Las tensiones geopolíticas, la carrera por incrementar el gasto en defensa o el desafío demográfico y la sostenibilidad del sistema son cuestiones que están afectando a todos los países europeos. La pasada semana, Ursula von der Leyen lanzó una advertencia a los gobiernos europeos: sin nuevas fuentes de ingresos, habrá recortes. La presidenta de la Comisión Europea señaló que los países debían encontrar nuevas vías para abastecer las arcas comunitarias o, de lo contrario, apuntaba a la posibilidad de reducir partidas de gasto comunitario con recortes de hasta un 40%. El fantasma de la austeridad, los recortes recientes en países como Alemania y el abordaje que se propone desde lo político para algunos de estos desafíos, hacen que se empiecen a contraponer distintos enfoques económicos para atajar estos problemas. Y parece que es en el modelo alemán donde se miran algunas propuestas del Partido Popular.

En España, con las elecciones generales resonando ya en los argumentarios de los partidos, las propuestas empiezan a asomar y este martes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le escapó una muy polémica acerca de reducir el salario de los trabajadores que estén de baja. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quiere que le diga”, señalaba Feijóo en un encuentro con empresarios. “Este asunto tenemos que retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Si no, pues qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”, remataba. La tromba de reacciones no se hizo esperar y tanto el Gobierno como los sindicatos criticaron duramente sus declaraciones.

Pero lo cierto es que, a nivel europeo, Alemania –que ha dado un giro de austeridad en su política reciente– está diseñando ideas similares. El Gobierno de coalición de Friedrich Merz presentó un paquete de reformas para revitalizar la economía que contenía la posibilidad de suspender los certificados de baja laboral emitidos por teléfono y contemplaba introducir bajas parciales, es decir, la posibilidad de que un médico conceda bajas que impliquen trabajar el 75%, el 50% o el 25% del horario laboral. También allí se ha deslizado la idea de que detrás del aumento de las bajas puede haber fraude. “No aceptaremos el drástico aumento de las bajas por enfermedad desde el inicio de la pandemia”, señaló Merz. El discurso de Feijóo sobre el absentismo esta semana apuntaba en la misma dirección y se alineaba con el que desde hace tiempo mantienen las patronales. De hecho, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, llegó a hablar de “profesionales del absentismo” que, en su opinión, “acumulaban bajas de larga duración”.

Cabe destacar que lo que se considera como absentismo es un cajón de sastre que mezcla cosas distintas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas. Sí incluye, en cambio, bajas por incapacidad temporal derivadas de enfermedades comunes o accidentes laborales justificados con baja médica. Incluye también ausencias por permisos retribuidos o licencias por nacimiento o adopción, es decir, derechos adquiridos que los trabajadores pueden ejercer libremente, sin que ello suponga incumplir los compromisos profesionales. Más allá de la idea que se ha tratado de deslizar sobre el fraude, un problema del que no existen datos, hay factores que explican que España sea uno de los países con peores cifras de la Unión Europea: las listas de espera en la sanidad pública (121 días) y el aumento de la edad media de los trabajadores.

Pero las coincidencias del discurso de Feijóo con el modelo alemán no se limitan a las bajas. El país germano, que aprobó sus presupuestos para 2027 este lunes, ha entrado en una espiral de recortes que va desde cambiar el modelo de pensiones a una mayor austeridad en gasto sanitario. En el ámbito de las pensiones, el Partido Popular ha propuesto varias medidas encaminadas a fomentar planes privados de jubilación o reducciones sobre la cuota de autónomos cuando se cuente con uno de estos productos. Una de las medidas planteaba una reducción de cuotas para los autónomos que tengan más de 42 años y hagan aportaciones a un plan de pensiones privado. Otra idea que también exploraron los populares era incentivar las aportaciones a estos planes con beneficios fiscales. La propuesta de Alemania no es idéntica, pero sí incluye la creación de una pensión privada y obligatoria complementaria a la pública, a la que los trabajadores y las empresas aportarán el 2% de su salario anual. Además, Berlín ha ido más allá y ha planteado un aumento en la edad de jubilación que a partir de 2027 será de 67 años y se vinculará a la esperanza de vida, pudiendo llegar hasta los 70 años en lo sucesivo.

La "sintonía" entre Feijóo y Mertz es algo que el propio partido ha puesto en valor. "Ambos líderes han mostrado su sintonía en el ámbito europeo, en temas como la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde, además de compartir su preocupación por la situación internacional", señala una nota de prensa publicada en septiembre del año pasado con motivo de una reunión entre ambos políticos.

La polémica generada por las declaraciones de Feijóo ha servido a la izquierda para atacar a la agrupación popular, señalando que su hipotética victoria en unas elecciones conllevaría políticas más austeras. El presidente del Gobierno hacía referencia a ello en sus redes sociales, señalando que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". Otros miembros del PP trataban de salir al paso de las declaraciones, matizando que Feijóo no había "dicho nada de recortes" o que simplemente se refería a quienes cometían fraude (algo de lo que no hay datos contrastables, ya que la certificación la emite un médico). También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atacaba las declaraciones en los mismos términos: "Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno", escribía en Bluesky.

El país germano enfrenta una situación económica delicada. Las repercusiones de la guerra de Irán, el aumento en los precios de la energía y un crecimiento estimado para este año de apenas un 0,5% están lastrando a la principal economía de la Unión Europea. Si a ello se suma el compromiso de avanzar en defensa y las inversiones que esto conlleva, la situación adquiere un cariz aún más complejo.

El gasto militar ha sido una de las piedras angulares sobre las que se ha diseñado su proyecto de presupuestos. De hecho, el Ministerio de Defensa aumentará su atribución en un 27,9% con respecto al año anterior y la deuda contraída en este ámbito representa actualmente el 50% del total. En 2027, el presupuesto estimado para el rearme ascenderá a 109.700 millones. Para ponerlo en contexto, España gastó en 2025 alrededor de 33.000 millones.

Las razones detrás de la política económica alemana, señaló su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, son diseñar un modelo que no se vea tan afectado por las sucesivas crisis internacionales y mejorar la defensa frente a las amenazas de Rusia. "Damos tumbos de una crisis a otra", lamentó el ministro germano en la presentación de su proyecto de presupuestos.

La postura de las comunidades autónomas (CCAA) en lo relativo a la vivienda es cada vez más difícil de interpretar. Mientras el Ministerio de Vivienda señala que en las dos últimas reuniones las autonomías aceptaron los requisitos del Gobierno para acceder a los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, algunas de ellas critican públicamente esas condiciones o las han llevado a los tribunales. Aún así, el departamento que dirige Isabel Rodríguez les remitió este jueves los documentos y “un modelo de conformidad en el que las CCAA deben ratificar de nuevo, como ya han hecho en dos ocasiones en Conferencia Sectorial, que aceptan los requisitos del Gobierno para acceder a estos fondos”, señalan. Cuando lo firmen, se desbloquearán los primeros 800 millones de euros.

Pero las señales no pueden ser más contradictorias. El pasado mes de junio, la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda por invasión competencial. En la misma línea fueron Andalucía y Extremadura; la primera, anunció que presentaría requerimiento para modificar algunos artículos; y la segunda, inició un proceso contencioso-administrativo y otro ante el Tribunal Constitucional. Las tres comunidades sostienen que el Gobierno invade competencias autonómicas, y en el caso extremeño, además denuncian que el esfuerzo económico para la comunidad es "desproporcionado". Estas han sido las regiones más beligerantes, aunque según Vivienda, las tres han aceptado las condiciones para acceder al reparto de fondos.

El mapa autonómico es desigual. Las comunidades gobernadas por el PSOE respaldan el plan, pero también Galicia, del PP. Otras, pese a criticar alguno de los aspectos del plan, han optado por sumarse. La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, señaló que “el dinero vendrá bien” si se puede compatibilizar con otras políticas de vivienda; en Murcia, el popular Fernando López Miras calificó el plan de “fuegos de artificio”, aunque finalmente lo ha asumido; Cantabria (PP) también lo ha aceptado, aunque no descarta recurrirlo judicialmente, al igual que Castilla y León. Por su parte, La Rioja, también gobernada por el PP, se adscribió al Plan, aunque criticó que la aportación del Gobierno no fuera más amplia, ya que antes aportaba un 75% (aunque con menos fondos) y ahora un 60%.

Por ahora, el Gobierno aún no ha realizado ninguna transferencia porque primero las autonomías deben responder por escrito a los compromisos que les requiere Vivienda. Cuando lo hagan, se efectuará el primer desembolso de 800 millones de euros, sobre un total de 7.000 millones que tiene asignados el plan completo.

Entre los requisitos que deben cumplir se incluye que la catalogación de vivienda protegida no expire y que la comunidad ponga su parte en la cofinanciación (un 40%, frente al 60% que sale del Ejecutivo central). “El ministerio cumple de este modo con el compromiso de habilitar los mecanismos necesarios para efectuar el primer desembolso en julio”, señalan desde el ministerio del ramo. Las comunidades que más dinero recibirán son Andalucía (718 millones del Estado y 478 propios), Madrid (667 millones del Estado y 445 propios) y Cataluña (609 millones del Estado y 406 propios).

Si las comunidades aceptan las condiciones del Ministerio de Vivienda y el primer desembolso se produce este mes de julio, el plan cumplirá con los plazos dispuestos cuando se anunció, aunque los recursos judiciales podrían alterar los planes.

Las razones que han dado las comunidades para iniciar reclamaciones y procesos judiciales son similares en todos los casos. El recurso de la Comunidad de Madrid se queja de que el Plan Estatal limita “la capacidad de gestión de la autonomía regional” y considera que con ello invade sus competencias. También alegan que el modelo de cofinanciación podría suponer “una injerencia excesiva” en la autonomía financiera porque interferiría en su capacidad para emplear recursos propios. 

En la misma línea se manifestó el ejecutivo andaluz. La Junta criticó que la propuesta le restaba autonomía y las degradaba a “meras gestoras” de ayudas. Además, incidía en que, en proporción, las comunidades hacían un esfuerzo mayor para aportar fondos que el Gobierno central. Por ello, hace dos semanas planteó en Consejo de Gobierno la posibilidad de iniciar un recurso formal contra el Plan Estatal de Vivienda. Sin embargo, en mayo sacó una nota anunciando que aceptaba los criterios de reparto de fondos.

En Extremadura, la consejera de Hacienda, Helena Manzano, también se quejó de que el reparto económico que establece el citado plan “es claramente desequilibrado”. 

Una de las cuestiones que más ampollas levanta, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es la obligatoriedad de que las viviendas que se construyan con esos fondos nunca pasen al mercado y se queden en el paraguas de lo público de manera indefinida. Actualmente, las viviendas con protección oficial dependen enteramente de las CCAA, que son las que gestionan su promoción y las que deciden el plazo de duración de las restricciones que impiden su venta a precio de mercado o que fijan el alquiler a un precio asequible. Cuando caduca ese plazo, las viviendas pasan a ser de titularidad privada y entran en el mercado desregulado.

Madrid es una de las regiones que con más fuerza ha defendido el modelo actual. “El Ejecutivo madrileño considera que esta exigencia excede las competencias estatales y podría obligar a modificar marcos normativos ya consolidados, generando inseguridad jurídica y retrasando la ejecución de los programas previstos”, señala la Comunidad en una nota de prensa. De hecho, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, llegó a afirmar en la Asamblea que esta protección permanente “degrada las edificaciones” y “deteriora los barrios”.

Con estas señales contradictorias encima de la mesa comienza el despliegue del nuevo Plan Estatal de Vivienda. A la espera de lo que pase con las reclamaciones judiciales, el Gobierno central ha señalado en reiteradas ocasiones que la protección permanente –uno de los principales requisitos del plan– no es una cuestión negociable.

El Producto Interior Bruto (PIB) es, seguramente, el indicador económico más popular. En la jerga escarpada de la macroeconomía, es de los pocos conceptos que tiene alguna posibilidad de salir a colación en una sobremesa y más si se tiene en cuenta que este martes ha comenzado la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). En el encuentro de la Alianza Atlántica, el tema central será el gasto en defensa de los distintos socios con relación a sus respectivos PIB. También volverá a cobrar protagonismo la polémica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, por la negativa de este último a elevar el gasto militar hasta el 5%. Sin embargo, hay dudas acerca de si este indicador, el PIB, es el más adecuado para ponderar cuánto aporta cada Estado miembro a la cuenta común y qué sacrificios implica ese esfuerzo.

Para Sánchez, el objetivo del 5% era “innecesario” y “desconsiderado”, una posición que le valió a España reiteradas amenazas de Trump. La OTAN, en su análisis de junio, concluyó que España es el séptimo país que más capacidades militares aporta, por lo que cumplía con los compromisos requeridos aunque se negase a implementar el polémico acuerdo de gasto. En este contexto de rearme, tensiones internacionales e inversión desbocada en la industria militar, emergen cuestiones sobre cómo se mide el impacto de esta carrera armamentística en los servicios públicos y qué coste puede tener para el estado del bienestar.

Una de las primeras críticas apunta precisamente a la forma de calcular el gasto en defensa como porcentaje del PIB. Aunque se utiliza de forma frecuente, el PIB es un indicador macroeconómico que mide la producción comercial e industrial de un país en un año, pero no equivale al presupuesto público ni al dinero disponible de un Estado. Es decir, aunque el PIB da una idea del volumen de la economía, los gobiernos no disponen de ese monto, sino que únicamente recaudan una parte mediante impuestos y otro tipo de tasas. 

Por eso surgen las críticas acerca del sacrificio que puede suponer para los servicios públicos y para el bolsillo de los ciudadanos gastar más en armas. De hecho, el PIB de dos países diferentes puede crecer, pero la calidad de ese crecimiento puede ser muy distinta. Por ejemplo, una economía crecerá "mal" si lo hace con familias endeudándose, inflación o excesiva dependencia de sectores de escaso valor añadido y sueldos bajos, lo que necesariamente dejará a esa región mucho menos margen para gastar porque necesitará, por ejemplo, más gasto social. De ahí que destinar un 5% a defensa no implique tener el resto disponible para otros gastos y la comparación entre países sea mucho más difícil.

En este punto cabe destacar también las diferencias entre crecimiento y desarrollo. Es decir, puede haber más actividad, pero no necesariamente esta puede estar traduciéndose en una mejora de la educación, la salud, el medio ambiente, las infraestructuras, la inclusión social o la productividad.

Para una parte de los economistas, el impulso inversor en el sector de la defensa puede suponer una oportunidad, un dinamizador para la industria y para el avance tecnológico; pero desde otros puntos de vista, dar prioridad a las partidas de inversión en defensa puede suponer renuncias serias en materia social. Un ejemplo es Alemania. En abril de este año, el Ejecutivo germano anunció un recorte de 38.000 millones en sanidad hasta 2030 y restricciones en prestaciones sociales para poder pagar el endeudamiento que habían asumido de cara al rearme. Esta misma semana, justo antes de la cumbre de la OTAN, tomó otra decisión polémica: aumentar su déficit en otros 200.000 millones el próximo año y dedicar una quinta parte de su gasto total estimado (555.400 millones de euros) a sus fuerzas armadas. “No te puedes defender de Putin desde el equilibrio presupuestario”, apostillaba su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil.

