se le “embargaran el bonus” y sus acciones a Francisco González, entre más aplausos de los allí reunidos. Y quien reclamó que el centro de decisión volviera a Bilbao. “Madrid lo ha contaminado todo”, remachó el empresario José Francisco Arrese Igorecheburua, antes de advertir de que la próxima junta podría celebrarse “en Estambul”.

Aunque la tanda de críticas la habían abierto los sindicatos, que recriminaron la “subida salarial irresponsable e inmoral” de la “élite” del banco, así como las “listas negras, la presión cortoplacista sobre los resultados de los trabajadores y la plantilla insuficiente”. “Pedimos mejor clima laboral, pero no nos escuchan”, resumió Carmen García.

La intervención estrella

Pero la intervención estrella fue la de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los espiados supuestamente por el comisario Villarejo. También el principal promotor de la operación para tomar el control del BBVA en 2004 que Francisco González intentó parar vigilando a quienes bautizó como “grupo hostil”. En ese momento, Sacyr pretendía adquirir una participación significativa en el BBVA de hasta el 5%, que junto con el 4,2% en poder del entonces consejero José Domingo de Ampuero, podía otorgarle “una notable presencia en el consejo de administración” del banco.

Del Rivero calificó de “invento” que aquélla fuera una “operación política”, un calificativo que atribuyó a los “orígenes” de Francisco González, en alusión a su nombramiento por el Gobierno de José María Aznar en la presidencia de Argentaria, que luego se fusionaría con el BBV. Así, negó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuviera detrás del intento de asalto al banco. “No era un bambi de peluche, sino de acero”, repitió una frase pronunciada por Alfonso Guerra en 2004. Por ese motivo, si hubiera contado con el apoyo de un Ejecutivo que era “inflexible” en sus decisiones, la operación “habría triunfado”, advirtió.

Antes Del Rivero había presumido de que en su intento de toma de control del BBVA contaba con el respaldo de “81 de las 82 familias fundadoras del Banco Bilbao Vizcaya”. “La primera vez que fuimos a ver a [el ministro de Economía Pedro] Solbes”, abundó, “acudimos con Santiago Ybarra”, hermano de Emilio, el antecesor de González al frente del BBVA. El expresidente de Sacyr, de hecho, comenzó su intervención recordando las “operaciones tan terribles” que echaron de la cúpula del banco a Emilio Ybarra y otros consejeros, y que siempre se han atribuido a las maniobras de Francisco González. “Todas las imputaciones quedaron sobreseídas, pero fueron la excusa para acabar con los consejeros de aquella época”, recordó.

Después el ataque pasó a ser directo. Luis del Rivero comparó los 250 millones de euros que calcula que ha cobrado González en su cargo con los 75 millones percibidos por Emilio Botín en el mismo periodo de tiempo, mientras caía el valor del BBVA. Y le echó en cara que el banco haya pasado de ser el primer accionista de Repsol, Telefónica, Iberia o Iberdrola a haber desaparecido de todas ellas, menos de Telefónica. “Quizá porque nos interesa oír”, ironizó aludiendo a las 15.000 escuchas telefónicas practicadas por Villarejo.

Entre apremios de la presidencia, Del Rivero terminó revelando que ha enviado una carta a 59 fondos accionistas del banco para pedir que se cree una comisión especial –“al estilo de las que se constituyen en Estados Unidos para crisis de reputación como ésta”– integrada por “consejeros de primer orden”, que debería coordinar los equipos de Garrigues, Uría y PwC a fin de “dar más valor” a sus informes. Incluso citó los nombres de quienes deberían componerla: Pedro Luis Uriarte –ex consejero del BBV–, Juan María Nin –exconsejero de Caixabank–, Emilio Ybarra, José Domingo de Ampuero y Jesús María Cainzos –exvicepresidente del BBVA–. “Si lo hacen, salvarán su reputación; si no lo hacen, ustedes sabrán por qué”, concluyó entre aplausos.

Carlos Torres no respondió después al discurso del expresidente de Sacyr, alegando que sus “planteamientos” no figuraban en el orden del día de la junta general.

Récord en demandas

Otro de los investigados por Villarejo es la organización de consumidores Adicae. Sus dos representantes en la asamblea alertaron al presidente del BBVA de que la reputación del banco no sólo corre riesgo por culpa del encargo a Villarejo, sino también por el “trato dado a los clientes”. Le acusaron de discriminar a los usuarios de las entidades absorbidas, Unimm y Catalunya Caixa, frente a los del banco matriz. También le recordaron que el BBVA es la entidad que más demandas acumula por las cláusulas abusivas sobre gastos de formalización de las hipotecas. Y le instaron a adoptar el “comportamiento diligente” que sus clientes le exigen “frente a cualquier uso fraudulento de los medios de la entidad por parte de sus administradores presentes o pasados”.

Jean Pierre Paelink, representante de la World Federation of Investors, un grupo internacional de vigilancia de los mercados financieros cuyo miembro español es AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas), indicó que el caso Villarejo va más allá de lo económico o corporativo y criticó la “injerencia del poder político en la gobernanza de las empresas”. “No nos parece tolerable que en España exista la peor forma de capitalismo, que es el capitalismo clientelar”, destacó.

Pese a las críticas lanzadas en la junta general, el 98% de los accionistas respaldó el nombramiento de Carlos Torres como presidente del BBVA para los próximos cuatro años.

El exministro Miguel Sebastián se ha personado como acusación particular en la causa que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sigue contra el excomisario José Manuel Villarejo por la Operación Trampa, el espionaje que supuestamente le encargó el BBVA en 2004 y 2005 para frenar el intento de control del banco por parte de la constructora Sacyr. Sebastián, que en esa época era secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, se une así a otros espiados, como el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el ex consejero del BBVA José Domingo Ampuero y el ex director general adjunto y consejero de Sacyr Vicente Benedito, que han interpuesto denuncias en el mismo juzgado contra el expolicía y contra los responsables del banco.

