Este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio contra los 37 acusados por participar en los primeros años de la trama Gürtel los primeros años de la trama Gürtel(1999-2005), entre los que se encuentran el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, una decena de ex altos cargos del PP, como su extesorero Luis Bárcenas, y en la que se ha analizado si la formación política se ha beneficiado de estas actividades delictivas.

Desde el 4 de octubre de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha celebrado 125 sesiones para analizar las actividades de una trama de corrupción que ha centrado la agenda política desde que estalló en 2008.

Pese al año, un mes y 13 días que ha tardado el tribunal compuesto por los magistrados Ángel Hurtado (presidente), José Ricardo de Prada y Julio de Diego en concluir uno de los juicios más mediáticos, no ha sido ni el más duradero, ni el que más acusados ha sentado en el banquillo.

Un banquillo casi vacío que ha caracterizado la vista oral en gran parte del centenar de jornadas. El tribunal eximió a todos ellos de presenciar el juicio si en la sesión no se trataba algún hecho relacionado directamente con alguno de los 37 procesados.

El procedimiento se ha centrado en el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás concluyeron en el juicio que existe una "abrumadora prueba documental" que demuestra que la participación delictiva de los acusados "atentaron contra el Estado de Derecho" y su actuación resultará de "muy costosa reparación social".

El abogado del Estado Edmundo Bal subrayó que la organización liderada por Correa "se ha instalado en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción", por lo que pidió al tribunal que dictase una sentencia "ejemplar" para que los empresarios españoles con "tentación" de sobornar digan: "jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le han caído a estas personas".

Anécdotas durante las declaraciones

El juicio ha concentrado numerosas anécdotas como las revelaciones sentimentales de algunos de ellos. El exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno insinuó que su novia le abandonó por Correa, "de un día para otro y sin decir nada, sin decir ni pío", y que finalmente no quiso firmar la denuncia que destapó la trama porque prefirió marcharse a una granja de Extremadura a criar ocas para superar la ruptura.

También el rifirrafe vivido entre Correa y el denunciante, José Luis Peñas, cuando el líder de la trama increpó a este otro, durante un receso de la vista oral, instándole a que contase al tribunal que se había "llevado la pastuqui" que él le había dado.

En su turno de última palabra, el presunto cabecilla ofreció su "total colaboración" a la Fiscalía para "aclarar todas las causas pendientes", pero en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes.

Tras reiterar que él no creó su entramado de empresas para trabajar para el PP o para delinquir, Correa sorprendió al tribunal pidiendo el indulto para el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque considera que su causa tiene un "tinte político y no jurídico".

Uno de los momentos más llamativos del juicio fue cuando el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez El Bigotes hizo una definición de sí mismo. Se calificó como un "genio de la creatividad" capaz de revolucionar la imagen "rancia" del PP y de transformar incluso el rictus "de mala leche" del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Asimismo, el juicio por la primera época de la trama Gürtel ha marcado un antes y un después en la democracia española. Ha sido la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio ha declarado ante un tribunal, como ha sido el caso de Mariano Rajoy, que compareció como testigo el pasado 26 de julio por su responsabilidad anterior al cargo actual en la organización de las campañas electorales.

No es el único político que ha testificado, pues entre los 300 testigos que han desfilado por la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) lo hizo también la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre -quién después de declarar, se mostró a la prensa conmocionada, y a punto de llorar, por la detención del que fuera su 'número dos', Ignacio González, por el caso Lezo-; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; o los exministros Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja.

Fiscalía mantiene casi todas las peticiones de penas

Tras escuchar las versiones de los hechos de los 37 acusados, Anticorrupción ha mantenido su petición de pena para casi todos los encausados y ha sostenido la máxima solicitud, de 125 años y un mes de prisión, para el líder de la trama corrupta, Francisco Correa. Sin embargo, la Fiscalía insinuó a los magistrados que atendiesen a una rebaja en el castigo por el hecho de que confesó hechos "relevantes" para la causa.

Correa reveló datos que llevó a reabrir la investigación de una presunta caja b del PPb -o "contabilidad extrancontable", como la denominó Bárcenas-, al afirmar que algunas constructoras recurrieron a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente a cambio de comisiones de entre el dos y el tres por ciento abonadas al extesorero conservador.

Para sus números dos y tres, el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo y el El Bigotes, respectivamente, las fiscales piden 85 años y medio de cárcelEl Bigotes para el primero y cinco años y dos meses para el segundo. Las condenas impuestas para estos tres acusados se sumarán a los hasta 13 años de prisión que ya están cumpliendo desde el pasado mes de febrero por amañar los contratos del montaje del expositor de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Al igual, insiste en que el PP se benefició de las actividades de la trama Gürtel en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, así como la exministra de Sanidad Ana Mato, quien, según las fiscales, disfrutó de los regalos que le hizo la red corrupta. Por ello, Anticorrupción reclama 245.492 euros para la formación política y 28.467,53 euros para la exmujer del exalcalde de Pozuelo.

No obstante, sí que ha introducido leves modificaciones con respecto al extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, al eliminar de su acusación delitos fiscales. Ambos se enfrentan finalmente a 39 años y medio de prisión -para Bárcenas se pedía inicialmente 42 años y medio de cárcel-, aunque sus penas pueden verse aumentadas si el tribunal decide responsabilizar a Bárcenas de las conductas delictivas de su esposa, Rosalía Iglesias, y en el caso de López Viejo si los suprimidos los convierte alternativamente en cohecho.

La trama Gürtel no acaba aquí, pues, además de los Papeles de Bárcenas, aún queda por terminar la instrucción de la pieza Época II: 2000-2009Época II: 2000-2009, relacionada con su actividad en Boadilla del Monte y Arganda del Rey (Madrid). Por otro lado, el próximo mes de enero está previsto que la Audiencia Nacional comience a juzgar las piezas relativas a la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las campañas de las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008.

La documentación que pone de manifiesto que Everland percibió casi medio millón de euros en 14 facturas la ha suministrado Sacyr-Vallehermoso al magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Esta empresa adquirió Sufi a Rafael Naranjo en junio de 2005. Luis del Rivero, el expresidente de la constructora, está imputado como presunto donante del PP. Y según los datos del sumario, Sacyr-Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos de las diferentes administraciones públicas por un montante de 4.786,84 millones, de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones del PP. Lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En relación a la contabilidad b reflejada en los papeles de Bárcenas, Del Rivero habría aportado al PP 480.000 euros de forma opaca. Del Rivero ha negado haber donado dinero de forma ilegal.

La mayor parte de los conceptos incluidos en las 14 facturas de Everland a Sufi se relacionan con el "asesoramiento jurídico y la gestión comercial". Pero otras facturas justifican el pago como gastos de representación "por gestiones realizadas en las comunidades autónomas de Murcia, Castilla y León y Canarias". O por el asesoramiento jurídico y gestión comercial sobre la oferta "Red Eléctrica Proyecto Azul 2004 según contrato de 15 de marzo de 2004".

Para la Agencia Tributaria, la empresa Everland es propiedad de la mujer de Merino. No obstante, el exdiputado aparece como autorizado en una cuenta titularidad de Everland entre 2006 y 2009. El mismo documento destaca que Everland no disponía de empleados entre los años 2003 y 2006.

Por su parte, Merino ha negado haber tenido participación alguna en Everland, que pertenece a su esposa, pero en la que "nunca ha desempeñado cargo alguno, ni de hecho ni de derecho". También el exparlamentario ha negado que Everland haya tenido relación con el Grupo Correa. En cuanto a los años en los que fue apoderado de la firma de su mujer, Merino alega que este hecho fue motivado por una enfermedad de su esposa. 

Sin embargo, los diferentes informes policiales consideran a Merino, que también fue secretario de Política Autonómica del PP, como uno de los integrantes de la red corrupta presuntamente encabezada por Francisco Correa. Y su papel era el de realizar las gestiones con los cargos del PP de los que dependían las adjudicaciones de concursos millonarios. Un informe policial destaca que Jesús Merino y Luis Bárcenas recibían instrucciones del número dos de Correa, Pablo Crespo, señalando los responsables políticos y cargos de las administraciones públicas ante las que había que realizar gestiones para favorecer los intereses de la firma Ros Roca. También se refería al porcentaje de comisión que se iba a cobrar de comisión ilegal con las palabras "postura 3", en relación al 3%, y "postura 4", el 4%.

Pero también documentos del sumario explican que Merino presuntamente habría participado en el cobro de un porcentaje del dinero que pagaba el PP en las elecciones municipales, autonómicas, nacional y al Parlamento Europeo de 2003 y 2004. "Por tanto, los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar los gastos electorales que realiza la formación política, actos de la campaña electoral realizados por Rialgreen, revierten a los responsables políticos del PP encargados del control de los ingresos y gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal", determina la Policía, en referencia a varios políticos del PP entre los que se encontraba Jesús Merino.

Al igual que el extesorero del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino fue desimputado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Pero la Audiencia Nacional volvió a implicarle en el caso.

El abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha insistido este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por participar en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que su cliente no ha blanqueado dinero, ni lo ocultado en sus cuentas de Suiza fondos procedentes de las cuentas de los conservadores. "No se llevó ni una sola peseta de esa contabilidad", ha dicho.

En la jornada de este lunes -la número 121- ha sido el turno del letrado de Bárcenas para exponer sus conclusiones finales, en el que ha solicitado su libre absolución en contra de la petición de 39 años y medio de prisión de la Fiscalía Anticorrupción para el que fuera senador por Cantabria.

El Ministerio Público asegura que parte de los fondos del extesorero popular fueron "obtenidos por Correa, pero también por su intermediación en adjudicaciones públicas, al margen de Correa, y por la sustracción de fondos de la caja B" del PP y que llegó a esconder entorno cuatro millones de euros que nunca se han conseguido intervenir.

"Mi cliente no se ha llevado ni una sola peseta de esa contabilidad", ha enfatizado Ruiz de Infante, al mismo tiempo que ha precisado que el dinero en distintas cuentas helvéticas son "ingresos" -donde llegó a tener 48,2 millones de euros en 2007-, "una realidad que es pura matemática".

"Está diciendo la verdad"

Asimismo, ha destacado que la pieza separada que se está investigando sobre la existencia de una caja b PP nace a raíz del reconocimiento por parte del extesorero de sus anotaciones manuscritas conocidos como los Papeles de Bárcenas. "Si las acusaciones siguen diciendo que es un mentiroso, vamos a tener un problema. En 11 declaraciones a lo largo de todos los procedimientos está diciendo la verdad".

Durante su extensa intervención, el abogado ha arremetido contra los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a los que ha reprochado lanzar acusaciones sin "constrastar". En este sentido, ha defendido que Bárcenas no tiene ninguna responsabilidad en las adjudicaciones públicas a las empresas del líder de la red corrupta, Francisco Correa, ya que no tenía ninguna "atribución política" para tomar decisiones al respecto.

En este sentido, sobre si Bárcenas influía en la selección de cargos públicos para intermediar en los contratos públicos, ha dicho que la unidad policial "parte de premisas no contrastadas", ya que supone una "manifestación gratuita". "¿Han analizado los estatutos del Partido Popular? No tenía esas atribuciones políticas", ha puntualizado.

La fiscal Concepción Sabadell ha destacado durante la exposición de su informe de conclusiones que tras una "ardua y compleja instrucción" de la causa, "y no menos complejo juicio", ha quedado acreditado que la trama de corrupción llevada a cabo por el Grupo Correa "no es un hecho aislado" y que los "hechos han sido probados, contrastados". La trama, según la Fiscalía, hizo de su enriquecimiento mediante sobornos y comisiones a cargos públicos del PP "un modo de vida" continuado en el tiempo.

Según ha recalcado, el propio cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, afirmó que la trama consistía en un "sistema" para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones de un "tres o cuatro por ciento" a altos cargos públicos. "No es un hecho aislado, es una actividad duradera para delinquir", ha resaltado.

Se trata de conseguir "contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP" y ha precisado que a través de estos contactos de la red corrupta se "apropiaron de fondos públicos". Para Anticorrupción ha quedado probado que la Gürtel buscaba un "enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados".

Entre los acusados se encuentran exalcaldes populares como Guillermo Ortega (Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); el extesorero del PP Luis Bárcenas; o el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, considerado número dos de la trama. "Una actuación aún más reprochable" si se tiene en cuenta que las entregas de dinero a "cargos públicos" provenía del dinero que la trama estaba gestionando con estos negocios, ha subrayado.

La inspectora de Hacienda ha explicado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal cómo se organizó y cómo funcionó el entramado societario del líder de la trama Gürtel. Antes de que la fiscal Concepción Sabadell comenzase su interrogatorio, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, ha recordado que Correa hizo un "reconocimiento global" de sus estructuras societarias.

