A las puertas de las elecciones autonómicas de Castilla y León, el candidato de la coalición Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado haber sido víctima de una agresión este sábado en Valladolid. Los hechos han coincidido con la jornada de reflexión previa a las votaciones castellanoleonesas.

El propio candidato a la presidencia de la Junta ha relatado la supuesta agresión recibida en redes sociales: "Me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo". Según su versión de los hechos, un hombre –cuyo rostro ha publicado en X– golpeó un cristal de una caseta informativa de Podemos, que terminó rompiéndose y cayendo sobre ambos. Llamas califica lo ocurrido como un hecho “muy grave” y asegura que presentará una denuncia ante la policía: "Voy a llegar hasta el final, hay líneas rojas: a un niño no se le puede hacer esto".

Achaca lo sucedido al "clima de odio" impulsado por las derechas y desde algunos medios de comunicación. "Al final este tipo de cosas evidentemente hacen replantearte todo. Creo que hay un clima de odio impulsado por las derechas y por medios de comunicación, no por todos, porque no se puede generalizar, también en las redes sociales, y estas son las consecuencias", ha reflexionado a través de un audio.

El militante de Podemos ha difundido imágenes del presunto agresor y del objeto que, según acredita, fue usado contra él y su hijo.

Miguel Ángel Llamas ha perfilado su campaña en propuestas relacionadas con la despoblación –que propone solucionar con intervención pública–, el acceso a la vivienda digna y el fortalecimiento de los servicios sanitarios públicos.

La participación femenina en la recién culminada 40ª edición de los Premios Goya ha dado mucho que hablar. Para empezar, ha habido un notable incremento en la presencia de mujeres entre las nominaciones, hasta alcanzar el 38%: 90 mujeres frente a 146 hombres. Además, la película de Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos, se ha convertido en la niña bonita de la edición, obteniendo hasta cinco premios, entre ellos el de Mejor Dirección. Así, la directora vizcaína se ha convertido en la cuarta mujer en toda la historia de los Premios Goya en alzarse con este galardón. Por otro lado, Sirat ha conseguido –entre otros– el premio a Mejor Sonido, con un equipo íntegramente femenino que, además, está nominado al Oscar en la misma categoría.

La directora de fotografía Teresa Medina, conocida por haber trabajado en proyectos como Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet, y en la primera temporada de Las chicas Gilmore, reconoce el beneficio que supone para las cineastas ganar premios de prestigio: “Da prestigio, visibilidad. Y es que las mujeres lo necesitamos para que confíen en nuestro trabajo y nos den proyectos con mayor presupuesto”.

La guionista Marina Parés, galardonada con el Goya a Mejor Guion Adaptado en 2021, pincha la burbuja triunfal para expresar, con temor, que los casos de éxito se podrían tomar como representativos y dar por hecho que la situación está ya equilibrada. “Incluso parece que las mujeres tienen más presencia, pero la realidad es que no es así”, advierte.

Porque, aunque la foto fija invita al optimismo, los algoritmos siguen siendo los mismos. En la mayoría de categorías, de cinco nominados, dos son mujeres. En Dirección de Fotografía, uno de los departamentos más masculinizados del cine, solo ha habido una mujer nominada, al igual que en Montaje. En Dirección de Arte, únicamente una mujer ha obtenido el galardón en toda su historia. Muy distinto a lo que Medina denomina “las tipificadas”: Mejor Diseño de Vestuario y Maquillaje, donde las nominaciones suelen estar copadas por mujeres.

La expresidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, asegura que el incremento de mujeres “no está consolidado”. Atribuye esta tendencia a las cuotas de género en las ayudas públicas al cine, que han permitido “dar una oportunidad a las cineastas para demostrar que sí tienen talento”. Sin ellas, sostiene, difícilmente habrían tenido ese espacio. “Sin las cuotas no habría mujeres en el audiovisual, de la misma forma que no las habría en el Congreso si no existieran mecanismos de corrección”, afirma.

El objetivo, explica, es seguir utilizándolas hasta que, en un futuro, los proyectos liderados por mujeres hayan demostrado su valía y dejen de ser necesarias.

Vanessa Marimbert, montadora de El buen patrón y de uno de los filmes presentes en esta edición, La cena, confiesa la contradicción que siente ante las cuotas: “Yo no quiero que me llamen por ser mujer, sino porque soy buena profesional, y quiero verlo en las miradas de mis compañeros”.

Las profesionales coinciden en que el triunfo femenino en la última edición de los Goya es apenas el fotograma de un largometraje todavía pesado.

“Lo que necesitamos es conseguir el poder, ese que apenas tenemos en casi ningún estamento”, sentencia Andreu. “Me gusta decir la palabra poder porque, cuando lo dicen los hombres, no suena tan mal como cuando lo decimos nosotras”. Confía en que, con un poder equilibrado entre hombres y mujeres, habría más igualdad y menos violencia.

La industria del cine es tradicionalmente masculina, construida por hombres y para hombres. Marina Parés explica que, cuando el productor es un hombre, el equipo suele estar masculinizado y la presencia femenina ronda el 33%. Como en tantas otras industrias, los puestos de decisión siguen ocupados mayoritariamente por hombres, y eso se traduce en equipos donde la diversidad es aún la excepción.

Las profesionales con las que ha contactado infoLibre coinciden en haber vivido situaciones de hostilidad, especialmente en sus inicios. Cristina Andreu relata que, cuando empezó en los rodajes, a menudo era la única mujer y que llegó a ser tratada “como una minusválida” por el hecho de serlo. Sus compañeros se sentían con derecho al paternalismo, a hablar por ella. “Para no ser pisadas, las mujeres acabamos construyendo una personalidad muy fuerte, aunque sea fingida, y eso provoca un desgaste terrible”.

Desde la escritura, Marina Parés admite haberse sentido incomprendida: “En un equipo repleto de hombres, cuando presento mi manera de entender el mundo, a veces se desecha. Hemos tenido experiencias de vida distintas y mi mirada no les parece pertinente. Si el equipo fuera mayoritariamente femenino, quizá sería diferente. Pero no lo es”.

Vanessa Marimbert también recuerda experiencias que “te hacen sentir pequeña”: “He dado opiniones en salas de mezcla y nadie se ha girado siquiera a escucharme”. Hoy cuenta que ya no le ocurre. Pero ocurrió.

Todo ello desemboca en lo que Teresa Medina denomina el “complejo de la impostora”: no sentirse suficientemente válida, tanto por esas situaciones concretas como por “tantos años de educación y sistema que pesan sobre las mujeres”.

La universalidad masculina en el cine también se refleja en la jerarquización de los relatos. Como critican las entrevistadas, el cine dirigido por mujeres ha comenzado a etiquetarse como “cine de mujeres”, como si fuera un género aparte. “¿Qué tiene que ver una película de Alauda Ruiz de Azúa con una de Pilar Palomero? ¿Que están protagonizadas por mujeres? ¿Que cuentan relatos de mujeres? También lo hacen las películas dirigidas por hombres”, señala Parés, evidenciando lo absurdo de esa categoría.

"Si no hay voluntad, la igualdad no llega sola”, sentencia Cristina Andreu sobre la pobre financiación privada que reciben los proyectos liderados por mujeres. Los datos recientes confirman que la situación sigue siendo desigual, aunque con excepciones. Según el último informe de CIMA, de 2024, RTVE apoyó un total de 53 largometrajes, de los cuales un 38% fueron dirigidos y guionizados por mujeres. Atresmedia Cine financió 13 proyectos, con un 31% de dirección femenina, mientras que Telecinco Cinema se mantuvo rezagada: de cuatro largometrajes apoyados, solo un 33% fueron dirigidos por mujeres y ninguno guionizado por ellas. Entre las plataformas de streaming, Movistar+ lidera el respaldo a cine español dirigido por mujeres con un 34% de 29 producciones, seguida de Netflix (22% de 8 producciones) y Amazon Prime Video (13% de 8 producciones).

Si algo empieza a cambiar —aunque todavía con timidez— es el lugar que ocupan los relatos protagonizados y pensados por mujeres. No se trata solo de contar más historias, sino de contarlas de otra manera. De ampliar el encuadre.

La montadora Vanessa Marimbert lo percibe en su propio oficio. “Somos diferentes, y eso se nota en la sensibilidad”, afirma. Cada vez más, en equipos de montaje de series, se busca deliberadamente una composición mixta: “Nos dicen que quieren hombres y mujeres para tener las dos visiones”. Esa voluntad de equilibrio, explica, empieza a formar parte consciente del proceso creativo.

En el montaje, la mirada lo es todo. “Un montador trabaja sobre el material, y su sensibilidad condiciona cómo va a elegirlo”. No se trata de trazar una línea rígida entre lo femenino y lo masculino —ella misma reconoce que coincide en muchas decisiones con compañeros hombres—, pero sí de admitir que la experiencia influye en cómo se interpreta una escena, en "qué elemento se subraya y cuál se descarta".

La guionista Marina Parés también aprecia esa evolución. “Ahora hay muchas más mujeres que protagonizan el relato. Inevitablemente, al tener un personaje que lidere la historia, tienes más espacio para explorarlo, para darle más ambigüedad o más complejidad”.

Parés señala además un cambio en la escritura colectiva: “Cuando empiezas a trabajar en cualquier equipo de guionistas, sea de hombres o de mujeres, una de las primeras preocupaciones es cómo abordar personajes fuera del estereotipo, y sobre todo un personaje femenino”. Aunque los clichés no han desaparecido —esa pareja del protagonista que solo existe para sostenerle emocionalmente sigue asomando en algunas ficciones—, cada vez generan más incomodidad. “Como espectadores, cuando vemos personajes así, muchas veces los cuestionamos ya de manera natural”. Y eso, subraya, ya es un avance cultural.

Pero para Cristina Andreu la cuestión va más allá de la representación: tiene que ver con la mirada. “No digo que sea mejor ni peor, pero las mujeres miran lo que ocurre en la sociedad de manera diferente”. Esa diferencia no nace de una esencia, sino de la experiencia de vivir en una sociedad patriarcal. “Toda esa mirada se tiene que contar para conseguir una sociedad mejor para todos y para todas. No solamente para las mujeres, sino para que podamos relacionarnos mejor, que nos conozcamos”.

Cada 28 de febrero, Andalucía se convierte en una postal costumbrista. Los centros educativos de la comunidad reparten desayuno molinero –pan con aceite y azúcar–, enseñan a sus alumnos a tocar el himno autonómico con la flauta dulce e improvisan sevillanas en el patio. En el Parlamento andaluz, el presidente concede medallas y recita discursos que apelan al orgullo verdiblanco. 

Una coreografía que, según algunos promotores de la autonomía andaluza, eclipsa el agrietado decorado que la sostiene. “Es una cloroformización del pueblo andaluz”, sentencia Isidoro Moreno, antropólogo de la Universidad de Sevilla que, como secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía, fue uno de los firmantes del Pacto Autonómico de Antequera en 1978, proceso considerado el desencadenante del proceso autonómico de la comunidad. 

El antropólogo denuncia que el folklorismo descontextualizado es “un bloqueo planificado del paso del sentimiento a la conciencia”, convirtiendo el 28-F en un sustantivo festivo que ha olvidado su condición de verbo. A través de esta “festividad light”, argumenta que se ha creado una “amnesia” sobre los casi dos millones y medio de andaluces que acudieron a las urnas a erradicar las problemáticas que, precisamente, continúan hoy acechando la comunidad. 

“Los andaluces acudieron a las urnas para convertir Andalucía en una autonomía de primera”, explica Moreno. Con este tipo de autonomía, el promotor no se refiere exclusivamente a reconocimiento, sino al tipo de autogobierno que Adolfo Suárez tenía reservado a las denominadas “nacionalidades históricas” –Galicia, País Vasco y Cataluña, al haber sido reconocidas durante la Segunda República–, a través del artículo 151 de la Constitución del 78. El resto de comunidades se regirían por el artículo 143, una vía más lenta y que otorga menos competencias. 

