La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

El Consejo de Ministros aprobó este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones, diseñada para sostener el sistema público durante las dos décadas en que la jubilación de los baby-boomers lo someterá a una fuerte tensión financiera, sin recortar la cuantía de las prestaciones. La salida del mercado de trabajo de los nacidos en los años 60 y 70, en plena explosión demográfica, supondrá que entre 2030 y 2040 habrá un 50% más de pensionistas que ahora, unos 15 millones, que además cobrarán prestaciones más elevadas, porque sus salarios serán más altos y porque aquellas subirán cada año tanto como lo haga la inflación. El aumento de gasto resultante se acompañará de las mejoras en las pensiones que incluye la reforma, como la subida de las mínimas y no contributivas y una mayor cobertura de las lagunas de cotización y de la brecha de género.

Además, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, que en el primer diseño de la reforma iba a ser neutro en términos de gasto, se ha convertido finalmente en un sistema dual, en el que se permite al trabajador elegir el número de años cotizados para determinar la cuantía de su prestación. Y ya no es inocuo: implicará un aumento de gasto que fuentes del Ministerio de Seguridad Social cifran en una o dos décimas de PIB; es decir, entre 1.300 y 2.600 millones de euros en 2044.

También la subida de las pensiones mínimas y no contributivas tendrá su coste, unos dos puntos de PIB, calcula el ministerio, unos 26.000 millones de euros al final del periodo.

Para sufragar estas medidas y hacer frente a la jubilación de los baby-boomers, la reforma prevé aumentar los ingresos del sistema elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social. De tres maneras: destopando las bases máximas de cotización, aplicando una cuota de solidaridad a los salarios más altos y duplicando el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La primera, por la que las retribuciones por encima de 53.946 euros anuales, hasta ahora exentas, tendrán que cotizar a la Seguridad Social, se traducirá en unos ingresos adicionales de entre cuatro y cinco décimas del PIB, entre 5.300 y 6.600 millones de euros cuando la reforma se haya aplicado íntegramente –el destope será progresivo a lo largo de 25 años, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales–. Como la pensión máxima para esos salarios aumentará menos –lo que crezca el IPC más un alza de 0,115 puntos porcentuales–, ese decalaje entre base máxima y pensión máxima permitirá conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones.

La cuota de solidaridad, que se aplicará sobre la parte del salario que exceda de los 53.946, permitirá recaudar algo más de una décima de PIB, por encima de 1.300 millones de euros. Finalmente, esa cuota sólo la pagarán los asalariados del Régimen General, pero no los autónomos. Pese a que era una de las peticiones en la que más habían insistido los sindicatos, el ministerio ha excluido a los trabajadores por cuenta propia por una cuestión de “prudencia”, explican fuentes del departamento de José Luis Escrivá. El nuevo régimen de cotización por ingresos reales, argumentan, acaba de ponerse en marcha y no estará maduro hasta 2032, por lo que han preferido no introducir un elemento adicional en el esquema antes de saber cómo evoluciona.

La tercera fuente de nuevos ingresos del sistema, el MEI, permitirá que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, acumule más de 120.000 millones de euros en 2040, según aseguró el propio José Luis Escrivá tras el Consejo de Ministros. La cifra casi duplicaría el máximo histórico de la hucha, 67.000 millones en 2011. Desde entonces, los sucesivos desembolsos a los que obligó el déficit en que ha incurrido la Seguridad Social la dejaron casi vacía. Este año, el primero en que se va a aplicar el MEI, está previsto que se le ingresen unos 2.900 millones de euros. Será gracias al 0,6% en que está fijado el recargo. La reforma prevé que se duplique, hasta el 1,2% y de forma gradual, en 2029.

Con estos ingresos adicionales de la segunda fase de la reforma y los que el ministerio calcula que obtendrá gracias a las medidas de la primera para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, incentivando el alargamiento de la vida laboral –1,4 puntos de PIB, unos 19.000 millones de euros–, el ministerio considera que sumará al final del periodo 3,5 puntos de PIB, unos 46.000 millones de euros, para financiar el sistema sin recortar las pensiones.

Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, el ministerio se ha ganado también el de dos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A petición del PDeCAT, la reforma ha incorporado a la cuota de solidaridad tres tramos para hacerla más progresiva. Los que superen en un 10% la base máxima pagarán un 0,92% en 2025 por la parte que exceda de ese tope. Si superan entre un 10% y un 50% la base máxima, se les aplicará un recargo del 1%. Y si superan el 50%, el recargo será del 1,17%. En 2045, la cuota se elevará al 5,5% para el primer tramo, el 6% para el segundo y el 7% para el tercero.

Con EH-Bildu, el Ejecutivo ha pactado mejorar las pensiones mínimas de viudedad, de forma que se equiparen a las contributivas de jubilación. Así, pasarán de los 6.785 euros al año actuales a subir de forma gradual hasta alcanzar los 8.250 euros en 2027.

También será progresiva la aplicación del sistema dual para calcular la cuantía de la pensión. Desde 2027 y hasta 2040, se ampliará el periodo de cómputo a razón de cuatro meses por año, desde los 25 años actuales hasta llegar a 29 años, de forma que en 2027 el trabajador que se jubile podrá elegir entre hacer el cálculo con 25 años de cotización o con 25 años y cuatro meses descartando los dos peores meses. No será hasta 2038 cuando se puedan desechar los dos peores años de entre los últimos 29 cotizados. De 2038 a 2040 seguirán conviviendo ambos periodos de cálculo. Y desde ese año los trabajadores podrán aún elegir como periodo de cómputo 25 años y seis meses en 2041, 26 años en 2042 y 26 años y seis meses en 2043. En 2044 sólo podrán calcular la cuantía de la pensión basándose en lo que hayan cotizado durante 29 años. El motivo de esta gradación no es otro que impedir que los trabajadores a quienes les resulte más beneficioso utilizar el periodo de 25 años se jubilen de golpe anticipadamente para evitar la obligatoriedad de los 29 años, explican fuentes del ministerio.

“Es una reforma para quedarse”, resumen las mismas fuentes, en referencia al mecanismo automático que permitirá la “supervisión” del gasto público en pensiones y obligará a tomar medidas adicionales si se produce alguna desviación del gasto previsto. En un primero momento, será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la encargada de evaluar el impacto de las medidas sobre el sistema. Si el gasto medio bruto supera el 15% del PIB –el actual se sitúa en el 12%–, el Gobierno deberá adoptar medidas para eliminar el exceso: aumentando aún más las cotizaciones, por ejemplo, o bien utilizando otra fórmula para elevar los ingresos, pero también “reduciendo el gasto en pensiones en porcentaje del PIB” o combinando ambas opciones, tal y como reza el borrador del real decreto-ley recién aprobado.

El Ejecutivo deberá negociar esas nuevas medidas con los sindicatos, la patronal y los grupos parlamentarios y, si no consigue sacarlas adelante antes del 1 de enero del año siguiente, el MEI se aumentará automáticamente para compensar en dos décimas el exceso de gasto hasta que se aprueben las iniciativas destinadas a controlarlo. El Ministerio de Seguridad Social cree que el sistema funcionará aunque cambien los gobiernos. Las citadas fuentes resaltan que han tratado de “darle atractivo” a esta “cláusula de cierre” precisamente para que futuros Ejecutivos no se desvíen de ella. Su intención, dicen, era “hacer un diseño muy suave”. “Si impones condiciones políticas insostenibles para otros gobiernos, no las aplicarán”, explican, “es algo que hemos aprendido del fracaso de modelos pasados”, en referencia a la reforma de pensiones aprobada en solitario por el PP en 2013 y derogada ahora.

El ministerio, además, fía buena parte del éxito de la reforma al mercado de trabajo, cuyo comportamiento no dudan en calificar de “sorprendente”. Según sus previsiones, la tasa de desempleo española terminará en niveles parecidos a los del resto de la Unión Europea; es decir, por debajo del 10%. Ahora se encuentra en el 12,9% y el mínimo histórico fue del 8,6% en 2007. “El paro a doble dígito está abocado a desaparecer”, auguran. Por tanto, será posible, por ejemplo, rebajar la actual cotización para la prestación por desempleo que, como indicó el ministro este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, es mayor que en el resto de Europa. Seguridad Social contesta así a las críticas de la CEOE al aumento de cotizaciones sociales, que han descalificado como ejemplo de “voracidad recaudatoria” y como una amenaza para la creación de empleo y el aumento de los salarios. 

La primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 11 años, el pasado mes de julio, puso en boca de los analistas la palabra recesión. En septiembre, Estados Unidos la estrenó al encadenar dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB: su economía se había contraído cinco décimas los primeros seis meses del año. Las bolsas mundiales se teñían de rojo. El encarecimiento de la energía, la inflación rampante y el precio del dinero en máximos desconocidos desde 2008 hacían presagiar tiempos oscuros para la economía mundial.

Así que, cuando en octubre BBVA Research predijo que España acabaría 2022 en recesión y en esa misma tónica empezaría 2023, parecía lógica la confirmación de que la profecía alcanzaba también a la economía española. Entonces el centro de estudios del segundo banco español preveía que el PIB español iba a caer un 0,3% en el cuarto trimestre y otro tanto en el primero del año que recién comienza. Lo que los economistas llaman “recesión técnica”. Eso sí, subrayaba que sería la más corta de los últimos 30 o 40 años. En cualquier caso, pronosticaba un crecimiento del PIB para todo el ejercicio que subía hasta el 4,4%, tres décimas más que en su anterior previsión, pero bajaba el de 2023 al 1%.

Poco después le acompañó en sus anuncios de “posible decrecimiento del PIB” Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorro. En concreto, auguraba una caída de la economía del 0,4% en el cuarto trimestre de 2022 y otro tanto en el primero de 2023. Unos días más tarde fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a través de su presidenta, Cristina Herrero, la que no descartaba la recesión técnica, puesto que vaticinaba un retroceso del PIB del 0,2% o el 0,3% tanto en el cuarto trimestre de 2022 como en los tres primeros meses del nuevo año. Y como el deterioro del resto de los países europeos estaba siendo muy intenso, la AIReF no excluía una nueva revisión al alza de esas caídas de actividad. A las predicciones negativas se terminó sumando el banco británico Barclays, que avanzó una caída del PIB mucho mayor, del 1%, en el fin del año e incluso del 2,3% en el primer trimestre de 2023 y de un 1,3% en el segundo. De forma que España sólo remontaría a partir del verano y gracias al turismo.

Fue en noviembre también cuando la Comisión Europea calculó que toda la UE entraría en recesión técnica con una caída del PIB de cinco décimas antes de acabar 2022 y de otra décima más en el inicio de este año. Lo mismo predecía para la zona euro. Aunque dejaba fuera de la recesión a España, con una contracción del PIB del 0,3% de octubre a diciembre, pero con un primer trimestre de 2023 al 0%. En la misma línea se había pronunciado el BCE ya en octubre, cuando su jefe de Riesgos, Fernando Monar, advirtió del carácter “inevitable” de la recesión técnica en toda la eurozona, aunque “temporal” y no muy profunda. “No es descartable que la eurozona entre en recesión técnica en los próximos trimestres”, corroboró su vicepresidente, Luis de Guindos, “pero esta situación no supondría una recesión excesivamente intensa”.

Por su parte, el Banco de España nadaba y guarda la ropa: excluía la recesión “en su escenario central”, pero advertía de que habían aumentado las probabilidades de que la hubiera. Y revisaba sus previsiones de crecimiento económico para 2023, del 2,8% al 1,4%, por culpa de una inflación “más alta y persistente de lo esperado”.

El ánimo de las empresas reflejaba el mismo pesimismo. Al menos a tenor de las encuestas realizadas por KPMG y PwC esos mismos meses a altos ejecutivos, que veían en el horizonte una recesión, aunque “suave y breve” e incluso temían un comienzo de 2023 peor que el final de 2022.

Por entonces, la realidad de los números había devuelto el crecimiento a la economía de Estados Unidos, con un alza del PIB del 0,6%, pero las de Reino Unido y Países Bajos perdían un 0,2% y la de Bélgica un 0,1%. En el tercer trimestre también cayeron los PIB de Letonia, Eslovenia, Hungría, Chequia y Finlandia. Alemania creció tres décimas, Francia dos e Italia cinco. La economía de la Unión Europea mejoró sólo un 0,2%, la peor cifra desde el primer trimestre de 2021.

Entre julio y septiembre España apenas creció una décima, tras un segundo trimestre con una subida del 2%, pero revisó el comportamiento del PIB en tasa interanual y aumentándolo hasta el 4,4%, seis décimas. La bajada del precio del gas y el petróleo, un mercado de trabajo que resiste, a diferencia de crisis anteriores, y una inflación que va conteniéndose gracias a las caídas de los carburantes y la electricidad han impedido el desastre que se auguraba. “Se acabará el año mejor de lo que pensábamos porque la economía europea y la española han demostrado que son más resilientes de lo que esperábamos”, reconoció el pasado 20 de diciembre en una entrevista en Radio Euskadi el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Domenech.

Para entonces, el centro de estudios del banco ya había revisado su pronóstico: el PIB quedará estancado en el cuatro trimestre o igualará el crecimiento del tercero. Además, subió el de todo el año al 4,6%. También el de 2023, hasta el 1,2%. Aun así, insiste el BBVA en que no puede descartarse por completo que la economía caiga en tasas negativas en 2023, arrastrada por la recesión en la zona euro y el agotamiento de la recuperación del turismo, mientras la subida de precios impacta en el consumo, se sigue desacelerando la creación de empleo y aumentan los tipos de interés. Pero de nuevo con matices. “A eso no le llamaríamos recesión”, apuntaba Domenech en esa entrevista, “porque el escenario base es de crecimiento económico, ligera creación de empleo y mantenimiento de la tasa de paro”. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, repitió la predicción al comparecer en la Comisión de Presupuestos del Senado: el PIB en el cuarto trimestre puede experimentar un “leve crecimiento”, similar al del tercero. En consecuencia, el organismo supervisor aumenta su previsión de mejora del PIB para este año hasta el 4,6% “debido a un avance más intenso de lo esperado en la segunda mitad del año”, pero aun así recorta las de 2023 hasta el 1,3%, por el “empeoramiento del contexto exterior”.

En esas cifras se sitúan ahora la mayoría de las instituciones y analistas: un 4,5% de crecimiento para 2022 y un 1,1% para 2023.

No obstante, hubo muchos que fueron más optimistas. El Banco Sabadell rechazaba que España fuera a caer en recesión “ni este año [2022] ni en 2023”, según rebatió su consejero delegado, César González-Bueno. O Caixabank, que, si bien previó una “ligera” contracción en el cuarto trimestre de 2022, auguraba un primer trimestre de 2023 plano. Estancamiento sí, recesión no. También Mapfre Economics, Goldman Sachs, Deutsche Bank y S&P Global salvaban a España de la recesión que sí adivinan para el resto de la eurozona, con cifras negativas de PIB para este año. La confianza de los consumidores en España no ha caído tanto como en el resto de la UE, los fondos europeos deben sostener el repunte de 2023 y la economía nacional está menos expuesta a la crisis de la energía que Alemania o Italia, recuerdan. Todos ellos se situaron en octubre en sintonía con las previsiones del FMI, que citaba España como uno de los países que esquivarán la recesión en 2023 gracias a un crecimiento “fuerte”. Casi el doble que Francia y lejos de la recesión que vaticina para las economías alemana e italiana. El BCE, ya en diciembre, elevó su previsión para la zona euro hasta el 3,4% en 2022, al tiempo que la redujo a sólo el 0,5% para este año. “Los niveles de incertidumbre siguen en niveles muy elevados”, resumió su director general de Economía, Óscar Arce. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recortado su previsión de crecimiento para la economía española al 4,2% para este año, una décima menos que en sus anteriores estimaciones de abril (4,3%), y ha elevado la tasa de inflación media para el conjunto del año desde el 6,5% hasta el 7,8%.

Así lo ha anunciado la presidenta del organismo independiente, Cristina Herrero, durante la presentación del "Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2022 de las Administraciones Públicas", ha recogido Europa Press.

Las nuevas previsiones macroeconómicas de la AIReF, alineadas con las de otros organismos nacionales e internacionales, sitúan el crecimiento del PIB sólo una décima por debajo del último escenario planteado por el Gobierno (4,3%) en la Actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas.

"El buen comportamiento del sector servicios, y especialmente del turismo, está sustentando el crecimiento en 2022 con lo que se produce solo una ligera revisión", ha explicado la presidenta de la AIReF.