En un escrito presentado ante el juez al que ha tenido acceso infoLibre, Miguel Sebastián explica que fue objeto de “seguimientos y vigilancias continuadas” por parte de “grupos operativos coordinados” por Villarejo, quien además intervino sus comunicaciones telefónicas, tanto privadas como oficiales, e incluso “construyó un falso relato en torno a su persona” para “desacreditarlo ante los demás y torcer su voluntad”. En concreto, resalta que de las 15.000 llamadas pinchadas, 65 tenían su origen o su destino en la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de la Presidencia o el palacio de la Moncloa. “Y en 60 de las 65 ocasiones aparece el móvil corporativo que tenía Miguel Sebastián en aquel momento”, apunta.

El exministro de Industria asegura que se utilizaron “recursos del BBVA” para defender “posiciones internas de poder en perjuicio de accionistas minoritarios”. Sebastián se refiere a que el entonces presidente del banco, Francisco González, intentaba impedir que Sacyr obtuviera una participación significativa de las acciones de la entidad financiera. Y González creía que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyaba la operación. “De resultar finalmente probados, [estos hechos], podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”, subraya Miguel Sebastián.

Además, esos “grupos operativos” contratados por Villarejo, añade en su denuncia el exministro socialista, parecen tener “una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas”.

Investigación interna “absolutamente ineficaz”

Sebastián también reprocha al BBVA que ninguno de sus representantes se haya “disculpado públicamente” por esta operación ni se haya dirigido a él para informarle de las “medidas internas que piensa adoptar” o para prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en defensa de los derechos de los perjudicados por el espionaje. A su juicio, el banco incumple así “la más elemental política de compliance [cumplimiento normativo]”. “Tampoco se ha adoptado una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de las personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA”, destaca. Aunque Francisco González abandonó su cargo como presidente el 31 de diciembre pasado, continúa como presidente de honor del banco que dirigió durante 18 años. El exministro señala igualmente en su escrito al jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que trabajaba directamente para González y recibía los informes de Villarejo.

Para terminar, pone en duda los resultados de la “supuesta investigación interna” que sobre el espionaje abrió el BBVA el pasado mes de junio. A su juicio, será “absolutamente ineficaz” porque la persona al frente de la auditoría interna del banco, Joaquín Gortari, fue jefe de gabinete de Francisco González y las firmas que la llevarán a cabo –PwC, Uría Menéndez y Garrigues– tienen “un claro conflicto de intereses” por sus “previas vinculaciones personales y profesionales” con los implicados en el caso. Sebastián advierte de que la investigación no concluirá antes del verano, con posterioridad a la Junta General de Accionistas del BBVA, por lo que a éstos “se les sustraerá el conocimiento o resultado” de las indagaciones.

Los ejecutivos a los que presuntamente espió el excomisario José Manuel Villarejo por encargo del expresidente del BBVA Francisco González están acudiendo a los jueces para denunciar la violación de sus conversaciones profesionales y, sobre todo, personales. Lo ha anunciado el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas y lo hizo el presidente del grupo Sacyr, Luis del Rivero, en una denuncia conjunta con el ex consejero del BBVA José Domingo de Ampuero y el ex director general adjunto y consejero de Sacyr Vicente Benedito.

El pasado 12 de febrero presentaron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de la investigar el espionaje, un escrito en el que piden penas de entre dos y cuatro años de prisión para el excomisario y quienes le encomendaron el trabajo. Les atribuyen un delito agravado de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, así como otro de descubrimiento y revelación de secretos relativos a la intimidad cometido por funcionarios públicos. Ése sería el caso de José Manuel Villarejo que, según destaca la denuncia, se ha jactado de actuar “como parte de la estructura del Estado en calidad de agente encubierto”.

Los denunciantes entienden que se trata de un “delito especial impropio agravado” debido a la “mayor facilidad” que tuvo el autor para cometerlo y a la “correspondiente indefensión para la víctima”. Además, subrayan que el plazo de prescripción del delito es de 15 años. Las supuestas escuchas se realizaron en entre 2004 y 2005. De las 15.000 llamadas pinchadas, Villarejo puso a disposición del BBVA el contenido de 750, así como mensajes de texto, señala el escrito presentado al juez.

Querella del exvicepresidente de la CNMV

Este miércoles el exvicepresidente de la CNMV en esos años, Carlos Arenillas, ha anunciado que presentará una querella por el mismo motivo en sendas cartas que ha enviado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente del regulador bursátil, Sebastián Albella.

A Arenillas, Villarejo no sólo le intervino las llamadas telefónicas sino que, además, fotografió su domicilio y siguió su coche oficial, según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial. Al igual que Del Rivero, Benedito y De Ampuero en su denuncia, el ex número dos de la CNMV asegura en ambas cartas que el teléfono pinchado lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero “sobre todo para las profesionales”. De forma que no sólo se violentó su intimidad personal, sino que también pudo haberse visto “comprometida información confidencial” derivada de su cargo institucional. De ahí que inste tanto al Banco de España como a la CNMV a que revelen cuál es su posición en el procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.

El espionaje, que el propio excomisario bautizó como Operación Trampa, se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr José Luis Rodríguez ZapateroSacyrpara tomar el control del BBVA. En ese momento, Sacyr pretendía adquirir una participación significativa en el BBVA de hasta el 5%, explica el expresidente de la constructora en la denuncia, que junto con el 4,2% en poder de De Ampuero, podía otorgarle “una notable presencia en el consejo de administración” del banco. A esa maniobra se oponía Francisco González, que bautizó a sus rivales como “grupo hostil”.

El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas va a interponer una querella en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el espionaje al que supuestamente le sometió el comisario José Manuel Villarejo por encargo del expresidente del BBVA Francisco González. Así lo ha anunciado Arenillas en sendas cartas que ha enviado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y a las que ha tenido acceso infoLibre. Ese juzgado, a cuyo frente se encuentra el magistrado Manuel García Castellón, es el que investiga el presunto espionaje.

