“Si llegas al 100% de cumplimiento de objetivos, en el año siguiente te piden el 120%, el 140%... y si no mantienes ese ritmo, te penalizan o te despiden por falta de productividad”. Así relata a infoLibre Victoriano Miravete, secretario general del sector financiero de UGT, la forma en la que funciona el trabajo por objetivos en el sector. "Es como empezar cada día de cero y eso genera un estrés constante", concluye. Es el resumen que el responsable sindical hace de la situación de los trabajadores del sector financiero, que están protagonizando varias jornadas de huelga y protestas ante un modelo laboral que ha cambiado hacia una política comercial más agresiva y un cumplimiento de objetivos que condiciona sus salarios y su salud.

La banca española superó los 10.000 millones de beneficio en el primer trimestre del año, con un incremento conjunto de las seis entidades más grandes del 27%. Sin embargo, el número de empleados se ha reducido en más de 8.100 trabajadores en el primer trimestre del año con respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con los datos elaborados por la agencia Europa Press. Y este ha sido uno de los detonantes de las protestas que encadena el sector, a lo que se suma una crítica hacia un modelo de trabajo que califican de “insano”. Desde 2020, explica el responsable de UGT, sus exigencias de objetivos anuales se han incrementado a un ritmo anual de entre un 20% y un 30%. 

En lo que va de año ha habido varias protestas, como la que protagonizaron en abril los trabajadores de CaixaBank que denunciaban la "presión comercial desmesurada" y pedían mejoras salariales, o la que este martes organizaron los trabajadores afiliados a UGT frente al Banco de España (BdE). Incidían en una presión comercial “insostenible” que además condiciona sus sueldos y un clima laboral “deteriorado” que está haciendo mella en la salud laboral del sector. La concentración responde a unas reclamaciones que llevan tiempo enunciando y que continuarán durante el mes de junio, esta vez organizadas por Comisiones Obreras (CCOO). 

Recortes de empleo, un “clima laboral insano” y una forma de organizar la actividad de venta de productos financieros que, según los convocantes, va en detrimento de los propios clientes a los que se les acaba vendiendo servicios que no necesitan. “Igual que nos piden una determinada formación para vender productos, queremos que también se les exija a las entidades una formación y responsabilidad sobre la manera de comercializarlos de forma adecuada”, señala el responsable sindical. "Lo primero que te dicen por la mañana cuando entras a trabajar es lo que tienes que vender de un producto concreto que el banco está promocionando en ese momento. Si, por ejemplo, tienes un cliente al que le vas a vender un seguro determinado, al final puede darse el caso de que terminas ofreciéndole otro porque es el que toca ese día y, si no lo haces, puede afectar a tu puesto de trabajo", remarca Miravete.

Los trabajadores reclaman que el BdE siga de cerca estas estrategias comerciales y los productos que promocionan porque consideran que “entra de lleno en el terreno de la supervisión bancaria” y que podría afectar a la protección de los clientes. De hecho, desde diferentes sindicatos se habían elevado ya peticiones para que el BdE asumiese esa función. En marzo, el supervisor español elevó una de estas denuncias al Banco Central Europeo (BCE) para que la entidad valorase si estas políticas comerciales y las instrucciones de venta que se trasladaban a las oficinas podían estar incumpliendo en algún punto las directrices de regulación bancaria, aunque por el momento, no han obtenido una respuesta.

En la protesta del martes, que coincidió con la publicación del Informe de Inclusión Financiera que elabora el BdE, han insistido en este punto porque, en su opinión, esta institución supervisora debería intervenir. Desde CCOO, sindicato mayoritario del sector, ya han anunciado que van a seguir con las protestas y han convocado movilizaciones el próximo 3 de junio para insistir sobre estos mismos puntos. Protestarán ante las sedes de Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Abanca, Ibercaja y Cajamar en diferentes ciudades y han planeado la propuesta como un primer paso de una serie de protestas sucesivas.

Javier de Dios es el responsable del sector financiero en CCOO. Explica que el clima de protestas no se ha establecido porque esto sea nuevo, sino porque el descontento generalizado en el sector ya va más allá de una entidad concreta y atañe a la forma de trabajar. "A la sobrecarga de trabajo, a la poca planificación, al exceso de objetivos y a las retribuciones variables y no transparentes se suman las presiones de algunos estilos de liderazgo tóxicos en los cuales se invita a vulnerar en cierta forma la normativa vigente a la hora de vender productos. Todo esto hace que las plantillas del sector financiero estén sobrecargadas", remarca el responsable de CCOO. Además, el incumplimiento de estos objetivos comerciales, protestan, se cataloga como bajo rendimiento y pone en riesgo el empleo. 

La baja productividad por no cumplir con estas directrices también puede ser motivo de despido. “El creciente peso de la venta de productos en el salario variable y la aplicación de mecanismos de control con carácter sancionador están creando una situación insostenible en la red de oficinas”, señala UGT. Protestan también porque un porcentaje de sus remuneraciones está atado a la venta de determinados productos financieros que les llegan impuestos. 

En paralelo a esta cuestión corre también el problema relacionado con las absorciones y compensaciones salariales. Los sindicatos ya denunciaban el año pasado que las subidas que obtenían por convenio se terminaban detrayendo de estas remuneraciones variables y, por ello, pedían que el cálculo de este porcentaje variable se estimase de forma más clara para que no ocurrieran estas cosas.

"Todo esto hay que leerlo en un contexto de cierre de oficinas y pérdida de empleos", señala Miravete. De hecho, el informe de Inclusión Financiera conocido este martes apunta en esta línea y señala que entre 2021 y 2024 los puntos de atención presencial se han reducido en un 2,5% y cerraron 1.635 oficinas en ese periodo, lo que supone una reducción del 8,6%.

La salud mental es uno de los caballos de batalla de los sindicatos en el sector. Los riesgos psicosociales asociados al estrés o a la carga mental que supone el trabajo por objetivos son otro de los grandes problemas que llevan tiempo reiterando en sus protestas. Un estudio del sindicato sectorial FINE apuntaba, tras realizar una encuesta a 30.000 trabajadores, que un 92,6% de los empleados financieros afirmaba haber sufrido ansiedad, bloqueo emocional o síntomas físicos derivados del estrés laboral en algún momento de su vida profesional.

Cuando les preguntaban por el nivel de presión, más del 45% señalaba que era "alta y constante" y un 27% decía que era "excesiva y desbordante". El responsable de UGT señala además que el nivel de medicalización y de bajas por estrés del sector es alto, pero les resulta complicado que se reconozcan las causas, ya que entran dentro de los riesgos psicosociales que la ley de prevención de riesgos laborales actual no desarrolla de forma específica. Por el momento, la nueva ley, que sí pone el foco en este tipo de afecciones y cubriría parte de las demandas de los trabajadores, debe pasar aún por segunda vez por el Consejo de Ministros antes de ser convalidada en el Congreso y aún falta un tiempo hasta su puesta en marcha.

Conseguir una vivienda pública o con algún tipo de protección social es el único medio para acceder a un alquiler asequible. Pero además, es una lotería difícil de ganar. Basta con entrar en las ofertas de vivienda que lanzan algunos ayuntamientos y consultar las listas de candidatos para hacerse una idea de la desproporción de solicitantes admitidos con respecto al número de casas ofertadas. Sevilla: 24 casas en Tejares de Triana y 11.886 nombres en la lista provisional; Salamanca: 55 viviendas en la zona de Pizarrales y 720 demandantes; Majadahonda: 180 viviendas y 322 solicitudes; Barcelona: 146 candidatos admitidos para 30 viviendas.

Estos son solo algunos ejemplos, porque pedir una vivienda pública en España pasa, en general, por largas listas de espera y sorteos. Los criterios de admisión y adjudicación varían según la administración convocante o el tipo de vivienda, pero, en general, el primer paso es acreditar que se cumplen los requisitos económicos para después entrar en el sorteo. “Hay un desfase entre el número de personas que piden una vivienda y la cantidad de casas que se ofertan. Y eso a pesar de que no se publicitan demasiado”, señala Mario Manjón, de Provivienda, una entidad que promueve vivienda social a precio limitado. “Esto evidencia la gravedad del actual nivel de exclusión residencial en España”, concluye. 

Aunque la mayoría de expertos coinciden en que crear un parque de vivienda pública es la solución más sólida al problema de la vivienda, las solicitudes resultan abrumadoras en relación a los pisos ofertados. Más allá de las ofertas locales, el problema persiste. Casa 47, la empresa pública estatal que el Gobierno creó para gestionar y ampliar el parque público de viviendas, echó a andar con tres ofertas y, de nuevo, una altísima demanda. La entidad señala a infoLibre que, en total, recibieron 7.357 solicitudes para unas 171 viviendas. Esta primera promoción en alquiler de Casa 47 se repartía entre Mieres (Asturias), donde ofertaron 37 viviendas y se gestionaron 482 peticiones; la provincia de Valencia, que ofrecía 67 inmuebles para un total de 5.465 demandantes; y, finalmente, Vigo, con otra oferta de 67 casas y 1.410 ciudadanos interesados en adquirirlas. 

El Ministerio de Vivienda, a través del Boletín Especial de Vivienda Social publicado el año pasado, estima que en 2024 (último dato disponible) existían alrededor de 600.000 viviendas con alquiler asequible en España. Estas suponen alrededor del 3,3% sobre el total de inmuebles en el mercado, una cantidad que está por debajo de la media europea, donde el porcentaje promedio ronda el 8%. Aunque no existe un registro centralizado, las estimaciones colocan a España por debajo de sus países vecinos en este sentido. "Actualmente, esto implica que España necesitaría incrementar su parque existente de vivienda en alquiler social en 4,7 puntos porcentuales para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos. Lo que representa alrededor de 850.000 viviendas más en alquiler social", señala el informe del Ministerio de Vivienda. 

La cifra que ofrece Vivienda es similar a la que ha estimado el Banco de España en sus sucesivos análisis. Según afirmaba el pasado mes de septiembre el gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, se requerían alrededor de 700.000 nuevas casas para responder al ritmo de creación de hogares. Una medida que, si bien se postula como solución a medio y largo recorrido, es poco eficiente para atajar en corto el problema, ya que los plazos de construcción suelen alargarse por encima del año. 

“Se necesita más vivienda pública con protección permanente y mecanismos que amplifiquen el parque público”, resume Manjón. Las organizaciones como Provivienda son la versión española de las llamadas housing association que funcionan en otros países y que se ocupan de ofrecer bolsas de vivienda a precio asequible (tanto propia como pública) y con beneficios controlados. “El gran problema de la vivienda pública es la descalificación y si eso se hubiera blindado antes, casi la mitad del parque actual de vivienda tendría algún tipo de protección”, concluye. 

La caducidad de la vivienda protegida y años de escasa inversión en inmuebles públicos han pasado factura. El Boletín de Vivienda también constata que España había invertido entre 2007 y 2022 menos de 47 euros por ciudadano y año en promoción de la vivienda y fomento de la edificación, mientras que de media en la Unión Europea esta cifra superaba los 72 euros. En algunas regiones como Países Bajos, Italia, Francia, Dinamarca o Luxemburgo, esa cifra aumentaba hasta los 100 euros por ciudadano y año.

Otra cuestión importante a la hora de valorar cómo ha evolucionado el parque público de vivienda es el plazo de protección de las casas edificadas. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), si la etiqueta de vivienda protegida hubiese sido permanente, España tendría en la actualidad un 38% del parque inmobiliario en manos públicas. De hecho, el blindaje de los inmuebles edificados sobre suelos municipales o con dinero público es uno de los objetivos que persigue el Gobierno, aunque las comunidades del Partido Popular no están adoptando esta medida cuando se trata de promociones público-privadas.

A quienes se quedan fuera del paraguas de lo público no se les presenta un panorama demasiado esperanzador. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler se encareció un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 metros cuadrados pasó a costar unos 1.160 euros al mes, 300 euros más, según el portal inmobiliario Idealista. Por otro lado, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago del techo en el que residen y la tendencia es, por el momento, al alza. Pese a todo, alquilar es la única opción para los jóvenes (incapaces de hacer frente a las entradas de hipotecas cada vez más altas) y el 57% de los que se emancipan lo hacen en régimen de alquiler, según los datos del Consejo de la Juventud de España.