En España, el Gobierno ha negado siempre que el incremento del gasto en defensa vaya a traducirse en recortes, pero la duda es razonable y las críticas emergen. “De algún sitio tiene que salir el dinero”, señala Pere Ortega, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz y experto en gasto militar. Ortega apunta que una parte de la financiación en defensa procede de transferencias que hacen otros ministerios y eso, insiste, “son en definitiva recortes de otras partidas”. 

Otra de las críticas es que, aunque la inversión en defensa genere empleo y aumente el PIB, su impacto sería limitado, ya que “un tanque no crea valor económico adicional” más allá de su fabricación porque “una vez que se fabrica, o se estaciona o se destruye en combate”, explica el informe de Delàs. En cambio, una obra civil tiene un retorno superior, como por ejemplo una carretera, ya que facilita el transporte y puede, por ejemplo, repercutir en una bajada del precio de ciertos productos.

En este marco, los Estados tienen tres maneras de financiar el gasto en defensa. Una, emitir deuda pública destinada a sufragar el gasto en adquisidores militares. La segunda, financiar el aumento del gasto militar por la vía de impuestos, aumentando o creando nuevos. Y la tercera, ajustar el presupuesto anual, es decir, reducir el gasto de otros ministerios para incorporar más recursos a defensa.

Todas estas vías forman parte del dilema ante el que se encuentran los países europeos, todos ellos con el estado del bienestar como pilar, pero también como desafío. Por poner un ejemplo, en España, en el periodo entre 2010 y 2024, la mayor parte del aumento real del gasto público (112.603 millones de euros) se ha dirigido a pensiones (97.990 millones de euros) y salud (14.739 millones de euros), de acuerdo con un análisis del think tank económico Fedea.

A expensas de las polémicas que deje esta nueva cumbre de la OTAN, es indudable que la carrera por el rearme se acelera cada vez más. Y, con ello, también lo hacen las advertencias sobre el coste que puede tener en la vida de los ciudadanos. "No tenemos que aceptar eslóganes simples. Es el momento de introducir preguntas y debate: ¿Cómo se pagará este proceso de rearme? ¿Qué vamos a perder? El dinero destinado a Defensa es dinero que necesitamos para mantener unos mínimos de protección social", advierten en las conclusiones del informe Delàs.

En opinión del presidente Donald Trump, España es un país “hostil a la OTAN” y que “no juega en equipo”. Es una de las muchas perlas que el mandatario norteamericano ha dedicado a España desde que el Gobierno rehusó seguir sus directrices en materia de gasto en defensa dentro de la Alianza Atlántica y cuestionó su política exterior en lo relativo a Irán. Un año después de que estas diferencias se materializaran en la cumbre de la OTAN en La Haya, Ankara (Turquía) será esta vez el escenario en el que se retomará el debate sobre cuánto contribuye cada país a garantizar la seguridad de sus socios.

Por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a la capital turca este martes con todos los focos puestos sobre la polémica del gasto en defensa que deben afrontar los países de la Alianza y la reticencia de España de llegar hasta el 5% que exigió Estados Unidos y se acordó –sin el respaldo de España– el año pasado en La Haya. En el encuentro se debatirá sobre la posibilidad de ampliar el porcentaje de gasto efectivo o real hasta ese porcentaje (ningún país lo cumplió en 2025), pero el Ejecutivo español apuntará a mantener su 2% actual.

“España está ya en el 2% y ha entregado todas las capacidades que le ha solicitado la Alianza. Y las capacidades son lo importante para la defensa”, señaló este lunes José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, en una entrevista a RTVE. En la misma línea se expresaba Margarita Robles, ministra de Defensa, que remarcaba que España estaba cumpliendo con las capacidades que se le requerían e insistía en que “pese a lo que diga Trump”, los mandos de la OTAN sabían que España estaba haciendo su parte. La posición de aliado incómodo viene porque el Gobierno se ha negado a acatar la cifra del 5%, aunque por el momento, según las propias cifras del organismo, ningún país alcanza ese porcentaje.

Ese "pese a lo que diga Trump" de Robles hace referencia a las reacciones airadas del presidente estadounidense a la posición española. Trump ha descrito a España como un “desastre” dentro de la OTAN y ha amenazado con represalias comerciales por su reticencia a alcanzar el porcentaje del PIB que él marcó y ante la negativa del Gobierno a autorizar a EEUU el uso de las bases militares de Rota y Morón para su participación en la guerra que ha iniciado en Irán. 

Precisamente, los distintos conflictos internacionales —desde la invasión rusa a Ucrania (2014) hasta el conflicto de Estados Unidos en Irán (2025)— han ido creando un escenario donde el rearme es una realidad. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), el gasto militar mundial alcanzó los 2,6 billones de euros en 2025, es decir, un 2,9% más en términos reales respecto a 2024, cuando el salto ya había sido de un 9% con respecto a 2023. 

Si miramos el capítulo sobre España, SIPRI señala que el gasto militar aumentó un 50% el año pasado hasta los 34.265 millones de euros, lo que colocó su porcentaje de gasto en el 2% del PIB por primera vez desde 1994. En todo el continente la inversión ha aumentado en ese periodo un 14% (tres veces menos que el incremento registrado en España), llegando a los 736.000 millones de euros. Es el mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría y define bien la espiral de rearme que afecta a todo el mundo.

Desde el Centre Delàs de Estudios por la Paz, Pere Ortega, investigador y experto en gasto militar, pone el acento en el gran salto que ha dado la partida económica destinada a defensa y resalta que la espiral de rearme actual terminará por hacer que se resientan otros servicios públicos. "Hay que entender y explicar de dónde ha salido todo ese dinero, porque en parte llega desde partidas de otros ministerios que no son el de Defensa y el Gobierno no está siendo claro en esto", explica.

En los datos que proporcionó la OTAN en 2025 se puede observar cómo la mayoría de los países se sitúan en el entorno del 2% de sus respectivos PIB y a la cabeza están aquellos que cuentan con regulaciones para que el gasto anual se mantenga en un porcentaje superior a ese 2% (marcados en el gráfico con un asterisco).

En España, esta carrera militar se concreta en diferentes contratos, pero también en la actividad de algunas empresas que giran hacia la defensa, aunque ese no hubiese sido su sector antes, para subirse a esta ola. En 2025 el Gobierno pondrá en marcha 42 Programas Especiales de Modernización (PEM) en defensa antiaérea o misiles que suponen una inversión de algo más de 33.300 millones de euros y que se desplegarán a lo largo de 15 años, según el Centre Delàs. Estas partidas, explica Pere Ortega, aún no se han abonado porque están en ejecución, pero es un dinero que comenzará a fluir en 2026.

"Para desarrollar estos PEM, el Ministerio de Industria ha concedido créditos (ayudas) en concepto de I+D a empresas militares por un importe de 22.827 millones de euros. En total, los programas de armamento vigentes ascienden a 81.957 millones en conjunto, lo cual supone un enorme compromiso de gasto para las arcas públicas a pagar en los próximos tres lustros", señala el Instituto Delàs en su informe.

Con estas cifras sobre la mesa, Delàs insiste en que el gasto en defensa es superior a lo que se estima oficialmente y apunta a un 2,42% del PIB, en vez del 2,1% que ha cuantificado el Gobierno. Ortega señala que desde Delàs consideran que hay partidas que se desvían a gasto militar y no se cuentan como tal, por lo que la factura aumenta. "Por ejemplo, las ayudas que se dan a las empresas militares desde el Ministerio de Industria y que este año han sido 5.500 millones. El Gobierno no las considera gasto militar, pero nosotros sí", concluye.

En estos contratos PEM hay desde nombres de empresas españolas de defensa como Indra, Escribano, Urovesa o Navantia, hasta multinacionales como Airbus, Lockheed Martin (EEUU), Rafael (Israel), Thales (Francia) o General Dynamics Santa Bárbara (EEUU). Entre lo que se les ha encargado producir están baterías, buques, drones, helicópteros, sistemas de misiles o componentes tecnológicos. 

Pero más allá de los contratos que atañen a las armas, otras compañías españolas empiezan a fijarse en contratos de defensa, en un intento de aprovechar el ciclo de inversión desbocado que vive este sector. Entre ellas está Telefónica. En su junta de accionistas dio a conocer la intención de la compañía de fortalecer su presencia en productos de defensa y de ciberseguridad. La compañía que dirige Marc Murtra (antiguo CEO de Indra) ya cuenta con una filial de defensa (Telefónica Defensa y Seguridad) y se ha acercado a Indra para optar a posibles contratos de forma conjunta. Además, se acaba de hacer con un contrato de 89,1 millones para el suministro, renovación y soporte de licencias de software Microsoft para el Ministerio de Defensa.

No es la única que lo hace, explica Ortega: "Las industrias compiten para participar de este gran pastel y es normal". Otras que han dado un giro son las tecnológicas GMV, Sener y Oesía, que participan en el proyecto de Defensa para la creación de un nuevo caza tras el fracaso del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) y también se acercan a Indra.

El investigador de Delàs critica esta deriva y pone el acento en que el flujo de recursos hacia el ámbito militar detrae recursos que podrían ayudar a reforzar el estado del bienestar. “Dicen que muchas tecnologías militares se trasvasan a lo civil, pero resulta más bien al contrario. La tecnología civil, por ejemplo, en el ámbito de la electrónica, es la que acaba adaptándose para usos militares”, explica. "Si todos esos proyectos, en lugar de enviarlos a la industria militar, se invirtiesen en lo civil, serían mucho más eficaces: por ejemplo, se calcula que por cada millón de euros de gasto militar se crearían nueve puestos de trabajo en educación", concluye.

Ponerle límites al mercado inmobiliario está siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Prueba de ello es un decreto con medidas de vivienda que no termina de encontrar el camino hacia una mayoría parlamentaria y que probará suerte de nuevo previsiblemente antes de que termine julio. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, anunció que el Gobierno de coalición trataría de aprobar antes del parón estival un “importante” paquete de medidas sobre vivienda que incluirá cuestiones como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10% dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. En esta ocasión, fuentes de Sumar señalan que las conversaciones avanzan y el consenso en el seno del Gobierno es más firme.

En marzo, se frustró el primer intento que abanderó Sumar y que provocó un choque entre los socios de Gobierno después de que la prórroga de los alquileres se votase en un decreto separado de las ayudas anticrisis. Ahora la medida vuelve a contemplarse, aunque con un clima diferente dentro del Ejecutivo. Fuentes de Sumar señalan a infoLibre que el PSOE se está implicando más en la negociación, algo que es indispensable, apuntan, para hablar con Junts, sobre todo si sus requerimientos atañen a ministerios que lidera la parte socialista.

Este mismo miércoles, Junts advirtió que solo votaría el decreto si se contemplaban sus condiciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señalaba que por el momento solo existía “un acuerdo entre los dos partidos que gobiernan” y volvía sobre los requerimientos que ya había lanzado en la ocasión anterior. Recuperar la deducción de la cuota de la hipoteca, incluir una deducción sobre la cuota del alquiler o desgravar los ahorros destinados a comprar una vivienda, entre otros. Todas ellas, medidas que atañen al Ministerio de Hacienda, en manos de la parte socialista. Nogueras fue más allá y señaló que, si el Gobierno quiere sacar adelante el decreto, solo tiene que “copiar y pegar” lo propuesto por su grupo.

Otras fuentes dentro de Sumar apuntan que en la negociación, aún en marcha, Junts ha dejado claras por escrito sus peticiones y que sería un error por parte del Gobierno tratar de dibujar en este punto líneas rojas que podrían cambiar la disposición del grupo catalán para el diálogo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, trataba de rebajar el tono y pedía ese mismo día “generosidad” a los partidos. Explicó que el texto se encuentra ya en fase de tramitación interna y que se estaba sopesando con los socios del Gobierno. “El acuerdo exigirá renuncias, pero creo que si lo logramos, conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre”, señaló. De hecho, desde Vivienda han insistido en la medida como una necesidad social: “Si hay un motivo hoy en día para llegar a acuerdos es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía”, señalaban en la nota de prensa posterior al anuncio.

En marzo, el Presidente del Gobierno anunció el primer paquete de medidas contra la crisis desatada por el cierre del estrecho de Ormuz. Eran 80 puntos que movilizaron 5.000 millones, pero la vivienda, pese a la insistencia de Sumar, terminó por quedar fuera. Las tensiones llegaron a provocar que el inicio del Consejo de Ministros en el que se aprobó se retrasase porque los ministros del socio de Gobierno lo consideraban como "bajada de impuestos". Además, habían insistido hasta el último momento en incluir medidas relativas al mercado inmobiliario que finalmente terminaron por votarse en un decreto separado que no salió adelante. Aquella crisis se saldó con una prórroga de alquileres que duró apenas un mes, el tiempo que tardó en llegar a trámite parlamentario y decaer el decreto.

En estos meses, Sumar ha mantenido la presión y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha seguido insistiendo en la posibilidad de que la prórroga —que en su formulación inicial pedía extender los contratos de alquiler durante un máximo de dos años con un tope de incremento en el precio del 2%— se hiciese efectiva. En un vídeo publicado recientemente en Instagram, Bustinduy insistía en el compromiso de llevar esta medida al Congreso “antes de que finalice el mes de julio”.

En el anuncio que ha hecho el Gobierno estos últimos días, Elma Saiz hablaba de la nueva propuesta como “un real decreto amplio y transversal". En este nuevo capítulo, el decreto se estructurará en dos bloques: uno relativo a medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler; y otro, para incentivar que quienes tienen vivienda vacía la coloquen en el mercado. Se tratarán cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. También se ha propuesto incentivar el alquiler de larga duración penalizando con una carga impositiva superior, del 21% en el IVA, el alquiler vacacional y de temporada. Aunque por ahora, a falta de que cada partido ponga las cartas boca arriba en la negociación, no hay medidas concretas.

Los europeos pagaron un 5,1% más por la vivienda en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Los españoles lo han tenido aún más complicado: el precio de la vivienda ha crecido en el país un 12,8%, de acuerdo con Eurostat. En el mar de cifras y porcentajes con el que se cuenta la crisis de vivienda, España emerge como uno de los países de la Unión Europea (UE) donde más rápido crecen los precios, aunque los factores que alimentan la subida son prácticamente los mismos en toda la UE: poca vivienda social; la resaca de la crisis financiera que dejó el estallido de la burbuja en 2008 y que frenó en seco la construcción de obra nueva; y una concentración de la demanda en los núcleos urbanos que genera “una creciente demanda de viviendas y el hacinamiento en las ciudades”, a la vez que aumenta el número de casas vacías en zonas rurales. Según el Parlamento Europeo, estas son algunos de los motivos de un problema que crece en toda la región y que es especialmente serio en España.

