La defensa de la actriz Ana Duato ha señalado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el caso Nummaria que no se han de juzgar cuatro de los siete delitos fiscales que se le achacan porque no declaró en instrucción por ellos, y que en los otros tres ejercicios fiscales a examen no se superó la cuota de 120.000 euros y fue objeto de una "correcta" liquidación ante Hacienda, según ha informado Europa Press.

Si bien Imanol Arias, también encausado junto a otra treintena de personas, ha reconocido cinco delitos fiscales y ha conformado con Fiscalía una pena de menos de dos años para evitar entrar en prisión, Duato ha decidido defenderse de todos los presuntos delitos que se le imputan y por los que el Ministerio Público pide en su escrito de acusación 32 años de cárcel para ella.

La defensa de Duato ha puesto el foco en que la acusación del fiscal Tomás Herranz sostiene, en resumen, que desde 2013 la actriz dejó de facturar su trabajo en algunos capítulos de la serie Cuéntame cómo pasó, que por cada uno cobraba 63.101 euros, y que hubo irregularidades en los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016 y 2017.

El abogado de Duato, Enrique Molina, ha señalado, sin embargo, que por esos cuatro delitos fiscales últimos nunca se le ha tomado declaración en instrucción, lo que supone que "no se han respetado las reglas del juego" y se ha vulnerado su derecho de defensa.

Por otro lado, ha indicado que aportan un informe pericial en el que se expone la errónea conclusión del informe de avance de la Agencia Tributaria que sirvió al Ministerio Fiscal para sostener la imputación por unos supuestos delitos fiscales en los ejercicios 14, 15, 16 y 17.

"Recordemos que esa imputación consiste en atribuir a Ana Duato no haber declarado determinados capítulos, curiosamente declaró los mismos que don Manuel María Arias, por una simple falla en el cálculo aritmético de la compensación económica que por capítulo recibía", ha explicado, añadiendo que en ese informe de Hacienda no se revisaron los contratos con Televisión Española y "dieron por sentado, como se dice en el escrito de acusación, que la señora Duato cobraba 63.000 euros".

En este sentido, ha lamentado que por esos cuatro ejercicios fiscales Duato se enfrenta a más de 20 años de cárcel, y ha apuntado que en instrucción "sorpresivamente" se cambiaron las reglas del juego y lo que inicialmente el fiscal calificaba de "omisión y ocultación de ingresos" fue transformado y ya no se ve eso sino "ausencia del reconocimiento de lo que ella ha pagado a su agente como gasto deducible".

Ha especificado que el auxilio judicial ahora no reconoce lo pagado por Duato a la sociedad de su agente y de hecho le califica al mismo de testaferro de la actriz.

En cuanto a los presuntos delitos relacionados con las rentas de 2010 a 2012, la defensa explica que en ninguno de esos ejercicios se sobrepasó la cuota presuntamente defraudada de los 120.000 euros --frontera legal para que el asunto sea perseguible penalmente--.

Y ha insistido en que en instrucción sólo se le tomó declaración como imputada por esos tres ejercicios y no por los cuatro posteriores, por lo que ha calificado la acusación de "sorpresiva" y ha insistido en que "se ha vulnerado su derecho de defensa" y que se ha dado "una quiebra" de la norma "manifiesta".

Por último, sobre esos tres primeros años, ha recordado que la Agencia Tributaria impuso sanción por infracción leve y no por simulación ni ocultación. Y ha matizado que en 2019 el Tribunal Económico Regional le da la razón a la actriz y dice que las liquidaciones presentadas "son correctas" y que había que devolverle lo retenido con intereses.

Por su parte, la defensa del marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernardeu, ha explicado que el error en la acusación contra su mandante consiste en imputarle delitos por los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2014 y 2015 porque el fiscal entiende que dejó de ingresar en el fisco una cuota que excedía los 120.000 euros --en cada ejercicio-- cuando en realidad no tuvieron en cuenta las cantidades que ingresó a través del impuesto de sociedades. "Se produce por tanto una doble imposición", ha lamentado.

El letrado, que considera que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, ha informado a la sala de que la Agencia Tributaria respondió a su consulta indicando que en tres de esos ejercicios --2012, 2014 y 2015-- la cuota defraudada no excedía de los 120.000 euros y por lo tanto no existía delito contra la Hacienda.

"Con estas circunstancias, tres de los cuatro delitos, que son 15 años de pena, (...) interesamos la aclaración del alcance de las acusaciones, (...) dado que afecta al derecho de defensa de Bernardeu", ha indicado. Asimismo, ha explicado que si las acusaciones tiene previsión de retirar la acusación por estos tres ejercicios, lo hagan lo antes posible para facilitar la defensa.

Y sobre el último ejercicio que quedaría vivo, ha incidido en que habría prescrito porque el momento de interrupción del plazo de prescripción lo ubican en noviembre de 2018, por lo que el de 2011 (también el del 2012) estarían prescritos: "Es una cuestión matemática".

Si creía que el español era un mercado inmobiliario en permanente y rentable ebullición, échele un ojo al de Dubái. Es el más pujante del mundo. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Esas cifras dejan en pañales a España, donde el precio de los inmuebles creció un 4% el año pasado, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres aumentaron un 5,7%, si se hace caso a Fotocasa, y un 10,1% si se atiende a los cálculos de Idealista.

No es de extrañar, por tanto, que el volumen de transacciones en el emirato se disparara un 29% en 2023. Sobre todo, el de las de viviendas de lujo, cuyos precios están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, destaca la consultora inmobiliaria Knight Frank.

Sólo los rendimientos asociados a esos precios constituyen un extraordinario incentivo para la inversión extranjera. Pero si se añade el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales, Dubái se convierte en un imán para el dinero foráneo. El legal y el que no quiere ser rastreado.

Así, casi un tercio de los 533.000 millones de dólares –494.100 millones de euros– en que estaba valorado el mercado inmobiliario dubaití en 2020 es propiedad de extranjeros, de acuerdo con los cálculos publicados en Who owns offshore real estate? Evidence from Dubai ( ¿Quién posee bienes inmuebles en paraísos fiscales? La experiencia de Dubai), un estudio firmado por los economistas Annette Alstadsæter, Andreas Økland, de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU), junto con Bluebery Planterose y Gabriel Zucman, del Observatorio Fiscal de la UE.

El proyecto Dubai Unlocked permite ahora actualizar y refinar esas cifras. El valor de las inversiones extranjeras sólo en inmuebles residenciales de Dubái puede superar los 160.000 millones de dólares –148.300 millones de euros–. El dato lo han obtenido investigadores del Centro de Investigación Fiscal de Noruega (Skatteforsk) y del Observatorio Fiscal de la UE a partir de la filtración de datos de Dubai Unlocked referidos a 2022.

En ellos se constata que en manos de extranjeros había ese año un mínimo de 198.000 inmuebles residenciales, más unas 20.000 propiedades “sobre plano”, indica Andreas Økland, de la Facultad de Economía y Empresa de la NMBU. El análisis se basa en los precios inmobiliarios de 2022, sin tener en cuenta la subida del 25% que han sufrido en los dos últimos años, según Deloitte, Global Property Guide y el Departamento del Suelo de Dubái. Añadiendo el alza de precios, el valor de los inmuebles alcanza esta primavera los 200.000 millones de dólares –185.400 millones de euros–.

Dubai Unlocked es un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Para hacerse una idea cabal del volumen que implican esos 185.000 millones de euros, basta recordar que triplica el valor de los inmuebles que en Londres son poseídos por extranjeros a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. La capital británica tiene nueve millones de habitantes. Dubái apenas rebasó los 3,6 millones en junio de 2023. La cifra supera también el presupuesto de Noruega para este año y el PIB de un país como Hungría.

De esa cantidad, sólo una pequeña parte corresponde a propietarios españoles. A tenor de los datos de Dubai Unlocked, el número de nacionales que tienen inmuebles registrados a su nombre en el emirato son 472 en 2020 y 475 en 2022. Los académicos noruegos y del Observatorio Fiscal de la UE que han analizado la información calculan que su número total es en realidad mayor, entre 518 en 2020 y 570 en 2022. En Dubái residen 5.511 españoles, a fecha de enero de 2024, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El valor agregado de las propiedades identificadas en la filtración ascendería a 232 millones de dólares –215 millones de euros– en 2022, pero superaría los 326 millones de dólares –302 millones de euros– si a esos inmuebles se suman los que aparecen en el Registro del Suelo de Dubái y no figuran en los datos filtrados.

Los contribuyentes que son residentes fiscales en España están obligados a declarar su patrimonio en el extranjero –inmuebles, acciones, cuentas bancarias– por encima de 50.000 euros. Lo hacen desde 2013 en el modelo 720, creado por el exministro Cristóbal Montoro a la par que aprobaba la polémica amnistía fiscal. La Agencia Tributaria sólo ha publicado los datos obtenidos a través de esa declaración, desglosados por países y tipo de bienes, hasta 2015. No ha habido ninguna actualización posterior. Tampoco ha dado a conocer el número de contribuyentes que declaran tener propiedades en el extranjero según los países donde los poseen.

Pero, según el valor de esos bienes, los españoles declararon inmuebles en los Emiratos por importe de sólo 11,93 millones de euros en 2013 y de 11,02 millones en 2015. Es decir, la cifra obtenida a partir de los datos de Dubai Unlocked multiplica por más de 25 la declarada a Hacienda que, además, incluye a los siete emiratos, no sólo a Dubái. La Agencia Tributaria explica que esa cifra es una “foto fija” del patrimonio declarado en el extranjero cada año: una vez presentada la primera declaración, sólo es necesario volver a hacerlo si el valor de los bienes ha aumentado más de 20.000 euros o si se han vendido.

No es un caso aislado. Según el dato facilitado por la Hacienda británica al diario The Times –socio de OCCRP–, un total de 1.900 ciudadanos del Reino Unido habían declarado en el ejercicio fiscal 2021-2022 que tenían propiedades a su nombre en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, Dubai Unlocked ha identificado a 20.300 británicos como propietarios registrados en 2020 –19.560 en 2022– sólo en Dubái y los académicos calculan que ese número puede superar los 25.700; es decir, hasta 13 veces más de los que declaran sus inmuebles al HMRC, la agencia tributaria británica. De hecho, sólo la India tiene más propietarios en el emirato, 40.700. Y hay que tener en cuenta que el 41% de los inmigrantes de Dubái son indios. El 20% del valor de los inmuebles en manos de extranjeros corresponde a ciudadanos de la India. A los británicos, el 10%.

Otro tanto ocurre con los italianos. Sólo 486 declararon a Hacienda que tenían propiedades en los Emiratos Árabes Unidos en 2022. Sin embargo, según Dubai Unlocked, 2.022 italianos eran dueños de 2.502 inmuebles residenciales en Dubái en 2022. Y sólo 33 italianos declararon ese año tener participaciones en sociedades de Emiratos Árabes Unidos.

El valor de todos los inmuebles emiratíes declarados a las autoridades fiscales italianas en 2022 fue únicamente de 186 millones de euros, mientras que los datos de Dubai Unlocked elevan esa cifra por encima de los 1.000 millones de dólares –927 millones de euros–. Incluso sin contar las plusvalías, la pérdida de ingresos para el Estado es evidente. Según los cálculos de IrpiMedia –socio de OCCRP–, el agujero fiscal puede medirse con una horquilla entre 2,7 y 5,4 millones de euros.

En Noruega, uno de los pocos países, junto con España y Suiza, que aplican un impuesto sobre el patrimonio, el panorama es similar. Apenas 66 noruegos declararon en 2020 que tenían propiedades en Dubái. Los datos de Dubai Unlocked, en cambio, localizaron a 234 ese año, mientras que los académicos calculan que puede haber hasta 300 en 2022. Es decir, casi el 80% eludió al fisco y, por tanto, evadió impuestos. “Los inmuebles en Dubái son las nuevas cuentas bancarias suizas”, resumen los investigadores del Observatorio Fiscal de la UE.

Es así porque, a diferencia de lo que ocurre con los activos financieros, los países no están obligados a intercambiar información sobre la propiedad de bienes inmuebles. Tampoco es óptima la información transfronteriza sobre los propietarios últimos de sociedades pantalla, que a menudo se utilizan para esconder viviendas de lujo, advierte el observatorio europeo. Y por ahí pierden los países ingresos millonarios del impuesto sobre la renta –alquileres y plusvalías– y del impuesto sobre el patrimonio. Alrededor del 8% de los inmuebles propiedad de extranjeros en Dubái pertenecen a ciudadanos de la Unión Europea.

Ese vacío de cobertura legal no sólo atrae a los evasores fiscales, que pueden preferir la inversión en vivienda a los activos financieros. También es un imán para quienes buscan blanquear dinero y eludir las sanciones internacionales o la acción de la justicia.

Entre los españoles localizados en la filtración figuran personas sobre las que pesan órdenes internacionales de busca y captura, como Massoud Zandi Goharrizi, el comisionista hispanoiraquí que apareció en los Papeles de Panamá con un entramado de sociedades en paraísos fiscales y que se situó en el centro del negocio fallido en torno a Star Petroleum. Amigo de Felipe González y Juan Luis Cebrián, con buenas conexiones con la jet set financiera española, pretendió dar un pelotazo con un negocio de 5.000 millones de euros gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur que terminó arruinando a sus socios.

También busca la justicia española a Cándido Nsué Okomo, cuñado de Teodoro Obiang, que contrató al excomisario José Manuel Villarejo para lanzar una campaña de difamación contra uno de los hijos del dictador ecuatoguineano. El dueño de la cadena hotelera Bluebay y del 49% del Málaga CF, Jamal Satli Iglesias, fue detenido en 2023 en cumplimiento de otra orden internacional de busca y captura por estafa, aunque emitida por las autoridades de los Emiratos. Mientras, en España, está imputado por cohecho en el caso Astapa, una de las mayores tramas de corrupción urbanística de España.

Además, figuran como propietarios de bienes inmuebles dos agentes de futbolistas, uno de ellos implicado en un caso de presunta evasión fiscal y lavado de dinero investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina en 2012, y otra ciudadana hispanoargentina cuyo nombre apareció en la Lista Redrado, donde aparecieron los contribuyentes que compraron dólares en 2008 y 2009 y los sacaron del país en plena crisis financiera. En ella estaban también los expresidentes Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Una española condenada por un delito monetario en 1987 –e indultada por el Gobierno tres años después– y un alto funcionario municipal tienen también propiedades registradas en Dubái. infoLibre ha preguntado a todos ellos por el origen de los fondos con los que adquirieron esas propiedades, si son residentes fiscales en España y si las han declarado a Hacienda. Pero no ha conseguido una respuesta de ninguno de ellos.

En todo caso, el volumen del patrimonio español en Dubái es pequeño comparado con otros países. También el declarado a Hacienda. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria y referidos a 2013, Emiratos es el número 58 de un total de 206 países si se considera la cantidad total de bienes declarados, 70 millones de euros. Pero el 43 si se miran sólo los inmuebles –11,93 millones–. Es en Suiza donde los españoles poseían ese año más patrimonio, 19.867,46 millones de euros, pero en Francia donde declaraban más viviendas, por importe de 1.727,25 millones. En general, los contribuyentes nacionales acumulan más patrimonio en valores y derechos –acciones y participaciones en empresas–, nada menos que 47.000 millones de euros, así como en sicavs y cuentas bancarias, que en inmuebles, sólo 9.207,6 millones.

Las cifras españolas también quedan lejos de las inversiones inmobiliarias de los ciudadanos indios o paquistaníes, los principales propietarios extranjeros de Dubái. El valor de las viviendas residenciales, incluidas las compradas “sobre plano”, por indios superaba los 17.000 millones de dólares en 2022 con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. El de los británicos excede los 10.000 millones. Hay un dato que retrata el mercado inmobiliario en el emirato: si se pone el foco de atención sólo en las zonas más caras de Dubái, la India sigue siendo el mayor propietario, pero su cuota disminuye respecto al resto de las áreas, mientras que la proporción de rusos –más de 5.000, con 3.300 millones de dólares en inmuebles– se multiplica por dos.

También es llamativo el volumen de propietarios procedentes de regímenes autocráticos y países en conflicto. Por ejemplo, unos 7.000 ciudadanos iraníes son propietarios registrados en Dubái, con inmuebles residenciales por un importe superior a los 4.000 millones de dólares. De Siria aparecen en los datos analizados unos 3.900 propietarios, con casi 1.850 millones en viviendas en 2022.

Grandes economías como Canadá, Estados Unidos o China rozan los 5.000 dueños de inmuebles en el emirato. En la UE, Alemania cuenta con unos 2.000 y Francia casi llega a los 3.000, casi cinco veces más que España.

El valor medio de las viviendas compradas por españoles tampoco es muy alto, no alcanza el medio millón de euros. Por el contrario, los inmuebles más caros de media son aquellos cuya propiedad está asignada a paraísos fiscales. Su número es pequeño, pero los menos de cinco propietarios con residencia en las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, tienen a su nombre 118 inmuebles, con un valor medio de nada menos que 40 millones de dólares, según los datos de Dubai Unlocked.

El mercado inmobiliario dubaití es tan sabroso que incluso las empresas españolas están poniendo un pie en el emirato. Tímidamente. Resulta difícil competir con los gigantes locales –Damac, Emaar–. La Oficina Económica y Comercial de España en Dubái asegura que “no existen empresas inmobiliarias españolas propiamente dichas” asentadas en el emirato. En todo caso, “agentes inmobiliarios de nacionalidad española” que trabajan, en su mayoría, en las grandes inmobiliarias internacionales.

Gesmar 2000 es una inmobiliaria de Alicante que lleva un tiempo trabajando en Dubái. Lo hace a través de agentes locales que son los que tratan directamente con los promotores, explica a infoLibre su gerente, Gabriela Schneir. “Es un mercado en auge, con muchas posibilidades de crecimiento y completamente seguro”, recalca.

Tanto ella como Lennart Ulf Sten Cromstedt, vocal de la patronal inmobiliaria Fadei, elogian la capacidad de atraer capitales que tiene Dubái. “Lo ponen muy fácil”, reconoce Cromstedt, “son muy laxos con las normas de prevención del blanqueo de capitales”. El pago en efectivo o en criptomonedas es habitual. Algunas inmobiliarias no tienen problema en publicitarlo abiertamente en su página web. También su fiscalidad resulta de lo más “atrayente”, apunta Gabriela Schneir, sin impuesto sobre la renta y con un tipo en el de sociedades de sólo el 9%. A cambio, la rentabilidad de los alquileres está entre el 7% y el 10%, explica, con unas plusvalías de la revalorización de los inmuebles de entre el 15% y el 30% anual.

Sus clientes, dicen ambos, son sobre todo británicos. “Los mismos que invierten en la Costa del Sol invierten en Dubái”, añaden. También italianos. Y latinoamericanos. “Hacemos de puente”, describe el vocal de Fadei, que cifra en una veintena de inmobiliarias medianas las empresas españolas que trabajan en Dubái.

Schneir asegura que cada vez hay más españoles haciendo negocio allí y que no todo es vivienda de lujo. Por 250.000 euros, sostiene, se pueden encontrar apartamentos con piscina, pista de pádel, gimnasio, zonas comunitarias completas… Por supuesto también hay villas y apartamentos que son el paradigma de la ostentación. “En febrero se vendió un apartamento por 363 millones de dírhams –91 millones de euros–”, detalla. Sólo en febrero, continúa, se cerraron operaciones por importe de 10 billones de dírhams –2.500 millones de euros–.

La gerente de Gesmar 2000 elogia la “impresionante” oferta inmobiliaria de Dubái. Palm Jumeirah, la famosa isla artificial en forma de palmera, ya forma parte del pasado. “Palm Jebel Ali [otra isla artificial, pero con el doble de tamaño] la va a superar”, se muestra convencida: “Cada vez que un promotor lanza una nueva área los agentes inmobiliarios hacen cola toda la noche en la oficina del máster desarrollador para presentar las ofertas de sus clientes”. “No hay límite en lo se puede tener allí”, resume.

Se ha puesto el esqueleto, pero queda camino por recorrer en el combate contra los paraísos fiscales. Es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Plataforma por la Justicia Fiscal que se han unido a la recogida de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea Tax the rich, armada para reclamar a la Comisión que se grave a las grandes fortunas para financiar la transición ecológica y social. Se plantea por primera vez una agenda coordinada entre los Estados miembros de tributación sobre la riqueza y que se establezca un impuesto europeo sobre las grandes fortunas. La pretensión es que la recaudación de ese gravamen se destine a combatir el cambio climático y las desigualdades, pero para sacarlo adelante se necesitan más de 156.000 firmas procedentes de toda Europa, 41.600 de ellas recabadas en España.

Desde la plataforma recuerdan que hoy, 3 de abril, es el Día Internacional Contra los Paraísos (o Refugios) Fiscales y apuntan a un estudio, el Informe de 2024 sobre la Evasión Fiscal Global, elaborado por el EU Tax Observatory, en el que se recoge que “un gran número de milmillonarios tienen unos tipos impositivos efectivos muy bajos, de entre el 0% y el 0,5% de su patrimonio, significativamente inferiores a los de todos los demás grupos de población”. De acuerdo a ese análisis internacional, sólo en España, el valor de la riqueza financiera offshore, es decir, enviada fuera del país y que acaba en guaridas fiscales, ha aumentado en un 75,8% en dos décadas, pasando de 89.000 millones de euros, en 2001, a más de 156.000 millones, en 2022. Con relación al Producto Interior Bruto (PIB), esa riqueza financiera a la fuga ha supuesto en promedio alrededor del 9% de aquél desde el año 2001.

Más allá de España, en el mencionado informe se plasman seis conclusiones a nivel mundial significativas: para arrancar, que gracias al intercambio automático de información bancaria, la evasión fiscal en paraísos fiscales se ha reducido aproximadamente a un tercio en menos de 10 años, si bien, una cantidad persistentemente elevada de beneficios se sigue desplazando a paraísos fiscales: en concreto un billón de dólares en 2022. Junto a esto, aunque en 2021, más de 140 países y territorios acordaron aplicar un impuesto mínimo pionero del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, ese aporte global se ha visto muy debilitado por una creciente lista de lagunas.

De acuerdo al estudio, han surgido además nuevas formas de competencia fiscal con efectos adversos sobre los ingresos públicos y la desigualdad, lo que se suma a los tipos impositivos efectivos muy bajos para los multimillonarios, cuando un impuesto “sobre el patrimonio de los milmillonarios equivalente al 2% de su riqueza, abordaría esta evasión y generaría cerca de 250 mil millones de dólares procedentes de menos de 3.000 individuos”.

En otro informe, el rotulado Estado de la Justicia Fiscal 2023, de la Red de Justicia Fiscal -TJN por sus siglas en inglés-, se calcula que se pierden al año en el mundo 480.000 millones de dólares de impuestos a causa de la elusión y la evasión fiscal, de los que 311.000 se deben al traslado de beneficios de las multinacionales y 169.000 millones corresponden a personas con grandes fortunas que ocultan su renta o patrimonio en paraísos fiscales.

En ese contexto, Miguel Alba, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, organización miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, se muestra satisfecho de que “se empiece a hablar en ámbitos como el Foro de Davos sobre la necesidad de avanzar en importantes reformas fiscales, especialmente vinculadas a las grandes fortunas”. “Las personas más acaudaladas -sostiene- han de contribuir mucho más al sostenimiento de las arcas públicas y del sistema social en el que estamos, porque estamos viendo que en los momentos de crisis económicas, en los que la media de la población se ve afectada y su nivel de vida baja, las grandes fortunas a veces consiguen incluso más beneficios, en gran parte procedentes de esas empresas que pueden controlar”.

Aboga por que, en España, por ejemplo, “se puedan recuperar de una forma más armonizada territorialmente -su gestión es desigual por comunidades- y que exijan un mayor esfuerzo figuras como el Impuesto de Patrimonio por la lógica de que han de aportar más quienes más se han podido beneficiar de situaciones desventajosas para el resto de los ciudadanos”, argumenta.

Fuentes de la órbita económica anotan que “la batalla contra los paraísos fiscales es muy compleja, al requerir el acuerdo de muchos países” y añaden que la propia Unión Europea “tiene limitadas competencias en materia fiscal , sobre las que sólo puede acordar por unanimidad”.

Desde la Plataforma indican que Brasil, que ostenta la presidencia del G20, “ha dado un paso histórico abriendo el debate para una nueva agenda global de tributación a los ultrarricos”. Destacan que “el reconocido economista Gabriel Zucman ha sido invitado a presentar un informe que incluye propuestas como una tributación global mínima del 2% a los ultrarricos, que estima podría recaudar hasta 250.000 millones de dólares en todo el mundo”. Entienden que “esta iniciativa permitiría luchar de manera efectiva contra la evasión y la elusión fiscal de los más ricos y abordar los grandes desafíos a los que se enfrenta el planeta, como el cambio climático”.

Con esa convicción, demandan el apoyo ciudadano para repetir el éxito del año pasado, cuando la Plataforma lanzó una petición de firmas online para que la Real Academia Española (RAE) cambiara la definición de “paraíso fiscal”. La campaña logró el respaldo de más de 30.000 personas y su objetivo: en la actualización del Diccionario de la Lengua Española (DLE) del pasado noviembre se modificó la definición de “paraíso fiscal” y se incorporó una expresión equivalente, pero menos complaciente, como es “refugio fiscal”.

El piso de lujo donde, según la información adelantada por elDiario.es, reside la presidenta de Madrid junto con su pareja, fue adquirido en solitario por Alberto González Amador en julio de 2022, dos meses después de que Hacienda iniciara sus investigaciones sobre un posible fraude fiscal que terminó cifrando en 350.951 euros. En la noche de este martes, elDiario publicó que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas en pandemia. 

