El Ministerio Público de Portugal —el equivalente a la Fiscalía en España— ha acusado al agente futbolístico Jorge Mendes de un delito de fraude fiscal. Los fiscales aseguran en su acusación a Mendes que el agente realizó una donación ficticia a su mujer, Sara Mendes, que el matrimonio habría utilizado para eludir el pago de 18 millones de euros en concepto de IRS —el impuesto sobre las personas físicas de Portugal, igual que el IRPF en España—, según han informado este 6 de mayo los medios portugueses.

Por ello, el Ministerio Público le reclama también la reposición de esos 18 de millones de euros. La donación consistía en el 49,9% de Start SGPS, el holding portugués de Jorge Mendes. El representante de futbolistas traspasó esa participación a su mujer en octubre de 2012, tal y como reveló la investigación Football Leaks, liderada por el European Investigative Collaborations (EIC), un consorcio periodístico internacional del que forma parte infoLibre.

De hecho, este medio publicó las revelaciones de Football Leaks en España. En Portugal quien lo hizo fue el Expresso, socio también del EIC y el periódico que lideró la investigación sobre Mendes, sus cuentas y la donación a su mujer, entre otros asuntos. 

La defensa de Mendes asegura que se trata de una injusticia teniendo en cuenta “la contribución que ha hecho al país” y “su historial como contribuyente”.  Football Leaks reveló en 2018 que Mendes y su esposa recibieron casi 100 millones de euros durante ocho años sin declararlos nunca como dividendos.

El agente había creado un sistema que funcionaba como “una máquina de blanquear”. Tal y como publicó infoLibre en 2016, el matrimonio Mendes no era el único en beneficiarse, ya que puso en marcha un montaje offshore de evasión fiscal del que también se beneficiaban estrellas futbolísticas a las que él representaba como José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao o James Rodríguez. Este sistema les permitió esconder al fisco un total de 188 millones de euros de beneficios, a través de Irlanda, Suiza, las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

No fue la única revelación de la investigación. Football Leaks destapó cómo multitud de grandes figuras del fútbol mundial habían evadido impuestos. Este nuevo caso judicial respecto a Mendes tendrá que seguir ahora su recorrido en los tribunales lusos. Tras la acusación por parte de la Fiscalía, la defensa del representante puede pedir una vista previa a un posible juicio en la que un juez de instrucción debería validar o rechazar los cargos presentados por el Ministerio Público.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

La desprotección de los informantes de delitos sigue siendo la norma en el mundo. Desafiar al poder (militar, político o económico) es un riesgo en casi todas partes, como demuestra lo ocurrido con Julian Assange, pero también con otros muchos whistleblowers. Un problema que, a menudo, pone también en el punto de mira a los medios de comunicación que se atreven a difundir el contenido de sus filtraciones.

Edward Snowden sigue siendo el más famoso. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) filtró en 2013 los documentos que probaban la vigilancia masiva e ilegal que este departamento, de dependencia directa del gobierno norteamericano, estaba llevando a cabo. La NSA espiaba llamadas de teléfono, correos electrónicos y el tráfico de Internet de la práctica totalidad de los ciudadanos de su país y de gran parte del mundo.

Snowden tuvo que huir a la Rusia de Vladímir Putin para escapar de la justicia de EEUU. Allí vive desde entonces. De nada le sirvió la evidencia del delito que denunció: para la justicia norteamericana pesa más la violación de la Ley de Espionaje de Estados Unidos y el hecho de haber faltado a su compromiso de no revelar lo que la NSA estaba haciendo.

El portugués Rui Pinto facilitó en 2016 decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA). Esas informaciones hicieron posible que varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrieran investigaciones penales.

Pero Pinto fue arrestado en Budapest (Hungría) en 2019 a petición de las autoridades portuguesas. Fue liberado en agosto de 2020. Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto recurrió. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones —clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros— en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados.

El informático suizo Hervé Falciani, responsable de haber filtrado una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra, se encuentra en libertad, pero también conoce la cárcel. Su filtración ha servido para que haciendas como la francesa o la española hayan recaudado cientos de millones de euros que se habían mantenido ocultos al fisco. Se calcula que había en la lista 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, algunos de los cuales fueron investigados judicialmente. De hecho, en 2010, la Agencia Tributaria ya ingresó 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 de estos contribuyentes.

El periplo de Falciani desde que filtró estos datos en 2008 —y desde que, en 2009, dio a conocer públicamente su identidad— no ha sido fácil. La justicia suiza lo condenó en 2015 a cinco años de prisión por violación del secreto comercial, pero lo hizo con él ausente, ya que residía en Francia, desde donde no podía ser extraditado al país helvético. Falciani, no obstante, volvió a ser detenido en 2018 en Madrid en virtud de una orden de detención de Suiza, pero la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

La justicia argumentó entonces que los delitos por los que había sido condenado en Suiza no eran punibles en España, ya que revelar “a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales” los datos que recabó sobre “actividades sospechosas de ilegalidad” no es constitutivo de delito.

Chelsea Manning es una exsoldado estadounidense que fue condenada a 35 años de prisión por filtrar los cables diplomáticos y los documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente filtró y por la que fue condenada en 2013 por espionaje, robo de información gubernamental y abuso de su posición. El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017 antes de dejar la Casa Blanca.

El francés Antoine Deltour, exempleado en las oficinas de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Luxemburgo, dio a conocer en 2010 documentos fiscales confidenciales en poder de la empresa que dieron lugar a los LuxLeaks, una investigación periodística que develó cientos de acuerdos fiscales muy ventajosos celebrados por firmas de auditoría con la administración fiscal luxemburguesa en nombre de muchos clientes internacionales.

Deltour fue acusado de robo doméstico, violación del secreto profesional, violación de secretos comerciales y blanqueo de dinero, condenado y después liberado por la justicia luxemburguesa.

España, donde de momento no se ha producido nada parecido, cuenta desde hace un año con una ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero no parece muy comprometida con su desarrollo. La norma, que nominalmente trata de proteger a los ciudadanos que denuncien actos ilegales o irregulares en su entorno laboral, tanto en el sector público como privado, no ha pasado del papel a la realidad y nada indica que eso vaya a suceder a corto plazo.

En su articulado, la ley prevé poner en marcha canales a través de los cuales realizar denuncias anónimas, garantizando la confidencialidad del informante y protegiendo su identidad frente a posibles represalias, mediante la puesta en marcha de una autoridad independiente que obligatoriamente debía haberse creado el pasado marzo, pero que sigue sin existir.

La normativa estableció la obligatoriedad para todas las empresas con más de cincuenta trabajadores, así como para todas las entidades del sector público, de implementar un “sistema interno de información” accesible, confidencial y eficiente en la gestión de las denuncias recibidas. Y creó un canal externo de información gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, una instancia encargada a su vez de actuar con independencia y autonomía para recibir y tramitar las denuncias que es la que ni siquiera ha visto la luz.

La ley prohíbe expresamente cualquier represalia contra los denunciantes y establece medidas de apoyo y protección para evitar daños laborales, reputacionales o de otro tipo. También se incluyen sanciones para aquellos que infrinjan la normativa, asegurando así un entorno seguro y justo para los informantes. Además, contempla la posibilidad de implantar programas de clemencia para fomentar la cooperación en la lucha contra la corrupción.

Es la autoridad independiente prevista en la ley la que debe gestionar el canal externo de denuncias, ofrecer asesoramiento y elaborar modelos de prevención del delito en el ámbito público. Su presidente debe ser nombrado por real decreto en el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, por un período de cinco años no renovable, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso”, donde deberá ser acordada por mayoría absoluta.

Grosuplj, una pequeña ciudad moderna y ordenada a 10 kilómetros de Liubliana, la capital de Eslovenia, es la ciudad natal del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. En ella tiene su casa, muy cerca del bufete de abogados desde que se lanzó al mundo del fútbol, primero dirigiendo la Federación Eslovena, en 2011, y desde 2016 a la cabeza de la organización europea. Enfrentado al Real Madrid y el puñado de clubs que intentan poner en marcha la Superliga, Čeferin también ha sido acusado de querer asegurarse otro mandato al frente de la UEFA con los recientes cambios en sus estatutos: su actual y tercer mandato expira en 2027. A sólo dos meses de la Eurocopa en Alemania, el esloveno tiene aún que lidiar con la estela de los escándalos de Luis Rubiales, que además de presidente de la Federación Española de Fútbol fue vicepresidente de la UEFA hasta septiembre del año pasado.

Čeferin confirma que ofreció ayuda a Rubiales tras su “caída” por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Pero precisa que a las peticiones del español contestó siempre con una negativa “porque sus ideas no tenían sentido”. “Se quejaba de que tenía familia y de lo duro que era para él”, asegura el esloveno en una entrevista concedida al semanario croata Nacional, miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que también pertenece infoLibre. El presidente de la UEFA revela además que recibió “amenazas directas e indirectas” de los promotores de la Superliga, “pero también una oferta” para cambiar de bando.

Se presentó a la opinión pública que los cambios en el estatuto de la UEFA se hicieron para que usted pudiera presentarse de nuevo al final de su tercer mandato. ¿Qué sentido tenían estos cambios si en el momento de su adopción usted declaró que no tenía intención de volver a presentarse?

Lo más importante es que, por un error administrativo, no teníamos un límite de mandatos. Lo he explicado cientos de veces, pero prevalece el sensacionalismo: todo el mundo piensa que lo haces por ti. Pero si no hubiéramos cambiado el estatuto, no habría límite de mandatos y yo podría presentarme hasta cuando quisiera. Incluso después de 2031.

¿Cree que sería bueno para la UEFA continuar con usted o, de forma similar a la política, debería aplicarse la regla de que a veces es necesario un poco de ventilación?

Ahora está claro que el límite es un máximo de tres mandatos. Y creo que eso es bueno. Porque si estás más tiempo, ya sientes que la organización es tuya, así que cometes errores, ya no tienes buenas ideas.

¿Ha cometido algún error hasta ahora?

Sí, muchos. Todos cometemos errores. El que dice que no comete errores miente. Hay algunas cosas que habría hecho diferente ahora.

¿Cuál considera que ha sido el mayor?

Hubo muchos. De todos los presidentes de la UEFA, tuve el mandato más difícil. El covid, cuando todo podía haberse derrumbado; la Superliga, dos guerras que aún continúan... Un colega que lleva aquí 20 años me dijo: “Hasta 2015, 2016, sólo hablábamos de fútbol. Ahora sólo hablamos de problemas políticos”.

¿Quiere decir que ni siquiera tuvo un mandato real completo debió ocuparse más de esas circunstancias externas que del fútbol en sí? ¿En qué se centrará en estos tres años que le quedan al frente de la UEFA?

La sostenibilidad financiera es, sin duda, una de las cosas más importantes, ya que las diferencias entre los grandes clubes y las grandes ligas y los pequeños son cada vez mayores. El nuevo sistema de competición de clubes, en el que tenemos más equipos en la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League, ayudará a ello. Otra cosa es la concentración de la propiedad de varios clubes, la llamada propiedad multiclub. Hay un gran dilema: por un lado, si queremos inversiones en el fútbol o no, y por otro, se crea una mala percepción si dos clubes de la competición tienen un mismo propietario. Aún no tenemos respuesta concreta a esas preguntas. Y después de mis experiencias en los tres últimos años, puede que haya problemas más interesantes en los tres próximos.

¿En qué sentido?

Bueno, siempre hay algo. Estas Superligas, estas guerras y la geopolítica y la política interfieren en el fútbol. Espero que [el resto de mi mandato] sea lo más tranquilo posible.

¿Se ha frenado definitivamente la idea de una Superliga o todavía hay intentos?

Está parada de facto. Nadie quiere esa competición. El fútbol es tan fuerte porque la gente lo ama y porque cualquiera puede soñar con jugar en las competiciones más importantes. Mira cómo el baloncesto fue destruido por la Euroliga, que en realidad es una Superliga. Cuando miras el baloncesto croata, y Croacia era uno de los países más fuertes en baloncesto, desde la Jugoplastika hasta la Cibona y el Zadar, ahora todo es lamentable. Las competiciones tienen que ser abiertas. Devolvemos a los clubes el 93,5% de los ingresos. Y la UEFA devuelve al fútbol el 97% de los ingresos. Si comparamos por población, Croacia es quizá la nación futbolística más fuerte del mundo. Pero nunca lo sería sin el sistema que tenemos, nunca lo sería si el Dinamo, el Hajduk o el Rijeka no pudieran jugar la Liga de Campeones. Jamás. Y los grandes clubes, es decir, algunos individuos movidos por su propio ego, no entienden que ni siquiera sus clubes serían grandes sin el desarrollo del fútbol en los países pequeños. Así que fíjense en esos clubes que pretendían estar en la Superliga. No tienen jugadores de sus academias, tienen jugadores de nuestros países. Incluidos jugadores croatas. Para mí, esta idea de una Superliga está absolutamente muerta y carece de sentido.

Debido a su batalla contra la Superliga, ¿recibió amenazas directas o indirectas?

Sí, amenazas directas e indirectas, pero también una oferta. Las amenazas fueron en términos de “somos fuertes e influyentes, te vamos a demandar, vas a tener un proceso penal, no sabes con quién estás tratando”. Y similares. Y la oferta era cambiar al otro lado. Todo esto lo oyó mi mujer, que iba conmigo en el coche cuando me llamaron.

En diciembre de 2019, fue muy crítico con el VAR, del que dijo que nunca fue un gran entusiasta. Advertía de que en algunas situaciones provoca el caos. Con el paso del tiempo, ¿ha corregido su opinión sobre el impacto de esta tecnología en el fútbol?

Sí, nos hemos acostumbrado al VAR, aunque sigo pensando que algunas cosas no funcionan correctamente. En primer lugar, nadie sabe exactamente cuándo es mano y cuándo no lo es. En el momento en que el árbitro va a ver las imágenes del VAR, tengo la impresión de que cada vez que el balón toca la mano [de un jugador], se concede un penalti. Y, según el reglamento, no debería ser exactamente así. En segundo lugar, en lo que respecta al fuera de juego, como abogado creo que toda regla debe tener sentido. ¿Tiene sentido que estés en fuera de juego si tu nariz o tu número de bota son más grandes? Así que creo que habría que corregir un poco las cosas sobre lo que es y lo que no es penalti o fuera de juego. El VAR ayudó mucho, pero esa línea tiene que ser más gruesa.

Al final tiene que ser evaluado de nuevo por el ojo humano.

De acuerdo. Creo que los árbitros en el campo deberían decidir por sí mismos. Y a veces los árbitros interactúan demasiado con la sala del VAR, en lugar de decidir por sí mismos. Si las decisiones de los jueces en los tribunales ordinarios dependieran únicamente de la tecnología, introduciríamos los hechos en un robot que tomaría las decisiones basándose en la inteligencia artificial. El fútbol es algo vivo. Reunimos a los 15 mejores entrenadores en una conferencia. Desde Guardiola, Klopp, Mourinho, Ancelotti, todos los grandes. Les mostramos una jugada con una posible mano y les preguntamos si había mano o no. Siete dijeron sí y ocho dijeron que no. Y estamos hablando de los mayores expertos en fútbol del mundo. ¿Cómo es posible que los aficionados se pongan de acuerdo? Cada uno verá lo que le convenga. Al fin y al cabo, los jugadores también cometen errores, por qué no los árbitros. Algunos sugieren que se castigue a los jueces si cometen un error. Me parece inútil. Se les puede castigar si lo han hecho a propósito o si es corrupción. Y los errores forman parte del fútbol.

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, del SPD, escribió a la UEFA a finales de 2022 exigiendo que no sólo Rusia, sino también Bielorrusia como su aliado clave, fueran excluidos de todos los partidos y torneos internacionales de fútbol. A partir de entonces, Bielorrusia puede participar en competiciones auspiciadas por la UEFA, pero los partidos en casa deben jugarse fuera del país y sin espectadores. Dentro de unos meses, Bielorrusia jugará la Nations League en el Grupo I con Andorra, Israel, Kosovo, Rumanía y Suiza. Usted dijo entonces que sería populista expulsar también a Bielorrusia. ¿Cómo ve la próxima Eurocopa a la luz de la guerra en Ucrania e Israel? ¿Hay algún reto de seguridad específico en este contexto?

En primer lugar, ningún político nos dirá lo que debemos hacer, ni escucharemos a ningún político. Estoy en contra de los boicots, no me gustan los boicots ni las prohibiciones. Pero, en el caso de Rusia, simplemente no había otra opción y todos debemos intentar ayudar para detener esta guerra, esta locura. Pero respecto a Bielorrusia, un par de políticos nos escribieron para decirnos que cualquiera que ayudara a Rusia debería ser expulsado. Ahora yo hago la pregunta: ¿Los que compran gas ayudan a Rusia? ¿Deberíamos expulsar a todos los países europeos, incluso a los que hacen más ruido, que siguen comprando gas? Los políticos son los que deberían resolver los problemas geoestratégicos. Pedir a las organizaciones deportivas que hagan su trabajo es populismo y nada más.

Están desviando sus responsabilidades.

Así es. Cuando comienzo a recibir cartas de algún país, sé que se acercan las elecciones en ese país. Luego se calman.

Usted dijo a una cadena de televisión que, en muy poco tiempo, gracias a su trabajo en el fútbol, había conocido a un número increíble de personajes sospechosos, mucho más que trabajando como abogado. ¿Qué opina de la detención la semana pasada del expresidente de la Federación Española de Fútbol y exvicepresidente de la UEFA Luis Rubiales, por los supuestos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal? Además, el fiscal pide para Rubiales dos años y medio de cárcel por agresión sexual a Jenny Hermoso, por el beso no consentido que dio la vuelta al mundo. ¿Qué opina al respecto?

Me enteré por los periódicos de lo que le acusaban y fue un shock total para mí. Le conocía bastante bien, pero obviamente no sabía nada de estas cosas. Sin embargo, como abogado sé lo que es la presunción de inocencia. Por tanto, que se defienda en los tribunales; ni la UEFA ni yo tenemos nada que ver, porque él no hizo nada [de lo que se le acusa] como vicepresidente de la UEFA.

La FIFA le suspendió provisionalmente en agosto de 2023, pero Rubiales no dimitió como vicepresidente de la UEFA hasta casi un mes después. ¿Por qué no reaccionó antes que esperar a su dimisión?

No, eso es incorrecto. Inmediatamente dio un paso al frente como miembro de la junta ejecutiva y como vicepresidente en el momento de la suspensión.

Según las grabaciones de sus conversaciones con Rubiales que obran en poder de la policía española, usted se ofreció a ayudarle, y él le pidió 400.000 euros anuales que usted debía pagarle a través de su asesor jurídico, Tomás González Cueto, pero se negó. ¿Es cierto que le ofreció ayuda a Rubiales antes y después de su salida de la UEFA?

Muchas veces, después de la suspensión, me pidió algo. Después de aquella caída, se quejaba de que tenía familia y de lo duro que era para él, así que me escribió mensajes del tipo: “Mis tres hijas no tienen nada, no tienen esto, no tienen lo otro, ¿puedes ayudar...?”. En un momento dado le pregunté: “¿Cómo puedo ayudarte?”. Pero todo lo que me pedía lo rechazaba porque sus ideas no tenían sentido. También llamó a otros colegas y les preguntó si podía hacer esto o aquello. Nada relacionado con el fútbol. Yo sabía que no podía ayudarle, pero le cogí el teléfono. Es difícil. Él era vicepresidente, hasta ayer estaba sentado con todos en la mesa y, de repente, ya nadie quiere ni mirarle. Si lo que se le imputa es cierto, es realmente un desastre, pero que decida el tribunal.

Nacional es miembro del consorcio de medios European Investigative Collaborations (EIC), que desveló el lado más sucio del fútbol gracias a los Football Leaks. ¿Conoce usted, y en qué medida, el trabajo de la EIC?

Han sacado a la luz muchos asuntos, y cualquier detección de delitos en el fútbol, o en cualquier otro ámbito, sólo puede ser beneficiosa para las organizaciones y para quienes no nos dedicamos a delinquir. Lo celebro, y hay tantos casos concretos que es difícil hablar de ello.