“Una de las causas principales es el suelo. Se calcula que el precio de una vivienda corresponde en un 70% al precio de este y la demanda está muy concentrada en ciertas localizaciones”, explica Iván Auciello, experto en vivienda e investigador en la Universidad CY Cergy París. Si a eso se une que esos lugares de alta demanda son precisamente aquellos en los que no hay demasiada disponibilidad, la tendencia al alza está servida.

No son problemas distintos de los que aquejan a España, aunque al mirar las cifras surgen otras preguntas como por qué en España la vivienda se encarece más del doble que en Europa. De hecho, el crecimiento a doble dígito es la norma a nivel nacional desde el segundo trimestre de 2025. Si se toma el desglose por países, es el quinto país en el que más han subido los precios en el primer trimestre del año. Los cuatro anteriores son Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%).

La explicación, señala Auciello, no está en un único factor. "España ha recibido en los últimos años grandes flujos migratorios, más que otros países de Europa, pero tampoco el ritmo de construcción es adecuado", señala. Otro gran problema que agudiza la crisis a nivel nacional es el carácter turístico de España. "En un país donde la presión turística es mayor, las viviendas turísticas se desplazan hacia ese mercado. Esto último es común a otros países, como Portugal o Croacia, donde se observa un gran crecimiento de los precios", concluye.

La escasez del parque público de vivienda es un factor más a tener en cuenta, aunque aquí la Unión Europea identifica ese problema a nivel global. Según sus datos, la oferta de viviendas sociales en los centros urbanos no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico de los últimos años. En 2021 había alrededor de 14 millones de viviendas sociales en toda la UE, lo que representaba solo el 8% del parque de viviendas total. Y lo peor es que la tendencia es negativa: en 2010 había un 11%. Si miramos a España, las cifras son aún peores. El porcentaje de vivienda pública se sitúa en torno al 3,4%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media comunitaria.

Y aquí entra en juego el factor de la despoblación y la concentración demográfica en centros urbanos. Un "desequilibrio" que lleva al "hacinamiento" en las ciudades y que dificulta la construcción de vivienda donde más se necesita. "A medida que las ciudades siguen atrayendo a personas para trabajar y estudiar, la población se concentra cada vez más en centros urbanos grandes y medianos. Mientras tanto, muchas zonas rurales se enfrentan a una despoblación constante", señala el informe del Parlamento Europeo.

Una de las cuestiones en las que se ha insistido en la UE es en la necesidad de reactivar la construcción. La fuerte demanda y la escasa oferta es el mantra que se repite en España para explicar la crisis inmobiliaria, pero también es un problema a nivel europeo. El análisis del Parlamento achaca este problema al lastre que dejó la crisis económica de 2008 y en el que también incidió la pandemia. "La crisis financiera mundial de 2008 provocó un importante descenso de la inversión en vivienda nueva. La pandemia de covid-19 ralentizó aún más la construcción residencial al interrumpir la concesión de licencias, retrasar la entrega de materiales y provocar escasez de mano de obra", recoge en su análisis el organismo europeo.

A nivel nacional, el ritmo de construcción también se ha desplomado en los últimos años, aunque las medidas para reactivar el sector han conseguido que empiecen a crecer poco a poco desde 2021 los visados de obra nueva. En 2025, último dato disponible, se solicitaron 139.016, un dato muy alejado de aquellos 860.000 que hubo en 2006, antes de la gran crisis.

Los datos publicados este jueves por Eurostat corroboran que el comportamiento de los precios a nivel europeo sigue caminando al alza. Su precio sube en todos los países del conjunto de los 27 con una única excepción: Finlandia. En todos los demás, incluida Austria, adalid del conocido modelo vienés que ha llevado la vivienda pública en Viena a niveles muy altos, los precios suben.

“¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?”, pregunta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). “La vivienda”, responde el 41,5% de la ciudadanía. Y es que el mercado inmobiliario es la principal preocupación de los españoles mes tras mes. Si se les interpela acerca de qué es lo que más les afecta personalmente, la respuesta es primero la economía y después, de nuevo, la vivienda. Pero lo que para la mayoría son desvelos, para el mercado es una oportunidad. Al menos, así lo presenta The District, la polémica feria inmobiliaria que reúne a bancos, fondos de inversión, socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, empresas que cotizan en bolsa y se dedican a comprar, rehabilitar y gestionar inmuebles para alquilarlos), inmobiliarias o lobistas relacionados con el sector de la vivienda y contra la que protestan los sindicatos y las asociaciones por el derecho a la vivienda. “Los participantes tendrán la oportunidad de identificar nuevas oportunidades, establecer alianzas y descubrir proyectos acerca del nuevo ciclo inmobiliario europeo”, reza una de las notas de prensa del evento.

Este miércoles se ha presentado en la Consejería de Vivienda de Madrid la edición de 2026, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre y que, por primera vez, se celebrará fuera de Cataluña tras cuatro años en Barcelona. En los últimos años, además de un evento para inversores, se había convertido en un foco de protestas en cuyas inmediaciones los movimientos de vivienda expresaban sistemáticamente la disonancia entre un mercado en ebullición y unos presupuestos familiares cada vez más tensionados por el gasto en vivienda. Allí hizo su aparición uno de los lemas más repetidos: “Fuera especuladores de nuestros barrios”. También allí comenzó a generarse un clima hostil para este tipo de eventos, que fueron reforzando su presencia policial.

El año pasado, la feria reunió a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año anterior) y 2.500 inversores internacionales de los principales fondos. Para la edición de este año, las entradas van desde los 175 euros por un acceso básico hasta los 1.493 euros del "pase platino", que cuenta con un descuento del 25%. Sin la rebaja, su precio es de 1.990 euros.

El evento abandonó Cataluña bajo el pretexto de explorar Madrid y al considerar que la capital era la puerta de entrada de inversores latinoamericanos porque ha apostado por atraer este tipo de actividad económica. Juan Velayos, el presidente de The District, se refería a la capital como un "contexto positivo" para la actividad inmobiliaria. "Así es como crece también una región", señaló por su parte Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al anunciar el pasado diciembre que la capital albergaría el evento en Ifema.

En estos años, las protestas contra la especulación se repitieron en casi todas las ediciones –incluso llegaron a lanzar polvos de colores a los asistentes– y la organización se quejó de falta de apoyos. Además, en abril del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jaume Collboni (PSC) retiró al evento una subvención nominativa de 250.000 euros que hasta ese momento le había otorgado el consistorio. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha señalado a infoLibre que The District no ha recibido ningún respaldo económico público. “No existe ninguna subvención nominativa ni de ningún otro tipo para este evento”, aseguran desde el área de Vivienda. “La presentación de hoy se ha celebrado en la sede de la Consejería de Vivienda sin coste para la Administración y no existe financiación pública autonómica del evento”, concluyen.

En su presentación inaugural en Madrid de este miércoles, en cambio, el salón del ladrillo ha tenido una acogida más calurosa y la sesión ha contado con la participación de varios representantes públicos. Álvaro González, delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, han participado en esta primera jornada. A juicio de Rodrigo, el evento “refuerza el atractivo de la región como destino para la inversión y reconoce el dinamismo de su mercado inmobiliario”. Y, aunque también habló de vivienda asequible, lo hizo para señalar que "el acceso a una casa se garantiza construyendo oportunidades".

En la sesión también participaron personas del ámbito de la consultoría y del sector inmobiliario. Un representante del fondo de inversión neerlandés Rockfield, con gran presencia en el ámbito de las residencias y que posee una cartera de activos en Europa de más de 2.500 millones de euros; un directivo de la empresa inmobiliaria cotizada Merlín Properties o la presidenta de ASPRIMA, la patronal de promotores inmobiliarios de Madrid. También participó Ricardo Martínez Rico, presidente y CEO de Equipo Económico. En cuanto a los temas que se debatían, estaba el alquiler de “oficinas y retail como motores de inversión” o la “inversión récord en un contexto incierto”.

La inversión y las cifras del sector ayudan a hacerse una idea de lo separados que están los puntos de vista en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda. Mientras una parte habla de "oportunidades" y cifras récord, la otra se queda rezagada en una crisis de acceso que se ceba con los jóvenes y multiplica la vulnerabilidad de quienes tienen menos ingresos.

Como ejemplo de estas dos realidades, cabe destacar que, por ejemplo, las seis principales socimis y promotoras casi duplican sus cifras en 2025 con un resultado neto agregado de más de 1.400 millones, frente a los 733 del ejercicio previo. Al mismo tiempo, los últimos datos señalan que el precio de la vivienda se disparó un 15,2% en el segundo trimestre, la tasa más alta en 20 años, según Tinsa. Otro dato que ayuda a medir la distancia entre los ciudadanos y el mercado lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística: en 2025 los hogares españoles dedicaron un 33,2% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros, un 5,8% más que en el año previo.

El horizonte que se dibuja es muy distinto según el lado del mercado desde el que se mire. Y en eventos como The District, donde las narrativas inversoras chocan tan abiertamente con el malestar social por la vivienda, la polémica parece servida.

Con las vacaciones a las puertas y un inicio de verano en temperaturas récord, la vivienda vacacional es objeto de deseo para algunos y una polémica agria para otros. Su incidencia en el precio de la vivienda la ha convertido en uno de los frentes sobre los que legislar para tratar de contener la crisis inmobiliaria y, en comunidades con alta presión turística, las manifestaciones y quejas de los vecinos son reiteradas. Pero ¿sabemos cuántas hay y cómo han evolucionado en estos años de crisis habitacional? A falta de que el Registro Único impulsado por el Gobierno funcione como herramienta efectiva, la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) es la mejor opción, aunque el mismo organismo admite que continúan afinando la metodología y los meses analizados han variado en los últimos años, lo que hace difícil establecer una serie homogénea.

"Los registros administrativos no recogen por sí solos toda la actividad existente; las plataformas de comercialización no ofrecen una información pública completa y estable; y las estadísticas disponibles responden a metodologías distintas", lamentaba la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en uno de sus informes.

En Madrid, Málaga, Canarias o Baleares, entre otras, las protestas de los vecinos se suceden y han llevado incluso a sabotajes hacia elementos vinculados con este tipo de negocios, como cajetines de llaves o pintadas en las inmediaciones de estos alojamientos. Muchas de estas acciones terminan compartiéndose en redes y alimentan un debate cada vez más enconado.

La intención del Gobierno era que el mecanismo de Registro Único sirviese para reunir en un mismo espacio la información de las comunidades autónomas y obtener una foto más precisa del fenómeno, pero la propuesta no cuajó. Aunque está aprobada, recientemente la Comunitat Valenciana la recurrió al considerar que invadía sus competencias, y el Tribunal Supremo declaró la nulidad de este mecanismo al considerar que el Estado carecía de competencia para establecer una regulación tan "exhaustiva".

Desde la asociación vecinal madrileña, su responsable de urbanismo y vivienda, Quique Villalobos, explica que el lema fundamental que se ha establecido entre los vecinos es que "las casas no son hoteles". Los motivos del malestar van "desde ruidos, sensación de inseguridad o deterioro de los elementos comunes en edificios que son para uso residencial", enumera Villalobos, hasta el impacto que tienen en los precios tanto de las casas como del resto de servicios que se ofertan en los barrios. "Eleva los precios de las viviendas, pero también deteriora el comercio de proximidad, haciendo que la renta de los locales suba y sustituyendo negocios de proximidad cotidianos por otros que aprovechan el tirón del turismo y pueden pagar más", señala.

La FRAVM ha denunciado pisos ilegales y están tratando de cuantificar su alcance de manera efectiva, pero no es sencillo porque "no existe una única fuente que mida de manera completa, homogénea y plenamente fiable el fenómeno", insisten.

La estadística experimental del INE se publica dos veces al año y se elabora haciendo un rastreo por las ofertas de los portales inmobiliarios como Booking o Airbnb, y eliminando después las duplicidades. En los últimos datos disponibles, relativos a mayo, constataba que este tipo de alojamientos se había reducido un 10,6% con respecto al quinto mes del año pasado: desde los 381.837, hasta los 341.001 inmuebles ofertados. Pero aunque la cifra es buena, la tendencia no refleja una reducción sostenida y, entre noviembre (último mes analizado) y mayo, este tipo de alojamientos había aumentado en 11.237.

La tendencia va cambiando, aunque el número de alojamientos de este tipo se ha reducido significativamente desde los máximos que se registraron en septiembre de 2024, cuando el organismo estadístico contabilizó 403.267. Pero, como suele ocurrir con la vivienda, los datos son escasos y las estadísticas aún tantean el terreno. De hecho, el estudio del INE es aún experimental y los meses que analiza han ido cambiando por decisiones metodológicas. Hasta 2025, el organismo lo hacía dos veces al año, durante los meses de agosto y febrero; desde entonces, los periodos de análisis son en noviembre y en mayo. La razón, explican a infoLibre, es que las reservas para verano se suelen hacer con meses de antelación a los periodos de mayor demanda turística. Así, como se puede ver en el gráfico, la serie cambia entre 2024 y 2025, dificultando la comparación.

La FRAVM también apunta que, aunque la estadística del INE es la única fuente de datos oficial, su alcance es limitado, ya que no distingue, por ejemplo, entre pisos completos o por habitaciones. Lo que sí tiene claro es que la "brecha de legalidad es muy elevada". Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, apuntan, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

La estadística del INE, aunque incompleta, sí resulta útil a la hora de generar una imagen general de las regiones con mayor número de viviendas de uso vacacional. En el mapa que aparece a continuación se puede ver cómo este tipo de alojamientos perfila la costa mediterránea, Madrid y ambos archipiélagos. También empieza a ganar terreno en la costa norte, sobre todo en Asturias y Cantabria. Pero por provincias, son Málaga (con más de 45.000 alojamientos detectados) y Alicante (con más de 32.000) las regiones que más sufren este fenómeno.

Si se observa la evolución por regiones, teniendo en cuenta los periodos comparables (desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2026), las caídas más acusadas en la oferta de este tipo de alojamientos se producen en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía o Madrid. Todas ellas regiones con gran peso de la vivienda turística y también con gran presión social para que se regule adecuadamente.

En julio de 2025, hace justo un año, entró en vigor el Registro y la Ventanilla Única con los que el Gobierno pretendía supervisar esta actividad económica. Al conocerse la última estadística del INE de mayo, que apuntaba a un descenso en el número de pisos turísticos, el Ministerio de Vivienda sacaba pecho de los datos y vinculaba la caída con la entrada en vigor de esta norma “que empodera a los vecinos para vetar este tipo de usos no residenciales de la vivienda”, señalaban en un comunicado. Sin embargo, la situación incierta de esta regulación tras la sentencia del Supremo, junto con la posibilidad de que muchos de estos alojamientos estén aún tramitando el permiso para poder seguir operando, hacen difícil establecer una causalidad directa.

La provisionalidad de los datos, las protestas ciudadanas, una demanda turística que no cesa y un mercado inmobiliario cada vez más tensionado han obligado al Gobierno a plantear nuevas medidas. Este lunes, PSOE y Sumar incluyeron en el nuevo decreto de vivienda una propuesta dirigida específicamente al negocio de los pisos turísticos: subir su IVA hasta el 21% para desincentivar su proliferación.

