Alberto Núñez Feijóo compareció este miércoles en la sede nacional del Partido Popular para hacer balance del curso político antes del parón estival y anunciar que España ha entrado en la “cuenta atrás para el cambio”. Sin embargo, la intervención sirvió principalmente para hacer un balance contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y especialmente de los procedimientos judiciales que afectan al entorno del líder socialista.

El líder del PP estructuró su discurso alrededor de tres grandes ideas: devolver la “decencia” a las instituciones, conseguir que el país vuelva a “funcionar” y lograr que “trabajar valga la pena”. Pero su intervención no se limitó a la corrupción. Habló de vivienda, sanidad, infraestructuras, inmigración, seguridad, salarios, incendios, energía y política exterior. Pero el reparto del tiempo y el contenido de sus propuestas revelaron otro balance.

Feijóo fue extraordinariamente concreto al acusar, señalar responsables y anticipar el futuro de las investigaciones judiciales. En cambio, fue mucho más impreciso a la hora de explicar cómo respondería un Gobierno suyo a algunos de los principales problemas del país ni tampoco concretó cómo resolvería algunas de las contradicciones del PP.

Feijóo dedicó buena parte del primer bloque de su intervención a presentar la corrupción como la característica definitoria del Gobierno. Enumeró procesos, investigados y delitos, afirmó que la corrupción había llegado al “corazón del Estado”, identificó a Sánchez como el “señor X” y el “nexo político corruptor” y aseguró que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no habría podido delinquir sin el respaldo del actual Ejecutivo.

El presidente del PP no se limitó a exigir responsabilidades políticas. Anticipó acontecimientos judiciales aún no producidos, habló de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, sentada ante un jurado popular, de las hijas de Zapatero en un juzgado, de posibles confesiones de investigados y de una eventual financiación ilegal del PSOE. “Sánchez no merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país”, sentenció. Ese nivel de detalle y contundencia contrasta con la vaguedad de su promesa de “limpieza a fondo”, ni tan solo cuando fue preguntado por propuestas concretas sobre regeneración. “No será un relevo, será una limpieza total”, se limitó a asegurar.

Tampoco sometió a examen los estándares internos de su partido. El discurso no incluyó un balance sobre la respuesta del PP ante las polémicas, investigaciones o responsabilidades políticas que afectan a sus propios dirigentes. El expresidente valenciano Carlos Mazón —que mantiene su acta como diputado en Les Corts— no fue mencionado y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, únicamente cuando fue preguntado por él en el turno de preguntas. “En esta casa, tiene un expediente informativo abierto. Y el partido en la Comunidad de Madrid tiene una posición confiando en su inocencia. Veremos lo que dicen los tribunales”, señaló. No explicó qué criterio utilizará para exigir dimisiones en el PP ni si será el mismo que reclama para el PSOE.

Feijóo dedicó un bloque importante a defender que “trabajar valga la pena”. Habló del encarecimiento de los alimentos, de la pérdida de poder adquisitivo, del pluriempleo, de los salarios reales y de la situación de los jóvenes. También criticó la presión fiscal, el gasto público, la productividad y el absentismo laboral, cuestiones que afectan directamente a millones de trabajadores, pero el problema aparece al buscar las soluciones.

Tras la polémica por las bajas, únicamente señaló que “el absentismo laboral es preocupante” y que “hoy es más del doble que el que teníamos en 2018”. Según datos oficiales, 1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días. La mayoría, eso sí, lo hace porque cuenta con una baja médica acreditada (el 80%, según Randstad) o porque disfruta de un permiso retribuido, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor. Feijóo no diferenció entre fraude, bajas médicas, enfermedades profesionales y problemas derivados de unas condiciones laborales deficientes. 

La principal propuesta económica del discurso fue conseguir que el salario medio aumente y que el crecimiento beneficie más a los ciudadanos que a Hacienda. Pero Feijóo no explicó mediante qué instrumentos conseguiría elevar los sueldos ni si para ello quiere involucrar al diálogo social. No planteó compromisos sobre negociación colectiva, salarios mínimos, inspección laboral, temporalidad, jornadas, conciliación, formación o participación de los trabajadores en los beneficios empresariales. Es más, las propuestas que se han planteado desde el Gobierno como la reducción de jornada han sido rechazadas por la formación.

Tampoco hizo balance de la posición mantenida por el PP ante las reformas laborales del último curso. No explicó su alternativa a la reducción de la jornada, ni qué propone para reforzar el derecho a la desconexión o mejorar el control horario. Su idea de que trabajar debe ofrecer una vida mejor se apoyó, principalmente, en rebajar impuestos y favorecer el crecimiento privado. “Vivimos un infierno de impuestos”, señaló, una de las consignas falsas que más ha repetido a lo largo de estos años.

La vivienda fue uno de los asuntos sobre los que Feijóo sí formuló compromisos identificables “Tomar decisiones sin medir las consecuencias ha ocasionado que hoy la vivienda sea el primer problema de este país”, señaló. Prometió desbloquear suelo para construir un millón de viviendas, reducir un 60% los impuestos que pagan los jóvenes al adquirir una casa y reforzar la seguridad jurídica frente a la okupación. Pero su planteamiento dejó muchas preguntas relevantes sin contestar.

No detalló cuántas de esas viviendas serían públicas ni tendrían protección permanente o en qué plazo se construirían. Tampoco explicó cómo evitaría que las ventajas fiscales terminen incorporadas al precio de venta, qué medidas aplicaría para contener los alquileres en las zonas más tensionadas o qué haría frente a la proliferación de pisos turísticos.

La vivienda fue presentada esencialmente como un problema de falta de oferta y de inseguridad para los propietarios. No mencionó la especulación, los desahucios — como el caso de Paquita, una mujer de 82 años a la que quieren echar de su casa para convertir el bloque en apartamentos turísticos—, la escasez de parque público y la dificultad de acceder a una vivienda incluso para quienes tienen empleo.

Feijóo apenas mencionó la violencia machista. Afirmó que actualmente hay más víctimas que hace ocho años y prometió una España “más segura para las mujeres”. Su propuesta concreta fue ampliar la prisión permanente revisable a los agresores sexuales reincidentes y encuadró este tipo de violencia estructural dentro de un bloque general sobre inseguridad, junto con los homicidios, el narcotráfico, las agresiones sexuales y los ataques contra las fuerzas de seguridad. La respuesta planteada fue fundamentalmente penal: endurecer las condenas y reforzar la capacidad de actuación policial.

No habló de prevención, ni de atención psicológica, recursos de acogida, dependencia económica de las víctimas, juzgados especializados, formación de policías y operadores jurídicos o protección de los menores expuestos a la violencia vicaria. Tampoco analizó el funcionamiento de los mecanismos de valoración del riesgo ni explicó qué reformas introduciría para impedir que una mujer amenazada quede fuera del sistema de protección.

El presidente del PP también habló de los incendios. Trasladó su solidaridad a los afectados por el fuego en Guadalajara y reprochó al Gobierno que no exista una estrategia para prevenir unos riesgos naturales que, según reconoció, se sufren “con mayor intensidad” que antes. Feijóo habló de “riesgos naturales”, como los incendios, las inundaciones y las sequías como fenómenos ante los que la Administración debe reaccionar, pero eludió explicar cómo el aumento de las temperaturas y los episodios meteorológicos extremos multiplican su frecuencia y gravedad. Es más, en privado fuentes de la dirección incidían en que la “emergencia climática” no puede ser “el argumento” del Gobierno para todo. 

No desarrolló una política de prevención forestal durante todo el año, ni explicó cómo garantizaría la estabilidad de las plantillas de extinción, cómo combatiría el abandono rural o qué coordinación establecería entre el Estado y las comunidades autónomas. Tampoco habló de ordenación del territorio, adaptación climática, urbanismo en zonas de riesgo o financiación de los municipios más expuestos, cuestiones clave para los expertos.

Su alternativa energética quedó resumida en defender la prórroga de las centrales nucleares y en reclamar más redes para conectar viviendas e industrias. “¿Cuánto más vamos a esperar a decidir la prórroga de las nucleares?”, preguntó retóricamente. “No hay ni la red eléctrica que se necesita para conectar nuevas viviendas o nuevas industrias. ¿Puede haber mayor despropósito en la gestión que esto?”, añadió. Feijóo también reclamó una estrategia energética “sostenible”, pero no definió qué entiende por sostenibilidad ni cómo compatibilizaría sus objetivos industriales con la reducción de emisiones.

La inmigración ocupó un espacio considerable en la intervención. Feijóo denunció una regularización “masiva”, alertó sobre la concesión de derechos a millones de personas con la “falsa ley de nietos” y pidió que se paralicen las nacionalizaciones. También exigió al Gobierno que revoque la instrucción ministerial que desarrolla la Ley de Memoria Democrática de 2022. Defendió una inmigración con “humanidad”, pero también con “orden”, “reglas” y “capacidad”.

No concretó, sin embargo, las vías legales y seguras que ofrecería, los mecanismos de integración, la respuesta a la explotación laboral de los migrantes, el funcionamiento del sistema de asilo o el reparto de menores entre comunidades. Detalles, dijo, que ya dará el PP en el futuro. Tampoco aclaró hasta dónde asumiría el marco de Vox sobre “prioridad nacional” para mantener sus alianzas, tras el reciente acuerdo para convertir esa consigna en ley en la Comunitat Valenciana.

Feijóo cerró su discurso con una referencia a la política internacional. Reclamó que los acuerdos sobre defensa, Gibraltar, Marruecos o China se sometan al Congreso, y defendió como principios el europeísmo, el atlantismo, la relación con Iberoamérica y el Estado de derecho. No mencionó Gaza ni a Israel en ningún momento.

La ausencia resulta significativa en una comparecencia de balance político. Feijóo no explicó qué posición mantendría ante el Gobierno de Israel, qué medidas apoyaría para proteger a la población palestina, qué política seguiría sobre el comercio de armas ni cómo compatibiliza el atlantismo con una política exterior propia dentro de la Unión Europea.

También evitó concretar el gasto en defensa que asumiría un Gobierno del PP. Criticó que el Ejecutivo haya comprometido miles de millones sin votación parlamentaria, pero no aclaró qué cifra considera adecuada ni qué partidas presupuestarias ajustaría para financiarla.

El discurso de Feijóo tampoco resolvió la principal dificultad parlamentaria del líder del PP, sus alianzas, si bien ha dejado claro en entrevistas recientes que deberá entenderse con la extrema derecha y ha abierto la puerta a gobernar con Santiago Abascal en coalición, emulando lo ocurrido en las comunidades autónomas en las que los han necesitado.

El líder del PP presentó al Ejecutivo como políticamente agotado y parlamentariamente bloqueado. Recordó que una mayoría del Congreso había reclamado la dimisión de Sánchez y elecciones, y afirmó que la legislatura no da más de sí. Pero no mencionó la moción de censura ni mostró una mayoría capaz de investirlo. Su alternativa continúa atrapada entre dos fuerzas incompatibles. Necesita a Vox para sumar por la derecha, pero esa alianza dificulta cualquier entendimiento con los partidos nacionalistas. Al mismo tiempo, reivindica votaciones coincidentes con Junts mientras acusa a Sánchez de someterse a sus exigencias.

Alberto Núñez Feijóo eligió este miércoles un foro internacional organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid para presentar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como un gobernante autoritario. En la inauguración de Libertas, el líder de la oposición describió, sin citar a Sánchez, el retrato de quien “recela de los jueces”, “desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen”, cuestiona la “independencia institucional” y “teme a las urnas si no le aseguran el poder”. “No busquen más, eso es un presidente autoritario”, proclamó. Lo hizo delante del presidente del PPE, Manfred Weber, del vicepresidente italiano Antonio Tajani, del primer ministro portugués, Luís Montenegro y de dirigentes latinoamericanos como María Corina Machado y Keiko Fujimori, que intervinieron telemáticamente. 

Feijóo aseguró también que España atraviesa una etapa de “democracia debilitada” y prometió revertir las políticas que, en su opinión, la han aproximado al populismo y a las dictaduras. Una alocución que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso incrementó todavía más. “Hoy nos gobierna en España un movimiento de destrucción del Estado de derecho”, aseguró. “Desde hace años hay un frente puesto en marcha por el Gobierno y sus socios para eternizarse en el poder”, prosiguió. “La deriva autoritaria que está sufriendo España va a tener consecuencias catastróficas”, advirtió Ayuso, que aseguró que “si lo ilegítimo es votado, es válido”.  

La intervención resume la posición en política exterior que Feijóo ha ido construyendo desde que llegó a Génova: la conversión de casi cualquier crisis internacional, cumbre europea o encuentro diplomático en una prolongación del combate contra Sánchez. Más que una doctrina sobre el lugar de España en el mundo, el presidente del PP ha desplegado una oposición exterior al Gobierno de PSOE y Sumar. Su posición suele definirse no tanto por lo que hacen Washington, Israel, Bruselas o las potencias regionales, sino por la necesidad de impugnar lo que decida La Moncloa.

La estrategia no es nueva. Feijóo ha utilizado las reuniones del PPE en Bruselas para sembrar dudas sobre los fondos europeos, la reforma de las pensiones, la independencia judicial y el viaje de Sánchez a China, entre otras cuestiones. También ha pedido “perdón” ante sus colegas europeos “en nombre de los españoles” por la actuación del Gobierno. Y a comienzos de este año intentó que el PPE condenara expresamente la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo. Regresó de Zagreb únicamente con una declaración genérica contra las regularizaciones masivas, pero sin una mención a España ni a Sánchez.

La lógica de trasladar cualquier acontecimiento al terreno de la confrontación política interna trasciende incluso a lo deportivo. Este miércoles, después de que la selección española de fútbol se clasificara para la final del Mundial, el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, aseguró que la victoria le había venido "maravillosamente" a Sánchez porque había permitido que la condena al hermano del presidente pasara a un segundo plano. Otros dirigentes de la formación como la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, y el diputado Rafael Hernando, pidieron a Sánchez que no viaje a Nueva York, donde se celebrará la final, porque “es gafe”.

La influencia de Feijóo es relevante dentro de la familia del Partido Popular Europeo — la del PP español es la segunda delegación más numerosa en el Parlamento Europeo, por detrás de la alemana—, pero bastante menor en el ámbito institucional de la Unión Europea y todavía limitada fuera del espacio conservador de la UE. Desde que llegó al cargo hace cuatro años, sus posiciones rara vez alteran las decisiones europeas y su proyección exterior sigue dependiendo de la política española. 

Un área que Feijóo asumió personalmente. En septiembre de 2024 nombró secretario de Política Internacional al diplomático Ildefonso Castro, antiguo secretario de Estado de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy y exembajador en Irlanda. Pero en el congreso nacional de julio de del pasado año, el dirigente conservador anunció que las relaciones internacionales dependerían directamente de él. Castro quedó como coordinador de Acción Exterior, aunque incluso dentro del partido existen dudas sobre el alcance efectivo de su influencia.

