La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aún no ha cerrado una polémica inmobiliaria cuando ya le ha surgido otra. A la crisis desatada por la compra del ático en Chamberí, cuyo destino aún está por aclarar, se suma ahora la información revelada por El País en la que se recoge que Ayuso ha decidido instalarse en una urbanización situada en Puerta de Hierro (Madrid) cuya mensualidad oscilaría entre los 2.500 y los 3.000 euros. Pero, ¿cómo de exclusiva es esta zona de la capital y en qué rango de precios se puede encontrar una vivienda?

Puerta de Hierro se sitúa en el noroeste de Madrid, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca, a unos 20 minutos del centro de la capital. Los portales inmobiliarios la describen como una zona “exclusiva” que permite a los residentes vivir “rodeados de naturaleza, gracias a sus muchas zonas verdes y parques, a solo minutos del corazón de la ciudad”. En cuanto a los precios del alquiler, el portal inmobiliario Idealista dibuja un rango amplio que va desde exclusivos chalets por 14.000 euros al mes, hasta pisos en urbanizaciones con piscina que van de los 2.000 a los 3.500 euros, hasta algunos estudios más asequibles, aunque de escasas dimensiones, que rondan los 1.300 euros al mes.

De acuerdo con la información publicada, el inmueble al que se habría mudado la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría entre 130 y 150 metros cuadrados dentro de una urbanización con piscina (algo habitual en esa zona) y garaje. Algunos inmuebles similares en ese perímetro están en torno a los 2.500 euros mensuales.

En cuanto a la tendencia de los precios en la zona de Puerta de Hierro, la inmobiliaria Engel & Völkers apunta que el alquiler medio de los pisos ronda los 16 euros por metro cuadrado, con un aumento del 7,17% con respecto al año pasado. Si lo comparamos con la media de Madrid, el precio en esta zona ha subido por encima de ese umbral. De hecho, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) estimó este mes de agosto que el incremento interanual de precios en la capital sería del 5%.

Con esta mudanza, Ayuso cambia un piso de 183 metros cuadrados en Chamberí, donde residía con su pareja Alberto González Amador, y donde también disfrutaba del ático de lujo que se encontraba en la planta superior, por otro de dimensiones similares en una de las zonas más caras de Madrid. Aunque no ha trascendido si compartirá residencia con su pareja, el importe anual de un piso en esta zona rondaría los 30.000 euros anuales, un precio que podría llegar hasta 40.000 si nos colocamos en los rangos superiores de pisos anunciados. Este importe, si fuera ella sola la que hiciera frente al pago, superaría el 30% de sus ingresos, el límite recomendado por encima del cual la vivienda supone un sobreesfuerzo económico. El sueldo actual de la presidenta es de 103.090,32 euros brutos al año, unos 7.360 euros brutos mensuales. No obstante, tampoco ha trascendido quién hará frente al pago del alquiler. 

El traslado a Puerta de Hierro coincide con el proceso de venta del ático en el que Ayuso residía hasta ahora en Chamberí. El piso se ha puesto a la venta junto con otro inmueble propiedad de su pareja, situado en la misma dirección, por 3,4 millones de euros. Esta operación se conoció pocas horas después de que el diario El País revelara que el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid había comprado por 6,3 millones de euros otro ático, también en Chamberí, que se encuentra justo enfrente a un piso que posee Ayuso en régimen de nuda propiedad gracias a una donación que le hicieron sus padres en 2011. Este último ático adquirido por el Ejecutivo madrileño no sería, según la información oficial difundida por Sol, para disfrute personal de Ayuso, sino, en teoría, para utilizarlo como oficina.

En un primer momento, el Gobierno de Ayuso dijo que este inmueble en Chamberí sería utilizado como "oficina" de la presidenta madrileña mientras durase la reforma prevista en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Aunque la normativa municipal impedía utilizar áticos como oficinas, lo que despertó sospechas sobre la operación y una polémica inmobiliaria más en la cuenta de la presidenta. Todo ello llevó a que este ático terminase de nuevo a la venta por un importe de 6,69 millones.

Este mismo lunes, la presidenta madrileña volvió a ser interpelada sobre la compra del ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, aunque no ha dado explicaciones detalladas. Señaló que estaba "todo dicho" y que "la oposición vuelve a estrellarse en un nuevo intento" de "azuzar" y "enredar". Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había transmitido en una entrevista con Europa Press que la Comunidad "deberá explicar por qué compró un local" que, "al parecer", no se podía destinar a oficina. Cuando se le ha preguntado a la presidenta madrileña por la respuesta del líder de su partido ha zanjado la conversación con una expresión que ha llamado mucho la atención: “Está en venta. Chao, pescao”. 

La mudanza de Ayuso se produce mientras se dirimen estas cuestiones políticas y las cinco denuncias —tres de particulares y una del PSOE, más una quinta interpuesta directamente por el partido Iustitia Europa— que se han presentado por la compra del polémico ático que hizo la Comunidad de Madrid.

En España, el fenómeno de los eclipses ha llegado para quedarse por un tiempo. El evento astronómico del pasado 12 de agosto dejó un impacto económico significativo y unas reservas en hoteles y apartamentos mucho más caras que de costumbre, pero el que se prevé para el año que viene va camino de pulverizar las cifras. En este año, zonas como Soria, León o Palencia –lo que se suele denominar como la España vaciada– eran ideales para observar el evento y multiplicaron por 400% el número de reservas, ya que no son tradicionalmente turísticas. Sin embargo, el eclipse que se espera para el 2 de agosto de 2027 atravesará parte del litoral sur, una región de alta demanda turística a la que ahora se suma el efecto llamada de este evento. Y los precios ya están desbocados.

Buscar dos noches en Cádiz, del 1 al 3 de agosto, deja anuncios sorprendentes: “Apartamento entero, dos dormitorios, 67 metros cuadrados: 16.319 euros”; “Apartamento entero, dos dormitorios, 21.640 euros”. Entre lo más asequible, pocas cosas por debajo de los 2.000 euros y abundan anuncios entre los 5.000 y los 7.000 euros por dos noches. En cuanto a los hoteles, la noche más barata que aparece en el portal inmobiliario Booking del uno al dos de agosto asciende a 450 euros.

“Se están observando incrementos muy significativos de los precios, incluso con una gran antelación, para poder ver el eclipse del próximo verano desde las zonas de mejor visibilidad”, explica César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Díaz apunta que, desde el punto de vista jurídico, en este tipo de servicios “existe libertad de fijación de precios y el alcance de estos, por muy elevados que sean, no implica que estemos ante un precio ilegal”, subraya. Eso sí, deben especificarse en el anuncio de forma clara las condiciones.

Sin embargo, la percepción generalizada de que se trata de precios abusivos puede resultar contraproducente. “Desde la perspectiva de las personas consumidoras, consideramos que estos incrementos pueden resultar especialmente perjudiciales, no solo para quienes quieran desplazarse con motivo del eclipse, sino también para las personas residentes, vecinos y visitantes habituales de estas zonas, si la elevada demanda acaba repercutiendo en los precios de otros servicios”, señalan desde CECU. Y es que el efecto arrastre en las reservas puede extenderse también a servicios habituales que requieren los vecinos de esas zonas.

A la singularidad de un fenómeno como el eclipse se suma la promoción que se ha hecho en España durante estos meses y el interés internacional que despierta. Este año acudieron alrededor de medio millón de visitantes extranjeros que generaron cerca de 350 millones de euros de beneficio, según las estimaciones que realiza el Ministerio de Economía. Entre quienes se movieron dentro del territorio nacional, el gasto se elevó hasta los 94,9 millones, según las mismas fuentes oficiales.

En 2027, el fenómeno se contemplará al 100% desde 115 localidades del sur de Andalucía, así como Ceuta y Melilla. Muchas de ellas, como Málaga, fuertemente tensionadas ya por la vivienda turística. De hecho, si el eclipse de este año ya estiró los precios en zonas de poca afluencia como Soria hasta los mil euros por una noche, en estas localizaciones el incremento de precio va camino de ser muy superior. Otro factor a tener en cuenta es la época del año: el fenómeno astronómico volverá a ser en pleno verano, coincidiendo con el tirón turístico de la región.  

Realizar una búsqueda para principios del próximo agosto en la capital malagueña ya no es apto para todos los bolsillos. Los estudios rondan los 1.000 euros por pernoctación en los portales inmobiliarios, hay camas en hostales de habitaciones compartidas por 445 euros y la oferta hotelera es limitada, con precios que en algunos casos superan ampliamente los 900 euros para la noche del uno al dos de agosto. De hecho, un hotel de tres estrellas en el distrito de Churriana (Málaga) oferta una pernoctación para un adulto por 1.269 euros y advierte: “Nos queda una a este precio”.

Las conclusiones que ha dejado el eclipse que se produjo a principios de agosto son que el turismo extranjero es un motor relevante en la demanda y el consumo. Según un informe de BBVA Research, las compras presenciales de ciudadanos extranjeros en España se incrementaron casi un 14 % interanual entre el 10 y el 16 de agosto, pero no así las de los nacionales. Soria fue la provincia que encabezó el crecimiento del gasto extranjero durante la semana del eclipse, con un aumento del 220,1% interanual, seguida de La Rioja (106,2%), Asturias (88,7%), Segovia (83,1%), Teruel (79%), León (78,3%) y Zaragoza (77,6%).

La antelación con la que se están produciendo las reservas de cara al año que viene y las expectativas de la patronal hacen pensar que se superarán las cifras de este año. La patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) ha detectado una mayor anticipación en las reservas para principios de agosto. En algunos establecimientos, que a un año vista suelen estar en estas fechas al 7% de ocupación, las reservas alcanzan el 12% de las plazas disponibles, afirmaba a la agencia EFE el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Javier Hernández. Y de hecho, los principales demandantes son extranjeros: “Entre los turistas más previsores con el fin de asegurarse los alojamientos a comienzos de agosto de 2027 predominan los británicos (27 %), seguidos de alemanes (18 %) y españoles (13 %)”, informó a EFE la patronal.

Natalia Sáez (27 años) vive en Santander, es dependienta en una cadena de perfumería y su sueldo ronda los 1.400 euros. Vive desde hace tiempo fuera de su hogar familiar, pero siempre ha compartido piso y aún lo sigue haciendo. "Vivir sola sería inviable. Cuando cambié de piso la última vez, me planteé buscar un estudio para mí sola, pero nada bajaba de 700 euros y no me lo podía permitir ni aun yéndome a las afueras", relata. Esa renta, sin contar los gastos, se llevaría la mitad de su sueldo. Cuenta que, como ocurre con muchos de sus amigos, sus padres le echan una mano de vez en cuando con los gastos, algo cada vez más habitual en España. "Mis padres nunca me han pagado el alquiler propiamente, pero me ayudan con los gastos, por ejemplo con la compra del mes, que se nota muchísimo", concluye.

La proporción de jóvenes de entre 18 y 34 años que viven de forma independiente sin apoyo económico de su familia ha bajado del 41% al 31% en 2025, según el informe Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación, realizado por Comisiones Obreras. Y lo preocupante es que la tendencia no hace más que empeorar. Natalia, Lidia, Yasmín y Sergio, cuatro jóvenes entre los 22 y los 27 años, cuentan a infoLibre hasta qué punto se ven reflejados en este dato y qué expectativas tienen en torno a la vivienda y el futuro.

El informe de Comisiones Obreras pone cifras a esta tendencia: “Mientras la tasa europea de jóvenes entre 18 y 34 años emancipados y sin necesidad de apoyo económico se mantiene estable (en torno al 50%), España experimenta una caída tendencial de su tasa de emancipación que se traduce en una brecha creciente con Europa”, advierte el análisis.

Lo mismo que le ocurre a Sáez en Santander, le sucede a Lidia Cascón (27 años) en Salamanca. Trabaja como dependienta en una tienda y su salario, de entre 800 y 1.000 euros "dependiendo del mes", no le permite independizarse del todo. Vive sola y paga 500 euros de alquiler, pero sus padres la ayudan con los gastos: luz, agua, teléfono... "Mi alquiler no es muy caro porque he tenido la suerte de que no me lo han subido en varios años, pero si tuviese que vivir en otro sitio sin ayuda, no podría sostenerme. No es solo el alquiler, sino la comida, los gastos y todo lo demás", relata. La renta que paga por el piso no deja margen para mucho más y comprar es una quimera: "Ni yo ni la mayoría de personas de mi edad que conozco se pueden plantear comprar una casa porque ni tienen el dinero, ni la posibilidad de que el banco se lo dé", concluye.

En una frase resume el círculo que tiene atrapados a muchos jóvenes en España: "No tengo una nómina que me permita vivir bien o ahorrar y tampoco puedo parar de trabajar para formarme porque no podría hacer frente al alquiler". Esto ha provocado que, para buena parte de la población, el momento de comprar una vivienda llegue una vez rebasados los 40 años. De hecho, solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%.

Sergio Maqueda (25 años) gana un poco más como empleado en una empresa de transportes: 1.800 euros al mes. Él ha decidido vivir con sus padres para tratar de saltarse el alquiler y ahorrar para comprar una casa, pero tampoco se muestra optimista. "Tal y como está el tema de la vivienda ahora mismo, me es imposible adquirir una porque no dispongo del capital para dar una entrada", relata. Cuenta que se ve unos cuantos años más viviendo con sus padres para poder asegurarse una casa, aunque sea a largo plazo.

