Agenda 2014

14 historias que marcarán el año 2014

Mariano Rajoy, durante su comparecencia en el palacio de la Moncloa el pasado 27 de diciembre.

2014 no empieza con todas sus páginas en blanco. Varias, muchas, vienen prologadas por lo que ocurrió en 2013, y aun antes. La salida de la crisis, el nuevo sistema fiscal y el cambio de modelo de financiación autonómica, el caso Bárcenas, el runrún interminable de la sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba, el desafío soberanista, el futuro de Iñaki Urdangarin, los correos secretos de Miguel Blesa, la contrarreforma del aborto, la polémica por la Ley de Seguridad Ciudadana...

Son las 14 historias que 2014 hereda y que aún darán muchos titulares. Un puñado de noticias sólo. Pero también las imprescindibles. 

01. LA PRIMERA BATALLA ELECTORAL: LAS EUROPEAS

Tras un largo periodo de impasse en las urnas –un año y medio–, comienza de nuevo el ciclo y la tensión electoral. Y empieza con las europeas del 25 de mayo. Una contienda que suele interpretarse como un castigo que sale gratis a los grandes partidos y que pueden funcionar como un primer síntoma de cambio de mayorías, como sucedió en 1994 –los primeros comicios de ámbito estatal que ganó José María Aznar, que se acabó imponiendo en las autonómicas y municipales de 1995 y en las generales del año siguiente– y en 2009 –donde arrancó el declive del PSOE–. Serán interpretadas, en cualquier caso, como un primer gran test sobre las políticas del Gobierno. 

PP y PSOE esperan, cada uno, ganar las europeas para apuntarse el tanto, aunque por poco, porque ambos son conscientes de la caída a plomo del bipartidismo, según indican todas las encuestas. A los conservadores les bastaría con quedar por delante para probar que aún siguen siendo la primera fuerza y que el electorado, aunque acuse el golpe de los recortes, no se ha hundido y aún hay margen para la recuperación en las siguientes convocatorias. A Alfredo Pérez Rubalcaba, por su parte, situarse por encima del PP le serviría para recibir oxígeno y demostrar –también para los suyos– que el PSOE deja atrás su travesía en el desierto y que comienza a remontar, que el proyecto socialista vuelve a tener futuro. El propio secretario general había vaticinado que el PSOE vencería, aun perdiendo cinco o seis escaños respecto a las anteriores. En 2009, el PP obtuvo 24 eurodiputados, por 23 del PSOE, 3 de Coalición por Europa, 2 de IU-ICV y 1 de Europa de los Pueblos. 

Aún quedan casi seis meses para las elecciones, pero de momento ninguna gran formación tiene claros sus candidatos y hasta sus alianzas, en algunos casos. En el PP, se ha especulado con que podría encabezar la lista el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aunque no se descarta que Mariano Rajoy, ahora que está embarcado en el proceso de reconquista de su electorado más conservador, apueste por tercera vez por Jaime Mayor Oreja, del que ahora, no obstante, está más distanciado. La composición de la lista podría ser aprovechada para acometer una crisis de Gobierno, aunque el presidente ya ha advertido en repetidas ocasiones que está plenamente satisfecho con su Gabinete, lo que hace anticipar que los relevos serían mínimos. En el PSOE, la decisión no se sellará hasta el Comité Federal de marzo, aunque llevan meses circulando varios nombres. El que va adquiriendo más fuerza es el de Elena Valenciano, pero por su condición de vicesecretaria general esa elección tendría una doble lectura: que el partido juega a la mayor para las europeas pero también que el fin de Rubalcaba está próximo, ya que marcharía a Bruselas su escudera. Otras posibilidades son el exministro Ramón Jáuregui o que repitiera el candidato de 2009, Juan Fernando López Aguilar. El secretario general avisó, no obstante, de que esa lista no sería de "descartes"