Por el momento, sin embargo, los augurios no son buenos para todos los trámites políticos que tienen que ver con la vivienda, y ni el anterior decreto destinado a prorrogar los alquileres ni las medidas que llaman a regular el mercado parecen tener el viento de cara.

Todo apunta a que la economía acaparará el debate en la recta final de junio. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana la aprobación de un nuevo decreto con un escudo social anticrisis por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Por otro, y tras un aplazamiento de siete días, está previsto que este lunes el Ejecutivo dé el primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado, con la actualización del cuadro macroeconómico. Ambas medidas pasarán por el Consejo de Ministros en la misma sesión y ninguna de las dos está exenta de polémica.

Los Presupuestos son la piedra en el zapato del Gobierno desde hace años y, aunque siempre ha reiterado su intención de presentarlos, solo a principios de este mes de junio se ha concretado una fecha: 2027. Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado en los plazos que corresponden y las cuentas públicas no llegaron al Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos hayan quedado también por el camino. Este lunes, si nada cambia, comenzará de nuevo el proceso hacia su aprobación con la elaboración del cuadro macroeconómico, una especie de informe de situación que sirve de punto de partida.

El otro gran anuncio en materia económica es el nuevo real decreto que entrará en vigor para combatir los efectos de la crisis en Oriente Medio y que sustituirá al anterior, que expira el martes 30 de junio. “Movilizará todos los recursos del Estado el tiempo que sea necesario para no desproteger a las familias y los autónomos”, señalaba esta misma semana Sánchez durante un acto en el Teatro Real de Madrid. Y, aunque los detalles de las medidas que incluirá aún no han trascendido, el presidente adelantó que incluirá algunas ayudas con carácter general que irán más allá de aquellas destinadas a sectores especialmente afectados por el precio de la energía y los combustibles. 

La cuestión más polémica, que acaparó el debate en la tramitación del anterior paquete, es la vivienda. En aquel momento, los socios de gobierno del PSOE y los partidos de la izquierda llevaron a cabo una campaña para tratar de incluir en el real decreto una prórroga de los alquileres que contuviese las subidas de precios y frenase los desahucios. Incluso hubo manifestaciones organizadas por los sindicatos de vivienda para reclamar una prórroga de los contratos de alquiler. Entre las cuestiones que se contemplaban, estaba alargar dos años los contratos vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. Finalmente, ante la negativa del arco de la derecha y la imposibilidad de que saliera adelante en trámite parlamentario, la medida se desgajó del decreto y decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.

En esta ocasión la presión no ha sido tanta, pero desde Sumar señalan que siguen insistiendo para que se ponga en marcha. Algunas voces del partido han vuelto a pedir que el escudo social del Gobierno restablezca la prórroga el lunes, pero desde la formación no aclaran si finalmente irá o no en el texto. "La ministra de Vivienda no tiene otra obligación de aquí al día 29 que garantizar que el real decreto que anunció el presidente del Gobierno para la semana que viene incluye sí o sí la prórroga de alquileres. Si esto no pasa, será culpa exclusiva suya", señaló en el Congreso el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez. Fuentes del Ministerio de Economía señalan a infoLibre que la negociación del real decreto sigue abierta y tampoco concretan si contemplan incluir los alquileres en el nuevo escudo social.

A falta de saber qué ocurrirá el lunes, esta vez la movilización social ha sido escasa y la vivienda no ha tenido tanto protagonismo mediático. Sin embargo, fuentes de Sumar señalan que “siguen presionando” para que se apruebe, aunque no han precisado si será dentro de este decreto o por otros canales. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo expresaba así en la red social Bluesky este viernes. “Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Aquí la derecha lo tumbó en el Congreso. Pero vamos a volver a llevar la prórroga hasta que se apruebe. Lo conseguiremos”, escribió.

Más allá del problema de la vivienda, el anterior paquete incluía descuentos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, con un coste estimado para Hacienda de casi 5.000 millones de euros. Algunas de las medidas decayeron el 1 de junio, aunque el Gobierno se comprometió a hacer un seguimiento de la evolución de los precios y ello condicionará qué medidas de este tipo se mantienen el lunes.

La presión para pedir que se regule el mercado de la vivienda es la misma que la que motiva el decreto anticrisis: una evolución desbocada de los precios. De hecho, en la Encuesta de Presupuestos Familiares que ha publicado el INE, se constata que tener una casa implica sacrificar cada vez más ingresos: en concreto, un 33,2% en 2025. Este indicador incluye los precios de la luz y señala que en ese año, las familias pagaron, de media, 636 euros más que en le ejercicio previo. Además, cuanta menor renta tiene la unidad familiar, más se agrava el fenómeno y, si se mira al 20% que menos ingresos tiene, la vivienda absorbe casi la mitad de lo que ganan, un 41,9% de su renta.

En este contexto, el alquiler resulta mucho más inestable, ya que los precios están sujetos al mercado y, con una demanda creciente, mantienen una evolución constante al alza. Y, aunque esta vez las reivindicaciones no mantienen en esta ocasión un tono tan elevado como en la aprobación del anterior decreto, la posibilidad de incluir esta regulación sigue en el debate.

Hace unos días, 14 familias de diferentes ciudades catalanas anunciaban que, tras aprovechar el plazo de solicitud entre la entrada en vigor del anterior decreto anticrisis que contenía una prórroga de los alquileres y su derogación en el Congreso, habían conseguido que la socimi Vivenio, propietaria de sus casas, les concediera la prórroga. Lo anunciaba el Sindicat de Llogateres de Cataluña, que insistía en la necesidad de que el Gobierno reactivara esta medida en el decreto del lunes.

“Es urgente que si la Moncloa quiere aprobar un plan anticrisis el próximo lunes, lo incluya en ese decreto. Es el momento de no dejar a nadie colgado y de evitar nuevas expulsiones de gente inquilina", señalaba Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres y de la Confederación nacional de Sindicatos de Inquilinas. “Todas las personas que quedaron fuera de las anteriores prórrogas, también los inquilinos que están en tácita reconducción, tienen que quedar cubiertos”, insistía.

El pasado viernes los sindicatos expresaban de nuevo su malestar con una nota de prensa en la que insistían sobre lo mismo, alegando que si las Comunidades Autónomas no aplican la Ley de Vivienda, el mecanismo de la prórroga puede servir de protección hacia los inquilinos. “La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige la recuperación del Real Decreto sobre las prórrogas que incluyan, también, los contratos en tácita reconducción [es decir, de renovación automática]. De tal manera que, se aplique o no la Ley de Vivienda en las Comunidades Autónomas, las inquilinas puedan tener una estabilidad que de otra manera no tendrían”, protestan.

Finalmente, en lo que respecta a los Presupuestos, con el anuncio de presentación se inicia un camino de largo recorrido hacia su concreción. Aunque, de llevarse a cabo, el proceso desembocaría en un arco parlamentario nada favorable para su aprobación. Con la elaboración del cuadro macroeconómico, lo que se hará es una estimación sobre las previsiones de crecimiento, empleo e inflación para los próximos años, sobre las que se trabajará después para distribuir la financiación y los niveles de déficit permitidos.

Los números de las grandes cotizadas siempre sorprenden cuando se miran de cerca. Millones de beneficios, miles de empleados o salarios envidiables, pero también grandes brechas que persisten año a año. La primera que se suele señalar es la que separa a los primeros ejecutivos de la media de sus trabajadores. En conjunto, los directivos de las cotizadas del Ibex 35 ganaron 74,5 veces más que la media de sus plantillas en 2024. La diferencia ha crecido un 1,1% con respecto al ejercicio anterior, pero hay empresas en las que este abismo salarial es mucho más pronunciado. Inditex es la más desigual, con una diferencia en las remuneraciones de 295 veces; el Banco Santander es la segunda, con un pago a su primer ejecutivo 225 veces superior a la media de los trabajadores; Puig (dedicada a la cosmética) firma una brecha de 216 veces, e Iberdrola, de 168 veces. Son las conclusiones que extrae el informe Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35, elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) y presentado este jueves.

En conjunto, los colosos que componen el selectivo español ganaron 67.300 millones, un 21,5% más que en el año anterior. Como dato, por cada persona empleada en el Ibex 35 obtuvieron un resultado de 53.300 euros, señala el documento. El total de personas empleadas por estas empresas se situó en 1,2 millones en 2024, con un incremento del 3,2%, aunque el grueso de las plantillas (un 63%) se ubica fuera de España. Las cifras de estas multinacionales marean y resultan aún más llamativas cuando se ponen en la misma tabla empleados y directivos.

Si bien los trabajadores de las empresas del selectivo están muy por encima del salario medio en España, la remuneración de los altos ejecutivos está en otro nivel. El sueldo medio nacional en 2024 fue de 29.540 euros anuales, pero el salario medio de las plantillas del Ibex alcanzó en ese año los 63.372 euros aunque con grandes diferencias entre empresas. Por la cola, Inditex se sitúa en los 38.000 euros, frente a los 108.000 de la socimi Colonial, la que más paga. Aunque este indicador, sobre el que se calculan las diferencias, también encubre grandes desigualdades, ya que se obtiene al dividir los costes de personal acumulados entre el número medio de empleados a jornada completa, incluyendo ahí salarios de empleados base, con los perfiles más cualificados de sueldos medios y altos, lo que distorsiona la cifra.

Volviendo a lo que cobran los directivos, su media salarial se sitúa en 4,7 millones de euros, 400.000 euros anuales más que en 2023. Además, hay cuatro empresas donde los presidentes superan los 11 millones de euros: Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán ganó 14,1 millones de euros), Banco Santander (Ana Botín ganó 13,7 millones de euros), Puig (Marc Puig ganó 12,7 millones) e Inditex (García Maceiras ganó 11,2 millones de euros).

Otro dato que arroja el análisis es que la diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una asignatura pendiente también en las empresas más grandes. El salario medio de ellas ascendió a 53.600 euros anuales, un 6,49% más, y el de ellos a 65.400 euros anuales. Con esto sobre la mesa, la diferencia entre hombres y mujeres asciende a 11.700 euros anuales, superando en 2.000 euros la brecha del ejercicio anterior. Es decir, la tendencia ha empeorado. Si se mira por empresas, el salario de ellos es superior en todas las compañías, salvo en dos: Arcelor Mittal e Iberdrola, donde las mujeres ganan más que los hombres.

“La diferencia salarial entre hombres y mujeres es desproporcionada en el caso de Merlin Properties (casi tres veces más de salario). En el resto también las diferencias son muy elevadas: Banco Santander (24.000 euros), Puig (22.000 euros), Bankinter (16.000 euros), Banco Sabadell (14.000 euros) o CaixaBank (11.700 euros). Por el contrario, las menores diferencias salariales se registran en Logista (2.400 euros), Enagás (2.000 euros) y Aena 52 (2.000 euros), y Rovi (1.900 euros), además de las dos empresas antes señaladas donde el salario de las mujeres es superior”, detalla el documento.

El debate sobre la fiscalidad y la carga impositiva de las empresas es una de las cuestiones que más polémica genera. Uno de los apartados del informe hace referencia a la carga impositiva de estos colosos y concluye que su contribución fiscal en España se ha reducido, pese a haber aumentado sus beneficios. “Los datos permiten constatar que los buenos resultados de las empresas del IBEX 35 en 2024 no se están traduciendo en un mayor compromiso tributario directo”, apunta el informe. 

En España, la contribución por impuestos bajó desde los 6.861 millones en 2023 a los 6.403 de 2024. Es decir, pagaron 458 millones menos, lo que supone una merma del 6,7% en ese periodo. Las que más impuestos pagaron a nivel nacional fueron los bancos y las energéticas: BBVA lidera la aportación con 1.261 millones de euros, tras un incremento del 52,8%, seguido de CaixaBank, que realizó un desembolso de 1.080 millones. Junto a ellas, Iberdrola (890 millones), Endesa (614 millones) y Banco Santander (533 millones) sostienen el grueso de la contribución. Aunque el documento advierte que “resulta paradójico que empresas con beneficios reduzcan su pago efectivo” con respecto a otros ejercicios, como es el caso de Endesa (-25,3%) o Iberdrola (-3,8%).

“En este ámbito, el caso más destacable es Repsol, registrando una contribución negativa de -883 millones de euros en 2024, lo que supone una reducción del 274,2% respecto a su aportación positiva en 2023”, señala el análisis de CCOO. A esta se sumarían otras que también se han podido aplicar deducciones como Unicaja (-13,1 millones), Cellnex (-16 millones) y Ferrovial (-8 millones), que cierran el año con saldos negativos de caja por impuestos en España.

A nivel global, en cambio, la tendencia no es la misma y la carga impositiva aumenta. En conjunto, el importe que estas compañías pagaron en todo el mundo por el impuesto de sociedades fue de 21.885 millones, un 3,9% más que en 2023.

La fiscalidad es uno de los grandes debates y no solo en España. Medidas para gravar los grandes patrimonios, como la conocida “tasa Zucman” en Francia, que busca gravar con un 2% a las grandes fortunas y a las participaciones en empresas, o las protestas desde la izquierda por considerar que las pymes pagan tipos efectivos mucho más altos, son cuestiones que acaparan el debate. De hecho, en España el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados ronda el 18%.

“España es uno de los mercados más atractivos para la inversión inmobiliaria”. Así comienza un informe de la consultora JLL publicado esta semana que detecta un crecimiento del 50% en esta actividad durante el primer semestre de 2026. “Superará los 10.000 millones de euros” en transacciones durante la primera mitad del año, según su análisis. En el mercado de la vivienda participan muchos actores y en general, no compiten en igualdad de condiciones. Hay pequeñas y grandes empresas de inversión que buscan aumentar su riqueza, hay fondos internacionales que miran a las rentabilidades del mercado actual, hay pequeños multipropietarios que quieren ampliar su patrimonio, hay una empresa pública de vivienda que trata de ganar espacio en el mercado y hay, también, familias que buscan una casa para vivir y no se la pueden permitir. Todos compiten en el mismo ecosistema, pero no con los mismos medios. Y es que, a la vez que las cifras de inversión brillan, el Banco de España advierte que la creación neta de hogares está superando el ritmo de construcción y aumenta el déficit de vivienda estimado hasta las 750.000.

Una vivienda “vale lo que el que más pueda pagar por ella esté dispuesto a dar”, a no ser, puntualizaba a infoLibre el arquitecto y urbanista Gerardo Roger, que haya un parque público que ayude a quienes quieren una casa para vivir y no como vehículo inversor. La otra ley básica de este mercado es la de oferta y demanda: cuantos más interesados hay en un bien escaso, más crecen los precios sobre el bien en cuestión. Las pocas viviendas en el mercado, un fuerte apetito inversor y miles de familias tratando de acceder a una son las circunstancias que sirven de gasolina para avivar la crisis de vivienda en España. Y de entre todos los actores de este juego, también es fácil saber quiénes son los que cuentan con más recursos a la hora de competir por un inmueble. 