La AIReF ha alertado que los riesgos a la baja se han intensificado de cara a final de año y principios de 2023 en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la escalada inflacionista. En el ámbito externo, Herrero ha alertado sobre el impacto que supondría un corte total del suministro de gas ruso, con la posibilidad de que se produjese una recesión en el ámbito de la Unión Europea.

A nivel nacional, Herrero ha puesto el foco en la evolución del consumo privado, ya que se aprecia una merma de la capacidad adquisitiva de los hogares, en un contexto de condiciones financieras menos favorables, con una disminución del ahorro generado con la pandemia, y un deterioro de la confianza de las familias. Además, la AIReF ha reiterado la falta de información respecto al impacto del Plan de Recuperación.

En cuanto al escenario fiscal, la AIReF ha elevado tres décimas la previsión de déficit para este año hasta el 4,5% del PIB, un nivel que se sitúa aún por debajo de la previsión planteada por el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad (5%).

Este peor escenario fiscal se debe, principalmente, a que las medidas adicionales aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra hasta finales de año suponen un impacto en el déficit del 0,6%.

Las bolsas no lo dudan. Habrá recesión. Los inversores han empezado a multiplicar las órdenes de venta. El miedo a la inflación se ha convertido en pánico a un desplome de la economía global. Y los analistas llevan tiempo advirtiendo de las señales. Que cada vez parecen más nítidas. Las subidas de tipos de interés tienen esa consecuencia inevitable, asegura el analista financiero Juan Ignacio Crespo. Con ese objetivo las han aprobado tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco de Inglaterra, y las ordenará el próximo día 21 el Banco Central Europeo (BCE): enfriar la economía para bajar la inflación, que se encuentra en niveles desconocidos desde los años 80 a ambos lados del Atlántico.

De hecho, Crespo asegura que Estados Unidos ya se encuentra en recesión, después de un primer trimestre en el que su economía se ha contraído un 0,45% y en el segundo, de acuerdo con las estimaciones del servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ha sufrido un retroceso de magnitud similar. Es decir, EEUU cumple ya los requisitos de la definición técnica europea de recesión: dos trimestres consecutivos de caídas del PIB. Es más, el analista avanza que el mundo entró en recesión industrial el pasado marzo, por culpa de las paradas intermitentes de las factorías chinas.

En Alemania las perspectivas tampoco son precisamente halagüeñas. En mayo la gran potencia exportadora europea tuvo el primer déficit comercial en 31 años: compró en el exterior por 900 millones de euros más de los que vendió. Pero si, además, se cortara el suministro de gas ruso este otoño, su poderosa industria tendría que parar. Este lunes se cerrará el gasoducto Nord Stream 1, que abastece de gas ruso a Alemania, para ejecutar unas tareas de mantenimiento habituales que, en condiciones normales, deberían durar sólo 10 días. Pero el temor a que Putin convierta el cierre temporal en algo más que una advertencia existe. “No es algo que debamos descartar al 100%, porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño, sino en las próximas semanas”, advirtió este viernes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Antena 3.

Ése sería el detonante que encendería la recesión en el resto de la Unión Europea, España incluida. El Banco de España calcula que el corte ruso de suministro energético le costaría a Europa 4,2 puntos de PIB, 600.000 millones de euros. Sólo un poco menos de los 750.000 millones del paquete de estímulo aprobado por Bruselas para recuperar a la UE de la pandemia. Aunque el BCE no incluye la entrada en recesión de la Unión Europea en su escenario central –el más probable– para los próximos meses, su vicepresidente, Luis de Guindos, previene ante una “desaceleración económica importante”, que en Alemania, debido al posible corte del gas ruso, puede conducir a la recesión, y ésta arrastrar al resto de la eurozona, según alertó la semana pasada en una entrevista en la Cope. Sí que aparece la recesión en su escenario adverso, con un embargo total de gas ruso en Europa, en cuyo caso el PIB del bloque caería un 1,7% en 2023.

Así que el estado de ánimo corporativo en Alemania comienza a resentirse. El índice de gestores de compras PMI –que elabora S&P Global a partir de encuestas mensuales a ejecutivos de miles de empresas de 40 países y muestra la evolución de sus pedidos– se situó el pasado junio en 51,3 puntos, 2,4 puntos por debajo de mayo y acercándose peligrosamente a 50, el límite por debajo del cual se revela una contracción económica. Si desciende de 42, hay recesión. En Francia, el PMI está en 52,8 puntos, 4,2 puntos menos que en mayo, el peor resultado desde que comenzó el año.

En España, aún se queda en 53,6 puntos, pero ha caído 2,1 puntos desde mayo. En toda la zona euro, el indicador es de 52 puntos. Según el análisis de S&P Global, el recorte del indicador en España refleja una caída de la demanda y de los pedidos de las empresas, la tercera en los últimos cuatro meses. No sólo los inversores, también las corporaciones, además de pertrecharse frente al alza de sus costes por la inflación, barruntan el parón de la demanda y se preparan.

Lo mismo está ocurriendo con los consumidores. Las encuestas desvelan cómo reducen o planean reducir sus compras en los próximos meses por culpa de los precios. Aún gastarán este verano parte del ahorro embalsado desde la pandemia. Pero en otoño empezarán a cerrar las billeteras. Según el informe de perspectivas del consumidor de Kantar Insights, es la primera vez desde 2012, en plena crisis financiera, en que los ciudadanos que recortan sus compras superan a los que las mantienen. Hay ganas de gastar, pero como los precios son más altos, el INE ha registrado entre enero y marzo de este año la primera tasa de ahorro negativa de los hogares españoles desde 2019. Porque por primera vez desde entonces han gastado más –un 14% más– de lo que han ganado. Es el efecto de la subida desbocada de los precios: este año las familias españolas han recortado su ahorro 1.427 millones de euros, mientras que, en el primer trimestre de 2021, cuando aún salían de la pandemia, habían conseguido guardar en la hucha nada menos que 14.516 millones.

Otro indicador de que la recesión se acerca son los precios de las materias primas, que con la guerra en Ucrania se instalaron en máximos al llegar marzo, pero ahora están cayendo. Los metales industriales pierden un 9,7% en lo que va de año, después de haber ganado un 26% en marzo, mientras que las materias primas agrícolas se recortan un 1%, frente a una subida del 36% cuando empezó la guerra, recuerda Juan Ignacio Crespo. Y el barril de petróleo Brent se situó por debajo de los 100 dólares –99,86– el pasado miércoles, desde los 130 que rozó en marzo. Los precios caen porque también lo ha hecho la demanda; la actividad se enfría. La inflación debería terminar moderándose, por tanto.

Al mismo tiempo, el euro se desploma frente al dólar y ya casi cotizan a la par. Lo que significa que el euro tiene ahora el peor cambio con la divisa estadounidense desde diciembre de 2002, tras acumular una depreciación del 10%. El motivo es el diferencial de los tipos de interés europeos y norteamericanos, explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorro. De modo que ahora los flujos financieros van hacia Estados Unidos. “Que se debilite el euro es algo que no nos conviene [a los europeos], por el contrario, debería generar confianza para atraer inversiones”, apunta, más allá del abaratamiento de las exportaciones, que favorece una baja cotización de la moneda, y del encarecimiento de las importaciones, sobre todo de las energéticas.

A la luz de todos estos síntomas, Juan Ignacio Crespo no duda en calificar de “horrenda” la coyuntura actual. E incluso se aventura a prever que la recesión global al acecho “durará 15 meses”. Por el contrario, Luciana Taft, consultora de Analistas Financieros (AFI), prefiere hablar de “desaceleración global” aunque también reconoce que han aumentado las probabilidades de que haya una recesión debido a los riesgos energéticos –el corte de suministro ruso a Europa– y las restricciones financieras –las subidas del precio del dinero que aprobará el BCE el día 21–. Pero, precisa, hay razones para pensar que, de producirse, la recesión será “más acotada y suave, más contenida” que en episodios anteriores. Como las crisis de 2008 y 2012.

Funcas pronostica que su escenario central no es de recesión, pero sí de “freno importante al crecimiento” por los dos factores antes citados, aliados con la inflación. Para llegar a una contracción del PIB es necesario que Europa quede desabastecida de gas, haya racionamientos y la industria alemana se paralice. Entonces será “inevitable”, dice María Jesús Fernández, que la recesión alcance a España.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descarta la posibilidad de una recesión en España. Al menos “ahora mismo”, precisó su presidenta, Cristina Herrero, este miércoles. “No en este momento, no para nuestro país”, abundó, “pero hay preocupación sobre qué puede pasar en invierno en la zona euro”, previno Herrero en el Nueva Economía Fórum. Es el mensaje que repiten los ministros del Gobierno. “En el segundo trimestre el crecimiento se ha acelerado, la campaña turística está siendo de récord, en un nivel muy próximo al de 2019, y las previsiones para la segunda mitad del año son de un crecimiento muy intenso, de más del 4%”, elogió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el pasado jueves. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, definió como “muy baja” la probabilidad de que España entre en recesión debido a la “resiliencia del mercado laboral”, con cifras históricas de afiliación, los fondos europeos y la “holgada” situación financiera de las familias. Lo que no quiere decir, matizó enseguida, que no se vaya a producir una “desaceleración significativa”.

Luciana Taft destaca el “importante blindaje a corto plazo” de que disfruta España de cara al frenazo económico que se avecina. El segundo trimestre, con un turismo de nuevo en máximos de actividad, unas exportaciones también al alza y el aumento del empleo, va a ser “muy bueno”, subraya. La patronal de las empresas turísticas, Exceltur, calcula que el PIB del sector está ya un 1,1% por encima de 2019 y el empleo, un 0,6% mejor. Mientras, el sector secundario todavía funciona a buen ritmo, con una subida del 6,5% del Índice General de Producción Industrial en mayo, 7,1 puntos superior a la de abril y la más alta desde junio de 2021. “Así que el tercer trimestre también aguantará”, continúa. Las dudas asomarán en el cuarto, cuando el deterioro de las rentas de los hogares por culpa de la inflación y la subida de los tipos de interés hagan mella.

Aun así, la analista de AFI cree que España crecerá por lo menos un 4% este año. Conforme discurra el ejercicio, además, deberían dejarse notar ya las ayudas de los millonarios fondos de la UE para la recuperación, cuyo reparto acumula retrasos. España no depende del gas ruso en la medida de otros países europeos, pero si Alemania tose este invierno por falta de suministro, la economía nacional puede terminar acatarrándose con el comienzo de 2023, augura Luciana Taft.

Además, María Jesús Fernández descarta que España ya esté sintiendo lo que los economistas anglosajones llaman “efectos de segunda ronda”: la subida de los precios hace subir los salarios y este aumento incentiva el consumo, subiendo más aún los precios. Los salarios firmados en los convenios colectivos hasta ahora sólo mejoran un 2,4%, muy lejos por tanto del 10,2% en que se ha encaramado el IPC en junio. Pero la analista de Funcas alerta ante la “presión al alza” que se va a dejar sentir en todas las mesas de negociación colectiva en lo que queda de año. Luciana Taft asegura, además, que las cláusulas de revisión salarial, cuya reincorporación a los convenios reclaman los sindicatos, “no van a volver”. Y defiende la conveniencia de ese pacto de rentas que el Gobierno pretende reactivar después del verano. La UE tampoco siente aún la espiral de precios, al contrario que en Estados Unidos, donde “la subida de salarios, en algunos sectores, ya ha escalado a los dos dígitos”, indica la consultora de AFI. Pero Juan Ignacio Crespo las rebate. “La inflación inducida está llegando ya vía materias primas”, zanja.

Todos estos elementos se suman a un contexto macroeconómico muy distinto al de la gran crisis de 2008, recalcan Fernández, Taft y Crespo. En 2022 no hay “excesos” como los que desequilibraban la economía española cuando Lehman Brothers quebró y se hundieron las cajas de ahorro. En 2022 no hay burbuja inmobiliaria, ni un endeudamiento privado récord, el sistema financiero está saneado, la actitud del BCE y de la UE es muy distinta tras la aprobación de los fondos de recuperación, el whatever it takes de Mario Draghi y el mecanismo de protección anunciado por Christine Lagarde para evitar desviaciones de las primas de riesgo como las sufridas en 2012.

Pero en la actual coyuntura, el “talón de Aquiles” español son la deuda y el déficit públicos, disparados tras la pandemia, coinciden las expertas de Funcas y AFI. Taft explica que la inflación está “licuando la deuda”, ayudando al Estado a pagarla, pero a su juicio el principal componente del “agujero fiscal” español son las pensiones, para las que pide una “reforma de calado”. “También es fundamental que el BCE nos resguarde de la ruptura del euro”, añade, con ese mecanismo de protección del que aún se desconocen los detalles.

Juan Ignacio Crespo es más escéptico sobre las ventajas de partida ante la inminente recesión. “De momento, no estamos tan mal como en 2008, porque la pata financiera [de la crisis] aún no ha asomado por debajo de la puerta, pero lo hará”, advierte. Hasta la caída histórica provocada por el coronavirus, España había estado en recesión –con caídas trimestrales continuadas del PIB— desde el cuarto trimestre de 2010 hasta el tercero de 2013, casi tres años. En 2021 la economía creció un 5,1% y para este año la previsión del Gobierno es del 4,3%.

Crespo culpa al exceso de liquidez, a los miles de millones inyectados por los bancos centrales y a las ayudas millonarias de los programas de estímulo de Joe Biden y de la UE de la crisis mundial de precios. “¿Cómo no iba a haber inflación?”, se pregunta. Califica de “milagro” el hecho de que España haya pasado la crisis del covid casi sin despeinarse. “Con el PIB hundido casi en el 11%, tenemos ahora un millón más de empleos, cuando en las anteriores superábamos el 20% de paro e incluso el salario medio ha subido”, resalta, “gracias a los 4.000 millones de deuda pública española que ha comprado el BCE y el aumento del gasto público”. Algo parecido ocurre en la UE, “donde no parece que estén al borde de la recesión porque la tasa de paro es muy baja y en EEUU, donde tienen pleno empleo porque todo está muy subsidiado”, resume. “Parece jauja, pero termina pasando factura”, lamenta el analista, que concluye con una recomendación: “Cuanto antes se haga el ajuste, mejor”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó su propuesta fiscal al Gobierno como un alivio para “las rentas medias y bajas” mientras dure el aumento “exponencial” de la inflación. De momento, es un plan genérico, pero ha prometido enviar “en los próximos días” al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, medidas “más concretas”, una vez haya obtenido los datos de la Agencia Tributaria y cerrado la propuesta “desde el punto de vista cuantitativo”.

No obstante, el aún presidente de la Xunta enumeró las cinco iniciativas que él considera necesarias para afrontar la subida de los precios y las incertidumbres asociadas a la guerra en Ucrania. “El proyecto es muy sencillo: tenemos 7.500 millones más de recaudación estos dos meses [enero y febrero], devolvámoslas a los españoles”, fue su resumen.

Para ello, Núñez Feijóo plantea en primer lugar adecuar el IRPF a la inflación. Es decir, bajar el tipo del impuesto sobre la renta en el mismo porcentaje en que han subido los precios. De esta forma se evita que, al haber aumentado los salarios como consecuencia del alza de los precios, algunos contribuyentes salten de tramo y tributen más, pese a que su sueldo real ha perdido poder adquisitivo por culpa de la inflación. Es lo que los economistas llaman “progresividad en frío”. Según Juan Antonio Gimeno, catedrático emérito de Hacienda Pública de la Uned, deflactar el IRPF es una medida “sensata” cuando la inflación escala a los picos que está alcanzando ahora. En España, no se han adaptado los tipos al IPC desde 2008. Pero es que en todos los años de la recesión, la posterior recuperación y hasta el fin de 2021 tras el covid, la inflación se mantuvo muy tímida, incluso en cifras incluso negativas.

En todo caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha descartado ajustar el impuesto de la renta al IPC. Sostiene que no es el momento de bajar impuestos porque la inflación tiene una causa “muy clara”, la subida de los precios de la energía, “y sobre ella el Gobierno ya está actuando” con un paquete de medidas “ajustado”, que componen “la bajada más importante de la democracia” en algunos impuestos. Si se prolongaran las rebajas fiscales hasta finales de este año –de momento se extienden hasta el 30 de junio–, el Estado dejaría de recaudar 12.000 millones de euros, aseguró.