A un parque público de viviendas aún muy exiguo, hay que sumar el problema de los precios cuando la oferta de pisos llega en forma de colaboración público-privada. Un ejemplo de ello es Madrid, donde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado en reiteradas ocasiones que las ofertas del Plan Vive exceden la capacidad de los salarios medios, con alquileres que superan en ocasiones los 1.200 euros.

Con estos mimbres, quienes llegan a la fase de sorteo de los paquetes de vivienda social se enfrentan a una lotería difícil de ganar, aunque sus condiciones económicas lo requieran. Así, atendiendo a las promociones con las que abre este artículo, en Sevilla hay 0,002 casas por solicitantes, en Salamanca 0,07 y en Majadahonda 0,5.

Más casas públicas. Esa es la clave del problema de la vivienda y uno de los quebraderos de cabeza que tienen las administraciones, que deben aumentar el parque inmobiliario de la forma más rápida y eficiente posible, aunque sin volver a crear una burbuja especulativa. En las soluciones al dilema actual interfieren inevitablemente los fantasmas de crisis pasadas y aquí el suelo es uno de los temas sensibles. Es la materia prima fundamental y, sin embargo, también fue, antes de 2007, el origen de los llamados pelotazos inmobiliarios. Operaciones especulativas que generaban ganancias rápidas y elevadas mediante la compra de suelo barato (generalmente rústico o no urbanizable) y su posterior recalificación a suelo urbanizable, multiplicando su valor. 

Pero ahora los problemas son otros. Lejos de lo que se suele argumentar, los expertos coinciden en que no falta suelo edificable ni recalificaciones, sino que en la gestión es donde está uno de los grandes cuellos de botella. "En el planeamiento urbanístico en todas las ciudades de España, sobre todo en las medianas y grandes, hay muchísimos solares y parcelas urbanas vacantes de edificación, bien porque fueron demolidos o porque no se llegó a construir en ellos", explica el arquitecto y experto en urbanismo, Gerardo Roger. Esos suelos pueden ser públicos o privados, pero las administraciones y los ayuntamientos tienen potestad para hacer que se construya en ellos. "En Valencia ciudad se ha constatado que hay 500.000 metros cuadrados de suelos vacíos desde el año 1988 y calificados para uso escolar", señala Roger, que explica cómo estas localizaciones vacantes podrían albergar viviendas públicas en un momento de crisis como el actual.

En cuanto a los suelos privados, Roger explica que hay muchos edificios y suelos que están fuera de ordenación, es decir, pensados para albergar vivienda, pero sin construir, "bien porque sus dueños lo quieren tener vacío, o bien porque no tienen recursos para urbanizarlo". En esos casos, insiste el urbanista, la ley española permite intervenir. "El interés del propietario será el que sea, pero la función pública del urbanismo obliga a que se ejecute aquello para lo que está destinado ese suelo, ya desde la ley de suelo de 1956. En esos casos la Administración puede intervenir. Lo hace, bien expropiando y pagando; o bien sacando a concurso y edificando para después pagar al propietario en especie (con uno o varios pisos, según el valor estimado)", señala. 

Pero esta ejecución sustitutoria, como se denomina en la jerga, no es un procedimiento que se suela aplicar, subraya el urbanista, a pesar de que la legislación española es de las pocas en el mundo que cuenta con estos mecanismos. "La ley valenciana, por ejemplo, contempla que, cuando estos solares salen a concurso, se adjudique el que más vivienda pública proponga dar en ese suelo", concluye. Aunque aquí, matiza, blindar la protección de forma indefinida es clave para evitar movimientos de especulación.

Un estudio reciente realizado por el economista Ignacio Ezquiaga y publicado en Círculo cívico de opinión, señala que en España hay suelo en estado de desarrollo para construir siete millones de casas. De este conjunto, grandes áreas urbanas de Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza acaparan espacios para construir alrededor de 1,5 millones de unidades. Pero, si hay suelos, ¿por qué no se construye?

Además de la falta de gestión por parte de las administraciones que constata Roger, otra razón es que muchos de estos suelos son espacios que se quedaron atrapados tras la gran crisis de 2007 en forma de propiedades fragmentadas, concursos de acreedores o bajo problemas de financiación. Otro elemento que destaca Ezquiaga es el "escaso margen de maniobra de las corporaciones locales" para endeudarse. "Con el conjunto de normas que el PP aprobó en 2013 para controlar la deuda, se suprimieron, por ejemplo, las empresas de vivienda pública que tenían algunas corporaciones municipales porque las reclasificaron como deuda pública", explica el economista a infoLibre. De hecho, un 30% de esos terrenos "en manos muertas", como los denomina el economista, son propiedad de los ayuntamientos.

"Estas estimaciones de suelos que ya están listos para albergar viviendas son oficiales, son cifras que da el Gobierno y por eso cabe preguntarse por qué no se construye", apunta el economista. "Son terrenos de promociones que quebraron, que pasaron por los juzgados o que terminaron en manos de fondos de inversión", concluye. Una de las propuestas que sugiere Ezquiaga para evitar que se retengan suelos de esta forma es promover un cambio en la fiscalidad. "A los fondos y empresas que tengan esos suelos parados -muchos de ellos adquiridos prácticamente gratis, porque fueron adjudicaciones de activos tóxicos de la crisis financiera- se les podría aplicar un IBI con recargo", sugiere. La idea es que tributen a partir de un cierto tiempo parados, como si estuviesen edificados, de forma que se promueva la construcción de viviendas.

Para Gerardo Roger, otro punto clave es que las administraciones públicas se tomen en serio su rol como gestoras urbanísticas. "El planeamiento urbanístico es una función pública. El que te dice cuántas casas puedes construir en un sitio o qué tipo de edificación debe albergar ese suelo es el conjunto de la sociedad. Además, lo que se le está diciendo al propietario es que va a ganar dinero construyendo él mismo o, en el peor de los casos, que la Administración va a convocar un concurso y lo que ganará serán pisos a cambio del terreno que aporta", señala el urbanista, que identifica una ola de externalización o privatización de determinadas funciones urbanísticas en las administraciones. "Se ha renunciado a la ordenación, a la gestión y, últimamente, hasta a conceder las licencias, porque se hace a través de las ECU [acrónimo de entidades colaboradoras urbanísticas]. Si urbanismo no ordena, no gestiona y no controla, ¿entonces qué hace?", concluye el experto.

La vivienda empieza a ser el núcleo desde donde emana el grueso del descontento social. Está en el centro cuando se habla de la pérdida de poder adquisitivo, del endeudamiento, de las dificultades de emancipación, de la desigualdad… Hasta ha entrado de lleno en un debate más amplio como la lucha de clases o la forma en que debe operar un sistema económico. “Todo lo indispensable para la vida no deja de subir”, protestaba Elisa Molina, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas en Madrid, durante la convocatoria de unas jornadas de protesta que arrancan este domingo 24 de mayo en Madrid. No se puede sostener, afirmó Molina, “que los alquileres estén por las nubes y los salarios por los suelos”. Y es que aquí ya no se habla solo de casas.

Las protestas comenzaron este viernes con una acción en la que una decena de miembros del sindicato atravesaban las puertas de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social para encerrarse en el edificio. Querían forzar a la Administración a que unas 800 viviendas que tiene bajo su tutela pasen a ser públicas y se frenaran los procedimientos de desahucio que tienen abiertos algunos inquilinos. Se dirigían a los Ministerios de Vivienda y Seguridad Social con un plan de acción y al grito de “nos quedamos”. Pocas horas después, el Ministerio de Vivienda accedía a su petición: “Ambos ministerios han acordado que no va a haber ninguna nueva subasta ni venta de viviendas”, señalaban en un comunicado. Esta vez, el día terminaba entre aplausos. Un pequeño logro en un contexto que, por el momento, se presta poco al optimismo. De hecho, casi a renglón seguido, el sindicato madrileño republicaba en sus redes un vídeo para tratar de detener, por segunda vez, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que el 3 de junio volverá a enfrentarse a un intento de desalojo de la casa donde lleva residiendo toda su vida. 

Con estos mimbres llega una ola de protestas que empieza este domingo 24, pero se extenderá hasta el día 25 por diferentes ciudades españolas. El lema es “La vivienda nos cuesta la vida”, pero entre las reclamaciones que se hacen está también subir el salario mínimo, que se intervengan los precios de bienes básicos o que se controle el mercado desde lo público garantizando costes de vivienda asequibles y contratos estables. Por otro lado, los convocantes también dan una pista de la transversalidad del problema. Entre ellos se encuentran los sindicatos de inquilinas, CGT, CNT y un conjunto de movimientos de la sociedad civil como grupos por la defensa de las pensiones, el colectivo de bomberos contra los desahucios o movimientos ecologistas, feministas y antirracistas.  

“El alquiler ha subido en Madrid más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que tres de cada cuatro días trabajados son para los caseros”, señalan en el manifiesto de la convocatoria. “La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino que se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común”, remataban en otro comunicado. 

La transversalidad del problema también se percibe en la creación a principios del mes de mayo de la Confluencia de Luchas, una plataforma impulsada desde los sindicatos de inquilinas, pero que integra a buena parte de los colectivos que ahora se suman a estas movilizaciones. En la definición que se han dado a sí mismos recogen que son “un espacio abierto a la integración de otros colectivos y organizaciones que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición postcapitalista”. 

El alquiler y las condiciones que impone son el foco al que se dirigen las protestas. Los contratos por periodos breves de tiempo permiten escapar al control de precios, ya que al final de los mismos, los caseros pueden establecer la renta que consideren sin ningún tipo de tope. De ahí la insistencia de los sindicatos de inquilinas en lograr que los contratos sean indefinidos por defecto. La prórroga de los alquileres, que decayó en el Congreso en abril, dejó también un vacío en este sentido, ya que permitía extender los contratos y hacía posible que los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional pudiesen pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. 

Pero esta no ha sido la única derrota. Los pisos turísticos y el alquiler de temporada juegan un papel clave en el aumento de precios al avivar una demanda ya de por sí tensionada. El Gobierno impulsó una ventanilla y un registro único en el que se debían inscribir los pisos de alquiler vacacional para controlar su proliferación, pero el Tribunal Supremo ha tumbado parte de este mecanismo respondiendo a una denuncia presentada por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. Este jueves, el Supremo señaló que la competencia para registrar estos inmuebles era de las comunidades. Ahora, explican a infoLibre desde Vivienda, el registro lo tendrá que implementar cada región de manera individual y el Gobierno supervisará que cumplan con él. El objetivo de esto es evitar que proliferen este tipo de negocios sin licencia y sin control, ya que tienen una incidencia significativa en la demanda y, por tanto, en el encarecimiento de la vivienda.

Lo que la vivienda se lleva de los salarios es una de las cuestiones que ha hecho de este problema un asunto que va más allá de lo inmobiliario y, por ello, en estas movilizaciones será central la reclamación de una subida del salario mínimo. A menor renta, mayor porcentaje de ingresos se comen los bienes básicos e irrenunciables como la vivienda. Según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo, la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Pero la vivienda, que no se suele considerar en estas estadísticas, había aumentado su precio en 2025 un 12,7%, según el INE. Y esto solo en lo referente a la propiedad, algo que, además, no está al alcance de todos. En los alquileres, el portal inmobiliario Idealista fija el incremento en torno al 8,5%.

Los jóvenes son uno de los colectivos más golpeados por esta situación. Con salarios generalmente más bajos, porque están comenzando su carrera, el alquiler se lleva la mayor parte de su sueldo y no permite crear un colchón de ahorro para la entrada de una hipoteca. Los datos que ofrece el Consejo de la Juventud son demoledores: el alquiler medio en España supone el 98,7% del salario de una persona joven, lo que ha empujado la tasa de emancipación hasta los 30,2 años. Solo un 14,5% de los menores de 30 años logró emanciparse en la segunda mitad de 2025, la tasa más baja desde que existen registros. 

Otro punto polémico son los márgenes de beneficio del mercado inmobiliario, es decir, las ganancias de quienes invierten en casas. Ellos son el objetivo de la mayoría de los lemas que se corean en las manifestaciones de vivienda: "Fuera rentistas de nuestros barrios", coreaba la multitud en la manifestación de abril de 2025. Y aquí el debate vuelve a ser puramente económico. “Las actividades inmobiliarias alcanzan un máximo histórico de rentabilidad”, titula un informe realizado por Comisiones Obreras y publicado este viernes. El documento apunta que las empresas dedicadas al sector de la vivienda tuvieron un resultado bruto de explotación en los últimos cuatro trimestres que supera los 13.000 millones de euros “por primera vez” y su margen sobre ventas superó el 30%. 