La funcionaria de la Agencia Tributaria ha concretado que las mercantiles españolas de Correa eran dependientes de otras domiciliadas en Gran Bretaña que, a su vez, eran participadas por unas sociedades matrices radicadas en la isla caribeña de San Cristóbal y Nevis, con la que España no tiene un convenio de intercambio de información.

Es decir, Correa poseía en Nevis la empresa Fountain Lake que era la matriz de aquellas que prestaron servicios de organización de eventos y de viajes (Pasadena Viajes, Special Events, Down Town Consulting, entre otras); y, por otro lado tenía Pacsa como cabecera de las sociedades patrimoniales (como pueden ser Boomerang Drive, Rialgreen y Spinaker 2000).

"En ningún caso pudimos acreditar que Correa era el propietario de estas estructuras societarias", ha precisado la inspectora, al mismo tiempo que ha apostillado que esto se debía a que éste "era una persona que no presentaba declaraciones de la Renta desde el año 1999". "¿Era un indigente, no tenía recursos?", ha preguntado la fiscal Anticorrupción al escuchar esta afirmación.

Correa "era un no declarante"

"Era un no declarante", ha contestado la trabajadora de Hacienda y ha apuntado que no existía "ningún tipo de imputación" sobre rendimientos de trabajo, mobiliarios, de ganancias, ni patrimoniales. Incluso ha aseverado que no aparecía como socio de ninguna sociedad.

En este sentido, ha indicado que comenzaron a sospechar de que el dueño de toda la organización empresarial era Correa porque éste era el autorizado de una sociedad llamada Formación y Comunicación de Servicios -dedicada a la organización de congresos y eventos-, cuyas siglas (FCS) coincidían con las iniciales del empresario.

Asimismo, tras analizar la documentación incautada en los registros de los despachos del asesor de Correa, Luis de Miguel -acusado en esta pieza- y del ex consejero delegado de Repsol y gestor de los fondos del líder de la Gürtel, Ramón Blanco Balín, comprobaron que todas las gestiones del entramado respondían a alguien con las iniciales "PC" y que indagando en Internet descubrieron que al principal acusado en este juicio le llamaban Paco Correa. Tras esto, la Agencia Tributaria comenzó a pensar que "la estructura podían pertenecer" al cabecilla de la Gürtel.

Por otro lado, la inspectora que ha comparecido este lunes ante el tribunal ha asegurado que el ex secretario de Organización del PP de Galicia y considerado número dos de la red corrupta, Pablo Crespo, y el presunto contable de la mismapresunto contable, José Luis Izquierdo, eran "personas de máximas confianza" de Correa porque se les hacía llegar la documentación importante de estas empresas.

Es más, ha subrayado que el líder de la Gürtel y Crespo eran quienes gestionaban las sociedades "en la sombra" utilizando a otras personas como administradores de la misma, como fue el caso de la acusada Isabel Jordán.

El extesorero del PP Luis Bárcenas optará el próximo lunes 26 de junio por acogerse a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular ya que este mismo asunto se está investigando ya en los tribunales.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al extesorero popular, Bárcenas cumplirá con su obligación de asistir a dicha comisión que comienza la semana que viene en el Congreso de los Diputados y cuyo primer día se ha reservado por completo para su testimonio.

Bárcenas es un persona clave en esta comisión de investigación no sólo por ser una de las personas que ha controlado las cuentas del PP durante 30 años, como gerente primero, a las órdenes del entonces tesorero Álvaro Lapuerta, y como sustituto de éste después.

El que fuera senador por Cantabria es uno de los principales imputados en el caso Gürtel en la que se está juzgando las adjudicaciones públicas de las que se benefició el empresario Francisco Correa caso Gürtelpor su relación con altos cargos de la formación política en las que se analiza cómo se ha financiado la formación política.

Además, tras dar a conocer sus anotaciones sobre la contabilidad paralela del PP, conocidas como los Papeles de Bárcenas, la Audiencia Nacional decidió investigar sobre la posibilidad de que el partido contase con una caja B.caja B

"Contabilidad extracontable"

En este sentido, las mismas fuentes han precisado que el acogerse a su derecho a no declarar para proteger su defensa en los distintos procedimientos judiciales abiertos sobre la supuesta financiación ilegal de los populares no supone un cambio de estrategia.populares Más bien, creen que no es necesario que conteste a todas las preguntas que le formulen los diputados de los distintos grupos parlamentarios con el fin de evitar que sus declaraciones le perjudiquen, ya que las acusaciones pueden utilizarlas en su contra.

Además, con esto evitará tener que confirmar lo que declaró en julio de 2013 ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la que reconoció haber pagado sobresueldos a altos dirigentes del PP como Mariano Rajoy o la secretaria general del partido y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Sin embargo, durante su declaración en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) -que se está celebrando desde el pasado 4 de octubre en la Audiencia Nacional- rebajó el nivel de acusación. En ningún momento hizo una mención expresa a la caja B, aunque sí reconoció que el PP tenía una "contabilidad extracontable" pero sin "carácter finalista".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido citado a declarar como testigo por el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el juicio de los primeros años de la red corrupta de Correa, algo que para Bárcenas es un

"despropósito".

Exministros del PP defienden a Bárcenas en Gürtel

Quienes sí han pasado por la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para comparecer como testigos -a petición del extesorero- en la vista oral han sido los exministros del Gobierno de Aznar Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja que respaldaron la gestión de Bárcenas afirmando que era un subordinado de Lapuerta -cuya causa en el caso Gürtel está archivada por demencia sobrevenida-.

Es más, rechazaron cualquier idea de irregularidad en las cuentas del PP: "No puede entrar en mi cabeza que el PP tuviera dinero en Suiza", afirmó Arenas, que constató que Lapuerta le contó que las fuentes de financiación tenían que ver con "ayudas públicas, las cuotas de los militantes y las donaciones, que representaban un porcentaje muy pequeño" y le dijo "una y cien veces que nunca, nunca, nunca el partido recibía una donación a cambio".

Previsiblemente, Bárcenas no será el único responsable de las cuentas del PP que pase por la comisión del investigación del Congreso de los Diputados, pues los grupos parlamentarios tienen la intención de citar también a otros extesoreros como Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y y Álvaro Lapuerta, que podría renunciar por razones de salud, así como a la actual gerente, Carmen Navarro.

El magistrado instructor de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha defendido este miércoles que la acusación popular ha fortalecido la independencia del Poder Judicial y ha aseverado que el hecho de que se hayan cometido abusos en la aplicación de esta figura constitucional no puede servir como excusa para abolirla, según ha informado Europa Press.

El juez ha pedido evitar un uso "torticero y abusivo" de esta figura ya que una acusación popular bien ejercida en un procedimiento, desde su investigación hasta el juicio oral, constituye una forma de control al Ministerio Fiscal, sobre todo en procesos vinculados a delitos de corrupción o medio ambiente.

Durante su participación en la mesa redonda celebrada en el Consejo General de la Abogacía Española, el magistrado, que ha elogiado los logros de la acción popular en casos de justicia universal hasta su reforma en 2014, ha defendido su permanencia en los procesos penales frente a la postura del Ministerio de Justicia que propone un modelo de justicia penal en el que la investigación quede atribuida al fiscal, en sintonía con el sistema europeo.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción de la Audiencia Nacional Alejandro Luzón ha apostado por limitar esta figura "como cualquier derecho constitucional" ante la ausencia de regulación actual en esta materia; sin embargo ha reconocido "la importancia histórica" de la misma no tanto en la fase de investigación de un procedimiento como en el juicio oral.

"La acusación popular no es la panacea"

Luzón, fiscal de las tarjetas black y el caso Bankia, ha confesado que no entiende esta figura como "la panacea" aunque apuesta por una reforma de la misma de cara a que se le prohíba a cualquier persona condenada por sentencia firme a ejercer esta figura y se determine los delitos que atacan intereses colectivos, entre ellos los relacionados con la corrupción.

Nicolás Cabezudo, vocal asesor del Ministerio de Justicia y también presente en la mesa redonda, ha respondido que "en ningún caso" el Ejecutivo pretende eliminar la acción popular aunque esta tiene "deficiencias regulatorias" que conviene modificar mientras que para Antonio Penadés, presidente de la asociación Acción Cívica, el "gran problema" es la "excesiva politización" que ha derivado en un "atentado del Gobierno central contra la autonomía de la Fiscalía, y en particular de Anticorrupción".

El abogado y exfiscal Anticorrupción Carlos Castresana considera que la presencia de la acción popular tiene un carácter más preventivo y debería quedar reducida a los casos "más indispensables", y al igual que ha hecho el fiscal Luzón, Castresana ha reivindicado la independencia del Ministerio Fiscal.

Pero, claro, todo esto valdría si Mariano Rajoy y el PP hubieran sido mínimamente sinceros durante estos ocho años de investigación de la trama Gürtel. Si el propio Rajoy no hubiera empezado ya en febrero de 2009 proclamando que todo era “una trama contra el PP”. Si no hubiera continuado en abril del mismo año defendiendo a Luis Bárcenas y a Gerardo Galeote: “¡Nunca se podrá probar que no son inocentes!”. Si no hubiera puesto a Federico Trillo al mando de una estrategia de bloqueo y obstaculización permanente de la actuación judicial que se llevó por delante al juez Baltasar Garzón y que logró que el juez Antonio Pedreira archivara en 2011 la causa contra Bárcenas. Si no hubiera mantenido a Luis Bárcenas hasta enero de 2013 con el máximo sueldo del partido pese a que supuestamente ya ni siquiera militaba en él. Si el juez Pablo Ruz no se hubiera visto obligado a expulsar al PP como acusación ante las evidencias de que se dedicaba a defender a los procesados. Si no hubiera enviado Rajoy a su extesorero aquellos SMS de apoyo y ánimo cuando toda España ya conocía las cuentas millonarias en Suiza. Si Ruz no hubiera tenido que mandar finalmente a la Policía a registrar la sede nacional del PP para buscar unos ordenadores de Bárcenas cuyos discos duros habían sido destrozados a martillazos. Si no existieran los autos judiciales o los informes de Hacienda y de Fiscalía que acreditan que el PP financió con dinero negro actos electorales, reformas en el despacho del propio Rajoy o hasta la compra de ese plasma que servía para negarlo todo. Si hace un par de meses no hubiera defendido Rajoy en Onda Cero que “en este asunto es bueno que haya un juicio y que los tribunales actúen…” y no hubiera ofendido a la inteligencia de los oyentes al declararse “sorprendido” cuando Carlos Alsina le recordó que su partido pedía la nulidad de ese juicio…

En fin. Si de verdad el PP hubiera colaborado mínimamente con la justicia en lugar de cacarear esa disposición, entonces no habría tenido el menor sentido el comunicado oficial en el que el partido ha expresado este martes su rechazo a la decisión tomada por el tribunal de citar a Rajoy como testigo. Y menos la insistencia en denunciar que se trata de un “proceso mediático” que supone un “abuso de derecho”.

A falta de conocer en detalle los razonamientos de los magistrados que han aceptado la petición de la acusación popular, lo que debe hacer Mariano Rajoy es muy sencillo: sentarse en el banquillo y responder a todas las preguntas cumpliendo la obligación que afecta a cualquier testigo de decir la verdad y nada más que la verdad.

Será relevante saber si las preguntas van a limitarse a lo que afecta exclusivamente a esta causa, en la que el PP aparece como “partícipe a título lucrativo” de presuntos delitos de corrupción cometidos por la trama de Francisco Correa, o bien deberá aclarar Rajoy lo que conocía o no sobre la detallada fórmula de financiación ilegal y con dinero negro que describió el propio Correa en su declaración ante el tribunal. 

Será una oportunidad magnífica para que Rajoy responda a esa pregunta que uno se ha hecho cada vez que en estos ocho años el PP ha esgrimido el relato de que Correa y compañía fueron expulsados de la sede del PP en cuanto Rajoy se enteró de que utilizaban el nombre del partido para hacer negocios ilícitos. ¿Por qué no acudió inmediatamente a denunciar los hechos? No hizo lo que viene a ser “colaborar con la justicia”. Es más, lo que obligatoriamente hay que hacer cuando se conoce la existencia de un delito.

Curiosamente (o no) lo demostrado cronológicamente es que, cuando el PP perdió el Gobierno en 2004, Correa y compañía trasladaron el negocio a los gobiernos autonómicos donde ese mismo partido manejaba los mayores presupuestos: Madrid y Valencia, especialmente. En toda esa etapa, mientras la trama trabajaba en la organización de actos para el partido y Correa entraba y salía de Génova como si fuera su propia casa, Rajoy dirigía las campañas electorales o era secretario general del PP o más tarde presidente. Ante un tribunal, obligado a decir verdad, tendrá un poco más difícil declararse "sorprendido", como acostumbra.

