La trampa del mal menor en política no está en elegir entre opciones imperfectas, sino en lo que ocurre después de elegir: el riesgo de convertir la derrota de la gesticulación autoritaria en la normalización ideológica del extremismo y tratar el alivio como si fuera un logro. La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza en las elecciones húngaras de este domingo es el ejemplo más reciente y más nítido de ese mecanismo.

Las capitales europeas han celebrado el resultado como un retorno de Hungría a la “senda europea”. Lo que no han explicado es qué significa exactamente esa senda cuando el nuevo primer ministro mantiene la valla fronteriza de Orbán, rechaza el Pacto de Migración de la UE, no se ha comprometido a derogar las leyes que estigmatizan a la comunidad LGTBI y ha evitado cuidadosamente cualquier posición que incomode a su base electoral conservadora. Bruselas respira aliviada. La pregunta es si tiene razones para tanto alivio, o si simplemente ha decidido que ya no las necesita.

Magyar no llegó desde fuera a desafiar el régimen de Orbán. Fue miembro de Fidesz durante más de dos décadas y formó parte de su entorno de gobierno antes de romper con él. El politólogo Cas Mudde, una de las referencias más sólidas en el estudio del populismo europeo, lo ha formulado sin eufemismos: “Pasó años trabajando para el régimen de Orbán y está claramente alineado ideológicamente con su antiguo partido”.

Pero es “uno de los nuestros”, desde el punto de vista del PP Europeo, al que pertenece desde 2024. Lo que ya es un primer indicador de hasta qué punto la derecha tradicional, incluido el partido de Alberto Núñez Feijóo, se ha ido escorando hacia posiciones cada vez más extremistas.

Esa alineación tiene consecuencias programáticas concretas. En migración, Magyar ha sido explícito: mantendrá la valla fronteriza con amenazadoras cuchillas que Orbán levantó en la frontera con Serbia y una parte de Croacia, rechazará las cuotas obligatorias de reubicación de refugiados y se opondrá al Pacto de Migración y Asilo de la UE. Sus eurodiputados son del PPE, pero han votado en el Parlamento Europeo alineados con Fidesz en resoluciones sobre seguridad fronteriza.

La posición de Magyar sobre la mano de obra extranjera implica, además, una paradoja que dice mucho sobre la naturaleza de su conservadurismo. Orbán, pese a su retórica antiinmigración, permitió la entrada de decenas de miles de trabajadores asiáticos —filipinos, vietnamitas, indonesios— para cubrir las líneas de producción de las fábricas de baterías chinas instaladas en el país, con cuotas que rozaban los 35.000 trabajadores para 2026, los llamados “trabajadores invitados”.

Magyar ha calificado ese sistema de “traición” a los trabajadores húngaros y promete desmantelarlo: auditoría de los permisos vigentes, reducción drástica de las cuotas de contratación extranjera y fomento del retorno de los cerca de un millón de húngaros emigrados a Alemania, Austria o el Reino Unido mediante incentivos salariales.

No se trata, en su planteamiento, de una política de acogida más humana, sino de la versión economicista del mismo nativismo: primero los nuestros. La xenofobia de Orbán era identitaria y performativa; la de Magyar es laboral y tecnocrática. Salvo sorpresa, el resultado para los trabajadores extranjeros afectados será prácticamente el mismo.

En derechos LGTBI, su posición ha sido de neutralidad estratégica en un asunto que no admite equidistancias: no participó en la marcha del Orgullo de Budapest en 2025, no ha incluido en su programa la derogación de la ley de “protección infantil” de 2021 que prohíbe la representación de la homosexualidad ante menores, y no ha dado garantías sobre la retirada de cargos criminales contra activistas procesados por organizar marchas.

Donde Magyar difiere de Orbán es en las formas institucionales: promete desbloquear los 18.000 millones de euros en fondos europeos congelados, restaurar la independencia judicial, sumarse a la Fiscalía Europea y comprometer a Hungría con la eurozona en 2030. Son reformas sustanciales en términos procedimentales. Pero el procedimiento, por sí solo, no es un programa de derechos.

El problema no es elegir a Magyar sobre Orbán —dadas las circunstancias, esa elección, para muchos, tiene sentido—. El problema es la narrativa que acompaña esa elección: la que convierte un cambio de gestión en una victoria de valores, la que celebra el retorno al marco institucional como si fuera equivalente al retorno a los principios.

Cuando una sociedad acepta durante años que el debate se desplace hacia la derecha, el punto de referencia de lo razonable se desplaza con él. Lo que antes era la posición extrema se convierte en el nuevo centro, y lo que antes era el centro desaparece del mapa. Los politólogos llaman a esto el efecto ventana de Overton: el rango de ideas consideradas aceptables se mueve y lo hace sin que nadie firme ningún acuerdo. Basta con que las instituciones traten ciertas posiciones como normales para que lo sean.

Para muchos analistas, la celebración acrítica de Magyar es un acto de esa naturaleza: al presentarlo como la solución, Europa está ratificando que su programa —xenofobia gestionada, ambigüedad sobre los derechos LGTBI— y el contexto en el que lo desarrollará —un parlamento sin izquierda— son el nuevo estándar de lo aceptable.

Frente a las celebraciones de gran parte de la Europa progresista, algunos de cuyos dirigentes han hablado de “esperanza”, de “vibrante y sólida democracia”, e incluso de “punto de inflexión” para Europa, Manon Aubry, copresidenta del grupo The Left en el Parlamento Europeo, alzó una voz mucho más crítica que es toda una advertencia: “Péter Magyar no es una ruptura clara con la era Orbán. Liderará una política firmemente anclada en la derecha”.

La UE ha construido en los últimos años una doctrina implícita: si un gobierno es proeuropeo y antiputinista, el resto es negociable. Ese credo tiene una lógica geopolítica comprensible en el contexto de la guerra en Ucrania y de la erosión del proyecto comunitario desde dentro. Pero tiene un coste ético que raramente se contabiliza.

Al priorizar la estabilidad institucional sobre el progreso en derechos, Europa está diciendo a sus minorías —a los solicitantes de asilo que seguirán encontrando la valla, a la comunidad LGTBI húngara que seguirá viviendo bajo leyes discriminatorias— que su situación es un asunto de segunda categoría. Que lo que importa es el voto en el Consejo Europeo y el desbloqueo de fondos, no la arquitectura legal que regula sus vidas.

El contexto parlamentario completa un cuadro mucho más sombrío de lo que la mera caída de Orbán sugiere. Por primera vez desde el fin del régimen totalitario, en 1989, la Asamblea Nacional húngara no tendrá ningún partido de izquierda. Tisza, Fidesz y Mi Hazánk —centroderecha, derecha nacionalista y extrema derecha— ocuparán todos los escaños. 

Es como si en el Congreso solo tuviesen asiento Ayuso, Abascal y Falange. La Coalición Democrática (centro izquierda) no superó el umbral del 5%. El Partido Socialista Húngaro (MSZP), los partidos verdes y los centristas de Momentum, con escasas expectativas en solitario, renunciaron a presentar candidatos para facilitar la victoria del partido de la oposición mejor situado.

Tisza cuenta con una supermayoría de dos tercios que le permite reformar la Constitución. Sin una oposición parlamentaria progresista, esa capacidad de reforma se ejercerá en un espacio ideológico que va del conservadurismo moderado al ultranacionalismo.

Para los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, eso significa operar sin representación institucional, dependiendo exclusivamente de la presión desde fuera del sistema. Es, en términos prácticos, la institucionalización del orbánismo bajo una dirección más presentable.

La derrota electoral de Orbán es real y todo hace pensar que tendrá consecuencias reales. El fin de la captura sistemática de instituciones, de la presión sobre la prensa independiente, del bloqueo a los fondos europeos como herramienta de chantaje político: todo eso importa.

Pero confundir el fin del síntoma con el fin de la enfermedad, advierten cada vez más analistas, es un error que la izquierda europea lleva cometiendo con demasiada frecuencia. La enfermedad es la normalización de un programa político que excluye a las minorías, cierra las fronteras a quienes huyen de la guerra o la pobreza y trata los derechos civiles como moneda de cambio electoral. Esa enfermedad no desaparece porque su portador aprenda a hablar en los foros de Bruselas con buenos modales.

Human Rights Watch ya ha señalado que la prueba real para el gobierno de Magyar será concreta y medible: si retira los cargos criminales contra activistas LGTBI, si reforma los criterios que permiten prohibir eventos del colectivo bajo estándares vagos de “daño a menores” o si da señales de que la arquitectura legal discriminatoria heredada de Orbán tiene fecha de caducidad. Hasta ahora, Magyar no ha dado esas señales.

Lo que queda, si se confirman los peores temores, no es una primavera democrática. Es algo más parecido a un invierno social: el fin de los ataques más estridentes del Estado, sin la voluntad política —al menos de momento— de desmantelar las estructuras que los hacían posibles. Una transición gestionada en términos conservadores, paradójicamente celebrada en términos progresistas. Y en ese desajuste entre lo que se celebra y lo que ha ocurrido realmente reside, para muchos observadores europeos, el problema más duradero de todos: el de una izquierda que lleva tanto tiempo gestionando derrotas que ha olvidado cómo se distinguen de las victorias.

La alianza del Partido Popular europeo con la extrema derecha está a punto de dar la puntilla definitiva a la garantista protección humanitaria que hasta ahora la UE prestaba a refugiados, demandantes de asilo y migrantes en situación irregular. Este jueves la Eurocámara autorizó abrir las negociaciones con el Consejo y la Comisión para aprobar el Reglamento de Retorno, la propuesta del ejecutivo comunitario que permitirá la expulsión de extranjeros a terceros países.

La Unión Europea impulsará también la construcción de centros en territorios no comunitarios a los que deportar a esas personas. Países como Uganda o Ruanda, igual que Albania donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ya cerró un acuerdo en 2024, acogerán estas instalaciones propuestas en marzo de 2025 por la Comisión Europea, que también planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación.

Son las medidas más polémicas votadas en el Pleno del Parlamento Europeo por 389 eurodiputados. Fueron legisladores populares, ultraconservadores del grupo ECR, de Meloni o los polacos del PIS, Patriotas de Vox, Le Pen u Orbán y neofascistas de la bancada ESN liderada por los alemanas de la AfD. Enfrente poco más de 200 eurodiputados socialdemócratas, verdes y de izquierdas. La legisladora de los Verdes, Mélissa Camara, destaca precisamente esa alianza derechista para endurecer la política migratoria. “El PP europeo ha estado trabajando mano a mano con la extrema derecha para perseguir políticas migratorias racistas y populistas a nivel de la UE”.

El reglamento esta ya totalmente encaminado para su futura entrada en vigor. Dentro del Consejo, una mayoría de gobiernos populares a los que se suman la Hungría de Viktor Orbán, la Italia de Meloni o la Eslovaquia de Robert Fico respaldan esta expulsión. Sólo España a finales del año pasado las rechazó, quedándose en absoluta minoría. Entonces, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, manifestó en Bruselas sus “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno, que para la Comisión son soluciones innovadoras.

En las bancadas progresistas de la Eurocámara se habla de que este Reglamento de Retornos está inspirado más por las políticas de la Administración Trump y el régimen de deportaciones del ICE que por los valores europeos, ignorando derechos fundamentales recogidos en los Tratados de la UE o la Carta de las Naciones Unidas, como el derecho a la dignidad humana, a la libertad o el derecho al asilo. “Se confirma el peor de los pronósticos”, reaccionó la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, calificando el texto como “siniestro” y “pieza clave de la maquinaria de deportaciones”.

Los centros de deportación son la herramienta más polémica de este futuro reglamento migratorio. Se implantarán en países supuestamente considerados seguros, Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están dentro de esa lista aunque en alguno de ellos existan verdaderas dictaduras, gracias a acuerdos bilaterales con los socios de la Unión.

La deportación a un tercer país dependerá del origen del migrante, de si supuestamente ha pasado por ese territorio de camino a la UE y el Reglamento “también permitiría la posibilidad del retorno a un país que acepte a ese persona basándose en los acuerdos alcanzados con un Estado miembro de la UE”. Como en el caso de los deportados por Italia a Albania, el extranjero podrá ser obligado a terminar en un territorio contra su consentimiento. Frente a esta realidad, el eurodiputado liberal Malik Azmani, del partido neerlandés VVD, asegura que “siempre ha sido mi objetivo alcanzar un reglamento eficiente y factible”.

La futura norma comunitaria recoge que las autoridades de un país emitan órdenes de expulsión a cualquier no nacional de la UE que resida irregularmente en ese Estado miembro e imponerle la obligación de abandonar el territorio. El sistema informático del Espacio Schengen, compartido por 29 países, mostrará esas órdenes a cualquier otro socio para que sean de obligado cumplimiento. Deportaciones que no serán “efectivas, sostenible y dignas”, reprocha la socialista portuguesa Ana Catarina Mendes, quien cree que el mandato negociador aprobado por el Parlamento Europeo “nos mueve en dirección contraria al remover las garantías y desmantelar derechos fundamentales”.

Si la persona extranjera no cooperase en ese proceso de expulsión a terceros países, calificado en el reglamento como retorno voluntario, podrá “se detenido”, “si presenta un riesgo de fuga, un riesgo de seguridad o cualquier otra factor relevante impide su traslado a tiempo” y sufrir sanciones como la prohibición de entrar en territorio comunitario de por vida. En otra muestra del abandono garantista en la política migratoria, la futura norma permitirá que “se ordenen las detenciones de menores no acompañados y de familias con niños” como una medida de último recurso y durante un plazo de hasta veinticuatro horas. En el caso de los adultos las detenciones podrán durar hasta un máximo de 12 meses prorrogables por un periodo semejante.

“Es vergonzoso ver a eurodiputados del PP europeo celebrando sus esfuerzos para encerrar a niños y lanzar lejos la llave”, critica la francesa Camara. La ecologista, ponente en la sombra de la posición de la Euocámara, denuncia que son “los mismos eurodiputados que vergonzosamente han estado haciendo acuerdos secretos en la sombra con la extrema derecha, principalmente ECR, los Patriots y ESN, sólo para hacer la vida miserable de aquellos que están buscando la seguridad en nuestras costas”.

Aunque una de las medidas más denigrantes, la detención de los migrantes en sus propios domicilios, finalmente quedó fuera del texto aprobado por el Parlamento, que empezó a negociarse con la Comisión y el Consejo este mismo jueves por la tarde, la UE sí rechazará que un recurso judicial de la persona extranjera paralice de forma automática su proceso de expulsión, a no ser que el juez así lo dictamine expresamente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no es precisamente una de las grandes aliadas del Partido Popular español ni tampoco de su líder, Alberto Núñez Feijóo. El conservador tiene más sintonía con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y rival interno de Von der Leyen, Manfred Weber, que en 2019 vio cómo su compañera de partido de la CDU conseguía el puesto que él ambicionaba. En privado, el PP ha llegado a criticar a la presidenta de la Comisión Europea por su buen entendimiento con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que la alemana ha alabado en más de una ocasión públicamente por sus reformas pese a pertenecer a la familia política de los socialistas.

