La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella contra el exdirigente del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

La jueza que investiga la querella de Hazte Oír había aplazado la declaración de Cerdán al 24 de marzo para dar tiempo a que la Audiencia resolviera el recurso de la Fiscalía contra la apertura de la causa, al que se había adherido el exsecretario de Organización socialista y que se iba a deliberar este mismo lunes.

Dice la Sala que "no puede sustentarse que el querellado haya faltado sustancialmente a la verdad" en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, por el hecho de que se mencione la existencia de una reunión entre el exasesor Koldo García y Cerdán en un informe de la UCO a partir de una grabación y en un artículo periodístico, "cuyas conclusiones no pueden servir de base para fundamentar la existencia del delito que se denuncia".

Y ello, continúa en su auto, porque "no constituyen, tal información y el informe policial, una realidad material incontestable, para contrastarla con lo manifestado por el querellado en la comisión y derivar, de ello, que el citado haya faltado sustancialmente a la verdad".

Los magistrados entienden que "la mentira se interpreta como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación y exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete penalmente, como así ha sucedido con el querellado con posterioridad a su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado, sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, que deben tener primacía". Por tanto, añade el auto, "los hechos sobre los que se ha fundamentado la querella carecen de relevancia penal".

La titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 24 (antiguo Juzgado de Instrucción 24) admitió a trámite la querella ante los indicios de una "desviación clara" entre lo que declaró en el Senado y "la realidad material" de los hechos.

En su opinión, había indicios de que mintió cuando dijo que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

La Fiscalía, sin embargo, se mostró contraria a abrir causa al rechazar que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad", que inciden sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes". EFE

El empresario Luis del Rivero, que participó en una reunión entre el fiscal Ignacio Stampa y la exmilitante socialista Leire Díez, ha explicado ante el juez que él buscaba un encuentro para que el PSOE rehabilitase a este fiscal apartado del caso Villarejo, aunque esperaba una interlocución con alguien de más peso, según recoge EFE. 

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso que fue espiado por el excomisario José Manuel Villarejo, fue el anfitrión de la reunión mantenida en su oficina entre Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el fiscal Ignacio Stampa el 7 mayo de 2025, cuya grabación figura en la causa.

En dicho encuentro -cuya grabación consta en la causa- Leire Díez afirma ser la "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y preguntó a Stampa si conocía irregularidades de los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y del juez Manuel García-Castellón, ofreciéndole a cambio una solución para sus litigios contra el Ministerio de Justicia.

En su declaración como testigo ante Arturo Zanarriego, el juez que investiga a la exmilitante, Luis del Rivero ha explicado este lunes que era admirador del fiscal Stampa, del libro que escribió y del podcast que protagonizaba, y por esa razón también organizó reuniones con el PP o con Vox con el objetivo de ayudar a este funcionario, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Antes de la reunión mantenida en mayo con Stampa, Del Rivero se vio primero con Pérez Dolset, también considerado víctima de Villarejo, y con Leire Díez, de quien le dijeron que era alguien "importante". 

Sin embargo, en la reunión con el fiscal esperaba a alguien con más peso -Dolset le dijo que acudiría Santos Cerdán- pero volvió a acudir la exmilitante, aunque este empresario prefería otra interlocución. 

Del Rivero escribió además un mensaje al fiscal Stampa en el que le decía que el PSOE tenía interés por "rehabilitarle", lo que suponía supuestamente devolverle al caso Villarejo, y que la propia Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset se lo propondrían "al 1, que es quien decide".

Sin embargo, en su declaración ante el juez no ha aclarado quién es "el 1" y ha apuntado únicamente que de las conversaciones que mantenía con Pérez Dolset deducía que había alguien superior, según han apuntado fuentes jurídicas, que coinciden en señalar las vaguedades de la declaración. Además, antes de la reunión mantenida con Stampa, este empresario habría conminado al fiscal a "ver, oír y callar" a la espera de conocer qué buscaban sus interlocutores. 

El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, a Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delito de cohecho y tráfico de influencias al entender que sus maniobras contra fiscales y mandos de la UCO buscaban desbaratar investigaciones judiciales que afectan a políticos y empresarios. 

Leire Díez está investigada en otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional por presunto cobro de mordidas en contratos públicos, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar Antxon Alonso, a quien investigadores policiales consideran socio de Santos Cerdán.

El exdirigente socialista Paco Salazar ha asegurado este jueves en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que nunca vio el "Peugeot" con el que Pedro Sánchez recorrió el país buscando apoyos en las primarias del PSOE de 2017 ni participó en Bancal de Rosas, la agrupación que aprobó su precandidatura, según recoge EFE.

Salazar ha afirmado que lleva cerca de ocho meses sin hablar con Sánchez, desde que fue apartado del partido y del Gobierno por las denuncias de acoso sexual en su contra.

En el arranque de su comparecencia en el Senado, Salazar ha contestado a las preguntas de la senadora de UPN María Caballero y ha subrayado que nunca llevó temas de financiación de aquella precandidatura a las primarias, aunque le consta, ha dicho, que Bancal de Rosas tiene documentación de todos los ingresos que recibió y se pueden fiscalizar.

En aquella época él tenía responsabilidades en Dos Hermanas (Sevilla) y se desplazaba en su tiempo libre a Madrid, donde, cuando coincidían, se alojaba con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que viajaba a la capital desde Navarra.

Ha señalado además que "nunca" ha "tratado" con el empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar y presunto socio de Cerdán.

El exdirigente socialista también ha asegurado que actualmente no trabaja para el PSOE ni en la campaña electoral de Aragón, ni en ninguna otra, desde que dejó sus responsabilidades orgánicas en el partido hace siete meses.

Salazar lo ha afirmado así en sus respuestas a los representantes del grupo Mixto, María Caballero (UPN) y Ángel Pelayo Gordillo (Vox), los primeros en interrogarle en su comparecencia en la comisión del caso Koldo.

Sobre su reunión en diciembre con la candidata socialista aragonesa, Pilar Alegría, entonces ministra, desvelada por una fotografía que publicó Artículo 14, Salazar ha explicado que no tuvo relación con trabajos para el partido. "Se interesó por cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer", ha dicho Salazar sobre lo que habló con Alegría.

Para el PSOE no ha trabajado "ni de manera directa ni indirecta" desde que dejó sus responsabilidades en Ferraz en julio, ha asegurado.

Sobre sus relaciones con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del partido, ha indicado que no era a quien tenía que reportar, sino a otros responsables. No obstante, ha reconocido que ha "trabajado años con el presidente, obviamente se crea un vínculo".

La senadora del PSOE Lirio Martín ha echado en cara este jueves las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente socialista, denuncias que el considera falsas ya que "siempre ha respetado" a las compañeras con las que ha trabajado.  

Martín ha asegurado que el exdirigente socialista "erró en su comportamiento" con sus compañeras de partido y de la Moncloa, que ha tildado de "inadecuado", al tiempo que ha recordado que el PSOE sancionó a Salazar después de conocer estas denuncias anónimas en elDiario.es y por tanto no podrá darse de alta de manera automática como militante de la formación.  