Pero la centralización de competencias no ha alumbrado, hasta ahora, una doctrina reconocible. Tampoco ha corregido una carencia que condiciona la creación de vínculos personales con mandatarios extranjeros: su escaso dominio del inglés. En la campaña de 2023 aseguró que estudiarlo era una “obligación” para alguien que aspiraba a presidir el Gobierno. Pero recientemente ha reconocido que no tenía previsto hacerlo. “No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor”, explicó en el programa El Hormiguero. Fuentes del PP justificaron la renuncia señalando que los avances de la inteligencia artificial permiten suplirla. 

La cuestión del idioma es secundaria frente a otra limitación más relevante: la ausencia de una posición autónoma cuando los intereses estratégicos de España chocan con los de gobiernos conservadores aliados del PP o con la nueva derecha estadounidense. El patrón se ha repetido con Israel, Donald Trump, Groenlandia, Venezuela y la guerra de Irán, entre otras cuestiones.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Feijóo respaldó el derecho de Israel a defenderse. Conforme aumentaron las víctimas civiles y la destrucción de Gaza, el conservador moduló paulatinamente su lenguaje, pero siempre varios pasos por detrás del Gobierno. Cuando España anunció en mayo de 2024 el reconocimiento del Estado palestino, acusó a Sánchez de apoyar “la desaparición de Israel” y evitó comprometerse con un calendario propio para ese reconocimiento. Su margen estaba condicionado además por el apoyo explícito de Ayuso y el expresidente José María Aznar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En julio de 2025, después de haber guardado silencio ante la hambruna en la Franja durante una intervención ante la dirección del PP, terminó considerando “inadmisibles” determinadas acciones israelíes y habló de “incumplimientos”. No utilizó, sin embargo, el término genocidio y mantuvo como punto de partida la legitimidad de la respuesta israelí. Frente al Gobierno español el PP ha empleado calificativos como aislamiento, irresponsabilidad, radicalidad o autoritarismo que sin embargo raramente aplica a los aliados internacionales de la derecha.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca agravó esa contradicción. El PP admitía internamente su preocupación por el efecto del trumpismo sobre las derechas europeas y por el espacio internacional que proporcionaba a Vox, cuyo líder sí había cultivado relaciones directas con el movimiento MAGA. Pero Génova evitó una confrontación política con el presidente estadounidense. Incluso desautorizó a González Pons cuando lo llamó “ogro naranja”, mientras la FAES de Aznar describía a Trump como un populista proteccionista, aislacionista e impredecible.

Cuando Trump amenazó con hacerse con Groenlandia, el PP restó importancia a sus palabras alegando que no estaba claro si existía un riesgo real o se trataba de una escalada verbal. Feijóo evitó censurarloy se refugió en la necesidad de preservar la alianza transatlántica. También eludió enfrentarse a Washington cuando Trump recriminó a España que no destinase el 5% del PIB a defensa. El PP trasladó la presión sobre Sánchez y calificó su resistencia de irresponsable, aunque tampoco se comprometió a alcanzar ese porcentaje tras haber firmado con el PPE un objetivo del 3%. Ante los aranceles estadounidenses, el líder del PP fue más crítico: los calificó de error, como un ataque comercial, pero siguió evitando personalizar la responsabilidad en Trump.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán volvió a mostrar la dificultad del PP para responder a una actuación de Trump sin que Sánchez determinase su posición. Génova respaldó inicialmente los bombardeos, concentró su condena en el régimen iraní y evitó reproches a Washington y al Gobierno de Netanyahu. Tampoco aclaró si apoyaba el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques.

Cuando Trump amenazó con cortar el comercio con España por la oposición de Sánchez a la ofensiva, Feijóo no respaldó al Gobierno frente al magnate estadounidense. Afirmó que la relación bilateral debía preservarse “tengamos o no discrepancias con el presidente” y acusó a Sánchez de utilizar sus necesidades políticas contra la seguridad de España. Paralelamente, había prometido al secretario de Estado, Marco Rubio, que un Gobierno del PP sería un “aliado fiable”, tras una llamada telefónica.

La evolución posterior fue significativa. Tras varias semanas sin sumarse al lema utilizado por el Gobierno, Feijóo terminó proclamando en el Congreso: “No a la guerra y no a usted”. Incluso cuando adoptó la posición pacifista, la formuló como una censura personal a Sánchez, a quien llamó el “traidor de Europa”. El PP también ha censurado en varias ocasiones el “abandono” del socialista a la causa saharaui, aunque tampoco ha logrado explicar su posición en caso de llegar a la Moncloa.

En el caso de Venezuela, donde el PP ha apoyado sin matices a la oposición, su contundencia encontró un límite cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación cuestionada por su encaje en el derecho internacional y Trump optó por mantener a Delcy Rodríguez al frente del país durante una transición tutelada. El PP celebró la caída de Maduro y criticó a Rodríguez, pero evitó censurar directamente la operación estadounidense y trasladó de nuevo el grueso de sus ataques al Gobierno de Sánchez. Feijóo se opuso al resultado político diseñado por Trump —“el futuro no es Delcy”, dijo— sin romper con el presidente que lo había hecho posible.

La búsqueda de aliados ha llevado al PP a estrechar relaciones con una derecha latinoamericana cada vez más radicalizada. El caso más claro es el de María Corina Machado, a quien Feijóo ha presentado como “símbolo de la democracia” y ejemplo de “coherencia y determinación”, aunque su programa económico ultraliberal y sus alianzas internacionales la sitúan en el ala dura de la derecha. 

Más revelador es el acercamiento a Keiko Fujimori, heredera política de un movimiento marcado por el autogolpe y las violaciones de derechos humanos cometidas durante la presidencia de su padre. Feijóo ha celebrado su llegada al poder como parte del avance de la derecha en América Latina y la ha incorporado al escaparate internacional del foro de Madrid. En una intervención posterior a la de Feijóo, la presidenta madrileña trasladó “su más sincera felicitación” a Fujimori. “Ojalá este triunfo se haga extensible a todas las naciones de Hispanoamérica, naciones hermanas sumidas en el nacionalismo, el socialismo bolivariano, el narcotráfico… que tanto daño están haciendo a la convivencia y a la libertad de sus pueblos”, señaló Ayuso.

El presidente del PP también felicitó al ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella tras su victoria electoral en las elecciones del pasado 21 de junio. Calificó el resultado de “buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, la misma elección celebrada por Trump, el presidente argentino Javier Milei y Vox. De la Espriella había construido su campaña sobre un discurso de mano dura, rechazo al acuerdo de paz y confrontación frontal con la izquierda.

Con todo, Feijóo sí mantiene posiciones claras en algunos asuntos. Ha reiterado su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, reclama una paz justa y duradera para Kiev, defiende el vínculo atlántico y se alinea generalmente con los planteamientos del PPE en materia de defensa. Pero esos elementos no han terminado de articular una política internacional propia. En las grandes crisis, Feijóo ha alternado el silencio, la equidistancia y los cambios de posición para evitar dos riesgos: enfrentarse a Trump y Netanyahu o dejar a Sánchez ocupar en solitario el espacio de oposición a ambos. 

Desde que se reservó personalmente las competencias internacionales, su principal aportación no ha sido definir qué alianzas necesita España, cómo debería responder Europa a la ruptura del orden multilateral o qué límites deben imponerse a los socios occidentales. Ha consistido en exportar el argumentario de Génova contra el presidente del Gobierno. La política exterior de Feijóo parece subordinada a que ninguna crisis internacional termine fortaleciendo a Pedro Sánchez.

Es más, la propia Ayuso advirtió sobre esta cuestión en el foro. “Los populares debemos tener agenda propia, no podemos aceptar el marco ajeno sobre el que marcar distancias, parecernos o disculparnos. No jugamos en campo contrario ni con el lenguaje del adversario siempre cargado de trampas, tenemos ideas propias, somos el grupo político que más prosperidad ha dado a Europa. Defendemos llevar la delantera con propuestas realistas y sanas. ¿Cuánto negocio absurdo hemos dejado crecer sin plantarle cara? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido permitiendo que se creara un mundo paralelo ideológico y tirano?”. Sin citarlo directamente, pareció una forma de pedir a Feijóo que de la batalla cultural en sus propios términos y no en los del ‘sanchismo’.

Santiago Abascal ha sido durante mucho tiempo una excepción dentro de la extrema derecha europea. Mientras dirigentes como la italiana Giorgia Meloni o la francesa Marine Le Pen calibraban cuidadosamente su cercanía con Donald Trump para evitar que los intereses nacionales quedaran subordinados a la agenda de Washington, el líder de Vox hizo lo contrario. Convirtió su proximidad al presidente estadounidense en uno de los principales activos internacionales del partido, lo que le permitió aumentar su proyección dentro de la órbita del trumpismo y sus aliados.

Esa estrategia parece haber encontrado ahora su primer límite. La defensa pública de Meloni frente a las descalificaciones de Trump ha llevado a Abascal, por primera vez, a discrepar abiertamente del republicano. "No se puede tratar a los aliados como vasallos", afirmó este martes en Telecinco, después de que Trump cargara contra la primera ministra italiana, con quien el líder de Vox mantiene una estrecha relación política y personal. “No es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables”, prosiguió Abascal, para concluir que el estadounidense se está “equivocando”.

Hasta hace apenas unos meses, Meloni era presentada por Trump y su entorno como el modelo de la nueva derecha europea. Ambos exhibían sintonía política y compartían buena parte del discurso sobre inmigración, soberanía nacional o batalla cultural. Pero la relación comenzó a deteriorarse cuando afloraron los intereses de la Administración estadounidense. Primero, a propósito de la ofensiva contra Irán y el uso de bases militares. Meloni evitó implicar directamente a Italia en la operación y defendió que cualquier decisión debía respetar los procedimientos institucionales italianos.

Después llegaron los reproches por unas declaraciones de Meloni sobre el papa León XIV, las burlas tras la cumbre del G7 —cuando Trump aseguró que la dirigente italiana le había "suplicado" una fotografía para mejorar su popularidad, algo que ella negó y calificó de“invención”— y, finalmente, la publicación en Truth Social de una imagen de Meloni acompañada del comentario: "Necesitamos una orden de alejamiento". La primera ministra respondió con dureza: “Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no me ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”.

Fue este último episodio el que llevó a Abascal a salir públicamente en defensa de su aliada con una frase inédita en su relación con Trump: "No es normal tratar a los aliados como vasallos". La idea, sin embargo, ya la había expresado antes la propia Meloni, que ha insistido en varias ocasiones que ser aliada de Estados Unidos no significaba renunciar a defender los intereses nacionales italianos cuando chocan con las prioridades de Washington, como ha ocurrido con Irán, Gaza o las críticas a León XIV.

Hasta ahora, tanto Abascal como la cúpula de Vox habían evitado cualquier crítica pública a Trump, incluso cuando sus decisiones afectaban directamente a Europa o a España. Al contrario, justificaron su incursión tanto en Venezuela como en Irán. En el primer caso, rebajaron el tono contra Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, después de que el magnate la eligiera frente a María Corina Machado. La estrategia de la formación ultra ha consistido en justificar las medidas más controvertidas del republicano y trasladar la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa postura contrasta con la de otras figuras de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, muy crítica con la intervención en Venezuela. Vox ha sido el último en asumir matices y solo ha dado el paso cuando ha visto atacada a una de los suyos. Abascal defendió a la primera ministra de Italia en Telecinco, la calificó de “amiga y aliada” y le trasladó todo su “respeto y apoyo”. E insistió: “Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos”. Todo un cambio respecto a su posición habitual.

Cuando Trump amenazó con imponer aranceles a productos europeos, Abascal tampoco criticó la medida. Al contrario, responsabilizó al Ejecutivo español de la situación y sostuvo en el Congreso que, si Italia sufría menos presión, era porque Meloni mantenía una buena relación con la Administración Trump —ironías de la vida—, mientras Sánchez había optado por el enfrentamiento político. Para Vox, el problema no era la política comercial del presidente estadounidense, sino el supuesto aislamiento internacional del Gobierno español.

Ese posicionamiento respondía a una apuesta política mucho más amplia. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Vox ha reforzado su papel como principal interlocutor del trumpismo en Europa. Abascal fue invitado a los actos de investidura del presidente estadounidense, ha participado de forma recurrente en la Conservative Political Action Conference (CPAC) y ha intensificado los contactos con los principales laboratorios de ideas de la nueva Administración republicana. En febrero del pasado año, el propio Trump felicitó a Abascal por "su gran trabajo" en el CPAC celebrado en Washington.

La principal colaboración se produce a través de las fundaciones. Disenso, presidida por el propio Abascal, mantiene una colaboración estable con Heritage Foundation, uno de los think tanks más influyentes del universo conservador estadounidense y pieza central en la elaboración del programa político del segundo mandato de Trump. Ambas organizaciones han celebrado encuentros conjuntos, comparten foros internacionales y varios de sus responsables participan regularmente en las iniciativas impulsadas desde Madrid.

Disenso se ha convertido, además, en la plataforma con la que Vox trata de articular una red internacional de la nueva derecha, especialmente en el espacio iberoamericano. La denominada Iberosfera, impulsada desde la fundación, conecta a dirigentes conservadores y de extrema derecha de Europa y América con un discurso común sobre inmigración, soberanía nacional, identidad cultural y rechazo a las políticas climáticas. En esa estrategia, la alianza con el ecosistema político e intelectual de Trump ocupa un lugar central.

Esa red sigue plenamente operativa. Tampoco se aprecia un cambio de discurso entre algunos de los principales referentes internacionales de Vox. Jorge Martín Frías, director de Disenso, defendía hace apenas unos meses que la organización comparte con la Administración Trump buena parte de su diagnóstico sobre inmigración, libertad de expresión, desregulación económica o el papel de las instituciones europeas. Eurodiputados como Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, dos de las figuras con mayor proyección internacional del partido, continúan situando al republicano como uno de los principales referentes del nuevo bloque soberanista occidental.

Por eso resulta especialmente significativa la reacción de Abascal. No porque anuncie una ruptura con Trump —nada indica que vaya a producirse—, sino porque introduce un matiz que hasta ahora había evitado cuidadosamente. El líder de Vox parece haber asumido una estrategia que otros aliados europeos del presidente estadounidense llevan meses aplicando, la de no aceptar de forma acrítica todas sus decisiones. Eso sí, con los ataques de Trump al presidente español, Pedro Sánchez, Abascal sigue sin tener ningún problema. Es más, los secunda, así como su exigencia de que España invierta más en defensa.

En Vox no explican qué motivos hay tras este giro, pero la derrota del principal aliado europeo de Trump, Viktor Orbán, ha pasado factura. La experiencia de los últimos meses ha demostrado que una identificación excesiva con el magnate puede convertirse en un problema cuando la Casa Blanca prioriza los intereses estadounidenses frente a los de sus aliados y la opinión pública percibe a los dirigentes europeos como “vasallos” a su disposición. 