La revista ‘Andalucía en la Historia’ explica que la “autonomía pasó a significar el remedio de todas las lacras sociales”. Con su consecución, la región obtendría las “herramientas necesarias” para autodeterminar sus problemas colectivos y proponer las soluciones pertinentes. Estas competencias incrementarían tanto los recursos como la capacidad de intervención de los andaluces sobre sus propias necesidades. Por tanto, el “SÍ” en el referéndum perseguía la soberanía del pueblo andaluz sobre sí mismo. 

La reclamación de un estatuto propio se reforzó con la afirmación de los elementos propios de la identidad andaluza, fundamentalmente culturales. Un argumento que perseguía los principios de Blas Infante, andalucista histórico considerado el patrón de Andalucía, que basó el derecho de autogobierno en la posesión de una cultura andaluza fruto de un proceso histórico diferenciado y, por ende, con “sus propias necesidades colectivas”. 

Y sí, la voluntad política andaluza triunfó y consiguió su propio Estatuto de Autonomía el 20 de octubre de 1981. No obstante, Isidoro Moreno incide en que, “aunque Andalucía consiguió ascender a primera división, jamás jugó en primera”. 

Mientras el antropólogo lo achaca a la consecución de “competencias muy limitadas” en el acuerdo autonómico, Christopher Rivas, el candidato a las próximas elecciones andaluzas por Andalucía Por Sí - Andalucistas, identifica “la falta de voluntad política” como causa de la problemática. Sea como sea, ambos coinciden en que nada ha cambiado: la “pésima situación estructural” de la autonomía más votada sobre el censo de España –55,84% sobre el censo– sigue siendo la misma que hace más de 40 años. 

Isidoro Moreno considera que el Gobierno quiso “vender el Estatuto de Autonomía como el desembarco natural del 28-F”, pero denuncia que un repliegue de los partidos políticos durante la construcción autonómica convirtió el texto en “un recorte de lo que era posible, dentro del marco de la Constitución”. 

El referéndum del 28 de febrero de 1980 presentó un enunciado críptico: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. En él, las palabras “autonomía” y “Andalucía” habían desaparecido, y ya auguraba lo que la organización política Nación Andaluza considera “una guerra que ya estaba perdida”.

La UCD, temerosa de un supuesto descontrol del proceso autonómico, desplegó un plan para frenar la transición de la soberanía andaluza. Organizó una campaña de abstención que incluía mensajes como “UCD solo te quiere informar y pedirte reflexión” y “Este no es tu referéndum; si vas a votar, vota en blanco”. El entusiasmo por la autonomía se convirtió en duda, no se combatía la autonomía abiertamente, sino que se buscaba enfriarla. Además, el Gobierno redujo tanto la duración de la campaña —una semana menos que en País Vasco y Cataluña— como la subvención estatal —125 millones de pesetas frente a los 300 millones destinados a otras nacionalidades históricas—, en un intento de condicionar el resultado.

El líder de Andalucía Por Sí - Andalucistas explica que las condiciones del referéndum hacían prácticamente imposible la victoria: para que la autonomía se aprobara por la vía rápida del artículo 151, el “SÍ” debía ganar por mayoría absoluta del censo en cada una de las ocho provincias. Los censos no estaban depurados, incluyendo fallecidos, emigrantes o menores de edad, que se contaban como abstencionistas, favoreciendo el fracaso del referéndum. Isidoro Moreno señala que “los andaluces tomamos este comportamiento como una agresión contra Andalucía y los andaluces”, y que esto funcionó como catalizador de la movilización popular. 

Pese a todo, la participación alcanzó el 64,19% del censo, con un 86,9% de votos afirmativos sobre los votantes. Solo Almería quedó por debajo del 50% del censo, con un 42,3%. 

Aun así, Isidoro Moreno denuncia que el Estatuto de 1981 otorgó “competencias muy limitadas”. Se conquistó el instrumento, pero no la capacidad de transformar las estructuras, como demuestra la frustrada Ley de Reforma Agraria de 1984, impulsada bajo el lema “tierra y libertad”, que apenas alteró la histórica concentración de la tierra: “Ni para una reformita tuvimos competencia”, ironiza Moreno. 

Uno de los ejes del Estatuto era responsabilizar al centralismo de la situación histórica de dependencia y subordinación de Andalucía, reconociendo su deuda histórica para establecer un diagnóstico de fondo. De no hacerlo, la comunidad quedaba atrapada en lo que Mari Carmen García Bueno, histórica del Sindicato Andaluz de Trabajadores y parlamentaria por Adelante Andalucía, denomina su situación “de niña pobre”.

Los andalucistas denuncian una “situación de colonia interna”, reflejo de una subordinación profunda dentro del Estado. La economía andaluza se orienta a la extracción de materias primas cuya transformación se realiza fuera de la región; carece de un tejido industrial propio, convirtiéndose más en proveedora que en productora de valor añadido; las empresas más rentables se concentran fuera de Andalucía, desplazando decisiones estratégicas lejos del territorio; y la emigración masiva convierte a la mano de obra andaluza en suministro barato para otros polos industriales. Denuncian que esta situación histórica se mantiene pese a la reforma estatutaria de 2007, que proclamó la deuda histórica saldada, pues los problemas estructurales siguen vigentes.

Andalucía Por Sí - Andalucistas alerta incluso de una “nueva deuda histórica”: el turismo masivo limita el acceso a la vivienda, las industrias contaminantes en polos como Huelva presentan graves riesgos para la salud, y la presencia de bases militares estadounidenses en Rota y Morón evidencia la subordinación territorial. 

Por otra parte, también advierten de la “vampirización de la cultura”, con productos andaluces convertidos en “marca España” y apropiados fuera de la región, como sucede en eventos como el festival Madrilucía. 

“Hay una enorme necesidad de aclarar cuestiones”, reivindica Isidoro Moreno. En un contexto donde casi todos los partidos —excepto la ultraderecha— se autodenominan andalucistas, advierte que crea “una hegemonía fingida”. Se oculta la ausencia de mecanismos específicamente andaluces bajo la apariencia de un consenso simbólico.

Considera que el llamado “borrado” del 4 de diciembre de 1977, reemplazado por un 28-F menos conflictivo, habría desactivado la conciencia política andaluza. Andalucía por Sí sostiene que sin esa fecha “no se puede entender nada de lo que sucedió después”, desde la manifestación de más de un millón y medio de personas hasta el asesinato del joven militante de Comisiones Obreras Manuel José García Caparrós.

Para la agrupación, el andalucismo político es un proyecto “de exclusiva obediencia andaluza”, diseñado desde Andalucía para afrontar problemas propios: economía extractivista, falta de industria e infrafinanciación. Adelante Andalucía coincide y denuncia que el andalucismo no puede ser una escenografía institucional, sino medidas que afronten las desigualdades estructurales de la comunidad.

Así, los defensores del andalucismo reclaman la necesidad de una "recuperación de conciencia" para crear una nueva mirada del pueblo andaluz que resuelva, como lo denominaba Blas Infante, esta "crisis de humanidad". 

El Consejo de la Juventud de España (CJE), de la mano de la Celebración de 50 años de España en Libertad, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del proyecto DemocraZia con Z, una iniciativa destinada a reintegrar a la juventud en el tejido democrático español. La propuesta promete no limitarse a la superficie del diagnóstico de que "la juventud es crítica con el funcionamiento de la democracia", sino que pretende llevar a cabo un análisis, "más riguroso y menos estigmatizante", tanto de las causas del distanciamiento como de las posibles soluciones para impulsar a los jóvenes a seguir fortaleciendo la democracia.

Para la Comisionada de la Celebración de 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, “la debilitación de la juventud debilita el tejido democrático”, por lo que la colaboración con el CJE para frenar el retroceso de la participación juvenil se ha convertido en una prioridad estratégica.

Por ende, ambas entidades han diseñado DemocraZia con Z como un proyecto para proporcionar "una serie de recursos, más que una guía, para que los espacios juveniles sean más democráticos". El plan de actuación implica trabajar con escuelas, centros deportivos y administraciones públicas para orientar su influencia sobre los jóvenes, además de desarrollar campañas de concienciación tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

La iniciativa surge también como respuesta a la “falta de práctica democrática”, derivada de un sistema de estructuras jerárquicas y poco permeables. Ante la frecuente exclusión de los jóvenes de los espacios de decisión, el proyecto apuesta por un cambio de paradigma que los sitúe en el centro de la toma de decisiones. En palabras de sus impulsores, se trata de “romper relatos y ofrecer otros nuevos”.

Pilar Blasco, la vicepresidenta del CJE, ha explicado en la presentación del proyecto que existe "desafección porque la propia democracia no está dando una respuesta" a las problemáticas juveniles. La sociedad vive en lo que el Consejo denomina "adultocentrismo", un sistema en el que "no te conviertes en ciudadana de pleno derecho hasta que no te conviertes en persona adulta". Ello desvía la atención de los conflictos que afectan a la juventud y debilita su legitimidad como actores democráticos.

Por otro lado, la organización acusa al sistema de no estar proporcionando las "condiciones vitales para que la gente joven viva un presente lo suficientemente digno para poder proponer un futuro". La presidenta del CJE, Andrea Henry, explica que "democracia es tener estructura, tiempo, recursos y conocimientos para poder participar en ella". Metidos de lleno en la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y el progresivo incremento de la desigualdad, los jóvenes "no tenemos condiciones para participar en la vida pública".

El Consejo también señala la pérdida de los espacios físicos de convivencia como otro de los factores que alimentan el desamparo juvenil. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil y los espacios públicos para relacionarse resultan poco accesibles. Así, cualquier forma de interacción social termina desplazándose a bares u otros ámbitos privados que exigen consumo, un requisito difícil de asumir en contextos de precariedad económica. Como consecuencia, la juventud termina refugiada en la esfera digital, un entorno con escasos límites y donde predominan dinámicas algorítmicas que favorecen la circulación de contenidos polarizantes.

“DemocraZia con Z” nace también como una respuesta al auge de la ultraderecha que, según advierten sus impulsores, ha sabido capitalizar el malestar juvenil mediante una “politización del desencanto”. Ante la falta de canales eficaces para escuchar y atender las demandas de los jóvenes, estos discursos logran canalizar un descontento que otros actores no han sabido interpretar ni encauzar. Por ello, el proyecto subraya la necesidad de reforzar los espacios de participación democrática y reclama, además, una mayor regulación de las redes sociales.

Frente a este complejo panorama, el Consejo de Juventud toma la responsabilidad de convocar a los jóvenes a "reescribir la democracia".

El proyecto despegará con una fase de investigación principalmente cualitativa, para ahondar más allá de las pesimistas cifras que actualmente definen la relación juventud-democracia. A partir de los datos cuantitativos existentes y los innovadores que pretenden obtener, generarán hipótesis que serán contrastadas a través de la interlocución directa con grupos que reúnan al colectivo juvenil (16-30 años) en su diversidad.

La investigación se desarrollará en torno a ciertas incógnitas primordiales: "¿Qué rol tiene la democracia con la juventud?" y "¿Qué necesita la juventud de la democracia?". Los resultados serán expuestos en un informe, que prevén tener finalizado para el mes de junio.

El plan continuará con eventos durante el próximo verano, que responderán al deseo de la iniciativa de trabajar de manera descentralizada, "sembrando semillitas" en 14 comunidades autónomas. A partir del inicio del próximo curso escolar, prometen difundir los recursos desarrollados y adoptar el rol de "escuela de la democracia".

El Consejo de Juventud y la Celebración de 50 años de España en Libertad han expresado ser conscientes de la importancia de los medios de comunicación para lograr que su campaña sea efectiva, por lo que se han dirigido a los principales actores del panorama mediático para solicitar colaboración: "Os necesitamos para consolidar un canal estable de diálogo que contribuya a enriquecer el tratamiento informativo sobre juventud y democracia en los próximos meses".

Los Carnavales de Cádiz (COAC) pueden parecer, a simple vista, un folclore más, apolítico y amable. No obstante, tras siglos de censura y persecución, el evento se ha convertido en el altavoz de la lucha obrera andaluza. Son el resultado de la organización de un espacio combativo, dedicado a la denuncia social, donde la ira provocada por las injusticias se canaliza a través de una de las especialidades andaluzas: hacer reír y saber reírse de uno mismo.