Pero la adquisición de la vivienda, de más de 183 metros cuadrados, tasada a efectos de subasta en 837.893,61 euros –y eso apunta a un precio de mercado superior al millón–, sujeta a una hipoteca de 500.000 euros y muy próxima a la zona de Moncloa, no quedó inscrita en el Registro de la Propiedad hasta justo un año después: el 19 de julio de 2023, tal como ha verificado este medio. Aquel día faltaban 48 horas para que se cumpliese un mes de la investidura de Isabel Díaz Ayuso tras su arrolladora victoria en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Se produjo así de una especie de inscripción en diferido. En tanto una escritura notarial no cruza la puerta de entrada del Registro de la Propiedad que le corresponda, el cambio de titularidad de un inmueble constituye en la práctica un secreto. ¿Supo Hacienda que el investigado había comprado uno de aquellos enormes pisos de protección oficial y dormitorio para el servicio con que el tardofranquismo premió a sus altos cargos? Para esa pregunta solo tienen respuesta la Agencia Tributaria y Alberto González, con quien infoLibre no ha logrado contactar.

Cuando se escrituró la compra en julio de 2022, aún flotaba el escándalo de las mascarillas cuya venta a la Comunidad de Madrid durante la pandemia reportó una comisión de 234.000 euros a su hermano Tomás Díaz Ayuso, a quien el diario El Mundo definió como el "celestino" que puso en contacto a su hermana y al hombre con quien convive.

Tras una investigación de cuatro meses de la que nada ha trascendido, la Fiscalía Anticorrupción había archivado la denuncia sobre Tomás Díaz Ayuso. En plena racha de buenas noticias –la de su hermano y, encadenada como una cereza a otra, la defenestración de Pablo Casado–, un mes después cambió de propietario la vivienda. Por su parte, el Ejecutivo madrileño se niega a confirmar si Ayuso reside allí junto con su pareja: "Nada que decir sobre la vida privada de la presidenta".

El juego del gato y el ratón al que se aplican con entusiasmo los evasores fiscales y las autoridades de todo el mundo es una partida interminable. También muy creativa. Pese a los esfuerzos de muchos gobiernos para tapar los agujeros por donde se les escapan los contribuyentes menos inclinados a pagar impuestos, la maquinaria de huida siempre encuentra cómo seguir funcionando. Pero no siempre es necesario recurrir a mecanismos ilegales. Porque los propios gobiernos crean esquemas que facilitan a grandes contribuyentes considerables ahorros en sus facturas fiscales, en principio con el objetivo de aumentar el atractivo económico de su país, acogiendo a trabajadores cualificados, ejecutivos o artistas, por ejemplo, y mejorar así su base imponible captando a contribuyentes ricos de otras naciones.

Es lo que ocurre con los llamados regímenes preferenciales, que se han convertido en una de las nuevas formas de competencia fiscal entre los países para atraer a grandes contribuyentes, junto con los subsidios para productores de energías verdes, según el diagnóstico del Observatorio Fiscal de la UE, una institución cofinanciada por la Unión Europea y alojada en la Paris School of Economics. El informe sobre la Evasión fiscal global de 2024, que firman Annette Alstadsæter, Sarah Godar, Panayiotis Nicolaides y Gabriel Zucman, detalla la evolución de estos regímenes, que han ganado protagonismo con los años.

De hecho, en 1995 sólo existían cinco en la Unión Europea y el Reino Unido, pero en 2023 ya eran 30. El español, el Régimen Fiscal Especial para Impatriados, conocido como Ley Beckham, permite a los extranjeros que se trasladan a España por motivos laborales tributar como no residentes durante un periodo de seis años; es decir, a un tipo del 24% hasta un máximo de 600.000 euros, y del 47% a partir de esos ingresos anuales. En enero del año pasado, se flexibilizó aún más el régimen, reduciendo de 10 a cinco años la residencia mínima en España, y ampliándolo a los profesionales altamente cualificados contratados por empresas emergentes o que lleven a cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, incluyendo los llamados nómadas digitales y los administradores societarios.

Existen tres tipos de regímenes preferenciales: los que ofrecen una fiscalidad especial para los ingresos obtenidos en el extranjero diferente a los tipos impuestos a los que se generen en el país, los que están destinados a determinados grupos de profesionales o actividades, como científicos, artistas y deportistas, y los que ofrecen condiciones fiscales ventajosas para los pensionistas. En total, según el estudio del Observatorio fiscal de la UE, en Europa –incluyendo al Reino Unido– 262.999 personas se benefician de estos esquemas, unos 30.000 más que en 2021. En conjunto los descuentos fiscales que consiguen estos contribuyentes hacen perder a las Haciendas europeas un total de 7.467 millones de euros. De media, cada uno de los beneficiados se ahorra en impuestos 34.300 euros al año.

Para hacerse una idea cabal del volumen de recaudación al que se renuncia, el informe lo compara con el presupuesto anual del programa Erasmus, 3.300 millones de euros o los 9.800 millones que costó el acuerdo del Brexit con el Reino Unido en 2023. Esos 34.300 euros anuales equivalen a tres salarios mínimos franceses –16.214 euros al año, superior a los 15.876 euros del español tras su reciente subida–.

Al régimen de impatriados español se acogieron en 2020, último año del que ha obtenido datos el Observatorio Fiscal de la UE, 9.852 expatriados, a los que Hacienda les ha perdona unos 134 millones de euros anuales. Se trata de una estimación realizada por los investigadores de la institución, puesto que el Gobierno no les ha facilitado sus números. Es decir, cada extranjero obtiene de media un beneficio fiscal de 13.601 euros anuales. Y eso es el cuádruple de la cantidad que paga a Hacienda cada año de media un contribuyente español.

El Observatorio también clasifica los distintos regímenes preferenciales según el perjuicio que ocasionan a sus respectivas haciendas nacionales. España se sitúa exactamente en la mitad de ese ranking. Los más onerosos para las arcas públicas son los de Grecia e Italia –ambos para contribuyentes por encima del medio millón de euros–, seguido del suizo –por encima de 900.000 euros– y del chipriota. Los que más beneficiarios tienen son los de Reino Unido –44.400–, Países Bajos –92.048– y Portugal –27.367–. Y los que más dinero cuestan a sus respectivas Haciendas son el británico, con una pérdida de recaudación de 3.200 millones de euros; el holandés, que se deja unos ingresos de 1.100 millones; y el portugués, con 893 millones de euros menos. Sin embargo, los más generosos per cápita resultan ser el de Grecia –156.896 euros de ahorro fiscal por contribuyente extranjero–, Italia –128.266 euros–, Suiza –72.000 euros– y Reino Unido –69.264–.

No sólo en España el ahorro fiscal para estos contribuyentes privilegiados es un agravio frente a los impuestos que paga el contribuyente medio. En Grecia, el descuento obtenido por un extranjero acogido a su régimen especial equivale a 134 veces la factura fiscal abonada de media por un ciudadano nacional; en Italia, es 30 veces superior y en Portugal, 19 veces. Incluso en Suiza la brecha es considerable: 13,5 superior.

Además, destaca el Observatorio Fiscal de la UE, estos esquemas son regresivos. En ciertos casos permiten a los extranjeros pagar una cantidad fija –el italiano, por ejemplo: 100.000 euros al año y 25.000 por cada hijo– por los ingresos obtenidos fuera del país, mientras tributan con el tipo ordinario por sus ingresos nacionales. O bien el tipo al que tributan es menor que el aplicado a los contribuyentes locales, como en Finlandia, donde los extranjeros pagan un 32% y los finlandeses el 37% o más. Los científicos extranjeros en Italia se ahorran el 90% de sus impuestos por la actividad que desarrollen mientras residan en el país. En Portugal, los pensionistas extranjeros empezaron no pagando impuestos cuando en 2009 empezó a aplicarse el régimen especial, se elevó hasta el 10% en 2020 y se anunció su supresión en octubre de 2023, tras años de polémica. Entre otros motivos, se culpa al Programa para Residentes no Habituales (RNH) de la subida del precio de las viviendas.

En efecto, no se trata sólo de la pérdida de recaudación, estos regímenes preferenciales tienen otros problemas añadidos: también facilitan el fraude –algunos permiten tributar menos a los extranjeros aunque no tengan un contrato o un negocio en el país– o, si están ligados a programas de visas oro –ciudadanía a cambio de la compra de una vivienda o una inversión– pueden suponer un problema de seguridad o disparar los precios de los inmuebles. Viviendas que, a su vez, pueden utilizarse para el blanqueo de capitales o eludir sanciones internacionales.

No obstante, parece improbable que estos regímenes decaigan en popularidad. Al menos es lo que augura el Observatorio Fiscal de la UE. El auge de los nómadas digitales es uno de los motivos. Cada vez son más quienes teletrabajan, por lo que aumenta igualmente el número de quienes pueden hacerlo desde el extranjero. “Así, para los residentes no domiciliados, crece el atractivo de los regímenes fiscales que les permiten no pagar impuestos en su nuevo país de residencia por los ingresos que obtienen en el extranjero. Además, los gobiernos se verán tentados a ofrecer regímenes fiscales preferenciales como complemento de los incentivos en el impuesto de sociedades”, advierte el informe.

El PIB de España aumentó un 15,5% entre 2015 y 2019, cuando alcanzó los 1.245,5 millones de euros. Los beneficios de sus empresas tuvieron un crecimiento mayor, casi un 24%: pasaron de 154.000 millones de euros a 191.000 millones. Fueron años de recuperación económica tras el batacazo de la crisis financiera. Pero los beneficios multinacionales, los que obtienen las empresas españolas en el extranjero, se dispararon en ese periodo, un 57%, al subir de 20.350 millones de euros a 32.000 millones. Es decir, crecieron el doble que las ganancias corporativas totales. Y con un brío similar lo hicieron también los beneficios que esas grandes compañías españolas desviaron hacia paraísos fiscales, un 46,5% más en 2019 respecto a cuatro años atrás. Ese traslado creciente de ganancias a territorios de baja o nula tributación se tradujo en una pérdida de recaudación para las arcas públicas españolas del 18% en 2019, cuatro puntos más que en 2015.

Los datos proceden de la más reciente actualización que Ludvig S. Wier y Gabriel Zucman, de las universidades de Copenhague y Berkeley, han realizado sobre Los beneficios perdidos de las naciones, un estudio que arrancaron en 2015. Su último informe, Global profit shifting, echa la mirada atrás y sigue la evolución que han tenido el desvío de beneficios a paraísos fiscales y la consiguiente pérdida de recaudación de los estados desde 1975.

Según sus cálculos, por tanto, el traslado de beneficios a paraísos fiscales realizado por las empresas españolas creció entre 2015 y 2015 tres veces más que el PIB y la pérdida de recaudación –un 28,5%– casi dos veces más. Como buena muestra de la creciente internacionalización de las compañías españolas, también las ganancias conseguidas fuera del territorio nacional aumentaron 2,5 veces más que el PIB en esos años.

Si esas cifras se comparan con el resto de los países europeos, España es la tercera nación en que más aumentó el desvío de beneficios empresariales a paraísos fiscales –6.200 millones más en cuatro años–, sólo detrás de Alemania –9.900 millones– y Francia -6.400 millones–. Aunque el traslado de ganancias de las empresas británicas fue muchísimo mayor, con un ritmo de crecimiento de 28.200 millones más. El volumen de capital que va a parar a paraísos fiscales desde el Reino Unido también es el mayor del continente: 106.200 millones de euros. Sólo Estados Unidos saca más beneficios fuera de su territorio, 160.200 millones en 2019, pero desde 2015 el aumento del desvío no ha sido tan considerable como el británico, 12.800 millones de euros.

También España se sitúa en el tercer puesto de la Unión Europea si se pone el foco en lo que ha crecido la pérdida de recaudación fiscal por este traslado de beneficios a lugares con menores impuestos. Letonia es el país que encabeza esta clasificación, con un aumento de 137 puntos porcentuales entre 2015 y 2019. La causa es un cambio legislativo que dejó el tipo efectivo del impuesto de sociedades en el 1% y hundió los ingresos de la Hacienda local. Le sigue Grecia, con un alza de cinco puntos, y después España, que iguala a Suecia y Hungría con cuatro puntos porcentuales. Es el doble de lo que creció la pérdida de recaudación en Estados Unidos. Además, mientras las arcas públicas españolas dejaron de ingresar un 18% en 2019 por culpa de esta transferencia de capitales, en EEUU la pérdida fiscal fue menor, un 16%. Reino Unido, en cambio, sigue a la cabeza en Europa tanto en volumen, con un 32% menos de ingresos en 2019, como en velocidad, con un aumento de 14 puntos respecto a 2015.

El estudio de Wier y Zucman considera paraísos fiscales a 30 territorios de todo el mundo, de los cuales 14, casi la mitad, se encuentran en el continente europeo. Si bien las islas del Caribe y Singapur son las que más ganancias multinacionales atraen, el tercer paraíso fiscal resulta ser Irlanda, con mayor volumen de capital en sus bancos que Suiza y Países Bajos. Todos ellos duplican los beneficios captados por Hong Kong, Bermudas o Luxemburgo.

El ritmo de crecimiento del desvío de beneficios empresariales y la consiguiente pérdida fiscal en España corren parejos a los que está sufriendo el resto del planeta. Según las cifras incluidas en el informe, el PIB mundial aumentó un 17% entre 2015 y 2019, punto y medio más que el español, mientras que los beneficios corporativos totales crecieron un 26% y los beneficios multinacionales, el doble, un 52%. Los que fueron trasladados a territorios de baja tributación aumentaron más incluso, un 57%. La pérdida de recaudación se elevó un 31%. En 2019, los Estados perdían de media un 10% de su recaudación por los beneficios que no gravaban en sus territorios. Es decir, la pérdida de ingresos de la Hacienda española superó ese año en ocho puntos porcentuales el promedio mundial.

Este ritmo es para los autores del estudio especialmente significativo teniendo en cuenta que en 2015 la OCDE empezó a aplicar el proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, por sus siglas en inglés) para intentar frenar las estrategias de elusión fiscal de las empresas. Vier y Zucman explican que desde entonces el porcentaje de beneficios desviados a paraísos fiscales se ha mantenido más o menos estable por debajo del 40% de los beneficios corporativos mundiales. Por lo que consideran que el plan de la OCDE ha detenido el crecimiento de esas estrategias, pero es claramente insuficiente. Tampoco la ley –Tax Cuts and Jobs Act– que desde 2017 intenta reducir las ganancias que las multinacionales estadounidenses sacan de su territorio ha tenido el éxito esperado. La mitad de los 939.200 millones de euros en beneficios corporativos mundiales que se desvían a paraísos fiscales salen de EEUU.

Wier y Zucman también hace una revisión histórica de las estrategias fiscales de las grandes empresas, que ayuda a entender el fenómeno. Así, en los años 70, aseguran, apenas existía el desvío de beneficios a territorios de baja o nula tributación. Fue en la década de los 80 cuando comenzó a acelerarse el traslado de ganancias. Si en 1980 sólo el 2% de los beneficios corporativos mundiales terminaban en paraísos fiscales, en 1998 ya suponían el 20%. En ese periodo, la pérdida de recaudación fiscal no llegaba al 2,5%.

Pero a partir de 2000 el recorte de estos ingresos tributarios más que se duplicó, alcanzando el 5,8%. Como queda dicho, en 2019 está ya en el 10%. Tras ese crecimiento se sitúa un alza del volumen de beneficios desviados, que pasaron de representar el 20% de las ganancias multinacionales globales al comenzar el nuevo siglo a equivaler al 36% en 2015. Los autores del informe lo atribuyen a el enorme crecimiento de las ganancias de las grandes compañías tecnológicas, usuarias habituales de los paraísos fiscales. En 2019 el traslado de beneficios corporativos ha seguido subiendo y supone ya el 37,4% de las ganancias empresariales mundiales.

El estudio destaca que, desde 1975, los tipos efectivos del impuesto sobre sociedades han sufrido un recorte de un tercio: eran del 23% en 1975 y en 2019 se han rebajado al 17%.

La evolución de los tipos, del traslado de beneficios y de la recaudación explican los recientes acuerdos en la UE, la OCDE y el G-20 para establecer un impuesto mínimo internacional del 15%.

Pero también los impuestos a energéticas y bancos que diferentes gobiernos europeos están aprobando para gravar los que se ha dado en llamar beneficios caídos del cielo. Gabriel Zucman es igualmente uno de los autores de otro estudio, A modern excess profit tax, del Observatorio Fiscal de la UE. En él plantea, junto a Manon François, Carlos Oliveira y Bluebery Planterose, utilizar como base imponible el aumento de la capitalización bursátil de las energéticas. Una propuesta que difiere del plan europeo, que pretende gravar los beneficios, y de la española, que grava los ingresos. Aplicar un tipo del 33% a esas ganancias en bolsa de las grandes compañías energéticas proporcionaría unos ingresos de 65.000 millones de euros a las arcas europeas, casi tres veces más que la recaudación prevista para el impuesto europeo.

Según sus cálculos, Repsol se ha revalorizado en bolsa, sólo entre enero y septiembre de este año, en 2.450 millones de euros, por lo que debería pagar 808 millones si se le aplicara ese impuesto. Iberdrola, con una ganancia en bolsa de 340 millones de euros, tributaría por 112 millones. La energética que más ha ganado en capitalización bursátil en Europa es, no obstante, la francesa TotalEnergies, 12.700 millones, por lo que su factura sería de 4.200 millones de euros. Poco, si se compara con los 51.600 millones en que se ha revalorizado Shell y por los que debería tributar 17.000 millones de euros.

Estos expertos proponen un segundo tipo de impuesto, que gravaría sólo los beneficios obtenidos por estas compañías fuera de sus territorios. La recaudación se elevaría entonces a 75.100 millones de euros, con un tipo igualmente del 33%. En este supuesto, Repsol debería pagar 2.700 millones de euros por los 8.300 millones de beneficios obtenidos fuera de España.

Endesa es hasta ahora la única empresa que ha hecho público un cálculo de cuánto deberá pagar por el nuevo impuesto que prepara el Gobierno: 300 millones de euros al año. Según los analistas del Banco Sabadell, Repsol podría tener que abonar hasta 1.082 millones si se aplicara el impuesto diseñado por Bruselas, mientras que la italiana ENI se quedaría en 455 millones y la francesa TotalEnergie 1.926 millones de euros.

La Comisión Europea también incluye en sus medidas para limitar los beneficios extraordinarios de las energéticas a las productoras de electricidad a partir de renovables o de energía nuclear, a las que prevé gravar con 117.000 millones de euros. Los autores del estudio del Observatorio Fiscal de la UE, por su parte, proponen extender este tipo de tributos a las empresas de armamento, que también están notando la guerra de Ucrania en su valor bursátil, aunque en este caso la recaudación –que no cuantifican–sería mucho menor, porque también lo es su capitalización.

Unicredit, el segundo banco de Italia, conocía desde 2002 el ardid ideado por el gigante francés de lujo Kering, el dueño de Gucci e Yves Saint Laurent, entre otras marcas de postín, para eludir el pago de impuestos. Sabía que el grupo del multimillonario Francois-Henri Pinault, entonces llamado PPR, había creado una empresa en Suiza, LGI, que servía para comprar bolsos y cinturones a otras filiales de la multinacional, con sedes en Italia y Francia, para luego revenderlos a tiendas de todo el mundo. Todo ello con el objetivo de transferir la mayor cantidad posible de beneficios a Suiza, aprovechándose así de un tipo impositivo mucho más bajo que en Italia y Francia.

Kering fue procesada en Francia e Italia por una gigantesca trama de evasión fiscal, revelada en 2018 por Mediapart y la red de investigación EIC, a la que pertenece infoLibre, que permitió al grupo evadir al menos 2.500 millones de euros en impuestos. Mediapart ya reveló el pasado mes de febrero que Francia había sido muy indulgente con los Pinault: la Fiscalía Nacional Financiera cerró la investigación penal, mientras que las autoridades fiscales cerraron un acuerdo muy ventajoso para Kering: el grupo sólo pagó algo más de 200 millones de euros para saldar la evasión fiscal de Yves Saint Laurent y Balenciaga, pese a que la Hacienda gala le había reclamado inicialmente al menos el doble de esa cantidad.

En Italia, Kering anunció en mayo de 2019 que había firmado un acuerdo con el fisco para zanjar el mismo caso en relación con su filial Gucci, la máquina de hacer dinero del grupo. Kering dijo que había pagado 1.250 millones de euros, incluidos 897 millones de euros en impuestos y el resto por intereses de demora y sanciones. Se trata de la mayor multa jamás negociada entre las autoridades fiscales italianas y una empresa. Pero, en realidad, consiguió un descuento de 748 millones, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por los medios que integran EIC.

Que esta estrategia fiscal era ilegal no se supo hasta mayo de 2019, cuando Kering anunció que había pagado esos 1.250 millones de euros para cerrar el mayor acuerdo fiscal jamás alcanzado entre el Gobierno italiano y una empresa privada, pero una serie de documentos obtenidos por Il Fatto Quotidiano y compartidos con EIC revela que Unicredit lo sabía desde mucho antes: el banco era consciente desde el principio de que LGI SA se había creado para pagar los menos impuestos posibles, e incluso puso sus herramientas a disposición de la multinacional del lujo para ayudarla en la tarea.

“LGI compra los productos acabados directamente a empresas de logística en distintos países –la marroquinería, el calzado y el prêt à porter, principalmente en Italia, los cosméticos y la ropa en Francia, y otros artículos y en Reino Unido– y los vende a sus filiales minoristas de todos los países, utilizando un precio de transferencia que le permite maximizar los efectos de un tipo impositivo local especialmente favorable”. Era el 10 de diciembre de 2002 cuando la división de crédito de Unicredit, con sede en Florencia, puso estas palabras en un informe. El banco dirigido entonces por Alessandro Profumo tenía que decidir si prestaba dinero a LGI, 70 millones de francos suizos –70,63 millones de euros– y así describió las actividades de la filial suiza de Kering en un documento interno, adjuntando su balance auditado. Finalmente concedió el préstamo, y no sería la única vez que Unicredit acudió al rescate del grupo de Pinault.

Casi cuatro años después, el 30 de marzo de 2006, el banco italiano tenía que decidir si renovaba otra línea de crédito a LGI, esta vez por 150 millones de francos suizos, con un vencimiento de tres años. En un documento denominado corporate origination, la división del banco encargada de las empresas recuerda una vez más la finalidad del régimen de sociedades cuyo centro ocupaba LGI: “Permite maximizar las ventajas de un tipo impositivo local muy favorable”.

La primera página explica que el préstamo de 150 millones de francos suizos sustituirá a otro de 100 millones que vence el 16 de mayo de 2006. La peculiaridad radica en que esa línea de crédito de la que hablaban los directivos italianos había sido concedida a la sucursal suiza por Unicredit Londres, no por una oficina italiana. ¿Por qué eligieron una ruta tan tortuosa? Unicredit no ha respondido a ninguna de las preguntas que EIC le ha planteado al respecto. Se ha limitado a decir que no comenta asuntos relacionados con sus clientes, como es su práctica habitual.

Lo cierto es que los documentos demuestran que durante los años en que Kering utilizó LGI para trasladar sus beneficios a Suiza, Unicredit la financió en gran medida. Un informe de septiembre de 2008 muestra que el banco tenía en ese momento una exposición total a Kering de 486 millones de euros, con propuestas para llegar a 561 millones de euros. Por otro lado, el grupo de Pinault garantizó al banco unos márgenes elevados: 1,4 millones en 2007, 1,9 millones era la previsión para 2008. Y no iban a ser los últimos, porque las posibilidades de negocio seguían ampliándose.

“LGI tenía una posición financiera con amplia liquidez, gracias a los elevados márgenes y a un tipo impositivo favorable, pero los objetivos de la dirección se centraban en el flujo de caja operativo –FFO o fondos procedentes de las operaciones– más que en el efectivo disponible. Para optimizar la tesorería, los responsables de LGI, junto con los de Unicredit, estudiaron y pusieron en marcha una operación estratégica para el grupo”, afirma un antiguo ejecutivo de Unicredit que siguió de cerca el expediente de Gucci.

La idea era hacer una operación de factoring: ceder los créditos al banco, que se encarga de gestionar el cobro a cambio de una comisión. Los créditos que LGI tenía con los proveedores italianos se vendieron a Unicredit, que los pagó inmediatamente, lo que permitió a LGI aumentar su liquidez. El 16 de diciembre de 2008 se firmó el contrato. Por un lado, LGI. Por otro, Factorbank AG, una pequeña filial austriaca de Unicredit. ¿Por qué no hacer la operación a través de UniCredit Factoring SPA, en su momento uno de los primeros operadores de anticipos de crédito de Italia?

Según el antiguo ejecutivo de Unicredit, que habló con EIC bajo condición de anonimato, la empresa austriaca participó porque “LGI no podía establecer una estructura con un banco italiano: ello habría puesto de manifiesto la subcontratación de la empresa suiza. Un grupo italiano que vende sus productos a las tiendas italianas a través de una empresa suiza y que liquida el crédito de la empresa suiza a través de un banco italiano habría supuesto poner en bandeja de plata a las autoridades fiscales italianas la verdad sobre el motivo de la creación de la propia LGI”. La verdad sólo se descubrió 11 años después.

Debería haberse mantenido en secreto. El gigante del lujo Kering, dueño de la exitosísima Gucci y controlado por el multimillonario François-Henri Pinault, se vio obligado a tirar de chequera para liquidar el capítulo francés del enorme esquema de evasión fiscal que fue revelado en 2018 por Mediapart y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

En 2020, Kering tuvo que pagar al Estado francés al menos 210 millones de euros como regularización fiscal de sus filiales Yves Saint Laurent y Balenciaga, según la información que Mediapart ha compartido con la red de medios EIC y el periódico italiano Il Fatto Quotidiano.

Las dos empresas, emblemáticas del lujo francés, han publicado esta información en los estados financieros oficiales que han presentado en el registro mercantil. Según varias fuentes conocedoras del asunto, la cantidad pagada ha sido en realidad superior a la que aparece en las cuentas. Contactada por Mediapart, Kering confirma que la investigación fiscal francesa ha quedado “cerrada” y asegura que esa cifra “no es exacta”, pero declina revelar la cantidad.

En mayo de 2019, la propia Kering anunció que había pagado una multa de 1.250 millones de euros en Italia, que castigaba la aplicación del mismo régimen fiscal en su filial Gucci, la mina de oro que genera más del 80% del beneficio del grupo. Es el acuerdo fiscal de mayor volumen jamás firmado por la Hacienda italiana con una empresa privada que, en cualquier caso, evitó tanto a Gucci como a su filial suiza una condena penal.