Dos semanas horribilis para el Partido Popular. Los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco han reactivado en los últimos días las investigaciones sobre la contabilidad B del Partido Popular, que controlaba a nivel nacional el extesorero del PP Luis Bárcenas y en la Comunidad de Madrid el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, acordó la reapertura de la investigación sobre la caja B que el PP mantuvo supuestamente entre 1990 y 2008. En un auto de 28 de febrero, citó a declarar como investigados para el 23 y el 24 de marzo al presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y a los empresarios Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez.

El instructor de la pieza separada de los papeles de Bárcenas reabrió el caso después de que el propio Correa asegurara en el juicio de la primera época de Gürtel [1999-2005] que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, abonó comisiones de entre el dos y el tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas".

Y pese a que rechaza llamar a declarar a los empresarios Juan Manuel Villar Mir y Rafael Palencia Marroquín, y al expresidente balear Jaume Matas, el magistrado no cierra la puerta a hacerlo en un futuro, al asegurar que de ello depende "de lo que resulte de las diligencias anteriores".

Por su parte, el magistrado Eloy Velasco ha reactivado esta semana la investigación de la pieza separada de la Púnica sobre la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre, reabriendo las pesquisas que había archivado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira sobre la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), creada en 2000 por el exalcalde de Majahadonda Ricardo Romero de Tejada, condenado a un año de cárcel por las tarjetas black.

Contraprestaciones en metálico

En su auto, De la Mata recuerda que el objeto de la investigación, que estaba "provisionalmente archivada" en relación a los empresarios, era comprobar si las anotaciones "constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

Sin embargo, el juez Ruz no pudo procesar a ninguno de los empresarios que presuntamente habían pagado las mordidas que Bárcenas anotaba de forma manuscritamanuscrita en su cuaderno.

En una de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, Correa se jactó de que había llevado "mil millones de pesetas" [seis millones de euros] a la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Precisamente el extesorero, que es uno de los procesados en la pieza separada de la contabilidad B del PP, declaró ante el juez Pablo Ruz que el partido tenía en "todas las provincias y regiones" una caja B que se destinaba a la financiación de las campañas electorales, siendo revisado este sistema por los secretarios generales y conocido por los presidentes.

La primera caja B

En concreto, Bárcenas declaró que el ex secretario general del PP y exministro de Defensa Francisco Álvarez-Cascos fue la persona que entre 1990 y 1993 supervisó la caja Bcaja B del PP tras la detención en 1990 del entonces tesorero Rosendo Naseiro en el caso que lleva su apellido. Álvarez-Cascos siempre negó dicha acusación y nunca figuró como imputado.

Según Bárcenas, Naseiro fue el encargado de aportar en abril de 1990 los primeros ocho millones de pesetas (48.080 euros) que aparecen en la contabilidad manuscrita del PP.

El juez Ruz concluyó la investigación y acreditó la existencia de la caja B del Partido Popular. Además, Ruz confirmó que desde 1990 y hasta al menos 2008 el PP se benefició de diversas fuentes de financiación "ajenas al circuito económico legal”.

Asimismo, el magistrado constató el destino de este dinero negro: "El pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; a gastos generados en campañas electorales; y a distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad. Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido".

José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons.

Según los apuntes manuscritos de Bárcenas, publicados por el diario El País, Mariano Rajoy habría sido el político del PP que más dinero recibió en negro: 373.000 euros. Por su parte, el presidente del Gobierno siempre ha negado haber cobrado cantidad alguna.

En su declaración en el juicio de la Época I de Gürtel, Bárcenas trató de exculpar a su mujer de haberse quedado con una parte del dinero de la caja B, y para ello apuntó al PP: "El partido los ingresa en la cuenta oficial, esos 60.00 euros que salieron de las anotaciones extracontables del partido, que estaban anotados, entran ahora sí en la cuenta de donativos anónimos del partido, las dos cantidades que conforman los 149.600 euros acaban siendo e ingresados en las cuentas del partido, en la cuenta de donativos del partido".

Fundescam en la PúnicaPúnica

Pero los problemas judiciales no sólo se multiplican para el PP nacional. El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, ha reactivado sus pesquisas sobre la única pieza separada que permanece secreta, la de la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre.

Y lo ha hecho gracias a que los agentes de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron durante los registros que realizaron hace un año del ordenador que el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez tenía en su puesto de trabajo, pero también en su vivienda.

El pasado miércoles, Velasco llamó a declarar como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, que fue también tesorero del PP de Esperanza Aguirre; al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Los dos últimos, Arturo Fernández y Beltrán Gutiérrez han sido condenados a seis y ocho meses de cárcel, respectivamente, en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Según aseguran fuentes de las declaraciones de Echeverría y Fernández, ya que la comparecencia de Gutiérrez fue pospuesta hasta este lunes, el juez Velasco interpeló a los investigados sobre los pagos a FundescamFundescamy a otras firmas.

Delitos no prescritos

Según adelantó el diario El País, en los registros ordenados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se encontraron documentos que probarían que las presuntas actuaciones irregulares se habrían extendido hasta 2011, por lo que los delitos, que podrían ser considerados continuados, no estarían prescritos, tal y como rubricó el magistrado que investigó el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.

Un informe realizado por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, considera que Beltrán Gutiérrez era "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña" de 2003. El documento sostiene que Correa facturaba a Fundescam los actos electorales que realizaba con sus empresas para el Partido Popular madrileño e incluso para el nacional.

Además, el juez Velasco tiene en su poder una hoja de uno de los cuadernos manuscritos de Granados en la que aparecen anotaciones, que según su exsocio y ahora arrepentido David Marjaliza, identifican al mencionado gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, y al empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL, que también ha sido condenado a seis meses de cárcel en el caso de las tarjetas black.

Pero los papeles de Bárcenas y la Púnica no son los únicos casos que tocan de lleno a la financiación del PP. También esta pendiente de juicio la financiación ilegal del PP valenciano, así como otras piezas separadas de Gürtel como las actividades de Correa en Boadilla del Monte (Madrid).

El escrito por el que el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez, acaba de pedir el archivo de la causa donde se investiga si una filial de la constructora Sacyr pagó 200.000 euros al PP para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal en 2007 a cambio de un contrato de basuras ha abierto la caja de los truenos en el juzgado encargado de la investigación, el de instrucción 3 de Toledo. Fechado el 26 de enero, a dos semanas del congreso del PP en que Cospedal aspira a revalidar su cargo como secretaria general, el escrito del jefe de la Fiscalía toledana sostiene lo siguiente: que el instructor, Florencio Rodríguez, decidió de antemano que no había que efectuar averiguaciones sobre si el PP recibió una mordida de 200.000 euros dado que el juez tiene descartada “plenamente la posibilidad de la existencia de tal ilícito”. Y que así lo demuestra –llega a decir Ibáñez– el hecho de que, desde la apertura del caso, en septiembre 2015, “ninguna de las diligencias de instrucción practicadas han ido encaminadas a la investigación de tal delito”.

Pero nada de eso es cierto, según asegura un portavoz del juez Florencio Rodríguez: la investigación judicial, recalcan fuentes oficiales de su juzgado a preguntas de infoLibre, busca "dilucidar si hay indicios racionales de los dos delitos por los que se incoaron las diligencias, prevaricación administrativa y cohecho". Ni ha llegado el momento de resolver sobre el sobreseimiento o la continuidad del caso –añaden las citadas fuentes– ni llegará al menos hasta después de que hayan declarado como investigados el exalcalde del PP y los ediles que adjudicaron a una filial de Sacyr el contrato bajo sospecha ni el magistrado ha decidido ya qué decisión adoptará. "El juez no se va a pronunciar sobre la petición de archivo porque, aunque las diligencias están muy avanzadas, todavía no han finalizado", resumen los portavoces del juzgado 3 de Toledo.  

El párrafo en que el jefe de la Fiscalía toledana se erige en portavoz del magistrado y anticipa qué sucederá con la causa no admite dudas de interpretación. “Por último –escribe Ibáñez–, y en aras a delimitar el objeto del procedimiento debemos hacer mención al delito de cohecho. Ciertamente –agrega– el auto de 1 de septiembre de 2015, por el que se acepta la inhibición [de la Audiencia Nacional] y se incoan las presentes diligencias, menciona formalmente tanto el delito de prevaricación como el de cohecho. Sin embargo, es también cierto que se deduce de lo instruido hasta el momento que el instructor ha descartado plenamente la posibilidad de la existencia de tal ilícito. Así, es claro que ninguna de las diligencias de instrucción practicadas han ido encaminadas a la investigación de tal delito”.

La réplica de los portavoces de Florencio Rodríguez es contundente: "La investigación judicial está encaminada a dilucidar o aclarar si hay indicios racionales de ambos delitos". Es decir, también el de cohecho.

Un escrito que nadie le ha pedido

Pero el relato desgranado este jueves por el entorno directo del instructor va más allá. Porque, según esas fuentes, el escrito elevado por el fiscal jefe de Toledo no se corresponde con "lo que se le había pedido".

La narración elude cualquier crítica al fiscal jefe de Toledo aunque al recalcar cuáles son "los hechos objetivos" lo desautoriza casi sin tapujos. Y los hechos "objetivos" –sostiene el juzgado– son estos: "Desde el juzgado se dio traslado al ministerio fiscal para que hiciera las alegaciones que estimase oportunas sobre un recurso presentado por la defensa de uno de los investigados [el exalcalde José Manuel Molina] para modificar la fecha de su declaración". Y ocurrió esto: "El fiscal en su respuesta de alegaciones sobre dicho recurso ha incluido el contenido de ese escrito". ¿Significa lo anterior que no ha llegado aún el momento de que el juez pida al fiscal que informe y emita su opinión sobre el futuro de la causa? La respuesta fue esta: "Eso no se ha producido ni es lo que se le había pedido; el instructor todavía no ha resuelto sobre el recurso [de Molina]" "El instructor resolverá únicamente en lo relativo al recurso", concluyen las fuentes consultadas.

En su escrito, el fiscal invoca la “economía procesal” para suscribir los dictámenes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los papeles de Bárcenas. Esos dictámenes, recuerda Ibáñez, “consideraban la total pertinencia del sobreseimiento respecto de ese supuesto delito de cohecho”.

La causa, cuya sorpresiva petición de sobreseimiento ha provocado las iras de las acusaciones populares, está en manos del juez Florencio Rodríguez desde hace 16 meses. El titular del juzgado de instrucción 3 de Toledo abrió las diligencias una vez que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se inhibió sobre esa parte del caso Gürtel y la remitió a Toledo.

La investigación en la Audiencia Nacional

La resolución con la que el magistrado toledano dio inicio a sus pesquisas decía lo siguiente: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y cohecho”.

Pero el fiscal Ibáñez no solo da por hecho que el juez ni siquiera ha creído pertinente indagar si las múltiples irregularidades detectadas por la IGAE en la adjudicación del contrato de basuras a Sufi guardan relación con los 200.000 euros que presuntamente entregó su matriz Sacyr para el PP. El fiscal considera “absolutamente razonable” la ausencia de averiguaciones “si analizamos pormenorizadamente los antecedentes obrantes en las diligencias 275/08 del Juzgado Central de Instrucción número 5”. Es decir, en las diligencias investigadas en la Audiencia Nacional por el juez Pablo Ruz, de las que el magistrado desgajó finalmente y entre otras la pieza de Toledo.

Antes de inhibirse, Pablo Ruz había comenzado a investigar el asunto en la Audiencia Nacional después de que Luis Bárcenas destapara el presunto pago de Sacyr durante su declaración de julio de 2013. En marzo de 2015 concluyó que entre lo investigado en relación a ese presunto pago y la pieza de los llamados papeles de Bárcenas no había “conexidad suficiente”. Decidió así inhibirse y remitir a Toledo toda la documentación de las múltiples pruebas que había practicado hasta entonces.

El fiscal ha pedido el archivo de diligencias cuando falta menos de un mes para la fecha fijada –22 de febrero– para la declaración como imputado de quien era alcalde de Toledo por el PP en la etapa investigada, José Manuel Molina. Ese mismo día debe declarar también, salvo cambio de última hora, el extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda, y otro exedil.

El 1 de marzo deben comparecer otros cuatro miembros del equipo que gobernaba bajo la batuta de Molina, ahora destinado en la República Democrática del Congo como canciller de la Embajada española.

Molina pidió en noviembre que su declaración se adelantase al periodo comprendido entre el 28 de ese mes y el  8 de diciembre bajo el argumento de que en la fecha marcada por el juez –el 22 de febrero– no puede desplazarse a España. 

