Son días en los que la historia del mundo está cambiando. A un ritmo vertiginoso. Y Europa busca una salida ante la pinza que representan Donald Trump y Vladímir Putin. La Comisión Europea ha lanzado un plan de rearme sin precedentes. Las cancillerías continentales negocian el incremento del gasto en defensa y las vías para que el conflicto en Ucrania no acabe beneficiando al agresor.

En este complicado mapa geopolítico se mueve José Manuel Albares (Madrid, 1972), ministro de Asuntos Exteriores y hombre clave de Pedro Sánchez para una coyuntura internacional que se enfrenta a un desafío comparable, según él, a la caída del Muro de Berlín. El responsable de la diplomacia española cree que es la hora de que los europeos tomen las riendas de su futuro y abracen un concepto de seguridad más amplio que el de la defensa. Aboga por la puesta a punto de fondos europeos y manda un mensaje durante la entrevista a Alberto Núñez Feijóo para que invierta en unidad y no en desgaste.

En poco tiempo están sucediendo movimientos geopolíticos difíciles de asimilar. ¿Ha cambiado el orden mundial?

El orden mundial está cambiando por motivos estructurales previos. Hay países emergentes que quieren su sitio en la mesa de decisión mundial y tienen una visión alternativa del mundo occidental y la guerra ha vuelto como forma de resolver disputas entre Estados. Se ve claramente en Oriente Medio y desgraciadamente en Europa. Además, hay una nueva administración norteamericana que tiene nuevos postulados sobre la seguridad y la relación con Europa. Todo eso conforma un cambio similar al que se produjo con la caída del Muro de Berlín. También cuestiona el orden mundial que nace en el año 1945 frente a las fuerzas de extrema derecha que intentaron aniquilar la idea de Europa y de democracia. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España con nuestros socios europeos. En estos momentos de cambio histórico tan definitorios o se es espectador o se es actor. España está en todas las mesas en las que se decide el futuro.

¿Ha dejado de ser Estados Unidos un aliado para Europa?

EEUU es el aliado natural histórico para los europeos. Juntos hemos atravesado décadas de crisis. Las últimas han sido la pandemia del covid y la agresión a Ucrania. La relación es mutuamente beneficiosa desde un punto de vista comercial y de seguridad euroatlántica. Juntos hicimos la OTAN. Trabajamos para que siga siendo así, pero también reconocemos que la nueva administración tiene nuevos postulados y planteamientos. No tenemos que preguntarnos tanto qué va a hacer el presidente de Estados Unidos, que ha sido democráticamente elegido y tomará las decisiones que considere, sino qué vamos hacer los españoles y los europeos. Podemos tomar nuestro destino en nuestras manos. Es imperativo, tenemos la capacidad y ahora lo necesario es tener la voluntad de hacerlo.

Estados Unidos se enfrenta ahora a sus aliados tradicionales e incluso amenaza con anexionarse Groenlandia, que es parte de Dinamarca. ¿Cuál es el sentido actual de la OTAN?

La OTAN sigue siendo una organización de disuasión y de defensa absolutamente indispensable. De hecho, la organización ha permitido a los aliados no enfrentarse a la amenaza real de la guerra. Por eso, países como Finlandia y Suecia, que tienen entre sus señas de identidad la neutralidad y el pacifismo, decidieron ser miembros. Todo el mundo sabe que bajo el paraguas de la OTAN uno vive en paz y además consigue una disuasión absoluta. Lo que ahora hay que decidir es que esa disuasión la tengamos los europeos en nuestras manos. No es nada nuevo, ya que llevamos décadas teorizando sobre el pilar europeo de la organización. OTAN y la UE no son dos realidades que se oponen sino que se pueden fortalecer. Ahora hay que llevarlo a la práctica.

Hemos escuchado a Vladímir Putin agradecer a Donald Trump sus esfuerzos por la paz. ¿Hay una especie de pinza entre ellos que afecta al proyecto europeo?

Para nosotros lo importante, respecto a la paz en Ucrania, es que todos demos el mismo significado y el mismo contenido a esa palabra. Cuando hablamos de paz, debe ser justa, respetar la soberanía de Ucrania y los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas. Y duradera, no un alto el fuego que sea un paréntesis entres dos guerras para que uno de los dos bandos se rearme. Vamos a apoyar la paz y para conseguirla vamos a estar junto a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. El presidente del Gobierno estuvo hace poco en Kiev comprometiendo mil millones de euros. Lo verdaderamente importante es la reflexión que tengamos entre europeos. Poco importa especular sobre lo que puedan querer terceros. Es el momento de tomar nuestro destino en nuestras manos y esto supone dar un salto en la seguridad común que incluya la defensa pero que vaya mucho más allá. Y dejar claro que somos un actor global con voz propia especialmente cuando toca la seguridad continental.

Habla de una paz justa y que respete la integridad territorial, ¿pero no ha dejado esto de estar sobre la mesa hace tiempo? ¿Cree viable un acuerdo de paz en el que Ucrania recupere ese 20% que ahora controla Rusia?

La paz tiene que tener claramente dos parámetros. Una guerra de agresión no puede tener un premio para el agresor porque el mundo sería más inestable al día siguiente. Queremos que el orden mundial siga basándose en reglas predecibles y en la igualdad soberana de todos los Estados. La segunda cuestión: cualquier decisión que se tome para alcanzar esa paz tiene que tener en cuenta la voz del Gobierno de Ucrania. 

El presidente del Gobierno reunió este jueves a los representantes políticos. Seguimos sin conocer de cuánto será el aumento en gasto de defensa y cuándo se implementará. ¿Puede concretar el dato o hacer una previsión?

El presidente del Gobierno lo dejó claro en la rueda de prensa: en estos momentos se está cuantificando el gasto en 2024 con la métrica OTAN. Hay que saber de dónde partimos. También es nítido el compromiso del Ejecutivo español de alcanzar el 2% del PIB. Hemos demostrado que hemos dado pasos para ello. Cuando el presidente Sánchez llegó al Gobierno, España tenía el gasto más bajo de su historia con un 0,9%. Se ha ido incrementando y ha sido compatible con subir mucho el gasto social. Hay que saber de dónde partimos en 2024 para poder hacer toda la planificación.

Sobre el gasto social, Podemos dijo el jueves que era imposible aumentar el presupuestos en Defensa y a la vez las partidas sociales, pero Sánchez se ha comprometido con los españoles a que no habrá ni un recorte de un céntimo. ¿Cómo se puede lograr?

Hasta ahora lo hemos hecho, no se trata de una hipótesis. Se ha incrementado el gasto en Defensa y hemos subido muchísimo más el gasto social. El ascenso en pensiones y becas, por ejemplo, es absolutamente contrastable y lo saben los españoles. Pero es que, además, cuando hablamos del salto que tiene que dar Europa en estos momentos abordamos la seguridad, que va más allá de la defensa. Hablamos de una inversión en nuestras propias industrias que va a redundar en la creación de puestos de trabajo muy cualificados con remuneración de calidad. Se trata de altísima tecnología. Y no sólo es un esfuerzo en los presupuestos nacionales sino que también son fondos europeos. Se van a dar más pasos y somos favorables a que una parte de esa inversión sea mutualizada. Por lo tanto, no hay ninguna oposición entre el gasto en seguridad y el gasto social. Hemos demostrado que se puede hacer. La seguridad es un precondición absolutamente necesaria para el bienestar. En las guerras de agresión, los hospitales y las escuelas son siempre el primer objetivo.

Respecto a la financiación, ¿se utilizará como fórmula el fondo de contingencia o puede pasar una parte de ese plan por el Congreso?

No soy el ministro de Hacienda y no conozco exactamente las técnicas y partidas. Lo que sí puedo decir es que lo que tenga que pasar por el Congreso evidentemente pasará. Estuve esta semana en la Cámara Baja y el presidente va a acudir el 26. No hay ningún problema.

Fue muy duro en su comparecencia en La Moncloa con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de no estar a la altura del momento. ¿Qué le pareció su actitud?

La posición de Feijóo me duele como ciudadano y me preocupa como ministro de Exteriores de España. Son momentos de un cambio evidente que no viene producido por el Gobierno de España, por ningún Ejecutivo europeo ni por la Comisión. Son cambios impuestos desde fuera: hay una guerra de invasión que inicia su cuarto año y nuevos postulados de la administración norteamericana. Lo que esperaría del PP es que se convirtiera por primera vez en oposición de Estado. No se lo pedimos eternamente ni le solicitamos apoyo para el programa electoral del PSOE sino unidad para la seguridad de los españoles y para relanzar el proyecto europeo de paz y democracia. No es estar junto al Gobierno sino junto a los españoles, por su bienestar y su seguridad. Si le cuesta tanto decir que apoya al Gobierno, que diga que está unido a su familia política europea. Es un momento de altura de miras. Hay muchos momentos para ser oposición de desgaste al Gobierno, pero también hay algunos en la Historia para ser oposición de Estado. Feijóo o no lo ve, y entonces está incapacitado para gobernar, o no lo quiere ver, lo que supone darle la espalda al bienestar de los ciudadanos.

¿Ve algún tipo de margen para el acuerdo con Feijóo?

Espero que sí. Es el espíritu del presidente al recibir a las fuerzas políticas en La Moncloa. El mensaje como ministro de Exteriores y como ciudadano español que le traslado a Feijóo es que no se trata de unidad con el programa electoral de un partido, sino con los españoles y con el resto de socios europeos.

España está en minoría de momento reclamando que el fondo de 150.000 millones para gasto en Defensa anunciado por la Comisión sea para subvenciones y no préstamos. ¿Cómo lo va a lograr? 

Con diálogo y con consenso. También en el fondo del covid empezamos siendo unos cuantos los que solicitábamos una estructura determinada. Y también hablamos de solidaridad con aquellos que ven en estos momentos su seguridad amenazada. Todo el mundo es consciente de que son necesarios fondos europeos. Asimismo, tenemos el apoyo de los socios para incluir la vecindad sur dentro de las amenazas para la UE. Ya hay unos mimbres sobre los que estamos trabajando.

Todavía no se conoce la cifra de gasto de Defensa en España calculada por la OTAN para 2024, ¿qué clase de partidas se van a tener en cuenta? ¿Puede haber algún tipo de ingeniería fiscal para contar inversiones que hasta ahora no se contemplaban?

No puede haber ingeniería fiscal porque hay una métrica OTAN que utilizamos todos los aliados. No hay ninguna duda al respecto.

¿Qué se puede esperar de la cumbre de los líderes europeos de la semana que viene?

Acudo este lunes al Consejo de Asuntos Exteriores con el espíritu de unidad de acción. Tenemos que mostrarnos todos unidos en torno a la seguridad de los ciudadanos, el apoyo a Ucrania y una paz justa y duradera. Al mismo tiempo, la acción pasa por integrar mejor las industrias de defensa y seguir planteando un plan de inversión. Insisto en que no se trata solo de defensa sino también de la competitividad de nuestras empresas, la defensa de nuestro mercado único y garantizar los recursos energéticos.

¿Cuál es la posición de España sobre el envío de tropas a Ucrania para garantizar la paz? ¿Por qué a España le cuesta tanto reconocer esa posibilidad que han puesto sobre la mesa incluso Macron y Starmer?

Veo que hay mucha desinformación y personas y alguna fuerza política interesada en ampliarla. Bajo ningún concepto España va a enviar tropas a una guerra. Ni España ni ningún otro país están planteando enviar tropas a un frente. Tampoco lo está solicitando Ucrania. En estos momentos no hay paz, ni siquiera tenemos una posibilidad de alto el fuego real porque Rusia está poniendo una serie de condicionantes. No es que sea prematuro sino casi política ficción hablar en estos momentos de una misión de paz. El compromiso de España con la paz está fuera de toda duda. España participa en muchas misiones de paz. Al mando de FINUL, en la frontera entre Israel y Líbano, está un general español. Seamos claros con los españoles y no generemos duda: ni España ni nadie va a enviar tropas a un frente de guerra. Y ni siquiera estamos en el amanecer de una paz todavía. Ojalá lo estemos, España no va a escatimar esfuerzos.

Antes citaba el Sahel, ¿qué tendría que cambiar para garantizar la protección en el flanco sur?

Lo hicimos ya en la cumbre de la OTAN en Madrid con un epígrafe por primera vez sobre el flanco sur y con redacción e impulso español. Todos los socios europeos están totalmente de acuerdo. No se trata de la misma intensidad de amenaza para la integridad territorial, pero hay terrorismo en el Sahel y puede haber un uso espurio de los flujos migratorios.

Se siguen dando pasos en la escalada de una guerra comercial. Ahora está en el punto de mira de la administración de EEUU el vino español. ¿Qué repercusiones puede tener esta guerra comercial para el tejido productivo de nuestro país?

Esta guerra comercial no la quiere España ni la Comisión Europea. La política comercial está comunitarizada para defender ese mercado único. Lo que queremos es que cualquier diferencia se pueda resolver a través del diálogo, como hemos hecho siempre. Estamos hablando de la relación comercial más importante del mundo. Somos el primer proveedor y el primer cliente recíprocamente. El mercado único es uno de los grandes logros de la construcción europea y lo vamos a defender y proteger con firmeza y serenidad. Tenemos que ir un paso más, como señalan los informes de Letta y Draghi, y liberar toda la potencialidad que tenemos para generar riqueza y puestos de trabajo. 

Hay una línea directa entre Trump y Santiago Abascal. Vox es el partido que más sube en las encuestas, ¿le preocupa un auge de la extrema derecha en España?

Por supuesto, la ultraderecha siempre es contraria a los valores y al proyecto europeo. No nos olvidemos que el proyecto europeo nace para garantizar la paz y contra las fuerzas de extrema derecha que quisieron aniquilar la idea de Europa. Son momentos de cambios históricos y todos nos tenemos que definir. La disyuntiva es muy clara: o se está con el proyecto europeo de valores democráticos, tolerancia, paz e igualdad o se está con aquellos que quieren dividirnos y debilitarnos. O se está con la democracia o se está con aquellos que no creen en ella. 

¿Hay previsión de un encuentro entre Sánchez y Trump?

El presidente Sánchez y Trump tuvieron una conversación telefónica muy cordial. En estos momentos no me consta que haya alguna reunión agendada.

Después de la crisis que hubo entre España y Argentina, ¿cómo está la relación entre los dos países? ¿Cómo ve el Gobierno las imágenes de la represión de las protestas de jubilados en Buenos Aires?

El embajador español regresó a Buenos Aires. Con el pueblo hermano argentino tenemos una relación fraternal. No solamente porque la mayor colonia de españoles en el mundo se encuentre en Argentina, sino porque aquí hay 250.000 argentinos conviviendo en armonía y participando en el crecimiento económico y social. Y hay relaciones de todo tipo, pero sobre todo humanas que pasan por ese idioma y esa historia compartidos. Siempre vamos a querer lo mejor para el pueblo argentino.

España se ha implicado de lleno en intentar buscar la solución de los dos Estados en Israel y Palestina. ¿Qué le parece, primero, el plan de Trump de crear un gran resort en la franja? ¿Los esfuerzos por una conferencia de paz han quedado abandonados?

En absoluto, al revés. Los estamos relanzando aún más. En junio habrá una conferencia muy importante en Naciones Unidas en cuya génesis estuvo España. No olvidemos que fue en Madrid donde se dio el impulso a la alianza global para la solución de los dos Estados. Vamos a participar activamente. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes y tiene que ser parte del futuro Estado palestino. 

Se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma. La gestión de las residencias en Madrid vuelve a estar en primera línea con la emisión del documental 7291. ¿Cómo recuerda ese momento y lo ocurrido en las residencias?

El Gobierno de España claramente hizo lo que tenía que hacer y de forma conjunta con nuestros socios europeos. Demostramos con el estado de alarma y con la forma de la que salimos de la crisis, tanto desde el punto de vista sanitario, con las vacunas, como el económico con los Fondos Next Generation, que cuando estamos juntos nos enfrentamos mejor a las crisis y las atravesamos con mayor rapidez. Con respecto a lo que ocurrió en las residencias, todo el mundo tiene claro que las cosas no se hicieron como se tenían que hacer y no fue la vida humana lo que se intentó privilegiar en todo momento. Hubo una clara negligencia política que debería tener responsabilidades políticas. Y, sobre todo, faltó humanidad.

Se cumplen cinco años del confinamiento y lo peor de la pandemia. “Saldremos mejores” fue uno de los lemas oficiales, una especie de chute psicológico en medio de la calamidad, que pretendía poner en práctica la máxima gramsciana del optimismo de la voluntad. Al mal tiempo, buena cara. Hoy, buscar la frase “saldremos mejores” en Google te lleva a un estupendo podcast de actualidad. Salir, salimos, pero gracias al chute químico de la vacuna. Con ella no construimos una nueva normalidad sino que recuperamos a toda prisa la vieja que tanto echábamos de menos. 

Cinco años después, Isabel Díaz Ayuso sigue batiendo récords de falta de humanidad, sin poder escapar del Protocolo de la Vergüenza, desvelado en este periódico por Manuel Rico, y huye cambiando de versión (como Mazón) para intentar protegerse. No soporta una cifra: 7.291 (ahora documental), el número de residentes que fallecieron en marzo y abril sin ser derivados a hospitales (salvo los que tenían seguro privado, claro), ni al milagroso hospital de campaña, con sus centros sin medicalizar pese a las promesas. El número fue desvelado por infoLibre el 29 de julio de 2020 y proviene de respuestas por escrito de la Comunidad a partir de los registros oficiales.

El diagnóstico, cinco años después, es claro. Hemos aprendido, pero no lo suficiente. La Unión Europea se movió en el apoyo a la fabricación de vacunas y en los planes para revitalizar unas economías maltrechas al mismo tiempo que se intentaba modernizar el modelo productivo. ¿Malos tiempos para los mal llamados liberales y los defensores de un Estado mínimo? No tan rápido. Si viniera otra pandemia, los trabajadores públicos tendrían que hacer un nuevo esfuerzo sobrehumano a cambio de poco más que aplausos a las 20:00. Madrid sigue a la cola en inversión en sanidad pública y en toda España hay escasez de médicos y profesionales. Florece por doquier un negocio privado (sanitario, residencial) que hace caja con el derecho a la salud. Todo ello a sabiendas de que, cuando vienen mal dadas, sólo lo público tiene la potencia para protegernos y, en no pocas ocasiones, salvarnos el pellejo. 

Cinco años después, nuestro continente vive otro debate sobre su seguridad, aunque bien distinto, a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la ruptura de la tradicional alianza entre EEUU y Europa. El de seguridad es un concepto muy diferente al de la defensa entendida como la compra de tanques y ametralladoras para enviar al frente contra el enemigo. 

Seguridad es defensa, claro, sobre todo teniendo en cuenta que a nadie le suena descabellado que Putin expanda su ofensiva a otros países del este, incluso pertenecientes a la UE, y mientras Trump trate de anexionarse Groenlandia. El ejército, como tal, no me produce ningún ardor patriótico. Pero del mismo modo que me encantaría que no existiese policía porque no hubiera delitos, que no necesitásemos inspectores fiscales o de trabajo porque no hubiera fraude, no se puede ignorar que el mundo se está volviendo cada vez más peligroso y que un ejército sujeto a controles democráticos, con fines disuasorios y nunca ofensivos puede hacer que los autócratas se lo piensen dos veces en vez de disponer de terreno expedito para sus locuras.

Pero seguridad es también un mercado comunitario único que permita que surjan empresas tecnológicas globales sometidas a las reglas europeas, que con sus defectos y virtudes son las más avanzadas del mundo; o que se protejan los intereses de los sectores productivos y se avance en la autonomía en sectores estratégicos, generando crecimiento y puestos de trabajo. Seguridad es dotarse de protección ante los zarpazos del cambio climático, los ciberataques, la interferencia en las elecciones o el negocio de la desinformación. Seguridad es cohesión social, servicios públicos y reducción de las desigualdades. 

En otras palabras: la potencia de lo público es la mejor garantía de nuestra seguridad. Y la apuesta ha de enmarcarse en una soberanía democrática europea, la única eficaz ante problemas y potencias globales. De la crisis financiera y del euro de 2008 lo aprendimos a golpes y de la pandemia con impulso. ¿Y ahora? Es hora de poner las luces largas. 

También hace cinco años me convertí en director de infoLibre y desde entonces este medio ha seguido demostrando que el buen periodismo significa igualmente seguridad. Y que para que la información fluya en libertad (haciendo honor a la cabecera) es necesario dar un paso al frente. Eso es este proyecto: sociedad civil organizada y comprometida con el derecho a saber. La perseverancia tiene recompensa: la consolidación de un modelo que estos días celebra 12 años de dignidad con el mejor ejercicio económico de su historia y sus principios intactos, como ha explicado Jesús Maraña, fundador y guía permanente. 

Llega el momento de que yo me despida tras una etapa de intenso y maravilloso aprendizaje y una sensación de privilegio por lo vivido. Nada hubiera sido posible sin una excelente y esforzada redacción, el conjunto del equipo y la amplia comunidad de infoLibre, especialmente sus socias y socios. Todas ellas y ellos mantienen el compromiso con la búsqueda de diagnósticos rigurosos y solventes y, siempre, de buscar salir mejores tras superar los retos. Aunque suene ingenuo. Aunque arrecie la tormenta. Así que: Ultreia o, en otras palabras, ¡adelante, infoLibre!

"Quizá el miedo sea, efectivamente, una enfermedad". Transcurre el segundo acto de la ópera Dialogues des Carmèlites (Diálogos de carmelitas), de Francis Poulenc. Su protagonista es una aristócrata que entra en un convento para refugiarse de la época del Terror de la Revolución Francesa. No le quedan apenas certezas. No hay, para ella, territorio seguro. Desde luego, no lo va a encontrar en la clase acomodada de la que proviene, asediada por huracanados vientos de cambio. Tampoco logrará consuelo en la seguridad de la religión, amenazada desde fuera por el anticlericalismo y desde dentro por crisis de fe. El vértigo y la angustia lo inundan todo.

Puede no parecer del todo obvio un plan cultural que consiste en ver una ópera de mediados del siglo XX en el que un autor desconocido para el gran público cuenta durante casi tres horas cómo 16 monjas se encaminan a la guillotina por su fe. No, no lo es. No estamos ante un título taquillero o resultón sino ante uno singular y exigente. 

Precisamente por eso tiene más mérito la decisión del director artístico del Palau de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, de poner todo un teatro de ópera (participan hasta 230 músicos y artistas) al servicio de la espectacular producción concebida por Robert Carsen, uno de los más brillantes directores de escena de las últimas décadas. Hacerlo en Valencia tiene más mérito, pero también mucho más sentido si lo que se quiere es consolidar la institución en un mapa de calidad operística. 

Porque, en realidad, el martirio de las 16 religiosas de Compiègne, que ocurrió de verdad (fueron beatificadas por Pio X y canonizadas por Francisco), no es sino una excusa para inducir una profunda reflexión sobre las creencias -ya sean la fe o sencillamente los principios-, cómo afrontar la muerte, las revoluciones y sus daños colaterales, a veces inmensos. 

La producción de Carsen, concebida para la Ópera Nacional de Países Bajos hace más de un cuarto de siglo (y que se vio en 2006 en el Teatro Real), mantiene al espectador con el corazón en un puño recurriendo a un apabullante minimalismo. El efecto es devastador. Una enorme caja gris casi siempre vacía amplifica al máximo los sentimientos que la habitan. La ausencia de símbolos religiosos en la puesta en escena hace universal el relato. La belleza se florece en los momentos más sencillos, casi por casualidad. Las líneas e hileras (a veces paralelas, otras perpendiculares) se dibujan constantemente hasta conferir un extraño orden a lo que en todo momento es una olla a presión a punto de explorar. 

Porque eso es vivir con miedo: la angustia de no saber en qué creer ni tener certezas a las que agarrarse. Es pasar de la calidez de las reglas del mundo conocido a los inciertos riesgos de un terreno por explorar. Quitemos a las monjas y pongamos a los perseguidos en Gaza o Ucrania, como propone el músico y crítico Justo Romero en las notas al programa. O migrantes en una frontera. O mujeres en Afganistán. Funciona, pero la obra ofrece lecturas mucho menos cómodas para el espectador, en las que no esté tan claro de qué lado está.

Hoy, las revoluciones más cercanas parten de una colección de miedos, a menudo sin base y heterogéneos, amoldados por líderes pudientes, expertos en odiar en nombre del sentido común y la libertad. Las revoluciones que arrasan las democracias de más tradición, desde EEUU con la vuelta de Donald Trump a todas las europeas, son de corte ultraconservador, adelantan por la derecha a la propia Iglesia y, desde luego, a la convivencia en su sentido más amplio y global. El terror puede infligirse no desde fuera del sistema sino desde las instituciones que constituyen su propio corazón. Y, si no, que se lo pregunten a la obispa episcopaliana de Washington, Mariann Budde, que recientemente le leyó la cartilla al nuevo presidente norteamericano al pedirle humanidad con las personas migrantes o simplemente diferentes. Llegado el momento, monjas o víctimas podemos ser todos. Conviene recordar que verdugos o sus votantes, también. 