Núñez Feijóo no ha precisado a quiénes incluye en las “rentas medias y bajas”. En el IRPF no están obligados a hacer la declaración quienes ingresen menos de 22.000 euros al año. Y hasta 14.250 euros la retención es cero. De forma que el alivio fiscal propuesto por el presidente del PP dejaría fuera a buena parte de esas rentas bajas de las que habla. Por eso Juan Antonio Gimeno cree “más eficaz” subir el mínimo exento, al tiempo que se aumente el tipo marginal para el 1% más rico.

También quiere el líder popular bajar las retenciones del IRPF, en general, y agilizar “parte” de las devoluciones de lo que ya se han hecho en enero y febrero. Según sus cálculos, todas estas medidas en el impuesto sobre la renta supondrían un recorte en la recaudación fiscal de entre 3.500 y 3.800 millones de euros.

Al mismo tiempo, Núñez Feijóo se queja del enorme déficit público que sufre España. “Fuimos el país con el mayor déficit de la UE en 2020 y el tercero en 2021”, repite. Y es cierto. Como también que reducirlo recortando los ingresos públicos es una labor imposible. De hecho, en 2021 se ha rebajado el déficit en 3,3 puntos porcentuales respecto al año anterior, un descenso récord, gracias también a una recaudación fiscal histórica, fruto de la reactivación económica tras el covid y de la inflación. En 2022, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que bajará otros 2,7 puntos, por lo que quedará en un 4,2% del PIB, precisamente gracias a unos ingresos que van a compensar el coste de las medidas adoptadas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Por tanto, la mayor recaudación permite sufragar las ayudas para los sectores más afectados por la subida de los precios de las materias primas y la energía, aun con un déficit muy elevado. Según los cálculos de la AIReF, por cada punto de inflación Hacienda recauda 2.000 millones de euros más en el IVA.

Un IVA que también quiere bajar Núñez Feijóo al menos para la luz y el gas. El Gobierno ya redujo el IVA de la luz del 21% al 10%. El líder del PP pretende que se le aplique el tipo superreducido, el 4%. Y lo mismo al gas, que se mantiene en el 21%. Sin embargo, como reconoce el propio presidente gallego, ese cambio debe ser autorizado por la Unión Europea.

Y, como argumento, exhibe el ejemplo de Polonia, que el pasado enero rebajó el IVA de los combustibles del 23% al 8% y del gas del 8% al 0%. “¿Por qué no nos van a dejar a nosotros?”, se preguntó Feijóo ante los micrófonos de la Cadena Ser este viernes. Quizá porque el Gobierno de Mateusz Morawiecki lo hizo sin autorización de Bruselas. De hecho, el incumplimiento de la directiva comunitaria le puede suponer al Gobierno de Varsovia la apertura de un procedimiento de infracción. La Comisión Europea incluso podría remitir la desobediencia polaca al Tribunal de Justicia de la UE. No sería la primera vez que esto ocurre. Bruselas y Varsovia mantienen un duro conflicto por las vulneraciones del Estado de derecho y la independencia judicial que la UE achaca a Morawiecki, de modo que lo que la Comisión mantiene en suspenso la aprobación del Plan de Recuperación polaco.

En todo caso, la AIReF ya ha confirmado en su último informe sobre los Presupuestos que las rebajas fiscales sobre la electricidad –en el IVA, el impuesto especial y el impuesto sobre la producción eléctrica– se van a traducir en una caída de la recaudación de 5.467 millones, pese al aumento de tipos para las rentas más altas, las menores deducciones en planes de pensiones, la rebaja en la exenciones a los dividendos, la subida en el tipo de las bebidas azucaradas y en las primas de seguro, así como la creación de dos nuevos impuestos: el de transacciones financieras y la tasa Google.

Otra de las medidas sugeridas por el presidente del PP es dedicar el 7% de los fondos de recuperación a desgravaciones en el IRPF para los contribuyentes que inviertan en “placas fotovoltaicas en el tejado de sus casas o en sistemas de geotermia para su calefacción”. Según dijo, así los fondos europeos serán “gestionados directamente por los ciudadanos”. También sería una solución para el “desbloqueo” de esos fondos, “muy retrasados en su ejecución”, abundó.

Sin embargo, esas deducciones ya existen en el IRPF. Según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, el pasado 5 de octubre se aprobó un Real Decreto-ley que permite deducirse en el IRPF entre el 20% y el 60% de la inversión que los particulares hagan en sus viviendas para mejorar su eficiencia energética. Es una de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación.

Hay tres deducciones posibles: hasta un 20% con una base máxima de 5.000 euros anuales para las obras que reduzcan un 7% el recibo de la calefacción y la refrigeración; hasta un 40% con una base máxima de 7.500 euros anuales si las obras reducen el 30% del consumo de energía no renovable o mejoran la calificación hasta la clase A o B; y hasta un 60% con una base máxima de 15.000 euros, para las obras que reduzcan el consumo de energía en un 30% o mejoren la calificación energética de todo un edificio residencial.

Además, Núñez Feijóo pidió a la AIReF que realice una auditoría de los “gastos superfluos” del Estado. Tampoco precisó qué gastos considera superfluos. Sí que reclamó una “racionalización del gasto burocrático”. La AIReF lleva desde 2019 acometiendo lo que en inglés denomina spending review, la revisión del gasto público, un trabajo comprometido con la UE. Ya ha culminado dos fases. En la primera, examinó el procedimiento para conceder subvenciones, las políticas activas de empleo, las becas universitarias, los medicamentos con receta médica, el servicio postal universal que presta Correos, los programas de promoción de talento en I+D+i y los de fortalecimiento de la competitividad empresarial.

En la segunda, analizó partidas de gasto que suman 51.000 millones de euros, el 4% del PIB: los beneficios fiscales –deducciones y exoneraciones en el IRPF, el impuesto sobre sociedades, el IVA y los impuestos especiales— que suponen 35.000 millones de euros anuales, el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud en farmacia y bienes de equipo –7.400 millones–, los incentivos a la contratación y al trabajo autónomo –2.000 millones— y las infraestructuras del transporte –7.000 millones–.

La AIReF también ha fiscalizado el gasto en rentas mínimas y el Fondo para la Promoción del Desarrollo, y tiene previsto entregar en breve su evaluación del Ingreso Mínimo Vital. Es más, ha analizado el desempeño de seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

Finalmente, Núñez Feijóo reclama que los 1.700 millones de euros en ayudas por el covid a autónomos y pymes que se quedaron sin repartir el año pasado vuelven a salir a convocatoria. Se trata de una línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros que reservaba 2.000 millones para Baleares y Canarias, cuyo sector turístico fue el más afectado por las restricciones de la pandemia, y 5.000 millones se distribuían entre el resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, según denunció en su día el sindicato de autónomos UPTA, sólo Baleares y Canarias otorgaron el 100% de los fondos hasta el 31 de diciembre de 2021, la fecha límite.

Castilla y León y Asturias dejaron sin ejecutar el 40% del dinero que les correspondía, mientras que Andalucía, Madrid, Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha desaprovecharon el 30%.

El Ministerio de Economía no ha aclarado a infoLibre si tiene previsto abrir una nueva convocatoria para repartir los 1.700 millones que han revertido a las arcas públicas. 

El Gobierno prepara una bajada de impuestos para frenar el golpe que la escalada de precios de la energía y su traslado al resto de la economía están propinando a los trabajadores y a las empresas. La reducción se aplicará a la luz, el gas y los combustibles, según han adelantado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Presidencia, Félix Bolaños. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pide que se reduzca el IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasoil, y se recorte el Impuesto sobre Hidrocarburos. Mientras, el PP, Ciudadanos y PDeCAT han reclamado en el Congreso que se ajuste el IRPF a la inflación, para evitar que los contribuyentes tributen por unas rentas devoradas por el alza de los precios.

Con la inflación disparada a niveles desconocidos desde hace décadas y la amenaza de una guerra cuya duración se desconoce y sus efectos económicos se temen, la recuperación que asomaba en 2022 una vez superada la ómicron se tambalea. La incertidumbre se prolonga. España mantiene unos niveles desbocados de déficit y deuda por culpa del covid, pero entra en 2022 con una recaudación fiscal de récord. ¿Hay margen para rebajas de impuestos?

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, cree que sí. Al menos, a corto plazo. “Las finanzas públicas se han visto favorecidas por una recaudación fiscal que nos ha sorprendido a todos, también a la AIReF”, aseguró el pasado martes en una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas. Herrero atribuyó el inesperado aumento de los ingresos tributarios del Estado al “comportamiento peculiar de España respecto al PIB en las recuperaciones económicas”, repitiendo el diagnóstico que ya había hecho el BCE al respecto. El aumento del pago con tarjeta durante la pandemia y el cambio en el consumo, de productos con tipos superreducidos y reducidos a otros gravados con el 21% cuando acabó el confinamiento, explican el alza de la recaudación en las primeras fases de la recuperación, enumeró.

Pero en los últimos meses el motivo está en la inflación, que afecta sobre todo a bienes “con una elevada inelasticidad de su demanda”, como la luz, el gas y el petróleo. A tenor de los cálculos de la AIReF, Hacienda está ingresando entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales por el IVA gracias a ese efecto inflacionista.

También está siendo de récord la recaudación del IRPF, aunque Cristina Herrero no tiene claras aún las causas. “La inflación no se ha trasladado todavía a los salarios”, aseguró, “habrá que ver si lo hace y cómo afecta la crisis a los salarios y a el empleo”.

En suma, y teniendo en cuenta los datos de ingresos y gastos públicos, el déficit de 2021 estará, según adelantó, por debajo no sólo del 8,4% previsto por el Gobierno sino incluso por debajo del 7% que había calculado la AIReF. También se está reduciendo la deuda pública, que terminó 2021 en el 118,7% del PIB, 1,3 puntos inferior a la de 2020 y ocho décimas menos que la previsión del Gobierno. Ambas bajadas permiten mantener las recomendaciones del Eurogrupo –estabilizar la deuda para reducirla en cuanto se pueda– y ofrecen “cierto margen”, indicó Cristina Herrero, “para rebajar impuestos y conceder ayudas directas”, lo que, a su vez, destacó, facilitará el pacto de rentas que negocian Gobierno, sindicatos, patronal y grupos parlamentarios.

En efecto, la recaudación fiscal creció un 15,1% en 2021, superando la cifra de ingresos prevista por el Gobierno, y un 5% respecto a 2019, el año previo a la pandemia. Así, Hacienda ingresó el año pasado 223.382 millones de euros, 1.275 millones más de los presupuestados. En el IRPF se recaudaron 94.546 millones de euros, un 7,5% más que en 2020 y un 8,8% más que en 2019. En el Impuesto sobre Sociedades el aumento de los ingresos ha sido mucho mayor, un 67,9%. Los 23.628 millones cobrados es la mayor recaudación desde 2008. Aun así, están lejísimos de los 44.823 millones de 2007, el año de la burbuja inmobiliaria. La explosión fiscal es pareja a la mejora de los beneficios empresariales, que se dispararon un 73,8%, según resalta Hacienda. El IVA creció un 14,5%, hasta alcanzar los 72.493 millones. El levantamiento de las restricciones tuvo su inmediato correlato en el alza del consumo y éste, a su vez, en el de los precios, por consiguiente también en el IVA.

El aumento de los Impuestos Especiales respecto a 2020 fue del 5% –19.729 millones–, pero se mantiene aún por debajo de los ingresos prepandemia. De hecho, también es la única partida que quedó por debajo de la cantidad presupuestada, debido a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para reducir el precio de la electricidad. Según Hacienda, el recorte del Impuesto Especial de la Electricidad del 5,11% al 0,5% a partir de septiembre supuso una caída de la recaudación de 333 millones de euros. Además, la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10% y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica restaron 1.336 millones de ingresos a las arcas públicas sólo hasta noviembre, el último mes del que ofrece datos la Agencia Tributaria en sus informes mensuales de recaudación.

No está tan claro qué va a ocurrir en el ejercicio en curso. Los Presupuestos del Estado incluyen una recaudación de 298.801 millones de euros, un 4,9% más que en 2021. De acuerdo con el Plan Presupuestario enviado a Bruselas en octubre, el Gobierno prevé que el IRPF crezca un 6,7%, el de Sociedades un 11,8%, el IVA un 9,5% y los Impuestos Especiales un 8,2%, con un crecimiento del 7% para los hidrocarburos y un 39,7% para la electricidad.

Para explicar ese optimismo recaudatorio, el Gobierno citaba la expansión de los bases imponibles, que deberían crecer un 6%; las ayudas del Plan de Recuperación, con un desembolso previsto de 20.255 millones, y los nuevos impuestos aprobados en los dos últimos años –Impuesto sobre Transacciones Financieras, sobre Servicios Digitales, sobre Plásticos–. No se mencionaba la inflación. Pero esas cuentas se hicieron antes de que estallara la guerra y de que el alza desmesurada de los precios dejara de considerarse un fenómeno temporal que iba a desaparecer con la primavera.

Aun así, el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, avanzó este jueves que el arranque de la recaudación en 2022 “ha sido bueno, probablemente”, sin precisar cifras, informa Europa Press.

“Con seguridad, la guerra y la inflación tendrán como consecuencia un menor crecimiento del que esperábamos”, pronostica Juan Antonio Gimeno Ullastres, catedrático emérito de la UNED y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal. La inflación, explica, permite “reducir el coste real de la deuda pública y aumentar la recaudación nominal pero, al crecer menos, será difícil repetir la cifra de ingresos tributarios de 2021, por la incertidumbre que se suma a las incertidumbres acumuladas anteriores”, advierte.

También Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense e investigador de Fedea, alerta ante los efectos de la inflación. Y recuerda la crisis del petróleo de los años 70 y lo que se demoró ese otro pacto de rentas que fueron los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977. “La inflación es como si el exterior le hubiera aplicado un impuesto a España”, explicaba entonces Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía y profesor de Onrubia.

No obstante, tanto él como Juan Antonio Gimeno creen que hay margen para bajar impuestos a los sectores más afectados por la “economía de guerra” en la que se adentra Occidente. Es más, Gimeno Ullastres la considera una medida “aconsejable” para reducir los costes de producción. Pero como esa caída de la recaudación tiene su efecto en una economía que ya de por sí sufre un déficit muy elevado, también pide “medidas de corrección”.

En concreto, que se aumenten los impuestos a los niveles más altos de renta y patrimonio y a los sectores que están teniendo grandes beneficios, como el eléctrico. Pedirles un esfuerzo a unos y otros, sostiene, “no afectará ni a sus niveles de vida ni a los de inversión, y sí aliviará, en cambio, las arcas públicas y mejorará la progresividad del sistema tributario español”. Gimeno Ullastres recuerda que algunas de las propuestas del comité de expertos que han elaborado el Libro Blanco para la reforma fiscal apuntan en esa misma dirección.

Por eso defiende que es el momento de hablar de impuestos, de “qué impuestos hay que tocar para compensar esas bajadas en los combustibles o el ajuste del IRPF por la inflación, necesarias en la actual situación de emergencia, y para volver a la senda del equilibrio presupuestario”.

Porque modificar los tramos del IRPF para ajustarlos a la subida de los precios también reducirá los ingresos públicos. Según los cálculos de Jorge Onrubia, entre 3.800 y 4.200 millones de euros considerando una actualización del 5,4%; según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el centro de estudios de la CEOE, unos 2.000 millones. Es lo que el profesor de la Complutense denomina “progresividad en frío”, cuando los salarios pierden poder adquisitivo por culpa de la inflación, pero se les aplica un tipo que no ha sido actualizado para incorporar el aumento de los precios.

Por el contrario, el profesor de la Complutense se muestra en contra de dar “manguerazos indiscriminados” a las rentas bajando los tipos del IVA, por ejemplo, por la espiral inflacionista que provocarían. Por el contrario, invita a firmar el pacto de rentas que ha pedido el Banco de España y negocia el Gobierno. “Se trata de decidir cómo distribuimos el mordisco que la inflación y la guerra han dado a nuestra tarta”, describe. Y para ello recomienda que se mantengan las rentas con ayudas directas no sólo a los hogares, sino también a sectores productivos concretos: agricultores, transportistas, determinadas industrias.

Por eso considera más eficaz bajar, de forma transitoria y selectiva, tanto el IVA de los combustibles –a través de las liquidaciones– como el Impuesto Especial de Hidrocarburos –entre 3,5 y 5,5 céntimos el litro– sólo al sector industrial y al transporte. “Alejando la rebaja del surtidor”, insiste. Jorge Onrubia calcula que ambas rebajas se traducirían en un ahorro para los beneficiados de entre 3.500 y 4.000 millones de euros. En total, por tanto, deflactar el IRPF y reducir la imposición de los carburantes supondría una pérdida de recaudación que rozaría los 8.000 millones de euros. Asumible, asegura, para las arcas públicas en estos momentos.