Desde que su directivo estrella Marco Bizzarri fue nombrado consejero delegado en 2014, Gucci ha triplicado sus ventas –9.600 millones de euros en 2019– y cuadruplicado los beneficios –4.000 millones– en cinco años. Y, aunque el covid ha ocasionado una caída en las ventas de 2.000 millones, el lujo ha recuperado el ritmo. El negocio de Kering, que anuncia sus resultados anuales este mismo jueves, creció un 36,6% en los nueve meses de 2021.

Gracias a Bizzarri y al director artístico de moda Alessandro Michele, Gucci se ha convertido en una de las mayores marcas de lujo de Europa, por detrás de Chanel, pero por delante de Hermes y Dior. Factura 13.100 millones de euros y emplea a 36.000 personas en todo el mundo.

Para seducir a los clientes menores de 35 años, Kering no duda en ensalzar los valores de “transparencia” y responsabilidad medioambiental. Las marcas del grupo se han vuelto políticas, con Gucci haciendo campaña contra las armas de fuego, y Balenciaga, a favor de la protección de los animales. Aún más, en el último desfile de Balenciaga en el Museo Metropolitano de Nueva York, Kim Kardashian apareció en la pasarela vestida de negro, incluido un pasamontañas que le cubría totalmente la cara. Y que se interpretó como una muestra de apoyo a las mujeres afganas. El vídeo hizo furor en las redes sociales.

Pero, sobre los impuestos, la transparencia de Kering y Gucci es mucho más limitada.

Durante casi 20 años, François Pinault y luego su hijo François-Henri, que poseen la quinta fortuna de Francia –41.000 millones de euros según los cálculos de la revista de negocios Challenges–, utilizaron un esquema de evasión fiscal a gran escala en Suiza, localizando la mayor parte de los beneficios de Kering en una empresa llamada Luxury Goods International (LGI), situada cerca de Lugano, en el cantón italiano de Ticino.

LGI sólo gestionaba los almacenes y la logística de Kering. Pero cobraba todos los ingresos de las ventas al por mayor de las tiendas, pese a que casi todo el trabajo se hacía en Milán, París o Londres. Este montaje se aplicaba a todas las marcas de Kering, ya fueran francesas (Yves Saint-Laurent, Balenciaga), italianas (Gucci, Bottega Veneta) o británicas (Alexander McQueen, Stella McCartney).

LGI contaba con un tax ruling, un acuerdo fiscal secreto y muy generoso, que le permitía pagar un impuesto de sociedades efectivo sobre los beneficios de sólo el 8,6%. Según revelan Mediapart y EIC, el grupo se ahorró unos 2.500 millones de euros en impuestos entre 2002 y 2017, la gran mayoría a costa del Estado italiano.

Las autoridades francesas no fueron muy severas con los Pinault, que recibieron una importante rebaja en la regularización y no fueron procesados penalmente. “Este caso demuestra que las multinacionales no tienen ningún interés en pagar sus impuestos”, sonríe un abogado fiscalista al que Mediapart le ha enseñado los documentos sobre el caso.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso la red EIC, la Agencia Tributaria francesa (DGFIP) redujo significativamente el importe de la regularización fiscal de Kering, al aceptar en 2020 un acuerdo según un procedimiento muy favorable denominado règlement d’ensemble o liquidación general, que permite rebajar no sólo las sanciones, sino también el importe de los propios impuestos adeudados.

El fisco francés no aplicó las sanciones por fraude fiscal y no presentó ninguna denuncia contra Kering. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF), que había abierto una investigación por blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado, asegura a Mediapart que cerró el caso sin más actuaciones en mayo de 2021, pero ha declinado hacer más comentarios. La DGFIP, por su parte, no ha respondido a las preguntas del periódico francés.

Los fiscales italianos, que investigaron el mismo esquema suizo de Kering, no fueron mucho más severos. Según las informaciones de EIC, el consejero delegado de Gucci, Marco Bizzarri, tuvo que aceptar, el 11 de enero de 2021, un acuerdo con un juez de lo Penal de Milán, que transformó una condena de cárcel de seis meses en una multa de 45.000 euros.

Este acuerdo, al que ha tenido acceso Il Fatto Quotidiano, liquida la responsabilidad de Marco Bizzarri en la evasión fiscal de Gucci. Este ejecutivo estrella de la moda mundial “no declaró sus ingresos” de Gucci, que fueron cobrados en su lugar por la empresa suiza LGI, tal y como describe el juez que validó el acuerdo.

Marco Bizzarri no ha respondido a las preguntas de la red EIC. Kering, además, se ha negado a contestar sobre el capítulo italiano del caso, afirmando que “se trata de temas antiguos, ya tratados por Mediapart en el pasado y sobre los que Kering ya ha tenido la oportunidad de responder”.

El antecesor de Bizzari en Gucci, Patrizio di Marco, también cerró un acuerdo penal, acompañado de una condena a prestar servicios a la comunidad, en marzo de 2021. Pero tuvo que pagar a la Hacienda italiana 20 millones de euros por no declarar sus ingresos reales. Di Marco, ahora presidente de End Clothing, una marca de ropa deporiva controlada por el fondo de inversión Carlyle, cobraba 6,7 millones de euros al año. Residente en Suiza, percibía una pequeña parte de su sueldo de la italiana Guccio Gucci Spa, pero la mayor cuantía procedía de Castera, una sociedad pantalla radicada en Luxemburgo y filial de Kering, que no tenía actividad alguna en el Gran Ducado. Además, al dejar Gucci, se le abonó un finiquito de 11,22 millones de euros a través de una empresa de Panamá llamada Vandy International SA, que le fue ingresado en una cuenta de un banco de Singapur. Di Marco tampoco ha contestado a las preguntas sobre el caso que le ha formulado EIC.

El informe policial de 180 páginas sobre el caso Gucci, presentado el 25 de enero de 2019 por la Guardia di Finanza de Milán y obtenido por Mediapart, muestra que Gucci localizó artificialmente 5.000 millones de euros de beneficios en Suiza sólo entre 2010 y 2017. Esas ganancias tributaron en Suiza entre 2010 y 2017 a una tasa efectiva de entre el 7,2% y el 12,5%. Si hubieran sido declaradas en Italia, Kering habría tenido que aplicarse un tipo del 30%, lo que se traduce en una factura fiscal de unos 1.500 millones de euros. Recuérdese que la multa que el grupo pagó en Italia fue inferior a esa cifra: 1.250 millones.

Pero hay una segunda parte del caso que Kering y Gucci esperaban mantener en secreto. Además de la condena a prisión suspendida por la evasión fiscal de Gucci, Marco Bizzarri tuvo que pagar una enorme liquidación fiscal, esta vez individual. No obstante, esa regularización fue sufragada por Kering, con un coste de casi 40 millones de euros.

Porque los Pinault no se contentaron con eludir el impuesto de sociedades. Kering había trasladado ficticiamente a Suiza a una veintena de altos ejecutivos de Gucci, en un intento por dar contenido al esquema fiscal suizo. Fueron trasladados a LGS, una sociedad pantalla suiza que se encargaba únicamente de sus contratos de trabajo. Este traslado tenía también la ventaja de ahorrar a Kering costes en las cotizaciones a la Seguridad Social –más elevadas en Italia– de los salarios más altos de la empresa.

Bizzari y otros directivos recibieron un trato especial. Desde 2010, cuando trabajaba para la marca italiana de Kering Bottega Veneta, tenía un contrato de trabajo con la luxemburguesa Castera. Además, Bizzarri se convirtió en residente fiscal suizo en virtud del régimen ultraventajoso de forfait, que permite a los extranjeros sin actividad lucrativa en el país helvético pagar impuestos en función de sus gastos, no de sus ingresos o patrimonio. De esta forma, Bizzarri sólo abonaba 150.000 euros de impuestos al año por su salario luxemburgués.

Cuando ascendieron a Bizzarri a consejero delegado de Gucci en 2014, el director general de Kering, François-Henri Pinault, y su adjunto, Jean-François Palus, le ofrecieron un gran aumento de sueldo. Desde ese momento, Castera le pagaba el 60% de su sueldo y Guccio Gucci Spa el resto. Según el informe de la policía fiscal italiana, cobró en total 5,5 millones de euros en 2015 y 6,3 millones en 2016.

Oficialmente, el CEO de Gucci no pasaba más de la mitad del año en Italia. Pero, como demuestra la investigación de la policía financiera, su principal lugar de trabajo era su oficina en el Gucci Hub de Milán. Oficialmente, vivía en un bonito apartamento con vistas al lago de Lugano. En realidad, su casa era un lujoso ático en el centro de la ciudad italiana, con una vista panorámica del Duomo y pagado discretamente por Kering.

Pero el 15 de noviembre de 2016, la policía italiana realizó una primera redada en la sede de Kering Italia, en un caso que llevó a la policía a la investigación de la trama fiscal de Gucci. Cuatro meses después, el 16 de febrero de 2017, Marco Bizzarri presentó una solicitud de regularización ante las autoridades fiscales italianas. Así pudo acogerse a la collaborazione volontaria, vigente hasta el 31 de julio de 2017, que concedía una amnistía penal y una reducción de las penas a los evasores fiscales que repatriaran sus activos.

Durante este procedimiento, el patrón de Gucci admitió que su domicilio en Suiza era falso, y que “su domicilio y su residencia fiscal [...] deben considerarse establecidos en Italia”, según consta en el informe de la policía financiera.

En marzo de 2018, Marco Bizzarri aceptó pagar 16,1 millones de euros por los años 2009 a 2015, más los impuestos italianos por los siguientes años de su contrato con Castera, la empresa fantasma luxemburguesa de Kering.

Las cifras del informe de la policía italiana sugieren que la factura fue pagada en su totalidad por Kering. En 2016, Castera pagó a Bizzarri cuatro millones de euros en concepto de salario, incluidos los bonus. En 2017, año de la regularización fiscal, cobró 43,5 millones. Por lo que se ve, Kering pagó a Bizzarri un superbonus de 39,5 millones de euros brutos para sufragar su regularización fiscal. Esta cifra es coherente con el repunte de los gastos de personal de Castera, que pasaron de 12 a 78 millones de 2017 a 2018, según los archivos de la compañía. Tanto Bizzarri como Kering han declinado hacer ningún comentario al respecto. Pero habría sido difícil para Kering no ser generoso con Bizzarri, que genera, con Gucci, el 83% de los beneficios del grupo.

Kering también tenía su propio interés en zanjar el asunto de forma discreta, ya que se beneficiaba del esquema suizo mucho más que Bizzarri. La operación estaba diseñada “para optimizar la carga fiscal del grupo sobre la remuneración de Bizzarri”, explica el informe policial.

Los investigadores indican que las negociaciones sobre el salario de Marco Bizzarri fueron “conducidas directamente por la dirección de Kering y, en particular, por [el consejero delegado] François-Henri Pinault y [el número 2 del grupo] Jean-François Palus”.

Un correo electrónico, ya revelado por Mediapart, muestra que François-Henri Pinault dio luz verde y fue informado del esquema con todos los detalles, incluso sobre la residencia suiza del jefe de Gucci en la zona de Lugano. La policía también encontró pruebas de que François-Henri Pinault acudía con regularidad a la sede de Gucci en Milán para reunirse con Marco Bizzarri, aunque se suponía que trabajaba principalmente en Suiza.

Más allá del caso Bizzarri, la policía italiana también recogió pruebas que apuntan a la responsabilidad personal de François-Henri Pinault en la trama de evasión fiscal del grupo Kering, que se ahorró más de 2.500 millones de euros en impuestos a través de la empresa suiza LGI.

Micaela Le Divelec, que fue la número dos de facto de Gucci hasta 2018, declaró a la policía financiera que la decisión de “trasladar las funciones globales del negocio [Gucci] a Suiza” se tomó “alrededor de 2011 o 2012 por la voluntad de [Patrizio] Di Marco [en ese momento CEO de Gucci] y con la contribución de Kering Francia (François [Henri] Pinault y Jean-François Palus)”.

Palus también fue hasta 2016 presidente de LGI, la empresa suiza en el centro de la trama fiscal, mientras que su jefe se sentaba en el consejo de Kering Holland, la empresa buzón holandesa que controla LGI. A pesar de estos datos, la justicia italiana no procesó a los ejecutivos de Kering, sino sólo a los sucesivos jefes de Gucci. Y la empresa no tuvo que responder en un proceso penal, puesto que el fraude fiscal se cometió entre los años 2010 y 2017, pero la ley italiana sólo incluyó el delito tributario como motivo para procesar a una sociedad anónima a partir de 2019.

Pues bien, Francia se mostró aún más indulgente, como demuestra el curso de las causas penal y fiscal, que la red EIC ha podido reconstruir gracias a documentos públicos y a fuentes conocedoras del caso.

En marzo de 2018, Mediapart reveló que las filiales francesas de Kering, Yves Saint-Laurent y Balenciaga, también evadieron impuestos en Francia, gracias al mismo montaje en Suiza. Según los cálculos de Mediapart, sólo la marca Yves-Saint Laurent redujo así su factura fiscal en unos 250 millones de euros entre 2013 y 2018. Kering responde que esas cifras “son inexactas”, sin dar más detalles.

La publicación del esquema suizo se produjo en un mal momento para Kering. Dos meses antes, en enero de 2018, la Agencia Tributaria francesa había abierto una investigación fiscal a Yves Saint-Laurent que se amplió más tarde a Balenciaga.

Como resultado, Kering se apresuró a repatriar a Francia los ingresos alojados en la empresa suiza LGI. Entre 2018 y 2019, la facturación de Yves Saint Laurent SAS pasó así de 393 millones de euros a 1.180 millones. Lo mismo ocurrió en Balenciaga, cuyos ingresos se multiplicaron repentinamente por cinco, pasando de 185 a 927 millones de euros.

Desde el punto de vista jurídico, la situación es más compleja. A diferencia de sus colegas italianos, los fiscales franceses no pueden investigar por evasión fiscal a una empresa si no hay una denuncia de la Agencia Tributaria: es el famoso “candado de Bercy”, el que es como se conoce al Ministerio de Finanzas de Francia por la calle donde está situada su sede central.

En febrero de 2019, la Fiscalía Nacional Financiera abrió sin embargo una investigación por blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado, una infracción penal conexa pero autónoma, para evitar la prescripción del caso Kering.

Pero la Fiscalía no hizo registros ni solicitó declaraciones. Ni pidió oficialmente el expediente judicial italiano, aunque se establecieron contactos con los fiscales de Milán. La Fiscalía Nacional Financiera ha optado por esperar al resultado de la investigación fiscal, y a una posible denuncia de la DGFIP. Una denuncia que no ha llegado a presentarse.

En 2019, las autoridades fiscales, que investigaban cuatro ejercicios contables —2015 a 2018— de Kering, notificaron a las dos filiales francesas del grupo una primera “propuesta de rectificación” relativa únicamente a los dos primeros años, 2015 y 2016.

Yves Saint-Laurent hace una provisión de 140 millones de euros en sus cuentas, y Balenciaga de 35 millones, un total de 175 millones. Las filiales de Kering especifican, en sus balances de 2019, que “los ajustes notificados han sido impugnados” y que las provisiones sólo cubren los importes que están dispuestos a aceptar.

En consecuencia, el importe de las regularizaciones notificadas por la Agencia Tributaria supera ampliamente los 175 millones en dos años. Sumando los dos años 2018 y 2019, la Hacienda francesa pide a Kering, por tanto, un total de más de 350 millones de euros.

Un año más tarde, en 2020, el caso se resolvió de forma amistosa con el fisco. En sus cuentas oficiales, Yves Saint Laurent anotó una carga fiscal excepcional de 154 millones de euros, y Balenciaga de 56 millones. Es decir, 210 millones de euros en total para Kering.

Según las fuentes consultadas, el importe total de la regularización es en realidad más elevado, y comparable al que obtuvo Italia, teniendo en cuenta el peso respectivo de Kering en los dos países.

No obstante, las autoridades fiscales francesas redujeron considerablemente sus pretensiones iniciales y concedieron a Kering el régimen más favorable posible.

En caso de acuerdo amistoso, éste sólo reduce las sanciones. Pero Kering se benefició de una “liquidación general”, que también permite conceder una rebaja del importe de los propios impuestos. Este procedimiento, que afecta principalmente a las grandes empresas, fue criticado en 2018 por el Tribunal de Cuentas de Francia por su opacidad y su falta de base legal.

En este acuerdo, la DGFIP no aplicó la sanción del 80% por maniobras fraudulentas, que desencadena automáticamente la presentación de una denuncia ante el fiscal. Por tanto, Bercy no presentó ninguna denuncia. Y la Fiscalía Nacional Financiera cerró finalmente la investigación penal sin más trámite en mayo de 2021. Según las fuentes consultadas, los fiscales consideraron que sería demasiado difícil perseguir el blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal, una vez que la Agencia Tributaria había establecido que no hubo fraude fiscal.

La Fiscalía Financiera también ha declinado comentar esta parte del caso. Y la Agencia Tributaria no ha respondido a las preguntas de Mediapart. Por su parte, Kering indica que sus “discusiones” con la administración fiscal “se mantienen siempre sobre la base de un estricto análisis técnico, relativo, en este caso, a los precios de transferencia”, los que fijan las filiales de un grupo para intercambiarse bienes o servicios y que tienen implicaciones fiscales si no respetan el valor de mercado.

Varios expertos contactados por Mediapart explican, sin embargo, que este tipo de rebajas en las regularizaciones es muy común en los complejos acuerdos fiscales que firman las multinacionales, tanto en Francia como en Italia. “En estos casos, el fisco piensa sobre todo en recuperar dinero, no en sanciones penales. Y dado el carácter técnico del Derecho fiscal, Bercy también teme perder en los tribunales contra estas poderosas empresas y su ejército de abogados”, advierte un abogado fiscalista con experiencia en esta clase de negociaciones fiscales de alto nivel. “Así que, si la empresa acepta pagar y renuncia a los litigios, las rebajas suelen ser muy sustanciales”, añade otro experto fiscal.

En resumen, el asunto Kering es emblemático de la dificultad, y también de la falta de voluntad, de los Estados para reprimir la evasión fiscal de las multinacionales y sus ejecutivos.

El uso de acuerdos fiscales —y por tanto, la ausencia de persecución penal — es fomentado por Emmanuel Macron y su gobierno. Así lo demuestra una nota de julio de 2019 redactada por el director general de Finanzas Públicas, por orden del entonces ministro de Presupuesto, Gérald Darmanin, hoy ministro del Interior. En esta nota, ya revelada por Mediapart, la DGFIP daba instrucciones a la Agencia Tributaria para favorecer “una conclusión pacífica de las investigaciones fiscales”, utilizando toda la gama de acuerdos amistosos, incluyendo, para los casos “particularmente complejos”, el procedimiento de “liquidación global” que permite conceder una rebaja en la regularización fiscal. El mismo mecanismo del que se benefició Kering un año después.

El Código de Conducta, el grupo creado para vigilar que la competencia fiscal leal en el seno de la UE, sólo puede evaluar las leyes tributarias de los Estados miembros, pero también ha examinado ciertos regímenes de territorios próximos, como Suiza, Liechtenstein o Andorra, por su capacidad de atracción de contribuyentes. En los dos primeros casos incluso ha establecido fórmulas de cooperación y ha invitado a representantes de ambos países a sus reuniones en Bruselas. En el caso andorrano, en 2017 declaró perjudiciales para la competencia en la UE cuatro de sus regímenes fiscales, cuya modificación o eliminación requirió al Gobierno del Principado. Dos de ellos fueron suprimidos y los dos restantes fueron adaptados a las normas comunitarias de juego limpio fiscal, según los documentos obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) , a la que pertenece infoLibre.

Para su examen, el grupo utilizó como base la evaluación que previamente había realizado la OCDE en su Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP). El tratamiento que otorgaba Andorra a las empresas de comercio internacional, las empresas que explotan activos intangiles y los holdings, así como a los intereses intragrupo de las multinacionales fueron considerados como prácticas de competencia fiscal desleal tanto por el mencionado foro de la OCDE como por el Código de Conducta. Este último grupo había incluido el sistema tributario andorrano en sus trabajos para elaborar la lista de paraísos fiscales de la UE en 2017 y, tras encontrar ciertas “deficiencias” en el cumplimiento de las normas sobre transparencia, tributación justa y aplicación de las medidas contra la erosión de las bases imponibles y el desvío de beneficios –las conocidas normas BEPS de la OCDE–, pidió al Gobierno del Principado en una carta fechada el 23 de octubre de ese año que expresara un “compromiso firme a alto nivel político” de que iba a solventar esos fallos antes del 31 de diciembre de 2018.

El Código de Conducta le solicitaba también un calendario preciso y una descripción de los pasos para aplicar los cambios legislativos prometidos. Andorra se había emplazado a eliminar los regímenes de las compañías de comercio internacional y de intereses intragrupo, así como a modificar los concedidos a las empresas que explotan activos intangibles y a los holdings.

infoLibre y los medios de la red de investigación EIC han tenido acceso a miles de documentos internos del Código de Conducta, desde actas e informes hasta correos electrónicos, que revelan cuáles han sido los fallos más notorios del vigilante fiscal de la UE en sus 24 años de vida. No sólo ha fracasado a la hora de poner freno a la carrera de los gobiernos por rebajar sus tipos impositivos, sino que además se trata de uno de los órganos más opacos de la Unión Europea. Por su propia naturaleza, no puede más que adoptar decisiones que no son vinculantes. Su ejecución descansa únicamente en la “buena voluntad” de los gobiernos. Y muchas veces ha sido más poderosa la defensa de la soberanía fiscal nacional que la del interés comunitario [Puedes consultar aquí y aquí las dos informaciones publicadas sobre vigilante fiscal de la UE].

Cambios

En efecto, el Gobierno del Principado sometió a la aprobación de su Parlamento la modificación de Ley del Impuesto de Sociedades de 2015 para suprimir los dos regímenes citados, prohibiendo que nuevas empresas se beneficiaran de ellos desde el 1 de julio de 2017, pero abriendo un periodo de transición hasta diciembre de 2020 en el que seguirían disfrutando de las ventajas adquiridas con anterioridad. Respecto a las empresas de intangibles, Andorra limitó los beneficios de este régimen a las actividades basadas en la investigación y desarrollo que se lleven a cabo “primordialmente” en su territorio: patentes, modelos de utilidad y programas informáticos protegidos por derechos de autor, además de extenderlo a los residentes en el Principado cuando antes sólo lo disfrutaban los extranjeros.

En cuanto a los holdings, las ventajas fiscales se concedieron tanto a residentes como a no residentes, se limitaron las exenciones y se fijó un tipo mínimo. Aun así, los dividendos no tributan en absoluto y, los holdings extranjeros sólo pagan un tipo equivalente al 40% del tipo general de sociedades, que es del 10% –en España es el 25%–; es decir, finalmente un minúsculo 4%.

En estos dos últimos casos, también se fijó el 1 de julio para evitar la entrada de nuevos beneficiarios y diciembre de 2020 para suprimir definitivamente ambos esquemas tributarios.

Además, Andorra se comprometió a exigir a partir de 2018 informes país por país a las empresas del Principado que formen parte de multinacionales que facturen más de 750 millones de euros al año. Se trata de otra de los estándares mínimos del plan BEPS de la OCDE. “Andorra está plenamente comprometida con las iniciativas para hacer frente a la evasión fiscal, asegurar la sostenibilidad de los ingresos y garantizar que las empresas pagan impuestos allí donde generan beneficios”, declaraba el Gobierno del Principado en su carta al Código de Conducta del 8 de noviembre de 2017.

Los cambios convencieron al grupo de Bruselas de que Andorra cumplía con las normas internacionales de transparencia y juego limpio fiscal, por lo que en noviembre de 2018 recomendó que se sacara de la lista de paraísos fiscales al Principado. La OCDE ya lo había indultado antes, en 2009. Y España lo había hecho en 2011, después de que ambos países firmaron un acuerdo de intercambio de información fiscal. En 2015 suscribieron otro para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

“Entonces en Andorra el delito fiscal no estaba tipificado”, explica a a infoLibre el ministro de Finanzas de Andorra, Eric Jover Comas, quien admite que ese vacío permitía a ciudadanos españoles evadir capitales recurriendo al Principado. “Pero hace ya años que decidimos cambiar el paradigma homologándonos en cooperación fiscal con la UE, para que no nos vieran como enemigos”, precisa. De ahí que ya haya firmado una decena de convenios sobre doble imposición y esté a punto de hacerlo con Hungría, Países Bajos, Chile, Croacia y República Checa. Además, Andorra tiene acuerdos de intercambio automático de información, siguiendo las normas de la OCDE, cada vez con un mayor número de países. “Con España, el intercambio de información es muy frecuente y muy amplio; los dos estamos muy satisfechos con nuestra cooperación fiscal”, destaca.

De Caballé a los Pujol pasando por El Rubius

Sin embargo, Andorra no ha dejado de estar en el ojo del huracán fiscal. Ocurre cada vez que un deportista o un artista se muda al Principado para aprovechar sus ventajas impositivas o que la Agencia Tributaria investiga si un contribuyente adinerado realmente ha pasado la mitad del año –183 días– en Andorra. O cuando aparece la Banca Privada de Andorra (BPA) en los Papeles de Pandora. Los Pujol escondieron de los ojos de Hacienda una fortuna de 70 millones en cuentas del Andbank y de BPA.

Montserrat Caballé, Borja ThyssenBorja Thyssen, los tenistas Arantxa Sánchez Vicario y Carlos Moyá o motoristas como Alex Crivillé son algunos de los más famosos huidos al pequeño país pirenaico. Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa han cambiado su residencia de Andorra a Suiza, en una clara muestra de cuál es su camiseta fiscal. Este mismo año, el traslado del youtuber El Rubius, devolvió a primera línea al Principado. No fue el primer rico online que se mudaba al Pirineo para pagar menos impuestos. Tampoco será el último.