En el caso de Izquierda Unida, aún está por ver con quién construye su candidatura –con qué más partidos, aparte de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), y con qué colectivos sociales– y quién la lidera. Se va consolidando la sensación de que Willy Meyer repetirá por tercera vez, aunque él no se ha postulado abiertamente. La decisión se fijará en febrero. Lo que IU pretende es superar al PSOE y quedarse, al menos, como segunda fuerza. Las encuestas sonríen a la formación de Cayo Lara más que nunca: junto con UPyD, es la fuerza que más capitaliza el desgaste de los dos grandes. Desde el flanco izquierdo, es más que probable que Equo rechace un bloque unitario para capitanear a su vez la alternativa verde. El partido magenta, a su vez, quiere consolidar su empuje en los comicios europeos de mayo. En el espectro nacionalista, aún están difusas las alianzas. CiU querría una candidatura soberanista unitaria, pero ERC recela e ICV hará pareja con IU. Pero está por ver cómo se completa el mapa con BNG, PNV, EH Bildu o Anova. 

La lectura nacional es inevitable en estas elecciones, pero no hay duda de que Europa se juega mucho en ellas: los ciudadanos deberán decidir cómo quieren que se siga construyendo la UE y qué equilibrio de fuerzas desea. Por ahora, no se vislumbra que se repita lo que ocurrió en 2009, cuando los socialdemócratas apoyaron al conservador portugués José Manuel Durão Barroso a su reelección como presidente de la Comisión. La familia socialista europea respalda al alemán Martin Schulz, actual presidente de la Eurocámara. La izquierda alternativa ya ha designado al líder de Syriza, Alexis Tsipras, como su candidato. Los conservadores designarán a su referente en marzo en Dublín. 

02. EL PSOE ELIGE NUEVO LÍDER

El PSOE inicia 2014 con la misma incógnita con que cerró 2013: quién será el candidato a la Moncloa en las siguientes generales. Pero casi más que el debate de la persona –que también–, en los últimos meses se ha redoblado la discusión sobre la fecha de las primarias. Esa presión interna, que finalmente no se liberó en la Conferencia Política de noviembre, se desenredará en la primera cita interna importante del año: el Comité Federal del próximo 18 de enero. El máximo órgano de dirección del PSOE fijará ese día el calendario completo, la hoja de ruta de cara a las siguientes convocatorias electorales. Rubalcaba pretende escuchar a los barones en los días previos, con la idea de consensuar, al máximo posible, la fecha. Lo que ya parece claro es que las primarias no se celebrarán antes de las europeas. La duda, pues, es qué momento es el idóneo después de esos comicios. Federaciones como Madrid o Castilla-La Mancha consideran que lo mejor sería en el verano de 2014. Pero la alternativa que se percibe como más viable y menos precipitada es la del otoño, y antes de que se elija a los candidatos autonómicos y municipales. Claro que en el horizonte se cruza el complicado escenario catalán y habrá que ver si distorsiona en algo el calendario. 

Alfredo Pérez Rubalcaba, durante su comparecencia en Ferraz el 27 de diciembre | INMA MESA

En el encaje de las primarias es fundamental el criterio de Andalucía, la federación de mayor peso de todo el partido y gobernada por la todopoderosa Susana Díaz. La presidenta de la Junta ya ha dicho que quiere las elecciones internas "inmediatamente después" de las europeas –ya es de suyo un criterio diferente al defendido meses antes por su predecesor, José Antonio Griñán– , pero no ha precisado mucho más. Rubalcaba, por su parte, guarda celosamente sus cartas: ni ha revelado qué fecha concreta prefiere –siempre ha defendido que las primarias son un elemento de movilización electoral, y por tanto han de celebrarse cerca de los comicios– ni, sobre todo, qué hará él, si está dispuesto a competir en la carrera o no. Una primera señal la dará la candidatura para las europeas y si libera a Valenciano, o si Óscar López oficializa sus pretensiones de batallar (por segunda vez) por la Presidencia de la Junta de Castilla y León, porque eso dejaría su dirección desarbolada, dada la dificultad de cubrir las vacantes de los números dos y tres. 