En ambos escritos, quien fue el número dos del órgano regulador de los mercados entre 2004 y 2008 pide tanto al Banco de España como a la CNMV que revelen “cuál será su posición” ante el procedimiento judicial que investiga los trabajos por los que el comisario Villarejo cobró casi seis millones de euros.

Según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial, el expolicía siguió y fotografió dos vehículos oficiales de la CNMV. En las cartas enviadas el pasado día 14, Arenillas asegura que tanto su teléfono como el de algunas personas de su entorno fueron intervenidos por Villarejo y su domicilio, fotografiado. También destaca el ex número dos de la CNMV que ese teléfono lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero “sobre todo para las profesionales”. De forma que no sólo se violentó su intimidad personal sino que, además, pudo haberse visto “comprometida información confidencial” derivada de su cargo institucional.

Es decir, quien escuchó las conversaciones que Arenillas mantuvo mientras fue pinchado su teléfono –en 2004 y 2005, precisa en su carta– pudo haber obtenido información privilegiada de operaciones societarias o bursátiles en marcha sobre las que tenía competencia el exvicepresidente de la CNMV. Manuel Arenillas también pide la implicación del Banco de España y de la propia CNMV destacando que quien ha visto intervenidas sus comunicaciones –él mismo– ha sido consejero del primero y vicepresidente del segundo. Y que la entidad bancaria implicada –en ningún momento cita al BBVA por su nombre– es supervisada por ambos organismos.

El espionaje a Arenillas se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr José Luis Rodríguez ZapateroSacyrpara tomar el control del BBVA. Según El Confidencial, a González no sólo le interesaba el número dos de la CNMV por su pasado en Intermoney, “la misma agencia de valores por la que también pasó el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, el dirigente del PSOE más implicado en el asalto a BBVA. Al presidente de la entidad financiera le inquietaba, sobre todo, lo que podía hacer Arenillas con una denuncia que el regulador había recibido en plena ofensiva”.

La Operación Trampa, como se bautizó el encargo del BBVA a Villarejo, incluyó más de 15.000 pinchazos telefónicos y, como puede comprobarse con las fotos del domicilio y los vehículos de Carlos Arenillas, también seguimientos. Entre los espiados se encuentra igualmente el presidente de la CNMV en esos años, Manuel Conthe.

La limitada reacción de los reguladores

Hace poco más de una semana, sin embargo, el actual responsable de ese órgano regulador, Sebastián Albella, dio por prescritos los delitos derivados del presunto espionaje, pese a que la investigación judicial, de carácter secreto, arrancó hace menos de un mes y ni siquiera se sabe, por tanto, en qué infracciones penales han incurrido los involucrados. La CNMV anunció entonces que no va a emprender acciones legales ni acometerá una investigación interna.

“Es un caso que ocurrió hace más de 12 años, por lo que creemos que ha prescrito. Yo fui nombrado en 2016 y ahora mismo tenemos muchas otras prioridades que eso, así que no vamos a tomar ninguna medida legal”, aseguró Albella el pasado día 7. “No soy muy partidario”, añadió, “de preocuparme ahora más de la cuenta o dedicar recursos a algo que ocurrió hace 12 o 13 años, por lo que mi inclinación a hacerlo [investigar] es limitada”. Tampoco se ha planteado aún la CNMV si se personará en el caso Villarejo como parte afectada, ya que sus más altos cargos fueron espiados e incluso, como sugiere Arenillas en sus cartas, es posible que se filtrara información confidencial sobre operaciones o empresas que pudo haberse usado como información privilegiada en beneficio de terceros.

De momento, la respuesta de la CNMV al escándalo consistirá en “permanecer muy vigilante” para que el BBVA facilite al mercado información correcta y suficiente. Sebastián Albella entiende que esa información debe ser transparente respecto de los riesgos que afronta el BBVA. Y que debe incluir una “mención específica a los relacionados con la corrupción”. No obstante, considera que el banco “está haciendo el trabajo que tiene que hacer”.

El Banco de España, por su parte, se ha limitado a reclamar una investigación “con total profundidad y con la mayor prontitud posible”, a fin de “eliminar y minimizar el riesgo reputacional potencial” para el BBVA, según declaró el gobernador Hernández de Cos a preguntas de los periodistas en el Congreso. Además, ha trasladado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia contra González y el BBVA interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias por este caso, según publicó El Independiente.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la Operación Tándem ya tiene en su poder los informes que el excomisario José Manue Villarejo realizó para el BBVA a lo largo de, al menos, 15 años. O, al menos, una parte de esos informes. Fuentes jurídicas conocedoras del caso aseguran que el banco ha cumplido el requerimiento de entrega lanzado a mediados de la semana pasada por el magistrado Manuel García Castellón y que expiraba este lunes. Por lo que se sabe a día de hoy, y utilizando su agencia privada de investigación, Grupo Cenyt, Villarejo cobró del BBVA más de seis millones de euros. El policía permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017 bajo sospecha de graves delitos, entre ellos el de extorsión.

La reclamación judicial al BBVA, de la que diversos elementos indican que se trata de la primera, se produce después de que los digitales moncloa.com y elconfidencial.com desvelasen el 10 de enero que, a través de su agencia privada de detectives, Villarejo había espiado entre 2004 y 2005 a políticos, empresarios y periodistas por encargo del BBVA para desactivar el aterrizaje de la promotora Sacyr en su accionariado.

El operativo desarrollado por Villarejo incluyó el pinchazo de 15.000 llamadas de 3.925 teléfonos diferentes. Entre los espiados figuran el exministro socialista Miguel Sebastián; los empresarios Luis del Rivero, en 2004 presidente de Sacyr, y Juan Abelló; y quienes en aquellas fechas ostentaban la presidencia y la vicepresidencia de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas.