En Andorra, el tipo máximo del IRPF es el 10%, mientras que en España alcanza el 47%. Las rentas por debajo de 24.000 euros están exentas; en España sólo las que no llegan a 12.000 euros anuales. El tipo de sociedades oscila entre el 2% y el 10%, cuando en España alcanza el 25% –30% para bancos y compañías petroleras–. Ambos son de los más bajos de Europa: en Irlanda es del 12,5% y en Hungría, del 9%. En el Principado el tipo general del IVA se queda en el 4,5% y baja hasta el 1% en el superreducido, que en España es del 4,5%, mientras que el general sube hasta el 21%. Las diferencias son claras.

Homologable, no armonizado

“Nuestro objetivo es construir un marco fiscal homologable con nuestro entorno, lo que no quiere decir armonizado: no tenemos los mismos tipos, pero sí las mismas figuras impositivas”, aclara  el ministro de Finanzas andorrano. Hasta 2012, en el Principado sólo existían los impuesto indirectos. “Somos un país turístico, recibimos cada año 100 turistas por habitante, que constituyen una fuente de financiación suficiente”, señala. Ese año Andorra creó su impuesto sobre sociedades y en 2015 el IRPF. Con unos tipos “muy competitivos”, presume Jover Comas.

Pero la idea del Gobierno andorrano es que esa competencia sea “legítima” y la UE vea en el enclave pirenaico un “contrincante leal”. Por eso subraya que el Principado “no va a la pesca de de grandes patrimonios ni de multinacionales”, a diferencia de otros territorios que sí aprueban regímenes especiales para atraerlos. “No es nuestro caso, no queremos prácticas [fiscales] agresivas”. De ahí que, apunta Eric Jover, Andorra apoye el tipo mínimo del 15% para las multinacionales que acaba de aprobar el G20: “No buscamos multinacionales sin actividad real en el país, sino empresas más pequeñas que desarrollen su actividad aquí”. Como el hipotético tipo mínimo mundial se aplicará sólo a las compañías que facturen más de 750 millones de euros, el Principado piensa en seguir ofreciendo su 10% en sociedades a las empresas que quedarán fuera del radar.

Sobre los ciudadanos españoles que se mudan a Andorra para pagar menos impuestos, una tendencia sobre la que ha mantenido conversaciones “al máximo nivel” con el Gobierno español, el ministro de finanzas del Principado asegura que “no es un verdadero problema”. “Residen aquí y desarrollan su actividad aquí legalmente, no se puede bloquear la decisión de un ciudadano de trasladarse a otro país”, resume.

Al menos por el momento, el Código de Conducta sólo puede examinar los impuestos que afectan a las empresas, no los que gravan ingresos personales, como el IRPF. Extender su ámbito de actuación a las prácticas fiscales agresivas de los grandes patrimonios, hasta ahora el punto fuerte andorrano, es uno de los objetivos declarados de forma reiterada por algunos de los Estados miembros en los últimos años, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo por la oposición de algunos países.

El pasado mes de abril, los gobiernos de España y el Principado acordaron que los respectivos ministros de Hacienda celebren reuniones anuales para avanzar en cooperación fiscal. La primera cita no se convocará hasta 2022, indica Eric Jover. En el punto de mira, un acuerdo de asociación que tardará en llegar, y que deja fuera los asuntos fiscales.

Gibraltar es una colonia, así lo dicen la ONU y la UE, y también un paraíso fiscal, al menos para España. La histórica disputa con el Reino Unido por la soberanía del Peñón, su istmo y las aguas que lo rodean sigue sustentando el acervo patriótico nacional y la política exterior de todos los gobiernos. España no reconoce la ocupación del istmo, donde los británicos han construido su aeropuerto, ni la Verja como frontera. Aún hoy, más de 300 años después del Tratado de Utrecht, España mantiene vivo el “contencioso” –tal es la denominación oficial del litigio– por un territorio de apenas seis kilómetros cuadrados, porque “destruye la unidad nacional” y su integridad territorial.

Para la mayoría de los españoles, en cambio, el Peñón ha quedado reducido a la categoría de serpiente de verano en los telediarios o de meme en las redes sociales, desconocedores de que en los últimos 24 años ha sido también el objeto de una tenaz batalla librada en el seno de uno de los órganos más opacos de la Unión Europea: el Código de Conducta, el grupo sobre fiscalidad empresarial que vigila los sistemas tributarios de los Estados miembros para evitar la competencia desleal. Los documentos obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, revelan que los gobiernos españoles, no importa el color, han sostenido una auténtica cruzada contra los sucesivos regímenes fiscales que Gibraltar ha puesto en marcha desde los años 90. Y la guerra tiene menos que ver con el patriotismo que con los esfuerzos del Peñón por convertirse en un centro financiero internacional, atrayendo a su registro mercantil con un buen arsenal de ventajas tributarias a todo tipo de empresas.

infoLibre y los medios de la red de investigación EIC han tenido acceso a miles de documentos internos del Código de Conducta, desde actas e informes hasta correos electrónicos, que revelan cuáles han sido los fallos más notorios del vigilante fiscal de la UE en sus 24 años de vida. No sólo ha fracasado a la hora de poner freno a la carrera de los gobiernos por rebajar sus tipos impositivos, sino que además se trata deuno de los órganos más opacos de la Unión Europea. Por su propia naturaleza, no puede más que adoptar decisiones que no son vinculantes. Su ejecución descansa únicamente en la “buena voluntad” de los gobiernos. Y muchas veces ha sido más poderosa la defensa de la soberanía fiscal nacional que la del interés comunitario.

Según han explicado a infoLibre algunos de los altos funcionarios españoles que participaron en las reuniones del Código de Conducta desde su creación en 1997, nunca se ha tratado de una batalla política. “Había fondo”, subrayan, porque los esquemas fiscales que ponía en marcha Gibraltar eran “muy agresivos”. España “lideró” siempre su revisión. En realidad, fue más que “beligerante”, el término utlizado por los funcionarios españoles: convirtió a Gibraltar en protagonista inesperado de los debates. Hasta el punto de que entre el 15% y el 20% de la agenda del grupo a lo largo de dos décadas ha estado ocupado por la fiscalidad del Peñón, según los documentos a los que han tenido acceso los miembros de EIC. Algunos Estados, como los Países Bajos, llegaron a protestar por la insistencia con que España ponía el Peñón en el punto de mira.

Desde su creación, el Código de Conducta ha examinado un total de nueve regímenes fiscales aprobados por el Gobierno de Gibraltar, de los cuales seis fueron considerados perniciosos para la competencia en la UE, por lo que debieron ser derogados o modificados. En algunos casos, los procedimientos de revisión eran instados por España, o era España la que empujaba para que se ampliara su objeto. De hecho, la delegación española intentó una y otra vez que el Grupo de Fiscalidad analizara el sistema fiscal gibraltareño al completo, y no sólo algunos de sus regímenes, como cuando el Gobierno del Peñón aprobó en 2010 su Income Tax Act (Ley del Impuesto sobre la Renta), que pretendía sustituir la norma que llevaba en vigor desde 1952. También fue a instancias de España que la Comisión Europea abrió un procedimiento por posible ayuda de Estado ilegal contra la exención fiscal que Gibraltar concedía en esa ley a las rentas pasivas –intereses, royalties, dividendos, plusvalías– de las empresas. En diciembre de 2018, la Comisión terminó ordenando al Reino Unido que recuperara los 100 millones de euros en exenciones fiscales ilegales que el Peñón había concedido a cinco empresas.

“Era una línea básica de protección frente a Gibraltar”, indican las mismas fuentes, “un territorio próximo donde se localizaban sociedades sin fiscalidad que operaban en España”. El Reino Unido, por el contrario, se defendió argumentando que el Gobierno español pretendía poner bajo sospecha el sistema fiscal de la colonia en su conjunto no por motivos fiscales sino “para desestabilizar Gibraltar”. No obstante, en muchas de sus ofensivas, España encontró en el grupo el apoyo de los otros tres grandes europeos: Alemania, Francia e Italia. Los cuatro conforman el bloque de los países más favorables a la armonización fiscal, frente a otros como Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, acompañados de Irlanda –y en los años más recientes también de los bálticos– que defienden sus más laxos sistemas tributarios. Además, tanto Reino como Países Bajos deben mantener las espadas en alto por sus territorios asociados, auténticos paraísos fiscales bajo el paraguas de la UE.

En todo caso, España y el Reino Unido firmaron en 2019 un acuerdo sobre la fiscalidad del Peñón que entró en vigor el pasado mes de marzo. A cambio, Gibraltar debería desaparecer de la lista de paraísos fiscales del Ministerio de Hacienda. Pero aún no lo ha hecho, según indica a infoLibre el Ministerio de Hacienda, que no ha contestado al resto de las preguntas que sobre las relaciones con el Peñón le ha formulado. El Gobierno gibraltareño, por su parte, recuerda a este periódico que la ex titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se comprometió a sacar a la colonia de la lista en enero de 2021. El Peñón no figura ni en la lista de la UE ni en la de la OCDE. Gracias a ese acuerdo, España ha conseguido más transparencia sobre las empresas registradas en la colonia, aunque sólo de las constituidas a partir de noviembre de 2018.

Ahora las autoridades gibraltareñas están obligadas a informar a las españolas de los buques, aviones y vehículos de motor registrados en Gibraltar pero propiedad de españoles. Y España tiene ya acceso a los datos que posean los registros públicos del Peñón sobre fideicomisos de residentes fiscales españoles y sobre los titulares reales de las sociedades constituidas allí. El pasado mes de mayo se celebró la primera reunión, por videoconferencia, del comité conjunto de técnicos que coordinarán la cooperación fiscal entre España y el Peñón. 

Con una población de 34.000 habitantes, Gibraltar suma un PIB de 2.447 millones de libras –2.893 millones de euros, el de España es de 1,2 billones–. El sueldo medio alcanza los 38.581 euros anuales, por sólo 24.000 euros en España. No hay paro. En cambio, la Línea de la Concepción, al otro lado de la Verja, es uno de los municipios con mayor tasa de desempleo del país, el 33,67% el pasado septiembre, según el Servicio Público de Empleo (SEPE). Es decir, dobla la media nacional. Así que casi 10.000 españoles cruzan diariamente al Peñón para trabajar allí.

En Gibraltar no hay IVA, ni impuestos sobre el alcohol, el tabaco y el petróleo. El 40% de los cigarrillos de contrabando consumidos en España procede del Peñón, según un estudio de KPMG y Philip Morris. El tipo que pagan las empresas en el impuesto sobre sociedades es del 10% desde 2011 –sólo las empresas de servicios públicos y los monopolios tributan al 20%–, mientras que en España se eleva al 25% –el 30% para bancos y empresa petroleras–. Hasta el Brexit, Gibraltar concentraba el 60% del juego online mundialonline , gracias a que estas empresas sólo tributan al 1%. Hoy no queda casi ninguna de las 37 que operaban con licencia en España. Se han marchado a Malta, o a Ceuta y Melilla. El 95,9% de los llanitos votó en contra del Brexit en el referéndum de 2016.

Primera batalla: holdings, empresas exentas y cualificadas

Gibraltar ha sabido superar las limitaciones que su escasa extensión impone a la actividad económica y a día de hoy es un caso de éxito como centro financiero: tiene registradas 15.523 sociedades, de las cuales 12.992 se encuentran activas, de acuerdo con los datos oficiales proporcionados a infoLibre por el propio Ejecutivo del Peñón. Es decir, hay una empresa por cada dos habitantes. Para conseguirlo, ha utilizado un sistema fiscal muy beneficioso para las empresas.

El Código de Conducta empezó a revisar los regímenes tributarios gibraltareños desde el primer momento y ya en 1998 declaró perjudiciales para la competencia los que concedieron ventajas fiscales a los holdings, así como a las denominadas sociedades exentas y cualificadas. Para acceder a esos beneficios ninguna de ellas podía contar con accionistas gibraltareños ni realizar actividad económica alguna en el Peñón: un esquema típico de paraíso fiscal para atraer a empresas extranjeras. Entonces el tipo general para las sociedades locales se elevaba al 35%. En cambio, para los holdings, la exención fiscal era total en caso de filiales al 25%. Para las sociedades exentas, bastaba con que pagaran 300 libras al año como impuesto fijo para luego quedar liberadas por completo de tributar por sus ganancias. Las cualificadas disfrutaban de un tipo de entre el 2% y el 18%. Además, la Comisión Europea que, a diferencia del Código de Conducta, sí tiene poder ejecutivo, abrió su propia investigación para dilucidar si esas ventajas tributarias constituían un ayuda de Estado ilegal y falseaban la competencia europea.

Así que Gibraltar se comprometió a derogarlas aprovechando que preparaba una reforma fiscal cuya entrada en vigor estaba prevista para julio de 2003. Claro que hasta llegar a ese momento, el grupo tuvo que urgir en varias ocasiones a Reino Unido para que lo hiciera… Y antes España ya había instado al Código de Conducta para que derogara los regímenes fiscales perniciosos sin esperar a la reforma fiscal y para que no permitiera que, mientras tanto, siguieran beneficiándose de su trato favorable nuevas empresas. Los Estados miembros tienen dos años de plazo para abolir los regímenes fiscales considerados perjudiciales por el grupo. Es decir, Gibraltar debería haber suprimido los suyos en el año 2000.

En 2002, la Comisión Europea abrió su procedimiento de ayuda de Estado y, dos años más tarde, decidió en contra de Gibraltar porque el nuevo esquema permitía a las empresas no tributar por encima del 15%, la mitad que en el Reino Unido y mucho menos que en España –35% entonces–. Pero hasta el 18 de febrero de 2005, Reino Unido no anunció a sus socios en el grupo de fiscalidad que aceptaba las propuestas de la Comisión para derogar el régimen fiscal de las empresas exentas –el de las cualificadas ya había sido abolido ese mismo año y el de los holdings era “inoperante” –… de forma gradual hasta el 31 de diciembre de 2010. Es decir, nada menos que una década, por tanto, estuvo aún vigente un esquema fiscal tachado de pernicioso para la competencia interna en la UE. En 2005 las empresas favorecidas ascendían a 8.464. Y se siguió permitiendo la entrada de nuevos beneficiarios hasta junio de 2006.

Segunda batalla: intereses, dividendos, royalties y plusvalías

Para sustituir a esa regulación condenada por Bruselas, Gibraltar diseñó una nueva, cuya entrada en vigor estaba prevista para enero de 2011. El tipo general del impuesto sobre sociedades, que ya había sido rebajado del 35% al 22%, se quedó en el 10%. Pero, además, los intereses, dividendos, royalties y plusvalías del capital quedaban exentos de tributar. Tanto España como la Comisión pidieron que se analizara el nuevo régimen fiscal ante las numerosas dudas que suscitaba no la letra de la ley, sino su aplicación de facto porque, tal y como estaba diseñado el esquema, beneficiaba de forma abrumadora a empresas extranjeras y a transacciones realizadas por no residentes en el Peñón. Según las cifras aportadas por los gibraltareños, de los 1.400 millones de libras en concepto de intereses por préstamos intragrupo que percibían las empresas del Peñón, 1.367 millones procedían de otros países. También ocurría con los dividendos: 7.197 millones de libras de un total de 7.702 millones tenían su origen fuera de Gibraltar. Otra vez el típico régimen offshore.offshore

Pero las dificultades para evaluar la realidad fiscal gibraltareña fueron enormes. El Gobierno del Peñón no facilitaba al grupo información sobre las empresas que se beneficiaban de sus ventajas impositivas. Entonces, las sociedades que no pagaban impuestos no estaban obligadas a registrar sus cuentas o a proporcionar datos a la Hacienda gibraltareña. Y no pagaban impuestos, aducían los gobernantes de la colonia, porque no tenían actividad económica y, por tanto, tampoco generaban beneficios. Esas empresas de las que carecían de datos representaban el 88,7% de las existentes en Gibraltar, según detallan los servicios técnicos de la Comisión en un informe enviado al grupo en junio de 2012: 21.076 de un total de 23.770 eran opacas. Según argumentaba España, el motivo por el que casi el 90% de las empresas gibraltareñas no pagaban impuestos era que sus ingresos procedían del extranjero.

Gibraltar, en cambio, alegaba que no eran empresas comerciales, sino meras tenedoras de activos: inmuebles, acciones u otras propiedades. Un mes más tarde, España denunciaba a Gibraltar ante la Comisión, que el 16 de octubre de 2013 abrió un procedimiento por ayuda de Estado ilegal, el tercero contra el Peñón en una década.

El 21 noviembre de 2012, el Código de Conducta había concluido por unanimidad que el nuevo sistema fiscal de Gibraltar era perjudicial para la fiscalidad europea. Y el Reino Unido accedió a eliminar los aspectos lesivos de la ley. Pero para España no era suficiente. A su juicio, la evaluación llevada a cabo hasta el momento no era lo bastante amplia, había mucho más que investigar. El caso es que los movimientos en el Código de Conducta siempre son lentos. Hasta mayo de 2013 el Reino Unido no presenta sus propuestas para modificar la ley de 2010. Todos los Estados miembros las aceptan, menos España. “No estamos seguros de tener toda la información necesaria para tomar una decisión”, advierte la delegación española, que insiste en que debe analizarse el régimen fiscal gibraltareño de forma “completa y exhaustiva”. Una delegación del Peñón asiste a la reunión y protesta: “España quiere mantener abierto el problema por razones que no son fiscales, para desestabilizar Gibraltar”.

En septiembre, España vuelve a la carga. Presenta un informe en el que detalla que Gibraltar posee un sector offshore que no paga ningún impuesto: sólo tributan 2.299 empresas de un total de 21.770 registradas, de las que, además, 10.232 son empresas pantalla creadas por personas físicas para gestionar sus activos, pero no tienen actividad económica alguna. “La mayoría de ellas han sido creadas por no residentes en Gibraltar, sino en España y otros Estados miembros de la UE”, denuncia. Según los datos proporcionados por el Reino Unido, Gibraltar dejaba entonces sin gravar un total de 11.389 millones de libras en beneficios –13.540 millones de euros–, de los cuales el 98,5% procedía de fuera del Peñón. Esas empresas, además, sólo tenían 1.515 empleados de los 10.370 con que contaba entonces la colonia. Una indicación de que no eran más que empresas fantasma. Además, Gibraltar carecía de medidas para evitar la doble no tasación y ofrecía opacidad –no exigía a las empresas ni declaración de impuestos ni cuentas o registros si no tienen beneficios–. Dos indudables atractivos para quien quiere crear este tipo de sociedades instrumentales.

Tercera batalla: sociedades propietarias de mansiones y yates en España

En ellas situó España su nuevo objetivo. Pero le costó tiempo: hasta noviembre de 2014 el grupo no aceptó que las sociedades pantalla o inactivas o durmientes entraban en el ámbito de su competencia. Para España no había dudas: 3.099 propiedades, con un valor de tasación de 400 millones de euros, estaban en poder de 1.146 empresas gibraltareñas en 2013, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria. Además, proporcionó ejemplos de propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol y en Sotogrande (Cádiz) cuyos dueños eran sociedades registradas en el Peñón. En concreto, una villa y un atraque en Sotogrande, otro en Ibiza, una villa en Marbella propiedad de una sociedad gibraltareña que luego fue vendida a otra en Liechtenstein…

No las mencionó, pero España también podía haber puesto sobre la mesa las investigaciones policiales que desde 2005 habían destapado la corrupción urbanística en la Costa del Sol. Gracias a la Operación Malaya y la Operación Ballena Blanca se descubrió que, en sociedades y cuentas de Gibraltar, conectadas con Delaware y Suiza, tenían propiedades y rentas ilegales Julián Muñoz, su exposa Mayte Zaldívar o la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe. Sólo la red desmantelada en Ballena Blanca estaba integrada por un millar de sociedades que conectaban Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y la isla de Man. El objetivo de la estructura era blanquear dinero procedente de actividades criminales mediante inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.

El argumento español respecto a estas sociedades patrimoniales era que estas propiedades generaban ingresos por alquileres, intereses y plusvalías que no eran gravados ni en Gibraltar ni en ningún otro país y que el régimen que los eximía de impuestos debía ser investigado igual que ya lo habían sido los de las islas británicas del Canal, la isla de Man y Liechtenstein. También presentó un catálogo de folletos de despachos y asesores fiscales gibraltareños que vendían sus servicios para situar todo tipo de activos en sociedades registradas en la colonia con la garantía de no pagar ni una libra en impuestos. “Gibraltar ofrece muchas oportunidades”, publicitaba uno de ellos, que también advertía a sus posibles clientes de “la creciente amenaza de ataques” que podrían sufrir de “autoridades fiscales extranjeras”. Aun así, aseguraba, “incluso las amenazas pueden convertirse en oportunidades”.

El Gobierno del Peñón, en cambio, mantenía que España podía gravar los inmuebles, los yates o los atraques utilizando el impuesto sobre el patrimonio y aprovechando los mecanismos existentes de intercambio de información. Y que si la mayor parte de estas empresas tenían su fuente de ingresos en el extranjero el motivo era el inevitable escaso tamaño de la economía gibraltareña. En medio de la refriega, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, invitó al entonces titular de Hacienda español, Cristóbal Montoro, a visitar el Peñón para conocer de primera mano la realidad fiscal de la colonia. Montoro no contestó. Picardo reiteró la invitación en 2015 tras quejarse públicamente de la “perseverancia ciega” de España en “denigrar” a Gibraltar. La visita nunca se produjo.

En febrero de 2016, el Código de Conducta seguía bloqueado. Gibraltar carecía de información detallada sobre las 10.232 sociedades bajo sospecha –por ejemplo, si su propietario era local o extranjero, o cuál era el importe de los ingresos que percibían–, pero prometió tenerla en el futuro, puesto que a 1 de enero de ese año todas las empresas, tuvieran ingresos o no, estaban ya obligadas a presentar una declaración ante la Hacienda del Peñón. Finalmente, pese a los intentos británicos por posponer cualquier medida, el Código de Conducta tomó una decisión inédita hasta entonces. Para impedir que la ausencia de datos bloqueara el análisis, se evaluó el sistema fiscal gibraltareño no basándose en hechos sino sobre una hipótesis: que las empresas percibían ingresos, en contra de lo sostenido por Gibraltar y Reino Unido. “La falta de información no puede usarse contra las pruebas y argumentos que ha proporcionado España”, apremió la delegación. “El grupo”, zanjó, “no puede sentarse y no hacer nada”.

Así que en abril, finalmente, el Código de Conducta determinó que el tratamiento que recibían las sociedades patrimoniales en Gibraltar era perjudicial para la competencia en la UE, pero sólo en el caso de los ingresos que éstas percibían de propiedades muebles. Es decir, de yates, aviones o vehículos de motor, cuya tributación en el país donde se disfrutaban era “improbable”. Las mansiones, por el contrario, podían ser gravadas por las haciendas de los países donde estaban radicadas. Además, esa exención beneficiaba de forma mayoritaria a no residentes en el Peñón. Y se practicaba a empresas a las que no se exigía una “sustancia real” en Gibraltar: ni actividad económica real ni empleados.

Como Reino Unido no proporcionó datos adicionales que rebatieran ese diagnóstico, la decisión se transmitió al Ecofin, que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Pero España no cejó. Aunque la decisión era un “avance”, había que ir “más lejos”: las plusvalías, que habían quedado fuera del análisis, constituyen uno de los ingresos más importantes de las sociedades tenedoras de activos gibraltareñas, pero no tributan ni en el Peñón ni en ningún otro país. Permitir su exención, continuaba España en un informe que presentó en junio de 2016 al grupo, sentaría un “precedente peligroso para futuras evaluaciones del Código de Conducta, como las normas sobre sociedades patrimoniales de Liechtenstein”. Tras alertar sobre la falta de transparencia e información de Gibraltar, el Gobierno español también reclamaba sanciones “efectivas” para las empresas gibraltareñas que incumplieran la obligación de aportar sus cuentas a la Hacienda del Peñón. Entonces, el castigo que recibían las empresas infractoras, protesta el Gobierno español, se reducía a una multa de 50 libras.

Para dejar patente su insatisfacción, España preparó un texto que se añadió a las actas del consejo del Ecofin celebrado el 17 de junio de 2016. En él, declaraba que la decisión de considerar “perjudicial” sólo una parte del régimen fiscal de Gibraltar era “insuficiente”, al haber quedado fuera aspectos relevantes como la falta de transparencia y de información tributaria. Los cambios “puntuales” que se iban a introducir en las leyes fiscales del Peñón como resultado del dictamen del Código de Conducta no dejan de ser “superficiales”, abundaba el texto, porque sus principales elementos perjudiciales “permanecen operativos”. Finalmente, que se deje el trabajo a medias, advertía, constituye un “precedente muy negativo” respecto a las evaluaciones que el grupo realice sobre los regímenes fiscales de otros territorios y terceros países.

A los dos años de esta declaración y de que se exigiera la supresión de estas ventajas fiscales para las sociedades propietarias de bienes muebles, el Código de Conducta examinó si Gibraltar había cumplido lo prometido. En su reunión del 21 de septiembre de 2018, la delegación española no soltó su presa y se quejó de que Gibraltar no había sido muy diligente en la eliminación de los aspectos perniciosos de la norma fiscal condenada. Reino Unido tuvo entonces que precisar –hasta entonces no lo había hecho– cómo iba a gravar las rentas que esas sociedades percibían por los yates o aviones de las que eran propietarias: con el mismo tipo con que tributaban los ingresos comerciales de cualquier otra empresa gibraltareña. Habían pasado cuatro años desde que el Código de Conducta comenzó a examinar ese régimen fiscal.

'Tax rulings' para esquivar a Bruselas

En cualquier caso, la batalla fiscal por Gibraltar estaba lejos de terminar. Como queda explicado más arriba, la Comisión Europea abrió en octubre de 2013 una investigación sobre las exenciones tributarias que el Peñón concedía a los intereses, dividendos, royalties y plusvalías. Un año más tarde tuvo que ampliarla: Gibraltar estaba firmando tax rulings o acuerdos fiscales con ciertas empresastax rulings que les garantizaban rebajas tributarias del mismo tipo que las declaradas perjudiciales por el Código de Conducta y que estaban en proceso de derogación. Se trataba de acuerdos similares a los destapados por Luxleaks, firmados de forma opaca por Luxemburgo con las principales multinacionales del planeta y que pusieron en el foco al mismísimo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, antes primer ministro y titular de Finanzas del Gran Ducado.