De un lado hablan de “profesionalización del mercado”; del otro, de especulación pura y dura. Así, una de las peticiones en las que más se está insistiendo consiste en prohibir o limitar el acceso de fondos y socimis a la compra de viviendas. Es una medida que partía del grupo parlamentario Sumar, pero no salió adelante dentro de la coalición de Gobierno. El grupo plurinacional defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

"Sostenemos el sistema y no tenemos casa", coreaban los manifestantes en la última gran concentración que tuvo lugar en Madrid, dando pistas ya entonces de que el problema de las casas era también un problema del sistema. Una crisis de vivienda que va más allá de la vivienda.

Este jueves, un trabajador de la construcción falleció en Madrid atrapado en una zanja; ayer, un operario murió al precipitarse desde 30 metros en el estadio Movistar Arena; el martes, un hombre que conducía un camión de basuras perdió la vida tras sufrir un accidente con el vehículo; el pasado sábado, otro trabajador de la construcción moría en Leganés al caer de una cubierta. Son cuatro casos en apenas una semana que se suman a los 142 fallecidos por accidente laboral que UGT contabilizaba a primeros de mayo en toda España. 

La semana trágica que cierra la Comunidad de Madrid “no es algo habitual”, explica Carlos Caminero, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, quien apunta que el año pasado fallecieron en la región 85 trabajadores, alrededor de una persona a la semana. Sin embargo, Caminero señala que es llamativa la prevalencia de accidentes mortales por caídas en altura, con respecto a lo sencillo que resulta poner medidas para evitarlo. “Siempre denunciamos que este tipo de situaciones tienen que evitarse y se tienen que poner los medios necesarios, que son muy, muy sencillos”, señala el responsable sindical. 

El trabajador fallecido el sábado en Leganés (al suroeste de Madrid) pertenecía a una subcontrata que estaba reparando una cubierta. El hombre fallecido al caer en el estadio Movistar Arena trabajaba en una empresa especializada que realizaba el mantenimiento de unas antenas para otra compañía. “En la mayoría de los accidentes de construcción que nos encontramos se trata de subcontratas que incluso llegan a estar contratadas por otras empresas que a su vez son subcontratas de la principal”, señala Caminero. Por eso desde las agrupaciones sindicales piden estrechar la vigilancia en los planes de coordinación para que todas se hagan responsables. "Hay una legislación clara de coordinación empresarial, pero nos encontramos muy a menudo con que en industria o construcción, la persona que termina sufriendo el accidente grave es de una subcontrata pequeña porque los trabajadores están más precarizados, tienen menos formación, menos medios y muchas veces van a destajo", resume el responsable de CCOO.

Aquí juega un papel la precariedad o la baja formación en algunas empresas, pero también, recuerdan desde los sindicatos, la externalización de las evaluaciones de riesgos. "Los servicios de prevención ajenos, que son los que contratan el 90% de las empresas de este país, no llegan a hacer la evaluación de riesgos obligatoria en muchos casos", señala Ruiz. De hecho, da un dato llamativo: de todas las empresas que tuvieron algún accidente mortal en 2024, un 36% no tenía hecha correctamente la evaluación de riesgos. Algo que se agrava en las empresas más pequeñas y con menos recursos.

La siniestralidad laboral en lo que va de año es "preocupante" y va más allá de una comunidad en particular, señala Patricia Ruiz, responsable de salud laboral de UGT. "Se produce un mantenimiento de los fallecimientos año tras año. Aunque hay variaciones a la baja y cambian los sectores afectados, se mantiene una estabilidad preocupante". De hecho, al revisar los datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos siete años no se ha bajado en ningún momento de los 700 fallecidos. 

En lo que va de año, la tendencia tampoco es halagüeña. En el primer trimestre, las muertes durante la jornada laboral en los centros de trabajo han aumentado un 11,5%, según los datos del sindicato. Con respecto al trimestre anterior, la evolución es de un 5%.

Si observamos las cifras de la Comunidad de Madrid, que es donde han fallecido estos cuatro trabajadores, en 2025 murieron 85 trabajadores, de los cuales 22 perdieron la vida in itinere. La mayoría (31) falleció por infartos o derrames cerebrales y el resto por accidentes como caídas o traumatismos. En lo que va de año, los datos hasta abril recogen 29 personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo.

"Hay un déficit de prevención en un doble ámbito. Por un lado, los riesgos clásicos como accidentes o caídas, que aumentan un 35% en 2026; por otro, todo lo que tiene que ver con infartos y derrames cerebrales, relacionado con el estrés, en este trimestre aumenta un 8%", señala Ruiz. En este último caso, los sindicatos señalan que faltan evaluaciones de tipo psicosocial adecuadas y que las empresas integren mecanismos para evaluar la salud mental en el trabajo.

Este es un problema que los sindicatos llevan tiempo demandando, ya que la ley de riesgos laborales vigente data de 1995 y no contempla las particularidades del mercado actual. De hecho, el Gobierno aprobó el pasado marzo un anteproyecto para reformar esta norma, y el texto está pendiente de pasar por el Congreso para su aprobación. "Hasta ahora, la salud mental y la incidencia de la tecnología están ausentes en la ley", concluyen desde UGT.

Pero el otro punto ciego es la incidencia que siguen teniendo las muertes por caídas, golpes o accidentes. Aquí ambos responsables hacen referencia a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para que se apliquen adecuadamente las obligaciones que ya están reconocidas en cada sector, porque son "fáciles de evitar". "Con más inspecciones y más sanciones, la siniestralidad bajaría", concluye Caminero. "En 1995 se registraban alrededor de 1.250.000 accidentes en España con y sin baja, pero en la actualidad nos movemos en casi 1,2 millones [concretamente, 1.163.047, según el Gobierno], eso nos dice que los accidentes de trabajo no se reducen", concluye Ruiz.

Para protestar por esta situación, UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Leganés, donde falleció el sábado uno de los trabajadores. Piden más medios para Inspección de Trabajo, evaluaciones de riesgos completas, más formación y que se obligue a las empresas a diseñar una planificación preventiva. "Que se adopten todas las medidas para que nadie pierda la vida por ir a trabajar", concluye el manifiesto conjunto.

El Ministerio de Consumo acaba de anunciar que abre un expediente sancionador a una "gran inmobiliaria" que alquila "miles de viviendas" en España. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy señala que ha identificado potenciales infracciones consistentes en el cobro de cláusulas abusivas a los inquilinos que residen en esas viviendas. El nombre de la empresa no ha trascendido, ya que no hay una propuesta de sanción firme, pero en caso de probarse los delitos, se enfrentaría a una multa de varios millones de euros. Lo que sí se conoce es que se trata de una empresa que opera a nivel nacional y que gestiona "miles de viviendas". Consumo señala a infoLibre que el procedimiento se abrió inicialmente tras haber recibido denuncias.

Los delitos que se le achacan corresponden a la imposición de un seguro de impago a los arrendatarios, una cláusula que muchos juzgados han declarado abusiva y que traslada al inquilino la cobertura por un servicio que, en realidad, beneficia al casero. Otro punto de la sanción es la imposición de penalizaciones y gastos extraordinarios al hacer un cambio de titularidad en los suministros.

Consumo señala también que la empresa en cuestión estaría incorporando una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión. Esta es una figura mediante la cual las partes, generalmente la que se adhiere, declaran que las condiciones del contrato han sido objeto de negociación previa, información suficiente y aceptación consciente e individualizada. Se puede considerar abusiva cuando en realidad no se han podido negociar las condiciones y la cláusula solo pretende blindar el contrato ante posibles reclamaciones. De hecho, para que se puedan denunciar las conocidas como "cláusulas abusivas", es necesario no haber reconocido esta negociación individualizada.

Dentro del paraguas de tasas abusivas entran aquellas prácticas de gestión que legalmente no corresponden al inquilino, pero que se le aplican y se le cobran. El ejemplo más claro suele ser el de los honorarios de agencia, que pese a estar prohibidos por ley, se siguen manteniendo bajo otros nombres y suponen un sobrecoste muchas veces inasumible para los inquilinos.

Finalmente, otro comportamiento fraudulento que señala el ministerio es el hecho de aplicar "una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda". Es decir, un recargo económico cuando, una vez finalizado el contrato, el inquilino permanezca en la vivienda sin justificación. En el mercado inmobiliario actual, donde terminar un contrato de alquiler supone inevitablemente terminar pagando más dinero en otro piso o asumir una subida considerable en el mismo, los sindicatos de inquilinos han promovido campañas como "Nos quedamos". Con esto, señalan, quieren evitar lo que llaman "desahucios invisibles", es decir, la no renovación del contrato para poder aplicar al siguiente inquilino un importe mayor al que fija la ley. Con estas penalizaciones, las inmobiliarias tratan de desincentivar este tipo de iniciativas.

"Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta un millón de euros por cada una, o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito", recoge la nota. Por el momento, el caso está siendo investigado y la apertura del expediente no implica que vaya a existir sanción en firme, aunque sí existen precedentes.

Consumo tiene puesto el foco en las viviendas de alquiler. En abril, la inmobiliaria Alquiler Seguro recibió una sanción de 3,6 millones de euros por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos. El expediente consideró que se vulneraron los derechos de los consumidores aprovechando la posición de dominio en el mercado que tiene la inmobiliaria. En este caso, la multa llegó tras más de un año de investigaciones y litigios entre las partes. También se sumaban al expediente denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas, CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

En estas quejas se presentaban testimonios de personas afectadas, aunque la empresa negó en todo momento la imposición de dichas cláusulas fraudulentas y anunció que recurriría la decisión de Consumo en los tribunales al haberse agotado la vía administrativa.

La regulación que protege a los inquilinos cuando se dan estas prácticas ilícitas es la Ley de Vivienda, que se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y fue ratificada por el Congreso en abril de 2023. Desde entonces, todas estas actuaciones que denuncian los sindicatos de inquilinos y las asociaciones de consumidores son punibles. 

Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

En noviembre del año pasado, un colapso en el servicio de radiología del Hospital Universitario de Jerez (Cádiz) dejaba más de 5.000 TAC –una prueba médica de diagnóstico por imagen– pendientes de realizar. 500 de ellos eran oncológicos. Lo denunciaba el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a través de sus representantes en el centro, que pedían más personal para poder responder a la alta afluencia de pacientes. Una de aquellas pacientes era Cristina, una mujer de 60 años a la que, tras un tratamiento de quimioterapia por un cáncer gástrico comenzó con las consultas de seguimiento de la enfermedad. El problema es que los pacientes siguen denunciando que ese retraso en las pruebas aún persiste.

La afectada cuenta a infoLibre que su primera revisión estaba programada para el 20 de noviembre de 2025, aunque la cita para el TAC, con el que su oncóloga debía valorar su evolución, llegó el 21 de diciembre, es decir, un mes y un día tarde. En su siguiente revisión, programada el 26 de febrero de 2026, lejos de hacerle otra prueba, utilizaron el resultado de la anterior. Su próxima cita con la oncóloga es el 19 de mayo, cuenta, y por el momento, no ha recibido una citación para hacerse el TAC con el que su médico debe valorar la evolución de su salud. 

En noviembre del año pasado, el sindicato señalaba que en el hospital funcionaban "tres equipos de TAC, cada uno con su propio listado de pacientes. Sin embargo, desde hace más de un año se mantiene una cuarta lista de espera paralela, repartida entre las tres máquinas, lo que ha provocado una sobrecarga permanente de actividad, acumulación de retrasos y un deterioro progresivo de la calidad asistencial". En ese momento, los afectados llegaron incluso a organizarse en la Asociación SOS Salud Andalucía para denunciar la situación.

El marido de Cristina, José Luis, cuenta que ante este escenario hablaron con su médico sobre la posibilidad de hacerse las pruebas necesarias en la sanidad privada y aportarlas al expediente. “Mi mujer pidió cita para hacerse el TAC por la privada porque estamos viendo que va a ocurrirnos lo mismo de nuevo”, apunta. De hecho, han pasado por el centro sanitario para recordarles su cita, aunque sin obtener una respuesta concreta.