“Una camisa de fuerza”. Así describe Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales que han gobernado las finanzas de la UE durante 23 años. Hasta que la pandemia forzó su suspensión. “No sirvieron para salir de la crisis anterior de forma adecuada y en esta no podemos permitirnos otra respuesta fallida”, advierte. Entonces, a la misma altura de la crisis en que Europa se encuentra ahora –dos años de caídas del PIB– “ya se estaban adoptando medidas de recorte y de austeridad”, recuerda Tamames, cuyo fin era volver cuanto antes al 3% de déficit público y el 60% de deuda que dictaban las normas aprobadas en 1997.

El resultado de ponerse esa camisa de fuerza es conocido: débil crecimiento económico, aumento de la desigualdad, ruptura de la cohesión social, polarización política… Una década después, el estallido del coronavirus ha impuesto un cambio radical en la forma de encarar la crisis subsiguiente: préstamos para que los gobiernos sufraguen sus planes de lucha contra el desempleo (SURE), los fondos de recuperación NextGeneration –140.000 millones para España–, las compras de emergencia de bonos que aún hace el BCE. Medidas excepcionales que están amortiguando el golpe asestado por el covid a la economía y la sociedad pero que, al mismo tiempo, han disparado de nuevo el déficit y la deuda de los Estados miembros. Por primera vez en la historia de la zona euro, la deuda pública de los países que lo integran ha superado el 100% de su PIB.

“Existe un consenso en Europa sobre que las reglas fiscales se pensaron en los años 90 teniendo en la cabeza un mundo económico que no es el de hoy y que, por tanto, hay que actualizarlas”, explica Jorge Tamames. La insatisfacción con esas normas es “general”, apunta Javier Ferri, investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Así que abrir la reforma va a ser fácil, añade. Entrar en los detalles, no tanto. Hasta el punto de que la negociación necesaria para ponerlas al día puede convertirse en un auténtico campo de batalla europeo. Sin ir más lejos, modificar el protocolo que establece los umbrales de déficit y deuda requiere la unanimidad del Consejo Europeo. La negociación debería comenzar este año, mientras dure la suspensión de las reglas fiscales, en principio hasta 2023. De momento, la reforma del Pacto de Estabilidad se encuentra en fase de consulta pública, por lo que son numerosas las propuestas que se están presentando para abordar una cuestión tan capital.

Ya antes de la pandemia había sido objeto de debate el cambio de las normas fiscales, que fueron reformadas en 2005, 2011 y 2013, y en 2016 adquirieron unas cláusulas de flexibilidad. Pero ahora atraviesan un momento crucial, apunta el investigador de Elcano. Si se recuperan en 2023 tal y como están, y vuelve la austeridad, peligrará la recuperación económica y, si dejan de aplicarse, “se socavará la autoridad de las instituciones europeas”.

En España, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el mismo Real Instituto Elcano han elaborado propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Todas ellas presentan elementos comunes. “Hay una constatación tácita de que a los umbrales del 3% de déficit público y 60% de deuda pública no se va a volver en ningún momento cercano”, concede Jorge Tamames. Cuestión distinta son cuáles deben ser los nuevos valores. Un documento elaborado por los economistas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) planteaba el pasado octubre elevar al 100% el umbral de deuda. “No hay cifras mágicas”, objeta el investigador de Elcano, “ni el 60% ni el 100% garantizan la sostenibilidad”.

Javier Ferri cree que la discusión sobre esos parámetros es importante, pero más aún lo es el “cambio de paradigma”. Y que lo deseable sería pasar “de reglas más cuantitativas a reglas más cualitativas”. “Se trata de que los agentes económicos sepan que los gobiernos se toman en serio los procesos de consolidación a medio y largo plazo”, sostiene, de forma que esos planes “hagan creíbles los objetivos [de déficit y deuda]”.

Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cree que los tan denostados umbrales de déficit y deuda darán paso a objetivos de empleo, inflación, crecimiento económico, desigualdad o convergencia de niveles de renta. “Los que antes eran indicadores auxiliares serán ahora los indicadores clave”, resume.

Tanto el Banco de España como la AIReF como el Real Instituto Elcano coinciden en sus críticas a las reglas fiscales europeas: demasiado complejas, poco transparentes e incluso poco creíbles: los países corrigen sus déficits pero no las causas estructurales que los originan, mientras que la regla de la deuda nunca se ha utilizado, “quizás con razón”, precisa el documento del Real Instituto Elcano, elaborado por Enrique Feás, Carlos Martínez Mongay, Miguel Otero-Iglesias, Federico Steinberg y Jorge Tamames. Según los cálculos del Banco de España, la zona euro necesitaría mantener un superávit fiscal del 1,1% del PIB durante 20 años para reducir la ratio de deuda al 60% fijado en el Pacto de Estabilidad.

También repiten las soluciones. La principal es un instrumento fiscal central y permanente, que consolide e institucionalice el NextGeneration creado para combatir la crisis del covid. Su fin debería ser financiar inversiones públicas, “que es lo primero que se recorta cuando hay una crisis”, destaca Jorge Tamames. En concreto, las destinadas a la transición ecológica y digital. Además, añade la AIReF, serviría para estabilizar la economía de la UE “en el caso de un shock, especialmente cuando la política monetaria está restringida”, como es el caso actual, con los tipos de interés en negativo y la capacidad de maniobra del BCE al límite. Como se financiará con eurobonos, dice la Autoridad Independiente Fiscal, ese nuevo instrumento reforzará la disciplina fiscal si el acceso a la deuda europea se condiciona al cumplimiento de los planes fiscales nacionales. La AIReF habla también de un seguro de desempleo común y de “acuerdos ad hoc y temporales, financiados con deuda común” como ya se ha hecho con el SURE o con las líneas de liquidez del MEDE.

Las tres instituciones defienden igualmente la aplicación de una regla de gasto “sencilla y transparente”, la que limita el crecimiento del gasto público –excluidos la inversión o las prestaciones de desempleo, por ejemplo– a un cierto umbral calculado a partir del crecimiento potencial o de medio plazo de la economía. La regla dispondría de una cláusula de salvaguarda para países muy endeudados y su cumplimiento sería vigilado por las instituciones europeas y nacionales.

Apoyados en los antecedentes, Jorge Tamames confía más en la eficacia de la zanahoria que en la del palo a la hora de hacer cumplir las reglas fiscales a los gobiernos. “Las sanciones pecuniarias han demostrado ser ineficaces en el pasado y deben abandonarse como mecanismo de aplicación”, aconseja la AIReF. En su lugar, prefiere dar apoyo financiero a los países en situación precaria, pero condicionado a la puesta en marcha de reformas consensuadas, dice el investigador de Elcano.

El fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo en la vigilancia de las políticas fiscal y tributaria, diseñar senderos específicos de reducción de deuda para cada país y conceder mayor protagonismo a las autoridades fiscales independientes de cada Estado miembro son también parte de los esquemas dibujados por el Banco de España, la AIReF y Elcano para hacer más flexibles y eficaces las reglas fiscales de la UE. El Banco de España, además, subraya la necesidad de que vayan acompañadas de reformas estructurales y reclama que se complete la unión bancaria y se avance en la de mercado de capitales.

Pero, ¿caminan en la misma dirección el resto de los países europeos? Alemania ya no parece estar en la disposición de blandir el látigo de la austeridad como hizo en la anterior crisis. Aunque la política económica del socialdemócrata Olaf Scholz no debería desviarse demasiado de la ortodoxia merkeliana, los nuevos vientos –“la austeridad expansiva está absolutamente desacreditada”, recalca Jorge Tamames– que soplan desde Europa invitan a la convergencia, asegura Javier Ferri. “Las propuestas [de las instituciones españolas]”, sostiene, “son fáciles de comprar también por los centroeuropeos, en principio; el debate político ya es otra cosa”.

Jorge Tamames también recela de la negociación “política”. A algunos países como Francia y Alemania, avisa, les gustaría dar “un perfil bajo” al debate en Bruselas sobre la reforma de las reglas fiscales. Emmanuel Macron afronta unas elecciones presidenciales en abril y Scholz prefiere evitar las críticas de la derecha, aunque se ha mostrado a favor de cambiar el Pacto de Estabilidad. Así que el investigador de Elcano teme que el club de los frugales –además de Alemania, lo conforman Austria, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia— opte por alargar otro año la suspensión de las normas fiscales antes que “sentarse a negociar una reforma ambiciosa”. Tampoco Países Bajos parece liderar con tanto brío como antes la cruzada frugal contra los derrochadores del sur.

Por el contrario, Javier Santacruz cree que una discusión de semejante calado va a convertirse en un debate que durará “años”. Se abrirá ahora, dice, pero de momento seguirán aplicándose las reglas fiscales, pero con flexibilidad, “no lo que se hizo en 2010”. A su juicio, 2022 será “un año perdido” para la política europea, “de transición, en el que no se va a poder reformar nada”. Para empezar porque “no se va a hacer nada hasta abril, hasta la segunda vuelta de las elecciones francesas”. Y luego, dependiendo del resultado –“la diferencia puede ser muy grande si continúa Macron o no”, apunta– habrá que “recomponer el eje franco-alemán”. Tampoco está claro qué va a suceder en Italia si finalmente Mario Draghi opta por presentarse a las elecciones presidenciales. Su pronóstico, por tanto, es que se mantendrá el objetivo de déficit en el 3% al menos hasta 2025. “Habrá un cambio total del modelo, no sólo de los parámetros”, recalca, “pero llevará tiempo negociarlo”.

Barbara Baarsma es la consejera delegada de Rabo Carbon Bank y Roel Beetsma es el vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Amsterdam. Ambos han elaborado una propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad por encargo del Gobierno holandés. Su análisis pone el foco en la “vulnerabilidad” que para la Unión Europea suponen los elevados niveles de deuda y priorizan su reducción, fundamental para conseguir márgenes presupuestarios, un colchón que permita el crecimiento y apoye la convergencia entre los Estados miembros, pero también las necesarias inversiones en la transición ecológica.

Por eso no dejan de recordar que los países que salieron más endeudados de la crisis financiera son aquellos con los mayores aumentos de deuda tras el covid: 20 puntos porcentuales de media frente a 11-13 puntos de los países con deudas media y baja. No los citan, pero se trata de España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia.

Y aquí sí que se abre una primera brecha con las propuestas españolas. De hecho, Jorge Tamames recomienda “no obsesionarse con la deuda”. “En la medida en que haya crecimiento económico y el déficit estructural se estabilice en índices bajos, la deuda en relación con el PIB decrece de forma natural”, explica. Javier Ferri admite que los “austeros se pasaron un punto” en su día. “Pero, entre el derroche y comportarse de forma frugal, me quedo con esto último”, matiza. España, lamenta, habría podido gastar más para hacer frente a la pandemia, si sus cuentas hubieran estado más saneadas. “Que a partir de ahora vaya a haber un punto menos de exigencia y de austeridad, no quiere decir que las reglas [fiscales] ya no valen y que el gasto público es libre”, zanja.

No obstante, los economistas holandeses coinciden con los españoles en buena parte de sus propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Quieren una regla de gasto más sencilla y “observable”, a diferencia de la actual, aseguran, que se basa en la brecha de PIB y es difícil de medir. También plantean sustituir –las instituciones españolas prefieren eliminarla– la regla que exige a los países más endeudados reducir en una veinteava parte cada año la diferencia de su deuda pública con el umbral del 60%. Baarsma y Beetsma plantean no tocar esta última cifra porque, a su juicio, proporciona “un ancla visible y resultaría políticamente difícil de cambiar”. Sí que consideran la regla del 1/20 “poco realista”.

Además, están de acuerdo con los españoles en reclamar más protagonismo para las autoridades fiscales independientes en la supervisión del cumplimiento de las reglas. Y en sustituir las sanciones por incentivos positivos, en forma de acceso a líneas de crédito o subvenciones, para compensar a los países que respeten las normas fiscales. Pero, he aquí la segunda brecha, ni de lejos piensan en un instrumento fiscal permanente financiado con eurobonos. Los holandeses ya fueron los más agresivos en su rechazo a mutualizar la deuda cuando en Bruselas se discutía el diseño de los fondos de recuperación contra el covid.

Para Javier Ferri, el “cambio de paradigma” debería pivotar sobre tres ejes: una reducción “a un ritmo más acompasado a la economía”, tanto de la deuda en relación con el PIB como de la exigencia de tener superávits estructurales en las fases de expansión; poner el foco en la composición del gasto público, para que contribuya al crecimiento, y que aquel sea compatible con los objetivos de la transición digital y ecológica.

Los temores de Javier Santacruz se centran en la negociación del procedimiento de déficit excesivo, el que se aplica a los países que superan el 3% y que puede terminar siendo “una batalla de todos contra todos”, así como en la del régimen sancionador a los incumplidores. “Veinte años de euro han dejado muchos muertos en el armario”, advierte, que pueden salir en un momento tan complejo como el que se avecina. El miedo de Jorge Tamames, en cambio, es que la reforma se quede corta: “La UE siempre ha sido tímida y conservadora”.

La ampliación del periodo de cómputo para calcular la cuantía de las pensiones públicas ha terminado negro sobre blanco en el acuerdo por el que se regirá la puesta en marcha del plan de recuperación español y el desembolso de los fondos europeos para sufragarlo, publicado la semana pasada. Pero ya figuraba, mencionado de forma difusa, en los documentos que el Gobierno había enviado a Bruselas en enero y en abril de este año. También forma parte del Componente 30 del mencionado plan de reformas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, desmintió entonces que se fuera a aumentar de 25 a 35 años el periodo utilizado para calcular la cuantía de la pensión de jubilación, pese a que el propio ministerio hacía ya sus números sobre el recorte en la prestación inicial que supondría aplicar la medida: un 6,3%.

En el acuerdo operacional recién publicado se repite la redacción de mayo, cuando se promete llevar a cabo una “adaptación del periodo de cómputo a las nuevas carreras [profesionales]”. Pero esta vez añade expresamente que ese “ajuste” se hará “extendiendo el periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación”. Lo que no precisa es en cuántos años. Pero sí una fecha de entrada en vigor: el cuarto trimestre de 2022. Para entonces también se habrá cumplido la reforma de pensiones de 2011, que establecía el aumento gradual de 15 a 25 años del periodo de cómputo. En 2021 está aún en 24 años.

Bruselas lleva tiempo pidiendo reformas de los sistemas públicos de pensiones no sólo de España, sino en general de toda la UE. Todos afrontan los mismos desafíos, asegura la Comisión Europea: “Seguir siendo sostenibles desde el punto de vista financiero y ser capaces de proporcionar a los europeos unos ingresos adecuados durante la jubilación”. El envejecimiento demográfico, el aumento de la esperanza de vida, la brecha entre hombres y mujeres, las bajas tasas de empleo a partir de los 55 años y el aumento del gasto público en pensiones previsto por la jubilación de los baby boomers son tendencias que afectan a toda Europa, explica la Comisión en sus análisis del llamado Semestre Europeo, que coordina las políticas económicas de los Estados miembros.

Reformas para garantizar la sostenibilidad

Así, las recomendaciones de Bruselas instan a reformar sus sistemas de pensiones no sólo a España, sino también a Italia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, República Checa, Polonia, Rumanía y Malta. Todas en la misma dirección: garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas prestaciones.

En el caso concreto de España, Bruselas centra sus recomendaciones al Gobierno una y otra vez en ese objetivo. Así, ha criticado que se volvieran a actualizar las prestaciones de acuerdo con la inflación y que se aplazara la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. O censuró las subidas del 3% de las mínimas en 2018 y de las pensiones de viudedad en 208 y 2019. En otras palabras, la Comisión siempre ha defendido la eficacia de las reformas acometidas en 2011 y 2013 reformas acometidas en 2011 y 2013. Y, para contrarrestar la ausencia del Índice de Revaloración de las Pensiones (IRP) de la reforma de 2013, que las aumentaba sólo un 0,25%, si la Seguridad Social cerraba con déficit el ejercicio, y del factor de sostenibilidad, que infligía un recorte a la pensión inicial en función de la esperanza de vida de cada generación, Bruselas pedía “medidas compensatorias” de forma que se asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Sin precisar más.

También reclamaba iniciativas para “adecuar los ingresos de los futuros jubilados”, así como “la duración y la integridad de sus carreras laborales, en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial”. Es lo más cerca que ha estado la Comisión de aludir a los años de cotización de los futuros pensionistas.