Las previsiones de Maqueda pueden sonar pesimistas, pero los datos tampoco son muy esperanzadores. Según un informe de Infojobs basado en los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 en el conjunto de España, deja un exiguo colchón para planificar el futuro. Además, en general, la media salarial de los jóvenes se queda muy por debajo de lo que cobra Maqueda: en concreto, el Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano —es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo— es de 1.191 euros mensuales.

Basta señalar que el precio de los alquileres se sitúa de media en España en 15,3 euros por metro cuadrado. Es decir, que un piso de 60 metros cuadrados costaría unos 918 euros al mes, lo que supondría el 77% del sueldo mediano de los jóvenes. Si hablamos de grandes zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, las cuentas son aún más difíciles de cuadrar.

Yasmín García (22 años) también vive en Salamanca y su sueldo, ligeramente superior a esta mediana, ronda los 1.400 euros. "Puedo llegar a los 1.500 si trabajo sábados o festivos", comenta. Trabaja en una fábrica de productos de pastelería donde "las condiciones no son malas", pero no ve claro el camino para proyectar un futuro por sí sola. "Independizarse está jodido porque da la sensación de que te vas a tirar toda la vida para poder tener una vivienda", cuenta. Por el momento, ella aún vive con sus padres, pero lamenta que, si "ya hay gente pagando mil euros por una habitación", no parece que las cosas vayan camino de arreglarse.

Si algo dejan claro estos testimonios es que entre la juventud no reina el optimismo. Los jóvenes tienen que echar mano de las familias cada vez con más frecuencia y hasta edades más tardías, a pesar de que, sobre el papel, los datos de empleo han mejorado. Por un lado, la tasa de paro juvenil ha descendido desde el 40% en 2013 hasta el 16% actual, por otro, la temporalidad ha descendido desde el 56% en 2018, hasta el 32% en 2026. Sin embargo, los salarios de los jóvenes siguen avanzando a golpe de subidas de SMI y los alquileres avanzan a precios desbocados. El Consejo de la Juventud estima que los menores de 30 años que se deciden a emanciparse destinan al alquiler el 98,7% de sus ingresos.

"Los datos nos dicen que trabajar ya no es suficiente para emanciparse", señala a infoLibre Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud. A pesar de la mejora en la temporalidad y los salarios, Muñoz señala que el precio de la vivienda y el coste de la vida están absorbiendo cualquier mejora. "Entre quienes se están emancipando, la capacidad de ahorro es muy limitada, en muchos casos por debajo de 100 euros al mes", un margen demasiado estrecho si lo que se busca es reunir la entrada para un piso.

Natalia Sáez, que coincide con las estimaciones de Muñoz, lo resume así: "Si un mes quiero ahorrar 200 euros, tengo que ir del trabajo a casa y no hacer nada más. Por ejemplo, si quieres ir a un gimnasio, que tampoco es un lujo, ya no lo consigues porque te dejas 40 euros al mes". Las cuentas cada vez salen más ajustadas mientras el precio de la vivienda sigue creciendo a doble dígito y los salarios se quedan cada vez más atrás. "Parece que te puedes tirar la vida trabajando y no vas a conseguir nada", concluye Yasmín García.

Los creadores de contenido son un cajón de sastre bajo el que se amparan perfiles de lo más variopintos. Hay escritores de microrrelatos y expertos en cuidado facial, hay millonarios que muestran vidas de ensueño y mecánicos que te sacan de un apuro con un tutorial, hay analistas políticos, comentaristas, anarquistas, reaccionarios, viajeros… Una lista infinita de oficios e identidades que comparten vídeos, textos, imágenes o audios y que en muchos casos aspiran a vivir de ello. TikTok, Instagram, X, YouTube, Facebook, Twitch, Etsy, Substack… La lista de canales donde compartir contenido es cada vez más larga, pero, al mismo tiempo, son pocos los que consiguen hacer de las redes su profesión.

En España, este conjunto de influencers mueve cantidades millonarias y ha roto el monopolio de audiencia que ostentaba la televisión y la prensa tradicional hasta crear un ecosistema donde se compite por retener la atención –cuanto más tiempo, mejor– en cada pequeña comunidad de seguidores. Esta industria mueve a nivel nacional 400 millones de euros, según un análisis del despacho Maio Legal relativo a 2024. El informe identifica a alrededor de 10.000 personas que reciben pagos por publicar contenidos en redes sociales en España.

Una de esas personas es Marc Biarnés, cuyo nombre en redes es Nosoloviernes. Biarnés acumula más de un millón y medio de seguidores entre TikTok e Instagram pendientes de sus análisis de actualidad en clave cómica desde la cocina de su casa. "En mi caso, pasaron cuatro años desde que empecé con esto hasta que conseguí ingresos suficientes como para abandonar otros trabajos", explica.

Sin embargo, parece que acumular seguidores ya no garantiza el éxito. En los últimos días, las redes han comenzado a cuestionar la capacidad de algunos creadores de contenido para conectar con su audiencia, sobre todo la de aquellos dedicados al estilo de vida. En un sector en el que todo era nuevo y cuyo auge parecía no tener techo, han comenzado a aparecer la repetición, el hastío y la desconfianza de muchos seguidores hacia la honestidad de las recomendaciones. Nada que no haya pasado antes en otros ámbitos comerciales, aunque aquí la ‘caída de los influencers’ también es material para crear contenido y las redes se han llenado de comentarios al respecto. 

Esta crisis, bromea Biarnés, quizá tiene que ver “con que ya hemos visto suficientes viajes a Bali o cómo me compro la segunda casa y la tercera… No es que nadie vaya a caer, porque hay mucho dinero ahí, pero mucha de esa gente se ha puesto de pronto a comentar política y ha terminado cancelada por mostrar algunas veces la cara más facha”, concluye. “No va a ser una crisis económica, pero sí una crisis de público”. También apunta a la irrupción de la inteligencia artificial y de los avatares como una cuestión relevante en este momento. Pero, ¿cuánto mueve esta industria y cómo gana dinero un prescriptor? 

No todos pueden vivir de sus publicaciones, pero entre quienes lo hacen, el grueso de sus ingresos procede de la publicidad. La banca de inversión Goldman Sachs señala que hoy en día, el 60% de los ingresos de la economía de los creadores proceden de los acuerdos con marcas. En la cúspide del sector, los contratos pueden alcanzar cifras millonarias: por ejemplo, Spotify ha pagado 250 millones de dólares a Joe Rogan y Amazon 100 millones a MrBeast por sus colaboraciones. Además, Goldman Sachs calcula que solo un 20% de los ingresos de estos grandes nombres del negocio mundial procede de los pagos de las plataformas por reparto de ingresos. El grueso lo ponen las publicidades y colaboraciones con empresas. 

Otro informe, en este caso de la consultora de marketing digital 2btube, apunta que actualmente operan en España aproximadamente 285.000 perfiles con más de 10.000 seguidores en Instagram y TikTok. De ellos, cerca de 15.000 superan los 100.000 seguidores y alrededor de 1.540 rebasan el millón. Instagram, TikTok y YouTube concentran la mayor parte de la actividad, mientras que Twitch acapara el entretenimiento en directo.

Biarnés explica a infoLibre que en España, en contra de lo que se suele pensar, las visualizaciones no generan ingresos por sí solas en la mayoría de plataformas. “La única manera de ganar dinero ahora mismo es a través de la publicidad”, explica. Matiza, no obstante, que YouTube sí monetiza las visitas y que, en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, las plataformas pagan más las visualizaciones. 

Los contratos con las marcas son el principal motor de ingresos y, en general, explica el influencer, suelen ser generosos. “Hay marcas que, por cuatro o cinco publicidades en un año, se mueven en horquillas de entre los 25.000 y los 50.000 euros”. En cuanto a las tarifas que les ofertan, dependen de las estadísticas de cada perfil y se negocian a partir de esos datos de rendimiento. “No basta con los seguidores, sino que es importante la interacción. Hay perfiles con miles de seguidores, pero con 20 comentarios en una publicación, y eso no encaja”, puntualiza. A partir de estos datos, las dos partes y la agencia de representación del influencer (si la hubiera) negocian las tarifas. 

Ahora bien, una vez alcanzado un cierto nivel de seguidores y de colaboraciones, el modelo de negocio también se diversifica hacia otras actividades. “Después de haber afianzado una comunidad de seguidores, ahora puedo permitirme hacer, por ejemplo, una gira de teatros”, concluye. Biarnés. 

De acuerdo con IAB Spain, una asociación de publicidad, marketing y comunicación digital, TikTok ha superado a Instagram como la plataforma en la que más crece el contenido patrocinado, con un aumento del 73%, frente al 45% de Instagram.

“La inversión publicitaria directa en influencers en España alcanzó los 158 millones de euros en 2025, un 25,9% más que en 2024 y un crecimiento acumulado del 100,1% entre 2023 y 2025”, recoge el Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2026 de IAB Spain con PwC. A partir de estos datos, 2btube estima que el valor de mercado que generó la inversión publicitaria habría ascendido en 2025 a 245 millones de euros, un 49%más que en el ejercicio anterior.

Los millones se cuentan por cientos, aunque las cifras varían entre los distintos informes en función de si se contempla solo la inversión publicitaria o se incluyen también las retribuciones de las plataformas, los ingresos por eventos, y otras vías de negocio. En lo que sí coinciden los análisis es en que se trata de una industria que ha dejado de ser incipiente y cuyas cifras, a corto y medio plazo, seguirán creciendo aunque el lifestyle esté en crisis. 

El alcance de los anuncios, la frecuencia con la que los usuarios los ven y el retorno que generan en relación con su coste son algunas de las variables principales que se analizan a la hora de vincular un producto con un creador de contenido. Ya no se trata solo de acumular seguidores —cuanto más, mejor—, sino de crear comunidades y medir la actividad y las interacciones de sus miembros, así como las conversaciones que se generen en torno a un producto o un tema. Así se han ido haciendo más complejas unas relaciones publicitarias que ya han dejado de ser novedosas.

Para los usuarios, ahora el problema parece estar en identificar cuándo algo es una recomendación espontánea y cuándo es una promoción publicitaria. La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) recoge que un 69,8% de los usuarios considera que los prescriptores abusan de la publicidad encubierta y un 61,9% asegura que la mayoría de los comentarios y publicaciones de los influencers deben interpretarse como promociones publicitarias, aunque no se avise abiertamente. Esta percepción ha llevado a casi la mitad de los encuestados (45,7%) a considerar que la credibilidad de los creadores de contenido está disminuyendo.

Biarnés, que centra su trabajo en temas de actualidad, apuesta por un “equilibrio” a la hora de gestionar la presencia de marcas en su perfil. “Hay perfiles en los que entras y parece el escaparate de la teletienda. Yo procuro hacer, más o menos, una publicidad al mes”, señala, consciente de que los seguidores pueden estar cansándose de este modelo de negocio. 

El Ministerio de Consumo ha multado a la empresa de alquiler de coches Avis con un millón de euros por “llevar a cabo prácticas abusivas”. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto la sanción máxima a la compañía por cobrar una tasa de entre 33,88 euros y 45 euros en concepto de gastos de gestión de sanción administrativa a la clientela que hubiera sido sancionada con una multa de tráfico en el momento en que tenían uno de sus vehículos en alquiler. La compañía impuso esta tasa por gestionar el pago de la multa y por comunicar a la administración la identidad de la persona infractora, una gestión a la que está obligada por ley, por lo que Consumo considera que está llevando a cabo una práctica abusiva.

La sanción es de carácter “muy grave” y Consumo señala que ha multado a la empresa “en el grado máximo posible”; sin embargo, la empresa tiene la posibilidad de recurrir la decisión en los tribunales. Para el ministerio que dirige Bustinduy, el principal agravante ha sido la persistencia de Avis en llevar a cabo una práctica que ya había sido considerada ilícita por parte de un juzgado. En concreto, por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Vitoria-Gasteiz, el cual había declarado esta cláusula como abusiva en una sentencia de 22 de septiembre de 2020 y condenaba a la compañía a eliminarla, dejar de aplicarla en los contratos vigentes y abstenerse de incorporarla en el futuro, según recoge la nota de prensa distribuida por Consumo.

De hecho, el expediente nace tras una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV Euskal Kontsumitzaileen Alkartea (EKA/ACUV) y con esta resolución se agota la vía administrativa, aunque puede recurrirse judicialmente.

La decisión de Consumo se sustenta en el hecho de que la ley obliga al titular del vehículo –en este caso Avis– a identificar al conductor responsable, y recuerda que cobrarle al cliente por algo a lo que se está obligado por ley no es lícito. "En el caso de las empresas de alquiler, esta obligación se cumple facilitando a la Administración la identidad de la persona arrendataria o, en su caso, el contrato de alquiler, por lo que no puede repercutirse a la clientela un coste adicional por realizar un trámite que la ley impone al titular del vehículo", concluyen.