Este martes, sin embargo, varios cargos de la dirección nacional del PP suscribieron las palabras de Von der Leyen tras asegurar ante los embajadores extranjeros en Bruselas que "Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá". Unas declaraciones que han generado multitud de críticas en el seno de la UE porque implica aceptar el dominio sin reglas ni consecuencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que choca con la tradicional defensa europea del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la soberanía territorial de los Estados. En Génova, sin embargo, consideran que la alemana acierta porque "Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses". "El mundo ha cambiado. Está cambiando", señaló la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

En la misma línea se expresó también el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que apeló al "realismo" ante un escenario internacional marcado por "Rusia atacando a Ucrania y amenazando continuamente a la Unión Europea" y por "lo que está ocurriendo en Irán". "Europa tiene que actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", sostuvo. Bendodo insistió en que nadie quiere una guerra, "pero tampoco derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres, que persigue homosexuales" y que no respeta los derechos humanos.

Tras ese apoyo explícito, Génova guardó silencio este miércoles después de que Von der Leyen se haya visto obligada a matizar su posición y a reafirmar que el compromiso europeo con el derecho internacional es "inquebrantable". "La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional es tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios", sostuvo ante el Parlamento Europeo. Preguntados por esta rectificación, en el PP señalan que "solo" van a hablar de las medidas fiscales que han presentado para paliar los efectos económicos de la guerra. De nada más.

Por su parte, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, apenas ha hecho una breve mención a la postura de la alemana en el citado pleno del Parlamento Europeo para señalar que hay quien trata de "manipular" sus palabras. Sin embargo, las polémicas sobre sus extralimitaciones no son nuevas. Al final de su anterior mandato, varios dirigentes europeos reprocharon a la presidenta de la Comisión Europea haber ido más allá de sus funciones. El episodio más criticado fue su visita sin autorización de los Estados miembros al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pocos días después de los ataques del 7 de octubre.

La tesis de Génova es que la Unión Europea no ha estado a la altura en los últimos años porque no tiene autoridad sobre nadie. "Si tú quieres un mundo con normas, tienes que tener la capacidad de imponerlas, y la Unión Europea no la tiene", dijo en rueda de prensa Ester Muñoz desde el Congreso. A su juicio, mientras otros países se rearmaban, Europa estaba "en otras cuestiones", en referencia a decisiones como el cierre de minas, el fin de explotaciones ganaderas o el tapón de las botellas. Se trata de decisiones avaladas por su familia política, mayoritaria en la Eurocámara, y por la propia Von der Leyen, con el objetivo de proteger el medio ambiente.

Sobre la guerra, la dirigente popular insistió en que la UE "quiere la multilateralidad y el Derecho Internacional, cree en las normas internacionales y en la resolución de conflictos de forma pacífica", pero lamentó que no disponga de la "capacidad" ni de la "influencia" necesarias para "garantizar que eso se haga así en todo el mundo". En su repaso, Muñoz evitó mencionar de forma expresa las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una ofensiva que el PP ha procurado no criticar abiertamente y en la que la formación conservadora tiene posiciones encontradas.

Es más, mientras algunos dirigentes autonómicos han entonado el 'No a la guerra' que tanto critica Feijóo a Sánchez, otros como su portavoz adjunta en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, han justificado los ataques contra Irán por ser una "teocracia criminal, que oprime, lapida y mata a su propio pueblo" y que" patrocina el terrorismo internacional y sabotea la paz en Gaza y en todo Oriente Próximo". "Sí a la guerra contra Irán", escribía en X la pasada semana. Una reflexión compartida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, que este miércoles afirmaba que "está más que justificado que se intente cambiar a un régimen —el iraní— que altera completamente las reglas internacionales" y reivindicaba a EEUU como un aliado clave.

El de Oriente Medio no es el único frente del PP español en el marco europeo, también lo es el acuerdo entre la UE y Mercosur, capitaneado por la propia Von der Leyen y que da luz verde a la mayor zona de libre comercio del mundo con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Un acuerdo que, sin embargo, ha generado fuertes críticas por parte del sector del campo, un granero de votos clave para el ascenso de la ultraderecha española, que lleva años cultivando apoyos en el mundo rural con la baza de los acuerdos entre populares y socialistas en Bruselas. Una estrategia que también ha dado réditos a la ultraderecha internacional y que fue clave en el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En ese contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó recientemente un mensaje en el que identificó a su formación como la que defiende los intereses de los agricultores durante la conferencia interparlamentaria de los populares. "Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno", proclamó.

Sin embargo, el propio Feijóo ha defendido durante sus años como presidente de la Xunta en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de ese pacto comercial. Ahora que ya no lo es su discurso ha virado mientras lidia con una fuerte presión interna por parte del PPE pero también de sus barones autonómicos, que ven cómo Vox está cada vez más fuerte y ha utilizado ese acuerdo como eslogan electoral. Por ello, en plena campaña de las elecciones de Aragón, el líder del PP dio un golpe de timón y salió a reclamar a la Comisión que el acuerdo no entrara en vigor hasta la "plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español".

El principal ponente sobre el pacto en el Parlamento Europeo es, además, el eurodiputado español del PP, Gabriel Mato, que ha defendido con firmeza durante años este nuevo vínculo comercial. Al mismo tiempo, algunos barones territoriales ya han mostrado su rechazo público, como el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, que lo considera "perjudicial". La gran incógnita es ahora qué hará el PP español cuando el acuerdo llegue al Parlamento Europeo para su ratificación, una vez firmado. Los eurodiputados deberán votar sí o no, sin posibilidad de introducir cambios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que la UE "se fundó como un proyecto de paz", según recoge EFE.

"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea aseguró en un discurso en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, que daba el orden mundial por finiquitado y que era tiempo para desarrollar nuevas reglas. "Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", planteó.

Estas palabras provocaron la réplica del Gobierno español, de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reclamaron una defensa más cerrada del orden basado en los principios de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso de este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea reiteró que "nadie debe derramar ni una lágrima" por la caída de un régimen iraní que encarcela y tortura a sus ciudadanos, patrocina actos terroristas en su región y en suelo europeo y ha dado un apoyo clave a Rusia en su invasión de Ucrania.

"Muchos iraníes han celebrado la caída de (el ayatolá Alí) Jameneí. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Esto es lo que se merece el pueblo iraní: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", afirmó Von der Leyen.

El Reglamento de Retornos, que permitirá entre otras cosas crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, superó este lunes el primer escollo en el Parlamento Europeo (Eurocámara), despejando la vía para su aprobación definitiva en un futuro pleno, informa EFE.

El objetivo de la ley es acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno, y otra novedad es la imposición de obligaciones y sanciones a aquellos que deben abandonar la Unión Europea (UE).

La normativa fue aprobada en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y salió adelante gracias a una alianza entre los grupos más conservadores, en particular el PPE, ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), PfE (Patriotas por Europa) y ESN (Europa de las Naciones Soberanas).

El PPE valoró el voto y justificó la alianza con la extrema derecha para sacar adelante el texto. "Si queremos defender el principio básico del asilo, hay que asegurar que aquellos a quienes se rechaza finalmente abandonan los países. Tenemos un desacuerdo concreto sobre este principio", dijo el eurodiputado francés François-Xavier Bellamy en relación con la posición defendida por los socialdemócratas (S&D).

Añadió que si el PPE encuentra una mayoría con otros que no son S&D y (los liberales) Renew, la sacará adelante porque "hay que dejar de ser pasivos frente a los retos que plantea la migración irregular".

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, señaló: "Hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita".

Por su parte, el eurodiputado sueco Charlie Weimers, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, consideró una "novedad" que por primera vez el Parlamento Europeo (PE) esté "muy cerca del Consejo" en su posición, y recordó que normalmente el PE se sitúa más a la izquierda pero dijo que "esto ha cambiado".

Los socialidemócratas (S&D) se mostraron muy decepcionados por el texto finalmente respaldado, al considerar que propone retornos que reducen "drásticamente" los derechos de las personas afectadas y los centros de retorno en terceros países son un marco legal vinculante. Además, lamentaron la alianza política entre el PPE y la extrema derecha, que "sienta un precedente preocupante".

También los Verdes fueron muy críticos con el voto de hoy. "El texto adoptado, con una mayoría de derecha y ultraderecha, refleja una ideología racista y populista. Pondrá en peligro las vidas de la población y violará su dignidad", lamentó la eurodiputada francesa de los Verdes Mélissa Camara.

Entre las disposiciones que esa diputada considera "problemáticas", aparte de los centros en el extranjero "incluso para familias con menores", se refirió a las "severas sanciones" previstas contra quienes no cooperen en su devolución o prohibiciones de entrada de por vida en un territorio.

La nueva normativa es una pieza más para impulsar las devoluciones, pues en la actualidad solamente uno de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de retorno en la UE la abandonan, lo que preocupa a la mayoría de sus miembros.

La legislación permitirá prolongar las detenciones y que tanto la UE como uno o más Estados miembro lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno en el extranjero.

España siempre ha expresado dudas jurídicas, políticas y económicas sobre esos centros y ha dicho que podrían tener un "impacto negativo" en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.

Lo que se apruebe en el pleno de la Eurocámara, con fecha aún por concretar, será la posición negociadora de esa institución sobre el texto definitivo cara a las negociaciones con el Consejo de la UE.

La ofensiva del Partido Popular contra la regularización de medio millón de migrantes aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros ha viajado este fin de semana desde Madrid hasta Zagreb (Croacia) con parada final en Aragón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quería aprovechar la cumbre de los conservadores europeos celebrada durante el viernes y el sábado para lograr una respuesta unitaria del Partido Popular Europeo (PPE) contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la "legalización masiva de inmigrantes ilegales", sin una mención explicita a España ni al presidente del Gobierno español.

En esa cumbre, el líder de la oposición solicitó a la Comisión Europea, liderada por la conservadora Ursula Von Der Leyen —presente en el evento—, una respuesta a la decisión de Sánchez. Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo de alertas internas: presión sobre los "servicios públicos", tensión en el "mercado de la vivienda", "problemas de convivencia" y, sobre todo, "efecto llamada".

No hubo, sin embargo, mención alguna por parte del líder del PPE, Manfred Weber, a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez en su discurso de clausura. Tampoco en el documento ratificado por el PP europeo, en el que solo se reiteró la apuesta por "una política migratoria legal, ordenada y controlada" porque "la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable". Pero sin una alusión específica a ningún Estado ni Gobierno, ya que países como Portugal e Italia llevaron a cabo regularizaciones durante la pandemia.

El PPE también sostuvo en esas conclusiones que sus dirigentes están liderando el trabajo para reducir la inmigración irregular, con una disminución del 35% en los cruces fronterizos de la UE entre julio de 2024 y junio de 2025, y el fortalecimiento de la agencia fronteriza Frontex. Del mismo modo, los conservadores europeos señalaron la renovación demográfica de Europa no solo como una "necesidad económica, sino como una responsabilidad civilizatoria".

A ello se le suma que el recorrido europeo que pretendía Alberto Núñez Feijóo se topó con una rápida respuesta de Bruselas, que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la "responsabilidad" para tomar esa decisión. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro en que es el país el que "tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal" para "ver si hay necesidad de mano de obra": "Es lo que está haciendo España", dijo.

Asimismo, el responsable del departamento de Interior europeo defendió que no hay contradicción directa con el objetivo de la Unión Europea de reducir la migración irregular, como señala el PP, al estar estas personas dentro del país y por tanto, es "un tema distinto". A la vez, remarcó que la Comisión Europea "no tiene competencias" en estas regularizaciones y que su papel es, como mucho, "preparar el camino" para vías legales que luego implementan los países.

En la UE, según los promotores de la iniciativa en España, se han llevado a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. El PP alega, sin embargo, que la regularización española va a tener "un número elevado de beneficiarios" con "efectos directos sobre el resto del espacio Schengen" y apoyó en el Parlamento Europeo que se realice un debate sobre la regularización en un grupo de trabajo en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El líder del PP volvió a insistir, además, en que la decisión va a tener impacto en el censo electoral, pese a la rectificación de la vicesecretaria Alma Ezcurra. En una entrevista en RNE, la número tres de Génova reconoció que la regularización no afectará en ningún caso a los próximos comicios generales, que deberán celebrarse como tarde en 2027. "Hemos dicho en el medio plazo. En el corto plazo, no", admitió. La también eurodiputada incidió en que hay países latinoamericanos que tienen un convenio con España que les permite participar en las elecciones municipales, pero por norma general se exige residencia legal previa de cinco años. Así, concluyó que en las próximas —también en 2027— "ese censo no va a engordar":"Engordará en las siguientes, cuando se produzcan".

Un matiz que, sin embargo, Feijóo obvió durante su discurso del domingo. "No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas", dijo el líder de la oposición en Calatayud, donde participó en un mitin de campaña junto al presidente aragonés, Jorge Azcón. El líder del PP está teniendo mucho protagonismo en Aragón, a diferencia de lo ocurrió en Extremadura, y desde allí tachó la medida de "electoralismo para comprar votantes en el futuro". El conservador recurrió, de nuevo, al bulo que inició Vox sobre un supuesto plan de Sánchez para conseguir nuevos votantes pese a que la regularización del Gobierno no comporta, en ningún caso, que los migrantes que logren legalizar su situación puedan votar, pues no se les otorga la nacionalidad española.

Los conservadores siguen sin aclarar qué haría Feijóo si llegara a La Moncloa, pese a que estas regularizaciones también se han llevado a cabo con el PP en el Gobierno. En concreto, José María Aznar realizó tres durante su mandato, con un balance de 453.891 regularizaciones, el 72,7% de un total de 623.995 solicitudes. La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, en línea con lo que defiende Vox y abriendo una brecha con la postura de la Iglesia católica.

Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) criticaron este sábado en Zagreb la legalización masiva de inmigrantes ilegales como un debilitamiento grave de la política migratoria de la Unión Europea (UE), según recoge EFE.

Sin mencionar explícitamente la reciente regularización de medio millón de personas lanzada esta semana por el Gobierno de España, el PPE aseguró que "la legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria".

"Por esta razón, defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada. La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable", agregan los líderes conservadores en las conclusiones de su encuentro informal, celebrado este viernes y sábado este sábado en la capital croata.

A la cita asistió el presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, y también numerosos jefes de Gobierno de la UE, incluidos el alemán Friedrich Merz, el griego Kyriakos Mitsotakis, y el polaco Donald Tusk.

Todos ellos celebraron un denominado "retiro de líderes" para acordar y coordinar las prioridades del PPE de cara al año 2026.

Entre ellas, los conservadores destacan la mejora de la competitividad económica, incrementar las capacidades de defensa común y simplificar la toma de decisiones a nivel europeo, explicó el líder del PPE, el alemán Manfred Weber, en rueda de prensa.

En un documento aparte, dedicado específicamente a la demografía en Europa, marcada por la baja tasa de natalidad, el PPE califica la renovación demográfica en la UE no solo como una "necesidad económica", sino como una "responsabilidad civilizatoria". Con 187 de 720 diputados, el PPE es la fracción más grande en el Parlamento Europeo.