Hay, además, una importante carga introspectiva en la ópera, una exploración interior sobre las creencias, perfectamente descrito por las dudas de Madame de Croissy, la priora del convento, que tras décadas de fe y obediencia se ve sola, llena de dudas, ante la muerte. Otra buena metáfora de cómo pueden interactuar un cambio de época que hace tambalear los cimientos de lo conocido junto a una situación personal límite, como es la cercanía a la muerte, que puede removerte por dentro.

La producción, que ha visitado más de una docena de escenarios prestigiosos, volvió a contar con su creador, Carsen, que evitó mandar a alguien de su equipo para encargarse él mismo de resucitar a las monjas antes de matarlas, una a una, sin que se vea una gota de sangre ni guillotina alguna, potenciando así aún más el dramatismo de la música y la escena. La escena no se olvida, con su Salve Regina y el martirio al que finalmente se entrega la protagonista, casi fundiéndose con dios frente a la incomprensión de la turba. La iluminación está cuidada hasta el extremo, con claridades potentes y tan medidas como sus sugerentes sombras. En el medio, la difícil digestión que debe hacer el espectador. Pero merece la pena. 

La dirección musical de Riccardo Minasi y el elenco son más que correctos. El reparto lo encabeza la soprana Alexandra Marcellier en el papel de Blanche de la Force (la aristócrata que toma el hábito), y destacan la veterana mezzo Doris Soffel, con oficio más que suficiente para hacer de la priora añosa Madame de Croissy, Nicolas Cavallier como solvente marqués de la Force, o Sandra Hamaoui como hermana Constance. Sin llegar a ofrecer una interpretación inolvidable, y con algunos altibajos, cumplen en general de sobra su papel junto a una Orquesta de la Comunitat Valenciana que va de menos a más y destaca, sobre todo, en el tercer acto.

"Hay que saber exponerse al miedo como a la muerte. El verdadero valor está en ese atrevimiento", le dicen a la protagonista en un momento de la ópera. Si hay que fijarse en el atrevimiento en relación a un título como este, el valor queda demostrado en Les Arts con una producción redonda. 

Las estampas del arranque de la presidencia de Donald Trump son reveladoras. 

El ganador de unas elecciones libera a los que hace cuatro años asaltaron con violencia el parlamento de su país para boicotear el resultado electoral legítimo.  

A la vez, y como si se tratase de un monarca absolutista, asegura que, en realidad, el que ha querido que sea presidente es dios, que para eso le salvó la vida.

El hombre de negocios y defensor del libre mercado promete aranceles a diestro y siniestro. 

Un supuesto defensor de la libertad de expresión contra la supuesta censura imperante hace espasmódicamente y el saludo nazi ante una multitud y las cámaras de televisión. 

Los empresarios tecnológicos que hasta ahora decían promover desde sus entrañables garajes una expansión sin precedentes de la libertad de expresión engrosan el 1% de los más ricos y rinden pleitesía, para seguir haciendo dinero, a aquel al que hasta hace unos años consideraban un peligro público. 

Los multimillonarios más ricos del planeta ven una amenaza en los migrantes, a menudo las personas más pobres del planeta.

Si miramos a España, la situación no es mucho más halagüeña:

El primer partido del país, que constantemente juega a sugerir que representa a la mayoría social (incluyendo la deslegitimación del Gobierno democráticamente constituido) vota en contra de subir las pensiones, el ingreso mínimo vital, de mantener los descuentos al transporte o las rebajas fiscales a la rehabilitación de viviendas y la compra de vehículos eléctricos. 

El mismo partido que gobierna en la Comunitat Valenciana y esparce bulos sobre las ayudas del Estado vota en contra de nuevas ayudas a los afectados por la dana. No es capaz de explicar qué no le gusta de todas esas medidas, de un enorme impacto económico, salvo una crítica a una restitución de un edificio en París. 

Los que hasta ahora decían que coincidir en una votación o pactar con Junts era pura connivencia con el terrorismo (sí, terrorismo, tal como suena) no dudan en unir fuerzas y ofrecer pactos a esas mismas formaciones. 

El partido que nombró a un compañero de colegio de su presidente al frente de una Telefónica que había privatizado acusa ahora al Estado, que posee un 10% de las acciones de Telefónica, de un golpe de estado empresarial. Y de hacerlo junto a uno de los principales bancos del país. 

El presidente de la patronal, que cobra 25 veces el salario mínimo interprofesional, se enfada cuando una periodista le pregunta si cree que en España se puede vivir con los 1.134 euros de una cuantía que los empresarios se niegan a actualizar. La pregunta “no procede”. 

Un defraudador confeso, al que asedian declaraciones fiscales, presuntas facturas falsas presentadas por él mismo y documentos incriminatorios por doquier, urde una trama apoyada en un gran bulo esparcido con dinero público hasta poner contra las cuerdas al fiscal general que lo desmintió, contra el que sigue sin haber una prueba concluyente, sólo opiniones o sospechas. Mientras, se siguen produciendo decenas y decenas de filtraciones y revelaciones de secretos que, por supuesto, a nadie le preocupan y nadie investiga, pero todos consumimos a través de los medios de comunicación. 

Si la Justicia tiene una transición pendiente, el debate público afronta el mayúsculo desafío de recuperar el equilibrio entre la verdad y la mentira. O entre lo inofensivo y lo escandaloso. Porque no es lo mismo. 

Demasiados actores políticos hacen gala de la ausencia de un código moral, o incluso de su arrogancia en sus momentos de mayor estupidez (¡Trump mete a España en el grupo de los Brics y manda al periodista a informarse para que aprenda!). Sin disimulo, se cambian principios por intereses y, así, llegamos a la total abolición de las categorías en favor de coyunturas a veces contradictorias y siempre cortoplacistas. Así no se construye ni una sociedad, ni un país ni un orden multilateral internacional. Y son precisamente los consensos forjados durante más de medio siglo, tras un infausto siglo XX, los que parecen estar en juego. 

Por eso, propuestas como la de Pedro Sánchez en Davos de, sencillamente, pedir un poco de responsabilidad a las empresas dueñas de las redes sociales, no solo son elementales sino imprescindibles. No es nada revolucionario asegurarse de que los delitos que se persiguen en la calle puedan perseguirse online. Que si los medios de comunicación son responsables de todo lo que se publica en sus páginas (sea una investigación de sus periodistas o un comentario de sus lectores), las redes lo sean también. O que haya una mínima transparencia en algoritmos que pueden ser muy lucrativos pero servir para fomentar el odio, manipular elecciones o perjudicar a minorías y vulnerables. 

Parecen propuestas obvias, como el plan de regeneración democrática que recoge y completa legislación europea aprobada en Estrasburgo por una amplia mayoría de izquierda y derecha, pero quizás acaben pareciendo subversivas precisamente porque nuestro debate público ha sido envenenado por los que hacen negocio del caos. 

Nada asusta más a los poderosos que una sociedad bien informada. Nada temen más los del 1% que la afirmación organizada, democrática y amplia del otro 99%. 

Si Fernando de los Ríos dijo hace casi un siglo que “En España, lo único pendiente es la revolución del respeto”, hoy hay que sumar una tarea previa. Sólo una revolución que vuelva a hacer de la información el centro del debate público permitirá a los españoles respetarse, para empezar, a sí mismos.

Ángel Víctor Torres se ha convertido en una de las piezas clave del Gobierno de coalición. Por sus manos pasan algunos de los temas principales del Ejecutivo en este arranque de año: desde la coordinación de los actos de España en libertad, para conmemorar el periodo que ha vivido el país desde la muerte de Franco en 1975, hasta la compleja negociación para buscar una distribución de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla.

Y Torres (Arucas, 1966) es asimismo una de las principales dianas de la oposición. El PP lo ha llamado a declarar por segunda vez el próximo martes a la comisión de investigación en el Senado por el caso Koldo. “Tengo la conciencia tranquila, duermo perfectamente bien”, señala al hilo durante la entrevista. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática recalca que el Gobierno tiene la intención de presentar los presupuestos para el año que viene y se muestra confiado en que el PSOE volverá a ganar las elecciones en Canarias en 2027. Con él como candidato.

El nuevo año político arrancó con el primer acto de la conmemoración de los 50 años de España en libertad, muy criticado por la oposición. ¿Por qué es necesario?

Fundamentalmente porque el 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Francisco Franco, se inició el fin de la dictadura, de cuatro décadas de totalitarismo y de una involución de derechos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, de los colectivos sociales y de la propia democracia. Hay un debate sobre por qué se pone la fecha de 1975.

¿Por?

Si hubiera muerto en 1980, no hubiéramos tenido ni elecciones democráticas en 1977 ni Constitución en 1978. La fecha esencial para que se dieran esos hechos fue la muerte del dictador. Reivindicamos que ese es el principio del fin y del comienzo de una transición a una etapa de libertad. 

¿No se plantearon algún otro hito democrático? ¿Fue morir Franco y que hubiera libertad?

No fue exactamente así. Era imposible porque había tentáculos de la dictadura. También podemos celebrar las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978. Lo que es evidente es que el embrión para conseguir estos cincuenta años de libertad fue la muerte del dictador. 

En el Congreso se escuchan cada vez más a menudo reivindicaciones e incluso defensas del franquismo. Desde el Gobierno se advierte de que la democracia puede estar en riesgo. ¿Es una exageración?

En absoluto. Hemos escuchado en el Congreso a un representante público elegido por sufragio universal decir que con Franco se vivía mejor, lo que es absolutamente falso. Este país entró en un retroceso respecto a otros países europeos después de la II Guerra Mundial porque se mantuvo el fascismo frente a otras naciones donde caminaron hacia la democracia y la libertad y se avanzó en la economía, la sanidad y la educación. Vivimos durante cuatro décadas en una etapa de aislamiento internacional y en un sistema dictatorial, en el que se impuso un modelo ideológico donde, por ejemplo, las mujeres perdieron derechos respecto a 1936, como el de la potestad de los hijos. No había divorcio ni se podía encontrar la felicidad si amabas a una persona de tu mismo sexo porque era delito. Incluso se enviaba a campos de trabajos forzados a los homosexuales como en Tefía (Fuerteventura). No elegíamos a nuestros representantes públicos y se imponían desde el poder autocrático y la dictadura. 

¿Eso lo saben los jóvenes? No. Lo que pretendemos con estos actos es que la gente libremente compare y sepa lo que se ha conseguido en cincuenta años de libertad frente a cuarenta años de dictadura y que piense qué quiere para el futuro. Defender el sistema democrático con uñas y dientes o aceptar postulados falsos como que se vivía mejor y se avanzaba con Franco. Cualquier demócrata no puede querer a un dictador en cualquier lugar. Sin embargo, hay partidos democráticos ultraderechistas que salen de las urnas que reivindican la figura de Franco y que la intentan resucitar. Eso es un drama.

Se ha comentado mucho la ausencia del rey Felipe VI en el primer acto de España en libertad. ¿Tiene la monarquía cuentas pendientes con la memoria democrática?

Los actos de las personas están sometidos al escrutinio de la ciudadanía. Es evidente que en 1975 con la muerte de Franco se pretendía mantener un sistema autocrático y autoritario. A la sazón ya había sido designado el rey Juan Carlos. Hay un papel fundamental de la Casa Real en entender que había que caminar hacia una monarquía constitucional. Eso fue clave junto a actores fundamentales en esos años. También hay que recordar, sin embargo, que la derecha no votó en bloque la Constitución. Muchos herederos del franquismo se opusieron a la Carta Magna. Por suerte, la Casa Real entendió el momento histórico y la voluntad de la mayoría de los españoles que se mostró en muchas manifestaciones. Se hizo lo que se tenía que hacer: abrir este país a la luz y a la libertad.

El Consejo de Ministros rechazó este martes las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid y sigue adelante con el proceso para declarar la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol como lugar de memoria. ¿Cuándo se instalará esa placa? ¿Qué le parece que Díaz Ayuso ya haya avanzado que irá al Tribunal Constitucional?

Lo último me parece una pena. Va a haber muchos lugares en España y fuera que van a ser declarados este año como sitios de memoria. Lo único que hace la ley de memoria es establecer para el conocimiento de todos que en ese lugar se defendió la libertad o que se perdió incluso la vida por ello. Hubo torturas y muertes absolutamente injustas. No sé si la presidenta de Madrid, que nació en la democracia, no es capaz de entender que ha tenido una suerte que no tuvieron nuestros padres y abuelos. Vamos a seguir adelante con que la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, sea lugar de memoria. Hemos rechazado el recurso autonómico y vamos a tender la mano a la presidenta y al PP. 

Han criticado que en memoria el PP tiene una posición subalterna respecto a Vox. Pero hay ejemplos, como el de Ayuso, o el del Gobierno de Extremadura, que está tramitando la norma que derogará la actual ley de memoria democrática a pesar de que la ultraderecha está ya fuera del Ejecutivo. ¿El partido de Abascal sigue condicionando o es el propio Partido Popular el que quiere eso?

Vox marca la toma de decisiones de distintos representantes del PP. Otros con mayoría absoluta imponen una cuestión ideologizada absolutamente errónea, como pasa con la Comunidad de Madrid. Pero luego hay otros como Juanma Moreno que dicen que les parece que hay que festejar lógicamente la muerte del dictador y el camino a la democracia. Ocurre que hay comunidades que tienen que sacar sus presupuestos y entran en contradicciones tremendas.

La presidenta extremeña, María Guardiola, dijo que en ningún caso iba a incluir a Vox en su Gobierno y lo hizo. Luego el partido de Abascal salió de los gobiernos porque se aprobó distribuir apenas a 400 menores inmigrantes negros. Digo negros porque si fueran blancos no habría problemas, como vimos con los niños que llegaron por la invasión de Ucrania. Ahora, por su minoría y sin ningún tipo de lógica, son capaces de caminar a una ley que va contra la memoria democrática y los derechos humanos. Se equivocan gravemente en no caminar en cuestiones de solidaridad y de carácter humanitario y también contra la ley de memoria democrática. Les marca el pulso la ultraderecha.

Habla del tema de los menores no acompañados, ¿cómo está la negociación con el Gobierno de Canarias? ¿Hay algún tipo de acuerdo para conseguir esa solución en principio temporal para la distribución?

El Gobierno sigue con la voluntad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería porque sería una solución definitiva, no para un año y 4.500 menores. Lamentablemente, tengo que decir que ha sido el PP el que se ha borrado de la negociación. Al final, ha bloqueado una situación incluso en los territorios donde gobierna. Ha dejado en muy mal lugar a los presidentes de Ceuta y de Melilla y al vicepresidente de Canarias. Ni siquiera el PP quiso que en la Conferencia de Presidentes se llevara el texto firmado por Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo. Ahora estamos trabajando sobre una modificación puntual con el Gobierno de Canarias y hay que buscar la fórmula jurídica: decreto ley o proposición de ley. Esto no es una cuestión política porque en el texto se pide que la tutela de esos menores en territorios frontera pase a las comunidades. Si la Abogacía y el Consejo de Estado dicen que esto cabe por decreto ley, lo haríamos así. Pero antes de eso hay que hacer un trabajo previo: los apoyos.

¿Cómo cambiaría la situación?

Es un acuerdo único para distribuir a cuatro mil menores de Canarias y quinientos de Ceuta y Melilla. Se haría en el plazo de tiempo más corto posible con toda la seguridad del menor, que tiene que ser escuchado y expresar su voluntad. Se trata de una sola actuación y, por supuesto, tendrá la financiación que sea precisa, que vendría del Estado de manera excepcional. Es algo puntual, no se toca ningún artículo de la Ley de Extranjería. Pero cuando tengamos el texto y sepamos la fórmula, tiene que ser votado sí o sí en el Congreso.

Si descarta al PP, la única fórmula pasaría por Junts, un partido que ha tenido posturas duras en este tema. ¿Confía en que los poscovergentes terminen apoyando el texto?

Confío porque así lo ha trasladado el presidente de Canarias, que ha hablado con Míriam Nogueras para este acuerdo puntual porque para la reforma del artículo 35 no hay acuerdo con Junts. Estamos encantados de poder avanzar en ese camino. El paso trascendental será conseguir el apoyo para el cambio de la Ley de Extranjería. Ahí también hablaremos de nuevo con el PP.

¿Por qué cree que el PP, que estaba cerca del acuerdo, se ha bajado políticamente?

Recuerdo que cuando empezamos las negociaciones, ante la posibilidad de que fuera un decreto ley, Díaz Ayuso dijo que lo llevaría al Constitucional. A eso se suma que Vox marca los gobiernos del PP cuando no tienen mayoría absoluta. Han vencido los presidentes que necesitan a la ultraderecha frente a los que gobiernan en Ceuta, Melilla y Canarias, que han tenido un peso menor para defenderse y elevar la voz para que saliera adelante esta cuestión de justicia. La ley nació principalmente para los menores nacidos en esos territorios, no para los migrantes que vinieran en pateras. Por eso hay que modificarla. No es justo que por ser una competencia autonómica se queden en ese territorio al que llegan. No es un concepto de país, porque llegan a España y a la UE. No condenemos a esos niños a estar hacinados, lo lógico es que haya una distribución justa en todo el territorio. No hemos conseguido que el PP lo vea. Sí lo han visto el Gobierno de España y once grupos políticos como ERC o EH Bildu. Votaron “no” los diputados del PP por el rechazo de los presidentes autonómicos.

El PP lo ha citado el próximo martes en el Senado en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Los populares argumentan que usted mintió en su anterior intervención en ese órgano. ¿Lo hizo?

En absoluto, volverá a quedar demostrado el próximo martes. El PP hace un uso evidente de las comisiones de investigación. La naturaleza de estos órganos es intentar conocer qué ocurrió y la verdad. Los populares han bloqueado con otras fuerzas la comisión en el Congreso para que no fueran los presidentes autonómicos de su color. Es un gesto de absoluta de hipocresía: rechazan que vaya Díaz Ayuso para dar respuesta a lo que ocurrió con los fallecidos en las residencias, Moreno Bonilla para explicar por qué tres gerentes de su Gobierno están investigados por compra de material sanitario o Alberto Núñez Feijóo por denuncias al respecto. Pero con su mayoría absoluta en el Senado hacen que tengamos que ir otros más de una vez. A María Jesús Montero, a Óscar Puente y a mí nos hicieron ir en la semana previa del congreso federal. Y ahora en la misma semana que tengo el congreso regional. Quieren un uso político claro y partidario de una comisión que tiene que velar por la verdad.

Dejaré bien claro que no he mentido. Si quieren buscar a quienes sí han mentido, lo tienen mucho más fácil. Que miren al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y a su presidenta, que afirmó que Hacienda le debía fondos a un ciudadano que es su pareja y sobre el que hemos conocido que su abogado pidió un acuerdo a la Fiscalía por supuestos delitos cometidos. 

Como se ha publicado, ¿usted medió y aligeró el pago de un contrato a la trama de Aldama por 11,8 millones de euros a través de Koldo y del entonces consejero de Sanidad?

Es tan claro que está en el expediente. Ese material se envió a Canarias y había un contrato que especificaba que había que pagar el 50% cuando se hacía la petición y el restante cuando se entregaba. Llegó en mayo y se terminó abonando unos meses después. El contrato se tiene que cumplir por las dos partes y es lo que está en el expediente. Basta con mirar para verlo.

El PP lo señala en el caso Koldo llamándolo a la comisión y hablan de su cercanía con la trama. ¿Está tranquilo? ¿Cree que la justicia lo llamará en algún momento?

Absolutamente tranquilo. Espero que la justicia llame a quienes han hecho acusaciones gravísimas sobre mí, como que he perdido mordidas o que me he beneficiado de pisos y señoritas. Esto va contra la imagen de las personas, el honor y el ámbito más estrecho e íntimo. Sin ninguna prueba. A ver si en el Senado el martes el PP es capaz de demostrar las acusaciones en sede judicial del señor Aldama. Hasta ahora no ha aparecido ninguna prueba ni aparecerá nunca porque se basan en la infamia y en la difamación. Buscan desprestigiar en una campaña claramente política. 

¿Le afecta personalmente? ¿Le ha hecho replantearse sus responsabilidades?

Empecé en política en el año 1999, en la oposición. He sido casi todo: concejal, alcalde, diputado en las Cortes, parlamentario en Canarias, presidente de un cabildo y de la comunidad. No puedo darle nada más que gracias a la política y a mi formación. He sufrido en varias ocasiones campañas que quedaron absolutamente en nada. Eso no significa que esté acostumbrado. Recuerdo que en febrero de 2023 saltó el caso Medidor y decían que yo estaba al corriente de todo. Era absolutamente falso, había una voluntad política de hacer daño ante la cercanía de las elecciones. Hubo denuncias que tuvieron poco recorrido. Estoy sufriendo una situación semejante. Tengo la conciencia tranquila, duermo perfectamente. 

Habla de campañas políticas y de utilización de las instituciones. Hablemos del caso del fiscal general del Estado, ¿cree que hay una campaña contra él y una utilización de las instituciones como la Justicia? ¿Qué le parece la instrucción por parte del magistrado Hurtado en el Tribunal Supremo?

Hay preguntas que generan preguntas. ¿Cómo es posible que alguien como Miguel Ángel Rodríguez haya mentido en una declaración como testigo y no pase absolutamente nada? ¿Cómo es posible que la verdad, es decir, que se había lanzado un bulo, haga que alguien esté investigado cuando se debe perseguir a quien ha cometido un delito y ha mentido? Los instrumentos del Estado deben estar al servicio de la legalidad vigente y para perseguir al supuesto defraudador y al supuesto delincuente. Es lo que tiene que hacer el Estado de Derecho. Creo en la Justicia y, como dijo el presidente del Gobierno, que la mayoría en el ámbito judicial actúan defendiendo su código deontológico. Pero la ciudadanía está preocupada porque hay cuestiones que no entiende. ¿Qué se tiene que hacer ante una mentira? ¿Aceptarla? También es un derecho constitucional ser informado desde la verdad. Hay que perseguir a quien lanza un bulo de esta envergadura y que fue portada en periódicos. Eso parece que no tiene espacio en los medios de comunicación.

¿Hay una judicialización de la política? ¿Dentro del sistema judicial se está librando una batalla política?

Defendemos absolutamente la separación de poderes, pero conozco casos, alguno por ejemplo en Canarias, de jueces que actuaron al margen de la ley y están en la cárcel. Eso es también la justicia. Estamos ante una situación que incluso históricamente se va a analizar. Hay un debate social porque hay testigos que han afirmado que les llegó el correo antes que al fiscal y no se ha tenido en cuenta en el auto. 

Ha sido uno de los ministros que ha estado más en el terreno en Valencia por la dana. ¿Qué le pareció la ovación que le dedicó el PP a Carlos Mazón el pasado fin de semana? ¿Está ya en una operación rehabilitación?

Es una decisión del propio president. Cuando solicitó la comparecencia en las Cortes, tendría que haber dicho que se equivocó, que su obligación era haber estado en el Cecopi desde el principio, que era el máximo responsable, que daba la cara y que en el momento oportuno deben ser otros los que tienen que llevar las riendas. No lo hizo. Las manifestaciones que ha habido en Valencia evidencian lo que siente el pueblo. ¿Una ovación interna de una organización política? Quienes lo hayan hecho son responsables de esos aplausos. Pero ahí está la sucesión de los acontecimientos. Yo he sido presidente de una comunidad autónoma y he tenido un volcán y situaciones muy complicadas. Por ejemplo, en La Palma hicimos que las personas con problemas de movilidad salieran de sus casas antes de la erupción. Se activaron mecanismos previamente. Nunca dejé de ejercer mi responsabilidad máxima. Eso no lo hizo Mazón el día que ocurrió la dana.

¿Debería dimitir?

Debería haber hecho un ejercicio propio en el momento oportuno. Se equivocó gravemente y no tuvo donde tenía que estar.

¿Qué le ha parecido que Mazón haya comparado las ayudas a Gaza y a Valencia afirmando que la Comunitat va a recibir “cero euros” de ayudas directas del Ejecutivo central?

Es simple y llanamente mentira. Y eso hace más mezquina la comparación. Estamos hablando de más 16.000 millones en medidas extraordinarias para las zonas afectadas y de más de 1.500 millones de euros en ayudas que ya han sido abonados. Es lamentable que se use el dolor de los valencianos y valencianas y el dolor de Gaza, con más de 45.000 personas muertas por la crueldad de esta guerra. Lo que ha hecho Mazón va en la línea del mensaje en las redes sociales que lanzó el viernes el PP. Es despreciable y demuestra una baja catadura moral. Escasa humanidad. Ese mensaje va a resonar siempre en sus conciencias. Después vendrán con aquello de que les faltó piel. No se lo va a creer nadie. Cada vez están más deshumanizados y son presos de la ultraderecha.

Antes hablaba del congreso del PSOE de Canarias, que se celebrará del 24 al 26 de enero. Volverá a ser elegido como secretario general. ¿Repetirá como candidato en las elecciones autonómicas de 2027? ¿Es compatible que haya hasta cinco ministros en el Gobierno que sean líderes territoriales?