Aunque las fuentes no precisaron cuántos documentos ni de qué tipo ha hecho llegar el banco a la Audiencia Nacional, los datos conocidos hasta ahora indican que, como mínimo, el antiguo mando policial recibió tres encargos del BBVA en la etapa de Francisco González, que a día de hoy mantiene el cargo de presidente de honor de la segunda entidad financiera del país. Esos tres encargos son el ya mencionado sobre Sacyr; el efectuado a comienzos de esta década para desentrañar la estructura societaria de Ausbanc, la sedicente asociación de consumidores desmantelada en abril de 2016; y la elaboración de un informe de los llamados "riesgo-país" sobre la seguridad en la zona del Egeo, por la que en 2016 surcaría un crucero entre cuyos pasajeros había de contarse Francisco González.

Ni registros ni requerimientos previos

Bajo el argumento de que la causa permanece secreta, los portavoces del BBVA declinaron confirmar este lunes la entrega de documentación. Y se limitaron a corroborar que la investigación interna encomendada a Garrigues con el apoyo de un segundo bufete –Uría– sigue abierta. Esa investigación incluye un forensic contratado con la consultora PwC y en el que participan más de medio centenar de técnicos que rastrean archivos de papel y digitales así como cuentas de correo del banco. 

Hace una semana, el BBVA admitió ya por escrito que el caso Villarejo puede entrañar un riesgo real para el banco. "El Grupo –dice su informe de gobierno corporativo– podría estar igualmente inmerso en investigaciones por las autoridades judiciales sin que, hasta el momento, se haya recibido ninguna notificación formal al efecto, en relación con la contratación de actividades presuntamente irregulares que, de confirmarse, podrían tener un impacto reputacional negativo para el Banco. El Banco está llevando a cabo una investigación interna, no siendo posible predecir en este momento el ámbito o duración de dichas investigaciones ni su posible resultado o implicaciones para el Grupo".

Remitido a la CNMV el pasado 13 de febrero, el informe confirma así que el BBVA no había sido hasta ese momento objeto de registros policiales ni de requerimientos de documentación  [puedes leer el informe pinchando aquí]. Confirma, en resumen, que en esa fecha no sabía, formal y oficialmente, que un juez estuviera investigando los contratos que adjudicó a Villarejo.

Pese al absoluto sigilo con que se desarrolla, la investigación sobre las relaciones entre Villarejo y el BBVA ha ido avanzando desde el pasado mes de junio. Fue entonces cuando el juez que entonces instruía la causa, Diego de Egea, abrió una pieza sobre los trabajos de inteligencia que, en relación a la pretendida asociación de consumidores Ausbanc, efectuó Villarejo para el equipo de Francisco González a comienzos de la actual década. Ese trabajo consistió en diseccionar la red societaria tejida por Luis Pineda, fundador y presidente de Ausbanc.

Al igual que Villarejo, Pineda se encuentra en prisión preventiva. Y ya en espera de juicio por varios delitos, entre ellos también el de extorsión.

El BBVA sostiene que la ya extinta Ausbanc extorsionó durante años al banco para que financiara la asociación que presidía Pineda. El banco, de hecho, pidió al Gobierno que expulsara a Ausbanc del Registro de Asociaciones de Consumidores. Documentos a los que ha tenido acceso infoLibre indican que parte del soporte probatorio esgrimido por el BBVA fue aportado por Cenyt, la agencia de detectives de Villarejo. El caso penal contra Ausbanc comenzó con una denuncia anónima que el entorno de Pineda atribuye a Villarejo. Los investigadores del caso no consideran que esa afirmación haya sido aún acreditada.

La primera noticia de que el funcionario público José Manuel Villarejo había prestado servicios privados al BBVA vio la luz el 27 de mayo de 2018. Ese día, publico.es reveló que la entidad había suscrito un contrato con la agencia Cenyt. Y que el objetivo del contrato era Ausbanc. Al mes siguiente, la Audiencia abrió una pieza sobre esa materia en la Operación Tándem. Y el BBVA inició su investigación interna.

El BBVA empezó a publicar en 2008 una colección de libros de análisis sobre todo tipo de cuestiones –desde la globalización hasta el impacto de las nuevas tecnologías o el futuro de Europa– a través de OpenMind, su comunidad web de divulgación. Lleva ya, por tanto, una decena de títulos, que cada año prologaba su hasta ahora presidente, Francisco González. El cuarto volumen, editado en 2012, se tituló Valores y ética para el siglo XXI, e incluía artículos de 19 filósofos, economistas y hasta un teólogo –Hans Küng– de todo el mundo. El propio Francisco González lo presentó en Madrid en junio de la mano del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert.

En su larga introducción –30 páginas– el hoy presidente de honor del BBVA, bajo investigación interna por sus relaciones con el excomisario José Manuel Villarejo y las escuchas practicadas por éste a competidores, políticos y periodistas, subraya la perentoriedad de que las empresas, más aún los bancos, se gestionen siguiendo valores éticos y “sólidos principios morales”.

“Sobre todo, necesitamos más principios y más ética en los negocios en general y en la industria financiera en particular”, reclama González, una vez que la crisis ha dejado al descubierto las “actuaciones erróneas, imprudentes o llanamente fraudulentas en muchas entidades”. También ha revelado “fallos muy importantes en el sistema, deficiencias muy serias en la regulación y en la supervisión”. Como la desregulación se ha demostrado que no funciona, pero el banquero considera contraproducente el exceso contrario, la sobrerregulación, su propuesta es un rearme ético que ocupe los huecos dejados por las normas. Autorregulación, pues, pero basada en “el compromiso ético de los gestores”. Y la crisis –el texto está escrito en 2012, en plena recesión– se le antoja el momento adecuado para introducir esos valores. Que no son un adorno, sino la “brújula” para sortear las incertidumbres y afrontar los conflictos. “La clave es la ética”, resalta.

También se muestra preocupado Francisco González por el deterioro que ha causado la crisis en la reputación de los bancos. Al tiempo que “se ha estrechado el escrutinio de la opinión pública y la presión de los medios, así como el activismo de los accionistas de multitud de organizaciones no gubernamentales y de plataformas” que reclaman cambios en la gestión de las decisiones políticas, económicas y financieras. Por eso los ejecutivos, advierte, “deben asumir su papel como gestores de la reputación”. “La ética y los valores positivos deben constituir el núcleo de la cultura corporativa”, reitera.