La derecha europea no sabe qué hacer ni qué decir sobre Donald Trump. La gran mayoría de dirigentes del Partido Popular Europeo o bien guardaron silencio o se apresuraron a celebrar la operación ilegal en Venezuela que derivó en el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, antes de conocer el plan de Trump de situar a su número dos, Delcy Rodríguez, como presidenta interina, como hizo el líder PP español, Alberto Núñez Feijóo. La euforia del primer momento dejó paso a un desconcierto extendido en el seno de la familia de los conservadores europeos —la más numerosa del Parlamento Europeo— que evita sin embargo confrontar con Trump por miedo a las repercusiones.

Desde el PP presumen de que la UE y el propio Partido Popular Europeo han "copiado" su posición, que pasa por que los tribunales decidan si lo de Trump ha vulnerado o no el derecho internacional. Lo cierto es que la postura de la cúpula comunitaria y la de los 27 Estados miembros tampoco ha sido la de criticar las acciones de Washington y se han limitado a reclamar respeto por el derecho internacional. Un comunicado en el que ni siquiera se mencionaba a Estados Unidos y únicamente se pedía "a todos los actores" implicados evitar "una escalada" y asegurar "una salida pacífica".

Por su parte, la posición del grupo llegó a través de Manfred Weber, que dirige con mano de hierro la familia conservadora europea y es un fiel aliado de Feijóo. "Maduro se ha ido, y eso es una buena noticia. Para nosotros, era un dictador. El futuro de Venezuela está en manos del pueblo venezolano. Los ganadores de las elecciones de 2024 son los representantes más legítimos de Venezuela en este momento crítico", escribió el pasado sábado, en un post en el que reclamaba "restaurar el derecho internacional", pero también sin mencionar a Trump por ninguna parte.

Los populares europeos no tienen relación directa con la Administración Trump, pero tampoco se atreven a desairarla. En privado, y desde hace ya un año, los populares hablan de un estado de ánimo de "incertidumbre", "pérdida", hasta de "crisis espiritual" o de "emociones negativas" ante el nuevo escenario político abierto en los Estados Unidos. Es lo que dijo también el propio Alberto Núñez Feijóo a puerta cerrada este miércoles ante el Comité de Dirección del partido, según el diario El Mundo, pero las declaraciones públicas fueron por otros derroteros, como contó infoLibre.

En cuanto a los diferentes partidos de la derecha conservadora, el más contundente ha sido Coalición Cívica, el partido del presidente polaco Donald Tusk, que ha pedido distanciarse de EEUU. "Nadie tomará en serio una Europa débil y dividida: ni enemigo ni aliado. Ya está claro", escribió recientemente en X. Algunos como el irlandés Fine Gael han puesto el foco en las implicaciones legales. Su ministra de Exteriores, Helen McEntee, insistió en la "necesidad absoluta" de respeto al derecho internacional y la Carta de la ONU, aunque también recordó que Irlanda considera que Maduro "no tiene legitimidad democrática". Una posición similar a la del Kokoomus finés, que en los últimos días ha recalcado que todos los Estados deben respetar el derecho internacional, al igual que el partido sueco Moderaterna.

Sin embargo, otros han optado por el mismo planteamiento que el PP español, pasando de puntillas por la operación ilegal, han evitado cualquier choque con el presidente estadounidense y han reclamado una "transición ordenada" para la que Trump se da tiempo. Esa ha sido la postura de la CDU alemana, principal partido de la Eurocámara y antiguo partido de Angela Merkel, ahora liderado por Friedrich Merz. Su postura se ha basado en decir que la "valoración jurídica" es "compleja", mientras que otros como la Nueva Democracia griega o la Unión Democrática Croata han evitado posicionarse. Sí lo han hecho, en favor de Trump, el partido de la ministra italiana Giorgia Meloni y el de Andrej Babiš, primer ministro de República Checa, ambos aliados del presidente estadounidense.

El mapa lo completan formaciones que no forman parte del PPE pero también se sitúan en el bloque de la derecha, como el partido del ministro francés Emmanuel Macron, el Frente Nacional de Marine Le Pen o el Partido Popular por la Libertad y la Democracia de Países Bajos. Son los que más dudas han expresado sobre el ataque estadounidense. Especialmente contundente fue la líder de la extrema derecha francesa, que escribió en X: "La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada".

Hasta su llegada a la Casa Blanca, el Partido Popular Europeo había representado a la familia conservadora del continente y tenía en el Partido Republicano de EEUU a su hermano político al otro lado del Atlántico. Sin embargo, en la investidura de Trump celebrada en enero del pasado año no hubo representantes populares del viejo continente. Fue un termómetro revelador de quiénes son sus aliados en Europa: la extrema derecha de Giorgia Meloni, Viktor Orbán y Santiago Abascal, entre otros. Todos ellos lo veneran. En clave de bloques, en lugar de marcar distancias con ellos, este último año el Partido Popular Europeo en la Eurocámara ha roto con el cordón sanitario a la extrema derecha.

Todo ello a pesar de que la Unión Europea ha sido ninguneada por Donald Trump en varias ocasiones y no ha contado con una respuesta contundente de la institución ni de sus líderes. Ni en la apertura de negociaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania, ni en la política arancelaria, ni en el gasto militar. Es más, en los últimos días, Bruselas tampoco ha sido capaz de dar una respuesta clara a la amenaza de Trump de anexionar Groenlandia a EEUU, un territorio perteneciente a Dinamarca, miembro de la UE.

La Comisión Europea respondió con un comunicado en el que recalcaba que la preservación de la integridad territorial de Dinamarca es "esencial". La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, dijo que cualquier cambio en el estatus de Groenlandia "es decisión exclusiva de groenlandeses y daneses", lo que deja la puerta abierta a la negociación que quiere emprender EEUU con el país europeo para gestionar la compra de la isla, clave para los intereses de Trump.

El presidente estadounidense quiere que cualquier relación con Europa —y el resto del mundo— pase por la dominación. La ley del más fuerte frente a la diplomacia. Algo a lo que se plegó el ex primer ministro neerlandés, Mark Rutte, actual presidente de la OTAN, con Trump en junio del pasado año, antes de la cumbre de La Haya. Rutte le llamó "papi" y le agasajó mientras el presidente estadounidense explicaba el acuerdo sobre el gasto militar.

Virginia P. Alonso cumple ocho meses en la dirección de infoLibre. La periodista barcelonesa formada en la Universidad Complutense de Madrid hace un balance muy positivo de este periodo. “A través del periodismo”, afirma que “podemos ayudar a cambiar la vida de las personas”. Defiende que esto se consigue “poniendo freno, a través del ejercicio periodístico, a determinadas prácticas corruptas, ilegales e inmorales”. En esta etapa al frente del periódico, entiende que “aunque nos castiguen, aunque nos insulten y aunque a muchos no les guste, será por algo, será que les molestamos y en InfoLibre vamos a seguir molestando todo lo que haga falta”.

[Esta entrevista fue grabada el viernes por la mañana, cuando aún no había comenzado el goteo de denuncias por acoso sexual y dimisiones dentro del PSOE a raíz del caso Salazar y cuando Yolanda Díaz aún no había pedido una remodelación "profunda" del Gobierno a Pedro Sánchez].

“El viernes supimos que estaba entrando la UCO en Correos, en el ministerio de Hacienda y en el ministerio de Transición Ecológica; en algunas direcciones generales, para buscar contratos. Lo que se sabe hasta ahora es que Leire Díez fue detenida este miércoles. También el expresidente de la SEPI y Antxon Alonso, administrador de Servinavar, empresa que estaba participada en un 45%, supuestamente, según la UCO, por Santos Cerdán. Esto implica que Leire Díez se convierte en la intersección de dos operaciones y de dos causas judiciales y las une de alguna forma. Ella estaba ya implicada en una causa por cohecho y tráfico de influencias, supuestamente por haber presionado a distintas personas para recabar información contra la UCO y contra varios fiscales. Y ahora queda implicada en la parte económica de toda esta trama del caso Cerdán. Lo que está claro es que aquí hay una confluencia de dos causas que afectan directamente al PSOE, porque todas las personas implicadas salían del PSOE”.

“Veo complicado que el PSOE salga airoso de toda la sucesión de casos que estamos viendo. Dos de ellos impactan en algunas de las candidaturas estrella que tenía el PSOE para las elecciones autonómicas, Pilar Alegría en Aragón y María Jesús Montero en Andalucía. En el caso de Pilar Alegría, porque ella cenó o comió en un restaurante con Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por acoso sexual. Meses después de que él presentara su renuncia por este motivo, Pilar Alegría fue fotografiada con él en un restaurante. Esto ocurre cuando se acaban de convocar elecciones anticipadas en Aragón. Por otro lado, a María Jesús Montero esto le impacta porque el expresidente de la SEPI estuvo a sus órdenes en cuando ella trabajaba en la Junta de Andalucía y como presidente de la SEPI dependía del ministerio de Hacienda. Ella dice que no tiene ninguna relación con este señor, que no la tiene desde hace años. Veremos. Pero ya sabemos qué utilización va a hacer el PP de todo esto. Habrá que ver lo que pasa en torno a Cerdán, ahora Leire Díez, porque no tenemos aún auto, ni resolución judicial y la causa está secreta. Pero este cúmulo de casos desde luego hace daño al PSOE”. 

“Que el Gobierno aguante o no lo que queda de legislatura va a depender sobre todo de sus socios. Junts ya ha dicho que no va a seguir apoyando al Gobierno. Sin embargo, está apoyando en el Congreso algunas de las leyes y algunas de las medidas que está presentando el Gobierno ahora. Va a depender sobre todo de sus socios de la izquierda. Creo que la alternativa que ven delante no les inspira demasiado, por decirlo finamente. En mi opinión, intentarán dar su apoyo al Gobierno, salvo que como han dicho ya repetidamente, salga alguna prueba de que hubo financiación irregular del PSOE. Está en sus manos, desde luego. La intención que tiene Pedro Sánchez, y así lo manifiesta cada vez que tiene oportunidad, es de aguantar la legislatura hasta el final”.

“El siguiente ciclo electoral empieza el día 21 con las elecciones en Extremadura. Vamos a tener elecciones en Aragón en febrero. En marzo las tendremos en Castilla y León y en junio como límite en Andalucía. Esto hace una suma de lo que el PP llama "los dominguitos", que sustituye a ese sueño húmedo que tenía el PP del superdomingo. O que se barajó en su momento como un superdomingo que pudiera hacer daño al PSOE y al Gobierno. El PP cree que estos "dominguitos" también pueden hacer mella en el Gobierno, porque la intención que tiene es ir ganando todas esas elecciones y que al menos un domingo de cada mes en los próximos meses haya una convocatoria electoral en la que el PP salga ganando. ¿Qué sucede? Que el PP no va a ganar en solitario. El PP va a ganar con el apoyo de Vox y ahí lo que se va a ver, según al menos lo que están indicando todas las encuestas, es un ascenso de Vox que va a impedir al PP gobernar sin necesitar a los ultraderechistas. Entonces, lo que vamos a ver en estos meses, en este ciclo electoral, es la consolidación de Vox como un partido clave. Y vamos a ver cómo se configura ese espacio de derecha y ultraderecha que cada vez está más mimetizado porque cada vez hay menos diferencia entre lo que es el PP y lo que es Vox". 

“Yo no creo que la que la condena al fiscal general evidencie que la justicia es más dura para la izquierda que para la derecha, que pienso que lo es; pero lo que evidencia esta condena y la sentencia es muchísimo más grave que eso. Es que hay una voluntad por parte de determinados órganos judiciales, en este caso del Supremo, de interferir de una forma directa en el Poder Legislativo y maniobrar políticamente. La sentencia contra el fiscal general del Estado provoca una fractura bestial, no solo dentro del Tribunal Supremo, sino en la carrera judicial y, en mi opinión, también provoca una fractura democrática. No es la primera vez que vemos al Supremo maniobrar para cambiar decisiones políticas. Lo vimos en el caso del procés con la ley de amnistía, con esa interpretación creativa de Marchena con la malversación. Lo estamos viendo ahora con el caso del fiscal general del Estado, que es el único cargo judicial que nombra al Gobierno. Quedó bastante claro en lo que pudimos ver del juicio en diferido –recordemos que no se pudo emitir en directo, otra anomalía– que no había ninguna prueba de que el fiscal general hubiera filtrado el famoso correo. Ahora se basan en la nota de prensa y concluyen que, aunque ya se conocieran esos datos reservados, publicados en diversos medios, sigue siendo revelación de datos reservados. En fin. Esto está generando una fractura dentro de la propia judicatura. Ha sacado una nota Jueces y Juezas por la Democracia que es absolutamente demoledora. Va al fondo de la cuestión, analiza la sentencia con mirada crítica. Y creo que lo grave, lo gravísimo en este caso, es que desde el Poder Judicial se esté intentando interferir políticamente, que al final es lo que está ocurriendo aquí, desestabilizar al Gobierno”.

“El PP lleva dando una vuelta de tuerca sobre su lenguaje desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez. Ya es difícil llegar a límites mayores, es una cosa tremenda. Creo que el PP se está tirando piedras contra su propio tejado. Lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Vox es el que está sacando más rédito de todo lo que está ocurriendo y de la estrategia que está siguiendo el señor Feijóo. Es decir, Feijóo le está poniendo una alfombra roja a Abascal para que entre en un futuro Gobierno de la nación y, desde luego, para que entre en los Gobiernos de todas las autonomías. Es sorprendente. Ya sabíamos que no era un lumbreras precisamente por todo el trabajo que había venido desarrollando al frente de la Xunta de Galicia. Sigue en ese bucle ascendente que yo creo que al final lo único que provoca es una desafección en la ciudadanía brutal. Porque aquí hablamos de batalla política, pero hay una cosa más relevante, que es cómo impacta todo esto en los ciudadanos y las ciudadanas. Cuando se sube tanto el tono, cuando se fuerza tanto el discurso y se va a la hipérbole continua, lo que provoca es un desenganche por parte de los y las votantes. Y, como estamos viendo, un giro hacia lo que ahora se considera un partido antisistema, ¡manda narices!, como es Vox”.

“Creo que a Vox hoy por hoy no le perjudica casi nada porque está siguiendo una estrategia que es bastante sorprendente y es que no abre la boca. Lo único que hace es recoger los frutos de las meteduras de pata del PP, pero no abre la boca, no se manifiesta en nada, no da la razón a nadie, no se la quita nadie. No se significa. Es decir, Abascal lo que está haciendo es recoger los frutos de las meteduras de pata del PP. No le va a perjudicar nada porque en nada entran, no tienen ni argumentos sólidos, no tienen nada. Es una estrategia ganadora”.

“Me encantaría ver movimientos en la izquierda a la izquierda del PSOE en algún sentido, pero francamente veo más bien pocos. Creo que esa izquierda a la izquierda del PSOE está a por uvas. Sumar está aprovechando, o intentando aprovechar, todo lo que le está ocurriendo al PSOE para forzar leyes de vivienda, medidas al menos que resuelvan o que ayuden a las personas que no tienen acceso a la vivienda. No sé si lo va a conseguir. Pero en lo que es la estrategia política entre las distintas formaciones no estoy viendo nada. Estoy viendo la misma nada que hace unos meses, lo cual es bastante sorprendente teniendo en cuenta lo que estamos viendo a nivel global. Los ultraderechistas no solo están aquí, sino que están más fuertes que nunca”. 