A través de la ironía, el ingenio del disfraz y la composición de atrevidos versos, las agrupaciones carnavalescas muestran tanto lo cruda como ridícula que es la realidad en la que vive España. Una de las formas más divertidas, aunque también elegantes, de poner en jaque al poder.

Los COAC de 2026 han convertido el Teatro Falla en un escaparate para evidenciar cuestiones de talla estatal. Han defendido el feminismo, reivindicado el derecho a la vivienda y exigido un mejor futuro para los jóvenes. Los líderes políticos tampoco han quedado al margen del escarnio humorístico. Un ejemplo especialmente sonado fue la respuesta de la comparsa 'El Patriota', caracterizada como Blas Infante, a unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo del pasado diciembre, cuando afirmó que "los andaluces no saben contar". Los gaditanos le retaron a encontrar siete diferencias entre lo público y lo privado y a contar cuatro pilares que, según denunciaron, el PP está destruyendo: "Educación, empleo, sanidad y dependencia".

Naturalmente, los gaditanos barren para casa, por lo que hacen especial hincapié en problemáticas que afectan concretamente a la población andaluza. En esta edición, la sátira dirigida a Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido una de las más recurrentes, especialmente a raíz de las negligencias en los cribados del cáncer de mama.

Asimismo, el escándalo del obispo de Cádiz y Ceuta, acusado de pederastia, ha provocado que múltiples actuaciones arremetan furiosamente contra la institución de la Iglesia. El bullying también ha sido una problemática especialmente denunciada este año, debido al reciente fallecimiento de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida a causa del acoso escolar que sufría.

Entre los gags más recurrentes, han sido frecuentes los chistes relacionados con el mal tiempo al que se ha enfrentado Andalucía. Por ejemplo, la chirigota 'Los Robins' cantó en semifinales unos versos en gallego por lo que "choveu" —ha llovido— en los últimos días, sufriendo un clima más similar al de la comunidad del noroeste que al andaluz.

La presentadora de televisión Sonsoles Onega también ha tenido que recibir los dardos de este humor a raíz del error que cometió en su programa de Antena 3, al confundir una carretera inundada por las intensas precipitaciones con la Bahía de Cádiz. La comparsa 'El jovencito Frankenstein' dedicó un cuplé entero al error de la periodista en semifinales, contraatacando a la ofensa mediante la burla: "Dice que ha sido una tragedia y que animales han perdido la vida, y lo que ha perdido su familia con ella ha sido una paguita".

La sátira por excelencia fue otorgada a Madrid y a su propuesta Madrilucía. Una cuestión que da mucho coraje a los andaluces pero que, además, pone en evidencia una realidad innegable: la apropiación cultural. La comparsa 'OBDC! Me quedo contigo' hizo, en cuartos de final, una dura crítica a la mercantilización de la identidad andaluza a través de un pasodoble. "Se anunció Madrilucía, una feria de Sevilla sin acento de podredumbre", cantaron con un fingido acento neutro, mientras acusaban a los madrileños de hacer "como el señorito hacía". Y sentenciaron: "Nos silencian, nos sacuden. Nuestra cultura y tradición de Andalucía para poder saquearla, sin andaluces".

Los COAC de 2026 han dedicado una enorme parte de sus letras a la reivindicación de la mujer, tanto para poner en valor su papel como para sumarse a la defensa del derecho al aborto y a la lucha contra la violencia de género y sexual. "Porque el hombre que soy hoy se lo debe todo a una mujer", explicó la chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)' en un pasodoble.

De lo más destacado, el desgarrador pasodoble que la comparsa 'Los Locos' llevó a cuartos de final. Cuenta la "doble violación" que sufre el personaje de María, como tantas otras mujeres, durante una fatídica noche. La joven volvía de fiesta a su casa, "con un dolor en el alma y un nudo en el pecho", cuando su padre le preguntó qué le había ocurrido. Ella, "con pudor, le cuenta que por sus caderas un cabrón se le arrojó sin compasión, como una fiera". A lo que el padre respondió con la misma poca compasión, iracundo: "Yo sabía que esto algún día te pasaría, no se puede ir siempre como una golfa así vestida". El hombre explicó que "feminismo y tonterías no hacen bien a la mujer".

La historia termina con María dirigiéndose a su cama, destrozada, sin estar segura de qué había ocurrido. Aquella noche, "dos hombres su alma arrancaron, se repite el dolor pero nadie ahora la ha tocado". 'Los locos' culminan la actuación sentenciando, furiosamente, que a la joven, al volver a casa, "otra vez la han violado".

La comparsa 'OBDC! Me quedo contigo' es otra de las agrupaciones que ha aprovechado el escenario para defender a las mujeres. En esta ocasión, volvió a traer a colación las ya archivadas denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes acusaron al cantante de violencia sexual. Los gaditanos señalaron que el artista cuenta "a su favor con el juez, la prensa y los medios".

El pasodoble termina con una firme denuncia: "Como Plácido Domingo, Julio Iglesias, la Manada, en este siglo es impune a la coartada de comprar a una mujer como una esclava".

Los roles se han alterado. En los Carnavales de Cádiz, la Iglesia se convirtió en víctima y el pueblo en verdugo.

La chirigota 'Los que la tienen de mármol', donde muertos en sus nichos cantan "que la vida es un teatro y tú tienes el guion", interpretaron un pasodoble como si fuera un rezo al 'Padre Nuestro'. A través de la oración, denunciaron los casos de pederastia en el clero. Así, contaron a Dios que "un siervo tuyo de este Reino se saltó tus mandamientos, mientras me robó la infancia". Hablaron del tormento que supone y las secuelas que los abusos dejan de por vida: "50 años han pasado y no hay día que no sienta por mi cuerpo esas manos pecadoras que en la tentación cayeron".

Los difuntos culminaron la actuación sentenciando que la infancia y la vida no "la devuelve un Dios ni un padrenuestro".

Entre las críticas al poder eclesiástico, también resultó destacable la comparsa femenina 'La Camorra'. Representaron al clero sobre las tablas, mientras cantaban una melodía con ecos de tarantela, en clara alusión a las mafias italianas. "Un lobby que tú pagas aunque no creas en nada", definieron las artistas a la Iglesia; o, como la vidriera del templo del decorado la denominó, la "Iglesia S.A."

En las semifinales, acusaron al clero de hacer "pervivir el franquismo con aromas del incienso", así como de, en nombre de Dios, haber "matado a cientos de miles republicanos". También aludieron al robo de bebés y a la codicia de bienes ajenos, señalando el uso de dinero público, la apropiación de espacios de culto y la posesión de miles de terrenos.

Los recortes sanitarios en Andalucía bajo la gestión de Juanma Moreno Bonilla, han provocado que el presidente de la Junta se convierta en el blanco del Teatro Falla. "La Sanidad en mi tierra nos la tomamos a pecho", advirtió la chirigota 'Ssshhhhh!', ganadora de esta edición. Durante la semifinal, los saeteros se dirigieron a Trump para corregir que no tendría que haber secuestrado a Maduro, sino al dirigente andaluz, quien mientras ha dejado "a las mujeres andaluzas olvidadas en una lista de espera, él se marca un blackface de Baltasar echando balones afuera".

"Con lo de los cribados, lo que hace literalmente es escurrir el bulto", añadieron. Y culminaron el pasodoble dirigiéndose a Moreno Bonilla de manera clara: "Y venga AMAMA y venga AMAMA, esta palabra tú estarás harto de escucharla, pues aplícatelo ya. ¡Y te vas pronto AMAMArla! ".

Y ha sido precisamente la crítica contundente de la comparsa ganadora, ‘DSAS3’, a la gestión de la Junta del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la que ha puesto el broche de oro a los COAC 2026, pasadas las seis de la mañana. Llamaron al presidente de la Junta "hijo bastardo de Andalucía", quien "le ha robado la salud al pobre, cambiando el oro por cobre, enriqueciéndose con su agonía".

Los últimos minutos del certamen, iniciado desde el 11 de enero, fueron protagonizados por el fin del popurrí de la comparsa, un canto de agradecimiento por poder vivir la vida... "¡Con salud!"

Un año más, el Carnaval de Cádiz ha demostrado que el arte nunca dejará de ser un acto político.

Este sábado han aparecido pintadas en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena, que amenazan de muerte a la periodista y analista política Sarah Santaolalla. Así lo ha denunciado Diario Sabemos, que ha publicado en la red social X una imagen del vandalismo: en letras rojas puede leerse "Sara Santaolalla RIP", a la derecha de la placa conmemorativa de las Trece Rosas.

La propia afectada se ha pronunciado en redes sociales, denunciando que lo ocurrido "no es casualidad" y que siente "auténtico terror".

Las Trece Rosas fueron trece jóvenes militantes comunistas, encarceladas en la prisión de Ventas en Madrid y fusiladas por el régimen franquista en 1939. Son recordadas y homenajeadas como un símbolo de resistencia frente a la opresión. Santaolalla las describe como "mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y negarse a doblegarse", y por ello no considera una coincidencia que la amenaza a su integridad haya ocurrido en la tumba de las trece combatientes.

El PSOE de Madrid también se ha pronunciado en la red social X, para mostrar su apoyo a la comunicadora y lamentar que haya personas en España que no toleren que "las mujeres sean libres para expresar su opinión sin miedo a ser señaladas".

Esta intimidación contra la analista no es un caso aislado, sino que se enmarca en una oleada de ataques de odio que viene sufriendo. El último episodio de esta campaña machista se registró este viernes, cuando Santaolalla denunció que el influencer de ultraderecha Vito Quiles la había seguido en un Mercedes hasta la puerta de su domicilio.

Santaolalla publicó lo ocurrido en redes sociales y narró los hechos en el programa de televisión Malas Lenguas, además de informar que ya había acudido a comisaría a denunciar el acoso del agitador de ultraderecha.

El pasado jueves, Sarah Santaolalla también sufrió un ataque machista por parte de Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, durante un enfrentamiento en el programa de Cuatro En boca de todos. La diputada madrileña arremetió contra la tertuliana, criticando las fotos que publica en redes sociales. “Enseñando los cocos con el escote hasta aquí”, especificó Vigil para ridiculizar a su interlocutora.

Tras finalizar el choque, Santaolalla denunció como intolerable el uso de su "forma de vestir para atacarme y mi físico para humillarme" y añadió que esperaba "la condena de su partido". Nacho Abad, el mediador del programa, dio la oportunidad a Elisa Vigil de rectificar, aunque la diputada se negó en rotundo y el PP no se ha pronunciado al respecto.

En un golpe que ha conmocionado a la comunidad internacional, Estados Unidos lanzó este sábado una serie de ataques militares contra Venezuela que culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La detención del líder venezolano no solo ha abierto un debate sobre la legalidad de la operación —al no contar con la aprobación del Congreso estadounidense ni ajustarse al derecho internacional—, sino que ha dejado al descubierto un escenario lleno de incógnitas políticas. Mientras Donald Trump asegura que Washington “se hará cargo” del gobierno venezolano hasta una transición “apropiada”, siguen sin aclararse multitud de cuestiones clave.

A continuación, hacemos un repaso a las incógnitas que se han planteado en torno al golpe de Estado y sobre las que todavía no hay respuesta.

Aún no existen explicaciones concluyentes sobre cómo las fuerzas estadounidenses lograron capturar a Nicolás Maduro en su residencia. Durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Mar -A-Lago (Florida), el presidente Donald Trump reveló algunos detalles clave sobre la llamada operación Resolución Absoluta, aunque apenas ofreció información específica sobre el momento del secuestro.

"Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", afirmó Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU. Según explicó, los servicios de inteligencia trabajaron durante semanas para localizar a Maduro y conocer minuciosamente sus rutinas: “Lo que comía, cómo se vestía e, incluso, cuáles eran sus mascotas”.

Las fuerzas estadounidenses estaban listas desde Navidad y aguardaban únicamente el momento adecuado para asegurar la "sorpresa táctica".

Cuando Trump dio finalmente luz verde a la operación, unas 150 aeronaves despegaron desde una veintena de bases terrestres y navales en el hemisferio occidental, acompañadas por aviones de apoyo y drones operados de forma remota. Su misión principal consistía en neutralizar los sistemas de defensa venezolanos y permitir el avance de los helicópteros hacia el objetivo: Nicolás Maduro.

