La desprotección de los informantes de delitos sigue siendo la norma en el mundo. Desafiar al poder (militar, político o económico) es un riesgo en casi todas partes, como demuestra lo ocurrido con Julian Assange, pero también con otros muchos whistleblowers. Un problema que, a menudo, pone también en el punto de mira a los medios de comunicación que se atreven a difundir el contenido de sus filtraciones.

Edward Snowden sigue siendo el más famoso. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) filtró en 2013 los documentos que probaban la vigilancia masiva e ilegal que este departamento, de dependencia directa del gobierno norteamericano, estaba llevando a cabo. La NSA espiaba llamadas de teléfono, correos electrónicos y el tráfico de Internet de la práctica totalidad de los ciudadanos de su país y de gran parte del mundo.

Snowden tuvo que huir a la Rusia de Vladímir Putin para escapar de la justicia de EEUU. Allí vive desde entonces. De nada le sirvió la evidencia del delito que denunció: para la justicia norteamericana pesa más la violación de la Ley de Espionaje de Estados Unidos y el hecho de haber faltado a su compromiso de no revelar lo que la NSA estaba haciendo.

El portugués Rui Pinto facilitó en 2016 decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA). Esas informaciones hicieron posible que varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrieran investigaciones penales.

Pero Pinto fue arrestado en Budapest (Hungría) en 2019 a petición de las autoridades portuguesas. Fue liberado en agosto de 2020. Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto recurrió. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones —clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros— en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados.

El informático suizo Hervé Falciani, responsable de haber filtrado una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra, se encuentra en libertad, pero también conoce la cárcel. Su filtración ha servido para que haciendas como la francesa o la española hayan recaudado cientos de millones de euros que se habían mantenido ocultos al fisco. Se calcula que había en la lista 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, algunos de los cuales fueron investigados judicialmente. De hecho, en 2010, la Agencia Tributaria ya ingresó 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 de estos contribuyentes.

El periplo de Falciani desde que filtró estos datos en 2008 —y desde que, en 2009, dio a conocer públicamente su identidad— no ha sido fácil. La justicia suiza lo condenó en 2015 a cinco años de prisión por violación del secreto comercial, pero lo hizo con él ausente, ya que residía en Francia, desde donde no podía ser extraditado al país helvético. Falciani, no obstante, volvió a ser detenido en 2018 en Madrid en virtud de una orden de detención de Suiza, pero la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

La justicia argumentó entonces que los delitos por los que había sido condenado en Suiza no eran punibles en España, ya que revelar “a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales” los datos que recabó sobre “actividades sospechosas de ilegalidad” no es constitutivo de delito.

Chelsea Manning es una exsoldado estadounidense que fue condenada a 35 años de prisión por filtrar los cables diplomáticos y los documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente filtró y por la que fue condenada en 2013 por espionaje, robo de información gubernamental y abuso de su posición. El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017 antes de dejar la Casa Blanca.

El francés Antoine Deltour, exempleado en las oficinas de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Luxemburgo, dio a conocer en 2010 documentos fiscales confidenciales en poder de la empresa que dieron lugar a los LuxLeaks, una investigación periodística que develó cientos de acuerdos fiscales muy ventajosos celebrados por firmas de auditoría con la administración fiscal luxemburguesa en nombre de muchos clientes internacionales.

Deltour fue acusado de robo doméstico, violación del secreto profesional, violación de secretos comerciales y blanqueo de dinero, condenado y después liberado por la justicia luxemburguesa.

España, donde de momento no se ha producido nada parecido, cuenta desde hace un año con una ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero no parece muy comprometida con su desarrollo. La norma, que nominalmente trata de proteger a los ciudadanos que denuncien actos ilegales o irregulares en su entorno laboral, tanto en el sector público como privado, no ha pasado del papel a la realidad y nada indica que eso vaya a suceder a corto plazo.