Las denunciantes, ha dicho la senadora, "de acuerdo con su relato", fueron objeto de un machismo "intolerable", y sufrieron unas conductas "incompatibles con la militancia" en el PSOE, ha defendido.  En esa línea, ha aseverado que hacía su intervención "con el dolor y la indignación" que puede sentir como socialista, como mujer y como militante y feminista y "dando la cara" por las mujeres denunciantes.  

"Señor Salazar, usted erró en su comportamiento. No tuvo un comportamiento adecuado hacia mis compañeras de partido, se lo tengo que reprochar, lo lamento mucho y espero que usted también lo lamente", ha proseguido.  

En ese momento, el presidente de la comisión, el senador del PP Eloy Suárez, le ha pedido ceñirse al objeto de la investigación, el caso Koldo, y dejar de "machacar" a Salazar con este asunto, pero la socialista ha querido proseguir su alegato y el popular le ha quitado el turno de palabra, lo que ha levantado la protesta del grupo socialista.  

A renglón seguido, Salazar ha pedido poder responder a las palabras de la socialista y ha incidido en que "en todo el tiempo" en el que ha tenido "responsabilidades" en el partido y en la Moncloa ha "respetado como profesionales y como mujeres" a todas las compañeras con las que ha trabajado.  

Posteriormente, a preguntas de la senadora del PP Rocío Dívar ha negado que ningún cargo del PSOE le exigió la dimisión cuando se conocieron las denuncias en su contra y que trasladó su dimisión al secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien, ha dicho, tenía una relación "de afecto" pero no era un amigo personal.

El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha señalado este martes que invitaba a Santos Cerdán a las reuniones con el Ministerio sobre obras públicas por su "posición de referencia en el PSOE", donde ostentaba "la Secretaría de Organización y era diputado por Navarra".

Ciriza comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha explicado que "no preparaba" las reuniones con Cerdán y que le contaba lo mismo que a los grupos parlamentarios forales.

Además, ha negado que quisiera "controlar" la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate cuando propuso que el director general de Obras Públicas formara parte de la mesa. La obra fue adjudicada a la UTE formada por Osés Contrucción, Acciona y Servinabar, que según un informe de la UCO sobre el caso Koldo, era de Santos Cerdán al 45%.

Ciriza ha explicado que cuando se reunían con el Ministerio hablaban de todas las infraestructuras y que cada vez que iban, avisaban a Cerdán, que era diputado navarro. "Es parte del trabajo de un diputado en Cortes". También ha aclarado que no participó en todas las reuniones.

Sobre la dinámica de los encuentros, el exconsejero ha indicado que era él quien llevaba "la voz cantante desde Navarra" y que la actuación de Cerdán "era normal, discreta".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, en un turno que ha estado marcado por la bronca con el exconsejero, ha preguntado si es consciente de que "permitió que la trama estuviera perfectamente informada", ante lo que Ciriza le ha acusado de "tergiversar" y ha aseverado: "Entonces no sabíamos" lo que se conoce ahora.

"Si lo hubiera sabido, seguro que no (hubiera invitado a Cerdán). No es cuestión de arrepentirse, sabiendo lo que sé ahora, no lo hubiera llevado", ha respondido.

Ciriza ha negado que quisiera controlar la mesa, cuando Esparza le ha preguntado por un correo electrónico del director de Obras Públicas en el que se menciona que el consejero quería introducirlo en la mesa.

También ha mostrado su confianza en el director general Pedro López, recientemente cesado tras el reparo suspensivo de Intervención al modificado de 8,5 millones en la obra, y todos los miembros de la mesa de contratación. "Confío plenamente en las 8 personas que estaban en la mesa de contratación. No hubiera cesado a López Vera", ha dicho.

Sobre el presidente de dicha mesa, a quien se le prorrogó su vida laboral más allá de los 70 años, Ciriza ha dicho que no era su hombre "en ningún sitio". "Y por lo que yo sé, no era el hombre de nadie. Los ocho eran independientes. Yo de la mesa no he hablado nunca con el director general. He sabido lo de las puntuaciones cuando lo ha sabido todo el mundo", ha dicho sobre la polémica sobre el orden de votación.

Ciriza ha negado que fuera el responsable de la adjudicación, ya que el proceso se cerró cuando él ya "no estaba". "Yo soy responsable del trabajo y esfuerzo que ha hecho la consejería para que Europa no sancione. No soy responsable de lo que hablara en la mesa, de las discrepancias, de lo que cada uno votó con libertad, ni de lo que varios gobiernos no hicieron", ha apuntado.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha reconocido que se reunió en dos ocasiones con la exmilitante Leire Díez en la sede del partido, en abril de 2024, si bien nunca volvió a verla, aunque ha recordado que ella le llamó cuando él salió de prisión, el pasado mes de noviembre, informa EFE.

Cerdán, investigado por presunta corrupción en adjudicaciones de obra pública en otro proceso, ha acudido este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para declarar como testigo en el marco de la causa abierta a Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias al maniobrar, supuestamente, contra fiscales y mandos de la UCO para desbaratar investigaciones.

Quien fuese número 3 del PSOE ha entrado en la sala después del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha declarado antes que él también asistió a una de esas reuniones, en la que ha dicho que Leire Díez y Javier Pérez Dolset, investigado en la causa, le ofrecieron información sobre supuestos seguimientos de la denominada policía patriótica a Pedro Sánchez y su familia para tratar de acabar con su carrera política.

El exsecretario de Organización del PSOE, quien, al igual que Hernando, ha negado que reportase a sus superiores lo que se habló en esa reunión, no ha recordado con exactitud quién le convocó, aunque ha dicho que quizá fuese una periodista.

Santos Cerdán, según él mismo ha declarado ante el juez, estuvo en las dos reuniones, celebradas en días consecutivos de abril de 2024, en la planta quinta de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, cerca de su despacho, explican a EFE fuentes jurídicas.

Fue la primera vez que vio a Leire Díez, ha explicado Cerdán, que ha negado que la exmilitante socialista fuese su "mano derecha", posición que ostentaba en el partido Juan Francisco Serrano, y ha dicho que solo estuvo con ella esas dos veces.

Sí ha admitido, no obstante, que al salir de prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre, recibió una llamada de la también exconcejal socialista.

En relación con las reuniones, según las fuentes, Cerdán ha señalado que Leire Díez y Pérez Dolset le informaron de que existían audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo sobre el negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido.

Cerdán, de acuerdo a las fuentes, ha dicho que se trataba de información que ya estaba publicada y que no les interesaba, y ha ubicado también en la reunión a un abogado del partido y al entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Antes, Hernando también ha situado en el encuentro a Juan Francisco Serrano, a quien la acusación que ejerce Hazte Oír quiere llamar a declarar como testigo junto a Antolín.

Cerdán Ha señalado que no recuerda muy bien todo lo que se habló en el encuentro, del que entraba y salía al recibir llamadas telefónicas, y ha recordado que se encuentra en una situación personal muy complicada.

El exdirigente socialista en un principio ha anunciado su decisión de no declarar al estar investigado en otros procedimientos, si bien el magistrado Arturo Zamarriego ha señalado que estos no tenían relación con su investigación y que debía declarar, y le ha permitido hacerlo en presencia de su abogado.