Precisamente por este último extremo tampoco está disipada del todo la idea de la necesidad de un congreso extraordinario, más aún si las europeas se saldan con un batacazo para el PSOE. La solución de un cónclave también serviría para ahuyentar el temor de la bicefalia, una experiencia amarga en el recuerdo del partido por los años de desconcierto de Joaquín Almunia y Josep Borrell. 

03. LA RECUPERACIÓN, EL RETO DEL GOBIERNO DEL PP

"Si 2012 fue el año del ajuste, el año 2013 fue el año de las reformas y 2014 será el año del inicio de la recuperación económica en nuestro país". Si hubo un mensaje que quiso dejar bien grabado Mariano Rajoy el viernes pasado, 27 de diciembre, en su primera rueda de prensa del año sin limitación de preguntas, fue este. Ya pasó lo peor, ahora viene la recuperación. El Gobierno ha fiado todo su capital político en la gestión de la crisis a que este año los ciudadanos perciban en sus bolsillos la mejoría económica y el fin de los recortes. El PP asegura que esa tímida expansión permitirá que se pueda generar empleo. 

Pero la oposición ya ha dejado dicho que las cuentas de 2014 son las del "hambre", que hay que ser mucho más prudente porque la situación está aún muy lejos de remontar, la bajada del paro no se va a producir tan rápidamente y la salida está siendo penosa por el hachazo al Estado del bienestar y la igualdad de oportunidades asestado por el PP.

Los conservadores se jactan de que España va "en la buena dirección", de que ya no se discute sobre la bajada de pensiones o sobre el despido de funcionarios, sino de cuándo se devolverán las pagas extras o cuánto subirán las pensiones (pese a que estas ya no se actualizarán más conforme al incremento de los precios), de que se ha ganado en competitividad, de que se han embridado las cuentas públicas, de que se atraen más inversiones extranjeras o de que al final no ha hecho falta un rescate del país. Pero en su balance de dos años de legislatura obvian, según recuerda la oposición, las sombras de sus políticas: los dramáticos efectos de los recortes, la devaluación salarial, el deterioro de los servicios públicos, el "desmantelamiento" del Estado del bienestar, la mayor precariedad laboral... Como ha manifestado en varias ocasiones Rubalcaba, el PP está aplicando su "programa en B", "aquello que pensaron toda la vida pero no se atrevieron a hacer" nunca, hasta que se sumó la mayoría absoluta y la crisis "como coartada". 

La promesa de bajada del paro hecha por Rajoy incluso antes de su llegada a la Moncloa ha quedado en papel mojado. El presidente del Gobierno ni siquiera se ha atrevido a garantizar que en 2014 vaya a crearse empleo neto. "Ya veremos", dijo a los periodistas el día de la Constitución. Días antes, en RNE, se había mostrado "convencido" de que acabará la legislatura con menos parados que en 2011. El viernes pasado, el jefe del Ejecutivo rehusó ser "categórico", porque saber "cuándo va a comenzar la creación de empleo en España, en qué fecha, en 2014, no es fácil".  

El Plan de Estabilidad 2013-2016 enviado a Bruselas por el Ejecutivo recoge que la tasa de desempleo será en 2015 del 25,8%, por encima de la que se encontró el PP al asumir el poder (22,85%). Ese 25,8% es una cifra casi calcada a la de la última Encuesta de Población Activa (EPA), 25,98%

04. LA PRUEBA DE LA REFORMA FISCAL

 

El Gobierno presentará su reforma tributaria en los primeros meses de 2014, pero ha dado pocas concreciones aún. El titular de Hacienda ha adelantado que consistirá en bajar impuestos y en cambiar componentes y fuentes de recaudación. Cristóbal Montoro también ha prometido que el cambio legislativo, que estará listo en 2015, promoverá el tratamiento de la familia como unidad contribuyente y favorecerá la conciliación de la vida laboral y familiar. 