En su articulado, la ley prevé poner en marcha canales a través de los cuales realizar denuncias anónimas, garantizando la confidencialidad del informante y protegiendo su identidad frente a posibles represalias, mediante la puesta en marcha de una autoridad independiente que obligatoriamente debía haberse creado el pasado marzo, pero que sigue sin existir.

La normativa estableció la obligatoriedad para todas las empresas con más de cincuenta trabajadores, así como para todas las entidades del sector público, de implementar un “sistema interno de información” accesible, confidencial y eficiente en la gestión de las denuncias recibidas. Y creó un canal externo de información gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, una instancia encargada a su vez de actuar con independencia y autonomía para recibir y tramitar las denuncias que es la que ni siquiera ha visto la luz.

La ley prohíbe expresamente cualquier represalia contra los denunciantes y establece medidas de apoyo y protección para evitar daños laborales, reputacionales o de otro tipo. También se incluyen sanciones para aquellos que infrinjan la normativa, asegurando así un entorno seguro y justo para los informantes. Además, contempla la posibilidad de implantar programas de clemencia para fomentar la cooperación en la lucha contra la corrupción.

Es la autoridad independiente prevista en la ley la que debe gestionar el canal externo de denuncias, ofrecer asesoramiento y elaborar modelos de prevención del delito en el ámbito público. Su presidente debe ser nombrado por real decreto en el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, por un período de cinco años no renovable, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso”, donde deberá ser acordada por mayoría absoluta.

Las autoridades judiciales españolas no han mostrado “ningún interés” en aprovechar para sus investigaciones los 20 terabytes de información que Rui Pinto, el denunciante de los Football Leaks, entregó el pasado día 1 a policías y fiscales alemanes, franceses y belgas en París. Así lo atestigua a infoLibre un portavoz de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), que organizó la cita junto con Eurojust, el organismo europeo de coordinación judicial.

España fue uno de los 10 países europeos que empezaron a cooperar para utilizar la información de Football Leaks en febrero de 2019, aunque ya antes, en 2018, Rui Pinto se había puesto a disposición de los fiscales franceses. Sin embargo, a la entrega de los discos duros desencriptados en París este mes no acudió ningún representante español. Y ello pese a que las revelaciones de Football Leaks, publicadas por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, permitieron abrir en España las investigaciones judiciales que terminaron en las condenas por fraude de fiscal a Cristiano Ronaldo y José Mourinho, además de desvelar las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el FC Barcelona.

Este periódico ha preguntado, sin éxito, al enlace español en Eurojust, el juez José de la Mata, por el motivo de la ausencia española en la cita de París y por la disposición española para utilizar los datos aportados por Rui Pinto. Por su parte, la Fiscalía española niega haber tenido conocimiento de la reunión. “No se le informó de la entrega [de los discos duros]”, asegura un portavoz. Aunque añadió que, en caso de necesitar esa información, sabe que la tiene a su disposición, al igual que el resto de las autoridades europeas, a través de Eurojust.

En efecto, a partir de ahora, “la asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados”, destacó a Mediapart, socio galo de infoLibre, también miembro de EIC, la Fiscalía Financiera francesa, que calificó de “prometedor” el contenido de los discos duros obtenidos.

España sí participó en la primera reunión de febrero de 2019, celebrada en La Haya, donde se acordó aprovechar las revelaciones de Football Leaks para investigar delitos en toda Europa. Los medios de EIC llevaban publicando desde diciembre de 2016 los casos de corrupción, fraude fiscal, dopaje, compra de partidos e influencia política que documentaba la filtración, en principio 3,4 terabytes obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con una quincena de medios de comunicación europeos.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió entonces una primera investigación penal por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra varios futbolistas, entre ellos Javier Pastore, que en esa época jugaba en el Paris Saint-Germain, y Lucho González, que militaba en el Olympique de Marsella. En España, la fiscalía hizo lo propio enseguida con Xabi Alonso, Radamel Falcao, Fabio Coentrão…

Una segunda tanda de relevaciones comenzó a publicarse en noviembre de 2018, desde las citadas operaciones opacas del Barça con Leo Messi hasta la burla del fair play financiero llevada a cabo por el Paris Saint Germain y el Manchester City, con el consentimiento de los presidentes de la UEFA, Michelle Platini, y de la FIFA, Gianni Infantino.