Ha precisado que en las reuniones Leire Díez no le pidió nada a cambio ni le entregó ningún tipo de documentación, según las fuentes.

Tanto Hernando como Cerdán, que han esperado en los juzgados sentados en sendos bancos, uno frente a otro, sin hablar, han salido de Plaza de Castilla sin hacer declaraciones a los numerosos medios que les esperaban.

Dos años después del inicio de su caída a los infiernos, José Luis Ábalos, antaño hombre fuerte en el PSOE –como secretario de Organización– y en el Gobierno –como ministro de Transportes–, deja su escaño en el Congreso de los Diputados. La renuncia al acta se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de dar carpetazo a sus recursos. Y devuelve a los socialistas un voto que habían perdido con la entrada en prisión de Ábalos. Eso sí, la maniobra también amenaza con alargar el calvario del llamado caso Cerdán. El paso dado por Ábalos devolverá la investigación sobre la supuesta trama de amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas a la Audiencia Nacional, lo que puede eternizar la causa.

En su renuncia, publicada en la red social X –antes Twitter–, el exministro explica las razones por las que ha mantenido hasta ahora su escaño: "He tratado de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación, el concepto y los límites de la inmunidad parlamentaria (...) en virtud de un interés general y del propio Parlamento. (...) Que la precipitación en la suspensión de mis deberes y derechos como diputado (...) no vulnerase principios democráticos y del Estado de Derecho como es el respeto a los procedimientos, a la separación de poderes, la igualdad de trato y que una alteración apresurada de las mayorías con la decisión de la Mesa no afectara al buen funcionamiento de la soberanía popular".

Pero ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo de mantenerle en prisión, Ábalos ha decidido dar un paso al lado. Entiende que su "actual situación procesal", en la que está "proyectando" toda su "actividad" en "ejercitar" su "derecho de defensa", le impide seguir manteniendo su acta en el Parlamento. Un asiento que a partir de ahora ocupará Ana María González Herdado. Ejerce desde 2015 como alcaldesa de Llaurí, pequeño municipio valenciano de un millar de habitantes. Un cargo que revalidó con mayoría absoluta en los últimos comicios municipales pese a arrastrar una sonada polémica: su retirada del carné de conducir tras dar positivo en un control de alcoholemia.

Con el estallido del caso Koldo, Ábalos se retiró al Grupo Mixto. Aunque aún no figuraba formalmente como imputado, lo cierto es que la investigación colocaba una enorme sombra de sospecha sobre el Ministerio de Transportes que lideró. Él, en lugar de entregar su escaño, como le exigía su partido, decidió irse solo al gallinero. Pese a ello, su voto siempre solía ir en línea con el de sus antiguos compañeros. Hasta que a finales de noviembre el Tribunal Supremo decidió mandarlo junto con su exasesor Koldo García a prisión. Desde entonces, el Gobierno ha tenido que jugar con un voto menos en el hemiciclo. Un sufragio que ahora, con la renuncia al acta, recupera por completo. Y que dibuja, por tanto, un cambio importante a favor del Ejecutivo en la compleja aritmética parlamentaria actual.

Pero el movimiento de Ábalos, sin embargo, amenaza al mismo tiempo con eternizar el llamado caso Cerdán, en el que se investiga una supuesta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas y que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del PSOE y, por extensión, del Gobierno. Con la renuncia al acta, ya no quedan aforados en la causa que hasta ahora se había seguido en el Alto Tribunal. Y lo más lógico, según apuntan las fuentes jurídicas consultadas por este diario, sería que el asunto se derivase a la Audiencia Nacional, donde ya hay abierta una pieza separada dentro del caso Koldo sobre esta trama en la que están imputados Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras.

Esas mismas fuentes dan por hecho que este cambio de competencia alargará la resolución definitiva del caso. Para empezar, los tiempos de respuesta no son los mismos. Mientras que en el Supremo se están fijando juicios a meses vista, en la Audiencia Nacional se está haciendo a dos, tres y hasta cuatro años. Y luego está todo lo relativo al procedimiento y el sistema de recursos. De ser enjuiciado en el Alto Tribunal, la sentencia sería directamente firme y de ejecución inmediata. Sin embargo, en la Audiencia Nacional cabría posibilidad de recurso, primero ante la Sala de Apelación y, luego, ante el Supremo, lo que alargaría años el cierre definitivo del asunto.

Desde el entorno de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como número tres de los socialistas y uno de los principales investigados en esta causa –que también salpica a García y al empresario Víctor de Aldama–, siempre se quejaron de que el hecho de que el caso estuviera repartido en dos tribunales distintos les generaba indefensión. Al fin y al cabo, argumentaban, no podían tener acceso a toda la información porque la parte que se guardaba en la Audiencia Nacional les estaba vedada. Algo que ahora cambiaría si, como parece, todo se acumula en un mismo procedimiento.

Futuro distinto le espera a la rama principal del caso Koldo/Ábalos, de la que luego surgiría la investigación también contra Cerdán: el caso del cobro de comisiones por contratos millonarios de venta de mascarillas en pandemia otorgados por Puertos del Estado o Adif a Soluciones de Gestión, una de las mercantiles vinculadas a Aldama. Según las fuentes jurídicas pulsadas, este asunto continuará en manos del Supremo. Al fin y al cabo, en este caso ya se dictó auto de apertura de juicio oral. Y la jurisprudencia del Alto Tribunal establece que ese paso es el que fija la imposibilidad de una renuncia al aforamiento con efectos procesales.

Así lo acordó en 2014 el Pleno de la Sala de lo Penal en el marco del caso Fitur. La Fiscalía Anticorrupción recurrió entonces la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya había señalado el inicio de la vista oral, de remitir a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento del asunto tras renunciar a su acta de diputadas autonómicas dos de las acusadas. "En las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado", estableció.

Una jueza de Madrid ha citado el próximo 5 de febrero al exdirigente socialista Santos Cerdán para declarar por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid acuerda su citación en calidad de querellado y remite a la Audiencia Provincial el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la querella de la organización Hazte Oír.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño admitió a trámite la querella ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos. 

Sospecha que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad" en aquella comparecencia del 30 de abril de 2024, un año antes de que renunciase a su escaño en el Congreso tras verse salpicado en una trama de presunto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública que investiga el magistrado Tribunal Supremo.

Según explicó en su auto, esa supuesta "desviación" entre lo que contó en la comisión y la "realidad material" de lo que se le preguntó "resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derivó en su imputación judicial.

Para la magistrada, hay indicios de que mintió cuando dijo que no había contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

El auto indica que "no estamos ante una representación valorativa o subjetiva", sino que las preguntas de la Comisión parlamentaria "eran claras" y "objetivas" y las respuestas de Cerdán también lo fueron: "no, a todas las preguntas".

No obstante, la Fiscalía rechazó que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" que incidan sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes".

En su informe contra la admisión de la querella, la fiscal afirmó que decir que solo vio a Koldo García en dos ocasiones o que nunca vio al presunto comisionista Víctor de Aldama "carece de toda relevancia típica pues es la respuesta a una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho sino sobre, lo que es muy diferente, una construcción valorativa de los hechos". Ello, en sí mismo, "no es faltar a la verdad", apostilló.