Trabajar expuesto al sol causa una de cada tres muertes por cáncer de piel (distinto al melanoma), según un informe publicado por Comisiones Obreras (CCOO) basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El calor cada vez es un factor más relevante en lo que se refiere a los riesgos laborales, y las estadísticas recogen un aumento en la incidencia de las dolencias derivadas de la exposición al sol y a las temperaturas extremas. Sin embargo, para expertos y sindicatos, las estadísticas aún distan mucho de estar bien afinadas y señalan un infrarreconocimiento en lo relativo a las muertes y accidentes por calor. Si a eso sumamos que enfermedades como el cáncer son difíciles de vincular con el trabajo y no tienen protocolos de reconocimiento claros, el resultado es un ecosistema menos seguro para los trabajadores.

En este marco es donde debe ubicarse el dato de muertes por cáncer de piel. “Hay otro peligro muy relevante, que se agudiza también en verano, y que pasa desapercibido en muchas ocasiones: la radiación ultravioleta”, afirma un informe de CCOO que señala a la radiación como responsable, en gran medida, de esta afección.

El calor y el cáncer son dos de los grandes agujeros negros en la prevención sobre los que las agrupaciones sindicales llevan tiempo poniendo el foco. “Pese a las evidencias, en España el cáncer de piel derivado de la exposición solar no está considerado una enfermedad profesional”, explican desde CCOO, que ha propuesto incluir esta afección en el grupo de enfermedades profesionales que recoge el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). “Esta realidad nos obliga a que la única forma que actualmente tenemos para declarar un cáncer de piel por exposición solar como contingencia profesional es tramitarlo como accidente de trabajo”, apuntan.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y con la opinión de la Comisión Europea, la cual recoge que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

La dificultad para establecer una relación causal deriva de que muchos agentes carcinógenos no están reconocidos por el INSS, por ejemplo, el gas radón o la propia exposición continuada al sol. Además, cuando se trata de enfermedades cuya latencia y evolución se estira en el tiempo, reclamar resulta más difícil y suele conducir a un proceso judicial por el que no todo el mundo quiere pasar, sobre todo si se trata de una persona con una enfermedad grave.

En el caso del cáncer de piel, desde CCOO señalan que, si no se reconoce el origen laboral de esta enfermedad, tampoco las medidas para evitarlo podrán ser efectivas y la lista de casos seguirá aumentando. Más en un contexto de cambio climático donde las olas de calor y los días soleados se suceden. De hecho, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo estima que en la UE existen 14,5 millones de trabajadores expuestos a radiación solar durante al menos el 75% de su jornada laboral.

“A nivel de empresa es importante porque, si se reconoce la enfermedad, se debe revisar la evaluación de riesgos y adoptar las medidas preventivas necesarias”, apunta el documento. Además, su reconocimiento como enfermedad profesional implicaría mejores prestaciones económicas para el afectado o para sus familiares, en caso de fallecimiento, y mayores multas para las empresas que deliberadamente expongan a sus trabajadores no aplicando las medidas preventivas necesarias.

Agricultores, obreros de la construcción, personal de carreteras, servicios de limpieza, jardineros… son algunas de las profesiones que más se exponen a un fenómeno que continuará agravándose a medida que el cambio climático avanza, pero además son oficios que ya tienen niveles altos de siniestralidad laboral. La OMS estima que la exposición prolongada a la radiación solar puede incrementar el riesgo de padecer un cáncer en la piel hasta un 60%. Además, han mostrado que entre 2000 y 2019, las muertes por cáncer de piel que se pueden identificar como directamente relacionadas con la exposición a radiación solar durante el trabajo casi se duplicaron, pasando de 10.088 fallecimientos a 18.960. Es decir, la incidencia está aumentando más de un 80% en 19 años al ritmo de la crisis climática.

Por ello, la actividad sindical ha comenzado a poner más atención en los efectos del calor sobre la salud de los trabajadores a largo plazo. “Hay que señalar que la incidencia del melanoma está aumentando más rápidamente que cualquier otra forma de cáncer (con la excepción del cáncer de pulmón en las mujeres)”, recoge el documento.

De hecho, la nueva ley de riesgos laborales que el Gobierno lleva tiempo intentando adaptar contempla, entre otras cosas, actualizar los riesgos profesionales por calor, aunque por el momento sigue atascada y aún le falta un largo camino antes de entrar en vigor. Este nuevo texto reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo y, por tanto, la salud de los trabajadores, por lo que obliga a las empresas a crear planes específicos para olas de calor, riadas u otros fenómenos extremos.

Además, regula los tiempos de exposición a olas de calor y pone el acento en el infrarregistro que existe en torno a los accidentes laborales por temperaturas extremas. Sin embargo, aunque ya ha obtenido el visto bueno del Consejo Económico y Social, la norma tiene pendiente el trámite parlamentario, donde previsiblemente tendrá problemas para salir adelante.

En España, uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 29 años está en riesgo de pobreza. Son algo más de dos millones de jóvenes expuestos a algún tipo de carencia material o precariedad laboral, según concluye un informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Detrás de este dato hay un cóctel económico que no se lo pone nada fácil a quienes están empezando un proyecto vital. La pinza que forman la crisis de vivienda, que impide tener un lugar estable en el que vivir; los salarios bajos, sobre todo cuando se accede al mercado; la precariedad; y la incertidumbre económica que provoca el aumento del coste de la vida, mantiene bajo presión a unas generaciones que están, o bien formándose, o bien aterrizando en el mercado laboral. Quienes estudian, enfrentan mayores dificultades para moverse de ciudad, con un precio disparado en los alquileres; quienes arrancan su carrera profesional, cobran menos, tienen contratos poco estables y el alquiler (más caro que nunca) condiciona su capacidad de ahorro.

Este jueves el INE confirmaba que el IPC de julio se situó en el 3,6%, el dato más alto desde mayo de 2024. “Por quinto mes consecutivo, los salarios pactados por convenio han subido menos que la inflación, un 3,02%. Esto significa que las personas trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo”, señaló Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT. En el caso de los jóvenes, la situación es aún más complicada, ya que ganan menos que la media. El Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano, es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo, es de 1.191 euros mensuales frente a los 1.450 euros del conjunto de los trabajadores. Y, aunque es cierto que los jóvenes son el grupo que más ha mejorado salarios en los últimos años, lo han hecho en gran medida a golpe de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional que han acordado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

El problema detrás de todas las cifras y los porcentajes es una emancipación cada vez más tardía —30 años, uno de los datos más altos de toda la Unión Europea— y unas dificultades crecientes “para llevar a cabo un proyecto vital autónomo”, advierten desde la Secretaría Confederal de Juventud de Comisiones Obreras.

Otro elemento que se debe considerar, además de la complicada situación de los jóvenes, es el efecto arrastre que tiene en las familias que deben apoyar económicamente a sus descendientes durante más tiempo. Quienes pagan los estudios o prestan dinero para la entrada de una primera hipoteca no son familias necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobreesfuerzo económico para tratar de compensar la situación económica en la que se ven atrapados muchos jóvenes. De hecho, las donaciones de padres a hijos se han disparado un 13% en 2025, una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Que la ayuda familiar gane peso en el bienestar de los jóvenes es un factor de desigualdad que deja peor posicionados a quienes menos tienen. Es algo de lo que advierten desde el ámbito universitario, donde han constatado que quienes proceden de un entorno socioeconómico superior son quienes más cambian de provincia a la hora de elegir carrera y también quienes mejor rendimiento académico tienen, según el informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil, que realiza la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “Los datos demuestran que para acceder a la oferta formativa más amplia que suele concentrarse en las comunidades más ricas como Cataluña y Madrid se necesita un nivel socioeconómico más alto”, recoge el documento. Y aquí el precio de los alquileres está jugando en la actualidad un papel muy relevante, ya que multiplica el gasto que deben asumir las familias para sufragar una habitación en un piso compartido o una plaza en una residencia de estudiantes.

De esta forma, advierten los expertos de CREUP, los estudiantes con menos recursos no logran “acceder en igualdad de oportunidades y de condiciones a la educación universitaria” y más si se tiene en cuenta que la vivienda se encarece especialmente en las comunidades con mayor oferta educativa, como Madrid o Barcelona.

Para aquellos jóvenes que ya han superado la etapa formativa, la vivienda sigue siendo un factor importante de desequilibrio. Solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%. Para la mayoría de los ciudadanos, el momento de comprar llega más allá de los cuarenta.

Cada vez hacen falta más años para poder reunir el dinero que exige la entrada de una casa propia. Según un informe de Infojobs que parte de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 a nivel nacional, deja un exiguo colchón para planificar el futuro.

Son estos los mimbres que han dejado a dos millones de jóvenes en una situación delicada, con la vivienda —uno de los principales problemas de los españoles, según el CIS— como el trasfondo más preocupante en el corto plazo. También como el factor que más condiciona los presupuestos familiares cuando hablamos de estudiantes, y los ahorros cuando hablamos de jóvenes en su primera etapa profesional.

La búsqueda de un piso se ha convertido en un rompecabezas para la mayoría de la población, pero para los estudiantes que se mudan desde su ciudad hacia otras localizaciones (y para las familias que lo tienen que sufragar) es un tema especialmente complicado y un factor de desigualdad que se empieza a manifestar. Si tradicionalmente la opción económica para quienes se iban de casa para estudiar era compartir piso, esa realidad está cambiando con la crisis de la vivienda. En una época en la que empieza a dispararse la búsqueda de alojamiento para el curso que viene, los colegios mayores ganan demandantes porque la diferencia de precio con los pisos compartidos ya no es tan grande; los inversores apuestan por el negocio de las residencias privadas de estudiantes para compensar la escasez de plazas; y la edad de emancipación se sigue estirando de forma que solo el 31% de los jóvenes menores de 34 años vive sin ayuda familiar en España, según un informe de Comisiones Obreras.

El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España señalaba recientemente a EFE que la permanencia en este tipo de alojamientos se está alargando hasta una media de tres años, frente a los dos años y medio de la etapa anterior al covid, e insistía en que la diferencia de precio respecto a una habitación en un piso era “cada vez más pequeña”. En cifras, el Consejo estima que un estudiante que comparte piso paga al mes alrededor de 1.000 euros frente a los 1.088 que cuesta, de media, un colegio mayor a nivel nacional con pensión completa, aunque en determinadas regiones es más barato.

Esta dinámica es uno de los factores que han disparado la inversión privada en residencias de estudiantes. Según los datos recopilados por la consultora JLL, el 64% de las residencias de estudiantes registran una ocupación superior al 90% y la inversión en este negocio se disparó un 150% en 2025, con operaciones por valor de 1.700 millones de euros. Las ciudades que más interés han despertado entre los inversores son, además, zonas con mercados tensionados, donde adquirir una vivienda o alquilar una habitación no resulta sencillo. “Los inversores más significativos señalan Valencia como uno de los destinos predilectos. El podio de ciudades en el radar de los inversores se completa con Madrid, donde también un 79% de los inversores quiere invertir, y Barcelona, con un 63%. Otras ciudades españolas en el radar de estos inversores son Málaga (63%) y Bilbao (42%)”, recoge el análisis de la consultora.

En paralelo, las ciudades con los alquileres más caros coinciden con las regiones donde más interés suscita la inversión en alojamientos para estudiantes. Barcelona es, según el portal inmobiliario Idealista, la ciudad con los alquileres más caros (23,4 euros por metro cuadrado). La segunda es Madrid (20,7 euros), con un encarecimiento en 2025 del 15,3%. Málaga ocupa el quinto lugar (15,1 euros), con un aumento de precios del 11,4%. Finalmente, Bilbao es la sexta ciudad más cara (14,9 euros), seguida de Valencia (14,9 euros), que ocupa el séptimo lugar.

La altísima demanda de casas en estas ciudades, unida a la presión turística que eleva la presencia de alojamientos vacacionales y a la concentración de estudiantes, son el cóctel perfecto que complica y condiciona la posibilidad de muchos jóvenes de elegir una universidad lejos del hogar familiar. “El mercado de la vivienda está imposible para el estudiantado”, explicaba recientemente a infolibre Ángeles Guzmán, miembro de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). “La vivienda pone una primera criba económica que los estudiantes no pueden pasar, pero además, está llegando el momento en que el piso compartido se está equiparando con las residencias (tradicionalmente más caras)”, concluía.

En España hay 1,8 millones de estudiantes dentro del sistema universitario, de los cuales 417.000 cambiaron de provincia para cursar su formación, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De estos casi dos millones, la mayoría de los matriculados optan por Madrid (264.733), seguida de Cataluña (240.076), Andalucía (209.733) y Valencia (143.110).

El hecho de que la vivienda alcance precios desorbitados no solo empuja las inversiones en residencias de estudiantes, como apuntan los datos, sino que ahonda en las brechas de desigualdad. El informe Posicionamiento sobre vivienda estudiantil que realiza la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) indica que los hijos de las familias con menos renta tienen menos posibilidades de elegir una universidad o una carrera que esté lejos de su hogar familiar. “En las zonas geográficas con menor oferta universitaria, los perfiles económicos familiares medios o bajos tienen muchas más limitaciones a la hora de elegir ámbito de estudio”, apunta el documento. Y constata también que entre los estudiantes con perfil económico familiar más alto existe una mayor proporción de desplazamiento a otras provincias, “sobre todo entre los que tienen progenitores con ocupaciones altas (65,3%) o con estudios superiores (61,9%)”, recogen.