Respecto al congreso, mi agradecimiento a los compañeros que me han animado a volver a presentarme y a la militancia que me ha apoyado durante estos años. Es un cónclave de un partido que ganó las elecciones en Canarias y que, según todas las encuestas, volvería a ganar los comicios. Es un partido fuerte con un gran poder municipal. Llegado el momento, si los afiliados lo consideran y tengo fuerzas para ir de candidato, lo haría. Estoy a disposición de mi organización. Me he presentado dos veces a la Presidencia de Canarias y he ganado las dos, pero al final las mayorías parlamentarios han dado otro gobierno. Vamos a trabajar para ganar. Hicimos una buena gestión con el Pacto de las Flores, dejamos a Canarias con mejores números en igualdad, lucha contra la pobreza, empleo, dependencia y escolarización de cero a tres años. Estoy convencido de que volveremos a ganar.

¿Se puede ser ministro a tiempo completo y ser secretario general del PSOE de Canarias?

Es un debate recurrente. Siempre respondo que son los equipos los que hacen que las cosas caminen. Tengo un gran equipo, tanto en el grupo parlamentario como en el partido. Estamos coordinados. Y esto no es nuevo. Las organizaciones están por encima de las personas. Hay momentos en los que la responsabilidad te llama y debes responder a ella. Son los militantes los que deciden quienes son los secretarios de las federaciones. Un ministro es un militante y está en igualdad de condiciones para ser candidato. Estoy muy orgulloso de mis compañeros en el Consejo de Ministros y estoy convencido de que lo harán magníficamente como secretarios generales y se convertirán en presidentes autonómicos.

¿Qué le parece el anuncio de Carles Puigdemont de paralizar las negociaciones sectoriales con el PSOE? ¿Confía en reconducir la situación?

Junts plantea un punto y aparte. No es un punto final. Así que nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta para mejorar el empleo, la economía y la justicia social. Y esa hoja de ruta tiene como base el diálogo para superar las diferencias. También con Junts, con quien se han ido cumpliendo los compromisos. Recuerdo que el ministerio que dirijo es el que se encarga de las relaciones con las comunidades autónomas y si hemos bajado un 70% la conflictividad bajo la presidencia de Sánchez en comparación con la de Rajoy, es porque damos prioridad al diálogo. Al entendimiento y la negociación. Así va a seguir siendo. Las situaciones siempre se pueden reconducir si hay diálogo.

Después de que la Mesa se haya dado tiempo para estudiar la proposición no de ley de Junts que pide a Pedro Sánchez someterse a una moción de confianza, ¿confía en que habrá presupuestos generales?

Después de lo acontecido, el Gobierno sigue adelante con su propuesta de presupuestos. Todos los ministerios ya hemos trasladado las nuestras y el Ministerio de Hacienda sabe las partidas que queremos aumentar y definir para las cuentas de 2025. Y el departamento está hablando con todos los grupos políticos. Hay algunos que ya están dando su apoyo y vamos a seguir para conseguir esos presupuestos, que son muy importantes para el Gobierno de España, pero también para todos los Ejecutivos autonómicos y locales. Recuerdo que el PP no votó en contra del techo de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego sí en el Congreso porque Junts retiró el apoyo. Fue una decisión del PP absolutamente partidaria. Puso por delante hacer caer al Gobierno que defender más recursos para las autonomías que gobierna. Una cosa muy esperpéntica para el interés general.

La propia presentación del techo de gasto está en duda si no hay esos apoyos. ¿El Gobierno sólo lo remitirá a las Cortes si tiene la expectativa de poder aprobar las cuentas? ¿O lo enviará y que cada uno se retrate?

Será una decisión del Consejo de Ministros previa propuesta de Hacienda. La voluntad es presentarlos, pero será el Ministerio el que decida ante la perspectiva de esos apoyos.

El argumento puede parecer anacrónico y amortizado. Un joven estudiante de buena familia (ejem) se enamora de una cortesana y es correspondido, pero su amor es frustrado por las convenciones y prejuicios de la época. Que las arias de La Traviata, la ópera más representada del mundo, sean ya himnos populares con vida autónoma posiblemente tampoco ayuden a hacer accesible la vigencia de una trama en la que encaja como un guante una lectura contemporánea sobre el género, la prostitución y los valores de clase. 

La conocida producción del director de escena David McVicar de 2008 que este viernes se estrenó en el Liceu de Barcelona busca huir de la ópera de postal y por eso retrata con realismo la única ópera que Verdi escribió con una trama contemporánea, basada en La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo. Los palacios se tornan en las habitaciones no muy grandes de las afueras del París de mediados del siglo XIX en las que transcurre la trama. El brilli brilli sobrevenido en tantas producciones para agradar a espectadores ansiosos por ser deslumbrados se torna en un presentimiento aciago y sobrio. El fatalismo está muy presente a través de la iluminación y en toda la puesta en escena; desde antes de que empiece a sonar la música, con unos muebles tapados por sábanas y telas, mientras se desmonta la casa de Violetta Valery (haciendo de toda la ópera un enorme flashback), hasta el tercer y dramático acto en el que la protagonista, interpretada magistralmente por la soprano estadounidense Nadine Sierra, se extravía para siempre (La Traviata significa eso, “La extraviada”, y con ese título se estrenó en el Liceu en 1855). 

El realismo de la producción y el vestuario pueden alejarla de códigos que permitirían a generaciones más jóvenes conectar fácilmente con una actual crítica social (¿por qué no plantear una reflexión dramatúrgica sobre la regulación de la prostitución o sobre el nuevo machismo entre los más jóvenes?), pero la ausencia de distracciones permite centrar la mirada en la evolución del dúo protagonista y, en especial, de Violetta Valéry. No en vano muere con un camisón blanco que destaca en medio de la oscuridad reinante. Su pureza sólo es perturbada por la sangre que escupe su letal tuberculosis. 

Nadine Sierra es la protagonista absoluta de la producción, y eso que comparte cartel nada menos que con el tenor Javier Camarena, en el rol de Alfredo. La ovación que un Liceu puesto en pie dedicó a la soprano es tan justa como generosa su interpretación. Derrochó personalidad, obligando a un director musical (no siempre muy dispuesto) a amoldarse a sus derroches de expresividad, técnica y variedad de tempos. 

Su interpretación sin fisuras tuvo colores más que estimulantes en varias cadencias, ejecutadas con una mirada propia y amplia paleta vocal, y su viaje interpretativo, desde la orgullosa mujer de moda al abatimiento y fragilidad absolutas, para desembocar en una escalofriante y a la vez tierna agonía, revela una enorme madurez que evita la tentación de cruzar la línea hacia lo gratuito o lo exagerado. Su voz es bonita, de densidad milimétrica y limpia proyección. Es realmente emocionante y poco habitual asistir a un despliegue vocal tan natural (perfecto legato, cuidadoso vibrato, fluido fiato) pero también a un viaje dramático tan completo. Y que estén ambos, y no es algo menor, perfectamente dimensionados. 

Nadine Sierra hizo suya esta Traviata y, así, regaló al público una función espectacular a la altura del teatro, que siempre ha hecho gala del gran prestigio de sus voces y que en las últimas semanas arrastra una ruidosa polémica por la calidad artística de una de las orquestas invitadas para hacer galas navideñas de música de cine. 

El Alfredo de Camarena es, al lado de la Violetta de Sierra, mucho más discreto, aunque en general más que correcto. Se nota el oficio y la materia prima vocal, pero quizás el constipado que el teatro aseguró que tenía, y por el que su participación en el estreno estuvo en duda hasta el último minuto, impidieron que Camarera brillara como en sus mejores ocasiones. Fue de menos a más y echó el resto en el segundo acto, aunque algunos desajustes hicieron que por momentos pareciera un poco perdido, probablemente por una mala coordinación con la batuta de Giacomo Sagripanti. Desde el foso, tras un preludio no muy emocionante, sí hubo momentos de carácter y tensión adecuada, cuidándose la orquesta de no tapar la proyección de los cantantes. El coro del Liceu estuvo apropiado, posibilitando un necesario y lúdico respiro en medio de tanto drama durante las danzas de zíngaras y el toreo. 

El barítono Artur Ruciński, en el papel del padre de Alfredo (esto es, en el aguafiestas de la relación), fue de menos a más, pasando de una interpretación más fría al principio al conflicto moral que finalmente acabó aflorando con una voz de gran solidez.

Porque la Traviata es eso: conflicto. En una protagonista que quiere ser dueña de su destino, pero que es aplastada y acepta la estructura de poder de la época. En un Alfredo tan pasional e idealista como revanchista e irregular. En un Giorgio protector a la vez que verdugo. Y en una ópera tan bella y tan a menudo disfrutada al margen de un fondo oscuro y de cruda crítica social.

Las palabras de Nochebuena del rey son como esas partituras musicales, tan interpretadas por la enorme tradición valenciana de bandas, que hacen gala de una precisa composición y de variedad en la instrumentación, ritmos y temas. El discurso ni es fácil de escribir ni puede gustar a todos, eso está claro, pero si carece de algo tan importante y delicado como la afinación, corre el riesgo de no convencer a nadie.

Es evidente que las palabras del rey de esta Nochebuena están menos afinadas que las pronunciadas hace tan solo unas semanas en Roma, ante los diputados y senadores italianos, que en su inicio dejaron una frase de profundos ecos históricos y rabiosa actualidad, allí y aquí: “Somos dos países con memoria, con una clara conciencia del pasado –en particular del que no puede ni debe repetirse, ni siquiera como caricatura–”.

De memoria va la cosa, no sólo de la que llamamos democrática o histórica sino de la más reciente. Este 2025 se cumplirán 50 años de la muerte de Franco, el hecho que marcó el fin de la dictadura y el inicio de la Transición y que el Gobierno convertirá en un año de reivindicación de las libertades colectivas. Ninguna referencia hay a esos momentos históricos decisivos, más allá de la habitual defensa de la Constitución, ni aunque 1975 haya significado también la vuelta de la monarquía, que también está de cumpleaños. Qué oportunidad perdida, de nuevo, de pronunciar unas palabras de balance serio y riguroso y, en consecuencia, inevitablemente crítico con la impunidad de la que sigue disfrutando su padre y predecesor en el trono.

La memoria sobrevuela un discurso en el que Felipe VI sólo menciona la palabra al final y de pasada. Porque su apelación a la “concordia”, al “diálogo”, a la “serenidad” y al “bien común”, valores intrínsecos de la sociedad española, se topan con un debate público, político y mediático envenenado, que socava los valores mismos de la democracia construida desde hace medio siglo. Las responsabilidades no pueden analizarse desde la equidistancia (ver esto de Jesús Maraña), tratando de no decir nada para no meterse en líos ni ser criticado o, más delicado, intentando encarnar un sentimiento etéreo de indignación o de ilusión que pueda ser contrapuesto al desgaste concreto y cotidiano del resto de instituciones, que son las que gestionan el día a día. 

Es un año para acordarse de la dana, que tan fuertemente ha golpeado sobre todo a la provincia de Valencia, y la Casa Real ha decidido apostar al máximo por una estrategia de cercanía que muestre a un rey como uno más entre el pueblo (…) cuando las demás instituciones son duramente criticadas. Incluso aunque esa cercanía, en visitas como la de Paiporta, suponga un grave riesgo para la seguridad de las altas instituciones del Estado o genere roces innecesarios con el Gobierno.

Lo que es difícil de entender es que toda referencia a su gestión sea para reclamar a todos por igual una “coordinación mayor y más eficaz de las administraciones”, ignorando por completo que lo más importante de una catástrofe es su prevención y, después, su gestión en las horas clave. ¿Tanto habría costado pedir, además de coordinación, que los responsables políticos no nieguen el cambio climático que propicia este tipo de fenómenos o que estuvieran en sus puestos, haciendo la tarea para la que han sido elegidos, cuando una simple alerta a tiempo podría haber salvado tantísimas vidas? ¿No son la lucha contra el cambio climático o la seriedad en el trabajo valores transversales de la sociedad española? 

Antes que de coordinación con otros (una crítica que iguala y diluye las responsabilidades injustamente), el problema de la Comunitat Valenciana es de incompetencia y de no asumir las responsabilidades propias. Y ahora, en la reconstrucción, el reto es el de la eficacia de la política pública, a través de medidas concretas y, por qué no decirlo, la inversión que permite el pago de impuestos, que es el mayor gesto de solidaridad con los que menos tienen. 

El otro gran eje del discurso de Felipe VI es su preocupación por el clima político y la “contienda legítima, pero en ocasiones atronadora” que impide que haya serenidad, diálogo y acuerdo. La palabra “atronadora” no puede estar mejor elegida. Hablamos de ensordecer, aturdir, atolondrar o marear. 

Nuestro debate público está atronado, cuando no directamente tronado, por una sucesión de intereses, exageraciones, sobrerrepresentaciones y bulos que lo condicionan hasta desnaturalizarlo. Y, de nuevo, las responsabilidades no se reparten a partes iguales ni es riguroso pretenderlo entre llamadas generales a la cordura.

En su discurso, medido hasta el extremo, el rey perdió una gran oportunidad de poner las cosas en su sitio como sí hizo con naturalidad en Paiporta, cuando le tiraban barro y le preguntaban por qué no tomaba él el mando frente a los representantes políticos. “No hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa. Hay personas interesadas en que el enfado crezca, ¿para qué? Para que haya caos. Hay mucha gente interesada en esto”, dijo entonces en conversación con los vecinos.  

Si el ejemplo de diálogo y serenidad para el rey esta Nochebuena es la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre la discapacidad, habrá que preguntarse cómo de ejemplar fue el bloqueo durante cinco años de la renovación del CGPJ, cuáles eran las “personas interesadas” en que se mantuviera y a quién beneficia en realidad el pacto al que se llegó en junio. 

También cabría preguntarse por qué hay miles de menores en Canarias que esperan a que los partidos se pongan de acuerdo y qué intereses partidistas hay en no llegar a una fórmula de reparto. O en por qué no fue posible un acuerdo sobre RTVE. O por qué hay una presidenta autonómica que rechaza reunirse a solas con el presidente del Gobierno, tratando de condicionar a todo el Partido Popular para que ni dirija la palabra al que considera literalmente un “dictador”. Por último, ¿por qué la sociedad española vive un minuto a minuto de casos judiciales con pasos tan difíciles de entender, sin apenas pruebas de unas culpabilidades cacareadas a todas horas? ¿A qué responden tantas horas de tertulias que lo contaminan todo, privándonos de otros debates esenciales para nuestro día a día? 

El rey que en Paiporta aludía espontáneamente a la “intoxicación” por parte de los interesados en el “caos” se queda en Nochebuena en una muy insuficiente apelación al diálogo; no entre dos que no quieren sino entre los que están dispuestos y los que no con el único objetivo de que “el enfado crezca”, en sus palabras. 

Felipe VI sí tiene palabras para la juventud, la vivienda o las migraciones, mención esta última que sólo puede entenderse como un toque de atención a la extrema derecha. Sobre esta cuestión y el Mediterráneo, de nuevo hay mucha más profundidad en el discurso de Roma. Harían bien los profesionales del odio en escuchar la advertencia del rey al que tanto reivindican. Las personas migrantes tienen derechos y dignidad y son las migraciones lo que explican mucho de lo bueno que tiene hoy España sin caer en defensas interesadas (en lo económico) que, afortunadamente, el monarca ha evitado. 

Por cierto, majestad: se dice Palestina. Pa-les-ti-na. Cuando habla de que se “cuestiona el derecho internacional, se recurre a la violencia, se niega la universalidad de los derechos humanos o se pone en duda el multilateralismo”, la palabra que lo resume y ejemplifica todo es Palestina. Resulta muy chocante que, ante la magnitud del genocidio, ante la asfixia misma de la palabra humanidad a la que asistimos desde hace 14 meses, el jefe del Estado no la diga, como sí hizo en Roma, o como sí mencionó a Ucrania hace dos Nochebuenas. Ojalá fuera sólo una cuestión de mala memoria. 

Este miércoles 18 de diciembre tuve la oportunidad de comparecer en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática del Congreso de los Diputados. Hay abierto, por fin también en España, un debate sobre la desinformación y la limpieza en el debate público que interpela directamente a los medios de comunicación y condiciona el trabajo de los periodistas. En infoLibre defendemos que hace falta mejorar el terreno de juego para dejar de subvencionar la mentira o las trampas en busca de publicidad institucional. Desde luego, el mercado no se regula solo y el marco actual posibilita la exuberancia de los bulos que envenenan la democracia. Es más, es un negocio muy lucrativo, económica y políticamente.

Nosotros, como dice Jesús Maraña, nos equivocamos, pero no mentimos, por eso este periódico nunca ha sido condenado por ningún delito relacionado con la praxis periodística. Y nuestro primer ingreso son las cuotas de las socias y socios. Aquí queda la transcripción de mi intervención ante los grupos políticos, con 10 propuestas que, creo, podrían mejorar un poco, o mucho, la calidad de nuestro debate público.

Siendo nieto de gallegos muy, muy humildes, que lamentablemente conocieron demasiado bien la pobreza, e hijo de unos padres que pudieron estudiar gracias a becas y ayudas públicas, es realmente un honor ser citado en una sesión formal del Congreso de los Diputados porque crean que algo les pueda aportar. Y que sea para analizar un asunto tan importante como la desinformación y los medios de comunicación. 

Es extraño estar al otro lado. Se me hace muy raro hacer yo una exposición y que ustedes hagan las preguntas. Me impone cierto respeto, pero les propongo que esto no sea el sino de los tiempos. Que no sea una de esas tertulias, de esos zascas cruzados en redes sociales donde no se sabe quién es el político y quién el periodista. Pocas cosas más importantes que el saber estar. Cada uno donde la corresponde. 

También les propongo conversar lejos del partidismo, porque este Congreso de los Diputados debe hacer leyes para todas y todos, aspirando a representar el sentir del momento, sí, pero también buscando cuidar consensos básicos y amplios sobre derechos fundamentales que no estén al albur de mayorías coyunturales. Y el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, que no el derecho a mentir, está consagrado en la Constitución de 1978. Son ustedes, señorías, las llamadas a preservar ese derecho.  

¿Supone hoy la desinformación un riesgo especialmente relevante? Es una pregunta pertinente, porque de la respuesta concluiremos si hay que hacer algo o no. 

Para mí, es un sí claro. La desinformación existe desde siempre. Un político que dice lo que no es, un medio que manipula, incluso campañas orquestadas entre políticos y periodistas en torno, por ejemplo, a unas elecciones... Nada nuevo bajo el sol. Tampoco en España. 

Pero la desinformación es particularmente relevante hoy porque puede poner en riesgo nuestro sistema democrático, especialmente en momentos de crisis. Ahí está la clave, en la capacidad de disrupción. Cuando un número relevante de ciudadanos pone en riesgo el resultado electoral, como ocurrió en EEUU hace cuatro años, hasta el punto de asaltar el Capitolio, la democracia está en riesgo. Y no por el hecho en sí, que también, sino por la estrategia previa, muy trabajada y amplia.

Cuando hay partidos que en España ponen en duda nuestro sistema de recuento de votos, o el voto por correo, hay medios importantes que lo difunden, la democracia puede estar en riesgo. 

Cuando deliberadamente noticias falsas, que desvían la atención o que promueven el descrédito generalizado se imponen, pasan de ser una cuestión de minorías a condicionar al conjunto de un país, la democracia en su conjunto sufre. Sobran ejemplos de desinformación: en torno al covid o a la efectividad de las vacunas, algo que potencialmente ponía en riesgo la salud pública; o en torno a la dana en Valencia, llegándose incluso a hablar de ocultamiento de muertos, algo que puede poner en riesgo la confianza imprescindible en las instituciones en un momento en el que son vitales para salvar vidas y recuperar una cierta normalidad. 

Lejos ha quedado la imagen de toda una familia, desde los abuelos a los nietos, reunida ante la televisión como una suerte de minisociedad frente a un único canal. Hoy, las audiencias están fragmentadas hasta generar burbujas. Las pantallas se multiplican y todos tenemos una en el bolsillo o, en realidad, en la mano constantemente. Y los emisores también se han multiplicado, con lo que todo es a la carta. 

La tecnología, que permite algo tan positivo como una expansión de la información nunca vista en la Historia, también abre la puerta a la manipulación. Los medios de comunicación siguen siendo importantes, pero menos, porque han cometido errores y perdido prestigio al tiempo que emergían nuevas formas de recibir información a menudo ajenas a cualquier control. 

Ya tenemos, pues, los elementos de la tormenta perfecta: una tecnología habilitante como nunca antes, intereses de potencias extranjeras o actores domésticos que, gracias a ella, pueden abrirse paso como nunca antes y la popularización de redes sociales con más importancia y usuarios que nunca, pero con pocas reglas, articuladas a través de audiencias fragmentadas que a veces no hablan entre sí. Por último, están los medios de comunicación, más débiles por un peso propio decreciente, que acusan la precariedad y en algunos casos el descrédito, más expuestos que nunca a todos los actores anteriores.

El Digital News Report 2024 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford explica bien las consecuencias. Son una sensación de toxicidad que lleva al fenómeno de la aversión a los medios y a las noticias. En España, un 44% de los encuestados asegura tener fatiga informativa. Un 37% de los encuestados procura evitar noticias de forma habitual, ocho puntos más respecto al año pasado. Entre los menores de 34 años, el porcentaje es 7 puntos mayor. España está entre los países con más fatiga informativa y siete de cada 10 ciudadanos aseguran estar preocupados por los bulos, según el informe.

Si al principio bromeaba con que hay veces en las que periodistas y políticos se parecen demasiado, también hay medios de comunicación indistinguibles de cualquier otro emisor, sea de información o de desinformación. Les pongo un ejemplo habitual: cuántas veces no hemos hablado con esa amiga o amigo que nos pregunta alarmado por una información que nosotros sabemos que es falsa y que tiene que ver con la política o los medios. Y cuando le preguntamos: “¿Pero eso tú dónde lo has leído?", la respuesta que sigue es: “En el whatsapp”. O “Me lo ha mandado fulanito”, sin tener noción alguna de la fuente o, a secas, “en internet”, como hace décadas se hablaba de “la televisión” o “el parte”. 

En ocasiones, tan acrítica es la credulidad concreta como potente acaba siendo la incredulidad general, la sensación de que nada significa nada, de que no hay de quién fiarse. Y ahí es cuando estamos perdidos, los medios, la política y, en consecuencia, la democracia. 

Menudo panorama, ¿no? 

Les diría que, pese a todo, hay motivos para la esperanza. Y la esperanza, que debe ser algo profunda y hondamente político, se encuentra, además de en la confianza en una sociedad democrática como la nuestra, en este Congreso de los Diputados. Sí, se encuentra en ustedes, claro, ¿en quién si no?

Porque, diagnosticado el problema, la pregunta es qué hacer. A menudo se escucha aquello de que no hay que hacer nada. Que toda intervención es control. ¿Quiénes se creen los poderes públicos para interferir en algo sagrado? Ya saben: la mejor ley de prensa es la que no existe. 

Ese planteamiento puede ser biempensante o ingenuo, pero desde luego es una trampa. Para empezar, porque ya hay normas y una extensísima jurisprudencia que regulan y desarrollan el derecho constitucional. Leyes sobre el derecho al honor, las injurias y calumnias, la revelación de secretos, el secreto profesional, el derecho de rectificación... por no hablar de las licencias de radio y televisión o de las leyes de publicidad institucional que condicionan todo el sector. 

En otras palabras: los periodistas defendemos nuestra libertad de expresión, no queremos que nos digan lo que debemos publicar, pero no operamos en el vacío. En todas las democracias hay leyes sobre todo. Sobre esto, también. 

La pregunta no es si hay que regular sino cómo hay que hacerlo. No caigamos en el mantra neoliberal y caduco de que el mercado se regula solo. O en ese otro, sobre el cambio climático, que dice que a lo largo de la historia siempre ha habido variaciones y que no hay que preocuparse.

Vivimos un cambio climático de la información y lo público no puede estar al margen. La información es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado, que significaría, como siempre, dar más poder a los más poderosos, generalmente por encima, cuando no a costa, de los intereses del conjunto de la ciudadanía. 

Para que esta intervención no se quede en una reflexión más o menos general, vengo con 10 propuestas concretas que he sintetizado en un documento que pondré a disposición del señor presidente y que les enviaré gustoso a los portavoces o grupos que tengan interés. 

Son propuestas que, creo yo, mejorarían el ecosistema mediático y el debate público independientemente de que cualquiera de los partidos aquí representados, para disgusto de todos los demás, dispusiera de una mayoría absoluta y, por tanto, amplias posibilidades de arrimar el ascua a su sardina. 

No puede ser que un consenso europeo, sobre reglas muy básicas, que reúne a partidos, instituciones y latitudes tan diferentes, se convierta en un juguete más de la lucha partidista. Aunque lo impulse el Gobierno o, si lo prefieren, incluso aunque el Gobierno tuviera la tentación de instrumentalizarlo. 

Lo que más aporta este reglamento es transparencia: sobre la propiedad real y última de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un ciudadano curioso no tenga acceso, en un par de clicks, a esa información y deba emprender para conocerla sus propias pesquisas online o, incluso, acudir al registro? 