“Es el mismo planteamiento que hace con todo lo demás desde esa perspectiva absolutamente androcéntrica y de abusón respecto a todo lo que ocurre a su alrededor. Lo que está haciendo en Venezuela, en el Caribe o respecto a Palestina. Y pasa un poco de la misma forma que con Ayuso, porque son dos perfiles bastante similares. Lo que hay que pensar siempre con Trump es: ¿Qué hay detrás de todo eso, detrás de su bla bla bla? Porque lo que hay detrás de su bla bla bla siempre es dinero. ¿Entonces por qué dice que Europa es una región en decadencia, formada por países débiles? Porque lo que está buscando es que se apruebe ese plan de paz entre Ucrania y Rusia. Y la palabra paz es un eufemismo en este caso, porque lo que están haciendo es una negociación económica. De hecho, quienes han estado al frente de la negociación de paz han sido dos empresarios, uno de la confianza de Trump y otro de la confianza de Putin, que lo que intentan hacer es repartirse el pastel en Ucrania para que cuando acabe la guerra, Rusia y Estados Unidos salgan bien parados en términos de negocio. En este caso, en Europa, el único que está teniendo una reacción de rechazo a las palabras de Trump es Antonio Costa. Europa se pliega una vez más ante Trump, como ya ocurrió con el tema del gasto en defensa, como está ocurriendo con todo el tema antiinmigración. Europa una vez más perdiendo los papeles y perdiendo su esencia. Esa Europa de los valores, esa Europa democrática que se va diluyendo según la marea ultra va instalándose en el mundo”.

“Yo creo que es uno de los mejores momentos para el periodismo, a pesar de los pesares. La apuesta por la inteligencia artificial de las grandes plataformas está suponiendo un mazazo en la audiencia de muchos medios de comunicación. En el caso de infoLibre es una suerte y un acierto el cómo se articuló este proyecto, que no tiene ninguna dependencia de estas plataformas y por lo tanto esto nos permite poder seguir haciendo un periodismo libre, independiente, como el que hemos hecho en los últimos años. Pero si a esto le sumamos todo el momento político nacional e internacional, creo que es un momento fascinante para hacer periodismo, para explicar las cosas bien, para ser críticos y, sobre todo, para hacer mucha investigación”. 

“Llevo en InfoLibre ocho meses. Se cumplen ahora. Y una de las cosas que más me está gustando de este medio es que es mucho más que un medio. Es un medio y es una comunidad. Es una comunidad de lectores y lectoras con los que conversamos, que nos escriben, que nos critican, que nos animan. Todo esto nos ayuda a hacer mucho mejor periodismo. Y, sobre todo, son lectores y lectoras que nos sostienen económicamente y esto nos permite poder hacer cosas que son extraordinarias. Este año, por ejemplo, hemos seguido muy centrados en contar precisamente todas estas estrategias de determinados órganos del Poder Judicial para interferir en la política. Lo estamos haciendo a través de Manuel Altozano, que escribe unas piezas fabulosas. Hemos publicado la serie de investigación sobre cómo Ayuso reparte el dinero de la publicidad institucional en la Comunidad de Madrid: sin ningún criterio objetivo, solo a medios afines y castigando a los medios críticos. Hemos hecho otra investigación, en este caso internacional, en asociación con otros medios internacionales, sobre cómo médicos que ejercen en toda Europa y que son inhabilitados por malas praxis acaban en España o en otros países, ejerciendo sin ningún tipo de traba. Podría contar muchísimos más ejemplos. Aunque nos castiguen, aunque nos insulten y aunque a muchos no les guste, será por algo. Será que les molestamos. Y desde luego, en InfoLibre vamos a seguir molestando todo lo que haga falta”.

En vísperas de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, los diferentes grupos siguen marcados por la impactante votación del 13 de noviembre, cuando la directiva sobre el deber de vigilancia de las empresas fue vaciada de contenido por la alianza de conservadores y extrema derecha. Las señales de alarma ya habían sido numerosas y esta votación confirma un peligroso cambio de rumbo que plantea importantes retos estratégicos a la izquierda y a los liberales.

Como símbolo, el texto sacrificado pertenecía al legado progresista de la legislatura anterior, que se asemejaba a un conjunto de disposiciones contra el dumping social y medioambiental. En un hemiciclo en el que las relaciones de fuerza favorecen ahora a la derecha conservadora y radical, ese texto fue víctima de los votos convergentes del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y los tres grupos nacionalistas y xenófobos a su derecha: los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), Patriotas por Europa (PfE), presidido por Jordan Bardella, y Europa de las Naciones Soberanas (ENS).

Más allá del contenido de la directiva, el episodio resultó significativo por razones puramente políticas, como el chantaje del PPE a sus socios de centro-derecha y centro-izquierda, que sin embargo habían permitido a Ursula von der Leyen (también del PPE) fuera reelegida como presidenta de la Comisión Europea. La derecha ha aprovechado al máximo una alianza de infortunio con grupos en los que abundan miembros muy afines a las ideologías trumpista y putinista.

Para los demás grupos, cuyos representantes de las delegaciones francesas han sido contactados por Mediapart, la respuesta no está nada clara. Por un lado, son minoritarios frente a un PPE aliado con el “lado oscuro” del Parlamento. Por otro lado, existe una brecha entre los nostálgicos de la globalización neoliberal que se encuentran en el grupo Renew, presidido por la macronista Valérie Hayer, y los partidos hostiles a la austeridad, al libre comercio y a la defensa europea que componen el grupo La Gauche, copresidido por Manon Aubry, de La Francia Insumisa.

Hay un diagnóstico en el que todos están de acuerdo: impulsar una agenda progresista en el Europarlamento, sea cual sea su grado de radicalidad, es más difícil que nunca en esta nueva configuración. “El problema no es solo la deslealtad de ese grupo hacia sus socios, sino su connivencia con fuerzas hostiles a los valores que justificaron el nacimiento de la Unión Europea”, dice indignado el ecologista David Cormand.

“Esa votación era una prueba importante para la plataforma que apoya a Von der Leyen”, opina Valérie Hayer. “Pero creo que el PPE ha cometido un error estratégico. Con la esperanza de luchar contra el avance electoral de la extrema derecha, en realidad está contribuyendo a su notoriedad y a sus futuros éxitos. En cualquier caso, el resultado va a generar tensiones. Si no se vuelve rápidamente a un formato de mayoría proeuropea, toda la agenda de trabajo de la legislatura puede verse afectada negativamente”.

“Se nota que estamos en un momento de cambio”, confiesa la insumisa Leila Chaïbi, “y lo vivimos a diario en las comisiones de trabajo del Parlamento. Lo interesante hasta 2024 era que, incluso siendo miembro de un grupo pequeño, se podían construir coaliciones para lograr avances, de forma más flexible que con las fronteras fijas del espacio francés. Se habían podido constituir mayorías progresistas hasta Renew e incluso el PPE, por ejemplo, en la directiva relativa a los trabajadores de las plataformas.

“Recientemente, en la Comisión de Vivienda, vi cómo el ponente español del PPE  [Borja Giménez Larraz, del PP, ndt] empezaba a construir su mayoría en la extrema derecha”, dice Chaïbi. “El nuevo peso de ésta ha cambiado todo. Esta situación nos obliga aún más a unirnos entre los grupos de izquierda, sincronizando mejor nuestras estrategias. También se ha vuelto más importante atraer a Renew hacia nosotros.” 

Para varios de los eurodiputados entrevistados, el triste destino de la directiva sobre el deber de vigilancia no debe eclipsar, sin embargo, el hecho de que los grupos denominados “proeuropeos” no hayan cedido al chantaje del PPE. Al no ceder, le han obligado a revelar públicamente sus intenciones, lo que puede empañar su imagen.

“Renew y los socialdemócratas se han mantenido firmes”, se congratula David Cormand. “El PPE se quedó aislado con tres grupos de extrema derecha. Es útil revelar que prefieren hacer política conjunta con los fascistas. Pero la votación sobre el deber de vigilancia también nos da munición para ‘señalar’ a la extrema derecha. Vamos a poder decir que Jordan Bardella, Marion Maréchal y sus amigos han hecho causa común con las multinacionales contra las clases populares y que ahora son responsables de las políticas de la UE”.

“Los ciudadanos europeos han podido ver cómo el PPE se ha aliado con los nacionalistas al servicio de los lobbies de las grandes empresas”, señala también Raphaël Glucksmann, satisfecho de que los socialdemócratas hayan “asumido la confrontación entre la izquierda y la derecha”. “Sabemos que ya no estamos en un Parlamento en el que podíamos aprobar leyes progresistas con los centristas”, añade. “Pero hay una diferencia entre hacer concesiones defensivas y firmar por el desmantelamiento puro y simple de las leyes que habíamos aprobado.”

Sin embargo, durante la tramitación del texto que revisaba el deber de vigilancia, la líder del grupo socialdemócrata, la socialista española Iratxe García, se vio tentada a ceder ante el PPE. De hecho, la exasperación de los socialdemócratas rara vez va más allá de la retórica. Saben que sin ellos no es posible ninguna mayoría “proeuropea”, pero también que no tienen ninguna mayoría alternativa para oponerse al PPE. De ahí su reticencia a entrar realmente en “conflicto” con ellos.

Otros son menos pudorosos. Manon Aubry lo asumió ante Mediapart, reivindicando “una postura de resistencia” frente a una comisión “que está deshaciendo los avances de la legislatura anterior”. Ella ha sido la impulsora de la primera moción presentada por la izquierda contra Ursula von der Leyen, el 9 de octubre. Su fracaso fue tan claro como el de las mociones presentadas por la extrema derecha: solo obtuvo 133 votos y 383 eurodiputados votaron en contra (78 se abstuvieron).

El ecologista David Cormand, aunque votó a favor de la moción por solidaridad, se muestra molesto por el estilo de los insumisos en el Parlamento Europeo. “La postura de oposición pase lo que pase no va a ninguna parte”, opina. Podemos protestar y mostrar nuestra pureza, pero eso no tiene ningún valor pedagógico. Y en lugar de atacar a los traidores de la izquierda que no se oponen con suficiente vehemencia, es mejor avergonzar a la derecha hablando de su alianza con la extrema derecha.” 

Aunque las diferencias estratégicas son evidentes desde las filas liberales hasta las de la izquierda radical, tampoco son muy allá. Incluso dentro de Renew, confiesa una voz interna anónima, algunos miembros moderados han explicado a sus colegas que, en sus países, una traición como la cometida por el PPE en materia de deber de vigilancia habría bastado para hacer caer al gobierno.

Pero de ahí a que los liberales se planteen censurar a Von der Leyen hay mucho trecho. No obstante, se ha iniciado el debate interno sobre los medios para construir una relación de fuerzas. “Hemos entrado en aguas turbulentas. Ahora hay que pensar en cómo presionar al PPE para mantenerlo a bordo, en nuestro interés y en el de Europa”, afirma la misma fuente de Renew.

En el otro extremo del espectro político, la insumisa Leila Chaibi subraya que “la política de confrontación pública, partiendo de la constatación de que ya no hay nada que sacar de los nuevos equilibrios en el Parlamento”, no es algo que esté grabado a fuego.

“En la Comisión de Mercado Interior”, nos dice, “no hay mucho que esperar. Pero en la Comisión de Empleo es diferente. Si se puede alcanzar un marco legislativo sobre la gestión algorítmica permitida por la inteligencia artificial en el trabajo, vale la pena ser útil y no conformarse con una función tribunicia.”

A pesar de su disciplina, el PPE no es un bloque monolítico, y algunos quieren intentar apelar a la responsabilidad de los sectores sinceramente proeuropeos. Y es que el chantaje del PPE no va a funcionar siempre. En algunos ámbitos, los conservadores seguirán dependiendo de socios de centro-derecha y centro-izquierda a los que les conviene no molestar demasiado.

“En cuestiones medioambientales y sociales”, resume Raphaël Glucksmann, “probablemente habrá una oposición izquierda-derecha más clara. Por el contrario, en materias de defensa y presupuesto, el PPE no podrá formar alianzas por detrás, dadas las posiciones antagónicas de la extrema derecha. Por nuestra parte [la de los socialdemócratas, ndr], debemos reflexionar sobre los temas que puedan justificar que les amenacemos con un bloqueo”.

“En materia de presupuesto”, confirma David Cormand, “el PPE podrá apoyarse en la extrema derecha para algunas enmiendas, pero al final no podrá contar con ellos para votar el conjunto. Tendrá que ‘negociar’ con los grupos proeuropeos. Además, hay textos con los que será posible poner en aprietos a la derecha, por ejemplo, sobre los ingresos de los agricultores o sobre lo digital, haciendo imposible que se alejen de nuestras propuestas.”

No obstante, el espacio UE refleja cada vez más la complacencia de la derecha conservadora con la extrema derecha a escala de Estados miembros. En algunos países, forman parte de la misma coalición gubernamental (Italia, Finlandia) o se apoyan mutuamente desde el Parlamento para la supervivencia del ejecutivo (Suecia). En otros (Dinamarca, Francia, Austria, Portugal...), la recuperación de las obsesiones nativistas por parte de las fuerzas de la derecha convencional se ha convertido ya en algo habitual.

“Las derechas de hoy en día”, escribía en octubre en Esprit Martin Delheixe, profesor de teoría política en la Universidad Libre de Bruselas, ya no alaban un espacio de paz europeo concebido para desarmar el nacionalismo, ni la creación de un mercado único motor del crecimiento y la innovación. Están mucho más dispuestas a denunciar la pérdida de soberanía que conllevaría una supuesta tutela de las cancillerías nacionales por parte de Bruselas o Estrasburgo [en referencia a la Comisión o al Parlamento, ndt].”

Cuando el tema de la migración vuelva a ocupar un lugar destacado —se están preparando tres textos para completar el marco legislativo del Pacto Europeo sobre Asilo y Migración—, las consecuencias de esta deriva podrían ser muy visibles. Y la “mayoría” de Von der Leyen, ahora mismo de geometría variable, podría volver a ponerse a prueba.

Traducción de Miguel López

El inicio del segundo mandato de Ursula von der Leyen está siendo un camino tortuoso de pequeñas crisis políticas que pueden derivar en una enmienda a la totalidad. Cuando fue elegida en 2019, la covid no había brotado y la alemana disfrutó de un primer año tranquilo. En 2022, Rusia atacaba Ucrania y ella puso su ya engrasada Comisión Europea al frente de las sanciones de los 27 contra Moscú. Pero ahora, con la guerra de Ucrania todavía sangrando y el genocidio de Gaza tensando las costuras de su coherencia política, el Parlamento Europeo no da respiro. Acaba de superar dos mociones de censura –y ya van tres en total–, mientras sus presupuestos para la UE son más que discutidos. El PP europeo, su familia política, lidera esta última gran revuelta.