El informe de JLL señala que el “motor principal de este crecimiento ha sido el segmento de Living, que ya representa el 44% de la inversión total con más de 4.375 millones de euros acumulados”. Living es el anglicismo que designa en el sector a las casas en las que los habitantes comparten vida en común, esto es, desde hogares para familias a alquileres por habitaciones, alojamientos para estudiantes o residencias de mayores. Y hay, dentro de esta categoría, otro término y otra cifra que destacan sobre el resto: “Dentro de este grupo, el Multifamily ha registrado un comportamiento histórico con un aumento del 625% respecto al primer semestre de 2025”. Este otro anglicismo se refiere a los casos donde un edificio completo pertenece a un único inversor y se ofertan los pisos en alquiler. Aquí parece estar puesta la atención de los inversores con operaciones como una realizada por el fondo canadiense Brookfield, que adquirió 5.000 viviendas en Madrid por valor de 1.000 millones. 

La compañía, que gestiona un fondo de alrededor de 900.000 millones en activos, se convertía así en uno de los grandes caseros de España y sembraba incertidumbre entre los inquilinos de dichas viviendas, quienes se dirigían a ellos en una carta pidiendo que se respetasen sus contratos. “Teniendo en cuenta que las viviendas que pretende adquirir fueron en su día vivienda pública o de protección oficial, resulta inadmisible que ningún fondo pretenda utilizarlas con fines lucrativos. Es por ello que, ante esta venta, las familias organizadas de los bloques en lucha exigimos a las administraciones públicas que recuperen las viviendas”, señalaban en una carta enviada a los representantes del fondo en España.

La incertidumbre es comprensible en un contexto como el actual, donde establecerse indefinidamente en una vivienda resulta imposible si no es mediante la compra, y volver al mercado del alquiler tras salir de un contrato largo implica casi siempre pagar mucho más que antes. Lo que provoca que los ahorros para una hipotética entrada para una vivienda se esfumen, cerrando así una espiral económica de la que es difícil deshacerse. 

En la primera mitad de año también se cerró otra gran operación. El fondo de pensiones norteamericano Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) se hizo con otro paquete de 27 edificios, pagando más de 600 millones para cerrar la operación al fondo Ares. Sin embargo, y ahondando un poco más en la paradoja, aunque las inversiones están en máximos, los datos de compraventas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la compra de vivienda lleva cuatro meses descendiendo.

Es en este mar revuelto en el que tienen que pescar los compradores y también la empresa pública de vivienda, Casa 47, que hasta el momento cuenta con suelos traspasados y viviendas por valor de 2.080 millones. Aunque en lo que se refiere a la adquisición de vivienda, hasta el momento solo ha anunciado un paquete de 100 millones para compra de casas. Mucho más modesto en cifras que el de los fondos de inversión. 

Aunque las políticas destinadas a regular el mercado no encajan bien en el arco de la derecha y algunos expertos las rechazan, la pregunta que surge cuando se observan estas dinámicas es si, por muchas viviendas nuevas que se edifiquen, la construcción será capaz de responder al apetito inversor y a las necesidades de las familias, generando un stock lo suficientemente amplio como para que los precios bajen por sí solos. 

La propia pregunta apunta al escepticismo y desde los socios de Gobierno arrecian las críticas hacia el propio Ejecutivo en esta materia. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda porque está secuestrado por lógicas rentistas y especulativas, que están imponiendo los intereses de una minoría, de unos pocos que se están haciendo ricos a costa del derecho a la vivienda de las mayorías”, señalaba este jueves el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la Cadena Ser. “El Gobierno tiene que intervenir políticamente el mercado de la vivienda”, insistió. 

Este jueves el Banco de España publicó su informe anual relativo a 2025 y una de las cosas que ha hecho es elevar el déficit de viviendas que arrastra el país desde las 600.000 que estimaba en 2024, hasta las 750.000 que considera que se necesitan para responder al ritmo de demanda y a la creación de nuevos hogares actualmente. Aunque se construye más y el número de visados de obra nueva crece tímidamente en los últimos años, el regulador no ve que el stock de casas esté aumentando, sino todo lo contrario.

Mientras las cifras de inversión dejan comentarios optimistas, el Banco de España señala con claridad a los más perjudicados. "Los problemas de acceso a la vivienda se concentran en las grandes áreas urbanas y en los colectivos con menores ingresos, en particular jóvenes y población de origen extranjero", puntualiza el documento. Ellos son los peces pequeños dentro de un mar cada vez más complicado de habitar.

La crisis de vivienda se ha materializado últimamente en varios desahucios mediáticos que afectan a pensionistas. El de Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años al que una orden religiosa echó de su casa en mayo; o el de Maricarmen Abascal (87 años), que afrontará su tercer intento de desalojo en los próximos días, son algunos ejemplos. La crisis inmobiliaria arrecia en dos momentos vitales: el momento de incorporación al mercado laboral, porque se cobra poco y suele haber escasos ahorros, y en el momento de salir, sobre todo si se vive de alquiler. Y aunque el foco se suele poner en los jóvenes, hay un colectivo especialmente vulnerable entre los mayores de 65 que no son propietarios y cuyas pensiones tampoco son capaces de seguir el ritmo a la burbuja de precios de la vivienda. Estos últimos son el grupo que más trozo de renta se deja en pagar la mensualidad de su casa, pero incluso entre quienes tienen un alquiler de renta antigua por debajo de los precios de mercado, la situación comienza a complicarse.

Pese a que la mayoría de pensionistas en España posee vivienda en propiedad libre de hipoteca (82,4%), un 5,5% de las personas mayores de 65 años viven en alquiler a precio de mercado según los últimos datos del INE relativos a 2025. Si se observan las tendencias, el porcentaje de viviendas en propiedad con o sin hipoteca, se situó en 2025 en el 88,2% para los mayores de 65 años y este porcentaje ha caído ininterrumpidamente desde 2022, tras haber tocado un máximo en 2012 del 90,1%. Es decir, cada vez hay menos personas jubiladas propietarias y, además, estas están expuestas a un sobreesfuerzo económico considerable. 

Entre las cifras emerge una realidad complicada para muchas personas. Aunque en términos porcentuales un 5% no parece demasiado, si tenemos en cuenta que en España hay 4,2 millones de pensionistas mayores de 65 años, a ese 5% le ponen nombre y rostro más de 214.000 personas que potencialmente estarían expuestas a un mercado de alquiler a precios desbocados. Por su edad, estas personas tampoco son candidatas a una hipoteca, así que si un revés les impide pagar las mensualidades, su mejor opción termina siendo una residencia o el amparo de los servicios sociales. “En materia hipotecaria hay una norma que protege, al menos en teoría, a las personas mayores vulnerables, pero en alquileres no hay absolutamente nada en caso de desahucio”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda. 

En esta circunstancia, las únicas armas que tienen quienes viven de alquiler a edades avanzadas son su patrimonio (si lo tuviesen) y su pensión. Pero lo que dicen los datos es que esas armas sirven de poco contra el mercado, porque quienes llegan a la jubilación sin casa en propiedad se enfrentan a las tasas más altas de sobreesfuerzo económico de todos los cortes de edad. Un estudio realizado por CaixaBank Research a partir de sus datos internos señala que los mayores de 65 años se dejaban en 2025 más de un 33% de sus ingresos en pagar la renta mensual de sus casas. Los más jóvenes, entre 16 y 29, son los segundos peor parados, con una tasa de esfuerzo que ronda el 30%, según el mismo estudio.

Si analizamos la nómina de pensiones, estos cálculos cobran más sentido. Aunque la pensión media en España se sitúa en los 1.515 euros mensuales, casi la mitad de los pensionistas en España (48,5%) cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), situado actualmente en 1.221 euros brutos mensuales. El porcentaje de personas que ganan menos del SMI se eleva al 60% para las mujeres, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicados en mayo.

Basta un repaso rápido por los portales inmobiliarios para ver que los alquileres que se puede permitir una renta de menos de 1.200 euros mensuales no abundan. Y a esto se añade otro problema: a la vez que el precio de los alquileres en España se ha encarecido de media un 50% desde 2025, cada vez menos personas llegan a la jubilación con casa en propiedad. Es decir, la tendencia no tiene buena pinta.

El seguimiento que hace el INE señala que el porcentaje de mayores que viven de alquiler a precio de mercado ha aumentado casi un punto desde 2023, a la vez que desciende el número de los que viven de alquiler a precios reducidos (desde el 2,7% en 2023 hasta el 2,3% de 2025). Esto se debe, en parte, a que las personas que pagaban rentas antiguas van falleciendo, pero también a que la presión del mercado hace que las casas que se alquilan a bajo precio sean un caramelo muy tentador, ya que suelen ser más grandes y estar situadas en barrios que ahora son céntricos. "Hay una embestida sostenida por parte de fondos de inversión y empresas que adquieren viviendas con gente de renta antigua viviendo dentro", señala Jacinto.

Eso es lo que le pasó a Maricarmen. El bloque en el que vivía, propiedad de una familia, terminó en manos de la empresa Urbagestión, dedicada a la inversión inmobiliaria, que la llevó a los tribunales para anular el contrato de renta antigua que había firmado su padre en 1956 y al que, primero su madre y después ella, se habían subrogado. Pero tras una victoria en primera instancia, el Tribunal Supremo concluyó que solo se permitían dos subrogaciones y anuló el contrato, dejando a Urbagestión la posibilidad de elevar a placer la renta de la afectada. Lo hizo reclamándole una cuota de 1.650 euros mensuales, muy por encima de los 1.450 euros que cobra de pensión. 

Aunque situaciones como esta pueden resultar inexplicables, el ansia por conseguir viviendas para especular con ellas se entiende mejor si consideramos que el rendimiento medio de esta actividad ofrecía una rentabilidad media del 16% en el último trimestre de 2025, de acuerdo con el Banco de España, y que el riesgo es muy inferior al de otros productos de inversión. Esto es lo que se ve desde el otro lado del mercado.

Cerca de 100.000 euros. Eso es lo que el fondo de inversión que compró el edificio de la calle Tribulete, en el centro de Madrid, ofreció a algunos inquilinos de renta antigua para que se marcharan. "La mayoría han ido cediendo. Y teniendo en cuenta que estaban sometidos a un presunto caso de acoso inmobiliario, con unas obras que les hacían la vida muy difícil, mucha gente acabó llegando a acuerdos económicos para abandonar sus viviendas", explica Alejandra Jacinto, que representa a los vecinos de este edificio que aún se resisten a marcharse. Porque pelear contra una empresa para tratar de permanecer en una vivienda requiere, además de recursos, energías para hacerlo.

La cantidad puede resultar jugosa, pero en estos casos implica renunciar a un alquiler asequible asegurado para volver a un mercado de vivienda en el que 100.000 euros no te permiten comprar un piso en muchas regiones y donde buscar un alquiler tampoco es sencillo. En los datos del INE, el porcentaje de mayores que tiene un alquiler por debajo del precio de mercado es de un 2,3%, muchos menos que quienes pagan precios corrientes.

"Vemos de todo. Hay casos, como el de Maricarmen, donde la empresa propone triplicarle el alquiler; hay otros en los que tratan de repercutirles gastos que antes no venían soportando y luego están los casos en los que se ofrece dinero porque se quitan de un plumazo el problema e impiden así que haya subrogaciones en caso de que el inquilino tuviese hijos que se pudieran acoger a él", resume la abogada. "De momento va a cuentagotas, pero cada vez estamos viendo más casos", concluye.

“No basta con nombrar personas con trayectoria profesional: hace falta que esa trayectoria sea adecuada a la entidad que van a dirigir y que el proceso de selección esté basado en reglas objetivas”, señala Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora del informe que ha evaluado la adecuación de los directivos del sector público nombrados por el ejecutivo andaluz con los cargos que desempeñan. El análisis, que la fundación ha realizado ya sobre otras comunidades autónomas, da a Andalucía un aprobado “por la mínima” y critica cuestiones como la “ausencia de requisitos claros, la falta de procedimientos competitivos, elevada rotación y nombramientos que no siempre guardan una relación suficiente con la complejidad técnica”, recoge el documento. El informe no evalúa el desempeño de su trabajo, sino cuánto se ajusta su perfil al puesto para el que han sido nombrados.

Para llegar a esta conclusión, los autores del informe establecen un baremo basado en la experiencia y la formación de los directivos a los que asocian valores numéricos y que van completando en función del currículum de cada uno. El resultado final, que obtienen tras analizar un total de 153 directivos de 40 entidades, se queda en un 5,4 sobre diez. Entre las conclusiones que obtienen, destacan que “30 de las 40 entidades analizadas no establecen requisitos materiales claros para el nombramiento de sus máximos responsables, más allá de determinar qué órgano tiene la competencia para designarlo” y hablan de déficits en “la experiencia de gestión” de algunos perfiles. “Este dato resulta especialmente relevante porque muchas entidades analizadas gestionan presupuestos elevados, plantillas amplias y políticas públicas de alta complejidad”, concluyen.

La administración de la Junta de Andalucía es una de las más grandes de España y suma 128 entidades, siendo el segundo sector público institucional autonómico más grande del país, solo por detrás de Cataluña. En el lado positivo, el análisis de Hay Derecho destaca que las entidades mejor paradas son la Agencia para la Calidad Científica (ACCUA), que ofrece estatutos, concursos públicos reglados y requisitos técnicos estrictos a los candidatos; y el Consejo de Transparencia, que obtiene resultados altos porque su diseño institucional incluye un mandato fijo de cinco años y una designación por mayoría absoluta del Parlamento, lo que blinda la dirección frente a la discrecionalidad del Ejecutivo y de las posiciones partidistas.

Por la cola, de las peor valoradas es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), que pierde puntos porque su director general acumula solo dos años de experiencia y formación en un ámbito no relacionado con el tema. También, por la mayor presencia de perfiles más políticos que técnicos en su estructura directiva. Por otro lado, entre las organizaciones peor paradas está la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con más de 120 millones de presupuesto y 500 empleados, pero que, de acuerdo con el análisis, tiene “problemas recurrentes de gestión del parque público de vivienda” que han llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz y también pierde puntos por la “designación de responsables cuya experiencia en vivienda era limitada o indirecta”, recoge el informe. 

“Cuando no hay requisitos claros ni procesos competitivos, el nombramiento depende demasiado de la confianza política. Y eso genera una dirección pública más vulnerable a las presiones políticas, generando rotación e improvisación. Y ahí falla la continuidad estratégica en sectores claves”, afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, quien insiste también en que para mejorar este indicador “se necesitan reglas estables, transparencia y evaluación” que reduzcan la dependencia de los nombramientos políticos. 

En las conclusiones del análisis, los autores señalan que muchos de los problemas que detectan en la Junta responden a tendencias que se dan a nivel nacional, pero insisten en la necesidad de establecer “condiciones verificables” para el acceso a los cargos más allá de conceptos genéricos como la solvencia profesional. “Este rasgo estructural se traduce en una variabilidad muy elevada en la calidad de los perfiles nombrados. El análisis muestra alternancia entre directivos con trayectorias altamente cualificadas —especialmente en etapas recientes o en determinados organismos— y otros con una adecuación más débil a la misión de la entidad”, señalan. Esto provoca, advierten, “un alto grado de incertidumbre en la dirección pública”. 