En definitiva, la crisis habitacional ha hecho que, para algunos estudiantes, moverse lejos de casa haya empezado a dejar de ser una opción. A la vez, la oferta en residencias públicas o colegios mayores está lejos de cubrir la demanda, ya que solo existe una plaza pública por cada cuatro estudiantes universitarios. En este sentido, el Gobierno ha comenzado a tomar medidas y el pasado mes de julio aprobó un paquete económico de 45 millones para que una decena de universidades públicas construyan, con financiación del Estado, alojamientos para estudiantes e investigadores. Aunque, como casi todo lo que tiene que ver con la vivienda, los resultados no llegarán en el corto plazo.

El alcalde de Nueva York ha declarado la guerra al modelo de negocio de Amazon y otras grandes compañías basado en externalizar el reparto de paquetes. En un video publicado en la red social X, Zohran Mamdani mostraba su apoyo a una iniciativa respaldada por los sindicatos para hacer responsables a las grandes compañías de las prácticas laborales abusivas que se producen en sus redes de reparto. “Grandes empresas como Amazon han creado una vasta red de subcontratistas que reparten sus paquetes, al tiempo que las protegen de asumir responsabilidades”, señalaba en la publicación que acompaña al video. "Eso deja a nuestros trabajadores desprotegidos y vuelve nuestras calles menos seguras. Es hora de un cambio", concluía.

Los defensores de la nueva regulación que promueve Mamdani sostienen que el modelo de subcontratación permite a estas empresas esquivar normas sobre salarios y prestaciones. Amazon, por su parte, la rechaza al considerar que encarecerá el reparto, mientras que las empresas subcontratadas también se quejan de que la regulación –conocida como Delivery Protection Act o ley de protección de los repartidores– podría perjudicarles. Sin embargo, los trabajadores consideran que este modelo de subcontratas es perjudicial porque, ante sus reclamaciones sobre las altas cargas de trabajo, las empresas descargan la responsabilidad en Amazon y, al mismo tiempo, al no estar vinculados laboralmente a la compañía, tampoco pueden reclamar mejoras ni negociar los objetivos de reparto con la multinacional.

La compañía fundada por Jeff Bezos siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, la vigilancia constante de los trabajadores o una marcada política antisindical. De hecho, este último punto ha sido uno de los detonantes de la iniciativa, ya que los trabajadores consideran que esta política de subcontratación dificulta la negociación sindical y repercute en peores condiciones laborales y grandes desigualdades entre personas que realizan la misma actividad.

La medida propuesta por el Ayuntamiento de Nueva York afecta a lo que se denomina reparto "de última milla", es decir, a las empresas que llevan los paquetes directamente hasta los domicilios. Lo que propone el consistorio es un nuevo sistema de licencias para ciertos almacenes e instalaciones de distribución de última milla y, al mismo tiempo, establecer nuevos estándares de seguridad y protocolos sometidos a supervisión. También permitiría garantizar que las principales empresas, como Amazon, sean responsables de las consecuencias de las decisiones comerciales que toman cuando los trabajadores se vean afectados.

“Corporaciones como Amazon construyen modelos comerciales de miles de millones de dólares para aislarse de la responsabilidad a través de un sistema de subcontratación abusivo. A medida que los centros de entrega de última milla han explotado en Nueva York, también lo han hecho los accidentes de tránsito y las lesiones de los trabajadores", explicaba el edil neoyorquino.

El sindicato Teamsters, nombre habitual de la International Brotherhood of Teamsters (IBT), uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos y Canadá, fue el promotor de la reforma, redactada por la concejala Tiffany L. Cabán. Ella también aparece en el video junto con Mamdani y varios trabajadores que lanzan paquetes vestidos con uniformes de Amazon. "Si parece un reparto de Amazon y se comporta como un reparto de Amazon, entonces es un reparto de Amazon, ¿verdad? Para Amazon, no", reza la publicación del alcalde en X.

En España, la compañía también trabaja con subcontratas y ha tenido problemas al respecto. En 2022, la Inspección de Trabajo de Cataluña propuso una sanción de 3,2 millones de euros a la compañía de Jeff Bezos y otra de 2,6 millones a 17 empresas subcontratadas por cesión ilegal de personas trabajadoras. Es decir, porque esas empresas tenían trabajando para Amazon a 559 personas que cobraban menos de lo que les habría correspondido si hubiesen estado contratadas directamente por la multinacional estadounidense. En 2024 volvió a ocurrir algo similar, esta vez en Valencia, aunque la compañía se escuda en que su negocio es “la gestión de centros logísticos, no el reparto”. 

Si al tirón de actividad económica que se produce habitualmente en España en verano le sumamos un eclipse, no es de extrañar que los precios y las cifras de ocupación hotelera a principios de agosto se hayan desbocado en algunas regiones. Un análisis reciente del portal inmobiliario Booking señala que en algunas zonas como Soria, León o Palencia, que se encuentran en la franja donde el fenómeno se observará mejor, se han registrado incrementos en las búsquedas de hasta el 500%. Y, como ocurre cuando se impone la ley de oferta y demanda, los precios también se han movido al alza.

Por otro lado, el Ministerio de Economía estima que este fenómeno solar, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, atraerá a nuestro país casi medio millón de turistas más de lo habitual. De esta estimación, 280.000 serán españoles que se moverán por el territorio para conseguir la mejor perspectiva y 160.000 serán extranjeros que llegarán por nuestras fronteras y se dejarán alrededor de 1.500 euros de media, lejos de los 340 que gastarán los nacionales. En total, casi 348 millones de euros llegarán a la economía, según estima el Gobierno.

“Estamos observando un crecimiento muy significativo de las búsquedas de alojamiento en destinos desde los que el eclipse podrá contemplarse en buenas condiciones”, señala Pilar Crespo, responsable de Booking en España. Es la franja que va desde Asturias, pasando por zonas como Soria o Castellón y Baleares. Las estimaciones apuntan a que las reservas en esta franja se habrían incrementado un 76% y los precios, en torno a un 85%.

Otro informe, en este caso de Analistas Financieros Internacionales (AFI), estima que la distribución del gasto asociado a este evento se repartirá en esa franja, aunque también impactaría significativamente en otras comunidades donde el eclipse no será del 100%. “La Comunitat Valenciana se sitúa muy destacada en primer lugar, con 130,6 millones de euros. A continuación, aparecen Madrid, con 54,76 millones, y Castilla y León, con 37,54 millones. Tras ellas se sitúa un segundo escalón integrado por Aragón, Galicia, País Vasco y Cataluña”, recoge el documento.

Basta con realizar una búsqueda rápida por los portales inmobiliarios para comprobar que los precios por habitación rondan por abajo los 500 euros y sobrepasan los mil en otros casos en regiones tradicionalmente poco turísticas como Soria. En Castellón, los más rezagados pueden encontrar apartamentos por 3.200 euros o habitaciones por 500 euros. Asturias es otra de las ubicaciones estrella y plataformas de comercio hotelero como SiteMinder apuntan a un incremento de precios medio que ronda el 80%. Una noche en la capital asturiana ronda los 400 euros a menos de una semana del eclipse.

Mientras los informes y las estimaciones se suceden, los bares y restaurantes también esperan rentabilizar este fenómeno. Un análisis de CoverManager, sistema de gestión de reservas y eventos, estima en un 32% el incremento de las reservas para comer o cenar en Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón. Por capitales, León lidera el aumento nacional de comensales con un 112,8% más de reservas previas, seguida por A Coruña (92,7%), Castellón (76,4%), Segovia (71,2%) y Zaragoza (42,1%).

Como ocurre con cualquier acontecimiento capaz de concentrar a cientos de miles de personas en pocos días, el eclipse dejará una factura económica positiva, pero también pondrá a prueba la capacidad de algunos territorios para absorber una demanda extraordinaria justo cuando las protestas por el turismo masivo alzan la voz en zonas como Barcelona, Palma, San Sebastián y Granada contra un modelo que, según denuncian los vecinos, expulsa a las personas de los barrios y dispara el precio de la vivienda.

 Si algo ha demostrado el problema de la vivienda es que, además de ser el principal quebradero de cabeza de los españoles, es un campo abonado para la lucha política. Y, si bien todos los partidos coinciden en el diagnóstico, pocos se avienen a pactar soluciones conjuntas. Entre los socios de investidura, Sumar y Podemos tratan de intervenir el mercado, Junts se escora hacia las posiciones del PP y lo rechaza, incidiendo en crear beneficios fiscales a los caseros, y el PSOE trata de cuadrar el círculo sin demasiado éxito hasta el momento.

Intervenir el mercado de vivienda es un peaje por el que Junts no quiere pasar. Lo ha mostrado con su voto en contra de la polémica prórroga de los alquileres, que decayó en abril después de que PP y Vox hiciesen lo propio en la votación del Congreso. También se ha opuesto en Cataluña a la reciente propuesta que trata de sacar adelante el Ejecutivo socialista de Salvador Illa para frenar la compra especulativa de casas, así como a otras iniciativas como la idea del Govern y los Comuns para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial convirtiendo oficinas y locales en casas. La secretaria de organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, calificaba esta última medida de "ataque a la propiedad privada", un argumento que han utilizado en otras ocasiones para oponerse a las medidas que implican una regulación del mercado.

El caso más reciente es la queja que Junts elevó junto al PP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña para frenar una regulación destinada a prohibir la compra especulativa de vivienda en áreas tensionadas dentro de la comunidad autónoma. La iniciativa, impulsada por el Govern y los Comuns pretendía incluir esta cuestión modificando la ley de urbanismo, pero el órgano consultivo emitió un dictamen desfavorable este martes, dando así la razón a Junts y al PP. “Era una ley confiscatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión", declaró Lorena Roldán, portavoz del PP en el Parlament tras conocerse las conclusiones del Consell. Toronjo también recordó que ellos habían lanzado una propuesta similar, aunque con incentivos fiscales, y atacó la del Ejecutivo de Illa alegando que no sabían si implicaba expropiaciones.

Al ser un órgano meramente consultivo, tanto los Comuns como el Ejecutivo socialista anunciaron que buscarían el encaje legal para su implementación. Esta es la primera tentativa que se hace para cumplir con una de las reivindicaciones que con más insistencia piden los colectivos sociales de vivienda: evitar que la vivienda sea un vehículo de inversión.

Otra cuestión que está en el aire y con la que Junts también aprieta al Gobierno central es el decreto de vivienda. La propuesta no llegó al último Consejo de Ministros a finales de julio, como estaba previsto, por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El “difícil encaje parlamentario”, como lo describió el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha impedido en varias ocasiones que la medida avance y una de las cosas que tratan de hacer los socios de Gobierno es convencer a la formación independentista. Junts rechaza intervenciones en el mercado para regular precios, prioriza aumentar la oferta, exige blindar a los pequeños arrendadores y apuesta por rebajas fiscales a los caseros.

En abril, cuando decayó la prórroga de los alquileres por primera vez, el Ejecutivo trató de salvarla hasta el último momento, pero se encontró con un Junts poco dado a negociar. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado de su negativa inicial.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas y Junts a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones para tratar de sacar adelante el decreto de vivienda después del verano. 

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda. Por su parte, Junts se acerca al PP en lo que tiene que ver con el control de la crisis inmobiliaria, generando una pinza parlamentaria que al Gobierno no le será fácil sortear.

El verano es un maratón para los trabajadores de muchos sectores, sobre todo para el de la hostelería y el comercio, que exprimen al máximo la temporada alta. Terrazas llenas, reservas a tope y el turismo en su momento dorado del año. También el empleo, que supera los 22,5 millones de afiliados y alcanza un nuevo récord impulsado por la entrada en el mercado laboral de 66.045 cotizantes más de nacionalidad extranjera y 24.318 de nacionalidad española, pone su granito en este periodo de actividad desenfrenada. Son precisamente el comercio, la hostelería y la sanidad los sectores que más personas incorporan durante estos meses, pero también aquellos donde la actividad frenética se nota más en las dinámicas de trabajo y las horas extra se hacen más visibles.

Aurora ha trabajado en varios restaurantes de la costa asturiana para sacarse un extra en verano. “Lo que te dicen es que hay que aguantar sin descansar, que hay que aprovechar el tirón, pero muchas veces estás agotada”, relata. “Ganas dinero, pero luego te pasas un mes en el fisio”, puntualiza. Las jornadas se alargan y las horas extra son la norma: “Te quedas por no dejar tirados a tus compañeros o porque no quieres quedar mal y quieres que te sigan llamando…”. Son dinámicas que se acentúan en los sectores con alta estacionalidad, que necesitan compensar el bajón de actividad en otras épocas del año, pero que atropellan los derechos laborales.

Este lunes el sindicato Comisiones Obreras emitió un informe en el que señalaba que cada semana 436.000 personas asalariadas realizan 2,54 millones de horas extra que no se pagan ni se compensan con descanso, un volumen equivalente a la creación de 68.000 empleos a jornada completa y que supone un coste de 3.378 millones de euros anuales. El dato es demoledor si además tenemos en cuenta que en España hay 2,3 millones de parados, según datos de julio.

En trabajos como la hostelería, con jornadas largas y un considerable desgaste físico, la cuestión cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que, según CCOO, los trabajadores de este sector realizan una media de 7,5 horas extraordinarias semanales no compensadas, un dato por encima de la media nacional (5,8 horas). El comercio, otro sector con un pico de actividad en verano, también está entre las ramas profesionales donde más se alarga de forma invisible la jornada: un 8,5% de las horas trabajadas de más no se compensan de ninguna forma.