Lo cierto es que antes de su nombramiento, la UEFA tenía peor imagen, por no decir que la percepción era que la gobernaba una camarilla corrupta. ¿Cuánto ha cambiado eso con su gestión?

Estoy seguro de que la UEFA no era una organización corrupta incluso antes de mi llegada, pero la gente mezcla muchas veces UEFA y FIFA. Michel Platini tuvo aquel asunto [fue suspendido durante ocho años pero finalmente absuelto por corrupción], pero como vicepresidente de la FIFA. Cuando llegué, lo comprobé todo. Creo y estoy seguro de que la UEFA es una organización limpia. Publicamos todos nuestros resultados, se sabe en qué gastamos el dinero, el 97% de los ingresos los devolvemos al fútbol. He repetido 1.000 veces que pago impuestos en Suiza, y como mi familia no se trasladó a Suiza, pago impuestos adicionales en Eslovenia. Pero a nadie le importa eso.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y nueve meses de cárcel para Carlo Ancelotti, el entrenador que le ha conseguido 11 títulos al Real Madrid, por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. En esos dos ejercicios fiscales, el técnico italiano no tributó por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en las Islas Vírgenes Británicas, un notorio paraíso fiscal.

Ancelotti se suma así a la ya larga lista de jugadores y entrenadores de fútbol que han sido procesados por intentar ocultar al fisco los millonarios ingresos que perciben por vender a las marcas su nombre, imagen o incluso su voz. Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Luka Modric, Angel Di María, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, del Real Madrid; Leo Messi, Samuel Eto’o, del Barça; Radamel Falcao y Diego Costa, del Atlético de Madrid… Son sólo algunos de los que fueron condenados por delito fiscal. Por el contrario, Gerard Piqué –Barça–, Juanfran Torres –Atlético de Madrid– y Xabi Alonso –Real Madrid–, el más reciente, han sido absueltos del mismo delito.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, ha necesitado casi cuatro años para presentar el escrito de acusación, donde este miércoles repite las cifras y argumentos de su primera reclamación. La instrucción de la causa ha estado todo este tiempo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

La Audiencia de Madrid le dio la razón al Ministerio Público, que ahora pide cárcel para Ancelotti por haber creado un “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen. Ese esquema fue desvelado por infoLibre en 2021 gracias a los documentos de Football Leaks, la filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. Y pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo hacía con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La gestión fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó el pasado diciembre hasta 2026.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión.

La Fiscalía denuncia que el entrenador “simuló” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano firmó aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es sustantivo: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera pagado el IRPF.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador italiano debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizarle al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como una sociedad “durmiente”. No ha tenido actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela ahora la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explica un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pide que acuda a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que fue contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le había supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Las autoridades judiciales españolas no han mostrado “ningún interés” en aprovechar para sus investigaciones los 20 terabytes de información que Rui Pinto, el denunciante de los Football Leaks, entregó el pasado día 1 a policías y fiscales alemanes, franceses y belgas en París. Así lo atestigua a infoLibre un portavoz de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), que organizó la cita junto con Eurojust, el organismo europeo de coordinación judicial.

España fue uno de los 10 países europeos que empezaron a cooperar para utilizar la información de Football Leaks en febrero de 2019, aunque ya antes, en 2018, Rui Pinto se había puesto a disposición de los fiscales franceses. Sin embargo, a la entrega de los discos duros desencriptados en París este mes no acudió ningún representante español. Y ello pese a que las revelaciones de Football Leaks, publicadas por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, permitieron abrir en España las investigaciones judiciales que terminaron en las condenas por fraude de fiscal a Cristiano Ronaldo y José Mourinho, además de desvelar las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el FC Barcelona.

Este periódico ha preguntado, sin éxito, al enlace español en Eurojust, el juez José de la Mata, por el motivo de la ausencia española en la cita de París y por la disposición española para utilizar los datos aportados por Rui Pinto. Por su parte, la Fiscalía española niega haber tenido conocimiento de la reunión. “No se le informó de la entrega [de los discos duros]”, asegura un portavoz. Aunque añadió que, en caso de necesitar esa información, sabe que la tiene a su disposición, al igual que el resto de las autoridades europeas, a través de Eurojust.

En efecto, a partir de ahora, “la asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados”, destacó a Mediapart, socio galo de infoLibre, también miembro de EIC, la Fiscalía Financiera francesa, que calificó de “prometedor” el contenido de los discos duros obtenidos.

España sí participó en la primera reunión de febrero de 2019, celebrada en La Haya, donde se acordó aprovechar las revelaciones de Football Leaks para investigar delitos en toda Europa. Los medios de EIC llevaban publicando desde diciembre de 2016 los casos de corrupción, fraude fiscal, dopaje, compra de partidos e influencia política que documentaba la filtración, en principio 3,4 terabytes obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con una quincena de medios de comunicación europeos.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió entonces una primera investigación penal por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra varios futbolistas, entre ellos Javier Pastore, que en esa época jugaba en el Paris Saint-Germain, y Lucho González, que militaba en el Olympique de Marsella. En España, la fiscalía hizo lo propio enseguida con Xabi Alonso, Radamel Falcao, Fabio Coentrão…

Una segunda tanda de relevaciones comenzó a publicarse en noviembre de 2018, desde las citadas operaciones opacas del Barça con Leo Messi hasta la burla del fair play financiero llevada a cabo por el Paris Saint Germain y el Manchester City, con el consentimiento de los presidentes de la UEFA, Michelle Platini, y de la FIFA, Gianni Infantino.

Hace sólo unos días, la Audiencia Nacional confirmó una sanción de 23 millones de euros al Barça por pagar a sus jugadores parte del sueldo a través de sus agentes y reducir así a sus estrellas la factura del IRPF. Un ardid que ha utilizado también el Real Madrid y otros clubes de fútbol, tal y como documentó Football Leaks. El pasado martes, además, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Mourinho, que finalmente tendrá que pagar la multa por fraude fiscal que se le impuso en España. También intentó ocultar parte del sueldo que le pagaba el Real Madrid cobrándolo a través de su agente, Jorge Mendes. El mismo truco utilizado por Cristiano Ronaldo, con quien compartía representante. El entrenador portugués fue condenado en 2019 a un año de cárcel y al pago de tres millones de multa.

Pero la información facilitada por Rui Pinto a la Justicia europea no se limita al mundo del fútbol. El portugués también está en el origen de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por otro consorcio de medios, ICIJ, y la ONG PPLAF, que destapó las turbias operativas financieras de Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. Además, los discos duros contienen información sobre sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales, como la que permitió publicar a EIC los Malta Files.

Es más, los discos duros ahora en manos de las autoridades judiciales pueden alimentar nuevas investigaciones o ayudar a cerrar otras en curso. En Francia, la ya citada sobre Javier Pastore, pero también otra sobre discriminación racial en el PSG, que fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha presentado una segunda denuncia para intentar relanzar el caso. Además del posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Mientras, en España, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

El caso lleva abierto desde 2019. El pasado julio se concedió una nueva prórroga por culpa de unas comisiones rogatorias pendientes, necesarias para el informe de la Agencia Tributaria, que ejerce funciones de auxilio. En diciembre, la Fiscalía informó en contra de más prórrogas, pues considera concluida la instrucción. Ahora el juez deberá decidir si sobresee la causa o si continúa el procedimiento. Ese magistrado es ahora Santiago Pedraz, pero quien inició la instrucción y la dirigió hasta noviembre de 2020 fue José de la Mata, el enlace español en Eurojust.

Rui Pinto lleva colaborando con los fiscales franceses desde 2018, pero sólo puedo desencriptar sus discos duros cinco años después, porque se lo impedía un requerimiento de la Justicia portuguesa, según ha explicado su abogado, William Bourdon. Pinto fue detenido en Budapest, a petición de las autoridades lusas, en enero de 2019. Le acusaban de piratería informática e intento de extorsión.

Después fue extraditado a Portugal. Estuvo en prisión hasta que en 2020 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Lisboa: fue puesto en libertad como testigo protegido pero, además, se le prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa. Ese pacto fue impugnado por el Benfica ante los tribunales, una demanda que perdió en noviembre de 2023.

Dos meses antes, en septiembre, Rui Pinto había sido condenado a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que el portugués ha recurrido. También se declaró culpable ante un tribunal de París, tras aceptar una pena de seis meses de prisión, igualmente en suspenso, por piratear los buzones de correo electrónico del Paris Saint-Germain.

La historia de Rui Pinto no es muy distinta a la de Hervé Falciani, el ingeniero italofrancés que desde 2009 colabora con la Justicia internacional tras haberse apoderado de los datos de 130.000 evasores fiscales cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.

Detenido en Barcelona en 2012, pasó cinco meses y medio en la prisión de Valdemoro (Madrid), mientras la Audiencia Nacional decidía si lo extraditaba a Suiza, que le acusaba de revelación de secretos y de espionaje económico. También de intentar vender los datos de la que luego se conoció como Lista Falciani. Finalmente, no fue extraditado e incluso fue protegido por el CNI y la Policía. La Audiencia Nacional lo puso en libertad en mayo de 2013, pero la Cámara Federal Penal suiza lo condenó en rebeldía dos años después a cinco años de cárcel. Lo que dio pie a que Suiza volviera a ordenar su detención. Fue arrestado de nuevo en España, en la Universidad de Comillas (Cantabria). La Fiscalía pidió su prisión provisional, pero el juez dejó a Falciani en libertad con medidas cautelares.

En su caso, sí funcionó la cooperación europea: Francia compartió la lista con otros países, entre ellos España. Con la lista Falciani en la mano, se investigaron 659 nombres y se recuperaron 260 millones de euros. Entre los evasores fiscales pillados se encontraba el presidente del Banco Santander, Emilio Botín y su familia. La Agencia Tributaria ofreció a los españoles de la lista –empresarios, abogados– la posibilidad de pagar los impuestos que la información de Falciani demostraba que habían defraudado sin abrirles una inspección. Unos aceptaron y otros no. Estos últimos terminaron en los tribunales.

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. [...] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.

En octubre de 2022, Mediapart reveló que el París Saint-Germain (PSG) había encargado a una agencia especializada la creación de un “ejército digital” para lanzar ataques violentos y soeces en Twitter (ahora X), en particular contra medios de comunicación (Mediapart, L'Équipe) y personalidades del club como el exjugador Adrien Rabiot, el ex director deportivo Antero Henrique e incluso el icono Kylian Mbappé. 

En aquel momento, el PSG, propiedad de Qatar, lo negó rotundamente: “El club nunca ha contratado a una agencia para perjudicar a personas o instituciones”.

La afirmación del club era sencillamente falsa. Así lo demostró la investigación judicial sobre los “manejos del PSG”, que se amplió al “ejército digital” a raíz de las revelaciones de Mediapart. 

Los documentos judiciales, revelados ahora por Mediapart, confirman que el PSG encargó y pagó efectivamente a la agencia Digital Big Brother (DBB) por este concepto. Además, el presidente del club, Nasser Al Khelaïfi, estaba perfectamente al corriente no sólo de la existencia del “ejército digital”, sino también de ciertas operaciones, como la que apuntaba al antiguo director de L'Équipe, Jérôme Cazadieu.

La operación estaba dirigida por Jean-Martial Ribes, director de comunicación del PSG hasta mayo de 2022. Los mensajes extraídos de su teléfono por agentes de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) revelan la violencia de las instrucciones que dio a DBB para “hundir” y “desacreditar” a las personalidades señaladas por el club. “Les pedí que criticaran. A eso me refiero con 'hundir'. Estamos en guerra y en gestión de crisis. Es como un entrenador habla a un equipo, con palabras directas y agresivas, para espabilarles”, alegó en su defensa mientras estaba detenido. 

El argumento no convenció al juez de instrucción Vincent Lemonnier, que imputó a Jean-Martial Ribes el 1 de diciembre por siete delitos, dos de ellos relacionados con el “ejército digital”: acoso moral por internet contra Jérôme Cazadieu y contra Nelson, un seguidor del Rennes abofeteado por Neymar en 2019; y utilización y difusión ilícitas de los datos personales de Nelson “que permiten identificarlo con el fin de perturbar su tranquilidad o atentar contra su honor”. 

Nelson y Jérôme Cazadieu presentaron primero una denuncia a raíz de las revelaciones de Mediapart, y luego interpusieron una demanda civil tras recibir una notificación a la víctima del juez de instrucción. 

Contactados por el periódico francés, Nasser Al Khelaïfi y el PSG no han respondido. El empresario franco-tunecino Lotfi Bel Hadj, responsable del DBB, también se negó a contestar. “En aras de una buena continuación de la investigación judicial, no deseo responder a sus preguntas, ya que mi cliente ni siquiera ha sido interrogado aún por el juez de instrucción”, explicó el abogado de Jean-Martial Ribes, Romain Vanni.  

Como informó el diario francés Libération, todo comenzó justo después del bloqueo a Qatar, puesto en marcha en junio de 2017 por varios países del Golfo encabezados por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Fue el inicio de una batalla en la sombra, en la que se mezclaron el pirateo informático y la desestabilización, con jugadas sucias por ambas partes (ver las investigaciones de Mediapart aquí y aquí). 

El 25 de julio, la Oficina de Comunicación Gubernamental (GCO), el departamento de comunicación de Qatar, firmó en Francia un contrato de 2,6 millones de euros para actividades de lobby e influencia con la agencia ESL & Network, dirigida por Alexandre Medvedowsky, que fue miembro del Partido Socialista en Bouches-du-Rhône. Digital Big Brother (DBB), una empresa con domicilio en Barcelona, es elegida como subcontratista para las operaciones de internet. 

El proyecto está dirigido por Jean-Martial Ribes, a quien Nasser Al Khelaïfi contrató como “superdircom” justo después de que Qatar comprara el PSG en 2011. También se hizo cargo de la comunicación de otras entidades gestionadas por su jefe: el canal de televisión BeIN Sports y el fondo soberano Qatar Sports Investments (QSI). 

Uno de los primeros encargos de Ribes a DBB, en marzo de 2018, fue difundir información negativa sobre la visita a Francia del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán. 

“Qatar, todas las empresas de su entorno, incluido el PSG y sus directivos, empezaron a ser atacados en redes sociales y en los medios de comunicación”, declaró Jean-Martial Ribes a los agentes de policía. “El club sufrió ciberataques. BeIN Sports [...] también fue pirateada. Estamos [...] obligados a contratar agencias [...] para contrarrestar a las de Arabia Saudí. Es una guerra de presión y de comunicación y una cuestión de supervivencia para el país, porque había un bloqueo sobre Qatar”.  Tabién dice haber sido “hackeado” en aquella época: “Todos lo fuimos. Ya no podíamos ni hablar. El departamento de seguridad del club revisaba constantemente nuestros teléfonos en busca de micrófonos ocultos. Ya no nos fiábamos de nadie”. 

En este contexto de paranoia, Jean-Martial Ribes tuvo una idea: ampliar el alcance del contrato para incluir la defensa del PSG, BeIN y de Nasser Al Khelaïfi. “Entonces había muchas informaciones falsas sobre Nasser”, explicó durante su detención. 

Su primer objetivo fue Paris United, un colectivo de seguidores del PSG, en su mayoría anónimos pero bien informados, que acababa de publicar un libro sobre el club. Jean-Martial Ribes sospechaba que habían hackeado al PSG, lo que Paris United negó. 

El 22 de marzo de 2018, el director de comunicación del club pidió a DBB que “desestabilizara” al colectivo de seguidores. “Te estoy organizando la desaparición de Paris United, he rastreado toda la red”, le respondió un empleado de la agencia. Se trataba de “contrarrestar la información de Paris United e intentar descubrir a las personas que estaban detrás”, declaró Ribes a la policía. “Para nosotros, eran los Emiratos Árabes Unidos quienes lo financiaban. Había que ponerle fin”. Pero no hay pruebas concretas de esa financiación emiratí.

El 26 de junio de 2018, Ribes informó a Al Khelaïfi de que había utilizado “gratuitamente” los servicios de DBB para “cositas” sobre el PSG, pero que eso no podía seguir así. Quiere dar a la agencia un nuevo contrato sobre el club y sobre BeIN, para “atacar a quien haya que atacar”. “Es como crear un ejército en la sombra en internet”, le dijo al presidente del PSG. 

Nasser Al Khelaïfi le reprochó que planeara el proyecto sin decírselo. Ribes dijo a su jefe que “necesitaba [...] lo digital para luchar”, y que haría aprobar el proyecto “cuando todo estuviera listo”, porque “necesitaría financiación”. 

Cuatro días después, la agencia DBB firmaba un documento que le convertía en proveedor del PSG. Dada la paranoia que rodea al bloqueo de Qatar, no se firmó ningún contrato. Sólo hubo “una orden de compra firmada por varias personas, en la que se establecía que DBB trabajaría para crear la cuenta de Twitter Paname Squad”, punta de lanza del “ejército digital”, según declaró a la policía Jean-Martial Ribes. 

El ex director de comunicación del PSG “no cree” que Nasser Al Khelaïfi firmara la orden de compra, pero asegura que la decisión se tomó “con la dirección del club”. “Creo que lo hablé con Nasser. [...] Lo que puedo decirles es que él sabía que estábamos trabajando en la web para defender los intereses del club”, declaró a los investigadores. 

Los intercambios de SMS con su jefe confirman que el presidente del PSG estaba informado. En agosto de 2018, Nasser Al Khelaïfi le escribió para quejarse de un vídeo publicado por el periodista independiente Romain Molina. Jean-Martial Ribes le respondió que intentaba “desacreditarle con ataques en la web” y recordó a Nasser Al Khelaïfi que “estaba construyendo una red web para atacar o defenderse”, explica la policía.

El 1 de mayo de 2019, Nasser Al Khelaïfi está furioso porque un periodista independiente ha conseguido su número y ha intentado llamarle. Jean-Martial Ribes le envía información sobre ese periodista, afirmando que procede de su “gente de la web”, su “agencia especial, que lleva mucho tiempo detrás de él”. Ese mismo día, informa a su jefe de que va a tener que recortar el “presupuesto especial que vigila la web por todas partes y defiende y ataca”, añadiendo que va a “explicárselo de nuevo y que será mejor en directo”. 

El 14 de enero de 2020, Ribes escribe al presidente del PSG diciéndole que iba a almorzar con “todos los mandamases de lo digital [...], el ejército secreto”. En julio de 2020, le dijo a su jefe que su “ejército digital” va a aumentar el impacto de una de sus declaraciones. Ribes añade que lo hace "por él [Nasser Al Khelaïfi], que presiona por encima del resto”, dice la policía. 

La misión con DBB se interrumpe poco después, en el verano de 2020. “Recorté el presupuesto porque me di cuenta de que no servía para nada”, declaró a los investigadores el ex director de comunicación del PSG. 

Dado que conocía el “ejército digital”, “¿le pidió Nasser Al Khelaïfi que atacara a ciertas personas en internet?”, preguntó la policía a Jean-Martial Ribes. “Me preguntó tantas cosas que ya no me acuerdo”, respondió, evadiendo la pregunta.  

Sus mensajes demuestran que el presidente del PSG estaba informado del ataque contra el ex director editorial de L'Équipe, Jérôme Cazadieu, que dejó el diario deportivo en septiembre de 2023 para incorporarse a la Liga de Fútbol Profesional. 

En 2018, dos artículos de L'Équipe enfurecieron al PSG: el primero, en octubre de 2018, revelando la apertura de una investigación judicial sobre sospechas de amaño de partidos, que fue finalmente archivada, y otro, el 7 de diciembre, sobre el hecho de que el club podría verse obligado a vender a Neymar o a Mbappé en caso de sanciones por las normas sobre fair play financiero. 

Tras este segundo artículo, el PSG acusó en un comunicado a L'Équipe de “desinformar” y lanzó un boicot sin precedentes contra el diario deportivo, prohibiéndole asistir a entrenamientos y ruedas de prensa durante varios meses.

La noche de la publicación, el 7 de diciembre de 2018, Nasser Al Khelaïfi pidió a Jean-Martial Ribes que trabajara “con otros medios como Canal y RMC y atacara a L'Équipe”. Su director de comunicación le respondió que estaba llevando a cabo “una campaña en internet” contra Jérôme Cazadieu, que es, dijo, “un auténtico gilipollas”. 