También influye el creciente peso político de Meloni dentro del espacio conservador europeo. Su liderazgo se ha consolidado hasta convertirse en un referente más útil para partidos como Vox que el propio Trump en determinadas cuestiones relacionadas con la gobernabilidad, las relaciones con Bruselas o la gestión institucional, especialmente tras la derrota de Orbán. Abascal apostó por él tras las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y le debe la presidencia de Patriots, pero el ex primer ministro húngaro ya no es una figura con poder institucional.

A ello se suma el contexto interno, con la llamada “prioridad nacional” en el centro del debate. En este escenario, reforzar la imagen de un partido con autonomía política puede resultar más rentable que aparecer completamente alineado con una administración extranjera, especialmente cuando sus decisiones generan incomodidad entre potenciales votantes, como ocurrió con los aranceles y el voto del campo.

Nada de ello significa que Vox haya iniciado un proceso de alejamiento del trumpismo. Las conexiones políticas, organizativas e intelectuales siguen intactas y probablemente continuarán reforzándose durante los próximos meses. La alianza entre Disenso y Heritage Foundation permanece activa y Trump sigue siendo una referencia central en la batalla cultural que libra contra la izquierda y contra las instituciones europeas, tal y como reconoció Abascal este martes. Lo que sí parece haber cambiado es que el líder de la ultraderecha española ha comprobado que incluso las alianzas ideológicas necesitan límites cuando entran en conflicto con sus propios aliados europeos. También porque, llegado el caso, él podría ser el siguiente.

Durante años el presidente húngaro Viktor Orbán fue el gran referente internacional de Vox. Hungría representaba la prueba de que una derecha nacionalista, ultraconservadora y enfrentada a Bruselas podía gobernar y marcar la agenda europea. Pero el tablero ha cambiado y, en paralelo, la organización ha intensificado la construcción de una comunidad política transatlántica articulada en torno al concepto de "Iberosfera".

La idea, impulsada desde la Fundación Disenso presidida por Santiago Abascal, plantea la existencia de un espacio común formado por España, Portugal y los países hispanoamericanos, unido por la lengua, la historia, la religión católica y determinados valores políticos. La Iberosfera no es sólo una un concepto para la formación ultra, es una horizonte geopolítico destinado a construir una red internacional de gobiernos, partidos, fundaciones y líderes ultras a ambos lados del Atlántico.

La apuesta americana de Vox coincide además con una tendencia más amplia de la derecha estadounidense. La nueva Administración de Donald Trump ha recuperado una visión hemisférica de la política exterior de EEUU en la que América vuelve a ser ese espacio prioritario de influencia. En ese contexto, las victorias de dirigentes conservadores y ultraderechistas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador o El Salvador adquieren un significado que va más allá de la política nacional.

El nuevo mapa americano que mira Vox tiene hoy varios nombres propios. El que más destaca es el de Javier Milei en Argentina, pero en los últimos meses se han sumado nombres como el de José Antonio Kast en Chile y recientemente Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, a falta de la confirmación oficial. También se mira desde Vox al Salvador autoritario de Nayib Bukele — aunque con ciertos matices— , mientras que las victorias de Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador, ambos conservadores y proestadounidenses, sirven para completar su relato de cambio de ciclo.

Para Vox, esos gobiernos representan algo más que aliados ideológicos. Son la evidencia de que la derecha radical está encontrando en América el terreno donde puede seguir acumulando victorias en el momento en el que en Europa se ha vuelto más difícil.

La derrota de Orbán en Hungría el pasado abril, unido a la incapacidad de Marine Le Pen para alcanzar — por el momento— el poder en Francia a la espera de la decisión su inhabilitación, el estancamiento de André Ventura en Portugal, la pérdida de influencia de Geert Wilders en Países Bajos o las dificultades de la AfD alemana para romper el cordón sanitario han reducido el número de victorias de la familia política de Vox en Europa.

Incluso Giorgia Meloni, que sigue gobernando Italia, ya no ocupa el lugar de referencia estratégica que tuvo para la formación de Santiago Abascal. La primera ministra italiana ha buscado consolidarse como interlocutora de Bruselas y Washington, ha tomado posiciones más pragmáticas en política exterior y ha evitado alineamientos automáticos con Donald Trump en cuestiones sensibles. Esa evolución ha ampliado la distancia política con Vox.

La derecha radical europea continúa siendo una fuerza ascendente en términos electorales, pero acumula dificultades para transformar ese apoyo en gobiernos estables. La derrota de Orbán, los límites de Le Pen, los problemas de Wilders y la creciente autonomía de Meloni han coincidido con una sucesión de victorias conservadoras y ultras en América Latina. En ese contexto, Vox y la Fundación Disenso han reforzado la apuesta por la Iberosfera como espacio prioritario de influencia política.

Las publicaciones más recientes de la Fundación Disenso reflejan con claridad ese desplazamiento. En abril de 2026, la fundación promovió en Madrid la conferencia "Una Nueva Alianza: por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa", organizada por Patriots for Europe Foundation. El objetivo declarado era "fortalecer los vínculos entre las fuerzas patriotas de América y del Viejo Continente" y pasar de la cooperación ideológica a una "hoja de ruta geopolítica práctica".

En el texto publicado en la web de Disenso, se sostiene que América Latina constituye una “reserva estratégica de petróleo, gas, litio, cobre y minerales críticos imprescindibles para la economía europea”. La relación ya no se plantea únicamente en términos identitarios o culturales, sino también energéticos, económicos y geopolíticos. La tesis central es que Europa sólo podrá mantener su autonomía estratégica si estrecha lazos con gobiernos afines en el continente americano. América aparece así como alternativa tanto a la dependencia china como a la influencia de las élites europeas consideradas "globalistas".

Si existe un país que simboliza esta nueva etapa es Argentina. Disenso acaba de publicar el ensayo "El cambio de época: Argentina como catalizador de la libertad en la Iberosfera (2020-2025)", donde el gobierno de Javier Milei es presentado como la demostración práctica de que es posible derrotar a la izquierda y “desmantelar el Estado intervencionista”. El texto afirma que el liderazgo de Milei ha demostrado que pueden desmontarse los "pilares de la estructura woke kirchnerista" y convertir Argentina en el motor de una transformación política para toda la Iberosfera.

No se trata únicamente de simpatía ideológica. Milei fue uno de los primeros dirigentes latinoamericanos en adherirse a la Carta de Madrid, el documento fundacional impulsado por Disenso y Foro Madrid. Argentina se ha convertido así en el principal escaparate del proyecto internacional de Vox.

Las publicaciones recientes de Disenso muestran también otro elemento constante: la reivindicación de la Hispanidad como instrumento político contemporáneo. Artículos como "Ayuso, Sheinbaum y la Hispanidad reducida a bronca política" o "México y el perdón por existir" recuperan una narrativa según la cual España y América comparten una herencia histórica injustamente cuestionada por las corrientes progresistas y los movimientos decoloniales. La Hispanidad aparece presentada como una comunidad cultural que debería convertirse en sujeto político internacional. Esa idea conecta directamente con el concepto de Iberosfera y con la aspiración de construir un bloque conservador transatlántico.

Detrás de esta estrategia hay una figura menos conocida que Abascal pero fundamental para entender el despliegue americano de Vox: Jorge Martín Frías. Director de la Fundación Disenso, eurodiputado y principal arquitecto intelectual del proyecto internacional de Vox, Martín Frías ha sido uno de los impulsores de la red de alianzas con dirigentes latinoamericanos. Él mismo ha defendido públicamente la necesidad de apoyar a fuerzas políticas que compartan una agenda de libertad, soberanía nacional y combate contra la izquierda latinoamericana.

Su nombre aparece de forma recurrente en las actividades internacionales de Disenso: encuentros con think tanks conservadores de América Latina, participación en foros organizados por la Heritage Foundation en Estados Unidos, reuniones con dirigentes opositores venezolanos y coordinación de la red creada alrededor de Foro Madrid.

Madrid se ha convertido en la capital europea del presidente argentino Javier Milei. Es la sexta vez que viaja a España desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Ningún otro país europeo ha recibido tantas visitas del presidente argentino y solo Estados Unidos supera a nuestro país en su agenda internacional. El viaje, además, mantiene un patrón que se ha repetido en todas sus estancias anteriores y que no cumple con la habitual diplomacia extranjera y no se reunirá ni con el presidente español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. No lo ha hecho ninguna de las seis veces que ha visitado la capital, mientras que sí se ha visto con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Según trasladan fuentes de la Casa Rosada a medios argentinos, en esta ocasión Milei mantendrá reuniones con empresarios organizadas por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge. Así, citan encuentros con directivos de grandes compañías españolas con intereses en Argentina, entre ellas el Banco Santander, el BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia con el objetivo declarado de promover inversiones. No está previsto, según trasladan fuentes de Sol a infoLibre, que se reúna con Ayuso mientras que Vox no aclara a preguntas de este periódico si hará lo propio con Abascal. 

El principal evento de esta visita será la inauguración de la II edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina el viernes. El mandatario ultra recibirá la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, un reconocimiento que la institución justifica por “su trayectoria como economista, su defensa de las políticas de libertad económica y su papel en las reformas emprendidas en Argentina”, según destacan desde la organización.

Aunque la agenda oficial difundida por la Presidencia argentina solo confirma el acto del CEU, las reuniones privadas con empresarios son clave para el presidente argentino, que necesita inversiones en un país que él mismo presenta como oportunidad, pero que ha sido históricamente un mercado volátil, con crisis recurrentes, devaluaciones, litigios y dificultades para repatriar beneficios. De esta manera, busca conseguir acuerdos y compromisos millonarios para el país que le ayuden a mantener el apoyo político interno. 

Su viaje coincide con un momento de desgaste político provocado por investigaciones y polémicas que afectan a miembros de su Gobierno, especialmente a su jefe de Gabinete Manuel Adorni, que afronta una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito tras reconocer que ocultó medio millón de dólares no declarado. Lo justificó diciendo que eran ahorros "en negro" de años anteriores, explicaciones que no han convencido a la oposición argentina, que hace solo unas semanas reclamó una moción de censura contra Ardoni.

En esta sexta visita a España, la agenda de Milei transcurre, de nuevo, por un circuito alternativo al de la diplomacia habitual formado por empresarios, universidades privadas y organizaciones vinculadas a la derecha política y cultural. El acto central será su participación en la Universidad CEU San Pablo, donde recibirá una distinción honorífica. El reconocimiento no llega de una institución académica neutral, sino de uno de los principales centros de influencia del conservadurismo católico español.

Un acto que estará presidido por el presidente de la Fundación Universitaria, Alfonso Bullón de Mendoza, la rectora de la universidad, Rosa Visiedo, y el director de los cursos, Benigno Pendás. El programa de los cursos refleja además el ecosistema político e ideológico con el que Milei mantiene mayor afinidad en España ya que entre los ponentes figuran, además de Ayuso y Abascal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente José María Aznar, además de dirigentes conservadores, juristas y representantes empresariales.

El centro pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), una organización fundada a comienzos del siglo XX con el objetivo de promover la presencia del catolicismo en la vida pública española. Desde 2018, la ACdP está presidida por el citado Alfonso Bullón de Mendoza, que además de presidir la Fundación Universitaria San Pablo CEU también es el presidente del pseudomedio El Debate desde su nacimiento, en 2021. Además, detrás de la distinción académica que recibirá Milei está Javier Morillas Gómez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y consejero del Tribunal de Cuentas desde hace cinco años.

Bajo la dirección de Bullón de Mendoza, la ACdP ha reforzado su presencia pública mediante un entramado que combina universidad, medios de comunicación, fundaciones y foros de debate. Él mismo ha defendido la necesidad de que los católicos recuperen influencia en el espacio público y ha convertido al CEU y a El Debate en algunos de los principales altavoces del conservadurismo español.

Y, aunque el presidente argentino comparte buena parte de los discursos que forman parte del universo político de la ACdP como la crítica al progresismo, la oposición a las políticas de igualdad y el rechazo a la memoria histórica, la defensa de una concepción tradicional de la familia y un fuerte rechazo a lo que denomina "socialismo" o "cultura woke", el libertarismo económico de Milei no coincide plenamente con la doctrina social de la Iglesia. La reciente visita del Papa León XIV a España y su mensaje pro inmigración es un ejemplo de ello.

Más que un reconocimiento estrictamente académico, el premio supone la incorporación de Milei a una red de instituciones conservadoras que, desde distintos ámbitos —en este caso, el mundo de la universidad privada—, aspiran a disputar la hegemonía cultural a la izquierda y al Gobierno de Sánchez. En ese sentido, la distinción del CEU no solo reconoce al presidente argentino, sino que visualiza la afinidad entre su doctrina política y una parte significativa de la derecha española organizada en torno a un mismo ecosistema.

Con todo, la frecuencia de las visitas de Milei que supera con creces a la de otros mandatarios extranjeros, no responde únicamente al peso económico de España para Argentina —aunque el país es uno de sus principales inversores europeos— sino también a la relevancia ideológica que Milei concede a Madrid. A diferencia de otros presidentes latinoamericanos, no prioriza las visitas institucionales a países vecinos ni las reuniones bilaterales tradicionales. Prefiere cultivar alianzas con la derecha europea y utilizar Madrid como plataforma para proyectar internacionalmente su discurso anti impuestos.

La relación institucional entre ambos países continúa marcada por la crisis diplomática abierta en mayo de 2024, cuando Milei calificó de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto de Vox. España retiró entonces a su embajadora durante varios meses y las relaciones políticas nunca recuperaron la normalidad. Desde entonces, el presidente argentino ha evitado cualquier contacto oficial con el Ejecutivo español en todas sus visitas.

Esa fue su primera visita a España, en la que además de participar en el acto de la formación ultra, también se vio con empresarios españoles interesados en invertir en Argentina. Solo un mes después, en junio de 2024, regresó para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso en lo que fue un polémico encuentro y un reconocimiento del Instituto Juan de Mariana, presidido por un exviceconsejero madrileño, Manuel Llamas, que define al socialismo como una “ideología asesina e inmoral” y “una enfermedad del alma”. 

Durante el pasado año volvió a la capital — curiosamente, es la única ciudad que ha visitado en España— para clausurar el Madrid Economic Forum, reunirse nuevamente con Abascal, mantener encuentros con empresarios del Ibex interesados en el proceso de desregulación económica de Argentina y entrevistarse con Ayuso. En ese foro volvió a cargar contra el presidente español, al que calificó de "bandido". Y en marzo de este año protagonizó otra visita exprés para intervenir nuevamente en el mismo foro y recibir un premio del Instituto Ludwig von Mises. Tampoco mantuvo contactos con representantes del Ejecutivo español.