Hace sólo unos días, la Audiencia Nacional confirmó una sanción de 23 millones de euros al Barça por pagar a sus jugadores parte del sueldo a través de sus agentes y reducir así a sus estrellas la factura del IRPF. Un ardid que ha utilizado también el Real Madrid y otros clubes de fútbol, tal y como documentó Football Leaks. El pasado martes, además, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Mourinho, que finalmente tendrá que pagar la multa por fraude fiscal que se le impuso en España. También intentó ocultar parte del sueldo que le pagaba el Real Madrid cobrándolo a través de su agente, Jorge Mendes. El mismo truco utilizado por Cristiano Ronaldo, con quien compartía representante. El entrenador portugués fue condenado en 2019 a un año de cárcel y al pago de tres millones de multa.

Pero la información facilitada por Rui Pinto a la Justicia europea no se limita al mundo del fútbol. El portugués también está en el origen de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por otro consorcio de medios, ICIJ, y la ONG PPLAF, que destapó las turbias operativas financieras de Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. Además, los discos duros contienen información sobre sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales, como la que permitió publicar a EIC los Malta Files.

Es más, los discos duros ahora en manos de las autoridades judiciales pueden alimentar nuevas investigaciones o ayudar a cerrar otras en curso. En Francia, la ya citada sobre Javier Pastore, pero también otra sobre discriminación racial en el PSG, que fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha presentado una segunda denuncia para intentar relanzar el caso. Además del posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Mientras, en España, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

El caso lleva abierto desde 2019. El pasado julio se concedió una nueva prórroga por culpa de unas comisiones rogatorias pendientes, necesarias para el informe de la Agencia Tributaria, que ejerce funciones de auxilio. En diciembre, la Fiscalía informó en contra de más prórrogas, pues considera concluida la instrucción. Ahora el juez deberá decidir si sobresee la causa o si continúa el procedimiento. Ese magistrado es ahora Santiago Pedraz, pero quien inició la instrucción y la dirigió hasta noviembre de 2020 fue José de la Mata, el enlace español en Eurojust.

Rui Pinto lleva colaborando con los fiscales franceses desde 2018, pero sólo puedo desencriptar sus discos duros cinco años después, porque se lo impedía un requerimiento de la Justicia portuguesa, según ha explicado su abogado, William Bourdon. Pinto fue detenido en Budapest, a petición de las autoridades lusas, en enero de 2019. Le acusaban de piratería informática e intento de extorsión.

Después fue extraditado a Portugal. Estuvo en prisión hasta que en 2020 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Lisboa: fue puesto en libertad como testigo protegido pero, además, se le prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa. Ese pacto fue impugnado por el Benfica ante los tribunales, una demanda que perdió en noviembre de 2023.

Dos meses antes, en septiembre, Rui Pinto había sido condenado a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que el portugués ha recurrido. También se declaró culpable ante un tribunal de París, tras aceptar una pena de seis meses de prisión, igualmente en suspenso, por piratear los buzones de correo electrónico del Paris Saint-Germain.

La historia de Rui Pinto no es muy distinta a la de Hervé Falciani, el ingeniero italofrancés que desde 2009 colabora con la Justicia internacional tras haberse apoderado de los datos de 130.000 evasores fiscales cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.

Detenido en Barcelona en 2012, pasó cinco meses y medio en la prisión de Valdemoro (Madrid), mientras la Audiencia Nacional decidía si lo extraditaba a Suiza, que le acusaba de revelación de secretos y de espionaje económico. También de intentar vender los datos de la que luego se conoció como Lista Falciani. Finalmente, no fue extraditado e incluso fue protegido por el CNI y la Policía. La Audiencia Nacional lo puso en libertad en mayo de 2013, pero la Cámara Federal Penal suiza lo condenó en rebeldía dos años después a cinco años de cárcel. Lo que dio pie a que Suiza volviera a ordenar su detención. Fue arrestado de nuevo en España, en la Universidad de Comillas (Cantabria). La Fiscalía pidió su prisión provisional, pero el juez dejó a Falciani en libertad con medidas cautelares.