El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró en su tercera y última jornada de declaración en la Audiencia Nacional por la primera época del caso Gürtel (1999-2005) que el dinero de la caja B que se utilizó para la ampliación de capital de Libertad Digital acabó en la "contabilidad oficial" del partido. 

De esta forma, Bárcenas trataba de eludir las acusaciones de las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás contra él y su mujer, Rosalía Iglesias Villar, de haber cometido un delito de apropiación indebida al haberse quedado, en connivencia con su predecesor en la tesorería del partido, Álvaro Lapuerta, con 149.000 euros de la caja opaca de la formación política presidida por Mariano Rajoy.

Según la Policía, en los denominados papeles de Bárcenas aparecen nueve apuntes manuscritos entre 2004 y 2005 por más de 400.000 euros y que, según el juez Pablo Ruz, podrían constituir un delito de apropiación indebida. Bárcenas explicó al magistrado que esas operaciones habían sido solicitadas por Alberto Recarte, entonces presidente de Libertad Digital al secretario general del PP, Ángel Acebes.

Acebes fue imputado por el juez Ruz, que acabó apartando del procedimiento al ex secretario general del PP. La decisión fue impugnada por las acusaciones, al igual que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no procesó al excargo.

Su mujer no recibió dinero

En su declaración de este miércoles a preguntas de su abogado Joaquín Ruiz de Infante, Bárcenas aprovechó que uno de esos apuntes sobre Libertad Digital incluye el nombre de su mujer, Rosalía, para asegurar que ella no recibió los 149.600 euros que aparecen en los papeles de Bárcenas.

El extesorero explicó que el Partido Popular quiso "apoyar políticamente" una ampliación de capital de Libertad Digital: "Y Álvaro [Lapuerta] se mueve con distintos empresarios y se consiguen distintas aportaciones. Y como no se ha cubierto completamente, habla con el secretario general [Ángel Acebes] y le autoriza, a petición de Álvaro [Lapuerta] que se utilicen fondos de la contabilidad extraoficial para comprar esas acciones".

El extesorero relató que pese a que su mujer y el también empleado de la tesorería del PP Francisco Yáñez, padre fallecido del presunto testaferro que ayudó a Bárcenas a sacar su dinero de Suiza Iván Yáñez invirtieron su dinero en las acciones de Libertad Digital, en realidad se trataba de un adelanto hasta que se encontrara un comprador.

Por eso, y porque nadie quería echar una mano a un proyecto "deficitario", el PP recurrió al dinero de la caja B, completó el extesorero, que continuó: "Ni Francisco Yáñez ni yo con mi dinero invertimos una cantidad tan importante en una sociedad que no vale nada, y sigue sin valerlo actualmente. Las únicas cantidades importantes son las que salen del PP. Los 150.000 euros de Rosalía Iglesias Villar porque tenemos 150.000 euros de los cuadros y los 139.000 de Álvaro Lapuerta".

"Se encuentra un donante"

"Y Francisco Yáñez compra unas inicialmente, que las mantiene durante un mes, y se encuentra un donante, al que se le traspasan las acciones, por las que Yáñez no pagó nada, porque se habían pagado con dinero del partido", de la caja B.

El caso de su mujer, según Bárcenas, sería parecido aunque no idéntico: "Para explicar la operativa de las acciones que yo pongo a nombre de Rosalía Iglesias me tengo que remontar al contrato de compraventa de un cuadro con Rosendo Naseiro por el que yo ingreso 270.00 euros. 150.000 euros me los quedo en efectivo y los otros 120.000 euros están ingresados en la cuenta de Bankia de mi mujer. Y eso me permite decirle a Lapuerta que yo puedo poner los 150.000 euros hasta que me recompren las acciones y me devuelvan el dinero".

Lapuerta, siempre según la declaración de este miércoles de Bárcenas, que ha superado en total las 16 horas y media de duración en los tres días, le recompró los títulos: "Y por eso yo ingreso 150.000 euros en la cuenta de Bankia. Fue Álvaro [Lapuerta] el que dice que lo vamos hacer con dinero del partido, hago la operación con dinero del partido, y son los 149.600 euros que se traspasan nominalmente a nombre de Yáñez".

Por este motivo, Bárcenas reseñó que su mujer "no ingresó nada" en esta operación, en la que 150.000 euros de la caja B acaban en la contabilidad oficial del PP, ingresados en la cuenta de donativos. "Y Yáñez las vende por el mismo precio que se habían puesto a su nombre. ¿Qué hace Yáñez cuando se venden esas acciones y se adjudican a dos personas? Ingresar el dinero del partido, se lo entrega a Álvaro Lapuerta, entiendo y se ingresa en el partido", resaltó el exsenador del PP por Cantabria.

El partido los ingresa en la cuenta oficial

Bárcenas completó que el pago de ese dinero se realizó en dos ingresos: "El partido los ingresa en la cuenta oficial, esos 60.00 euros que salieron de las anotaciones extracontables del partido, que estaban anotados, entran ahora sí en la cuenta de donativos anónimos del partido, las dos cantidades que conforman los 149.600 euros que supuestamente habría recibido Rosalía Iglesias, y que la UDEF reconoce que no hay percepción de cantidad alguna y sólo hay un cambio de titular, acaban siendo e ingresados en las cuentas del partido, en la cuenta de donativos del partido. Es nítido y transparente".

A preguntas de su abogado Joaquín Ruiz de Infante, Bárcenas alegó en su defensa que ni el PP ni nadie le ha reclamado el dinero de la caja B, que según la Fiscalía Anticorrupción habría sustraído. El letrado, recordó además "que el PP envió una carta al señor Lapuerta en la que asegura que no causó ningún perjuicio al partido y que no cometió ninguna falta de diligencia".

Para Bárcenas, con esa carta, aportada al procedimiento, "el PP está diciendo la verdad, que el señor Lapuerta es una persona honorable. Y si no es aplicable a Lapuerta tampoco es aplicable a mi".

El procesado también defendió de nuevo este miércoles por la noche la honorabilidad de su exjefe: "Lapuerta no se apropió, ya que aparecen las entradas correspondientes, que demuestran que lo que salió de la caja se devolvió. Ingresó en la cuenta bancaria 60.000 y 100.000 euros y unos días después hubo un ingreso en la cuenta de donativos del partido. A mí me sale que devolvió los 130.000 euros".

Reconocer la caja B

Sin embargo, el pasado martes la fiscal Concepción Sabadell interpeló a Bárcenas sobre la carta remitida por el PP al procedimiento en la que no reclama ninguna cantidad: "¿Sabe que si el PP hubiera reclamado el dinero hubiera reconocido su caja B?", dijo, en concreto, la representante del Ministerio Público, a lo que Bárcenas contestó: "El PP ha certificado que Lapuerta ha sido honorable y que no se ha apropiado de nada y que no tiene nada que reclamarle". 

Sin embargo, la fiscal volvió a preguntar a Bárcenas sobre si era consciente de que si el PP reconoce que los fondos "salen de la contabilidad extraoficial, si reclamara este importe, reconocería la caja B". Y en ese momento Bárcenas aseguró que las cantidades de la caja B utilizadas en la ampliación "están devueltas, están ingresadas en la contabilidad oficial del partido".

Y como prueba de esta aseveración, Bárcenas dio supuestos detalles de uno de esos ingresos: "El 31 de noviembre de 2005 el señor Álvaro de la Cruz va a su banco, saca de su cuenta 60.000 euros en efectivo y se va al PP y los entrega. Y quien sea del PP va al banco y los ingresa", especificó el extesorero del PP, que aludía de esta forma a la supuesta compraventa de acciones del empleado fallecido de la tesorería del PP, Francisco Yáñez, también propietario de la cuenta suiza denominada Obispado, que la mujer de Bárcenas, según Anticorrupción, utilizó como puente para sacar su dinero del país centroeuropeo tras la detención de Francisco Correa.

infoLibre se ha puesto en contacto con una portavoz del PP, que ha rechazado hacer cualquier valoración del testimonio de Bárcenas, que enmarca en su estrategia de defensa.

El extesorero del PP Luis Bárcenas confesó al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio por el caso Gürtel que en 2011 intermedió entre la empresa Mercadona y la finca argentina del también extesorero de la formación conservadora [Alianza Popular], Ángel Sanchís, para que su amigo fuera proveedor de la firma de supermercados valenciana.

En concreto, logró que la firma de La Moraleja, que es una finca situada en el norte de Argentina en la que se producen sobre todo limones, multiplicara sus ventas por cinco, según declaró Bárcenas este martes por la tarde en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

"Yo no me dedicaba a lo que es gestionar los envíos ni nada por el estilo. Lo que hacía en función de alguna relación que podía tener es poner en contacto, en este caso concreto puse en contacto a Ángel Sanchís padre con una importante cadena de distribución que quería comprar directamente en finca el producto, que no quería intermediarios en la operación, hice un contacto y se consiguió cerrar un acuerdo comercial de venta directa entre la finca de argentina y esta empresa que significó, creo recordar, multiplicar por cinco" las ventas, según especificó Bárcenas en relación a la supuesta existencia de un contrato suyo con el propio Sanchís.

Y Bárcenas, que en un principio no quiso identificar el nombre de la sociedad con la que Sanchís habría hecho negocio gracias a sus contactos, acabó confesando tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell: "Mercadona".

Una empresa de Mercadona

Bárcenas aseguró que en concreto fue una filial de Mercadona, cuyo nombre no identificó, "pero que es la que compra para ellos. No recuerdo, pero es una empresa específica que tiene Mercadona. Es la única gestión que hice. Pero cubrí de sobra mis honorarios", completó el que también fuera exsenador del PP por Cantabria.

Según consta en la contabilidad B del PP, Mercadona realizó dos aportaciones en 2004 y 2008 en la caja B controlada por el propio Luis Bárcenas de 90.000 y 150.000 euros, respectivamente. Por ello, el principal dueño de Mercadona, Juan Roig, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad en negro del partido, que el pasado lunes Bárcenas denominó "extracontable". Roig negó los pagos a Bárcenas, pero reconoció aportaciones a la Fundación FAES de José María Aznar.

Con esta confesión, el extesorero del PP trata de desmontar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Sanchís, amigo de la familia de Bárcenas, le ayudó a sacar de Suiza hasta tres millones de euros tras la detención de Francisco Correa, y que después se los devolvió de diferentes formas.

Actividades de su mujer

Según Anticorrupción, entre esas transferencias devueltas estarían varios pagos de hasta 143.689 euros a la firma de Bárcenas, Conosur Land, que disponía de una cuenta en España, y en concreto en Bankia. Los honorarios de La Moraleja se abonaban, según Bárcenas, en esta empresa, creada para canalizar "las actividades de [su mujer] Rosalía [Iglesias] en el mundo del arte". El extesorero también dijo que pese a que negoció con Sanchís, no consiguió cobrar a porcentaje y sus emolumentos fueron fijos.

Por aquella operación, el que fuera también gerente del PP hasta el Congreso nacional del partido de Valencia celebrado en 2008, tenía fijados beneficios trimestrales de 100.000 dólares que después pasaron a ser mensuales y que recibía de la compañía de Sanchís.

Para la Fiscalía, sin embargo, y así se lo dijo la fiscal Concepción Sabadell al extesorero en un momento del interrogatorio, el contrato de asesoramiento pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís [padre e hijo] a Bárcenas del dinero que salía de sus cuentas suizasBárcenas. "Eso es lo que dice usted", le indicó el extesorero popular a la representante de la acusación pública.

Bárcenas resaltó, también, que la relación con Mercadona se rompió en 2013 tras ser imputado por "riesgo reputacional", por lo que no le habría dado tiempo a realizar más contactos para la empresa de Ángel Sanchís.

Mientras cobraba del PP

Bárcenas emprendió esta nueva faceta profesional antes del verano de 2011, cuando -según explicó- ya no desempeñaba funciones de tesorero en el PP aunque sí continuaba cobrando del partido. "Tenía todo el tiempo del mundo y me ofrecí", dijo.

Para la firma del contrato con la empresa de Ángel Sanchís, Bárcenas se desplazó a Argentina en junio de 2011 y firmó la documentación ante notario, razón por la que únicamente estuvo 24 horas en el país sudamericano. Según Bárcenas, la brevedad del viaje obedeció sin embargo a que la erupción del volcán chileno Puyehue le obligó a modificar sus planes, ya que tenía previsto estar allí varios días para conocer Buenos Aires.