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Congreso | EFE

Lo que se atisba es que habrá modificaciones en el IRPF, pero no en el IVA, "ni siquiera en 2015", según ha dicho el propio Rajoy. Pero esa bajada fiscal, prometida por el PP, es en realidad un truco: la subida "temporal" de impuestos que empezó a aplicar contra su programa electoral, en teoría sólo para 2012 y 2013, se extiende a 2014. Así que el descenso tributario llegaría para 2015, año electoral. No hay que olvidar que la cuestión de los impuestos ha generado un vivo debate interno, sobre todo por la oposición del PP de Madrid –al que Rajoy nunca ha llegado a controlar del todo– y del expresidente José María Aznar

Montoro, no obstante, ha dejado ver que no habrá una bajada universal del IRPF: "Hay nóminas muy abultadas a las que no les pasa nada si hasta la salida de la crisis no tienen una bajada mayor de impuestos. Hay que hacer una distribución equitativa de la aportación de las rentas", señaló en una entrevista publicada el pasado 26 de diciembre en el diario económico Expansión

05. EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La reforma fiscal está ligada al nuevo sistema de financiación autonómica, uno de los debates que siempre suscitan más controversia y tiranteces. Varios barones conservadores han venido apremiando al presidente (incluso en su mensaje de Fin de Año)  a abordar ya este complicado asunto, dado que la vigencia del actual modelo, aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, venció el 31 de diciembre de 2013. Rajoy se negó a avanzar nada aún, de forma que tiene pendientes todos los contactos y negociaciones con las CCAA. De nuevo, pocas pistas. 

Algunos barones autonómicos del PP ya avisaron semanas atrás de que no podía reproducirse un esquema bilateral y que debían convocarse foros comunes como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "La política de los reservados no es posible. La política de los lugares con mucha luz da mucho miedo", alertó el líder de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La advertencia tiene que ver con el temor existente en el PP a que el Gobierno intente favorecer a Cataluña como medio para satisfacerla de algún modo. Ya levantó no poco malestar la vía libre que dio Montoro al déficit asimétrico, cuando la Comunidad de Madrid, gobernada por los conservadores, incluso votó en contra de esa fórmula de reparto. 

06. LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA CONTRA TODOS

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana no ha salido aún camino del Congreso y ya ha rebelado a la oposición. El Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, ha defendido que la normativa que prepara su departamento es "oportuna, conveniente y necesaria", porque es "aconsejable" otra regulación 22 años después de la ley Corcuera. El Ejecutivo se ha afanado en vender ante la opinión pública que es consecuencia de su iniciativa "despenalizadora", ya que en la reforma del Código Penal que se tramita en la Cámara baja desaparecen las faltas, que se sustituyen por delitos leves o infracciones administrativas. "En ningún caso se trata de sancionar más, sino de sancionar mejor y con más garantías", defiende el Gobierno de Rajoy. 

La mayoría de los grupos de la oposición salió en tromba contra el anteproyecto de la ley Fernández y la rebautizó como "ley de patada en la boca de la democracia" o la "ley mordaza", porque ven en el articulado la voluntad de silenciar las protestas sociales, al castigar con multas de elevada cuantía a quienes participen en un escrache o se manifiesten ante el Congreso. El PSOE ya ha advertido de que responderá "con toda la energía" posible contra la "intentona antidemocrática" que está pergeñando Interior. 

Jorge Fernández Díaz, en el acto de condecoración del ministro francés del Interior, Manuel Valls, el pasado 23 de diciembre | EFE

El Gobierno, en su borrador, rebajó sus pretensiones iniciales ante la lluvia de críticas de la oposición. En su texto aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre, establece como infracciones muy graves –castigadas con multa de 30.001 a 600.000 euros– conductas como la convocatoria y asistencia a manifestaciones "con finalidad coactiva" en la jornada de reflexión electoral; las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares calificados como infraestructuras críticas (aeropuertos, centrales nucleares); la fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados; deslumbrar con dispositivos luminosos a pilotos y chóferes de tren o autobuses o la perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos y oficios religiosos. 