En su caso, sí funcionó la cooperación europea: Francia compartió la lista con otros países, entre ellos España. Con la lista Falciani en la mano, se investigaron 659 nombres y se recuperaron 260 millones de euros. Entre los evasores fiscales pillados se encontraba el presidente del Banco Santander, Emilio Botín y su familia. La Agencia Tributaria ofreció a los españoles de la lista –empresarios, abogados– la posibilidad de pagar los impuestos que la información de Falciani demostraba que habían defraudado sin abrirles una inspección. Unos aceptaron y otros no. Estos últimos terminaron en los tribunales.

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. [...] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.

El martes de la semana pasada, a las 16.36 horas, llegó al Tribunal Penal de Lisboa un escrito de 85 páginas. Fue presentado por el equipo jurídico de Rui Pinto, el cerebro detrás de la plataforma Football Leaks. Se trata de un documento esperado con impaciencia: el recurso demuestra que Pinto se está preparando para dar la batalla en los tribunales europeos.

Pinto, el estudiante de Historia que entregó más de 70 millones de documentos a la revista alemana Der Spiegel y a sus socios de la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre, fue detenido en Budapest en 2019. Sus datos revelaron un fraude fiscal sistemático en el fútbol de élite, que permitieron abrir investigaciones judiciales en varios países. Pero la Justicia también se interesó por cómo Pinto había obtenido los documentos.

Durante unos tres años, el portugués tuvo que responder por ello en un juicio celebrado en Lisboa. Los cargos incluían 90 infracciones penales. Entre ellas, cargos de intento de extorsión, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia. Pinto no recibió su veredicto hasta el pasado mes de septiembre: fue declarado culpable de nueve cargos, entre ellos el intento de extorsión a un controvertido agente deportivo. El juez fijó la condena de Pinto en cuatro años, con suspensión condicional de la pena.

Ahora el portugués se defiende. En el recurso, al que han tenido acceso Der Spiegel y sus socios internacionales, los abogados de Rui Pinto atacan puntos centrales del proceso judicial. También se refieren a la ley de amnistía promulgada en Portugal este verano con motivo de la visita del papa Francisco en virtud de la cual se liberó a jóvenes delincuentes de ciertos delitos menos graves. Pinto también se benefició de la medida de gracia, ya que en virtud de ella se le retiraron 79 cargos. Con el recurso, sus abogados quieren comprobar ahora si otros delitos por los que Pinto fue condenado también deben quedar cubiertos por la amnistía.

Un segundo elemento del contraataque de Pinto se refiere a la acusación de intento de extorsión a Doyen Sports Investments Limited, un fondo creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, David Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En su recurso, los abogados argumentan que algunas de las pruebas que consideran exculpatorias no fueron suficientemente tenidas en cuenta en la sentencia. Se trata de correos electrónicos que supuestamente demuestran que Pinto desbarató el intento de chantaje por iniciativa propia. Los abogados piden al tribunal que absuelva a Pinto del cargo tras revisar esa prueba. El intento de extorsión constituye por sí solo la mitad de los cuatro años de la pena suspendida.

La defensa de Pinto también pide al tribunal que reconsidere fundamentalmente otros dos aspectos. El primero, que Pinto admitió durante el juicio que había tenido acceso no autorizado a datos personales y buzones de correo de terceros. El segundo, que explicó que muchos de los delitos que se le atribuyen fueron cometidos por otros miembros de la red Football Leaks. Aunque Pinto había recibido de ellos los datos y también había participado en la planificación de los ataques, no se llevó él mismo el material. Sin embargo, Pinto aún no ha revelado la identidad de sus presuntos cómplices.