Las tropas estadounidenses habrían llegado al lugar donde se encontraba el mandatario a las 2:01 de la madrugada (hora de Caracas) y ejecutaron la captura con “velocidad, precisión y disciplina”. Caine atribuyó la eficacia del operativo a los entrenamientos previos de la Fuerza Delta, que habían ensayado la incursión en una réplica exacta de la residencia de los venezolanos.

Sobre la extracción de la pareja venezolana, apenas se han difundido detalles. Trump aseguró que fueron retirados del lugar “en cuestión de segundos” y que el líder venezolano intentó sin éxito refugiarse en una habitación segura. Según la versión oficial estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores sencillamente "se rindieron". Sin embargo, durante años se ha dicho que Miraflores era un palacio con niveles de seguridad extraordinarios y el propio Donald Trump habló de que la operación se llevó a cabo en una "fortaleza militar". ¿Cómo fue posible el acceso? ¿Cómo se impidió que el matrimonio presidencial llegara a la zona de seguridad? ¿Cómo se pudo neutralizar a toda la escolta del presidente venezolano? Son preguntas a las que no se ha dado respuesta.

Durante las primeras horas posteriores a los ataques de EEUU, se desconocía por completo el paradero de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Cuatro fuentes vinculadas al entorno gubernamental aseguraron a la agencia Reuters que se encontraba en Moscú, lo que alimentó rumores de una posible fuga.

Sin embargo, Rodríguez reapareció este sábado en Caracas para encabezar una reunión de emergencia del Consejo de Defensa y ofrecer una rueda de prensa. Allí anunció la activación de un decreto de “conmoción externa”, sin detallar las medidas que implica, y aprovechó para negar tajantemente haber abandonado Venezuela rumbo a Rusia.

Durante su intervención, Rodríguez acusó a Estados Unidos de “violar flagrantemente los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas”, pese a que Nicolás Maduro “había tendido la mano al pueblo estadounidense para establecer canales de comunicación diplomáticos, políticos e institucionales, basados en el respeto a la legalidad internacional”.

No obstante, desde Florida, Donald Trump sostuvo en su propia rueda de prensa que Delcy Rodríguez se había puesto a disposición de la Casa Blanca. Al ser consultado sobre quién administraría Venezuela, el presidente afirmó que la vicepresidenta chavista había mantenido una larga conversación con Marco Rubio, durante la cual había expresado que haría lo posible “hacer lo posible para que Venezuela vuelva a ser grande”. Aunque "no le queda otra opción", apuntó Trump.

Horas después, Rodríguez realizó una segunda aparición pública para desmentir esa versión y reafirmar una posición de confrontación. “Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, dijo, antes de subrayar que el país es “un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie: ni de antiguos imperios, ni de nuevos, ni de imperios en decadencia”.

Por ahora, la verdadera posición política de Rodríguez frente a Washington permanece tan incierta como su paradero durante la mañana de este sábado.

No solo Delcy Rodríguez ha ofrecido versiones contradictorias: Donald Trump también brindó declaraciones opuestas respecto a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana.

A pesar de que Machado ha mostrado un claro apoyo a Estados Unidos y emitió un comunicado celebrando el triunfo de la intervención militar, Trump aclaró que no contará con ella. Al ser preguntado si había estado en contacto con la venezolana, respondió que no, y descartó que pudiera asumir el gobierno de Venezuela: "Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario"

En cambio, apenas unas horas antes había sido preguntado por Fox News si apoyaría a Machado para asumir el poder, y había respondido que tendrían que “analizarlo”.

Tras estallar la noticia sobre la intervención militar de Estados Unidos, The New York Times publicó una editorial en la que evidenciaba que "Trump aún no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela"

Por su parte, la fiscal estadounidense Pam Bondi indicó en sus redes sociales este sábado que "Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

Sin embargo, la captura y el traslado por la fuerza del presidente de un país constituye una vulneración del principio de prohibición de intervención militar —salvo en casos de autodefensa o con autorización expresa del Consejo de Seguridad— que regula la Carta de las Naciones Unidas. A ello se suma que Trump declaró que Estados Unidos estará “a cargo” de Venezuela mientras se evalúa un cambio de poder en el país, una afirmación que choca con los principios básicos del derecho internacional, que consagran la libre determinación de los pueblos.

Trump ha actuado de manera unilateral, sin contar con el Congreso de Estados Unidos ni con la legalidad internacional, justificando los medios en la amenaza que el contrabando de drogas suponía para su país.

Durante la rueda de prensa en Florida, también destacó el aspecto más controvertido de la operación: el petróleo. El presidente no dedicó tiempo a desmentir que los recursos energéticos fueran uno de sus primordiales intereses: “La industria petrolera venezolana fue creada por Estados Unidos y el régimen nos la robó. Es el robo más grande de nuestra historia. Nunca hicimos nada; nos la robaron como a un bebé. Yo hubiera hecho algo”, declaró durante la conferencia. Asimismo, prometió que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela para "gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país".

“Durante un periodo de tiempo, las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela”, declaró Donald Trump, en referencia al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; y el director de la CIA, John Ratcliffe. Así lo ha decidido el mandatario estadounidense hasta que, según sus palabras, se produzca una “transición apropiada”.

Según la Real Academia Española, “transición” es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, lo que implica un cambio, una mudanza o una transformación. Por otra parte, “apropiada” alude a aquello que es ajustado, conveniente o conforme a determinadas condiciones o necesidades.

Por el momento, Trump tampoco ha resuelto hacia qué nuevo “modo de ser” pretende conducir a Venezuela y conforme a las necesidades de quién se define su transición “apropiada”.

Siga la última hora del ataque de EEUU sobre Venezuela

Es probable que muchos de los estudiantes que han vuelto a casa por Navidad, a la vuelta a su lugar de estudios se enfrente, de nuevo, a la búsqueda de casa. No es un trámite sencillo. En un contexto en el que el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos —2.605 €/m2 en compraventa de vivienda usada durante noviembre de 2025, según Idealista— y que, de acuerdo con el último Eurobarómetro, es la principal preocupación del 36% de los españoles, los jóvenes se han convertido en el blanco de una nueva generación de estafas inmobiliarias.

El auge del negocio de la vivienda online, a través de plataformas como Idealista, MilAnuncios o Fotocasa, ha facilitado el trabajo de los defraudadores. "Los delincuentes llevan años intentando cometer estafas en el mercado inmobiliario y con la llegada de Internet han trasladado su foco desde los clasificados en papel a los portales inmobiliarios", explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

El proceso para efectuar la estafa es ahora muy sencillo: basta con publicar un anuncio en Internet, introducir algunos datos personales -reales o ficticios, es indiferente- y fijar un precio atractivo para el alquiler del inmueble. 

“Tomé todas las precauciones posibles, y aún así caí en la trampa”, lamenta Iván Durán, un estudiante gallego que decidió mudarse a Madrid para cursar un máster de profesorado: “Me aseguré de que el pago fuera por transferencia, de tener el DNI del propietario y un contrato”, asegura.

Tras mes y medio desempeñando una "búsqueda activa" en plataformas online, encontró el inmueble de un tal Enrique López (nombre falso elegido por el estafador) cuando solo “llevaba un minuto publicado”. El piso respondía a las necesidades y a la capacidad económica del estudiante, por lo que decidió apostar por él. “Le conté mi situación a Enrique. Como estudiante que soy, no puedo permitirme gastar casi 100 € en viajar a Madrid para ver un piso que van a visitar otras personas también”. Durán necesitaba la garantía de que la vivienda sería suya, por lo que acordó con el supuesto propietario pagar una reserva de 660 euros. Tras pagar la cuantía, cerraron que el joven acudiría a Madrid para formalizar el contrato. 

“Me dijo que podía quedarme a dormir en el piso después de firmar, sin cobrarme la noche, para que el viaje no se me hiciera tan cansado”, recuerda. La oferta, junto a las largas conversaciones que Durán asegura que mantuvo con el supuesto casero, le llevaron a bajar la guardia:  “Me inspiró tanta confianza que no pude pensar que era una estafa”. 

A lo que, por desgracia, Idealista responde que, "si es demasiado bonito para ser real, posiblemente sea un intento de estafa".

Y efectivamente así terminó el relato del universitario: todo fue un engaño. El piso jamás existió y el supuesto propietario tampoco se llamaba Enrique López. El estafador había utilizado la identidad de un trabajador del BBVA, el verdadero López: “No sé cómo conocía a esta persona, pero la conocía muy bien, porque su DNI y todos sus datos eran reales”. Aquello no fue solo una estafa, sino también un delito de suplantación de identidad.

Iván Durán perdió más de 600 euros y el lugar donde dormir aquella noche en Madrid. Pero, sobre todo, vio desvanecerse la tranquilidad de saber que tendría un techo cuando comenzara su máster.

La urgencia por encontrar piso, la inexperiencia y precariedad convierten a los universitarios en evidentes objetivos de los estafadores. “Nos sentimos desprotegidas", denuncia Lucía Utrera, gaditana y estudiante de la Universidad de Córdoba. 

Junto a sus compañeras de piso, concretó varias visitas con un supuesto agente inmobiliario llamado Bernardo (nombre falso con el que se identificaba el estafador). Tras recorrer tres viviendas, se quedaron con la última: “Nos gustó mucho y Bernardo insistió en que teníamos que reservarlo ya, que si no volaba”, recuerda Lucía. Pidió 460 euros a cada una de las tres jóvenes, en concepto de reserva y fianza: “Pagamos en el momento, hicimos un recibo que él mismo firmó y tomamos una foto de su DNI. No teníamos ninguna sospecha”.

El día fijado para entregar las llaves y firmar el contrato, Lucía recibió una llamada de Bernardo: “Nos dijo que no podíamos entrar, que el piso había sido alquilado por otra persona”. En la acera, rodeada de maletas, entendió que habían sido engañadas.

Al día siguiente, acudieron a comisaría. Para sorpresa de las universitarias Bernardo ya tenía al menos cuatro denuncias de otros estudiantes por hacer lo mismo, según les contaron los agentes. Cuando la historia parecía que no podía dar un nuevo giro, descubrieron que "la propietaria llevaba meses sin trabajar con Bernardo, ni siquiera estaba al tanto de que habían alquilado su piso”. 

El portavoz de Idealista defiende que la plataforma cuenta "con las últimas tecnologías y un gran equipo humano especializado en la detección de los intentos de fraude, 24 horas al día los 365 días del año". El objetivo es conseguir que la vida útil de tales anuncios no supere los pocos minutos, por lo que también resultan "muy útiles" los procesos de escucha de redes sociales y los avisos de los usuarios ante cualquiera anomalía.

No obstante, la experiencia ha demostrado que el sistema de Idealista falla. Para comprobarlo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) creó el pasado septiembre un anuncio de vivienda falso con una identidad inventada: indicó una dirección real para el inmueble falso, pero con características ficticias y fotos de otra vivienda. Ninguno de los 8 portales analizados, entre ellos Idealista, detectaron el fraude ni lo bloquearon.

Los universitarios no sólo se enfrentan a las estafas en las plataformas inmobiliarias. Algunos tienen que hacerlo también ante las intimidaciones de sus caseros. infoLibre recopila algunos testimonio de jóvenes que se han visto en esta situación. A menudo, multipropietarios que juegan al Monopoly: retuercen las cláusulas de los contratos, las interpretan a su antojo o incluso incurren en modificaciones ilegales que la Ley de Vivienda actual no contempla. 

Así lo sufrieron tres estudiantes extremeños, quienes habían conseguido hacer del barrio sevillano de Triana su hogar: “Vivíamos en un piso que le faltaban muchas cosas, pero estaba a muy buen precio”. El alquiler, 700 euros con comunidad y agua incluidos, les había permitido mantenerse con cierta estabilidad en una ciudad donde los precios no dejan de aumentar.

“No os lo vais a creer, nos acaban de subir el alquiler a 120 euros más a cada uno”, escribió Andrea Santos,  en el grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas de la universidad. Se encontraba completamente desbordada por la situación. El nuevo precio sería de 1.050 € al mes y, además, les exigían un contrato de 12 meses en lugar de las 11 mensualidades que ya habían firmado.