Una de las representantes sindicales de CCOO en el hospital explica a infoLibre que en noviembre, y a raíz de varias quejas que habían ido recibiendo, pidieron explicaciones al centro sobre las listas de espera y solicitaron que se reforzasen las plantillas. “No queremos que este atasco en las listas de espera sirva como excusa para que se externalizase el servicio o se contratase a empresas privadas, sino para que se reforzase el personal del centro”, apunta. 

Este periódico ha pedido al Hospital de Jerez los datos actualizados sobre la situación de las listas de espera, pero a fecha de publicación de este artículo no ha recibido una respuesta.

Los tiempos de la sanidad pública y la acumulación de pacientes en las listas de espera se suelen utilizar para medir el desempeño de los sistemas sanitarios públicos. En el último dato ofrecido por el Ministerio de Sanidad, relativo a diciembre de 2025, las listas de espera en España acumulaban un dato récord de 853.509 pacientes. En el caso de Andalucía, las protestas en esta área han sido reiteradas y llamativas. Por un lado, los andaluces son los que más esperan, de media, para una operación (173 días) y los cuartos, después de Canarias, Navarra y Aragón, que más tardan en ser atendidos por un especialista (136 días), según datos de Sanidad. Por otro lado, los retrasos en el diagnóstico de más de 2.000 mujeres que desató el escándalo de los cribados del cáncer de mama a finales de 2025 pusieron aún más en cuestión la situación del sistema sanitario andaluz.

La sanidad es el punto débil de Juanma Moreno (PP) y un motor de protestas sociales. El pasado 12 de abril, miles de personas salieron a la calle en las ocho capitales de la comunidad para protestar por el deterioro del sistema sanitario. De hecho, el CIS andaluz lo sitúa como la primera preocupación de los ciudadanos, por encima del paro.

En esa sensación de deterioro inciden también los representantes sindicales del Hospital Universitario de Jerez: "Cada prueba retrasada implica un diagnóstico que no llega a tiempo, un tratamiento que se aplaza y, en muchos casos, una patología que se agrava por falta de respuesta sanitaria rápida [...] Esta situación representa un riesgo asistencial grave y una falla de gestión que está poniendo al límite tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema público de salud", exponían en su nota de prensa protestando por las largas listas de espera en los TAC.

En el debate entre los candidatos a la Junta celebrado este lunes, la sanidad acaparó gran parte de las intervenciones. Juanma Moreno defendió la actuación de su ejecutivo al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades" en el tema de los cribados del cáncer de mama. Sobre el deterioro del sistema y las listas de espera y la privatización, el actual presidente y candidato popular se acogió al argumento de que era una cuestión de gestión, argumentando que la Junta recurre a conciertos sanitarios con empresas externas para cubrir necesidades, como lo hacen otras comunidades.

“El Servicio Andaluz de Salud (SAS) nunca ha funcionado muy bien, pero últimamente se ha deteriorado. Además, en temas oncológicos, donde el tiempo de respuesta es clave. Ha tenido mucha repercusión el asunto de los cribados del cáncer de mama y se han propuesto solucionarlo, pero da la impresión de que han empezado a desvestir un santo para vestir a otro, porque cánceres de otro tipo no están siendo atendidos como deben”, concluye José Luis.

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha hecho pública una nota informativa este martes sobre una sentencia en la que se rechaza una de las peticiones centrales de los funcionarios interinos que encadenaban años de contratos temporales: la fijeza automática. "La contratación temporal de personal laboral por parte de las administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos", señala el escrito del tribunal.

Administrativos, profesores, bomberos, sanitarios y empleados públicos de todas las categorías llevan años en una lucha contra un fenómeno que se ha cronificado en ciertos ámbitos de la Administración sin una solución clara en el horizonte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entró en la ecuación después de que el Tribunal Supremo le remitiese dudas acerca de la recomendación que había lanzado este órgano judicial europeo de contratar a los trabajadores que encadenasen años de contratos inestables. Esas dudas tenían que ver con que una contratación directa y automática contravendría, señalaba el Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública. El problema crucial es que dejar las cosas como están también atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que viven en una inestabilidad constante. 

En abril de este año el tribunal europeo daba la razón a los empleados públicos, pero no mencionaba explícitamente que la contratación tuviese que ser automática. Desde Comisiones Obreras explicaban a infoLibre que la respuesta desde Europa era una buena noticia, pero planteaba dudas. Este martes esas dudas se han materializado en una nueva negativa del Supremo a contratar sin que medie un proceso de oposición pública. "Se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos", señala el Alto Tribunal.

De esta forma, solo se considerará contratar a las personas que habiendo realizado y aprobado un proceso de oposición estén empleadas de forma temporal y reiterada. De hecho, este mismo tribunal reconoció el derecho a ser contratada de una empleada interina que cumplía con estos criterios.

La nota emitida por el Tribunal Supremo apunta que la medida adecuada para reparar esta situación sería "el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados [...] y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador".

Las compensaciones a los empleados es otro de los puntos por los que Europa llamó la atención a España. Los jueces europeos señalaban que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral tampoco "parece sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". Por ello, pedía eliminar los topes máximos que la ley española fijaba en 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades.

En la sentencia sobre la empleada que ha logrado el reconocimiento de su puesto como fijo, a la que ha tenido acceso infoLibre, se considera el factor de antigüedad y la oposición que ya había realizado la afectada. En este caso, se trata de una trabajadora del Ayuntamiento de Madrid que, tras encadenar contratos temporales durante años y aprobar una oposición sin plaza, reclamó judicialmente la condición de fijeza. La mujer había comenzado a trabajar en mayo de 2009 y previamente, en 2005, había participado en un proceso de oposición que superó sin obtener un puesto. Encadenó vacantes desde entonces, la última, una interinidad que lleva cubriendo desde 2018 hasta la actualidad.

De todas las disonancias que hay en el mercado inmobiliario, la de los datos es una de las más llamativas. Los porcentajes y las cifras llenan informes de todo tipo que se publican casi a diario, pero paradójicamente, es un área en la que los números no están claros, ya que los registros oficiales son insuficientes. En materia de compraventas, el Portal del Notariado ofrece desde hace apenas un año la evolución de las compraventas y de los precios, pero en materia de alquiler es mucho más complicado, ya que no todas las comunidades tienen un mecanismo de depósito de fianzas y la gran mayoría no ofrece datos sobre importes o tipos de arrendadores. Grandes o pequeños tenedores, socimis, empresas, comunidades autónomas… Saber quién pone casas en alquiler y a qué precio resulta complicado y, además, alimenta relatos y propuestas de solución muy dispares. Si son pequeños propietarios, se justifica apoyar con medidas que incentiven la oferta; si son empresas o profesionales, las sugerencias van más a penalizar la especulación y topar el mercado.

En el ámbito del alquiler, el vacío estadístico es patente, pero conocer su comportamiento es clave, sobre todo para dar una estimación de la forma en la que afecta a los hogares con menos renta. Esa falta de datos fiables es algo que ha reconocido el propio Gobierno y que recientemente ha desatado una bronca entre economistas y expertos en torno a un informe publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que identificaba un porcentaje de multipropietarios de inmuebles superior al 60% del conjunto de los alquileres. La metodología y la interpretación de los datos, así como la nomenclatura, desataron en la red social X una disputa sobre relatos y conflictos de intereses. Los autores eran acusados de utilizar términos cargados como "multiarrendador" o afirmar que los pequeños caseros eran minoría. También de no desagregar los datos —creados a partir de fuentes oficiales como las estadísticas de IRPF o el Catastro— por número de posesiones. En su respuesta, los autores del estudio señalaban que utilizaban fuentes oficiales y que su elaboración no respondía a ninguna posición ideológica. Pero, más allá de las disquisiciones metodológicas entre expertos, ¿qué se necesita en España para tener datos limpios y claros?

Iván Auciello es investigador en CY Cergy París Université y especialista en vivienda. Explica a infoLibre que la clave está en crear fuentes públicas y accesibles, algo que aún está lejos de ser así. "En cuestiones como el alquiler, tenemos información de muestras, pero no del universo, es decir, faltan datos agregados", apunta. "Lo mejor que tenemos son los datos de los depósitos de alquiler, pero no están completos y tampoco están centralizados a nivel nacional", lamenta.

"Las críticas al informe del CSIC han sido, a mi modo de ver, demasiado grandes. Si bien es cierto que las definiciones y la metodología deben estar claras en este tipo de informes y podrían ser mejorables, la base de datos que han utilizado es habitual en los estudios y se ha empleado muchas veces en otros casos", valora el experto.

Algunas de las críticas que recibió el informe tenían que ver con el uso de las referencias catastrales en la contabilización de inmuebles, ya que se pueden dar duplicidades, o en denominar como "multipropietarios" sin desagregar por cortes a todas las personas con más de dos inmuebles. Aunque el debate de fondo era más político, ya que la idea que se trata de cuestionar es si realmente el perfil de persona jubilada que alquila una segunda residencia para complementar su pensión es tan habitual o el mercado está en manos de inversores y profesionales de la especulación inmobiliaria. Esto último, justificaría un tipo de política más intervencionista con el mercado, algo a lo que se opone la derecha y las inmobiliarias.

Uno de los puntos en los que suelen coincidir todas las propuestas es en la necesidad de construir más vivienda para responder al déficit acumulado tras la burbuja, a la demanda y a la creación de hogares, pero aquí terminan los consensos. Si a largo plazo esa es la solución más compartida, el problema sobre cómo atajar la escasez a corto plazo es mucho más complicado y aquí las posiciones políticas empiezan a marcarse.

El mero hecho de aumentar el parque de vivienda no es suficiente, según advierten expertos como el urbanista Gerardo Roger. "No se puede resolver el problema del acceso a la vivienda de las clases medias sin una empresa pública. Resulta que en los diez años de la burbuja se edificó y se urbanizó el doble de la demanda normal. Según esa teoría, las viviendas se tendrían que haber regalado, pero resulta que subieron más que nunca”, explicaba el experto a infoLibre.

Por un lado, los sindicatos y partidos de la izquierda como Sumar o Podemos son partidarios de una intervención del mercado con medidas como la prórroga de los alquileres que decayó en abril. A la derecha del espectro, el Partido Popular y las asociaciones inmobiliarias, se posicionan a favor de reducir la fiscalidad y respaldar a los caseros para incentivar la puesta en el mercado de las viviendas. Para unos, los multipropietarios son un problema grave, mientras que para otros, son quienes deben proveer de oferta inmediata.

La parte socialista del Gobierno no había aclarado del todo su postura en este debate, aunque la pasada semana el presidente del Ejecutivo entraba al debate planteando esta disyuntiva. “El dilema es intervenir el mercado o mirar hacia otro lado”, señaló Pedro Sánchez. Aunque por el momento, solo se ha quedado en unas declaraciones. En el otro extremo, el argumento de quienes quieren evitar topes en el mercado inmobiliario se basa, principalmente, en que afectaría negativamente a ciudadanos corrientes que alquilan una vivienda que no utilizan para sacarse un pequeño "extra".

Y en este contexto aparecen los choques y las fricciones. También los conflictos de intereses sobre quién dice qué, y los intereses que pueden motivar esa posición. Por un lado, el peso de los datos de compañías privadas sigue siendo muy relevante. Idealista, Pisos.com, Alquiler Seguro, Fotocasa y otras empresas dedicadas al sector, siguen siendo proveedores principales de información. "Son estudios que se deben tomar como estudios de lobby, que si están bien hechos son adecuados, pero todo es más sano si se referencia a datos oficiales y los conflictos de intereses quedan claros", apunta Auciello. "Nadie duda de que en el mercado laboral los datos que se deben usar son los oficiales y no los de las empresas más grandes, y en vivienda debe ocurrir lo mismo", sentencia.

Por otro lado, el carácter incompleto de los datos públicos, explica Auciello, provoca que las elaboraciones de informes a partir de muestras generen discrepancias metodológicas como la que afecta al CSIC. "En los últimos años ha habido una mejora en cuanto a la recogida de datos, pero falta un gran salto para estandarizar las bases administrativas y que se puedan usar de forma generalizada y por defecto", concluye el investigador.

En la tarde de este jueves, Mariano Ordaz (Madrid, 67 años) ha sido desahuciado de la vivienda familiar en la que ha residido toda su vida. Este era el quinto intento de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, propietaria del edificio, de sacar a Ordaz del inmueble, que ha estado en manos de su familia desde hace dos generaciones. A la casa de la calle Carnero de Madrid se acercaron de madrugada varias furgonetas de policía, que acordonaron la calle, y, horas más tarde, la comitiva judicial que debía ejecutar el desalojo. El inquilino explicaba a infoLibre que había intentado negociar un alquiler asequible y ponerse al día con lo que debía, pero con un importe acorde a su pensión, de poco más de mil euros. Sin embargo, su propuesta fue rechazada y, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, ha intentado permanecer en la casa, ya que no dispone de otra alternativa habitacional.