Hace una década del referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y la gazmoñería inglesa fluctúa. El 23 de junio de 2016, el 51,89% de británicos votó por salir de la UE; el 48,11%, por quedarse. Sin precedentes para tal osadía, el proceso todavía no ha acabado. El Brexit entró en vigor el 31 de enero de 2020; se hizo efectivo el 1 de enero de 2021 con la ruptura comercial y fronteriza. Irlanda del Norte aún está siendo una pesadilla política, mientras que Gibraltar se ha acomodado mejor. Escocia votó por quedarse, pero ha sido forzada a salir. El actual reset (reajuste) del Gobierno laborista marca tres líneas rojas (exclusión del Mercado Común, de la Unión Aduanera y de la libre circulación de personas); el resto, todo para renegociar, perpetuando así el proceso de nunca acabar.

La batahola de acuerdos y desacuerdos en torno al Brexit genera un bochinche de encuestas (Ipsos, YouGov, etc.) que apunta al aumento de los arrepentidos de haber votado Brexit: el 56% es partidario de la reincorporación, el 35%, contrario; el 48% apoya un segundo referéndum en un lustro, el 27% está en contra de otra consulta. Los resultados, entre los jóvenes, son más favorables a Europa que entre los mayores de 35 años.

Las cifras macroeconómicas indican que el Brexit ha perjudicado la economía. Según un estudio de la London School of Economics, el producto interior bruto (PIB) está entre 6% y 8% por debajo de lo que estaría si Reino Unido no hubiese salido de la UE; las inversiones se habrían reducido entre el 12% y el 18%; y el paro habría subido un 3% por el Brexit, según el estudio citado, en el que se reconoce que resulta difícil separar las consecuencias del Brexit de las del covid, la crisis energética, los aranceles de Donald Trump u otros factores que afectan a la economía británica.

Junto a la macroeconomía, el Brexit ha repercutido negativamente en la microeconomía; la del ciudadano de a pie que aquí dibujaré como el matrimonio formado por el británico John Smith y la española, residente fiscal en Reino Unido, María García, los nombres más frecuentes en la nomenclatura anglo-española, ambos (pongamos) de 65 años: John y María fueron de viaje a Grecia, visitaron la Acrópolis de Atenas; ella, con pasaporte español, pagó 17 euros por la entrada; él, británico, 25, puesto que la rebaja para mayores de 60 años se aplica a los ciudadanos de los 27 países de la UE. De turismo masificado o restringido, el Brexit ha encarecido los viajes de los británicos por Europa.

María alquila un piso, heredado (digamos) en Salamanca, por una cifra mensual de tres dígitos, del que ella paga el IBI y del que salda el impuesto sobre el alquiler a la Agencia Tributaria española. Antes del Brexit abonaba el 19% del alquiler y desgravaba los gastos generados por el uso de la vivienda. Con el Brexit, el 19% ha subido al 24% sin desgravación de ningún tipo para propietarios de fuera de la Unión Europea. El Brexit va sumando también a los británicos que viven en las costas españolas.

Para Navidad o cumpleaños de familiares, María tenía la costumbre de mandar un paquete a España hasta que la golpeó el Brexit con la declaración de contenido y valor de los paquetes, puesto que Reino Unido no comparte la unión aduanera de la UE. Por Correos o empresas de transporte, hay que detallar medidas, materiales y tiquismiquis acerca del envío. Un valor superior a 45 euros incurre en un 21% de IVA, aranceles si el objeto es originario de fuera de Reino Unido e impuestos especiales. A una sobrina de María, destinataria en Segovia de un regalo hecho en Nueva Zelanda, enviado desde Inglaterra, le costó casi los 50 euros que (digamos) abonó María por el obsequio. Paga el remitente y paga el destinatario.

Para John y María, además del dinero, lo peor que conlleva el Brexit son los interminables trámites administrativos. Aunque ellos están regularizados, hay españoles en el limbo administrativo por el Brexit. Los visitantes a Inglaterra necesitan desde hace unos meses una ETA (Electronic Travel Authorisation) o permiso de viaje, que cuesta 20 euros, para entrar en Reino Unido de visita o trabajo. Si alguien europeo, o del resto del mundo, quiere permanecer más de seis meses o 90 días de cada 180, necesitará un visado que solicitará a Home Office, el Ministerio de Interior británico. John Smith, que quiere moverse entre España y Reino Unido sin restricciones, ha optado por el TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), que cuesta 20 euros más los trámites, renovable cada cinco años, para lo cual necesita estar empadronado en España, entre otros requisitos. María, en cambio, desde el Brexit, ha optado por la doble nacionalidad y dos pasaportes, al precio de 2.500 euros por los trámites de la nacionalidad y 120 euros por el pasaporte.

Para este verano, John y María planean con cierta cautela un viaje a Europa debido a que la aerolínea Wizz Air pide a sus pasajeros que lleguen con tres horas de antelación al aeropuerto por las colas que generan los controles de pasaportes (Brexit y la UE con el Sistema de Entradas y Salidas —EES— del espacio Schengen). Ryanair ha anunciado que no retrasará vuelos por pasajeros bloqueados en el control de pasaportes. De una duración de 20 a 25 segundos se ha pasado a 90 segundos, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que alerta de un verano de largas colas en los aeropuertos europeos.

Los que cumplen también diez años (de protesta) son el grupo de activistas SODEM Action (Movimiento Europeo de Desafío [al Brexit]). Cada miércoles de sesión de control parlamentario o preguntas al primer ministro, el grupo planta sus banderas europeas y sus eslóganes en Westminster. El fundador, Steve Bray, explica a infoLibre que “la prevista elección de Andy Burnham como líder laborista y primer ministro podría ser clave para la reincorporación a la UE”. Una esperanza compartida por pocos. En la protesta del miércoles 17 de junio, los activistas cantan Money, money y exhiben una foto del brexitero ultraderechista Nigel Farage en forma de billete de cinco millones de libras, la cifra de dinero que ha recibido de Rusia, según él para financiar su seguridad. Los fervientes brexiteros aducen que el Brexit, si no es un éxito, es porque se ha aplicado de forma inadecuada.

El mundo energético no termina de fiarse del reciente acercamiento entre Estados Unidos e Irán, cuando están a punto de cumplirse cuatro meses de guerra en Oriente Medio. Las dos potencias firmaron esta semana un polémico memorando de entendimiento que podría ser un primer paso hacia la paz y el Ejército estadounidense levantó horas después su bloqueo naval sobre el Estrecho de Ormuz, pero los registros de tránsito de buques en la región demuestran que armadores y aseguradoras de barcos no confían en que el paso sea seguro. 

Es cierto que a lo largo del jueves se registró el mayor paso de barcos comerciales a través de Ormuz con su GPS encendido desde que comenzó la guerra, con un total de 21 navíos, cuatro de ellos petroleros, una muestra de que el tráfico empieza a despertar en la región. Sin embargo, este viernes la circulación volvió a desplomarse tras conocerse que las conversaciones de paz se volvían a estancar por un ataque de Israel sobre el Líbano que dejó 18 muertos. La mala noticia fue seguida de un acuerdo a mediodía del viernes de alto al fuego entre Hezbollah e Israel.

Jaime Concha, editor de Energy Intelligence y experto en gas natural, opina que la sucesión constante de noticias que cambian el rumbo del conflicto demuestra la debilidad del memorando firmado en el Palacio de Versalles esta semana. "El sector ya dudaba del futuro de ese acuerdo y de que tenía muy poca solidez, pero lo que ha ocurrido este viernes ha dado la razón a los que dudan", señala el analista.

Lo que es innegable es que el precio de la energía en los mercados se ha desplomado en apenas una semana. La cotización del petróleo y del gas, que se usan como referencia para medir el sentimiento del mercado, muestran una caída de alrededor del 20%, pero siguen cotizando un 15% (para el petróleo) y un 30% (para el gas) por encima respecto a antes del conflicto, lo que demuestra que el mercado de materias primas está lejos de volver a la normalidad.

Antes de la guerra, alrededor de 135 barcos cruzaban cada día el Estrecho de Ormuz, seis veces más que en el mejor día de esta semana. El coste de asegurar uno de estos barcos se ha multiplicado hasta por 12, puesto que uno de estos barcos puede costar entre 200 y 300 millones de dólares, de manera que pocos están dispuestos a aventurarse en este momento a cruzar.

Y aquellos que lo hacen deben hacerlo por una ruta extremadamente estrecha y limitada por un campo de minas. La vía norte, la situada frente a la costa iraní, está coordinada por la República Islámica, que todavía no permite la libre circulación, según denuncian los armadores. Mientras que la ruta sur, en la costa de Omán, está controlada por Estados Unidos y abierta al tráfico, pero requiere de coordinación entre barcos por su limitado espacio. Entre ellas hay una zona en teoría minada por el régimen iraní.

"El desminado deberá comenzar lo antes posible y es necesario publicar las zonas de peligro de las minas", reclamaba este jueves Intertanko, una patronal formada por 191 compañías de tráfico marítimo. Recuerdan que, según el memorando firmado, es Irán la encargada de desminar la región y enviar las coordenadas de estos explosivos. "Una vez que se tomen estas medidas, el sector naviero debería tener la seguridad necesaria para reanudar el transporte de comercio mundial y energía a través de la zona", dijo este jueves Phillip Belcher, director marítimo de la organización.

Por otra parte, el memorando de entendimiento recoge que durante 60 días el tráfico estará abierto sin la posibilidad de introducir nuevas tasas, de modo que Irán no podrá cobrar los dos millones de dólares por barco que ha llegado a pedir en los últimos meses. Sin embargo, no hay ningún compromiso de que esta condición se mantenga después del verano, por lo que el tráfico podría encarecerse ligeramente después. 

Además de los inconvenientes marítimos, la región tiene numerosas plantas de licuefacción de gas natural y refinerías de petróleo dañadas. Por mucho que el tráfico se recupere, la producción y la exportación de energía no volverán a la normalidad a corto plazo. Si bien algunas de las plantas han quedado fuera de servicio durante años por ataques con drones, la fecha para el retorno a una relativa normalidad es de unos dos meses una vez que Ormuz vuelva a operar con seguridad.

Según publicó esta semana Bloomberg, Catar, el segundo mayor exportador de gas natural del mundo, tiene previsto recuperar en un mes –desde que el tráfico marítimo se ponga en marcha por completo– la mitad de la producción en Ras Laffan, el mayor campo gasístico del mundo, que fue bombardeado a comienzos del conflicto. Allí se produjo el año pasado casi una quinta parte de todo el gas natural licuado –el que se transporta por barco– que consumió el planeta. En dos meses esperan producir el 80% de su capacidad.

"En el mejor de los casos, se tardará dos meses en recuperar un flujo importante y continuo de gas natural en el mercado internacional", señala Jaime Concha. Este inconveniente insalvable pondrá en una situación muy difícil a la Unión Europea, que tiene ahora mismo sus reservas de gas natural en el 45%, 15 puntos porcentuales menos de lo habitual en estas fechas, y debe rellenarlas de aquí al invierno.

"Cualquier imprevisto que altere esos planes llevará a que Asia y Europa compitan por el gas natural en los próximos meses, y aumentará la volatilidad de precios de la energía", añade el experto.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya no quiere mejorar su inglés pese a que fue una de las carencias que más le persiguieron cuando desembarcó en la política estatal en 2022. El conservador reconoció este miércoles en El Hormiguero que su nivel sigue siendo insuficiente cuatro años después. "¿Cómo va su inglés?", le preguntó el presentador, Pablo Motos. "Mal", respondió el líder de la oposición. Ante la insistencia del presentador, añadió: "No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor".

Una declaración que supone un giro respecto al discurso que había mantenido hasta la fecha. En la campaña de las generales de 2023, en la que el dominio del inglés aparecía como una de sus principales debilidades, Feijóo sostenía que debía mejorar. "Mi problema no es el gallego ni el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", aseguró. Incluso llegó a explicar que la convocatoria anticipada de elecciones había alterado sus planes para empezar a hacerlo y que ya estaba recibiendo las primeras clases. El precedente de Mariano Rajoy, incapaz de defenderse ante mandatarios y prensa extranjera en otra lengua, estaba muy presente, especialmente después de que Pedro Sánchez sí demostrara su buen nivel.

Ahora el mensaje es muy distinto. El líder del PP ya no se marca como obligación aprender inglés pese a que aspira a que España tenga un rol relevante a nivel global y es la lengua que se utiliza de manera habitual para despachar asuntos internacionales. Su solución pasa por recurrir a la tecnología para suplir esa carencia. Una fuente de la dirección del PP asegura, entre risas, que con la inteligencia artificial ya “hay mucho avanzado” y que, por tanto, Feijóo ya no debe dedicar tiempo a esta cuestión.

La evolución resulta significativa porque, a diferencia de lo que ocurría en 2022 y 2023, cuando trataba de construir una imagen presidencial y disipar las dudas que acompañaban a su salto desde la Xunta de Galicia a la política nacional, ahora Feijóo ya da por hecho que va a llegar a La Moncloa, con idioma o sin él. Y después de una larga campaña de desgaste contra Pedro Sánchez, el presidente del PP parece haber llegado a la conclusión de que no necesita demostrar que está trabajando para corregir esa falta de dominio lingüístico.

La entrevista en El Hormiguero estuvo, de hecho, impregnada de un tono claramente preelectoral y presidencial. Feijóo habló de cómo gobernaría, pidió "cuatro años de confianza" a los ciudadanos y se presentó como alternativa inmediata al actual Ejecutivo. 

En ese contexto, la naturalidad con la que despachó la cuestión del inglés resulta reveladora, aunque culpó a haber estudiado en una “escuela rural” su falta de dominio.

El nivel de inglés de Feijóo ha acompañado su trayectoria nacional desde que sustituyó a Pablo Casado al frente del PP. El propio presidente del PP admitía en 2023 que aprender inglés era algo que debían hacer quienes aspiran a ser primeros ministros, aunque defendía que en las negociaciones internacionales es preferible expresarse con precisión en la lengua propia y recurrir a traductores profesionales. Sin embargo, esa falta de conocimiento hace muy difícil estrechar vínculos personales con dirigentes políticos de otros países.

En aproximadamente un mes tendrá lugar en Ankara una nueva cumbre de la OTAN. Una cita que llega en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de la Alianza Atlántica. No porque exista una amenaza nueva —la agresión rusa contra Ucrania sigue siendo el principal desafío estratégico para la seguridad europea—, sino porque sigue sobre la mesa una pregunta incómoda y de muy difícil respuesta: ¿qué ocurre si Estados Unidos deja de estar dispuesto a asumir el liderazgo político, militar y financiero que ha sostenido la organización durante más de siete décadas?

La elección de Turquía como país anfitrión no es casual. Ankara aspira a convertir la reunión en una demostración de su creciente relevancia estratégica en un escenario internacional cada vez más fragmentado. Pero la cumbre también servirá para medir la capacidad de la OTAN para adaptarse a un mundo en el que la relación transatlántica atraviesa un momento de incertidumbre y donde los europeos siguen sin resolver el dilema de su autonomía estratégica. Aunque desde los países europeos ya suenan voces que cuestionan la validez de esta arquitectura de seguridad y defensa, lo cierto es que, en el medio plazo, nadie tiene una propuesta que permita avanzar en un marco diferente que sea netamente europeo.