Lo mismo con la publicidad institucional: ¿cómo es posible que, aún hoy, no sepamos cuánto dinero recibe cada medio de administraciones o empresas públicas? ¿Qué liberal podría oponerse a la transparencia?

El reglamento es de obligado cumplimiento, ya está en vigor y en agosto todo su contenido será de aplicación. Será importante, pero es esencial creérselo, respetarlo y completarlo en cada país miembro.

La actual medición de audiencias digitales y, en especial, su peso determinante en el acceso a la publicidad institucional, no tiene ningún sentido. Y lo primero es tener un mapa realista.

El modelo favorece a los medios capaces de generar clicks por cualquier vía, aunque sea a través de contenidos falsos o de otros ciertos pero que no son leídos por usuarios, a los que se atrae a través de engaños y que, cuando se dan cuenta, cierran de inmediato la pestaña. Medios que falsean su apuesta a través de la indexación sin límites o la integración de contenidos que nada tienen que ver con la naturaleza de un medio de comunicación. 

Perjudica a medios independientes, de menor tamaño o audiencia, que aunque tengan lectores nunca llegan al corte, es nocivo para los que apuestan por la suscripción o que son locales. 

Es imprescindible elaborar criterios objetivos, pero no sólo meramente cuantitativos, que equilibren la balanza. Cuando hay medios que presumen de millones y millones de visitantes, en ocasiones más que las cabeceras más leídas y prestigiosas de países mucho más grandes que el nuestro, pero son difícilmente identificables en una encuesta de pregunta espontánea o apenas tienen seguidores en redes sociales, es evidente que algo falla. 

Y son esos medios los que se benefician del grueso de la publicidad institucional. La audiencia tiene que seguir contando, pero hay que poner coto al negocio de diseñar trampas para inflarla con el objetivo de recibir dinero que es de todos.

¿Tiene sentido que un medio condenado por mentir o por delitos relacionados con la información reciba dinero público para seguir haciéndolo? ¿Tiene sentido que un medio sin una relación de trabajadores pública o conocida reciba dinero público? ¿Tiene sentido que medios de comunicación de cierta entidad, ya sea en su organigrama directivo o en su redacción o equipo de gestión, estén al margen de normas sobre la paridad que ya aplican en algunas empresas y en las instituciones públicas?

Más allá de la definición de medio de comunicación, ampliamente esbozada en el reglamento europeo, cabe preguntarse si el dinero de todos debe ir a medios con severos reproches judiciales, que no aplican la mínima transparencia o que atentan sistemáticamente contra valores fundamentales de la democracia.

Y con esto no quiero decir que un Gobierno prohíba a un medio, a un pseudomedio o en definitiva a una web publicar el contenido que desee, con arreglo a la legislación en vigor sobre la libertad de expresión. Faltaría más. Pero subvencionar la mentira no parece que deba ser el objetivo de las administraciones públicas. Del mismo modo, un sistema de puntos podría priorizar en determinados aspectos a aquellos medios que sí incorporen características o valores básicos definidos previa y adecuadamente, desde la igualdad a la diversidad, por ejemplo. 

Las y los suscriptores son ciudadanía comprometida y organizada y, generalmente, un indicador de calidad. Nadie financia un medio de comunicación para que le mienta o para que le decepcione con trampas tecnológicas. Un número elevado de suscriptores (de verdad, que paguen de verdad, no casi gratuitos) da libertad al medio, ya que lo hace menos dependiente de otros intereses institucionales o privados sin cuyo apoyo muchos medios verían comprometida su viabilidad.

La suscripción debe ser un criterio más en la publicidad institucional, de modo que se premie a los modelos que apuestan por la independencia y la resiliencia frente a condicionamientos ajenos a la naturaleza de su producto informativo o las personas que lo sostienen. 

Es una realidad imparable, pero es imprescindible preservar medios de comunicación hechos por periodistas, que aclaren exactamente si ofrecen contenido hecho por inteligencia artificial, en qué medida y con qué supervisión. De nuevo, no debería subvencionarse con dinero público medios hechos por máquinas.

La revelación de secretos, un delito que puede comportar hasta cinco años de cárcel, es utilizado a menudo por empresas o políticos como una vía para amedrentar a los periodistas en su ejercicio profesional. Nosotros mismos, en infoLibre, lo sabemos bien (ver aquí o aquí). No hemos sido condenados jamás por mala práxis (miren en otros medios y verán que casi ninguno puede decir lo mismo), pero sabemos lo que es tener que defenderse en procesos judiciales que desgastan a los redactores y preocupan a sus familias. 

A menudo la intención no es ganar un caso judicial sino simplemente iniciarlo, obligar al medio y al periodista a invertir tiempo y dinero en su defensa y que en un futuro se piensen dos veces si merece la pena informar sobre alguien poderoso y con recursos. Los medios pequeños sufren especialmente los conocidos como SLAPP, o pleitos estratégicos contra la participación pública, por delitos como el de revelación de secretos u otros muchos. 

El debate es europeo, pero debe ser también español e incluir modificaciones en la instrucción judicial de modo que se proteja tanto los derechos de los demandantes como el libre ejercicio del periodismo. 

En algunas tertulias de máxima audiencia los que son presentados como periodistas o analistas, a secas, son además empleados de lobbies o consultores que trabajan en asuntos o para clientes sobre los que después opinan ante el micrófono. En vez de expresar una opinión independiente, sea la que sea, alimentan su propio negocio y su propio conflicto de interés sin que el espectador lo sepa. 

Los directivos de medios de comunicación, presentadores de los principales espacios o analistas de los programas de máxima relevancia deberían hacer pública una declaración de intereses para que, al menos, el ciudadano pueda valorar si hay algún conflicto de interés y si en realidad su trabajo es el que dice que tiene.

Dábamos la noticia hace tres meses. Las plataformas online se niegan a retirar el 70% de los contenidos racistas reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). 

Las grandes plataformas tecnológicas y las redes sociales, disponen de códigos de conducta y de reglas internas que, de momento, son absolutamente insuficientes, especialmente en la prevención de los delitos de odio o la protección de las minorías. 

En Australia se va a prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años y, aunque no existen varitas mágicas y quizás esta tampoco lo sea, ya hay estudios que alertan del riesgo de redes sociales sin educación, en casa o en la escuela, y de los retrocesos que pueden provocar en las generaciones más jóvenes, que son, por cierto, aquellas que en distintas encuestas aparecen como más proclives a discursos extremistas o incluso la defensa de regímenes autoritarios. Esto debería preocuparles especialmente a ustedes. 

No tiene sentido promover cambios en los medios de comunicación que se sumen a las salvaguardas que ya hay en el mundo analógico sin hacer las mismas exigencias a redes y plataformas que se rigen por algoritmos opacos, que son propiedad de empresas o países extranjeros y que en algunos ocasiones presumen de falta de neutralidad y partidismo, como X de Elon Musk.

No es función de los Gobiernos o los Parlamentos decidir qué es verdad o qué es mentira ni actuar como verificadores de los medios de comunicación y los periodistas. 

Es necesaria una autorregulación en el sector de los medios que cree organismos que velen por el buen hacer y, más especialmente, que reprueben a los que lo hacen mal. Aunque se trate únicamente de una sanción reputacional o de prestigio. Las distintas asociaciones y colegios profesionales no ejercen suficientemente esa función y debería crearse un Consejo de Medios, que no estuviera controlado por las empresas sino por profesionales procedentes de la pluralidad mediática de España, que pudiera emitir recomendaciones o reprobaciones que contasen con la suficiente publicidad y, por ejemplo, que fueran un elemento a tener en cuenta de cara al apoyo público a los medios de comunicación o en la acreditación como periodistas ante las instituciones. 

Es imprescindible mejorar la educación en los niveles más básicos sobre el uso de las nuevas tecnologías, la detección de noticias falsas o la identificación de fuentes fiables. Parece obvio que, en un mundo cada vez más tecnológico y con cada vez más riesgos, esta cuestión no debe quedar al margen de los planes de estudios. ¿Por qué no una asignatura o un buen número de unidades didácticas sobre la alfabetización digital? 

Habiendo dejado esta propuesta para el final, creo que puede ser, en realidad, la más importante. 

Decía Marisa Paredes en su histórico discurso del 'No a la guerra' en los Goya: “No hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo”.

Hago mías sus palabras, les deseo suerte y aciertos, porque la buena información necesita a lo público y lo público necesita buena información.

Marisa Paredes murió con las botas puestas. Con ellas dio pasos firmes y comprometidos hasta el final, decidida a beberse la vida hasta el último sorbo, con ese halo de verdadera estrella que es imposible impostar, que se reconoce al instante y que causa fascinación. Nos dejó millones de anécdotas que parece mentira que hoy rememoremos ya sin ella. 

La última que vivimos en infoLibre fue a la vuelta del verano, en un emotivo acto sobre la memoria democrática que organizamos en el periódico. Nos hizo el regalo de leernos, como broche de oro, tres de las emotivas cartas de Las Trece Rosas, fusiladas en 1939, sin motivo, cuatro meses después del fin de la guerra, ya en supuestos años de “paz”.

Directa desde el aeropuerto tras atender un compromiso de trabajo en Suiza, porque Marisa no se jubiló nunca, llegó al Ateneo de Madrid con flores en la mano y un escapulario para la ocasión. Los asistentes la recibieron con un aplauso cariñoso y reverencial. Sobre el escenario, varios jóvenes estudiantes a los que ella se dirigió directamente. “¡La dictadura duró hasta que murió el dictador! Y todavía hay quien quiere que vuelva. ¡No os dejéis engañar! ¡Sed libres, pensad por vosotros mismos!”. 

El ambiente se iba espesando, por la importancia de Las Trece Rosas y por Marisa Paredes. El ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, se había emocionado minutos antes explicando la historia de su abuelo represaliado sin que en su familia hubiese pervivido el rencor, al igual que en la carta de Blanca Brisac Vázquez, una de Las Trece Rosas, a su hijo antes de ser fusilada: “Sólo te pido que seas muy bueno, muy bueno siempre. Que quieras a todos y que no guardes nunca rencor a los que dieron muerte a tus padres, eso nunca. Las personas buenas no guardan rencor…” 

Estoy absolutamente seguro de que si nos hubiera leído el prospecto del ibuprofeno, con esa voz que rugía desde las entrañas, con esa mirada profunda, con esa melena icónica, también nos habríamos emocionado un poquito. O un muchito. La cosa no llegó a tanto, pero casi. De repente, las tres cartas acabaron siendo dos. Un error en la impresión y numeración de las páginas, que le dimos a Marisa recién aterrizada de tierras alpinas y con letra no muy grande (¡es que ni hecho a posta!), hizo que los textos se traspapelaran y las historias se mezclaran cuando las leyó el icono del cine español que nos ha dejado este martes de invierno. 

Algunos de los presentes se habían dado cuenta a medida que las leía, pero otros muchos, subyugados por el hipnotismo, no. Ni flores. Ni corta ni perezosa, Marisa remató como pudo, nos echó un broncón impresionante desde el escenario, buscando con mirada desafiante a cualquier responsable. No nos pudimos escapar, estábamos en primera fila. Se disculpó. “Por una serie de circunstancias que no vienen al caso [...] ¡Cosas del teatro, cosas de la vida!”, y nos criticó justamente por no habérselo puesto un poco más fácil. Acabó leyendo la última carta. El Ateneo se vino abajo en un aplauso estruendoso, entre el éxtasis y el surrealismo, mientras ella saludaba a un público en pie como la gran dama del teatro que también también y muy especialmente fue.

Un año antes, le habíamos concedido el Premio infoLibre 2023 en una gala en la que estuvieron también Pedro Almodóvar, Juan Diego Botto, Javier Calvo o Javier Ambrossi, y que cerró la vicepresidenta Yolanda Díaz. Acudió con su pareja, Chema, su hija María, y su nieta, con la que jugaba divertida. En su discurso, nos habló de su infancia en la Plaza de Santa Ana, de cómo descubrió las tablas en el Teatro Español, y de su madre. “La conciencia social me viene desde la cuna. No faltaba la alegría, que ponía la señora Petra, mamá, la ilusión, la esperanza de que algún día las cosas fueran mejor”, nos contó antes de rememorar las huelgas obreras o de actores durante el franquismo. 

“Mi vida ha sido un escenario, un plató y la calle. Nunca, nunca, he dejado de pisar la calle”, dijo”, recordando el “No a la guerra”, tan de actualidad entonces y ahora por el genocidio en Palestina, o contra la regresión en derechos. 

La recuerdo en el cóctel posterior, encantada de recibir el cariño de cuantos se le acercaban, decidida a disfrutar hasta el último suspiro, pero también a luchar, a medio camino entre la inmortalidad del arte y la premura de las luchas más cotidianas. Ahí es cuando pensé: “Esta se muere con las botas puestas”. Y de repente sentí una enorme envidia de sus ganas de vivir, de su ilusión y esperanza perenne, presente también en muchas mujeres más mayores que yo que, habiendo vivido épocas que a mí me provocan escalofríos, se pusieron la vida por montera hasta el final. 

En los últimos años se fraguó entre ella e infoLibre, especialmente con Jesús Maraña, una complicidad genuina, por la que compartíamos en privado reflexiones, indignaciones, gestiones o activismo. Una de las últimas muestras es la lucha contra la tala de los árboles en su querida plaza de Santa Ana, que cubrimos extensamente. Qué mazazo es su marcha. 

Pero Marisa nos mira. Desde la redacción, donde tenemos colgado un fotograma eterno de Todo sobre mi madre, la película de Almodóvar en la que ella interpretó a la carismática y veterana actriz Huma Rojo, que a su vez hacía de Blanche en Un tranvía llamado deseo. 

Será imposible no pensar, al pasar por delante, al debatir sobre las noticias del día siguiente, en cómo estar a su altura, en cómo mantener viva una llama que en ocasiones era una luz cálida y otras, un incendio forestal. La inspiración la tenemos en sus interpretaciones y en palabras como las que nos dedicó y que en infoLibre tuvimos el privilegio de escuchar, en directo, a través de su voz trascendente. “Hay que seguir batallando, hay que seguir peleando hay que seguir defendiendo con uña y carne eso que se llama libertad. No se puede consentir que pretendan arrebatarnos la libertad ni que se apropien de la palabra de la manera más innoble”. 

Hay quien sostiene que España ya no es un Estado de Derecho. Puede sonar a broma, pero no es una exageración. Lo dicen con insistencia, con palabras más o menos gruesas, los máximos dirigentes del primer y tercer partido de España, que tienen millones de votos y un número de escaños en el Congreso que se acerca a la mayoría absoluta. 

Ni los académicos que estudian al detalle la calidad de las democracias ni la Unión Europea que elabora informes y dicta sanciones parecen haberse enterado. Pero ellos no importan electoralmente en España. 

Si España ya no es un Estado de Derecho, dicen sus supuestos defensores, es porque el Gobierno controla o está colonizando todos los poderes. En ese contexto es verdaderamente milagroso, casi heroico, que el poder económico, tan crítico, florezca con exuberancia y resultados récord (para muestra, lo que dice la nada sospechosa revista The Economist), que el legislativo no deje de dar dolores de cabeza al Ejecutivo o que la opinión publicada le sea mayoritariamente adversa. ¡Qué régimen autoritario tan extraño!

Este viernes, la presidenta del CGPJ presuntamente progresista, Isabel Perelló, emitió un inusual comunicado a título particular (esto es, sin consultar al CGPJ) en el que rechaza que haya quien cuestione “de forma generalizada y permanente” la labor de los jueces, atribuyéndole “sesgos políticos” que desembocan en un “grave daño institucional”. 

Sus palabras fueron inmediatamente interpretadas como una crítica a Pedro Sánchez y su frase sobre las “cartas marcadas” con las que, según él, juega el PP por su cercanía al sector conservador de la Justicia, que es el mayoritario sin que nadie lo dude. De nuevo, qué curioso. Mientras las asociaciones conservadoras copan la cúpula del Poder Judicial (sin perspectiva de que eso cambie en ningún momento), el PP impone a fuerza de bloquearlo un nuevo CGPJ en el que él decide qué progresista puede presidirlo; cuando la esposa del presidente, su hermano, el Fiscal General o el ex número dos del PSOE han sido señalados por la Justicia en casos de mayor o menor credibilidad, ¡la Justicia y la democracia se sienten violentadas y están en peligro! 

Es evidente que vivimos en un Estado de Derecho, pero también en uno de expectación. Según la primera definición de la RAE, expectación significa “espera, generalmente curiosa o tensa, de un acontecimiento que interesa”. A la espera de un advenimiento de un cambio de Gobierno (que es “lo que interesa”), “tensión”. Aunque sea de las formas más “curiosas” e increíbles. Basta con que alguien se las crea. 

España vive un Estado de expectación, de espera al próximo shock que durará hasta el siguiente telediario. Una suerte de espectáculo permanente, muy poco edificante, que pretende entretener la espera y facilitar “el acontecimiento que interesa” a base de insuflar desánimo y, aún más importante, una profunda desmovilización del adversario que acabe decantando definitivamente la balanza.

Este viernes resultó muy tranquilizadora la exacta aplicación del protocolo que llenó de banderas el Palacio de la Magdalena en Santander. Allí se presentaron, afables pero firmes en sus reivindicaciones, todos los presidentes autonómicos sin excepción, también el catalán Salvador Illa, sin que eso sea ya noticia. 

Se reunieron con el presidente y varios ministros de su Gobierno, acompañados para la foto por un rey sonriente, la presidenta del Congreso y el del Senado, en un acto de plena normalidad democrática (¡la excepción que confirma la regla!, dirán los cenizos) y excelente puesta en escena que proyecta una buena imagen de España. Una cumbre de país en toda regla en el que cada uno expresó sus posiciones sobre vivienda, migraciones, sanidad o financiación autonómica. Por cierto, en un tono infinitamente más constructivo que el que se respira en las Cortes, según reconocieron varias fuentes presentes en la reunión.

La conferencia de presidentes fue una demostración de diversidad y de normalidad democrática, pero de falta de resultados. Faltó pasar de la expectación a la expectativa real, que casi nadie tenía antes de comenzar la reunión. Urge llegar a la “esperanza” o “posibilidad de que algo suceda”, según el diccionario.

Es, claramente, falta de voluntad. El PP prometió llegar con un frente común, pero lo hizo también sin alternativa. Es una constante en la política actual que contribuye a que se pudran los problemas. Pongamos como ejemplo la financiación autonómica: todas las comunidades se sienten infravaloradas pero en el seno de los partidos no hay mimbres para un acuerdo que satisfaga a todas. En consecuencia: es cómodo impugnar los acuerdos del Gobierno con la Generalitat de Cataluña, pero estéril, porque el modelo que lleva 10 años caducado no se reforma. Veremos cómo respiran en enero cuando puedan ver su deuda con el Gobierno, esa que consideraban hasta ahora injusta, condonada,  como pedían. 

Lo mismo en migración, con el agravante de que la situación es urgente, los Gobiernos de Canarias y Ceuta, donde gobierna el PP, son proclives a un acuerdo, y afecta a menores cuyos derechos se ven atropellados. Pero pesa más el miedo a que un Vox que ya abandonó los Gobiernos autonómicos los deje ahora sin Presupuestos. Qué decir de la vivienda, problema acuciante de la juventud (pero no sólo), un asunto que las comunidades se resisten en su mayoría a atajar, pese a los instrumentos que les brinda la ley de vivienda, quedándose en pedir rebajas de impuestos que reforzarían la voracidad de un mercado cuya avaricia se ha demostrado insaciable. 

En otras palabras, más que una mayor comunicación y preparación de los temas (que no vendría mal), más que el diseño de nuevos foros o la reforma de la conferencia de presidentes, lo que falta es voluntad política. Falta pasar de la expectación, tan fácil de generar con tensión, pero tan efímera, a una expectativa de acuerdos, a una alternativa, que implica generosidad y disposición a acordar.

Eso compromete a todos los actores. Si la derecha sólo tiene la expectativa de un cambio de Gobierno (sin que se conozca en realidad su proyecto alternativo), la izquierda necesita también un horizonte en positivo que no sea sólo evitar que se abran paso las políticas conservadoras en una de las escasas democracias progresistas que quedan entre los grandes países.

En cualquier caso, el clima de Santander no es un mal punto de partida que contrasta con la enorme tensión que hay dentro de la M-30 institucional… y geográfica. 

Por cierto: el único que no estuvo en la cita de Santander en la que imperó la corrección, ya es casualidad, fue Alberto Núñez Feijóo, un dirigente que presume de moderación pero que ejerce una oposición en algunos aspectos mucho más dura que la de Pablo Casado. Un expresidente autonómico ahora sin poder institucional, aunque claramente con prisas por alcanzarlo, como recientemente le recordó Aitor Esteban en el Congreso. Y para colonización de las instituciones, dejando a un lado la Justicia, está hasta RTVE y la intención de fulminar a varias de sus principales caras, como cuenta aquí Jesús Maraña. Si intenta algo así desde la oposición, ¿qué expectativa cabría imaginar si llegase al Gobierno?

Mónica García (Madrid, 1974) concede a infoLibre la primera entrevista en profundidad desde que saltase el escándalo. El jueves 24 de octubre, el fundador de su partido, Íñigo Errejón, hasta entonces también portavoz parlamentario de Sumar, presentaba su dimisión después de las acusaciones de violencia machista de varias mujeres. Unos días después llegó el momento de reconocer errores. También por parte de la líder de Más Madrid. "Desgraciadamente, no hemos sabido hacer lo suficiente", lamentó.

Se sienta en la redacción de este periódico también como ministra de Sanidad, desde donde avanza "orgullosa" en su defensa de la sanidad pública. Y advierte de que si cae el "modelo anacrónico de Muface", el sistema podrá reaccionar. "Estaremos encantados de recibir a los funcionarios con los brazos abiertos. Y mucho más a los mayores que a la privada no le son rentables, porque para la pública siempre lo serán", defiende.

Se cumplen tres semanas de la dana que asoló la provincia de Valencia y otros puntos de Castilla-La Mancha. Durante los primeros días se habló de esos riesgos sanitarios que podían emerger con el tiempo, ¿cuál ha sido el papel de su Ministerio y cómo es la situación ahora?

El Gobierno de España ha estado ahí desde el minuto menos uno y el Ministerio de Sanidad, por supuesto, también. Nos ofrecimos a la Conselleria para evaluar todos los riesgos de salud pública que pudieran aparecer y para ofrecer todos nuestros recursos como, por ejemplo, el CCAES [Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias] o nuestra Dirección General de Salud Pública. Desplazamos a parte del Ministerio a Valencia para organizar la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas, tanto de las que pudieran surgir de las aguas estancadas como de la proliferación de los vectores.

Tenemos un grupo en colaboración con la Generalitat que está haciendo un trabajo muy riguroso y muy exhaustivo a la hora de monitorizar y rastrear cualquier inicio de cualquier tipo de brote. Hasta ahora hemos tenido un pequeño repunte de gastroenteritis y algunos casos muy aislados de leptospirosis, pero ningún indicio para pensar que haya algo especialmente preocupante. Estamos teniendo un trabajo bastante bueno de colaboración, y desde el rigor y la evidencia científica también estamos trabajando en contra de todos los bulos y la desconfianza que pueda poner en riesgo la salud.

Habla de buena colaboración, algo que puede incluso chocar con los mensajes públicos que se han ido desplegando.

El Gobierno de España siempre ha estado dispuesto, ofreciendo su ayuda, incluso, como ya dijo el general de la UME, antes de que se pidiera. Pero es obvio y es palmario que el que tiene la competencia y el conocimiento del terreno es el Gobierno valenciano, que es al que nosotros tenemos que apoyar. Se está haciendo desde todos los lugares, desde todos los ministerios y desde el minuto uno. Tenemos un gabinete de crisis todas las mañanas para poder evaluar en qué más podemos ayudar a los valencianos y valencianas.

¿Llegó tarde o a demanda el Gobierno de España? ¿De qué manera se puede mejorar cómo se coordinan las diferentes administraciones?

Hace falta confianza, en las instituciones y en los organismos que hacen que éstas funcionen, como por ejemplo la AEMET y la Conferencia Hidrográfica. Los que monitorizan la situación no son los que toman las decisiones, eso corresponde a los políticos. Siempre pongo el ejemplo de un quirófano, que es donde estoy acostumbrada a trabajar: el cirujano tiene sus competencias y el anestesista tiene las suyas. Podemos ayudarnos para salvar al paciente, pero ninguno puede suplantar al otro. Es difícilmente achacable una responsabilidad de no llegar a tiempo por parte de aquellos que tenían la responsabilidad de llegar a tiempo. Ya se depurarán responsabilidades, ahora es el momento de ponerse a trabajar por los valencianos y las valencianas.

¿Mazón debe dimitir?

El momento de depurar responsabilidades vendrá.

¿Cuándo?

Cuando acabe la crisis. Cuando hay un cirujano que lo está haciendo mal no le apartas, le ayudas, y hasta que no termina la cirugía no le pides cuentas. Aquí estamos en lo mismo. Es un error haber creado desconfianza y haber intentado echar balones fuera, porque eso no ayuda ni a los valencianos ni al crédito y a la confianza que tenemos que tener en nuestras instituciones.