Pero no existe una mención específica al periodo para calcular la cuantía de la pensión. Pese a que España es uno de los pocos países de la UE en los que no se utiliza toda la vida laboral del trabajador para determinar cuánto dinero recibirá tras jubilarse. Sólo en Francia se seleccionan los 25 mejores años de cotización para hacer la cuenta y en Malta los 10 mejores años de los últimos 41. En Portugal, los últimos 40 años. Eslovenia escoge los 24 mejores años consecutivos.

Pero Alemania, Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Noruega toman las cotizaciones de la vida laboral completa del trabajador para calcular la cuantía de la pensión. Dinamarca y Países cuentan los años de residencia en el país. En Irlanda y Reino Unido, donde una parte importante de la cuantía final es un tanto alzado, los años de cotización son irrelevantes en el cómputo. Finalmente, en Suecia, el cálculo se hace sobre la base de un tanto por ciento del salario cobrado y sobre el que se ha cotizado cada uno de los años. Son datos que recoge el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea.

Escrivá lo defendía cuando presidía la AIReF

En España, el ministro Escrivá también ha sugerido que el plan es elegir los mejores años de cotización, además de rellenar las lagunas de cotización de los trabajadores. La “integridad de las carreras laborales” de la que habla Bruselas. De hecho, en enero de 2019, cuando aún era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), calculaba en un informe que aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo en 2027 se traduciría en un ahorro de 0,5 puntos de PIB en 2050 en el gasto público en pensiones “sin apenas afectar a la suficiencia” de estas prestaciones.  Unos 6.200 millones de euros. Y aumentaría la contributividad –tanto cotizas, tanto cobras– del sistema.

También sostenía entonces la AIReF que combinar esa ampliación del periodo de cómputo con un acercamiento de la edad de jubilación efectiva a la legal podía contener el gasto en pensiones entre 0,8 y 1,6 puntos de PIB en 2048. Precisamente retrasar la edad efectiva de retiro, penalizando la jubilación anticipada, es una de las medidas que el ministro Escrivá ha incluido en el proyecto de ley que se tramita en estos momentos en el Congreso.

La otra propuesta defendida por la AIReF, aumentar la carrera de cotización para calcular la cuantía de la pensión, “no está planteada en la mesa de negociación”, aseguró este mismo martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No voy a entrar en ningún futurible”, zanjó. Los sindicatos ya han expresado su rechazo. También Unidas PodemosLos sindicatos ya han expresado su rechazo, que ha advertido de que ni es una petición de Bruselas ni está en el Pacto de Toledo ni en el acuerdo de gobierno de la coalición. “Lleva a recortes”, criticó la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra.

José Luis Escrivá ha aclarado que su objetivo es estudiar “fórmulas” para introducir “mayor equidad en el sistema de cómputo ante las nuevas realidades del mercado laboral, donde las carreras profesionales ya no son tan lineales, y que es además lo que ha pedido el Pacto de Toledo en sus recomendaciones”. Entre esas fórmulas, que se analizarán el próximo año, citó la extensión del periodo de cálculo “a más años” y “descartar los peores años cotizados y escoger sólo los mejores”. Pero niega que se persiga recortar las pensiones. 

La Comunidad de Madrid registró en 2020 una caída de su producto interior bruto (PIB) del 10,3 %, por debajo de la media nacional, que fue del 11%. En el último trimestre del año creció un 4,4% respecto al anterior. Aun así, el PIB madrileño continúa un 4,6% por debajo del que tenía al acabar 2019, según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. El batacazo del covid-19 y el confinamiento total se tradujeron en un desplome del 26,4% en el segundo trimestre de 2020 en tasa interanual, que no obstante ha ido recuperándose con un salto del 25,5% en el tercer trimestre –aun así, un 8,1% por debajo del de 2019– y el mencionado 4,4% con que ha cerrado 2020.

Por sectores, la agricultura perdió un 3% en 2020 respecto al año anterior, un 6,5% la industria, un 14% la construcción y un 10,2% los servicios. Y de ellos, los servicios de distribución y hostelería sufrieron el mayor golpe, una caída del 22,2%.

Las caídas del PIB son consecuencia de un descenso del consumo de los hogares que alcanzó el 15,4% el año pasado, y de un recorte en la inversión en vivienda que fue incluso superior, de un 18,2%.

CASI DÉFICIT CERO

En enero de este año, el déficit público de Madrid alcanzaba los 117 millones de euros, un 0,05% de su PIB, lo que le sirvió al consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty para presumir de unas “cuentas saneadas” que permiten a la Comunidad “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. La media de déficit de las comunidades autónomas el año pasado fue del 0,2%. Pero nueve de las 17 terminaron incluso con superávit, el triple que en 2019, antes de la pandemia. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, Andalucía (0,14% del PIB), Aragón (0,17%), Asturias (1%), Baleares (0,23%), Canarias (0,55%), Cantabria (0,51%), Castilla-La Mancha (0,41%), Castilla y León (0,04%) y La Rioja (1,07%) terminaron el año de la pandemia con menos gastos que ingresos.

Para 2021, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que Madrid tenga un déficit del 0,3%, pese a que carece de información sobre los Presupuestos regionales: Madrid no ha aprobado el proyecto de cuentas ni sus líneas fundamentales para 2021. Para el conjunto de las comunidades autónomas, la AIReF prevé un déficit superior, un 0,8% del PIB.

LA SEGUNDA MENOR DEUDA PÚBLICA

La deuda de la Comunidad de Madrid se sitúa en 34.604 millones, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Así, la deuda de la región se sitúa como la segunda más baja, tras Canarias –15,09%–. La media de las comunidades es muy superior, el 27,1% del PIB. La AIReF prevé que este ejercicio la deuda baje al 15,1% del PIB, un descenso de ocho décimas pero que aún la dejaría 1,1 puntos por encima de la que registró en 2019, un 13,94%. El motivo del aumento, dice la autoridad independiente, es el “deterioro fiscal de las cuentas en 2019, 2020 y 2021”.

El IPC en Madrid subió este último mes de marzo un 1%, sólo tres décimas por debajo del índice nacional. Todo un rebote tras dos años de decaimiento de la inflación. La Comunidad había terminado 2020 con una inflación negativa de -0,4%, por debajo del promedio nacional, que fue sólo de una décima positiva. El repunte del IPC este último mes ha sido causado por el encarecimiento de los combustibles y la electricidad, aunque también empujó el 4,3% en que subieron los precios del vestido y el calzado.

MÚSCULO MERCANTIL

El efecto capitalidad se muestra fácilmente observando el número de empresas con domicilio social en Madrid. Según el INE, en la Comunidad madrileña se crearon en 2020 un total de 17.964 sociedades mercantiles, el 22,7% de las nacionales. Le sigue Cataluña, con 15.020. Como resultado de la pandemia, la creación de empresas ha sufrido un considerable retroceso. El año pasado se constituyeron 3.820 menos que en 2019, un 17,5% de recorte. Prácticamente el mismo porcentaje de reducción que en Cataluña, un 17,2%. En cambio, en Madrid se disolvieron en 2020 un total de 6.715 empresas, el 33,1% de las que dejaron de existir en España. En 2019, la disolución de sociedades fue mayor en todo el país, afectó a 23.310 empresas, pero las 7.004 que se destruyeron en Madrid representaron el 30% del volumen nacional, tres puntos menos que un año después.

AYUDAS A EMPRESAS

La Comunidad de Madrid acaba de anunciar, en plena campaña electoral, su primera gran convocatoria de ayudas directas a empresas para paliar los efectos de la pandemia. Serán 220 millones de euros, que deberían ayudar a unas 75.000 empresas, sobre todo pymes y empresas familiares, cuya facturación se haya recortado más de un 30%. La cuantía será de entre 3.000 y 200.000 euros. El Gobierno autonómico cita como posibles receptores a peluquerías, academias, talleres, ferreterías, tiendas de muebles, librerías y tiendas de souvenirs.

Hasta el momento, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se había limitado a dedicar 30 millones de euros para pymes como parte del llamado Plan Madrid ReFuerza y otros 42 millones para autónomos como parte del Programa Impulsa. El grueso de las ayudas ha tomado la forma de avales a las empresas para que éstas pidieran préstamos. Así, a través de la sociedad de garantía recíproca Avalmadrid, ha puesto en marcha tres líneas de avales, una de 44 millones para la hostelería, otra de cuatro millones para restaurantes y tablaos flamencos, y una tercera de 40 millones más para el sector audiovisual y de las artes escénicas.

Según los datos publicados por la propia Avalmadrid, en 2020 formalizó 2.228 nuevos avales, un 61% más que en 2019, por un importe de 112,6 millones de euros. Con motivo de la pandemia, la sociedad de garantías puso en marcha el denominado Plan Confianza, que supuso el 57% de las operaciones realizadas el año pasado.

El pasado mes de diciembre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre los presupuestos de las comunidades autónomas para este año calculaba que los ingresos de los entes territoriales crecerían un 5% y los gastos, sólo un 4%. Los recursos autonómicos aumentarían pese a que los gobiernos de Andalucía, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja habían previsto rebajas fiscales que se traducían en una pérdida de recaudación de 260 millones de euros. Pero eso fue antes de la pandemia, el confinamiento y la parálisis económica. Hoy esos números se han quedado viejos: el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria y estimular la reactivación de la economía va a reventar las costuras de los presupuestos autonómicos tanto como las del estatal.

El caso es que ya antes de la pandemia la AIReF alertaba de que tres comunidades autónomas, Aragón, Andalucía y Madrid, iban a tener problemas para cumplir con el objetivo de déficit –la primera– y con la regla de gasto –las dos últimas–. El motivo era el mismo para las tres: las rebajas fiscales.

Las comunidades autónomas del régimen común –todas menos País Vasco y Navarra, que poseen sus propias haciendas– tienen cedida la recaudación y ciertas competencias normativas del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como las tasas sobre el juego. Suman unos ingresos que superaron los 34.116 millones de euros en 2017. También recaudaron 33.682 millones por el IVA. Además, el tramo autonómico el IRPF constituye su principal fuente de financiación, 40.152,6 millones de euros ese año. En total, contaron con unos recursos tributarios de 118.803,6 millones de euros, de acuerdo con las cifras publicadas en el Panorama de la Fiscalidad Autónoma y Foral que elabora cada año el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas.

Pero no todas las comunidades autónomas cobran igual sus impuestos a los contribuyentes. La controversia persigue a las bonificaciones al 100% de los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones que permite la Comunidad de Madrid. Por el contrario, Cataluña grava los patrimonios superiores a 167.000 euros con un 0,2% y va subiendo hasta el 2,75% para los que alcanzan los 10,7 millones. Es lo que el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, llama “competencia fiscal desordenada”. Pero legal, apunta el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense Leopoldo Gandarias. “Es difícilmente comprensible cómo algunas comunidades se pueden permitir el lujo de no recaudar el impuesto sobre el patrimonio o el de sucesiones, mientras que otras tengan que subir los tipos”, protesta Albert Sagués, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Luis del Amo, secretario técnico del REAF, lo compara con el caso de Irlanda dentro de la Unión Europea, que mantiene un tipo del impuesto de sociedades 10 puntos inferior a la media del resto de sus socios.

 “Fallo del sistema impositivo”

“Estaría bien igualar impuestos”, invita Sagués, “pero también me gustaría que se racionalizara el gasto y se administrara mejor”. El problema estriba en que la armonización fiscal puede conculcar la autonomía financiera que la Constitución reconoce a las comunidades en su artículo 156, explica Gandarias. Por eso defiende que se establezcan “horquillas de armonización”: que las diferencias entre los tipos de unas comunidades autonómas y otras no puedan superar, por ejemplo, el 10%, detalla Albert Sagués. Es la recomendación que ya hicieron en 2017 los autores del informe para la revisión del sistema de financiación autonómica encargado por la Conferencia de Presidentes. Y la misma propuesta que hace Luis del Amo. “Más autonomía sí, pero con orden”, resume.

A su juicio, las diferencias de tributación entre territorios constituyen un “fallo del sistema impositivo”, que debe repararse con esas horquillas “razonables”. “Independientemente de que te guste el impuesto o no”, remata. Valentí Pich critica ese “desorden” fiscal por el daño que inflige a la unidad de mercado. La competencia entre comunidades autónomas debería ser sólo por tipos impositivos, asegura, no por deducciones o por la creación de nuevos impuestos. Esa disparidad aumenta los costes de gestión que, a su vez, dañan la actividad económica.

Sin embargo, defiende las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid. “[A Madrid] le va bien con ellas, se ha convertido en un polo de atracción”, destaca Pich, que atribuye a un “debate ideológico, no recaudatorio” las propuestas para subir impuestos. “Antes de la pandemia, había que replantear la financiación autonómica y tocar los impuestos para evitar tensiones innecesarias”, explica el presidente del Consejo General de Economistas, “pero ahora hay una emergencia nacional y lo inmediato, la prioridad absoluta, es cómo vamos a mantener y cómo vamos a sacar de esa situación a los cinco millones de personas que están cobrando de los ERTE y la prestación extraordinaria de los autónomos, no hay tiempo para discusiones ideológicas”.

Por el contrario, Albert Sagués cree que hay margen en los impuestos autonómicos para sufragar el aumento de gasto forzado por el coronavirus. “Por descontado, hay que repensar el sistema y subir los impuestos, pero no para que los paguen los de siempre: asalariados y pymes”, advierte. Subir el impuesto sobre el patrimonio a las rentas más altas y elevar el tipo del tramo autonómico del IRPF permitiría, según dice, sufragar el previsible crecimiento del gasto en sanidad y educación, por ejemplo, que será necesario ahora. Además de hacer pagar el impuesto de sociedades en España a las multinacionales que ahora no tributan.

Leopoldo Gandarias coincide en que aumentar el IRPF a las escalas más altas de riqueza sería “más vendible, y más efectivo,” que subir patrimonio y sucesiones. “Quizás es el momento de elevar la horquilla a las rentas más elevadas”, concede, “pero sin ir al agotamiento de las fuentes, con tipos practicables”.

68 millones de recaudación para este año en Madrid

Para Luis del Amo, hay que conjugar los principios contrapuestos de la equidad –que todos los ciudadanos contribuyan en igualdad de condiciones– y la corresponsabilidad fiscal –que cada comunidad apechugue con las consecuencias de sus políticas tributarias y no pida dinero al sistema cuando no recauda suficiente o no gestiona de forma eficaz–. Así, es partidario de admitir “ciertas peculiaridades” fiscales. “Para el aprovechamiento del agua en Murcia o deducciones para llenar la España vaciada”, sugiere. Otra cosa es “cargarse un impuesto por la vía indirecta de la competencia a la baja o de hacer discriminaciones absurdas”, opone.

Por el impuesto sobre el patrimonioimpuesto sobre el patrimonio, las comunidades autónomas recaudaron 1.267,5 millones de euros en 2017. La última vez que Madrid ingresó por este concepto, en 2008, sumó 642 millones de euros, bastante más de los 493,8 millones que consiguió Cataluña en 2017. Es decir, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prescinde de unos 700 millones de euros anuales liberando de tributar a los grandes patrimonios.

El impuesto de sucesiones y donaciones impuesto de sucesiones y donacionessupuso en 2017 unos ingresos de 2.572,6 millones, de los que 411 millones correspondieron a Madrid y 433,4 a Cataluña. Una década antes, la recaudación total era 300 millones superior. Por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los ingresos son más cuantiosos: 8.447,8 millones. En 2007, en pleno apogeo económico, la recaudación alcanzó los 17.086,4 millones, más del doble. En este caso, Cataluña es la que más ingresa, 1.933,4 millones de euros, seguida de Andalucía, con 1.448 millones, y Madrid, con 1.371,7 millones.

Respecto al IRPF, Madrid tiene también el tipo más bajo en el tramo autonómico, tanto en el mínimo, un 18,5%, al igual que Canarias,y La Rioja, como en el máximo, un 43,5%. Por el contrario, son más elevados los de Cataluña, un 21,5% el mínimo y un 48% el máximo, pero sobrepasada en este caso por Canarias, con el 48,50% y La Rioja, con el 49,5%.