“En la hostelería se ha normalizado la idea de que ‘sabes cuándo entras, pero no cuándo sales’. Los propios turnos ya incorporan un exceso implícito de jornada, la prolongación de los cierres de servicio no se compensa y no se respetan las condiciones pactadas en convenio”, explica a infoLibre Paco Galván, responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO. De hecho, señala que en época estival este problema se agrava: “En un país que ocupa las primeras posiciones mundiales en recepción de turistas y donde la actividad aumenta durante el verano, la realización de horas extras crece hasta el punto de que en la mayoría de los establecimientos se entienda como una práctica habitual”, concluye.

“En mi caso, no me importa tanto porque lo entiendo como un trabajo de paso, pero no me plantearía dedicarme a esto”, explica Aurora a infoLibre. La joven, de 27 años, prefiere no dar su nombre porque “aunque es un secreto a voces” –algo que corrobora Galván– puede suponerle un problema.

Sobre las causas, el delegado sindical alude a un modelo laboral que no se termina de ajustar a las cargas de trabajo que impone el sector: “Las plantillas no están dimensionadas en función del volumen de actividad necesario. Existe un abuso de la pseudocontratación parcial que afecta en gran medida a mujeres, jóvenes y personas migrantes, que han de alargar sus jornadas de forma habitual para poder finalizar los servicios”.

Otro grupo profesional que vive en los meses estivales un fuerte pico de actividad es el comercio. “El verano intensifica la presión sobre las plantillas, sobre todo en zonas de alta afluencia turística. Durante estas temporadas, las empresas aplican estrategias de ‘flexibilidad interna’ basadas en modificaciones de horarios a la carta y en la ausencia de conciliación, eliminando descansos a cambio de una disponibilidad total”, explica a infoLibre Eugenio Gámez, de la secretaría sectorial de comercio de CCOO. Gámez enumera mensajes como “debes acabar la tarea antes de marcharte” o “debes entrar antes para tenerlo listo”, que se transmiten a las plantillas y que en su opinión ahondan en la precarización en un periodo donde, precisamente, “el trabajo debería estar mejor planificado y mejor retribuido”, concluye.

Si atendemos a los datos de la Federación de Servicios de CCOO, el número de horas extras no pagadas realizadas semanalmente en el conjunto de este sector es de 243.917. “Las empresas que emplean estas prácticas lo convierten en una forma de adoctrinamiento. Se normaliza la extensión de la jornada por 'vocación' o ante la posible promoción dentro de la 'carrera profesional', cuando lo que realmente se produce es el impago del salario correspondiente y, por tanto, de su cotización”, protesta Gámez.

Además del coste que implican las horas de trabajo invisibles para los trabajadores, las estimaciones se traducen en datos económicos. “Las horas extras no pagadas en hostelería evidencian una situación de explotación laboral y fraude social a través de menores ingresos públicos en cotizaciones, IRPF e impuestos no pagados vinculados a los salarios no abonados”, protesta el representante de los trabajadores de la hostelería. “Esto hace que sí nos tengamos que plantear hablar de un término tan de moda en la actualidad como es el absentismo, pero en este caso de ‘absentismo patronal’”, concluye.

Tanto en el ámbito de bares y restaurantes como en el comercial, los dos representantes coinciden en que el problema es un modelo laboral instalado en dinámicas perniciosas. "Cuando estas horas se realizan de forma habitual, continuada y sin planificación, resulta evidente que deberían haberse consolidado como jornada ordinaria", protesta Gámez. O en su defecto, haberse traducido en un refuerzo de plantilla, pero no ha sido así.

A lo largo de este año, el Ministerio de Trabajo ha tratado de legislar en torno al registro de la jornada laboral para tratar de sacar a flote todas las horas extra que no se compensan; sin embargo, la propuesta permanece atascada. El ministerio que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz lleva meses tratando de que se aplique un registro horario digital e interoperable, al que tenga acceso directo Inspección de Trabajo, pero la propuesta no encuentra el camino para su aplicación.

Mientras tanto, los representantes de los trabajadores apuntan que la atención mediática sobre este hecho ha tenido cierta incidencia y la tendencia se ha corregido ligeramente. "En 2025 se observa una leve corrección, con una ligera reducción de las horas extraordinarias totales en el sector, pero el problema sigue siendo estructural. Las empresas han pasado de un modelo de 'horas extras masivas' a otro de 'adoctrinamiento disciplinar', basado en la parcialidad y en una disponibilidad y flexibilidad total 24/7", concluye el responsable de comercio.

La regularización extraordinaria de migrantes que comenzó en abril y concluyó el pasado mes de junio ha impulsado con fuerza el mercado laboral, al menos si se atiende a los datos de la estadística oficial. El proceso se ha traducido en un total de 262.475 afiliados extranjeros a la Seguridad Social a finales de julio, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una incorporación al mercado de trabajo que se produce en tiempo récord y que ha elevado considerablemente las cifras de afiliación en España. Para los analistas y las asociaciones, esta entrada rápida en el ámbito profesional obedece a la demanda de mano de obra en algunos sectores como la hostelería o la construcción, pero también a que han emergido trabajadores que hasta el momento “habrían estado trabajando de forma irregular”, como señala un análisis de Funcas.

De estos 262.475 afiliados, 213.883 estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el 81,5% del total, mientras que 12.675 eran trabajadores autónomos (4,8%), 21.718 pertenecían al sistema especial de trabajadores agrarios (8,3%), 14.054 al del hogar (5,4%) y 155 al del mar (0,05%). Si miramos las cifras totales, en España trabajan 3,5 millones de personas con nacionalidad extranjera, 420.875 más que hace un año, lo que supone que este colectivo aporta un 15,6% del total de la fuerza laboral.

Si bien el proceso de regularización extraordinaria que propuso el Gobierno ya está cerrado, la tramitación está en curso para muchas personas que aún no han obtenido una resolución a su solicitud, por lo que el efecto de la medida se seguirá notando durante los próximos meses. Lo que sorprende es la velocidad a la que muchas de estas personas han logrado un contrato. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones apuntan a múltiples factores, aunque destacan la alta demanda en algunos sectores. Pero otras voces hablan de un afloramiento del empleo irregular.

El think tank Funcas señala que el acelerón en la afiliación con respecto a años anteriores puede explicarse precisamente por este fenómeno. “Podrían haber estado trabajando previamente de forma irregular. De hecho, esta aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha presentado en los últimos meses una tendencia a la desaceleración”, explican desde el área de Coyuntura de Funcas. De hecho, la evolución interanual en junio del empleo de extranjeros ha sido superior a la de los españoles por primera vez desde que hay registros.

Desde Accem, una organización sin ánimo de lucro que ha estado ayudando a muchas de estas personas en los trámites para adquirir el permiso de residencia, resaltan que este proceso ha contribuido a reducir la vulnerabilidad y a agilizar las gestiones, de ahí que muchas de ellas hayan llegado de forma casi automática a obtener un contrato. “La sensación que tenemos responde principalmente a dos realidades: personas que habían trabajado de forma irregular por la imposibilidad o falta de voluntad de hacerles un contrato y que ahora pasan a situación regular, con la consecuente cotización a la Seguridad Social; y la falta de mano de obra en muchos sectores como la agricultura, la hostelería y el sector servicios en general”, explican a infoLibre.

De hecho, en febrero de este año, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ponía en palabras la evidencia del trabajo irregular. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que se estima que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino también a pequeñas empresas de la construcción”, puntualizaba. Y es que la regularización es también una manera eficaz de propiciar que además de lograr un trabajo, este sea decente: "Una autorización de trabajo combate esa vulnerabilidad a la que están expuestas las personas migrantes y facilita el acceso a un trabajo en condiciones dignas", resume Carmen Ruiz, coordinadora estatal del área de Inclusión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Desde Accem explican que también han atendido dudas del lado de la patronal. “En muchos lugares de España en los que trabajamos, los empresarios nos preguntaban por la posibilidad de contratar a personas a las que atendemos, principalmente para estos campos laborales, por lo que creemos que el hecho de que estén regularizados ha hecho que muchos se incorporen rápidamente al mercado de trabajo”, concluyen.

Desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ponen el foco en el papel importante que juegan los trabajadores extranjeros a la hora de cubrir vacantes. “Muchas personas migrantes que ya se encontraban en España estaban a la espera de regularizar su situación administrativa para poder acceder a un contrato de trabajo”, señalan a infoLibre. “A ello se suma la demanda de mano de obra en determinados sectores con dificultades para cubrir vacantes, lo que ha facilitado una rápida incorporación al empleo una vez obtenida la autorización correspondiente”, concluyen.

La formación y el tirón estacional del verano en la hostelería o la agricultura —dos sectores de alta demanda— son otros dos factores importantes para explicar cómo algunas personas han logrado un contrato de forma relativamente rápida. Lo explica Ruiz, coordinadora de CEAR, quien apunta que, antes de obtener un permiso de trabajo, las organizaciones sociales empiezan a ofrecer formación e identifican nichos de empleo para que, cuando la cuestión burocrática se solventa, puedan optar a un contrato acorde con lo que han aprendido. "Nosotros, si la persona no tiene autorización de trabajo, no la derivamos a ninguna oferta, pero sí tratamos de formarla desde que llega, atendiendo a lo que ya sabe hacer y a los nichos de empleo que hay aquí", apunta. "Ese trabajo previo, que seguramente también realizan otras organizaciones, puede explicar la rápida incorporación de muchas personas migrantes al mercado laboral", añade.

Por otra parte, el tirón del empleo en verano en un país como España, con gran peso del sector turístico y de servicios, también puede estar favoreciendo esta incorporación. "Es importante tener en cuenta que es verano y hay más sustituciones y refuerzos de plantilla en sectores como hostelería, logística o agricultura, por lo que también existen más oportunidades de empleo", concluye Ruiz.

Las patronales CEOE y Cepyme llevaban tiempo reclamando la regularización y, con el objetivo de agilizar las contrataciones, han llegado a pedir acceso a los datos de los solicitantes para no contratar a personas cuyas peticiones terminen siendo desestimadas. Esto es así porque, con la mera admisión provisional de sus peticiones, los solicitantes pueden empezar a trabajar en cualquier empresa.

Por sectores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en el empleo por cuenta ajena. En concreto, en hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en agricultura, el 28,9%; en construcción suponen el 25,9%; en actividades administrativas el 18,6% y en transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el agrario, el 41,7%.

Que la vivienda es un problema fundamental para el bienestar de los españoles es algo en lo que coincide la mayor parte de la ciudadanía y del arco parlamentario. Lo corrobora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), situándolo como el principal problema de los españoles; lo muestra un malestar social creciente y un activismo en alza en torno al mercado inmobiliario y lo subrayan constantemente tanto la derecha como la izquierda. Sin embargo, cualquier medida al respecto, incluido el decreto sobre vivienda que plantean desde el Gobierno, termina chocando reiteradamente contra una pared. Primero, el rechazo de PP, Junts y Vox hizo decaer la prórroga de los alquileres que permitía extender los contratos y limitar las subidas de precios a los inquilinos; ahora, la nueva propuesta del Gobierno ni siquiera ha conseguido llegar al trámite parlamentario, ya que la falta de consenso para llevarla adelante era patente. Unos insisten en construir y bajar impuestos, mientras que para otros, sin intervenir el mercado y limitar las inversiones, nada se podrá hacer. Son los dos polos de un puzzle cada vez más difícil de armar.

La pasada semana, el real decreto de vivienda no llegó al Consejo de Ministros del martes como estaba previsto por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha sido uno de los principales promotores de la medida, lo reconocía en una entrevista a El País y aludía a la “difícil aritmética parlamentaria” como causa del retraso en la tramitación. Aunque matizaba que eso “no puede ser excusa para no aprobarlo” y señalaba que las conversaciones se retomarán en septiembre.

A un Partido Popular enrocado en medidas para fomentar la construcción y liberalizar suelo, pero poco dispuesto a intervenir los alquileres, se suma la disputa entre los dos extremos del bloque de investidura: Junts y Podemos. Los primeros rechazan intervenciones en el mercado para regular precios, priorizan aumentar la oferta y exigen blindar a los pequeños arrendadores; los segundos, en cambio, reclaman topar los precios del alquiler, limitar la compra especulativa por parte de fondos y blindar a los inquilinos.

Colocar todas las piezas de este rompecabezas se ha convertido en una tarea compleja que no termina de encontrar un final satisfactorio. En la negociación también entran otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que demanda regular los alquileres de temporada y cambiar la ley de suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos. Sin embargo, Podemos se opone frontalmente a esta medida que daría más margen a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. Ione Belarra, secretaria general de los morados, señalaba que esta medida supondría “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos” y a la especulación.

En esta última medida, los sindicatos de inquilinos y varias asociaciones ecologistas se alineaban con la formación morada para oponerse a cambios en la ley de suelo. “A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública”, lamentaban en una nota de prensa conjunta.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones después del verano. Para tratar de cuadrar el círculo, el decreto incluye medidas fiscales que benefician a los caseros a la vez que intenta añadir una prórroga de los alquileres y un IVA del 21% a los pisos turísticos. Sin embargo, las posturas no parecen acercarse, sino todo lo contrario.