Entre las infracciones graves (1.001 a 30.000 euros), destacan las concentraciones no comunicadas ante las instituciones del Estado (Congreso, Senado, Parlamentos autonómicos, altos tribunales); la participación en la alteración del orden público con capuchas o cascos; las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos o sus símbolos, himnos o emblemas; la obstrucción a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios; el botellón, cuando perturbe la tranquilidad ciudadana; las cundas o taxis de la droga; el cultivo de estupefacientes... Los escraches son considerados como faltas leves (100 a 1.000 euros). 

Muchas de estas infracciones, al salir del Código Penal, se imponen directamente por decisión de la Administración, y para recurrirlas habría que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa que, en virtud de la reforma introducida por Alberto Ruiz-Gallardón, exige el pago de fuertes tasas. No hay que olvidar que los jueces han venido dando la razón en los últimos meses a los ciudadanos que protestaban o participaban en los escraches. El Ejecutivo los aparta de esta batalla contra las manifestaciones no autorizadas. 

07. LA ESCALADA DE TENSIÓN POR LA CONSULTA

Hay fecha (9 de noviembre de 2014) y pregunta ("¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?" y, en caso afirmativo, "¿Quiere que este Estado sea independiente?") para una consulta que, probablemente, no se celebrará. Pero eso no resolverá, ni mucho menos, la tensión con Cataluña. 

El pasado 12 de diciembre, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, bajo el patrocinio de Artur Mas, pactaron el itinerario clave hacia la consulta soberanista. El 16 de enero, el Parlament aprobará una proposición de ley para pedir al Estado que transfiera a la Generalitat la competencia para convocar referendos, un texto que a su vez presentarán los grupos promotores en el Congreso, y que será rechazado con los votos de PP, PSOE y UPyD. La Cámara autonómica también aprobará la Ley de Consultas Populares, que previsiblemente recurrirá el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Si Mas continuara su desafío y convocara la consulta, el Gobierno lo impugnaría igualmente ante el TC. Con todos los caminos abortados, ciegos, en el horizonte se vislumbra la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias

Artur Mas rodeado de los líderes de ERC, ICV, EUiA y CUP, el pasado 12 de diciembre en el Palau de la Generalitat | EFE

El president de la Generalitat pidió en TV3 una entrevista con Rajoy en busca de una contraoferta. El jefe del Ejecutivo lo rechazó con displicencia. "¿Una reunión con Mas? ¿Para qué? No sé de qué vamos a hablar", respondió en una conversación informal con periodistas. El Gobierno sostiene que no hay nada que negociar, porque el referéndum no cabe en ningún caso en la Constitución porque intenta someter a plebiscito cuestiones que afectan a la soberanía nacional. El PSOE respalda a Rajoy en este asunto, y Rubalcaba repite siempre que puede que no es posible ningún "referéndum de autodeterminación", al tiempo que reprocha a Mas que conduzca a Cataluña a un "callejón sin salida". Pero, a diferencia del PP, esgrime que existe una alternativa, la reforma federal del Estado, que su partido pactó en Granada el pasado julio y en el que ha logrado converger con el PSC. El Gobierno, sin embargo, considera que no hay suficiente consenso para emprender la modificación de la Constitución. Se distancia incluso del rey Juan Carlos que, en su último discurso de Navidad, apostó por la "actualización de los acuerdos de convivencia", aunque advirtió a los nacionalistas de que han de respetar las "reglas del juego".  "Yo digo sí a dialogar con todo el mundo pero digo no a dividir España –aseguró Rajoy el pasado 27 de diciembre–. Al presidente del Gobierno no le pueden pedir lo que no puede hacer. De la soberanía nacional no dispongo yo, es de todos los españoles".