El supuesto interés de Bárcenas por la fruta fresca no se detuvo con este acuerdo, ya que aseguró que llegó a estudiar un subproducto del limón, la cáscara, con la intención de darle valor añadido a través de la obtención de pectinas. Este uso ya había sido empleado en Dinamarca con excelentes resultados, destacó Bárcenas ante el tribunal.

Elude las cajas B regionales

Por otra parte, el extesorero del PP se negó este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la caja B en las sedes regionales del PP , ya que, según recordó, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), informa Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell le preguntó sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían cajas B.

"Es una pieza separada", subrayó el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le destacó que en abril de 2014 ya declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una caja B en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

"No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", dijo.

No habla de la reunión con Rajoy

Bárcenas tampoco quiso responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.

"De eso tampoco voy a contestar", respondió ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes del PP les dijeron que "todo seguiría igual"dirigentes del PP.

La declaración de este lunes del extesorero del PP Luis Bárcenas en el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la primera etapa de la trama Gürtel, que dirigida por Francisco Correa operaba en administraciones públicas gobernadas por cargos de la formación conservadora, pone de manifiesto que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió al menos dos soplos de presuntos casos de corrupción que sin embargo no llegó a denunciar a los tribunales.

Bárcenas aseguró, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que fue el propio Rajoy el que decidió prohibir al partido que siguiera contratando a Francisco Correa después de que un amigo suyo, un extenista propietario de un centro deportivo de Pozuelo de Alarcón (Madrid), yerno del empresario Joaquín Molpeceres, le alertara de que el presunto cerebro de la red corrupta se dedicaba en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a "actividades ilícitas".

Este soplo de presunta corrupción no denunciado por Rajoy, según la versión de Bárcenas en el juicio, se une al ya conocido como el gran pelotazo de la Gürtel, que las fiscales y el juez José de la Mata investigan en la segunda parte de las actividades de la trama. Se trata en concreto de la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de unas parcelas a la promotora Martinsa, por la que Correa habría percibido hasta 25 millones de euros, y que Rajoy, pese a ser informado de una importante pérdida patrimonial para el Consistorio por el entonces tesorero Álvaro Lapuerta, no paralizó la adjudicación.

60.000 euros para la caja B

En su declaración, Bárcenas afinó la fecha del mencionado soplo: el 11 de junio de 2004, día en el que el propio Molpeceres, el suegro de la persona que alertó a Mariano Rajoy, realizó una aportación presuntamente ilegal de 60.000 euros, que se reflejan en la contabilidad B del PP.

El empresario Molpeceres es el dueño de la empresas Licuas y Coarsa, que según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción habrían alimentado la caja B de Correa y del Ayuntamiento de Majadahonda. El propio exalcalde de este municipio Guillermo Ortega, también procesado, declaró en su turno del juicio que Álvaro Lapuerta le había llamado para que adjudicara contratos a las empresas de Molpeceres.

A penas unos meses después, "a finales de 2004", según la declaración por escrito que realizó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, Mariano Rajoy también fue avisado por el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta de que en Arganda podría haber una "importante pérdida patrimonial" en la adjudicación de unas parcelas.

En concreto, se trata de la denominada UE-124 o Área de centralidad de Arganda del Rey, que buscaba crear un nuevo centro urbano para el municipio del sur de la Comunidad de Madrid y que estaba gobernado por el imputado alcalde del PP Ginés López.

21,3 millones bloqueados a Bárcenas

La empresa adjudicataria, Martinsa, cuyo propietario Francisco Martín también está investigado, habría abonado al menos 13 de los 25 millones de la presunta comisión ilegal a Francisco Correa en sus cuentas de Suiza. las autoridades de este país han bloqueado 22,2 millones a Francisco Correa y 21,3 millones a Luis Bárcenas. El presunto testaferro del extesorero Iván Yáñez también tiene bloqueados 1,5 millones.

"A finales del año 2004, cuando yo acababa de ser elegida presidenta del PP de Madrid", completó Aguirre en su testimonio por escrito ante el instructor de la causa, "el entonces tesorero nacional, Álvaro Lapuerta me cita en la sede del partido. Y en el despacho de su presidente, Mariano Rajoy, y en su presencia, me advierte de que en dos municipios de la Comunidad de Madrid, Majadahonda y Arganda del Rey, sus respectivos ayuntamientos pretenden vender unas parcelas edificables a un precio tasado" o fijo.

Preguntada sobre si encargó alguna investigación interna, Aguirre contestó: "Por supuesto que no". La expresidenta madrileña, que fue interpelada sobre si hizo algo para evitar que las parcelas acabaran en manos de la trama Gürtel, destacó que únicamente impidió que la parcela saliera a precio tasado o fijo: "Porque a mí nunca me ha gustado que el precio, que es a mi juicio el elemento más objetivo en los concursos, no pondere o no cuente en absoluto, como en el caso de las parcelas de Arganda y Majadahonda".

Aguirre destacó que la "advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante, puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado. Y creo recordar que me advirtió también de que podría haber impugnaciones de los licitadores porque los criterios de adjudicación pudieran no ser suficientemente objetivos", completó la ahora jefa de la oposición del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Rajoy tampoco denunció

Tampoco denunció los hechos Mariano Mariano Rajoy. Y la inacción del partido permitió que Martinsa obtuviera las parcelas, que tras ser reclasificadas elevaron sus plusvalías alrededor de 200 millones de euros, según uno de los arquitectos del propio Fernando Martín en la obra, que declaró en la causa como testigo.

Pese a que Rajoy prohibió a "todas las sedes provinciales y regionales" del PP contratar con las empresas de Correa, el presidente del Gobierno no impidió al partido en la Comunidad Valenciana, liderado por Francisco Camps, que siguiera contratando a la trama corrupta. Además, el 11 de febrero de 2009, tras conocerse la detención por orden del juez Baltasar Garzón de Francisco Correa, Rajoy, que fue alertado de las actividades ilícitas de la trama, llegó a calificar el caso Gürtel como una trama contra el PP.

Fue el propio Camps, según la declaración de Bárcenas, el que llamó directamente al tesorero Lapuerta tras conocer la decisión de Rajoy: "Y Camps dijo que él no trabajaba con Special Events sino con [la también empresa de Correa] Orange Market. Y dijo que trabajaba con un genio que es Álvaro Pérez [El Bigotes] que es muy creativo. Y Álvaro [Lapuerta] le autoriza y sigue trabajando con Orange Market".

La presencia de las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana se mantiene hasta al menos el año 2008: "Ellos siguieron incluso en el congreso de Valencia de 2008, [en el que Mariano Rajoy fue reelegido como presidente del Partido Popular] a pesar de que el congreso lo hizo la empresa Free Handicap, y este fue uno de los problemas que tuvimos con Correa. Ángel Acebes autoriza que una parte [del congreso] la organice Orange Market. Acebes, Lapuerta y Camps acordaron que el PP valenciano pagaría lo que hiciese Orange Market", completó Bárcenas ante las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.

Financiación ilegal del PP valenciano

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata también acordó abrir juicio oral contra 20 personas acusadas de financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2008; en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las Generales de 2008.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes. Además, están procesados cinco ex altos cargos del PP en Valencia, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla, pero no Francisco Camps.

El resto de acusados son empresarios acusados de financiar de forma irregular a la formación regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino.

Acciones de Libertad Digital

Por otra parte, Bárcenas ha dado este lunes una nueva versión a la aportación por parte del PP de 139.700 euros utilizados en la compra de 1.270 acciones para la ampliación de capital de Libertad Digital entre 2004 y 2005. Ha asegurado que si bien los fondos salieron de la caja "extracontable" del partido, fueron adelantados por él con dinero que guardaba en su casa como consecuencia de la venta de cuadros, informa Europa Press.

Por esta operación también fue imputado su superior entonces y tesorero del partido Álvaro Lapuerta: "No ha habido apropiación de ningún tipo, a mi me dijeron que había que aportar esos fondos para que la operación de Libertad Digital siguiera adelante", señaló Bárcenas.

Según relató, el dinero salió de su casa y fue depositado en Caja Madrid Bolsa a nombre de su esposa Rosalía Iglesias -se trataba de una inversión transitoria mientras se buscaba otra persona interesada en la operación- si bien después Lapuerta le dijo que debería hacerse "con dinero del partido" para compensar la inversión, por lo que la cantidad retornó a la caja fuerte de su casa.

A la hora de justificar lo ocurrido ante Hacienda, según el procesado, es cuando decide ingresar el total fraccionado en dos cantidades procedentes de la venta de cuadros "para considerar cuadrada esa transacción". Finalmente, tras una temporada guardado en su domicilio, el dinero volvió a la cuenta corriente de su esposa, según explicó al tribunal.

El arquitecto financiero de la trama Gürtel, Luis de Miguel, en prisión tras ser condenado a 20 años de reclusión por el Tribunal Supremo, aseguró en su declaración del 16 de diciembre en el juicio sobre las actividades de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, que su despacho consiguió que su cliente principal, la cadena de hipermercados Alcampo, "no tuviera una declaración del impuesto de sociedades positiva durante veinte añosimpuesto de sociedades", según la declaración textual a la que ha tenido acceso infoLibre.

Luis de Miguel, que fue condenado por asesorar al empresario Juan Ramón Reparaz para defraudar 25 milllones de euros a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, aseguró al tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, que antes de asociarse con Correa su despacho trabajaba para grandes empresas. Y puso como ejemplo la cadena de origen francés: "Yo me estaba dirigiendo fundamentalmente a empresas grandes. Nosotros hemos tenido como cliente principal a Alcampo desde 1978 y estuvimos con él hasta 2007, por culpa de la entrada y registro del despacho", explicó Luis de Miguel, en relación a la actuación ordenada en 2007 por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el seno del caso BBV Privanza.

"Planificación fiscal"

"¿Pero qué hacían en relación con esas grandes empresas, con Alcampo y con sus clientes?", interpeló entonces la fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell, que trataba de esta forma de obtener más datos sobre la actuación del conocido como cerebro financiero de la organización encabezada por Francisco Correa.

"Nosotros hacíamos planificación fiscal", contestó Luis de Miguel, que aseguró que esa era una "perfecta" definición de su actividad en el despacho, que llegó a disponer de unos 25 empleados en dos sedes en Madrid.

"De tal modo, a través de la propia ley, conseguimos que Alcampo no tuviera una declaración del impuesto de sociedades positiva durante veinte años. Eso aplicando las previsiones de inversión, las de amortización, las previsiones en relación con los incentivos que antes había por inversiones, por incremento de plantilla, y entonces íbamos haciendo planes en función de la actividad de la compañía e íbamos adaptando qué ley podíamos ir aplicando en cada momento. Y llegamos a conseguir que en veinte años no tuvieran base imponible positiva juntamente con los beneficios que lógicamente eran positivos", completó el procesado. 

"¿Con esa planificación trataba de reducir la tributación?", volvió a preguntar la representante del Ministerio Público, que logró arrancar una respuesta positiva al procesado: "Efectivamente".

Una empresa en Portugal

Y entonces la fiscal se interesó sobre si también creaba "estructuras societarias" en el extranjero, algo que rechazó Luis de Miguel, quien aseguró que Alcampo, "como cualquier multinacional, siempre ha sido muy reservada. Yo daba ideas, aportaba ideas, pero no realizamos ninguna... Se hizo efectivamente una sociedad en Portugal, pero lo hicieron ellos, para que la sociedad portuguesa pudiera invertir en otros países y pudiéramos aplicar los planes que estaban aceptados en Portugal y que eran más beneficiosos que los planes que estaban aplicándose en España. Y entonces ahí indirectamente obteníamos beneficios fiscales", respondió el arquitecto de las empresas de la trama Gürtel.

Luis de Miguel también aportó al tribunal un dato de interés: que conoció a otro de los procesados en Gürtel, a Ramón Blanco Balín, que fue la persona que le sucedió en 2005 en el organigrama de la red corrupta, durante los trabajos de inspección del supermercado de origen francés: "Correa me presenta a Ramón Blanco Balín, que yo le conocí porque trabajaba en la ONI [ahora llamada Delegación Central de Grandes Contribuyentes] como inspector de Hacienda y que formaba parte del grupo que revisaba las cuentas de Alcampo", declaró el reo al tribunal, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.

El procesado, que relató que llegó a contar entre sus clientes con la empresa Crédito y Caución, que según su declaración disponía de capital público, reconoció que su despacho profesional aceptaba "cualquier asunto que nos pudiera traer un posible cliente". No obstante, aseguró haber rechazado algunos casos: "Venía gente con cara de marroquíes o incluso unos negros, y con eso no quiero echar en falta nada por el tema del color, que querían que organizáramos alguna cosa para traer dinero a Europa, esas cosas raras, o que me daban un porcentaje por blanquear el dinero. Yo creo que incluso alguien de la mafia se acercó también por el despacho porque nos conocía", explicó el reo, que aseguró que ese tipo de encargos siempre los rechazó.