Unos párrafos antes González recurre a Thomas Clarke, profesor de la Universidad de Tecnología de Sidney (Australia), para defender un gobierno corporativo donde “la toma de decisiones se convierta en un ejercicio moral” que vaya “más allá del control interno de la compañía y del cumplimiento de la regulación” y se extienda al “impacto social de la compañía”. Tanto el BCE como el Banco de España han instado al BBVA a cerrar cuanto antes la investigación abierta sobre los más de cinco millones de euros que pagó al excomisario Villarejo, a fin de “eliminar y minimizar el potencial riesgo reputacional” que amenaza a la entidad.

Rentabilidad Ajustada a los Principios

El libro analiza el papel de la ética en la ciencia y la tecnología, en el mundo global, en la lucha contra la pobreza y en los negocios. Pero en ese último apartado Francisco González señala que, dado el origen financiero de la última crisis y los “comportamientos éticamente objetables de determinadas instituciones” como desencadenantes, las finanzas merecen un capítulo específico. No obstante, la parte final del prólogo lo dedica a desmarcar al BBVA de los problemas de conducta que han afectado a otras entidades: “No todos los bancos han sido iguales; no todos han tenido los mismos comportamientos y, en consecuencia, no todos están teniendo los mismos resultados”.

Tras subrayar que el BBVA ni ha necesitado ayudas públicas ni hacer ampliaciones de capital para recomponer sus recursos propios, el banquero presume de proyecto empresarial “diversificado”, “muy eficiente”, “orientado al cliente, apoyado en la mejor tecnología” y con una “cultura muy prudente de gestión del riesgo”. “Todo ello”, concluye, “se resume y se explica en un solo concepto: nuestros principios”. Que son tres: transparencia, integridad y prudencia. Esos “firmes principios”, recalca, se basan en la “convicción” de que “la ética no sólo es deseable, sino también rentable”.

El banquero se refiere a que su modelo de gestión es incluso más exigente que el de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR), uno de los más avanzados y que la industria financiera utiliza para crear valor. El modelo del BBVA incorpora la Rentabilidad Ajustada a los Principios, se precia González. “Porque así aportamos valor a todos nuestros grupos de interés”, desde accionistas y empleados hasta clientes y proveedores.

De hecho, se felicita por haber comenzado en 2002 –el contrato con Villarejo data de dos años después– a conformar en el BBVA un “gobierno corporativo de vanguardia” basado en la independencia de su consejo de administración, así como en “la transparencia y el rigor”, posibles gracias a normas que traducen “compromisos exigentes, públicos y verificables”.

Y no sólo a través de los códigos de conducta “que todos deben asumir e integrar en su conducta habitual”, sino también convirtiendo esas normas en “hechos” a través de una organización adecuada y un “liderazgo públicamente comprometido” con –de nuevo– los “principios y valores” del BBVA. Entre ellos, el compromiso de “actuar con integridad y transparencia, cumpliendo rigurosamente la legalidad”. Pero, una vez más, González asegura que el banco más allá de lo exigido por la regulación y apuesta por la “gestión ética” con clientes, empleados, proveedores y “el conjunto de la sociedad”. En ese campo, el de la Responsabilidad Social Corporativa –76 millones d euros en 2010, revela– el presidente de honor del BBVA cita desde la igualdad de género y la política global de compras hasta la prevención del fraude.

En manos del juez

El pasado 10 de enero los digitales moncloa.com y elconfidencial.com publicaron que, por encargo del BBVA, el excomisario José Manuel Villarejo había interceptado 15.000 llamadas en 2004 y 2005 durante la denominada Operación Trampa. Entre los teléfonos pinchados estaba el del exministro socialista Miguel Sebastián. El policía cumplió ese encargo para impedir el desembarco de la promotora inmobiliaria Sacyr en el accionariado del banco. La conexión de Villarejo con el BBVA está en manos del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo o la denominada Operación Tándem.

La entidad financiera ha abierto una investigación interna, aunque dice que no encuentra los informes que el expolicía elaboró a través de su empresa Cenyt tras vigilar a los integrantes del llamado “grupo hostil”, que quería hacerse con el control del banco Además, el BBVA ha contratado a la consultora PwC y los despachos Uría Menéndez y Garrigues para investigar contratos, facturas y responsabilidades.

Ninguna esfera ha logrado escaparse de los tentáculos de José Manuel Villarejo. Ni la judicial, ni la política, ni tampoco la financiera. En 2004, el BBVA contrató los servicios del excomisario de la Policía Nacional para intentar tirar por tierra el movimiento iniciado por la constructora Sacyr para hacerse con el control del banco y forzar la salida de Francisco González de la presidencia de la entidad, según ha revelado una investigación conjunta de El Confidencial y Moncloa.com. Las pesquisas de Villarejo, que se prolongaron al menos durante tres meses, se articularon en forma de espionaje masivo sobre todos aquellos actores implicados en la operación para intentar inutilizar el asalto. Las maniobras del presunto cerebro de la operación Tándem, que se encuentra en prisión provisional desde hace más de un año, están siendo analizadas tanto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como por el propio BBVA, que en verano abrió una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por el excomisario.

Los afectados del espionaje político-financiero, por su parte, estudian la posible interposición de una querella colectiva contra Villarejo y la entidad. En este sentido, y a raíz de las informaciones conocidas hasta el momento, el catedrático de Derecho Penal Joan Josep Queralt entiende que podrían haberse cometido varios delitos. Por un lado, pone la lupa sobre la “intercepción de las comunicaciones” y el “tráfico de las comunicaciones”. Por otro, entiende que habría que analizar si se emitieron facturas falsas en relación con todos esos trabajos o si las escuchas ilegales realizadas han servido para “obtener información confidencial” o para “realizar alteraciones de la competencia”, así como si han sido utilizadas para “amenazas” o “chantajes”.