El año se abre con la incógnita del futuro del conflicto con Cataluña y con la incertidumbre también de cómo se reorganizarán las fuerzas políticas en la comunidad. Pesa la duda de si ERC se integrará en el Govern, si acudirá con CiU a las europeas de mayo o si el PSC acabará escindiéndose por las tensiones entre la dirección y el sector crítico catalanista. 

08. LOS PAPELES DE BÁRCENAS QUE ENREDAN AL PARTIDO DEL GOBIERNO

El PP esperaba que su pesadilla por los papeles de Bárcenas finalizara en 2013. No ha sido así. El caso sigue coleando y le queda recorrido. El pasado 19 de diciembre, en un auto demoledor, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó registrar la sede del PP para requerirle que entregara toda la documentación relacionada con la contabilidad B del partido, entre la cual figuraban los supuestos pagos en negro a la sociedad Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó el interior del cuartel general de Génova, 13, entre 2005 y 2011. La comisión judicial permaneció un total de 14 horas. El magistrado acusó al PP de "omitir" datos "relevantes" para la causa, y de elaborar una posible "facturación oficial ficticia". El PP ha hecho como que no fuera con él la cosa. "El Partido Popular colaborará siempre con la Justicia, respetará siempre las decisiones de los triibunales", dijo Rajoy con evasivas el pasado viernes en la Moncloa. 

Los papeles manuscritos del extesorero fueron publicados el 31 de enero de 2013 por el diario El País, y desde entonces el PP ha ido negando todo, pese a que las revelaciones judiciales y periodísticas lo han ido desmintiendo: que existieran una contabilidad en B, que mantuviera relación contractual con Bárcenas después de 2010, que le pagara un sueldo, que Rajoy le protegiera...

Los conservadores calculan ahora que la instrucción del caso Bárcenas estará concluida y que al final la causa quedará en nadacaso Bárcenas, pero también asumen que es un elemento incontrolable para el partido, que le sitúa en el epicentro del huracán. El extesorero, mientras, sigue en prisión y continúa siendo una amenaza para el PP y su presidente. 

09. URDANGARIN, A UN PIE DEL BANQUILLO

Imputar o no a la infanta Cristina será una de las últimas decisiones que tenga que tomar el juez José Castro antes de cerrar la instrucción del caso Nóos. Y la tomará en los siguientes días. La Fiscalía ya ha vuelto a decir lo mismo que en abril, cuando por primera vez el magistrado imputó a la hija menor del rey: que se opone.

Iñaki Urdangarin hizo por segunda vez el paseíllo en los juzgados de Palma el pasado febrero, y entonces tuvo que dar explicaciones por un posible fraude contra Hacienda en el Impuesto de Sociedades en 2007 y por dos supuestos delitos más contra la Agencia Tributaria en 2007 y 2008. Pero el caso pegó su giro más trascendente en 2013 con la imputación, el 3 de abril, de Cristina de Borbón. Imputación que fue levantada por la Audiencia Provincial tras el escrito del Ministerio Público. El tribunal, no obstante, apuntó a Castro el camino a seguir: investigar a la infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales desde Aizoon, de la que es dueña al 50% junto a su marido. Siete meses después, vuelve a estar sobre la mesa la posible implicación y declaración judicial de la duquesa de Palma. De camino, se cruzó el descontrol de los datos entregados por Hacienda. 

Los duques de Palma, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en una imagen de archivo | EFE

Una vez se cierre la instrucción, el juez iniciará el procedimiento para la apertura del juicio oral, lo que situará a Urdangarin a un pie del banquillo. Previsiblemente, aún habrá que aguardar varios meses hasta que la Audiencia de Palma tenga fecha disponible para la vista. 