Las grandes empresas

El caso de Alcampo no es único en España, ya que la multinacional norteamericana Apple pagó en 2014 sólo el 0,005% en impuestos por sus beneficios. El Corte Inglés lleva cinco años sin abonar ni un euro por el impuesto de sociedades, tal y como desveló infoLibre. un lustro en el que Hacienda le ha devuelto 343 millones. Una cifra inferior a la obtenida por el Banco Santander, que en 2013 y 2014 se apuntó contablemente 1.236 millones de euros como ingresos fiscales. Las tres grandes compañías, cada una a su escala y en su sector, obtienen importantes beneficios.

De forma paralela, la recaudación del impuesto de sociedades se ha hundido a niveles desconocidos. En 2015 las empresas ganaron 209.361 millones de euros, casi lo mismo que en 2006. Pero sólo pagaron 20.649 millones por el impuesto de sociedades, un 44,5% menos que entonces.

Este martes, 13 de diciembre, el denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñascaso GürtelJosé Luis Peñas, declara en el juicio que se celebra en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional sobre la denominada Época I de la trama liderada por Francisco Correa, y que abarca los años 1999 a 2005.

infoLibre entrevista a este exconcejal del PP del Ayuntamiento madrileño de Majadahonda ocho años después de que denunciara a la trama de Francisco Correa ante la Policía. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, iniciaron las pesquisas que se conocieron públicamente con la detención en febrero de 2009 del propio Correa. Peñas, para quién las fiscales del caso Concepción Sabadell y Concepción Nicolás piden seis años y cinco meses de cárcel, asegura que pese a todo volvería a denunciar los hechos, al mismo tiempo que destaca que en todos estos años el abogado que firmó la denuncia con él, Ángel Galindo, le ha demostrado ser "un verdadero amigo".

Pregunta: Han pasado ocho años de su denuncia. ¿Se arrepiente?

Respuesta: Ja, ja, ja, ja... No, no me arrepiento en absoluto. Lo único es que yo mejoraría el sistema judicial español, que es igual de malo conmigo que con cualquiera. Yo tomaría las mismas decisiones, lo haría exactamente igual.

P: ¿Cuando habla del sistema judicial se refiere a que han tenido que pasar ocho años para que se celebre el primer juicio?

R: Yo creo que al que peor se ha tratado en estos ocho años del procedimiento ha sido a mi. Soy la única persona de este procedimiento que jamás ha hecho ni una alegación, nunca jamás he hecho un recurso, me han llamado y he ido, tenía las grabadoras y las he llevado, he entregado 800 folios de documentación y me han pedido que dejara los originales y todavía estoy esperando por ellos. He denunciado el Mini y lo puse a mi nombre para que fuera una prueba fehaciente en el juicio. Pero cuando fui a declarar como testigo, se me dice que estoy imputado y no se me leen los derechos. En fin, creo que el sistema judicial español tiene que mejorar... Yo no quiero que se me ponga una estatua, ni muchísimo menos, pero por lo menos que se me trate como a todo el mundo.

P: Pero gracias a la labor de la justicia Suiza ha bloqueado 47,3 millones de los implicados en la Gürtel...Gürtel

R: De eso soy absolutamente consciente, pero yo no critico la labor policial, la de los fiscales y la de los jueces, que es encomiable. Yo me quejo del sistema. Ellos han luchado, y evidentemente, esa denuncia fue un punto de inflexión en la historia de España, y eso hay que decirlo, no porque sea yo y yo quiera promocionar ningún libro, pero es verdad que a partir de ahí se acabó con la impunidad. Aquí no pasaba nada y todo este tipo de personas robaban a mansalva. Gürtel tiene doce o trece piezas, una ya juzgada, con dos condenados en firme, uno de ellos era el vicepresidente de una comunidad autónoma [Víctor Campos, exvicepresidente de la Comunidad Valenciana], al mismo tiempo que hay otras cuatro o cinco piezas más de Valencia esperando, Arganda y Boadilla del Monte (Madrid) y los papeles de Bárcenas, además de los casos de Jerez y Aena.

Y no tenemos que olvidar que la primera vez que se habla de David Marjaliza [uno de los presuntos cabecillas de la trama Púnica] junto con Francisco Granados es en una grabación que yo aporté al juez en 2007. ¿Cómo no voy a ser consciente de todo eso? Yo voy al juicio, aunque voy como encausado y procesado, yo voy orgulloso. Además, yo soy abogado, yo me podría poner la toga y estar ahí con los abogados y escabullirme de los focos y de las cámaras. Y no quiero. Yo me pongo el polo rojo para que me vea toda España y todo el mundo. Estoy orgulloso de estar allí. No tengo pena de banquillo incluso aunque al final me condenen los jueces.

P: De hecho usted ha estado declarando como testigo ante el juez Eloy Velasco...

R: Sí, es verdad, declaré en Púnica. Al igual que en Gürtel, yo apuntaba y la Policía agrandaba ese apunte. El Partido Popular se ha movido por familias, por lo menos en Madrid se ha distribuido el territorio, han hecho lo que han querido. Por eso el PP está también sentado en el banquillo, aunque a título lucrativo, lo único que espero es que algún juez lo pueda condenar como una asociación ilícita que es lo que es. Yo creo que el partido debería refundarse, llamarse con otro nombre. Pero bueno, tenemos un presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que era absolutamente consciente de lo que estaba pasando en Gürtel, en su partido, y en pueblos como ArgandaGürtel, , , porque se le avisó y se le dijo lo que estaba haciendo el señor Correa: a él, a Esperanza Aguirre y no hicieron nada. Miraron para otro lado. Y si el mayor responsable político de Gürtel es el presidente del Gobierno, eso quiere decir que combatir y derribar a la corrupción en este país va a ser una cuestión de muchas generaciones.

P: ¿Le ha cambiado mucho la vida?

R: Sí, para bien y para mal. Personalmente llevo inmerso en este tema mucho tiempo, y esto me ha agriado el carácter. Soy un poco más gruñón de lo que era antes, y menos mal que en mi vida laboral soy funcionario, ya que como he podido comprobar, yo no podría trabajar en ninguna empresa mediana. Lo he intentado y me ha sido imposible porque la gente mira en internet mi nombre y nadie quiere contratar a una persona que ha sido capaz de acusar a su partido político. Pero por otro lado los amigos que tengo, y la gente que sé que me llama con cariño aunque no sea un amigo del alma, eso me da muchos ánimos. Pero sobre todo estoy contento porque mi mujer, la persona con la que consulté en aquellos días de diciembre de 2005 lo que iba a hacer, sigue a mi lado, sigue conmigo, y sigue mirándome con la misma cara, y por eso soy la persona más afortunada del mundo. Espero que cuando acabe el juicio pueda recuperar mi forma de ser y reírme un poco más.

P: Usted ha acabado procesado y el fiscal pide seis años y cinco meses de cárcel para usted… aunque mucho peor está su compañero Juan José Moreno, que afronta una posible condena de 24 años y dos meses, pese a que también grabó a Correa.Correa

R:Juanjo [Moreno] también ha colaborado con la justicia, pues lo único que no hizo fue firmar la denuncia por su situación personal. Pero no hay que olvidar que muchas de las grabaciones que se entregaron al juez fueron grabados por él en exclusiva. Era consciente de lo que yo estaba haciendo, por lo que podría por ejemplo haberme vendido a Correa y haberle dicho: cuidado con este tipo. Colaborar ha colaborado, lo único que no hizo fue firmar la denuncia por cuestiones personales.

P: ¿Qué le diría a las personas que se plantean denunciar la corrupción?

R: Parece que el Gobierno, que es el que mueve los hilos en la Fiscalía, lanza la idea de que quién denuncia la paga, no solamente yo, en el Ejército y en otros ámbitos de la vida. Cuando denuncias las cosas siempre parece que tienes algo que ocultar. A mí siempre me han preguntado por qué denuncié, y yo siempre respondo con una pregunta: ¿Al señor Correa nunca se le pregunta por qué delinque, verdad?, aunque se da por supuesto y se sabe que era para robar, mejorar su tren de vida y para obtener el poder. Pero denunciar es como que no te han dado lo tuyo o no has cogido suficiente. Al que denuncia en España se le considera peor que a los malos de verdad. Y eso está muy arraigado en España, aunque hablando con periodistas alemanes, suecos, australianos y holandeses, mi actitud se ve de lo más normal. Ellos se sorprendían del maltrato que hay en España a la persona que denuncia. Aquí tenemos una palabra para nombrar a los denunciantes, que a mí no me gusta, que es la de chivato, que en el resto de Europa se le consideraría ciudadano modélico. Por eso, a los que quieran denunciar la corrupción, yo les diría que se armen de paciencia. Pero hay que hacerlo, aunque tienen que saber que no van a contar con ninguna ayuda, salvo personas esporádicas. Pero también hay gente maravillosa que sale a tu encuentro en la vida como si estuviera programado. Conocer a mi abogado, Ángel Galindo, es lo mejor que me ha pasado en muchos años, y hay dos o tres personas más que te puedo decir que de otra forma no las hubiera conocido. Hay que denunciar, porque la corrupción mata, aunque no lo queramos ver, ya que ese dinero no va a parar a la compra de ambulancias o a contratar médicos o policías. ¿Qué nos acusan y nos meten en la cárcel? Sócrates perdió la vida por denunciar la forma de vida de los atenienses, y aunque le deban el perdón no lo quiso, y prefirió beber la cicuta. Hay que hacerlo y apechugar con las consecuencias, que no suelen ser muy buenas.

P: Correa dijo en su declaración que se sintió traicionado por usted, ya que le había acogido como parte de su familia.

R: Dijo textualmente que había que ser muy mala persona para hacer lo que yo hice. A mí el señor Correa me importa tanto como la vida de un canto rodado en el Yukón y no soy muy de tatuajes. Pero a lo mejor cuando termine el juicio me tatúo la frase que dijo el señor Correa: Hay que ser mala persona... si eso lo dice Correa de mí, eso me lo voy a tatuar porque es para mi el mayor orgullo que puedo llevarme. Que una persona como Correa hable mal de uno es para sentirse orgullosísimo.

P: Como considera que va el juicio…

R: A día de hoy, salvo [la exempleada de Correa] Isabel Jordán, que ha hecho una defensa interesante al atacar la idea de lo que se la acusa, el resto, nadie ha hecho nada de interés. Se han limitado a decir que no sabían nada. Que sólo eran unos simples empleados. Y por eso hemos pasado horas tratando de saber simplemente si una persona era gerente o no. En el caso de Correa, su declaración fueron unos meros fuegos de artificio que no nos llevan a ningún sitio. También me defraudó profundamente [el número dos de la trama] Pablo Crespo, que meses antes había acudido a varios programas de televisión. En resumen, la defensa de los procesados se ha limitado a ponerse de perfil.

P: ¿Y en lo referente a usted?

R: En lo que a mí me toca, estoy seguro de que voy a poder desacreditar la acusación de la fiscal en todo. Aunque soy consciente de que cuando uno está muy cerca de una asociación de este tipo, mucha gente puede considerar que estás implicado. Vamos a luchar contra esa suposición con las armas de las pruebas que están en el sumario. Yo no he pedido nunca ninguna prueba, pero simplemente con las pruebas que hay en el sumario nos vamos a defender. Con lo que hay en el sumario tengo de sobra.

Isabel Jordán, acusada por su implicación en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), se ha referido este jueves en el juicio que desarrolla la Audiencia Nacional a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y ha asegurado que ésta conocía la empresa de Francisco Correa Special Events y a sus integrantes.

"La señora presidenta opinaba y muchas veces" sobre los eventos que organizaba la red, ha precisado, en respuesta a las preguntas de la abogada del exviceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, para el que la Fiscalía pide 46 años de prisión por favorecer a la red con contrataciones de la Comunidad madrileña.

También ha destacado que uno de los proyectos que desarrollaron, el denominado kit de presidencia, acabó fracasando por las exigencias de Aguirre y que muchos de los actos que se les encargaban estaban dirigidos al "posicionamiento político" de la entonces presidenta madrileña. El mencionado kit consistía en un paquete diseñado en exclusiva para Aguirre con atriles, traseras e iluminación y escenario diseñado sólo para ella, informa Europa Press.

Jordan ha insistido en que comenzó a trabajar para Correa después de que Jesús Sepúlveda la pusiera en contacto con el empresario Francisco Correa para que la contratase. Lo hizo tras mantener con él una reunión de "cinco minutos".