En principio, se trataba de 165 acuerdos, suscritos entre 2011 y 2013. Gibraltar estaba utilizando una práctica administrativa, opaca además, para eludir el obstáculo que el Código de Conducta le había puesto y seguir concediendo rebajas fiscales a grandes empresas por sus préstamos intragrupo. El dictamen de la Comisión Europea no llegó hasta diciembre de 2018: consideró ayuda de Estado ilegal sólo cinco tax rulings y ordenó a Gibraltar que recuperara el dinero que había perdonado en impuestos a las multinacionales beneficiadas. En total, 100 millones de euros.

Pero, como suele ocurrir con los asuntos fiscales, gobiernos e instituciones no tienen prisa. Gibraltar tenía de plazo hasta abril de 2019 para recuperar las ayudas de Estado ilegales. Pero sólo tras el BrexitBrexit, el pasado mes de marzo, la Comisión Europea denunció a Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la UE porque el Gobierno del Peñón sólo había recobrado el 20% de los 100 millones exigidos. Hace sólo unos días, el pasado 6 de octubre, la Comisión anunció que Gibraltar había recuperado el 14 de julio el total debido.

“Estoy harto. ¡Harto! 48 horas después de que se hayan hecho públicos los Papeles de Pandora, el Consejo [de la UE] deja claro que no quiere cambiar nada y presenta una lista de paraísos fiscales en la que no están las Islas Vírgenes, que exista un tipo [impositivo] cero es una vergüenza y lo que ocurre con Luxemburgo muestra hasta dónde no quiere ir Europa. El Consejo nos deja como idiotas”. El presidente del Subcomité de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo, el holandés Paul Tang, resumió en apenas un minuto el enfado y la impotencia de la Eurocámara ante el escándalo financiero desvelado por una nueva filtración de miles de documentos. Una vez más –los Papeles de Panamá, los Papeles del Paraíso, OpenLux–, queda al descubierto el uso masivo que hacen los muy, muy ricos de grandes despachos de abogados y hábiles gestores de patrimonios para ocultar su dinero en paraísos fiscales y no pagar los impuestos que el resto de la ciudadanía abona obedientemente.

Enérgico y contundente, Tang defendía en el pleno de la Eurocámara la necesidad de reformar el Grupo Código de Conducta, una propuesta de resolución que fue aprobada después por amplia mayoría. El eurodiputado holandés aseguró que los cambios en ese grupo son “parte de la solución” a la insatisfactoria respuesta de la UE ante unas prácticas fiscales que hacen perder a los gobiernos europeos cada año entre 160.000 y 190.000 millones de euros, un cálculo conservador de los impuestos que sólo las empresas –sin contar a los contribuyentes con grandes patrimonios– dejan de pagar gracias a la planificación fiscal agresiva. Que no es ilegal, pero aprovecha los vacíos de las normas tributarias para rebajar la factura final a Hacienda.

infoLibre ha tenido acceso a 2.500 documentos del Grupo Código de Conducta, obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que este periódico forma parte. A partir de esa base, EIC va a publicar una serie de reportajes sobre este órgano, el encargado de vigilar el cumplimiento del juego limpio fiscal en la UE y donde se sientan todos los Estados miembros. Martijn Nouwen, profesor de Derecho Fiscal en la Universidad de Leiden (Países Bajos), ha conseguido, tras muchos años de batalla legal con la UE, desde actas de reuniones e informes hasta correos electrónicos del Grupo Código de Conducta, una montaña de información que ha sido ocultada desde su creación tanto a los miembros del propio Parlamento Europeo como a la opinión pública en general, amparándose en la confidencialidad de las discusiones que los Estados miembros mantienen en su seno. También en la peculiar naturaleza del grupo.

Los documentos obtenidos por la red EIC revelan cuáles han sido los fallos más notorios del Código de Conducta en sus 24 años de vida. Fallos derivados de cuestiones políticas y de las propias dinámicas del grupo que han lastrado su lucha contra la competencia desleal. Como destaca la propia Comisión en los documentos que publica la red EIC, la ejecución de las decisiones adoptadas por el Código de Conducta depende exclusivamente de la “buena voluntad” de los Estados miembros. A la hora de cierre de esta edición, el Ejecutivo comunitario no ha contestado a las preguntas que sobre el grupo le han formulado los medios integrados en EIC.

De hecho, los gobiernos se han dedicado a jugar al ratón y al gato con el grupo. Cuando el Código de Conducta decidía cerrar el régimen fiscal de un país que concedía ventajas excesivas a las empresas, con tipos impositivos más bajos que en el resto de la UE o incluso con un tipo cero, ese mismo gobierno u otro creaba un nuevo régimen similar que permitía continuar con esos o parecidos beneficios tributarios. También han jugado los Estados miembros a hacer todo lo posible para retrasar la derogación de los regímenes considerados peligrosos por el grupo. Los periodos de transición a los que se comprometían eran a menudo tan largos que se traducían en plazos de años –hasta una década– en los que seguían entrando nuevas empresas a beneficiarse de las ventajas fiscales desleales.

Es más, en algunos casos, aunque un Gobierno desobedecía y no desmantelaba el esquema fiscal perjudicial, el grupo no lo señalaba ni públicamente ni ante el propio Consejo Europeo. No había castigo de ningún tipo.

El Código de Conducta es una institución de carácter “diplomático” o “político”, “un espacio para la cooperación y revisión inter pares de regímenes fiscales potencialmente perjudiciales dentro de la UE”. No se trata, por tanto, de un órgano ejecutivo, no puede adoptar decisiones vinculantes. Como si de un acuerdo entre caballeros se tratara, los gobiernos se comprometen a “cooperar lealmente” para modificar o desmantelar los regímenes fiscales que el grupo, por consenso –se requiere la unanimidad menos uno, el país afectado–, considere “perniciosos” para la competencia fiscal en el seno de la Unión Europea. Igualmente se obligan a no crear nuevos regímenes perjudiciales. Como describe la Comisión Europea en uno de los documentos obtenidos por EIC, los Estados miembros evalúan mutuamente sus leyes tributarias, una materia muy “sensible”, “en una atmósfera de confianza recíproca”.

Desde su creación, en 1997, el Código de Conducta ha evaluado un total de 480 regímenes fiscales , de los cuales 130 han sido considerados perjudiciales, según las las cifras que la actual presidenta del grupo, la búlgara Lyudmila Petkova, proporcionó a la Subcomisión de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo el pasado mes de abril. No llega a un tercio de los analizados. De acuerdo con los cálculos de Martijn Nouwen, no obstante, son aún más los esquemas analizados, hasta 600, y más de 100 los declarados perniciosos para la competencia fiscal.

El órgano era un gran desconocido para la opinión pública hasta 2014, cuando se publicaron los Luxleaks, que destaparon los ventajosos acuerdos fiscales que Luxemburgo concedía a 343 multinacionales. Pero el grupo ya llevaba funcionando por entonces 17 años y se supone que aún es el principal instrumento de la UE para impedir la competencia fiscal desleal entre los Estados miembros. Cada nuevo régimen creado para dar un trato preferente a las empresas y, por tanto, atraerlas a su territorio, puede ser considerado una competencia desleal para el resto. El Código de Conducta sólo evalúa impuestos corporativos, no los que gravan los ingresos personales. Una primera limitación. También es el encargado de definir los criterios con los que se elabora y actualiza la lista de paraísos fiscales europea. Además, funciona como una de las instituciones más herméticas en la toma de decisiones de la Unión Europea, en palabras del eurodiputado Ernest Urtasun. En el debate donde se pidió su reforma, otros parlamentarios lo tacharon de “obsoleto”, “inadecuado” e “insostenible”.

Lo cierto es que, si su misión es vigilar el juego limpio fiscal entre los Estados miembros de la UE, el Código de Conducta ha fracasado a la hora de poner freno a la carrera de los gobiernos por rebajar sus tipos impositivos: desde 2015, el tipo del impuesto de sociedades ha caído del 19% al 9% en Hungría –el más bajo de la UE– y del 33% al 25% en Bélgica y Francia, por poner unos pocos ejemplos. Unas veces por la presión de los Estados con mayor relajación tributaria, como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo o Irlanda, otras por la pasividad de los grandes –Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido hasta el Brexit–, pero cuando se trata de impuestos los intereses nacionales suelen derrotar al bien común que la UE debería defender.

Gibraltar, mansiones y yates

Por ejemplo, ahora que los Papeles de Pandora han vuelto a poner en el disparadero el uso generalizado de paraísos fiscales por las grandes fortunas, políticos, empresarios y artistas de todo el mundo para eludir sus obligaciones fiscales, cabe recordar que el grupo debatió durante años, y a solicitud de España, si las ventajas tributarias que Gibraltar ofrecía a los adinerados españoles en forma de sociedades de tenencia de activos constituían un atentado contra la competencia fiscal justa dentro de la UE. Pero el resultado fue decepcionante.

En 2013, España denunció ante el Código de Conducta la existencia en el Peñón de 10.232 de estas sociedades patrimoniales, que no realizaban ningún tipo de actividad, sólo tenían a su nombre activos situados en España, desde mansiones hasta yates. En los informes que el Gobierno español mandó al grupo, aseguraba que se utilizaban como sociedades pantalla para eludir el pago de impuestos en territorio nacional. Para demostrarlo, entre otras pruebas España aportó numerosos folletos comerciales de despachos de abogados y firmas de asesoría fiscal de Gibraltar que prometían ventajas tributarias a quienes crearan este tipo de empresas.

Por el contrario, Reino Unido argumentaba que se trataba de una cuestión de fiscalidad personal, no corporativa, que es la única que puede evaluar el grupo. Y que, en todo caso, estas sociedades no pagaban impuestos en Gibraltar porque, al carecer de actividad, tampoco tenían beneficios. Además, aunque la sociedad propietaria no tributara en el Peñón, sí que deberían hacerlo los bienes a su nombre en el país donde radicaran.

Los debates sobre estas sociedades patrimoniales se prolongaron durante tres años, hasta 2016. Entonces, el grupo dictaminó que el régimen fiscal del que se beneficiaban estas empresas era perjudicial para la competencia en el mercado interior, pero sólo para los bienes muebles. Para los yates, por ejemplo, registrados en otros países, pero no para las viviendas. No obstante, hasta 2018, dos años más tarde, el grupo no pidió al Reino Unido que desmantelara ese esquema fiscal para los bienes muebles.

El pasado mes de marzo entró en vigor un acuerdo que habían firmado dos años antes España y Reino Unido sobre fiscalidad. A cambio de que España saque a Gibraltar de su lista nacional de paraísos fiscales, Londres redefine qué sociedades son consideradas residentes fiscales en el Peñón. Claro que esta exigencia se aplica sólo a las que se hayan constituido a partir del 16 de noviembre de 2018. El resto seguirán como hasta ahora.

Pero el cambio sólo ha venido de la mano del Brexit y siete años después de que el Código de Conducta comenzara a analizar las sociedades donde españoles adinerados –aunque no sólo– escondían buena parte de su patrimonio para no pagar impuestos a Hacienda. La oposición de Estados miembros como los citados más arriba a poner bajo la lupa los impuestos personales (IRPF) y sobre el patrimonio, ralentizó y limitó las medidas que debían atajar la competencia fiscal desleal gibraltareña. Aun hoy, todas las sociedades creadas antes de noviembre de 2018 siguen siendo opacas para la Hacienda española. Y de éstas sólo tributan en Gibraltar las que poseen, por ejemplo, un yate o un avión privado. No una mansión en Sotogrande (Cádiz) o en Marbella. Según las cifras que el Gobierno español aportó entonces al grupo para sustentar sus reclamaciones, en marzo de 2013 la Agencia Tributaria había contado 3.099 propiedades a nombre de 1.146 sociedades gibraltareñas, con un valor de tasación superior a los 400 millones de euros.

Muchas de ellas quedaron señaladas, además, en las numerosas investigaciones policiales que destaparon la corrupción urbanística en la Costa del Sol. La operación Malaya, la operación Ballena Blanca contra el blanqueo, la operación Troika contra la mafia rusa y la operación Shovel contra la mafia irlandesa son sólo las que más atención suscitaron. En sociedades y cuentas de Gibraltar, conectadas con Delaware y Suiza, tenían propiedades y rentas ilegales Julián MuñozJulián Muñoz, su exposa Mayte Zaldívar o la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, por citar algunos nombres.

'Tax rulings', más allá de Luxemburgo

Gibraltar también aparece como un buen ejemplo de cómo los Estados miembros burlaban los compromisos políticos adquiridos en el Código de Conducta. En 2013, Londres aceptó suprimir el régimen fiscal que permitía a las empresas extranjeras no pagar ni un euro en impuestos por los intereses de sus operaciones entre filiales o con la matriz. El grupo lo había considerado pernicioso en noviembre de 2012 porque beneficiaba de forma abrumadora a compañías foráneas. Según las cifras aportadas por Reino Unido al grupo, de los 9.192 millones de libras –10.856 millones de euros– en rentas pasivas –intereses, cánones, plusvalías y dividendos– de las empresas que cada año quedaban exentos en Gibraltar, sólo 140 millones procedían del Peñón; es decir, el 98,5% tenían su origen en fuentes extranjeras. Un esquema típico de paraíso fiscal.

Gibraltar, en efecto, suprimió la ventaja perniciosa de su ley del impuesto sobre sociedades, pero a continuación empezó a firmar tax rulingstax rulings, acuerdos fiscales particulares igualmente ventajosos, con ciertas empresas que, además, eran secretos. Es decir, sustituyó una ley por una práctica administrativa que, por así decirlo, volaba por debajo del radar. Así que España denunció los tax rulings ante la Comisión Europea, que en octubre de 2013 abrió un procedimiento de ayudas de Estado ilegales por 165 acuerdos concedidos entre 2011 y 2013.

A diferencia del Código de Conducta, la Comisión Europea sí puede adoptar decisiones vinculantes, en este caso sanciones expeditivas contra un Estado miembro. Pero los tax rulings finalmente analizados se quedaron sólo en 45, la mayoría de ellos con empresas holandesas. Y la Comisión no tomó una decisión definitiva hasta diciembre de 2018: sólo cinco acuerdos fueron invalidados y exigida la devolución de las exenciones consideradas ayudas de Estado. Un total de 100 millones de euros, de los que Reino Unido sólo recuperó 20 millones. Para conseguir el resto, Bruselas tuvo que denunciar al Gobierno de Boris Johnson el pasado mes de abril. Hace sólo unos días, el pasado 6 de octubre, Londres anunció que había recuperado los 80 millones restantes. Ocho años de espera.

Los tax rulings saltaron a los titulares de medio mundo en 2014 gracias a los Luxleaks. Pero, según se desprende de las actas del Código de Conducta, el grupo venía ocupándose del tema desde 2003. Entonces los Estados miembros acordaron que intercambiarían de forma automática información sobre los acuerdos fiscales que firmaran con las empresas. Pero en 2015 un informe de la Comisión Europea reveló que 10 países, incluida Alemania, ni siquiera habían empezado a aplicar el modeloincluida Alemania de actuación que sólo había podido ser pactado dos años antes. Para entonces, ya se habían publicado los Luxleaks y la presión de la opinión pública mordía el trasero del Código de Conducta.

Dio igual: “Desde 2011, ningún país ha informado sobre un solo tax ruling pernicioso”tax ruling, asegura Martijn Nouwen, “ni siquiera después de Luxleaks”.

De hecho, Luxemburgo eludió la obligación de notificar los acuerdos al grupo de manera sibilina. Las compañías sólo tenían que enviar a las autoridades del Gran Ducado una carta informativa sobre el modelo tributario que pretendían aplicarse y, si éstas no les contestaban, difícilmente podrían ser sancionados después. No había necesidad de comunicarlo a Bruselas.

Alemania, directamente, se niega a hacer públicos sus tax rulings tax rulings. Los considera “parte del secreto fiscal”. Pese a que su exministro de Finanzas y más que posible futuro canciller, Olaf Scholz, hizo durante la reciente campaña electoral una encendida defensa del tipo mínimo internacional para las multinacionales, de la tasa Google sobre las transacciones digitales y en contra de los paraísos fiscales, el Gobierno de Berlín se niega a publicar los tax rulings incluso de forma anonimizada.

El 'dumping' fiscal de Bélgica y Países Bajos

Otro ejemplo revelador. Durante más de dos décadas, el Código de Conducta ha intentado controlar la fiscalidad de los flujos de capital transfronterizos en Bélgica y los Países Bajos. Pero no ha conseguido más que una victoria a medias. Los debates sobre la baja tributación de los pagos de intereses en ambos países comenzaron en 1998, poco después de que se creara el grupo. Pero incluso en 2010 una propuesta para garantizar una imposición mínima del 10% se encontró con el rechazo firme de Bélgica, Francia, Países Bajos y República Checa. También fracasó otra iniciativa de Alemania, Francia y Dinamarca para introducir una misma retención fiscal en toda la UE. Países Bajos, Bélgica y Reino Unido lo consideraron una restricción inaceptable de su soberanía.

Los gobiernos de La Haya y Bruselas defienden a cara de perro su modelo de “imposición informal del capital”. Este régimen otorga a las filiales holandesas o belgas de empresas internacionales el derecho a fijar el valor de los pagos transfronterizos de intereses. Con exenciones de hasta un 90%Con exenciones de hasta un 90%, los Países Bajos se han convertido en un paraíso para los holdings de todo el mundo. Más de un tercio de las inversiones extranjeras mundiales se gestionan a través de las cuentas de las 15.000 empresas ficticias que se calcula que existen en el país.

Los demás Estados de la UE quisieron poner fin a este dumping fiscal. Pero belgas y holandeses se resistieron. Ninguno de los dos países “cedería hasta que el otro lo hiciera”, declaró exasperada la Comisión Europea, tal y como revelan las actas obtenidas por EIC. La disputa duró cuatro años. Como la presión continuó, ambos gobiernos prometieron que sus deducciones de beneficios se basarían en el futuro en los acuerdos internacionales sobre precios de transferencia, pero se negaron a facilitar información a los países de origen de las empresas para que las autoridades fiscales de allí pudieran gravarlas… por lo menos hasta que el resto de los países también lo hicieran. Y como los Estados miembros de la UE no pudieron acordarun procedimiento efectivo para intercambiar esa información, las filiales de compañías extranjeras han seguido disfrutando de las magníficas exenciones ofrecidas por Países Bajos y Bélgica.

Lo que no significa que se quedaran ahí. Los Países Bajos bajaron el tipo general del impuesto de sociedades mientras Bélgica creaba un régimen que ofrecía exenciones a los beneficios extraordinarios de las multinacionales. En 2016 la Comisión Europea lo consideró ilegal y condenó al Gobierno belga a recuperar 700 millones de euros perdonados a 35 multinacionales. Pero en el 2019 el Tribunal General de la UE tumbó esa decisión, la Comisión recurrió y dos años después, el pasado 21 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la UE anuló la primera sentencia. El Tribunal General debe ahora volver a pronunciarse.

Una lista muy corta

Mención aparte merece la lista de paraísos fiscales, de cuya confección es responsable el Código de Conducta y que aprueba después el Consejo de la UE. Aunque ya antes de su primera elaboración, en 2017, Suiza y Liechtenstein habían sido advertidos por sus prácticas fiscales. Ese año, más de 60 Estados de todo el planeta fueron conminados por el grupo para que adaptaran sus sistemas tributarios a los estándares de juego limpio de la UE si no querían entrar en la lista negra. En la primera, de diciembre de 2017, se incluían 17 territorios. En la última, del pasado 5 de octubre, ya sólo quedan nueve: American Samoa, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, las islas Vírgenes Británicas y Vanuatu.

En cambio, Turquía, pese a que ha hecho oídos sordos a los sucesivos llamamientos de la UE para que aumente la transparencia de su sistema fiscal, ha escapado siempre de la lista. En parte, por la presión de Alemania. El papel turco en la crisis migratoria explica la relajación comunitaria al respecto.

Otro tanto puede decirse de Estados Unidos, donde el estado de Delaware, conocido por ser el paraíso fiscal favorito de las mayores empresas españolas, encaja perfectamente en los criterios de inclusión en la lista de paraísos comunitaria. De hecho, la UE ha exigido a EEUU que firme un acuerdo internacional de intercambio automático de información o bien suscriba acuerdos bilaterales con todos y cada uno de los estados miembros. Sin embargo, en el otoño de 2019, la actual presidenta del Código de Conducta, Lyudmila Petkova, acordó con el Departamento del Tesoro de EEUU que el grupo se declaraba satisfecho con que Washington estuviera adherido al marco de intercambio de información de la OCDE. Un acuerdo que EEUU llevaba aplicando desde 1998.

Anticuado, limitado y opaco

“No se debate igual a puerta cerrada que si la discusión o sus conclusiones son públicas”, argumentan fuentes españolas conocedoras de los trabajos del grupo. “Y, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, anunciar que se va a analizar un régimen es pernicioso porque puede dejarlo sin efecto en la práctica por recelo de los operadores económicos”. infoLibre ha hablado con algunos de los altos funcionarios españoles que participaron en las reuniones del Código de Conducta. A lo largo de los años, los directores generales de Tributos, subdirectores de Fiscalidad Internacional, consejeros de la Representación Permanente de España (Reper) en Bruselas, acompañados de funcionarios de unidades especializadas. A alguna convocatoria de “alto nivel” ha asistido el secretario de Estado de Hacienda. “Rara vez”, precisan. Porque se trata, aclaran, de reuniones “puramente técnicas, de fiscalistas; la política aparece mucho más tarde”.

Todos defienden el trabajo realizado por el grupo –“fue un avance muy importante, casi una revolución”–, aunque alguno matiza que quizá podría haberse ido “más rápido” y critican que las limitaciones en el ámbito de análisis impiden evaluar, por ejemplo, regímenes fiscales completos que pueden ser en sí mismos perjudiciales. Además, 20 años después de su creación, se ha quedado “anticuado”. “Los regímenes preferenciales se basaban en el principio básico de que cada país gravaba a las empresas residentes en su territorio o a los establecimientos permanentes en otro, pero eso ya no vale nada: con la digitalización, las compañías actúan en cualquier país, ahora da igual donde produzcas… el paradigma de la fiscalidad internacional ha cambiado”, resumen.

También apuntan a un problema fundamental: “El grupo tiene la naturaleza y el contenido que tiene porque no hay un acuerdo unánime en la UE para lograr un mayor grado de armonización entre los 27 Estados en materia fiscal”. Algunos países, como España, son partidarios de mayor armonización. Junto con Francia, Alemania o Italia, forman el bloque de los Cinco Grandes –cuatro ahora, sin el Reino Unido–, frente al que integran Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica, junto con Irlanda, que son contrarios a cualquier restricción, y los países del Este, también partidarios del mayor relax fiscal.

En el último debate en el Parlamento Europeo intervino el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien defendió la necesidad de someter al grupo a una reforma urgente. Sin embargo, advirtió de que ésta, ya en marcha, no está “progresando” a la velocidad deseada. Una “minoría” de Estados miembros, que no citó, se opone a los cambios “y prefiere retrasar las decisiones”. “No sabemos quién está bloqueando la reforma”, responde Ernest Urtasun a infoLibre, “pero la lista de sospechosos habituales suele ser siempre la misma, con algunas excepciones. En 2019 la Comisión Europea señaló en las recomendaciones específicas del semestre europeo a Bélgica, Chipre, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, Malta y Países Bajos como países con regímenes fiscales perjudiciales”. Es más, el eurodiputado de Los Verdes subraya el hecho de que estos Estados, con la excepción de Bélgica y Hungría, incumplen los criterios que la propia Unión Europea aplica a terceros países para considerarlos paraísos fiscales. En cualquier caso, todos los Estados miembros, independientemente de su política tributaria, son extremadamente celosos a la hora de defender su soberanía fiscal. “Se escudan en el hecho de que las cuestiones tributarias son competencias exclusivas de los Estados para evitar el escrutinio parlamentario”, protesta Ernest Urtasun, “pero eso no tiene ningún sentido, vista la naturaleza transnacional y europea de los esquemas de evasión más comunes”.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Hacienda por la postura oficial de España respecto de la anunciada reforma del Código de Conducta. El departamento de María Jesús Montero asegura que el Gobierno español está a favor de ampliar el mandato del grupo, de forma que pueda analizar sistemas tributarios al completo, y a favor de que se mejore su transparencia. Aunque en este último asunto aún no se han planteado “medidas concretas”, precisa. Lo que no ha querido explicar Hacienda es qué países –sólo dice que son “varios”– están bloqueando esa reforma que, a juicio de la Comisión, tanto apremia. 

Los Papeles de Pandora le han destapado al premio Nobel Mario Vargas Llosa una sociedad registrada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, la segunda offshore que se le descubre al escritor hispanoperuano: en 2016. otra filtración de documentos, los Papeles de Panamá, revelaron que él y su hoy exesposa Patricia Llosa, habían sido titulares hasta 2010 de Talome Services Corp, también domiciliada en las Islas Vírgenes. Entonces Vargas Llosa aseguró que se trataba de un “malentendido”, que él nunca había tenido una sociedad offshore. Ahora, tras descubrirse que entre 2015 y 2017 mantuvo otra en el mismo paraíso fiscal, denominada Melek Investing Inc., su agencia literaria, Carmen Balcells, ha explicado que, cuando el escritor se hizo residente fiscal en España, en 2017, la cartera de inversión gestionada desde esa sociedad ya a estaba a su nombre y fue declarada a las autoridades fiscales españolas.

El País, periódico que publica los artículos del Nobel y que, al mismo tiempo, ha participado en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que ha desvelado las fortunas ocultas de más de 600 adinerados españoles –y miles de otras nacionalidades–, ha reproducido las explicaciones que la agencia literaria del escritor da a la existencia de esta segunda sociedad. La cita erróneamente como Melek Investments, cuando su nombre es Melek Investing Inc., como se puede comprobar en los documentos que el socio peruano de la investigación, el diario online Convoca, publica en sus páginas. Entre ellos, la solicitud de creación de la sociedad y el consentimiento para actuar como su director, firmados por Vargas Llosa. O la disolución de Melek Investing Inc., en abril de 2017, firmada por su hijo Álvaro.