Hablaba antes de los bulos y la desinformación. ¿Cree que la antipolítica ha tenido una oportunidad en esta tragedia para avanzar?

La antipolítica y la anticiencia, va todo en el mismo pack. Los bulos, la mentira, la desinformación y la información tóxica han operado de manera muy obscena en este caso, pero llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo. Si la información y la ciencia salvan, la desinformación, los bulos y la toxicidad siembran miedo. En el terreno de la salud pública, de hecho, sabemos que la desconfianza juega en contra de nuestra salud. Aquí no ha fallado toda la política, sino determinadas decisiones. Hay un caldo de cultivo de la antipolítica del que se nutre la ultraderecha de todo el mundo. Una manera de defender la democracia es defender la información veraz.

Han pasado varias semanas desde la dimisión de Íñigo Errejón. ¿Cómo de profundo es el daño que ha hecho a Más Madrid y a Sumar?

Nadie niega que ha sido un shock, pero también ha sido un triunfo del feminismo. El compromiso de Más Madrid en contra de las violencias machistas es absolutamente inquebrantable, caiga quien caiga. Tenemos que estar orgullosos de esa contundencia más allá de lo que ha supuesto para nosotros. Creo que la reflexión que queda es que el feminismo va ganando espacios. Antes se hubiera dirimido entre complicidades de señores y silencios y ahora se ha hecho con un cese instantáneo. No vamos a tolerar que un espacio profundamente feminista esté representado por personas que no siguen las normas básicas del feminismo.

Hay quien se pregunta todavía cómo esto ha podido pasar en una formación como Más Madrid. Las tres coportavoces dijeron que no eran conscientes del alcance y hay una exdiputada de su grupo que dijo que la dirección sí estaba al corriente. Dice que está orgullosa pero, ¿por qué no se hizo una investigación? ¿Qué se puede hacer para que no vuelva a pasar?

El machismo está instaurado en nuestra sociedad y por eso nos tenemos que defender de él. El hecho de que esto haya ocurrido en Más Madrid no es una anomalía, es el reflejo de que el machismo está metido en los engranajes más profundos de nuestra sociedad. La diferencia es que hemos respondido con total contundencia, nos ha dado igual que fuera una de las personas más representativas de nuestro espacio, hemos decidido cesar fulminantemente a Íñigo Errejón y tenemos que estar orgullosos. No conocíamos lo que había detrás. En el momento en el que tuvimos la más mínima sospecha hemos actuado. Somos firmemente feministas aunque esto tenga un coste.

Ya ha pasado casi un mes desde que se conocieron todos estos hechos, ¿están ustedes trabajando con las víctimas?

Nos pusimos a disposición de Cristina Fallarás y de toda aquella mujer que se haya sentido agredida, no solamente en este caso por el que fuera el portavoz sino por cualquier persona de Más Madrid. Tenemos un protocolo muy riguroso en el que contamos con figuras externas que evalúan cualquier caso y determinan si hay que denunciar o no. ¿Tenemos que mejorar? Sí, claro que tenemos que mejorar. Siempre cabe la reflexión de 'cómo no nos dimos cuenta'.

¿Y qué responde?

Es muy complicado. Como dijo Rita Maestre, detrás de una persona normal, un compañero normal o un novio normal nadie se puede imaginar que que haya un presunto agresor sexual. Esto lo conocen él y las víctimas. Cuando nosotros le preguntamos qué credibilidad le daba a esas denuncias que estaban saliendo es él mismo el que dice que va a dimitir. 

Se calcula que sólo un 8% de las agresiones sexuales se denuncian. El testimonio que se convierte en detonante surge a través de una cuenta de Instagram, pero evidentemente el sistema está fallando al no ser considerado por las mujeres como una opción adecuada.

La falta de denuncias da cuenta de la complejidad de este tema y de lo enraizado que está este problema en nuestra sociedad. No vale solamente con animar a las mujeres a que denuncien porque muchas veces tienen otros condicionantes que se lo impiden. Tenemos que hacer reflexiones profundas sobre cómo se apoya a las mujeres que denuncian y cómo se protege a las que no lo hacen. Y esto no lo tiene que hacer solo un partido, sino una sociedad. Siendo víctimas lo que tampoco es justo es que además seamos las responsables de la actitud de los agresores. A partir de ahí hay que trabajar para ver cómo las anulamos y cómo hacemos que las mujeres denuncien. 

¿Se ha empezado a trabajar en la mejora de los protocolos?

Yo siempre hago un análisis como el que se hace desde la ciencia y la medicina. El resultado final es un fallo, así que rebobinando hacia atrás deberíamos ver en qué punto deberíamos haber hecho algo más o investigado mejor. Más allá de esto, hay que acompañar a las mujeres, incluso previniendo estas actitudes. El problema es que no somos capaces de detectar estas actitudes antes de que se materialicen. Es muy complejo.

¿Cree que este caso daña la lucha feminista o su credibilidad? Se produce en uno de los partidos que más abanderado los avances del feminismo.

Excepto para los cínicos e hipócritas, yo creo que esto es el resultado de años de feminismo que ha conseguido que, con contundencia, un partido que se dice feminista aparte de la primera fila a una de sus mayores figuras tras recibir indicios de una actitud machista. Esto es un éxito del feminismo, independientemente de que los cínicos e hipócritas lo utilicen como un arma arrojadiza. Los de Nevenka y los que aplaudieron a Plácido Domingo no nos van a dar lecciones a las que hemos sido contundentes y férreas en nuestros principios feministas.

Un informe de su Ministerio publicado este lunes ve "razonable" acabar con el modelo de Muface ahora que las aseguradoras que prestaban servicio han decidido dejar de hacerlo. ¿Por qué es un servicio "insostenible" desde su punto de vista?

Hemos hecho una evaluación ante la situación de que las aseguradoras abandonen el concierto y a los mutualistas, seguramente porque no les es rentable. Lo que decimos ahora es que la sanidad pública está preparada para asumir ese 2,4% más de población que vendría. Como ministra orgullosa de nuestra sanidad pública creo que a nuestros funcionarios les podemos ofrecer el mejor servicio que hay. Precisamente el valor por el que las aseguradoras consideran que no les es rentable este servicio es por el envejecimiento de la población, que se vería beneficiado de una sanidad pública donde está la atención primaria. No obstante, la pelota ahora mismo no está en nuestro tejado. 

Las aseguradoras han dicho que asumir ese 1,5 millones de funcionarios provocaría un colapso de la sanidad pública. ¿Han calculado la financiación que haría falta?

De ese millón y medio ya hay medio millón que ha elegido la pública. El colapso de la sanidad no viene porque tengamos que asumir a los funcionarios sino por la mala gestión, por la corrupción y por unas listas de espera mal gestionadas en aquellas comunidades donde no le dan a la sanidad la importancia que tiene. Más allá de esto [incorporar a los asegurados por Muface a la pública] tendría que venir acompañado de esos 1.300 millones, que es lo que se les está ofreciendo a las aseguradoras para que traten a los a los funcionarios.

Hace unos días Sumar y el PSOE firmaron un acuerdo en el que, entre otras cosas, se pactaba acabar con la exención a las primas de seguros privados. Los defensores de la sanidad pública abogan también por acabar con las exenciones fiscales a las que tienen derecho las empresas que contratan pólizas colectivas para sus trabajadores. ¿El Gobierno también se plantea acabar con esto?

En el último año las aseguradoras se han embolsado 9.000 millones, así que tienen una salud de hierro. Efectivamente, hay una serie de desgravaciones fiscales, como el Impuesto sobre Primas de Seguros, que es lo que se plantea que se pague. No tiene sentido que estemos pagando IVA por muchos servicios, incluso por otros seguros, y que este impuesto nos lo estemos ahorrando. Estamos dejando de recibir 425 millones.

Cumple ahora un año al frente del Ministerio de Sanidad. Cuando llegó prometió reforzar la sanidad pública, pero en este tiempo el porcentaje de ciudadanos que opinan que la sanidad necesita cambios profundos ha crecido más de tres puntos, según el barómetro sanitario. Y la sanidad privada sigue ganando terreno. ¿La sanidad pública está más fuerte o menos que hace un año?

Está más fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una década que fue nefasta. Primero fue la época de los recortes y luego llegó una pandemia que ha venido también a desbaratar todo y a abrir todas las costuras. La sanidad es robusta, pero eso no quita que tengamos que reforzarla en aquellos lugares donde necesitamos invertir para que además tenga un armazón que la blinde ante sucesivos intentos de ataque o ante nuevos retos. No podemos enfrentarnos a todos ellos sin reconstruir lo que previamente se ha deconstruido por parte de la derecha, que ha hecho incluso gala de ello. Todo esto hay que reconstruirlo y por eso vamos a impulsar la ley de sanidad universal y la primera que llevamos al Congreso fue la de la Agencia de Salud Pública.

Uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos en relación a la sanidad es el que tiene que ver con las largas listas de espera. De hecho, la rapidez es el principal argumento para irse a la privada. Los últimos datos muestran que estamos muy lejos de las cifras que había antes de la pandemia. ¿Qué se está haciendo mal?

Estamos trabajando en el Real Decreto del año 2003, que se ha quedado completamente obsoleto, para dar transparencia y trazabilidad. Las listas de espera son ahora mismo una caja negra en la que no somos capaces de ver qué es lo que está pasando en cada una de las comunidades y en cada una de las patologías. 

¿Qué quiere decir eso? ¿Se hacen trampas con las listas de espera?

Más que eso es que cada comunidad da un número como en una especie de bingo. ¿Qué significa, por ejemplo, decir que hay 53 días de espera? ¿Para qué? Eso no significa nada, y mucho menos cuando ya sabemos que históricamente han sido datos en los que ha habido cierta ingeniería estadística para poder salir bien en la foto. Queremos saber cuánto ha pasado desde que se tiene un problema hasta que este problema se resuelve. Es decir, qué y por qué esperan nuestros pacientes. Si no somos capaces de saber qué está pasando, seremos incapaces de poner las soluciones.

En septiembre usted anunció un nuevo Plan de Acción para fortalecer la atención primaria. ¿En qué se concreta y cómo se puede garantizar que todas las autonomías lo pongan en marcha? 

La atención primaria es el corazón del sistema y en otros países nos miran con envidia por ella, pero hay que reformarla. Necesitamos que los pacientes confíen en ella.

¿Y desde el Ministerio que se puede hacer?

Estamos haciendo ese plan que tiene que abordar muchas áreas. La primera consiste en quitar burocracia, la segunda en introducir otros roles de otros profesionales como pueden ser las enfermeras o los equipos de apoyo. Y también necesitamos que se pueda trabajar en la prevención, porque nos estamos dejando de lado una de las joyas de la atención primaria. La competencia está en las comunidades, pero podemos ayudar desde el Ministerio para homogeneizar las buenas prácticas.

El Ministerio ha situado también como uno de sus ejes la salud mental. Este año acaba el plan 2022-2024. ¿Se trabaja ya en el siguiente? ¿Y en qué medidas concretas?

La salud mental requiere un enfoque asistencial, de recursos. Desde que los gobiernos progresistas han llegado al Gobierno de España se han incrementado en un 76% el número de plazas de salud mental de todas las categorías. Sin embargo, también es necesario un enfoque de determinantes sociales de la salud. No hay benzodiacepina que mejore que no llegues a final de mes o que no puedas pagar el alquiler. Es decir, la salud mental no solo depende del Ministerio de Sanidad, sino de muchos otros. Presentaremos el nuevo plan de salud mental a finales de diciembre o enero, y también otro de prevención del suicio.

Sobre el tabaco. ¿Cuánto poder tienen las grandes compañías en España hoy y cómo la están presionando?

Al margen del poder que tienen, hay un poder que es muchísimo mayor, que es el de la gente que ha dicho basta. Somos una sociedad consciente de que el tabaco se lleva 140 vidas al día y 50.000 al año y hay un consenso social después de que hace más de 15 años se empezasen a poner los primeros límites al consumo en los espacios comunes. Iba a ser la hecatombe, pero ahora la propia sociedad nos demanda que pongamos límites a este producto tóxico. Los propios fumadores nos demandan que pongamos medidas para preservar la salud de la población, no sólo con respecto al tabaco tradicional sino también respecto a los nuevos dispositivos que han aparecido en el mercado que suponen una puerta de entrada para los más jóvenes.

¿Se plantean implantar una prohibición de fumar para los más jóvenes como en el Reino Unido?

Vamos paso a paso. Nuestro plan busca tener todas las generaciones que podamos libres de humo. 

¿Tiene futuro el Gobierno si no hay Presupuestos?

A este Gobierno se le están atribuyendo desde el principio fines precipitados. Estamos no sólo sobreviviendo, sino reivindicando que la buena política, la política valiente, es la que consigue que los gobiernos puedan ejercer y continuar. Por supuesto que son deseables unos nuevos Presupuestos, porque adaptan a la realidad actual los impuestos de los españoles y españolas. Ahora bien, podemos seguir con los Presupuestos prorrogados porque siguen siendo progresistas, pero hay que actualizarlos. Ahora mismo, por ejemplo, tienen que incluir la reconstrucción de la Comunitat Valenciana. Yo creo que al final vamos a ser capaces de sacarlos.

¿Está sano el espacio a la izquierda del PSOE? 

Yo puedo responder por una organización que es tremendamente sana, que es Más Madrid, que también ha puesto los pilares de esa nueva era del progresismo y que ha puesto siempre en el centro la fraternidad entre los diferentes actores políticos de los distintos partidos. Ha priorizado siempre que tengamos un Gobierno progresista y que se le empuje a que haga las políticas más valientes. Esa es la prioridad: demostrar que el espacio progresista a la izquierda del PSOE es el que materializa realmente las mejoras de esta sociedad. Esperamos que nos pongamos de acuerdo con el resto de actores políticos para demostrarnos que realmente somos nosotros los que empujamos este país.

 ¿Es urgente abordar eso ahora o hay tiempo?

Las diferentes formaciones políticas ya estamos hablando. Nos estamos poniendo de acuerdo en qué es ahora mismo la prioridad, que pasa por las políticas públicas que salgan del Gobierno. No es algo que tengamos que hacer en el último momento. Si algo hemos aprendido es que sólo remando juntos somos capaces de crear un espacio fraterno. No competimos entre nosotros, competimos contra la derecha y la ultraderecha que basa su política en los bulos, en las mentiras, en el cinismo y en echar balones fuera, como estamos viendo ahora en el Gobierno de la Generalitat.

¿Se ve como líder del espacio?

Yo soy una orgullosa líder de un espacio maravilloso que se llama más Madrid, que no hace más que crecer y demostrar que la buena política funciona. Además, soy una orgullosísima ministra de Sanidad que está súper centrada en reforzar nuestro sistema sanitario. Esas son mis labores y a eso me voy a dedicar.

El agua estancada no suele ser un buen augurio. Federico García Lorca utilizaba los charcos y los pozos como un símbolo del fatalismo, pero también para aludir a la fertilidad o el deseo sexual. Esos usos, y alguno más, aparecen coincidentemente en la enorme cloaca en la que chapotean sin enterarse los protagonistas de Lady Macbeth de Mtsensk, la segunda y última ópera de Shostakóvich, con la que el Liceu de Barcelona ha decidido estrenar la temporada. 

Hasta 10.000 litros de agua freática, de subsuelo (y esto es literal, pero a la vez una profunda evocación) inundan un escenario lleno de ratas: las reales, mencionadas en la obra, y las figuradas, que son en el fondo todos los personajes, despiadados por separado y escalofriantes como sociedad. Todos salvo Katerina, interpretada por Sara Jakubiak, que es la víctima de un patriarcado feroz. 

Lady Macbeth es la historia de la esposa de un comerciante hastiada, aburrida y maltratada por todos, que para evadirse de su insoportable situación se agarra al falso amor que le propone un empleado (un farsante) recién llegado a la empresa familiar. Su desesperación la lleva a matar a su marido y a su suegro. Además de sufrir fortísimos remordimientos, es descubierta por la policía y finalmente despreciada por el hombre en el que buscó refugio.

Lady Macbeth no es agradable. Sus melodías no se silban alegremente al salir del teatro, entre otras cosas porque aquí, alegría hay poca. Tampoco es un drama de sobremesa que encoge el corazón un ratito antes de que uno pueda apretarse una buena merienda. Es un golpe en el estómago cuyo impacto multiplica una puesta en escena descarnada como el machismo mismo. La representación incluye una angustiosísima violación por parte de decenas de obreros que se comportan como una manada salvaje. 

El director de escena, Álex Ollé, es ya un prolífico creador de óperas y llevaba tiempo queriendo trabajar en esta. La original se estrenó en 1934 con un gran éxito, al menos al principio. Estaba llamada a ser la primera de tres óperas con las que Shostakóvich quería retratar las penurias de la mujer rusa, pero fue censurada por el propio Stalin cuando la vio. Cuentan que al dictador le faltó muy poco para purgar al compositor, algo que hizo con otros muchos artistas cuya obra seguía y criticaba. 

Sólo dos años después, Lorca escribía en España La casa de Bernarda Alba, que habla sobre la opresión, el deseo prohibido y la tradición machista de todo un país. Las dos obras deparan finales trágicos para sus protagonistas. También la obra de teatro de Lorca fue censurada (y su autor, asesinado) hasta el punto de estrenarse en el Buenos Aires del exilio casi una década después. Vista así, una Lady Macbeth cantada en ruso y desconocida para buena parte del gran público (en el Liceu sólo se había presentado en una ocasión, hace más de dos décadas), no parece tan ajena. Rusia no está tan lejos, en más de un sentido.

En un momento en el que, inexplicablemente, algunos responsables políticos niegan la violencia machista o frivolizan con ella (hasta el punto de considerar, contra toda evidencia, más importante la creación de oficinas para los hombres víctimas de la violencia sexual), no deja de ser sugerente la firme apuesta del teatro barcelonés por esta ópera como puesta de largo de la temporada. La obra tiene casi 100 años, pero el machismo sigue, también el que culpa y no cree a la víctima. Por la alfombra roja desfilaron, en el estreno, un sinfín de responsables políticos y empresarios, probablemente sin saber que la virulencia de la obra podía atragantarles el cava. 

Hay muchos aciertos en el trabajo de Ollé. Están los reflejos de ese agua turbia (se dejan ver hasta en las pinturas del techo), que pueden actuar como un espejo del propio espectador. También la cama que sirve al principio como refugio y a la vez sede de lo prohibido pero que al final acaba revelándose como una prisión (las celdas de Siberia son un montón de camas idénticas sobre el escenario). La boda de los amantes es totalmente contemporánea y el coro sirve a una descarnada expresión de una sociedad opresiva. Unos enormes paneles funcionan como muros imposibles de derribar y la iluminación de Urs Schönebaum es brillante, reservando su clímax para un final muy evocador.

La orquesta, dirigida por Josep Pons, multiplica la propuesta escénica con una interpretación enormemente nítida, acompañando a los cantantes en su desesperación y violencia y creando un espeso universo cuando suena ella sola, bien en los interludios o a través de los solos de varios de sus instrumentos. Jakubiak es una elección excelente para Katerina, por su dramatismo vocal, que transmite bien la fragilidad y la angustia del personaje. Pavel Cernoch en el papel de Sergei también resulta sólido y creíble.

Sorprende que un proyecto así no haya podido ser coproducido con otros teatros, donde seguramente hubiera sido bien tan recibida como por los espectadores del Liceu. Algunos, eso sí, desertan en el transcurso de las representaciones, que siguen hasta el 7 de octubre y aprovechan el intermedio o alguna escena de alto voltaje sexual para marcharse. Esos son, probablemente, los que van a la ópera pero no están dispuestos… a tirarse a la piscina. 

Han sido muchas horas de discretas negociaciones dentro del Gobierno. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha convertido en una de las piezas clave del plan de acción democrática que acaba de dar a luz el Gobierno de coalición, junto al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Son un total de 31 medidas que el Ejecutivo quiere poner en marcha durante los próximos tres años y para las que necesitará armar mayorías en el complejo Congreso de los Diputados.

Urtasun (Barcelona, 1982) ha pilotado por parte de Sumar las conversaciones. Está satisfecho, aunque se han quedado algunas de sus propuestas fuera, como las relacionadas con el ámbito judicial. En una entrevista con infoLibre se muestra especialmente orgulloso de haber introducido la reforma del Código Penal. Explica de manera clara, a pesar de las distintas interpretaciones del texto, que el plan incluye eliminar el delito de injurias a la Corona: “Es medieval”.

Este plan nace tras la reflexión del presidente del Gobierno y de los contactos con los grupos parlamentarios. ¿El ala de Sumar está satisfecha al cien por cien con el plan que ha salido del Consejo de Ministros?

El plan es muy importante. Es la primera vez que el Gobierno hace política mediática en serio, entendida como regular qué es un medio de comunicación a través de un órgano autónomo y reformar la ley de publicidad institucional para que con dinero público no se financien fake news, seudomedios ni panfletos. También hay un blindaje de la profesión periodística con reformas concretas. Se da un paso adelante importante. Y también hay otra vertiente.

¿Cuál?

De libertades ciudadanas. Estoy muy satisfecho. Hay una reforma del Código Penal. En los últimos años se han encausado artistas por distintos delitos de injurias, algo que no podía ser. También empezamos a derogar la ley mordaza con el artículo 23 [referido a las sanciones por fotografías a efectivos policiales]. ¿Esto es todo el plan de acción de la democracia que España necesita? Es un primer paso. Hay reformas que se han quedado en el tintero.

¿Cómo cuáles?

Nos hubiera gustado que hubiera habido reformas judiciales en el paquete. Nosotros insistimos pero la parte socialista no ha querido. Se va a reformar la CNMC para el registro de medios, pero nosotros hubiéramos sido más partidarios de crear un organismo autónomo. Hay cosas que faltan, pero el paquete es importante. Se nota la mano de Sumar.

¿Dónde se nota la mano? ¿Cuáles son las propuestas de las que se siente más orgulloso?

La reforma del Código Penal está porque la hemos pedido nosotros. Era fundamental hacerlo en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos peleado mucho para que la Corona esté dentro porque el delito de injurias es medieval. Eso debía cambiarse y lo hemos conseguido. Y también hemos insistido mucho en las propuestas de blindaje de la profesión periodística, tanto con la directiva anti SLAPP como la del secreto profesional y la protección de fuentes. También se ve en medidas claras para evitar dinámicas oligopolísticas en los medios de comunicación. Las aportaciones de Sumar están en todo el plan.

Hablan de un plan a desarrollar en tres años con 31 medidas pero, ¿por dónde van a empezar? ¿Cuáles deberían ser las primeras?

Todas estas reformas las tendremos que ir haciendo poco a poco a lo largo de la legislatura. Hay algunas para las que hay en el Congreso ya una madurez suficiente para poder sacarlas lo antes posible. Por ejemplo, se puede reactivar la reforma de la ley de secretos oficiales o la de seguridad ciudadana. También la reforma del Código Penal se puede llevar ya. Hay cosas sobre las que ya sabemos lo que tenemos que hacer y los apoyos que tenemos en las Cortes. Las cuestiones de los medios de comunicación son más complejas, la reforma de la ley de publicidad institucional habrá que pensarla bien.

¿Puede confirmar que se incluye derogar el delito de injurias a la Corona? ¿Puede garantizar que ningún artista acabará condenado por hacer humor o por alguna creación relacionada con la Corona o los sentimientos religiosos?

Es lo que hemos acordado con el PSOE. Ahora hay que hacer la reforma. Pero lo que está acordado es derogar todo lo que son delitos de injurias por sentimientos religiosos o respecto a instituciones del Estado. Son todas, incluso incluye otros supuestos. Y se hace en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Hay tres sentencias y una claramente va sobre injurias a la Corona, aunque el PSOE no haya querido mencionar la palabra Corona.

¿Por qué no se menciona?

El PSOE no ha querido hacerlo, pero por el redactado que tenemos -hablamos de instituciones del Estado y de sentencias del TEDH- no hay ninguna duda.

En el Código Penal son apartados diferentes las injurias a la Corona de las de las instituciones del Estado. ¿Podría darse el caso de que se acabe diluyendo la parte de la Corona durante el trámite parlamentario?

No tengo ninguna duda de que esto lo vamos a abordar. Si hemos puesto negro sobre blanco que vamos a acabar con la anomalía de que tenemos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicen que no cumplimos con la libertad de expresión y que vamos a hacer caso a jurisprudencia, las injurias a la Corona tienen que desparecer. Es algo medieval y hay que cambiarlo.

El plan solo incluye la reforma de la ley mordaza en el aspecto sobre la toma de imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿pero se podrían tocar más aspectos de esa norma durante el trámite parlamentario como piden más socios?

Absolutamente, sí. En el acuerdo de gobierno ya figura que vamos a derogar la ley mordaza. Algunas de las medidas están vinculadas al plan de acción por la democracia, como el artículo 23 y la parte del Código Penal. Pero quedan más preceptos sobre los que el Gobierno tiene voluntad de construir y completar con el resto de grupos. Queremos recuperar el consenso de la pasada legislatura, donde casi se consiguió derogar. 