Rafael Hernando

Así, ha explicado que, en 2002, una vez que contactó con Sepúlveda -que entonces ocupaba el cargo secretario de Acción Electoral-, a través del actual portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, tuvo una reunión que duró "cinco minutos, no más". En ese encuentro, al que acudió sola el que fuera marido de la exministra de Sanidad Ana Mato no le hizo ninguna oferta de trabajo.

"Me dijo que no era para ahí (para el PP)PP y que podía ponerme en contacto con una persona (Correa) que siempre trabajaba para el partido", ha contestado a preguntas del abogado de Sepúlveda, Alberto García Muñoz.

Preguntada por su relación con Hernando, ya que este jueves ha confirmado que fue un "conocido" suyo, el dirigente conservador, quien la puso en contacto con el exalcalde de Pozuelo, Jordán ha desmentido que fuera un amigo y ha explicado que se trataba más bien de un "conocido".

"Le había visto tres o cuatro veces, tenía relación con su mujer", ha apostillado al mismo tiempo que ha relatado que fue en una "conversación" cuando le contó que estaba intentando "incorporarse al mercado laboral" un año y medio después de haber tenido a su hija.

Tras esto, le comunicó que tenía constancia de que en la parte de organización de eventos del partido estaban buscando una persona y, por ello, le facilitó el número de teléfono de la sede nacional del PP de la calle Génova de Madrid para ponerse en contacto con la secretaria de Sepúlveda.

No tenía "información" sobre Luis el CabrónLuis el Cabrón

Además, Jordán ha vuelto a ser preguntada por el apunte que aparece en la supuesta contabilidad B de Correa sobre la entrega de 72.000 euros al presunto 'cabecilla' de la red en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes por parte de una persona denominada como Luis el CabrónLuis el Cabrón. Ha reiterado que no tenía ninguna "información" de la existencia del apunte de la entrega de 72.000 euros a Pérez.

El abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, ha aprovechado su turno en este interrogatorio para preguntarle si ella había dicho ante el tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados en esta pieza que Correa había mencionado durante las reuniones mantenidas en 2006 con el PP de Majadahonda (Madrid) sobre los "cabrones del PP" y había hecho referencia al extesorero con este apelativo.

Jordán ha reconocido esta expresión y ha insistido en que Correa se refirió a Bárcenas como "cabrón" e "hijo de puta" porque no le daba trabajo del PP. En esta misma línea, el abogado de El Bigotes, José Javier Vasallo, ha hecho hincapié en si lo que ha afirmado durante los días que se ha estado procediendo su interrogatorio estaba "identificando" a Bárcenas, a lo que Jordán ha contestado con un no rotundo: "No, en absoluto", ha dicho.

Pérez, que se ha negado a responder a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, y del resto de partes personadas, sí lo ha hecho a las de su abogado, Javier Vasallo, que le interpeló si en algún momento había negociado con los cargos del PP, ante lo que Álvaro Pérez contestó de manera rotunda: "No".

En su testimonio, que se alargó durante más de tres horas, El Bigotes aludió en varias ocasiones al Partido Popular, aunque siempre para marcar distancias con esta formación política por la que Francisco Camps, "su amiguito del alma" según las grabaciones de la Policía, presidía el Govern de la Comunidad Valenciana.

"Sólo disgustos del PP"

"Yo del PP sólo he recibido disgustos, yo he estado montando los mítines, me he dejado mi vida trabajando para el PP, he trabajado como un condenado y muy bien, con un éxito absoluto y además era muy bueno", relató Álvaro Pérez, siempre a preguntas de su letrado en el caso.

Jesús Sepúlveda. 

En este sentido, El Bigotes precisó que su función era la organización de los mítines del PP, en los que según explicó introdujo cambios que supusieron una verdadera revolución. Respecto a uno de los protagonistas de los actos de campaña, el expresidente del Gobierno José María Aznar, explicó que mejoró su imagen, ya que tenía "la ceja muy poblada y el ojo muy hundido" lo que provocaba que ofreciera "cara de mala leche".

No se ocupaba -dijo- de actos menores por lo que nunca organizaba "cumpleaños". Así, negó que sufragara las fiestas de los hijos del exalcalde de Pozuelo y su entonces esposa, la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato. "Yo estaba para eventos importantes, para mítines del PP, no para cumpleaños", destacó el procesado que también rechazó haber realizado entregas de dinero en efectivo a Sepúlveda.

El Bigotes también negó haber entregado dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas e incluso llegó a decir que "ni siquiera sabía que existía". Según especificó, trataba de los detalles de organización de los actos de campaña con Jesús Sepúlveda, que entonces ocupaba el cargo de secretario nacional de Acción Electoral de la formación, y con Juan Carlos Vera.

"Quién era" Bárcenas

Sobre el exgerente y extesorero del PP, Álvaro Pérez llegó a decir al tribunal que tuvo que preguntar en un mitin "quién era" Bárcenas y que fue entonces cuando le explicaron que se trataba del gerente de la formación. "Teníamos que cambiar la imagen de un partido muy rancio y dar una imagen muy fresca y dinámica", describió.

Álvaro Pérez 'El Bigotes'. 

Con respecto a las empresas de Correa, el declarante negó tener cualquier responsabilidad en su gestión. En este sentido, se llegó a autodenominar "un auténtico desastre" por haber provocado "un boquete" a la firma Special Events, ya que cuando organizaba los eventos no se preocupaba del coste de los mismos: "Yo me dedicaba a crear", completó Álvaro Pérez, que aseguró que jamás estuvo con el responsable económico de la red de empresas de Correa, Ramón Blanco Balín, y que no tenía ninguna autorización para gestionar cuentas bancarias: "Jamás".

Preguntado también por el motivo por el que en los documentos requisados a la trama aparecía su nombre y el del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda junto a unas cantidadas, El Bigotes aseguró que pidió dinero para invitar a comer al exmarido de la ministra de Sanidad.

La confesión del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, de las irregularidades cometidas por su grupo de empresas entre los años 1999 y 2006 abre nuevas incógnitas sobre la actuación de los responsables de tres ministerios del Gobierno de José María Aznar: Economía, Medio Ambiente y Fomento.

En el segundo Ejecutivo de José María Aznar, el ministro de Fomento fue Francisco Álvarez-Cascos; los de Medio Ambiente fueron Jaume Matas hasta 2003 y en 2004 la ya expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, mientras que el titular de Economía era Rodrigo Rato. Aunque el escrito de acusación de Anticorrupción apunta hacia un cargo concreto del Ministerio de Economía, el entonces secretario general de Comercio Exterior, Francisco Utrera Mora, que fue senador desde 2011 hasta enero de este año 2016, cuando cesó de su cargo en la diputación permanente de la Cámara Alta.

Matas, que abandonó el Ejecutivo del PP para ser presidente de Illes Balears, fue condenado a seis años de cárcel por delitos de corrupción en el caso Palma Arena, mientras que Rodrigo Rato está sentado en el banquillo de los acusados como autor de los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Rato también está siendo investigado en el caso Bankia, en el que se investiga la fusión y salida a bolsa de la entidad financiera.

Confirma la acusación

Correa, que ha confirmado en todos sus términos el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, reconoció ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Ángel Hurtado, que realizó gestiones para que la empresa Ros Roca obtuviera contratos de la secretaría de Estado, en concreto en la República Dominicana.

Precisamente este escrito de acusación de las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, especifica que los procesados, entre los que se encontraban el propio Correa, además de Luis Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda y Pablo Crespo "facilitaron, mediante contactos e indicaciones al entonces secretario general de Comercio Exterior, Francisco Utrera Mora, la concesión de créditos al desarrollo (FAD) a la República Dominicana de los que resultaba finalmente beneficiado el grupo Ros Roca".

"Hicimos una campaña con Ros Roca. No sé quién nos presentó esta compañía catalana de recogida de residuos, y me pidieron un favor. Nos solicitaron que les ayudáramos para un crédito FAD en la República Dominicana, y lo trabajé con Gerardo Galeote", entonces eurodiputado del PP, que no está procesado. 

Créditos para Colombia

"Mantuve la relación con Gerardo Galeote. En la reunión estuvo Luis Bárcenas presente, pero la gestión la llevaba Gerardo Galeote. Estaba en esta reunión porque éramos amigos", confirmó Correa a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que también interpeló a Correa sobre otro crédito FAD para Colombia. "Esto es un tema que Gerardo Galeote me presentó a un señor de la región de Cauca (Colombia) que quería hacer un tema importante y tuve varias reuniones, y decidí que una empresa adecuada para este proyecto podría ser Ros Roca", completó el cabecilla de la Gürtel.

El acuerdo se gestó, relató Correa, en una cena en la casa de Gerardo Galeote: "Lo conoció en Europa en una de las sesiones de la Comunidad Económica Europea (Sic). No cobré nada de las gestiones que hice para el grupo Ros Roca. Para resumir, Ros Roca debería haber pagado 120.000 o 130.000 euros, y no me lo pagaron. Yo pacté que si conseguían este crédito FAD nos tenía que dar 120.000 euros, no fueron muy correctos conmigo".

Las gestiones de Correa y Bárcenas, según la declaración del primero, no se acabaron en la Secretaría de Estado de Comercio: "Sí, crearon una planta de purines de cogeneración en Castilla y León, gobernada por el PP. Y creo recordar que en esa sociedad participábamos nosotros: Galeote, Merino, Bárcenas y yo, y no recuerdo si estaba Sepúlveda. Pero nunca supe más de la planta", completó Correa.

Agilizar permisos

La labor que hacía el propio Correa era colaborar en la solicitud de los permisos: "Y cuando tienes una buena relación se agilizan más rápido. Yo ahí no intervine, no sé si se ocuparía Jesús Merino".

El segundo Ministerio implicado, según Correa, en el pago de comisiones es Fomento. En el segundo Gobierno de Aznar el titular de esta cartera fue Francisco Álvarez-Cascos, que años después fue presidente de Asturias con la formación Foro Asturias (FAC).

Correa citó a las constructoras OHL, ACS y Dragados, como las responsables de los pagos a la trama en los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Según un informe de la Udef, que cita los datos aportados por las propias empresas, el Ministerio de Fomento de Álvarez-Cascos adjudicó cuatro contratos públicos por un importe global de 382.524.416 euros y una concesión de una autopista cercana a aeropuerto Luis Suárez-Barajas.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) otorgaron contratos por 117.969.848 euros y 124.823.891 euros.

Las obras de Fomento

En 2003, OHL obtuvo del organismo autónomo GIF y el Ministerio de Fomento, con los que firma cuatro y siete contratos, que le suponen unos ingresos de 194.537.458 euros y 121.265.679 euros, respectivamente.

Sin embargo, Correa desvinculó en su declaración de este viernes al exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos del reparto de beneficios obtenidos por la organización de las campañas electorales municipales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo que se celebraron en los años 2003 y 2004, facturadas a través de las sociedades Spinaker y Rialgreen.

Admitió que dividió el 50 por ciento de los ingresos obtenidos con el extesorero del PP Luis Bárcenas, Gerardo Galeote, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y exdiputado por Segovia Jesús Merino. Sin embargo, negó que la sexta persona con la que se dividieron los ingresos, identificada en su contabilidad con las siglas PAC, fuera Álvarez-Cascos. "No es Paco Cascos", dijo rotundamente y apuntó que podía tratarse de él mismo y que cedió esa parte a su presunto número dos, Pablo Crespo.

Las actuaciones de Medio Ambiente

Precisamente, el ex vicepresidente del Gobierno Álvarez-Cascos está citado a declarar como testigo para contrastar el contenido de la llamada que hace Correa a Bárcenas sobre la supuesta derivación de dinero de comisiones por adjudicaciones en obras del Ministerio de Fomento cuando este estaba al frente de este departamento.

En relación con el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Jaume Matas y Elvira Rodríguez, figuran adjudicaciones para OHL, del empresario Juan Miguel Villar Mir, por 3.085.926 euros (2002) y 13.218.244 euros en 2003. El nombre de Matas apareció en los papeles de Bárcenas, como receptor de 21.000 euros para el alquiler de una vivienda en Madrid. El propio Matas reconoció haber recibido ese dinero.

Según declaró Bárcenas, la expresidenta de la CNMV recibió en febrero de 2009 un total de 6.000 euros de la contabilidad B del PP. El extesorero del PP indicó que ese dinero fue abonado en concepto de compensación, pues fue candidata del PP en la Región de Murcia, cuando su residencia estaba en Madrid. Rodríguez negó haber cobrado ese dinero en negro.

Según la Udef, el Ministerio de Medio Ambiente sacó a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca. Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente José María Aznar.