Los ingresos y gastos en efectivo en la cuenta de caja del PSOE en el período 2017-2024 –los correspondientes al paso por la secretaría de Organización del partido de José Luis Ábalos y Santos Cerdán– tienen un origen "plenamente trazable y documentado", lo que, según fuentes del partido, permitiría descartar una supuesta financiación ilegal de la formación. Así lo establece un informe encargado por los socialistas a dos profesores de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El documento, que analiza también una muestra de las justificaciones de gastos presentados por Ábalos y resto de miembros del "equipo de Organización", constata que el partido conserva constancia de todos los reembolsos pagados a esas personas, así como las hojas de gastos y los justificantes de pago aportados.

Para analizar todos esos ingresos y gastos en metálico –una muestra de los entregados por el PSOE en la Audiencia Nacional para su investigación– la formación contrató al catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borrego (que fue candidato al Consejo del Poder Judicial de Unidas-Podemos en 2018) y el profesor titular de la misma área y exasesor económico de Presidencia del Gobierno César Martínez Sánchez. El documento, que se titula Informe sobre la adecuación de las contingencias del sistema de gestión de pagos en metálico en el PSOE (2017-2024), tiene por objeto descartar irregularidades, pero según sostienen en el PSOE, no se aportará a la parte del caso Koldo que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en la que el partido es parte acusadora. Fuentes socialistas aseguran que la documentación presentada en ese juzgado es "mucho más amplia".

Sobre los ingresos en efectivo de la cuenta de caja en el período de ocho años analizado, el informe constata tres fuentes. La primera es el remanente del arqueo de la cuenta del ejercicio anterior (que se registra como primer asiento) al que se suman las reposiciones en efectivo procedentes de la cuenta del PSOE en el BBVA. En los ejercicios estudiados, las cantidades ingresadas en esa cuenta de caja ascendieron a 947.671,79 euros. De ellos, los expertos universitarios refieren únicamente 7.283,79 euros correspondientes a lo que denominan "ingresos atípicos". Se trata, según los autores del informe, de lo correspondiente a pequeñas ventas de merchandising (por ejemplo en las fiestas del Orgullo), venta de mobiliario inservible de las sedes como chatarra y la participación en un premio de lotería en 2023. "Ninguno de estos ingresos plantea incidencia contable significativa", sostiene el informe encargado por el partido.

El documento también analiza las salidas de efectivo y constata que todos los apuntes relativos a estas "identifican al perceptor y al área orgánica" correspondiente de la formación, lo que, según sus autores, "permite relacionar cada disposición de efectivo con su destinatario y con el centro interno al que se imputa el gasto". Todos esos pagos, entre los que se encuentran los percibidos por Ábalos, Koldo, Cerdán o la Secretaría de Organización en su conjunto, figuran contabilizados y se corresponden con sus respectivas disposiciones de caja. "La revisión del período 2017-2024 muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un ajuste bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas", sostienen los profesores en su informe. "No se detecta movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería ni indicios de fondos no declarados o no trazados", añaden.

La segunda parte del informe corresponde a un análisis de los gastos reembolsados al equipo de organización en cuatro de los cinco ejercicios en que Ábalos ejerció como número tres del PSOE. Se trata del período 2017-2020 porque, según el informe, a partir del 2021 (último ejercicio de Ábalos, que fue sustituido por Cerdán el 13 de julio de ese año) y hasta 2024 solo constan cuatro pagos de bajo importe. Los profesores advierten de que su análisis se basa en una hoja de Excel facilitada por el partido por un importe total de 126.858,89 euros, de la cuál se ha extraído una muestra que corresponde a las liquidaciones superiores a los 2.000 euros, que suponen el 51% del total de los gastos correspondientes a comidas y otros gastos de representación, así como a taxis, aparcamientos, gasolina... Entre los comprobantes, todos ellos facilitados por el partido, los autores advierten de que algunos están total o parcialmente ilegibles "lo que podría afectar a la representatividad de los resultados obtenidos", explican.

Los expertos sostienen que, de su investigación, se extrae que, en pocas ocasiones, los gastos fueron "notoriamente improcedentes" y ponen como ejemplo algunos menús infantiles pasados a cobro al partido. Los gastos de restauración de la muestra van de los tres a los 703,95 euros con facturas que van desde un comensal hasta 15. Los autores contemplan como "excesivos" los gastos superiores a 60 euros por persona, que en los tres primeros ejercicios (2017, 2018 y 2019) no superaron el 5% del total, pero que, en 2020 se dispararon hasta convertirse en uno de cada cuatro de los presentados. El informe recoge algunas facturas de comidas del mismo día. "Se han señalado explícitamente los gastos que parecen manifiestamente impropios en relación con el momento temporal de su realización", sostiene el documento encargado por el PSOE.

Respecto a los tiques y comprobantes, "se trata en su mayoría de restaurantes situados en el eje Madrid-Valencia" (esta última es la provincia de la que procede Ábalos y en la que obtuvo su escaño). Pero también constan recibos de restaurantes de otras localidades españolas y en pocas ocasiones del extranjero. Pese a los problemas de legibilidad de algunos de los documentos analizados, los profesores concluyen que "el PSOE ha custodiado, a pesar de su antigüedad, tanto las hojas de liquidación como los comprobantes de gasto". "En las hojas de de liquidación constan los datos básicos que identifican al solicitante del reembolso", prosigue, y se distingue entre "gastos de viaje, gastos de representación y gastos de funcionamiento". "Al final de la hoja de liquidación consta, junto con el recibí, la firma de las personas que ordenan el reembolso, a saber: el visto bueno del secretario responsable [en los casos analizados el del propio Ábalos] y el visto bueno de la administración".

La información analizada en el documento es solo una parte de la enviada por el PSOE a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno reclamó el pasado 3 de diciembre todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, y no solo los vinculados a Ábalos y su exasesor Koldo García. Lo que reclamó el instructor del caso Koldo en ese tribunal fue los desembolsos realizados a "cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos". Lo que el juez quiere conocer es si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su exasesor para blanquear dinero de procedencia irregular o delictiva. Anticorrupción, por su parte, sostiene que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Con el informe encargado a ambos académicos, los socialistas tratan de demostrar, mientras se analiza toda la documentación contable facilitada a la Justicia, que sus ingresos en cash procedieron casi íntegramente de su cuenta bancaria y que los gastos que se acometieron con ellos están correctamente registrados. Si Ábalos, Koldo o Cerdán se sirvieron de su cargo para blanquear dinero o para estafar a la formación con sus justificantes, es algo que corresponde investigar al juez. Porque en caso de que sea cierto, sostienen, el PSOE sería víctima.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una pieza separada secreta con la documentación que aportó el PSOE sobre todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción, informa EFE.

El magistrado que investiga la rama del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional ha incluido la información que el partido remitió el martes en un pendrive en una pieza separada y ha acordado declararla secreta durante, al menos, un mes, un plazo que podrá ir prorrogando.

Para acordar el secreto de la pieza, según explica el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 en un auto, ha tenido en cuenta "la especial naturaleza del delito que se investiga", el carácter de las diligencias de investigación o "el contenido de la documentación con carácter reservado" que ha aportado el partido.