En su sentencia, el tribunal consideró “inverosímiles” las declaraciones de Pinto, ya que la fiscalía no había encontrado pruebas de la participación de otras personas en el delito. Los abogados de Pinto argumentan ahora, entre otras cosas, que los investigadores no encontraron comunicaciones con periodistas, pero que se ha demostrado que existieron. El análisis técnico de algunos de los soportes de datos encontrados en el apartamento de Pinto también sugiere la implicación de otras personas, explican los abogados.

Además, la orden de detención europea con la que Pinto fue detenido en Budapest en 2019 va a ser reexaminada en el procedimiento de apelación. Los abogados plantean la cuestión de si la orden era suficiente como base para llevar a cabo un proceso judicial tan extenso en Lisboa. La pregunta puede servir de preparación de otros pasos procesales con los que Pinto querría que se aclarara su posición ante los tribunales europeos.

En última instancia, su caso podría dar lugar a sentencias pioneras sobre cómo afrontar la ciberdelincuencia, qué información se considera de interés social y cuál es el ámbito de actuación de los Estados nacionales. Serían fallos importantes que también podrían dar a otros informadores, denunciantes de corrupción y fiscales de Europa un poco más de seguridad jurídica. Pero también sería un largo camino, que plantea una pregunta: ¿puede Pinto permitirse económicamente otra batalla legal que puede durar años?

El portugués, que tiene 35 años, vive en el programa de protección de testigos desde hace unos tres años y no tiene ingresos significativos. Su equipo legal está formado por Francisco Teixeira da Mota, su hija Luisa y el francés William Bourdon, que también ha defendido a Edward Snowden, el filtrador que hizo público el programa de vigilancia masiva de la CIA y la NSA. Ya se han gastado “miles de dólares” en los renombrados abogados, asegura Delphine Halgand-Mishra, directora ejecutiva de The Signals Foundation, la red estadounidense para la protección de whistleblowers que ha sufragado hasta ahora los gastos de la defensa de Pinto. “Los denunciantes de corrupción y quienes, como Rui Pinto, revelan información de interés público son el freno de emergencia de nuestra sociedad. Garantizan que nuestras democracias sigan prosperando y que los poderosos rindan cuentas. Merecen nuestro apoyo”, explica Halgand-Mishra.

La responsable de The Signals Foundation está buscando más donantes para financiar a los abogados de Pinto y también se ha abierto al público una página de donaciones. Porque, además del recurso, Pinto se enfrenta aún a otra acusación: presentada en julio, la fiscalía le acusa de 377 delitos. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido si habrá juicio: primero debe aclarar cuántos de esos cargos ya han sido perdonados por la reciente ley de amnistía.

Al menos Pinto, sus abogados y Halgand-Mishra ya no tienen que preocuparse por uno de ellos: el miércoles, el portugués se declaró culpable ante un tribunal de París de haber tenido acceso no autorizado a los buzones de correo de los directivos del Paris Saint-Germain entre 2015 y 2019. La información filtrada sirvió para destapar los trucos financieros practicados en el club francés, financiado por Qatar, así como su racista sistema de ojeadores. El tribunal parisino ha condenado a Pinto a seis meses de prisión, que ha dejado en suspenso. También deberá pagar los honorarios del abogado y una indemnización al PSG: un euro. Un pago simbólico.

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, la filtración que desnudó la cara sucia del fútbol europeo, ha sido condenado este lunes en Portugal a cuatro años de prisión, con suspensión de la pena, por lo que no irá a la cárcel. La jueza Margarida Alves lo ha encontrado culpable de un delito de extorsión en grado de tentativa, tres delitos de violación de correspondencia agravada y cinco delitos de acceso ilegítimo. El resto de los cargos que le imputaba el Ministerio Fiscal han quedado retirados en virtud de la amnistía concedida gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, y también por falta de pruebas.