Según El País, la agencia Carmen Balcells asegura que “a raíz del divorcio del escritor” con Patricia Llosa Urquidi, el banco de inversión estadounidense Jefferies, que llevaba “una cartera de negocios del escritor desde hacía tiempo, le creó una estructura con ese nombre por razones de privacidad”.

Antes del divorcio

Sin embargo, según puede comprobarse en los documentos reproducidos por Convoca, la solicitud para constituir la sociedad tiene fecha de 11 de agosto de 2015, y la carta de recomendación que Carmen Balcells escribió para hacerla posible está datada el 30 de julio de 2015. La relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Presyler, que dio al traste con el matrimonio del escritor, se dio a conocer en junio de ese añose dio a conocer en junio de ese año. Pero la solicitud de divorcio en España no la presentó el Nobel hasta noviembre, como informó entonces la agencia Efe. Y el divorcio en España no lo firmó hasta casi seis meses después. En Perú, donde se habían casado Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa en 1965, la convalidación del divorcio, un procedimiento judicial denominado exequátur, puede durar hasta 10 meses. Hasta ese momento, no se pueden dividir los bienes ubicados en ese país. Ambos se habían casado en régimen de gananciales, por lo que la mitad del patrimonio del Nobel le correspondía a su exmujer.

Es decir, la sociedad offshore se puso a nombre de Vargas Llosa no después de su divorcio como dice su agencia literaria, sino casi un año antes, cuando acababa de hacerse pública su relación con Isabel Preysler y el escritor sólo se había “separado” de su mujer, de acuerdo con la declaración que él mismo hizo a los medios de comunicación. Ambos tienen la doble nacionalidad hispanoperuana y comparten la propiedad de inmuebles en Madrid, Nueva York, Londres, París y Lima. En el momento en que se desveló el romance del autor de La ciudad y los perros y su ruptura matrimonial, la prensa del corazón conjeturaba sobre su efecto en el enorme patrimonio de la pareja. El Mundo llegó a cifrarlo en 10 millones de euros, incluidos los derechos de autor de su obra y el casi millón de euros del Nobel que había recibido en 2010. La prensa también aventuraba que el Nobel debería abonar una paga compensatoria a su exesposa, porque además había sido durante 50 años su secretaria, quien le gestionaba la agenda e incluso sus finanzas. Y lo había hecho sin recibir un sueldo por ello.

Según puede leerse en la documentación publicada por Convoca, Melek Investing Inc. iba a servir para colocar 1,1 millón de dólares en acciones, bonos y fondos, la cartera de inversión de la que hablala agencia Carmen Balcells. Ese dinero, indican los documentos, procedía de los royalties obtenidos por la venta de sus libros.

Ni en Perú ni en España

La sociedad de las Islas Vírgenes fue liquidada en abril de 2017, una vez obtenido el divorcio. Fue en ese año cuando Vargas Llosa se registró como residente fiscal en España. La agencia Carmen Balcells indicó a El País que, cuando se puso a nombre del escritor la firma offshore, Vargas Llosa “no residía ni en España ni en Perú”, pero no precisa dónde tenía su domicilio fiscal. En 2015, el Nobel interpretó sobre el escenario del Teatro Español, entre enero y marzo, al duque Ugolino en Los cuentos de la peste, junto a Aitana Sánchez Gijón. Entre septiembre y diciembre residió en Estados Unidos, puesto que fue invitado a dar un curso en la Universidad de Princeton sobre el nexo entre literatura y política. Según publicó la prensa del corazón entonces, la relación con Isabel Preysler se estrechó –se conocían de 20 años atrás— tras el fallecimiento de Miguel Boyer en septiembre de 2014 y cristalizó a partir de febrero de 2015. En abril, el escritor le comunicó a su esposa que la dejaba. Y en junio fueron pillados por los fotógrafos tras cenar en el Hotel Eurobuilding de Madrid. En septiembre, según publicó Vanitatis, Vargas Llosa ya se había mudado a la casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro (Madrid).

Aunque también afirma que no era residente en Perú en el momento de poner a su nombre Melek Investing Inc., la dirección que aparece tanto en la solicitud de la sociedad como en las cartas de recomendación de Carmen Balcells y de Jefferies que la acompañan es la de su domicilio en Lima, en el barrio de Barranco. Para ser considerado residente fiscal en España, un contribuyente tiene que haber pasado en territorio nacional 183 días en un año.

No sabía que tenía una sociedad en Islas Vírgenes

El diario digital peruano Convoca preguntó a la agencia literaria por qué el novelista no reveló en 2016, cuando ICIJ publicó la existencia de Talome Services Corp y se ponía en entredicho su integridad fiscal, que poseía también Melek Investing Inc. desde un año antes. Carmen Balcells responde ahora que el escritor “no era consciente de la titularidad de esta sociedad”, ya que es “una práctica habitual” del banco de inversión Jefferies, además de “un asunto del que se ocupaban quienes le gestionaban la cartera”.

En una carta remitida este martes a la directora de El País, Vargas Llosa empieza hablando de esta primera sociedad offshore, de la que dice que fue “reservada brevemente” a su nombre, pero que nunca utilizó. También indica que desconocía su traspaso a dos rusos y niega cualquier relación de esa operación con el hecho de que coincidiera con la entrega del Premio Nobel.

Después, explica que, tras convertirse en residente fiscal en España, dio instrucciones tanto a su agencia literaria como a sus abogados de declarar todos sus ingresos “sin ninguna excepción” y pagar “al fisco hasta el último centavo”.

Trident Trust es una empresa de gestión de patrimonios y fondos que presume de tener más de 900 empleados en 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubái. También resulta ser la firma que más veces aparece en los Papeles de PandoraPapeles de Pandora, la filtración que publica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País. Finalmente, la delegación de Trident Trust en las Islas Vírgenes Británicas es una de las empresas de servicios financieros que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, utilizó para eludir el pago de impuestos en España por los derechos de imagen que cobró durante su primera estancia en el club blanco, en 2014 y 2015.

En junio de 2020, la Fiscalía le denunció por haber utilizado un “entramado de sociedades instrumentales” para evitar el pago de 1,06 millones de euros, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que percibió entonces del Real Madrid por ese concepto. Gracias a los documentos de Football Leaks,Football LeaksinfoLibre –como miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC)– reveló que Ancelotti había utilizado para burlar a la Hacienda española una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP. El 99% de sus acciones eran propiedad de Vapia Limited, una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido. Y en el Registro Mercantil de Islas Vírgenes figuran como representantes autorizados, tanto de Vapia Limited como de Ditomac, dos firmas de servicios financieros: Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited, la oficina en las Islas Vírgenes de la firma que ahora va a estar en el centro del huracán de la elusión fiscal mundial.

Ancelotti es sólo uno más de las cientos de personas con grandes patrimonios que han utilizado a Trident Trust y otras firmas similares para crear entramados en paraísos fiscales tras los que ocultarse ante las haciendas de sus respectivos países y no pagar impuestos. Uno de los instrumentos utilizados por sus clientes para esconderse son los trusts o fideicomisos.

Mourinho, un trust en Nueva Zelanda

Por ejemplo, fue precisamente un trust el mecanismo que empleó para evitar el pago de impuestos otro entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Lo desveló la revista alemana Der Spiegel que, como parte de la investigación periodística Football Leaks, publicó en diciembre de 2016 que detrás de la sociedad que el portugués usaba para ocultar sus ingresos por derechos de imagen, Koper Services, domiciliada como la de Ancelotti en las Islas Vírgenes Británicas, se encontraba un fideicomiso, Kaitaia Trust, con sede en Auckland (Nueva Zelanda). Estaba a nombre de la esposa y los hijos de Mourinho, pero era al 100% del entrenador.

Según explicó la revista alemana, a los 10 días de desvelarse que la red de empresas de Mourinho terminaba en las antípodas tras pasar por dos firmas sitas en Dublín (Irlanda) –Multisports & Image Management Limited y Polaris Sports Limited–, la Agencia Tributaria neozelandesa se presentó en Kaitaia Trust para requisar documentación.

José Mourinho fue condenado en febrero de 2019 por dos delitos fiscales a un año de cárcel y a una multa de 1,98 millones de euros. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, la pena de prisión fue sustituida por otra multa de 91.250 euros. Cuatro años antes, en julio de 2015, el hoy técnico de la Roma había firmado ya un acta de conformidad con la Agencia Tributaria en la que reconoció que no había declarado sus derechos de imagen. Entonces pagó una sanción administrativa de 1,14 millones de euros así como los 3,28 millones de las cuotas del IRPF –y sus intereses– que no había abonado en su momento. Un total de 4,42 millones de euros.

Un trust para diluir la propiedad real del patrimonio

Los trusts según los concibe el derecho anglosajón no existen en la legislación española. Pero tanto la normativa comunitaria como la nacional sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consideran que esta figura diluye la titularidad real y, por tanto, puede constituir un riesgo de lavado de dinero. De hecho, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a abogados y gestores de patrimonios a identificar a los titulares reales de los trusts y a “comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones”.

Los fideicomisos, tal y como los utilizan quienes poseen grandes patrimonios por los que no quieren tributar, son un contrato privado por el cual una persona transfiere bienes o derechos a otra para que los administre en beneficio de terceros. Por tanto, hay una relación trilateral entre el propietario original del bien o derecho –settlor u otorgante: Mourinho–, la persona, o entidad que lo administra –trustee o administrador: Trident Trust– y el beneficiario de la transacción –en teoría, la mujer y los hijos de Mourinho–. A todos ellos obliga la ley española a quedar identificados ante la administración tributaria, así como a “cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios”.

En su origen, los trusts eran un mecanismo de sustitución testamentaria pero, debido a las ventajas que aportan para gestionar bienes, derechos e intereses familiares, ha terminado convirtiéndose en un vehículo de inversión y en un sistema de protección de activos. De hecho, los hay tanto privados, para gestionar patrimonios familiares, como mercantiles, para proteger inversiones a largo plazo, por ejemplo.

Al dividir la titularidad sobre un bien para proteger a sus beneficiarios, los dueños reales, el trust se convierte en un posible vehículo para el blanqueo de capitales y para la elusión fiscal. De ahí la obligación legal de comunicar a la Agencia Tributaria quiénes son los beneficiarios últimos del dinero en ellos depositado. Ni Mourinho ni Ancelotti ni buena parte de los adinerados cuyos nombres serán destapados por los Papeles de Pandora han sido transparentes.

La importancia de los titulares reales: 'OpenLux'

Otro tanto ocurre con Luxemburgo, un país de la Unión Europea que, sin embargo, mantiene una normativa fiscal tan laxa que facilita a quienes quieren eludir impuestos ocultarse ante sus respectivas haciendas nacionales. El Gran Ducado estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: sólo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con otra organización internacional, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP dio posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo. infoLibre los publicó en España. De esa forma se puso en marcha el proyecto OpenLux.

En total, 1.558 personas vinculadas con España controlaban sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos.

Este periódico ha publicado una decena de informaciones que afectan al traficante de armas Abdul Rahman El Assir y el exvicepresidente Rodrigo Rato; al empresario de la jet y socio de Villarejo, Adrián de la Joya; al banquero y máximo accionista de Bankinter, Jaime Botín; al primogénito de Ana Botín, Felipe Morenés, y su socio Juan Pepa; a Amancio Ortega y a su hija Sandra; a la familia política de Esperanza Aguirre; al presidente de la empresa de apuestas y tragaperras Cirsa, Joaquim Agut; a los productores televisivos de La ruleta de la suerte, Enric Lloveras y Daniel Bilbao, y al dueño de Pikolin, Alfonso Soláns.

Pérdidas fiscales y un delito contra la Hacienda Pública

Según la última actualización de The missing profits of nations (Los beneficios perdidos de las naciones), un estudio que arrancaron en 2015 Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, de la Universidad de Copenhague, y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley y director del Observatorio Fiscal de la UE, las ganancias mundiales distraídas a paraísos fiscales ascienden a 946.000 millones de dólares. La pérdida global en el impuesto de sociedades alcanza los 243.000 millones de dólares.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) advierte de que, si cualquiera de las personas descubiertas en los Papeles de Pandora no ha incluido la titularidad de las empresas offshore o sus propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán como una “ganancia patrimonial no justificada” que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito. Si el importe de ese bien no declarado supera los 250.000 euros en Cataluña, los 275.862 euros en Madrid o los 267.000 en las comunidades autónomas con un tipo marginal máximo del 45% en 2017, su propietario debe ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública.

El proyecto OpenLux OpenLuxha puesto el foco sobre la actividad de más de 1.500 personas vinculadas con España que mantienen empresas en Luxemburgo con objeto de gestionar miles de millones de euros que son opacos al fisco. Las derivadas son evidentes, aunque quizás las más relevantes son la conexión directa entre elusión fiscal y corrupción y el dumping fiscal que practica Luxemburgo (como también los Países Bajos y otros Estados “puritanos” y “bien-pensantes” de la UE).

La elusión consiste en un tipo de planificación fiscal en la que se aprovechan rendijas legales para evitar o aminorar el pago de impuestos. No es ilegal, aunque las consecuencias son obvias. Sin caer en populismos: o pagamos todos (lo que toque a cada cual) o no paga nadie. Más allá de que esta práctica pueda ser útil a quienes quieran ocultar fondos de origen lícito, resulta que OpenLux ha identificado también prácticas de elusión entre sujetos implicados en grandes escándalos de corrupción, lo que no resulta para nada extraño.

El dumping fiscal es una práctica de competencia fiscal dañina mediante la cual las empresas multinacionales, aprovechando la globalización, ubican su domicilio en el entorno que les es fiscalmente más favorable. En este campo OpenLux sucede a otro escándalo de 2014 denominado LuxLeaks, que estalló tras la filtración por un empleado de PricewaterhouseCoopers (PWC) que detallaba cómo creaban estructuras en Luxemburgo para eliminar los ingresos sujetos a impuestos en un territorio.

Estas dos derivadas tienen un elemento en común: ambas son de carácter estructural y las posibilitan los propios Estados. Con frecuencia se suele atribuir la total responsabilidad respecto de la expansión de la corrupción a sujetos y empresas, obviando un hecho indiscutible: la cooperación imprescindible –en la mayor parte de ocasiones– de los mismos Estados. Tan evidente es este hecho que la UE y EEUU ultiman en el G7 un impuesto a las multinacionales y un acuerdo para que revelen qué impuestos pagan en cada país.

La corrupción es estructural, lo que obliga a combatirla modificando, también, las estructuras. No es suficiente con disponer de políticas de prevención de lo que se considera un peligro individualizado que atañe a sujetos y empresas (la corrupción): las causas últimas de la corrupción atañen al sistema, son colectivas y no se suelen abordar eficientemente. Prueba de ello es que, a pesar de que en España se han planteado algunas iniciativas (la Ley de Transparencia, la de Financiación de Partidos, el proyecto de Ley reguladora del ejercicio de altos cargos o la reforma del Código Penal), el fenómeno va en aumento. No es extraño que así sea porque, en primer lugar, mientras el Derecho es estatal, la corrupción es global, y en segundo lugar por la baja eficiencia del Estado español en este ámbito. Muestra de ello son las reiteradas advertencias de distintos organismos internacionales respecto de incumplimientos relacionados con la eficacia de la aplicación de normativas anticorrupción en base a los cuatro pilares de los que España es parte: la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, el Convenio de Lucha contra la Corrupción de la OCDE, los Convenios del Consejo de Europa y las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). A esto podemos sumar la lentitud de la justicia, los deficientes controles administrativos internos y externos, la amplia tolerancia a las “puertas giratorias” para altos cargos, o el deficiente despliegue normativo interno. Sirva como ejemplo de esto último lo sucedido con la Ley 19/2013, de transparencia, que ha cumplido ya siete años sin que se haya podido aplicar la obligación de los cargos políticos de publicar su estado patrimonial y de intereses. Ni siquiera existe un régimen sancionador derivado de su infracción. Peor aún, entre 2015 y 2018 al menos 100 de entre ellos han incumplido la obligación de detallar sus bienes, contando además con la aquiescencia de la propia Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y del Tribunal Supremo.

En fin, la corrupción no es algo que responda esencialmente a un comportamiento individual; su fundamento básico se halla en el sistema. Si quieren saber cuan corrupto es un sistema o un país miren en el ojo del huracán: cómo es la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales; si su sistema electoral es abierto o cerrado; si su modelo tributario es progresivo, equitativo y bien percibido; si su modelo de contratación pública es eficiente y transparente; si sus mercados son transparentes, libres y sin oligopolios; si su sociedad civil es robusta, activa y bien informada. Casi todo lo demás es más de lo mismo.

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Ramón J. Moles Plaza es profesor universitario, ha sido colaborador de ACAD (Iniciativa Académica Anticorrupción-ONU)

Los paraísos fiscales son, en realidad, infiernos para el resto de las naciones del planeta. Sumideros por los que cada año se escapan miles de millones que, como se ha podido comprobar con la pandemia, dejan de aprovecharse para comprar vacunas, contratar médicos y enfermeras o construir hospitales, también para apuntalar los estados de bienestar de quienes los disfrutan o para construirlos donde aspiran a tenerlos. El debate es recurrente y sube de temperatura con cada nueva investigación periodística (como la que ha empezado a publicar infoLibre) 0 cuando se anuncian acuerdos “históricos” que prometen una fiscalidad mundial más justa.

Pese a la dificultad de cuantificar una actividad financiera que se basa esencialmente en la opacidad, las cifras existentes muestran a las claras su gran volumen y la gravedad de sus consecuencias. Cerca del 40% de los beneficios que las multinacionales obtienen fuera del país donde tienen instalada su matriz se trasladan a paraísos fiscales. Son datos de 2017 aportados por los investigadores de la Universidad de Copenhague Thomas Tørsløv y de la Universidad de Berkeley Ludvig Wier y Gabriel Zucman, que han publicado en missingprofits.world. Son 700.000 millones de dólares en ganancias corporativas que reducen la recaudación fiscal mundial en más de 200.000 millones, el 10% de lo que ingresan las arcas públicas de todo el planeta.

Los países de la Unión Europea aparecen, además, como los principales perdedores de ese desvío de beneficios a territorios offshore, con baja o nula tributación y sin ninguna transparencia, puesto que pierden un 20% de sus ingresos tributarios. Por el contrario, los paraísos fiscales que atraen esos capitales recaudan más –porcentualmente respecto a su renta nacional– que Estados Unidos y la UE, subrayan los investigadores.

En concreto, España pierde cada año un 14% de su recaudación fiscal, 4.242 millones de dólares –3.482 millones de euros–, porque se le escapan 16.967 millones de beneficios que las grandes empresas envían a paraísos offshore. Pero lo más grave es que, de esa cantidad, el 85%, 3.606 millones, se traslada a paraísos fiscales situados dentro de la propia Unión Europea. Países Bajos es el primer receptor de beneficios perdidos –5.743 millones de dólares, que se traducen en 1.436 millones de impuestos distraídos– y Luxemburgo, el segundo. Cada año se le escapan a la Hacienda española en dirección hacia el Gran Ducado 4.226 millones de dólares –3.469 millones de euros– en beneficios de las grandes corporaciones, por los que deja de ingresar 1.056 millones de dólares –866,9 millones de euros– en impuestos. El 3% de su recaudación anual. Cantidades menores se desplazan a Bélgica, Chipre, Irlanda –3.313 millones de dólares en beneficios, 828 millones en impuestos– y Malta.

A paraísos fiscales extracomunitarios se transfiere menos dinero: 2.544 millones de dólares quedan sin gravar, lo que supone una pérdida de 636 millones para Hacienda. De ellos, 444 millones corresponden a Suiza. El resto se reparten entre las Islas Bermudas y otras plazas del Caribe, Hong Kong, Singapur…

Por el contrario, el 58% de la recaudación de Luxemburgo por el impuesto sobre sociedades procede de los 66.000 millones de dólares de beneficios que le envían las multinacionales desde países con tipos más elevados que el suyo, un 3% efectivo, según explican Tørsløv, Wier y Zucman. De los 3.300 millones de dólares que ingresa gravando las ganancias corporativas, 1.900 millones tienen su origen en el extranjero.

Tipos fiscales y pago de intereses 

Y es que, aunque el tipo máximo –nominal– de sociedades en Luxemburgo es del 24,94% –incluido un 7% de tasa de solidaridad y un 6,75% de tasa municipal en la capital del Gran Ducado–, puede reducirse al 15%, si la facturación de la empresa no supera los 175.000 euros, o al 17% si su volumen de negocio excede de 200.000 euros. Estos tipos pueden recortarse aún más si se hace uso de las exenciones de hasta el 25% durante ocho años que se ofrecen para atraer a empresas extranjeras.

Con esas tasas, Luxemburgo consigue recaudar el equivalente al 5,9% de su PIB, el país con mayor porcentaje de la UE junto con Chipre –5,9%– y Malta –5,7%–. España, en cambio, no reúne más que el 2,1% de su PIB gracias al impuesto de sociedades, un poco más que Italia –1,9%– y un poco menos que Alemania –2,7%– o Francia –2,8%–, según los cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Es decir, dos primeras potencias económicas como Berlín y París ingresan menos por los beneficios de las empresas que un pequeño país como Luxemburgo, de sólo 626.000 habitantes. Claro que el tipo máximo del impuesto de sociedades en España es del 25%, en Italia del 27,8%, en Alemania del 29,9%, en Francia del 34,4%...

Pero no es ése el imán irresistible para las grandes compañías. Sino que gran parte del traslado de beneficios se realiza a través del pago de intereses. Como detallan de nuevo Tørsløv, Wier y Zucman, los intereses netos pagados por las sociedades no financieras son especialmente elevados en Luxemburgo, lo que a su juicio revela pagos por valores “híbridos”; es decir, títulos “tratados como bonos [como deuda] a efectos fiscales en Luxemburgo y como acciones [capital] a efectos fiscales y regulatorios en otros países”. Así se evita el impuesto de sociedades.

Hay que recordar que Luxemburgo no practica retención alguna ni en los intereses por préstamos entre filiales del mismo grupo ni en los royalties de los pagos que las filiales creadas en el Gran Ducado hacen a sus matrices en terceros países, y ofrece exenciones a los dividendos si las sociedades cumplen determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con las plusvalías, las ganancias de capital obtenidas por la venta o transferencia de activos.

Este conjunto de ventajas ha convertido Luxemburgo en una plaza atractiva para el capital corporativo internacional hasta el punto de que el 90% de las empresas domiciliadas en el Gran Ducado están registradas a nombre de ciudadanos extranjeros. De hecho, el 76% del valor añadido nacional luxemburgués procede del sector empresarial, mientras que en Estados Unidos esa cifra no supera el 57%.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal, que se tramita en el Senado, amplía la definición de “paraíso fiscal”: no sólo los territorios que cumplan con los requisitos internacionales de transparencia o carezcan de acuerdos de intercambio de información tributaria con España serán desde ahora considerados “jurisdicciones no cooperativas”, sino también aquellos en los que exista “baja o nula tributación”. Este último criterio podría suponer, en teoría, la inclusión de paraísos europeos como Luxemburgo o Irlanda en la lista negra española. Al menos es la expectativa que sostiene Gestha. El problema es que aún hay que concretar cuánto de baja debe ser esa tributación. El proyecto sólo establece que será “un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes”.

Y, como resalta Xavier Varela, vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), más que la baja tributación el verdadero problema es la opacidad. Y que las rentas pasivas –dividendos, royalties, intereses– no se graven en Luxemburgo. También que no pueda identificarse a los verdaderos titulares de las sociedades, ocultos tras testaferros o sociedades pantalla. “La ocultación es el auténtico fraude”, subraya.

Intercambio de información

No obstante, tanto Varela como José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), coinciden en asegurar que Luxemburgo “colabora” cuando España le pide información. El acuerdo de intercambio funciona. Es automático y los datos se remiten cada mes de octubre con la información acumulada del ejercicio precedente. Los miembros de la UE tienen la obligación de comunicar los tax rulings –acuerdos fiscales con empresas o contribuyentes concretos– que firman, y Luxemburgo lo hace, indica Xavier Varela. También informa si la Agencia Tributaria le solicita datos sobre las cuentas bancarias de una sociedad o un contribuyente español concreto o le pregunta quién es el titular real de una empresa. Lo mismo ocurre con las peticiones singulares de información, añade Mollinedo. Incluso existen mecanismos para que los inspectores de Hacienda españoles puedan viajar a Luxemburgo y comprobar in situ in situsi una determinada sociedad existe, por ejemplo. “Pero no se suele ir, porque el país colabora”, matiza Varela.

La ventaja de la que se aprovecha Luxemburgo –también Países Bajos– es que funciona como un auténtico “caballo de Troya” en la Unión Europea. Es la puerta de entrada en el selecto club continental, advierte el inspector de Hacienda. “De esta forma puedes utilizar los convenios internos, como la directiva matriz/filial [que exime de retención en origen a los beneficios pagados por la filial a su sociedad madre], de los que están excluidos terceros países”, precisa Xavier Varela.

También es un paraíso para las grandes fortunasparaíso para las grandes fortunas. Muchos artistas, añade el vocal de IHE, cobran royalties a través de sociedades constituidas en Luxemburgo, tras conseguir un tax rulingtax ruling que les garantiza que no tendrán que tributar por, digamos, sus conciertos. “Esos royalties nosotros ni los vemos”, se queja. En otros casos, los ultrarricos utilizan Luxemburgo para que sus fondos “fluyan hacia otros países”. Además, los luxemburgueses pueden presumir de ser “muy eficientes”, “muy profesionales” y “muy rápidos” constituyendo sociedades. Lo que no quiere decir que sean baratos. Exigen unas comisiones muy elevadas, apunta Varela, por sus servicios de gestión. No es muy distinto a lo que ocurre en Suiza, donde cobran “hasta por el anonimato”.