El primer gran debate será, una vez más, el reparto de cargas. La exigencia estadounidense de que los europeos incrementen su esfuerzo en defensa no es nueva. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump la cuestión ha adquirido una dimensión diferente. Ya no se trata únicamente de aumentar presupuestos militares, sino de una crítica mucho más profunda al modelo de seguridad construido desde 1949. Washington cuestiona abiertamente una situación en la que Europa continúa dependiendo de las capacidades estratégicas estadounidenses mientras desarrolla políticas cada vez más autónomas en otros ámbitos. La presión para aumentar el gasto militar se debatió en La Haya, en Ankara la discusión se centrará sobre la mayor asunción de responsabilidades en la defensa convencional del continente. Diversas voces dentro de la Alianza consideran que Ankara debe servir para redefinir el equilibrio entre el pilar europeo y el liderazgo estadounidense.

Sin embargo, algo esencial y no menor será determinar quién define las prioridades estratégicas de la OTAN en un marco de deterioro de la relación transatlántica donde la desconfianza crece a cada minuto. La paradoja para los europeos es que la hipótesis de que el incremento del gasto militar hará ganar más autonomía política al bloque europeo sencillamente no es cierta. De hecho, el escenario más probable es el de un incremento de las inversiones europeas en defensa sin modificar una estructura de dependencia tecnológica, industrial y doctrinal que sigue girando en torno a Washington.

El segundo gran asunto será Ucrania. Aunque no figure formalmente como el único punto de la agenda, la guerra seguirá condicionando todas las conversaciones. Cinco años después del inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, la OTAN continúa enfrentándose al desafío de sostener el apoyo a Kiev sin provocar una escalada directa con Moscú. La cuestión ya no es únicamente cómo ayudar a Ucrania a resistir, sino cómo integrar la seguridad ucraniana dentro de una arquitectura europea de seguridad que continúa sin definirse claramente.

La paradoja es evidente. Mientras la guerra ha revitalizado a la OTAN, ha acelerado la inversión en defensa y ha reforzado la percepción de amenaza compartida entre los aliados, también ha puesto de manifiesto las enormes carencias europeas en materia de capacidades militares, producción industrial y coordinación estratégica. La dependencia de Estados Unidos sigue siendo determinante en inteligencia, defensa antimisiles, transporte estratégico y capacidades nucleares. Ucrania ha demostrado que los europeos pueden movilizar recursos económicos considerables, pero también que siguen sin poder garantizar por sí solos su propia seguridad. Aún no está claro cómo avanzar en la Europa de la defensa y ya se están viendo los primeros fracasos en el ámbito de la industria, como el del proyecto de caza europeo. La cooperación en materia industrial no está siendo uno de los fuertes en la apuesta por ganar autonomía estratégica.

En este contexto, Turquía emerge como uno de los actores más beneficiados por la nueva coyuntura geopolítica. Situada entre Europa, Oriente Medio, el Mar Negro y el Cáucaso, Ankara ha logrado consolidar una posición de intermediación que le permite dialogar simultáneamente con Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. La celebración de la cumbre constituye un reconocimiento implícito de ese papel. Además, el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan pretende proyectar la imagen de una potencia regional imprescindible para la estabilidad de la Alianza y especialmente relevante para la gestión de los desafíos procedentes del sur. Y precisamente el flanco sur será otro de los debates relevantes de Ankara. Desde la perspectiva de los países mediterráneos, las amenazas a la seguridad europea no se limitan a Rusia. La inestabilidad en el Sahel, los conflictos en Oriente Medio, o la seguridad energética son algunos de los temas que han quedado subordinados a las preocupaciones del flanco oriental.

España, Italia y otros países del sur llevan tiempo reclamando una visión más equilibrada de la seguridad euroatlántica. La pregunta es si la OTAN será capaz de incorporar estas prioridades sin diluir su foco principal sobre Rusia. Turquía, por su posición geográfica y estratégica, intentará situar precisamente estas cuestiones en el centro de las discusiones.

En todo caso, el verdadero tema de fondo será la relación transatlántica. La OTAN llega a Ankara inmersa en un debate existencial sobre su futuro. Las dudas sobre el compromiso estadounidense ya no pertenecen únicamente al terreno de las hipótesis académicas. Forman parte de los cálculos estratégicos de todas las capitales europeas. Incluso dentro de la propia Alianza se discute abiertamente la necesidad de prepararse para escenarios de menor implicación de Washington.

La cuestión fundamental es si Europa aprovechará esta situación para construir una verdadera capacidad estratégica propia o si continuará refugiándose bajo el paraguas estadounidense. Hasta ahora, las respuestas han sido ambiguas. La guerra de Ucrania ha impulsado el rearme europeo, pero no ha generado una verdadera autonomía política ni militar. La mayoría de los incrementos presupuestarios han terminado reforzando la dependencia de sistemas de armas estadounidenses. De este modo, el debate sobre la autonomía estratégica sigue enfrentándose a las reticencias de aquellos Estados miembros que consideran que cualquier fortalecimiento del pilar europeo podría debilitar el vínculo transatlántico.

Así, la cumbre de Ankara probablemente no cerrará este debate, aunque sí que ofrecerá una fotografía bastante precisa del momento que atraviesa la Alianza. Una OTAN reforzada por la amenaza rusa, pero tensionada por las incertidumbres sobre el compromiso estadounidense; una Europa que aumenta su gasto en defensa, pero que todavía no ha decidido si quiere convertirse en un actor estratégico autónomo; y una Turquía que aprovecha las fracturas del sistema internacional para consolidar su posición como potencia indispensable.

La pregunta que sobrevolará toda la cumbre será sencilla, aunque incómoda: ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una OTAN más europea o simplemente a una adaptación del viejo esquema de dependencia bajo nuevas condiciones? Por el momento, la respuesta sigue inclinándose hacia la segunda opción. Europa habla cada vez más de autonomía estratégica, pero continúa actuando como si la garantía última de su seguridad estuviera, inevitablemente, al otro lado del Atlántico. Quizás ha llegado el momento de empezar a cambiar los marcos cognitivos y avanzar hacia una diversificación de las alianzas estratégicas, quizás haya debatir y rebatir un marco fijo e incuestionable hasta ahora.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La reciente cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump dejó una sensación ambivalente, con abundancia de gestos, retórica constructiva y anuncios económicos, pero escasa concreción estratégica en los asuntos de fondo. Ambas partes parecen compartir una idea central consistente en la necesidad de estabilizar la relación bilateral en un momento de creciente tensión internacional. Sin embargo, también reconocen implícitamente que no existe espacio político ni estratégico para un gran acuerdo histórico capaz de reconducir la rivalidad estructural entre China y Estados Unidos.

En el plano económico, la cumbre reprodujo una dinámica relativamente conocida. Trump regresó exhibiendo una ampliación de la “factura china” mediante anuncios de grandes compras: carne de vacuno, soja, petróleo, aeronaves de Boeing y otros compromisos comerciales que permiten a la Casa Blanca presentar resultados tangibles ante su electorado y sus sectores empresariales.

Beijing parece haber aceptado esa escenificación como el precio a pagar por una cierta distensión temporal. De hecho, ambas partes insistieron en que todavía existe margen para mejorar los vínculos económicos y evitar una espiral de desacoplamiento absoluto. La fuerte presencia de empresarios en torno a la cumbre fue interpretada como señal de esa voluntad constructiva, aunque conviene relativizar su excepcionalidad; de hecho, la participación empresarial en este tipo de encuentros forma parte desde hace años del ritual diplomático sino-estadounidense, aunque en este caso haya habido un nivel especialmente cualificado.

Más significativo resultó otro detalle menos comentado: la presencia en la mesa de negociación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y del ministro chino de Defensa Nacional, Dong Jun. La inclusión simultánea de responsables militares de tan alto nivel apunta a una preocupación creciente por la gestión estratégica de la competencia con foco en el control de crisis, seguridad militar, armas nucleares y, sobre todo, Taiwán.

Porque incluso cuando se anuncian compras multimillonarias y se evocan oportunidades económicas, la desconfianza estratégica sigue dominando el trasfondo de la relación.

Fue precisamente en el asunto taiwanés donde Xi mostró un tono más contundente. Su advertencia sobre las consecuencias de una mala gestión de la cuestión dejó claro que Taiwán continúa siendo el núcleo más sensible y potencialmente explosivo de la relación bilateral.

El liderazgo chino considera que las acciones recientes de Washington alimentan las posiciones independentistas en la isla, algo que Beijing define como “incompatible con la paz”. El mensaje fue especialmente relevante porque provino directamente del propio Xi y en términos inhabitualmente explícitos. En la lógica política china, ignorar públicamente una advertencia formulada de manera tan clara por el máximo dirigente podría interpretarse internamente como una pérdida de credibilidad o incluso una pérdida de “cara” para el liderazgo.

La Casa Blanca insiste en que nada ha cambiado en su posición oficial. Sin embargo, algunos movimientos sugieren intentos discretos de evitar una escalada inmediata. Entre ellos destaca el retraso por parte de Trump de la aprobación final de un importante paquete de armas para Taiwán con el fin de facilitar el desarrollo de la cumbre sin sobresaltos.

La incógnita es hasta dónde puede llegar ese ajuste táctico. ¿Está dispuesto Trump a limitar realmente la implicación estadounidense en determinados ámbitos sensibles? ¿Renunciaría Washington a los beneficios económicos y estratégicos derivados de las ventas de armas? Las versiones ofrecidas por ambas partes difieren notablemente y, como suele ocurrir en este tipo de diplomacia, parte de los entendimientos podrían permanecer deliberadamente ambiguos.

Lo que sí parece claro es que Taiwán se consolida como la variable capaz de condicionar cualquier mejora futura en otros ámbitos de cooperación. Taiwán asoma como la frontera real de cualquier cooperación.

En el terreno internacional, Xi lanzó mensajes conciliadores orientados a reforzar la idea de una gestión compartida de los grandes desafíos globales. Cambio climático, estabilidad financiera, conflictos regionales o gobernanza tecnológica fueron presentados como ámbitos donde las dos grandes potencias deberían cooperar pese a sus diferencias.

Sin embargo, China sigue mostrando cautela ante cualquier interpretación que sugiera un auténtico G2 o una cogobernanza formal del sistema internacional junto a Estados Unidos. A Beijing le interesa promover un “nuevo paradigma” de relaciones entre grandes potencias, pero sin asumir un esquema que implique corresponsabilidad plena en un orden internacional todavía muy marcado por la hegemonía estadounidense.

La dificultad radica en que la cooperación convive con divergencias profundas sobre comercio, tecnología, seguridad, cadenas de suministro o la propia arquitectura del orden global. La rivalidad no desaparece; simplemente se intenta administrar. 

El balance final de la cumbre deja así una sensación de estabilización provisional más que de auténtica reconciliación estratégica. Mucha retórica y, probablemente, poca sustancia transformadora.

Ambas partes parecen haber asumido que la prioridad inmediata consiste en gestionar la tensión sin agravarla. Ni Washington ni Beijing desean una ruptura descontrolada, especialmente en un contexto económico y geopolítico internacional cada vez más incierto.

Aun así, persisten límites estructurales difíciles de superar. La visión estratégica china tiene vocación de largo plazo, mientras que Trump encara un horizonte político reducido y condicionado por la volatilidad interna estadounidense. Incluso si ciertos consensos avanzaran ahora, un futuro cambio de administración podría alterarlo todo nuevamente.

Se insiste con frecuencia en la supuesta debilidad de Trump debido a sus múltiples frentes internos. Existe parte de verdad en ello. Pero Beijing sabe también que Estados Unidos continúa siendo una potencia extraordinariamente fuerte en términos militares, tecnológicos y financieros. Del mismo modo, los elogios reiterados de Trump hacia Xi difícilmente pueden interpretarse como mera admiración personal pues forman parte también de una táctica negociadora destinada a generar confianza, bajar la guardia del interlocutor y obtener concesiones.

Por eso, más allá de las fotografías, las declaraciones amables y los anuncios comerciales, la realidad objetiva sigue apuntando hacia una intensificación de la competencia estratégica. Lo hablado en Beijing quizá no represente el inicio de una nueva era, pero sí la constatación de una necesidad compartida, la de evitar que la rivalidad chino-estadounidense termine desbordándose antes de tiempo.

En esta ocasión, los líderes chinos llevaron a Trump al Templo del Cielo y no a la Ciudad Prohibida.  Sin duda, la elección tiene una carga casi diplomático-cultural queriendo enfatizar que si bien no existe reconocimiento de una igualdad imperial, sí hay espacio ritual para la armonía. Parafraseando al agustino Juan González de Mendoza, en esto del simbolismo, los chinos también parten el cabello.

Quizá el verdadero resultado de la cumbre no sean los acuerdos anunciados, sino los límites tácitos que ambos intentan fijar para evitar accidentes estratégicos.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán no puede tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad reabrir el Estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, según un comunicado sobre el contenido de la primera reunión del la cumbre bilateral de Pekín difundido por la Casa Blanca.

"Ambas partes acordaron que el Estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejo clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso", indicó el comunicado.

Según la Casa Blanca, en el encuentro del Gran Palacio del Pueblo, Xi "expresó su interés" en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de China al petróleo proveniente del Golfo Pérsico.

Asimismo, el escueto comunicado asegura que "ambos países están de acuerdo en que Irán no puede tener nunca un arma nuclear".

Ambos países se comprometen a aumentar la cooperación económica y a "expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria", apuntó la Casa Blanca.

El equipo de Trump confirmó que a la reunión de trabajo entre Xi y Trump, que contó con la plana mayor de ambos gabinetes de Gobierno, se sumaron durante una parte los líderes de algunas de las principales empresas estadounidenses.

No obstante, fueron los consejeros delegados de Apple (Tim Cook), Nvidia (Jensen Huang) y Tesla (Elon Musk), los que tuvieron un papel central en la comitiva de Trump, ya que asistieron desde el comienzo a la ceremonia de bienvenida con honores militares en las escalinatas del Gran Palacio de Pueblo.

Trump pidió a Xi seguir trabajando para contener el flujo de los precursores del fentanilo que acaba en los Estados Unidos y pidió que Pekín aumente las compras de producto agrícolas estadounidenses.

Ucrania también ha sido un punto de fricción entre China y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, mientras Washington acusa a Pekín de respaldar indirectamente a Rusia mediante apoyo económico y tecnológico, algo que el Gobierno chino rechaza.

La situación en la península coreana sigue siendo además un asunto habitual en los contactos entre Pekín y Washington, dado el papel de China como principal aliado político y socioeconómico de Corea del Norte.