Esa misma noche, Ribes pide a DBB que retuitee el comunicado de prensa del club. La agencia lo hace a través de la cuenta falsa de aficionados Paname Squad, punta de lanza del “ejército digital”, añadiendo un vídeo dirigido a Cazadieu en el que se ve a un hombre recibiendo un violento puñetazo en la cara. “Estamos con los mayores trolls de Twitter, vamos a tratar de dejar en ridículo a Cazadieu”, escribió un empleado de DBB a Jean-Martial Ribes con un emoticono de risas a carcajadas. 

“Sobre todo a él, muy importante”, insistió el director de comunicación del PSG. “Le vamos a volver loco, no te preocupes, ya verás cómo funciona este tipo de troleos”, replicó el empleado de DBB, enviándole una captura de pantalla de un nuevo tuit en el que Paname Squad ponía en boca de Jérôme Cazadieu una falsa reacción al comunicado del PSG: “No entiendo la reacción del club. Y eso que siempre hemos sido fieles a nuestra línea editorial de grandes pu...”. Como ya hemos revelado, el director editorial de L'Équipe luego sería víctima de muchas otras vilezas. 

Jean-Martial Ribes declaró a la policía que había sido autorizado por el PSG a “tomar las medidas necesarias y ser agresivo con el periódico”, porque sus artículos eran “falsos”. Pero luego, al ser interrogado de nuevo por los investigadores, admitió que el club había decidido no demandar a L'Équipe por difamación, en buena ley, porque durante una reunión interna sobre el tema, algunas personas pensaron que el PSG “podría no ganar”. 

Contactado por Mediapart, Jérôme Cazadieu declinó hacer comentarios. 

El segundo ataque que le ha valido a Jean-Martial Ribes una denuncia por acoso moral en internet se refiere a Nelson, un seguidor del Rennes que fue abofeteado por Neymar, delantero estrella del PSG. El “ejército digital” del club difundió su identidad en Twitter. 

Nelson fue entonces acosado tanto en internet como en la vida real. “La gente me increpaba por la calle. Acababa de abrir un restaurante y noté un gran descenso de clientes. La gente pasaba por delante de mi restaurante tocando el claxon y burlándose de mí. Creo que quienes lo hicieron no se dieron cuenta de las consecuencias”, explicó a Mediapart.

Todo comenzó el 27 de abril de 2019 en el Stade de France, después de que el PSG perdiera la final de la Copa de Francia contra el Rennes. Nelson hizo algunos comentarios poco amistosos a varios jugadores parisinos que habían subido de la grada (“¡Sucio bufón!”, le dijo al portero Gianluigi Buffon), y luego increpó a Neymar (“A ver si aprendes a jugar al fútbol”), quien respondió dándole una bofetada. 

Nelson y otros espectadores publicaron vídeos de la escena. El asunto causó furor en todo el mundo. Neymar recibió una suspensión de tres partidos de la Federación Francesa de Fútbol y una simple advertencia de los tribunales.  

Al día siguiente, Jean-Martial Ribes pidió a Fares, empleado de la agencia DBB encargada del ejército digital del PSG, que “hundiera” a Nelson en las redes sociales, donde utilizaba un seudónimo, pero sobre todo que encontrara su nombre. “¿Alguien tiene los datos de contacto de ese tío?”, tuiteó la cuenta Paname Squad, gestionada de forma encubierta por DBB.

“Insultó a todos los jugadores”, escribe Jean-Martial Ribes a Fares para justificar su solicitud de identificación. “Pero Neymar le dio una bofetada, el único que reaccionó”, apunta el empleado del DBB. “Sí, lo hizo bien”, responde el director de comunicación del PSG.  

Jean-Martial Ribes se alegró por tanto del golpe del delantero brasileño, pero consideró que el castigo no era suficiente, alegando que Nelson había hecho comentarios racistas –falso, según Nelson y los vídeos analizados por L'Équipe– y que había mentido al decir que le había hecho sangre –aunque Nelson sí sangró, según su testimonio y las imágenes consultadas por Mediapart–. El director de comunicación del PSG declaró a la policía que quería identificar a Nelson con vistas a que el club o los jugadores presentaran una denuncia, lo que finalmente no se hizo. 

También en la noche del 28 de abril el periodista Pierre Ménès cargó violentamente contra Nelson en el plató de Canal+  –“¡Este tío quiere dinero, es un sinvergüenza!”–. Esto desencadenó una nueva oleada de críticas en las redes sociales contra el seguidor del Rennes, quien anunció que presentaría una denuncia contra Ménès el 1 de mayo. 

Informado por Ribes, Nasser Al Khelaïfi le dijo que el PSG debía “ofrecer sus abogados” a Pierre Menès. Al final, el club no lo hizo, según declaró Ribes a la policía. 

También el 1 de mayo, Ribes recuperó dos mensajes publicados anónimamente por Nelson en Snapchat, en los que menciona su denuncia contra el periodista, pero también “su miedo a salir de casa” y sus “pensamientos suicidas”. 

Sin embargo, el director del PSG continuó siguiéndole la pista. Habló con Malik Nait-Liman, expolicía de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) y ahora oficial de enlace con los hinchas del PSG –que también ha sido inculpado en este caso–: “Tenemos que elaborar rápidamente un dossier sobre este sujeto, ya que puede tener antecedentes penales, para mañana” .  “Preguntaré a la policía, pero necesitaré su identidad”, responde Malik Nait-Liman.  “Sí, que no la tengo”, escribe Jean-Martial Ribes.  “Tienes que soltarle a los lobos, estoy buscando”, replica el antiguo policía. 

El 2 de mayo, Jean-Martial Ribes le envió el nombre y el número de móvil de Nelson:  “No tengo su apellido”. Gracias a un amigo policía, Malik Nait-Liman obtuvo el apellido y la dirección de Nelson y luego envió a Ribes la información de la base de datos del TAJ (Traitement d’antécédents judiciaires), el fichero de la policía. Los resultados fueron escasos:  “[Sólo] había tenido problemas con el alcohol”.  

Interrogado por la policía, Jean-Martial Ribes dijo que no recordaba cómo había obtenido el número de Nelson y que ignoraba que Malik Nait-Liman hubiera conseguido información del TAJ de forma ilegal. 

 “Nuestro cliente insiste en que nunca se quiso consultar antecedentes penales. Se trataba de obtener la información necesaria para que el departamento jurídico del club presentara una denuncia contra una persona determinada. [...] Nuestro cliente ignora por completo cualquier otro uso que pudiera haberse hecho de esta información”, respondieron los abogados de Malik Nait-Liman, William Bourdon y Vincent Brengarth (ver Caja negra). 

A última hora de la tarde del 3 de mayo, L'Équipe publicó una entrevista a Nelson, que sólo revelaba su nombre de pila y declaraba haber recibido amenazas. Dijo que se arrepentía de lo que les había dicho a Neymar y los demás jugadores, y que no había presentado una denuncia contra el delantero brasileño para calmar los ánimos. “He recibido un duro golpe psicológico, pero Neymar también”, concluyó. “Comprendo que no se encuentre bien después de todo esto. Sólo pido hablar con él para decirnos las cosas, disculparme y despedirme con un buen apretón de manos”. 

La entrevista no sirvió para calmar a Jean-Martial Ribes.  “¡Qué pedazo de mierda es ese tío!”, reaccionó. A las 21:01, la cuenta Paname Squad, gestionada por DBB en nombre del PSG, publicó un tuit en el que revelaba el apellido de Nelson y lo calificaba erróneamente de “pequeño estafador conocido por la policía”, con el emoticono del vómito. 

¿Pasó Jean-Martial Ribes esa información a la agencia? “Tal vez. Sinceramente, no puedo decírselo”, declaró a la policía, añadiendo que Nasser Al Khelaïfi no había sido informado de la operación. 

Mientras estuvo detenido, el ex director de comunicación del PSG no mostró ningún arrepentimiento: “Esta persona mintió. Teníamos que desacreditar a ese hombre, que agredió a nuestros jugadores. Con sus actos [...] y la cobertura mediática que les ha dado, esa persona se ha creado sus propios problemas”. 

 “Como todavía no tenemos acceso al procedimiento, no teníamos conocimiento de la declaración del Sr. Ribes. Pero en cualquier caso, no es seguro que un tribunal aprecie semejante estrategia, consistente en desprestigiar a la víctima”, declaró a Mediapart el abogado de Nelson, Philippe Ohayon. 

Los SMS de Jean-Martial Ribes también revelan que puso el  “ejército digital” al servicio de Nasser Al Khelaïfi para limitar el impacto de los artículos negativos sobre su jefe, en particular sobre los casos judiciales en su contra en ese momento. 

El 15 de julio de 2019, Mediapart reveló un caso de sobornos en el que estaba implicado Al Khelaïfi, embarazoso sobre todo porque afectaba negativamente a su defensa en la investigación judicial sobre la adjudicación de los Mundiales de Atletismo a Qatar, en la que el presidente del PSG estaba siendo investigado por corrupción. El caso fue posteriormente archivado por errores procesales. 

El mismo día, la agencia DBB advirtió a Ribes de que había  “mucha cobertura de Mediapart” en la prensa: “Estamos poniendo nuestro equipo en marcha para contrarrestar todo eso". El directivo del PSG también consiguió que el redactor jefe de la revista France Football censurara la información (ver la investigación de Mediapart). 

El 2 de agosto de 2019, Le Monde publicó una investigación sobre Nasser Al Khelaïfi, titulada “El jefe fantasma del PSG”. Jean-Martial Ribes estaba furioso porque el artículo aparecía “en primer lugar” cuando se tecleaba en Google su nombre y el de Nasser Al Khelaïfi . Había que “hacer desaparecer” el artículo de Le Monde y bajarlo “al menos a la tercera página” de resultados, ordenó Ribes. “Sí, nuestros equipos están en ello”, responde un empleado de DBB. 

El 2 de diciembre de 2019, el patrón del PSG fue interrogado por la fiscalía suiza en el marco de un caso de corrupción vinculado a la FIFA y del que posteriormente fue absuelto. “¿Quieres un poco de contraataque o quieres que veamos primero si sale o no en prensa?”, pregunta un empleado de DBB a Ribes. “Entre tanto, si tienes alguna respuesta a las falsedades que se han escrito, podemos pasársela a Paname Squad”.

El 21 de diciembre de 2018, Mediapart publicó un resumen de las investigaciones de Football Leaks en forma de álbum de fotos de las personalidades concernidas, entre ellas Nasser Al Khelaïfi y el emir de Qatar. Jean-Martial Ribes escribió a DBB que “deberían hacerse las mismas fichas con los periodistas de Mediapart”. Varios de los periodistas de Mediapart, entre ellos el autor de este artículo, fueron atacados por la cuenta Paname Squad. 

La investigación judicial ha descubierto finalmente un objetivo hasta ahora desconocido: el rally Dakar, propiedad del grupo Amaury –dueño también de L'Équipe– y de su difusor, France Télévisions. Tras 11 años en Sudamérica, Amaury había decidido organizar el rally en Arabia Saudí, enemigo de Qatar, a partir del 5 de enero de 2020. 

El 14 de noviembre de 2019, dos meses antes del inicio de la primera edición saudí, Jean-Martial Ribes encargó a DBB una campaña de desprestigio. Especificó sus objetivos a la agencia una semana después: “Atacar a France Télévisions”, a la presidenta del grupo, Delphine Ernotte, y a Lelet, el director deportivo Laurent-Éric Le Lay. 

La operación parece que fue un éxito. El 17 de diciembre de 2019, DBB envió a Jean-Martial Ribes un “informe de actividades” titulado Dakar 2020, en el que la agencia afirmaba haber generado artículos negativos sobre el Dakar. Se desconoce qué artículos, ya que el documento no se ha incluido en el expediente judicial en esta fase. Contactados sobre este asunto, Jean-Martial Ribes y Lotfi Bel Hadj, jefe de DBB, se han negado a responder. 

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Contactados por Mediapart, Jean-Martial Ribes y Lotfi Bel Hadj, director de la agencia DBB, se negaron a responder. Nasser al-Khelaïfi y el PSG tampoco respondieron.

Malik Nait-Liman, abogado del expolicía y antiguo representante de los seguidores del PSG, envió la siguiente respuesta:

“Nuestro cliente insiste en que nunca trató de consultar antecedentes penales. El objetivo era obtener la información necesaria para que el departamento jurídico del club pudiera presentar una denuncia contra una persona determinada, dado el carácter delictivo de los hechos reprochados. Nuestro cliente no tiene nada que ver con cualquier otro uso que pudiera haberse hecho de esa información, con todas las reservas que correspondan a la vista del procedimiento en curso. No dispone de ninguna información al respecto. La mención “soltar a los lobos” se refería, desde un punto de vista general, a la reacción pública a las actos de Neymar, que era el jugador más destacado del Paris Saint-Germain, así como a la respuesta jurídica necesaria.

En este punto, nos gustaría reiterar que hemos impugnado en varias ocasiones la legalidad de las actuaciones y su carácter altamente incriminatorio. En este caso, nuestro cliente lamenta, entre otras cosas, el uso totalmente exagerado del término "manejo", que no refleja la realidad de su intervención y ni siquiera menciona el carácter tendencioso de las investigaciones. Reitera que está a disposición de la justicia para proporcionar toda la información necesaria”.

Traducción de Miguel López

El martes de la semana pasada, a las 16.36 horas, llegó al Tribunal Penal de Lisboa un escrito de 85 páginas. Fue presentado por el equipo jurídico de Rui Pinto, el cerebro detrás de la plataforma Football Leaks. Se trata de un documento esperado con impaciencia: el recurso demuestra que Pinto se está preparando para dar la batalla en los tribunales europeos.

Pinto, el estudiante de Historia que entregó más de 70 millones de documentos a la revista alemana Der Spiegel y a sus socios de la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre, fue detenido en Budapest en 2019. Sus datos revelaron un fraude fiscal sistemático en el fútbol de élite, que permitieron abrir investigaciones judiciales en varios países. Pero la Justicia también se interesó por cómo Pinto había obtenido los documentos.

Durante unos tres años, el portugués tuvo que responder por ello en un juicio celebrado en Lisboa. Los cargos incluían 90 infracciones penales. Entre ellas, cargos de intento de extorsión, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia. Pinto no recibió su veredicto hasta el pasado mes de septiembre: fue declarado culpable de nueve cargos, entre ellos el intento de extorsión a un controvertido agente deportivo. El juez fijó la condena de Pinto en cuatro años, con suspensión condicional de la pena.

Ahora el portugués se defiende. En el recurso, al que han tenido acceso Der Spiegel y sus socios internacionales, los abogados de Rui Pinto atacan puntos centrales del proceso judicial. También se refieren a la ley de amnistía promulgada en Portugal este verano con motivo de la visita del papa Francisco en virtud de la cual se liberó a jóvenes delincuentes de ciertos delitos menos graves. Pinto también se benefició de la medida de gracia, ya que en virtud de ella se le retiraron 79 cargos. Con el recurso, sus abogados quieren comprobar ahora si otros delitos por los que Pinto fue condenado también deben quedar cubiertos por la amnistía.

Un segundo elemento del contraataque de Pinto se refiere a la acusación de intento de extorsión a Doyen Sports Investments Limited, un fondo creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, David Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En su recurso, los abogados argumentan que algunas de las pruebas que consideran exculpatorias no fueron suficientemente tenidas en cuenta en la sentencia. Se trata de correos electrónicos que supuestamente demuestran que Pinto desbarató el intento de chantaje por iniciativa propia. Los abogados piden al tribunal que absuelva a Pinto del cargo tras revisar esa prueba. El intento de extorsión constituye por sí solo la mitad de los cuatro años de la pena suspendida.

La defensa de Pinto también pide al tribunal que reconsidere fundamentalmente otros dos aspectos. El primero, que Pinto admitió durante el juicio que había tenido acceso no autorizado a datos personales y buzones de correo de terceros. El segundo, que explicó que muchos de los delitos que se le atribuyen fueron cometidos por otros miembros de la red Football Leaks. Aunque Pinto había recibido de ellos los datos y también había participado en la planificación de los ataques, no se llevó él mismo el material. Sin embargo, Pinto aún no ha revelado la identidad de sus presuntos cómplices.

En su sentencia, el tribunal consideró “inverosímiles” las declaraciones de Pinto, ya que la fiscalía no había encontrado pruebas de la participación de otras personas en el delito. Los abogados de Pinto argumentan ahora, entre otras cosas, que los investigadores no encontraron comunicaciones con periodistas, pero que se ha demostrado que existieron. El análisis técnico de algunos de los soportes de datos encontrados en el apartamento de Pinto también sugiere la implicación de otras personas, explican los abogados.

Además, la orden de detención europea con la que Pinto fue detenido en Budapest en 2019 va a ser reexaminada en el procedimiento de apelación. Los abogados plantean la cuestión de si la orden era suficiente como base para llevar a cabo un proceso judicial tan extenso en Lisboa. La pregunta puede servir de preparación de otros pasos procesales con los que Pinto querría que se aclarara su posición ante los tribunales europeos.

En última instancia, su caso podría dar lugar a sentencias pioneras sobre cómo afrontar la ciberdelincuencia, qué información se considera de interés social y cuál es el ámbito de actuación de los Estados nacionales. Serían fallos importantes que también podrían dar a otros informadores, denunciantes de corrupción y fiscales de Europa un poco más de seguridad jurídica. Pero también sería un largo camino, que plantea una pregunta: ¿puede Pinto permitirse económicamente otra batalla legal que puede durar años?

El portugués, que tiene 35 años, vive en el programa de protección de testigos desde hace unos tres años y no tiene ingresos significativos. Su equipo legal está formado por Francisco Teixeira da Mota, su hija Luisa y el francés William Bourdon, que también ha defendido a Edward Snowden, el filtrador que hizo público el programa de vigilancia masiva de la CIA y la NSA. Ya se han gastado “miles de dólares” en los renombrados abogados, asegura Delphine Halgand-Mishra, directora ejecutiva de The Signals Foundation, la red estadounidense para la protección de whistleblowers que ha sufragado hasta ahora los gastos de la defensa de Pinto. “Los denunciantes de corrupción y quienes, como Rui Pinto, revelan información de interés público son el freno de emergencia de nuestra sociedad. Garantizan que nuestras democracias sigan prosperando y que los poderosos rindan cuentas. Merecen nuestro apoyo”, explica Halgand-Mishra.

La responsable de The Signals Foundation está buscando más donantes para financiar a los abogados de Pinto y también se ha abierto al público una página de donaciones. Porque, además del recurso, Pinto se enfrenta aún a otra acusación: presentada en julio, la fiscalía le acusa de 377 delitos. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido si habrá juicio: primero debe aclarar cuántos de esos cargos ya han sido perdonados por la reciente ley de amnistía.

Al menos Pinto, sus abogados y Halgand-Mishra ya no tienen que preocuparse por uno de ellos: el miércoles, el portugués se declaró culpable ante un tribunal de París de haber tenido acceso no autorizado a los buzones de correo de los directivos del Paris Saint-Germain entre 2015 y 2019. La información filtrada sirvió para destapar los trucos financieros practicados en el club francés, financiado por Qatar, así como su racista sistema de ojeadores. El tribunal parisino ha condenado a Pinto a seis meses de prisión, que ha dejado en suspenso. También deberá pagar los honorarios del abogado y una indemnización al PSG: un euro. Un pago simbólico.

El Real Madrid ha devuelto a Providence Equity Partners 136,03 millones de euros, poco más de la mitad –el 54,4%– de los 250 millones que recibió en virtud del contrato de cuenta en participación que había firmado en 2017 con una de las filiales luxemburguesas del fondo de inversión estadounidense, cuyos beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en las Islas Caimán. Así consta en las cuentas que esa filial, PQ Media Sàrl, ha depositado en el Registro Mercantil de Luxemburgo y que ha consultado infoLibre.

A cambio de esos 250 millones, el club debe remunerar al fondo con un tanto por ciento de la cantidad en que aumenten sus ingresos por patrocinio: un fijo de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, más un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones.