Tras ser notificado por quinta vez de que debía abandonar la casa, el sindicato de vivienda organizó en la tarde de ayer una vigilia para tratar de parar la operación. Ante la vivienda se concentraron decenas de personas y dos activistas se colgaron de una de las ventanas, anclados a la puerta, para evitar que la policía la tirase abajo. Los portavoces del sindicato señalan que la comisión judicial no quiso negociar en ningún momento con los mediadores. "Simplemente nos dijeron que el desahucio se iba a ejecutar", afirman, y califican el caso de "inaudito". Para acceder a la vivienda ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que aseguraron a los activistas colgados de la fachada para que la policía accediese al inmueble.

"Van a romper una vida simplemente para ganar cuatro perras más", señalaba una de las portavoces momentos antes de ejecutarse el desalojo. "Si la política de vivienda va a ser mandarnos a la policía, que sepan que nos van a tener en frente", protestaba la sindicalista, que culpaba al Gobierno por "dejar decaer la prórroga de los alquileres y la moratoria antidesahucios", y a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de haber llegado a esta situación. "Son incapaces de mejorar la calidad de vida de los madrileños y hoy se han puesto al servicio del rentismo".

Ordaz explicó que no tenía ninguna alternativa habitacional y que tampoco tenía ingresos suficientes para buscar otro piso, pero ni esa evidencia ni la presión vecinal han conseguido frenar el lanzamiento. La operación concluyó entre gritos de "vergüenza" y "Mariano estamos contigo". En cuanto a los activistas que permanecían colgados del balcón, han sido detenidos por la policía. Desde la agrupación sindical madrileña señalan que le han ofrecido un albergue "durante unos días" y que ha podido sacar una mochila con ropa, a la espera de saber si podrá pasar a recoger sus cosas.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre. “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”, señalaba el Sindicato de Inquilinas en una nota de prensa.

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.

A Mariano Ordaz (67 años, Madrid) una orden religiosa le ha intentado desahuciar en tres ocasiones durante el último año. Cinco veces en los últimos seis años. Ha residido toda su vida en el mismo lugar, en un piso cuyo primer contrato firmó su abuela y que llegó hasta él. El alquiler de renta antigua se extinguió por el camino y pasó a pagar un precio de mercado que un día superó sus ingresos y dejó de poder abonar. Su pelea es la de muchas personas en España, que tratan de mantener un techo en un mercado de la vivienda que no admite fallos, porque salir de un piso te aboca casi indefectiblemente a pagar más en otro lugar. Si no puedes, te quedas fuera. “Lo intento sobrellevar de la mejor manera, con mucha pena y con la ayuda de amigos y del sindicato, pero no me lo puedo quitar de la cabeza”, cuenta a infoLibre. “No tengo a dónde ir”.

Su casero es la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que hasta ahora no se ha reunido con él y que se acoge a unas supuestas obras que necesita el edificio para insistir en la necesidad de que Ordaz abandone el inmueble. “Yo puedo pagar un alquiler social, pero no quieren atenerse a ninguna negociación ni nada”, apunta.

La situación que le ha llevado hasta este punto se remonta a la pandemia. “El tema del desahucio vino por un problema laboral en la época del covid. Terminé un contrato y lo único que tuve luego eran contratos vacacionales en el hospital Gregorio Marañón, en temas de limpieza”, cuenta. Solo tenía 480 euros de paga que en ese momento no le alcanzaban para abonar los 600 de alquiler y ahí comenzó a contraer la deuda. “Intenté hablar con ellos, decirles que me quedaba poco para la jubilación y que después, ya con la pensión, podría pagar, pero me pidieron una cantidad imposible”. Ordaz cuenta que durante ese momento en el que no tenía ingresos les daba “150, 100, 200 euros al mes, lo que podía en ese momento”, pero contrajo una deuda de 15.000 euros.

Responder con silencio a los intentos de negociación de los inquilinos es una técnica habitual. “Después de que rechazasen llegar a un acuerdo, incluso estuve hablando con la procuradora de la Orden Tercera Franciscana y ella decía que no tenía potestad para poder negociar, que me informaría sobre el tema. Pero vamos, ni me han llamado, ni me han dicho nada”, explica. “La única alternativa que tengo es que el juzgado o el juez instructor anulen el desahucio, porque ellos no aceptan nada”.

Para poder quedarse en un piso que además sufre de graves desperfectos, le piden que se ponga al corriente con la deuda acumulada más 800 euros de mensualidad. “Pero si yo voy a cobrar 1.030 euros al mes de pensión, ¿cómo voy a pagar eso?”, remarca. Además, tiene miedo de que, si sale de casa para que arreglen el inmueble, no le permitan regresar. “Yo no quise abandonar la vivienda para la obra porque temía que fuera una estrategia de ellos para cambiar la cerradura y no dejarme volver”. A Ordaz se le desprendió una parte del techo de la cocina por un problema de humedades y su baño también está inutilizable, lo que le obliga a ducharse en casa de sus vecinos o de amigos.

Sin otro sitio al que ir y sin unos ingresos que le permitan acceder al mercado del alquiler, las alternativas de Mariano no son muchas. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que la Venerable Orden Tercera no es un pequeño propietario: “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo, explican en una nota de prensa.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre.

Si nada lo remedia, este jueves Mariano Ordaz se verá abocado a dejar la casa familiar que ha habitado durante toda su vida. El sindicato ha convocado para la tarde del miércoles una vigilia “contra el rentismo” con la que intentarán detener, por quinta vez, el intento de desahucio.

La tarifa regulada de la luz es el precio de la electricidad fijado por el Gobierno bajo un sistema controlado, en lugar de depender completamente del mercado libre. Actualmente se conoce como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y bajo su paraguas se encuentran el 29% de los hogares en España. La intención de esta tarifa es dar más estabilidad a lo que cada usuario debe pagar a fin de mes, pero la Comisión Europea considera que este escudo socava la competencia a largo plazo y reduce los incentivos para que los usuarios adopten comportamientos que favorezcan la eficiencia energética. Por ello pide a España y a otros cinco países con la misma regulación (Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia), una hoja de ruta para su extinción con plazos definidos.

Además, para Europa la intervención en los precios puede actuar como un freno para la participación de los consumidores, ya que se observa que las tasas de cambio de suministrador suelen ser inferiores en los Estados miembros donde este tipo de intervenciones benefician a un mayor porcentaje de clientes. Otra de las razones que esgrime es el riesgo de crear ventajas indebidas para algunos suministradores. “Todas las empresas eléctricas deben disfrutar de igualdad de acceso a los clientes y la carga financiera de las intervenciones debe distribuirse de manera equitativa”, recoge el documento. Pero para las asociaciones de consumidores esta medida solo beneficiaría a las grandes empresas del sector.

Desde Facua critican la posición de Bruselas, ya que actualmente no existe una alternativa a la que los consumidores puedan acogerse. “Es ponerse del lado de las empresas que inflan precios y beneficios. Sería dejar a los consumidores sin una tarifa que les protege y que provocará un encarecimiento generalizado, porque la PVPC está, generalmente, por debajo de la tarifa del mercado libre”, señala su portavoz, Rubén Sánchez. 

Actualmente la factura eléctrica de un usuario medio con la tarifa regulada registró una caída del 14,5% en abril con respecto a marzo, tras la entrada en vigor de la rebaja del IVA al 10% y del impuesto especial de la electricidad al 0,5% dentro de las medidas del Gobierno para combatir el impacto del conflicto en Oriente Próximo. La guerra en Irán no afecta solo al petróleo y al gas, sino que llega al precio que pagamos por encender el interruptor, por ejemplo, a través de las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas), que trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. 

En España, los consumidores pueden elegir entre una tarifa PVPC, una de libre mercado, una tarifa plana o un bono social. Mientras que este último es un descuento de entre un 25% y un 60% (dependiendo del caso) destinado a familias numerosas, pensionistas o personas con rentas bajas, las otras tres modalidades son contratos con diferentes condiciones de cálculo de precio. El importe del mercado libre depende de las comercializadoras y estas pueden aplicar promociones o descuentos al precio de subasta diario. La tarifa plana, por su parte, supone pagar una cuota estable al mes, aunque a riesgo de que, si los precios bajan o su consumo es bajo, el usuario pueda estar pagando de más. 

Para Sánchez la cruzada de la Comisión Europea contra la tarifa regulada es un error, ya que quienes se vean expulsados de ella no necesariamente podrían acogerse al bono social y terminarían pagando más por la luz. "Seguramente habría un nuevo modelo, pero la inmensa mayoría terminaría en el mercado libre", concluye el portavoz de Facua.

No es la primera vez que Bruselas recomienda a España diluir la tarifa regulada. En 2024 ya había reclamado que se limitase su acceso solo a personas “vulnerables”. En 2025 la polémica continuó y en febrero de ese año la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, salió en defensa de mantener la medida. Aagesen señalaba entonces que el PVPC es una tarifa dinámica que se basa en precios de mercado, pero protege a los consumidores. Insistía además en que no se trata de una tasa fija que perjudique la competencia, sino que está sujeta al mercado mayorista. Además puntualizaba que los consumidores podían elegirla o no, ya que hay otras opciones a nivel nacional. 

En el informe conocido este martes, Bruselas vuelve sobre estos puntos. Señala que una tarifa controlada desdibuja los cambios de precio que pueden percibir los consumidores, por lo que desincentiva el cambio de compañía y también la competencia entre empresas. Aunque paradójicamente el mismo informe señala que en España el cambio de suministrador para mejorar la tarifa es algo habitual, con una tasa de rotación cercana al 20%. Además, señalan que los mercados regulados son menos atractivos para la aparición de nuevos operadores y no favorecen las ofertas.

En España, son cinco grandes compañías las que se reparten el mercado, con un 90% de los clientes domésticos adheridos a alguna de ellas. Son Iberdrola (33%), Endesa (32%), Naturgy (14%), Repsol (7%) y TotalEnergies (4%), por este orden, las eléctricas con mayor tamaño del mercado de hogares, de acuerdo con los datos de la CNMC.

Otro de los argumentos de la Comisión tiene que ver con la eficiencia energética, ya que una tarifa estable no incentiva a los usuarios a desplazar su consumo hacia las horas de menos coste, algo que ayuda, según ellos, a equilibrar el sistema.

Bruselas pide a España una hoja de ruta y plazos concretos para la finalización de esta tarifa que ahora beneficia a los hogares, pero también a las microempresas. Por el momento, el Ministerio de Transición Ecológica no se ha manifestado, aunque en el paquete de medidas para abordar la crisis derivada del conflicto de Irán apuntaba en la dirección contraria. Aagesen no descartaba en ese momento incrementar el bono social eléctrico, como ocurrió en los primeros momentos de la guerra de Ucrania.

Al cumplirse algo más de un año desde el apagón que dejó sin electricidad a todo el país, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha hablado este lunes en los Desayunos del Ateneo de Madrid de las causas, del curso de la investigación y del expediente que le ha abierto a varias compañías, incluida la que ella preside, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Corredor ha insistido en que la empresa que preside no tuvo nada que ver con el apagón, ya que "Red Eléctrica no genera energía, ni la compra, ni la vende" sino que se limita a poner la infraestructura y apuntó al fallo multifactorial como causa de la incidencia. Tambien señaló —ante las preguntas de los periodistas Guillermo Lerma (Cadena Ser), Paula de las Heras (Diario Sur) y Jesús Maraña (infoLibre)— que hubo otros actores que no procedieron como deberían, aunque evitó dar nombres. "Si todos los actores hubieran cumplido, el apagón no se habría producido"

Corredor es jurista, registradora de la propiedad en excedencia y fue ministra de Vivienda de 2008 a 2010. En ese año, pasó a presidir el operador de infraestructuras eléctricas que tiene un 80% de su capital en bolsa y un 20% en manos del Estado. Sobre la posibilidad de que se pudiese repetir un apagón, la directiva señaló que "si todos los implicados cumplen el sistema está totalmente protegido" y apuntó a las plantas de generación que tenían que controlar la tensión y "no cumplieron con la normativa".