De hecho, Sumar y PSOE también han tenido discrepancias serias al respecto, sobre todo en lo relativo a rebajar la fiscalidad a los caseros, aunque en esta ocasión la formación de Yolanda Díaz aseguraba a infoLibre que sus posiciones estaban mucho más próximas.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. Una situación que hace muy complicado abordar el problema desde un solo flanco, algo en lo que coinciden los expertos cuando apuntan a la necesidad de conjugar un parque de vivienda pública y protegida con un mayor ritmo de construcción. Sin embargo, esos matices parecen más complicados cuando se aborda el tema desde lo político y se aproximan unos comicios generales.

El Partido Popular ha permanecido al margen en estos meses de tira y afloja entre los socios de investidura, pero sus propuestas apuestan por acelerar la construcción y se alejan de cualquier tipo de intervención sobre el mercado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, señaló justo después de conocerse que se aplazaba el decreto, que la decisión era “una buena noticia para los españoles” ya que las medidas que contenía eran, en su opinión, “equivocadas”. Gamarra aprovechó también para insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir.

La propuesta de los populares en materia de vivienda se limita a los puntos expuestos el año pasado en la llamada Declaración de Asturias. Entre las propuestas que recoge el documento está promover más suelo finalista para construir, agilizando trámites y movilizando parcelas públicas; construir más vivienda en propiedad ofreciendo incentivos a promotores y constructores o flexibilizando el marco regulatorio y los perfiles demandantes para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO); crear más vivienda asequible en alquiler con construcción e incentivos fiscales; rebajar la fiscalidad de la vivienda con deducciones por compra, rehabilitación o en el momento de la transmisión. También propone derogar la ley de vivienda, en concreto, cuestiones como la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres.

Ninguna mención a limitar la compra especulativa o establecer un seguimiento y control de los precios del alquiler, como piden a la izquierda del arco parlamentario.

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda.

Con estos mimbres, un acuerdo en materia de vivienda parece alejarse a la vez que gana terreno una bronca política que mira de reojo ya a la campaña electoral de las próximas generales.

“Cada mañana, antes de comenzar la tarea, todos los trabajadores realizamos un briefing en nuestras zonas correspondientes con los supervisores. Se repasan medidas de seguridad, te dicen que el cuerpo es lo primero, todo muy bonito… La primera vez que lo ves te quedas alucinado porque todo parece maravilloso, hasta que los mánagers empiezan a deslizar determinados mensajes”, señala un empleado de uno de los centros logísticos de Amazon. “Intentad ir poco al servicio, pedid permiso antes de ir, vuestro tiempo de inactividad ha aumentado, acudid a la empresa si tenéis alguna reivindicación…”, enumera. Es un "capitalismo arcoíris", como lo llama Jaime Caro en su libro Infiltrados en Amazon y Starbucks, que muchos trabajadores han comenzado a percibir a medida que la tecnología gana peso en algunas multinacionales.

Amazon podría ser un país en sí misma. A nivel global tiene alrededor de un millón y medio de trabajadores, y en Estados Unidos (EEUU) es el segundo mayor empleador después de Walmart. En España, este gigante estadounidense obtuvo el año pasado un beneficio de 290 millones y facturó más de 9.000 millones de euros en las siete filiales que tiene registradas en territorio español. Su actividad es muy diversa: desde centros logísticos a trabajo en oficinas, reparto o consultoría, y da trabajo fijo a alrededor de 28.000 personas.

Sin embargo, la multinacional siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, vigilancia constante de los trabajadores o una política antisindical marcada. De hecho, en EEUU la multinacional había invertido años atrás más de cuatro millones de dólares en consultoría antisindical, según cuenta Caro en su libro. Y es que la compañía habría exportado, además de un engranaje logístico envidiable, algunas prácticas laborales que los sindicatos llevan tiempo reclamando.

Santiago M. Sánchez es secretario de Comunicación de la sección sindical de CCOO en Amazon Fulfillment, ha trabajado en varias sedes de la compañía y ahora está instalado en un centro logístico de Asturias. Para él, una de las cuestiones más problemáticas es el seguimiento que se hace de la actividad de los empleados y las consecuencias que eso puede llegar a tener en la salud física y mental. "Uno de los principales problemas es la falta de transparencia. La plantilla sabe, o al menos intuye, que su actividad se mide constantemente mediante distintos indicadores de productividad, calidad, tiempos de trabajo o periodos de inactividad, pero desconoce cómo se calculan esas métricas, qué datos se tienen en cuenta y qué consecuencias concretas pueden tener", señala.

Otra persona que conoce de cerca el sistema, aunque en este caso en el área de oficinas y contact centers, lo corrobora. “Es un modelo muy americano, han conseguido que todo sea una métrica verificable y en la parte de consultoría te encuentras con esa mentalidad de tiburones: chicas diciendo que no quieren planes de igualdad para nada o discursos del tipo ‘no queremos derechos, queremos promociones'”.

En el trabajo de logística todo está medido, todos los tiempos del trabajador desde que entra hasta que se marcha de las instalaciones. Y esas métricas, señala Sánchez, generan dinámicas laborales tóxicas, ya que el trabajador desconoce cómo se obtienen y solo recibe la información que sus supervisores le dan.

“Llega un mánager, siempre con una sonrisa por delante, y te dice que vas por debajo de la media. Otra frase habitual es que tu productividad no es suficiente o que tus números no son buenos, o que tienes demasiado tiempo improductivo. Pero en cuanto preguntas cuál es la media y cómo la calculan, te dicen que esos datos no te lo pueden facilitar”, señala Sánchez.

No es un trabajo por objetivos, ya que no aparecen estipulados, ni se pueden negociar con la empresa, lo que dificulta que el empleado pueda responder cuando su evaluación es negativa. “Un trabajador puede no haber descargado el número de paquetes que ellos estiman que debería debido a que no es lo mismo mover cajas de bolígrafos que un paquete pesado o voluminoso”, apunta, “pero como eso no te lo dicen, ni siquiera te puedes defender”, concluye. De hecho, señala que en algunos de sus encuentros sindicales internacionales otros trabajadores afirman que en países con legislaciones más laxas era la propia aplicación de seguimiento la que generaba automáticamente las cartas de despido.

"El algoritmo puede marcar ritmos de trabajo, identificar supuestos tiempos improductivos, comparar rendimientos o influir en evaluaciones y procesos disciplinarios, pero resulta muy difícil conocer su funcionamiento y poder detectar, discutir o corregir posibles errores", explica Sánchez. Él lo llama “la política del miedo”, porque ha visto cómo eso genera situaciones de agotamiento y estrés constante. "Trabajar sometido de forma continua a determinados ritmos, objetivos y controles puede generar presión, ansiedad, fatiga física y una sensación permanente de vigilancia", concluye el representante.

El efecto de trabajar bajo los parámetros de un algoritmo que calcula métricas y mide en abstracto, sin los matices de las circunstancias que pueden afectar a un trabajador en un día cualquiera, es una de las cuestiones que desde el ámbito sindical intentan redefinir como un riesgo laboral. El sociólogo francés, Dominique Cardón, lo advertía así en su libro Con qué sueñan los algoritmos: “Aún hay tiempo para decirles a los algoritmos que nosotros no somos la suma imprecisa e incompleta de nuestros comportamientos”.

“Si no sabes qué es lo que esperan que hagas, no puedes equilibrar las fuerzas y siempre vas al límite. En una empresa, si un día te piden que eches el resto, puedes decidir hacerlo porque al final quieres que a tu empresa le vaya bien, pero si todos los días te dicen que tienes que trabajar como si fuese el fin del mundo, terminas destrozado”, concluye.

Si en la logística el tiempo es oro para Amazon, en el ámbito de oficinas pasa lo mismo, aunque de diferente manera. “La inteligencia artificial y la deslocalización son los dos grandes problemas”, señala Erick Carrión, responsable de CCOO en el sector de Contact Center de Amazon.

Un trabajador del área de oficinas que prefiere no dar su nombre, explica cómo la presión de la inteligencia artificial sobre los trabajos ha exacerbado el ambiente de competitividad. “Te piden que seas competitivo o te dan unas métricas en las que pone que estás siendo poco proactivo. Cosas muy etéreas que no queda muy claro cómo interpretar”, explica. “Sería mucho mejor que te dijeran directamente que te quieren despedir. Con esas métricas te ofrecen irte o te meten en un proceso de mejora donde se produce una ‘carrera de ratas’ por no ser el último”. El problema, explica, es que si un equipo tiene un 85% de cumplimiento y eso está dentro de los parámetros adecuados para la empresa, quienes estén más abajo en ese equipo, aunque estén cumpliendo, están expuestos. “Como alguien tiene que quedar el último, es muy común en este mundillo que la gente termine con ansiedad y depresiones aunque esté trabajando bien”, concluye.

Erik Carrión ha participado en la creación de la mayoría de comités que han ido apareciendo en su área en España. Los comienzos, apunta, fueron duros, sobre todo en una compañía con una mentalidad tan individualista en lo que a la negociación se refiere. “En los últimos dos años hemos hecho diez comités nuevos de la parte de oficinas y unos 100 delegados sindicales”, señala. Explica que al principio fue más complicado poner sobre la mesa la tarea sindical, pero que ahora las relaciones se han normalizado y actúan “como cualquier gran compañía”. Aunque eso sí, la enorme burocracia y la necesidad de que “todo pase por Seattle” ralentizan enormemente la tarea, matiza. Sánchez, que también puso la primera piedra para la representación sindical en el ámbito de la logística, coincide en el análisis, y señala que la gente poco a poco "ha ido perdiendo el miedo" a sindicarse.

Trabajar para un algoritmo o para alguien que solo responde a las métricas es una de las cuestiones centrales que se están tratando de incluir en los planes de riesgos laborales, aunque la velocidad a la que cambia la tecnología y los modelos de negocio no lo pone fácil.

Este periódico se ha puesto en contacto con Amazon y fuentes de la compañía señalan que los empleados "trabajan en un entorno moderno y seguro, bajo los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo". Si bien no explican nada relacionado con la operativa y la opacidad de los algoritmos de seguimiento, insisten en que la infraestructura e instalaciones de sus centros logísticos "están diseñadas para garantizar un entorno laboral seguro".

“La organización del trabajo en una empresa como Amazon es impresionante desde el punto de vista productivo. El problema surge cuando esa tecnología se utiliza para ejercer un control salvaje de los trabajadores”, resume Santiago Sánchez. El riesgo, añade, es que los empleados acaben reducidos a un engranaje más del sistema. Ya lo decía Dostoyevski en sus Apuntes del subsuelo: quizá un día los hombres tendrían que convencerse de que son hombres “y no un teclado de piano”. También habría que convencer a Amazon.

Este jueves se ha confirmado la candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con ello ponía fin a meses de rumores que apuntaban en esa dirección, pero no terminaban de confirmarse. Este organismo, con sede en Ginebra, es una agencia vinculada a Naciones Unidas que se dedica a promover el trabajo decente y los derechos laborales, elaborando convenios, informes y recomendaciones internacionales.

Díaz se presentará frente al actual presidente de la OIT, el togolés Gilbert F. Houngbo, que ostenta la presidencia desde 2022 y no ha anunciado que se vaya a retirar. Por el momento no se han anunciado más candidaturas, aunque el plazo estará abierto durante el mes de agosto y las elecciones tendrán lugar el 16 de noviembre. En la votación participan 28 representantes de los gobiernos, 14 de los sindicatos y otros 14 de las patronales; todos ellos componen el Consejo de Administración, encargado de la elección. 

A lo largo del día, las organizaciones sindicales han celebrado la noticia. “El sindicato considera la opción de Yolanda Díaz muy buena, ya que ha demostrado tener en su agenda todas las cuestiones importantes relacionadas con el mundo del trabajo”, señalaba UGT. Por su parte, Comisiones Obreras apuntaba su respaldo a la candidatura y hacía un llamamiento “para que gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos apoyen un proyecto basado en el trabajo decente, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la transición justa, la libertad sindical y un multilateralismo que defienda la democracia y la justicia social”. Pero además de convencer a los representantes sindicales, tendrá que hacer lo mismo con patronales y representantes de los distintos países.

Fuentes conocedoras señalan que por ahora la candidatura está en un momento muy incipiente y aún no se han concretado los detalles de cómo será la campaña. Sin embargo, sí confirman que la ministra seguirá desarrollando sus funciones en el Ejecutivo sin cambios, ya que ante una hipotética victoria, la toma de posesión del cargo no tendría lugar hasta noviembre de 2027.

Otras fuentes señalan que, pese a la posible cercanía de los sindicatos a la candidatura de Díaz, en el ámbito patronal obtener apoyos no será tan sencillo. De hecho, en febrero de este año el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazaba con acudir precisamente a la OIT al considerar que Trabajo se saltaba las recomendaciones sobre el diálogo social. "Lo quiero dejar muy claro. Tendremos que acabar yendo a la Organización Internacional del Trabajo a denunciarlo", señalaba Garamendi tras referirse al diálogo social como “bipartito” e insistir en que los acuerdos entre Ejecutivo y sindicatos no eran diálogo social.

Desde el ámbito sindical y también desde Trabajo se ha criticado en varias ocasiones la gestión actual de la OIT. En junio, Yolanda Díaz acudió a la sede de la organización y pronunció allí un discurso que ahora encaja con la noticia de su candidatura. "La OIT se debe tomar en serio a sí misma. El mandato de la OIT está en crisis, pero si el trabajo no es una mercancía, tampoco puede serlo la organización que representa el trabajo”, señaló la ministra con motivo de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2026.