Al menos así era en el momento de la firma del contrato. Pero llegó la pandemia y el negocio del fútbol se vio tan afectado como el resto de la economía. De forma que, en los tres primeros ejercicios, la retribución a Providence quedó muy por debajo de las previsiones iniciales del club. Tan es así que ambas partes renegociaron el acuerdo en el ejercicio 2019/2020 –los ejercicios fiscales del Real Madrid coinciden con las temporadas deportivas, de junio a junio–: Providence aumentó de 200 a 250 millones el préstamo inicial, y el periodo de vigencia, en principio cuatro años prorrogables otros dos más, se extendió a un máximo de nueve años. Hasta 2027.

Es decir, de no haber renegociado el contrato y ampliado el periodo de reembolso, el Real Madrid debería haber devuelto ya en 2023 los 200 millones iniciales que Providence le ingresó. Y no habría podido, ya que en cinco años sólo ha podido pagarle 136 millones. Ahora tiene cuatro años más para abonar al fondo los restantes 114 millones que le quedan hasta completar los 250 millones finalmente concedidos.

Entrando en detalle, en junio de 2018, el primer ejercicio en que estuvo en vigor el contrato, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12.653.593 euros. En 2019, le ingresó 16.473.333 euros. En 2020, 27.343.000 euros, según las cuentas depositadas en Luxemburgo por PQ Media Sàrl. En 2021, la cantidad ascendió a 36.981.000 euros y el año pasado, a 42.581.000. Es decir, en cinco años ha devuelto 136.031.926 euros. Las últimas cuentas que PQ Media Sàrl ha depositado en el Registro de Luxemburgo se refieren al año fiscal que termina en junio de 2022; es decir, aún no entregado las de 2022/2023, el ejercicio cerrado en junio de este año.

Pese al aumento en las cuantías de los reembolsos experimentado en los dos últimos ejercicios, las cifras siguen aún lejos de las presupuestadas originalmente por el club de Florentino Pérez. También después de superado el bache de la pandemia, cuando los estadios estaban cerrados.

Tal y como revelaron los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, la entidad blanca había programado un pago de 27,66 millones para 2019 y otro de 61,22 millones para 2020. Para 2021, la previsión era retribuir al fondo con 63,5 millones de euros más. Football Leaks es un proyecto de investigación periodística que destapó el lado más oscuro de la industria del fútbol, a partir de una filtración de más de 70 millones de documentos: desde el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta los de Messi y Neymar, pasando por los mecanismos pergeñados por el Manchester United y el Paris Saint Germain para burlas las reglas del juego limpio financiero de la UEFA.

Para cumplir con lo comprometido, el Real Madrid está obligado a aumentar considerablemente sus ingresos por patrocinios. Al menos ésas eran sus expectativas cuando firmó el contrato con Providence en noviembre de 2017. De hecho, el plan que el entonces recién contratado director global de Patrocinios, David Hopkinson, presentó al club al hacerse cargo de la tarea consistía en elevar a entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto en 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates. También quedan fuera del acuerdo con el fondo los patrocinios deportivo y comercial de la camiseta y de los naming rights –derechos sobre el nombre– de los estadios y campos de entrenamiento.

Pero, según puede comprobarse en las cuentas anuales del club, los ingresos por licencias y patrocinio no han tenido la explosión esperada. En 2019 crecieron sólo un 0,38% respecto al año anterior. En 2020 aumentaron un 8,5% y en 2021 el alza anual fue del 6,7%. Ese año alcanzaron los 278,48 millones de euros. Pero en 2022 la cifra cayó un 16,9%, tras reducirse a 231,28 millones, y en 2023, hasta junio, se han encogido aún más, hasta 231,7 millones, una cifra inferior incluso a la de 2018, cuando ascendieron a 239,68 millones de euros.

En el informe económico, el Real Madrid sólo menciona el contrato con Providence en una breve nota donde se hace constar un “saldo acreedor” derivado de ese acuerdo por importe de 4,07 millones de euros en el último ejercicio, etiquetado como “acreedores de marketing”. En ese capítulo no figura ninguna cifra correspondiente al ejercicio anterior.

“Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015 destaca, además, que este tipo de acuerdos –LaLiga ha suscrito también un contrato de cuenta en participación con otro fondo, el británico CVC– no se firman con las condiciones de “una entidad financiera normal”, sino que, por el contrario, éstas suelen ser “más agresivas en el retorno”. “Lo visten como ‘tengo un partner estratégico que me va a ayudar a desarrollar mi negocio digital’ pero, en realidad, es un préstamo participativo de toda la vida”, critica.

La cifra de negocio del Real Madrid tampoco ha recuperado aún los niveles precovid. En el ejercicio cerrado el pasado junio, ascendió a 804,49 millones de euros, un 11,5% más que en 2022, pero aún un 2,2% por debajo de los 822,1 millones que ingresó en el ejercicio 2019/2020. También los beneficios del club han disminuido en 2023, un 8,6% respecto al año fiscal anterior, cuando ganó 12,93 millones de euros. En 2019, el club obtuvo unos beneficios de 38,4 millones de euros, casi el triple.

Aunque para 2024 ha presupuestado un aumento de ingresos totales del 11%, hasta los 939,54 millones, el Real Madrid prevé que los beneficios caigan hasta los 6,35 millones, una cifra que equivale a la mitad de lo que ganó en cada uno de los dos últimos ejercicios. El club de Florentino Pérez, según declara en el último informe económico, confía en que el fin de las obras del estadio Santiago Bernabéu este mismo año le permita aumentar sus ingresos en 2024, cuando cree que todas las líneas de negocio estarán ya “a plena explotación”.

Ocho años después de sacudir el mundo del fútbol, Rui Pinto, el informante de Football Leaks, se prepara para conocer el veredicto del proceso que lo ha llevado varias veces en los últimos tres años desde la casa en la que vive bajo protección policial en una dirección secreta hasta el Campus de Justicia de Lisboa

Fue en 2015, entre pintas de cerveza en Praga (Checoslovaquia), cuando Rui Pinto y un grupo de amigos decidieron atacar el negocio del fútbol. En agosto de ese año, de vuelta a Budapest (Hungría), donde residía, Rui Pinto se puso “manos a la obra”, como diría ante el tribunal durante el juicio, dejando también una garantía: “El ataque inicial no fue perpetrado por mí”. El objetivo era sacar a la luz el lado oscuro del fútbol. “Mirabas los informes y las cuentas de los tres grandes, y veías cómo desaparecía el dinero”, declaró ante el tribunal en octubre del año pasado. Pinto también admitió la existencia de un “acceso ilegítimo” para obtener la enorme colección de documentos que poco después aparecieron en el blog Football Leaks.

Los primeros documentos, publicados a finales de septiembre de 2015, apuntaban al Sporting de Lisboa. Pocos días después, se compartieron documentos del fondo Doyen, lo que llevó al vehículo de inversión de la familia kazaja Arif, liderada por el portugués Nélio Lucas, a presentar una denuncia ante la Policía Judicial lusa. Doyen Sports Investments Limited, creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Con la denuncia de Lucas comenzaron las pesquisas que terminaron con la detención del informático portugués en Budapest en enero de 2019.

Entretanto, desde la capital húngara, Rui Pinto siguió la explosión del proyecto Football Leaks, los más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. La revista alemana los ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto infoLibre como Expresso. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desveló las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

A finales de ese mismo año, otro blog, Mercado de Benfica, volcó en internet documentos de este equipo lisboeta, pero las publicaciones terminaron al cabo de sólo unos meses, poco después de la detención de Rui Pinto. Por lo que crecieron las sospechas de que ese proyecto también era suyo –Rui Pinto lo negó ante el tribunal–.

Fue en octubre de 2020 cuando arrancó en Lisboa el juicio del caso Football Leaks, desencadenado por la denuncia de Doyen en 2015. Rui Pinto fue acusado de 90 delitos: 68 de acceso indebido, 14 de violación de correspondencia, seis de acceso ilegítimo, uno de sabotaje informático al Sporting y otro de intento de extorsión a Doyen. Otras víctimas del hackeo fueron el bufete de abogados PLMJ y la Federación Portuguesa de Fútbol.

Además, el pasado mes de julio, mientras esperaba sentencia en este caso, Rui Pinto volvió a ser acusado por el Ministerio Público en otra causa, esta vez por 377 delitos informáticos que incluían al Benfica entre los perjudicados. Lo que ocurra con él se hará previsiblemente público este lunes.

Este verano, la visita del papa Francisco a Portugal propició la aprobación de una amnistía, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, para algunos delitos cometidos por jóvenes. La pista de cómo la amnistía podría beneficiar a Rui Pinto está en el auto de la jueza que aplazó la sentencia del creador de Football Leaks hasta el 11 de septiembre.

Según Margarida Alves, el acusado podría acogerse al beneficio decretado con motivo de la visita papal “en relación con algunos de los delitos [...], a saber, el delito de violación de correspondencia y el delito de acceso indebido, que, en sus formas simples, se castigan precisamente con pena de prisión de hasta un año o multa". "Dada su edad en el momento de cometerse los delitos, el acusado entra en el ámbito de aplicación de dicha ley”, se lee en el escrito.

Cuando la magistrada aplazó la lectura de la decisión, la ley de amnistía aún no había entrado en vigor –lo hizo el 1 de septiembre–. Pero Margarida Alves entendió que no tenía sentido condenar al presunto hacker por delitos por los que más tarde podría ser amnistiado. 

Tal y como ha subrayado la jueza, si Rui Pinto es condenado –y todo apunta a que así será, ya que el acusado confesó algunos delitos y la jueza ha dado a entender que considera algunas de las pruebas de la acusación– los delitos castigados con un año de prisión serán amnistiados. Es decir, 14 delitos de violación de correspondencia y otros 68 de acceso indebido. Pero tampoco es inevitable. “Hay causas de exclusión relacionadas con la reincidencia, por ejemplo”, explica a Expresso un abogado que no quiere ser identificado: “Si la jueza considera que ha habido reincidencia, puede no aplicar la amnistía”. 

En cuanto al delito de extorsión en grado de tentativa –por sugerir a Doyen un pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones–, también fue imputado al abogado Aníbal Pinto, quien, al tener más de 30 años cuando tuvieron lugar los hechos, no podrá beneficiarse de ningún indulto. Según indica otro abogado, este delito, incluso en grado de tentativa, es uno de los que están “excluidos” de la ley de amnistía. Lo mismo ocurre con los delitos de sabotaje informático y acceso ilegítimo, que están contemplados en la ley de ciberdelincuencia y para los que no puede haber indulto. Pero, aunque el juez no se pronuncie en este sentido, el primer abogado señala que “la ley de amnistía establece que el indulto sólo puede aplicarse si se indemniza a las víctimas”.

A sus 34 años –cumple 35 en octubre–, Rui Pinto se enfrenta a uno de los juicios más sonados de la última década en Portugal. Ha vivido los últimos tres años bajo protección policial en un lugar desconocido, mientras colaboraba con la Policía Judicial lusa para procesar la información de los discos duros que le fueron incautados, en busca de pruebas de delitos con las que abrir nuevas investigaciones, tanto dentro como fuera del fútbol.

A pesar de su vida de reclusión, no ha dejado de aparecer ocasionalmente en Twitter –ahora X–, ante sus 125.000 seguidores. En una de sus últimas publicaciones, el 24 de agosto, volvió al fútbol. “El equipo especial creado en 2018 en el DCIAP [Departamento Central de Investigación y Acción Penal] para investigar los delitos de corrupción en el fútbol solo buscaba servir a los intereses de los clubes que cometieron los delitos, especialmente el Sport Lisboa e Benfica”, acusó.

Pero la detención y el juicio le han dejado un sabor amargo. “Sabiendo lo que sé hoy, no volvería a hacer lo que hice”, dijo ante el tribunal en octubre de 2022. Rui Pinto ya ha sido objeto de un documental y un libro. Su vida añadirá un nuevo capítulo ahora.

Una de las señas de identidad de infoLibre en sus primeros diez años de historia ha sido el periodismo de investigación. Nos sentimos orgullosos de cientos de informaciones que han denunciado comportamientos corruptos, privilegios o intereses ocultos de los poderosos, que han desvelado hechos del máximo interés público y que han tenido un importante impacto social. No resulta fácil seleccionar diez de esas investigaciones, pero las que te contamos a continuación sin duda definen ese periodismo comprometido de infoLibre.

Este periódico nació el 7 de marzo de 2013 y la primera portada fue ya toda una declaración de intenciones: Los dueños del gigante de la sanidad privatizada se ocultan en las Caimán. La compañía entonces denominada Capio, primer grupo sanitario privado y mimado especialmente por los Gobiernos madrileños del PP, tenía una compleja estructura societaria que pasaba por los Países Bajos y Luxemburgo, para terminar en las islas Caimán. Una trama que convertía en misión imposible conocer la identidad de los verdaderos dueños de una empresa que se alimentaba en buena medida de dinero público, ya que la colonia británica es uno de los territorios más opacos desde el punto de vista fiscal.

El juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado que investigaba la querella por la privatización de hospitales madrileños presentada por la asociación de médicos Afem, requirió a infoLibre copia de los documentos que acreditaban la conexión de Capio con sociedades de las Islas Caimán. En noviembre de 2014, la Audiencia Provincial ordenó archivar la investigación judicial.

infoLibre fue el primer medio que consiguió, a finales de noviembre de 2013, los correos secretos de Miguel Blesa, quien entre 1996 y 2009 había sido presidente de Caja Madrid. Este periódico publicó decenas de informaciones exclusivas, entre ellas que Blesa le había buscado a su íntimo amigo José María Aznar un contrato como comisionista de una empresa que vendía armamento a Venezuela. El contrato no llegó a “concluirse”, según la versión del expresidente del Gobierno, quien denunció a infoLibre ante la Fiscalía General al entender que la publicación de los mensajes constituía un delito de revelación de secretos. La denuncia de Aznar no prosperó.

Los correos de Blesa destaparon, entre otras muchas cuestiones, que la entidad ahorro ya sabía en 2006 que los preferentistas nunca recuperarían su inversión al completo. O que la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre impulsó que Caja Madrid y Telemadrid comprasen derechos del fútbol sabiendo que se perdería dinero.

Esperanza Aguirre fue, precisamente, la protagonista de otra relevante exclusiva de este periódico. Durante la campaña de las elecciones municipales de 2015, cuando la dirigente del PP aspiraba a convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre se negó de forma reiterada a revelar cuáles habían sido sus ingresos. infoLibre puso fin a la opacidad al desvelar, el 21 de mayo de aquel año, sus ingresos: en 2013 Aguirre ganó 369.000 euros como cazatalentos en Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.

La dirigente madrileña montó en colera y, nada más publicarse la información, ordenó al bus de campaña del PP donde iban los periodistas que se dirigiese a la Fiscalía General del Estado, donde interpuso una denuncia por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Aguirre culpó directamente al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la filtración. Y, tras los comicios, admitió públicamente que no había logrado la Alcaldía –para la que fue elegida Manuela Carmena– por la publicación de su declaración de la renta: el día que infoLibre destapó los datos el PP detectó “la caída de 12 puntos en el apoyo que hasta ese momento” tenía “entre los pensionistas”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, era dueño del 25% de una empresa en Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, según desveló infoLibre el 29 de mayo de 2017. La compañía panameña era, a su vez, propietaria de un chalé en España valorado entonces en 550.000 euros. Ante la negativa del fiscal a ofrecer su versión, este periódico llegó a enviarle un burofax para dejar constancia de los hechos, burofax que resultó clave para establecer la verdad de lo ocurrido cuando Moix intentó desactivar la noticia ofreciendo una versión falsa a través de un medio amigo. Tras tres días de mentiras públicas, el fiscal Anticorrupción tuvo que dimitir.

Este periódico también desveló que Manuel Moix, en su etapa de fiscal en Madrid, había evitado en tres ocasiones investigar a Ignacio González a pesar de que tenía pruebas más que evidentes sobre el escándalo de corrupción que terminó convirtiéndose diez años después en el caso Lezo, que supuso la detención del expresidente madrileño en 2017. Una asociación ciudadana denunció a Moix por el presunto delito de encubrimiento, pero el Supremo decidió archivar la querella.

infoLibre se convirtió en marzo de 2019 en el único medio español en formar parte de European Investigative Collaborations (EIC), consorcio europeo de periodismo de investigación del que forman parte entre otros la revista alemana Der Spiegel y el digital francés Mediapart (medio que tiene un acuerdo editorial con infoLibre y que también está entre sus principales accionistas). Desde entonces este periódico ha publicado decenas de informaciones de Football Leaks, filtración que ha desvelado la parte oculta del negocio del fútbol, incluyendo la utilización masiva de paraísos fiscales por parte de futbolistas y clubes con el objetivo de pagar menos impuestos.

Como parte del EIC, infoLibre ha publicado otras investigaciones relevantes, desde la historia de los 24 años de fracaso europeo en política fiscal hasta el saqueo del Congo por parte del dictador Joseph Kabila y su clan, los negocios del grupo de mercenarios Wagner en África, la utilización de España por parte del gigante petrolero Exxonmobil para transferir beneficios de Luxemburgo a Delaware sin pagar ni un euro en impuestos, o como España ayuda a las empresas alemanas a sortear la prohibición de Berlín de vender armas a Arabia Saudí.

Francisco Serrano, candidato de Vox en 2015 y en 2018 en las elecciones autonómicas andaluzas, proclamaba que había entrado en política para terminar con las “paguitas”. De quien no decía nada era de aquellos que estafan millones de euros de dinero público. Serrano tenía sus razones: como destapó en 2019 este periódico, el juez y dos socios se embolsaron 2,4 millones de euros de una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo. Las diferentes informaciones de este periódico sobre dieron lugar a la apertura primero de una investigación policial y luego otra judicial, cuyos frutos se conocieron en enero de este año: el juez procesó a Serrano y sus socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones.

Como es práctica bastante común entre los presuntos corruptos, Serrano intentó matar al mensajero, para lo que presentó una querella contra este periódico por presunta revelación de secretos. La jueza la desestimó, en un auto en el que recordó al juez “el deber moral de ejemplaridad” de los representantes políticos.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias y 7.291 mayores murieron en los geriátricos durante los dos primeros meses de la pandemia de covid. Aunque la presidenta madrileña y sus cómplices mediáticos intentaron imponer la falsa versión de que era un simple borrador y que las competencias sobre las residencias eran en realidad de Pablo Iglesias, infoLibre desveló las cuatro versiones del ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, documentos que reprodujo íntegramente.

Desde el inicio de la pandemia, infoLibre publicó decenas de informaciones exclusivas sobre lo que había ocurrido en las residencias de toda España y también sobre los principales grupos empresariales del sector, que en algunos casos son multinacionales que ocultan sus verdaderos propietarios en paraísos fiscales. Este periódico también ha puesto el foco en la pasividad del Ministerio Público a la hora de investigar lo ocurrido, que en el caso de la fiscal superior de Madrid –Almudena Lastra– llegó hasta el extremo de poner por escrito una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales conocidos.

Este periódico destapó el contenido del chat creado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, lleno de mensajes de altos mandos del Ejército retirados que sueñan con fusilamientos y golpes de Estado. “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”, escribió el antiguo general de división Francisco Beca. Los mensajes del chat desvelan la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo, con referencias de los militares a "pronunciamientos" y ataques furibundos a los partidos independentistas.

El Ministerio de Defensa decidió poner en conocimiento del Ministerio Público el contenido de los mensajes de los militares. Sin embargo, la Fiscalía archivó el asunto al entender que como el chat era “privado”, sus integrantes se expresan “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos”, pero sin que concurran “elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.

En junio de 2021, infoLibre empezó a publicar una serie de informaciones sobre empresarios españoles que disponían de sociedades en Luxemburgo. Eran parte del proyecto OpenLux, impulsado por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Una investigación periodística que descubrió, entre otros temas, que el traficante de armas El Assir declaraba ser dueño de una empresa en Luxemburgo con 77 millones que Anticorrupción atribuía a Rodrigo Rato, que el banquero Jaime Botín guardaba más de 85 millones en una sicav en el Gran Ducado, la trama societaria montada por el hijo de Ana Botín para controlar desde Luxemburgo 20 residencias de estudiantes en España o el destino de parte del dinero que la familia política de Aguirre se embolsó gracias a un pelotazo inmobiliario.