La primera medida sobre medios es un registro para que se conozca la propiedad y la inversión publicitaria. ¿Cómo se decide qué es un medio de comunicación? ¿The Objective, EDA TV o los canales de Telegram como los de Alvise Pére serán considerados medios de comunicación?

Los medios que estén en esa lista son los que se dedican a informar y ejercen la función del periodismo. Para eso existe esa lista, no para otra cosa. Esto lo tiene que hacer un organismo autónomo. Se trata de un mandato de la regulación europea. Tiene que existir también transparencia sobre la propiedad de los medios. Y es importante que lo haga un organismo autónomo. Los criterios sobre cómo se va a hacer los veremos en el trámite de reforma de la CNMC. Los detalles no los tenemos.

¿No hay algún criterio que se le vaya a facilitar a la CNMC para que actúe?

Esto lo tenemos que construir aún. Pero todo el mundo puede entender qué tipos de medios pueden estar ahí y ejercen el periodismo y qué panfletos se dedican a las fake news. Esa diferenciación en España hay que hacerla no sólo en este registro, sino también en la ley de publicidad institucional. No queremos que con dinero público se sigan financiando fake news. 

Hablamos de los medios, pero también está el asunto de los bulos que pueden aparecer en medios y webs de todo tipo. ¿Quién decidirá qué es un bulo? ¿También la CNMC a través de los criterios que le dé la ley? ¿Cómo se perseguirán?

No hemos detallado esto todavía. Hemos presentado un plan con algunos instrumentos que hay que poner en marcha. Son muchas medidas y habrá que ir viéndolas una a una en profundidad. Aterrizar todo esto va a ser un ejercicio complejo, pero lo queremos hacer desde el diálogo. Y desde el Gobierno no hemos querido dar una receta servida sobre cada uno de los instrumentos, tiene que ser un gran acuerdo de país. 

¿Cómo puede cambiar el sector con estas medidas de transparencia? ¿Cómo será el panorama mediático una vez se sepa lo que hay?

Es importante saber qué propietarios hay detrás de determinados medios. Eso puede permitir a la ciudadanía construirse una idea sobre por qué se publican determinadas cosas. La transparencia pura sobre los accionistas y la propiedad es una aplicación del reglamento europeo. Nos puede permitir como ciudadanos entender que si un cierto medio de comunicación hace algo es porque tiene una determinada propiedad detrás. Los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Los medios pueden tener la propiedad que deseen, siempre y cuando no vayamos a un sistema de concentración, como se recoge en el paquete. Y también es fundamental el tema de las audiencias.

Ha mencionado la concentración, ¿en España hay un problema con esta cuestión? Por ejemplo, en el ámbito audiovisual hay dos grandes grupos -Atresmedia y Mediaset- que copan casi todo el espacio privado.

Tenemos que garantizar que haya pluralidad de los medios, que es lo que garantiza que haya visiones distintas de las cosas. Es verdad que nosotros no somos ni de lejos el país de la UE con mayor concentración. Estas medidas introducidas en el reglamento europeo no fueron pensadas específicamente para nuestro país, pero es importante implementarlas.

En el plan se incluye que los debates electorales deberían ser obligatorios. ¿Cuántos debería haber en España en unas generales? ¿Quiénes deberían estar? 

Viví lo que ocurrió el pasado 23J cuando un aspirante a la Presidencia del Gobierno decidió no presentarse al debate. No puede volver a ocurrir en España el caso de Alberto Núñez Feijóo. Alguien que quiera aspirar a presidir el Gobierno tiene que comparecer ante los medios en los debates. Tienen que realizarse porque son una herramienta fundamental para que la ciudadanía conozca las propuestas. Hay muchos países que los tienen regulados.

Con la inestabilidad parlamentaria y los números tan complicados en el Congreso, ¿confían en atraer al PNV y a Junts para este paquete de medidas?

Muchas de estas medidas tienen consenso en el Congreso. Las reformas en clave democrática que tenemos que hacer en España son las que más acuerdo pueden generar en el bloque de investidura. Estoy pensando en la reforma de la ley de secretos oficiales o en la del Código Penal. También en el cambio de la publicidad institucional. 

Podemos se ha puesto ya duro respecto al plan, quieren ser más ambiciosos. ¿Podrán convencerlos?

Agradezco que quieran ser más ambiciosos, igual que ERC y Bildu. Al final, en estas reformas de calado democrático nos encanta con Sumar formar parte de una mayoría plurinacional. Empujamos en la misma dirección. Estamos encantados de poder dialogar con el resto de grupos. Es verdad que queremos ir más lejos en algunas cosas que el PSOE y como socios del Gobierno tenemos mucha influencia, pero también que no llevamos siempre al PSOE todo lo lejos que queremos. Los socios de Gobierno pueden acabar de ayudarnos para que las reformas sean ambiciosas. 

¿Cree que el PP puede acabar votando en contra en el Congreso de aspectos que apoyó en el reglamento europeo? ¿Qué medidas concretas podrían atraer al Partido Popular?

Hemos demostrado nuestra voluntad para atraer al PP. En la ronda de negociaciones que hice con Bolaños, tuvimos una reunión con el Partido Popular, pero no quiso entrar a discutir ninguna de las medidas porque no está en una dinámica de oposición constructiva. El PP tiene muy poca legitimidad para hablar de refuerzo democrático en nuestro país cuando aún no ha pedido perdón por espiar a oponentes políticos. Y tendrá que explicar a la ciudadanía por qué votaron la creación de un registro de medios en el Parlamento Europeo y ahora dicen que es una medida bolivariana. La incoherencia del PP es evidente. 

¿Será Teresa Ribera una buena vicepresidenta y comisaria en la UE?

Sin duda. Es una persona a la que aprecio personal y políticamente. Creo que va a tener una tarea complicada dentro de la Comisión: defender el Pacto Verde Europeo en un contexto más difícil que el mandato anterior. Puede jugar un gran papel, estoy seguro de que lo hará.

Ocupar la cartera de Competencia en la Comisión Europea no es sólo sinónimo de convertirse en una de las personas con más poder en Bruselas sino, en lo económico, en el mundo. 

Algunos ejemplos con cifras de vértigo sirven para entenderlo. Su actual titular, la danesa Margrethe Vestager, es poco conocida para la opinión pública española, pero no así para las grandes empresas, incluidas las españolas. Vestager impuso durante su mandato una multa de 13.000 millones de euros a Apple por acogerse a un esquema fiscal ad hoc en Irlanda, un país que ya sin trampas ilegales es un pseudoparaíso fiscal permitido por todos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de respaldar la decisión. Google acumula en este mandato en torno a 8.000 millones de euros en multas por prácticas monopolísticas. 

A tareas como estas se dedicará, entre otras cosas y si nada se tuerce, Teresa Ribera desde ahora y por cinco años. Entre sus cometidos estará vigilar que las grandes compañías no abusan de su posición de mercado, que no se comportan como monopolios, que los Estados no favorecen a las corporaciones amigas o que las fusiones no expulsan del mercado a competidores más pequeños, una supervisión que tiene efectos no sólo sobre compañías de capital europeo sino que condiciona a gigantes internacionales que pretendan actuar como uno solo en suelo comunitario. 

Así, Competencia es una cartera ejecutiva y una responsabilidad al alcance sólo de países y perfiles con mucho peso y prestigio. Como tal, lo habitual es que el puesto colme por sí solo las expectativas de cualquier jefe de Gobierno. Pero Ribera suma otras dos tareas: la de vicepresidenta primera; es decir, número dos del Ejecutivo comunitario y mano derecha de Von der Leyen, y, sobre todo, responsable ejecutiva de las áreas a las que ha consagrado buena parte de su vida como la transición ecológica, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 

Son tres responsabilidades en una y la convierten en la comisaria española de mayor peso en la historia. Comisarios de asuntos económicos ha habido varios, como Almunia o Solbes, pero sus poderes fueron sensiblemente inferiores a los que tendrá Ribera al frente de Competencia, cartera que ya ocupó también Almunia, pero sin responsabilidades de transición ecológica. Vicepresidentes también ha habido varios (el actual, Borrell, de nuevo, Almunia, Loyola de Palacio o Manuel Marín, el primer gran comisario español), pero de nuevo con menos poder global. En el caso de Borrell, su vicepresidencia ha sido casi ornamental, ya que su relación con Von der Leyen ha sido muy tirante y su condición de Alto Representante lo situaba más en el territorio del Consejo (la institución de los Gobiernos, a los que coordina en política exterior y de seguridad) o en el perímetro de su propia autonomía, donde ha sabido engrandecer el puesto con buenas dosis de liderazgo y criterio propio.

Los retos de Ribera son enormes: no sólo velar contra los excesos de grandes empresas y Gobiernos en el marco de la competencia, que a menudo dicen defender el libre mercado como si se tratase de un dogma mientras hacen trampas para adulterarlo. La pandemia o la competencia feroz de China y EEUU muestran que no sólo hace falta fortalecer el proyecto europeo y su mercado interior para que sea competitivo sino también ponerlo al servicio de lo público, que es a lo que todos, también el sector privado, recurren cuando vienen mal dadas. 

En el terreno climático, Ribera tiene que liderar la ambición europea (cristalizada en el Pacto Verde Europeo o Green New Deal) en un momento en el que el asunto parece haber pasado de moda, en una Comisión Europea mucho más de derechas y mientras los negacionistas tiran de antipolítica y demagogia para cerrar los ojos ante el meteorito que se acerca a nosotros a toda velocidad.  

Por último, Ribera tendrá que hacer equilibrios en un Ejecutivo donde la socialdemocracia está en minoría. También tendrá que entenderse con comisarios del norte de Europa como el liberal holandés Wopke Hoekstra, la también liberal sueca Jessika Roswall o el socialdemócrata danés (y allí la socialdemocracia tiene otros matices) Dan Jørgensen, a cargo de comisarías vinculadas de una u otra manera a su vicepresidencia. Pero, sobre todo, deberá engrasar una relación profesional y personal con la propia Ursula von der Leyen, quizás la presidenta más presidencialista de los últimos tiempos, que ha tenido frecuentes encontronazos con Borrell o con el hasta ahora comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que acaba de dimitir antes de que expirase su mandato entre fuertes críticas al liderazgo de la alemana. 

Mientras en Bruselas todos ajustan sus relojes para ponerlos en hora, es una incógnita qué hará el PP español, que este martes anunció una rueda de prensa de su portavoz, Miguel Tellado, que tuvo que ser corregido por Génova minutos después de acabar su comparecencia. ¿Cree el PP que la presidenta de la Comisión, del PP europeo y apoyada por la delegación española habría dado tanto poder a la elegida por Pedro Sánchez para permitir la colonización de las instituciones comunitarias, acabar con el Estado de Derecho, la democracia y la división de sus poderes como persigue sin descanso el sanchismo? ¿Se equivoca Von der Leyen y todos aquellos que en las cumbres internacionales del clima o los Consejos de Ministros de la UE reconocen el papel desempeñado por Ribera en los últimos años? 

Más allá de los pellizcos que el PP intente dar a Ribera en la audiencia por la que cada candidato tiene que pasar en el Parlamento Europeo (y que, quien más y quien menos, podrá llegar a comprender como una mera batalla partidista de consumo doméstico), los de Feijóo deberán decidir si hacen campaña en contra en el pleno y votan en contra del conjunto de los comisarios, que es lo que cuenta (se votan en bloque, no uno a uno), buscando el boicot de la Comisión en su conjunto y, de paso, de todos los dirigentes conservadores que la integran, incluyendo a su presidenta. Algo así iría, por supuesto,en contra de los intereses de España, que con Ribera muestra no sólo que no es una excepción en Europa, como todos los días asegura la derecha patria, sino que puede y está dispuesta a liderarla.

España y, como epicentro, Madrid, necesitan una catarsis. Valerio Rocco (Roma, 1984) recurre al sentido clásico y teatral de la palabra griega, a la superación de una tragedia de forma colectiva y dialogada, como una de las necesidades más acuciantes de una sociedad quejumbrosa y desorientada. Es la nuestra. 

El director del Círculo de Bellas Artes, donde lleva cinco años al frente, es también profesor de Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid y un experto en Hegel. En esta etapa ha liderado una apertura de la institución a públicos más jóvenes y a otros centros culturales en Madrid o del mundo además de favorecer un diálogo entre disciplinas aparentemente lejanas, como la investigación científica y las artes y las humanidades. En una tarde, en el Círculo tanto se puede escuchar una charla sobre el idealismo alemán o a un cuarteto de cuerda pero también vivir una fiesta de disfraces que ocupe todas las plantas del edificio mientras pinchan los dj de moda. 

Rocco ve la mezcla con naturalidad y dice aplicársela. Por eso en su tiempo libre devora desde el pop comercial hasta unos buenos ladrillos filosóficos (que él jura disfrutar, claro). “Estoy orgulloso porque mis hijos lo han heredado. Mi hija de 6 años me pide que le ponga vídeos de Shakira o Rigoberta Bandini y a continuación me dice que quiere ver Rigoletto o La Traviata. Es capaz de entender y disfrutar ambas cosas”. Cuestión de cintura… y de equilibrios. 

Rocco está estos días embarcado en la celebración del Festival de las Ideas, cuatro días de filosofía, pensamiento, artes y ciencias en las calles de Madrid desde el 18 al 21 de septiembre con personalidades del pensamiento españolas e internacionales. En total, 70 actos y 130 invitados de primer nivel para reflexionar sobre asuntos como los ataques a la democracia, los límites del humor, el estrés y la ansiedad, la toxicidad de las redes sociales, la inteligencia artificial o los valores de la moda, entre otros muchos (en esta serie de artículos de Anabel Cuevas se puede disfrutar de un anticipo). Todo en escenarios como la Plaza de España y otros puntos céntricos donde los ciudadanos podrán tomar la palabra sin que falten los conciertos y la celebración. Con la participación de otras 11 instituciones culturales y el apoyo del Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento. 

“El Festival parte de la premisa de que vivimos en una época de la cultura del malestar, de diversas formas de malestar”, explica Rocco. “Abarcan el punto de vista intergeneracional, económico, social, ecológico… Respecto a otras épocas, esos malestares se expresan y se afrontan hoy individualmente. Somos una sociedad totalmente atomizada. Se han perdido los espacios comunes de generación de pensamiento común. Y siempre habían existido, desde la Grecia antigua, creadora de la filosofía, hasta hace bien poco”. 

Ahora, las redes sociales acumulan más y más peso, “pero no tienen nada de social. Te devuelven constantemente tu propia imagen y tu opinión reforzada a través de cámaras de eco”.

¿Un festival anti redes sociales? 

La voluntad es reunir en espacios físicos a una ciudadanía que se mezcle no sólo para crear comunidad sino para disentir. ¿Qué espacios de disenso argumentado y justificado quedan? Desde luego, la política ya no es un lugar de confrontación razonada entre posturas argumentadas. Las redes sociales son lugares en las que el algoritmo refuerza opiniones persistentes o en los que bloques se lanzan odio sin ningún tipo de argumentación. ¿Qué espacios quedan? En el festival planteamos el disenso y por eso sólo hay una conferencia magistral. El resto son diálogos y muchas veces entre personas que piensan diametralmente distinto pero están dispuestas a poner a prueba sus argumentos, a discutir y, por qué no, a convencerse. Disentir es muy importante para nuestras sociedades y, sin embargo, tan difícil de hacer hoy, por paradójico que parezca. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Faltan espacios de mediación que posibiliten el disenso. Los partidos políticos y los medios de comunicación cada vez son más refractarios a un debate interno real. Las instituciones culturales todavía podemos ser las que posibiliten esas conversaciones desde el disenso y, como en este caso, llevarlo a la calle. Pero también falta pensamiento propio. Y no me refiero a distinguir entre filósofos que lo tienen y ciudadanos que no. Este no es un festival de ciudadanía en el que unos dan lecciones y otros reciben sino que entre todos decimos verdad, como diría Heráclito. Cada vez más nuestros políticos no son los autores de los discursos y de las políticas. 

¿Quiénes son?

Son esas figuras técnicas, grises pero enormemente poderosas: los asesores, los speech-writers, los creadores de argumentarios que se distribuyen entre los partidos para dar soluciones prefabricadas a los grandes temas del momento. Puede parecer una anécdota, pero si todos los representantes de una formación política reciben por las mañanas consignas verticales sobre lo que hay que pensar y cómo se debe argumentar, capilarmente eso llega a toda la sociedad. Lo mismo ocurre con algunas tertulias de televisión. Esos argumentos prefabricados, no interiorizados ni construidos por el propio individuo, llegan desde fuera y los vomitamos de manera inconsciente hasta crear sociedades polarizadas que repiten lo decidido por unos pocos. Queremos que la ciudadanía exprese su propio pensamiento a raíz de sus propias vivencias.

Puede parecer casi una marcianada pretender llevar la filosofía a unas calles habituadas al consumo que se compra y se vende, pero el festival, coorganizado por La Fábrica, tiene antecedentes en Módena, Santiago de Chile, Toronto o Cambridge, explica. “En Madrid es especialmente necesario. Si hay una ciudad en la que, por diferentes motivos, las plazas se han vuelto cada vez menos lugar de encuentro, reunión y socialización, es Madrid”, advierte. 

¿Por qué Madrid?

Por ejemplo: el propio diseño urbanístico de las plazas de modo que sean lugares de paso o de llegada a lugares de ocio o de consumo de pago. Madrid es la única ciudad española y europea de cierta importancia que no tiene una universidad en el corazón de su ciudad donde se intercambie conocimiento. Circunstancias como esta dan a Madrid una percepción y autopercepción ligada al hedonismo superficial, a una diversión sin demasiado contenido en bares y alrededor de las cañas y las tapas. Madrid necesita plazas donde sea posible vertebrar una cierta comunidad. 

Rocco pone como ejemplo el Refugio Climático que el Círculo instaló este verano en su Salón de Baile, la sala más grande y suntuosa. Según la propia institución, por ese espacio gratuito, lleno de vegetación y actividades pasaron 50.000 personas. “La gente agradecía poder estar en un lugar sin tener que consumir, sin tener que pagar entrada, un lugar al que se iba a ver qué pasaba, donde se producían debates y encuentros espontáneos. Ojalá esa conexión que ha existido siempre entre la filosofía, el ágora entendida como plaza y el teatro como lugar de la catarsis, vuelva a producirse en una nueva Atenas madrileña del siglo XXI”. 

Madrid como contraposición a Cataluña y otros lugares. Madrid en contraposición al Gobierno central. Madrid como una aspiradora de personas y economías del resto del país. Madrid como el escenario de la batalla entre la izquierda y la derecha. ¿En Madrid campa a sus anchas el malestar?

Madrid es abierta, hospitalaria, con una vida cultural extraordinaria. ¡Qué voy a decir yo! Es incomparable en Europa y desde luego en España. Pero también es una ciudad que no cuida excesivamente a los ciudadanos ni a la generación de conexiones ciudadanas. Si hay un ejemplo de la España de las piscinas que Jorge Dioni describe en su ya famoso libro, es Madrid o, al menos, el Madrid de los últimos años. Me refiero a esas ciudades que tienden a expulsar del centro a sus ciudadanos para bunkerizarlos en urbanizaciones de las afueras con escasísimo contacto con lo diferente o lo opuesto. Si hay un lugar en el que se han devaluado muchos servicios públicos y muchos lugares públicos de encuentro, desde la Sanidad a la Educación, o el I+D, creo que es Madrid. 

¿Qué hacer?

Madrid está necesitada de un refuerzo de lo público entendido en sentido amplio, un empujón, una dosis de energía. Es paradójico que instituciones privadas como La Fábrica y el Círculo de Bellas Artes queramos cuidar y potenciar esos espacios públicos, eso sí, y hay que decirlo porque es de justicia, con el apoyo de todas las administraciones, como el Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura. 

Lleva cinco años al frente del Círculo. ¿Cómo se consigue el equilibrio entre esas fuerzas que luchan de manera tan feroz?

El Círculo tiene dos grandes ventajas y ninguna es mérito mío [sonríe]. Es una institución tremendamente querida por los madrileños y los españoles. Crea un vínculo sentimental con un lugar a través de una vivencia singular singular en la que se mezclan ocio, diversión y cultura de gran calidad. Ese vínculo nos protege. La segunda es que somos la única gran institución cultural de toda España que no es pública y, siendo privada, no depende de un gran banco, una aseguradora o una fundación. Esa independencia es fundamental en el ámbito cultural y público. Es posible sobrevivir y meterse en estos charcos porque la sociedad no sólo te respeta sino que te quiere y porque los poderes públicos, que en parte te financian (un 7% sumadas todas las administraciones), saben que eres independiente. 

Más allá de las instituciones públicas que, a menudo, están bajo sospecha ¿deben los ciudadanos dar un paso adelante y comprometerse más desde lo privado para defender lo público? Me refiero al apoyo a asociaciones, medios de comunicación…

Esta es una institución privada pero profundamente comprometida con lo público, entendido como lo común. Se está debilitando esa estructura que hace posible la comunidad y la sociedad y se está haciendo, paradójicamente, desde muchas instituciones públicas. Se está potenciando un sector privado que no hay que demonizar, ¡en absoluto!, pero que muchas veces está al servicio del beneficio cortoplacista, atomista y egoísta. Hacen faltas vacunas contra el individualismo exacerbado que domina nuestro tiempo y nuestra sociedad. Ese individualismo exacerbado está en contra de la generación de conexiones, de vínculos sociales, del mestizaje, la hibridación, el estado del bienestar, la solidaridad… son conceptos en profunda crisis que nosotros creemos que hay que defender.

¿Echa de menos la universidad?

Sigo vinculado a ella. Estoy en excedencia pero sigo dando clases como profesor honorario en la Autónoma. No echo de menos la docencia, porque en alguna medida la sigo impartiendo, ni la investigación porque, aunque parezca increíble, sigo escribiendo y leyendo, pese a que no es todo lo que querría. Lo que no echo nada de menos es la burocracia, la continua evaluación y la cultura de la sospecha que preside la universidad pública en vez del respeto por su autonomía y dotación de recursos. Se está ahogando a la universidad pública a través de un control burocrático asfixiante. 

¿Cuál es la situación de la universidad pública?

Madrid tiene un enorme problema de infrafinanciación de sus universidades públicas. No lo digo yo, lo dice el informe de la Plataforma Madrid Futuro sobre el estado de la ciudad. Madrid destaca en muchísimos aspectos respecto a sus competidoras mundiales y es un lugar extraordinario para vivir por muchísimos motivos, entre ellos el cultural, pero tiene una falta de inversión pública y privada en I+D, conocimiento o innovación que es simplemente alucinante. 

La situación es dramática porque las economías del futuro van a estar basadas en el conocimiento. Si no se potencia y no se ve el gasto público como una inversión, y quizás la más importante, estamos absolutamente perdidos. Estoy muy preocupado. La universidad pública está perdiendo talento. Es muy difícil para las universidades públicas de Madrid y de España captar talento internacional y la formación de los estudiantes es cada vez más precaria por razones presupuestarias. Haría falta un enorme pacto, un consenso más allá de la política por la educación, y muy especialmente de la educación superior, que la dotara de recursos muy, muy superiores.

Es tan fácil como el “dentro” y “fuera” que Epi y Blas nos enseñaron en Barrio Sésamo. 

Dentro, un debate democrático, en base a la liturgia legal y reglada, consecuencia de unos resultados electorales, con puntos de vista diversos y plurales. 

Fuera, la adrenalina de la calle, los gritos del gentío, un espectáculo jugoso y con escenario portátil, pero que se se marchita tan pronto como florece un nuevo y vistoso acontecimiento. 

Dentro, el Gobierno en ciernes de ocho millones de personas, un nuevo capítulo de la Cataluña contemporánea. Fuera, lo líquido, el ansia de estar durante un ratito pero sin consecuencias trascendentes. 

El resultado es tozudo e inapelable: 68 votos a favor de Salvador Illa como president de la Generalitat frente a 66 noes y un diputado que había prometido intentar entrar al Parlament y se esfumó humillando a los Mossos d’Esquadra, la policía catalana. 

Dentro, la política y el peso de la democracia en acción. Fuera, Houdini ensayando el concepto de “líder escapista”, que es en realidad todo un oxímoron. 

La huida cinematográfica de Puigdemont, que pasó en cuestión de minutos de un épico “Encara som aquí!”, a lo Tarradellas, al no estar en ninguna parte, consumió buena parte del protagonismo de este jueves, eclipsando la investidura de ese político atípico, expeditivo y de extrema autocontención que es Salvador Illa. Pero estoy convencido de que en cuanto tomemos algo de perspectiva, el peso de los acontecimientos se invertirá y recordaremos mucho más la nueva página en la historia de la difícil “conllevancia” que Ortega y Gasset recetó hace casi un siglo como solución a “un problema que no es para resolver”.