Finalmente, el informe, titulado El Dedómetro, edición Andalucía. Estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Andalucía, señala que la comunidad se encuentra en “una posición intermedia dentro de la serie de dedómetros” realizados en otras comunidades. Y aunque comparte con otros territorios la ausencia de un marco generalizado de profesionalización de la alta dirección pública, presenta también singularidades que invitan a ser positivos, como “la aparición reciente de dinámicas de mejora” en los nombramientos que podrían consolidarse si se acompañan de reformas estructurales. 

Además del análisis, el documento recoge una serie de recomendaciones que se resumen en seis ejes principales. El primero, es la creación de procesos de oposición abiertos y competitivos cuando se trata de entidades estratégicas. El segundo, pide blindar legalmente ciertos requisitos mínimos relacionados con el cargo que se va a desempeñar para poder disponer de criterios objetivos y verificables a la hora de juzgar el desempeño.

En relación con el cumplimiento de sus responsabilidades en el puesto, el tercer eje en el que insisten es la creación de "contratos de desempeño" que especifiquen los objetivos a alcanzar y permitan evaluar su trabajo. En la misma línea, piden también más responsabilidad individual en materia de transparencia, exigiendo que se considere como una infracción la "omisión o falta de actualización de su perfil profesional".

Finalmente, las dos últimas propuestas aluden a la necesidad de crear modelos de currículum normalizados para optar a los puestos y un registro en el que aparezca el listado de las personas que han ocupado la dirección en los últimos diez años. "Esta medida no solo mejora la transparencia institucional, sino que favorece el control público sobre la evolución organizativa, permitiendo detectar posibles dinámicas de politización o rotación excesiva", concluye el documento.

Con el verano a las puertas, las campañas turísticas despegando y unas previsiones de la patronal hostelera que anticipan “una primavera y un verano positivos”, llega también el debate sobre cómo regular esta actividad para que no se vuelva una pesadilla en algunos municipios. Sobre todo en los más pequeños, que ven cómo la población se multiplica en la temporada estival. Una de las medidas que se suelen tomar al respecto es la aplicación de la polémica tasa turística o ecotasa. Aunque otros países llevan tiempo aplicándola, en España ha comenzado a ser más habitual en los últimos años y en muchas comunidades el debate está encendido. En general, ni las patronales turísticas, ni los partidos más a la derecha la respaldan, aunque con alguna excepción, como Galicia (gobernada por el PP).

Esta misma semana, Bizkaia avanzaba en la tramitación de una tasa turística que comenzará a aplicar en enero de 2027. En mayo, el ejecutivo de Asturias daba forma a un gravamen para las pernoctaciones y, en enero, el Partido Socialista catalán, ERC y los Comunes anunciaron un acuerdo para aumentar la tasa turística en Barcelona. En el otro extremo, regiones como Madrid se han negado sistemáticamente a aplicarla y en la Comunitat Valenciana el debate enfrenta a Gobierno y oposición. El PSPV y Compromís habían pedido al Ejecutivo valenciano que la implantase para que los municipios que lo consideraran se pudieran acoger a ella, pero el presidente de la región, Juan Francisco Pérez Llorca (PP), afirmaba en mayo que la tasa “deteriora la imagen de la Comunidad”.

La ecotasa es un impuesto que se suele aplicar sobre las pernoctaciones hoteleras y que recaudan las comunidades y los ayuntamientos. La idea de fondo es gestionar el impacto del turismo y financiar mejoras en servicios públicos e infraestructuras cuando la población se multiplica por el turismo. La primera comunidad que la aplicó fue Cataluña en 2012 –que recaudó 90 millones en 2024, según los últimos datos disponibles– con una cuantía que varía en función de la categoría del establecimiento. Y algunas ciudades como Barcelona han optado incluso por incrementarla. De hecho, desde abril, el importe de esta tasa es un 25% superior a las cuantías originales en la Ciudad Condal y se podrá ampliar progresivamente de aquí a 2029 hasta llegar a los 15 euros por persona y noche.

Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, son las regiones que más turistas acogen, si atendemos a las estadísticas de movimientos turísticos en fronteras que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero ni Canarias, gobernada por Coalición Canaria; ni Valencia, ni Andalucía y tampoco Madrid, todas ellas del Partido Popular, aplican esta tasa. Sí lo hacen, en cambio, las Islas Baleares, gobernadas por el PP, pero donde se multiplican las protestas sociales por los efectos del turismo masivo.

En el caso de Asturias, la polémica se ha avivado con la proximidad del verano por la oposición de la patronal turística, que criticaba duramente la medida: “Mantenemos una oposición total y absoluta a la implantación del gravamen”, señalaba OTEA este martes. Por otro lado, también recibía quejas de algunos ayuntamientos que pedían tener un papel más relevante en el diseño de la tasa. Frente a estas posiciones, también ha comenzado a crecer el malestar social de la mano de asociaciones y vecinos que denuncian una masificación turística y tensión en los servicios públicos cuando llega la temporada alta.

En este contexto, el Principado ha decidido avanzar en la aplicación de este gravamen. Sostienen que la tasa no tendrá impacto en la ocupación y “sí generará un retorno directo al territorio en forma de ingresos que permitirán reforzar la sostenibilidad y calidad del destino”, valora Gimena Llamedo, la consejera de Turismo. La tarifa, cuyo diseño ha aprobado el Principado y será de aplicación voluntaria para los ayuntamientos, será de entre 0,50 y 3 euros por noche, dependiendo de las estrellas del alojamiento.

Un poco por encima de estos importes se sitúa la que está diseñando el Gobierno vasco, que será obligatoria a partir de este verano y va desde un mínimo de 2,25 euros hasta 7,50 euros por noche, dejando exentos a los menores de edad. La aplicación más reciente en esta comunidad es la que ha tramitado Bizkaia, pero también Álava y Gipuzkoa la asumen.

La tasa turística tiene recorrido en otros países europeos, aunque en España se esté reclamando con más fuerza ahora. Francia o Italia gravan las estancias turísticas a nivel nacional y Países Bajos destaca por tener uno de los recargos más altos, con un 12,5% sobre el coste del alojamiento en Ámsterdam. En España, el Ministerio de Industria y Turismo ha tratado de promocionar el gravamen en diversas ocasiones alegando que no reduce la ocupación, pero sigue existiendo resistencia al respecto. Por ejemplo, el consistorio de Madrid rechazaba la idea, propuesta desde Más Madrid, por considerar que no era necesaria. También Cantabria, gobernada por el PP, la rechazaba pese a que localidades de gran afluencia como Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera o Comillas no la viesen con malos ojos. Sin embargo, sin un marco autonómico es imposible implantarla.

El turismo es un motor económico a nivel nacional, pero cada vez hay más voces que piden una regulación. “El reto ya no es cuántos turistas tenemos, sino cómo vamos a poder gestionar esta enorme magnitud y esta industria tan potente para España”, explica Javier Blanco, asesor de turismo de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). De un lado, está el problema de los recursos y el impacto del turismo en el medio ambiente, de otro, las dinámicas de mercado que arrastra, como la proliferación de viviendas turísticas que agravan el problema de la vivienda. Estas dinámicas han abierto espacio para una consideración más crítica sobre el impacto del turismo y han generado espacios donde se reclaman estas tasas turísticas.

Canarias es un caso paradigmático. Si bien el Gobierno de Canarias no ha abierto la puerta a su aplicación, algunos municipios se han declarado en rebeldía. En Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento de Mogán (21.000 habitantes) estableció una tasa de 0,15 euros que se está dirimiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por una demanda de la patronal turística, pero que le ha valido una recaudación de 721.769 euros hasta mayo. “No podemos seguir sosteniendo este modelo únicamente con los impuestos de los residentes”, señalaba la alcaldesa, Onalia Bueno, en declaraciones a la SER. “Cuando voy a Portugal pago 3 euros, en Barcelona otra cantidad… Cataluña tiene hasta 8 euros”, señalaba para defender que no afectaría a la competitividad del sector y remarcaba que lo lógico es que el Gobierno de Canarias lo hubiera impulsado a nivel autonómico.

La vivienda turística y la incidencia de esta en los precios de los alquileres es otro de los grandes argumentos que se suelen dar para defender medidas de control del turismo como la ecotasa. Las viviendas de uso vacacional también están sujetas a la tasa y en Canarias han sido el detonante de muchas protestas. De hecho, un estudio reciente encargado por la Fundación Canarina y elaborado por Estudios Sociales Geas 7, señala que el 90% de la población canaria cree necesario cambiar el modelo turístico y un 47,6% sostiene que la llegada de turistas está muy relacionada con los problemas ambientales y sociales que atraviesan las islas, situando el acceso a la vivienda como el principal problema.

Con estos mimbres empieza a ganar intensidad el debate sobre la tasa turística, que tiene como trasfondo un debate más amplio relacionado con cómo se gestiona un sector que año tras año firma cifras récord. El año pasado, España recibió 97 millones de turistas extranjeros, un 3,4% más que en el ejercicio previo, y el propio Ministerio de Turismo consideraba que el hito de los 100 millones se podría alcanzar, previsiblemente, en este año.

Este lunes Comisiones Obreras (CCOO) y la Fundación 1º de Mayo han presentado su informe Observatorio Social de Personas Mayores 2026. El documento alerta del proceso de envejecimiento de la población activa en España y advierte de que “la llegada de población extranjera compensa cada vez menos el envejecimiento demográfico”. En este contexto también señala que se siguen produciendo “un número significativo de jubilaciones anticipadas voluntarias”, pese a que el Gobierno trata de promocionar las modalidades demoradas para tratar de suavizar la llegada a la jubilación de una de las generaciones más numerosas en España, aquellos entre los 54 y los 64 años. 

Si se observa la pirámide de población española, se comprueba cómo se ensancha en el centro y se estrecha peligrosamente en la base. Por eso el informe de CCOO señala que la sociedad enfrenta un reto urgente, el de "garantizar calidad de vida para una población mayoritaria que envejece de forma acelerada" y que además vive más años. “En un momento en que estamos en pleno proceso de regularización de las personas migrantes, vemos cómo este proceso nos está permitiendo regular la estructura generacional. España lleva desde 2025 con un saldo vegetativo negativo. Solo la migración nos permite equilibrar un proceso muy peligroso”, señalaba en la presentación del informe Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato. De hecho, las personas mayores de 65 años ya suponen el 20,7% de la población en 2025, frente al 17% que representaban a principios de siglo.

Una de las herramientas que se han planteado desde el Gobierno es lograr que el proceso de jubilación sea más flexible y progresivo, aunque por el momento, quienes piden la jubilación anticipada son más que quienes optan por demorarla. En la información estadística que elabora el Instituto Nacional de Seguridad Social (INNS), en la que se basa el informe, entre enero y abril de 2026 se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria en España 22.705 personas y decidieron demorar su retiro 15.612 personas. "Cabe destacar que los trabajadores autónomos tienden a demorar su jubilación (31,1%) en mucha mayor medida que los del Régimen General (6%)", señala el documento, que liga el fenómeno en parte a la necesidad de completar los años cotizados o de mejorar la prestación con más años en activo.

Si se observa la tendencia histórica, pese a las cifras superiores de quienes se jubilan antes de la edad, el incentivo para alargar la vida laboral ha hecho que aumente el porcentaje de personas que deciden quedarse más años en activo. Así, los datos de INSS apuntan a que si en 2017 se acogían a la jubilación anticipada un 43,4% de los trabajadores en el momento de iniciar el proceso, en 2025 ese porcentaje había bajado hasta el 28%. Por el contrario, si hace nueve años demoraba su retiro un 4,2%, frente al 10,9% de 2025. Una tendencia deseable, pero insuficiente por sí sola frente al reto demográfico, ya que el número de jubilaciones anticipadas voluntarias, advierte el estudio, sigue siendo "significativo".

Si se observa la composición de quienes se jubilan antes de su edad, además de quienes lo hacen voluntariamente, están quienes tienen trabajos penosos y se les aplican cocientes reductores. Aunque paradójicamente, estos últimos representan una proporción muy baja, según CCOO: "La modalidad de jubilación anticipada derivada de trabajos especialmente penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos ha presentado históricamente un bajo grado de utilización, una tendencia que aún se mantiene en la actualidad, situándose en el 2,5% sobre el total del sistema", señalan. Es un porcentaje que previsiblemente aumentará, ya que recientemente se han incorporado a este grupo bomberos forestales y agentes medioambientales. Por otro lado, quienes deciden quedarse un poco más de tiempo en activo suelen tener, según diversos estudios, una posición laboral alta o intermedia y un nivel de estudios superior.

En total, en España hay 10 millones de personas que cobran una pensión y un 72,1% se retiran en su edad ordinaria o después; sin embargo, desde el sindicato insisten en la necesidad de "blindar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema", especialmente en los puntos donde falla, como la brecha de género.

Las políticas del Gobierno pasan por intentar estirar los años de cotización de los trabajadores, premiando a quienes decidan trabajar un tiempo más o promoviendo medidas que hagan compatible el salario con la pensión. Por un lado, quienes decidan demorar su retiro obtendrán incrementos anuales y semestrales en su pensión futura superiores al 4%. Por otro lado, aquellos que decidan compatibilizar su pensión con su salario (jubilación activa) acogiéndose a planes de jubilación flexibles, podrán ver crecer su retribución futura transcurridos doce meses. Por el momento, la idea parece que va calando, pero siguen siendo mayoría quienes se retiran cuando toca o, si pueden, se van antes.

Ellas sufren la brecha salarial de género también cuando toca disfrutar de lo trabajado. Aunque el análisis de la Fundación 1º de Mayo sostiene que la situación ha mejorado con respecto a años anteriores, la realidad es que los hombres cobran aún hoy una pensión un 20,7% superior a la de las mujeres. "Mientras que en las pensiones en vigor la brecha es del 30,7%, en las nuevas altas se ha reducido al 20,7%, lo que refleja una progresiva equiparación", señalan.

Pero en esa "equiparación" sigue habiendo grandes agujeros, pese a que la mitad de los pensionistas son mujeres (49%). Por ejemplo, un 63% de las personas que perciben una pensión no contributiva son mujeres, ya que suelen ser ellas las que renuncian a su carrera para cuidar, quienes tienen más parcialidad no deseada o más temporalidad.

Otro dato negativo es que las mujeres dependen más de los complementos de pensión. Estas transferencias se añaden a las pensiones cuando no alcanzan un mínimo de subsistencia legal y, de nuevo, son ellas las que más necesitan acogerse a esta compensación: un 30,5% de mujeres lo requiere, frente a solo un 14,3% de los hombres.

El análisis muestra que tanto las pensiones en vigor como las nuevas altas son considerablemente más bajas para las mujeres que para los hombres, con diferenciales mensuales de 499,6 euros al mes en las primeras y de 333,1 euros al mes en las segundas, concluye el estudio, que cierra las conclusiones reclamando una "redistribución justa" de los recursos. "El objetivo fundamental de las sociedades actuales no debe ser solo prolongar la existencia, sino asegurar que los años ganados transcurran con bienestar y plenitud", concluyen.