En su informe prepandemia, la AIReF recomendaba a la Comunidad de Madrid que aplazara sus medidas de aumento del gasto o compensara la pérdida de ingresos por una bajada de impuestos que cifraba en 68 millones de euros: un recorte de medio punto del tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF, además de bonificaciones en el impuesto de sucesiones y en el de transmisiones patrimoniales. Eso sí, la Comunidad contaba con un alza del 8% de los recursos proporcionados por el sistema de financiación autonómica. Entonces, el riesgo que corría Madrid de incumplir la regla de gasto era “alto”, según la AIReF. La pregunta es dónde se sitúa ahora la amenaza si el gasto, como parece previsible, se dispara.

Un mínimo estatal para patrimonio y sucesiones

La discusión sobre los ingresos de las comunidades autónomas viene de lejos y es un asunto “delicado” y difícil, coinciden los expertos consultados. Los autores del informe encargado por la Conferencia de Presidentes recomendaron en 2017 que se eliminara la capacidad normativa de las comunidades sobre los mínimos del tramo autonómico del IRPF y se racionalizasen las “múltiples deducciones” que ofrecen los territorios. Pero no se pusieron de acuerdo sobre el impuesto de patrimonio. Sí que pidieron que el Estado estableciera una base imponible homogénea y un mínimo exento igual en todo el territorio nacional en este impuesto, pero no fueron capaces de pactar si sería deseable un mínimo de tributación.

Por el contrario, defendieron de forma unánime la necesidad de unos niveles mínimos de tributación en el impuesto de sucesiones, que impidieran que “una posible espiral de competencia a la baja” terminara con su práctica desaparición. “Aunque la renta per cápita española casi se ha triplicado desde 1987 [la última regulación del impuesto], no se han modificado ni las bases imponibles ni la tarifa previstas en la norma original”, lamentaban antes de reclamar su actualización. Finalmente, defendían la vigencia del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, dada su gran aportación recaudatoria.

Ninguno de los expertos consultados quiere llamar “dumping fiscal” o “competencia desleal”dumping alas rebajas de impuestos de algunas comunidades autónomas. Pero sí constatan sus efectos. “Claro que se producen desplazamientos de contribuyentes de los territorios con más impuestos a otros con menos”, admite Leopoldo Gandarias, que tacha de “barbaridad” que se graven algunas herencias con hasta un tercio de su importe en el impuesto de sucesiones de algunas comunidades autónomas. Del Amo matiza que las empresas no se mudan a Madrid, pero sí puede ocurrir con los mayores patrimonios.

En cambio, Juan Laborda, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, rechaza que la bajada de impuestos como señuelo puesto en práctica por la Comunidad de Madrid sea “siquiera eficiente”. “No ha atraído talento o empresas de última generación”, concluye. Aunque recuerda también que la competencia fiscal entre territorios es la pauta habitual en estados federales como EEUU. En su opinión, lo necesario es cambiar la política fiscal de un sistema que tacha de “perverso”, para que se redirija hacia “los rentistas, las grandes empresas que practican la elusión fiscal”, además de rebajar la presión tributaria a las pymes y los asalariados.

En cualquier caso, ni Laborda ni Gandarias creen que haya que poner el foco de atención ahora en las subidas de impuestos. Para el primero, debería desecharse la austeridad –“una arquitectura innecesaria”–; para el segundo, en lugar de elevarlos sería más útil “diferirlos”. “Dar una patada hacia adelante para proporcionar oxígeno a la economía”, describe Leopoldo Gandarias, ayudándose de la financiación barata que permite ahora el BCE, las ayudas de la UE y sin olvidar el rigor presupuestario: “La crisis actual requiere un bisturí más que un brochazo”.

José Luis Escrivá Belmonte fue nombrado presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en febrero de 2014 por el Gobierno del PP. Su mandato es de seis años improrrogables, por lo que el próximo mes iba a ser el último al frente de este organismo de control fiscal creado por mandato de la Unión Europea tras el rescate financiero. El nombramiento de Escrivá Belmonte como titular del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, una vez desgajado de Trabajo –como adelantó infoLibre– acelera sólo un poco, por tanto, su salida de la AIReF.

Entre las responsabilidades del organismo –elaborar informes no vinculantes sobre las previsiones macroeconómicas del Gobierno y los Presupuestos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos–, se encuentran también el análisis y diagnóstico de la sostenibilidad de la Seguridad Social. No sólo evalúa su presupuesto, sino también los cálculos para revalorizar las pensiones públicas. De este modo, la AIReF ha redactado en sus seis años de existencia numerosas opiniones, informes y documentos de trabajo sobre los problemas financieros de la Seguridad Social y sobre las múltiples y siempre polémicas medidas necesarias para garantizar unas pensiones que deben ser tan suficientes como sostenibles. Además, el propio José Luis Escrivá ha comparecido en un buen número de foros y ante las comisiones del Pacto de Toledo y de Empleo en el Congreso de los Diputados, para explicar su visión sobre los aspectos básicos de la que a partir de ahora será su responsabilidad en el ministerio.

Según los últimos cálculos de la AIReF, la Seguridad Social tiene un déficit estructural –eliminado el ciclo económico– de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, entre 15.600 y 18.000 millones de euros. Ese agujero, no obstante, es “manejable”, a tenor de lo que explicó José Luis Escrivá el pasado mes de octubre en unas jornadas organizadas por la agencia de noticias Servimedia. Para cerrarlo a corto plazo –una medida no sólo “deseable” sino también “factible”– la AIReF y su presidente recomendaban que el Estado asumiera los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, las reducciones de cotizaciones sociales –que se usan para incentivar los contratos indefinidos, por ejemplo–, las prestaciones por maternidad y paternidad, y las subvenciones de los regímenes especiales. También debería aumentar la cotización por contingencias comunes en unos 3,5 puntos –desde los 28,3 puntos actuales– y rebajar en la misma proporción la cuota para las prestaciones de desempleo –ahora cerca de los ocho puntos–, otra forma de “traspasar” el déficit a la “parte de la administración [el Estado] que dispone de herramientas para solucionarlo”. Así, el desfase se vería como “un problema del conjunto de las administraciones públicas y no como algo inherente a la Seguridad Social”.

Pero como el problema a largo plazo del sistema es el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones asociado, la AIReF ha propuesto una batería de medidas encaminadas a contener el gasto sin poner en peligro, asegura, la suficiencia de las prestaciones. Según sus previsiones, en 2048 el gasto en pensiones representará el 13,5% del PIB, unos tres puntos más que en la actualidad. Para “manejar” ese aumento, José Luis Escrivá aboga por “profundizar” en la reforma de las pensiones de 2011, que elevó la edad de jubilación –de forma gradual hasta los 67 años, en 2027–, el periodo para calcular la cuantía de la pensión –pasará de 15 a 25 años en 2022– y el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión –de 35 a 37 años en 2027–.

Adiós al IRP, ¿y el factor de sostenibilidad?

El presidente de la AIReF planteaba acercar lo máximo posible la edad efectiva de jubilación, actualmente en 62,4 años, a la legal –67 años en 2027– y elevar el periodo de cálculo de la pensión por encima de los 25 años establecidos en la reforma de 2011, incluso hasta computar toda la carrera laboral, como ocurre en Alemania, Italia o Suecia. En la opinión que el organismo hizo pública en enero de 2019 utilizaba un periodo de cálculo de 35 años para 2027 que le servía para atribuir a esa medida una contención del gasto en pensiones de medio punto del PIB en el horizonte de 2048.

Todas estas iniciativas, recalca la AIReF, deberían aprobarse siempre “con el máximo consenso político y social” y aplicarse “de forma gradual” para “suavizar” su impacto.

Precisamente por su coste político, Escrivá y la Autoridad Fiscal descartan el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado por la reforma de las pensiones de 2013reforma de las pensiones de 2013. “Un instrumento diseñado con la mejor de las intenciones”, pero “impracticable” y “con poco recorrido”, aseguró en las jornadas de Servimedia. Aplicando el IRP, los gobiernos del PP subieron las pensiones entre 2014 y 2017 sólo un 0,25% cada año. Así debería ocurrir, en cumplimiento de la ley, siempre que la Seguridad Social tuviera déficit, como ocurre desde 2012. De hecho, la AIReF preveía en 2017 que tendría que seguir aplicándose esa cuasicongelación por lo menos hasta 2022 por los problemas financieros del sistema.

Sin embargo, “los incentivos para deshacer la reforma [de 2013] han resultado demasiado fuertes”, apuntaba el organismo en su opinión del pasado enero, en referencia a la presión que las multitudinarias y continuas protestas de los jubilados en toda España ejercieron sobre el Ejecutivo del PP en año electoral y con los Presupuestos pendientes de aprobación. Finalmente, Mariano Rajoy pactó con el PNV su apoyo a las Cuentas del Estado a cambio de, entre otras medidas, subir las pensiones un 1,6% en 2018. Desde entonces, el IRP se encuentra suspendido, aunque no derogado, y las prestaciones han vuelto a revalorizarse de acuerdo con la inflación.

Cabe recordar que el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos incluye la actualización de las pensiones “conforme al IPC mediante ley de forma permanente”, así como un aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas. Es decir, la derogación del IRP.

No obstante, la AIReF también ha defendido en sus informes otras “posibilidades de revalorización complementarias al IPC”, como el crecimiento del PIB, de los ingresos del Estado o de las cotizaciones sociales. Fue ésta una de las cuestiones que más debate suscitó en la Comisión del Pacto de Toledo el año pasado. Unidas Podemos se negaba a “modular” el IPC con ningún otro parámetro, mientras que PP, Ciudadanos y PDeCAT querían incluir en la fórmula el PIB o los salarios.

Contra la japonización, inmigración

Por el contrario, la AIReF ha elaborado todos sus documentos sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social teniendo en cuenta el factor de sostenibilidad, la otra medida estrella creada por la reforma de 2013 y que el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos también promete derogar. Escrivá nunca lo ha puesto en cuestión, a diferencia del IRP. El factor, que recorta la cuantía de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida de cada generación, quedó igualmente en suspenso hasta 2023 por decisión del Gobierno del PP. Según la reforma, debería haberse empezado a aplicar ya a quienes se hubieran jubilado en 2019. De haberse hecho así, su efecto para contener el gasto en pensiones equivaldría a 0,6 puntos del PIB, calcula el organismo.

Eso sí, además recortaría la tasa de cobertura –la relación entre pensión media y salario medio– del 57% actual hasta el 53% en 2048.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema, José Luis Escrivá también ha defendido la puesta en marcha de políticas fiscales favorables a la natalidad y de medidas que apoyen la conciliación laboral. Y ha señalado la necesidad de utilizar la inmigración como recurso para aumentar la poblaciónla inmigración como recurso para aumentar la población. Ambas son herramientas para combatir el envejecimiento y la dispersión. En el Senado explicó que España sigue la trayectoria demográfica de Japón con “un decalaje de 15 años”. No obstante, según las previsiones de la AIReF, puede alcanzar los 50 o 60 millones de habitantes en 2050, “lo que permitiría un crecimiento del PIB del 1,6%”, resaltó. Para ello, calculaba una entrada neta de inmigrantes de 270.000 al año.

Rentas mínimas distintas a la ILP

Otra de las cuestiones en las que José Luis Escrivá tendrá la ocasión de poner en práctica los análisis elaborados en la AIReF son las rentas mínimas. “Una medida de gran calado potencial dados sus efectos redistributivos y fiscales”, destacó ante la Comisión de Empleo del Congreso en noviembre de 2017. El organismo fiscal ha analizado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre rentas mínimas que habían presentado UGT y CCOO en febrero de ese año. Tal y como la diseñaron los sindicatos, la medida tendría un coste de entre 7.200 y 9.800 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de la AIReF. Además, padece “debilidades” desde el punto de vista de la “eficacia, la institucionalidad y la eficiencia”, sostiene en el informe que elaboró a petición del Gobierno del PP y entregó en junio de 2019.

El organismo precisaba entonces que la ILP fallaba a la hora de reducir la pobreza severa, la que padecen quienes sólo poseen el 30% de la mediana de la renta disponible, 355 euros al mes para un individuo o 746 euros para dos adultos con dos niños. La obligación de que el beneficiario se inscriba como demandante de empleo durante los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayuda “identifica pobreza con paro de larga duración” y excluye a potenciales destinatarios, argumenta el documento. También la considera un desincentivo a la reincorporación al mercado laboral. Y critica el “solapamiento” que se produce con otros programas de rentas mínimas nacionales y autonómicosrentas mínimas nacionalesautonómicos, al tiempo que no la ve integrada con las políticas sociales de los ayuntamientos.

La AIReF hizo entonces dos propuestas de renta mínima, con un coste de 5.500 millones de euros. Ambas tendrían como requisito principal para obtenerla la renta del hogar, eliminando el requisito laboral de la ILP. Las ayudas serían además compatibles con el empleo; es decir, actuarían como complemento salarial hasta un determinado umbral que se considere como salario suficiente. Y las comunidades autónomas podrían completarlas tanto en cobertura como en cuantía. Los potenciales destinatarios deberían inscribirse en la Agencia Tributaria “para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude”. Se solicitarían en los ayuntamientos.

La primera equivaldría al 80% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), fijado en 537,84 euros al mes, con un complemento de 1.200 euros al año por hijo. Esta opción beneficiaría a 1,8 millones de personas y reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4%, asegura la AIReF. La tasa de pobreza se recortaría un 2%.

La segunda consiste en una ayuda decreciente desde el 80% al 10% del Iprem y dos tipos de complementos por hijo: uno de 1.680 euros al año para el tramo de los más pobres (menos del 30% de la mediana de la renta disponible) y 1.200 euros al año para quienes posean menos del 60% de la mediana de la renta disponible. También cubriría a 1,8 millones individuos. Con este modelo la tasa de pobreza se rebajaría en un 4,7% y la de pobreza severa, un 46%.

3.500 millones de euros menos

Con la ayuda diseñada por los sindicatos, los beneficiarios serían menos, 1,1 millones, como también la reducción de la tasa de pobreza severa –un 27,6%–, pero rebajaría más la tasa de pobreza general –un 12,1%–. La AIReF sostiene que sus propuestas de renta mínima no sólo tienen un menor coste fiscal, 1.500 millones de euros menos, sino que ahorran otros 2.000 millones al evitar los solapamientos con otras ayudas. Como se introduciría de forma gradual, a lo largo de tres años, aumentaría el déficit anual sólo en una décima, lo que facilita su “compensación con otras medidas”.

Estos serán los diseños que Escrivá deberá negociar ahora con CCOO y UGT. El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos se compromete a desarrollar un Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. “Un aumento decidido de la prestación por hijo para familias vulnerables”, en un primer momento y, posteriormente, “un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”, dice la letra del pacto.

Todo ello, tanto la subida de las pensiones como la renta mínima, sujetos a la “sostenibilidad del sistema”, como se repite a lo largo del acuerdo de gobierno y ha sido el objetivo de los análisis de la AIReF, por mandato legal, durante sus seis años de existencia.

Christine Lagarde se estrenó este jueves al frente del Banco Central Europeo (BCE) lanzando un mensaje optimista sobre la alicaída economía comunitaria. “Los riesgos en el horizonte son ahora menos pronunciados que meses atrás”, aseguró en referencia a la guerra comercial entre Estados Unidos y China –“las negociaciones van en mejor dirección”, apuntó– y a las elecciones en el Reino Unido, cuyo resultado eliminará un “elemento de incertidumbre”, el Brexit desordenado. De hecho, calificó de “alentador” el panorama resultante no sólo del alivio de las tensiones globales, sino también de los signos de “estabilización” que el BCE percibe en la desaceleración económica general.

Un día después, su vicepresidente, Luis de Guindos, incluso pronosticó un “rebote” de la actividad en la Unión Europea a partir de mediados de 2020. “La desaceleración económica que arrancó en 2018 está tocando fondo”, resumió.

En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para el último trimestre del año, del 0,4% al 0,55%, casi el mismo –0,54%– que adivina para los tres primeros meses del año próximo. Analistas Financieros Internacionales (Afi) también va a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para el final del año, según avanza Rui Mota Guedes a infoLibre. Afi pronosticó un alza del PIB para este ejercicio del 1,9%, dos décimas menos que el Gobierno, pero Mota Guedes cree más que probable que la economía española alcance el 2% –ocho décimas por encima de la media de la eurozona– a la vista de su comportamiento en el tercer y cuarto trimestre.