Recuerda el magistrado que los datos sobre los pagos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

El PSOE solicitó al magistrado que declarase estas pesquisas secretas ante la "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción deberá pronunciarse sobre la documentación remitida por el partido después de que el juez Moreno le haya dado traslado "para su conocimiento" y para que "informe lo que a su derecho convenga".

El material que el PSOE debía presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, era la relación de pagos en metálico entre 2017 y 2024 "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

El juez ya abrió una pieza separada para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Lo hizo tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.

Ni estos magistrados ni la Fiscalía creen que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico, mientras que la Fiscalía ha señalado a una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El exdiputado socialista Santos Cerdán ha dicho a la prensa este miércoles al llegar al Senado para su comparecencia en la comisión del caso Koldo que se dispone a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad".

Cerdán ha llegado a la plaza de la Marina Española en taxi, acompañado de su abogado, y tan solo ha hecho ese comentario a los periodistas, que le han preguntado repetidamente si se dispone a contestar a los senadores o se acogerá a su derecho a guardar silencio, al estar imputado en una causa judicial.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar ante los senadores de la comisión, pero ha aprovechado la primera pregunta para realizar una intervención.

Cerdán ha denunciado que “ha quedado acreditado que se persigue a diputados de forma directa, con restricción de derechos fundamentales sin justificación concreta. Esta forma de perseguir es propia de la Inquisición, no se investiga ningún delito concreto, se investiga a personas aforadas y el procedimiento no respeta ninguna garantía”.

Durante la comparecencia apenas ha respondido a las preguntas que le han hecho los senadores pero sí ha contestado más de lo que prometió.

El exsecretario de Organización ha contestado a Ángel Pelayo, de Vox, para negar que tuviera relación con Antxon Alonso, ni con la exmilitante socialista Leire Díez, ni con Víctor de Aldama.

"Si hubiera tenido algo, hubiera aparecido, seguro", ha dicho el exdiputado socialista que también ha negado ser socio de Servinabar.

Cerdán ha pedido información al senador sobre una supuesta reunión entre dirigentes de Vox con miembros de la Guardia Civil en Toledo en 2021 tras la que, según ha sostenido, "empezó todo", en referencia a las investigaciones policiales que le señalan.

Según el ya exdiputado socialista, esta reunión tuvo lugar en un cigarral de Toledo, propiedad del dirigente de Vox Javier Ortega Smith, el 2 de abril de 2021 con miembros de la Guardia Civil.

En ella se dieron cita "al parecer, lo más granado de la Guardia Civil y de Vox" y "a raíz de ella, empezó todo".

La reunión "marca mucho del inicio de todo lo que ha sucedido después", ha dicho Cerdán.

Al senador de ERC Joan Queralt le ha respondido que "nunca" ha estado con De Aldama tras recordar que salió de prisión provisional por colaborar con la justicia mediante "una declaración falsa".

Cerdán ha señalado que De Aldama le acusó de entregar dinero enfrente de la sede de Ferraz, algo que "no puede demostrar" porque no ocurrió, e incluso se ha mofado de que igual pretende hacer creer que lo hizo delante de los furgones de policía que suelen estar aparcados en la calle Ferraz.

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno la documentación sobre todos los pagos en efectivo efectuados por este partido entre 2017 y 2024, tal y como solicitó el magistrado que investiga el caso Koldo en este tribunal.

El PSOE ha entregado esta información en un pendrive este martes, según han confirmado a EFE tanto fuentes jurídicas como fuentes de este partido, que subrayan su colaboración con la Justicia y que no tienen nada que ocultar.

Personado como acusación popular en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, el PSOE está a la espera de que el juez decida si acepta su petición de declarar secreta esta parte de la investigación, como reclamaron los socialistas señalando su "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

Los socialistas pidieron también expurgar los datos de personas ajenas a la investigación y a las personas investigadas, en un escrito en el que solicitaron aclaraciones al magistrado y en el que advirtieron de las "graves derivaciones" de requerir todos los pagos en efectivo de un plazo de siete años, como finalmente hizo el juez.

El material que el PSOE debía presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, era la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

Estos pagos se analizan dentro de la pieza separada que abrió el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Para el juez, la información solicitada se refiere a cuestiones trascendentes, dado que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.

El magistrado abrió esta pieza separada tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.

Ni estos magistrados ni la Fiscalía creen que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico, mientras que la Fiscalía ha señalado a una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

Hasta esta semana, Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso ocupaban casillas distintas en el tablero: la operativa política, la alta Administración pública y la gestión empresarial privada. Sin embargo, la operación de la UCO, que los ha detenido en el marco de una pieza —aún secreta— del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, los reúne en una misma fotografía judicial y permite trazar un mapa en el que sus trayectorias se cruzan en varios momentos y a través de estructuras comunes, desde empresas públicas hasta la la privada Servinabar.

El exsecretario de Organización del PSOE aparece en el gráfico por dos razones. La primera, porque es socio al 45% —según la documentación incautada por la UCO— de Servinabar, empresa en el epicentro del caso de presunta corrupción en contratos públicos por el cual Cerdán espera juicio tras cinco meses de prisión preventiva. 

La segunda, porque Leire Díez se presentaba como su “mano derecha” en los audios que investiga el Juzgado 9 de lo Penal de Madrid, lo que sitúa a Cerdán como presunto cabecilla de la operación política para chantajear a fiscales e investigadores, por la que también están imputados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Leire Díez: de las gestiones políticas a la trama de contratos

Hasta ahora, Díez era conocida por su papel en el caso de los audios, donde se atribuía funciones informales dentro del PSOE y buscaba información contra fiscales y mandos de la UCO. Ese frente sigue abierto, pero su detención esta semana la coloca también dentro de la rama económica del caso.

Durante años, Díez circuló por un cinturón de empresas públicas donde coincidieron perfiles próximos al Gobierno y a la estructura orgánica del PSOE, un espacio que ahora examinan la UCO y la Audiencia Nacional. Su paso por varios cargos de responsabilidad en entidades dependientes de la SEPI, o su presencia en órganos de dirección de empresas participadas por el Estado, la colocan en una intersección entre la Administración y el sector privado que hoy adquiere una relevancia inesperada tras conocerse su detención junto a la Antxon Alonso y Vicente Fernández. 

Figura discreta durante años, Antxon Alonso es administrador único y socio de Servinabar, la empresa que la Guardia Civil sitúa como el punto de unión de varias adjudicaciones de obra pública. Su firma aparece en memorandos, contratos de “seguridad y salud” y acuerdos de colaboración que ya estaban bajo lupa en el caso Koldo por las comisiones del 2% que según la UCO habría cobrado la empresa en varios contratos de obra pública adjudicados a Acciona.

El expresidente de la SEPI ocupa el segundo vértice del triángulo. Nombrado en 2018 por María Jesús Montero tras haber sido su interventor en la Junta de Andalucía, dimitió en 2019 por el caso de la mina de Aznalcóllar, en el que fue absuelto este diciembre.

Tras dejar la SEPI, Fernández pasó al sector privado con autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses y fichó por Servinabar en 2021, primero como asesor y después como director comercial. Ese movimiento —del gran holding público a la empresa participada por el número tres del PSOE— es hoy un eje central de la investigación.