  La operación por la que se fichó a Villarejo

La operación de Sacyr Vallehermoso sobre el BBVA arrancó a finales de noviembre de 2004, cuando el consejo de la constructora dio su autorización al entonces presidente del grupo, Luis del Rivero, para tomar una participación en la entidad financiera pero poniendo como condición previa la consecución de una declaración de “no oposición” del Banco de España. Con la iniciativa en marcha, Sacyr puso sobre la mesa de la CNMV su idea de hacerse con una participación del 3,1%, a la que se podría sumar otro 0,5% que tenían intención de adquirir sus consejeros Demetrio Carceller y Juan Abelló, algo que rechazó de plano el regulador de los mercados al entender que era incompatible la presencia de un mismo consejero en dos compañías rivales –Abelló también estaba en el consejo de administración del Banco Santander–. El Banco de España, por su parte, evitaba pronunciarse sobre la validez de una operación que Sacyr definía como “estrictamente empresarial”.

El enfrentamiento a cara de perro estaba servido. Veinticuatro horas después, la entidad remitió un duro comunicado a la CNMV en la que el consejo apoyaba la gestión de su presidente y despreciaba la intención de la constructora de entrar en el órgano de gobierno del banco. Pocos días después, González insistía en su rechazo a accionistas “que resten o dividan”, mientras que Sacyr reiteraba que el movimiento sería beneficioso para ambas empresas. En enero de 2005, la política entró en juego. El entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, que semanas atrás había negado cualquier interferencia política en el proceso, pidió a ambas partes encontrar una solución negociada que preservase la “españolidad” y “estabilidad” de la entidad. Una semana después, la CNMV comenzó a investigar la venta de FG Valores, la firma de Bolsa de González, a Merrill Lynch en 1996, pesquisas que acabaron archivadas. Finalmente, en febrero, Sacyr desistió en su intento de asaltar el BBVAasaltar.

  El espionaje del excomisario

El objetivo final del movimiento empresarial de Sacyr era entrar en el órgano de dirección del banco para desbancar a Francisco González al frente del mismo. Natural de Chantada (Lugo), el bróker asumió el cargo de presidente de Argentaria en mayo de 1996, un par de meses después de vender al banco de inversiones norteamericano la firma bursátil que creó en la década de 1980. El suyo fue el primer cambio en las empresas públicas impulsado por el Gobierno de José María Aznar, interesado en abordar la privatización total de la entidad. González no dudó en aceptar la propuesta que puso sobre su mesa el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato. Y en el cargo, primero de Argentaria y luego del BBVA, se mantuvo el lucense hasta finales del pasado diciembre, cuando abandonó la presidencia con una pensión multimillonaria: 79,7 millones de euros.

Para tratar de frustrar las intenciones de la constructora, el BBVA contrató los servicios del excomisario Villarejo. El acuerdo se selló a través de varios contratos entre el banco y una de las firmas que dependían del holding montado por el agente –los primeros están fechados cinco días después de que Sacyr anunciara a la CNMV sus planes–. Comenzó así la denominada operación Trampa, por la que según la documentación confidencial la entidad se habría comprometido a pagar al comisario un mínimo de 360.000 euros más IVA, más otro pago adicional de 120.000 euros a abonar cuando se hubiera conseguido frenar la ofensiva. El policía, que entonces estaba en activo, inició entonces un espionaje masivo a todos los protagonistas de la maniobra realizada por la constructora –así como a su entorno más cercano– con el objetivo de descubrir trapos sucios que filtrar a los medios para desprestigiar la entrada de Sacyr en el órgano de dirección de la entidad financiera.

Para ello, Villarejo recurrió a los pinchazos telefónicos, aunque fuentes pulsadas por infoLibre no descartan que se hubieran realizado también seguimientos sobre la vida privada de los investigados. En sólo tres meses, según los datos publicados, el agente podría haber accedido presuntamente al contenido de 15.000 conversaciones. En el listado de pinchazos, casi 4.000 teléfonos distintospinchazos. Algunos son del Congreso de los Diputados. Otros, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Economía e, incluso, de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Entre los afectados, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el exconsejero de la constructora Juan Abelló; el que fuera abogado del grupo Prisa Matías Cortés; o los entonces presidente y vicepresidente de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas, respectivamente. El excomisario también habría proporcionado al BBVA conversaciones en las que participaron el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa y la vicepresidenta del Gobierno, Miguel Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega.

Los afectados, aunque reconocen la existencia de esas llamadas, no pueden confirmar que las conversaciones fueran tal y como las refleja el excomisario en las transcripciones remitidas a la entidad financiera. No se descarta que Villarejo pudiera haber manipulado a su antojo las conversaciones.

  La relación del BBVA con el policía

La relación del BBVA con Villarejo se prolongó durante años, convirtiéndose la entidad financiera en uno de los clientes más preciados de un comisario que también estaba a sueldo de otras tantas empresas del Ibex 35, como por ejemplo Iberdrola, que en 2004 le habría pagado 116.000 euros por “servicios de inteligencia”, tal y como desveló Público. Además del espionaje masivo para frenar la operación de Sacyr, el banco habría contratado, según reveló en su momento El Confidencial, a una de las empresas de Villarejo para investigar a la asociación Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda, detenido junto con el líder del sindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernard, por extorsionar presuntamente a empresas o entidades financieras. Preguntado por El País Semanal, González no ha desmentido los pagos al excomisario, pero sí afirma que no estaba al corriente de ellos: “Yo sabía que el banco llevaba a cabo trabajos de inteligencia para defenderse. Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas”.

Este martes, pocas horas después de conocerse el espionaje político-financiero, la entidad financiera ha asegurado que lleva meses investigando las relaciones del banco con firmas del presunto cerebro de la operación Tándem. “En relación con las informaciones publicadas sobre el Grupo Cenyt, que de ser ciertas revestirían una indudable gravedad, BBVA manifiesta que en junio de 2018 inició una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por dicha empresa. Además solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible. Ambas actuaciones están en curso en la actualidad”, señaló el banco en un comunicado, en el que añadió que si de las pesquisas “se acreditara la existencia de irregularidades” se tomarán “las medidas internas que procedan” y “las acciones judiciales pertinentes”.