“Nunca vimos el panorama de alarma que se extendió después del verano y que poco menos que nos abocaba a una nueva crisis”, explica por su parte María Jesús Fernández, analista de Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro. El diagnóstico es compartido: por una parte, las incertidumbres exteriores se han disipado y los riesgos no se han materializado; por otra, durante los últimos años la economía española “no ha generado desequilibrios”, indica la analista de Funcas, que puedan perjudicar a su actual “buena salud”, como la describe el analista de Afi. “Está más equilibrada ahora que en el pasado, con una cuenta corriente positiva, menores importaciones y menos inversión en vivienda”, detalla Rui Mota. Ni ha creado burbujas ni asimetrías que puedan terminar contrayendo el consumo o la inversión; el endeudamiento privado se ha reducido, las empresas están menos apalancadas y disponen de más recursos propios; el coste de la deuda para particulares y compañías se encuentra en mínimos históricos.

Además, se sigue generando empleo, recuerda el analista de Afi, “aunque con menos fuelle” que cuando la economía crecía por encima del 3%. Según la previsión de Funcas, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentará este mes en 54.200 personas, de forma que para todo el año el empleo crecerá en 491.000 personas respecto a 2018, un 2,6%. Menos que en 2018, cuando aumentó un 3%. Pero será el sexto ejercicio consecutivo en que España mejorará su número de ocupados. El año, por tanto, cerrará con 19,28 millones de personas con trabajo, la cifra más elevada desde 2011.

En resumen, la economía nacional continuará desacelerándose, pero lo hará de forma “suave”. Para 2020 Afi prevé que el PIB español crezca un 1,7%, dos décimas menos que su última estimación para el año que ahora acaba. Aun así por encima del cálculo del BCE para la zona euro, sólo del 1,1% para el próximo ejercicio, que se elevará hasta el 1,4% en 2021 y 2022.

Ajuste fiscal

Ni Funcas ni Afi creen que las dificultades para formar gobierno tengan un impacto reseñable en el crecimiento a estas alturas del año. Rudi Mota no considera probable una nueva convocatoria de elecciones. “Nuestro escenario principal es que se forme un gobierno con el PSOE”, resume. Y María Jesús Fernández sostiene que sólo una política “muy disruptiva” del futuro Ejecutivo podría perjudicar al PIB. “Como una derogación de la reforma laboral, por ejemplo”, precisa. Además, como los nuevos Presupuestos no estarán listos hasta mediado el próximo año, su efecto no se notará hasta entonces.

No obstante, la analista de Funcas espera que haya continuidad en la política fiscal. Los ajustes de 9.600 millones de euros que Bruselas exige a España para cumplir con el objetivo de déficit no deberían tener consecuencias. “Además, cada vez se habla más en Europa de que hay que aflojar las políticas fiscales, por lo que ya se verá si ese ajuste es necesario o cómo se aplicará, si en un ejercicio o en un periodo más largo, por ejemplo”, precisa Rudi Mota. María Jesús Fernández advierte de que si no se cumple con el déficit el crecimiento será aún mayor, “pero a costa del crecimiento futuro”. Por eso la analista de Funcas prefiere medidas que reduzcan el déficit estructural, “en lugar de dejar que sea sólo el ciclo el que lo recorte”.

Guerra comercial y Alemania

En cualquier caso, ambos expertos coinciden en que el elemento que debe someterse a vigilancia es el exterior. Porque, pese a que Donald Trump acaba de anunciar “un gran acuerdo” con China que paraliza la imposición de unos aranceles previstos para este próximo domingo, se trata sólo de la “fase uno” de la negociación. Y Alemania puede ser el principal perjudicado de una guerra comercial con China, apunta Rudi Mota. El motor germano, que tira de la economía española y ha escapado por la mínima de la recesión en este final de año, crecerá en 2020 un raquítico 0,5%. “Pero disfruta casi de pleno empleo [su tasa de paro era del 4,8% en noviembre] y los salarios crecen por encima del 2%”, recuerda el analista de Afi.

De hecho, el Bundesbank se apuntó este mismo viernes al discurso optimista: la economía alemana acelerará su expansión en 2021 y 2022, con un 1,4% de mejora del PIB, gracias a un “crecimiento más vigoroso de las exportaciones” que reactivará su industria. También el Green Dealpublicitado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen –movilizar 100.000 millones de euros para convertir a Europa en un territorio neutro en emisiones en 2050–, puede ser un potente revulsivo económico y “dará más margen de maniobra también a Alemania”. “Pero eso no será antes de 2021”, advierte Mota Guedes.

Para María Jesús Fernández, el punto débil español, y europeo, es también el reto tecnológico y su efecto sobre la productividad, que aún no se está notando, lamenta.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) publicó recientemente sus estimaciones del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas para el tercer trimestre del año, unos cálculos que realiza con una metodología creada por sus analistas económicos. Según los datos de la institución, Asturias y Murcia son las comunidades cuyas economías más han crecido, con un 2,3% y un 2,2%, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre de 2018. Por encima de la media nacional del 2% se sitúan también Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Galicia, todas con un alza del PIB del 2,1%.

Entre julio y septiembre el crecimiento del PIB nacional ha sido del 0,4%. Por encima de esa media han mejorado las economías de Murcia –0,6%–, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura y Galicia, todas ellas con un 0,5% de aumento. Pero también Cataluña, con otras cinco décimas de alza en su PIB, una más que la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. Las que menos crecen son Canarias y Baleares, con sólo un 0,2%, y Aragón y Cantabria, con un 0,3%.

Para efectuar estos cálculos, la AIReF ha combinado tres tipos de datos estadísticos: indicadores de coyuntura desagregados, datos anuales de la Contabilidad Regional de España y estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral. Los resultados obtenidos, asegura la institución, están basados en sólidos datos económicos a corto plazo y permiten hacer comparaciones entre comunidades autónomas.

Por ejemplo, la serie histórica elaborada con esta metodología muestra cómo la mayor parte de las comunidades autónomas cayeron en recesión al mismo tiempo, entre el tercer trimestre de 2008 y el cuarto de 2009. Pero no todas abandonaron la crisis de forma simultánea, explica la AIReF. El PIB de casi todas ellas volvió a tasas negativas entre el cuatro trimestre de 2010 y el segundo de 2013. Desde entonces, el 100% de las comunidades ha recuperado el crecimiento.

Comparando comunidades autónomas también se comprueba que en el tercer trimestre Cataluña creció más que Madrid después de siete trimestres de situarse por detrás de sus cifras e incluso de la media nacional del PIB. De forma que la economía de ambas comunidades autónomas medra en comparación interanual al mismo ritmo que la media del país, un 2%.

El PIB del 'procés'

Esa décima por encima de Madrid le sirve a Cataluña para invertir la tendencia que se inició en el último trimestre de 2017, cuando a su vez rompió con una racha que había dado comienzo en el tercer trimestre de 2013. Desde entonces y durante casi cuatro años el PIB de Cataluña había superado las cifras de crecimiento de la Comunidad de Madrid. También la media nacional que, aupada por la recuperación económica, permitió alzas por encima del 4% en 2015. Estos números a la baja coinciden en el tiempo con el proceso iniciado en Cataluña con el reférendum del 1 de octubre de 2017: desde el último trimestre de ese año ha crecido en tasa interanual entre dos y siete décimas por debajo de la media nacional. Y entre cuatro décimas y 1,8 puntos por debajo del ritmo de la Comunidad de Madrid.

Observando la serie histórica también se comprueba cómo Cataluña creció durante la recuperación a tasas interanuales superiores a Madrid. También cómo cayó más que la comunidad madrileña durante los años de recesión.

Según los últimos datos de la Contabilidad Regional de España, referidos a 2018, el PIB de Madrid asciende a 230.018 millones de euros, mientras que el de Cataluña se sitúa un poco por encima, con 231.277 millones. Cataluña tiene 7,6 millones de habitantes, un millón más que Madrid –6,57 millones–. Y su tasa de paro es ligeramente superior, el 10,87%, a la madrileña, el 10,26%.

Casi a la par también en el déficit

Hasta el mes de julio, tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña cumplían el objetivo de déficit para este año, fijado en el -0,1% del PIB. Pero, si se cumplen las proyecciones elaboradas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ambas comunidades terminarán el año incumpliendo ese objetivo. Madrid acabará con un saldo en términos de Contabilidad Nacional del -0,3%. Cataluña, una décima más, el -0,4%, que será la media nacional de acuerdo con los cálculos de Fedea. En realidad, sólo seis comunidades autónomas cumplirán a fin de año el objetivo de déficit: Baleares, La Rioja, Galicia, País Vasco, Canarias y Navarra. Y ello a pesar del aumento de ingresos que supondrán las entregas a cuenta –paralizadas hasta ahora por el bloqueo político–: un 5,3% para Cataluña y un 5,2% para Madrid, las dos comunidades, después de Canarias –5,9%– que conseguirán un mayor crecimiento de los ingresos por este concepto.

Gracias a la recaudación de los impuestos autonómicos –sucesiones, transmisiones patrimoniales, hidrocarburos–, transferencias corrientes y de capital, y ventas de patrimonio, los ingresos de las comunidades crecieron un 5,8% hasta julio. En Cataluña aumentaron los ingresos en estas partidas un 4,2%, mientras que en Madrid se elevaron un 17,1%. Por el lado de los gastos, los no financieros subieron una media del 6,6%: un 5,3% los catalanes y un 9,4% los madrileños.

Las proyecciones de ingresos y gastos de Fedea para el cierre del ejercicio apuntan a unos ingresos públicos en Cataluña de 32.162 millones de euros, un 3,2% más que en 2018. Los ingresos de Madrid están muy por debajo de esa cifra: 26.349 millones y también crecen menos, un 2,3%. El gasto público catalán ascenderá a 33.137 millones, un 3% superior al del ejercicio precedente. El gasto madrileño también superará a los ingresos, alcanzando los 27.135 millones. E incluso aumentará más que el catalán respecto a 2018, un 3,2%.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha señalado que la equiparación de tipos en el impuesto sobre hidrocarburos de gasóleo y gasolina podría aumentar la recaudación en 1.318 millones de euros.

Así lo ha destacado durante su intervención en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).

Además, el directivo cree que esta medida representaría un impacto en todos los hogares, aunque destaca que tendría una mayor incidencia en las rentas medias y altas.

Sobre la situación de la fiscalidad verde, Escrivá ha señalado que España recauda un 1,8%, seis décimas por debajo de la media europea, en fiscalidad medioambiental. Además, ha apuntado que el nivel actual de fiscalidad e impuestos medioambientales está por debajo del nivel registrado en 1995 (2,1%).

"No solamente en la estructura impositiva agregada estamos por debajo de Europa, sino que también nos estamos reduciendo en el tiempo respecto a los registros de años anteriores", ha añadido.

Escrivá también ha apuntado que parece que hay una mayor demanda y sensibilización social "por lo verde", aunque ha señalado que la oferta aún es limitada y que las emisiones sostenibles suponen una "fracción pequeña en los mercados financieros".

En 2018, el total de emisiones sostenibles en todo el mundo fue inferior a la emisión bruta del Tesoro Público español y está lejos de la inversión adicional necesaria en la Unión Europea para cumplir acuerdo de París (180.000 millones anuales).

También ha puesto de relieve que el atractivo de los bonos verdes "puede ser limitado" y que, más allá de que haya una demanda creciente de este tipo de instrumentos, hay que trabajar más en el tema de la finalidad de las inversiones.

"Hay muchos recorridos para abordarlos como iniciativas fiscales o hipotecas verdes y hay que ir pensando si solo nos quedamos con los bonos 'verdes' o si pensamos en instrumentos financieros distintos para que el recorrido de estas inversiones dé mucho más potencia de juego", ha remarcado.

Para Escrivá, el sector público también puede jugar un papel importante canalizando fondos hacia inversiones sostenibles. De hecho, ha destacado que las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden destinar sus superávits a inversiones financieramente sostenibles, aunque los resultados hasta ahora "son limitados".

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea reformular Correos. En un informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser, el organismo apunta a la necesidad de privatizar y recortar personal de la manera más drástica, cerrar oficinas y buzones y reducir el número de días para entregar la correspondencia. El informe afirma que "Correos ha realizado una reducción de plantilla inferior al promedio de los otros operadores, pese a que la caída de demanda ha sido mayor que el promedio". Por eso, anima a despedir más.

El documento ya tiene respuesta del Gobierno. El Ministerio de Fomento, según la Ser, ha enviado una carta a la AIReF asegurando que las recomendaciones que hace el organismo "no se corresponden exactamente con el contenido real del informe". De este modo, lo que hacen es "cuestionar la estrategia de Correos como empresa". Además, Fomento advierte que las oficinas de Correos son las que articulan la "España vaciada" y no se pueden defender más recortes cuando los puntos de acceso en España son un 22% inferiores a los de la media europea. 

Así se recoge en su segundo Estudio de proceso de revisión del gasto, conocido como Spending Review, que ha realizado por primera vez en España un organismo independiente basándose en datos, la evidencia empírica y las experiencias más exitosas a nivel nacional e internacional. Este segundo proyecto se ha centrado en la evaluación del gasto público en recetas de oficinas de farmacia, y proponen varias medidas para mejorar la gobernanza, los procedimientos, la eficiencia y la equidad en el SNS.

La AIReF considera que el sistema andaluz para la selección de fármacos es "más eficiente" que el modelo actual en el conjunto del Estado. Justifican que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ahorrado 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone un 5,6 por ciento de los 10.020 millones de euros reportados por el SAS en ese período.

Esto, según sus análisis, no ha producido mayores problemas de falta de suministro de medicamentos. "Solo el 1,27 por ciento de los medicamentos con problemas están seleccionados mediante subastas: de un total de 600 fármacos, solo 8", determinan. Añaden que no hay diferencia entre las faltas de medicamentos dentro de las subastas que sujetos al modelo convencional.

El organismo también argumenta que sobre los beneficios de las farmacias pero solo entre aquellas que más facturan. "No ha habido más porcentaje de cierres de farmacias en Andalucía que en otras CCAA. Ha habido impacto sobre las farmacias grandes, no en las pequeñas", agregan.

En base a estas premisas, la AIReF apuesta por la implementación del modelo andaluz aunque con modificaciones para "fomentar mayor competencia", como el de precio uniforme y única puja por postor. Su propuesta recoge igualmente la división de lotes, la duración de 2 años y la inclusión, de forma progresiva y en base a los resultados, de fármacos habituales en patologías leves o moderadas, aquellos con mayor gasto, los que hayan demostrado su utilidad en ahorro en Andalucía y los que no afecten a la industria nacional.

Si este modelo se implementara ya, con la entrada de todos esos medicamentos sin progresividad y en todas las CCAA al mismo tiempo, se ahorrarían 1.000 millones a las arcas públicas en 2020, 2021 y 2022. En el caso de una introducción más gradual, sería de 187 millones en 2021 y 224 en 2022, de acuerdo con sus cálculos iniciales. "La experiencia desarrollada en Andalucía, donde el sistema de selección de medicamentos se ha revelado exitoso para conseguir ahorros sin comprometer la salud de los ciudadanos, pone de manifiesto que es posible alcanzar mejoras de eficiencia con la definición de un sistema de selección de medicamentos a escala nacional", resume el organismo en su informe.

Mejorar los copagos 

Tras sus evaluaciones, que han incluido estudios de bases de datos, entrevistas con la administración y la industria o revisión de más de 150 documentos de investigación, la AIReF aboga por un copago farmacéutico con "mayor equidad". El actual "penaliza a los trabajadores activos de bajos ingresos frente a los pensionistas de ingresos similares". Así, ponen el ejemplo de que un activo por debajo de los 18.000 euros de renta aporta hasta el 40 por ciento del precio de sus medicamentos, mientras los pensionistas con una renta equivalente esta cifra llega al 6,4 por ciento.

Sobre las áreas de mejora, recomiendan eliminar la distinción entre activo y pensionista en relación al copago, un límite máximo de gasto anual para los activos de menos de 18.000 euros para mejorar la equidad, así como estratificar los tramos de renta, ya que "se subvenciona lo mismo a un activo con 19.000 euros de renta que a uno con renta cinco veces superior". De esta forma, los tramos serían los siguientes: menos de 12.000 euros; 12.000-18.000 euros; 18.000-30.000 euros; 30.000-60.000 euros; 60.000-100.000 euros; y mayores de 100.000 euros.

Proponen la implementación de un sistema de copago evitable, por el que el paciente pagaría la diferencia entre el precio del principio activo hasta el importe de financiación y el precio de venta al público del medicamento que retire en la farmacia (en caso de que el medicamento tenga un precio de venta al público superior). Esto "permitiría concienciar al ciudadano sobre el impacto de sus decisiones de consumo y obtener mejoras en los precios de facturación del SNS", asegura la AIReF.