Corredor utilizó un símil médico para explicar las causas del fallo y lo comparó con una arritmia que se desencadenó por alteraciones en la tensión de la línea. "Lo que ocurrió es que todas las plantas de generación que tenían que controlar esta tensión no cumplieron", concluyó. También quiso descartar que un informe previo emitido por la propia Red Eléctrica y publicado por el diario El Mundo el pasado viernes, pudiese explicar el apagón. En ese informe se recogía un episodio parecido y se pronosticaban posibles fallos futuros. Corredor señaló que ellos mismos habían aportado el documento a la investigación e insistió en que no eran episodios comparables. "El sistema cambia cada día y no se puede pensar que lo que pasa un día tenga alguna relevancia en otro", apuntó. También protestó porque, en su opinión, se estaba tratando de confundir a la opinión pública con "información descontextualizada y que induce a la confusión".

La presidenta respondió a las preguntas de los periodistas Guillermo Lerma (Cadena Ser), Paula de las Heras (Diario Sur) y Jesús Maraña (infoLibre). Sobre el reparto de responsabilidades y las posibles indemnizaciones, apuntó que ellos no podían dar los nombres de las nueve estaciones de generación que se desconectaron durante el momento del apagón porque no habían sido autorizados. "Hay un interés empresarial en preservar los nombres de estas empresas para evitar ventajas competitivas de los demás", señaló. También explicó que Red Eléctrica no ha contemplado provisiones extraordinarias para hacer frente a posibles multas o indemnizaciones ya que "los informes descartan la responsabilidad", remarcó.

Sobre si la CNMC debería tener más competencias para controlar a cada uno de los actores implicados en la generación, distribución y comercialización de la energía, Corredor volvió a insistir en que bastaría con que los actores cumplan con la ley.

Las energéticas señaladas por la CNMC son, ordenadas por número de procedimientos incoados: Iberdrola (7), Endesa (7), Naturgy (5), Red Eléctrica (1), Repsol (1) y Bahía Bizkaia Electricidad (1). Dos de los expedientes atribuidos a Endesa e Iberdrola corresponden a una investigación específica sobre las centrales nuclear de Ascó y Vandellós II, en Tarragona. En este punto, y preguntada sobre la seguridad del mix energético que incluye tanto renovables como nuecleares, la presidenta de Red Eléctrica apuntó que el mix energético "no había sido el problema" y que más del 70% de toda la energía en España procedía de las renovables.

Salvo Red Eléctrica, a todas las empresas se las acusa "presuntamente" de saltarse el artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, mientras que al operador se le investiga por incumplir presuntamente el artículo 64.25. La infracción del artículo 65.8 se considera "grave" según esa normativa, mientras que la 64.25 se tipifica como "muy grave". Este último, tiene que ver con "programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica (...) de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad", así como "proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada".

Las compraventas de viviendas encadenan cinco meses consecutivos a la baja, pero los precios no parecen darse por aludidos. La evolución mensual que elabora el Consejo General del Notariado muestra cómo desde octubre del año pasado las transacciones se van frenando, aunque los precios siguen sin contener su tendencia ascendente. En los datos que se han conocido este jueves se lee la misma tendencia a la baja que ya venía señalando el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada. Según las estadísticas notariales, la compraventa de casas descendió un 7,7% en febrero y "muestra un retroceso generalizado en España". De hecho, caen las operaciones en 14 comunidades autónomas. Pero los precios no parecen seguir la misma trayectoria que la demanda y suben en 12 autonomías, de forma que aumentan un 5,4% a nivel nacional. 

En el gráfico se puede ver cómo el importe de las casas se mantiene en positivo, creciendo unos meses más y otros meses menos, mientras que las transacciones habían pasado a territorio negativo ya en octubre de 2025 y se mantienen ahí. El mayor retroceso se produjo en enero, con una caída del 11% mientras los precios aumentaban un 9,3% en ese mes.

Aunque la estacionalidad y la acumulación de operaciones en determinados momentos pueden influir, lo cierto es que en los últimos datos ofrecidos por diferentes organismos, la tendencia que se observa apunta a que existen menos compras y el mercado empieza a dar señales mixtas. El INE recogía la pasada semana que durante el segundo mes del año las ventas habían caído un 0,5% con respecto al mismo mes de 2025.

Los datos, aunque paradójicos en un contexto de alta demanda donde la vivienda es un bien al que los ciudadanos no consiguen acceder, apuntan a una ralentización que habían previsto algunos informes. CaixaBank Research señalaba recientemente que el mercado se enfriaría en 2026 y 2027 y vaticinaba un frenazo del 6% para las compraventas de este año. La entidad lo achacaba a la escasez de oferta de viviendas asequibles y no a una caída de la demanda. Además, hablaba de un "cuello de botella en la oferta" que no se vería acompañado, como así está siendo, de una contracción de los precios.

La estadística notarial también recoge que el número de hipotecas concedidas se recuperó de la caída pronunciada que sufrió en enero (-7,1%) y aumentó muy ligeramente en febrero (0,2%). Lo que sí ha aumentado es la cuantía promedio de estos préstamos, que creció un 6,3% interanual, hasta los 175.904 euros. De hecho, no son buenos tiempos para quienes buscan una hipoteca. El euríbor, índice de referencia para estos productos financieros, cierra abril con un ascenso del 2,743%, por encima del 2,565% de marzo y 0,6 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. La guerra en Irán, la inflación y una política monetaria que probablemente vuelva a los tipos de interés elevados en junio, no parece que vayan a generar un entorno amigable para aquellas personas que busquen financiación en el corto plazo.

En el informe del Notariado señalan que los préstamos concedidos en febrero solo cubrían de media el 72,4% del coste de las viviendas adquiridas, por lo que para acceder a una vivienda en propiedad hay que disponer de un ahorro previo considerable. Además, la estadística también recogía que un 45,5% de las operaciones se realizaron sin recurrir a financiación.

Los problemas que plantea el mercado inmobiliario tienen muchas aristas, pero en los análisis esta contención de las compraventas obedece más a una falta de oferta y a unos precios desbocados que a una contención en la demanda. Pedro Álvarez Ondina, analista de CaixaBank Research, señala también que se podría estar dando un aplazamiento de las decisiones de compra debido a la incertidumbre geopolítica y económica. "Un eventual deterioro de la confianza de los hogares y de las empresas podría retrasar decisiones de inversión y moderar la demanda residencial", señala en un artículo.

Al endurecimiento de las condiciones del crédito se suma el hecho de que los presupuestos familiares se quedan atrás con respecto a la evolución de los precios. Mientras que los salarios, descontado el efecto de la inflación, han crecido un 0,8% entre 2024 y 2025 si nos atenemos a lo pactado por convenio; la vivienda, por su parte, cerró el año pasado con un incremento del 13,1%, según los datos de valor tasado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Si bien todos los análisis insisten en que la falta de oferta o de stock de vivienda, otro elemento que hace que la demanda se contraiga, no es la falta de compradores sino las dificultades de la gran mayoría de las personas para acceder al mercado. "El episodio actual parece caracterizarse menos por una expansión exuberante del crédito y más por una retracción en la oferta en un contexto de demanda robusta", recoge un análisis del centro de estudios Fedea y BBVA Research. Es decir, el crédito no se regala pero las expectativas de rentabilidad del mercado y el aumento del número de hogares mantienen en tensión la demanda.

En los datos del Notariado las comunidades autónomas que han bajado más en número de compraventas son las Islas Canarias (-21,0%), Navarra (-19,2%) e Islas Baleares (-18,6%), mientras que estas operaciones solo aumentan en tres regiones: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%). Curiosamente, son los mercados periféricos los que crecen, ya que los altísimos precios en los grandes mercados como Madrid, Cataluña o las islas están propiciando que la gente tenga que desplazarse para poder comprar.

De la evolución de estos indicadores dependerá si esta tendencia de contracción en las compraventas termina siendo el primer frenazo del mercado inmobiliario o un descanso puntual. Por el momento, la construcción de vivienda nueva ha ido creciendo tímidamente, aunque todos los expertos coinciden en que no lo suficiente como para que se note ya en los precios. Por ejemplo, los visados de obra nueva crecen desde los 109.483 de 2023, hasta alcanzar los 139.016 en 2025. Una tendencia positiva, pero muy alejada de los más de 860.000 visados que se solicitaban en 2006.

Estirar un sueldo de forma que cubra las necesidades del mes y permita ahorrar para planear una trayectoria vital no es tarea fácil para la mayoría de los ciudadanos. Los tropiezos principales con los que se encuentran los trabajadores son la vivienda, los problemas de índole económica y la calidad del empleo, de acuerdo con el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El contexto económico tampoco ayuda, porque España está a la cola en ganancia de poder adquisitivo con respecto a sus vecinos europeos: según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo,  la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Si se mira la estadística de salarios pactados por convenio, la cifra de poder adquisitivo mejora ligeramente, hasta un 0,8%. Pero estas cifras no reflejan el impacto de la vivienda, que al cierre de 2025 su precio se había disparado un 12,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres subían un 8,5%, según el portal inmobiliario Idealista.

En este mar de números y porcentajes que se discuten constantemente emerge la realidad de millones de personas que ven cada vez más condicionado su día a día. Las nóminas que no crecen van minando la calidad de vida y la vivienda no ha hecho más que añadir tensión a este problema.

Rufina Parra y su marido viven en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid junto a uno de sus hijos. Pagan por un semisótano "interior con humedades" 850 euros al mes. Ella es asistente de ayuda a domicilio y tiene una nómina de 1.100 euros; él es conserje desde hace dos décadas y gana 1.600 euros. "Mi marido sí ha tenido subidas de sueldo, pero yo nunca he tenido un aumento. Si quiero ganar algo más, solo me queda completar con otro trabajo", explica. A su salario congelado se suma el problema de la vivienda. "Hace dos años pagábamos por 75 metros cuadrados alrededor de 570 euros", explica. Ahora tratan de mantener a su hijo en casa "para que él pueda ahorrar algo mientras estudia" y ellos mantienen un pulso con Alquiler Seguro para que no les eche por negarse a pagar cláusulas abusivas. Se aferran a lo que tienen porque con sus salarios no están convencidos de poder conseguir otra casa si pierden esta. "Es una situación rocambolesca. Ya no se puede acceder a una vivienda en condiciones decentes porque, aun trabajando, no nos la podemos permitir", concluye.

Se habla de precariedad cuando los ingresos económicos que se perciben en el trabajo no cubren las necesidades básicas y se genera una situación de inseguridad y falta de estabilidad vital. Y aunque hay muchos factores dentro de este término, la vivienda está desde hace tiempo en el centro del problema. Como se observa en el gráfico, la curva del índice de precios de la vivienda que ofrece el INE lleva una década sin dar tregua y la fiebre inmobiliaria ha llegado a hacer mella en una de las metas aspiracionales más arraigadas en España: tener una vivienda en propiedad. De acuerdo con el Banco de España, este indicador lleva tiempo tendiendo a la baja. En 2020, un 73,9% de los hogares vivía en un espacio propio; en 2022, un 72,1% y en 2024, un 70,6%. El pico se llegó a alcanzar en 2011, con un porcentaje cercano al 90%. Es una dinámica natural en un contexto de precios desbocados que ha desplazado la demanda hacia el alquiler. El problema es que el alquiler también se está separando vertiginosamente del poder adquisitivo de las familias y las nóminas no consiguen seguir el ritmo del mercado. Esto hace imposible, por ejemplo, ahorrar para la entrada de un piso y genera un círculo vicioso de difícil solución.

Cuando se trata de comprar una casa, escalar esta curva cada vez es más complicado. Y ese problema se agudiza entre los jóvenes, que generalmente ganan menos que el resto de trabajadores. Una dinámica que ha llevado a España a tener una media de emancipación de 30 años, casi cuatro puntos superior a la media de la Unión Europea. Un informe del sindicato UGT señala que el coste del alquiler medio de un piso de 60 metros cuadrados en Madrid y Barcelona —dos de las capitales más caras de España— es superior al sueldo neto íntegro de los convenios pactados en hostelería, comercio o sector agrario.