  Investigaciones y posibles delitos

También se ha puesto manos a la obra la CNMV. El regulador de los mercados se encuentra estudiando el impacto que puede haber tenido el espionaje de Villarejo. Y lo está haciendo desde una doble perspectiva. Por un lado, pone el foco en que la responsabilidad patrimonial que este caso pueda tener para el banco tenga un reflejo adecuado en sus cuentas. Y, por otro, en lo relativo a la seguridad de sus comunicaciones internas, el organismo se está centrando en averiguar si puede haber agujeros en la misma tras conocerse que entre los espiados figuran un presidente y un vicepresidente de la CNMV. “Creemos que no, ha pasado ya algún tiempo y los protocolos y herramientas de ciberseguridad han mejorado mucho, pero hay que analizarlo”, explicaron a Europa Press fuentes del regulador, que añadieron que por cuestión de competencias no pueden ir “más allá” y aseveraron que si de las pesquisas se deriva alguna actuación judicial, se colaborará con la justicia.

Los afectados, por su parte, están estudiando la posibilidad de interponer una querella colectiva en relación con las intervenciones, que según explican a infoLibre fuentes de Anticorrupción se encuentran incorporadas “en el procedimiento de Villarejo”, por lo que el juzgado que instruye la causa “ya conoce de ello”. Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, entiende que, con las informaciones conocidas hasta el momento, podrían haberse cometido varios delitos. En primer lugar, pone el foco en la intercepción de las comunicaciones y el tráfico con las comunicaciones. “Luego, habría que ver cómo se ha pagado y si se ha declarado, porque si no se han declarado los objetos reales hablaríamos de facturas falsas. Además, habría que analizar si [las escuchas] han servido para obtener información confidencial o para alterar los precios de las cosas, alteraciones de la competencia”, analiza Queralt, que tampoco descarta otros como “amenazas o chantaje”.

La Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) estudia el impacto que puede haber ocasionado en las cuentas de BBVA el espionaje llevado a cabo por el excomisario José Manuel Villarejo por encargo del banco para frenar el intento de asalto de Sacyr a la entidad, confirmaron a Europa Press en fuentes del organismo.

La CNMV analiza este espinoso asunto desde una doble perspectiva: la relativa a los riesgos que pueda haber entrañado para las cuentas de la entidad financiera y la relacionada con sus mecanismos de seguridad y protección de la información.

En el primer ámbito, el organismo que preside Sebastián Albella pone el foco en que la responsabilidad patrimonial que este caso pueda tener para el banco tenga un reflejo adecuado en sus cuentas.

En lo relativo a la seguridad de sus comunicaciones internas, la CNMV se centra en averiguar si pudiera haber agujeros en la misma, después de conocerse que el entonces presidente del organismo, Manuel Conthe, y su vicepresidente, Carlos Arenillas, figuraron entre los espiados.

"Creemos que no, ha pasado ya algún tiempo y los protocolos y herramientas de ciberseguridad han mejorado mucho, pero hay que analizarlo", indicaron las fuentes.

Estos son los ámbitos en los que centra sus pesquisas la CNMV, que por cuestión de competencias "no puede ir más allá". En cualquier caso, desde el organismo dejaron claro que si de las investigaciones en curso se deriva alguna actuación judicial, colaborará con la Justicia en lo que esta estime oportuno.

El BBVA ha revelado que abrió el pasado mes de junio una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por la firma Cenyt, propiedad del encarcelado excomisario Villarejo, y ha asegurado que tomará "las medidas internas que procedan" si se acreditara la existencia de irregularidades, además de llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

Aparte de esta investigación interna, la entidad solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible. Ambas actuaciones están en curso en la actualidad.

El diario El Confidencial publicó el jueves que el BBVA de Francisco González utilizó al comisario Villarejo para tener acceso en tiempo real a las llamadas telefónicas que se cruzaron en plena operación de asalto al banco los principales promotores de la maniobra, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el industrial Juan Abelló y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

También fueron espiadas decenas de personas, empresas e incluso medios de comunicación que habrían tenido una participación secundaria en esa ofensiva. Según consta en la documentación que manejan el citado diario digital y Moncloa.com, el presunto cerebro de la operación Tándem llegó a facilitar a directivos de BBVA el detalle de hasta 15.000 contactos telefónicos.

Entre otras, el comisario Villarejo proporcionó al BBVA el contenido de supuestas conversaciones telefónicas en las que participaron Miguel Sebastián y la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de abrir expediente sancionador a siete de las mayores constructoras del país por montar un cártel para repartirse contratos de obra pública. Según los “indicios racionales” con que dice contar el órgano regulador, Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, Isolux Corsán, OHL y Sacyr constituyeron un grupo “estable y formal” que intercambiaba información y preparaba las ofertas técnicas para presentarse a concursos de obras licitados por las administraciones.

En enero de 2017 Competencia decidió intensificar su campaña contra el fraude en los concursos públicos. Según sus cifras, el volumen de dinero que suponen los contratos públicos supera el 15% del PIB, unos 175.000 millones de euros. Y la falta de competencia en esas licitaciones ocasiona sobrecostes de 40.000 millones de eurossobrecostes de 40.000 millones de euros anuales. Los acuerdos secretos e ilegales entre las empresas que pujan por los contratos terminan elevando artificialmente el precio por el que se adjudican. También se impide que gane el concurso y preste el servicio el mejor postor.

Desde 2015 la CNMC ha impuesto multas por valor de 293,44 millones de euros a empresas que amañaron concursos públicos. Es el 31,2% de los 940,45 millones de euros con que el órgano regulador ha sancionado a cárteles por todo tipo de comportamientos contra la competencia.