Desde la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort (Alemania) hasta la estantería del supermercado o la cuota de tu hipoteca hay una maraña de consideraciones y teorías financieras, pero un camino muy corto. Cuando el BCE sube los tipos de interés, como ha ocurrido este jueves tras casi tres años a la baja, el coste para que los bancos presten dinero aumenta y el Euríbor, que marca el precio de las hipotecas variables, crece. Las empresas invierten menos y los precios suben. A esto se le llama enfriar la economía porque se busca que los precios caigan cortando la capacidad de consumo de los ciudadanos. A menor demanda, más stock y precios más moderados. La gran pregunta que está generando un gran debate estos días es si, en este contexto, marcado por la guerra de Irán y las tensiones geopolíticas, la subida de tipos servirá para contener la inflación o solo hará que tu hipoteca sea más cara o tu capacidad de compra más estrecha. 

Una cuestión que le han trasladado en la ronda de preguntas a la propia presidenta de la entidad, Christine Lagarde, y a lo que respondió: “Everybody has to do what they had to do” (Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer). Es decir, si la inflación sube por encima del 2% (en mayo fue del 3,2%), el manual dice que los tipos deben subir. Su trabajo, señaló, era estabilizar los precios y hacer políticas "predecibles", por eso la decisión de subir los tipos había sido unánime.

La duda que plantean muchos economistas, como el catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla, Juan López Torres, es si una subida de precios que se sustenta sobre una fuerte incertidumbre internacional y una crisis energética derivada de la guerra de Irán, se puede atajar con una subida de tipos. Es decir, encareciendo el crédito y premiando el ahorro para que la gente gaste menos. Para él, la respuesta es que no. "Es como decir que hay una inundación porque ha subido el nivel del agua. Pero lo importante es saber qué ha provocado la subida del nivel del agua, porque puede haber muchas causas para que esto ocurra y no todas se resuelven con el mismo instrumento", señala el economista. Para Torres, subir los tipos en este contexto hundirá la demanda y bajará los precios, pero puede hacerlo a costa del crecimiento y el bolsillo de los ciudadanos. Para ilustrarlo, tira de un símil médico: "Es como bajar la fiebre al enfermo matándolo", concluye.

En la jerga financiera se diría que con el giro de timón del regulador europeo han ganado los halcones, como se denomina coloquialmente en el gremio a los partidarios de lanzarse en picado hacia el control de la inflación. Frente a estos están las palomas, como llaman a aquellos expertos más proclives a sostener el crecimiento y el empleo, tolerando una mayor inflación. 

Carlos Arenillas, economista, y quien fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, razona con infoLibre los argumentos que aporta el BCE. "Los bancos centrales, en este caso el BCE, tienen un mandato institucional, que es mantener la inflación en el 2% y vigilar la estabilidad financiera. Y básicamente, la herramienta que tiene para hacerlo es mover los tipos de interés", señala. "Que el BCE haga una subida simbólica, aunque sea de un cuarto de punto, manda el mensaje de que no está de brazos cruzados". Por eso muchas críticas van dirigidas a que este movimiento es una formalidad destinada a salvaguardar su reputación.

Sin embargo, Arenilla explica que en economía las expectativas son muy importantes y se traducen en números. "Para los agentes económicos no solo es relevante el tipo de interés que fija el BCE, sino toda la curva de tipos. Si estos agentes ven que la inflación aumenta y el BCE no hace nada, se pueden inquietar pensando que la inflación va a subir mucho más y pueden actuar por su cuenta elevando los precios", explica. Algo así como una profecía autocumplida.

"En el mundo de la economía, la psicología cuenta mucho, por eso hemos incorporado el concepto de expectativa", explica otro economista que prefiere no dar su nombre porque trabaja en un órgano oficial. Al igual que Torres, se acerca más a la posición de las palomas que a la de los halcones.

El economista explica que la inflación se produce por dos causas: por un shock de oferta, como ocurre con el estrangulamiento de la llegada de petróleo y gas que está tensando la oferta y los precios; o por un exceso de demanda o de consumo que la oferta no es capaz de cubrir. Esto último sería lo que le pasa, por ejemplo, con la vivienda. Pues bien, para él lo que ocurre actualmente responde al primer caso. "No se están produciendo incrementos de precios porque los salarios estén subiendo mucho o porque la gente esté consumiendo más de lo normal. Se están produciendo esas tensiones de precios por el estrangulamiento de la oferta, sobre todo la entrada de petróleo, gas, etc...", concluye. Por eso, en su opinión, subir los tipos terminará impactando sobre todo en el bolsillo de los ciudadanos y recortando el crecimiento: "Cualquier decisión de compra, desde comprar una tele o un coche, se retrae. Y a eso se suma el encarecimiento de las hipotecas", concluye.

De ahí que muchos economistas consideren que la subida de tipos no servirá para afrontar la situación actual. "No vas a corregir los precios de la energía con la subida de tipos de interés, porque el problema no lo tienes en tu demanda o en tu consumo, lo tienes en un shock externo. Lo que harás será bajar los precios en general a costa de deprimir mucho la calidad de vida de los ciudadanos", remata.

Otras voces expertas cuestionaban también que la subida de tipos no casaba con unas previsiones de inflación que no resultaban alarmantes. De hecho, la entidad espera que la inflación se quede en torno al 3% en 2026 y para 2028 se modere al 2%. En el caso de España, este viernes se ha conocido el dato de mayo, que se mantiene en el mismo nivel de abril, en el 3,2%.

Para responder a esto, Antonio Moreno, catedrático de Economía de la Universidad de Navarra, el movimiento puede responder a la situación actual de incertidumbre y a la intención de no repetir errores pasados. "Aunque parece que Trump quiere acabar con la guerra, en los mercados se ha instalado la incertidumbre y las expectativas de inflación al alza al final hacen que la inflación suba", explica. "En el momento de la guerra de Ucrania se reaccionó algo tarde y se subieron los tipos cuando la inflación ya era bastante alta; yo creo que ahora el BCE quiere anticiparse", explica. Por otro lado, aunque España no esté muy expuesta en este momento al problema energético porque posee más renovables, Alemania sí que lo está y la entidad monetaria, apunta, "está muy ligada a las necesidades de países grandes como Alemania", concluye.

Hacía tiempo que una decisión del BCE no generaba un debate tan amplio fuera de la institución, aunque dentro, tal como señaló Lagarde, ni se plantearon otra opción que no fuera subir los tipos. Con estos mimbres deberán tejer quienes busquen casa y necesiten una hipoteca, o quienes tengan una a tipo variable. Con unas condiciones que ya se habían vuelto restrictivas en el último año, una subida de tipos podría dejar fuera del mercado hipotecario a más gente, aunque todo dependerá de la duración del ciclo de subidas.

En cuanto a las hipotecas a tipo variable, el Euríbor llegó en mayo a su máximo en 20 meses, situándose en el 2,8%, y cabe esperar que este nuevo ciclo de tipos repercuta en el interés de los préstamos, poniendo más tensión a un mercado inmobiliario ya de por sí complicado para los ciudadanos.

Su cara aparece en miles de carteles naranjas con el logo del Sindicato de Inquilinas y la imagen de Maricarmen apoyada en su andador durante las concentraciones para evitar su desahucio, la han convertido en un símbolo de la actual crisis de vivienda que ha dado la vuelta al país. Su caso tiene todos los ingredientes: es pensionista, no puede afrontar el precio del alquiler que le pide el grupo de inversión que ha comprado su casa, lleva siete décadas en la misma vivienda y, con 87 años, le obligan a buscarse otro sitio en el que vivir en un mercado de vivienda cuyos precios siguen desbocados. La otra alternativa es una residencia. Ha agotado las vías legales porque “el sistema permite que ocurran estas cosas”, señaló su abogada a infoLibre. Sin embargo, este lunes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, al que habían acudido como último recurso, le da la razón. Es un paso adelante, aunque sin garantías explícitas de que se pueda solucionar su situación, ya que los mandatos de este comité de la ONU en este sentido están muy abiertos a la interpretación.

“Han notificado al juzgado que la ONU solicita la suspensión del desahucio para evitar un daño irreparable mientras se tramita el procedimiento”, explica la letrada que lleva el caso, Beatriz Duro. La respuesta del organismo internacional les llegó este lunes, 15 días antes de la fecha para la que está programado el tercer intento para desalojar a Maricarmen. 

La pregunta inmediata es si este mandato servirá de algo o solo prolongará aún más un proceso que ha ido agotando las fuerzas de Maricarmen. La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto explica que las resoluciones que emite este organismo de la ONU en lo relativo a la vivienda dependen bastante de la interpretación que haga cada juzgado.

Al acudir al Comité DESC, lo que ha obtenido la defensa son unas medidas cautelares, en base a un mandato de la ONU que señala que los Estados deben garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Estas medidas piden al Gobierno y a todas las administraciones públicas implicadas que aporten soluciones y dan un plazo de seis meses para que se informe sobre el plan a seguir. “Para evitar el daño irreparable que supone un desahucio, se suelen dictar unas medidas provisionales, que son como medidas cautelares. Esto se hace para que, bien se suspenda el desahucio, o bien se dicten planes alternativos”, explica Jacinto, que ha llevado otros casos como este.  

Pese a que se trata de un organismo internacional, no hay garantías de que se pare el proceso. “Si nos atenemos al cumplimiento de los derechos humanos, es una resolución que debería respetarse porque el Estado español suscribe los tratados internacionales de la organización”, explica Jacinto. Pero la realidad no es tan contundente. “Hay debate al respecto y hay casos en los que los juzgados entienden que no aplica y otros que sí lo aplican. Debería tomarse siempre en cuenta, pero no siempre pasa”, lamenta. "Lo que está fuera de toda duda y defiende también la Abogacía del Estado es que hay que tomar en consideración el dictamen, así que, tanto si suspenden el desahucio como si no, tienen que razonar su decisión y explicar cómo han llegado a esa conclusión", afirma la abogada.

El problema de Maricarmen comenzó hace ocho años. En ese momento, la familia propietaria del edificio lo vendió a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Le ofrecieron que se quedara con el piso, ya que la ley marca un derecho de adquisición preferente para el arrendatario, pero el precio era demasiado alto para una pensión de 1.450 euros. Aquí entró en juego Urbagestión, que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba, lo anuló en los tribunales y, tras pedirle un alquiler de más de 1.600 euros que no podía pagar, comenzó el proceso de desahucio porque ella siguió abonando el alquiler que pagaba antes de que la especulación inmobiliaria pusiera los ojos en su casa, los 440 euros que estipulaba la renta antigua. 

El primer intento de desalojo fue en octubre de 2025 y la movilización social consiguió posponerlo. El segundo estaba programado para el pasado 3 de junio, pero de nuevo, la presión popular y una concentración que el día antes reunió a cientos de personas y a varios artistas frente a su casa hicieron que el juzgado retrasase 20 días el lanzamiento. “Vivir dos desahucios en 20 días es una tortura psicológica que ninguna persona debería pasar”, explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Este aplazamiento es un burdo intento de desmovilizar a las vecinas y vecinos ante la avalancha de apoyos que está recibiendo Maricarmen”, concluían en una nota de prensa. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que lleva el caso de Maricarmen, se habían organizado una serie de eventos, tanto el día del desahucio como en jornadas previas, para tratar de evitarlo. Unas horas antes de que el primero se realizase, el juzgado que lleva el caso anunció que posponía 20 días el lanzamiento. Para el sindicato, se trata de una estrategia destinada a "desmovilizar" y esperar a que la presión y el descontento vecinal se rebajen.

La vivienda está situada en el distrito madrileño de Retiro y Maricarmen entró en ella hace 71 años, cuando su padre era titular del contrato. El precio de este barrio es uno de los más altos de España. De acuerdo con el portal estadístico del Notariado, el precio del metro cuadrado en la compra supera los 9.000 euros y los alquileres rondan los 24 euros por metro cuadrado. En términos generales, un estudio reciente de la tasadora Tinsa señala que desde 2015 el precio de la vivienda nueva y usada en España ha aumentado un 75,4%, un ritmo imposible de seguir tanto para los salarios como para pensiones como la de Maricarmen. 

Este lunes, la plantilla de la Agencia Tributaria ha protagonizado un paro de 24 horas en todo el país para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La protesta, convocada en esta ocasión por el sindicato CSIF, forma parte de un ciclo de movilizaciones que los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) vienen realizando desde hace meses,bajo la llamada de diferentes grupos sindicales.

Las protestas más recientes tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y se repitieron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España. También el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, llevó a cabo en noviembre su primera huelga en 17 años y tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) encadenaron protestas el año pasado para acelerar las negociaciones con el Gobierno.

En plena campaña para presentar la declaración de la renta, alrededor de 28.000 trabajadores estaban convocados por toda España a concentrarse delante de sus oficinas para pedir que se refuercen las plantillas, que se abra la negociación en diversos aspectos de mejora de las condiciones laborales, que llevan paralizados desde 2019, y que se cumplan los acuerdos firmados con la AEAT. A esto se suman otros puntos como la regulación del teletrabajo, la reactivación del acuerdo de carrera profesional o que se contemple como profesionales de riesgo a los trabajadores de Vigilancia Aduanera. 

Aunque las reivindicaciones de asociaciones y sindicatos no coinciden plenamente en las soluciones, las protestas por la forma en que se lleva a cabo la progresión en la carrera están en el centro de la polémica, ya que provocan "un deterioro de la estructura" laboral de la administración, según explican desde Gestha a infoLibre. "La AEAT instauró en 2007 un sistema de progresión propio en el que no existen concursos para subir de categoría, pero tampoco ha reclasificado a los empleados", explica José María Mollinedo, portavoz del sindicato. Eso ha provocado, apunta, que los puestos superiores de la escala profesional no se hayan cubierto adecuadamente cuando hay jubilaciones o salidas. "Se van jubilando las personas de jefatura de área, los coordinadores y, sin un concurso, se va generando una desestructura porque, aunque entran promociones nuevas, nadie sube a esos puestos porque no se convocan", explica Mollinedo.

La forma en que se cubren es con un parche provisional. "El trabajo lo están haciendo ahora mismo personas sin nombramiento a las que la Agencia Tributaria ha colocado en comisión de servicio, que, según la ley, tiene una duración de un año con una prórroga extraordinaria de otro año", explica el portavoz. "Hay gente que lleva hasta 10 años y eso lo hacen cesándoles un día y volviéndoles a nombrar en comisión de servicio al día siguiente por otros dos años. Eso es un abuso de derecho", concluye.

Gestha no se ha sumado al parón convocado este lunes, ya que no comparte con los convocantes los modelos para corregir esta situación. Tampoco lo han hecho CCOO y UGT, aunque sí mantienen reclamaciones similares. Francisco Tamargo, secretario general de la sección sindical de AEAT de CCOO se queja de que "en lo que se refiere a la gestión de personal, la Agencia nunca ha funcionado tan mal", reclama.