Otro gran problema es que, entre los hogares de menos renta, el bocado que se lleva de sus ingresos un bien básico como la vivienda es desproporcionado. Ni el pago de una casa, ni el gasto en alimentación son cosas que se puedan eludir, así que si su precio sube de forma acusada, el margen de maniobra de los presupuestos familiares desaparece. El 20% de los hogares con menor gasto, denominados en la estadística como el Quintil 1, dedicaron el 60,2% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, la luz y la alimentación. En cambio, entre el 20% de hogares con más poder adquisitivo, el Quintil 5, dedicaron un 40%. 

Mamen de la Llave vive en Madrid, tiene 66 años y acaba de jubilarse después de una vida trabajando en el sector de la limpieza. También acaba de hacerlo su marido. Su pensión, de en torno a 1.300 euros, se le va casi al completo en pagar un alquiler que ya está en 1.125 euros (empezó pagando 560 euros al mes en 2006). Pero acaban de toparse con las reglas del mercado: el fondo de inversión Blackstone, a través de Fidere, está empezando a pedir rentas más elevadas y a no renovarles los contratos. Las subidas, llegan a alcanzar los 500 euros al mes para quienes se quieren quedar. “Se llevarían mi pensión completa y tendríamos que coger una parte de la de mi marido. Esto sin contar la luz, el agua, la calefacción, el teléfono. Sin contar lo que ha subido todo”, relata. Enumera con precisión cómo se va disolviendo su renta, aún más de lo que lo hacía su salario, porque la incertidumbre es absoluta y la incredulidad ante la inacción política es algo que comparte con muchas personas en la misma situación.

“Para esta gente no somos personas, somos activos, números que se pueden exprimir cada vez más”, señala. Esa inercia de apurar la rentabilidad del mercado, que se suele cuantificar en porcentajes y tendencias, personas como Mamen la ven aterrizar en sus vidas en forma de pobreza. “No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No me cabe en la cabeza que tumben una ley para que esta gente gane un poco menos. No te imaginas la rabia y la impotencia de que hayas estado trabajando toda tu vida pero no puedas ahorrar ni darte un pequeño capricho”, resume. Aunque lo cierto es que la evolución de los precios hace que cada vez más gente pueda imaginarlo porque, de hecho, lo están viviendo.

Alejandro García-Gil es responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam en España. Lleva tiempo siguiendo el rastro de la precariedad laboral y señala que la tasa de pobreza laboral se situó en 2024 (último dato disponible) en el 11,6%, una décima menos que en el año previo. "Aunque ha descendido, este resultado es un fracaso del mercado laboral", señala. "Con la mejora constante del empleo y de las cotizaciones que estamos viendo, que la pobreza no baje más es un fallo del sistema", concluye.

Pero ¿dónde se sitúa ese umbral de pobreza? Para un hogar unipersonal la línea roja son 12.220 euros anuales o 1.018 euros mensuales de salario. Para una familia de cuatro miembros la cifra sería de 25.662 euros anuales o 2.138 mensuales. "Puede parecer un salario digno, pero es insuficiente para cubrir las necesidades de cuatro personas", señala García-Gil. En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el año pasado y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 24.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 17.094 euros brutos anuales.

Aunque en estos dos años los datos pueden haber variado, la mayoría de los trabajadores se agrupan en el rango bajo de la tabla salarial y una variación tan drástica en los precios de un bien básico como la vivienda desconfigura todo lo demás.

El escaso crecimiento de los salarios es un asunto del que se ha hablado también desde el Gobierno. En febrero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigía a los empresarios y les pedía que subieran las retribuciones. "Que nadie diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie diga que no hay margen cuando la economía avanza", señalaba en el acto donde se anunció la subida del salario mínimo.

Los trabajos parciales y aquellas personas que no están a jornada completa o que sufren más la estacionalidad —normalmente vinculados a la hostelería, el campo o la construcción— son los más expuestos a la pobreza laboral, señala el investigador de Oxfam.

"Hemos observado que la carencia material severa ha mejorado mucho, pero la que no mejora es la que está justo por encima. Es decir, que el aumento del coste de la vida está afectando a las clases medias y medias bajas. En cambio, mejora entre las personas más vulnerables, seguramente por el incremento del salario mínimo y por el ingreso mínimo vital", explica. En su opinión, esto se debe a que los sueldos por convenio, aunque suben, no lo hacen con suficiente intensidad, lo que provoca una mayor vulnerabilidad ante situaciones sobrevenidas.

Además, al introducir la variable de la vivienda se produce otro fenómeno: "La pobreza en general se ha reducido en dos décimas, estaba en el 19,7% y ahora está en el 19,5%. Ha bajado para todos los hogares indistintamente del tipo de vivienda en la que residan, excepto para quienes viven de alquiler a precio de mercado", señala García-Gil. En este último caso, la tasa de pobreza se elevó ocho décimas.

"Si no te queda sueldo después de pagar el alquiler, vienen de la mano otras renuncias, como la imposibilidad de tener una dieta sana, de poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano", concluye el responsable de Oxfam. Viene la asfixia económica que narran Rufina Parra o Mamen de la Llave y que amenaza con dejar atrás a cada vez más trabajadores. 

La idea de aumentar la carga impositiva a las rentas que vienen del ámbito inmobiliario o de penalizar los inmuebles vacíos está sobrevolando últimamente el ámbito político. De hecho, la fiscalidad es una de las recetas a las que se apela desde la izquierda a la hora de buscar soluciones a la fiebre inversora que mantiene el mercado en ebullición. Desde la derecha, en cambio, la receta pasa por retirar carga impositiva, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA de la construcción, la renovación y el alquiler residencial. Pero ¿cómo es en realidad el marco fiscal? 

"En España la vivienda no está poco gravada, sino gravada de forma fragmentada y poco coherente. Es decir, no existe un único impuesto sobre la vivienda, sino varios tributos que operan en distintas fases (adquisición, tenencia y transmisión), sin responder siempre a una lógica clara desde el punto de vista hacendístico", señala Jorge Onrubia, doctor en Economía y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Esos desequilibrios se pueden constatar en el hecho de que, por ejemplo, "España grava de forma relativamente intensa la adquisición de vivienda (a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, IVA y Actos Jurídicos Documentados), mientras que la tenencia (IBI) tiene, en términos comparados, un peso más moderado", apunta el profesor. Esto, puntualiza, hace que se penalice fiscalmente el acceso.

El mapa que se puede dibujar tiene muchos detalles, pero el economista Miguel Artola, de la Universidad Carlos III de Madrid, coincide con Onrubia en que la fiscalidad nacional presta una especial atención al momento de las transacciones y se fija menos en el componente de riqueza que supone poseer activos inmobiliarios. "El grueso de la fiscalidad recae sobre las transacciones. Invertir en vivienda tiene sentido porque, una vez que compras, pagas pocos impuestos. Es decir, pagas mucho en el momento de la transacción, pero poco a la hora de explotarla o disfrutarla", coincide Artola. De ahí que las propuestas para gravar estas segundas residencias estén cobrando protagonismo.

Un estudio reciente elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ministerio de Consumo señalaba que más de la mitad (52,8%) de los caseros de España que no son personas jurídicas, tienen dos o más inmuebles de los que obtienen rentas. El 47,2% restante solo posee una. El dato rompe con la idea de que la mayoría de arrendadores solo posee una casa y refuerza la idea de que hay una cierta profesionalización en el sector. Si a la cuenta se incorporan empresas y fondos de inversión, el porcentaje de los considerados como multiarrendadores aumenta: son un 60,8%. 

El informe llegó en pleno debate sobre si un eventual endurecimiento sobre la fiscalidad en el ámbito inmobiliario lograría generar un efecto de redistribución de riqueza y echó más leña al fuego del descontento social. Una veda que abrió el alcalde de Nueva York cuando anunció que impondría una tasa a las segundas residencias de más de cinco millones de dólares. Para Artola, no es fácil establecer una comparación, pero sí explica que en Estados Unidos el peso de la fiscalidad recae sobre la propiedad anual mantenida en el tiempo y no se centra tanto en el momento de la adquisición.

El debate pivota sobre la necesidad de gravar las rentas que proceden de la actividad inmobiliaria de forma justa. "La manera en que se refleja la propiedad de la vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ahora mismo es muy deficiente, ya que las segundas residencias que entran en el IRPF lo hacen por su renta catastral, cuya valoración es mucho más baja, generalmente, del valor real", explica. Para él, la lógica detrás de la propuesta de Más Madrid, centrada en crear un IBI progresivo, podría resultar eficiente si además se incluyen de manera más clara estas posesiones en el IRPF, facilitando la discriminación entre rentas altas y rentas bajas a la hora de aplicar la carga tributaria.

Aunque este nuevo modelo de IBI plantea situaciones problemáticas. "El IBI presenta limitaciones importantes como instrumento redistributivo, ya que grava un activo concreto (la vivienda) y no la renta o la riqueza total. Esto puede generar situaciones problemáticas desde el punto de vista de la equidad, por ejemplo, en el caso de contribuyentes con ingresos bajos pero con viviendas de elevado valor (personas mayores sobre todo, que tienen viviendas, pero su renta está limitada por las pensiones que cobran)" puntualiza Onrubia.

Al analizar la situación fiscal de caseros e inquilinos, también se dan diferencias. "En cuanto a la vivienda en alquiler, el propietario tributa en el IRPF por los rendimientos obtenidos, si bien el sistema incorpora incentivos relevantes (como la reducción sobre el rendimiento neto en alquiler residencial, de un 60%) y la deducción de gastos. En este sentido, puede decirse que el sistema fiscal español sí contiene elementos que favorecen el alquiler, aunque con bastante complejidad normativa", explica Onrubia. Sin embargo, matiza que, por el lado del inquilino, "los incentivos fiscales son hoy mucho más reducidos" y se "restringen a propuestas de ámbito autonómico".

Para hablar de este marco fiscal, el doctor en economía e investigador de Funcas, Ignacio Ezquiaga, pone el foco en la fiscalidad de los suelos. Para él, tocar la fiscalidad de los caseros particulares en un momento como el actual puede resultar contraproducente. "Las viviendas vacías son difíciles de reconocer porque no hay un registro y nunca está muy claro cuán vacías están", explica. Sin embargo, apretar la fiscalidad penalizando que se retengan suelos urbanos sin construir, apunta, tendría más efecto y se evitaría el riesgo de que el casero repercutiera la carga impositiva en el inquilino.

En su caso, en vez de poner el foco sobre las casas vacías, propone utilizar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para sancionar a los grandes fondos que mantienen suelos urbanizables paralizados e incentivar, con bajadas en el IVA sobre las transacciones entre promotores y gestores de alquiler asequible, a quienes pongan vivienda en el mercado cumpliendo con lo que requiere el Plan Estatal de Vivienda. "Muchos fondos de inversión tienen promociones y suelos a medio construir. Muchos de ellos comprados sin pagar porque eran activos tóxicos de la crisis inmobiliaria y que permanecen arrinconados y en los que se podrían construir hasta dos millones de viviendas. Si esos fondos pagasen un IBI más alto, los soltarían o los construirían", señala. Lo que no tendría sentido, matiza, son las bajadas generalizadas de IVA "cuando lo que se necesita es más vivienda a precio asequible".

En cuanto a las rentas del alquiler, ambos expertos señalan que las desgravaciones a las que tienen acceso los caseros son amplias y la iniciativa de limitarlas a aquellas personas que ofrezcan alquileres asequibles es una condición clave. "Se pueden desgravar las obras que haga en el piso, los gastos de gestión de las agencias, gastos de comunidad, seguros...", enumera Ezquiaga. En el lado del inquilino, explica, están exentos de pagar IVA.

Mientras las propuestas para gravar los beneficios del mercado inmobiliario aterrizan, la evidencia que gana peso es que la especulación inmobiliaria empeorará aún más la distribución de la riqueza. "El problema de la vivienda en España no es solo de oferta o de precios: es un problema de distribución del patrimonio. En menos de dos décadas, dos millones de nuevos inmuebles no han ampliado el acceso a la propiedad, sino que han profundizado una estructura dual en la que la distancia entre quienes no tienen nada y quienes acumulan mucho no deja de crecer", concluye el informe del CSIC.

Tras casi un mes en vigor, la prórroga de los alquileres llega este martes al Congreso de los Diputados con pocas esperanzas de prosperar. Han sido semanas de manifestaciones, protestas frente a la sede del PP y cruces de acusaciones entre las distintas formaciones políticas. Los sindicatos han llamado a los inquilinos a solicitar la prórroga aun sabiendo que probablemente decaería y han mandado hasta 50.000 cartas a los diputados que, previsiblemente, votarán contra la norma. En medio de esta tormenta están los inquilinos, que si no han notificado a su casero no podrán hacerlo ya si el decreto decae. Quienes sí lo hayan solicitado, deberían poder disfrutar de la extensión de su contrato, aunque desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan a infoLibre que la mayoría de las peticiones no ha recibido respuesta y los caseros guardan silencio. 

