Nombramientos, quejas contra Peinado y reforma judicial: los retos del nuevo curso para el CGPJ

El primer curso del nuevo Consejo General del Poder Judicial, renovado en junio de 2024 tras cinco años y medio de bloqueo del PP, estaba llamado a reflejar, por primera vez en 11 años, una mayoría progresista. Pero el año judicial que acaba de terminar ha demostrado que la negociación entre el Gobierno y el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo no ha favorecido a la izquierda, sino al sector conservador.

Dos de las grandes victorias de los consejeros a propuesta del PP se produjeron al inicio y al final del recién concluido año judicial. La primera, la elección de Isabel Perelló como presidenta, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia pero propuesta por la derecha judicial, con la que se ha alineado desde su designación. La última, la retirada de las dos candidatas progresistas a presidir las dos salas más trascendentes del Tribunal Supremo, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo (a las que aspiraban Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente) tras el veto reiterado a ambas por los conservadores, y el consecuente nombramiento de los candidatos de este último sector.

El nuevo curso se iniciará el próximo 5 de septiembre, con la apertura solemne del año judicial que presidirá el rey. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que no asistirá al acto porque asegura que tiene el compromiso previo de acudir a otro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero la verdadera razón que subyace al plantón del líder de la oposición al monarca es la presencia en el acto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por una presunta filtración de datos de la presidenta madrileña que el jefe de la Fiscalía niega y de la que no existe una sola prueba. Con o sin Feijóo en ese acto tan simbólico presidido por el rey, los principales retos del curso al que dará inicio en el órgano de gobierno de los jueces serán los siguientes.

Nombramientos

Uno de los aspectos más positivos que se pueden achacar al nuevo consejo durante el año judicial que acaba de terminar es su eficacia en los nombramientos discrecionales, los que exigen una mayoría de tres quintos (13 votos) que obliga a conservadores y progresistas a ponerse de acuerdo. Tras cinco años y medio de bloqueo, en los que, tras las reformas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Consejo perdió su facultad de nombrar mientras estuviera prorrogado, los nuevos vocales han logrado sacar adelante las cerca de 130 vacantes por cubrir, que habían afectado en general al funcionamiento del sistema judicial y muy en particular al del Tribunal Supremo, cuyos magistrados ejercen su cargo hasta la jubilación. La práctica mayoría de las designaciones se acordaron previamente y salieron adelante por unanimidad.

El reparto de cuotas entre las dos sensibilidades del Consejo, sin embargo, ha sido muy favorable a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La práctica totalidad de los nuevos magistrados y presidentes de sala del Supremo, de los tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico y de las presidencias de las audiencias provinciales cuya propuesta ha correspondido al grupo de vocales aupados por el PP son miembros y dirigentes de ese colectivo. Una organización cuya presidenta, María Jesús del Barco, participa abiertamente en actos del PP en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y los principios de ética judicial aprobados por el Consejo basándose en tratados internacionales firmados por España. "Para medrar en la judicatura española hay que hacer solo dos cosas", bromea un magistrado progresista: "Sacarse la oposición y afiliarse a la APM; funciona como una agencia de colocación".

En el caso de las propuestas del sector progresista, la asociación más beneficiada ha sido Juezas y Jueces para la Democracia (la situada más a la izquierda y la tercera en número de afiliados), pero en proporción muy inferior a la APM. Han sido los vocales a propuesta del PSOE y Sumar los únicos que han dado espacio a candidatos del resto de asociaciones (las también conservadoras Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y a otros jueces no asociados. La entrada de afiliados de esos dos colectivos históricamente infrarrepresentados en el Consejo y las de los magistrados que no pertenecen a ninguna agrupación es una reivindicación histórica de la judicatura que solo los consejeros de izquierda han cumplido.

En el curso que entra, el CGPJ tendrá que culminar el proceso de nombramiento de dos magistrados de la Sala de lo Militar. Entre los candidatos se encuentra el progresista José Ricardo de Prada, juez del Tribunal de Naciones Unidas para Ruanda y la antigua Yugoslavia y exmiembro de la sala que juzgó la pieza principal del caso Gürtel, al que los conservadores pretenden vetar. La sentencia condenó al PP como responsable a título lucrativo de esa trama de corrupción y afirmó que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy había faltado a la verdad en su declaración como testigo, lo que supuso la caída de su Ejecutivo en la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez a su puesto en 2018.