No importa el sector. Las empresas intentan repartirse el mercado y los concursos públicos más dispares. El pasado mes de mayo Competencia multó con 7,12 millones de euros a cinco empresas, y a tres de sus directivos, por intercambiar información sensible para hacerse con contratos de publicidad institucional basados en el Acuerdo Marco que habían firmado con la Administración General del Estado. Un acuerdo marco es una forma de contratación centralizada: las administraciones establecen unas condiciones previas comunes a todos los contratos y preseleccionan una lista de candidatos que las cumplen. Después, esos candidatos pujan por los contratos basados en ese acuerdo. Pues bien, pese a haber sido preseleccionados, las empresas quisieron asegurarse el reparto entre ellas de los contratos colaborando en lugar de compitiendo.

Otro tanto ocurrió con las 34 empresas de transporte escolar de Baleares que fueron sancionadas por la CNMC en marzo de 2017 con 3,16 millones de euros. Fijaban precios mínimos y se repartían las rutas de transporte escolar, encareciendo los concursos convocados por la Consejería de Educación de las islas. Así, sólo se presentaba una empresa por cada ruta, que además ofertaba el precio máximo de licitación.

Igualmente se concertaron ilegalmente para acordar precios 13 empresas hormigoneras asturianas que se presentaban a contratos de obras públicas. Entre ellas, la construcción del Hospital Universitario Central de Asturias, para la que crearon una Unión Temporal de Empresas (UTE) que la CNMC tachó de “innecesaria” en el expediente que multó a estas compañías con 6,12 millones de euros. El acuerdo secreto para repartirse el mercado público del hormigón asturiano duró nada menos que 15 años.

Copando el mercado y fijando márgenes por contrato

Pero la mayor multa por manipular concursos públicos la impuso Competencia a ocho fabricantes de pañales para la incontinencia en adultos, 130 millones de euros, en mayo de 2016. El cártel había durado 18 años. Durante ese tiempo las empresas consiguieron fijar el precio de venta a los distribuidores mayoristas de los pañales, que son financiados por el Sistema Nacional de Salud y adquiridos en las farmacias a precio reducido por los usuarios. La cuota de mercado de estos ocho fabricantes llegó a ser del 95%, según destacó la CNMC en su expediente sancionador.

Considerable fue también la sanción impuesta a 39 empresas dedicadas a la gestión de residuos urbanos, entre las que se encuentran las filiales de algunas de las principales constructoras españolas, desde FCC hasta ACS pasando por Ferrovial y Sacyr. Todas ellas se repartían licitaciones en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla, así como otras convocadas por distintas administraciones en el País Vasco, Málaga, Ceuta y Melilla. Entre diciembre de 2017 y enero de este año, la Audiencia Nacional anuló las multas, pero como lo hizo cuestionando “la forma pero no el fondo de las conductas anticompetitivas”, el pasado mayo la CMNC volvió a abrir expediente sancionador a estas empresas y 12 más por el mismo motivo, aunque con una investigación “individualizada” de las infracciones.

Las obras del AVE tampoco fueron ajenas a las prácticas fraudulentas de algunas compañías. Competencia sancionó a cuatro de ellas con 5,64 millones de euros en 2016. También en este caso utilizaron de forma ilegal una UTE, a la que se adjudicaron el 74% de los contratos de desvíos ferroviarios durante 15 años.

Incluso las mudanzas internacionales que contratan los ministerios y organismos públicos para el traslado de los funcionarios se vieron afectadas por distorsiones en la competencia. La CNMC multó a 15 empresas de este sector con cuatro millones de euros. En virtud del acuerdo ilegal entre ellas, se aplicaban un margen de 12.000 euros de beneficio neto por operación, que en algunos casos superaba la mitad del precio presupuestado.

En buena parte de estos conciertos fraudulentos han colaborado –y han sido sancionadas por ello– asociaciones patronales de cada sector implicado. Así fue con la Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT), que convocaba y organizaba las reuniones del cártel para las rutas escolares, e incluso recibía las ofertas de las empresas en sobre abierto y las presentaba en la Consejería de Educación, asegura Competencia. O con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que utilizó un grupo de trabajo para fijar los precios de venta de los pañales para adultos. La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), la Associació Catalana D'empreses de Serveis de Residus (Aceser) y la Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid (Arema) fueron cómplices de las prácticas ilegales de las gestoras de residuos urbanos multadas por la CNMC, con recomendaciones a sus miembros para no robarse clientes entre ellos o boicotear determinadas licitaciones.

De Repsol a Mercedes pasando por Puleva

En cualquier caso, las multas más abultadas por cárteles se las han llevado también las mayores compañías españolas. Las petroleras Repsol, Cepsa y BP fueron sancionadas en 2015 con 32 millones de euros por incumplir una resolución anterior de Competencia, dictada en 2009, que las penalizaba por fijar de forma indirecta el precio de los combustibles en algunas estaciones de servicio. En 2015 las principales marcas de automóvil, desde Citroën hasta Ford y Mercedes, BMV, Fiat o Volvo, fueron multadas con 171 millones de euros por intercambiar de forma “sistemática” información “confidencial comercialmente sensible” a través de dos consultoras: datos sobre venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller, así como sobre reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales. También se concertaron para fijar los precios de la leche e incluso mantener cautivos a los ganaderos que se la suministraban ocho grandes industrias lácteas –entre ellas Puleva, Nestlé, Pascual, Central Lechera Asturiana–, que fueron sancionadas con 88 millones de euros por distorsionar la competencia durante una década.

El desenlace de expedientes como el que acaba de abrirse a las grandes constructoras y las sanciones que pueden conllevar es variado. Las empresas suelen recurrirlas en los tribunales. Y muchas veces ganan. Sólo en 2017 la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo anularon multas impuestas por la CNMC entre 2012 y 2015 por importe de 231,6 millones de euros. Ese año la Audiencia Nacional estimó el 65% de los recursos presentados por las empresas; el Supremo, el 15%. Antes, entre 2007 y 2016, el 47% de las sentencias de ambos tribunales daban la razón a las recurrentes. A Telefónica la Audiencia Nacional le anuló dos multas por importe de 46,5 millones y 25,78 millones de euros. A Repsol, otras dos que sumaban 42,59 millones.