El borrador del Marco Financiero Plurianual para 2028-2034 presentó importantes cambios en sus partidas y estructura. Contemplaba una reducción de los fondos para agricultura y pesca al tiempo que disparaba las inversiones militares. Estos recortes levantaron críticas en España, Francia, Italia o Polonia, algunos de sus principales receptores y grandes socios comunitarios. Sin embargo, Von der Leyen contaba con que sus camaradas, los democristianos del Partido Popular Europeo, le diesen el suficiente apoyo en la Eurocámara para contar con una baza negociadora ante los países. Un sostén que, contra todo pronóstico, se está quebrando.

En los comités parlamentarios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Pesca, Desarrollo Regional o Asuntos Económicos y Monetarios, eurodiputados conservadores levantan la voz contra la propuesta presupuestaria de la Comisión. Reuniones en privado entre el equipo de la presidenta e importantes legisladores populares no han calmado los ánimos en Bruselas y esta semana hasta el líder de la bancada, Manfred Weber, ha reconocido que “los problemas se están discutiendo entre amigos”.

Las palabras del alemán, rival de Von der Leyen dentro de la CDU, no ocultan la crisis abierta ahora mismo entre los populares con su Comisión, donde controlan a la mayoría de comisarios. “Somos el gran partido, así que la gran mayoría de alcaldes y líderes regionales están dentro de nuestra familia del PP europeo, pero somos también el partido de los campesinos”, explicó Weber, “y en ambos aspectos no estamos plenamente satisfechos con los programas nacionales de reformas”.

Porque Von der Leyen y su comisario de Presupuestos incluyeron, además, en el borrador de los siguiente presupuestos comunitarios una novedosa arquitectura en la que Fondos de Cohesión y la PAC se fusionaban para su distribución en paquetes nacionales individuales a cada Estado miembro. Weber puso el dedo en la llaga al criticar que “se concentran las decisiones del presupuesto de la UE en las capitales”.

El popular croata Karlo Ressler es una de las voces discordantes con la Comisión. “Los fondos europeos son un catalizador clave de inversión, por lo tanto es crucial mantener la política de cohesión. Las autoridades regionales y locales deben seguir involucradas”, denuncia sobre la propuesta de que Bruselas y las capitales dirijan las partidas de cohesión y agrícolas. “Los fondos europeos no pueden convertirse en una mera colección de planes nacionales bajo la excesiva centralización de la Comisión”

Los legisladores populares muestran sus dientes conscientes de las explicaciones que tendrán que dar en sus circunscripciones ante electores del mundo de la agricultura y la ganadería, al tiempo que sus jefes locales pueden exigir responsabilidades si el pastel a repartir es menor, y también quedan de lado en su gestión. De ahí que Andrey Novako, coordinador de los conservadores dentro de la Eurocámara en las cuestiones de cohesión, ya hable de “un poder de veto” en cualquier reforma que vaya en detrimento de las regiones. “Estamos sobre el terreno, vemos y escuchamos, tenemos nuestros líneas rojas, sobrepasarlas sería un obstáculo para aprobar el presupuesto a largo plazo”, asegura el búlgaro.

La amenaza de tumbar las cuentas va tan en serio que Von der Leyen y el comisario de Presupuestos, el polaco Piotr Serafin, antigua mano derecha del primer ministro Donald Tusk, uno de los líderes populares del continente, muy probablemente van a tener que rehacerlas, de ahí las reuniones privadas que se están manteniendo en Bruselas. Otro eurodiputado popular de peso, el rumano Siegfried Muresan, ha advertido que “no vamos a aprobar un presupuesto que promueve planes nacionales fragmentados sin vínculos con los objetivos europeos”. 

Por si la revuelta de los socios del este –bastión de votos, escaños y gobiernos conservadores– no fuese suficiente, en España e Italia las aguas tampoco bajan calmadas entre las filas populares. Según las cuentas de la Comisión, el Marco Financiero Plurianual del 2028-2034 ascendería a los dos billones de euros y el 48% de ese dinero se destinaría a estos controvertidos Planes Nacionales y Regionales. Forman el primer gran pilar de  la propuesta, con 300.000 millones para agricultura y otros 218.000 millones para cohesión. Cifras inferiores a las transferencias actuales que no gustan ni en Madrid ni en Roma.

El italiano Herbert Dorfmann, voz autorizada en cuestiones agrícolas, califica como “un desastre e incoherente” las partidas destinadas al campo. Dorfmann, tirolés italiano y línea directa con sus colegas austriacos, cree que “tras dos años escuchando a la presidenta de la Comisión decir lo importante y estratégica que es la agricultura”, el recorte de fondos y su fusión con los regionales es “inaceptable”. Se suma la popular española, Carmen Crespo, quien cree que existe “la necesidad de establecer un presupuesto independiente y sólido” para el campo e insiste en que ya en septiembre el Parlamento Europeo, con su Informe de Iniciativa sobre el futuro de la PAC, dejó claro que “rechaza firmemente el fondo único y el recorte del 22% que fija la Comisión Europea en su propuesta”.

Los recortes para agricultores y ganaderos han provocado fuertes protestas en las calles de Bruselas, con tractoradas, balas de paja incendiadas o piquetes frente al Parlamento Europeo. El campo tiene a Von der Leyen en el ojo de su diana y ella confiaba con el apoyo de los suyos para sacar adelante los presupuestos de la UE. La otra gran pata parlamentaria en la que apoyarse, los socialdemócratas, los calificaron como “una auténtica barbaridad” que supondría “el final de la agricultura europea”. Si quiere superar esta moción, a la presidenta de la Comisión le tocará rehacer sus números.

Unos lo llaman “Resetear Europa”. Son los autodenominados Patriots, la tercera fuerza política del Parlamento Europeo, de la que forman parte los partidos del primer ministro húngaro, Viktor Orbán; del líder ultra francés Jordan Bardella; el Chega portugués; la Lega italiana; el FPÖ austriaco o el español Vox.

Otros han optado por calcar el lema de Donald Trump y hablan de “Hacer Europa Grande otra Vez”. Son los miembros del grupo de Conservadores y Reformistas, donde están el PiS polaco y Los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, entre otras formaciones extremistas.

Militan en grupos diferentes y discrepan de muchas cosas, pero los objetivos finales de ambas versiones de la extrema derecha en materia europea son perfectamente reconocibles: promover la soberanía nacional, limitar la intervención de la Unión Europea, defender la identidad cristiana (en particular en contraposición a la religión musulmana), oponerse a la inmigración y cancelar el Pacto Verde Europeo.

Ya no buscan que sus respectivos países abandonen la UE. Lo que quieren es reducirla al mínimo, frenar los intentos de federalizar Europa y bloquear cualquier iniciativa que plantee llevar el proyecto de la Unión a un nivel superior de integración.

Las dos patas del movimiento ultra europeo llevan años trabajando documentos en los que tratan de dar forma a este programa y, desde hace poco, como explica en un artículo reciente Cesáreo Rodríguez, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, ya cuentan con un texto unificado: El Gran Reseteo. Restaurar la soberanía de los Estados miembros en la Unión Europea. Una propuesta con dos escenarios mediante una reforma institucional para una nueva UE.

Rodríguez señala un doble problema: “De un lado, la UE es incapaz de convertirse en actor geoestratégico internacional relevante por la cortedad de miras y el tacticismo de las élites europeístas y, de otro, no cesa de aumentar la oposición de las derechas reaccionarias en toda Europa a la supranacionalidad”. La política de las autoridades comunitarias “no puede ser más miope”: no culmina la unión económica y monetaria, articula un plan de rearme estrictamente estatal, no dinamiza la transición energética, no implementa a fondo los cambios digitales y tecnológicos, mantiene políticas migratorias restrictivas y es incapaz de impedir que los regímenes iliberales instalados en algunos de los Estados miembros prosperen sin dificultad.

Frente a esta estrategia, cada vez mejor coordinada, de las extremas derechas europeas —con el apoyo indisimulado de Donald Trump—, los grandes partidos que construyeron Europa, representados hoy por el PP Europeo y por los Socialistas y Demócratas Europeos, parecen no tener un relato propio. Si tienen un objetivo claro, definido para hacer avanzar el proyecto europeo, hace ya tiempo que dejó de ser reconocible.

¿Están ganando los ultras el relato europeo? Andrés Ortega, licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, escritor y analista, no cree que los partidos tradicionales hayan renunciado a construir un relato ambicioso sobre el futuro de Europa. El problema es que “no saben hacia dónde ir en cuestión de integración europea”. Les “resulta difícil” admitir, después de siglos de dominio, que el mundo ha cambiado y ha dejado de ser eurocéntrico y occidental.

Desde la crisis de 2008, explica este experto —reciente ganador del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por Soledad sin solitud (Nobel, 2025)— Europa no se ha recuperado. Y la dependencia militar, económica, financiera, tecnológica y cultural de Estados Unidos se ha incrementado. “Europa se ha quedado atrás”. Si es “difícil construir un relato a 27, no digamos ya una política exterior o de seguridad y defensa común”.

La globalización de bienes, servicios, capitales y personas puesta en marcha por la UE, unida a la revolución tecnológica en curso, “está vaciando las clases medias”. De ahí el “rechazo a la globalización por parte de la ultraderecha y a la inmigración, necesaria en una Europa que envejece rápidamente, pero que transforma las identidades”.

Adam Majó, director de l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics de la Generalitat y autor de Europa, la utopia practicable (Icaria, 2022), asegura que las diferentes corrientes políticas europeas mantienen “una ambigüedad desesperante” en relación con el modo en el que imaginamos y queremos que sea la UE para 2040.

“El EPP (Partido Popular Europeo, por sus siglas en inglés) practica un europeísmo retórico”, señala. Se niega a avanzar si no es a base de crisis sobrevenidas como el covid o la guerra de Ucrania y, mientras tanto, “sostiene un discurso abiertamente nacionalista en cada uno de los países”. Entretanto, el europeísmo de la socialdemocracia, aunque “es más honesto”, asegura, no es capaz de traducirse “en un horizonte ambicioso y comprensible”.

Liberales y Verdes, en cambio, se atreven a plantear propuestas más abiertamente federalistas y postnacionalistas, mientras que la izquierda de tradición marxista, aunque ha superado el antieuropeísmo de la Guerra Fría, mantiene “una actitud estrictamente reactiva que la incapacita para plantear alternativas de conjunto”.

“La extrema derecha emplea todas las referencias a Europa como un componente muy asociado al voto contrario a las élites”, explica a su vez Pablo Simón, politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid. El también autor de Entender la política (Alfaguara, 2023), describe la capacidad de los ultras de manejar “varias pelotas al mismo tiempo”. De un lado, la crítica del déficit democrático, que en su lenguaje consiste en decir que “nadie sabe muy bien quiénes son estos burócratas que nos mandan, mientras que nuestros parlamentos nacionales no se enteran de nada, y eso no puede ser”. En segundo lugar, la idea de que son “élites que están compradas y que trabajan a favor de las clases financieras, de lo woke, de la Agenda 2030, de todo este conglomerado que ellos llaman ‘marxismo cultural’”.

Simón da mucha relevancia a que los ultras ya no propongan dejar la UE, sino cambiarla desde dentro para “que vuelva a ser meramente una suerte de alianza entre diferentes países”. Quieren echar el freno a “la nación europea” y sustituirla por una mera cooperación entre las naciones.

En su opinión, la aparente falta de discurso y de proyecto por parte de los partidos tradicionales —los que han protagonizado la construcción europea— tiene más que ver con el hecho de que, por ejemplo en España, “el consenso es muy amplio” y “no es un tema divisivo”. Pero también “es verdad que, en general, es más complicado defender el statu quo. La Unión Europea es un artefacto difícil de gestionar”, mucho más que la idea que los ultras tratan de proyectar de que, si deshaces la Unión Europea, puedes avanzar hacia más prosperidad de la nación”.

El “gran reseteo”, explica Ortega, no es una propuesta “coherente”. “Es muy epidérmica o reactiva”. No responde a un análisis profundo o realista. “No hay, por ejemplo, alternativa al euro o al mercado único, salvo romperlos”.

“La integración europea ha avanzado tanto” —prosigue este experto— “mucho más de lo que pensaron los padres fundadores, que lo que ahora se plantea toca a lo más profundo que queda de la soberanía nacional: la defensa, los impuestos, la seguridad, la cultura, los idiomas, después de haber comunitarizado asuntos como la inmigración”. De ahí la resistencia que tratan de agitar los ultras.

Pero es un espejismo hablar de “recuperar soberanía”, prosigue Ortega. “Ese mundo ha quedado atrás. Y estas extremas derechas europeas (no hay solo una) no se percatan de que, para competir con los nuevos actores globales —no solo Estados o China, sino unas empresas de un tamaño y un alcance nunca vistos antes en la historia, ninguna europea—, el repliegue en la idea nacional solo llevará al fracaso”.

Majó, a su vez, sostiene que “en todo lo que dice la extrema derecha hay un 80% de propaganda y un 20% de propuesta política”. “El discurso antieuropeo (anti-Bruselas, en realidad) no pretende tanto deshacer lo hecho (nadie propone ya dejar la UE o el euro) sino impedir avances futuros”, opina. “Y, sobre todo, blindar la estructura intergubernamental (de club de Estados) de la Unión”.

Es decir, “vetar cualquier intento de reformar los tratados para democratizar la UE y dar más poder al Parlamento y menos al Consejo”. En consecuencia —continúa— “también se oponen a dar más peso político, autonomía y presupuesto a la Comisión, a culminar la armonización fiscal o bancaria y a establecer y garantizar derechos sociales comunes”.

El problema es que, “en este empeño en congelar la estructura de la Unión, la extrema derecha encuentra aliados explícitos e implícitos en las dos grandes familias políticas europeas y, desgraciadamente, también en la izquierda”. Y que el planteamiento estrictamente aliancista fragiliza la Unión, porque en él prevalece el interés nacional inmediato al común. En consecuencia, la posibilidad de nuevos exits y del fin del proyecto común es también muy real.

Entre esos aliados más o menos explícitos de los ultras está la socialdemocracia danesa, cuya primera ministra, Mette Frederiksen, acaba de hacerse cargo de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión. La Meloni del norte, como la conocen en Bruselas por sus propuestas en materia de inmigración, pero también una firme partidaria del rearme europeo, aun a costa de hacer que sus conciudadanos se tengan que jubilar a los 70 años para poder pagarlo.

En este contexto, el presidente Pedro Sánchez “está más aislado que nunca”, ratifica Simón. “En términos de construcción europea tenemos un Consejo en el que hay una mayoría de derecha y de extrema derecha”. El proyecto europeo “vuelve a estar en una posición en la que los avances en favor de la integración son difíciles, porque tenemos otra vez muchos shocks al mismo tiempo”, de los que, “probablemente, la relación transatlántica sea el mayor de todos”.

Ortega hace memoria y recuerda que la cuestión migratoria no es nueva; lleva pesando en Europa desde hace lustros. “Recuerdo unas encuestas en los 90 que reflejaban cómo empezaba un rechazo a la inmigración (sobre todo africana) en todos los partidos en España”. Es una cuestión identitaria “que mira hacia el pasado más que hacia el futuro. Ahora bien, ahí está. Y si no se controla la inmigración, se generará un rechazo hacia otras políticas que propugnan los partidos del centro y alrededores”.