Entre los aspirantes conservadores está el exvicesecretario del PP y ex mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno madrileño Enrique López. También José Luis Concepción, expresidente del Tribunal Superior de Castilla y León, que comparó al PCE con los nazis y dijo que la entrada de Podemos en el Ejecutivo ponía "en solfa" la democracia. Su última polémica fue su participación en un acto de Neos, la fundación ultracatólica que dirige el exministro del PP Jaime Mayor Oreja.

El curso que empieza en septiembre terminará con la reapertura de otro de los principales conflictos que ha marcado el que está a punto de acabar. La retirada de la progresista Pilar Teso, vetada por los diez vocales del sector conservador, dejó expedito el camino del candidato de estos últimos, el magistrado Pablo Lucas a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Lucas, sin embargo, alcanzará la edad de jubilación el 13 de julio de 2026, con lo que el órgano tendrá que abordar de nuevo la cobertura de su plaza, lo que abrirá previsiblemente una nueva batalla.

Responsabilidad disciplinaria

Es una de las facultades clave del CGPJ y, probablemente, una de las más polémicas. El órgano de gobierno de los jueces recibe multitud de críticas por supuesto corporativismo ante las enormes dificultades que tiene para sancionar las irregularidades que jueces y magistrados cometen en el ejercicio de sus funciones. Sobre la mesa seguirán este curso los casos del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en unas declaraciones hechas en un curso relativas a la ley del solo sí es sí, reprochó a la exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), que pretendiera dar lecciones a los jueces sobre el consentimiento "desde su cajero del Mercadona".

El Promotor de la Acción Disciplinaria, que instruye todos los casos de este tipo, propuso el archivo al considerar que no dijo esas palabras como juez, sino en ejercicio de su libertad de expresión. Pero la comisión permanente del Consejo lo rechazó y le obligó a continuar investigando. Lo mismo ha ocurrido con el juez Carlos del Valle, titular del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que en un interrogatorio al humorista Quequé por una querella de Abogados Cristianos le preguntó qué le parecería que alguien planteara volar la plaza de Pedro Zerolo (en el barrio madrileño de Chueca) y usar las piedras para tirarlas "el día del Orgullo", "a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños".

En los últimos días ha trascendido la apertura por el promotor de otras dos investigaciones disciplinarias contra Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez. La primera surge tras una queja del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tras su interrogatorio como testigo y después del archivo por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la exposición razonada contra el miembro del Gobierno que Peinado elevó achacándole indicios de malversación. La segunda fue promovida por el PSOE por no prorrogar la instrucción contra un cargo del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida por una supuesta malversación de fondos públicos en la organización de un acto municipal adjudicado a dedo a la editora del medio ultra OK diario. Esta última es la que, según fuentes del Consejo, tendría, a priori, más posibilidades de prosperar. Sin embargo, las mismas fuentes advierten de que no dará tiempo a instruir el expediente antes de su jubilación, en agosto de 2026. Hasta entonces, el magistrado actuará con plena impunidad disciplinaria.

La reforma judicial

En el conjunto de reformas judiciales emprendidas por el Gobierno, algunas de las cuáles están detrás de la huelga ilegal promovida por las asociaciones conservadoras, sin servicios mínimos y sin retención de haberes que jueces y fiscales convocaron el pasado 3 de julio, una está aprobada desde principios de este año. Se trata de la conocida como Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que da la vuelta como un calcetín a la organización de los juzgados en nuestro país para agrupar todos los órganos unipersonales en lo que se denomina tribunales de instancia. El objetivo es permitir la especialización de sus miembros, agilizar las sustituciones y dotar de mayor eficiencia toda la maquinaria administrativa que los asiste en sus funciones. El nuevo sistema permitirá, además, incrementar fácilmente las plantillas, porque, a partir de ahora, ya no que habrá que abrir un nuevo juzgado con todo su personal, sino que bastará con crear una nueva plaza de magistrado.

El Consejo, junto con el Ministerio de Justicia y las comunidades con competencias en materia de Justicia, ya han empezado este año esa transformación en los partidos judiciales que cuentan con un solo juzgado. Pero a partir de este curso, comenzará la parte más difícil: llevarla a los núcleos más importantes y grandes capitales. Madrid, por ejemplo, cuenta con 54 juzgados de instrucción y 105 de primera instancia, lo que da una idea de la complejidad de su agrupación. Comunidades presididas por el PP, como Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía o Galicia han comenzado a poner trabas a la reforma. Sin embargo, se trata de una ley plenamente vigente. El proceso tendrá que estar concluido el próximo 31 de diciembre.