OpenLux fue la primera colaboración entre este periódico y OCCRP, a la que siguieron otras durante estos dos últimos años, entre ellas las conocidas como Suisse Secrets, que demostró cómo el banco Credit Suisse mantuvo cuentas de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo, o Radar de Activos Rusos, que analizó cuáles son los activos que realmente controlan los jerarcas próximos al Kremlin.

En junio de 2021, este periódico reveló que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, medió para una operación quirúrgica a la que debía someterse un familiar cercano del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea. Los hechos ocurrieron durante el pleno que la Asamblea Regional celebró el 14 de abril, cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demostraban esas imágenes es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: “Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”, escribió. “Cojonudo”, reaccionó Egea.

Los dos políticos del PP presentaron una querella contra infoLibre. El juez la archivó por medio de un auto en el que destacó “la diligencia” de este periódico en el contraste de la noticia.

El déjà vu ha sido inevitable. Cuando Mediapart, diario digital francés del que es socio infoLibre, desveló este miércoles que el Paris Saint-Germain (PSG) había contratado a una agencia para desplegar un ejército de trols con el que atacar a medios de comunicación y a quienes consideraba enemigos, desde la expareja de Neymar hasta Kylian Mbappé durante los días en que coqueteó con el Real Madrid, en España los aficionados al fútbol no pudieron por menos que recordar el Barçagate. Así se bautizó el escándalo que llevó al ahora expresidente del club blaugrana Josep Maria Bartomeu al calabozo en marzo de 2021 y que aún sigue en fase de instrucción en los tribunales. Un año antes, la Cadena Ser descubrió que el Barcelona FC había contratado a una empresa llamada I3 Ventures para que lanzara campañas difamatorias contra periodistas, rivales como Joan Laporta o Víctor Font e incluso jugadores como Leo Messi, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Carles Pujol y el actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Pero puede que ambos casos sean algo más que dos simples granos de arena en el convulso fútbol europeo. Porque no hace ni una semana que Der Spiegel, que junto a Mediapart, infoLibre y hasta una quincena de medios de comunicación forma parte de la red European Investigative Collaborations (EIC), publicó que el principal accionista del Hertha BSC había pagado a una agencia de seguridad israelí para que espiara y montara una campaña digital contra el presidente del club berlinés, a quien quería despedir. Lo que la revista alemana califica como un “escándalo sin paragón en la historia de la Bundesliga” y compara con los métodos de la Stasi, la policía política de la Alemania del Este, ha terminado con la salida inmediata del inversor, Lars Windhorst, del Hertha. El presidente espiado y difamado, Werner Gegenbauer, ya había dimitido el pasado 24 de mayo.

Las campañas del PSG, propiedad del Estado de Catar, fueron obra de una empresa registrada en Barcelona y llamada DBB (Digital Big Brother), a cuyo frente se encuentra Lotfi bel Hadj, un empresario franco-tunecino que se dedica a gestionar la comunicación digital de personalidades, empresas o incluso Estados. Para el PSG creó un ejército digital de falsas cuentas en Twitter que atacaban a medios de comunicación que el club francés consideraba hostiles, como Mediapart y L'Equipe en Francia o Der Spiegel en Alemania, y al presidente del Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Pero también se ensañaron con el hincha que fue abofeteado por Neymar en abril de 2019 –revelaron su identidad– y pusieron en solfa la reputación de la mujer que había acusado a la estrella brasileña de violación. E incluso dispararon fuego amigo, contra su jugador Adrien Rabiot –y contra su madre, que también es su agente– y el ex director deportivo Antero Henrique. No se salvó ni Kylian Mbappé, el fichaje más caro de la historia del fútbol, cuando en 2019 insinuó que iba a dejar el club.

Según un informe elaborado por DBB, que revisa su actividad para el PSG en la temporada 2018/2019 y al que ha tenido acceso Mediapart, ese ejército de trols estaba supervisado por el departamento de comunicación del club parisino. La cuenta de referencia que lanzaba los ataques era Paname Squad, pero a su alrededor orbitaba una docena de cuentas asociadas: Lana PSG, Ultra Attitude, Janot PSG o La daronne du parc, que amplificaban las campañas.

Las similitudes con el Barçagate son más que significativas. El caso se destapó en febrero de 2020 y, como han hecho ahora tanto el PSG con DBB como el Hertha con Shibumi Strategy, el Barcelona negó haber contratado a I3 Ventures para mejorar la imagen del club o atacar a otros, sino sólo para monitorizar su actividad en redes sociales. Después se supo que el Barça había pagado al menos 980.000 euros a la empresa, fraccionados en facturas de 198.000 euros cada una para eludir el preceptivo control de la junta directiva. Aunque, según el informe que elaboraron los Mossos d’Esquadra, los pagos habían alcanzado los 2,31 millones de euros en tres temporadas, no sólo a I3 Ventures sino a todas las empresas del grupo Nicestream en el que estaba integrada. Los Mossos cifraban en un mínimo de 843.300 y un máximo de 1,22 millones de euros el perjuicio económico que ese contrato había infligido al club, porque pagó a ese grupo “un precio muy superior al trabajo realmente efectuado”.

El dueño de Nicestream era el uruguayo Carlos Rafael Ibáñez Constantino, quien en su momento también negó que gestionara contenidos para el Barça e incluso aseguró que los canales que se le atribuían no eran suyos. “Es como si nosotros tenemos un garaje y alquilamos la plaza a alguien, pero el coche no es nuestro”, explicó en una entrevista en Radio Catalunya. No obstante, Nicestream había hecho campañas similares para el conservador chileno Sebastián Piñera, el Gobierno del ecuatoriano Rafael Correa contra un diputado opositor o contra los Kirchner en Argentina. Según El País, la empresa de Ibáñez Constantino era la responsable de más de 900 cuentas que entre 2014 y 2015 se dedicaron a hacer campaña contra el secesionismo catalán. En 2015, I3 Ventures ofreció al PP por 1,4 millones de euros un trabajo similar al que hizo después para el Barcelona.

En el caso del PSG, Lotfi Bel Hadj y su empresa UReputation trabajaron en 2019 para el candidato presidencial tunecino Nabil Karoui mientras éste estaba en prisión. Entonces, Facebook cerró decenas de cuentas y páginas sospechosas de estar vinculadas a Bel Hadj. El think-tank Atlantic Council ha criticado sus prácticas en un informe titulado Operación Cartago

En el del Hertha berlinés, hay un componente que puede considerarse hasta humorístico. La agencia israelí Shibumi dedicó 20 personas al que denominó Proyecto Euro 2020. Agitaban los ánimos contra el presidente del club en redes sociales y foros. Los días de partido distribuían folletos y pegatinas contra Werner Gegenbauer. Contrataron a un dibujante para que lo caricaturizara como un demonio. Fueron, por tanto, más allá del mundo digital. También espiaron el entorno privado y profesional del ya expresidente del club. Incluso intentaron sonsacar información a la hija de Gegenbauer.

El precio de tanto trabajo era 1,5 millones de euros, en 12 plazos mensuales de 125.000 euros, en la línea de lo que pagó el Barça por su campaña. Pero, tras la dimisión de Gegenbauer, Shibumi exigió una comisión extra por objetivos cumplidos de cuatro millones de euros, a la que supuestamente se había comprometido Lars Windhorst de forma verbal en una reunión. Antes de eso, el inversor del Hertha ya había incumplido otros plazos de pago. Y se negó en redondo a abonar la comisión adicional. Así que el pasado mes de septiembre Shibumi le puso una demanda en un tribunal de Tel Aviv. Que retiró el mismo día que el diario británico Financial Times destapó el caso.

El Barçagate también está en los juzgados. En concreto, sigue aún en instrucción en el número 13 de Barcelona, del que es titular Alejandra Gil. Pero en estos casi tres años desde que estallara el escándalo, Bartomeu dimitió –ocho meses después, en octubre de 2020– y fue detenido en marzo de 2021, sólo seis días antes de las elecciones en el club que ganó Joan Laporta. También fueron arrestados otros tres de sus directivos: Óscar Grau, director general del club; Román Gómez Pontí, responsable de los servicios jurídicos, y Jaume Masferrer, jefe del gabinete de Presidencia. Todos ellos han sido investigados por administración desleal y corrupción entre particulares. Nada más saltar el escándalo, ya presentaron su dimisión seis de los máximos ejecutivos del Barça.

Al mismo tiempo, Bartomeu encargó una auditoría a PricewaterhouseCoopers, que en julio de 2020 descartó que el club hubiera encargado y pagado a I3 Ventures para difamar a jugadores u opositores al presidente, e incluso consideró de mercado el precio abonado a la empresa de Ibáñez Constantino. La consultora ayudaba así al club a salir del paso de las acusaciones que había lanzado en una entrevista en RAC1 el exvicepresidente Emili Rousaud, uno de los dimitidos. “Creo que alguien ha metido la mano en la caja”, aseguró, “si pagas un millón de euros por un trabajo que tiene un coste de mercado de 100.000... Blanco y en botella”.

No obstante, PwC estableció que el club no había cumplido los protocolos internos para aprobar el contrato, al haber dividido el pago total anual en abonos menores para evitar los controles.

El Hertha berlinés también se ha apresurado a anunciar una “investigación independiente”, que llevará a cabo un despacho de abogados.

Más similitudes. Los troles del PSG no dudaron en lanzar ataques personales a los periodistas que consideraban hostiles. Llegaron a revelar seis dígitos del número de teléfono móvil del director de Mediapart, Edwy Plenel. O publicaron una falsa portada de L’Equipe. En el Barçagate, los Mossos d’Esquadra, que registraron despachos en el Camp Nou y los domicilios de Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer, encontraron una lista negra de periodistas, confeccionada por I3 Ventures. En ella figuran desde el presidente de Mediapro, Jaume Roures, hasta el periodista Jordi Costa de Catalunya Ràdio o el de RAC1 Gerard Romero y el diario Ara Antoni Bassas. Cada uno de ellos con su respectivo apunte. “Hablar de que es parte de las mafias del club (¿hacer un informe de las mafias del club?), que Roures participó en todos los procesos de corrupción del club”. Sobre Costa: “Critica permanentemente a Bartu y a la Junta, es indepe y hay que hacer un research [investigación]”.

Jaume Roures presentó una demanda por injurias y calumnias por los ataques que recibió en las cuentas creadas por I3 Ventures. Una de ellas se llamaba, de hecho, Jaume un film de terror. La jueza Alejandra Gil la archivó el pasado mes de abril, argumentando que no existen indicios de que Bartomeu y Masferrer contrataran a la empresa de Ibáñez Constantino para publicar “en redes sociales contenidos dirigidos a faltar el respeto y a imputar delitos” al presidente de Mediapro. También sostiene que los comentarios de esas cuentas son “feos, inadecuados e innecesarios”, pero no constituyen un delito. En ellas se acusaba a Roures de acoger a etarras en su casa, pagar sobornos, financiar golpes de Estado, chantajear a los medios… Roures ya ha recurrido la decisión de la jueza.

En cambio, el titular del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona estimó en septiembre de 2021 la demanda por despido que había presentado la responsable de Cumplimiento del Barça, Noelia Romero. Según la sentencia, el club la despidió en represalia por investigar la contratación de I3 Ventures. Romero pedía la nulidad de su despido disciplinario, pero el juez sólo le concedió la improcedencia, al rechazar que la apertura de la investigación sobre la empresa digital fuera una falta grave.

A diferencia del Barça, la carrera judicial de las campañas tanto del PSG como del Hertha no han hecho más que empezar. El hincha que fue abofeteado por Neymar y luego atacado en las redes sociales por DBB ha anunciado a Mediapart su intención de presentar una demanda. En Berlín, Windhorst ya ha puesto a la venta el 64,7% del capital del Hertha que posee, y al mismo precio que lo compró. En el club invirtió durante los últimos tres años 374 millones de euros, lo que no ha impedido que se salvara casi de milagro del descenso a Segunda la temporada pasada. El Hertha ya ha exigido a Windhorst una declaración jurada de que no tiene relación con la campaña digital contra Gegenbauer. Que podría tener relevancia penal si más tarde se demuestra que miente.

Las sanciones al Chelsea FC por los vínculos de su propietario, Roman Abramovich, con el régimen de Vladímir Putin, han puesto de nuevo en el punto de mira la proximidad de los clubes ingleses a los estados autoritarios. Documentos de Football Leaks, obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, revelan ahora que el Manchester City fue financiado directamente por una agencia gubernamental de Abu Dabi.

Según esos documentos, la sociedad matriz del Manchester City pagó millones en comisiones a agentes de jugadores, violando las normas internacionales, y que estuvo detrás de un acuerdo triangular secreto para fichar a un futbolista menor de edad español. Numerosos documentos de Football Leaks llegan a lo más profundo del club, así como a la Autoridad de Asuntos Ejecutivos (EAA por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental de Abu Dabi que asesora sobre política estratégica al príncipe heredero del emirato, el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Además, su operativa financiera llegó hasta España, donde utilizó como intermediario para camuflar sus pagos a Mediapro, el grupo audiovisual de Jaume Roures.

El muro defensivo del Manchester City tiene 7,40 metros de altura, 109 años de edad y costó unos 244 millones de euros. Está formado por los defensas Rúben Dias, John Stones, João Cancelo y Kyle Walker, y es una de las razones por las que el club va camino de su cuarto campeonato inglés en cinco años. El equipo que entrena Pep Guardiola también está en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ningún club de fútbol del mundo gasta tanto dinero en jugadores como el Manchester City. Según el CIES Football Observatory, el club inglés ha gastado 1.700 millones de euros en fichajes en los últimos 10 años. Sus recursos financieros parecen ilimitados: pertenece al jeque Mansur Bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Abu Dabi.

Tras décadas de fútbol mediocre en el mejor de los casos, el ManCity se convirtió rápidamente en uno de los mejores clubes internacionales desde que Mansur se hizo cargo de él. En la Liga inglesa, sólo el Liverpool FC de Jürgen Klopp puede alcanzarle.

La proximidad del Manchester City al autoritario estado de los Emiratos Árabes Unidos está obligando al club a invertir también mucho dinero en otro tipo de defensa, la legal. Su dirección ha contratado a algunos de los abogados más conocidos y caros del Reino Unido para hacer frente a las acusaciones de prácticas comerciales irregulares y para dilatar las investigaciones que tiene abiertas sobre posibles violaciones de las normas internacionales del fútbol.

Al igual que la inversión catarí en el París Saint-Germain y la inversión del fondo soberano saudí en el Newcastle United, los miles de millones de los EAU probablemente tienen como objetivo principal mejorar la imagen de ese Estado gracias al fútbol: los Emiratos no toleran ningún tipo de oposición política, desprecian los derechos humanos y sobre ellos recae la sospecha de haber cometido crímenes de guerra en el conflicto de Yemen, una acusación que rechazan. Para brillar con la mejor luz en el escenario del fútbol de élite, los propietarios de los clubes parecen estar dispuestos a pagar cualquier precio. Así, uno de los países más ricos del mundo está financiando operaciones deportivas y haciendo pagos opacos para eludir los controles financieros impuestos por los organismos internacionales.

En 2020, la UEFA prohibió al Manchester City participar durante dos años en la Liga de Campeones después de que Der Spiegel revelara cómo se financiaba el club. Representado por casi una docena de abogados de primera línea, recurrió la decisión ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS). La UEFA perdió el caso, a pesar de que hay muchas pruebas sólidas de las cuestionables prácticas financieras del ManCity.

Abu Dabi United Group Investment & Development (ADUG) es propiedad de Mansur y, a su vez, fue la dueña del Manchester City desde 2008, hasta que fue sustituida por otra empresa del jeque el año pasado. Según recalcaban siempre sus responsables, ADUG es una empresa privada y la entrada de Mansur en el club inglés fue una inversión puramente personal. Incluso antes de que el caso llegara al TAS, un abogado del Ministerio de Finanzas de Abu Dabi aseguró que ADUG es “completamente ajena” al Gobierno del emirato o al Estado de los EAU.

Sin embargo, la investigación de Football Leaks revela ahora que los pagos de ADUG al club se autorizaron en una agencia gubernamental de Abu Dabi, la Autoridad de Asuntos Ejecutivos (EAA). Responsable de proporcionar asesoramiento estratégico al emirato, también gestionaba las cuentas de ADUG. Los documentos internos así lo indican. El presidente de la agencia, Jaldún Al Mubarak, primer ministro de facto de Abu Dabi, dirige el fondo de inversión estatal y es también presidente del Manchester City. Según los documentos de la investigación, Al Mubarak aprobó los flujos de dinero que eran encauzados por el Gobierno y acababan en las cuentas del club de fútbol. Además, las solicitudes de pago de las comisiones de los agentes se enviaron al director jurídico de la EAA y una factura a Etisalat, una empresa pública emiratí que patrocina al equipo, fue enviada por el ManCity a Omar Awad, director financiero de la agencia gubernamental. Ni el Manchester City ni los responsables de EAA han querido responder a las preguntas de Der Spiegel.

En el Manchester City, las líneas entre el régimen autoritario y el club de fútbol privado se difuminan. Y las nuevas revelaciones de Football Leaks podrían causar considerables problemas al líder de la Premier League. Durante años, la Liga inglesa ha investigado al Manchester City sin hacer demasiada publicidad sobre el caso. Según la información obtenida por Der Spiegel, la investigación tiene tres acusaciones centrales.

La primera: el Manchester City pudo haber presionado a algunos jugadores menores de edad para que firmaran un contrato mediante el pago de dinero, lo que contraviene las normas internacionales.

La segunda: las empresas patrocinadoras con sede en Abu Dabi hicieron sólo una parte de los pagos al club; la mayor parte de ellos fue realizada por el propio jeque Mansur.

La tercera: el actual seleccionador nacional de Italia, Roberto Mancini, entrenador de 2009 a 2013 del ManCity, pudo haber recibido de forma opaca una parte considerable de su salario a través de un contrato ficticio de asesoría.

A las anteriores consultas que Der Spiegel hizo al club, éste respondió con un comunicado que no abordaba el contenido de las preguntas, sino que se limitaba a afirmar que el material de Football Leaks estaba sacado de contexto.

UEFA y FIFA han aprobado normas especiales para proteger a los talentos futbolísticos menores de edad. Por ejemplo, los clubes no pueden hacer traspasos internacionales de jugadores menores de 16 años. Más aún, no pueden prometer o pagar dinero a los menores, a sus padres o a sus asesores.

Sin embargo, numerosos clubes han incumplido sistemáticamente esta normativa durante años. Así, al Chelsea FC y al Real Madrid la FIFA les prohibió hacer traspasos. El Manchester City tuvo que pagar al menos 300.000 libras esterlinas –360.000 euros– a la Federación Inglesa de Fútbol y a la FIFA por infringir las normas que protegen a los jugadores más jóvenes.

Der Spiegel ya informó en 2019 sobre el pago de comisiones ocultas que el ManCity pagó al agente del inglés Jadon Sancho, que entonces sólo tenía 14 años. Pero ahora Football Leaks descubre otro caso: para fichar en 2013 al español Brahim Díaz, también de 14 años, la empresa emiratí preparó un contrato con la agencia del representante del jugador, Pere Guardiola, hermano de Pep, al frente del banquillo del City desde 2016. El club inglés entrenó a Brahim en su academia durante dos años antes de registrarlo oficialmente en Inglaterra.

Aunque el hecho de que Guardiola era su agente era público y así consta también en los correos internos que se cruzan los empleados del Manchester City, ADUG le encomendó que velara al mismo tiempo por los intereses del club: debía ayudar al City a “convencer al jugador y a sus tutores legales para que acepten los términos contractuales propuestos por el club”. Y, en el caso de que Brahim terminara firmando un contrato profesional con el ManCity, ADUG debía pagar 420.000 libras al agente.

De hecho, Brahim firmó un contrato profesional en Manchester en agosto de 2016, cuando cumplió los 17 años y fue traspasado al Real Madrid a principios de 2019. ¿Por qué ADUG quiso pagar la comisión al agente del jugador en lugar de hacerlo el club? Tanto entonces como ahora se trata de una clara violación de las reglas de la Asociación de Fútbol de Inglaterra: sólo el club está autorizado a pagar a los representantes de los jugadores.