La segunda capa del gráfico la forman las empresas públicas —y semipúblicas— que han funcionado durante años como espacios de cruce entre las trayectorias de Leire Díez y Vicente Fernández. El eje central es la SEPI, el mayor holding estatal, de cuya estructura dependen tanto ENUSA —al 60%— como Correos. 

Desde ahí se despliega un recorrido que explica parte de los vínculos que ahora examina la UCO: ENUSA fue la primera parada de Díez, que fue jefa de Comunicación en la etapa de José Vicente Berlanga —ligado a Ábalos—como presidente; en Correos recaló después, como directora de Relaciones Institucionales; y, en paralelo, ejerció como consejera de Cistec Technology, una tecnológica navarra en la que la SEPI tomó un 25% en 2018 cuando el presidente era Vicente Fernández, operación que también investiga la UCO. Los años en que Díez fue consejera de Cistec (entre 2021 y 2023), la empresa recibió importantes ayudas y contratos públicos.

La preocupación es máxima entre los miembros de Sumar. Ven al PSOE cerrado en banda, sin moverse, mientras los casos de acoso y de corrupción cercan al núcleo duro del socialismo. Hasta el momento han respaldado férreamente a Pedro Sánchez, pero creen que el Gobierno se asoma a un precipicio político y social sin que el jefe del Ejecutivo dé muestras de querer dar un volantazo al Ejecutivo y a la legislatura.

Y este viernes explotaron los socios minoritarios del Gobierno. La presión interna no ha servido de momento, tras semanas intentando, por ejemplo, que el PSOE adoptara medidas “valientes” sobre la vivienda para dar sentido a la legislatura. Ahora van mucho más allá: una reformulación total del Ejecutivo pasando por una “profunda” remodelación del Gobierno, algo que por el momento no ve Moncloa.

Esta presión la ejerce desde lo más alto la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Diaz, que en las últimas horas elevó el tono contra el ala socialista. En una entrevista en Al rojo vivo, la ministra de Trabajo fue contundente: “Se acabaron las reflexiones y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte, toca actuar. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno”.

“Hoy todo es mucho peor. Es insoportable. Quiero mandar todo el cariño a las mujeres del PSOE. Pero, ahora bien, hay que tomar medidas inmediatas y severas, que deben ser consensuadas en el Congreso para evitar la corrupción. Y el PP tiene que entrar también en las medidas”, clamó Díaz, quien insistió, sabiendo que es una competencia de Sánchez, que el Gobierno “debe ser reformulado de manera radical”. 

Su receta para relanzar la legislatura en este “punto de inflexión” pasa por medidas como una auditoría de la SEPI (en el punto de vista por la detención de su exvicepresidente), poner sobre la mesa un nuevo “programa de mínimos de regeneración democrática y un cambio de Gobierno “de arriba a abajo”.

Las exigencias de Sumar llegan en un momento en el que Sánchez deberá abrir el melón de reformar el Gobierno con la salida de Pilar Alegría. La ministra de Educación y portavoz será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, que se van a adelantar al próximo 8 de febrero después de que haya fracasado la negociación entre el PP y Vox en esa comunidad para tratar de sacar los presupuestos. Ese paso dado por Jorge Azcón entra dentro de la lógica del PP de hacer “dominguitos electorales”, como dicen en Génova 13, para desgastar más al Ejecutivo, empezando por la cita en Extremadura del próximo día 21.

La sensación de que hay que zarandear el Gobierno es compartida por los distintos partidos que forman Sumar, según fuentes de ese espacio. Integrantes de esas formaciones mantuvieron un encuentro el viernes para analizar la situación y mostraron su “especial preocupación”. La conclusión que sacaron en esa conversación: hace falta una remodelación del Gobierno y que se impulsen nuevas medidas sociales. 

“Esta situación también necesita respuestas, por lo que las formaciones de Sumar se emplazan a conocer las acciones que el PSOE debe acometer con contundencia y urgencia para erradicar la lacra de la corrupción y los casos de acoso sexual de sus filas. A partir de ese momento haremos una valoración”, señalan desde ese espacio a la espera de lo que haga Sánchez.

Como señala uno de los diputados con más peso de Sumar: “Nos estamos reuniendo estos días. La vicepresidenta ha sido bastante clara: se tienen que dar cambios en el Gobierno”. Por eso, según varias fuentes de ese espacio, los socios minoritarios esperan que Sánchez haga una profunda reflexión durante el fin de semana de cara a su comparecencia de balance del año prevista para este lunes en el Palacio de La Moncloa.  

“Veremos qué dice y ya responderemos”, reflexiona una fuente de Sumar, dejando la pelota en estos momentos en el tejado del presidente. La sensación compartida en ese espacio es que Sánchez no debe limitarse sólo a aguantar, sino que tiene que tomar medidas urgentes y contundentes también de carácter social para mandar una señal clara ante los ciudadanos.

Como señala una de las principales dirigentes de Sumar: “El PSOE está en una situación muy complicada y hay un cerco al presidente del Gobierno. Estamos preocupados, pero, sobre todo, tenemos que estar ocupados. Se tienen que prorrogar los contratos de alquiler, ampliar el escudo social y seguir con la bonificación de los transportes. Sánchez tiene que poner medidas concretas que aterricen en los salones de millones de españoles. No podemos estar en otras películas”.

Esta presión de Sumar llega a la vez que la predicción del PNV, donde creen que las elecciones podrían ser ya en 2026. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, afirmó que ve a un Gobierno “en shock” y que no sabe “cuánto va a aguantar la crisis”. “El peligro de la legislatura cada vez es más grande”, remachó.

Todo ello en el marco de otra jornada de crisis para el socialismo, que vio cómo el jueves por la noche Javier Izquierdo, miembro de la dirección federal y hombre fuerte de las encuestas en el partido, renunciaba a su cargo ante un nuevo posible caso de acoso. Aparecieron también nuevas denuncias en Valencia horas después de que el partido concluyera el informe sobre el caso Salazar. Asimismo, la UCO continuó con su investigación sobre posibles amaños de contratos y registró organismos de Hacienda y de Transición Ecológica. Con muchos cargos y militantes socialistas sumidos en la sensación de abatimiento ante la sucesión de noticias negativas.

A pesar de la presión, en el Palacio de La Moncloa reconocen la “gravedad” de la situación, pero trasladan que están “tranquilos”. Fuentes del núcleo duro del presidente indican que se mantiene “la hoja de ruta”, con la idea de agotar la legislatura, y no contemplan un cambio de Gobierno profundo como exigen sus socios.

En el Gobierno recuerdan las palabras del propio presidente durante una conversación informal con periodistas durante la recepción con motivo del Día de la Constitución en el Congreso. Allí habló sólo de un cambio puntual con la salida de Alegría, que ocupa el cargo de titular de Educación y portavoz. Para esta función suena con fuerza el nombre de Félix Bolaños (titular de Justicia y Presidencia), aunque voces en el partido reclaman que debe ser una mujer. Sánchez ya tiene preparado el relevo, pero no se lo ha comunicado a su círculo más cercano. Desde que llegó a La Moncloa han ocupado este cargo Isabel Celáa, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez, además de la saliente Alegría.