En cuanto a la defensa, “el discurso único” sobre la guerra de Ucrania ha terminado por hacer mella, más aún cuando “cunde la duda” sobre la garantía de disuasión y defensa de EEUU. “Pero el crecimiento en los gastos de defensa lleva ya en curso varios años”, recuerda. Aunque, “claro, no es lo mismo estar en Dinamarca —que además siempre ha sido más atlantista que europeísta— que verlo desde España o Italia, con unas percepciones de amenaza diferentes”.

El caso de Mette Frederiksen refleja, en opinión de Majó, “un cierto consenso en torno a planteamientos nacionalistas que, por otro lado, son también más hegemónicos que nunca a nivel mundial”. Y ocurre en un momento en que la ciudadanía ligada a la nacionalidad (el pasaporte) se ha convertido en la principal fuente de desigualdad del mundo, por encima (pero en estrecha relación) de la racialidad, del género, de la opción sexual e incluso de la clase social en sentido estricto.

Y advierte: “Las propuestas que tienden a separar identidad nacional de derechos —y la UE, con todas sus contradicciones, va en ese sentido— tendrían que ser una prioridad para la izquierda”. Más teniendo en cuenta que esta despolitización de lo nacional no implica (o no tendría que implicar) perder diversidad cultural o lingüística, sino todo lo contrario.

¿Y el futuro? Uno de los problemas —subraya Andrés Ortega— es que el discurso sobre Europa de las extremas derechas “ha contaminado al resto de las fuerzas políticas, temerosas de perder votos, sobre todo ante estas dos cuestiones: la inmigración y la identidad”. Aunque hay otro elemento que también viene de lejos: la crisis de la política en toda Europa, donde faltan liderazgos nacionales con una proyección europea. ¿Qué líder nacional es un líder europeo, siquiera conocido por el resto de los europeos? “Quizás la única que se me ocurre sea Meloni…”, señala.

El problema que viene —añade Adam Majó— no es tanto que la derecha (la nueva y la vieja) refuerce su discurso securitario, fronterizo, nacionalista y racista, “sino que la izquierda sea incapaz de aprovechar oportunidades históricas como la integración europea para reivindicar la universalización de los derechos civiles, políticos y sociales”.

O para promover la libre circulación de personas dentro y fuera de la Unión; para superar el occidentalismo y apostar por el multilateralismo; para “priorizar el soft power basado en el comercio” y la coherencia “en vez de la doble vara de medir” y el militarismo; y para construir una identidad europea basada en una diversidad propia de Europa, que va mucho más allá de 27 Estados y sus respectivas lenguas oficiales. “En ese sentido, los movimientos políticos de los pueblos sin Estado de Europa podrían ser un aliado más que un obstáculo en la construcción del mosaico —que no rompecabezas— europeo”.

Más que un riesgo de retroceso, en este contexto Pablo Simón cree que el proyecto europeo corre riesgo de entrar en “una senda de decadencia”, cuando no “de parálisis”. Tanto el informe Letta (abril de 2024) como el informe Draghi (septiembre de 2024) dicen que “hay que avanzar en términos de integración, ser más ambiciosos y apostar más por determinadas ventajas comparativas”. Pero “en términos políticos, cuesta”.

“El riesgo, más bien, es que sigamos avanzando demasiado lento en un mundo que se mueve enormemente rápido. En el que la competencia entre China y EEUU terminará haciendo que nuestro peso, en términos agregados, sea menor”, resume el profesor de la Carlos III.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su intención de celebrar, tras ocho años sin hacerlo, el congreso nacional del partido para celebrarlo el 5 y 6 de julio en Madrid y ha confirmado que presentará su candidatura para seguir siendo su presidente, según recoge EFE. Ante los barones del partido, reunidos en la Comisión Ejecutiva Nacional, ha apostado por celebrar ese congreso para "activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva sólida y decidida".

"Sí, vamos a pasar del cónclave del papa al cónclave del PP", ha proclamado el líder popular, quien ha explicado que lleva tiempo reflexionando sobre lo oportuno de adelantar el congreso, una decisión que ha tomado por "la decadencia del Gobierno" ante los numerosos casos de corrupción en su entorno. Ha citado, en este contexto, la imputación de la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el procesamiento de su hermano, David Sánchez y las "sospechas" sobre el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz.

Un Gobierno, ha añadido, "obligado a hablar de lingotes, de fiestas, de furgonetas y de becarias", que tiene un "apoyo fijo-discontinuo en el Consejo de Ministros" y que es "inexistente en el Congreso", ya que no tiene presupuestos, ni tampoco "vergüenza".

El Partido Socialista, ha firmado, "ha sido expropiado por el sanchismo", mientras que a Vox "se les ha caído el patriotismo porque han antepuesto una palmadita en la espalda de sus aliados extranjeros a los intereses" de España. Por todo ello y porque no se fía de Sánchez, ha agregado, hay que "estar preparados" para salir "de esta trampa política" y "activar el modo futuro" porque "no hay un solo minuto que perder".

"Este Gobierno está ya en su cuenta atrás dure lo que dure (...) y nosotros tenemos que activar ya el contador del cambio, con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante", ha insistido. Feijóo ha detallado que el próximo lunes se celebrará una junta directiva para someter a consideración esta propuesta y ha especificado que se ha elegido Madrid para "facilitar los desplazamientos" a los afiliados del partido.

El líder popular ha dicho que, pese a ser un congreso extraordinario por el hecho de celebrarse antes de que venzan los cuatro años, "debe ser ordinario desde el punto de vista de las ideas y del proyecto" y por ello se buscará salir de él con una política marco de prioridades y unos estatutos que definan el funcionamiento interno.

Si se tienen en cuenta los estatutos del partido, que estipulan que la periodicidad de los congresos es de cuatro años, el encuentro se adelanta un año. El último cónclave popular —que fue también un congreso extraordinario— se celebró en abril de 2022 en Sevilla y fue precisamente cuando Alberto Núñez Feijóo asumió la presidencia del partido tras la polémica salida de Pablo Casado.

La llegada de Feijóo puso punto y final a una de las etapas más oscuras del partido, una crisis inédita que acabó con Casado fuera de la política tras su enfrentamiento frontal con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien precisamente es una de las voces que ha pedido el adelanto del congreso.

En política, la actualidad manda. Una noticia nueva tapa otra anterior, un acontecimiento reciente es informativamente más relevante que uno ocurrido hace meses, aunque la magnitud del segundo sea mayor. Y eso es precisamente lo que ha pasado en los últimos días con el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se preveía complicado para un cuestionado Carlos Mazón, anfitrión involuntario y fugaz del evento, en el momento en el que se cumplía medio año tras la dana que dejó 227 muertes a su paso y miles de damnificados en cinco comarcas valencianas que todavía no han recuperado la normalidad. Sin embargo, finalmente fue el apagón masivo y no el jefe del Consell el que acaparó las conversaciones del evento.

En la dirección del PP español, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, asumían con resignación que el cónclave giraría en torno a Mazón pese a que, teóricamente, el protagonista era el alemán Manfred Weber, reelegido como líder de los populares europeos con el 89% de los votos, y su nueva secretaria general, Dolos Montserrat. La manifestación convocada el pasado lunes y las protestas anunciadas a las puertas de la Fira de València hacían prever que el foco informativo se desplazara hacia el valenciano, como ha ocurrido en los últimos meses. Pero a Mazón le salvó el apagón, ya que la manifestación se trasladó al martes —y su afluencia fue mucho más baja que en citas anteriores— y las protestas frente al congreso se diluyeron.

El president se borró de la foto el martes escudándose en la crisis provocada por el apagón tras solicitar la declaración de emergencia nacional, que la propia Generalitat pidió al Ministerio del Interior, a diferencia de lo que ocurrió los días posteriores a la dana. Tras rebajar el nivel de alerta, sí acudió este miércoles pero su presencia fue fugaz —no estuvo ni dos horas— aunque sí acaparó más focos que Feijóo, Weber y el expresidente José María Aznar juntos. El líder del PP no pudo esquivar la foto con Mazón, con el que no se le había vuelto a ver en público desde el pasado mes de enero, pero evitó prodigarse con él más de lo necesario.

La presencia del valenciano en el cónclave no constaba en su agenda institucional y tampoco en las previsiones del PP. A su llegada intercambió un breve saludo con Weber y Von der Leyen, realizó declaraciones a la prensa, se paseó por el recinto y se fue. No se quedó a la foto final de la familia europea y, aunque desde su equipo lo justificaron por el viaje a Estados Unidos por la crisis de los aranceles, también sirvió al PP para librarse del que sigue siendo su dirigente más problemático, hasta el punto de que tanto el presidente andaluz Juanma Moreno como el murciano Fernando López Miras evitaron la foto con él a su llegada a a la Fira de València.

La riada también pasó desapercibida incluso en el propio cónclave europeo, con breves referencias por parte de los dirigentes españoles y olvidada totalmente en el caso de otros, como Weber, Merz y la presidenta de la Comisión Europea que no la citó en ningún momento en su discurso del martes, pese a que las víctimas le llevan reclamando insistentemente una reunión, que se celebrará el próximo 13 de mayo en Bruselas. "Iba a ser el congreso de Mazón y ha sido el del apagón", resumían, ufanos, desde el entorno del presidente popular.

Con todo, el apagón también eclipsó el propio congreso de los conservadores europeos, que no lograron colocar ni uno de sus mensajes incluyendo al propio Feijóo, que buscaba exhibir su influencia en Europa pero que solo logró embarrar al disparar duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de la oposición le acusó de ocultar la verdad sobre lo ocurrido el lunes y lo hizo ante sus colegas de partido, que, sin embargo, evitaron hacer seguidismo de los ataques del PP español contra el Ejecutivo.

El propio Feijóo fue el que dijo desde la tribuna, el martes, que entre sus compañeros la pregunta más repetida era qué había pasado el día anterior en España. "Me gustaría daros respuestas, pero no puedo hacerlo porque la información no es clarificadora ni contrastada" señaló el conservador, para añadir que, al final, "todo se sabrá" pero que Bruselas deberá interceder para "saber la verdad". Al expresidente de la Xunta de Galicia no le parecieron suficientes ni satisfactorias las dos comparecencias del socialista a lo largo de ese lunes, una por la tarde y otra por la noche, ni tampoco la llamada que le realizó el día posterior.

La presencia de Aznar este miércoles tampoco ayudó a darle más protagonismo al congreso. El expresidente cargó contra Sánchez, tachándolo de "incompetente" y "sectario". Al igual que el día anterior Feijóo, reclamó a la Comisión Europea su intermediación pero, en este caso, para poner coto al socialista por "estar degradando el Estado de Derecho", "quebrando la independencia judicial" y "gobernando sin el Parlamento" por la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado. El PP lleva años tratando de que Bruselas se sume a su guerra contra el presidente del Gobierno español pero hasta la fecha no ha tenido éxito.

El próximo martes arranca en Valencia el Congreso del Partido Popular Europeo, una cita que llega con la formación en máximos históricos de representatividad, en la que Alberto Núñez Feijóo ejerce como anfitrión, y que irremediablemente tendrá el foco puesto en el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, según informa EFE.

"Faltaría más", respondió el pasado miércoles a la prensa Mazón, tras ser preguntado por si participará en el congreso los dos días, 29 y 30. No está claro a qué actos acudirá el político ni cuánta relevancia tendrá en un evento al que acudirán figuras de peso en el partido, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este lunes tendrá lugar en Valencia la séptima marcha para protestar contra la gestión de Mazón de la dana, que acabó con la vida de más de doscientas personas el 29 de octubre, y ya se están empezando a anunciar actos de protesta para los días del Congreso.

La tarde del martes, frente al Museo de las Artes y las Ciencias en València, una de las sedes del encuentro político, un grupo de asociaciones se concentrará para denunciar la negligencia política del gobierno de la Generalitat.

Von der Leyen, se reunirá con las asociaciones de afectados el próximo 13 de mayo, a raíz de que estos se lo solicitasen recientemente a través de una carta. Lo hará en Bruselas y no en Valencia como le habían pedido, a la vez que reconoce el derecho de los familiares de las víctimas de ser escuchadas, según su contestación, adelantada por elDiario.es

Valencia fue elegida como sede del Congreso en julio del año pasado, como premio al éxito de Feijóo en las elecciones europeas de junio de ese año, que logró ganar en España con 22 eurodiputados y el 34 % de los votos.

Sin embargo, el Partido Popular intentó hace unas semanas que se cambiara de sede y se trasladara a Madrid, aludiendo al hecho de que había plenos y votaciones en el Congreso de los Diputados que iban a dificultar la participación de la delegación española.

Pero según explicaron a EFE fuentes del PPE, la controversia por la presencia de Mazón fue el verdadero motivo del intento de cambio, que no pudo salir adelante por temas económicos, por los contratos ya firmados con proveedores.

No habrá finalmente tampoco pleno esta semana, después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, accederá a comienzos de este mes a cambiar las fechas.

Feijóo afronta el congreso con la misión de consolidar la influencia de la formación española en la europea, que quedará de manifiesto con la confirmación de Dolors Montserrat como nueva secretaria general del PPE, tras ser nominada por el líder del partido, el alemán Manfred Weber.

Será la primera mujer en ocupar este cargo de confianza del presidente, que vuelve a manos españolas después de que Antonio López Istúriz lo ocupara durante dos décadas, entre 2002 y 2022, y que antes de él lo hiciera Alejandro Agag.

Con su elección queda latente el interés de Weber de acercarse a los populares españoles, la segunda delegación nacional más potente dentro del PPE tras los alemanes.

La formación española se sitúa así de nuevo en la cúpula del PPE en pleno máximo histórico de este partido, dominante en las tres instituciones europeas.

Según el programa del Congreso, durante las dos jornadas se abordarán "problemas críticos" como la guerra de Rusia en Ucrania, el aumento del coste de la vida y "las crecientes amenazas del populismo y el extremismo".

Aunque no hay una referencia directa, el encuentro se produce en plenas negociaciones para evitar que entren en vigor los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la Unión Europea.

Y también cuando el propio PP se encuentra negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez el apoyo a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de los aranceles, negociaciones afectadas por la aprobación del Consejo de Ministros esta pasada semana de un plan para aumentar el gasto de España en defensa, que no pasará por el Congreso, como exigen los populares.

Dolors Montserrat será elegida formalmente como secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) en el congreso que celebrará a finales de abril en València —el mismo que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, trató de cambiar de cambiar a Madrid o alrededores para escapar del presidente valenciano Carlos Mazón—. La propuesta nace del actual presidente del grupo, el alemán Manfred Weber, el gran favorito para repetir en el cargo ya que, por el momento, no hay ningún otro candidato alternativo. Y no por falta de enemigos. La división de la familia conservadora entre los que no se oponen a pactar con la extrema derecha, con los españoles e italianos a la cabeza, y los que sí, con los alemanes, franceses y polacos en ese grupo, obligan a Weber a tejer alianzas. Y a Feijóo a posicionarse en el grupo de los 'duros' si en el futuro quiere ser presidente del Gobierno español, porque necesitará a Vox.