Los correos electrónicos del club muestran que ADUG también pagó otros gastos del traspaso de Brahim Díaz, pero de forma opaca. Según revelan los documentos, la empresa del jeque abonó al el Málaga el club donde se formó el joven futbolista, unos honorarios por formación de 360.000 euros a través de una tercera empresa, el grupo audiovisual Mediapro. Y luego ésta remitió la suma al Málaga CF.

¿Qué tiene que ver el grupo de Jaume Roures en el traspaso de un juvenil de 14 años? La empresa de representación de jugadores de Pere Guardiola es Media Base Sports, que pertenece a Imagina Media, el grupo en el que está integrado Mediapro y que desde 2018 se encuentra en manos de Orient Hontai Capital, el primer grupo de capital privado de China. El 28 de noviembre de 2013, el Málaga CF y Mediapro, representada por Jaume Roures, firmaron un contrato por el que esta empresa se compromete a pagar 360.000 euros al club “por nombre y por cuenta del Manchester City”, como adelanto de una indemnización por la formación que le dio a Brahim Díaz. Es una práctica habitual cuando se traspasa a un jugador desde un equipo juvenil. Pero el Manchester había transferido a Brahim cuando no era posible hacer el traspaso. Esa cantidad debería ser abonada sólo cuando el jugador fuera contratado por el Manchester City al cumplir los 16 años, en 2015. Por tanto, Mediapro le está pagando un anticipo. En el documento, Mediapro “comunica” al Málaga CF “el interés del Manchester City por contratar los servicios del jugador” una vez que éste cumpla los 16 años, así como “la voluntad” del club inglés de “pagar por adelantado la indemnización por formación”.

Es más, para el caso de que el Málaga CF tenga que devolver el anticipo al club inglés, se crea una garantía, una prenda: Mediapro se descontaría la cantidad de los derechos televisivos que le corresponden al equipo español en virtud del acuerdo de cesión que éste firmó con la empresa de Roures en marzo de 2013. Mediapro también es el socio exclusivo de City TV, la televisión del club inglés.

Con esa misma fecha, Brahim Díaz, sus padres y el Málaga CF –su entonces director general, Vicente Casado Salgado, y su director general corporativo, Manuel Antonio Novo García— firmaron otro documento, en el que acuerdan resolver el contrato que habían suscrito sólo unos meses antes, en marzo de 2013, para que el futbolista jugara como infantil o cadete en el club. Lo rescindieron porque los padres querían marcharse a vivir fuera de España “por motivos personales y laborales”. Pero acuerdan que Brahim siga inscrito en la federación española como jugador de las categorías inferiores del club para que pueda ser convocado a la selección nacional.

Unos días más tarde, el 2 de diciembre, los padres de Brahim firman un tercer contrato. Éste es con Media Base Sports. En concreto, con Jaume Roures, Pere Guardiola y el abogado David Sánchez, también de la misma agencia de jugadores. Es un acuerdo por dos años, que garantiza a Media Base Sports un 10% del importe bruto de todo lo que cobre Brahim Díaz por conceptos deportivos, como un traspaso o renovación, y un 20% más por los no deportivos, desde los contratos publicitarios y de patrocinio hasta los que pudiera suscribir con medios de comunicación. Pese a que Media Base es el representante del futbolista, las comisiones se las deben pagar las empresas con las que contrate el jugador, no éste, su cliente. Y si Brahim Díaz incumple la exclusividad que suscribe en este contrato, sus padres deberán pagar a Media Base una penalización de 500.000 euros. Si incumple cualquier otra condición del documento, tendrá que abonarle 100.000 euros más. Estos tres documentos fueron firmados en Barcelona, donde tiene su sede Mediapro.

En diciembre de ese año, según los documentos de Football Leaks, Brahim Díaz ya pasa 15 días en Manchester. Y la prensa empieza a publicar que el ManCity le ha robado al Barça al “nuevo Lionel Messi”. En febrero de 2014, los correos del Manchester muestran que el club inglés está buscando colegio a las hermanas de Brahim y gestionando la apertura de cuentas bancarias para que sus padres paguen el agua y los impuestos municipales, comprándoles muebles para su nueva casa e incluso un coche. También están ayudando al padre a conseguir su número de la Seguridad Social.

En abril, un empleado del club explica en otro correo que, como no se le puede registrar hasta que cumpla 16 años, Brahim seguirá inscrito como jugador del Málaga CF. Pese a que ya está en el Manchester. En junio, los padres de Brahim, su agente y el ManCity han firmado todos los contratos necesarios, entre ellos la beca que disfrutará hasta los 16 años y un acuerdo de representación con Media Base Sports. El abogado de Media Base precisa que los documentos han sido suscritos tanto por el club inglés como “por su accionista”. Y pide que se pague a la agencia de representación 290.000 euros más el IVA.

Pues bien, cuando el ManCity inscribió a Brahim tanto en la Federación Inglesa como en la FIFA certificó que no había usado los servicios de ningún intermediario, que no había ningún agente implicado. Y cuando la FIFA investigó y preguntó al Manchester City por el fichaje del menor, el club respondió que el español había jugado tres partidos amistosos en Catar y Galway (Irlanda) con el consentimiento del Málaga; es decir, antes de que estuviera inscrito como jugador del ManCity.

Brahim Díaz tiene ahora 22 años. En 2019 fue fichado por el Real Madrid, con quien tiene contrato hasta 2025. Pero juega cedido en el AC Milan desde 2021. Y Pere Guardiola ya no es su agente, lo cambió por su padre en agosto de 2019. Ni los clubes, ni Mediapro ni Pere Guardiola han respondido a las preguntas que sobre este fichaje le ha enviado de Der Spiegel.

Los documentos de Football Leaks también muestran otros casos en los que ADUG intervino directamente. Entre 2010 y 2015, la empresa del jeque pagó al menos cuatro millones de euros y cuatro millones de libras a una empresa gestionada por el agente de Yaya Touré, que jugó en el ManCity entre 2010 y 2018. Según los correos electrónicos, las cantidades destinadas a pagar a los jóvenes jugadores fueron aprobadas, entre otros, por el director general, el español Ferran Soriano, y el presidente del club, Jaldún Al Mubarak. El desembolso a través de la agencia gubernamental de Abu Dabi fue dirigido por el director del club, Simon Pearce.

Pearce desempeña uno de los principales papeles en la acusación central de la UEFA y la Premier League contra el Manchester City: la financiación secreta de los acuerdos de patrocinio por parte del propietario del club, el jeque Mansur.

Simon Pearce gestionó los asuntos del club como miembro de la junta directiva al mismo tiempo que trabajaba como asesor especial del presidente de la agencia gubernamental EAA, Al Mubarak. Pearce mantenía el contacto con los numerosos patrocinadores del club con sede en los Emiratos, también era la persona de contacto del departamento financiero del ManCity cuando había que tratar detalles de los contratos y del desembolso de los fondos de Abu Dabi.

Der Spiegel ya publicó en su día en una serie de artículos los contratos antedatados, las inyecciones de efectivo espontáneas y las “fuentes alternativas” de la financiación con patrocinios del Manchester City. Según esas informaciones, el dinero del jeque Mansur se camuflaba como dinero de los patrocinadores. Las sumas del jeque se transferían a empresas con sede en Abu Dabi y desde allí se pagaban a su vez al club. De este modo, en las cuentas oficiales se minimizaban las inversiones del propietario del ManCity al tiempo que se inflaban los ingresos de marketing, lo que supone una flagrante violación de las normas de Fair Play Financiero de la UEFA. Esas reglas se diseñaron para evitar que los clubes gastaran más dinero del que ganaban y, por tanto, entraran en dificultades financieras o distorsionaran la competencia deportiva. Como han resultado un fracaso, ahora van a ser sustituidas por una nueva normativa.

A raíz de las informaciones de Football Leaks, la UEFA expulsó al club de la Liga de Campeones durante dos años. Como queda dicho más arriba, el club se impuso en el proceso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que dictaminó que parte de las acusaciones habían prescrito y que la UEFA no podía aportar más pruebas que las publicadas por Der Spiegel. Además, el Manchester City citó testigos que negaron enérgicamente las acusaciones de la UEFA. El TAS no vio ninguna razón para no creerlos, según declara la sentencia.

Uno de esos testigos supuestamente fiables era Simon Pearce. El tribunal deportivo le preguntó si había “organizado alguna vez pagos a Etihad [Líneas Aéreas de los Emiratos, patrocinadora del club]” en relación con el patrocinio del Manchester City. Su respuesta fue inequívoca: “Absolutamente, categóricamente no”.

Sin embargo, un correo electrónico de Pearce al entonces director de operaciones de Etihad, Peter Baumgartner, de diciembre de 2013, lo desmiente. En él, Pearce explica al directivo suizo exactamente qué sumas debía aportar Etihad, cuánto había transferido él, Pearce, por tanto, a Etihad y lo que todavía debía a la aerolínea. Der Spiegel ha preguntado a Etihad Airways al respecto y se ha limitado a contestar que “se enorgullece de ser el principal socio del Manchester City FC desde mayo de 2009”. “Todas las obligaciones financieras relacionadas con la asociación de la aerolínea con el club”, añade, “siempre han sido, y siguen siendo, responsabilidad exclusiva de Etihad Airways. Nuestra asociación con el Manchester City y con el City Football Group, en general, ofrece constantemente un sólido rendimiento de nuestras inversiones”.

Cuando Der Spiegel publicó ese correo, el Manchester City lo calificó de “intento cínico” de “volver a litigar públicamente y socavar” un proceso vencido y concluido. El club no ha respondido ahora a esta nueva consulta de la revista alemana.

Pero merece la pena volver a mirarlo con detenimiento. Los documentos de Football Leaks prueban la existencia de un sistema establecido durante años:

En 2012, parte del dinero del patrocinio de Abu Dabi se contabilizó internamente como “inversión del propietario”, que en ese momento ya ascendía a unos 150 millones de libras –180 millones de euros--.

En 2013, Pearce solicitó al director financiero, el español Jorge Chumillas, un resumen de las obligaciones de pago de ADUG y exigió que se desglosaran las partidas individuales en “pagos directos del club” y “suplementos de los socios”. Los documentos de Football Leaks muestran en qué consisten los pagos adicionales: por ejemplo, Pearce subrayó en un correo electrónico a Chumillas que Etihad sólo tenía que abonar ocho millones de los 67,5 millones de libras oficiales de su patrocinio. Por tanto, 59,5 millones de libras fueron el suplemento presumiblemente pagado por el jeque Mansur. Sólo en la temporada 2013-2014, el suplemento pagado por Abu Dabi ascendió a 92,5 millones de libras. Estas cifras eran alto secreto: “No debemos mostrar el suplemento del socio si va fuera del club”, advirtió a principios de 2013 el entonces director financiero, Andrew Widdowson.

En 2014, Chumillas y Widdowson hablaron por correo sobre el hecho de que los fondos de dos patrocinadores de Abu Dabi, Aabar y Etisalat, seguían pendientes. Y, de nuevo, distinguieron entre la aportación de ADUG y las cantidades que debían proceder directamente del patrocinador. Chumillas pidió que confirmación: “Pero, en realidad, formalmente, queremos que todas esas cantidades las paguen Aabar y Etisalat, ¿no?”. “Sí”, fue la respuesta, “si pueden”.

En septiembre de 2015, los responsables del club distinguieron entre un traspaso de 60,25 millones de libras y los ocho millones que, según ellos, Etihad debería “financiar directamente”. Chumillas y Pearce volvieron a desglosar en un correo electrónico qué parte del dinero del patrocinio debía proceder “directamente” de las empresas. El resto debía de proceder del presupuesto del accionista de ADUG; es decir, del jeque Mansur. Ni Aabar ni Etisalat han respondido a la solicitud de comentarios realizada por Der Spiegel.

Mientras que los dos últimos años de pandemia han hecho mella en las operaciones del fútbol profesional en general, el Manchester City se ha reforzado con los ingresos procedentes de acuerdos de marketing. A principios de este año, el club inglés añadió tres nuevos patrocinadores estatales a su cartera de socios. La Premier League quiere ahora examinar más de cerca estos acuerdos.

Podría decirse que el Manchester City ha demostrado ser extraordinariamente creativo cuando se trata de chanchullos financieros. En 2009, por ejemplo, la dirección del club pudo haber utilizado al club de fútbol Al Jazira, con sede en Abu Dabi, para camuflar el pago de parte de su salario al entrenador del ManCity, Roberto Mancini. El jeque Mansur sigue siendo el dueño Al Jazira hasta el día de hoy. Los directivos que manejan estas sumas son también el departamento financiero del ManCity y Simon Pearce.

El 19 de diciembre de 2009, el entrenador italiano firmó en Manchester. Según su precontrato, Mancini iba a recibir un sueldo de 1,45 millones de libras por temporada. Además, se le prometieron generosas pagas extraordinarias de hasta cuatro millones de libras por sus futuros éxitos deportivos. Ese mismo día, Mancini suscribió un supuesto contrato de asesoría con Al Jazira, cuya redacción era en parte idéntica al primero. Por sus servicios, el documento le garantizaba un salario anual de 1,75 millones de libras: “Los honorarios se abonarán en una cuenta designada por su empresa y se pagarán sin deducción de impuestos”.

Inicialmente, Mancini designó como empresa perceptora a una firma con sede en el paraíso fiscal de Mauricio llamada Sparkleglow Holdings.

Pero, sólo un año después, se hizo necesario un cambio. Pese a que utilizaba una sociedad offshore, Mancini se vio obligado a pagar impuestos en Italia sobre sus ingresos. Mancini lo consideró inaceptable y exigió al ManCity una compensación para alcanzar su salario neto deseado. El club aceptó y se redactó un nuevo contrato con Al Jazira. Según sus estipulaciones, el equipo emiratí reembolsaba a Mancini los impuestos pagados hasta la fecha y aumentaba sus futuros “honorarios de consultor” hasta los 3,2 millones de libras al año.

El entrenador cambió entonces de Sparkleglow Holdings a Italy International Services (IIS), domiciliada en Roma, para recibir los pagos. Esta empresa emitió a partir de entonces facturas trimestrales. Pero Al Jazira sólo simulaba pagarlas, porque IIS las enviaba al Manchester City, el club transfería el importe adeudado a ADUG, desde donde se remitía a Al Jazira, y finalmente este equipo las abonaba a IIS. Así describía un empleado del ManCity en julio de 2012 el procedimiento, que confirmó Simon Pearce por la parte del Emirato.

Es más, a pesar de que el contrato lo firmó Mancini con Al Jazira, todas las negociaciones sobre los pagos las llevaron a cabo la esposa de Mancini y el Manchester City. Y para subrayar más el carácter ficticio del documento, basta con indicar que el entrenador italiano ganaba 1,75 millones de libras primero y 3,2 millones después por sólo cuatro días de trabajo al año. Las partes implicadas en este esquema financiero no han querido hacer ningún comentario.

Después de que Der Spiegel informara por primera vez sobre el caso, éste dio mucho que hablar en Inglaterra. De hecho, a Pep Guardiola se le preguntó al respecto en una rueda prensa, si se le pagaba de forma similar. No se lo tomó muy bien. Su respuesta fue airada, despectiva… y nada concluyente.

Desde diciembre de 2018, la Premier League investiga al Manchester City porque aplica una normativa de control de gastos similar a la de la UEFA. El club se está defendiendo de la investigación con sus abogados, y con una hostilidad similar a la que empleó con la UEFA. El TAS multó al ManCity con 10 millones de euros por obstruir la investigación de la UEFA y porque se había negado a cooperar con los investigadores. La Liga Inglesa ha declinado comentar ningún aspecto de esta información.

Uno de los puntos en cuestión, si la investigación de la Premier League se podía hacer pública en Inglaterra, llegó hasta el segundo juez de mayor rango del sistema judicial inglés. El magistrado dictaminó que el procedimiento podía perfectamente ser objeto de publicidad. “Es sorprendente, y una cuestión de legítima preocupación pública, que se haya avanzado tan poco después de dos años y medio, durante los cuales, cabe señalar, el club se ha coronado dos veces como campeón de la Premier League”, lamenta la sentencia.

Trident Trust es una empresa de gestión de patrimonios y fondos que presume de tener más de 900 empleados en 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubái. También resulta ser la firma que más veces aparece en los Papeles de PandoraPapeles de Pandora, la filtración que publica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País. Finalmente, la delegación de Trident Trust en las Islas Vírgenes Británicas es una de las empresas de servicios financieros que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, utilizó para eludir el pago de impuestos en España por los derechos de imagen que cobró durante su primera estancia en el club blanco, en 2014 y 2015.

En junio de 2020, la Fiscalía le denunció por haber utilizado un “entramado de sociedades instrumentales” para evitar el pago de 1,06 millones de euros, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que percibió entonces del Real Madrid por ese concepto. Gracias a los documentos de Football Leaks,Football LeaksinfoLibre –como miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC)– reveló que Ancelotti había utilizado para burlar a la Hacienda española una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP. El 99% de sus acciones eran propiedad de Vapia Limited, una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido. Y en el Registro Mercantil de Islas Vírgenes figuran como representantes autorizados, tanto de Vapia Limited como de Ditomac, dos firmas de servicios financieros: Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited, la oficina en las Islas Vírgenes de la firma que ahora va a estar en el centro del huracán de la elusión fiscal mundial.

Ancelotti es sólo uno más de las cientos de personas con grandes patrimonios que han utilizado a Trident Trust y otras firmas similares para crear entramados en paraísos fiscales tras los que ocultarse ante las haciendas de sus respectivos países y no pagar impuestos. Uno de los instrumentos utilizados por sus clientes para esconderse son los trusts o fideicomisos.

Mourinho, un trust en Nueva Zelanda

Por ejemplo, fue precisamente un trust el mecanismo que empleó para evitar el pago de impuestos otro entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Lo desveló la revista alemana Der Spiegel que, como parte de la investigación periodística Football Leaks, publicó en diciembre de 2016 que detrás de la sociedad que el portugués usaba para ocultar sus ingresos por derechos de imagen, Koper Services, domiciliada como la de Ancelotti en las Islas Vírgenes Británicas, se encontraba un fideicomiso, Kaitaia Trust, con sede en Auckland (Nueva Zelanda). Estaba a nombre de la esposa y los hijos de Mourinho, pero era al 100% del entrenador.

Según explicó la revista alemana, a los 10 días de desvelarse que la red de empresas de Mourinho terminaba en las antípodas tras pasar por dos firmas sitas en Dublín (Irlanda) –Multisports & Image Management Limited y Polaris Sports Limited–, la Agencia Tributaria neozelandesa se presentó en Kaitaia Trust para requisar documentación.

José Mourinho fue condenado en febrero de 2019 por dos delitos fiscales a un año de cárcel y a una multa de 1,98 millones de euros. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, la pena de prisión fue sustituida por otra multa de 91.250 euros. Cuatro años antes, en julio de 2015, el hoy técnico de la Roma había firmado ya un acta de conformidad con la Agencia Tributaria en la que reconoció que no había declarado sus derechos de imagen. Entonces pagó una sanción administrativa de 1,14 millones de euros así como los 3,28 millones de las cuotas del IRPF –y sus intereses– que no había abonado en su momento. Un total de 4,42 millones de euros.

Un trust para diluir la propiedad real del patrimonio

Los trusts según los concibe el derecho anglosajón no existen en la legislación española. Pero tanto la normativa comunitaria como la nacional sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consideran que esta figura diluye la titularidad real y, por tanto, puede constituir un riesgo de lavado de dinero. De hecho, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a abogados y gestores de patrimonios a identificar a los titulares reales de los trusts y a “comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones”.

Los fideicomisos, tal y como los utilizan quienes poseen grandes patrimonios por los que no quieren tributar, son un contrato privado por el cual una persona transfiere bienes o derechos a otra para que los administre en beneficio de terceros. Por tanto, hay una relación trilateral entre el propietario original del bien o derecho –settlor u otorgante: Mourinho–, la persona, o entidad que lo administra –trustee o administrador: Trident Trust– y el beneficiario de la transacción –en teoría, la mujer y los hijos de Mourinho–. A todos ellos obliga la ley española a quedar identificados ante la administración tributaria, así como a “cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios”.