Uno de los problemas del organismo está en el hecho de que Estados Unidos haya cortado parte de la financiación, aunque sin abandonar del todo la OIT, como ha hecho con otros organismos internacionales. Este distanciamiento ha generado una deuda que asciende a 280 millones de euros, el 70% de todo lo que adeudan distintos países a la organización.

En cuanto al apoyo que pueda tener entre los distintos gobiernos, no todos participan en los comicios y los países con derecho a voto son casi una treintena: Alemania, Bangladés, Barbados, Brasil, Brunéi, Canadá, China, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gabón, India, Italia, Japón, Libia, Lituania, Malawi, Níger, Omán, Perú, Polonia, Corea del Sur, República Dominicana, Reino Unido, Sudán y Uruguay. Cabe destacar que Díaz se reunió en junio con sus homólogos de la mayoría de estos países, al término de su visita a la cumbre de la OIT en Ginebra. Además, mantiene una posición próxima al gobierno de Lula da Silva en Brasil y en junio acudió a la XV edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, donde se reunió con los ministros de Trabajo de Uruguay y de República Dominicana.

La última vez que las tres partes llegaron a un gran acuerdo fue en 2021, para poner en marcha la reforma laboral y lejos quedan ya las prórrogas de los ERTE, consensuadas de forma tripartita hasta seis veces. Desde entonces, la patronal no ha respaldado las últimas cinco subidas del SMI, ha rechazado la reforma de la ley de riesgos laborales, los permisos por fallecimiento o cuidados paliativos y también mantiene un rechazo frontal a la intención de Trabajo de regular de forma más estricta el control horario y las horas extraordinarias.

La patronal culpa al Ejecutivo de la falta de acuerdo y esto puede ser un escollo en el camino hacia la OIT, ya que se trata de un órgano en el que también tienen participación y derecho a voto los empresarios.

Tras confirmarse la candidatura, el entorno de Podemos también se ha mostrado crítico. "Implica que a alguien, después de haber estado en un gobierno, se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", afirmó el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a la vez ha señalado que Díaz se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia". Por su parte, Pablo Echenique, publicaba un mensaje en la red social X que ahondaba en la misma crítica. “Hoy es necesario recordar que existe una izquierda que no se vende. Una izquierda que sabe que trabajar para el PSOE tiene premio y no hacerlo tiene castigo”, apuntó.

También el Partido Popular, a través de X, se ha expresado de forma crítica. Su cuenta oficial ha compartido el mensaje del presidente del Gobierno con un texto que rezaba: "Ya sabemos la contraprestación por callar a todo".

Francisca López Ruiz, “Paquita”, tiene 82 años y ha vivido los últimos 28 en la calle Santa Ana de Madrid. Lleva más de medio siglo en el barrio de La Latina, a donde llegó desde su Huelva natal. Hasta este miércoles, que es cuando estaba prevista la ejecución del desahucio sobre la vivienda que comparte con su hijo Carlos, de 47 años. "He cumplido siempre con el pago de mi alquiler y esta es mi casa. A mis 82 años, lo único que quiero es poder seguir viviendo aquí, en el barrio donde he hecho mi vida", declara a través de la asociación de vecinos La Chispera, que la ayuda en este trance.

Paquita y su hijo conviven con el pesar de saber que van a tener que irse de su casa, pero también con la extrema incertidumbre que generan los procesos judiciales de desahucio. En la mañana del martes, esperaban a una comitiva judicial que aparecería hoy miércoles en su casa, pero poco después de las ocho de la tarde, coincidiendo también con una presión social y mediática en aumento, su abogado informaba de que el lanzamiento se posponía. "Lo tomamos como gran noticia", señalan sus vecinos, quienes a su vez pedían mantener el pulso: "Seguimos necesitando que Paquita no esté sola, porque un aplazamiento sin alternativa habitacional deja intacto el problema".

El edificio era propiedad de una única persona, pero pasó a sus herederos tras el fallecimiento de la dueña y ahora va camino de convertirse en un bloque destinado a la vivienda turística, según afirman desde la asociación. La sociedad propietaria del edificio, Tolesanta SL, tiene "docenas de viviendas en la zona", detallan, y por eso su intención es que les den "un tiempo razonable antes de echarla" para poder buscarle una alternativa en el barrio a la mujer. “No pedimos ganarles, porque judicialmente se han agotado las vías, pedimos un poco de tiempo para poder encontrar otra casa en el barrio”, señala Daniel Piedrabuena, portavoz de la agrupación vecinal.

Tras fracasar en sus intentos ante los tribunales, Paquita y su hijo saben que tendrán que abandonar el piso, pero piden tiempo para poder encontrar una casa en su vecindario de toda la vida. “Es una persona de 82 años para la que son importantes los vínculos con el barrio: salir a merendar con su amiga, darse su paseo por el barrio, ir a las tiendas de siempre que quedan…”, señala el portavoz. “A su edad, esas pequeñas relaciones de proximidad no son un detalle menor, sino un elemento fundamental para mantener la autonomía”.

Pero salir al mercado del alquiler en un barrio como La Latina, y más siendo una persona mayor que podría ser considerada vulnerable —está diagnosticada de parkinson—, es casi una garantía de no poder encontrar nada. “No son insolventes económicamente; entre los dos tienen ingresos suficientes y han pagado religiosamente el alquiler siempre”, detalla Piedrabuena, pero por el momento no tiene un sitio al que ir y tampoco los resortes sociales han sabido darle una solución.

Paquita pagaba "religiosamente" 1.150 euros de alquiler, pero si algo ha demostrado el mercado es que el arrendamiento se ha hecho inaccesible también para las personas que pueden pagar. Entre quienes abonan una renta, cuatro de cada diez hogares ya destinan más del 40% de sus ingresos solo al pago de la mensualidad, según el Consejo General de Economistas. Si se observan los cuartiles de población con menos renta, la cosa se complica más y el bocado a los presupuestos alcanza el 70% de los ingresos medios. Es decir, de todo el dinero que ganan, solo un 30% queda libre para comer, vestirse, desplazarse o afrontar gastos corrientes.

La historia de Paquita tiene paralelismos con otras en las que un cambio de manos en la propiedad y la espectacular rentabilidad del mercado inmobiliario han hecho que la balanza se decante hacia el negocio turístico. Porque mantener los alquileres de larga duración no resulta una opción tan lucrativa. En Madrid la ley dicta que para poder tener una licencia de vivienda turística, todo el edificio debe estar dedicado a ese fin, de forma que estos pisos no convivan con otros de uso residencial. La normativa del Ayuntamiento estipula que no se den licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico “para garantizar una oferta turística ordenada y legal”, recoge una nota del consistorio madrileño. Algo que, lejos de hacer retroceder a los inversores, ha provocado que se fuerce la salida de muchos vecinos que llevan tiempo en los inmuebles.

Pese al aplazamiento del desahucio de Paquita, la asociación vecinal ha mantenido una convocatoria de protesta este miércoles a las 10:30 h ante su vivienda, a la vez que hace un llamamiento a los vecinos del barrio con viviendas en alquiler para que le ofrezcan una alternativa a la familia. “En un barrio gentrificado como este, donde compites con cientos de personas por un piso, conseguir una casa requiere tiempo”, señala Piedrabuena. Pero tiempo es justo lo que no tienen, porque el plazo para abandonar la vivienda expira ya y el aplazamiento no establece ningún margen específico de tiempo.

“Mientras el Plan Reside —la norma del consistorio madrileño que regula el uso de las viviendas— siga facilitando la especulación en los barrios en vez de defender los hogares de la vecindad, este tipo de prácticas seguirán campando a sus anchas”, protestan desde la agrupación. “Las empresas seguirán desarrollando estrategias de expulsión de las vecinas para poder hacer negocio con sus hogares”, concluyen. De hecho, hartos de que estas situaciones se repitan, han decidido unirse para denunciar las viviendas turísticas ilegales que detectan en el barrio.

Sobre la empresa propietaria, La Chispera señala que se dedica de manera profesional a explotar viviendas turísticas: "Se dedica a la reforma de inmuebles para su explotación turística, en muchos casos, como el que nos ocupa, mediante la expulsión de los antiguos inquilinos", apuntan en una nota de prensa. Por otro lado, mencionan también que la empresa ha tenido una sanción reciente tras un pleito con vecinos que se dirimió en la Audiencia Provincial de Madrid. Tal como relata elDiario.es, la sentencia llevó a clausurar cinco pisos de Tolesanta por molestias y ruidos que afectaban a los inquilinos habituales.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Tolesanta para recoger su versión, aunque a fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) lleva tiempo protestando por el fenómeno de las viviendas de uso vacacional y denunciando que hay una alta cantidad de pisos que operan sin las licencias oportunas. Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

Desde la Chispera también han decidido tomar la iniciativa contra este fenómeno. "Estamos organizando diferentes actividades para hacer barrio, pero una parte de nuestra actividad va por la lucha contra los pisos turísticos, a los que además estamos empezando a denunciar ya", explica Piedrabuena. Lo que han hecho es mapear el barrio e ir presentando denuncias ante el Ministerio de Consumo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda. "Hemos detectado más de 800 pisos turísticos ilegales solo en nuestro barrio", señala el portavoz.

Por ahora, solo notifican su presencia a las Administraciones para que hagan algo, pero no siempre reciben respuesta. La Comunidad ha sido la única en contestar, señalan, aunque solo para pedirles más documentación y, pese a que llevan poco tiempo con esta iniciativa de denuncias, esperan que sirva para mostrar la magnitud del problema. "Es lo único que podemos hacer por ahora sin tener que meternos en juicios", apunta el portavoz de La Chispera. "Cuando en un bloque hay pisos turísticos y aún quedan vecinos viviendo tratamos de pelear —porque eso es ilegal—, pero si ya solo quedan viviendas vacacionales damos el edificio por perdido", concluye.

En la madrugada de este domingo, en plena celebración de la victoria de España en el Mundial, un joven sale de un bazar con varias bocinas en la mano y las reparte entre sus amigos: “Me ha cobrado lo que ha querido”, dice sin dejar de sonreír. Inmediatamente retoma los cánticos futbolísticos a coro con sus compañeros sin darle mayor importancia a lo que ha pagado, que ha sido algo más de lo conveniente. Un día es un día, pero ¿qué impacto tiene a nivel económico un evento como este, con millones de personas dispuestas a gastar un poco más y con empresas preparadas para aprovechar el tirón? ¿En qué sectores se nota más la ola de euforia?

Aunque hay mucha literatura acerca del impacto económico de este tipo de eventos en los países organizadores, no hay tanta cuando se trata de los países que ganan un gran evento deportivo, explica Mario Sorribas-Fierro, profesor de OBS Business School. Sin embargo, cita tres factores que se deben tener en cuenta: el consumo interno, el turismo, la promoción de la marca España y las exportaciones. “En cuanto al consumo de los hogares, en el ámbito de la hostelería se habla de unos ingresos de alrededor de 130 millones en estos poco más de 40 días”, aunque aquí, matiza, es difícil separarlo de otras variables y atribuirlo solo al Mundial de fútbol, y tampoco todo ese dinero es una inyección neta a la economía “porque habría que restarle la bajada en la productividad del día de hoy”, concluye.

En esto coincide también David Echeverry, profesor de economía de la Universidad de Navarra. Para Echeverry el efecto económico para el país ganador es “ambiguo”, ya que “en regiones muy apegadas al fútbol la gente suele pedirse días libres y ello repercute en una menor productividad”, pero matiza que una gran victoria también puede servir de escaparate y animar el consumo, el comercio o incluso el turismo. “Es el poder de las narrativas sobre los efectos económicos, como lo llamaba el premio Nobel de Economía Robert Shiller. España es un buen ejemplo para analizar, porque su victoria y su papel como anfitrión en el próximo Mundial hará que más países del mundo se interesen a nivel turístico e incluso comercial”, concluye Echeverry.

De hecho, la otra parte que se debe observar es precisamente esa, las visitas y el refuerzo de la marca de país. “Un estudio de 2024 señala que los países que ganan el Mundial consiguen un aumento en las llegadas turísticas, aunque ese impacto es mayor cuanto más desconocido es el país; sí cabe esperar que la actividad de influencers y la promoción de un hito deportivo como este atraiga más actividad”, apunta Sorribas-Fierro.

Finalmente, en el comercio internacional también podría verse algún cambio. “Se dice que los países que ganan el Mundial ven aumentar entre un 0,25% y un 0,5% su PIB en los dos trimestres siguientes”, señala el profesor de OBS Business School. Algo, explica, que viene dado por el efecto de promoción internacional que puede llegar a tener una victoria a nivel global. “Es un efecto psicológico asociado que dura un tiempo y que puede suponer gran cantidad de dinero”, concluye. Las cantidades, matiza, son mucho más difíciles de obtener y requerirán ver la evolución a medio plazo.

Durante las semanas que ha durado el Mundial de fútbol se han sucedido las estimaciones sobre el impacto que puede tener en el consumo, el comercio, las importaciones, etc. Aunque para saberlo con cifras redondas habrá que esperar, ya se han dado algunas cifras. En Estados Unidos, que acogió la mayoría de los partidos, el Bank of America estimó que el evento habría movido unos 40.000 millones de dólares, la mitad de ellos dentro del país y el resto repartido en los otros dos países anfitriones: México y Canadá.