¿Lo peor? Fueron informados con solo 10 días de antelación, sin margen de reacción.

Los propietarios justificaron la subida de precio asegurando que Triana “se había revalorizado” y que, tras consultar con inmobiliarias, habían decidido aumentar el precio del alquiler. No mentían en cuanto a la tendencia: el Índice de la plataforma de alquiler online Spotahome sobre la Evolución de Precios en Ciudades Europeas ha revelado que el precio medio de arrendamiento de los barrios sevillanos de Triana (1.330 euros), Nervión (1.580 euros)  y Los Remedios (1.500 euros) ha superado el del famoso barrio de Montmartre en París, que se sitúa en los 1.300 euros.

Sin embargo, el contrato que regulaba el arrendamiento a los extremeños también contradecía la lógica de los caseros, pues especificaba que su vigencia era de “hasta cinco años”. 

La abogada a la que acudieron los estudiantes para comprobar la legalidad de la polémica, Eugenia Ruiz Cuenca, explicó con firmeza: “Los contratos hay que cumplirlos, y este no queda más remedio que respetarlo y ejecutarlo fielmente hasta su término, en cinco años". 

Según especifica el acuerdo legal que firmaron ambas partes, los propietarios no pueden modificar las condiciones ni subir el alquiler fuera de lo que marca el documento y el Índice de Precios al Consumo (IPC). “No se puede especular con un contrato de cinco años. Si el mercado bajase, los caseros seguirían cobrando lo mismo, así que esto funciona en ambas direcciones”, señala la letrada.

También recuerda que el precio sólo puede actualizarse si el arrendador lo comunica por escrito cada año, y que esta actualización no tiene efecto retroactivo: “En este caso, el contrato sigue vigente y solo podría incrementarse conforme al IPC. En junio, el IPC de alquiler fue de 2,3%. No puede subir más”.

Sin embargo, las cifras legales no lograron aliviar la angustia de Andrea Santos: “Es que no sé qué puedo hacer”. A sus 22 años, la idea de enfrentarse a un conflicto legal con sus caseros o de quedarse sin vivienda era “muy angustiosa".

La falta de controles efectivos sobre las inmobiliarias y la escasa supervisión de los contratos de alquiler han normalizado prácticas abusivas que rara vez se sancionan. Las infracciones no se revisan y se terminan asumiendo como parte del sistema: "Me ignoraron y no había nada que hacer al respecto", asegura Guillermo (nombre ficticio para proteger su identidad), quien alquiló una pequeña habitación en el municipio madrileño de Getafe a través de una inmobiliaria. Esta sensación de impunidad alimenta que algunas empresas actúen con total libertad.

“Desde el inicio de mi contrato dejé claro que quería alojarme en el piso hasta junio”, asegura el universitario. Su contrato, vigente de septiembre a agosto, exigía avisar con un mes de antelación si quería marcharse. Guillermo cumplió con esta condición.

El entrevistado ha demostrado, mediante su historial de llamadas y mensajes de WhatsApp, que avisó repetidas veces —y dentro del plazo— sobre su intención de marcharse en junio: "Me dijeron que no había problema”. Sin embargo, la empresa le comunicó posteriormente que no le devolvería la fianza (500 €) por un supuesto “retraso en el preaviso”. Guillermo insistió en que revisaran las llamadas y conversaciones de WhatsApp, pero, según afirma, respondieron que “no tenían constancia de ello”.

“A mí me han hecho esto porque saben que no habrá consecuencias. Pero yo necesitaba esos 500 euros para la fianza de mi próxima vivienda. ¿Ahora cómo los recupero?”, se lamenta Guillermo. El universitario asegura que este contratiempo le ha generado serias dificultades para afrontar el pago de su nuevo alquiler, hasta el punto de haber tenido que “vaciar sus ahorros” para poder instalarse.

Los agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín (León) han alcanzado un acuerdo que parece poner fin al conflicto generado por un error en la venta de participaciones. En apenas cuatro días, la localidad leonesa de 100 habitantes ha pasado de la celebración a la división, tras conocer que la Comisión de Fiestas vendió 50 papeletas de más sin respaldo en décimos. El fallo ha provocado un descuadre de cuatro millones de euros sobre un premio total de 32 millones, que hasta el momento ha impedido la entrega de la cuantía del Gordo a todos los que adquirieron la cifra ganadora.

La Comisión de Fiestas, integrada por jóvenes del municipio y no registrada como sociedad, vendió un total de 450 participaciones a 5€ cada una. De esa cantidad, 4€ se destinaban al sorteo y el euro restante a la financiación de las fiestas patronales. Todo parecía en orden hasta que, en el momento del recuento —según han confirmado los propios organizadores—, un talonario con 50 papeletas quedó olvidado en un domicilio y no fue incluido en la consignación realizada a la administración de lotería. El desajuste provocó que tales participaciones fueran consideradas “de más” y quedaran, por tanto, sin respaldo en décimos. Los responsables insisten en que jamás existió la intención de vender papeletas sin cobertura.

Con tanto dinero en juego, este viernes se convocó una reunión urgente en el Hogar del Pensionista de Villamanín, a la que asistió un representante por cada poseedor de participaciones. El encuentro se prolongó hasta cuatro horas y se celebró a puerta cerrada, marcado por momentos de reproche y escenas de ansiedad en el exterior del edificio.

Al final de la extensa reunión, se alcanzó un acuerdo de reparto que algunos asistentes califican de “frágil”. La propuesta incluye detraer el 10% del premio de cada participación, que alcanza los 80.000 euros, con el objetivo de que todos los que adquirieron participaciones puedan cobrar.

Cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio con este rebaja —a partir del 22 de marzo como fecha límite— la Comisión de Fiestas pondrá a disposición del resto de los ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

La solución no ha sido respaldada por todos los presentes, ya que incluso poniendo a disposición estos premios solo se cubrirían dos de los cuatro millones en premios vendidos en participaciones, por lo que los ganadores tendrían que asumir finalmente una reducción de los premios ganados en la Lotería, cuya cantidad final podría rondar los 2.400 €.

Los 15 jóvenes que constituyen la Comisión de Fiestas de Villamanín trabajan de manera voluntaria para animar la vida de esta localidad leonesa, de apenas 100 habitantes. Sin embargo, un día después de Navidad, se han visto rechazados por parte de su propio pueblo y acusados de estafadores.

Algunos vecinos sospechan que los jóvenes habrían intentado quedarse con los 250 € que los jugadores habían pagado por participaciones, pues no habrían podido imaginar que el número vendido resultara premiado con el Gordo.

“Esta noche hemos perdido amigos”, confesaba uno de los responsables a El País. Durante la reunión con los vecinos se escucharon gritos y varios de los jóvenes sufrieron crisis de ansiedad, incluso algunos llegando a vomitar ante la tensión de la polémica.

Los más críticos dicen que no se fían de la información que ha facilitado la comisión sobre los premios que cada uno de ellos ha ganado, por lo que han anunciado que presentarán una denuncia si no cobran la totalidad del premio que jugaban.

Por otra parte, otros se mostraban más empáticos al reconocer que "son chavales que han cometido un error sin ninguna mala intención" y han recordado que han puesto a disposición del resto de ganadores el décimo de la propia comisión y sus participaciones personales. "Más no pueden hacer", aseguran en declaraciones a EFE.

En un comunicado oficial, la Comisión de Fiestas pidió disculpas públicas y negó cualquier intención fraudulenta. “Jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa”, aseguraron, al tiempo que reconocieron “las graves consecuencias” del mal conteo de papeletas.

“Solo podemos decir que los voluntarios, casi todos jóvenes del pueblo, hemos pedido ayuda al pueblo en esta reunión y estamos emocionados por la respuesta. La mayoría de los asistentes nos ha entendido e incluso mostrado su apoyo”, añadieron.

Cada 22 de diciembre, España se detiene frente al televisor. El bombo gira con su estridente aunque familiar tintineo de bolas, mientras los niños de San Ildefonso cantan números largos y millones de personas revisan sus décimos, esperando que algún cántico les conceda el milagro de la Navidad. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no es solo un sorteo, es un ritual colectivo que apela a la esperanza de un cambio de vida.

Sin embargo, este juego propone tanto ganadores seguros como perdedores casi garantizados. Mientras la mayoría de los jugadores recupera poco o nada de lo invertido, El Estado, las administraciones de lotería, las entidades bancarias y la industria televisiva y publicitaria no compiten con el azar.

El resultado del sorteo es secundario. Pase lo que pase, ellos siempre ganan El Gordo.

La Lotería de Navidad de este 2025 juega con un total de 198 series, cinco más que el año anterior. Cada una está compuesta por 100.000 números, lo que eleva a 198 millones la cifra de décimos puestos a la venta. Si dicha cantidad de boletos se vendieran en su totalidad, el Estado alcanzaría una recaudación bruta de 3.960 millones de euros.

De esa cantidad, el 70% se destina a premios, lo que supone que este lunes se reparten 2.772 millones de euros. El 30% restante queda en manos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cuyo margen se reparte entre costes de producción, distribución y gestión, así como otros gastos operativos. No obstante, su finalidad principal es el refuerzo de las arcas públicas.

SELAE es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda. Su propietario es el propio Estado y, por ende, la ciudadanía. Teniendo en cuenta que se trata de una de las empresas más lucrativas de España (con un beneficio neto de 2.437 millones de euros en 2024 según sus cuentas públicas) su papel como fuente de ingresos para el Estado resulta clave. Solo este año pasado, la compañía abonó 812 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades y transfirió al Tesoro Público 2.275 millones de euros.

Tal aportación se traduce en un plus en la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones o las políticas de empleo.

Aunque estos resultados proceden del conjunto de sorteos que gestiona la entidad, el Sorteo Extraordinario de Navidad mueve por sí solo más dinero que las ventas combinadas de Euromillones, Lotería Primitiva y Bonoloto.

A esta recaudación hay que sumar la retención de Hacienda, que grava con un 20% la parte del premio que supere los 40.000 euros. En la práctica, esto se traduce en una retención de 72.000 euros por cada décimo premiado con El Gordo, 17.000 euros por cada segundo premio y 2.000 por cada tercer premio. 

De este modo, el verdadero impacto del 22 de diciembre se produce en la economía pública. La tradición nacional se convierte en un mecanismo indirecto de recaudación mediante el cual millones de personas aportan voluntariamente recursos al Estado, sin que ello se perciba como una carga fiscal adicional.

Los loteros son la pieza clave en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, la magnitud del concurso no les asegura la mejor rentabilidad, puesto que no perciben ningún porcentaje adicional por la venta de los grandes premios.

Sus ingresos proceden de una comisión fija por venta, en concreto el 4,5% del precio de cada décimo, lo que equivale a 0,90 euros por boleto. No hay excepciones ni existe ninguna bonificación ligada al importe del premio.

Sin embargo, sí se permite una remuneración adicional en la gestión del pago de los premios. Los establecimientos cobran una comisión por abonar los décimos premiados, fijada en un 2,5% cuando el importe anual pagado en premios no alcanza los 200.000 euros. A partir de esa cifra, la comisión se reduce al 1,25%. 

Más allá de los ingresos directos, que un premio importante recaiga en una administración suele traducirse en un beneficio intangible: visibilidad y reputación. La notoriedad asociada a haber vendido un gordo actúa como reclamo y suele provocar que aumente la afluencia de clientes en los años posteriores. El azar se convierte en una forma de publicidad difícil de cuantificar, pero su impacto puede generar fenómenos como el de Doña Manolita en Madrid, con estimaciones de venta cerca de 70 millones de boletos (según Business Insider España), que equivale a ganar 157 premios de El Gordo.

Entre los beneficios mencionados, la Lotería de Navidad también se convierte en un puente entre entidades bancarias y segmentos de clientes de alto valor. Aunque los bancos no obtienen ingresos directos por el pago de los premios de la Lotería de Navidad, el sorteo sí genera beneficios indirectos relevantes.

Los premios superiores a 2.000 euros solo pueden cobrarse en bancos autorizados por Loterías y Apuestas del Estado, como BBVA o CaixaBank. En muchos casos, el premiado no era cliente del banco previamente, de modo que el cobro del décimo se convierte en una oportunidad de captación de nuevos clientes.