“La vicepresidenta del Gobierno estaba en un programa de televisión y ha hecho libres y legítimos comentarios”, deslizan desde el ala socialista en referencia a la reclamación de Yolanda Díaz. Restan importancia a sus palabras y mantienen que lo importante es cumplir con los acuerdos y con la hoja de ruta pactada con Sumar para el acuerdo de investidura. “El PSOE ha actuado desde el principio contra los casos de acoso y corrupción. No parece que tenga sentido ese cambio”, añaden en Moncloa.

También desdramatizan las palabras del PNV y recuerdan que ya los nacionalistas vascos se han pronunciado en las últimas semanas sobre vaticinios de calendario electoral, pero que no se trata de una amenaza para hacer caer al Gobierno: “Responden a preguntas de los periodistas”.

Desde Moncloa explican que se están conociendo situaciones “graves” pero que están “tranquilos de espíritu”, alejando la posibilidad de ir ya a elecciones. Por eso, reniegan en el entorno de Sánchez de “esa sensación de fin de ciclo” y ponen de ejemplo las votaciones del jueves en el Congreso, donde salieron adelante medidas como el incremento del sueldo de los funcionarios y la flexibilidad para el gasto de los ayuntamientos, además de la ley de atención a la clientela.

Mi camino al trabajo, cada día, es igual. Carretera atestada de tráfico, yendo a la contra del atasco, saliendo de un Madrid que se va llenando de coches y dirigiéndome hacia una periferia que cada vez lo es menos: ya no sabes dónde termina Madrid y dónde empiezan los nuevos barrios que ya son viejos. La radio, con las noticias de la mañana, de fondo. La mirada atenta al tráfico, pero hay un último tramo que lo siento como un regalo. En un Madrid lleno de asfalto y ladrillo ver todavía campos en los que se enreda la niebla de la mañana, y eso te hace sentir un poco más cerca de lo que fuiste, de lo que eres. De esa tierra en la que los campos se mezclan con los aviones despegando. Una imagen que a mí me trae calma.

De fondo, la radio cuenta la última hora sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, los casos de abusos sexuales y de conductas machistas que también afectan al PSOE, la votación que el Gobierno perderá esa misma tarde en el Congreso por falta de apoyos... y piensas que esa niebla que se resiste a dejar la tierra a la que se ha pegado se parece demasiado a la resistencia de Pedro Sánchez por no convocar elecciones.

El manual de resistencia no admite ni un desmarque más de Ferraz de todo lo que está pasando, de Cerdán, de Koldo, de Leire Díez, de Paco Salazar, del presidente del partido en Lugo y presidente de la Diputación…Y no es cuestión de mezclarlo todo, es cuestión de ir curando y limpiando de forma casi quirúrgica cada caso y admitiendo que, cuando los casos se empiezan a repetir, dejan de ser aislados y desvelan un problema estructural.

La conexión ayer entre Leire Díez y Antxón Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, enreda aún más esa maraña de casos de amaños de contratos, de mordidas, de adjudicación de contratos públicos y de episodios que se produjeron cuando todos ellos eran personas muy cercanas a Pedro Sánchez. Gente que, de nuevo, utilizó su posición de poder para enriquecerse. Y para algo más si atendemos a los audios que le grabaron a Leyre Díez con el fiscal Stampa.

Todo suena y huele mal. Y a los socios de gobierno, este jueves se les veía la incomodidad de, un día más, salir a decir que serán implacables con lo que se vaya conociendo. El goteo de casos está generando más que hartazgo.

En Moncloa vuelven a cerrar una semana horribilis y llevan ya unas cuantas. Es difícil que la acción de gobierno supere las portadas de los registros y las detenciones que vamos conociendo. Nadie ayer hablaba del portal de vivienda asequible que se va a poner en marcha antes de tiempo. Tampoco de la subida del salario mínimo. La corrupción, como esa niebla de invierno matutina, lo envuelve todo y, así, es peligroso conducir… y continuar.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido este jueves documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa dentro de la operación en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.

Fuentes próximas al caso han informado a EFE de estos requerimientos de información dentro de las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación, que se encuentra abierta y bajo secreto sumarial, se están han desarrollando hasta 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Los agentes han acudido a las sedes de las empresas públicas a requerir información, si bien en el caso de Enusa -donde estuvo contratada Leire Díez- se ha tratado de un registro, según las fuentes.

Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.

Fuentes de SEPI han indicado a EFE que la compañía está prestando "máxima colaboración" con este requerimiento de información.

El juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde ayer en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Antxon Alonso, detenido ayer en Vizcaya, ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45% de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.

Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.

Leire Díez, por su parte, a la que también se relaciona con Cerdán, estaba ya siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Díez, extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, que dependen de SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que resultó absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.

El tercer detenido por la UCO de la Guardia Civil en la operación en la que han sido arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández es Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

A los tres detenidos, que serán puestos este sábado a disposición judicial, se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los arrestados se encuentran desde ayer en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Antxon Alonso, detenido ayer en Bizkaia, ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45 % de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.

Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.

Leire Díez por su parte, a la que también se relaciona con Cerdán, estaba ya siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Díez, extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, que dependen de la SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que resultó absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.

El Tribunal Supremo ha avalado "el sólido y robusto cuadro indiciario" por el que el juez Leopoldo Puente propuso sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas en el que será el primer juicio del caso Koldo, según informa EFE. 

La Sala de Apelación ha confirmado el procesamiento de Ábalos, de su ex asesor Koldo García -ambos en prisión preventiva desde el 27 de noviembre-, y del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.

Los magistrados ven "suficientemente justificada" la perpetración de los hechos que se les imputan y aluden al "robusto arsenal indiciario" recopilado en su contra, sin que las diligencias propuestas por Ábalos "desmoronen" las razones expuestas por el juez en su procesamiento, "ni en la más optimista de las previsiones".

El auto de la Sala pone esta rama principal del caso Koldo rumbo a juicio, a la espera de que el magistrado instructor dicte apertura de juicio oral, y complica el futuro de Ábalos como diputado, puesto que el artículo 21 del reglamento del Congreso indica que los parlamentarios que estén en prisión preventiva "quedarán suspendidos" si el auto de procesamiento es firme.

La indignación y el estupor se han apoderado de muchos sectores del PSOE. La gestión del caso Salazar por parte de la dirección nacional y la investigación judicial del líder del PSOE de Torremolinos (Málaga) por supuesto acoso sexual han sacudido al partido en un asunto clave para los socialistas y para su electorado en un momento crucial por el arranque del ciclo electoral con los comicios en Extremadura a la vuelta de la esquina.

Y es que el malestar interno por la investigación sobre las denuncias contra Francisco Salazar, uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez durante años en el Palacio de La Moncloa, no deja de crecer. La dirección del PSOE no movió ficha desde julio e incluso los casos desaparecieron del sistema informático, quedando interrumpido el proceso con la excusa de que el ya exdirigente se había dado de baja de militancia. Ahora Ferraz dice que los expedientes se siguen instruyendo.

No obstante, varias federaciones están empujando para actuar con mayor contundencia y quieren que se lleve ya el caso a la Fiscalía, una vez que se ha conocido el contenido de algunas denuncias, que describen cómo Salazar hacía gestos de felaciones a empleadas del Palacio de La Moncloa y, además, exigía que enseñaran el escote.