La Casa del Rey está viviendo la instrucción como un "martirio". Pero el monarca, que en 2011, pocos días antes de la imputación de su yerno, aseguró que "la Justicia es igual para todos", se limitó en su último mensaje de Navidad a asumir en primera persona los compromisos de "ejemplaridad" y "transparencia" que "reclama" la sociedad

10. EL JUEZ QUE ENCARCELÓ A BLESA, CONTRA LAS CUERDAS

Elpidio José Silva, el juez que encarceló a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, está cada día más cerca del banquillo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio los primeros pasos para procesar al magistrado por presunta prevaricación. El magistrado instructor de la causa, Jesús Gavilán, apreció en su auto que existen "indicios racionales" suficientes para hacerlo. La resolución señalaba que Silva cometió un delito contra la libertad individual del exbanquero, al mandarlo dos veces en prisión, que maniobró de forma "torticera" con el caso de la compra del City National Bank de Florida y que retardó de modo "malicioso" las actuaciones. 

Silva pidió que para su defensa pudiera utilizar los 8.777 correos del caso Blesa en los que se basó para ordenar el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid. Sin embargo, el pasado 23 de diciembre, la Sala Civil y Penal del TSJM confirmó su decisión: esos mails, alegó, son "irrelevantes" para la causa. La Sala ratificó así la determinación de Gavilán de apartar de la instrucción todas aquellas comunicaciones que "cercenaran la intimidad" de Blesa y las que "no afectaran a la comprobación de hechos o circunstancias que no tuvieran incidencia en la causa".

infoLibre ha publicado decenas de correos secretos de Blesa que prueban cómo se utilizó Caja Madrid para todo tipo de negocios privados y cuyo contenido en absoluto afecta a la intimidad del banquero. Entre ellos, se revelan gestiones de José María Aznar para operaciones de venta de armas, presuntas irregularidades en el proceso de privatización del Canal de Isabel II de Madrid, que el exbanquero y su equipo directivo conocían ya desde 2006 que las preferentes valían un 10% menos del precio al que eran comercializadas, las importantes retribuciones desconocidas de algunos miembros del consejo de administración, o cómo Blesa y su equipo urdieron un plan para asegurarse un retiro dorado. 

11. LA DERIVA DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA

El futuro de la sanidad pública madrileña pende también del hilo de los tribunales. En septiembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó cautelarmente la externalización de seis hospitales ordenada por la Comunidad que preside Ignacio González, suspensión que aún se mantiene

En el laberíntico proceso, preñado de recursos de los facultativos y de la oposición del Partido Socialista de Madrid, se cruzó la recusación del magistrado Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM y marido de una consejera de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, el cual decidió quedarse con todos los recursos contra la privatización sanitaria. El Gobierno regional le pidió que asumiese el control de las impugnaciones. El magistrado alegó que sólo lo hizo una vez que tenía suficientes razones para obrar así. El PSM recusó a Martínez Tristán. Este fue a su vez propuesto por el PP para ocupar una plaza en el Consejo General del Poder Judicial. El PSOE, que se había sentado a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces sin imponer vetos, lo aceptó, lo que le llevó al desencuentro con Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, quien en "coherencia" con su decisión de acusar al juez, decidió renunciar a su acta de senador

Al final, la Sala de Recusaciones del TSJM acordó, el pasado 10 de diciembre, desestimar la recusación del PSM, argumentando que esta respondía a un "recelo sustentado en presunciones y cábalas". Despejado este cabo, ahora se puede reunir ya el pleno de la Sala de lo Contencioso del TJSM. Lo hará los próximos 9 y 10 de enero, en sesión de mañana y tarde. No presidirá el órgano ya Martínez Tristán, miembro de la Comisión Permanente del CGPJ y, por tanto, con dedicación exclusiva. Le reemplazará el magistrado más antiguo de la Sala, Miguel Ángel Vela. 

12. EL PRIMER EXAMEN A LA LOMCE

No importó que la oposición se levantara en armas, que decenas de miles de profesores, padres y alumnos salieran a las calles contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). José Ignacio Wert, el ministro peor valorado de todo el Gobierno, sacó adelante su ley Wert, en vigor desde el pasado 30 de diciembre.