Por otro lado, de acuerdo con los cálculos de Bloomberg, el torneo ha sido uno de los más rentables de la historia, con unos ingresos para la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de más de 13.100 millones de euros, superando en más de 1.700 millones las previsiones que se habían calculado previamente. La agencia económica estima también que solo la publicidad de las pausas de hidratación habría procurado unos ingresos en torno a 500 millones de dólares, si se tiene en cuenta que un anuncio de 30 segundos en estos huecos publicitarios se movía en una franja de entre 250.000 y 750.000 dólares.

Además de mirar menos los precios, como le ocurría en la noche del domingo al joven con cuya historia comienza este artículo, hay otro factor que los expertos destacan y es que con la euforia de estos grandes eventos también bajamos la guardia en lo que tiene que ver con las compras por internet y nos exponemos más al fraude, con el consiguiente impacto económico. “Los atacantes aprovechan la emoción, la urgencia y el interés que generan estas ocasiones para engañarnos mediante invitaciones falsas, cambios de fecha, promociones inexistentes o supuestas celebraciones exclusivas”, explica José Manuel Moreno, director de Ciberseguridad de la tecnológica NTT DATA. “Y no hace falta ser un fanático del deporte para caer en la trampa: cualquiera puede recibir un mensaje aparentemente legítimo y terminar haciendo clic en un enlace malicioso o visitando un sitio fraudulento”, concluye. De hecho, según sus datos, el 20% de la criminalidad registrada en España en 2025 tenía que ver con estafas realizadas por medio de ciberdelitos.

En la estimación económica también es relevante el premio que se llevan los ganadores. En conjunto, la FIFA anunció que repartiría 655 millones de dólares en premios en metálico a las federaciones, un 50% más que en la edición anterior. La prima del país ganador, es decir, de España, será de 50 millones de dólares, 33 millones se irán a Argentina y 29 millones para Inglaterra. Del quinto al octavo, reciben 19 millones. Del noveno al decimosexto, las federaciones perciben 15 millones y la cifra se va reduciendo hasta llegar a los nueve millones para los que menos se llevan.

De esas asignaciones salen el dinero de las federaciones nacionales y las primas de los jugadores. Tal y como adelantó Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE, el acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que los futbolistas se lleven el 45% de esa cantidad como premio por su victoria, lo que les dejará un total de 750.000 euros por jugador.

BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo, con una cartera valorada en 14 billones de dólares (es decir, 14 millones de millones de dólares) y hace unos días anunció su entrada en el capital de Unicaja, con una participación del 3%. A lo inabarcable de las cifras que maneja esta entidad, se suma una comparación sorprendente: si fuera un país, sería la tercera potencia del mundo por detrás de Estados Unidos y China, pero por delante de Alemania, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Además, con esta operación sobre Unicaja, el grupo inversor se hace un hueco en todos los bancos cotizados españoles. Pero, ¿cuánto dinero ponen y quiénes son los principales accionistas de la gran banca española?

En España había 8.634 fondos privados institucionales de todo el mundo al cierre de 2024, “sobre todo procedentes de Europa y los Estados Unidos”, de acuerdo con el último Informe anual sobre la propiedad de las acciones cotizadas españolas de BME, el gestor de la Bolsa española. De hecho, el 48,7% de las acciones del mercado nacional estaban en manos de inversores extranjeros. En la imagen general, las corporaciones internacionales han ido ganando peso, pero también siguen teniendo un peso relevante algunos apellidos: Botín, Masaveu, Olivo o Domínguez de la Maza, entre otros.

Si comenzamos por los fondos, BlackRock, fundado y dirigido por Larry Fink desde 1988, es el más relevante. Recientemente, su responsable en España, Luís Mejía, aportaba al diario económico Expansión los datos de sus operaciones en España: invierte 104.900 millones. De estos, 67.300 millones van a empresas cotizadas; 22.500 millones de euros a deuda pública; 12.200 millones a deuda corporativa y 2.900 millones en activos no cotizados. Su inversión ha crecido en dos años un 70%, remarcaba el responsable.

Atendiendo al valor actual de los títulos en el mercado, la reciente inversión en Unicaja superaría los 250 millones en acciones. Con este cambio, el fondo entraba a formar parte de los accionistas significativos, aunque la Fundación Unicaja se mantiene como el accionista mayoritario (30,23% de los títulos); seguida de Santa Lucía Seguros, con un 10%; el promotor de centros comerciales Tomás Olivo, con un 5,18%; y el brazo inversor de la marca de ropa infantil Mayoral (Indumenta Pueri), con el 5%. Este último es propiedad de la familia Domínguez de la Maza, que, con un patrimonio de 1.300 millones, es la mayor fortuna de Andalucía. Además, están presentes en muchas empresas del Ibex 35 y han dado un impulso a la reciente salida a bolsa de la compañía de telecomunicaciones Digi con un compromiso de inversión de 100 millones.

Volviendo a Blackrock, el megafondo estadounidense también se sienta en el accionariado del mayor banco de España, el Santander, con un 6,86% y aparece como único accionista significativo en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el BBVA ocurre lo mismo, y aparece con una participación del 7,15%; en Caixabank posee el 4,68% de las acciones; en el banco Sabadell, el 8,44% y en Bankinter, el 5,91%.

Fuera del ámbito financiero, el vehículo inversor de Larry Fink también posee acciones en ACS (5,057%), Aena (5,037%), Amadeus (5,498%), Cellnex (5,001%), Enagás (7,427%), Iberdrola (6,254%), Redeia (5,225%), Repsol (7,176%) o Telefónica (5,940%).

Otro gran inversor internacional que tiene peso en la banca española es Vanguard Group, que también ha puesto un pie en todas las entidades bancarias del Ibex 35. Fundado en 1975 en Pensilvania (Estados Unidos), mueve alrededor de 12 billones de dólares (con b) y se definen como “pioneros” en la creación de fondos indexados (aquellos que replican el comportamiento de un determinado índice bursátil). Destaca su posición en el Banco Santander (6,11%), seguido de BBVA (4,95%), Bankinter (3,70%), Caixabank (2,37%), Sabadell (1,13%) y Unicaja (1,82%), según datos de Bloomberg.

Norges, el fondo soberano noruego ligado al Norges Bank, es otro gigante de la inversión en las empresas del selectivo español y en la banca. También está presente en las seis entidades cotizadas, aunque en menor medida que BlackRock o Vanguard. Posee un 2,29% de títulos del Sabadell, un 1,6% del Santander, un 1,57% de Bankinter, un 2,87% de BBVA, un 0,33% de Unicaja y un 0,41% de Caixabank. Este grupo inversor se nutre de los beneficios obtenidos por la venta de petróleo y gas de Noruega y es el fondo soberano más grande del mundo. El año pasado su patrimonio cerró en 1,89 billones de euros, ligeramente por encima del PIB de España (1,6 billones de euros al cierre de 2025).

Si se observa la información de participaciones significativas que las empresas envían a la CNMV, aparecen otros nombres y apellidos que siempre han estado ligados al mundo empresarial y financiero en España.

Entidades como Bankinter cuentan con accionistas significativos diversos. Además de los citados fondos, aparece entre su accionariado la sociedad patrimonial Cartival SA, propiedad de una rama de la familia Botín, que posee el 23,19% de la entidad. Cartival fue fundada por el banquero Jaime Botín, hermano del que fuera presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La hija de este último, Ana Botín, es actual presidenta del Banco Santander.

Entre el accionariado de Bankinter también aparece Fernando Masaveu Herrero, presidente del grupo Masaveu, que posee el 5,31%. El origen de la fortuna de esta familia está en la Banca Masaveu, fundada en 1840 y que se fusionó con el Banco Herrero a finales de los años 90, hasta que este fue absorbido por el Sabadell en 2001.

Entre los accionistas significativos de la entidad naranja figuran la corporación de gestión de activos estadounidense, Fidelity Management and Research (3,77%); Bank of America Corporation, con un 3,10%; Lazzar Asset Management, una firma de inversión con sede en Nueva York, que posee el 3,03%; y la gestora Fidelity International, también de EEUU, con el 1,9%.

Por su parte, en la información que el Sabadell remite al regulador español vuelven a aparecer corporaciones internacionales como la aseguradora suiza Zurich Insurance Group LTD, con un 4,94%; el empresario mexicano David Martínez Guzmán, fundador de Fintech Advisory; y, finalmente, Fintech Europe SARL (3,1%), una sociedad de inversión radicada en Luxemburgo y vinculada también con Guzmán.

En cuanto a Caixabank, BlackRock aparece con un 4,68% de acciones significativas. Están también como accionistas significativos Criteria Caixa (30,01%), la Fundación La Caixa (30,01%) y dos entidades públicas: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con un 16,11% de participaciones, y Bfa Tenedora de Acciones (16,11%). Esta última participada al 100% por el FROB.

Si bien los movimientos financieros que acoge la espectacular cúpula de la Bolsa de Madrid siguen teniendo apellidos reconocibles, los fondos extranjeros comienzan a tener cada vez un mayor protagonismo en el mercado español. Son, utilizando las palabras con las que el exbanquero y escritor William D. Cohan describió a Larry Fink, los "hombres detrás de la cortina", aquellos que, como en El Mago de Oz, manejan los mecanismos sin ser vistos.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. En este contexto de crisis habitacional, el Gobierno anunció recientemente la tramitación de un decreto con medidas que ayuden a los inquilinos frente a un mercado cada vez más caro y menos accesible. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, enumeraba alguno de los puntos que se barajaban, como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10%, dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. 

En las semanas que han transcurrido desde entonces, los diferentes grupos parlamentarios han estado tratando de alcanzar un acuerdo y en el centro del debate ha reaparecido un tema que ya había generado polémica antes: la inclusión (o no) de bonificaciones fiscales para los caseros dentro del decreto. Algunas informaciones apuntaban esta semana a que esta cuestión podría haber erosionado la negociación, aunque fuentes cercanas a la misma señalan que no ha sido así y que las conversaciones avanzan en positivo.

"El sapo que ha planteado Junts, que son rebajas fiscales para la adquisición de primera vivienda, es un sapo asumible, si a cambio durante dos años el alquiler no va a subir”, declaraba este martes, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. El de Sumar también se dirigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para exigirle que se “desbloquee” el acuerdo y criticaba al PSOE por su cercanía con medidas como las exenciones, según recogía EFE. Por su parte, desde Podemos se ha mantenido en todo momento el no a las bonificaciones fiscales. “Nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”, señalaba Ione Belarra, secretaria general de la agrupación morada.

Ante las dudas que comenzaban a surgir, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiso salir al paso y señaló que el decreto “progresa adecuadamente” y que será “ambicioso”, pero que debe recoger los pareceres de los “distintos grupos planteamientos que tienen que hacer viable su aprobación”. En la misma línea, varias fuentes de la negociación señalan que no ha habido ningún bloqueo y que las conversaciones siguen en marcha y van “por buen camino”.

Este mismo debate ya se dio a principios de año, cuando el Gobierno planteó una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renovaran los contratos sin subir el precio a sus inquilinos. En aquel momento, Podemos se refería a ellas como un “regalo a los rentistas” y Sumar las rechazaba. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideraba que con estas exenciones se regalaba dinero público a quienes más renta tenían. Y es que, más allá de la actual negociación, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política.

La medida fiscal —que se suele justificar como una forma de conseguir que se movilice vivienda vacía, que aflore la que está en el mercado negro o que no se retire la que ya hay en oferta— tampoco ha caído bien en los movimientos sociales de vivienda. “Ahora mismo un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador”, señala Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña. “El trabajador paga impuestos sobre el 100% del salario, mientras que aquellos que no trabajan, porque viven en trabajo ajeno, tributan mucho menos”, subraya.

En su opinión, el diseño de una política fiscal en este ámbito se podría elaborar castigando los comportamientos abusivos. “Tú podrías tener incentivos fiscales que dijeran: ‘Si subes el alquiler, te quito la bonificación', pero ahora mismo un casero que se dedique a expulsar inquilinos o a subir los precios, disfruta de las bonificaciones igualmente”, concluye.

A falta de un texto claro en el que se detallen las propuestas en las que se podrían concretar los acuerdos, los sindicatos de inquilinas mantienen su posición y piden condicionar las eventuales rebajas a quienes bajen los precios de sus inmuebles en alquiler. Sin embargo, pese a las críticas, Junts ya señaló que su apoyo al decreto de vivienda —indispensable para que salga adelante— estará condicionado a la adopción de las bonificaciones fiscales.

Por lo poco que ha trascendido hasta ahora, las principales medidas en materia de impuestos son las que apuntó Junts. Por un lado, una deducción en el IRPF del 15% por los gastos de alquiler (tanto para arrendadores como para arrendatarios) o hipoteca de la vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros. Por otro, que los ahorros destinados a comprar vivienda se puedan desgravar. También está sobre la mesa la medida planteada por los socialistas en su anterior propuesta para combatir la especulación inmobiliaria de dar incentivos en el IRPF a quienes pongan sus viviendas a precios asequibles y rebajen el alquiler hasta esos estándares.

Sin que ninguna de estas medidas haya tomado forma de propuesta aún, el plazo para que el decreto avance comienza a estrecharse, ya que debería aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de julio.