Cataluña abre una nueva etapa y Carles Puigdemont ha puesto todo su empeño en probar que era muy necesaria. En Junts per Catalunya, que reunió a su plana mayor y a las figures clave de la última CiU, Artur Mas inclusive (sólo faltó Jordi Pujol para un clímax de continuidad histórica), todavía no se explican la jugada. El expresident y ahora diputado prometió en público volver para la investidura, pero ni amagó con entrar en el Parlament. Si buscaba la épica de la prisión por la que pasaron parte de sus compañeros, aunque fuera hasta que el Tribunal Constitucional avale la amnistía, tendrá que esperar. Si confiaba en boicotear la investidura, no lo consiguió. Es más, empezó con puntualidad y acabó en buena hora, antes de que el calor de agosto aflojase en Barcelona. President en primera votación y dos semanas antes de que venciese el plazo límite. 

El camino, a partir de ahora, es incierto. Salvador Illa es un político de otra pasta, como los que no hay en Cataluña y, tampoco, en un Madrid hiperventilado. De formas suaves, críptico, y tan ejecutivo que las conversaciones telefónicas con sus colaboradores le suelen durar menos de dos minutos. A veces, mucho menos que dos minutos. No viene mal un poco de economía en las emociones cuando todo parece tan apasionado como, en demasiadas ocasiones, estéril.

Pero Illa no es la causa o, por sí mismo, la solución a nada, por más que haya logrado un excelente resultado electoral frente a un nacionalismo e independentismo que por primera vez en cuatro décadas no tiene mayoría absoluta. Por más que haya roto la política de bloques (independentistas frente a no independentistas) que articulaba la política catalana desde hace casi 15 años. No tiene una varita mágica y en su discurso reconoció no disponer de más que de un acuerdo de investidura, sin mayoría para gobernar. No será fácil y nadie sabe cuánto durará.

Illa es una consecuencia. De la decisión estratégica de PSC y Comunes de asumir la centralidad política. De años de célebres jugadas maestras independentistas, de hiperventilación y de desafíos que llevaron a Cataluña primero a perder su autonomía a manos del artículo 155, al declive económico que todavía perdura y al cansancio de toda la sociedad, cuando no hartazgo o directamente enfado. 

Estamos ante un cambio de ciclo, este sí, frente a otro agotado en las urnas, en la calle y en su estrategia. En sus siete años alejado de la Justicia española, tan conservadora y acostumbrada a extralimitarse con Cataluña, Puigdemont no consiguió internacionalizar el procés, ni replicar estructuras institucionales (¿qué fue del Consell de la República?). Tampoco logró mantener la unidad del independentismo ni su mayoría en el Parlament. Su discurso de este jueves parecía el de la resaca del 1 de octubre, como si nada hubiera pasado. 

Y han pasado muchas cosas. Estamos ante una etapa totalmente diferente a la anterior y a los siete años de Mariano Rajoy en la Moncloa, que todavía se están reparando con medidas tan poco ortodoxas como los indultos y la amnistía. Se abre paso una reflexión profunda sobre la plurinacionalidad del Estado, aunque a veces sea a trancas y barrancas o pivotando sobre el debate sobre la financiación autonómica, pendiente y siempre explosivo. 

Y eso es la política. En ella operan intereses contrapuestos, dependencias y la oportunidad del momento. Ojalá todos los debates importantes se presentasen puntuales y aseados, fuera del clima electoral y con protagonistas puros y generosos. Pero esto es lo que tenemos, tan intrincado como incierto. Visto de donde venimos, tampoco está tan mal. ¿Alguien tiene, de verdad, una alternativa mejor?

“Me equivoco, pero no miento”. Jesús Maraña dice esa frase a menudo y es difícil concentrar en menos palabras una mayor dosis de humildad y honradez. Primero, porque España está repletita de periodistas supuestamente infalibles, que no tienen “pruebas, pero tampoco dudas” y que antes caen en el ridículo que en la autocrítica. Así nos va.

Lo de Jesús es otra cosa. En realidad, él se equivoca muy poco, mucho menos que la mayoría, precisamente por su irrenunciable compromiso con el periodismo y con la verdad. El rigor le acompaña porque es honrado y la honradez le acompaña porque ha decidido ser riguroso.

No es necesario dedicarle muchos segundos a defender que Jesús Maraña es un excelente periodista. Su trayectoria ya acumula algunos trienios y habla por sí sola. Además, goza de un amplísimo respeto por parte de sus compañeros periodistas, sea cual sea su raza y pelaje, algo que no es muy habitual. 

Lo que me ha gustado del programa de La 2 En primicia, que acaba de emitir un muy recomendable capítulo sobre Jesús, es que no solo deja clara su profesionalidad sino que cada minuto del documental destila la humanidad y la empatía que le son tan propias y que a veces no son perceptibles en alguno de sus lúcidos análisis políticos o intervenciones televisivas, ancladas a la tensión y urgencias del momento.

Es precisamente la “psicología de un buen camarero” que se gasta, que nace de una muy periodística curiosidad por las personas, por sus circunstancias e historia, la que aflora durante la hora del trabajo dirigido por Maxi González y presentado por Lara Siscar.

No es verdad que Jesús no sonría o no tenga sentido del humor (su ironía es fina y su capacidad para relatar anécdotas graciosísimas, grande), pero sí lo es que se toma la vida muy en serio. Empezando por las causas justas, la democracia, la defensa de lo público y la cultura. Por eso invierte tanta energía en el periodismo. Por eso, junto a otros cuatro compañeros, fundó infoLibre hace 11 años, un medio cuya primera fuente de ingresos son sus suscriptores, a los que llamaron socias y socios porque lo son. Por eso infoLibre, con Jesús brújula en mano, nunca ha aspirado a crecer desmesuradamente, a dominar el panorama mediático en busca de poder o a recibir financiación y recursos con los ojos cerrados sino a dar pasos seguros y con los principios intactos. 

Él mismo explica por qué a veces parece que se enfada. Le hierve la sangre al escuchar a alguien mentir descaradamente, que es algo que no tiene nada que ver con expresar una opinión diferente. Ni con equivocarse de buena fe. Y paga un precio por ese nervio que le pone a las cosas. Se materializa en su legendario insomnio, que aprovecha para rumiarlo todo hasta llegar a las decisiones correctas. No me puedo imaginar de qué sería capaz si durmiese ocho horas del tirón. 

En España hay abierto en canal, y ya era hora, un debate sobre los medios de comunicación, su financiación, el aprovechamiento y manoseo a los que algunos someten a la libertad de expresión para intoxicar nuestra democracia. Nos la jugamos como periodistas y, con nosotros, la ciudadanía a la que nos debemos. 

Es hora de denunciar la mala praxis y huir del corporativismo disfrazado de falso compañerismo. También es la hora de democratizar los medios, de conocer sus métodos y financiación y de no alimentar con el dinero de todos a los que deshonran el oficio al que Jesús le ha dedicado toda su vida. Y también es de justicia reconocer a los que, como él, están demasiadas veces en la diana de los radicales sencillamente por dar un paso al frente, hacer su trabajo y no comportarse como ellos. No tengo del todo claro que para ser buen periodista haya que ser buena persona, como sostenía en su célebre frase el maestro Ryszard Kapuściński, pero sí que Jesús no solo es un buen periodista. Es un periodista bueno. 

“Ya no hay excusas”. El mensaje del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, resuena con fuerza en una sala de su departamento frente al Museo del Prado. La agenda social del Gobierno debe desplegarse después del ciclo electoral. El mandato, sostiene, de los electores que hicieron resistir al Ejecutivo progresista el pasado 23 de julio fue el de profundizar en sus medidas. Es lo que espera el “pueblo de la coalición”, como llama a esos votantes.

Bustinduy (Madrid, 1983) se ha fijado un rumbo muy ambicioso: convencer al PSOE para aprobar una renta universal de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. "Un nuevo derecho de ciudadanía", le gusta recalcar. La negociación será dura, pero confía en que se llegue a un entendimiento de cara a los próximos presupuestos generales. A pesar del desgaste que supuso para la izquierda el 9J, el ministro confía en retomar ese rumbo a través del “programa, programa, programa”. Es el momento de “asumir” los errores y reformular la propuesta pero siempre con el “qué” por delante.

Su gran batalla política ahora es la prestación universal por hijo, ¿está en disposición de asegurar que esta medida va a estar en los próximos presupuestos generales del Estado?

Tengo la certeza de que va a estar en la negociación de los presupuestos, es el compromiso que hemos anunciado públicamente. Es una propuesta de una prestación universal por hijo a cargo de 200 euros al mes hasta los 18 años. Vamos a llevarla a la mesa con toda la convicción partiendo de una premisa.

¿Cuál?

Hay cálculos que establecen que una prestación de este tipo reduciría la pobreza infantil en España en un 50% de manera inmediata. Y en el otro 50% se disminuiría la intensidad de esa pobreza en un 40%. Esto ya justifica la necesidad de esta medida. Además, hay que actuar ya porque es inaceptable que en España un tercio de la infancia viva en situación de exclusión social o de pobreza. Está demostrado que una medida así es la manera más eficaz de paliar la situación. Diecisiete países de nuestro entorno cuentan ya con iniciativas de este tipo y sus índices de pobreza infantil son muy inferiores al nuestro. Hay argumentos políticos, académicos y sociales.

¿Tiene algún cálculo concreto sobre cuántos niños saldrían de la pobreza?

Un 50% porque al ser una prestación universal su principal virtud es que llega inmediatamente. En cambio, los sistemas que implican algún tipo de fiscalización siempre conllevan una serie de mecanismos de verificación y de trámites administrativos que consumen una enorme cantidad de recursos, desincentivan a muchas familias a solicitar la prestación y generan unos retrasos muy importantes. Es algo que hemos visto en las dificultades del despegue del ingreso mínimo vital.

¿Hacerlo de manera universal no supone que lo reciba gente que no lo necesita?

Es una pregunta legítima pero interesante. Se responde con dos argumentos. El primero: no se trata de aprobar una ayuda social que dependa de que alguien demuestre que es pobre, que le ha ido mal en la vida o que no puede llegar a fin de mes. Es decir, no se asocia a un estigma o a una mentalidad asistencialista. Se trata de defender un derecho de ciudadanía, que la sociedad reconozca que garantizar unas condiciones mínimas de bienestar a todos los niños y niñas es un compromiso democrático como la sanidad o las pensiones. 

¿Y el segundo argumento?

Es que las familias que no lo necesitan lo que tienen que hacer es tributar de forma justa por su renta y su patrimonio. También las grandes empresas y los grandes capitales, de manera que financien no sólo el derecho de ciudadanía de sus hijos, sino el de las familias que lo necesitan. Se trata de un modelo con derechos universales y con una sistema de justicia fiscal que redistribuya la riqueza.

La otra cara es el debate sobre la reforma fiscal pendiente desde hace tiempo, ¿no?

Claro, en la reforma fiscal se ha avanzado en una serie de cosas. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros, por ejemplo, el tipo mínimo del 15% para las empresas multinacionales. Según los cálculos de los técnicos de Hacienda, puede suponer una recaudación adicional de entre 3.500 y 5.000 millones de euros al año. Pero hay cosas pendientes. España tiene todavía un diferencial de cuatro puntos en ingresos públicos respecto al PIB en cuanto a la media europea. Eso es más de 50.000 millones de euros. Existe un colchón fiscal muy importante para poder financiar derechos sociales que lleven a nuestro Estado del Bienestar a unas condiciones del siglo XXI. Nuestro país tiene un déficit de inversión en protección a la infancia y a las familias de más de un punto porcentual del producto interior. Hay margen de sobra. 

¿Qué inversión sería necesaria para poner en marcha esta medida?

Es un cálculo complejo porque otra de las cuestiones de las que no se habla en este debate es que España ya tiene un sistema de transferencias casi universales de rentas por crianza: los beneficios fiscales en el IRPF. Son casi 5.000 millones de euros al año de los que se benefician por igual ricos y pobres, pero no las familias que no presentan declaración de la renta (los que ganan menos de 15.000 euros o los que no tienen trabajo). Los que más lo necesitan son los que no están percibiendo esa ayuda. Para esta renta habría que movilizar un uno por ciento del PIB.

Ese uno por ciento del PIB le va a parecer una barbaridad a la ministra de Hacienda.

Lógicamente la ministra de Hacienda tiene que defender los intereses de una política fiscal responsable, eficaz y eficiente. Pero nuestro objetivo en la negociación va a ser plantear precisamente que la ampliación de los derechos y la construcción del Estado del Bienestar pueden y deben ir de la mano de una política fiscal también redistributiva. En eso seguro que estaremos de acuerdo.

Ahora mismo no hay negociación sobre los presupuestos, la política está pendiente de la situación en Cataluña. El Gobierno se ha comprometido a presentarlos después del verano, ¿pero habrá cuentas públicas? ¿Es estable la legislatura? ¿Aguantará la coalición?

Estas tres preguntas están relacionadas. Y estoy convencido de que así será. Por una razón muy concreta: la agenda social de este gobierno debe despegar ya, no hay más excusas para postergarla. Se debe traducir en una visión ambiciosa en esos presupuestos y en un gran esfuerzo para conjugar esa mayoría parlamentaria necesaria para sacarlos adelante. Lo digo también porque si el 23 de julio hubo una movilización extraordinaria que contra todos los pronósticos revalidó el Gobierno de coalición, fue para darle el mandato de profundizar en la agenda social. En la legislatura pasada se demostró que se podía salir de la madre de todas las crisis sin recortar derechos y sin aplicar medidas de austeridad, además de proteger las condiciones de vida de la gente trabajadora. En esta se deben abordar de una vez las desigualdades estructurales que dividen a la sociedad española. Hay que hacerlo ya, no hay excusas. Esto se debe traducir en el impulso político a los presupuestos.

En la política española ahora se habla del término “financiación singular” para Cataluña. ¿Está de acuerdo? ¿En qué puede consistir?

La política española vive, particularmente en lo que tiene que ver con la dimensión de Cataluña, instalada en una hipérbole y en una inflación discursiva constante. En estos días solo se habla de eso. 

¿Debe contar con una financiación singular?

Sí, sí, es lo que figura en su Estatuto de Autonomía y en el acuerdo de Gobierno. Tiene lógica y sentido. Nuestra posición es que evidentemente esa financiación para Cataluña debe ser compatible con el principio de solidaridad territorial y con una financiación suficiente de los servicios públicos. Se habla excesivamente de la cuestión catalana por la coyuntura pero es una realidad que el sistema de financiación autonómica en su conjunto está caducado y debe ser reformado. Esa conversación, más allá de la polémica del día, debería estar centrada en cómo financiamos las necesidades que tenemos hoy en día, que son diferentes a las de hace quince años. Y hay que hacer la pregunta de que si lo que necesita España es que las autonomías del PP supriman los impuestos a los grandes patrimonios. 

Este debate de la financiación se mezcla con las competencias autonómicas en materia de políticas sociales o incluso con el propio diseño del sistema electoral y de cómo se condiciona una investidura al apoyo de partidos nacionalistas. Hay una cierta contradicción para asegurar la suficiencia de los servicios públicos teniendo en cuenta que la política es territorialmente muy asimétrica.

Eso tiene también razones históricas profundas.

Eso puede condicionar la igualdad de los españoles en torno a los servicios.

Trabajamos sobre la realidad histórica y sociopolítica de España. Muchas veces decimos que las mayorías parlamentarias son muy complejas, pero estas Cortes reflejan el país que somos, es lo que se ha votado. El mandato democrático que tenemos es el de entendernos, acordar y operar en función del bienestar y del interés general. En el ámbito de las políticas sociales es un factor determinante porque muchas veces son competencias exclusivas de las comunidades. Esto implica la necesidad de llegar a acuerdos. Pero, por ejemplo, en el Consejo Interterritorial hemos acordado la distribución para el sistema de la dependencia con un récord histórico. Desde posiciones políticas y competencias muy diferentes, estamos trabajando de la mano. Necesitamos cambiar el modelo de cuidados que en la pandemia se demostró que no funciona: consiste en que la gente pueda envejecer en su casa, que es lo que quiere el 90% de las personas. Hay que desdramatizar la negociación y ese marco de chantaje o cesión. En realidad estamos haciendo lo que un sistema democrático tiene como objetivo en un país tan plural y diverso territorialmente, ideológicamente, políticamente y socialmente. 

¿Hay alguna medida sobre residencias que su departamento vaya a impulsar?

En la legislatura anterior se aprobó un acuerdo sobre un nuevo modelo de acreditación de residencias que buscaba transformar ese sistema de macroresidencias que en la pandemia se había visto que no funcionaba para ir a una escala más humana y de módulos más pequeños. Y ese sistema se está implementando. Parte de la financiación a las autonomías por parte del Gobierno central va vinculada al cumplimiento de esos requisitos. Pero no es suficiente y hemos aprobado una estrategia de modelo de cuidados que busca cambiar la estructura misma de los apoyos a la dependencia y a la vida autónoma de las personas. Se trata de fomentar todas aquellas herramientas como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los centros de días que forman un ecosistema de prácticas que permite que la gente permanezca en su domicilio más tiempo. Cuando la gente se queda en su casa, en su barrio o en su entorno vive en unas condiciones de mayor calidad de vida. 

Estamos en el análisis poselectoral del 9J, ¿qué pasó en el espacio de Sumar? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? 

Lo que pasó es evidente, objetivo y palmario: tuvimos un muy mal resultado electoral. Lo que sucedió a continuación también fue público y explícito: Yolanda Díaz asumió en primera persona la responsabilidad política de ese resultado. Hizo algo que siempre exigimos en abstracto a los políticos. Su intención es centrarse en la acción del Gobierno. Es una decisión acertada. 

¿Por qué tuvieron ese mal resultado? ¿Qué van a hacer para mejorarlo?

Una parte muy importante de nuestro electorado que se movilizó el 23 de julio para que se desplegara esa agenda social ambiciosa es exigente, no ha visto suficiente ni traducido en hechos esa acción del Gobierno. Hay factores como que se cayeron los presupuestos, que las mayorías parlamentarias son complicadas y que ha habido un ciclo electoral constante. Pero después de las elecciones europeas no hay excusas para esa agenda social. Espero que esa voluntad política que hemos tenido desde el primer día pueda convertirse en una voluntad política del conjunto del Gobierno. Estoy convencido de que con eso el pueblo de la coalición nos va a defender mucho más y de manera más vigorosa porque quiere ver esas medidas. La gente se acuerda de la legislatura anterior que se hizo la reforma laboral, que se subió el SMI y que se aprobaron los ERTE. En esta legislatura a una parte del electorado de izquierdas le faltan cosas para contar. Es el momento para hacerlo ya.

¿Qué le parece que Alvise Pérez haya obtenido el mismo número de escaños que ustedes? ¿Qué reflexión hace del surgimiento de esa agrupación de electores?

Es un hecho notable, España no es una excepción en la expresión electoral y política de un malestar que encuentra formas de expresión ultras, xenófobas, radicales y antipolíticas. Desgraciadamente está pasando en muchos lugares. La manera de contrarrestar esto no puede pasar por un instinto de defensa del statu quo existente. Lo que hay que hacer es plantear un horizonte de futuro que transmita certidumbre. Lo que hacen estas fuerzas es muy claro: alimentar ese malestar y convertirlo en odio, siempre contra los más vulnerables para pisotearlos. 

¿Le gusta la fórmula del Frente Popular que se está creando en Francia?

Es una reacción a la altura de la amenaza que vive Francia, es una fórmula necesaria. Es verdad que se ha dado con condiciones reactivas frente a ese peligro. A mí me gustaría que eso que llamaba el pueblo de la coalición y esa tarea de gobierno se planteara de manera proactiva señalando ese horizonte alternativo. Es evidente que vivimos en un momento de crisis a nivel mundial, pero hay que proponer una oferta electoral y un programa político que digan que se va a construir lo mismo que supuso el Estado del Bienestar en el siglo XX. Hay que hacerlo en el siglo XXI con derechos universales de ciudadanía, redistribución de la riqueza y justicia ambiental. Y lo vamos a defender en serio. Es la medida de contrarrestar estos movimientos ultras, xenófobos y antidemocráticos. En Francia se está viendo también. La defensa del establishment tiene pocas respuestas que dar ante este malestar generalizado.

Pero ese mensaje muchas veces se pierde por el ruido entre partidos y dentro del espacio. ¿La izquierda en España tiene algo que aprender del Frente Popular francés o al revés?

No puedo evitar pensar que en realidad la izquierda española viene de un ciclo ya muy largo y en el que ha servido como inspiración y como ejemplo muchas veces al mundo entero, desde el 15M hasta la formación de Podemos y del Gobierno de coalición. Es prácticamente el único Ejecutivo progresista que resiste en Europa. La izquierda española ha sido una fuerza motriz del movimiento. Además, para la historia de España es bastante inédito un ciclo tan largo. Y es lógico que haya momentos de desgaste, contradicciones y errores. Lo que hay que hacer es asumirlos, abordarlos y corregirlos. También pasa algo parecido a lo que hablaba con la hipérbole sobre Cataluña en la izquierda con las organizaciones, los liderazgos y los conflictos. Hay que hablar del qué, del objetivo, de la alternativa. La refundación y la reorganización pasa por ese mantra de programa, programa, programa. El ciclo tan largo progresista y exitoso en España tiene que reformularse y coger un nuevo impulso. Hay que hablarle a la gente más joven.

Habla del “programa, programa, programa”. Eso lleva a citar a Izquierda Unida, que está teniendo importancia en el debate después de las elecciones europeas y que señala que el modelo de Sumar está superado. Hablan de una fórmula de partidos sin el paraguas de esta formación. ¿Puede haber algún tipo de entendimiento con Podemos? ¿Es posible priorizar el qué y evitar catástrofes electorales como las de Galicia y Euskadi?

Priorizar el qué es lo más importante. Eso significa hacer todo el trabajo ideológico, político y programático para definir un horizonte alternativo de sociedad sobre la base de lo conseguido y para prolongar el esfuerzo. Además, que haya también una renovación generacional de cuadros políticos y de organizaciones. Eso se tiene que determinar todo sobre las formas. Da igual si es un frente, la herramienta viene después para defender ese objetivo. La tarea urgente que tenemos delante después de este ciclo electoral que no ha sido bueno es canalizar hacia un horizonte y un programa de qué vamos a ofrecer. Teniendo eso, el cómo es mucho más fácil.

También se ha dicho que el PSOE en las elecciones europeas ha intentado canibalizar a los votantes de Sumar para poder resistir ante el plebiscito planteado desde la derecha. ¿Comparten ambición en el discurso?

He leído ese análisis sobre las europeas, pero no me salen las cuentas. Si el cálculo era frenar la ambición del Gobierno con el objetivo de canibalizar un descontento de izquierdas para una concentración de voto, no ha pasado. El porcentaje de apoyo a la coalición ha bajado, no ha habido ese trasvase. 

El problema ha venido también por la abstención estructural en estas elecciones, ¿no?

No estamos descubriendo nada nuevo. El electorado de izquierdas, que es crítico, para movilizarse y votar tiene que ver reflejadas sus ambiciones en políticas concretas. Tenemos un acuerdo de Gobierno que refleja una agenda muy ambiciosa de transformación social y tenemos que aplicarla. Entiendo que ha habido factores limitantes, pero ya no hay excusa para desplegar esa agenda social.

¿Hay un riesgo del fin del voto de clase y progresista? ¿Desafía las convenciones el voto de los jóvenes a la extrema derecha?

En los últimos diez años, que han coincidido con el auge del fenómeno del populismo, ha habido muchos debates sobre si esa correlación entre clase sociales y opciones ideológicas había cambiado. La conclusión a la que se ha llegado es que depende de los casos y los países. Pero España no ha sido uno donde haya cambiado mucho. Se ha mantenido una cierta correlación de las preferencias ideológicas y la pertenencia a las clases sociales. El eje izquierda-derecha ha resistido más aquí que en otros países. Sería cauto con estos análisis. Las elecciones del 23 de julio se dieron en una clave muy ideológica. Algunas fórmulas políticas que intentaron superar ese debate, como fue Cs, al final no arraigaron mucho.

Ha sido una de las voces que más ha criticado la pasividad internacional con lo que está pasando ahora mismo en Palestina. ¿España se sigue quedando corta en su respuesta?

Ningún Gobierno está haciendo lo suficiente. Pero dentro del espacio occidental y europeo, España ha tenido la posición más coherente, ambiciosa y más a la altura de la expectativas ciudadanas.

Se ha celebrado el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. ¿Será reina la princesa Leonor?

No tengo una bola de cristal ni me corresponde hacer predicciones. Es una efeméride que los monárquicos felicitan, y los republicanos confiamos en que un día este país tenga una Jefatura de Estado elegida democráticamente. Reafirmo mi convicción de que así volverá a ser.

¿Qué espera de esa agenda de regeneración democrática prometida por el presidente? ¿Cómo se puede mejorar la calidad del debate público?

Es importante hacer todo esto y elaborar propuestas interesantes sobre la mesa. Pero la mejor manera de regenerar la democracia en España es hacer despegar la agenda social, es tener un Estado del Bienestar. La democracia tiene aspectos formales y políticos, pero tiene que tener una base social y económica. La estabilidad de las democracias en Europa depende esencialmente de que consigamos garantizar condiciones de bienestar mínimas a las mayorías trabajadoras. Eso requiere redistribución de la riqueza y un sistema fiscal justo.