Una vez ingresado el premio, el dinero suele permanecer durante un tiempo en el sistema bancario. Esa liquidez adicional refuerza el balance de la entidad y puede ser utilizada para concesiones de créditos o inversiones.

Además, tras el cobro del premio, las entidades suelen ofrecer servicios de asesoramiento financiero, como cuentas de ahorro, depósitos, fondos de inversión o productos de banca privada. Una parte de los ganadores acepta este acompañamiento, lo que se traduce en ingresos a medio y largo plazo a través de comisiones de gestión o inversión.

Este sorteo no es solo una cita con la suerte, sino uno de los mayores acontecimientos mediáticos del año en España. La retransmisión en directo, liderada por RTVE y seguida también por otras cadenas, se sitúa año tras año entre los programas más vistos de la temporada. En 2024, el sorteo congregó a más de 8 millones de espectadores, según datos de Kantar Media, monopolizando la atención televisiva durante toda la mañana.

Esta audiencia masiva convierte el espacio en un escaparate publicitario privilegiado, que permite a las cadenas vender los bloques de anuncios a precios superiores a los habituales. Según estimaciones de Infoadex, la inversión en publicidad relacionada con la Lotería de Navidad puede superar los 20 millones de euros cada año solo en medios tradicionales.

No solo eso, el fenómeno del Sorteo de Navidad ha sido aprovechado para la construcción de relatos memorables. Desde hace más de una década, su anuncio oficial se ha consolidado como uno de los acontecimientos publicitarios más esperados del año, hasta el punto de marcar simbólicamente el inicio de la Navidad en España. Anuncios como Carmina (2016, sobre una maestra jubilada que cree haber ganado el décimo), El bar de Antonio (2014, cuyo lema fue "El mayor premio es compartirlo") y Justino (el primer spot de animación de la Lotería de Navidad) han provocado lágrimas en más de un telespectador y han revolucionado el imaginario español sobre la Navidad.

Ninguno de los beneficios que genera este fenómeno sería posible sin los jugadores, el verdadera actor imprescindible de este esquema. Aunque, paradójicamente, rara vez gana un premio.

Según las predicciones de consignación publicados por Loterías y Apuestas del Estado para 2025, cada español habría gastado de media 76,08 euros en el Sorteo de Navidad, 2,2 euros más que el año anterior.

Las razones de este desembolso van mucho más allá de la mera expectativa matemática de ganar. Con unas probabilidades tan bajas (1 entre 100.000 de acertar El Gordo), no tendría sentido que la expectativa se centrara únicamente en el premio. Realmente, la Lotería de Navidad se ha convertido en una narrativa relacionada con la superstición, el costumbrismo y la oportunidad de compartir la ilusión con los seres queridos.

Pero, ¿es una pérdida de dinero? Aunque la mayoría de jugadores no vea el dinero llegar a su bolsillo, este no desaparece.

Como se explicó anteriormente, la Lotería de Navidad promete otros beneficios más allá del décimo agraciado. El jugador realiza una aportación indirecta al sistema del que se beneficia como ciudadano, por lo que la pérdida individual se transforma en un retorno colectivo.

Desde esta perspectiva, todos ganan.

Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia), vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica, ha anunciado este sábado la suspensión de su militancia en el partido y la renuncia a sus cargos orgánicos. No obstante, González continuará al frente de la alcaldía. La decisión se produce tras la reciente acusación de acoso sexual, que el propio alcalde atribuye a una "venganza”.

En un comunicado de Instagram, Toni González continua defendiendo la falsedad de la denuncia y explica la razón de su dimisión: "Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón".

El valenciano continuará trabajando en la alcaldía de Almussafes, a través del Grupo Mixto Municipal.

La denunciante, una militante valenciana, ha denunciado a González por acoso sexual a través del canal habilitado para ello y que centraliza la sede central del PSOE. Además, también ha interpuesto una denuncia por acoso laboral. Ambos hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. La militante ha presentado las denuncias en el canal Antiacoso de los socialistas y en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. Fuentes de Ferraz aseguraban este viernes que aún no se habían tomado medidas contra González, según eldiario.es.

“Que la relación no fue consentida lo tendrá que demostrar”, ha declarado el alcalde a El País. Además, ha añadido: “Aprovechando ahora el momento ha presentado la de acoso laboral”.

Toni González es alcalde de Almussafes desde 2015 y además desempeña la concejalía de Industria y Empleo; a nivel orgánico, forma parte de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, desde el pasado mes de abril, y es uno de los cuatro vicesecretarios, que se encarga en concreto del área de Políticas Institucionales y Coordinación Territorial.

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre, tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor. El suceso está siendo investigado como un posible asesinato machista, tras ser hallado el cuerpo de la presunta víctima con signos de violencia por uso de arma blanca.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la noche de este sábado 6 de diciembre recibió un aviso por un incendio en una vivienda de El Viso del Alcor. Una vez desplazados hasta el lugar, encontraron el cadáver de la mujer de 30 años. Será la autopsia y la investigación en curso las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio.

Según el subdelegado del Gobierno de Sevilla, Francisco Toscano, la Guardia Civil investiga el caso como un posible asesinato machista, ya que el detenido de 35 años podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

La fallecida no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género. No obstante, el detenido sí, fruto de una relación anterior con otra mujer.

El Viso del Alcor ha decretado tres días de luto y convocado un minuto de silencio por el presunto crimen.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento para que "cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica. 

Miles de ciudadanos acuden este domingo al Templo de Debod, en Madrid, para participar en la movilización que Alberto Núñez Feijóo convocó el pasado jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En los últimos dos años, la de hoy sería la séptima concentración organizada por el líder del Partido Popular.

La convocatoria llega después de la entrada en prisión este jueves del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y del que fuera su asesor, Koldo García. Bajo el lema "¿Mafia o democracia?", el líder popular ha llamado a todos los españoles "que quieran acabar con un Gobierno indecente" a participar de una manifestación "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez". 

Lo ha dicho Feijóo este sábado en Burgos, desde donde ha aclarado que prefiere llegar a la Presidencia del Gobierno por vía de las urnas y no de una moción de censura, pese a que el día anterior había pedido a los empresarios catalanes a que animaran a "los suyos" (Junts) a apoyar una moción.

A las 11:40 de esta fría mañana, el Templo de Debod ya estaba cubierto de cientos de banderas españolas. A pocos minutos del acto, el Partido Popular había organizado una auténtica “previa” para animar a sus seguidores, contando con altavoces, pantallas y un repertorio de música a un elevado volumen.

Hacia las 12:15 comenzó lo que los populares denominaron “la celebración de la vuelta del Partido Popular en toda España”, durante la cual se fue enumerando frente al micrófono a las celebrities de la formación presentes en el acto. Entre ellos, han figurado Mariano Rajoy, José María Aznar, Miguel Tellado, Alfonso Serrano, Alfonso Rueda, Fernando López Miras y Alejandro Fernández. Finalmente, se ha destacado la asistencia de "los protagonistas" del acto: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Al ritmo de la canción "The Final Countdown" de Europe -melodía que se reprodujo durante todo el evento-, se abrieron paso entre la muchedumbre y desfilaron hacia la tribuna como si se dirigieran a un ring de boxeo.

El acto siguió el mismo orden de intervenciones que en ocasiones anteriores. Fue inaugurado por los "ejemplos de que cuando se gobierna con libertad, España funciona", Ayuso y Almeida, y cerrado por el que han manifestado que sea "el futuro presidente de España", Feijóo.

Entre los gritos que lo nombraban “¡Presidente!”, Alberto Núñez Feijóo afirmó que ya “basta de tanto sinsentido”. “De reducir carne y pescado mientras disfrutan de una tarjeta VIP de una constructora de Navarra que ni existe; y ya basta de que un joven no pueda tener una vivienda mientras ellos ponen pisos a sus amantes”.

Desde la tribuna, Feijóo cargó contra el Ejecutivo:  “El sanchismo es corrupción institucional y moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”. El líder popular continuó dirigiéndose a las distintas formaciones del arco parlamentario.

A Vox —con Iván Espinosa de los Monteros presente— les advirtió de no equivocarse de “objetivo, prioridad ni adversario”. Llamó a la formación a la “madurez y responsabilidad” y les instó a dejarse de “pinzas” y a no repetir los errores de las últimas elecciones generales, hace dos años.

También elogió la alianza con UPN, prometiendo que expulsarán la corrupción de Navarra. En cambio, preguntó a las formaciones PNV y Junts: “¿Hasta dónde vais a seguir tragando para proteger lo vuestro?”.

Al dirigirse a Sumar, los asistentes respondieron con un sonoro “¡Fuera!”. Feijóo criticó a la coalición, acusándola de “prestarse a ser el juguete del Partido Socialista a cambio de puestos” y advirtió sobre ERC: “Ahora tienen un juguete nuevo, independentista, republicano y que no quiere hablar la lengua común. Al de Sumar ya no le basta”.

Sobre Podemos, el líder popular afirmó que son “indignados de pacotilla” y se preguntó si volverán a “acampar en la Puerta del Sol”. Finalmente, sobre Bildu, aseguró que son los únicos que “están a la altura del Gobierno de Pedro Sánchez: los delincuentes al lado de los delincuentes”.

Feijóo concluyó advirtiendo que “esto ya no va solo de izquierda o derecha, centralismo o nacionalismo, del PP o del PSOE. Esa excusa ya no cuela, ni siquiera diciendo que viene la ultraderecha”.

Durante la manifestación, el presidente del PP detalló las cinco medidas que implementaría en sus primeros cien días de gobierno: una auditoría de la acción del Gobierno de Sánchez para conocer hasta dónde ha llegado su “saqueo”; el barrido de “todo atisbo del sanchismo” en las instituciones del Estado; la bajada de impuestos; el desbloqueo de lo aprobado por las Cortes e incumplido por el Ejecutivo; y la garantía de democracia para que “los españoles puedan dar su opinión”.

Isabel Díaz Ayuso ha sido introducida por Martínez-Almeida como una persona que ha vivido "ser perseguida por los poderes del Estado". Mientras los simpatizantes populares vitoreaban su nombre, pronunció un discurso marcado por sus late motivs: Bildu, ETA, Venezuela y Cataluña.

Dio comienzo a su meeting titulando la actualidad como el "momento más crítico en 47 años de democracia", argumentando que se está construyendo "una España abandonada en manos de una mafia, un proyecto totalitario que solo está entregado al poder". Subrayó que el Gobierno quiere "tenernos divididos, enfrentados y despistados", justificando que pretende "abrir viejas heridas" y también "busca provocarlas", refiriéndose a los proyectos de memoria democrática. Considera que es "imperdonable querer gobernar teniendo a España en dos" y que "la historia lo pondrá en su lugar".

Continuó acusando al Gobierno de Sánchez de desarrollar la "mayor trama de corrupción que puede haber": "blanquear a Bildu" y hacerla fundamental. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha inculpado al presidente del Gobierno de "blanquear la historia del terrorismo de España" y asegura que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra". Por esta razón, declaró que todos los del PSOE y los que colaboran con ellos "están implicados en la mafia", mencionando a Yolanda Díaz y a Gabriel Rufián.

"No nos acostumbremos a lo que no es normal, así empiezan todas las dictaduras", aconsejó la presidenta a los madrileños, a la vez que mandaba ánimos a Venezuela.

"No es un Gobierno con corrupción, es la corrupción que se ha adueñado de un Gobierno que ahora se quiere quedar con España y con nuestra democracia", ha señalado José Luis Martínez-Almeida durante el escueto discurso que ha inaugurado el acto del PP. "Se queda tan corto decir que es un gobierno corrupto", ha continuado.

Sus palabras se han enfocado mayoritariamente, además de en la corrupción, en la urgencia de convocar elecciones generales: "No deberíamos estar en esta concentración, deberíamos estar votando". Ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "no respeta la Constitución de 1978" y que, si piensa gobernar sin el Parlamento, quiere gobernar "contra el pueblo".