"¿Siempre que [la contabilidad de su caja B] dice L.B. se refiere a Luis Bárcenas?", preguntó la fiscal Concepción Sabadell tras casi seis horas de un interrogatorio que en su primer día ha superado las siete horas. "Sí", contestó Francisco Correa. Al ser interpelado de nuevo sobre si el apodo de "Luis el cabrón", persona  a la que supuestamente le había abonado en negro 72.000 euros, se correspondía con el extesorero del PP, respondió esta vez: "No es Luis Bárcenas, es mi amigo Luis Delso", sentenció el presunto cerebro de la trama corrupta ligada al PP.

La primera jornada de declaraciones del juicio del caso Gürtel, en el que se juzgan las actividades desarrolladas por Correa y su grupo de empresas comenzó pasadas las diez de la mañana de este martes en la sede de la Audiencia Nacional en la ciudad madrileña de San Fernando de Henares con la declaración del presunto cerebro, que ya desde un principio adoptó un protagonismo: "Este caso se llama Correa, que soy yo, que eso es lo que significa Gürtel en alemán", explicó a todos los presentes, con una leve sonrisa.

Pero el interrogatorio de la fiscal Concepción Sabadell, que investiga el caso desde la denuncia inicial presentada por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, y que ha dirigido el procedimiento desde antes incluso de que el propio Baltasar Garzón aceptara a trámite la querella, no dio pie a que la cara de Correa blandiera más sonrisas.

Las siglas de los procesados

La fiscal preguntó en diferentes momentos el significado de las siglas ALV, S, PC, JM, GG y LB con la intención de identificar a los cargos políticos que presuntamente habrían cobrado de las adjudicaciones irregulares en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Y estas siglas, según Correa, se referían a Alberto López Viejo, JesúsSepúlveda, yo Paco Correa, Jesús Merino, Gerardo Galeote y Luis Bárcenas. Todos están procesados en la causa, excepto el exeurodiputado Gerardo Galeote, cuya acusación fue archivada.

Esta pregunta se repitió en varias ocasiones, con la misma respuesta. Y eso dio pie a que la representante del Ministerio Público preguntara si siempre que en la contabilidad de las empresas de Correa se hablaba de pagos a LB se refería a Luis Bárcenas. Correa contestó de forma afirmativa.

Unos minutos después el supuesto jefe de la trama desveló una de las principales dudas que han tenido los investigadores. ¿Era también Luis Bárcenas la persona que se identifica con el apodo de Luis el cabrón, y que presuntamente habría percibido 72.000 euros?. "Voy a desvelar algo que se ha venido diciendo de forma errónea", adelantó Correa: "No es Bárcenas, es un amigo mío que no se sienta en la sala, es Luis Delso". Este empresario era hasta mayo de este año el presidente de la constructora Isolux, que también fue a declarar como imputado en el caso Pujol. 

Según la declaración de Correa, los 72.000 euros se incluyeron como un pago en su caja B por un préstamo que le había hecho el constructor a Álvaro Pérez, El bigotes: "Yo le insistía en que tenía que liquidar esa deuda. Es Luis Delso". Pero la fiscal Sabadell reclamó mayor precisión en su relato, por lo que Correa tuvo que explicar los hechos con mayor detalle: "Luis me pide un favor, porque no conoce a Paco Camps, que era el presidente de la Comunidad Valenciana. Él no conseguía ninguna obra de la Generalitat valenciana y por eso mantuvieron una reunión. Y en el regreso de Valencia a Madrid, Álvaro, que es cómo es, le dijo: oye tengo un problema personal, ¿me ayudas? creo que quería comprar un coche y le hizo un préstamo a título personal".

"Se lo di de mi caja B"

Pero este relato no le cuadraba a la responsable del Ministerio Público, que preguntó por qué entonces ese dinero salía de la caja B de Correa: "Porque el dinero se lo di a Alvarito para que pagara a Luis Delso y se lo dí de mi caja B", aseguró Correa, que negó que su amigo Luis Delso obtuviera ninguna adjudicación de la Comunidad Valenciana.

El modus operandi en Castilla y León, según se desprende del interrogatorio realizada por la fiscal, era que los constructores pagaban cantidades a Correa a cambio de obras. Y este se la entregaba a Bárcenas, que después, siempre según la versión de Correa, acababa en manos del resto de integrantes de la trama corrupta.

Estas mordidas se abonaban en dinero en efectivo, pero también en dádivas o regalos. Y Correa puso como ejemplo las famosas fiestas del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y familia, en referencia a la exministra de Sanidad Ana Mato, que está en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de las fiestas de cumpleaños y varios viajes. Sobre Sepúlveda, también recordó que le regaló dos coches.

Pero Correa también identificó a otros de los procesados, como por ejemplo es el caso de los exviceconsejeros de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y Carlos Clemente Aguado. En el primero de los casos, Correa explicó que tras la adjudicación del contrato de las basuras en el Ayuntamiento de Madrid, contrajo una deuda con él. Y que le fue pagando con los contratos que le iba otorgando desde la Comunidad de Madrid.

Sin sobrecoste para Madrid

No obstante, trató de convencer a la fiscal de que esta forma de actuar no suponía un sobrecoste para el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, ya que las cantidades que abonaba a López Viejo se restaban de sus beneficios. De esta forma, Correa negaba que desde el Ejecutivo de Aguirre se hubiera cometido cualquier irregularidad, al mismo tiempo que aseguró que la utilización de varias empresas en los concursos eran producto del márketing de empresa, "algo muy habitual en el mundo de la empresa privada", recalcó de forma frecuente el líder de la trama. 

En relación a Clemente Aguado, exviconsejero de Inmigración de Aguirre, Correa también confirmó que le había pagado la comunión de su hijo, pero ninguna cantidad en metálico. Al ser preguntado por los negocios conjuntos en Colombia, el presunto cabecilla de la red corrupta ligada al PP aseguró que le ofreció participar en uno de sus negocios: "Me presentó al presidente de Colombia Álvaro Uribe, y es de bien nacido ser agradecido", espetó ante las preguntas de la fiscal.

Asimismo, Correa fue interpelado por la fiscal Concepción Sabadell acerca de su relación con el empresario Ramón Blanco Balín, que le asesoró en la expansión del entramado de empresas en el exterior: “Me presentaron a Ramón Blanco Balín, que había sido director del Banco Zaragozano y vicepresidente de Repsol con una trayectoria personal muy importante”, contestado el procesado, que habló de que Blanco Balín había asesorado “una persona muy importante de este país”, aunque no la identificó.

"Todo controlado"

En este sentido, Correa insinuó que si llegase a contar lo que sabe "salimos en todos los medios". Sí explicó que Ramón Blanco Balín se sentía muy seguro, y le aconsejó que no regularizara su dinero en el exterior “porque consideraba que lo tenía todo controlado”.

La fiscal Sabadell también preguntó a Correa sobre su relación con el denunciante del caso, el exconcejal del PP de Majadonda José Luis Peñas. Este grabó durante dos años a Correa, y por este motivo el presunto cerebro de la trama aseguró sentirse decepcionado: "Nos pidieron diez millones de pesetas (60.000 euros) y yo no se los dí. Y [el abogado y concejal de Boadilla del Monte Ángel] Galindo y Peñas organizaron este tema", en referencia a la denuncia. Además, Correa explicó que otro concejal, Juan José Moreno, que al igual que Peñas fue expulsado por el PP de Majadahonda, le avisó de que le podían haber denunciado.

"Me denunciarás"

"Yo les dije a ellos, a Pepe Peñas, el día que yo te deje de pagar los 3.500 euros y el colegio de tu hija y yo no te mantenga me harás daño, me denunciarás por las cosas que sabes de mí y el patrimonio que tengo fuera de España", relató Correa, que recordó la supuesta reacción de Peñas: "Se puso a llorar y me dijo, ¿cómo vas a pensar que yo puedo hacer eso? Y de esa manera me pagó, y me enteré a los tres años por Juan José Moreno" de que le habían denunciado, relató Correa, que a preguntas de la fiscal confirmó que Peñas nunca le reclamó dinero

En ese momento de la declaración, en el que la fiscal preguntaba por Majadahonda, Correa aludió a Esperanza Aguirre, quien aseguró que "está muy equivocada" cuando dice que destapó la Gürtel: "La destapó [el exalcalde de Majadahonda] Guillermo Ortega, que luego cayó en desgracia". De esta forma. Correa hizo referencia a la salida de Ortega de la Alcaldía de Majadahondo en 2005 para ser contratado por una empresa de la Comunidad de Madrid.

Correa, que en todo momento asumió la responsabilidad de los delitos, tratando de esta forma de evitar las acusaciones de sus colaboradores, trató de enterrar la imputación que pesa sobre el exconcejal del PP de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote. De esta cargo público el supuesto cerebro de la trama dijo no haber abonado cantidad alguna, aunque sí reconoció haberle pagado "muchísimos viajes". Pero ante el interrogatorio de la fiscal, Correa tuvo que confirmar que asumió la deuda de la pareja del exconcejal del Ayuntamiento malagueño: "Ayudé económicamente a su pareja con más de 30.000 euros. Tenía un problema gravísimo y yo creo que la ayudé económicamente". Esta suma, según explicó, no la llegó a recuperar. 

Pero esa afirmación no se ajusta a la realidad. Las grabaciones a que se refería el letrado Jesús Santos son las que subrepticiamente realizó a Francisco Correa el exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que comparte banquillo con los otros 36 acusados. Y su legalidad quedó confirmada en mayo de 2013 no ya por el juez instructor del caso, Pablo Ruz, sino también por la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Son las escuchas policiales efectuadas en la cárcel a los dos supuestos jefes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, las que fueron excluidas del sumario después de que el Supremo las declarase ilegales y expulsara de la judicatura a Baltasar Garzón por haberlas ordenado. Las aportadas por Peñas, en cambio, siempre han permanecido dentro de la causa. 

En esas grabaciones, cuya autenticidad certificó la Policía Científica en febrero de 2014, Francisco Correa desvelaba, por ejemplo, cómo él mismo había llevado "más de 1.000 millones" [de pesetas] a la sede central del PP, la de la madrileña calle Génova.

La investigación –adujo literalmente el miércoles el representante legal del PP– ha vulnerado derechos fundamentales, "partiendo, como se dijo por algunas defensas, de la ilegalidad e ilicitud del acto generador e iniciador de este procedimiento, que se refiere en concreto a esas conversaciones grabadas y presentadas por uno de los acusados".

Pero los hechos indican que ni los tribunales consideraron ilegales las grabaciones ni ilícitas. El 24 de mayo de 2013, el juez Pablo Ruz validó con un auto [pincha aquí] su legalidad con dos razonamientos clave: que lo que la Constitución prohíbe es intervenir una conversación de terceros sin orden judicial pero no que uno de los interlocutores grabe al otro; y que, además, Peñas no hizo otra cosa que cumplir con "la obligación de denunciar delitos".

Será en la fase de juicio –es decir, la que comenzó este martes, 4 de octubre– "donde deberán desplegar o no su eficacia las grabaciones aportadas como medio probatorio a valorar por el tribunal". Pero que posean valor probatorio es una cosa y que al grabar a Correa estuviera Peñas incurriendo en un acto ilegal –como sostiene ahora el PP– es otra. Ruz, no obstante, se curó en salud al subrayar lo siguiente: que "el origen de la presente causa no son, en sentido estricto, las grabaciones cuestionadas, sino las manifestaciones en modo de denuncia" que hizo Peñas "ante el órgano competente y en las que le relata con detalle y precisión hechos que revisten trascendencia penal".  

Correa y otros imputados –entre ellos, Luis Bárcenas– impugnaron entonces el auto dictado por Pablo Ruz. Pero un mes más tarde, el 28 de junio de 2013, la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional validó ya de manera definitiva la legalidad de las grabaciones aportadas por Peñas. En su auto [pincha aquí], la Sala de lo Penal subrayó que no cabía equiparar la actuación de José Luis Peñas a la técnica periodística de "cámara oculta" porque en este caso "no ha mediado el engaño ni la presión ni se han extraído datos que afecten a la zona mas intrínseca de la personalidad".

Cuando la Audiencia Nacional declaró legales las cintas de Peñas, hacía un mes que el PP había sido expulsado de la causa como "acusación popular". ¿Por qué fue expulsado? Por defender a Luis Bárcenas. Entonces no se conocía aún los sms enviados por Mariano Rajoy al hoy extesorero del partido, entre ellos, este: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo"

Ahora, la posición del PP es muy distinta a la de las acusaciones populares: la de partícipe a título lucrativo –beneficiario económico sin responsabilidad penal– de los manejos de una trama corrupta que durante años organizó sus mítines y congresos, obtuvo cientos de contratos de sus gobiernos y sobornó a múltiples cargos de la formación conservadora.