En su origen, los trusts eran un mecanismo de sustitución testamentaria pero, debido a las ventajas que aportan para gestionar bienes, derechos e intereses familiares, ha terminado convirtiéndose en un vehículo de inversión y en un sistema de protección de activos. De hecho, los hay tanto privados, para gestionar patrimonios familiares, como mercantiles, para proteger inversiones a largo plazo, por ejemplo.

Al dividir la titularidad sobre un bien para proteger a sus beneficiarios, los dueños reales, el trust se convierte en un posible vehículo para el blanqueo de capitales y para la elusión fiscal. De ahí la obligación legal de comunicar a la Agencia Tributaria quiénes son los beneficiarios últimos del dinero en ellos depositado. Ni Mourinho ni Ancelotti ni buena parte de los adinerados cuyos nombres serán destapados por los Papeles de Pandora han sido transparentes.

La importancia de los titulares reales: 'OpenLux'

Otro tanto ocurre con Luxemburgo, un país de la Unión Europea que, sin embargo, mantiene una normativa fiscal tan laxa que facilita a quienes quieren eludir impuestos ocultarse ante sus respectivas haciendas nacionales. El Gran Ducado estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: sólo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con otra organización internacional, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP dio posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo. infoLibre los publicó en España. De esa forma se puso en marcha el proyecto OpenLux.

En total, 1.558 personas vinculadas con España controlaban sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos.

Este periódico ha publicado una decena de informaciones que afectan al traficante de armas Abdul Rahman El Assir y el exvicepresidente Rodrigo Rato; al empresario de la jet y socio de Villarejo, Adrián de la Joya; al banquero y máximo accionista de Bankinter, Jaime Botín; al primogénito de Ana Botín, Felipe Morenés, y su socio Juan Pepa; a Amancio Ortega y a su hija Sandra; a la familia política de Esperanza Aguirre; al presidente de la empresa de apuestas y tragaperras Cirsa, Joaquim Agut; a los productores televisivos de La ruleta de la suerte, Enric Lloveras y Daniel Bilbao, y al dueño de Pikolin, Alfonso Soláns.

Pérdidas fiscales y un delito contra la Hacienda Pública

Según la última actualización de The missing profits of nations (Los beneficios perdidos de las naciones), un estudio que arrancaron en 2015 Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, de la Universidad de Copenhague, y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley y director del Observatorio Fiscal de la UE, las ganancias mundiales distraídas a paraísos fiscales ascienden a 946.000 millones de dólares. La pérdida global en el impuesto de sociedades alcanza los 243.000 millones de dólares.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) advierte de que, si cualquiera de las personas descubiertas en los Papeles de Pandora no ha incluido la titularidad de las empresas offshore o sus propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán como una “ganancia patrimonial no justificada” que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito. Si el importe de ese bien no declarado supera los 250.000 euros en Cataluña, los 275.862 euros en Madrid o los 267.000 en las comunidades autónomas con un tipo marginal máximo del 45% en 2017, su propietario debe ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía de Madrid denunció en junio de 2020 a Carlo Ancelotti, recontratado entrenador del Real Madrid, porque utilizó un “entramado de sociedades instrumentales”, algunas de ellas ubicadas en paraísos fiscales, para no tributar por sus derechos de imagen, tal y como recoge el escrito de acusación. Gracias a ese esquema, eludió el pago de 1,06 millones de euros a la Hacienda española, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que cobró del club en 2014 y 2015 por ese concepto. Según los documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), Ancelotti utilizó para ello una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP, que sólo era la pantalla de otras dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Hasta 2014, poseía otra sociedad de derechos de imagen ubicada en Suiza.

Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el Real Madrid. Pero según los datos de Football Leaks, Ancelotti firmó aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, el club presidido por Florentino Pérez presentó públicamente  a su nuevo entrenador en el estadio. ¿Por qué ese baile de fechas? Unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerado a efectos fiscales como "residente" y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47,5%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como "no residente", cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24,75%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre hay exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando Ancelotti abonó el 24,75%. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiese pagado el IRPF.

En virtud del contrato laboral, el entrenador italiano debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizarle al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firman Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

El Registro Mercantil de Islas Vírgenes proporciona muy escasa información sobre Ditomac Limited y Vapia Limited. Tras ellas figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubái.

En su denuncia, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El documento del Registro mercantil de Reino Unido donde figura Vapia Limited, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, como socia de Vapia LLP, la propietaria de los derechos de imagen de Carlo Ancelotti.

Una sociedad sin ingresos ni gastos

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP, ni Vapia Limited ni la sociedad suiza, era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre ha preguntado tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como una sociedad “durmiente”. No ha tenido actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–nominee, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años. Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

3,6 millones de euros en dos años

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes). Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

Appledore, la gestora de grandes patrimonios que creó la estructura fiscal para Carlo Ancelotti ahora puesta en cuestión, posee una sencillísima página web que apenas ofrece al interesado un teléfono y dirección de contacto, amén de una página inicio donde aparecen flotando sobre un fondo negro los adjetivos que califican el trabajo de sus dos principales directivos: “profesionales”, “pragmáticos”, “decisivos”, “discretos”. El entrenador del Real Madrid, con el sueldo embargado por orden de la Agencia Tributaria nada más empezar su segunda etapa con el equipo, debe declarar ante un juez de Madrid el próximo día 23 por dos delitos fiscales. Ya fue convocado el pasado 20 de noviembre, sólo que entonces aún residía en Reino Unido –entrenaba al Everton– y no acudió al juzgado. A Ancelotti sus esquemas fiscales le pueden costar una pena de entre dos y seis años de cárcel, si se le considera culpable de un delito agravado porque la cantidad defraudada supera los 600.000 euros, más otra de entre uno y cinco años por el segundo delito si no se establece como agravado porque la cuantía es inferior. Es decir, entre un mínimo de tres y un máximo de 11 años de prisión.

Carlo Ancelotti ha vuelto seis años después al club que lo despidió tras haber ganado en dos temporadas una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, un Mundialito y la décima Champions. Aún le quedaba un tercer año que ya no llegó a disfrutar. “Que te echen forma parte del trabajo, pero si me pregunta usted sobre mi despido en el Real Madrid le puedo decir que no fue la decisión correcta”, se lamentó entonces. “Entendimos que el proyecto estaba agotado y que necesitábamos un nuevo impulso. Carlo Ancelotti se lleva nuestro agradecimiento y nuestro cariño”, fue la escasa mención de Florentino Pérez al italiano en la asamblea del club de ese año.

La semana pasada, recién aterrizado y presentado en Valdebebas, la Agencia Tributaria dio a Ancelotti la bienvenida publicando su nombre en la lista de morosos con una deuda de 1,46 millones de euros, mientras el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid le imputaba por un delito fiscal. Dos años lleva ya el entrenador italiano bregando con el fisco por las declaraciones del IRPF que hizo mientras estuvo contratado por el Real Madrid, desde 2013 hasta 2015. El 23 de julio tendrá que declarar ante el juez.

Pero puede que no sea éste el único problema con Hacienda con el que deba lidiar el técnico. Según los documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso infoLibre como miembro de la red de periodismo de investigación EIC (European Investigative Collaborations), el Real Madrid y Ancelotti llegaron a un acuerdo previo al despido que le supuso al entrenador no tributar por 180.000 euros de su cuantiosa indemnización y al Real Madrid no realizar la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014. El menoscabo lo sufrieron las arcas públicas.

Esos mismos documentos revelan que Carlo Ancelotti firmó en 2013 un contrato que le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones de euros por las dos siguientes. En 2013-2014 tributó por el Impuesto de la Renta de no Residentes, un 24,75%, y en las otras dos por el 52%, que entonces era el tipo máximo del IRPF –ahora es el 47%–.

Cuando fue destituido, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó la carta de rescisión de su contrato y, con la misma fecha, un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente y tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMC, le explica un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pide que acuda a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

Este periódico ha preguntado tanto al Real Madrid por su proceder con el despido de 2015, pero ninguno de los dos ha contestado a las preguntas que se reproducen al final de esta información.

Todo el equipo técnico, al SMAC

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Todos ellos se fueron de vacaciones tras anunciar una demanda contra el club y citarse en el SMAC. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que fue contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. A Fernando Hierro, fichado como segundo entrenador de Ancelotti en julio de 2014, le finalizó entonces su contrato de un año y no fue renovado. Aunque podría haberlo prorrogado un año más con sólo haber comunicado con un mes de antelación que quería hacerlo, tal y como establece una de las cláusulas. También dejó el club ese mismo mes Giorgio Ciaschini, que había firmado un contrato mercantil como técnico observador en julio de 2014 por una sola temporada a cambio de 72.000 euros anuales.

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, el Real Madrid le pagó un total de 9,78 millones de euros brutos por su despido, de los que 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”. En realidad, la indemnización establecida en su contrato, equivalente a seis meses de salario, ascendía a 4,89 millones. Y es completamente legal. Los 180.000 euros desgajados en el acta es el importe de la exención en el IRPF que la ley permite practicar a las indemnizaciones por despido improcedente desde que así lo fijó la reforma fiscal de Cristóbal Montoro en 2014. Pero para ello no puede haber existido un acuerdo previo entre la empresa y el trabajador. Y el documento privado y la papeleta de conciliación firmados por ambas partes el mismo día del despido pueden indicar que lo hubo. De tener conocimiento la Agencia Tributaria de ese documento, y siempre que no considere prescrita la deuda –tiene ya un procedimiento abierto por las declaraciones de IRPF de esos mismos años–, podría exigir a Ancelotti la tributación de esos 180.000 euros que se ahorró en 2015 y de los que ni el Real Madrid hizo retención alguna ni el entrenador sumó a sus ingresos en el IRPF ese año.

Por el resto sí que se tributó a Hacienda, de forma que el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros, tras practicarle una retención del 47%. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Un total de 6,4 millones.

6,1 millones de euros en indemnizaciones

La misma indemnización “legal” de 180.000 euros pagó el Real Madrid a Giovanni Mauri –preparador físico, cobró un sueldo de 900.000 euros brutos anuales–, que fue indemnizado con 519.976 euros netos; Paul Clement –segundo entrenador, sueldo anual de 1,1 millones–, que se llevó 636.476 euros, y William Vecchi –preparador de porteros, 265.780 euros anuales–, que fue compensado con 272.963 euros, según consta en sus respectivas actas de conciliación. Jack Willian Nayler – asistente al preparador físico, 166.113 euros anuales– fue indemnizado con 109.649 euros, Francesco Mauri –también asistente al preparador físico, con un sueldo de 132.890 euros al año–, recibió 66.466 euros y Davide Ancelotti, 65.476 euros.

En total, las indemnizaciones netas de Ancelotti y sus seis ayudantes extranjeros en el equipo técnico sumaron 6,1 millones de euros. Pero, en el informe elevado al comité económico del 3 de julio, el club calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le había supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Los abogados laboralistas a los que ha consultado infoLibre coinciden en asegurar que es una práctica “habitual” que empresas y trabajadores acudan al SMAC con despidos pactados para cobrar indemnizaciones, tener derecho a la prestación por desempleo y ahorrarse pagos a Hacienda. Sobre todo, si las cuantías de las compensaciones son elevadas. “[El SMAC] Es un auténtico coladero fiscal”, subrayan. Incluso cifran en más de un tercio los casos. También aclaran que, si los documentos privados en que se pactan despidos y compensaciones se hacen públicos, la Agencia Tributaria puede considerar que ha habido acuerdo mutuo, no un despido, y reclamar el pago del IRPF no satisfecho.

Florentino Pérez respondió con un escueto “no” cuando el periodista del francés L’Equipe le preguntó si temía que alguno de sus 11 socios en la Superliga que él lidera abandonara el proyecto. También quería saber el periodista galo si al presidente del Real Madrid le preocupaba que la nueva competición no tuviera éxito. “Estamos dispuestos a hablar con todos para salvar el fútbol”, zanjó. Sólo unas horas más tarde, la Superliga se convertía en el superfiasco del órdago a la industria del fútbol lanzado por un Florentino Pérez a la cabeza de los clubes más ricos de Europa.

Como reveló ya en 2018 Football Leaks, el proyecto de investigación sobre el fútbol europeo de infoLibre y EIC Network, la Superliga es un proyecto antiguo. El Real Madrid y otros siete grandes clubes venían pergeñándolo en secreto desde al menos tres años, pero llevaba siendo alentado desde hace un par décadas de modo que hubo tiempo para pensar en los detalles. Ya en 2016 habían consultado con un despacho internacional de abogados cuáles podían ser los problemas legales a los que se enfrentarían si consumaban la escisión. Incluso habían encargado una encuesta entre los aficionados. Que, como suele ocurrir con este tipo de sondeos, decía lo que quería oír quien la pagaba.

A la vista de lo ocurrido en apenas 48 horas, los promotores del cisma no calibraron bien la reacción. Los aficionados ingleses, los entrenadores de algunos de los equipos implicados, los gobiernos de Reino Unido, Francia y España fueron rabiosamente unánimes contra la Superliga. Amplificaron el rechazo de UEFA, FIFA y las ligas nacionales. “Fuck Pérez”, “Fuck Super League” cantaban en las calles de Londres los seguidores del Chelsea durante la tarde del martes. Algunos blandían pancartas caseras que llamaban “criminal” al presidente del Real Madrid. Mientras, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y Jürgen Klopp, del Liverpool, dos de los clubes instigadores, proclamaban el valor del mérito y el esfuerzo en el deporte.

La respuesta del primer ministro británico, Boris Johnson, fue más contundente: no dudó en amenazar con utilizar la ley para parar el proyecto –que definió como un “cartel”–, hacer pagar a los club disidentes los gastos de seguridad de los encuentros e incluso crear una comisión para reformar el fútbol inglés. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró su apoyo a la UEFA, la FIFA y la liga francesa contra una iniciativa que tachó de “amenaza al principio de solidaridad y el mérito deportivo”. En España, el ministro de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, no fue tan expeditivo y, tras hablar con las partes implicadas, se limitó a defender el diálogo con los clubes para buscar una “solución pactada conveniente al fútbol y al deporte”.

Entre disculpas y apelando a la estabilidad financiera

De nada sirvió que un juez de Madrid admitiera la medida cautelar que le habían solicitado los 12 clubes y prohibiera a la UEFA y la FIFA sancionar o expulsar de las competiciones a los equipos, sus jugadores y dirigentes que iban a formar parte de la Superliga. En el mismo momento en que Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, presumía ante los periodistas del diario La Repubblica del “pacto de sangre” que juramentaba a los ultrarricos del fútbol europeo, la alianza comenzaba a resquebrajarse. Primero fue el Manchester City, poco después de las nueve de la noche del martes, con un escueto comunicado de sólo tres líneas. Le siguieron, en cascada, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United y Chelsea. Los seis equipos británicos de la Superliga abandonaban el barco antes de que siquiera hubiera zarpado. Otro Brexit. La nueva competición se quedaba sin la mitad de sus participantes. Arsenal y Liverpool, además, se retiraban en medio de grandes disculpas a sus aficionados. “Tras escucharos a vosotros y a la comunidad futbolística en general en los últimos días, nos retiramos de la propuesta de la Superliga. Hemos cometido un error y nos disculpamos por ello”, lamentaba el Arsenal en una carta abierta a sus seguidores. El club de Londres justifica su inicial apoyo al proyecto de Florentino Pérez por su “deseo de proteger” al Arsenal, consiguiendo “una mayor solidaridad y estabilidad financiera”. “Os hemos escuchado”, termina el mensaje.

También pidió perdón el Liverpool, a través de su propietario, el inversor estadounidense John W. Henry, repitiendo la misma idea: “Os hemos escuchado”. Y disculpándose no una, sino tres veces a lo largo de seis párrafos. A los aficionados, a los jugadores, al entrenador, Jürgen Klopp; incluso al consejero delegado, Billy Hogan. “Soy el único responsable de la negatividad innecesaria de los últimos dos días”, explica Henry, también atribuyendo el vuelco al poder de la afición. Con una flema muy británica, el Tottenham anunciaba su salida de la Superliga dando las gracias a todos los seguidores que habían “presentado sus consideradas opiniones” sobre tan tormentoso asunto.

Había pasado la medianoche cuando se rumoreaba ya sobre el abandono del AC Milan, que no se produjo oficialmente hasta la mañana siguiente, junto con la del Inter de Milán y, finalmente, la del Atlético de Madrid. Al igual que sus socios británicos, los italianos y el club español excusan su entrada en la Superliga por su interés en mejorar y consolidar la estabilidad financiera de los equipos y su salida, por la oposición de los aficionados a la nueva estructura. El club de Enrique Cerezo explica que ya no se dan la circunstancias que les habían movido a participar en el proyecto de los 12 más ricos, sin más precisiones, y declara su apoyo al mérito deportivo “por encima de cualquier otro criterio”.

Al mediodía del miércoles, a la Superliga sólo le quedaban tres equipos: Real Madrid, FC Barcelona y Juventus. El club de Agnelli, el mejor apoyo de Pérez en la iniciativa ahora frustrada, ha asegurado que mantiene su confianza en la “solidez del proyecto deportivo, comercial y legal”, pero cree que las posibilidades de que “se complete en la forma concebida originalmente” son escasas. “Juventus mantiene su compromiso de buscar la creación de valor a largo plazo para la compañía y para toda la industria del fútbol”, se ha limitado a expresar.

En el FC Barcelona, la decisión final sobre la Superliga se tomará en una asamblea de compromisarios que aún no tiene fecha. Según ha informado TV3, Joan Laporta incluyó una cláusula en su contrato según la cual la integración el proyecto está condicionada a la aprobación de los socios. El nuevo presidente puede acogerse a la herencia recibida. Las negociaciones con los otros 11 clubes se desarrollaron mientras era presidente del Barça Josep María Bartomeu, quien anunció su participación en la Superliga el pasado mes de octubre, en la misma comparecencia donde anunció su dimisión toda la junta directiva. De los blaugrana sólo ha hecho pública su opinión Gerard Piqué, quien poco después de medianoche tuiteaba en inglés: “El fútbol pertenece a los aficionados. Hoy más que nunca”. Por la mañana, el entrenador, Ronald Koeman, aseguraba que está “de acuerdo” con su defensa.

Los tres clubes que figuraban como invitados, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, se han desmarcado también, pese a que fueron de los primeros impulsores de la nueva competición, como puede comprobarse en los documentos revelados por Football Leaks. El presidente del club bávaro, Kark Heinz Rummenigge, fue de hecho uno de los puntales de las conversaciones que comenzaron en 2016 con Andrea Agnelli. Ambos se han sucedido en la presidencia de la Asociación Europea de Clubes (ECA). “La Champions es la mejor competición de clubes del mundo”, ha dicho ahora el exdelantero alemán.

La resaca del revolcón

“La Superliga ha hecho el ridículo”, sentenció el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, enemigo declarado de Florentino Pérez y detractor del proyecto, que amenazaba con dejar en cueros la competición nacional por excelencia. Si el del Leeds fue el primer campo que exhibió su malestar con la competición de los 12 clubes ricos –“Gánatelo en el campo, el fútbol es para los aficionados” era el lema que apareció sobre las gradas y que sus jugadores llevaban en las camisetas mientras entrenaban–, este miércoles los jugadores del Real Madrid han sido recibidos entre abucheos en Cádiz, mientras el Levante ya ha mostrado su rechazo en el marcador del estadio Ciutat de Valencia y el Valencia CF lucirá en las camisetas la misma consigna que el Leeds. Pero ya es hacer leña del árbol caído. Florentino Pérez se ha quedado solo. Al menos en esta etapa del juego. En mitad de las deserciones inglesas, el Manchester United ha anunciado la dimisión de su vicepresidente ejecutivo, Ed Woodward, aunque también ha aclarado que su salida estaba ya prevista para finales de este año. La Juventus ha tenido que salir al paso de los rumores que apuntaban a la dimisión de Andrea Agnelli quien, sin embargo, sí que había dejado sus cargos en la ECA y en la UEFA el pasado lunes cuando se anunció el nacimiento de la Superliga.

Pero los pies de Florentino Pérez están firmemente pegados al suelo. Seguirá siendo presidente del Real Madrid hasta 2025, después de que hace sólo ocho días quedara cerrado el plazo para presentar candidaturas al puesto y sólo se presentara la suya. Es su sexto mandato. Desde 2012, cuando se reformaron los estatutos del club, para presentarse a las elecciones se necesitan 20 años de antigüedad de socio en lugar de 10 y presentar un preaval del 15% del presupuesto de la entidad respaldado con su patrimonio personal y por una entidad española. En esta convocatoria debía ser de 123,8 millones de euros. Desde 2006 no ha habido votaciones para elegir al presidente del Real Madrid.