Trump calificó la relación entre Estados Unidos y China de "una de las más importantes de la historia" y la definió como "muy especial", al tiempo que brindó por la "prosperidad" de ambos países y por un futuro "brillante" para los vínculos bilaterales.

Por su parte, el presidente chino declaró posteriormente en la apertura del banquete de honor que las aspiraciones del "gran rejuvenecimiento" chino son compatibles con las de "hacer Estados Unidos grande de nuevo", como se conoce al movimiento "Make America Great Again" (MAGA) de Trump.

Xi trazó paralelismos con el plan de China para los próximos 15 años, que está "avanzando en la modernización de China a través de desarrollo de alta calidad", y la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y el espíritu de "patriotismo, innovación y de pioneros" que representa.

Los dos líderes acordaron además, según Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami (EEUU).

Además, el presidente estadounidense invitó su homólogo chino a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

Isabel Díaz Ayuso ha decidido cancelar el tramo final de su viaje a México y regresar a España este fin de semana, pese a que inicialmente estaba previsto que durara diez días en total. La decisión llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid acusara al Gobierno de Claudia Sheinbaum de alimentar un "clima de boicot" contra ella. Ayuso tenía previsto asistir este sábado a la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en la Riviera Maya, y después desplazarse a Monterrey. 

La versión difundida por el Gobierno madrileño en un comunicado apunta directamente a la presidenta mexicana y sostiene que el Ejecutivo de Sheinbaum habría amenazado a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo donde se celebra la gala si Ayuso acudía "tanto al evento como al recinto". También asegura que las autoridades mexicanas exigieron "cada nombre y apellidos" de las personas que se reunieran con la presidenta madrileña.

La acusación eleva el tono de un viaje polémico desde sus inicios. La presidenta madrileña llegó a México después de haber convertido la historia compartida entre ambos países en un nuevo campo de batalla ideológico, en pleno proceso de deshielo diplomático entre el Gobierno de Pedro Sánchez, Felipe VI y el Ejecutivo de Sheinbaum. La presidenta madrileña aprovechó su visita para reivindicar la "Hispanidad", la "evangelización" y el papel de Hernán Cortés, una agenda que buscaba presentar a Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana.

Aunque el Gobierno madrileño sostiene que es “insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas”, el pasado mes de febrero Ayuso equiparó al Gobierno mexicano con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

El pasado lunes la dirigente conservadora hizo un alegato en defensa del conquistador español durante el acto "Celebración por la evangelización y el mestizaje en México: Malinche y Cortés", inicialmente previsto en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México y finalmente trasladado al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. En ese evento, Ayuso defendió el "mestizaje" como mensaje de "esperanza", mientras grupos indígenas protestaban contra un homenaje que consideraban una reivindicación del colonialismo español.

La respuesta de Sheinbaum llegó horas después. Sin citar a la baronesa del PP, cargó contra quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como una supuesta salvación están "destinados a la derrota". En los días siguientes, la dirigente mexicana insistió en que Ayuso tenía derecho a viajar a México y a defender sus posiciones, pero cuestionó que la derecha mexicana pretendiera ganar legitimidad abrazando a una dirigente que "adora a Cortés".

Antes de que la Comunidad de Madrid anunciara que Ayuso cancelaba el viaje después de que la presidenta mexicana hubiera “llamado al boicot de varios de sus eventos”, Sheinbaum aseguró que no iba a "coartar la libertad de expresión" de Ayuso pero sí que señaló que no creía que hablar de Hernán Cortés y la conquista ayudara políticamente a quienes habían invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El choque se produce en un momento especialmente delicado. La relación entre España y México arrastraba años de tensión desde que en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, reclamó a la Corona una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. Esa crisis tuvo uno de sus puntos más visibles cuando Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión y España respondió sin enviar representación hace dos años. 

Pero en los últimos meses Moncloa y Zarzuela habían tratado de recomponer la relación. El rey Felipe VI reconoció en marzo que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas" y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió hace una semana con Sheinbaum para trasladar una invitación del rey a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que es clave para España y en la que México juega un papel importante. En ese contexto aterrizó Ayuso. La cancelación le permite ahora reforzar la idea de la intolerancia de la izquierda latinoamericana y su supuesta hostilidad hacia Madrid. 

Por primera vez en la historia, entre el 24 y el 29 de abril, Santa Marta (Colombia) ha sido testigo de la primera conferencia internacional para el abandono de los combustibles fósiles, una cumbre que ha tenido como países anfitriones a Colombia y Países Bajos.

Esta cumbre llega en un momento tan oportuno como necesario. En un contexto en el que las reglas internacionales se tambalean, marcado por el papel de Trump, sus aliados, su apuesta y adición por los combustibles fósiles, con una intención clara de dinamitar los acuerdos y puentes en materia de políticas ambientales y climáticas.

En este escenario, Santa Marta se ha convertido en el epicentro mundial del debate sobre el abandono de los combustibles fósiles. En ella se han reunido 57 países, tanto productores como no productores, que representan nada menos que el 55% del PIB mundial, junto con la sociedad civil, un actor imprescindible para impulsar el cambio.

La conferencia internacional se ha estructurado en dos grandes segmentos: por un lado, el foro de alto nivel y, por otro, el primer foro parlamentario internacional para el abandono de los combustibles fósiles.

En este último tuve la oportunidad de participar como representante del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, introduciendo en el debate, como una de las resoluciones finales, el paquete climático y ambiental aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre estas medidas destacan la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia de Descarbonización a Largo plazo. 

Todas ellas han contribuido a situar a España como un referente en la transición ecológica de la economía y han permitido a nuestro país desempeñar un papel fundamental en esta cumbre, de la mano de la ministra Sara Aagesen.

Más allá del contexto político e institucional, la conferencia nace como un auténtico éxito. En el segmento de alto nivel se han alcanzado acuerdos de gran calado, como la creación de un panel científico para facilitar el abandono de los combustibles fósiles, la posibilidad de impulsar un tratado de no proliferación de estos recursos, el debate sobre el fin de las ayudas y subsidios públicos al sector, así como la creación de un fondo internacional para garantizar una transición justa, entre otras medidas.

Es cierto que muchos se llevarán las manos a la cabeza al escuchar hablar del abandono de los combustibles fósiles. Sin embargo, la realidad es que este proceso representa una gran oportunidad que se traduce en empleo, crecimiento económico, competitividad y, algo especialmente relevante, autonomía estratégica para no depender de terceros países.

Todo ello será posible a través del impulso de sectores completamente desligados de los combustibles fósiles, en los que aún queda mucho por avanzar, como la electrificación, la economía circular, el ecodiseño o la bioeconomía.

Por lo tanto, ha llegado el momento de decir alto y claro “no” a los combustibles fósiles y apostar decididamente por la vida, por nuestro planeta, nuestro presente y el futuro de nuestras generaciones venideras. Santa Marta es, sin duda, nuestro punto de partida.

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Daniel Senderos Oraa es diputado del Grupo Socialista en el Congreso, portavoz de la Agenda 2030 y participante en Santa Marta.

Los viajes de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en momentos complicados de su mandato no son una novedad y, en total, lleva más de 20 visitas a países extranjeros desde que ocupa el cargo. En este caso, la declaración de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en los juzgados ha coincidido con un viaje de diez días de la baronesa del PP por México. Una visita que está tratando de aprovechar para convertir la historia compartida entre España y México en un campo de batalla ideológico, justo cuando Moncloa, Zarzuela y el Gobierno de Claudia Sheinbaum acababan de rebajar la tensión diplomática abierta desde hace tiempo.

La estrategia de Ayuso busca presentar a la Comunidad de Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana, tejer alianzas con sectores conservadores mexicanos y reivindicar la Conquista y la Hispanidad como bandera. Se trata de un discurso nacionalista con tintes católicos en el que la madrileña reivindica la evangelización de los indígenas por parte del ilustrado español medieval –un mito ampliamente discutido por los historiadores– y defiende el pasado imperial y colonizador. 

Ayuso, además, ha aterrizado en México después de haber llamado al país "narcoestado" y de haber equiparado el Gobierno de Sheinbaum con la dictadura cubana desde un acto organizado por el universo MAGA en Mar-a-Lago. Ya en Ciudad de México, elevó el simbolismo con un acto en honor al conquistador español Hernán Cortés, en el que defendió que "el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría". Sheinbaum respondió al día siguiente, sin citar a Ayuso directamente, que quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" están "destinados a la derrota".

El choque por el papel de España en la conquista de México no es nuevo. En 2019, el entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, pidió a España y al rey Felipe VI una disculpa por los abusos cometidos durante ese periodo histórico. La petición abrió una grieta diplomática que llegó hasta la toma de posesión de Sheinbaum en 2024. Entonces, la presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI y, en respuesta, España no envió a ningún representante.

La tensión diplomática continuó hasta que, el pasado mes de marzo, Felipe VI reconoció que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas". Sus palabras fueron entendidas como un gesto de acercamiento hacia el Gobierno de Sheinbaum, pero no se libraron de las críticas de la derecha. "Lejos de pedir perdón, estamos inmensamente orgullosos del legado de España en México y viceversa”, aseguró la líder madrileña al ser preguntada por las manifestaciones del monarca. Vox también mostró su desacuerdo y afirmó que fue la conquista fue la “mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal”.

Hace solo unas semanas, Sheinbaum decidió viajar a última hora a Barcelona para participar en la cumbre progresista organizada por el presidente español, Pedro Sánchez. Allí la presidenta mexicana estuvo junto a otros líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). En la ciudad condal, Sheinbaum dijo ante los periodistas: "No hay crisis diplomática, nunca la ha habido". La mandataria mexicana constató un "acercamiento”, pero mantuvo la importancia del reconocimiento a los pueblos originarios.

Para el Gobierno, es esencial mantener una relación de máxima fluidez con México porque detrás hay unas relaciones económicas e históricas como pocas para España. Hace solo una semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en el país norteamericano con Sheinbaum y le entregó en persona una invitación de Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Albares habló de "afinidad", "sintonía" y "buena salud" de la relación bilateral. Fue entonces cuando la presidenta madrileña anunció su viaje.

Pero Ayuso se había metido de lleno en la relación México-España antes siquiera de pisar el país. El pasado mes de febrero equiparó el Gobierno de Sheinbaum con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

Eso, sin embargo, no le ha impedido planificar un viaje que comenzó con una misa en la Basílica de Guadalupe y que también tendrá parada en la Riviera Maya. Ese primer día estaba previsto el acto "Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés", con la presencia de Nacho Cano, creador del musical Malinche, que aborda la historia entre la traductora indígena Malinche y Hernán Cortés, y que ha sido objeto de polémica por la supuesta contratación ilegal de becarios mexicanos. La denuncia, sin embargo, fue archivada provisionalmente por la Audiencia de Madrid en abril del pasado año. Ahora, la empresa que lo produce está en concurso de acreedores.

El acto, inicialmente previsto en la catedral Metropolitana, tuvo que trasladarse al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. La cancelación llegó con apenas una hora de antelación y no frenó las protestas de organizaciones indígenas frente a la catedral. Ayuso reivindicó el “mestizaje” y la “evangelización” gracias a Hernán Cortés.

La respuesta de Claudia Sheinbaum llegó horas después en un acto de conmemoración de la Batalla de Puebla. Sin citar expresamente a Ayuso, la presidenta mexicana criticó a quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como salvación están "destinados a la derrota”. En el aeropuerto de Aguascalientes, la diputada mexicana Anayeli Muñoz, del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, se encontró con la presidenta madrileña y le reprochó que hubiera dicho que España tuvo que ir a "civilizar" México y que sus palabras faltaban al respeto a la cultura, al país y a la democracia mexicanas. 

El día anterior, había asegurado que precedía de “ese Madrid en el que hay muchas malinches” en “el metro, en las calles y en los colegios”. Un ejercicio de desconocimiento de las connotaciones que tiene en México lo relacionado con La Malinche, una mujer indígena nahua que actuó como intérprete, mediadora y consejera de Hernán Cortés durante la conquista de México que fue convertida en símbolo de “traición” por haber colaborado con los españoles. 

De hecho, el Diccionario del español de México define malinchismo como la tendencia de algunos mexicanos a preferir lo extranjero sobre sus compatriotas, productos, valores o tradiciones; y la RAE lo define como apego a lo extranjero “con menosprecio de lo propio”. No obstante, La Malinche como figura histórica es mucho más compleja y hoy también se reinterpreta desde perspectivas feministas, indígenas o poscoloniales, que la analizan como una mujer esclavizada, en un contexto de violencia colonial y alianzas indígenas complejas.

Ante las críticas de la izquierda española y de la mexicana por su visión colonialista, la baronesa del PP defendió que ella no va “a renegar de todo lo que hizo España”. Para la conservadora no se trata solo de defender una lectura concreta del pasado, sino de usarla como marco de confrontación presente.  

Con todo, Sheinbaum ha señalado que “no cree” que las palabras de Ayuso “minen” la relación diplomática entre ambos países. Para el Ejecutivo español, México es un aliado clave y por eso le da la máxima importancia a la cumbre iberoamericana, de la que España será el país anfitrión el próximo mes de noviembre. Una cumbre que ayudará a escenificar la normalización de una relación estratégica, histórica y económica, pero también muy sensible.

Además de México, Portugal y Andorra, están invitados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar Proyecto Libertad, que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán, según informa EFE. 

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.

El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estadounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

"La operación Furia Épica terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El horizonte del XXI Congreso del PCCh (2027) ya está aquí. Parece claro que Xi Jinping continuará al frente de la Secretaría General. No obstante, los cambios serán muchos a otros niveles, con relevos importantes en el Comité Permanente y en el Buró Político, los máximos órganos de dirección. Más allá de los nombres, sujetos a muchos vaivenes en los próximos meses, importa prestar atención a la relevancia creciente de los mishu o secretarios privados en el organigrama de la gobernanza china. El mishu suele ser un “hombre de confianza” formado en el entorno de un líder.

Cabe recordar que de los siete miembros actuales del Comité Permanente del Buró Político del PCCh, tres han sido mishu en algún momento de su trayectoria. Es el caso del propio Xi Jinping, también de Ding Xuexiang o Li Xi. Incluso podríamos asegurar que si bien Li Qiang y Cai Qi no han sido mishu en sentido formal, sí constituyen parte reconocible del entorno de confianza de Xi. 

En el xiísmo, el sistema político chino evoluciona desde un modelo de promoción burocrático-institucional a uno relacional-centralizado, donde el mishu actúa como dispositivo clave de reproducción de élites. Ese patrón evolutivo podemos apreciarlo con un somero repaso al signo de las trayectorias de los máximos dirigentes chinos durante el denguismo (1978-2012). 