Apenas un 3% del beneficio, ni siquiera un 3% de las ventas

En todo caso, el inspector de Hacienda echa en falta una necesaria “armonización” fiscal dentro de la UE. Ya se ha conseguido en los impuestos especiales y el IVA, explica, pero está pendiente la imposición directa, que “cada vez da más problemas al generar distorsiones”. Por eso saludaría que se estableciera una retención en salida de los dividendos, por ejemplo. Y aplaude tanto los informes país por país, obligatorios para las multinacionales, que acaban de aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo, como los registros de titularidades reales que deben poner en marcha ya los Estados miembros. “Esta década y este año ha habido muchísimos avances, desde la estrategia contra la erosión de las bases imponibles de la OCDE y las directivas de cooperación fiscal (DAC) hasta el acuerdo del G7 anunciado esta semana”, enumera. Nada que ver, recalca, con los problemas para recabar información de otros países hace sólo seis años.

Pero tanto Varela como Mollinedo advierten de que ese tipo mínimo del 15% recién publicitado es “insuficiente”. “La estructura va a estar ahí”, concede el inspector, pero el responsable de Gestha no duda en calificar de “decepcionante” que sólo se vaya a gravar “el 15% del 20% de los beneficios” obtenidos por las multinacionales fuera de su territorio de origen. “Es decir, apenas un 3% del beneficio, ni siquiera un 3% de las ventas”, protesta José María Mollinedo. “Por eso están tan contentas las grandes compañías”, lamenta, que a cambio van a conseguir también la supresión de las tasas Google europeas. El responsable de Gestha confía, no obstante, en que el G20 y la OCDE tengan “mayor ambición” y suban el mínimo.

Para Xavier Varela, no hay duda de que estos últimos años se está “arrinconado” más a los paraísos fiscales, pero también recuerda que no han dejado de adaptarse a la cada vez mayor “presión” ejercida contra ellos. José María Mollinedo cree que los paraísos fiscales dentro de la UE perderán atractivo con el nuevo tipo mínimo, pero eso no significa, ni de lejos, que las multinacionales vayan a desmantelar sus estructuras en Irlanda o Luxemburgo. “Viven más de la opacidad que de los tipos bajos”, insiste Varela.

Basta con darse un paseo por algunos de los despachos que ofrecen en internet sus servicios para hacer negocios en Luxemburgo. El Gran Ducado es una “excelente plaza financiera” y el “paraíso ideal para las grandes fortunas”, cuya “beneficiosa fiscalidad” a la par que “extraordinaria reputación en confidencialidad y privacidad” venden los gestores de alta gama. “Una magnífica elección para disfrutar de una baja o nula tributación”, no lo dude. “Luxemburgo nunca había sido más atractivo [que ahora] para domiciliar fondos y holdings intermedios”, un anuncio irresistible. Gracias a la “actitud liberal” de sus autoridades hacia los inversores extranjeros, tal y como la glosan los profesionales de la consultoría internacional, el 90% de las empresas registradas en Luxemburgo están controladas por ciudadanos foráneos. Tanto capital atrae el pequeño país que la inversión extranjera directa entrante multiplica por 58 su PIB y la inversión extranjera saliente por 67, según destaca el informe Mejorar la política contra el blanqueo de capitales, elaborado por el Parlamento Europeo en 2020.

Al Gran Ducado han acudido hasta 1.558 ciudadanos españoles que poseen o gestionan sociedades en ese paraíso de baja fiscalidad. Ellos son el objeto de OpenLux, la investigación de infoLibre en colaboración con la organización internacional OCCRP iniciada esta semana para aportar transparencia sobre su identidad, intereses y operaciones. 

El secreto del éxito del pequeño país se basa en una combinación de factores que lo convierten en un caso único en el mundo. Luxemburgo es miembro de la Unión Europea y, al mismo tiempo, la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo, además del sexto paraíso fiscal corporativo del planeta, de acuerdo con la clasificación de Tax Justice Network, una organización de investigadores y activistas contra la evasión de impuestos. El Parlamento Europeo considera al Gran Ducado el peor territorio, por delante de Países Bajos y Suiza, en lo que a blanqueo de dinero se refiere. Y sin dramatismos: la culpa no es tanto de la corrupción o las drogas como del secreto financiero y los bajos impuestos. Esa fórmula proporciona a las empresas extranjeras una rentabilidad 11,5 veces superior a la de las empresas locales. Sólo que estas sociedades también son peculiares: el 91% de los flujos de capital foráneo antes citados –5.000 millones de dólares en 2019, la segunda mayor entrada de inversión tras Estados Unidos– no se explican por que detrás exista una actividad económica real, destaca el informe del Parlamento Europeo.

Con una extensión un poco menor que Vizcaya pero la mitad de su población, cada uno de sus 626.000 habitantes habría sido así capaz de captar casi ocho millones de dólares anuales.

Impuesto de sociedades, IVA, rendimientos de capital

¿Qué ofrece Luxemburgo a inversores, empresarios y millonarios de todo el mundo para haberlo convertido en un paraíso fiscal en plena UE?

Obviamente, bajos impuestos. Ser miembro –fundador– del club comunitario no impide al Gran Ducado disfrutar de uno de los tipos impositivos más bajos del mundo, sumando impuestos sobre beneficios y cotizaciones sociales, que el informe del Banco Mundial y PwC Paying taxes 2020 cifra en el 20,4%, muy lejos del 47% de España, el 48,8% de Alemania, el 59,1% de Italia o el 60,7% de Francia.

Así, Luxemburgo grava con sólo un 15% los beneficios de las empresas con ingresos por debajo de los 175.000 euros, mientras que las que facturan entre esa cantidad y 200.000 euros pagan un fijo de 26.250 euros más un plus del 31% sobre la base imponible que supere los 175.000 euros. Por encima de 200.000 euros de volumen de negocio, el tipo es del 17%. El tipo máximo es del 24,94% –en España es del 25%–, en el que se incluyen un 7% de tasa de solidaridad –fondo para el empleo– y un 6,75% de tasa municipal en la capital del Gran Ducado. Estos tipos pueden, además, reducirse en gran medida si se hace uso de las exenciones de hasta el 25% durante ocho años que se ofrece a las nuevas empresas extranjeras. Sin olvidar que Luxemburgo también tiene el tipo máximo de IVA más bajo de toda la UE, el 17% –un 21% en España–.

Pero el mayor atractivo para el capital extranjero es otro: Luxemburgo no practica retención alguna ni en los intereses ni en los royalties de los pagos que las filiales creadas en el Gran Ducado hacen a sus matrices en terceros países, y ofrece exenciones a los dividendos si las sociedades cumplen determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con las plusvalías, las ganancias de capital obtenidas por la venta o transferencia de activos. En España, los rendimientos del capital tienen un gravamen del 19% si se dirigen a otro país comunitario, y del 24% si se trata de terceros países.

La Comisión Europea no deja de incluir en sus recomendaciones semestrales a Luxemburgo que la ausencia de retención y las exenciones antes citadas se traducen en una elusión “total” del pago de impuestos si el país receptor tampoco los grava. Por lo que apremia al país del que procedía su presidente entre 2014 y 2019, Jean-Claude Juncker, a combatir la planificación fiscal abusiva que las leyes tributarias luxemburguesas permiten utilizar a las empresas. En la última recomendación de 2020, sin embargo, la Comisión admite que el Gran Ducado “no ha anunciado todavía reformas concretas para combatir la planificación fiscal agresiva”. Aunque sí ha elaborado un proyecto de ley para eliminar el blindaje fiscal de los intereses y royalties enviados a los países incluidos en la lista negra de paraísos de la UE, que sólo incluye a una docena de territorios.

Un modelo societario para cada necesidad

Bruselas también destaca en sus tirones de orejas a Luxemburgo que es el país del mundo que más inversión directa recibe a través de entidades de propósito especial, o sociedades instrumentales. Según las cifras aportadas por el informe del Parlamento Europeo, el 38% de las entradas de capital extranjero en el Gran Ducado y el 32% de las salidas se producen a través de estas entidades, creadas para alcanzar un objetivo concreto y definido de antemano. Están diseñadas para evitar que el riesgo se transfiera a los propietarios de la entidad. Sólo se dedican a comprar y financiar activos muy específicos, y pueden adoptar muy diferentes formas societarias: desde sociedades anónimas o limitadas hasta fideicomisos, o fundaciones como las stichting holandesas. También en Reino Unido o la isla de Jersey, por ejemplo, se pueden constituir este tipo de sociedades.

En España acaba de cerrarse el plazo de audiencia pública del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores que regulará las sociedades cotizadas con propósito especial para la adquisición o SPAC, cuyo único objetivo inicial es obtener fondos mediante una oferta pública de acciones, para encontrar después, en un plazo de dos años, una empresa donde invertirlos. Así, esta segunda sociedad termina siendo una empresa cotizada que sirve a la primera para salir a bolsa sin pasar por los trámites requeridos para una oferta pública de acciones. En Estados Unidos se han puesto de moda entre deportistas millonarios y cantantes. El anteproyecto vende las SPAC como “un mecanismo alternativo a la salida a Bolsa tradicional”, pensado sobre todo para “empresas en desarrollo” y como manera de diversificar las fuentes de financiación. También existen las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), que disfrutan de un régimen fiscal especial, con exenciones en dividendos y plusvalías.

Luxemburgo ha creado un abanico propio de sociedades con sus propios regímenes fiscales, que se adaptan a las necesidades de inversores extranjeros ávidos por rebajar sus facturas fiscales y por ocultar cualquier vínculo con sus activos. La sopa de letras es amplia. Las soparfis (Sociedad de Participación Financiera) pueden quedar exoneradas de tributar por los dividendos pagados si poseen al menos el 10% del capital de una filial en Luxemburgo o una participación de 1,2 millones de euros durante un año. Lo mismo ocurre con los dividendos recibidos de su matriz. Tampoco tributan por las plusvalías si venden acciones –y poseen un 10% del capital o seis millones de euros en acciones de la filial durante un año–. Estas sociedades se utilizan para gestionar participaciones de filiales.

Para gestionar el patrimonio de los más ricos se crearon en 2007 las SPF (Sociedad de Gestión de Patrimonio Familiar), que no pueden realizar actividades comerciales ni poseer bienes inmuebles o propiedad intelectual, pero sí comprar y vender desde acciones y metales preciosos hasta dinero en efectivo o divisas o fondos de inversión. Están exentas del impuesto de sociedades y de patrimonio. Tampoco se les retiene nada por dividendos ni por plusvalías.

Ventajas fiscales tienen igualmente las sicavs, las sociedades de inversión colectiva, allí conocidas como ucits, que también sirven para albergar grandes patrimonios empresariales o familiares. Para constituirse, necesitan un capital social de 1,25 millones de euros, mientras que en España hacen falta 2,4 millones. Si se trata de un SIF (Fondo de Inversión Especializado) basta con un solo inversor; en España son necesarios 100 para crear una sicav.

Finalmente, las sicar son sociedades de inversión de capital riesgo, para las que es necesario un capital mínimo de un millón de euros. Están exentas del impuesto de patrimonio, pero tributan por sus beneficios, aunque con exenciones por dividendos, plusvalías e intereses.

Esta colección de beneficios fiscales ha levantado las protestas del resto de los Estados miembros de la UE, que en algunos casos requieren, a través de sus respectivas normas contra la evasión, que las sociedades registradas en Luxemburgo proporcionen pruebas de que no son entidades vacías, meras empresas buzón. Para ello deben poseer lo que se llama sustancia fiscal. Los despachos dedicados a crear y gestionar estas estructuras recomiendan a sus clientes abrir una oficina real, contratar empleados e incluso obtener ingresos de actividades distintas a las de holding. “Estas medidas tienen un coste; sin embargo, una de las razones más importantes para crear una entidad de propósito especial es beneficiarse de ciertas ventajas fiscales, que superan con creces los costes de creación de la sustancia fiscal”, explican con absoluta franqueza.

De hecho, la oferta corporativa luxemburguesa también puede presumir de otras comodidades más prosaicas, como una gran simplificación de trámites, por ejemplo. Los gestores prometen completar en sólo 10 días la constitución de una sociedad en el Gran Ducado.

El resto de los miembros de la UE, cómplices

Luxemburgo también acaparó la atención mundial cuando se hicieron públicos los denominados tax rulings, acuerdos fiscales que su gobierno había firmado entre 2002 y 2010 con 343 empresas, entre ellas algunas de las principales multinacionales del planeta, desde Amazon y Apple hasta Ikea o Vodafone. Como desvelaron los Luxleaks en 2014, los intermediarios entre las autoridades del Gran Ducado y las compañías habían sido los cuatro gigantes de la consultoría internacional: PwC, KPMG, Ernst & Young y Deloitte. Gracias a esos acuerdos, las multinacionales no pagaban ni un 1% de sus beneficios en impuestos. Tras el escándalo, los tax rulings siguen siendo legales, pero los Estados miembros tienen que informar sobre los que firman.

Se trata, pues, de un primer ejercicio de transparencia en un país que se ha convertido en un centro financiero mundial gracias a la opacidad, vendida al inversor extranjero como discreción y confidencialidad. Tras la crisis financiera de 2008, la mayor presión sobre los paraísos fiscales más descarados forzó a muchos capitales a trasladarse a una plaza un poco más regulada como Luxemburgo. Según la OCDE, el principal inversor en el Gran Ducado son las Bermudas, con un 13,5% del capital, por delante incluso del Reino Unido, con un 13,1%, Irlanda –12,1%– y Países Bajos –9,3%–. Otro centro offshore puro, las Islas Caimán, es el sexto país con más filiales en el pequeño país europeo.

La publicación en febrero de las revelaciones de OpenLux sobre el Registro de Luxemburgo dio lugar a un debate en el Parlamento Europeo donde el presidente de la subcomisión de Asuntos Fiscales, el holandés Paul Tang, tachó de “vergonzoso” que entre los 10 principales paraísos fiscales figuren dos países europeos: Luxemburgo y Países Bajos. En el pleno también se repitieron los llamamientos a romper el “tabú” y señalar claramente a ambos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europeaseñalar claramente a ambos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. “Todo el mundo apunta a Luxemburgo, pero ¿realmente debemos creer que un pequeño Estado puede convertirse en el segundo centro financiero del mundo tras EEUU sin la complicidad de los demás Estados miembros de la UE?”, preguntó al pleno el italiano Piernicola Pedicini. Otros eurodiputados pidieron a la Comisión que abriera un procedimiento de infracción para garantizar que Luxemburgo cumple con las leyes contra el blanqueo y la evasión fiscal. “La UE tiene un problema grave con Luxemburgo y, seis años después de LuxLeaks, el país sigue sin dar pasos suficientes para acabar con prácticas propias de un paraíso fiscal”, resumió el español Ernest Urtasun, tras recordar que en el Gran Ducado “esconden su riqueza” oligarcas, élites corruptas, traficantes de armas, organizaciones mafiosas y criminales ambientales”.

Luxemburgo se ha convertido en el segundo destino más importante del mundo para el capital extranjero. Hay dos grandes razones que explican este hecho: las ventajas fiscales y la opacidad que proporciona a las empresas.

Tras años de presión por parte de la UE, Luxemburgo estableció en marzo de 2019 el denominado Registro de Titularidades Reales, donde tienen que inscribirse las personas que son los verdaderos propietarios de una empresa. Pero dicho Registro tiene un defecto crítico: no permite buscar por el nombre de una persona físcia, solo por el nombre de la compañía o por el número de identificación de la sociedad. Ello dificulta enormemente cualquier investigación periodística.

El periódico francés Le Monde y la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pusieron en marcha OpenLux para superar esa dificultad. A continuación se responde a cinco preguntas clave sobre este proyecto, en el que infoLibre participa como el medio colaborador en España.

1. ¿Qué es el “titular real” y por qué es tan importante conocer su identidad?

El “titular real” o “beneficiario último”, a veces denominado UBO por sus siglas en inglés (Ultimate Beneficiary Owner), es la persona física que posee o controla directa o indirectamente una entidad jurídica.

El beneficiario último coincide, en muchas empresas, con el “propietario oficial” que consta en los Registros Mercantiles. Sin embargo, en el caso de estructuras societarias complejas, el titular real muchas veces no aparece en los documentos oficiales porque se oculta detrás de testaferros. Esa ocultación puede responder a un simple deseo de privacidad, pero también sirve a delincuentes o evasores fiscales para proteger sus activos o moverlos por el mundo sin que sus identidades figuren en los Registros. Gracias a filtraciones como los Papeles de Panamá, sabemos que hay una enorme industria de abogados y contables dispuestos a ayudarles.

81 países tienen leyes que exigen que los beneficiarios últimos de las empresas ubicadas en sus territorios se registren ante una autoridad gubernamental. Pero prácticamente todas estas leyes tienen vacíos en relación a la exactitud de la información recopilada y muchos países también ponen límites para su acceso.

En el caso de España, la obligación de identificar al titular real de una empresa se recoge en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En su artículo 4, dicha norma define a ese titular real como “la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica”. En otras palabras: si no hay nadie que controle más del 25% de la sociedad no es necesario declarar su identidad, pero si alguien supera ese porcentaje sí que es obligatorio identificarlo. El Registro de Titularidades Reales se creó en España en 2018, pero de momento su uso está restringido a los sujetos obligados por la legislación a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La V Directiva Antiblanqueo de la UE fijaba el 10 de enero de 2020 como el plazo máximo para que todos los Estados miembros tuvieran en funcionamiento dicho Registro y que fuera de carácter público. Cuando llegó esa fecha, sólo cinco países lo habían implantado: Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia. España estuvo en el grupo de los incumplidores y ahí sigue.

El pasado 27 de abril se produjo finalmente la trasposición de la directiva antiblanqueo, a través de un decreto que establece un plazo de seis meses para aprobar el reglamento por el que se regirá en España el Registro de Titularidades Reales. Algunos datos –nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad de los titulares reales– se podrán consultar por los ciudadanos previo pago de una tasa.

Los activistas en favor de la transparencia defienden que los registros de titularidades reales sean gratuitos y abiertos al público. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién está construyendo una fábrica en su ciudad, enseñando a sus hijos, cuidando a los mayores o proporcionándoles medicinas. Y, sin embargo, ese objetivo está muy lejos de ser una realidad en la UE casi año y medio después de que finalizase el plazo para establecerlos. En un reciente informe, Transparencia Internacional explica que tres Estados no han creado aún ningún registro –Hungría, Italia y Lituania–, mientras que en otros seis ya existe pero aún no está a disposición del público: Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Rumanía y España.

2. ¿Por qué importa Luxemburgo?

A pesar de ser uno de los países más pequeños del mundo, tanto por su tamaño como por su población, Luxemburgo tiene una enorme industria de servicios financieros. Las bajas tasas de impuestos corporativos, así como la confidencialidad que ofrece el país, atraen inversionistas del mundo entero. Según Tax Justice Network, Luxemburgo es la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo y también ocupa el sexto lugar en su índice de paraísos fiscales empresariales.

Un estudio del Parlamento Europeo también reconoció los vacíos normativos luxemburgueses y afirmó que “Luxemburgo se sitúa a la cabeza de los países de alto riesgo de la UE” en relación a su vulnerabilidad frente al blanqueo de capitales.

Mientras que oficialmente los impuestos corporativos en Luxemburgo se sitúan alrededor del 25%, en 2014 la investigación Luxembourg Leaks reveló cómo, bajo cuerda, el Gobierno de Jean-Claude Juncker llegó a un acuerdo con cuatro importantes firmas de auditoría para rebajar la factura fiscal a 340 multinacionales. Estos pactos, conocidos como “tax rulings”, permitieron pagar menos del 1% en impuestos sobre sus beneficios.

3. ¿Por qué creó Luxemburgo un registro de beneficiarios últimos?

Luxemburgo ha sido durante años un destino privilegiado para el dinero en efectivo del extranjero y solo estableció el Registro de Titularidades Reales tras una considerable presión externa.

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de aprobar una legislación contra el blanqueo de dinero que se ajuste a una serie de normas comunes. A lo largo de la última década estas se han endurecido y ampliado gracias en buena parte a investigaciones periodísticas que expusieron cómo los más ricos evadían los sistemas existentes.

En las negociaciones sobre la V Directiva Antiblanqueo, el Parlamento Europeo abogó por que se añadiera el requisito de crear registros de beneficiarios últimos abiertos al público entre los países miembros. Sus argumentos fueron reforzados por la publicación de los Luxembourg Leaks, una importante investigación del ICIJ que mostró cómo grandes empresas reducían sus impuestos aprovechando estructuras corporativas basadas en Luxemburgo.

A finales de 2018, la Comisión Europea llevó a Luxemburgo al Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar normativa antiblanqueo. En enero de 2019 Luxemburgo finalmente aprobó una ley para establecer su Registro de Titularidades Reales.

4. ¿Cómo funciona el Registro?

Cualquier persona puede acceder al Registro a través del sitio web. No hay que pagar ni crear un usuario. Pero existen limitaciones serias que restringen su utilidad para periodistas, activistas o el público en general.

Muchas empresas aún aparecen con un “certificado de no inscripción de los beneficiarios últimos”, lo que indica que a pesar de la obligación legal de facilitar su identidad al Registro, no lo han hecho. Según las cifras del Gobierno luxemburgués, casi el 90% de las empresas ya entregaron la identidad de sus titulares reales al Registro. En realidad, según los datos analizados por Le Monde, la cifra real apenas supera el 50%.

Al igual que ocurre en España, en Luxemburgo tampoco es obligatorio revelar la identidad del beneficiario último si ninguno de los socios controla más del 25% de la empresa. En este caso, un mensaje en la web del Registro anuncia que “no se ha podido identificar a ningún beneficiario último” y que en su lugar se inscribieron los administradores de la compañía. Un cargo que, cuando un titular real quiere disimular su presencia, suelen ocupar apoderados o abogados.

Pero el principal defecto del Registro es, sin duda, que no se puede buscar por el nombre de una persona física. Las búsquedas sólo se pueden realizar por el nombre de la empresa o por su número de identificación. Así que un periodista que esté investigando si alguien tiene una sociedad en Luxemburgo, necesita conocer previamente el nombre de la compañía.

5. ¿Cómo lograron OCCRP y sus socios usar el Registro?

Para sortear las deficiencias del Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo, el periódico francés Le Monde logró extraer 3,3 millones de documentos de la plataforma online de dicho Registro. Hay documentos corporativos y estados financieros de las 260.000 empresas que se han registrado en Luxemburgo desde 1955, de las que algo más de 124.000 estaban operativas en 2020. Los datos incluyen la identidad de 117.424 beneficiarios últimos (o administradores, cuando los dueños no pueden ser identificados). De ellos, 1.558 son españoles o tienen alguna vinculación con España (son residentes en este país u ocupan cargos en sociedades españolas).

Le Monde compartió esos documentos con el OCCRPLe Monde, cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta, y luego los compartieron con una docena de medios internacionales. En el proyecto OpenLux están algunos de los periódicos más prestigiosos del mundo, como el propio Le Monde o el alemán Süddeutsche Zeitung. De esta forma, los periodistas de esos medios pudieron hacer búsquedas por el nombre de personas físicas.

En España, OCCRP facilitó a infoLibre el acceso a la base de datos. Tras varios meses de investigación, este periódico inicia ahora la publicación de una serie de reportajes basados en la información de OpenLux.

Algunas de las exclusivas más relevantes ya publicadas por otros medios internacionales que colaboran con OCCRP las puedes encontrar en la web de la organización. En la base de datos de OpenLux, los periodistas identificaron a traficantes de armas o líderes de organizaciones criminales como la ‘Ndrangheta italiana, junto a multimillonarios, artistas y deportistas. Al menos 266 miembros de la lista Forbes de multimillonarios controlan sociedades en Luxemburgo.

Unidas Podemos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una nueva petición de comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el rey Juan Carlos I, en relación con la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka, que dirige su primo Álvaro de Orleans, de vuelos privados posteriores a su abdicación, según recoge Europa Press. Como no tiene diputados suficientes para presentarla en solitario, la propuesta de Unidas Podemos cuenta también con la firma de ERC, PNV, JxCat, PDeCat, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, que ya habían registrado su propia iniciativa hace unos días.

La nueva solicitud de comisión de investigación basa su argumentación jurídica en el "indudable interés público" que tiene la decisión del rey emérito de solicitar, por "segunda vez en pocos meses", una regularización tributaria "millonaria" (superior a los 4,3 millones) y la obligación que tiene el Congreso "de arrojar luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas".

Para el grupo confederal, estas iniciativas de regularización fiscal llevadas a cabo por Juan Carlos I una vez que los medios de comunicación ya habían publicado la existencia de presuntos "fondos opacos", sobre todo las que traen causa de actuaciones posteriores a la abdicación, "podrían implicar la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad".

Si lo hizo para librarse de delitos, incurrió en otro más grave

"Las informaciones publicadas sobre el caso de los vuelos privados no descartan que los intentos de regularización 'voluntaria' se hayan producido, al igual que en el caso de las tarjetas opacas, porque el rey emérito sabía que existía una investigación en marcha. Si fuera el caso, no sólo no quedaría libre de delito, sino que podría incurrir en otros más graves".

Álvaro de Orleans Borbón negó recientemente ser el "testaferro" o "fiduciario" de Juan Carlos y rechaza que Zagatka sea una sociedad pantalla. Además, afirmó que esta Fundación no está siendo objeto de "ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquier otro país".

Unidas Podemos ya avanzó el pasado martes que no descartaba plantear en la Cámara Baja una comisión de investigación sobre el patrimonio del rey emérito, habida cuenta de su segunda regularización ante Hacienda. Su diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, insistió en que hay un "clamor" para aclarar el origen de esas actividades que "el propio presidente Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras".

Ya avanzó que no descartaba presentarla

Las formaciones independentistas, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, ya habían planteado otra comisión de investigación, que los morados eran partidarios de apoyar su tramitación en la Mesa del Congreso, pero también advirtió que era "genérica" y, por tanto, para asegurarse que se superan los escollos legales, era recomendable acotarla al patrimonio del rey Juan Carlos desde su abdicación, dado que los letrados ya avisaron de que era inviolable cuando era jefe de Estado.

El grupo parlamentario ya registró en diciembre, con apoyo de la mayoría de estas formaciones, otra comisión de investigación sobre Juan Carlos I, en este caso centrada en el uso de las tarjetas opacas del rey emérito, tras haber abonado 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal en la primera declaración voluntaria.

La Mesa del Congreso, como en otros casos anteriores, vetó en enero la iniciativa, pese a que esta vez la iniciativa contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara. Era la primera vez que los letrados no informaban en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa a Juan Carlos I.