La elección de Montserrat se debe a esa búsqueda de apoyos de Weber que, de paso, se garantiza el respaldo de Génova al situar a una de sus dirigentes en un puesto de responsabilidad. El actual líder del PPE la describió como un "símbolo" de una generación de políticos "más modernos" y aplaudió los resultados que obtuvo como candidata del PP en las elecciones europeas. “Sabe cómo hacer campaña y queremos ser un equipo", dijo. No es la primera española en ocupar el cargo, el eurodiputado Antonio López-Istúriz fue secretario general durante dos décadas, entre 2002 y 2022. Después, Weber optó por el griego, Thanasis Bakolas en un momento en el que el PP griego volvió con fuerza al Parlamento Europeo.

El ascenso de Montserrat a la secretaría general del PPE implicará su salida de la portavocía del PP en Bruselas, tras dos legislaturas en Bruselas, como confirmó Feijóo. A la cabeza de las quinielas para sustituirla se sitúa el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, pese a que en los últimos meses ha ido perdiendo influencia en el núcleo duro del líder del PP. Sus críticas al presidente norteamericano, Donald Trump, generaron incomodidad en Génova, que desde el inicio de la crisis desatada por la administración Trump ha tratado de mantener un equilibrio para no soliviantar a los republicanos, que han elegido al líder de Vox, Santiago Abascal, como su alumno aventajado en España.

La que no se ha desviado de la línea marcada por Génova ha sido Montserrat, que desde que llegó a Bruselas ha sido el ariete de la política del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante las instituciones europeas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Feijóo, que sin embargo no ha dado los frutos deseados. Tras el resultado de las elecciones europeas del pasado junio, los conservadores confiaban en ejercer mayor influencia a nivel comunitario y continuar su estrategia de desgaste contra el Gobierno central también desde una tercera Cámara, la del Parlamento Europeo. Una estrategia en la que han contado con Weber como aliado, aunque no ha podido aguantarle el pulso a Ursula Von der Leyen.

Una estrategia que ya comenzó con Casado. En pleno pico de la primera ola de la pandemia, con toda España confinada, Montserrat denunció ante la UE que en nuestro país se perseguían las críticas al Gobierno por su gestión sobre el coronavirus basándose en la declaración en rueda de prensa del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago —que él mismo precisó al día siguiente— en la que aseguró que se estaban monitorizando las críticas al Ejecutivo cuando en realidad se refería a la desinformación. En junio de ese mismo año escribió a la Comisión acusando a España de falsear las cifras de fallecidos por covid-19, aunque las facilitaban las comunidades autónomas —también las del PP— aplicaban los mismos criterios. Esa misma legislatura acusó al entonces vicepresidente Pablo Iglesias y al portavoz parlamentario de Podemos Pablo Echenique de amenazar a varios medios de comunicación y a periodistas "por haber informado", según ella, "de la evolución" del caso Dina.

Poco después Montserrat envió una carta al entonces comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, en la que cuestionaba ampliamente el estado de derecho en España. También acusaba al Gobierno de cometer abusos legislativos y de intentar “neutralizar” el Congreso de los Diputados y “controlar” el trabajo de los tribunales, así como de “abusar de los medios públicos” para hacer "propaganda". Aquella denuncia, que reflejaba poco menos que la conversión de España de democracia plena en una especie de estado totalitario, no tuvo ningún recorrido ni dio lugar a ninguna actuación por parte de la Comisión Europea, como sucedió también con la amnistía, los fondos europeos o más recientemente el Fiscal General.

Con todo, el principal trabajo de Monserrat se canalizó a través de su comisión estrella, la de peticiones, que presidió durante la pasada legislatura y de la que actualmente es vicepresidenta. Su utilización en favor del PP y de los asuntos relacionados con la política española fue tan recurrente que que eurodiputados del grupo de los Socialistas, Verdes y de la Izquierda llegaron a denunciar ante la dirección de la Eurocámara su "uso partidista". "Con su actitud, la presidenta ha convertido la Comisión de Peticiones en una especia de cuadrilátero de boxeo para ejercer oposición política en España", señalaba la carta firmada por más de una treintena de eurodiputados. "A pesar de que los ciudadanos españoles no son los que contribuyen más a la comisión, desde el inicio de la actual legislatura alrededor de una de cada cinco peticiones discutidas son españolas", añadían.

En octubre de 2022, esa misma Comisión de Peticiones acordó enviar una misión para estudiar si se cumplía la obligación legal del que el 25% de la educación fuera en castellano. La misión se celebró pero las fuerzas progresistas plantaron la misión al considerar que era una utilización por parte de la derecha. El viaje, sin embargo, sirvió a los grupos de los que forman parte PP y Vox para arremeter contra el modelo lingüístico catalán. Otras de las visitas que impulsó Montserrat, con la connivencia de su partido fue en el País Vasco para evaluar la situación de las víctimas de ETA y los casos de asesinato de la banda terrorista sin resolver o la visita las Islas Baleares, entonces gobernada por la socialista y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, a petición de Nuevas Generaciones del PP, para investigar los "presuntos malos tratos a menores en el sistema de tutela infantil en Mallorca".

La elección de Weber en el Congreso será clave para el futuro del PPE. El alemán fue el candidato popular a las elecciones europeas de 2019 y debía ser el presidente de la Comisión Europea, pero no pasó el corte, ya que ni sus propios compañeros le veían ni talla política ni experiencia. No había sido ni ministro cuando los últimos presidentes de la Comisión Europea habían sido antes al menos jefes de Gobierno. El nombre de Weber no duró nada en la lista y el francés Emmanuel Macron, para convencer a la entonces canciller alemana Angela Merkel, se sacó de la chistera el nombre de la entonces ministra de Defensa germana Úrsula Von der Leyen. Weber quedó donde estaba, de portavoz parlamentario conservador.

Su ascenso a líder de los conservadores europeos empezó a cambiar la negativa del presidente polaco, Donald Tusk, a cualquier acercamiento a la extrema derecha. Weber prefiere esos pactos antes que permitir que la izquierda gobierne. Una política que acepta para Italia, Suecia o España pero no para su Alemania natal, donde su partido mantiene un férreo cordón sanitario contra la extrema derecha de AfD. Los conservadores alemanes, belgas, holandeses, luxemburgueses y daneses también rechazan esos pactos. Aunque actualmente el PPE tiene apenas el 26% de los eurodiputados, Weber sabe que puede forjar la mayoría europeísta de siempre o una con los grupos de ultraderecha.

La formación de Feijóo le ha declarado lealtad en varios momentos y Weber se lo ha correspondido, consciente de que el PP español es un aliado clave para el futuro, especialmente si logran gobernar en los próximos años. Uno de esos favores, que le acabó costando caro y no sirvió finalmente para nada, fue a instancias de poner en jaque el funcionamiento de las instituciones de la UE. Los conservadores lograron frenar la elección de la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como vicepresidenta de la Comisión. El PP no hubiera podido hacerlo, ya que son 22 de 188 eurodiputados del PPE, sin la ayuda de Manfred Weber. El bávaro vio una oportunidad para debilitar a su compatriota y compañera de partido Von der Leyen. Pero esa no era la razón principal. Vio sobre todo el momento para forzar a socialistas y liberales a tragarse sus alianzas con la extrema derecha.

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, anunció este miércoles que propondrá a la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, como secretaria general del partido. "Con su fuerza moderna, activa y política, Dolors Montserrat @DolorsMM, que hizo una brillante campaña a nivel local, regional, nacional y europeo, será mi candidata propuesta para secretaria general del PPE", dijo en redes sociales.

La cúpula del PPE se renovará en el próximo congreso de la formación, que tendrá lugar en València los próximos 29 y 30 de abril y en el que también se prevé que se reelija al propio Weber como presidente del partido.

El presidente tiene la competencia de nominar a su secretario general, algo que anunciará formalmente en Valencia el día 29. El congreso en su conjunto votará dicho nombre en la segunda y última jornada de congreso, aunque fuentes del partido señalan que ese voto es una "formalidad".

Montserrat agradeció este miércoles su nominación y aseguró que defenderá con "humildad y firmeza" los "principios del mayor partido de la UE y de España". En un mensaje en redes sociales, agradeció a Weber y al presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, la confianza para este cargo. "Es un honor ser candidata a Secretaria General del PPE en un momento clave para el futuro de Europa. Seguiré defendiendo con humildad y firmeza los principios del mayor partido de la UE y de España", escribió.

Feijóo, presente este miércoles en Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió también en redes sociales que la nominación de Montserrat es una "gran noticia para España y para el PPE", y celebró también que "un amigo como Manfred Weber" aspire a ser reelegido presidente del PPE. "Con la designación de Dolors, europeizamos el PP y españolizamos el PPE", dijo.

Se trata de la tercera vez que un político español asume la secretaría general del PPE, después de que ya lo hicieran Alejandro Agag entre 2000 y 2002 y Antonio López-Istúriz entre 2002 y 2022. En la actualidad, el cargo lo ocupa el griego Thanasis Bakolas. 

La delegación alemana -a la que pertenecen Weber y Von der Leyen con la CDU y la CSU- y el PP español serán las dos más numerosas en el congreso del PPE en Valencia: la CDU y la CSU suman 85 delegados con derecho a voto y el PP 62. Les siguen los dos partidos populares polacos, entre ellos la Plataforma Cívica de Donald Tusk, con 58 delegados, y la suma de todos los partidos italianos adscritos al PPE, incluyendo a Forza Italia, que agrupan 49 delegados.

Los lobbies siguen moviéndose en la pura opacidad en España. Los tentáculos se extienden sin que entre de lleno la luz. Pero ese espacio de sombras empieza a tener los días contados. En la Cámara Baja ya se está tramitando el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés enviado por el Gobierno, que este martes supera previsiblemente una votación crucial.

El texto aprobado en enero por el Consejo de Ministros se enfrenta a la enmienda a la totalidad presentada por Vox. Fuentes socialistas trasladan su convicción de que tienen los apoyos para derrotar el intento de la ultraderecha de frenar el texto. En el PP no desvelan el sentido de su voto, pero ellos no han registrado enmienda a la totalidad, por lo que se interpreta como que no tratarán de devolver esta norma en este paso al Ejecutivo. De esta manera se actúa en dos frentes: con esta norma a nivel de la administración general, mientras que la propia institución del Congreso acaba de establecer su reglamento interno.

Esta ley está enmarcada dentro del plan de regeneración democrática lanzado por el Gobierno central y tiene como campo de acción la Administración General y el sector público institucional estatal con la idea de establecer, como se hace también a nivel europeo, una regulación de los grupos de interés “que permite concebirlos como uno más de los actores que, de forma legítima, responsable y transparente, ejercen una actividad de influencia en el diseño de las políticas y en la adopción de las decisiones públicas”, como indica la propia norma.

Será la primera vez que se regule a los lobbies en España y establece la propia definición de lo que son: “Personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público”.

La norma fija también lo que se considera una “actividad de influencia”: “Cualquier comunicación directa o indirecta realizada por un grupo de interés con el personal público, con la finalidad de intervenir en los procesos de toma de decisiones públicas o en los procesos de diseño y aplicación de políticas públicas y de elaboración de proyectos normativos, desarrollada a título individual o en nombre de una entidad o grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses o de intereses de terceros, independientemente del lugar en el que se lleve a cabo y del canal o medio utilizado para ejercerla”.

La norma tiene como uno de sus puntos fuertes la creación de un registro para ejercer esa actividad, que será público, gratuito e interoperable con el de otras administraciones. Estará gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y los datos estarán disponibles y serán accesibles para todo el mundo a través del portal de la transparencia de la Administración General del Estado y del sitio web de la Oficina.

El proyecto de ley establece que la inscripción de estos lobbies será obligatoria y quienes no estén registrados no podrán ejercer actividades de influencia con el personal público. Además, en la solicitud de inscripción se indicará expresamente si las personas físicas que van a realizar actividades de influencia o los representantes de éstas han trabajado al servicio de la Administración del Estado o de cualquier entidad de su sector público institucional en los dos años previos al desarrollo de dichas actividades o a la inscripción del grupo de interés.

El registro, según consta en el texto que se estudia en el Congreso, incluirá la relación de las personas físicas y jurídicas que ejercen la actividad de influencia, así como su domicilio o sede social. También contará con la información financiera relativa al último ejercicio contable, indicando qué parte es imputable a la actividad de influencia. Otra información de relevancia será el detalle de las actuaciones desarrolladas por los grupos de interés, especialmente las reuniones y audiencias mantenidas con el personal público de influencia.

El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, establece un código de conducta con trece puntos de obligado cumplimiento para los lobbies. El primero de ellos fija: “Actuar conforme a los principios del ordenamiento jurídico de manera transparente, íntegra y honesta”. Se exige informar al personal público de los intereses que persigue el grupo y se rechaza ejercer “presión abusiva”. Asimismo, queda prohibido para los lobbistas ofrecer regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas al personal público.

Otro de los grandes avances de la ley, si se aprueba, tiene que ver con lo que se conoce como la “huella normativa” a través del informe del departamento competente, donde se hará constar la identidad del personal público que haya mantenido contacto con dichos grupos, así como el conjunto de aportaciones y observaciones formuladas por ellos, bien en términos literales, bien, cuando su volumen no lo permita, mediante la incorporación de una síntesis de las mismas que, en cada caso, deberá elaborar y aportar el grupo de interés. Se tendrán las reuniones y las fechas de las mismas.

La norma también contiene infracciones tipificadas en un régimen sancionador. Las consideradas como “muy graves” conllevarán  la cancelación de la inscripción en el registro y la prohibición de volver a solicitar la actividad en un periodo máximo de dos años. Las graves supondrán retirar el permiso entre tres y seis meses, mientras que las leves conllevarán un apercibimiento.

Carlos Mazón ha pactado un preacuerdo presupuestario con Vox en Les Corts. Oxígeno producido por la Vox Factory. El presidente de la Generalitat Valenciana lo anunciaba este lunes, elevando un desafío a la dirección nacional de su partido, a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la dirección del PPE, en manos de Manfred Weber, y a la Comisión Europea de Úrsula Von der Leyen. Aquí estoy y de aquí no me moverá nadie. Abril será un mes calentito. Dos días después de que la dana asolara los municipios de L´Horta Sud, alertamos del peligro que suponía tener a Carlos Mazón al mando de un desastre político que, en última instancia, suponía la desestabilización de las instituciones del país. Mazón es un problema que los valencianos no tienen por qué soportar y demuestra que el PP estaba encarcelado en los gobiernos donde pactó con Vox en 2023. Cinco meses después, Feijóo continúa atrapado en la trampa de Abascal y su problema de liderazgo crece, cobrando cada día una dimensión mayor.

Conviene volver a los primeros días de noviembre, conviene viajar al barrio de Treme, al otro lado del Atlántico, en el delta del Mississippi. "No es una catástrofe natural, ha sido una catástrofe humana, una tragedia política", afirmaba el venerable profesor de literatura Creighton Bernette, interpretado por John Goodman, ante un reportero de televisión encarnado por Keven Spacey. Así comenzaba el primer capítulo de esa pequeña obra maestra de la televisión firmada por David Simon para la HBO. “Catástrofe política”. De esa manera se refería el autor de The Wire al desbordamiento del Mississippi tras el paso del huracán Katrina. 