Incluso en el interregno post-Mao (1976-1978), Hua Guofeng manifiesta un perfil de ascenso “territorial”, es decir, su carrera política se forma y asciende en estructuras locales y provinciales, especialmente en Hunan, pasando por cargos como vicegobernador, primer secretario provincial, etc. Dio el salto al centro durante la Revolución Cultural, entrando en el Comité Central (1969) y luego en el Buró Político (1973). No aparece en ningún momento vinculado a un líder como secretario personal o asistente directo, que es el canal típico de promoción de los mishu. Mao Zedong confió en él y acabó designándolo sucesor, pero esa confianza se construye tardíamente (años 70) y, al menos en teoría, apelando a una lógica de equilibrio político.

Hua Guofeng es un caso interesante porque representa un tipo de promoción “organizativa” característica de esa etapa, sin redes propias, lo cual también ayuda a explicar su debilidad posterior frente a figuras como Deng Xiaoping, que sí articulaban redes más densas.

Ya propiamente en el denguismo, el caso de Hu Yaobang sigue una línea similar: no fue mishu de ningún alto dirigente. Pero aquí hay un matiz importante porque su trayectoria sí roza ese mundo de proximidad política, aunque sin encajar del todo en la figura clásica del mishu. Hu se incorporó muy joven al Partido y destacó en la Liga de la Juventud Comunista. Durante los años 40-50 trabajó en estructuras organizativas centrales y llega a ser un cuadro importante en el aparato del Partido, no en la órbita privada de un líder. Por tanto, su promoción es organizativa e institucional, no como asistente personal.

No obstante, Hu estuvo políticamente vinculado a Deng Xiaoping, especialmente tras la caída de la Banda de los Cuatro, aunque sin una relación cotidiana de dependencia personal sino sobre todo política e ideológica (reformista). Es más bien un cuadro con identidad propia temprana y su legitimidad proviene de su papel en el Partido.

Su sucesor, Zhao Ziyang, tampoco fue mishu en ningún momento de su trayectoria. Pero su caso es especialmente interesante porque, a diferencia de Hua Guofeng o Hu Yaobang, sí muestra una combinación más sofisticada de vías de promoción. Zhao asciende fundamentalmente a través de trabajo en provincias clave (sobre todo Guangdong y luego Sichuan), avalado por una gestión económica con resultados visibles (reformas agrícolas, liberalización parcial). Es el típico caso de promoción desde la periferia al centro basada en la eficacia de su desempeño.

Su vínculo con Deng es clave, pero se basa en el éxito reformista en Sichuan. Deng lo “descubre” y lo promociona al centro. No hay entre ellos una relación previa de subordinación personal tipo mishu. Es decir, Zhao entra en la órbita de Deng como talento político, no como hombre de confianza formado desde abajo. Llega ya con capital político propio, con una base territorial y una reputación independiente. Su autoridad no depende de una relación personal exclusiva.

El siguiente, Jiang Zemin, tampoco fue mishu en su trayectoria. El ascenso sigue un patrón bastante distinto: formación como ingeniero eléctrico, carrera en el sector industrial (especialmente en el Ministerio de Industria y maquinaria), experiencia internacional (en la URSS) y promoción política a través de la gestión, no de la cercanía personal. Por tanto, pertenece al arquetipo del cuadro tecnocrático de la era reformista temprana. Su verdadero salto se produce cuando se convierte en alcalde y luego secretario del Partido en Shanghái, ganando visibilidad por su gestión y por mantener la estabilidad durante la severa crisis de 1989. Desde ahí es elevado al centro como figura de consenso, lo cual le permite crear una red propia (el llamado clan de Shanghái).

En el denguismo tardío, Hu Jintao tampoco fue mishu. Encaja muy bien en la lógica de promoción de la China de los 80-90: formación como ingeniero hidráulico, carrera inicial en el aparato técnico y luego en la Liga de la Juventud Comunista, promoción a través de posiciones en provincias difíciles (Guizhou, Tíbet) e incorporación temprana al núcleo dirigente (Comité Permanente en 1992).  Hu es promovido por Deng, pero como parte de una estrategia de renovación generacional, no como alguien formado en su círculo íntimo. Es un caso bastante “limpio” de selección desde arriba por criterios de edad, lealtad y perfil técnico.

El mishu fue durante décadas un instrumento de poder secundario, pero no una vía directa a la cúspide. La élite que gobierna China en el denguismo no se reproduce principalmente vía mishu. Ningún líder supremo antes de Xi pasó por la vía mishu, al menos de forma clara y documentada. El modelo mishu como vía dominante de acceso a la élite es más característico de la China post-Deng, no tanto de la generación revolucionaria o inmediatamente posterior.

Xi, por contra, ya pertenece a una generación donde el paso por la oficina de un dirigente empieza a ser políticamente más rentable. El patrón cambia cuando se institucionaliza más el trabajo de oficina del líder y aumenta el peso de la confianza personal en entornos más cerrados. Es entonces cuando el paso por mishu sí es clave.

Con Xi (y su generación), empieza a convertirse en un canal estructural de reproducción de élites dejando de ser marginal. El propio Xi, mishu de Geng Biao, es un ejemplo claro. Geng fue una figura destacada del aparato militar y diplomático chino, ejerciendo como secretario general y miembro del Comité Permanente de la Comisión Militar Central.

Ding Xuexiang, número 6 en la jerarquía, es el caso más claro y paradigmático. Fue jefe de la oficina general de Xi (en esencia, su mishu principal). Hoy es miembro del Comité Permanente. Es el ejemplo perfecto de cómo el mishu se convierte en puerta de entrada al máximo poder.

Cai Qi, número 5, no es mishu en sentido estricto clásico, pero ha trabajado muy cerca de Xi desde Zhejiang y forma parte de su círculo de confianza más estrecho. Hoy dirige el aparato del Partido. La proximidad personal prolongada le provee de un perfil híbrido, sin etiqueta formal de mishu, pero funcionalmente similar.

Li Qiang, número 2, trabajó con Xi en Zhejiang y Shanghái. Tampoco fue mishu formal, pero su relación es de alta confianza política. Otro tipo de mishu sin serlo institucionalmente.

Li Xi, número 7, vinculado a redes de confianza de Xi, ofrece una trayectoria más territorial, pero integrado en su círculo. Aquí el patrón mishu se mezcla con redes personales y lealtades políticas.

En el denguismo, la promoción al liderazgo discurría por tres niveles principales: la tecnocracia, la Liga de la Juventud o la gestión territorial. El mishu no era un trampolín. Ahora (era Xi) en la promoción, la confianza personal directa desempeña un papel de especial relevancia. El mishu (o su equivalente funcional) se convierte en un mecanismo de selección política basado en la gestión de la intimidad operativa con el líder.

Bajo Xi Jinping, el sistema político chino evoluciona desde un modelo de promoción burocrático-institucional a uno relacional-centralizado, donde el mishu actúa como dispositivo clave de reproducción de élites. No todos los promovidos son mishu, pero todos los mishu relevantes son promovidos y casi todos los promovidos han pasado por relaciones de proximidad intensa con Xi. El mishu es ahora un patrón relacional dominante y una figura a la que prestar atención para adivinar el organigrama final que pueda resultar del XXI Congreso del PCCh.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

Estados Unidos inició este lunes el que probablemente es el bloqueo naval más agresivo de su historia reciente, y eso que es un país que ha recurrido a esta arma comercial a menudo. La decisión la ha tomado en solitario, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU y pone en riesgo el comercio y la economía global, tres condiciones que hasta ahora no se habían dado unidas, ni siquiera en los bloqueos pasados de Cuba o Irak. Sobre la legalidad de esta actuación, se enmarca en un terreno ambiguo, según los expertos, mientras que el bloqueo opuesto, impuesto por Irán desde el 28 de febrero, viola claramente las leyes del mar.

La normativa marítima está abierta a la interpretación, especialmente en periodo de guerra, lo que dificulta calificar de "ilegal" un bloqueo marítimo. En esencia, el estrecho de Ormuz, como otros estrechos como el de Gibraltar, deben permanecer abiertos siempre al paso de navíos, incluso en caso de conflicto armado en la región, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ni Irán ni Estados Unidos han ratificado ese tratado, aunque en general se adhieren a él y lo respetan. Esa convención tampoco permite en ningún caso a navíos militares asaltar barcos civiles, salvo casos de piratería, trata de esclavos o barcos con falsa bandera.

Sin embargo, en caso de guerra, las normas de Naciones Unidas pierden peso y entran en juego manuales como el de San Remo (1994) y el de Newport (2023), dos guías no vinculantes sobre derecho marítimo en situaciones de conflicto. Este último contempla la posibilidad de bloqueos comerciales sobre un enemigo, pero garantizando siempre la navegación de barcos neutrales de países que no formen parte del enfrentamiento.

Como Irán ha mantenido un veto permanente a barcos de todas las banderas, excepto a sus aliados, quedaría fuera de toda legalidad. Si bien es cierto, desde este viernes, Teherán ha abierto de nuevo –al menos en teoría– el tránsito en Ormuz mientras se mantenga el alto el fuego en Líbano por parte de Israel. Estados Unidos, por su parte, rechazó poco después abrir el tráfico marítimo a barcos iraníes.

En una entrevista con infoLibre, Markus W. Gehring, profesor de derecho internacional en la Universidad de Cambridge, califica la operación de la Casa Blanca como "una zona gris jurídica". Esta ambigüedad radica en que teóricamente Estados Unidos solo bloquea los buques con origen o destino en Irán que porten armas, hierro, acero y aluminio, bajo la amenaza de abordaje, pero sí permite el tránsito de buques de otros países del Golfo. En principio, la Armada también permite la navegación a embarcaciones con ayuda humanitaria a Irán, como obliga San Remo, siendo antes inspeccionados.

Sin embargo, el experto matiza que la declaración original del presidente Donald Trump es que iba a prohibir cualquier paso por Ormuz, bajo lo que parecía ser un sistema de hundir sin preguntar, igual que aplicó sobre las supuestas narcolanchas de centroamérica. Este choque de mensajes ha expulsado de la región a navieras de todo el mundo que no quieren arriesgarse a sufrir ataques de uno u otro bando, lo que ha derivado de facto en un bloqueo también a otros países de la región. Si antes de la guerra pasaban de media unos 135 barcos por Ormuz, esta semana han pasado unos seis cada día.

"El bloqueo de la Administración Trump, tal y como está configurado actualmente, se encuentra en una zona gris jurídica. El planteamiento inicial del presidente Trump habría cerrado el estrecho por completo, lo que habría sido claramente ilegal", responde Gehring.

A esto se suma un segundo problema, la legalidad fundamental del conflicto. Según explica el investigador, si el origen de la guerra es ilegal –como se ha debatido abiertamente debido a una ausencia de justificación acreditada y sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU–, EEUU no tiene en esencia ningún derecho a establecer un bloqueo marítimo sobre Irán. De hecho, esta semana, un centenar de juristas estadounidenses declararon que los ataques violan la Carta de Naciones Unidas porque no se basan en la legítima defensa.

"Incluso con el planteamiento más restrictivo del Comando Central de Estados Unidos [un bloqueo que permita el paso de ayuda humanitaria], persiste el problema subyacente del jus ad bellum [las razones legítimas para iniciar una guerra]: (...) por lo tanto, el análisis de los criterios formales (declaración, eficacia, imparcialidad, ausencia de propósito de inanición sobre la población) no puede justificar la acción si la guerra es en sí misma ilegal", añade el profesor.

Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano especializado en Defensa, también considera que la legalidad de un bloqueo radica en que sea proporcionado y exclusivamente sobre un enemigo, no sobre todos los barcos que transitan el estrecho. "Si los ataques son indiscriminados sobre cualquier barco, los dos países estarían fuera de la legalidad. En cualquier caso, lo que hace Irán es mucho peor porque pone en riesgo toda la navegación y encima quiere cobrar un peaje. Sobre EEUU, mientras no amenace la navegación neutral, podría interpretarse que está actuando bajo la normativa de la guerra", señala.

Markus W. Gehring opina que hay una importante diferencia entre el bloqueo actual de Estados Unidos y los que realizó en el pasado: el daño sobre la economía global. Sin embargo, no es el primero que está fuera de la ley, según su opinión. "La actual Administración ha ordenado ya tres en un solo año contra Venezuela, Cuba e Irán. Todos ellos son ilegales, ya que no están amparados por la legítima defensa ni por una resolución del Consejo de Seguridad", valora. 

La diferencia es que, en este caso, el bloqueo estadounidense pone en riesgo el tránsito internacional de gas natural, productos químicos y petróleo. "Las operaciones en Venezuela y Cuba del año pasado son ilegales según el derecho internacional, pero no comprometían un punto clave del comercio global ni amenazaban el comercio neutral", añade.

El experto también recuerda que el último presidente de Estados Unidos en realizar un bloqueo naval antes de Trump fue George H.W. Bush en 1990 y 1991 en Irak, pero ese sí fue amparado por Naciones Unidas. Otro ejemplo que destaca fue el de Cuba en 1962 bajo la presidencia de John F. Kennedy, quien evitó usar la palabra "bloqueo" –empleó "cuarentena"– "para eludir la calificación jurídica de acto de guerra", como no ha tenido problema en hacer Trump.

El bloqueo iraní que lleva más de un mes vigente se implantó sobre el estrecho de Ormuz, donde la República Islámica tiene una gran facilidad para controlar el paso de buques por su forma de embudo (en su lugar más estrecho no llega a 40 kilómetros). Sin embargo, el bloqueo de la Armada estadounidense se ubica mucho más al este, en la costa de Omán y rozando las aguas abiertas del Mar Arábigo, donde el estrecho mide unos 200 kilómetros de ancho.

La compañía de monitorización de buques Kpler dijo este viernes que tres petroleros iraníes (el Deep Sea, el Diona y el Sonia I) habían cruzado Ormuz este miércoles, cuando Estados Unidos ya tenía en marcha un "bloqueo completo" del tránsito en la región, pero matizan que los tres barcos amarraron poco después en Chabahar, en el sur de Irán, sin llegar a pasar la línea donde oficialmente se ubica la marina de EEUU.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero del pasado año, Vox ha intentado presentar su cercanía a Donald Trump como una prueba de influencia internacional y de su apuesta ideológica. Pero ese vínculo empieza a pesar más de lo que beneficia. No es solo que el presidente de Estados Unidos se haya convertido en un factor de inestabilidad global tras iniciar junto a Israel una ofensiva contra Irán. Es, sobre todo, que parte de la extrema derecha europea ha empezado a tomar distancia, mientras la formación de Santiago Abascal sigue instalada en una fidelidad casi sin matices.

Un año y tres meses después, la misma internacional ultraderechista que celebró exultante la vuelta de Trump comienza a marcar distancias. La derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras dieciséis años ininterrumpidos en el poder demuestra, además, que la influencia del norteamericano es relativa. Orbán se mantuvo fiel a Trump hasta el final, pero de poco sirvió el apoyo en campaña del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Su derrota frente a su antiguo compañero de partido, Peter Magyar, fue abrumadora.