"Venceremos, ganaremos y derrotaremos en las urnas", ha concluido.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que su país no se convertirá en "la Gaza de Suramérica", en plena tensión con Estados Unidos por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Caracas ve como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

"¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (...) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz", expresó el mandatario en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En su discurso, Maduro pidió al pueblo estadounidense, sin hacer alusión específica a algún nombre, detener "la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra" a Suramérica y al Caribe. Estados Unidos ha desplazado efectivos navales y aéreos a la región, incluyendo el portaaviones Gerald Ford, el más grande de su flota.

Y en su característico uso del inglés y el español, el gobernante aseguró que "la orden es la paz". "War (guerra), no. Death (muerte), no. Peace, and life, and love. Paz, vida y amor. No al odio, no a la guerra", sentenció.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes haber tomado una decisión sobre las posibles operaciones militares en Venezuela, pero aseguró que todavía no las puede revelar.

"Ya me decidí. No puedo decirles qué será. Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas", aseguró el presidente.

Previamente, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario se había encontrado con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, para debatir una "variedad de opciones" sobre posibles acciones militares en Venezuela.

La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar 'Lanza del Sur' en el continente con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos ni las acciones específicas.

Este viernes, Estados Unidos anunció un nuevo ataque contra una lancha supuestamente cargada de drogas que mató a cuatro personas y la enmarcó como parte de la misión 'Lanza del Sur'.

Desde Trinidad y Tobago (país que está a unos 12 kilómetros de la costa más cercana venezolana) se confirmó en esta jornada que la MarinLos a de Guerra de EEUU regresará a la isla desde este domingo hasta el 21 de noviembre para seguir sus ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense, una situación que en anteriores ocasiones el chavismo ha denunciado como actos de provocación.

El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, propuso conformar "una liga amplia de juristas en defensa del derecho internacional" para evaluar una denuncia ante instancias internacionales por la "amenaza o el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en el Caribe".

La ONU ha tachado de violación al derecho internacional los ataques de Washington a las embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que se han cobrado la vida de más de ochenta personas.

En medio de la creciente tensión en el Caribe también se pronunció la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que alertó sobre "una desestabilización sin precedentes" en la región si EE.UU. diera "el salto" hacia un "movimiento militar de agresión".

Ese bloque está integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último país suspendido.

El aumento de tensiones dio comienzo en este mes de agosto, con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira. Actualmente, el conflicto se ha extendido a aguas del Pacífico, involucrando Colombia.

El primer ataque de Estados Unidos contra una embarcación fue confirmado el 2 de septiembre, asegurando que iban a bordo once personas del Tren de Aragua que salieron de Venezuela para transportar drogas hacia Estados Unidos. La Administración Trump difundió el video del supuesto ataque, pero no aportó más pruebas del vínculo de la lancha con el narcotráfico.

Hasta el momento, EEUU ha inundado veinte embarcaciones y terminado con 75 vidas. También ha dejado a una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico a raíz de varios ataques. En su mayoría, la ofensiva contra las lanchas señaladas por el gobierno estadounidense ha sido efectuada a través de ataques cinéticos, lanzados a distancia y basados en la descarga de energía, sin explosiones de por medio. Estados Unidos también ha movilizado buques de guerra, con fines hasta el momento disuasivos.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que la administración regional no va a crear el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y ha dejado la decisión en manos de los tribunales, informa EFE.

"En la Comunidad de Madrid, creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican abortos", ha dicho la consejera en declaraciones a los medios de comunicación.

"Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población", ha indicado Matute.

La consejera realizó estas declaraciones el mismo día en que vencía el plazo de un mes establecido por el Ministerio de Sanidad para que Aragón, Madrid y Baleares elaboraran el registro de médicos objetores a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos. Aragón y Baleares, también gobernadas por el PP, sí han accedido a poner en marcha la base de datos tras el requerimiento del Gobierno central.

Durante este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha intentado recordar la fecha límite al gobierno madrileño a través de sus redes sociales: “Esta noche a las 00:00 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado su negativa en desarrollar una "lista negra" de médicos objetores. Sin embargo, la obligatoriedad de dicho registro forma parte del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, tal y como establece la Ley del Aborto de 2023. Los profesionales pueden acogerse a este derecho por motivos religiosos, deontológicos o bioéticos, aunque no deben revelarlos. Se trata de una herramienta interna de gestión para las comunidades autónomas que, precisamente, organiza y garantiza la protección del derecho a objetar.

La finalidad del registro es facilitar la planificación de recursos humanos para asegurar la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es un instrumento de uso autonómico y no tiene carácter público: los datos están catalogados como "categorías especiales", por lo que están "especialmente protegidos"

El procedimiento para incluir a un sanitario en el registro es muy sencillo. El profesional solicitará su inscripción a través de la sede electrónica de la comunidad que corresponda, que a su vez le emitirá un documento que acredite su inclusión o no. El solicitante podrá modificar o revocar la declaración en cualquier momento y mediante el mismo procedimiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya reiteró en octubre que se negaba a hacer una "lista negra" de médicos objetores y pidió a la izquierda que se fueran "a otro lado a abortar".

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", respondió Ayuso ante la pregunta formulada por Más Madrid sobre cómo se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña. Para la presidenta, tales datos son un "fracaso" porque en la "mayoría de los casos se podría evitar" y está en "la mano" de los políticos hacerlo.

La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, respondió a Ayuso que "aquí todo el mundo aborta", también las mujeres de derechas, y le preguntó Ayuso si solo querían que lo hicieran las que tienen el "privilegio" de poder pagarse un viaje a Londres.

Cabe recordar que el 80% de los abortos financiados por el sistema público se practican en centros privados, con enormes disparidades entre comunidades. Mientras Cantabria realiza más del 88% de las interrupciones en centros públicos, regiones como Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% a la sanidad privada.

El regidor de Puente de Génave (Jaén), Francisco García Avilés, ha editado un calendario con simbología franquista que pretende distribuir entre sus clientes. El almanaque muestra una fotografía de Francisco Franco junto al lema “Franco, Franco, Franco, Franco. ¡Viva España!” y la bandera del águila, símbolo considerado anticonstitucional.

El edil de Vox ha querido desvincular al Ayuntamiento de la publicación y sostiene que se trata de una tradición de más de 15 años vinculada a la asesoría privada que gestionaba antes de asumir el cargo: "No veo por qué este año tiene que dejar de imprimirse porque yo haya entrado en la alcaldía".

La polémica estalló a partir de este jueves, cuando el alcalde difundió el calendario a través de sus redes sociales personales y numerosos vecinos del municipio se interesaron por conseguir un ejemplar.

Aunque la edición no está firmada por el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que ha abierto un expediente y ha remitido el caso a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.  El contenido será analizado para deliberar si vulnera la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe la exaltación del franquismo y el uso de símbolos vinculados con la dictadura.

No es la primera vez que García Avilés genera controversia por cuestiones similares. En 2023, ya difundió un calendario que incluía imágenes de Franco y José Antonio Primo de Rivera, acompañado de la frase “Yo soy responsable solo ante Dios y la historia”.

Adelante Andalucía ha pedido la intervención de la Fiscalía por un posible delito contra la ley de memoria democrática a raíz de la difusión del calendario con simbología franquista.

“La difusión de material que exalta la dictadura franquista, proceda directa o indirectamente del círculo del alcalde, no solo es inadmisible democráticamente, sino que podría constituir una vulneración de la legislación vigente”, ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía en Jaén, Alejandro Cabrera.

A su juicio, el alcalde debe aclarar "cómo es posible que calendarios con simbología fascista hayan salido de su entorno político" y considera que, “si se confirma cualquier responsabilidad, deberá asumirla”.

El dirigente cree que la ley de memoria democrática establece la obligación de todas las administraciones de impedir y sancionar cualquier exaltación del franquismo.

“No estamos ante una anécdota sino ante un hecho que normaliza símbolos de una dictadura responsable de miles de asesinatos y represión. Jaén no puede tener un gobierno local que permita ni directa ni indirectamente la apología del franquismo”, ha subrayado Cabrera.

“Lo que ha sucedido no son casos aislados. Son consecuencia del clima que PP y Vox están imponiendo en Andalucía, donde se blanquean símbolos franquistas, se cuestiona la memoria democrática y se legitiman discursos reaccionarios”, ha denunciado Cabrera.

 Ha sostenido que “cuando el Gobierno andaluz cede ante las exigencias de la extrema derecha y recorta políticas de memoria, envía un mensaje peligroso: que la dictadura puede relativizarse. Y eso es lo que nos conduce a episodios tan graves como los que estamos viviendo”, ha alertado.

Adelante Andalucía ha pedido la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

También el Partido Comunista de Jaén ha condenado la difusión del calendario franquista por parte del regidor de Puente de Génave y le ha exigido que retire el anuncio en sus redes sociales.

“Tanto la promoción como la distribución de la imagen del dictador es exaltación del franquismo y, por tanto, no es algo anecdótico ni nostálgico, es una provocación y una ofensa directa a la memoria democrática, a las víctimas del franquismo y a toda la sociedad”, señala el PCE en un comunicado.

El PCE entiende que “con la promoción pública de la imagen de Franco se pretende blanquear la dictadura fascista y se permite el avance del discurso reaccionario y autoritario”.

En torno a las 14:00 horas, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, daba por concluida su agenda política del 29 de octubre de 2024. Después se iba a comer a El Ventorro, con Maribel Vilaplana, aunque esto tardó meses en conocerse por "por cuestiones de privacidad y confidencialidad", como se dijo desde la Generalitat. Lo que no calculó el president era que, aquella misma tarde, quedaría en entredicho su capacidad para ejercer sus responsabilidades como jefe del Consell.

Aquel 29-O, la dana más devastadora de la historia reciente de Valencia se cobró la vida de 229 personas en la región. En los momentos más críticos, Mazón permaneció desaparecido durante cinco horas. No se le volvió a ver hasta casi el final de la jornada, cuando el número de víctimas mortales ya se contaba por decenas.

Las primeras preguntas apuntaron a la hora exacta en la que el presidente llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y al momento en que se activó la alerta a la ciudadanía (20:11 horas), cuando buena parte de los daños ya estaban produciéndose y cuando, según la jueza de Catarroja, Núria Ruiz, ya había muertos. Sin embargo, la sucesión de versiones cambiantes ofrecidas por Mazón solo ha contribuido a erosionar su credibilidad pública. A día de hoy, el relato sobre dónde estuvo mientras los valencianos sufrían las consecuencias de la dana, sigue incompleto. Y casi cada semana se conoce un nuevo detalle que pone en evidencia al jefe del Consell.

Hace diez meses, el presidente calificó de “cansino” que se le siguiera preguntando dónde estaba aquella tarde. Sin embargo, tras once versiones y un año después de la catástrofe, sigue sin aclararse qué hizo entre las 18:45 y las 19:45 horas. Ese intervalo de una hora abarca los 37 minutos —entre las 18:57 y las 19:34— en los que Mazón no realizó ninguna llamada, según consta en el registro telefónico que él mismo entregó a la comisión de la dana en Les Corts Valencianes. Un listado, cabe recordar, sin validez legal, que no se corresponde con una factura y que no precisa la duración de las comunicaciones ni si las llamadas son entrantes o salientes. Tampoco refleja las no atendidas o perdidas.

La cronología de versiones dio comienzo el 4 de noviembre, cuando el equipo de Mazón aseguró que el president había estado trabajando en el Palau de la Generalitat durante la tarde. Según su entorno, era plenamente consciente de lo que ocurría en Valencia y gestionaba la evolución de crisis de la "gota fría", como lo denominó él, desde su despacho.

Sin embargo, apenas un día después, el 5 de noviembre, esa primera versión cayó por su propio peso. Desde Presidencia se admitió que Carlos Mazón había estado en El Ventorro, un restaurante a escasos metros de la sede del Gobierno autonómico, participando en “una comida privada”. No trascendió ni con quién estuvo, ni de qué se habló.

La tercera versión no tardó en llegar. El propio Mazón declaró el 7 de noviembre, ante los medios, que en realidad había asistido a “un almuerzo de trabajo”. No obstante, dicho encuentro no figuraba en su agenda pública, que había quedado despejada a las 14:00 horas.

Por todos los medios, el president se resistía a aclarar quién le acompañó durante la comida y cuánto tiempo permaneció allí.