"EE.UU. tiene solo tres ciudades: Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans. Todo lo demás es Cleveland", escribió el dramaturgo Tenesse Williams. El Katrina dejó en 2005 más de 1.500 fallecidos en la ciudad, tras reventar la presa que controlaba el caudal del río que atraviesa el estado de Luisiana. La falta de inversiones en el mantenimiento de las infraestructuras dio un vuelco a Nueva Orleans, que iniciaba una lenta y pesarosa reconstrucción donde la mafia primero, y los especuladores, después, fueron llegando para hacerse con las esperanzas de una ciudad palpitante que volvía a comenzar de nuevo. De Treme., corazón del jazz y del blues, aprendimos que los desastres naturales suelen ser ocasionales y finitos y que las catástrofes políticas pueden ser recurrentes y constantes si no se resuelven bien. También anotamos un detalle importante: que los desastres naturales no suelen destruir presidentes. George W. Bush continuó su segundo y último mandato en la Casa Blanca antes de entregar el relevo a Barack Obama. Casi 20 años después, hemos vuelto a comprobar que se cumple la misma pauta. Mazón, como Bush, continúa al frente de la Generalitat, a pesar de la flagrante mala gestión de su gobierno y a la espera de conocer si la jueza titular del Juzgado Nº 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, perfila a través de sus autos la magnitud de una negligencia criminal que propició la muerte de 224 personas el 29 de octubre de 2024.  Atentos a Salomé Pradas, ex consellera de Interior cesada por Mazón.

El President debió haber dimitido hace meses o, en su defecto, debió ser cesado por Alberto Núñez Feijóo. Seis manifestaciones en Valencia confirman que el PP está destruido en términos electorales en la Comunidad Valenciana. La mañana de este lunes, en cambio, Mazón anunció con toda la solemnidad institucional posible un preacuerdo para la aprobación de los presupuestos de este año con Vox, como si los autos de Nuria Ruiz Tobarra no le concernieran. El orden natural de la democracia liberal nos sugiere que Feijóo debería haber indicado hace muchos meses al Grupo Parlamentario Popular valenciano dónde estaba la puerta de salida para Mazón, inhabilitado para llevar a cabo la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, pero Vox ha logrado desplegar otra vez su estrategia: crecer a costa del PP de Feijóo respaldando a un presidente autonómico que acabará muy probablemente imputado por el TSJCV. 

Lo de Mazón puede ser interpretado como un desafío a toda la dirección nacional del PP, tal y como indicamos más arriba. Mazón envía un mensaje muy claro: voy con toda la legislatura, voy, incluso, a costa del propio Feijóo, de todo el PP, del Partido Popular Europeo de Manfred Weber y, sobre todo, a costa de Úrsula Von der Leyen y la socialista Teresa Ribera. Sin embargo, el preacuerdo de Mazón con Vox nos sugiere también otra idea distinta, más interesante y de mayor calado. Si Feijóo se encontraba, esta vez sí, al corriente del preacuerdo, algo que tendrá que confirmar el propio presidente, entonces estamos ante una revancha del PP dirigida contra la presidenta de la Comisión Europea. ¿Acaso Feijóo aprueba el preacuerdo que tumba el Pacto Verde que el PPE redactó y firmó, amparado bajo el paraguas de Úrsula von der Leyen? 

La semana pasada detectamos grietas tectónicas en el suelo europeo del PP cuando supimos que el Congreso del Partido Popular Europeo se celebrará en Valencia el 29 y 30 de abril, algo que Feijóo no quería que sucediese. Cuatro meses después de que Teresa Ribera fuera ratificada como vicepresidenta primera de la Comisión, el PP español comenzaba a pagar su traición, tras paralizar la ratificación parlamentaria de la socialista como vicepresidenta de la Comisión Europea. Aquel momento colocó a todos los miembros de la alta institución en una situación política inédita en la historia de la UE. Recuerden que Dolors Montserrat, Esteban González Pons y el propio Feijóo atribuyeron en un principio el desastre de la dana a la todavía ministra española de Medio Ambiente, sometida a uno de los hearings más absurdos que se conocen. Cuatro meses después, lo populares anunciaron que el congreso del PPE se celebraría en Valencia, pero a la luz de lo acontecido después y, especialmente, del destrozo político de Mazón, Feijóo propuso trasladar el congreso del PPE a Madrid. Los populares españoles temían un escenario de manifestaciones y una foto del PPE junto a Mazón, con decenas de miles de personas pidiendo su dimisión.

Durante las últimas semanas, los dirigentes del PP intentaron por todos los medios que Weber se prestara a mover el congreso a Madrid. No lo consiguieron. La UE sufragará el cónclave que elegirá al próximo presidente del PPE. Su cancelación o su traslado a otra localidad por razones políticas obliga a que el gasto extra corra a cargo del partido de cada país. Pero el PPE se negó a asumirlo en esta ocasión y el PP de Feijóo tampoco está en condiciones de soportarlo solo. La política es tan cara como necesaria. A veces, demasiado cara.

Los populares españoles han interpretado el enrocamiento del PPE como una traición que ha tenido desde Valencia una reacción insólita, un preacuerdo presupuestario con Vox que devuelve a Feijóo a junio de 2023. La condiciones que ha exigido el partido de Abascal para llegar a un pacto presupuestario suponen un claro ataque a las políticas de sostenibilidad enmarcadas dentro del Pacto Verde Europeo y un retroceso de las políticas migratorias a posiciones xenófobas y racistas. El PP se asimila a Vox pero no capta su voto. En cualquier caso, Mazón ligó su supervivencia política al anuncio de este lunes: adoptará varias medidas contra las normas europeas en materia de agricultura, ganadería y pesca, directivas que calificó en su conjunto de “fanatismo climático”. Vox, incluido en el Grupo Parlamentario Europeo Patriotas de Víctor Orban, ha introducido nuevamente su agenda en la política autonómica y, sobre todo, en la europea. Entre el PP de Mazón y Vox hoy no existen diferencias. 

Ya hemos explicado en otras ocasiones que la dana ha sido un ensayo general de las catástrofes que el cambio climático ofrecerá en próximas ocasiones. Nos explica hechos que ya conocíamos. Nos cuenta que el negacionismo climático mata, que pactar con Vox mata. El diletantismo de Carlos Mazón parece haberle permitido obviar estas razones. Conviene estar atentos a las próximas encuestas y verificar si le resulta políticamente más rentable consolidar la polarización, atribuyendo falsas responsabilidades a Sánchez y, otra vez, a Teresa Rivera, máxima autoridad de las políticas de transición energética y sostenibilidad ambiental en la UE.

Recordemos que el acuerdo de Mazón con Santiago Abascal en 2023, en plena precampaña de unas generales astutamente anticipadas, permitió a Sánchez volver a gobernar. Todo empezó en Valencia. Todo continúa en Valencia. Mazón selló entonces una investidura con Vox sin la autorización de Génova. El club de las Pitiusas, con Teodoro García Egea, ex secretario de Organización de Pablo Casado, daba sus últimos latigazos… o no. Conviene no perderle de vista. 

La vida se abre camino y siempre está bien volver a Treme porque es un relato acogedor. Reconstruir un hogar produce un efecto cálido, amable y alentador, más aún cuando la narración de una comunidad se teje desde una mirada coral, diversa y posmoderna, como lo es realmente Nueva Orleans. El epítome de las ciudades que, de algún modo, han logrado evolucionar sin perder su identidad y su dignidad, plagada de músicos, prostitutas, tahúres, policías, emprendedores, ladrones y contrabandistas (en muchos casos, las mismas personas en diferentes máscaras y épocas de sus vidas) dejaron su huella y marcaron su horizonte. Más de tres siglos después, Nueva Orleans sigue siendo profundamente especial: ni estadounidense, ni europea, ni caribeña, ni africana y todas ellas a la vez.

València resulta un territorio tan hedonista y telúrico como lo es aquel. Gracias a David Simon y a sus personajes, comprendimos que los desposeídos están condenados a quedarse y resistir un huracán o mantener la mente fría ante el miedo a un futuro sobrecogedoramente incierto con un tahúr al frente de su gobierno. Frente al desafío de Mazón, asistido por Vox, el desafío del pueblo valenciano que tiene en la jueza Nuria Ruiz o en la Delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, los auténticos pilares de la reconstrucción moral y material de L´Horta Sud. Las fallas continuaron su celebración en València la semana pasada, como siguió celebrándose el Mardi Gras en Nueva Orleans cada febrero. El acto heroico de su propia supervivencia no los inmunizará de la corrupción ni tampoco de otras negligencias políticas pero, sin más alternativa que la de continuar, no les queda otra opción que mirar al horizonte, entregarse a la vida, volver a empezar y saber, sobre todo, qué es lo que votarán en 2027. La dana ya tiene una novela, en forma de auto. Se trata de la magistral narración de la jueza de Catarroja. Su lectura resulta lenitiva, calmante. Pocas veces se leen autos que otorguen desde su primer párrafo tanta dignidad y consuelo a las víctimas. Lo demás es sólo política. 

ADENDA.- Y mientras tanto, elevemos la mirada a Europa: aún no está claro si veremos en València a Von der Leyen, Metsola, Merz, Mitsotakis, Tusk y otros líderes populares europeos. En Moncloa, Diego Rubio acaricia un gato negro; en Bruselas Bjorn Siebert, el partero de la nueva Comisión, no responde al teléfono de Génova y Von der Leyen, desde la planta 13 del Berlaymonte, sonríe: “Conmigo no se juega, Alberto”.

Una semana después de amagar con cambiar enclave para la celebración del congreso del Partido Popular Europeo (PPE) previsto para los días 29 y 30 de abril en València, las presiones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo para trasladarlo a Madrid o alrededores no han surtido efecto y se mantendrá en la capital del Turia. El líder del PPE y candidato a la reelección, Manfred Weber, fue quien lo comunicó este jueves tras días de negociaciones con el PP español, que hubiera tenido que asumir el coste económico—o, al menos, parte— de la cancelación, con las reservas de viaje hechas y los contratos con los proveedores firmados desde hace tiempo, ya que el congreso se anunció el pasado verano, antes de la dana cuya gestión ha dejado al principal referente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, cuestionado por propios y ajenos.

Génova ha preferido asumir el coste político de mantener el congreso en la capital valenciana aunque ello implique, por un lado, que las figuras más relevantes del PPE como el citado Weber, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, o el próximo canciller alemán, Friedrich Merz, sean testigos de las protestas y abucheos contra Mazón —que se repiten a lo largo de la geografía valenciana y que han provocado que el jefe del Consell no haya hecho acto de presencia en las Fallas— a las puertas de la Feria de València, donde se celebrará el evento, en una fecha además clave, ya que el 29 de abril se cumplirá medio año la riada.

Por otro lado, también supondrá una fugaz presencia del propio líder del PP, que justificó el cambio de ciudad por el calendario de sesiones del Congreso, ya que los días del cónclave son los de mayor actividad parlamentaria. Fuentes de la dirección popular avanzan que el conservador estará previsiblemente en la inauguración, que se celebrará el martes, pero no en el resto del cónclave, lo que también evitaría la fotografía con Carlos Mazón. "No vamos a poder ir, no vamos a deja de votar. Estarán los eurodiputados", señalan.

La pasada semana Feijóo criticó a la Mesa del Congreso y a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, por negarse a modificar el orden del día tras la petición de su grupo. Un argumento que, sin embargo, carece de fuerza ya que el PP aprobó el calendario provisional el pasado 16 de enero y la petición del grupo popular no llegó hasta el 4 de febrero, fuera del plazo. La principal preocupación de la dirección popular es que el president de la Generalitat se lleve todos los focos... y no para bien.

Mazón, sin embargo, expresó su satisfacción por el hecho de que el cónclave se celebre finalmente en València y fuentes del PP valenciano lo ven como una "oportunidad" para tomar aire tras unas semanas especialmente complicadas tras el enésimo cambio de versión del president de la Generalitat y la reciente imputación de la exconsellera Salomé y Pradas y del exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso acompañada del durísimo auto de la jueza de Catarroja que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra.

Fuentes del PP admiten, en conversación con infoLibre, que el correo electrónico enviado este jueves por Weber a los miembros del PPE informándoles de que el cónclave se mantiene en València ha dejado fuera de foco la reunión de Feijóo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa.

Estas mismas fuentes confirman que sí habrá presencia de los eurodiputados españoles en el congreso de València, en el que Weber se presentará a la reelección tras sus tres primeros años de mandato. Su victoria se da por segura, y le asegurará una posición muy relevante, ya que también ostenta la presidencia del grupo parlamentario. Para Feijóo se trata de un aliado clave en Bruselas —entre ambos casi consiguen tumbar el nombramiento de Teresa Ribera en la Comisión— muy por delante de la propia presidenta Von der Leyen, a la que voces de Génova ven demasiado complaciente con Sánchez.

Más allá del congreso del PPE, Feijóo se pronunció este jueves por primera vez tras la imputación de Pradas y Argüeso por su responsabilidad en lo ocurrido el pasado 29 de octubre. Aunque mantuvo que su posición no ha cambiado, no se mostró tan tajante como en otras ocasiones. "Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos. Los hechos es que hay un auto que imputa a una exconsejera de un Gobierno y a un exdirector general. Todo en su momento. De momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición", señaló, visiblemente incómodo. Aunque el conservador defiende que no "hay ninguna novedad" sobre la continuidad del jefe del Consell, la presión dentro del PP crece y la derecha mediática está aplicando el mismo manual que con el antecesor del actual líder popular, Pablo Casado.

En su último auto, la instructora abrió la puerta a que Mazón compareciera voluntariamente en su juzgado –algo a lo que tiene derecho para conocer unas actuaciones que posteriormente le pueden afectar–, pero aclaró que no lo haría como testigo sino acompañado de un abogado. El presidente valenciano cerró rápidamente la puerta a esta posibilidad y, por el momento —como remarcó Feijóo—, Génova ha respaldado esa decisión pese a que la titular del Juzgado número 3 de Catarroja no puede citar al presidente valenciano a declarar, al estar aforado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aunque la jueza Nuria Ruiz no puede dirigir su investigación contra él al no ser competente, sí considera que, dados los datos que obran en su conocimiento, se pueden atribuir hechos punibles al jefe del Consell.

El auto, además, no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad y las negligencias del Consell de Carlos Mazón en lo ocurrido. Feijóo siguió la línea marcada en el PP y evitó valorar el contenido. La magistrada concluyó que la gestión de la riada correspondía a la Generalitat al tener el "mando único de la emergencia", que la dana no fue un "fenómeno meteorológico imprevisto" ya que organismos como la Aemet llevaban días advirtiéndolo, que no se produjo el tantas veces aducido "apagón informativo" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que el mensaje masivo a los móviles, que se envió a las 20.11 horas, fue "tardío y erróneo". Afirmaciones que suponen un mazazo para la estrategia de la Generalitat y del PP que han tratado de imponer una versión en la que el jefe del Consell es una "víctima" y un "daño colateral" del Gobierno de Sánchez.