La medida no es nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero puede ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberlo solicitado hasta este martes, permite extender los contratos de vivienda que vayan a concluir antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%.

La norma se encontró con la oposición cerrada del Partido Popular, Vox y Junts, pero desató una respuesta social entre los sindicatos de inquilinas. Otros partidos como Sumar o el propio PSOE, por boca de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedían a los arrendatarios que solicitasen la prórroga a sus caseros aun asumiendo que iba a decaer, ya que legalmente —y aunque la medida no pase el filtro del Congreso— la extensión del contrato se les debe aplicar.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha sido la parte del Gobierno más implicada en este proyecto y ha mantenido abierta hasta el último momento la posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts. "Apuraremos hasta el último segundo", señaló el responsable de Consumo. Además, en una carta abierta remitida la semana pasada a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Bustinduy le pedía que se replantease su postura, ya que era una medida “razonable y necesaria” que “no supone merma alguna” para los propietarios. Desde el PP respondió su portavoz, Esther López, señalando que no se sentarían a hablar porque la medida “no funciona” y tratando de vincularla con la okupación. 

Durante este mes escaso de vigencia, los sindicatos de vivienda han ayudado a cientos de personas a solicitar esta extensión automática de sus contratos, ofreciendo modelos de burofax y asesoramiento. "La percepción es que, en la gran mayoría de los casos, los caseros no han contestado", explican a infoLibre desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La situación es incierta y muchos arrendadores han optado por el silencio a la espera de lo que pase este martes, aunque desde la agrupación sindical señalan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala estas peticiones y la aplicación de la prórroga. 

Uno de los riesgos a los que se enfrentan quienes la solicitan es que sus caseros intenten echarlos utilizando subterfugios legales o que recurran en los tribunales la petición. De ahí que algunos expertos pronostiquen una avalancha de procesos judiciales. Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, estos mensajes "son una forma de amedrentar a los vecinos para que no soliciten la prórroga" y piden seguir adelante con el envío de los burofaxes.

Sus homólogos en Cataluña también han mantenido el pulso social, han participado en el envío de misivas y han señalado a quienes planean votar en contra. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, afirmó este lunes en un acto donde unos 30 inquilinos de la empresa Vivenio pedían la prórroga, que los partidos políticos que se opongan “también serán responsables” de las expulsiones de los vecinos. 

Con estos mimbres y un Junts que juega con la incertidumbre hasta la última hora, es como llega la propuesta al Congreso. En la tarde del lunes, el partido de Carles Puigdemont respondía con otra negativa al intento de acercamiento del titular de Consumo. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado.

Este decreto es uno de los dos que conformaban el paquete de medidas que el Gobierno lanzó para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Se elaboró a petición de Sumar, pero no fue respaldado por la mayoría parlamentaria y su aplicación quedó acotada al periodo de vigencia que expira este martes. 

"Para las personas que hayan solicitado acogerse al Real Decreto, los efectos jurídicos son los mismos, independientemente de lo que se vote en el Congreso", aclara a este medio Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Más allá de los casos particulares o de la conflictividad que pueda darse con cada casero, Jacinto explica que aquellas solicitudes que se hayan hecho mientras la norma estaba en vigor (es decir, hasta este martes, en caso de que decaiga) deberán tenerse en cuenta. "Esa es la opinión mayoritaria entre los expertos", apunta. "Un ejemplo es la renta antigua. Es una figura que ya no está vigente, pero sí se respeta legalmente para aquellas personas que la tenían antes de que fuese derogada", concluye.

Si se da el escenario más favorable y la medida sale adelante, los inquilinos que quieran acogerse a ella deben solicitarlo previamente a sus caseros, ya sin este trámite no será de aplicación automática.

Desde los sindicatos de inquilinos insisten en la posición de vulnerabilidad de los arrendatarios y también en la incertidumbre económica en la que se ven sumidas aquellas personas que se tienen que buscar otra vivienda cuando su contrato finaliza, ya que en esta situación no hay límite para subir los precios. Otro dato importante a considerar es que el número de propietarios en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, por lo que cada vez más personas se ven expuestas al mercado del alquiler.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC publicado este lunes señala que el porcentaje de hogares que viven en una casa de su propiedad se ha reducido desde el 79% hasta el 63,9% en poco más de una década, mientras que quienes viven de alquiler han aumentado desde un 11% hasta un 19%.

En Consumo insisten una y otra vez en sus argumentos para mantener la prórroga, ya que esta bloquearía los precios aunque el contrato expirase. "En las condiciones actuales de mercado, la renovación de estos contratos supondría para muchos de ellos subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres", señalan. Y tampoco renuncian a disipar las dudas electoralistas que pudieran surgirles a PP, Vox o Junts, insistiendo con otro estudio que apunta que un 73,4% de la ciudadanía respalda la prórroga, incluyendo un 65% de electores del PP.

Que en Canarias o en Madrid bajen las compraventas de casas y en Castilla y León se disparen puede parecer contraintuitivo, pero es lo que ha ocurrido en 2025. Si se mira solo el volumen de operaciones de compraventa, siguen ganando en cifras aquellas zonas que tradicionalmente han estado más tensionadas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid). Sin embargo, cuando nos fijamos en la evolución, vemos que Madrid y Canarias han bajado un 4,7% las compraventas, lo mismo que Baleares, donde disminuyen un 0,4%. En el otro extremo, se puede ver en el mapa cómo se ponen de moda las dos Castillas, País Vasco, Aragón o Extremadura, según se deduce de las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Notariado.

Es el efecto "mancha de aceite", explica José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Los precios altísimos y cada vez más disociados de los salarios, la escasez en la oferta y la demanda desbocada hacen que la gente, aun trabajando en grandes núcleos como Madrid, se mueva hacia la periferia o hacia otras comunidades. "El desplazamiento de la demanda, que antes era hacia anillos externos de las ciudades, ahora llega hasta el cambio de comunidad", señala Alfaro. De hecho, en 2025 se invirtió el flujo de población entre Valladolid y Madrid. Por primera vez en 25 años, la capital vallisoletana recibía a más personas desde Madrid de las que se iban a vivir a la capital. "El flujo es del pueblo a la ciudad para trabajar y de la ciudad al pueblo para poder vivir", concluye Alfaro.

La parte mala es que los precios de estas zonas, que hasta ahora resultaban relativamente asequibles, también empiezan a sentir la fiebre inmobiliaria. Si vamos a la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 2025 las mayores subidas interanuales de precios se produjeron en Castilla y León (15,3%); Aragón, Murcia y La Rioja (14,4%); la Comunidad de Madrid (14,2%) y Galicia y Asturias (que rondaron el 14,0%).

Con el impulso de los precios también aumentan las decisiones precipitadas por el miedo a quedarse fuera y la capacidad de negociar de los compradores prácticamente desaparece. Es uno de los efectos que generan los mercados tensionados cuando hay un torbellino de demanda. "Ofertas que luego no coinciden con lo que se vende, desperfectos o derramas que aparecen después de la compraventa", enumera el abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experto en vivienda, Javier Rubio. Él trabaja con casos de este tipo en Madrid y lo achaca a la creciente aceleración del mercado. "Las operaciones se hacen muchas veces bajo presión por miedo a perder la oferta y sin tomar las debidas precauciones", concluye. Una velocidad que también constata Alfaro, quien señala que muchas veces las inmobiliarias no publican ofertas porque no consiguen gestionar el aluvión de peticiones de compra que ya se dan también en las comunidades menos tensionadas.

La ebullición del mercado inmobiliario en los últimos años no para de firmar récords y tampoco da tregua a unos precios de compra que cada vez se distancian más de los salarios. A finales de 2025 se habían vendido más de 714.000 casas, una cifra que no se alcanzaba en las tablas del INE desde 2007, justo antes de que la burbuja inmobiliaria dinamitara todo el sistema económico.

Otro dato que respalda este desplazamiento de la demanda es la serie de compradores extranjeros. Cuando se menciona esta estadística, solemos tener en mente segundas residencias, paisajes de sol y playa o chiringuitos al lado del mar. También jubilados de países nórdicos que adquieren una segunda residencia o compradores que llegaban en busca de las ya extintas golden visa, derogadas en abril de 2025 y que permitían a quienes adquirían una vivienda de más de 500.000 euros disfrutar de permisos de residencia. Pero la tensión desmedida sobre los precios en los destinos tradicionales y la llegada de trabajadores extranjeros está introduciendo cambios en este paisaje y también acelerando las ventas en mercados más allá de los habituales, como la Costa del Sol o las islas. 

Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura lideran el crecimiento en compraventas por parte de extranjeros con incrementos a dos dígitos si comparamos el total de 2024 con el de 2025. En el extremo opuesto de la tabla, la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares y la Comunitat Valenciana reducen el número de compraventas con respecto al ejercicio anterior. En el gráfico, elaborado a partir de los datos del Notariado, se comprueba cómo  las compraventas por parte de extranjeros caen un 0,8% a nivel nacional. Esta dinámica se ve empujada por el descenso de las compraventas entre no residentes, que podría estar sufriendo una corrección por la prohibición de las golden visa. Esas operaciones de no residentes disminuyeron un 3,7% en el primer semestre del 2025 y un 15,1% en la segunda mitad de ese año con respecto a los mismos periodos del año previo. 

Aunque en los datos generales, sin separar por tipo de comprador, la dinámica es más suave y las compras caen en menos comunidades, sí se puede constatar (como muestra el primer mapa) un cierto desplazamiento desde grandes mercados como Madrid o Canarias hacia otros menos tensionados como las dos Castillas o el País Vasco. 

"Al final, de lo que se trata aquí es de que la gente se siente insolvente económicamente y también escéptica con respecto a poder llegar a tener una casa propia en estos grandes mercados que son también núcleos laborales", apunta el secretario general de las asociaciones inmobiliarias. Y la solución que encuentran, relata, es comprar en otro sitio: bien para poder tener algo en propiedad más adelante, o bien para desplazarse diariamente al trabajo sacrificando una parte considerable de su tiempo. 

Las estadísticas de los notarios dicen que quienes más pagan por adquirir una casa son los extranjeros no residentes, que en la segunda mitad de 2025 (último dato disponible) procedían principalmente de Países Bajos (acaparan un 12% de las compraventas), Alemania (11,9%), Reino Unido (11,5%) y Bélgica (8%). De media, este grupo pagó unos 3.242 euros por metro cuadrado, un 55% más que los 1.839 euros que pagaron de media los compradores nacionales y un 49% más de lo que pagan los extranjeros que viven en España. Si miramos dónde han comprado, los holandeses se fijaron sobre todo en la Comunitat Valencia, Murcia, Andalucía y Aragón; los alemanes optaron por Baleares, Cantabria, Canarias, Galicia o Asturias; y los belgas, que compraron en Murcia, Aragón, Extremadura y Comunitat Valencia. En general, este conjunto suele adquirir propiedades más caras ya que los precios siguen siendo relativamente asequibles en relación al poder adquisitivo de Alemania, Reino Unido o Bélgica. 

Las estadísticas de compradores que no viven en España hacen referencia a aquellas personas que no pasan en el país más de 183 días y que no están obligadas a pagar impuestos aquí, por lo que, en general, estaríamos hablando de segundas residencias, de inversores o de personas que buscan lugares en los que pasar tiempo después de la jubilación.

¿Y los extranjeros residentes? Esta categoría incluye a aquellas personas que poseen un permiso de residencia, tienen actividad económica y pasan en el país más de 183 días al año. En este conjunto los números cambian. Pagan de media 1.963 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de la media nacional, pero muy por debajo de los no residentes. Por nacionalidades, son marroquís (con un 12% del total de compraventas, principalmente en Murcia, Navarra, Aragón y La Rioja), italianos (que acaparan un 9,2% de adquisiciones, sobre todo en Canarias, Baleares o Madrid) y rumanos (con un 9,3% de las compraventas, sobre todo en Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja) los que más casas adquirieron en 2025. En este contexto, cabe destacar que Marruecos y Rumanía son dos países que lideran también los datos de afiliación extranjera en el mercado laboral español.