¿Todo eso se puede hacer sin un debate público sano?

No hay que confundir los síntomas con las causas. Que haya esas expresiones políticas, comunicativas y mediáticas es el efecto de una situación de malestar, incertidumbre, incomprensión y desagravio. Hay que abordar los efectos y tener un debate lo más sano posible, pero para enfrentar la causa hay que redistribuir la riqueza, ampliar derechos sociales y garantizar una cohesión que haga que nuestra sociedad sea viable a medio y largo plazo, que la gente vea que tiene un futuro.

Rita Maestre confiesa que se encuentra "fuerte y enérgica". Se pasa el día visitando barrios y distritos. Percibe una ciudad de Madrid en la que los ciudadanos ven cómo se les expulsa de sus casas compradas por fondos buitres y por la “lacra” de los pisos turísticos. Especialmente le duele cómo está desapareciendo el comercio local. El Ayuntamiento capitalino, critica, está volcado en los grandes eventos y en el turismo.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento encara de frente todos los temas. Califica de “vasallo” el comportamiento del consistorio durante la celebración de los diez años de la proclamación de Felipe VI y ve una actitud “homófoba” del alcalde respeto a la organización del Orgullo LGTBi. Todo ello en unos días en los que la izquierda reflexiona tras el batacazo de las elecciones europeas. Su receta es clara y pasa por una mayor participación de los partidos con arraigo en el espacio de Sumar y por empujar en el Gobierno central con políticas reales y efectivas.

Ha pasado un año desde el inicio de la última legislatura con mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid y estamos a las puertas del debate sobre el estado de la ciudad. ¿Cómo está la urbe un año después?

Diría que igual de mal para la mayoría de la gente. Es una ciudad muy entregada a los fastos, a las grandes celebraciones, a los grandes eventos y al turismo. Y en ese sentido, una ciudad que ha abandonado barrios enteros y a vecinos que ven cómo su casa la compra un fondo buitre y se tienen que ir o cómo los comercios locales desaparecen. Además, hay prioridad para determinados distritos y barrios del centro y del norte y muy poca para la mayoría.

¿La vivienda sigue siendo el principal problema de los madrileños? 

Diría que es no sólo el principal problema, sino el gran agujero negro de las políticas del Partido Popular aquí en Madrid. Llevan veinte años gobernando. Es patético echarle la culpa a una ley que ellos mismos no están aplicando, a Manuela Carmena que dejó de ser alcaldesa hace cinco años o a un señor socialista que pasa por allí. Es evidente que quien gobierna durante veinte años tiene responsabilidad en que en Madrid el precio de la vivienda en el último año haya aumentado un 14% y en que destinemos más del 40% de renta de media a pagar nuestra vivienda (en algunos sitios está por encima encima del 50% y del 60%). A pesar de lo que quieren contar, no es un problema de jóvenes, sino que a los 35, a los 40 o a los 60 y pico no te puedes separar porque es difícil en Madrid pagarte un hogar para ti solo. Almeida dice que está construyendo viviendas que dentro de veinte años existirán. En ese tiempo habrá mucha gente que se habrá tenido que ir de esa ciudad porque en ese momento en Madrid el saldo hacia otras comunidades es negativo. Sale más gente de Madrid de la que entra porque aquí no se puede vivir. 

Apenas hay grandes manifestaciones sobre este tema. ¿Será la vivienda la principal flaqueza de este gobierno municipal? ¿Ve a la sociedad movilizada o resignada a pagar lo que tenga que ser?

Creo que desgraciadamente en España ha habido un consenso durante mucho tiempo entre los dos grandes partidos sobre vivienda. Un poco la idea que se manejaba era que no importaba que los precios subieran porque todo el mundo aspiraba y acababa comprando una vivienda con sufrimiento durante cuarenta años. Pero ese consenso no lo rompe ninguno de los grandes partidos, sino la realidad de una crisis inmobiliaria que arrastra a millones de personas a una situación muy complicada en todo el país. A eso no podemos volver. 

¿Cómo se debe afrontar esta situación?

Creo que es muy importante exigir y reclamar al Partido Popular, pero también al PSOE dentro del Gobierno de España. Seguir pensando que esto es un problema de jóvenes en las grandes ciudades es una forma muy parcial de afrontarlo. Aquí hay que ser valiente. El PSOE tuvo muchas dificultades para aceptar esa primera ley de vivienda. Nosotros le planteamos que era necesario, por ejemplo, obligar a la declaración de las zonas tensionadas para que las comunidades autónomas del PP no pudieran boicotear esa ley como efectivamente está sucediendo. El resultado es que allí donde se está aplicando esa ley, como Cataluña, los precios suben mucho menos. La diferencia, según el informe de Fotocasa, es que el incremento en Madrid es del 14,4% y en Cataluña del 0,8%. Hay que ser valientes, exigentes y acompañar a la movilización social. Todavía no es masiva, pero va creciendo. Hay un Sindicato de Inquilinas en Madrid que va trabajando de forma muy precisa y muy aterrizada. Muy calle a calle, organizando a la gente. Por ejemplo, ha empezado una campaña contra los pisos turísticos en Madrid, que son una lacra que literalmente sacan a la gente de las viviendas y las convierten en negocios. Hay 17.000 ilegales en la ciudad.

Habla de fastos y de grandes eventos, ¿qué le parecen los que se ha vivido estos días al hilo de los diez años de la proclamación de Felipe VI?

Pues como estar en esta ciudad pero hace mucho tiempo, siendo mucho más Corte que Villa. Y con un gobierno vasallo y pelota. Almeida  hizo 50 genuflexiones, que a mí me parecen bastante patéticas. Si quiere ganar puntos con su familia política, pues que se lo pague con dinero y no con los impuestos de todos los madrileños. 

¿Llegará la princesa Leonor a reinar?

No podemos medir la tendencia entre los jóvenes y una gran mayoría de los españoles porque hace una década precisamente se dejó de preguntar desde el CIS cuál era la aprobación de la monarquía, justo en el momento en el que las encuestas empezaban a dar más ciudadanos en contra de una casa real encabezada por el campechano, pero también ladronzuelo, rey Juan Carlos. Así que ahora mismo no podemos saberlo a ciencia cierta. Lo que sí conocemos a través de otras encuestas es que entre los jóvenes hay una amplísima mayoría que no entienden lo que es una monarquía en el siglo XXI.

Estamos en unos días de análisis sobre lo que pasó el 9J. Hablaremos del futuro, ¿pero qué reflexión hace del batacazo que sufrió el espacio de Sumar?

Unas elecciones en clave plebiscitaria tienen dos beneficiados: quien lo plantea así y quien se defiende. En mi opinión, convertir las elecciones europeas como hicieron la derecha y los socialistas sobre si se está a favor o en contra de Pedro Sánchez y su mujer es una frivolidad y tiene efectos en el resto de fuerzas políticas porque tiene más dificultades quien ni es Pedro Sánchez ni quiere cambiarlo. Es la principal explicación de unos resultados muy mejorables y malos. Lo digo sin paliativos. Una vez asumido ese golpe, hay que ponerse a trabajar.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha decidido dejar su cargo orgánico en movimiento. Sumar. ¿Le parece suficiente esta asunción de responsabilidades?

Me parece que tenemos que pensar todos en lo que hemos hecho y en cómo lo hemos hecho. Y sobre todo, como digo, en asumir el golpe y ponernos a trabajar para mejorar. En ese sentido, las principales acciones que hay que tomar, en mi opinión, tiene que ver con, por una parte, equilibrar las decisiones dentro de la coalición de Sumar, dándole el peso que tienen por una cuestión de conocimiento del territorio a las fuerzas políticas sólidas y existentes que hay en España. Sé que estamos en un momento en el que es fácil caer en el pesimismo, pero hay fuerzas políticas de izquierdas en casi todas las comunidades autónomas arraigadas en territorio, con cuadros, con presencia en los distritos y en los municipios. Así es el caso de Más Madrid. Eso es algo que hace diez años no existía y que hoy nos permite tener una pata muy sólida desde la que trabajar.

¿Y la otra pata?

Esto no tiene solo que ver con Yolanda Díaz, sino con todos y con todas. Tenemos que retomar el rumbo político, volver a utilizar la política como nuestra brújula y también una agenda transformadora que nos permita mirar más allá. Hoy estamos hablando de la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas. Hace cuatro años desde Más Madrid lo proponíamos y no estábamos en el Gobierno. Lo que estábamos haciendo era anticipar debates que en su momento se entendían poco y que se han convertido en una realidad, pero es muy importante que a nivel madrileño y también estatal seamos capaces no solo de defender al Gobierno, sino también de mirar más allá a los retos que tenemos por delante. Hay que ser valientes y empujar un Gobierno que estaría aprobando peores y menos cosas si no estuvieran Mónica García, Yolanda Díaz, Sira Rego, Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy.

Citaba a Mónica García. Muchas personas, después de estos días del 9J, la están mirando como posible candidata en unas elecciones generales. Estamos en una legislatura incierta y podríamos tener comicios adelantados si no se resuelve el embrollo del Govern catalán. ¿La ve como número uno de la lista del espacio de Sumar?

Mónica García es la mejor ministra que ha tenido este país en mucho tiempo. Diría que ha vuelto a poner las políticas de sanidad, que habían quedado muy delegadas en las comunidades, en una mirada estatal. Trae cada vez algo bueno y nuevo al Consejo de Ministros. Está 100% dedicada a eso y a liderar Más Madrid, que es una fuerza política cuya principal hoja de ruta y objetivo es sacar al PP de Madrid. Esta va a ser su tarea en los próximos tiempos. No tengo ninguna duda.

Es decir, ¿en Madrid?

Sí y en el Ministerio de Sanidad.

¿Qué le parece la experiencia que estamos viendo en Francia de un Frente Popular? ¿Tiene algo que aprender la izquierda en España de lo que está ocurriendo allí teniendo en cuenta que evidentemente se hace con unas particularidades de un sistema electoral? 

Son muy importantes las particularidades. No puedo hablar lo que tiene que hacer la izquierda francesa, ni portuguesa, ni italiana. Diría también que la experiencia española nos enseña algunos ejemplos recientes: juntar a mucha gente solo por juntarla no sale necesariamente bien y las cosas salen bien cuando lo que guían los acuerdos y las coaliciones son los proyectos políticos. Por eso decía antes, para mí lo más importante que tenemos que hacer ahora es que la política vuelva a ser la brújula de la coalición electoral y de la ofensiva que tenemos que seguir haciendo. Creo que a la extrema derecha, aquí y allá, y al avance de las derechas difícilmente se gana pensando en sumar dos aquí o allá. Se gana cuando uno no está a la defensiva, cuando no está recogiendo ovejitas, sino que piensa a lo grande, defiende a lo grande y moviliza a lo grande. Porque también creo que solo las grandes ideas, los grandes valores y los grandes momentos son los que consiguen movilizar. Y por eso, reitero, me parece muy bien lo que hacen en Francia. Entiendo que tienen particularidades específicas y le deseo todo lo mejor porque una victoria de la derecha allí sería una noticia realmente penosa para el conjunto de europeos, pero también defiendo que aquí tenemos nuestras particularidades y tenemos que buscar lo que sea mejor aquí.

En su reflexión hay implícita una referencia a Podemos, ya que el Movimiento Sumar deja de ser una especie de paraguas y un supuesto motor. Ahora es más una unión de partidos. ¿En este nuevo contexto usted descarta un entendimiento con los morados?

Lo que creo es que hay, como decía antes, que unirse cuando uno tiene en común objetivos y rumbos. 

Da la sensación de que en las políticas sí se podría poner de acuerdo, ¿no?

Bueno, creo que hay fuerzas políticas que han elegido en este momento quizás canalizar más el enfado que proponer alternativas. No lo digo como una crítica, sino como una decisión estratégica. Me parece que está ahí. Y desde luego, no es ni mi opción ni la de Más Madrid, sino que pensamos que desde el Gobierno se pueden cambiar las cosas. Son caminos paralelos y compatibles. Cada uno tiene que dedicarse a ello desde el respeto de la autonomía de la fuerza política.

¿Cómo analiza el fenómeno de Alvise Pérez con 800.000 votos y sin haber participado del trampolín que dan los medios tradicionales y los debates televisados?

Es un fenómeno que venía gestándose. Llevamos tiempo diciendo que existe una esfera virtual donde, especialmente en el ámbito masculino, se organiza el enfado, el hartazgo y el cabreo. Estamos hablando de los 'criptobros', de los 'gymbros' y de los youtubers de extrema derecha y contra las feministas. Cuando se presenta alguien representando electoralmente eso, no está inventándose de la nada y viene de mucho antes. Creo que ese hartazgo y cansancio se organiza, como siempre en la ultraderecha, contra los más vulnerables. La mayor parte de los discursos de esta persona tienen que ver con un odio a las personas de origen migrante. Parece muy distinto, pero en realidad es una postura de extrema derecha de toda la vida y a la que hay que mirar con preocupación. El escenario europeo da algunas esperanzas pero también preocupaciones. Tomarnos la tarea de defender los consensos constitucionales y democráticos, pero igual de importante es que nosotros sigamos siendo exigentes con la vida de hoy y con la idea del futuro. 

¿Cómo se hace frente a esto?

Ni a la extrema derecha ni a Alvise Pérez se le hace frente diciendo que es el Gobierno más progresista de la historia y ques somos geniales. El alquiler en Madrid, Barcelona o Alicante se come el cincuenta por ciento del salario de una familia normal. Nuestra mejor defensa no es el análisis, sino las políticas reales y efectivas y la capacidad de no ser complacientes y de no quedarnos tranquilos en lo que estamos haciendo. Hay que asumir que hay muchos problemas en España, especialmente entre los jóvenes. No le podemos dejar esos problemas, ni su enunciación ni su solución a gente que lo único que quiere es amar un poco el lío y hacerse famoso.

España siempre ha sido un país muy europeísta transversalmente. Hasta ahora se trataba la migración de una manera menos populista y con menos impacto. Ahora la extrema derecha insiste mucho en la criminalización de los migrantes. ¿Puede llegar a calar?

Leía el otro día a César Rendueles sobre la política del rencor y de cuánto de eficiente es. En política es más fácil a veces odiar que amar, algo que demuestra la dinámica de redes sociales. Todo ahí funciona mejor con un mensaje en negativo. A mí eso me parece preocupante. Creo que la conversación pública ha derivado en general hacia un intercambio hostil que genera más ganas de ver pelea. Y creo que la extrema derecha efectivamente siente que en ese generar odio contra el último hay un caldo de cultivo. Y lo hay. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y la respuesta que nosotros tenemos que dar. Si no es la izquierda, ¿quién va a responder a eso? Hay que responder por qué hay gente que sigue sintiendo en este país que no llega a fin de mes, que tiene problemas para pagar la hipoteca o que no sabe qué hacer con su vida ni tiene esperanza de un trabajo digno en un país rico como el nuestro.

¿En Madrid hay un problema con la migración?

Diría que el mayor problema que tiene Madrid con la migración son los varios centenares de multimillonarios que se han comprado la residencia y la nacionalidad española a golpe de talonario y de áticos en la calle Serrano. Porque lo que tiene Madrid es una población trabajadora que ha llegado de muchos lugares del mundo y que levanta esta ciudad cada día.

¿Cree que la legislatura aguantará con la situación en el Congreso dependiendo de tantos partidos?

Sí, la legislatura va a aguantar. Creo que hay muchas políticas en cartera, muchas ganas de hacerlas y muy pocas razones para tirar los dados otra vez. Diría que ninguna. Lo que tiene que hacer el Gobierno es asumir su responsabilidad y creo que todas las partes de esa mayoría parlamentaria, efectivamente difícil, están en lo mismo: maximizar la mayoría y trabajar.

Pero la legislatura está ahora mismo pendiente de la negociación de una financiación singular de Cataluña. ¿Está de acuerdo en que se apruebe algún tipo de medida así?

La financiación autonómica en España ha sido un debate histórico en el que razonablemente diría que cada parte intenta siempre maximizar su beneficio. Creo que la tarea del Gobierno es responder a las singularidades territoriales, que son muchas en España. Cataluña las tiene y también Extremadura. Hay muchas singularidades que atender y también principios de solidaridad, que son las que nos permiten hablar de un país, aunque sea un país de países y no de una suma de comunidades autónomas. La tarea del Gobierno es dirigir también políticamente este debate y que la financiación que todos aportamos a la caja común se distribuya de forma justa y solidaria. Para eso es importante que nadie sienta que es perjudicado con respecto a otros y que a cada uno que siente que tiene menos financiación o menos servicios se le tenga en cuenta como se merece. 

Llevamos casi seis años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno ha dado un ultimátum: si a finales de junio el PP no accede a pactarlos, se harán cambios junto a Sumar en el Congreso. ¿Hay que actuar ya sobre el CGPJ? ¿Hay lawfare en España?

A mí me vas a contar… que hace siete años estuve denunciada por la Fundación Francisco Franco, por Abogados Cristianos y por otras organizaciones satélites de la extrema derecha, que viven prácticamente de denunciar a las personas de izquierdas y de esperar contar con la complicidad de algún juez por el camino. Creo que es incuestionable que existe en algunos casos una voluntad política en la gestión judicial. Esperanza Aguirre se va a ir de rositas de las 35 causas que su partido tiene abiertas en la Comunidad de Madrid durante los diez años que fue presidenta de su partido y de la región. Ponerse ahora estupendos con que ‘Dios mío, cómo va a haber algún tipo de intención política o de presiones políticas en la justicia’ es tratarnos a todos como tontos. Por supuesto que hay que intervenir de forma urgente y clara. Hay que mandar un mensaje: la ley se tiene que cumplir para todos y, por supuesto, también para los jueces. 

¿Qué sintió ayer la imagen del presidente del Parlamento de Baleares rompiendo la fotografía de Aurora Picornell?

Antes de romperla, hace algo todavía más brutal: coger el ordenador de una diputada socialista y cerrárselo de una forma que puede catalogarse como una agresión. Con una hostilidad y una violencia impropias de personas adultas, de demócratas y de quien tiene que garantizar en una Cámara legislativa que se respeten los derechos de todos los representantes que están allí porque les han votado para defender sus ideas. 

Pasó también en el Ayuntamiento de Madrid con la agresión de Javier Ortega Smith (Vox) contra Eduardo Fernández Rubiño.

Efectivamente hay una normalización de la violencia. Empieza con pasos pequeños y acaba como hace una semana con los diputados de la Lega en Italia a puñetazos contra otro parlamentario que hacía una protesta pacífica, que se tuvo que ir en silla de ruedas. Estamos normalizando en este país que hay un partido que agrede de forma sistemática y otro que se calla porque lo necesita para gobernar. Y sucede con los políticos de izquierdas, pero también con los periodistas. Antonio Maestre y Fonsi Loaiza han tenido que firmar en la Feria del Libro, que es lugar casi por antonomasia de la cultura y del pensamiento libre, escoltados por la Policía Nacional. No porque una muchedumbre quisiera impedir la firma, sino porque neonazis organizados van a perseguirles. Me parece que es intolerable y que tenemos que hacer una llamada de atención grande.

Soy una persona que en general me gusta hacer política desde lo propositivo. Soy dialogante, no soy especialmente una persona a la gresca, pero tampoco me parece que se pueda poner la otra mejilla. Desde todas las instancias, también desde el Gobierno de España, hay que actuar para dejar de normalizarlo. Pero no sólo cuando atacan a la mujer del presidente, sino también a periodistas, a diputados y a personas que lo único que hacen es expresar sus ideas libremente en un país que supuestamente tendría que proteger este ejercicio. 

¿Veremos otra vez un Madrid sin la bandera del Orgullo LGTBi?

No tengo ninguna duda de que una vez más el gobierno de Almeida va a vivir de espaldas a la mayor celebración, manifestación y evento cultural, económico y social que se produce en la ciudad. Es el único gran acto al que el alcalde no va. Está en el fútbol, en la Fórmula 1, en el golf. Justo en el Orgullo siempre tiene algo que hacer. No tiene a bien participar en alguno de los actos durante toda la semana. Hay una evidente homofobia en esa gestión. Un alcalde de Madrid tendría que estar a la cabeza. No hacerlo es una declaración ideológica de intenciones. 

¿Será Rita Maestre la candidata al Ayuntamiento en 2027?

Estoy muy enérgica, con muchas ganas y con una red territorial de presencia en la ciudad, en los distritos y barrios que es cada vez mayor. Es lo que más fuerza me da. Si una fuerza política no es organizativa y no tiene presencia, no es nada. Más Madrid es mucho más que una marca, es una fuerza política. Por eso estoy muy fuerte.

¿Como candidata a las elecciones?

Como candidata a las elecciones, pero antes de eso hay muchísimo trabajo que hacer.

Tiene razón Yolanda Díaz al identificar la vivienda, el tiempo de trabajo, o una reforma fiscal como asuntos que pueden dar al Gobierno de coalición un impulso decisivo. La vivienda es el principal problema económico de una España con datos macro razonables, el tiempo de trabajo conecta con una revolución silenciosa entre las generaciones más jóvenes y una reforma fiscal ambiciosa permitiría financiar las políticas sociales que la ultraderecha pone en cuestión, en parte ayudada por las grietas que acumulan. 

Son elementos que reforzarían al Gobierno no sólo como un dique de contención contra la derecha (salva los muebles, pero a duras penas) sino también como proyecto en positivo y con proyección de futuro. Esa es la diferencia entre la ilusión y la resistencia. Nunca fue más importante entender ese matiz.

Se podrá decir, con razón, que este Gobierno no lo tiene fácil. Lo tiene dificilísimo. Quienes más lo critican sólo plantean elecciones hasta que las ganen o que les regalen la Moncloa. Ni siquiera cumplen con sus obligación constitucional de renovar el CGPJ. Y nunca en democracia fueron necesarias tantas alianzas, tan diversas y en un ambiente tan poco propicio a los pactos.

Mientras escribo estas líneas, cuando tendríamos que estar hablando del fin del ciclo electoral, estamos todos otra vez pendientes de Cataluña y, en particular, de la digestión que de las últimas autonómicas haga ERC. La elección de una nueva mesa independentista y que la presidencia sea particularmente para Junts no es un buen síntoma. No es definitivo, pero es este tipo de negociaciones las que suelen dársele bien al PSC, un partido con amplia capacidad de pacto.

Puede que ERC esté coreografiando el estertor de la unidad independentista antes de que quede patente, a vista de todos, que es insuficiente y permitir in extremis la investidura de Illa. Pero también es posible que ERC haya concluido un “de perdidos, al río”. Y vuelta a empezar mientras el tiempo sigue pasando sin que se resuelvan los problemas. Ese es el mejor caldo de cultivo de la antipolítica, de las soluciones fáciles. Los vientos de Europa nos hablan del futuro en una España que, poco a poco, va sincronizando sus relojes con los otros grandes países de la UE. 

España tiene un problema de gobernanza. No me refiero sólo a las mayorías en el Congreso de los Diputados sino también al debate público. ¿Cómo es posible que las elecciones europeas se hayan desnaturalizado hasta acabar versando, incluso después de la cita con las urnas, sobre plebiscitos inexistentes, la esposa del presidente del Gobierno o la amnistía? Todo ello despierta sopor en las instituciones europeas y pasión en el debate hiperventilado local. 

Los ciudadanos y ciudadanas progresistas llevan demasiado tiempo asistiendo con disgusto a la situación, demasiado tiempo resistiendo y quizás sea la hora de tratar de devolverles la ilusión con un instrumento tan poco sexy a priori como el Boletín Oficial del Estado. Me refiero a la agenda de regeneración prometida por Pedro Sánchez tras sus cinco días de reflexión, a los Presupuestos metidos en el congelador por las citas electorales o las medidas del programa de gobierno que aún no han visto la luz. Nada como intentarlo para conseguirlo y, si no, para exhibir ese empeño como el mejor programa electoral en el caso de que sea inevitable volver a votar. 

También merece un capítulo aparte la gobernanza de los partidos. Los resultados de este domingo desnudan goteras en todos los partidos. Evidentemente, el PP tiene un problema si la derecha comparece en tres opciones a unas generales y si abundan planteamientos ultras que movilicen al contrario. 

Por su parte, la izquierda tiene que hacer una enorme reflexión sobre la dificultad para imponerse, especialmente ante esta oposición. Graneros de votos tradicionales del PSOE parecen haberse esfumado. Sumar, que acumula varios fiascos electorales, se adentra en un proceso oscuro tras haberse conformado con precarios equilibrios y un liderazgo excesivamente personalista. Podemos tampoco tiene mucho que celebrar tras presentar a la mejor candidata posible y quedar por detrás de un agitador ultra sin foco mediático y rodeado de mentiras. 

La política en España se hace a través de los partidos, que inevitablemente quedan en un segundo plano cuando se ostenta al poder. Pero hacerlos más porosos, más democráticos y más ágiles es imprescindible para detener la sangría. Aún hay tiempo… y páginas de BOE.