Ceremonia de apertura de los Premios Laureus del Deporte Mundial 2006 en Barcelona. Los conocidos como Óscars del deporte son una creación de Richemont, el conglomerado de lujo suizo dueño de Cartier y Montblanc, entre otras marcas, y del gigante alemán del motor Daimler. En la alfombra roja, Juan Carlos I recibe con un beso en la mejilla a una rubia enfundada en un vestido de noche rosa, entonces aún desconocida para el público. Seis años después, tras el accidente de caza del rey en Botsuana, el mundo entero conoce su nombre: Corinna zu Sayn-Wittgenstein

En retrospectiva, las imágenes adquieren un significado especial. Fuentes implicadas en la organización del evento sospechan que fue la exprincesa quien ofreció Barcelona como ciudad anfitriona y financiadora, incluyendo al Rey como patrocinador. “Tiene olfato. Poner al rey en primera línea de esa manera no es poca cosa”, aseguran.  Larsen, en poder de los mejores contactos con los jefes londinenses de Laureus, consiguió 8,3 millones de euros de la capital catalana para organizar dos ediciones de los premios, las de 2006 y 2007.

En realidad, el camino a Barcelona se desviaba antes hacia Schöckingen, un tranquilo pueblo de 1.800 habitantes cerca de Stuttgart. El senador Manfred G.E.G. Osterwald, que apareció entoncres en los medios de comunicación españoles como “magnate de la construcción” y se presentaba ante el mundo como arquitecto, llevaba meses organizando una cena solemne en el minicastillo del que es copropietario. El motivo era la presentación de la Fundación para el Diálogo Intercultural. “Juan Carlos I, con quien tengo una relación de amistad, vendrá a Stuttgart el 2 de febrero de 2006 a invitación personal mía”, escribe Osterwald en una carta que dirige al “estimado primer ministro” del land de Baden-Württemberg, Günther Oettinger. También estaba prevista una visita a las instalaciones de Daimler situadas en la no muy lejana Sindelfingen. “Esta visita está relacionada con la entrega de los Premios Laureus de Deporte en Barcelona en mayo de 2006, cuyo patrocinador es el rey de España”, explica en la carta. Los responsables de Protocolo del land se quedaron sin palabras.

“Prácticamente me llamaron impostor”, desveló más tarde el anfitrión en el programa de entrevistas de Frank Elstner, un famoso presentador de la televisión alemana. A Osterwald, no obstante, le bastó un fax para poner punto final a las especulaciones sobre su credibilidad.

“Querido Manfred”

“Querido Manfred” comenzaba la carta escrita a máquina y con fecha del 20 de diciembre de 2005, que llevaba la corona real en el membrete. “SM El Rey de España al senador Manfred G.E.G. Osterwald”, figura en la carátula del fax, al que ha tenido acceso infoLibre, y que fue enviado desde el número de teléfono 34 91 599 2424, el de la Casa del Rey, según puede comprobarse con sólo entrar en su página web.

“Muchas gracias por tu amable invitación para visitar Stuttgart”, comienza la carta. “También agradezco la oportunidad de ver a la canciller alemana, la doctora Angela Merkel”, continúa. La carta concluye con una expresión del “afecto” del monarca y la firma de Juan Carlos R (Rey). Igual que si llevara un sello oficial.

“Cuando viene un rey, no puedes hacer como si no viniera”, razonaron entonces en el Staatsministerium, el equivalente a una Consejería de Presidencia, de Baden-Württemberg, que tuvo que encargarse del asunto muy a su pesar.

Ya en la primera reunión preliminar con los altos funcionarios del land, Osterwald no dudó en asegurar que el rey era muy eficiente moviendo hilos: “Su Majestad es un networker de alto nivel, un abridor de puertas”networker abridor de puertas, se registra en las actas de esa cita.No menos presuntuosa era la invitación a la canciller alemana. “Estaré encantado de poner a su disposición esta plataforma, estimada canciller, como marco adecuado para sus conversaciones con Su Majestad el rey Juan Carlos I y representantes de la economía alemana”. Ni una palabra sobre la fundación que iba a presentar en sociedad.

“Corinna era quien intermediaba”

Además, muy pronto se hizo evidente para los funcionarios del Gobierno del land que una desconocida princesa zu Sayn-Wittgenstein era la directora secreta del evento. En una de las actas de la reunión a la que ha tenido acceso este periódico se afirma: “Mientras tanto, se han mantenido frecuentes conversaciones telefónicas con la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que organiza los viajes privados al extranjero del rey y que, de forma comparable a un asistente personal, tiene acceso directo al monarca”.

Parece que también se aseguró de que se diera realce al anfitrión. “Permítame subrayar una vez más que aceptaremos todas las propuestas del rey. En particular, se garantiza que el senador Osterwald, como iniciador de la visita, también será excelentemente situado y reconocido en la invitación del primer ministro”, le indica a la princesa en una carta dirigida a su oficina de Londres el director de Protocolo de Baden-Württemberg, Edmund Kammerer.

“¡Sin Corinna no hay rey!”, coinciden todas las fuentes implicadas en la organización consultadas por este periódico. “Corinna era la persona de contacto entre Daimler y Richemont”, aseguran. “Se sospechaba que era la amante del rey”, continúan, “después de todo, ella era quien intermediaba”.

Inevitable, pues, la intriga. El monarca pidió expresamente que no se hiciera pública ninguna información sobre el programa posterior a su reunión oficial con el primer ministro: “En particular, no debe darse a conocer en este momento el contacto con DaimlerChrysler”.

Un fax anónimo sembró las dudas

El Gobierno de Baden-Württemberg accedió al deseo del rey y anunció en un comunicado de prensa el 16 de enero que el monarca haría una visita privada a Stuttgart a invitación del senador. El rey estaba “dispuesto e interesado”, además de en esa cita, en aprovechar la oportunidad para mantener conversaciones principalmente con representantes de la economía del land. “Por tanto, ha aceptado con gusto la invitación del primer ministro a una recepción seguida de un almuerzo en el Neues Schloss [el Castillo Nuevo, sede del Gobierno de Baden-Württemberg]”, explicaba la nota a los medios.

Pero nada más difundirse el comunicado de prensa, llegó a la oficina del primer ministro Oettinger un fax anónimo que no dejaba a Manfred Osterwald en muy buen lugar. Decía que no podía “hacerse pasar” por arquitecto porque carece de ese título. También relegaba su éxito empresarial al reino de la fantasía. Además, el título de senador, del que afirmaba que le había sido otorgado en 1997 por sus “servicios al bien común”, fue comprado por mediación de un profesor de apellido Werres en la Universidad Ivan-Rilski de Sofía (Bulgaria), según el anónimo acusador.

Inmediatamente el Gobierno del land exigió una “explicación” sobre estas acusaciones al dueño del palacio de Schöckingen. 

“Estoy encantado de volver a Baden-Württemberg”

¿Por qué no se canceló el evento? “Era demasiado tarde”, responden las fuentes, “ya se había difundido el comunicado de prensa sobre la visita del rey. No había vuelta atrás. Estábamos en el filo de la navaja”.

Y el rey llegó. Puntualmente a las 11 horas del 2 de febrero aterrizó el Falcon en el aeropuerto de Stuttgart. Bajo un sol radiante, el primer ministro Oettinger dio la bienvenida al monarca español. Y en la alfombra roja, justo detrás de Juan Carlos I, caminaba Corinna zu Sayn-Wittgenstein junto a un distinguido Manfred Osterwald.

Daimler dispuso ocho limusinas, incluyendo cuatro Maybach, sus berlinas de superlujo, para transportar al invitado y a su séquito desde el aeropuerto de Echterdingen hasta el Castillo Nuevo de Stuttgart para ser recibidos por el primer ministro. Allí el rey entusiasmó a unos 80 invitados al terminar su discurso con una frase en alemán: “Estoy encantado de volver a Baden-Württemberg”.

Antes de sentarse a la mesa de 12 metros de longitud que había preparado Osterwald en su castillo, la comitiva hizo una parada para que Juan Carlos I, gran aficionado al mundo del motor, conociera el Centro de Excelencia de Maybach en Sindelfingen. En el programa de la visita se incluía una prueba de conducción de dos Maybach y un McLaren-Mercedes. El Stuttgarter Zeitung se burló entonces del acto con una cierta condescendencia: “A las nobles limusinas Maybach les viene bien un poco de glamour real. El año pasado sólo se vendieron en todo el mundo 300 de estos vehículos, cuyos precios no bajan de 370.000 euros”.

Sin Merkel pero con los mayores empresarios alemanes y un jeque saudí

La canciller Merkel no se presentó. En cambio, la figura de Su Majestad sí atrajo a casi 30 invitados cuidadosamente seleccionados del Gotha [el almanaque que funcionaba como un directorio de las casas reales y la aristocracia europeas] de los negocios.

A la derecha del rey, el consejero delegado de Daimler, Dieter Zetsche; a su izquierda, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El presidente de Thyssenkrupp, Ekkehard Schulz; el vicepresidente de Deutsche Telekom, Karl-Gerhard Eick, o el director ejecutivo de Bosch, Tilman Todenhöfer asistieron también. Al consejero delegado de la energética E.ON, Wulf Bernotat, se le pudo ver conversando con la elegante Shahpari Zanganeh, tercera esposa de Adnan Khashoggi, el saudí que durante años ocupó titulares como traficante de armas y habitual de la jet set marbellí.

La iraní Zanganeh llegó acompañada del jeque Amr Al Dabbagh, gobernador de la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudí (Sagia). Unos días antes, el 28 de enero, Zanganeh había organizado un almuerzo para Osterwald y Al Dabbagh en Saint Moritz, uno de los enclaves turísticos más exclusivos de Suiza y del mundo. En el fax enviado a Osterwald para confirmar la cita, la iraní añadía un artículo de la revista Arabian Business titulado El hombre del dinero, para que el alemán se “familiarizara con las aptitudes y los logros de Su Excelencia”. Al Dabbagh fue uno de los altos mandatarios saudíes que fueron detenidos en noviembre de 2017 por orden del príncipe heredero, Mohamed Bin Salman en lo que se anunció como una operación anticorrupción. Confinados en el Hotel Ritz-Carlton de Riad, buena parte de ellos, incluido el gobernador de Sagia, fueron puestos en libertad en enero de 2018.

¿Alguien condujo a Al Dabbagh hasta Manfred Osterwald? En un fax de fecha 31 de enero dirigido al secretario de Estado de la Cancillería de Baden-Württemberg, Osterwald se ofrecía a actuar como mediador entre el land y el jefe de la Sagialand para crear “un consorcio alemán”. Un proyecto de cooperación con Arabia Saudí para el que constituiría “una ventaja”, apuntaba el dueño de Schöckingen, establecer “un vínculo político”. El Gobierno de Baden-Württemberg no estaba interesado, pero Juan Carlos I, la princesa Corinna y Shahpari Zanganeh volaron a Riad el 8 de abril, acompañados por ministros y empresarios españoles para, a través de Sagia, tomar posiciones como consorcio español en los proyectos multimillonarios del país del desierto.

El caso es que sólo un mes después volvieron a encontrarse todos ellos de nuevo. En un evento simultáneo a los Premios Laureus en Barcelona, Dieter Zetsche entregó al rey en el Circuit de Barcelona-Catalunya las llaves de un Maybach 57S Cote d'AzurCote d'Azur con accesorios de madera de raíz y adornos de plata. La idea era que el monarca probara esta joya del motor durante una temporada. El acto fue público, con numerosos invitados. Entre ellos,  Zanganeh y Al Dabbagh, ambos enfundados en los monos plateados del equipo de carreras de Daimler. Y Corinna, con una gorra deportiva azul de Laureus, al lado del rey.

Condenado por desviar fondos para organizar la cena

Cuatro años después, en un juzgado de Luisburgo se deliberaba sobre el interés de Daimler en el rey. Manfred Osterwald fue demandado por un antiguo socio, que le acusaba de haber malversado 250.000 euros donados por el fabricante alemán a la Fundación para el Diálogo Intercultural. Según publicó entonces la prensa de Stuttgart, la policía declaró en el juicio que Daimler en ese momento buscaba una fundación con la que coorganizar unos Premios Maybach. Y Osterwald, añadió el investigador, se ofreció entonces a cooperar como “amigo del rey”. Daimler quería interesar al rey, como reconocido entusiasta del motor, en la marca Maybach. El desagradable incidente judicial se resolvió con una multa de 10.000 euros para Manfred Osterwald.

Tras la sentencia, nadie quería acordarse de la cena de gala en Schöckingen. Corinna encargó a un abogado que comprara todas las fotos en las que aparecía junto a Osterwald. “No tenemos constancia de esa amistad [de Juan Carlos I con el alemán] ni de que se vean con regularidad”, respondió la Casa del Rey cuando fue preguntada por el evento en noviembre de 2013.

Mucho más serias son las investigaciones en curso contra el rey emérito y su examante en Suiza por blanqueo dinero y evasión fiscal. Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que ya no puede adornarse con el título de princesa y ahora es sólo Corinna Larsen, se enfrenta a una condena de hasta cinco años de prisión.

En el foco de la Justicia están los 100 millones de dólares que supuestamente Arabia Saudí pagó a Juan Carlos I. Corinna aseguró al excomisario José Manuel Villarejo en Londres que se trataba de un soborno por la adjudicación al consorcio español del AVE a La Meca. El fiscal suizo Yves Bertossa investiga por qué el rey transfirió 64,8 millones de euros del banco suizo Mirabaud a una cuenta de Corinna Larsen en las islas Bahamas. En julio de 2019, el fiscal anticorrupción español Luis Pastor interrogó a Shahpari Zanganeh sobre su papel en la adjudicación del contrato [Esta información ha sido modificada a petición de la consultora iraní para rectificar que fue ante el ministerio público español y no ante el suizo donde declaró].

Preguntada por el fiscal Bertossa sobre esa transferencia, la exprincesa respondió que los millones eran un “regalo de amor” del emérito. O un argumento apropiado para evitar una condena por blanqueo de dinero. Poco después, el 3 de agosto, Juan Carlos I abandonó España en dirección a Abu Dabi.

El impuesto a las grandes fortunas planteado por Unidas Podemos, y que también gravaría las fortunas que superen el millón de euros con un 2% y con un 3,5% para quien posea más de 100 millones, ha llevado estos días a muchos adinerados españoles a los despachos de los gestores de sus patrimonios. “Estamos más en fase de inquietud que de movimientos efectivos y decisiones de traslados [a otros países]”, asegura no obstante Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “Más ruido que nueces”, resumen por su parte fuentes de una entidad de la banca privada: “Sí que hemos tenidos muchas consultas, más que en ocasiones anteriores, pero traslados de patrimonios o sicavs a Luxemburgo, pocos, y de residencia a Portugal, muchos menos”.

En el mismo sentido se pronunció el pasado abril, durante la presentación de los resultados del primer trimestre, Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter, una de las entidades españolas, junto con Banca March y Caixabank, cuyas divisiones de banca privada cuentan con oficinas en el Gran Ducado. “No estamos recibiendo peticiones de personas que quieren llevar dinero a Luxemburgo, pero sí estamos teniendo más consultas acerca de sus posiciones inversoras y de cómo adecuarlas a la volatilidad de los mercados”, aclaró.

Además, apunta Gómez Taboada, el nerviosismo de los muy ricos no responde tanto a “la presión tributaria” como a una “inquietud financiera”. “Tienen más miedo a perder su dinero que a la fiscalidad”, precisa. La banca privada habla del “riesgo país” por culpa de la crisis que ha desencadenado el coronavirus y se remite al Barómetro del Ahorro que publica Inverco, la patronal de los fondos de inversión. Lo que más valoran los encuestados a la hora de decidir dónde o cómo invierten es la seguridad y la rentabilidad. La fiscalidad, que hace uno años figuraba como segundo factor, sólo aparece ahora en cuarta posición de sus preocupaciones.

A la hora de explicar el motivo detrás de ese segundo plano coinciden todas las fuentes consultadas: los asesores fiscales, la banca privada e incluso los técnicos de Hacienda. “Desde el punto de vista fiscal, da igual que tengan el patrimonio en España o en el extranjero, se tributa en el lugar de residencia”, detalla José María Mollinedo, presidente del sindicato Gestha. Quienes posean bienes o derechos en el exterior deben rellenar el modelo 720 de la Agencia Tributaria, “y con cada salto de 20.0000 euros es necesario volver a presentarlo”, subraya. Si no se hace, además, la multa es de 5.000 euros por cada uno de los datos omitidos. “Nuestra misión es decírselo”, añaden las fuentes de la banca privada, que reconocen que “algún empresario y clientes con grandes patrimonios” se han acercado a preguntarles alertados por un posible aumento del riesgo país. “Pero se quedan pensando, de momento, porque Luxemburgo también es un país con unas tarifas bancarias muy caras”, precisa.

“Viajes de ida y vuelta”

Por su experiencia anterior, creen que de los pocos traslados que vayan a producirse, muchos serán “viajes de ida y vuelta”. También hubo consultas por motivos parecidos tras la crisis de 2008, en 2011 cuando se intervinieron las cajas de ahorro y tras el 1-O en Cataluña, cuando familias catalanas que abrían cuentas en Madrid, Valencia o Aragón, así como en Luxemburgo, Suiza y Andorra. “Pero al volver las cosas a su cauce, también regresaron la mayor parte de los grandes patrimonios que se habían trasladado, por un problema de costes”, recuerdan.

No obstante, y pese al mayor volumen de consultas, “de personas que nunca habían preguntado antes o que incluso decían que jamás sacarían su patrimonio de España”, las fuentes de la banca privada no aprecian ahora “más miedo” que en ocasiones anteriores o la existencia de “mayores incentivos” para que finalmente se consumen esos traslados.

Otro tanto ocurre con la supuesta fuga de ricos a Portugal. “Hay que distinguir entre el traslado del patrimonio y el de la persona”, indica Javier Gómez Taboada, “y el cambio real, no aparente, de residencia, es raro, inusual”. Entre otras causas, porque para establecer la residencia en el país luso y acceder a sus ventajas fiscales hace falta adquirir allí un inmueble de más de medio millón de euros o transferir al menos un millón de euros o crear 10 puestos de trabajo. Son algunos de los requisitos de las llamadas Visas Oro. A cambio, las rentas obtenidas en Portugal –porque hace falta tener en el país una fuente de rentas– se someten a un tipo del 20% en el equivalente al IRPF. Pero los patrimonios superiores a dos millones de euros y las plusvalías acumuladas deben seguir tributando en España. “No es tan sencillo cambiar de residencia”, concluyen. Como está pasando con quienes se mudan de comunidad autonóma para evitar el pago del impuesto de sucesiones, Javier Gómez Taboada subraya que muchos de ellos, más que irse, “dicen que se van”.

Hasta el pasado mes de enero sí que había ventajas fiscales en Portugal para quienes posean un plan de pensiones, porque no tributaba en ninguno de los dos países. Desde entonces, se paga un 10%. Esta exención ha levantado las protestas de Suecia, Finlandia y Francia, que han perdido a algunos de sus jubilados atraídos por el anzuelo fiscal portugués.

“Notamos más tranquilidad”

Las fuentes de la banca privada consultadas por infoLibre tampoco ven una alarma extraordinaria entre los accionistas de sicavs (Sociedades de inversión de capital variable), un vehículo utilizado por las grandes fortunas para tributar al mínimo. Sus beneficios se gravan sólo con un 1% en el impuesto de sociedades, en lugar del 25% habitual. “De hecho, notamos más tranquilidad”, aseguran. Es más, resaltan que trasladar una sicav a Luxemburgo tiene sus riesgos fiscales si cambia la normativa internacional. “Si un particular tiene un vehículo de inversión en el extranjero y éste es transparente”, exponen, “las rentas tributan en la sede del accionista, pero si no es transparente puede considerarse fuga de capitales y tendría que terminar declarándolo”. De modo que es mucho más sencillo liquidar la sicav o convertirla en una sociedad limitada o en un fondo de inversión.

En cualquier caso, no se está produciendo un cierre o traslado masivo de sicavs en España. Al menos a tenor de los datos que publican tanto la CNMV como la patronal Inverco. Desde el cierre de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de este año, el número de sicav contabilizadas por Inverco se ha reducido en 39; en los mismos meses de 2019 fueron 46. Según los registros de la CNMV, a 31 de marzo había 34 sicavs menos que en diciembre del año pasado, por 31 menos en el mismo periodo de 2019.

Pero el declive de las sicavs es un fenómeno constante que se retrotrae al menos hasta 2015. Desde esa fecha su número no ha dejado de caer. Hoy hay 732 menos que entonces, según los registros de Inverco. Su patrimonio conjunto asciende a 26.309,3 millones de euros, un 21,1% menos que hace cinco años. Han perdido 43.771 accionistas. Ahora se mantienen en España un total de 2.549 sicavs, con los datos de Inverco, que las cuenta por sus gestoras; 2.535 con los de la CNMV, que las registra nominalmente.

Detrás del supuesto miedo de los grandes patrimonios por sus sicavs se encuentra el acuerdo de gobierno firmado por Unidas Podemos y el PSOE, que devuelve a la Agencia Tributaria la competencia para vigilar que estas sociedades cumplen con los requisitos legales yque ya tuvo hasta 2005. También promete establecer un tope del capital que puede quedar en manos de un mismo inversor, para asegurarse, dice el texto, de que la sicav es realmente un instrumento de inversión colectiva y no una herramienta para que una familia eluda el pago del impuesto de sociedades. Sobre las sicavs recae la eterna sospecha de que muchos de los 100 accionistas necesarios para constituirlas son en realidad titulares de paja, los conocidos como mariachis mariachis, con los que la familia propietaria cubre el requisito legal.

También PP y Ciudadanos querían más control para las sicavs

El anuncio de cambios en la regulación de las sicavs es también una constante de los últimos años. Los prometió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no los llegó a ejecutar. E incluso aparecieron en los programas electorales del PP y Ciudadanos. Ya en 2015 Mariano Rajoy pretendió computar como accionistas sólo a quienes poseyeran más del 0,55% del capital de la sicav. Ciudadanos también quiso entonces devolver a la Agencia Tributaria la vigilancia de estas sociedades de inversión. Cuando los dos partidos firmaron en septiembre de 2016 su propio acuerdo de investidura, ambos puntos quedaron incluidos en el texto y tanto populares como naranjas los mantuvieron hasta la moción de censura que en junio de 2018 descabalgó a Rajoy de la presidencia del Gobierno.

Esa inseguridad jurídica es la que tiene en vilo a los propietarios de las sicavs y la que ha abocado a la liquidación, traslado, fusión o transformación de muchas de ellas. Para las fuentes  de la banca privada consultadas, el regreso de estas sociedades al ámbito de competencias de la Agencia Tributaria sería “una fuente de pleitos segura”. Cada vez que los inspectores dictaran que un mariachi no es un accionista genuino, la decisión terminaría ante un tribunal. El sindicato Gestha también está en contra de que se les encargue el control de las sicavs. “Lo lógico ese que sea la CNMV la que las clasifique, la que diga si cumplen los requisitos legales o no”, alega José María Mollinedo, quien recuerda además que los tribunales ya han dictaminado en contra de las actas levantadas por la Agencia Tributaria a alguna sicav.

Gestha también concede que el tope de capital impuesto a los accionistas sí puede abocar a un cambio de fórmula de inversión. “Si el propietario de la sicav posee el 90% del capital y se fija porcentaje mucho más pequeño, tendría que vender la diferencia y perder el control sobre la sicav o irse a Luxemburgo, por ejemplo, si quiere mantenerlo”, advierte Mollinedo. Por ese motivo, el presidente de Gestha cree conveniente esperar a que la UE tome medidas equivalentes para evitar la huida de ese capital. En el Gran Ducado puede encontrar una ventaja añadida: el anonimato. En España, los accionistas de las sicavs son públicos, al sentarse en un consejo de administración. Pero muchos, –la mayoría, aseguran las fuentes de banca privada consultadas– no quieren que se conozcan sus nombres. “Es razonable que se quejen”, argumentan, “porque otros vehículos de inversión como los seguros, o las sicav luxemburguesas, son anónimos”.

Las sicavs abandonaron País Vasco y Navarra

En cambio, sobre la mesa no está de momento subir la tributación de las sicavs. Como sí hicieron hace 10 años, las haciendas forales del País Vasco y hace cinco la de Navarra. Las cuatro decidieron igualar la tributación de las sicavs con la general que se aplica a cualquier sociedad por sus beneficios, que entonces era del 28% –hoy ha bajado al 25%–. El resultado fue que este tipo de sociedades de inversión desapareció de ambos territorios. Según han confirmado a infoLibre las haciendas forales, las 87 de Bizkaia, 28 de Gipuzkoa y dos de Araba se trasladaron a Madrid o fueron liquidadas. En Navarra siguieron el mismo camino las ocho que estaban domiciliadas en la comunidad autónoma. Un total de 125 sicavs. Su desaparición, no obstante, no se dejó notar en los ingresos de las haciendas forales, aseguran.

“El fin de la [ventajosa] fiscalidad de las sicavs no es un drama”, replican las fuentes de la banca privada, “continuaremos con o sin ellas”. Gestha rechaza que los grandes patrimonios puedan tener “especial miedo” ahora, porque cuentan con un amplio abanico de fórmulas para rebajar su factura fiscal, desde recurrir a sociedades profesionales para tributar por sus actividades económicas hasta utilizar los vehículos de inversión a medida que les ofrecen sus asesores. Y cree que si trasladan sus patrimonios a Luxemburgo es “más por una cuestión operativa que real”. Los mensajes sobre una supuesta fuga de capitales –que “técnicamente no existe porque hay libertad de movimiento de capitales dentro de la UE”, precisa José María Mollinedo– son “mensajes interesados” de los asesores y de la banca privada a “sus propios clientes”. Las fuentes de la banca privada con las que ha hablado este periódico lo desmienten. “No somos defensores ni proactivos a la hora de recomendar a nuestros clientes que se lleven el dinero fuera”, recalcan, “por el contrario, creemos que donde mejor está el dinero es aquí y les dejamos claro que los impuestos que van a pagar si se van serán los mismos”.