Optimizar el gasto en medicamentos 

Los expertos fiscales concluyen que España cuenta con un sistema de salud "eficiente", pero apuntan que el gasto público es "más elevado que en los países de referencia, lo que sugiere que existen ahorros potenciales". Así, consideran que "una gestión más eficiente del gasto farmacéutico podría liberar más de 1.000 millones de euros anuales", de forma que España se acerque al gasto farmacéutico ambulatorio con respecto al porcentaje del PIB de Estados similares.

Achacan este alto gasto en fármacos a que el consumo por habitante es "elevado", especialmente en antibióticos, y a que el porcentaje de medicamentos genéricos "no alcanza los ratios de los mejores países", pese a ser "creciente". Los genéricos representan el 22 por ciento del gasto en fármacos financiados en España, hasta 13 puntos por debajo del promedio de Alemania y Reino Unido.

Por ello, apuestan por que los genéricos vayan ganando peso, aunque reclaman asimismo un "aumento del precio de los medicamentos con problemas de suministro por bajo precio (patentados, genéricos y biosimilares)". En esta misma línea, ven posibles mejoras en la revisión de precios a lo largo del ciclo de la vida de los fármacos de forma progresiva, y no solo a los diez años de su entrada en el mercado, así como introducir la indicación terapéutica en el Sistema de Precios de Referencia y no solo por principio activo. Este nuevo método podría ahorrar hasta 270 millones entre 2020 y 2022.

Otras propuestas 

Por otra parte, el organismo aconseja otras medidas transversales, como modificar la composición actual de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, de forma que se aumente el poder de decisión de las CCAA: "el 95 por ciento del gasto farmacéutico se realiza por las CCAA, pero tienen una representación de apenas el 27 por ciento (3 de 11 votos)". Según su propuesta, pasarían a contar con hasta dos tercios de los asientos en la Comisión.

Finalmente, la AIReF propone vincular las prescripciones a las resoluciones de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, introducir programas generalizados de seguimiento de su consumo, incrementar la cooperación entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las agencias de evaluación regionales en la evaluación de medicamentos y la elaboración de guías clínicas, así como desarrollar planes de educación sanitaria para fomentar el uso racional de los medicamentos y la adherencia a los tratamientos, con la participación del farmacéutico de Atención Primaria y las oficinas de Farmacia.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el déficit público cierre este ejercicio en el 2,1% del PIB, ocho décimas por encima del objetivo oficial, pero una décima menos de lo que estimaba en caso de que se hubiese aprobado el proyecto presupuestario y gracias en parte al cierre de 2018, al tiempo que cifra en 920 millones el gasto de las medidas aprobadas vía real decreto-ley en los llamados viernes sociales.

Así figura en el informe sobre presupuestos iniciales de las administraciones públicas en 2019, publicado este viernes por el organismo, en el que señala que la mejora de su previsión de una décima se debe a la Seguridad Social y explica que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 ha supuesto que no se pongan en marcha una parte relevante de las medidas contenidas en el plan presupuestario y en el proyecto de presupuestos, con un efecto neto positivo sobre el déficit.

No obstante, matiza que las medidas de ingresos de los fondos de la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones (este año suben un 1,7% las medias) y la subida del salario de los empleados públicos ya habían entrado en vigor antes de la presentación del proyecto de PGE. Asimismo, señala que las medidas de gasto aprobadas vía real decreto-ley por el Gobierno en los primeros meses, cuantificadas en el plan presupuestario e incluidas en el proyecto de PGE, conllevan un importe de 1.633 millones, si bien no han supuesto una "sorpresa" y no han variado la previsión de déficit, ya que estaban previstas en el escenario de enero, han indicado fuentes del organismo.

La AIReF ya había reducido en 200 millones el impacto de estas medidas en 2019, puesto que su entrada en vigor se había retrasado hasta el segundo trimestre del año de acuerdo con el calendario de tramitación del presupuesto. Tras la aprobación de los decretos, el importe final estimado por la AIReF de las medidas de los 'viernes sociales' alcanza los 920 millones al no haberse desarrollado la medida de mejora de la dependencia que, por importe de 515 millones, se incluía en el proyecto de PGE.

Los 920 millones de los viernes sociales, a falta de sumar el coste de las nuevas medidas que se aprueben, se derivan de la aprobación del pago de las cotizaciones a los cuidadores (315 millones), la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (242 millones), el aumento del permiso de paternidad a 8 semanas (225 millones) y el ingreso mínimo vital (138 millones). A estos 920 millones se suma el coste de 588 millones de la revalorización aprobada de las pensiones al IPC, la subida de las mínimas y las no contributivas al 3%, con lo que las medidas de gastos finalmente aprobadas alcanzan los 1.508 millones de euros.

Por tanto, con la prórroga presupuestaria los gastos serán unos 3.700 millones inferiores a lo previsto por la AIReF en enero del coste total de las medidas de gastos de los PGE (5.250 millones), y el efecto neto de la no aprobación de las medidas sería ligeramente positivo (menores ingresos compensados por menores gastos). Otro factor que ha contribuido a rebajar la estimación de déficit ha sido la incorporación de los datos publicados de cierre de 2018, con un déficit del 2,6% del PIB, un décima inferior a la prevista por la AIReF, debido al mejor comportamiento de las cotizaciones sociales y de los ingresos provenientes de los fondos estructurales europeos.

Igualmente, señala que las operaciones no recurrentes han tenido un impacto en el déficit de 2018 del 0,5%, con unos 5.940 millones (2.357 millones de las autopistas de peaje) y calcula un efecto para este año del 0,2% (3.000 millones).

Por el lado de los ingresos, la AIReF estimó en enero un impacto de recaudación impositiva de 23.000 millones que finalmente no se han aprobado, pero si han entrado en vigor las medidas de ingreso s que afectan a la Seguridad social, por importe de 2.320 millones. Entre otras, el alza del 7% de las bases máximas de cotización (850 millones) o las bases mínimas del régimen general (600 millones).

Estado y seguridad social incumplen

Por subsectores, la institución prevé que la Administración Central registre un déficit del 1% del PIB, con una ligera mejora respecto al informe de enero al concentrar los efectos de la no aprobación de los PGE, pero mantiene como "muy improbable" la consecución del objetivo del 0,3% fijado. La no aprobación de los PGE ha afectado especialmente al Estado al no aprobarse las medidas impositivas, con lo que estima un alza del 4,3%, frente al 6,1% del proyecto de PGE, si bien el 'no' a las nuevas cuentas recudirá a su vez el crecimiento del gasto en este subsector del 4,1% al 1,4%.

Fuentes de la Autoridad Fiscal han señalado que de no producirse los cambios en el SII del IVA, el déficit del Estado se reduciría en dos décimas del PIB, aunque el objetivo continuaría siendo improbable. El gasto computable se reduce un 1,2% respecto al cierre de 2018, cumpliendo por tanto la regla de gasto. Respecto a la Seguridad Social, mejora una décima sus previsiones, pasando de un déficit del 1,5% al 1,4% del PIB, pero sigue resultando "muy improbable" el cumplimiento de la meta de déficit del 0,9%.

La ligera mejora se debe a los datos de cierre de 2018 más favorables de lo esperado, y para este año se pronostica un alza de los recursos superior al 6% por el dinamismo de las cotizaciones, en tanto que el gasto aumentará un 5,7%, impulsado por la revalorización de las pensiones y las nuevas medidas aprobadas en los viernes sociales.

El perenne debate sobre las pensiones ha estado enfocado durante los años de la crisis y la posterior recuperación económica en la amenaza sobre la sostenibilidad del sistema público. Primero se centró en la contención del gasto, cuando las medidas del Gobierno se dirigieron a desligar la subida anual de las pensiones del IPC y a recortar la cuantía de la prestación según la esperanza de vida. Después las discusiones se orientaron hacia la necesidad de aumentar los ingresos del sistema mediante iniciativas que aún están sobre la mesa de la comisión del Pacto de Toledo. Aparcados quedaron los llamados cambios paramétricos, una vez que la reforma de 2011 había aumentado ya la edad de jubilación hasta los 67 años, el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años y los años necesarios para cobrar el 100% de la prestación de 35 a 37. Ampliaciones que se están aplicando de forma gradual y culminarán en 2027.

Sin embargo, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha vuelto a poner el foco en los parámetros del sistema como mecanismo para afrontar el impacto del envejecimiento de la población sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. A  su juicio, debe distinguirse entre el déficit que sufre la Seguridad Social desde 2012 y el problema demográfico que amenaza con disparar el gasto en pensiones en el futuro.

La Autoridad Fiscal calcula que la Seguridad Social sufre un déficit estructural de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, unos 17.400 millones de euros. Y recomienda que se compense de forma inmediata y completa para reducir la “incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema” que, según explica en el informe hecho público este miércoles, “distorsiona la toma de decisiones” tanto de los pensionistas como de los cotizantes, recorta el consumo y provoca una “desafección generalizada con el funcionamiento del sistema”.

Pero para afrontar los problemas que se adivinan en el largo plazo, la AIReF propone una solución “factible, creíble y consistente intertemporalmente”. Como, según sus cálculos, la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado en la reforma de 2013 y que sube estas prestaciones sólo un 0,25% mientras el sistema incurra en déficit, reduciría el gasto total desde el 13,4% del PIB al 11,3% en 2048 pero sólo a costa de recortar nueve puntos la tasa de cobertura de las pensiones –la relación entre el salario medio y la pensión media–, la Autoridad Fiscal considera que esta “cuasi-congelación” de las pensiones se ha demostrado “insostenible políticamente”.

El organismo que preside José Luis Escrivá se refiere en esos términos a la suspensión del IRP tanto en 2018 como este año, que ha supuesto la recuperación del IPC como mecanismo para actualizar las pensiones. Primero fue el Gobierno de Mariano Rajoy y después el de Pedro Sánchez, pero ambos cedieron ante las movilizaciones multitudinarias de los jubilados que clamaban por unas pensiones “dignas”. Finalmente, el Pacto de Toledo ya ha acordado en una de las recomendaciones que lleva dos años revisando regresar al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Aunque todavía falta la derogación definitiva del IRP, que el Gobierno quiere negociar con la patronal y los sindicatos en los próximos seis meses.

En lugar del IRP y para garantizar pensiones “suficientes”, además de sostenibles, la AIReF propone “profundizar en las reformas paramétricas” aprobadas en la reforma de 2011. El organismo independiente cree que España “aún tiene recorrido” para igualar los parámetros del sistema público con los de otros países de la Unión Europea. En concreto, plantea retrasar la edad efectiva de jubilación y ampliar el periodo para calcular la cuantía de la pensión “más allá de los 25 años” actuales.

Un recorte del gasto de hasta 1,6 puntos del PIB

Respecto a la primera medida, propone acercar la edad efectiva de jubilación, situada en 62,7 años, a la legal –este año fijada en 65 años y ocho meses–, sin retrasar esta última, que llegará a 67 años en 2027. La edad efectiva de retiro en España queda por debajo de la media de la OCDE, que está en 64,3 años. Aumentando sólo un año la edad efectiva –desincentivando las jubilaciones anticipadas, por ejemplo– se frenaría el gasto en pensiones entre 0,4 y 1,2 puntos del PIB en 2048 e incluso mejoraría la tasa de cobertura, que es una forma de medir la suficiencia de la prestación.

Respecto a la segunda, aunque la AIReF deja caer que “lo más habitual” en Europa es que se utilice toda la vida laboral para fijar el importe de la pensión una vez jubilado, precisa que, si se tienen en cuenta los 35 últimos años de cotización, en lugar de los 25 establecidos en la reforma de 2011, el gasto en pensiones se reducirá en 0,55 puntos porcentuales del PIB en 2048. Y, pese a que la tasa de cobertura bajaría dos puntos, se reforzaría la contributividad del sistema –la relación entre lo que se cotiza y lo que se recibe como pensión–, resalta.

La combinación de ambas iniciativas se traduciría en un ahorro de entre 0,8 y 1,6 puntos del PIB en 2048 y dejaría la tasa de cobertura entre el 53% y el 55% –la actual es del 57%–. De esta forma, el gasto en pensiones públicas alcanzaría el 12,6% ese año, dos puntos más que en 2018 y 1,3 puntos más que si continuara aplicándose el 0,25% del IRP.

La AIReF recomienda aprobar estos cambios “con el consenso político y social más amplio posible”. Según las fuentes consultadas por infoLibre, la comisión del Pacto de Toledo ha discutido la conveniencia de abordar este tipo de modificaciones, pero el acuerdo resulta complicado. Por ejemplo, Podemos rechaza tanto que se aumente la edad de jubilación como que se amplíe a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión. En el primer caso por el elevado paro juvenil y en el segundo, por los problemas de cotización que implican la entrada cada vez más tardía de los jóvenes en el mundo laboral y el paro de larga duración de los expulsados durante la crisis.

Que el Estado asuma gastos de la Seguridad Social

Para atajar el déficit estructural de la Seguridad Social en el corto plazo, la Autoridad Fiscal considera “factible” que el Estado asuma los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social –4.000 millones de euros–, las subvenciones a la contratación indefinida –2.000 millones–, las subvenciones a regímenes especiales de cotización –1.000 millones– y las prestaciones por maternidad y paternidad. Todas estas partidas se pagan ahora con las cotizaciones que trabajadores y empresas abonan en sus nóminas a la Seguridad Social. La AIReF propone que se financien a cargo de los Presupuestos Generales, una solución que también ha sido publicitada por los sindicatos UGT y CCOO, y que se está debatiendo en el Pacto de Toledo. Además, el Estado ya ha realizado transferencias para pagar las extras de las pensiones en los dos últimos años, a fin de no dejar a cero el Fondo de Reserva. E incluso el anterior Ejecutivo del PP expuso en su día como posibilidad que las pensiones de viudedad se financiaran con cargo a los Presupuestos del Estado.

También plantea el organismo independiente que, sin elevar la cuantía de las cotizaciones sociales, se modifique el peso relativo de las que se destinan a contingencias comunes –el pago de las pensiones– y las dedicadas a las prestaciones por desempleo y que gestiona el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Ahora, explica el informe de la AIReF, de casi 36 puntos de cotización, ocho se destinan a la prestación del paro, una cifra que casi duplica el porcentaje medio pagado en los países de Europa. El organismo calcula que habría de reducirse 3,5 puntos la cotización por desempleo para traspasar 10.400 millones de euros a financiar las pensiones. En ese caso, el SEPE, que ahora termina cada ejercicio con un superávit de 1.500 millones de euros, pasaría a cerrar con un déficit de 9.000 millones, que debería ser cubierto con transferencias del Estado. La AIReF parte de la base de que el déficit de la Seguridad Social debe ser considerado como un problema del conjunto de las administraciones públicas. En su opinión, la “diferenciación presupuestaria” entre subsectores de la Administración es una “demarcación artificial” que conduce a tomar decisiones “incongruentes”. De ahí que el Estado deba asumir ciertas responsabilidades de gasto de la Seguridad Social para acabar con el déficit.

El problema, entre 2030 y 2040

Según su análisis, ese déficit tiene su origen en el desplome de las cotizaciones sociales –los ingresos del sistema– por culpa de la crisis, mientras que el gasto en pensiones ha seguido creciendo casi al mismo ritmo en que lo hacía antes de la recesión económica. Aunque con la recuperación de los salarios los ingresos del sistema mejorarían unas dos décimas, la subida de las pensiones según el IPC aprobada para 2018 y 2019 supondrá un aumento del gasto de tres puntos anual. De forma que hasta 2028, prevé la AIReF, el alza del gasto en pensiones públicas será “moderada”, pero se acelerará cuando se jubile la generación del baby boom y se estabilizará a partir de 2040baby boom. El gasto crecerá un 4,2% anual, consecuencia de un aumento del 1,5% en el número de pensionistas y de un 2,6% de la pensión media.

En cualquier caso, esa proyección puede variar dependiendo de otros factores, como la inmigración, la tasa de fecundidad o el crecimiento de la productividad, advierte la Autoridad Fiscal. Así, un aumento de 50.000 personas anuales hasta 2048 equivaldría a un recorte en el gasto de pensiones de cuatro décimas, unos 5.000 millones de euros. Por cada 0,1 hijos adicionales por mujer, el ahorro sería de una décima del PIB. Y por cada 3,4 años de ampliación de la esperanza de vida el gasto se frenaría otra décima más. Si la productividad mejora dos décimas, el gasto se reduce tres décimas y si la población activa crece dos puntos, el ahorro se traduce en dos décimas más. Finalmente, la bajada del paro en 2,5 puntos equivale a una contención del gasto en pensiones de otras tres décimas.