Para Tamargo, las discrepancias en el ámbito sindical se deben en parte al desgaste de meses de reivindicaciones y escasas respuestas desde la dirección. "Por ejemplo, somos una administración de las más digitalizadas y, sin embargo, nos niegan el teletrabajo", señala Tamargo.

Otro punto importante de las reivindicaciones es la brecha salarial entre cargos de la Agencia Tributaria. En este punto insiste sobre todo Comisiones Obreras, que pide mayor transparencia en las tablas salariales de cada rango y aumentos de sueldo en las categorías más bajas, sobre todo cuando el puesto implica un cambio de comunidad o un desplazamiento.

Sobre la falta de personal y la carga de trabajo, estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude y ese es otro de los reclamos en el que coinciden los diferentes sindicatos. "El proyecto de información y asistencia [diseñado para atender dudas y reclamaciones de los contribuyentes], por ejemplo, se presentó como un plan estrella, pero se quiere cubrir con personal laboral", protesta el delegado de CCOO. Una falta de efectivos en la que incidió ayer también CSIF y que genera descontento, sobre todo, en los puestos base. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) también ha tenido otros problemas en lo que tiene que ver con su gestión de personal. Según ha podido conocer infoLibre a través del Consejo de Transparencia, la entidad no sabe con exactitud cuántos funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado están en excedencia. La explicación que dan es que los inspectores de Hacienda no son empleados de la AEAT en el sentido contractual del término: son funcionarios de carrera de un cuerpo de la Administración General del Estado que está adscrito a ese organismo. Un inspector puede, por los mecanismos previstos en la normativa de función pública, ocupar puestos en otros ministerios, en comunidades autónomas, en organismos reguladores o en instituciones europeas, sin dejar de pertenecer al cuerpo. Así, cuando solicitan la excedencia, no es la AEAT quien la tramita.

Las excedencias son relevantes sobre todo cuando se pasa de esta entidad a la empresa privada, ya que puede generar conflicto de intereses. Un hecho llamativo, teniendo en cuenta que el ámbito fiscal es uno de los más estrictos en materia de incompatibilidad cuando se está en activo. "Somos uno de los organismos donde está implantada la incompatibilidad absoluta. No puedes dedicarte a nada", señala a infoLibre Tamargo.

A la espera de que la Agencia se preste a negociar y de que los diferentes sindicatos encuentren un punto de acuerdo, hay algo en lo que coinciden todos: el tiempo que llevan pidiendo cambios en materia laboral. "La relación entre la patronal, que en este caso es la Administración, y los sindicatos nunca ha sido peor", concluye el responsable de CCOO.

La fiscalidad es un arma de doble filo. Rebajarla es, en principio, una estrategia popular entre los ciudadanos y una baza a la que se suele acoger la Comunidad de Madrid para posicionarse frente al Gobierno y ganar popularidad. Pero cuando se exploran las consecuencias de esta dinámica, esa popularidad se reduce. Si se da el caso de que estas bajadas impositivas empiezan a comprometer los servicios públicos, el porcentaje de personas a favor de reducir los impuestos cae también. Sin embargo, Madrid sigue avanzando en esa senda. La propia Isabel Díaz Ayuso ha presumido de acumular 36 rebajas fiscales durante su mandato y recientemente ha anunciado la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente que estará dentro de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, destinada a bonificar los traspasos de empresas con nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Dicho así, puede sonar como una medida de gran impacto económico, pero lo cierto es que esta bonificación crece solo cuatro puntos porcentuales con respecto a lo que ya existe: desde el 95% hasta el 99%.

La baja fiscalidad es la piedra angular de la política de la Comunidad de Madrid y la presidenta madrileña suele anunciar ampliamente las medidas que refuerzan ese ideario. Sin embargo, lo que incluyen estas nuevas normas fiscales —que se pondrán en marcha previsiblemente este mes de junio— no es tan novedoso ni se espera que tenga un gran impacto en las cifras. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, explica que este nuevo servicio, la Oficina de Defensa del Contribuyente, es un mecanismo que ya existe a nivel estatal bajo el nombre de Consejo de Defensa del Contribuyente y ante el cual se pueden presentar reclamaciones que deriven luego en cambios normativos. "Recoge, al igual que haría la oficina madrileña, las quejas y sugerencias que no son judicializables", señala Mollinedo. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, presentaba la medida señalando que la Comunidad quería garantizar unos derechos "reales y efectivos en la práctica" para los contribuyentes. Isabel Díaz Ayuso iba un poco más allá al señalar que su intención era proteger a los ciudadanos de los "excesos" de la Agencia Tributaria. Otro de sus mantras electorales.

Así, lo que realmente introduce como novedad el Anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente son dos puntos: el compromiso de disculpa cuando se haya vulnerado algún derecho del cotizante y haya una sentencia judicial firme que lo avale y un agradecimiento por su cooperación. "La Administración tributaria autonómica agradecerá la cooperación a los obligados tributarios que hayan atendido y prestado la debida colaboración en el transcurso de un procedimiento inspector, cuando el mismo haya terminado sin regularización de la situación tributaria ni imposición de sanción", concluye el artículo 10 del anteproyecto.

En cuanto a la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, responde a la intención de promocionar que los pequeños negocios mantengan el relevo generacional. Es un problema que llevan tiempo denunciando las patronales, pero en este caso, desde Gestha consideran que la medida fiscal propuesta puede tener un impacto limitado, ya que no introduce grandes cambios con respecto a la regulación anterior. "El coste presupuestario estimado son dos millones de euros, una cantidad muy baja con respecto a las cifras de una comunidad como Madrid", explica Mollinedo. La nueva regulación, que esperan que tenga impacto en alrededor de 1.500 personas, amplía la bonificación fiscal cuando se traspase una empresa desde un 95% hasta un 99%, cuatro puntos porcentuales.

Lo que sí va a ampliar esta nueva norma es la posibilidad de aplicarse bonificaciones en un grado de parentesco familiar más amplio, como ya ocurrió en febrero del año pasado, cuando se elevó la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos desde el 25% hasta el 50%. En este caso, se aplicará a las compañías de forma que, tanto en transmisiones cuando el propietario haya fallecido como cuando se retira y la cede en vida, el traspaso de la empresa esté bonificado para familiares de tercer grado (tíos y sobrinos) y en cuarto grado, por afinidad o consanguinidad, haya requisitos flexibles de aplicación.

"Es posible que pueda tener efecto en el relevo la ampliación de los grados de parentesco, pero el coste presupuestario de la exención no parece que pueda movilizar a más gente. Calculan que puede afectar a 1.500 personas, pero es que esas personas ya disfrutan de una bonificación del 95%", valora Mollinedo.

El mantra de que pagar impuestos siempre ayuda en las urnas no es tan evidente. De hecho, un estudio de las universidades de Viena y Zurich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae hasta 10 puntos. Ahí es cuando el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o más deuda. Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que en Madrid ha aumentado un 125% la tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una primera consulta en hospitales. También, si se compromete la viabilidad de la educación pública, como por ejemplo, no climatizando las aulas de los colegios públicos. Una cuestión que mantiene en pie de guerra estos días a las asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid. De hecho, el sindicato CCOO denunciaba también que la respuesta de la Consejería se ha limitado durante años a actuaciones aisladas e insuficientes. “Miles de docentes, personal educativo y alumnado continúan desarrollando su actividad en espacios que alcanzan temperaturas incompatibles con la salud", señalaron en un comunicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta sus propuestas fiscales por oposición a la política fiscal del Gobierno y hace un mes reiteraba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba realizando la “mayor recaudación” de impuestos “a través del terror fiscal”. De hecho, en la presentación de los Presupuestos Generales de la comunidad, presumió de que las rebajas fiscales habían ahorrado a los contribuyentes “casi 40.000 millones de euros”, pese a que en la otra cara de la moneda está el hecho de que sea también la comunidad que menos gasta por habitante en servicios básicos, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Está por debajo del promedio nacional en sanidad, educación y servicios sociales y 42 puntos por debajo de la región que más invierte: País Vasco. 

Pese a ello, la baja fiscalidad sigue siendo el eje de su política. Un discurso que mantiene también el Partido Popular a nivel nacional y que se ha concretado en el lema del "infierno fiscal" que Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ha reiterado contra el Ejecutivo. Sin embargo, esta vez, insisten desde Gestha, ni la bonificación ni la Oficina de Defensa del Contribuyente parecen tener el calado suficiente como para hacer bandera de ellas.

Crear un parque público de vivienda construyendo más casas no es algo que se haga en un año ni en dos, y quizá tampoco en tres o cuatro; por eso los expertos suelen afirmar que la oferta a corto plazo es rígida. Y esta evidencia lleva a otra pregunta: ¿Se puede hacer algo para facilitar el acceso a la vivienda a corto plazo o no queda otra que asumir que habrá varias generaciones atrapadas en el alquiler o en la casa de sus padres mientras tanto? Es la pregunta que más discrepancias genera y por donde se parte el consenso entre las políticas más a la izquierda –que piden intervenir los precios– y las propuestas más pegadas al espectro político de la derecha –que se niegan a ponerle límites al mercado– porque cualquier otra intervención que no sea aumentar el número de casas la consideran intervencionista. 

La pugna política es la otra cara de la moneda en esta crisis. Mientras los socios a la izquierda del PSOE insisten en topar los precios o suspender los desahucios, en la derecha se centran en el ámbito de la construcción o de las exenciones fiscales (que ya existen) para caseros. “Las soluciones no pasan por intervenir el mercado y topar los precios, como impone el PSOE, sino por equilibrar oferta y demanda”, señalaba el PP en un comunicado tras aprobarse la ley de vivienda en 2024. Y esa postura no parece haber variado. El pasado mes de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistía en la misma línea y afirmaba que solucionar el problema de la vivienda pasaba por “bajadas masivas de impuestos, ayudar a los jóvenes y no atacar a los propietarios”. 

En el otro extremo está el grupo Sumar, que insiste en la necesidad de intervenir el mercado de forma más activa, topando precios, prorrogando los desahucios o vetando la compra especulativa de vivienda. El PSOE, por su parte, se ciñe a la ley de vivienda y trata de poner el foco en que corresponde a las autonomías decidir si quieren o no utilizar los mecanismos que ofrece la norma.

"Todas las medidas que no sean construir significan regular la función residencial y social de la vivienda. Eso pasa por reducir el beneficio de los especuladores, del sector inmobiliario, de los inversores y de los caseros. Por eso hay tantas guerras contra las políticas de vivienda", señala Javier Gil, sociólogo experto en vivienda e investigador en el CSIC. "De ahí la presión de lobbies, patronales, inmobiliarias y fondos para evitar cualquier tipo de política que regule esa función social de la vivienda y solo apostar por la construcción como única medida", insiste.

Hasta el momento, la medida para intervenir el mercado que más implantación ha tenido son los topes en zonas tensionadas que contempla la ley de vivienda. Esta etiqueta a la que son reacias las comunidades del Partido Popular se aplica sobre todo en Cataluña, País Vasco y Navarra, aunque también A Coruña, en Galicia, la ha conseguido poner en práctica. Los gobiernos del PP firmaron un documento en 2024 negándose a ponerla en marcha, aunque muchas localidades y ayuntamientos habían enviado peticiones para hacerlo. Sin embargo, la última palabra corresponde a los ejecutivos autonómicos, poco dispuestos a dar el brazo a torcer. En aquel momento, el manifiesto señalaba que “esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios” y pedía al Gobierno que cumpliese con el compromiso de construir más de 180.000 pisos sociales. 

Desde Sumar, los socios de Gobierno han lanzado algunas propuestas para rebajar la presión en los precios que pasaban por intervenir en las condiciones de oferta de los pisos, pero no han salido adelante. En abril, el Congreso (con votos de PP, Junts y Vox) tumbó la propuesta que permitía una prórroga del alquiler, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, de los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027.

La medida no era nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero se intentó recuperar para ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberla solicitado permitía extender los contratos de vivienda que expirasen antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%. Sin embargo, solo estuvo vigente un breve periodo de tiempo, hasta que pasó por el Congreso y decayó.

Por otro lado, Sumar también promocionó en mayo que se prohibiese la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", una idea que tampoco encajó bien el PSOE. En su lugar, propusieron un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, gravar los pisos vacíos y subir el IVA de los pisos turísticos al 21%.

Justo en este último punto, en la intervención del mercado de pisos turísticos, es donde afloró la última polémica. El pasado 22 de mayo el Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso presentado por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, que pedía anular el registro único de alquileres turísticos al considerar que el Estado no tenía competencias para regularlo. Era una medida impulsada por el Ministerio de Vivienda para cumplir con la exigencia de Bruselas de controlar los pisos turísticos y que centralizaba el registro, obligando a identificar las viviendas que se alquilan a turistas en plataformas como Airbnb o Booking, pero también cualquier otro inmueble que se comercialice como un arrendamiento de temporada.

El ámbito académico, donde trabaja Gil, tampoco se ha quedado al margen en este debate. Si bien la ley de oferta y demanda es un elemento sobre el que hay consenso (a menos casas, más demanda sobre cada una de las disponibles y, por tanto, precios más altos), cómo torcer esta dinámica en el corto plazo es un dilema cargado de debates y discrepancias. En un punto medio se sitúa el sociólogo de Esade, Jorge Galindo, con una propuesta centrada en la construcción, pero con el foco puesto en el papel de lo público.

Galindo señalaba en un debate con Javier Gil en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que “si la gente hace negocio con la vivienda, es por la escasez” y, por tanto, “la forma de que no se haga negocio, es hacerla abundante”. También insistió en la necesidad de doblar el parque público y pasar de 10.000 viviendas entregadas anualmente a 30.000, lo que costaría unos 4.500 millones al año en diez años, pero se podría complementar con la incorporación del sector privado y más políticas que lo orientasen hacia lo social. Algo que también han defendido otros expertos como Javier Burón, director de la empresa pública de vivienda en Navarra (Nasuvinsa), que abogaba por permitir "beneficios controlados" de las empresas privadas siempre que las viviendas terminasen en el parque público.

Gil, por su parte, insiste en el refuerzo de lo público y el control del mercado para obtener resultados en el corto y medio plazo. "Hay una ofensiva muy grande en torno a las medidas para intervenir el mercado porque implican reducir los beneficios del sector. Se trata de bajar el precio de los alquileres, de dar contratos indefinidos, etc... y por eso hay tanta resistencia sobre este tipo de políticas", remarca.

Esperar los efectos de un hipotético acelerón en la construcción parece, de momento, la medida que cuenta con el consenso más sólido y también la más sencilla de abordar en un contexto donde los precios no paran de subir y la ciudadanía sitúa a la vivienda como el principal problema en España, de acuerdo con el CIS. En el primer trimestre del año, aunque las compraventas se habían contraído un 2,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, todos los demás indicadores seguían disparados: el valor tasado del metro cuadrado aumentó un 14%, el número de hipotecas alcanzó su la cifra más alta desde hace 15 años y el precio de los alquileres se disparó un 7,1% entre enero y marzo, según el portal inmobiliario Idealista.