Además, la suspensión de la Superliga no significa que el proyecto está muerto y enterrado. Todos los clubes implicados han dejado claro en sus comunicados de disculpa a la afición que siguen comprometidos con la reforma de las estructuras del deporte y con la estabilidad financiera. Si hasta ahora los clubes más ricos han utilizado la amenaza del cisma para conseguir ventajas en sus negociaciones con la UEFA, no van a dejar de hacerlo en adelante. La batalla se seguirá librando, mal que les pese a los aficionados y a organizaciones tan poco transparentes como la UEFA y la FIFA, en busca de mayores beneficios. Aunque no se llegue a emular el modelo de la NBA como parecía ser la intención de los instigadores de la Superliga, la máquina de gastar en jugadores millonarios –200 millones dicen que cuesta Mbappé– y de construir cada vez mayores estadios –575 millones es el presupuesto de las obras del nuevo Bernabéu, que se inaugurará en el verano de 2022– necesitará cada vez más combustible. La rebelión de los ricos puede que sólo se haya postergado un poco. “Nosotros hemos salvado el fútbol”, contestaban a Florentino Pérez los aficionados ingleses tras conocerse el fiasco de la Superliga. Quizá demasiado pronto.

Doce de los mayores clubes de fútbol de Europa lanzaron este lunes la bomba que llevaban al menos seis años montando en sus despachos. Los rumores y los movimientos subterráneos –o no tanto– han sido múltiples y continuados, por lo que la noticia es de todo menos una sorpresa. La UEFA intentó la víspera una maniobra preventiva advirtiendo de sanciones deportivas y acciones judiciales a los clubes que se integren en la Superliga. Pero los creadores de la nueva competición ya contaban con suscitar una reacción que se les antoja insignificante frente a los 10.000 millones de euros que, según dicen, les reportará su iniciativa: un campeonato donde jugarán sólo 20 clubes, entre ellos 15 de los más ricos de Europa, y que sus creadores venden como una apuesta por el fútbol de calidad y un mecanismo para maximizar beneficios, mientras que la UEFA y las Ligas nacionales lo atacan como un “planteamiento egoísta” de los clubes de élite que pone en peligro a todos los demás.

La escisión de los ultrarricos del fútbol europeo casi tal y como se ha presentado ahora fue relatada por Football Leaks, con todo el detalle de correos y reuniones secretas, en noviembre de 2018. Para entonces, Anas Laghari, el asesor financiero de Florentino Pérez, había redactado un acuerdo vinculante que debían firmar 16 clubes de fútbol, entre ellos el Real Madrid. No son los mismos que han aparecido como fundadores de la Superliga, pero casi. Además, los términos del acuerdo tampoco han variado en lo sustancial menos de tres años después, según ha podido comprobar infoLibre, miembro de la red European Investigative Collaborationes (EIC), con la que Der Spiegel ha compartido los miles de documentos procedentes de la filtración bautizada como Football Leaks.

El documento se lo había enviado Laghari, socio de la firma Key Capital Partners, al propio Florentino Pérez el 22 de octubre de ese año. El Real Madrid, de hecho, ha sido protagonista destacado de toda la iniciativa. Hasta el punto de que no sólo Florentino Pérez va a ser el presidente de la Superliga y la empresa que va a gestionar la competición va a estar radicada en España, sino que además su germen se sitúa en el club blanco en diciembre de 2015. Al menos, según los documentos de Football Leaks, fue el 17 de ese mes cuando el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, recibió un correo de Charlie Stillitano, un abogado de Nueva Jersey dedicado al negocio del fútbol –también cronista y opinador en medios de comunicación de Estados Unidos, además de asiduo del Bernabéu–, donde le ofrece dos proyectos, uno de 16 equipos que duraría 19 semanas, no interferiría en las otras competiciones y les supondría una ganancia de 250 millones de euros, y otro que denomina Superliga, con los 17 mejores equipos ingleses, españoles, italianos, alemanes y franceses –y un invitado procedente de las ligas portuguesa, rusa, holandesa o turca–, que les reportaría 500 millones de euros al año, cinco veces más de lo que gana un club cuando gana la Champions. Stillitano deja abiertos al debate asuntos capitales como la distribución de los ingresos, los pagos de solidaridad, los topes salariales y financieros de las reglas de juego limpio y las garantías financieras. Todas esas cuestiones aparecieron resueltas en el borrador de acuerdo que Florentino Pérez recibió en octubre de 2018.

Borrador Euroliga 2018 by infoLibre on Scribd

En esa lista inicial ha habido finalmente algunos cambios. Se ha sumado el Tottenham Spurs, pero se han caído el Bayern, el Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain y la Roma. Pero sólo en principio, porque en el esquema hecho público este lunes se incluye la posibilidad de añadir otros tres equipos fundadores.

En el diseño inicial, el Real Madrid iba a tener el 18,77% del capital de la empresa gestora de la Superliga, el Barcelona un 17,61% y el Manchester United otro 12,58%. Los demás, porcentajes por debajo del 10% hasta un 4,27% el AC Milan.

El acuerdo de 2018 establece igualmente cómo se van a repartir los beneficios, incluidos los procedentes de los derechos televisivos, cómo se van a pagar las primas a los jugadores, cómo se van a distribuir los dividendos entre los clubes fundadores y cómo se creará un fondo de solidaridad propio. La Superliga, según ese borrador, también tendrá su propio órgano disciplinario, para seleccionar árbitros y sancionar a clubes y jugadores, así como un organismo independiente para vigilar que se cumplen sus propias normas de juego limpio financiero, distintas de las normas de la FIFA: éstas permiten a los clubes gastar un máximo cinco millones de euros más de lo que ingresan durante tres años, además de limitar su ratio de apalancamiento respecto del beneficio bruto y topar en 100 millones de euros el saldo entre gastos y ventas en los traspasos. Ese órgano permanece en el acuerdo final hecho público este lunes.

En el plan inicial se incluía la posibilidad de crear una segunda división de la Superliga, que en el esquema final parece haberse suprimido, o quizá sustituido, por una liga femenina. El objetivo de la nueva competición tampoco se altera: maximizar el número de partidos y, por tanto, también su “alcance global, su audiencia televisiva y la comercialización”. De hecho, los promotores hablan ahora de “crear un torneo en el que los mejores clubes y jugadores puedan competir entre ellos de manera más frecuente”. Lo que les proporcionará “un crecimiento económico significativamente mayor”. Para empezar, un pago de 3.500 millones de euros para acometer, dicen, planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia del covid. JP Morgan ya ha anunciado que financiará el proyecto.

Un cartel

Pero, aunque los clubes vinculan el paso dado, la ruptura con la UEFA, a la crisis del coronavirus y subrayan el “intenso” diálogo mantenido durante “los últimos meses” para dar a luz la iniciativa, lo cierto es que la Superliga es el resultado de una larga yminuciosa estrategia entre bastidores.

La presentación que debatieron en un hotel de Zúrich los clubes promotores de la Superliga en marzo de 2016.

Según los documentos de Football Leaks, Charlie Stillitano viajó también a Londres, en enero de 2016, para explicar su proyecto a Manchester City, Manchester United, Chelsea Liverpool y Arsenal. The Sun pilló a los representantes de los clubes ingleses saliendo de un hotel de lujo y desveló el motivo de la reunión. “En el futuro, deberemos tener mucho cuidado y evitar a toda costa dar la impresión de ser un cartel”, escribió entonces en un correo el director general del Manchester City.

Ese mismo mes de enero se forma el núcleo duro que lidera el proyecto y que integran Real Madrid,  FC Barcelona, Bayern y Juventus. El 12 de enero, Karl Heinz Rummenigge, secretario general del club bávaro, y su homólogo de la Juventus, Andrea Agnelli, ya están debatiendo a través del correo electrónico la creación de una liga “privada”. Y el 3 de febrero, Michael Gerlinger, responsable del departamento jurídico del Bayern, encarga a la oficina en Londres del bufete estadounidense Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton que estudie los problemas legales que les puede suponer crear el nuevo campeonato. En concreto, pregunta si los jugadores de los equipos que rompan con la UEFA deberán abandonar sus respectivas selecciones nacionales. Le responden que la UEFA y la FIFA no pueden atacar a los clubes porque violarían las leyes europeas de la competencia.

Un mes más tarde, se unen al cartel el AC Milan, el Manchester United y el Arsenal. Stillitano los llama “los siete grandes”. El 31 de marzo todos ellos se reúnen en un hotel de Zúrich (Suiza). Tan en secreto que la sala de conferencias se ha reservado a nombre de una agencia de viajes. Entonces se debaten dos posibilidades: una “evolución”, con sólo una escisión “parcial” del sistema formado por la UEFA y las ligas nacionales, o una “revolución, que implica la ruptura definitiva.

“nuestro medio de presión para obtener lo que queremos”

El 19 de abril se celebra una nueva reunión secreta de los “siete grandes”, esta vez en Amsterdam (Países Bajos). Y el 2 de mayo Rummenigge y Agnelli vuelven a verse en Suiza. Al mismo tiempo, los clubes implicados y el propio Rummenigge, que también preside la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, utilizan la amenaza de la escisión para conseguir que la UEFA convierta la Champions en una Superliga e incluso para que se deje participar a los equipos del cartel en su gestión. El 14 de julio la cita de los siete grandes es en el Nou Camp, en Barcelona y en agosto, en una nueva cita secreta en el aeropuerto de Ginebra (Suiza), se consigue un acuerdo parcial con la UEFA. Se reducen los pagos de solidaridad a los clubes más pequeños y el porcentaje de ingresos procedentes de los derechos televisivos. Unos cambios en las normas de la Champions que fueron recibidos por los equipos más modestos como una “reforma dictada por la amenaza de ruptura” y “un primer paso hacia una Superliga privada” que producirá “una brecha creciente entre ricos y menos ricos”. En ese momento, la UEFA carecía de presidente, después de que Michel Platini fuera suspendido por cobros desleales y conflicto de intereses.

En enero de 2017 la siguiente reunión de los clubes conspiradores se celebró en el Hotel Hilton de Múnich. “[La Superliga] Es nuestro medio de presión para obtener lo que queremos”, aseguró ante sus socios en el proyecto el entonces director general del Arsenal, Ivan Gazidis, hoy en el AC Milan.

Pero no, no fue suficiente. Los clubes ricos querían más, y la pandemia les ha acuciado el estado de necesidad. “Las soluciones propuestas por los reguladores”, argumentan para justificar la ruptura, “no resuelven las cuestiones fundamentales, que son tanto la necesidad de ofrecer partidos de más calidad como obtener recursos financieros adicionales para todo el mundo del fútbol”. No lo ven así ni la UEFA, ni la FIFA, ni las ligas nacionales ni el Gobierno de España, cuya reacción unánime ha sido de condena y que se han situado en favor de la “solidaridad” y de “un modelo de redistribución equitativa” que ven perjudicado por el proyecto de los grandes. “La Superliga”, ha subrayado LaLiga, “ataca los principios de la competitividad abierta del mérito deportivo”. El Gobierno español dice que se ha abierto un diálogo con los clubes implicados para conseguir una “solución pactada conveniente al fútbol y al deporte”.

Los jugadores de fútbol suelen tener una vida laboral más corta que la mayoría de los trabajadores. Superada la treintena, el reloj biológico les señala la puerta de salida. Pero muchos de ellos, sobre todo los de primera categoría, disfrutan de mayores posibilidades de reinvención que un asalariado medio. No todos se convierten en entrenadores –Zidane, Koeman, Del Bosque, Guardiola–, una reorientación casi lógica. O en comentaristas deportivos, como Julio Salinas. Los hay que llegan a actores, como Vinnie Jones. Otros, David Beckham, Mathieu Flamini, prueban en el mundo de los negocios. Y unos cuantos más siguen conectados a sus antiguos clubes, estirando un poco más nombre y fama para promocionar la marca donde se hicieron ricos.

El Real Madrid es generoso con sus antiguas estrellas. Jorge Valdano fue director deportivo primero y adjunto a la presidencia después. Emilio Butragueño lleva más de una década como director de Relaciones Institucionales. Otro histórico, Raúl González, fue contratado en junio de 2017 como adjunto al director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez. Su trabajo consistía en asesorar al Real Madrid, y no sólo en cuestiones deportivas, ayudar al club a gestionar su relación con los jugadores de los diferentes equipos, apoyar el desarrollo de los deportistas de la cantera, representar a los blancos en actos institucionales, comerciales y deportivos… Así consta en el contrato laboral al que ha tenido acceso infoLibre y que forma parte de los documentos de Football Leakscompartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC).

Para ello, el Real Madrid le exigió que se pusiera al tanto de la gestión de las diferentes áreas del club, de forma que pudiera “complementar su experiencia deportiva con el aprendizaje de las funciones corporativas básicas de la entidad”. “Viene a ayudarnos y a formarse en distintas áreas del club, aportando, qué duda cabe, su experiencia en Valdebebas”, resumía Sánchez Periáñez a su equipo directivo al anunciar su fichaje. A cambio, le pagaba un millón de euros brutos al año.

Mientras el club redactaba el contrato, se planteó la duda de qué categoría profesional debería tener Raúl, quien jugó con el Real Madrid durante 16 años y fue uno de sus máximos goleadores de todos los tiempos. ¿Director o responsable medio?, pregunta el director de Recursos Humanos, José María García Tomás, al director general del club, José Ángel Sánchez. Si se le nombra director, el cuantioso sueldo de Raúl elevará la retribución conjunta de todos los directores, que aparece publicada en el portal de transparencia de la web del Real Madrid, objeta García Tomás. A fecha de 30 de junio de 2019, el club pagaba 22,12 millones de euros en retribuciones a sus 43 directivos. Aunque en ese último ejercicio abandonaron sus puestos cinco de ellos, que fueron indemnizados con un total de 1,8 millones de euros, tal y como consta, en efecto, en el área de transparencia de la web.

Tampoco sabían cómo denominar su cargo en inglés. “¿Deputy to the CEO, assistant to the CEO? Para que no hubiera confusión posible con el puesto de la número dos de José Ángel Sánchez, Begoña Sanz Orea, deputy managing director.

El caso es que el paso de Raúl por la alta dirección de la empresa fue muy breve. Pese a tener un contrato indefinido, dejó el puesto sólo un año más tarde, cuando volvió al césped y pasó a entrenar a los cadetes, después al segundo equipo juvenil y luego al Castilla, donde continúa. El Real Madrid ha declinado contestar a las preguntas que infoLibre le ha enviado sobre los contratos a sus exjugadores.

El comité de empresa no puede saberlo 

En julio de 2016 había sido contratado, también con un millón de euros de sueldo –“nada menos, apostilla el director general”–, Ronaldo Nazario. Como asesor del presidente, Florentino Pérez, y embajador del club en Latinoamérica. A diferencia de Raúl, al brasileño se le ofreció un contrato mercantil, de prestación de servicios, pese a que los abogados del brasileño, el despacho Senn Ferrero, querían un contrato laboral y que se le pusiera en nómina. También pedían que tributara como no residente los primeros seis meses –con una retención del 19%– y después como impatriado –con una retención del 24%–. Es decir, con un IRPF muy por debajo del tipo máximo del 45% que le correspondería por su elevado sueldo en condiciones normales.

Sin embargo, el Real Madrid no estaba por la labor. Prefería un contrato de prestación de servicios con Ronaldo Nazario como autónomo. Y el motivo no es sólo fiscal, sino de transparencia –no quieren que trascienda– e incluso penal. “[Si se le hiciera un contrato laboral ordinario], Ronaldo estaría en el perímetro del comité de empresa, al que, para empezar, estaríamos obligados a dar copia de su contrato de trabajo”, objeta el director de Recursos Humanos, “no debemos hacerlo de ningún modo”.

Además, el club asegura que un contrato laboral puede incurrir en fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. “Sería una ficción que no responde a la realidad de la relación acordada con Ronaldo”, explica José Ángel Sánchez, quien además advierte de que el exjugador obtendría así “una tributación como impatriado muy privilegiada, que sin duda sería mirada con lupa” tanto por la Agencia Tributaria española como por la de su país de procedencia. No sólo pagaría a un tipo inferior al ordinario, sino que tampoco tributaría por las rentas que obtuviera en el extranjero, sólo por las españolas. Buena parte del futuro trabajo del brasileño estaba previsto que se desarrollara fuera de España.

La respuesta de Ronaldo: “Hablaré con el presidente”. Sus abogados argumentaban que el Real Madrid “ya corre esos mismos riesgos en otros casos”. Se referían, en concreto, al fichaje de Lorenzo Sanz Durán, hijo del expresidente madridista, que cobraba 100.000 euros al año, también con un contrato mercantil, al menos hasta el 30 de junio de 2018. Lorenzo Sanz hijo fue jugador de baloncesto del Real Madrid y director técnico de su sección de baloncesto cuando su padre aún presidía el club. Reapareció de nuevo en 2016, año en que empezó a trabajar para el Departamento de Comunicación. En mayo de ese año sustituyó a Fernando Romay en los comentarios de los partidos que retransmitía Real Madrid TV.

Los directivos blancos deciden entonces pedir un informe a Garrigues, que confirma la naturaleza mercantil de la relación con Ronaldo, e incluso acuerdan informar a la Dirección de Control y Auditoría Interna del club por el riesgo penal que implica. Así que el contrato fue finalmente de prestación de servicios. “Que al menos esté obligado cuando lo necesitemos, se podrían limitar sus apariciones a un mínimo de 10 al año”, exige el director general. Y se le renovó un año más tarde por el mismo importe. También a Lorenzo Sanz. Ambos en la misma fecha.

El delantero brasileño, que había jugado en el Real Madrid entre 2002 y 2007, se convirtió en el principal accionista del Real Valladolid en septiembre de 2018, cuando aún era embajador del Real Madrid –se le acababa de renovar en junio–. Pagó 50 millones de euros por el 51% de las acciones del club. Un año más tarde amplió su participación a casi el 73%.

Entre embargos judiciales e inspecciones fiscales

A otro galáctico, el también brasileño Roberto Carlos, el Real Madrid lo contrató el mismo año como embajador del club, en concreto para Asia. Pero el lateral, jugador blanco durante más de una década y después técnico en equipos de todo el mundo, desde Turquía y Rusia hasta la India, también quería entrenar. Así que entre viaje promocional y viaje promocional le colocaron como segundo entrenador del Juvenil A. También ejerce de comentarista en Real Madrid TV. En total, 750.000 euros, que a partir de octubre de 2017 subieron a 900.000. Sólo tres meses antes la justicia brasileña le había condenado a tres meses de cárcel por no pagar la pensión alimenticia a dos de sus hijos –tiene nueve–. Debía 17.000 euros a su exmujer. Y el jugador había alegado “problemas financieros” para no abonárselos. Ya en diciembre de 2016 le había llegado al club una orden de embargo de un juzgado de São Paulo.

Así que, cuando le sube el sueldo, el Real Madrid debe tener cuidado: “Con los embargos judiciales que tiene, no debemos hacer una subida con efectos retroactivos, ya que eso podría interpretarse como una maniobra del club, de acuerdo con el interesado, para ocultar temporalmente parte de su retribución a los juzgados”, advierte el director de Recursos Humanos, “con esta decisión convertiríamos en falsas las cantidades de su retribución que hemos certificado en el pasado a las autoridades judiciales”.

Además de sus problemas judiciales, Roberto Carlos compartió con muchos otros de sus antiguos compañeros otro tipo de banquillo, aquel en que le sentó Hacienda: fue también condenado por la Audiencia Nacional, en una sentencia de 2009 que luego confirmó el Tribunal Supremo, por no pagar dos millones de euros en concepto de IRPF entre 1996 y 1999. Los 1,2 millones de euros que el fisco le reclamaba al jugador, más los intereses, fueron abonados por el Real Madrid, tal y como se había comprometido a hacer el club en el momento en que Roberto Carlos los abandonó, según recogen los documentos de Football Leaks.