Abascal ha apostado de manera clara por su proyección internacional pese a que hace siete años admitía no tener "demasiadas convicciones" en política exterior y abogaba por no "hipotecarse" con ningún aliado por las implicaciones que pudiera tener. "Es un mundo en el que no tengo demasiadas convicciones, más allá de nuestro compromiso de actuar siempre en pro de los intereses de España”, le confesaba al escritor Fernando Sánchez Dragó. Ahora, sin embargo, Vox está muy vinculado a Trump a través de la Fundación Disenso, que forma parte de la constelación ideológica de la Heritage Foundation, y también mantiene en su órbita al Likud de Benjamín Netanyahu, además de ser un fiel defensor del presidente argentino Javier Milei.

Otro de los referentes de Abascal —a la que abandonó por Orbán en la Eurocámara tras las elecciones europeas— es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ella, a diferencia del líder de Vox, declaró en el Parlamento italiano que la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán vulneraba el derecho internacional y, además, negó al Pentágono el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para bombardear Irán. Una decisión que Meloni tomó tras la presión interna que desató el anuncio que en el mismo sentido hizo previamente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que Vox criticó.

En la última semana la tensión ha escalado por la negativa de la primera ministra italiana a secundar la escalada bélica y por los ataques del presidente de EEUU al papa León XIV, unas palabras que Meloni calificó de "inaceptables" a la vez que afirmó que es “justo y normal” que el jefe de la Iglesia pida paz y condene la guerra. Tras estas declaraciones, Trump aseguró que pensaba que Meloni tenía valor “pero se equivocó” y reprochó a Italia no estar a la altura en la OTAN. Este miércoles, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a decir que algunos movimientos de Trump son “poco comprensibles”, una señal de que también detecta el desgaste, aunque llegue tarde y de forma defensiva.

La oposición italiana cerró filas con Meloni tras la dura respuesta de Trump. El comisario europeo Paolo Gentiloni pidió “defender a Italia” antes que ajustar cuentas internas, y la diputada socialista Elly Schlein sostuvo que, aunque sean adversarios políticos, los italianos no aceptarán ataques extranjeros contra su Gobierno. Una postura que subraya la magnitud del aislamiento de Vox ya que incluso una dirigente de la derecha radical como Meloni ha encontrado a la izquierda italiana de su lado frente a Trump.

Pero Meloni no es la única en marcar distancias. La extrema derecha alemana, la AfD, ha pedido la retirada de tropas y armas nucleares estadounidenses de Alemania. La líder francesa Marine Le Pen se mostró muy crítica con el secuestro por parte de EEUU del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y también ha censurado algunas decisiones militares porque chocan con su propio soberanismo. El británico Nigel Farage, que inicialmente apoyó los ataques contra Irán, acabó corrigiendo el tono al comprobar que el conflicto abría divisiones en su partido, Reform UK. Frente a estos posicionamientos aparece Vox, que navega en sentido contrario y que, precisamente por esa postura, ha recibido las críticas de exdirigentes de la formación.

La crisis interna de la ultraderecha debilita su imagen de cohesión. La crisis en Murcia es el ejemplo más evidente. La salida de la diputada Virginia Martínez al grupo mixto, después de la expulsión de José Ángel Antelo a finales de febrero, no solo agrava la fractura orgánica, sino que altera la aritmética parlamentaria y permite al PP explorar acuerdos sin depender de la dirección de Vox. La propia Martínez justificó su marcha por su "profunda decepción" con la cúpula del partido y denunció ceses, expulsiones y una "imagen terrible del proyecto". Antelo, por su parte, habló de un Vox "en descomposición y sin ninguna credibilidad”.

En Balears, la dirección de Vox tampoco controla el partido. La formación ultra arrastra desde 2024 el cisma de los cinco diputados díscolos que llegaron a expulsar del grupo a la presidenta del partido en las islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Después, tres de ellos abandonaron sus cargos en el grupo, aunque conservaron sus escaños. Pero no son los únicos casos.

En el Ayuntamiento de Madrid el conflicto sigue abierto. Desde el consistorio municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, frenaron el intento de la dirección de apartar a Javier Ortega Smith como portavoz y mantuvieron intacta la estructura del grupo municipal. Actualmente, hay dos bandos dentro del mismo grupo, con Ortega Smith y otros dos concejales por un lado y Arantxa Cabello y Fernando Martínez, fieles a Abascal, por otro.

En el Ayuntamiento de Toledo la imagen es similar. La vicealcaldesa y presidenta del grupo municipal, Inés Cañizares, ha defendido públicamente la conveniencia de celebrar un congreso extraordinario y figura entre los cargos institucionales en activo que firmaron el manifiesto crítico con Abascal. Su posición la sitúa frente a la dirección provincial y al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que descalificó esa iniciativa definiéndola como una “pantomima”.

Toda esta crisis interna se desarrolla en plena precampaña andaluza. El barómetro publicado esta semana por el Centra da a Vox un 15% y entre 17 y 20 escaños frente a los 14 actuales. Para los de Abascal, Andalucía debía ser una demostración de fuerza, una comunidad donde el partido aspiraba a crecer de forma sostenida y a consolidarse como una alternativa con capacidad de condicionar el sistema político. Pero el barómetro indica que permanece como tercera fuerza, que no rompe el tablero y que el principal beneficiario de su suelo electoral continúa siendo el PP. La formación ultra no desaparece, pero tampoco crece. 

En la política contemporánea, el control del relato es tan decisivo como la gestión de los hechos. No se trata únicamente de gobernar, sino de dominar los marcos interpretativos a través de los cuales la ciudadanía percibe la realidad. En este contexto, la estrategia de “inundar la zona” —popularizada en el entorno de la derecha trumpista— se ha consolidado como una herramienta central de acción política. Consiste, en esencia, en saturar el espacio informativo con una avalancha constante de declaraciones, polémicas, gestos simbólicos y conflictos artificiales que dificultan la atención sostenida sobre cuestiones estructurales o errores estratégicos de gran calado.

Esta técnica no es nueva, pero en la era digital ha alcanzado una eficacia inédita. La sobreproducción de ruido informativo genera un entorno de fatiga cognitiva donde resulta cada vez más complicado distinguir lo relevante de lo accesorio. La agenda pública deja de organizarse en torno a prioridades políticas para convertirse en un flujo caótico de estímulos. En ese terreno, quien produce más ruido impone el ritmo.

Y en este marco, Donald Trump es el maestro que ha perfeccionado esta lógica hasta convertirla en el eje de su acción política. En los últimos días, hemos asistido a una nueva escalada de esta estrategia. Desde la publicación de mensajes en los que se equipara simbólicamente con la figura del papa —al tiempo que desacredita a la institución— hasta declaraciones incendiarias sobre cuestiones internas y externas, el objetivo es claro: ocupar todo el espacio mediático posible, aunque sea a costa de la coherencia o la credibilidad.

Este tipo de intervenciones no puede analizarse como excentricidades aisladas. Forman parte de una arquitectura deliberada de distracción que busca desplazar el foco de atención de un problema mucho más profundo y que no es otro que el error estratégico de haberse involucrado en un conflicto no provocado en el Golfo Pérsico. Nos encontramos ante un escenario de alta complejidad geopolítica, donde la capacidad de maniobra de Estados Unidos es, en estos momentos, notablemente limitada.

Irán, lejos de ser un actor marginal, dispone de un instrumento de presión fundamental que es el control del acceso al estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del sistema energético global. La implicación estadounidense en este conflicto no solo carece de legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional, sino que además se enfrenta a una realidad estratégica adversa. No existe una salida clara ni una narrativa convincente que permita justificar el coste político, económico y humano de la escalada. La administración Trump se encuentra atrapada en un callejón sin salida, donde cada movimiento incrementa la incertidumbre.

En este contexto, la ausencia de respuestas coherentes se traduce en una creciente ansiedad tanto en los mercados como en la opinión pública. Los inversores reaccionan con cautela ante la volatilidad geopolítica, mientras que la ciudadanía percibe una falta de dirección estratégica. Es precisamente en este punto donde la estrategia de “inundar la zona” adquiere toda su funcionalidad ya que si no se puede ofrecer una solución, se puede al menos diluir el problema en un mar de controversias paralelas.

El problema es que esta táctica, eficaz en el corto plazo, erosiona las bases mismas del sistema democrático. La saturación informativa no solo dificulta la rendición de cuentas, sino que también debilita la capacidad crítica de la ciudadanía. Cuando todo es urgente, nada lo es realmente. La política se convierte en espectáculo, y el espectáculo sustituye a la deliberación.

Pero el contexto en el que se despliega esta estrategia es aún más preocupante. Estados Unidos atraviesa un proceso acelerado de pérdida de hegemonía global. Este fenómeno no responde únicamente a factores externos —como el ascenso de otras potencias—, sino también a dinámicas internas que han debilitado su capacidad de liderazgo. La polarización política, la erosión institucional y la incapacidad para articular consensos estratégicos son síntomas de un sistema en tensión.

La política exterior trumpista, lejos de compensar estas debilidades, las está amplificando y acelerando. La intervención en el Golfo Pérsico evidencia una desconexión entre los objetivos declarados y los medios disponibles. En lugar de fortalecer su posición internacional, Estados Unidos ya se ha expuesto a un desgaste adicional que reduce su margen de maniobra en otros escenarios.

Y a todo lo anterior tenemos que añadir un elemento no menor, las derrotas ideológicas que el trumpismo está experimentando en distintos contextos electorales. La más significativa hasta el momento ha sido la de Viktor Orbán en Hungría, un referente clave para las derechas iliberales. Este revés no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia que podría suponer un punto de inflexión en el modelo político trumpista sostenido sobre la confrontación permanente, el nacionalismo excluyente y la deslegitimación de las instituciones.

La derrota de Orbán tiene un valor simbólico que trasciende las fronteras húngaras. Representa el cuestionamiento de un proyecto político que había logrado consolidarse como alternativa al liberalismo democrático. En este sentido, el trumpismo no solo enfrenta dificultades en el ámbito geopolítico, sino también en el terreno ideológico.

La combinación de todos estos factores —error estratégico en política exterior, pérdida de hegemonía global y retrocesos ideológicos— configura un escenario de alta fragilidad y ante esto, la respuesta de la administración Trump ha sido intensificar las tácticas de distracción, apostando por el ruido como mecanismo de supervivencia política. Sin embargo, esta estrategia tiene límites evidentes.

La política no puede sostenerse indefinidamente sobre la base de la saturación informativa. Tarde o temprano, la realidad se impone. Los conflictos no resueltos, las tensiones acumuladas y las contradicciones internas acaban emergiendo, por mucho que se intenten ocultar bajo una avalancha de titulares.

“Inundar la zona” puede ganar tiempo, pero no resuelve los problemas de fondo. Y en el caso que nos ocupa, el tiempo no juega necesariamente a favor de quien lo utiliza como recurso táctico. La pregunta que queda abierta es cuánto margen le queda a esta estrategia antes de que sus efectos se vuelvan en contra de quienes la impulsan, ¿serán las elecciones de medio mandato?

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que sus dos países defienden el derecho internacional, que dijo que ha sido "gravemente socavado", y están "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva", según recoge la Agencia EFE.

Xi resaltó la posición coincidente de España, en alusión a conflictos como el de Irán, al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo con motivo de la visita oficial del jefe del Ejecutivo español a China.

Una reunión que comenzó con un lenguaje muy similar entre el presidente chino y Sánchez, quien lamentó también que el derecho internacional esté siendo socavado y pidió reforzar el sistema multilateral.

Xi expresó su satisfacción por reunirse de nuevo con Sánchez, que recordó que visita por cuarta vez China en cuatro años, y subrayó que en la primera, en 2023, ya le trasladó que ambos debían forjar unas relaciones bilaterales con determinación estratégica y lo han conseguido.

Desde entonces, y pese a la situación internacional, subrayó que las relaciones hispano-chinas han tenido un desarrollo estable y eso ha facilitado también una estabilidad en las relaciones entre su país y Europa.

"Los hechos han demostrado que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos", aseguró.

Para Xi, en un mundo "cambiante y turbulento" el orden internacional ha sido "gravemente socavado", y recalcó que el hecho de cómo un país trata el derecho y el orden internacional, refleja su concepción sobre el mundo, el orden, los valores y la responsabilidad.

"Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia", resaltó.

Xi opinó que los dos países deben reforzar su comunicación, consolidar la confianza mutua, estrechar la cooperación y rechazar el regreso del mundo a "la ley de la selva", salvaguardar juntos el verdadero multilateralismo y defender la paz y el desarrollo globales".

En sus palabras de respuesta a Xi, Sánchez recordó también que esta es su cuarta visita a China y consideró que esa cifra da fe de la hospitalidad del Gobierno chino y de la fortaleza y la estabilidad de una relación bilateral que explicó que se eleva ahora con la puesta en marcha de un diálogo estratégico entre los dos países.

Defendió su deseo de renovar el sistema multilateral para que represente de manera mucho más fidedigna y real el actual mundo multipolar y que aporte paz y estabilidad a la humanidad.

Una paz y estabilidad que lamentó que ahora estén socavadas por los diversos conflictos que asolan el mundo y que señaló que explican también en parte su presencia en China.

"Para que juntos -apostilló- España y China puedan contribuir a aportar soluciones a las distintas tensiones comerciales que existen y a las dificultades y complejidades geopolíticas del mundo actual, a las guerras, a los desafíos medioambientales y sociales que afectan al mundo", añadió.

El objetivo es trabajar de forma conjunta para encontrar formas de reforzar el sistema multilateral y el derecho internacional, que coincidió con Xi en que está siendo socavado de manera recurrente y muy peligrosa y que consideró que son más necesarios que nunca.

La relación bilateral opinó que debe servir también para facilitar un vínculo aún más sólido entre China y la Unión Europea, ya que señaló que si ambas partes se entienden y cooperan, será en beneficio de sus sociedades y de la prosperidad de todo el mundo.

"Quiero que sepa -dijo dirigiéndose a Xi- que España va a estar a la altura del desafío histórico que se plantea, que va a ser valiente, claro y predecible, y va a trabajar siempre por el entendimiento entre naciones", garantizó.

Sánchez explicó que los españoles son un pueblo amigable y constructivo y que España es un país con una larga historia, estable, predecible y que está convencido de que sólo ese espíritu es el que llevará a una paz duradera.

El presidente chino recordó la visita del pasado mes de noviembre de los reyes de España a su país, subrayado que entonces intercambio opiniones con ellos y llegaron a muchos consenso, y pidió a Sánchez que les trasladara sus saludos y sus mejores deseos.

Sánchez trasladó también un saludo de los reyes al presidente chino y afirmó que don Felipe y doña Letizia guardan con mucha gratitud esa visita.

Tras su reunión, el presidente chino ofrece un almuerzo al jefe del Gobierno español al que asiste también su esposa, Begoña Gómez, y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.