El 8 de noviembre se reveló la identidad de la persona con la que Mazón había compartido mesa el 29 de octubre: la periodista Maribel Vilaplana. Según el president, en un encuentro para abordar el futuro de la radiotelevisión pública valenciana. Sin embargo, posteriormente se informó de que el verdadero motivo habría sido ofrecerle a Vilaplana la dirección de À Punt, la cadena pública de la Comunitat Valenciana.

Mazón intentó restar importancia a la cita y la describió como “un picoteo rápido”. Un picoteo que, no obstante, se prolongó durante tres horas. Inicialmente previsto hasta las 17:00, se habría extendido, según diversas fuentes, hasta las 18:00 o incluso las 19:00 horas, de ahí la importancia para la jueza de requerir a Vilaplana el tique del aparcamiento en su declaración judicial de este lunes.

Meses después se conocería más detalles del final de esa comida, pero aún quedaba una última versión para el año 2024. El 26 de diciembre, ante las exigencias de hacer pública la factura del almuerzo, la Generalitat Valenciana argumentó que no disponía de ella porque Mazón había asistido “como líder del PP valenciano”, y no en calidad de presidente autonómico. La justificación reavivó las dudas: si acudió como dirigente del Partido Popular, ¿cómo pudo estar ofreciendo la dirección de À Punt, un cargo que debe adjudicarse mediante concurso público y no por designación política?

Ya entrado 2025, Presidencia ofreció la séptima versión. El 7 de febrero explicó que Mazón había llegado al Cecopi “a partir de las 19:00 horas”, una franja que con el tiempo se fue ampliando hasta las 19:30.

Sin embargo, la cronología de los hechos volvió a cambiar el 26 de febrero, cuando el propio Mazón informó a los medios de comunicación de que su llegada al Cecopi, tras la comida, se produjo a las 20:28. Días antes había asegurado que había acudido “a media tarde”. Momento en el que la Generalitat hizo público un vídeo de la entrada del president al edificio de la L'Eliana.

"No entiendo lo del cambio de versión. Evidentemente las 20:28 son después de las siete y media. ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes. Siempre he dicho lo mismo, no he cambiado de versión jamás", aseguró públicamente.

Las últimas declaraciones demuestran que Mazón llegó al Cecopi después de que se hubiera activado la alerta hidrológica.

El 5 de septiembre de 2025, la voz de Maribel Vilaplana pasó a contar su relato en una carta abierta y remitida a los medios de comunicación. En ella, la periodista lamentaba haber sufrido en los diez meses previos una "presión insoportable", pues se había convertido "en una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas", que le había llevado a un ingreso hospitalario y al actual tratamiento psicológico por estrés postraumático.

Afirmó que durante la comida con Mazón no preguntó, ni participó ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el president, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto".

Su carta volvió a poner una nueva versión sobre la mesa, pues aseguró que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas. Ello conducía a que el almuerzo, “con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración profesional”, se alargó casi cuatro horas.

La Generalitat no tardó en reaccionar al comunicado, señalando que se ratificaba así que el presidente valenciano estuvo aquella tarde “pendiente e informado en todo momento de la evolución y gestión de la emergencia desde el mismo momento en que recibió la primera llamada de Salomé Pradas”. 

El 26 de octubre, el entorno del Mazón admitió que su encuentro con Maribel Vilaplana no terminó en la puerta del restaurante El Ventorro. Según las versiones oficiales, desde allí se habría desplazado directamente al Palau para seguir la gestión de la emergencia. Sin embargo, con la dana ya desatada, Mazón aún tuvo tiempo de acompañar a la periodista hasta un aparcamiento cercano al restaurante.

Se trata de un detalle que la periodista no mencionó en ninguna de sus versiones, y que tampoco el jefe del Consell había revelado hasta ahora. Según la información publicada por Levante-EMV, el presidente la acompañó en torno a las 18:45.

Cuando parecía que las versiones no podían enredarse más, nuevos testimonios han añadido más dudas al relato. Varios testigos, citados por distintos medios, sitúan la llegada de Carlos Mazón al Palau de la Generalitat cerca de las 20:00 horas. El propio president describió recientemente el recorrido que, según él, hizo desde el restaurante hasta la sede del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, ese trayecto, que detalló calle a calle, dura apenas once minutos, no una hora. Por lo tanto, sigue sin esclarecerse dónde estuvo Carlos Mazón desde que se despidió de Maribel Vilaplana (18:45) hasta que fue visto en el Palau (19:45), en ese intervalo de aproximadamente una hora.

Fuentes próximas a Pradas revelaron a El País que la exdirigente marcó en dos ocasiones (19:10 y 19:36 horas) el móvil del jefe del Consell sin éxito. La tercera llamada se registró a las 19.43, duró 48 segundos y sí permitió a la exconsejera comunicar con el president. La última conexión telefónica con Pradas con él fue a las 20:10, justo antes del envío de la alerta masiva ES-Alert y duró cerca de un minuto.

Testigos consultados por elDiario.es aportan un dato nuevo: Mazón se habría cambiado de ropa durante esa hora. Por lo tanto, ¿visitó su domicilio antes de dirigirse al Palau?

En ese margen de tiempo, más de 80 personas perdieron la vida.

Desde el pasado 30 de octubre hasta el 4 de noviembre, los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) llevan a cabo una huelga nacional que paraliza una parte esencial de la Sanidad española, con seguimientos que alcanzan entre el 80% y 90% en muchas áreas. Pretenden exigir al Gobierno que les reconozca su nivel formativo real y el sueldo aparejado al mismo, entre otras reivindicaciones.

Este lunes, 3 de noviembre, celebrarán una manifestación nacional en Madrid, como punto álgido de su protesta. Pretenden pasar frente a los tres ministerios "responsables de la situación": Hacienda, Sanidad y Educación.

La huelga está causando la anulación y el retraso de miles de mamografías del cribado de cáncer de mama, sumando una crisis grave a la ya precaria situación de los programas de detección precoz. Además, se están suspendiendo y retrasando miles de pruebas diagnósticas y sanitarias, incluyendo laboratorio, imagen, radioterapia y anatomía patológica, poniendo en riesgo tanto la salud pública como el diagnóstico de numerosos pacientes. En muchos centros se están tirando numerosas muestras y el funcionamiento de los servicios diagnósticos es precario. Como recuerdan los propios profesionales, “sin Técnicos Superiores Sanitarios, la Sanidad no funciona”.

Así lo han trasladado los representantes de las Comisiones por el Grado universitario de los TSS, responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos, los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades. "Somos un único país de sociedades avanzadas que para estos profesionales sanitarios tiene una formación totalmente deficiente de dos años, sin la imposibilidad de asimilar todos los avances científicos tecnológicos (...) y tenemos una titulación que no es compatible con ningún sitio del mundo. No se nos admite trabajar en otro sitio por la baja titulación que tenemos", ha afirmado uno de sus portavoces, Francisco Javier Montero.

Pese a que tienen una formación de grado superior, una categoría enmarcada en el grupo funcionarial B, los TSS cobran por debajo de ese nivel. Esto ocurre, a pesar de que "el Ministerio de Sanidad tenga desde 1998 tres informes propios públicos en las que se constatan estas diferencias de formación en comparación con Europa", ha añadido. "No queríamos parar el Sistema Nacional de Salud, porque si paran los laboratorios, paran los servicios de radiología, en definitiva, se paran los hospitales. Hemos estado muchos meses intentando negociar, pero no ha sido posible", ha lamentado otro de los representantes, Juan Carlos Rodríguez.

Los TSS dirigen su huelga también contra el Ministerio de Hacienda, "culpable" de que después de 18 años los TSS sigan "trabajando por amor al arte". Según sus cálculos, deberían estar cobrando como grupo B desde 2008: "Son miles y miles de euros los que se le debe a cada técnico superior, los cuales se sienten continuamente ignorados por el poder ejecutivo", ha censurado Juan Felipe Rodríguez.

Los especialistas, que no descartan una huelga indefinida, defienden que "no van a esperar más". "Lo único que estamos pidiendo —ha añadido Rodríguez— es que se nos haga caso y que no se nos trate como la escoria de la sanidad". Además, denuncian una falta de calidad de formación en el sector, por lo que tienen que actualizarse continuamente en base a sus propios recursos porque el Ministerio de Educación "no sabe ni conoce" lo que es un técnico superior sanitario y ni las funciones que desempeña.

"Si tú sales de España y le dices a cualquiera que está estudiando radioterapia online, no se lo cree. Pues aquí ocurre. Hay una proliferación de escuelas con formación inadecuada permitida por Educación y las comunidades autónomas", ha criticado, por su parte, Francisco Javier Montero. Crear diplomas de acreditación avanzada, transformar el FP superior en una carrera universitaria y que haya una función como coordinador de los diferentes superiores sanitarios son otras de sus reivindicaciones.

El colectivo insiste en que su lucha no es solo laboral, sino también esencial para la atención sanitaria: llevan décadas exigiendo la equiparación de sus funciones, el reconocimiento de su titulación al Nivel 2 del MECES y el fin de la intrusión laboral. Según los profesionales, el Gobierno y los ministerios implicados han incumplido reiteradamente estos compromisos, lo que ha hecho necesaria la huelga.

Al menos nueve personas son tratadas por heridas de gravedad tras un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, condado de Cambridgeshire, al norte de Londres, según actualizó la policía local. Dos personas han sido detenidas por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó las detenciones y pidió al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar".

Varios testigos describieron a un hombre encapuchado y vestido de negro con un largo cuchillo como el atacante principal, que agredió a varias personas por razones aún desconocidas, antes de ser reducido con un táser por un agente.

"Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real, y sembró el pánico a bordo de los vagones", dijo un testigo al diario The Sun.

La policía recibió un aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.

El primero ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reaccionó poco tiempo después. En su cuenta de la red social X calificó de "incidente terrible" el hecho.

"El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia. Quienes se encuentren en la zona deben seguir las indicaciones de la policía", escribió Starmer.

El superintendente de la policía Chris Casey dijo, por su parte, que la investigación sigue adelante, aunque "puede llevar bastante tiempo antes de que se pueda confirmar nada. En este momento preliminar no sería apropiado especular sobre las causas del incidente", remachó.

El pasado lunes, un hombre fue asesinado también a puñaladas en Uxbridge, en el oeste de Londres, por un refugiado afgano que más tarde fue detenido. Ese incidente se sumó a otros apuñalamientos que han desatado una cierta psicosis en el país, oportunamente alimentada por grupos de extrema derecha y antiinmigrantes. Esa parece ser la razón de la cautela con que la policía británica y el mismo Gobierno están mostrando a la hora de ofrecer información sobre los dos arrestados tras el ataque del tren y sus posibles motivos.

De acuerdo a los medios locales, la Policía Británica de Transporte informó que las autoridades antiterroristas empezaron a colaborar con la investigación. “Estamos realizando pesquisas urgentes para determinar lo sucedido”, declaró el jefe de la Policía Británica de Transporte, Chris Casey, y agregó que "no es apropiado especular sobre las causas”.

La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

"Ambos son nacidos en el Reino Unido", confirma el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless en una rueda de prensa celebrada en Huntingdon -donde la estación de tren continúa cerrada-, para frenar los discursos antiinmigración que han aflorado en incidentes parecidos, ya que en otras ocasiones estos ataques con cuchillos o puñales han sido protagonizados por extranjeros.

Los detenidos son ambos británicos, uno de 32 años y otro de 35, que siguen siendo interrogados por separado para aclarar los hechos.

"Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista", ha insistido el jefe policial, desde el lugar de los hechos.

"En estos momentos no sería apropiado especular sobre las causas del incidente", dijo Loveless, quien confirmó que continúan las investigaciones en varias direcciones para esclarecer los hechos, pues los motivos siguen sin conocerse, aunque se haya descartado un móvil terrorista.

De los diez heridos por las puñaladas sufridas a bordo del tren, solo dos permanecen en estado crítico "con peligro de muerte", dijo el dirigente policial, y otros cuatro han sido dados de alta.

El jefe policial pidió a los ciudadanos que traten de aportar más información sobre el incidente y provea detalles "por pequeños que puedan parecer", y ofreció varias líneas de teléfono para hacerlo.