El miércoles por la noche Ferraz trató de calmar a las federaciones a través de una reunión por videoconferencia pilotada por la responsable de Igualdad, Pilar Bernabé. Pero esa cita, cargada de tensión, no sirvió para calmar las aguas ante la exigencia de respuestas más duras que llegan desde muchos territorios. A todo ello se suma la indignación acumulada durante meses por las conversaciones conocidas entre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García hablando sobre mujeres prostituidas.

Ese enfado, que hasta el momento se había mostrado internamente, ahora se ha materializado también de manera pública. La ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, referente feminista dentro del PSOE, se ha convertido en la punta de lanza e indicó este jueves que se debe llevar toda la información a la Fiscalía.

La hoy delegada del Gobierno en Asturias dijo de manera clara que se trata de un caso de “violencia contra las mujeres”. Y este fue su mensaje a la dirección socialista: “Mi partido siempre ha defendido la independencia, la seguridad y la libertad de las mujeres. Lo hemos hecho muchas veces en solitario, pero nosotros construimos toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles, como son estas que estamos conociendo”.

 “Una de las cosas que más nos costó trasladar a la sociedad es que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado, es un delito público. Y, por lo tanto, lo que nosotros le trasladamos a la organización, a la Comisión Ejecutiva Federal, es que en el momento en que acaben los trabajos, que entiendo que están recopilando información, lo que hay que hacer es de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía”, apostilló.

Lastra es uno de los nombres con más fuerza dentro del feminismo dentro del PSOE y fue la que se mostró más contundente al conocerse el caso en julio horas antes de celebrarse el vital Comité Federal en el que se remodeló la cúpula del partido tras la irrupción del caso Cerdán. Salazar tuvo que renunciar a formar parte del nuevo núcleo duro tras la publicación de sus comportamientos machistas en La Moncloa. Esas denuncias se canalizaron a través del portal del partido y no se ha llamado a las mujeres afectadas hasta esta semana.

También puso voz a ese sentimiento de indignación la diputada Andrea Fernández, que fue responsable de Igualdad del PSOE entre 2021 y 2024. Reclamó “explicaciones pormenorizadas y convincentes” por parte de la dirección. “Disgustada y muy dolida”, la parlamentaria leonesa, pidió que, sobre todo, “se proteja a las víctimas”, que “prefirieron ir a un medio antes que recurrir a la organización”. “Quiero que esas mujeres sepan que estamos aquí para ellas”, remachó.

El caso se ha convertido en un quebradero de cabeza para la actual dirección, que surgió precisamente para hacer frente a una nueva época que desterrara los comportamientos de Ábalos y Cerdán. En Ferraz reconocen que se han cometido errores, pero niegan que se haya tratado de ocultar este proceso. Bernabé aseveró que se “ha detectado el problema y puesto la solución”, a la vez que una comisión interna trabaja para “abordar la cuestión con la máxima empatía y sensibilidad”.

“La voluntad del PSOE siempre ha sido proteger a las mujeres que denuncian y que se hayan podido sentir acosadas”, afirmó la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Pero, además, el PSOE afronta otro caso de denuncia en Andalucía, la federación más numerosa y escenario de una gran batalla electoral el próximo mes de junio. La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por parte de una militante del partido que asegura haber sufrido acoso sexual, con comentarios de carácter personal y sexual desde 2021 en conversaciones de WhatsApp vinculadas a asuntos municipales, entre otros aspectos.

El PSOE de Málaga ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia de Navarro de acuerdo con los estatutos del partido y le ha exigido al investigado que ponga a disposición del partido sus cargos institucionales. “No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres. Ese es un compromiso inquebrantable de la dirección provincial del PSOE de Málaga”, indicaron desde el equipo del líder provincial, Josele Aguilar.

El exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini ha negado en el Tribunal Supremo toda irregularidad en los contratos con Servinabar asegurando que se prestaron "servicios reales" con esta empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, con quien ha dicho que se reunió por ser un "agente social" navarro.

Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona en España, Portugal y África, ha comparecido como investigado ante el juez Leopoldo Puente en la causa abierta por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública que mantiene como imputados al exdirigente socialista Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, estos dos en prisión preventiva.

En su interrogatorio, ha defendido que los pagos a Servinabar -cuyo 45% de acciones se atribuye a Cerdán y que administra Antxon Alonso, también investigado- eran por servicios reales de prevención de riesgos laborales, que los trabajos existieron y que, por tanto, no eran ficticios, pudiendo justificarlo todo con facturas.

Igualmente, ha negado que se pagaran comisiones ilegales a Servinabar, al afirmar que no se abonaba a esta empresa navarra un porcentaje fijo del 2%, sino que ese era el límite por los servicios prestados y que si se superaba, era por anomalías en la obra.

Pelegrini y su subordinado, Tomás Olarte, que también ha declarado, aparecen en el último informe policial que revela que la "principal fuente de ingresos" de Servinabar fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 % de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas, "estaría articulada personalmente" por Cerdán, Alonso y Pelegrini, después de que estos dos últimos firmasen un "acuerdo de colaboración" entre ambas empresas en 2015, que el exdirectivo de Acciona ha enmarcado en algo "dentro de la normalidad".

Al respecto, ha señalado que conoció a Cerdán porque cuando se hizo el primer proyecto conjunto de Mina Muga en 2015 necesitaba tomar el pulso e intercambiar impresiones sobre el sector por tratarse de un representante político y un agente social navarro.

Sí que ha admitido que tenía mucha relación con Antxon Alonso y que a veces a esas reuniones en Madrid se sumó el exdirigente socialista porque era amigo de Alonso, administrador de Servinabar.

Cerdán se unía a estos encuentros para saber el impacto de las obras e inversiones en Navarra, donde era diputado autonómico, con especial atención a Mina Muga, que no se cerró hasta mayo de 2019, con Ábalos ya en el Ministerio, ha asegurado las fuentes.

Tras él, ha declarado quien fuese su subordinado, Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción y actualmente suspendido, que ha reconocido que firmó algunos contratos con Servinabar porque tenía que hacerlo, sin dar más detalles.

Al término de sus comparecencias, la Fiscalía y las acusaciones han pedido al juez que imponga como medidas cautelares comparecencias quincenales ante el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.

Tras la libertad del exdirigente socialista Santos Cerdán y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, el juez del caso Koldo da paso a los investigados de Acciona, señalada por los presuntos pagos del 2% en adjudicaciones a Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán.

Se tratan del exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y de los altos cargos Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que reportaban directamente al primero y que han sido recientemente suspendidos por la compañía. Todos ellos comparecerán el próximo miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Puente les citó tras el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dio lugar a los registros en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla, el cual "contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

La UCO considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".

Cabe recordar que de Servinabar, los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán por el que exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones, si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público.

La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública".

Y precisa que la relación entre estas empresas "estaría articulada personalmente" por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.

Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban "medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias".

Además, la UCO añade que en esta operativa podrían haber participado Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel.

La compañía negó que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y defendió que en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, presuntamente vinculada con Santos Cerdán, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".