Aunque el titular de Educación se vio obligado a ampliar el calendario de implantación de la norma de dos a tres años por la presión de las comunidades gobernadas por el PP, en 2014 ya se empezará a aplicar: en primero, tercero y quinto de Primaria y en primero de Formación Profesional Básica. Asimismo, también se introducirá la evaluación de tercero de Primaria. Los cambios en Secundaria y Bachillerato se comenzarán a desplegar a partir de los cursos 2015-2016 y 2016-2017... Pero habrá que ver qué pasa en las elecciones generales de 2015, porque casi toda la oposición ha prometido por escrito que derogará la LOMCE en cuanto cambie la mayoría parlamentaria. 

13. EL RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LA MUJER

Al igual que con la Ley de Seguridad Ciudadana, la contrarreforma del aborto ha nacido envuelta de críticas antes incluso de que saliera del Consejo de Ministros hacia las Cortes. El Gobierno dio luz verde al anteproyecto presentado por el ministro de Justicia el pasado 20 de diciembre, que deroga la Ley de Plazos de 2010, arrebata a las mujeres el derecho de aborto y permite la interrupción voluntaria del embarazo en sólo dos supuestos: violación y riesgo para la mujer. La ley, de aprobarse en sus términos, será más restrictiva incluso que la de 1985, aprobada por el Ejecutivo socialista de Felipe González. 

Manifestación en París contra la Ley del Aborto de Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 27 de diciembre | EFE

Gallardón no saldrá limpio de polvo y paja, porque la mayoría de la oposición, algunas comunidades autónomas, colectivos feministas, facultativos y clínicas abortistas se han echado encima del borrador. Hasta el Gobierno francés ha expresado su preocupación por el "retroceso" hacia los derechos de las mujeres. Igual que la prensa internacional ha puesto el grito en el cielo. Por no hablar de las crecientes críticas en el propio PP: Cristina Cifuentes, Alberto Núñez Feijóo, Borja Sémper... y el más contundente, José Antonio Monago, el presidente extremeño. 

El ministro ha asegurado que no dará marcha atrás. El Gobierno insiste en el argumento de que da cumplimiento al programa electoral del PP. Y lo que la oposición denuncia es que ha tomado a las mujeres como rehenes con el simple propósito de contentar al ala más dura de su partido y del electorado. "Me avergüenzo de una ley que sólo aplaude Le Pen", aseveró gráficamente Rubalcaba el viernes, después de que Rajoy, sin mucho ahínco, defendiese la norma y la calificase de "equilibrada". 

14. TRANSPARENCIA A MEDIAS

España ya salió del club minoritario de países de la Unión Europea que no tenían Ley de Transparencia. Ahora ya existe. Pero no quiere decir que esté en vigor. De hecho, sólo está ya vigente la parte relativa al buen gobierno, el recogido en el Título II. Sólo es un tercio de un texto que, por otra parte, se queda corto respecto a otras legislaciones europeas de transparencia

El epígrafe en vigor contempla una serie de principios generales y de actuación y un régimen sancionador para los cargos que los incumplan. La ley contempla que los cargos de la Administración del Estado, de las comunidades y de los ayuntamientos no podrán aceptar regalos que "superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones", que desempeñarán sus tareas "con transparencia", que gestionarán "adecuadamente" los recursos públicos o que no se valdrán de su posición para obtener "ventajas personales o materiales". Los que sean sancionados por una infracción muy grave "serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años". 

Los otros dos títulos de la ley, los que desarrollan la transparencia de las administraciones públicas y crean el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –el órgano fiscalizador y de control–, los más relevantes, no entrarán en vigor hasta finales de 2014. Y los relativos a los órganos que creen las comunidades y los ayuntamientos, hasta finales de 2015. O sea, que el grueso de la norma todavía tardará en ponerse en marcha

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