Además de la condena suspendida, Rui Pinto tendrá que pagar una indemnización al fondo Doyen de 3.000 euros y a los abogados que del despacho PLMJ. João Medeiros 15.000 euros más, mientras que otros dos abogados tendrán derecho a 2.039 euros cada uno. También ha sido condenado el abogado Aníbal Pinto, en su caso a dos años de prisión igualmente con suspensión de pena. Y tendrá que compensar a Doyen con 2.500 euros.

En su sentencia, la jueza destaca que Rui Pinto tenía a su favor la edad cuando cometió los hechos, su falta de antecedentes penales, el arrepentimiento que expresó durante el juicio y el hecho de que pusiera a disposición de un consorcio de periodistas, la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto Expresso como infoLibre, los documentos que dieron lugar a investigaciones de interés público.

Fueron más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. Tras analizarlos la revista alemana junto con sus socios de EIC, esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

En la lectura de la sentencia del caso Football Leaks, la jueza explicó que “no era creíble” la alegación de Rui Pinto de que los correos electrónicos enviados al consejero delegado de Doyen, Nélio Lucas, proponiendo el pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones, eran sólo una provocación, ya que no esperaba que el gerente de Doyen contestara en absoluto. “El acusado sabía claramente que Nélio Lucas iba a responderle”, zanjó Margarida Alves.

La jueza subraya también que Rui Pinto actuó solo y que, en octubre de 2015, era el único poseedor de la información extraída de Doyen y de otras entidades. “No sólo era el cerebro del proyecto Football Leaks, sino que además era la única persona que tenía acceso a la información y a los archivos en ese momento”, señala. El hacker portugués siempre adujo que la extracción de los documentos había sido fruto de un trabajo colectivo, ejecutado por un grupo de personas del que él sólo era uno más. Pero Margarida Alves concluye que el argumento de Rui Pinto de que había otras personas en posesión de los archivos tampoco es creíble y que, si hubiera actuado solo, no habría podido decidir y controlar las conversaciones con Nélio Lucas.

“Nadie pide dinero a cambio de información si no la posee en exclusiva”, apunta la jueza. “Era únicamente el acusado Rui Pinto quien la tenía y gestionaba”, remató.

En cuanto al abogado Aníbal Pinto, la jueza señala que estaba “meridianamente claro” que acudió a la reunión de octubre de 2015 con Nélio Lucas –entonces bajo vigilancia de la policía judicial– “consciente del plan de Rui Pinto” de pedir dinero al fondo Doyen para dejar de publicar Football Leaks. “Ha quedado probado que los dos acusados se propusieron extorsionar al asistente de Doyen”, concluyó Margarida Alves.

La sentencia también responsabiliza a Rui Pinto de las publicaciones en el blog Mercado de Benfica. “Fue con la detención del acusado cuando cesaron todas las publicaciones en Football Leaks y Mercado del Benfica. ¿Es creíble que si el acusado hubiera actuado en grupo las publicaciones no habrían continuado?”, se preguntó la jueza.

A su juicio, “todo el plan [para extorsionar a Doyen] se llevó a cabo”, sólo que “no tuvo el resultado deseado por razones ajenas a su voluntad”; es decir, porque Doyen no pagó la cantidad propuesta por Rui Pinto y negociada por Aníbal Pinto. “Los acusados eran perfectamente conscientes de la ilegalidad de su comportamiento”, señala también Margarida Alves.

La sentencia condena también a Rui Pinto por cinco delitos de acceso ilegítimo, pero le absuelve de un sexto delito de este tipo, porque no se probó que hubiera accedido a la plataforma Score, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La jueza tampoco duda en calificar de “inconcebible” prever una “disminución de la culpabilidad” asociada al “supuesto interés público” de las publicaciones de Football Leaks. “El derecho al secreto [de las comunicaciones] prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Si no está bien para el Estado, mucho menos lo está para cualquier ciudadano”, dijo, señalando que el hacker también actuó por interés personal, chantajeando a Doyen. “En un Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la ley y le debe obediencia. No todo vale y nunca puede valer todo. La verdad no es un valor absoluto y no tiene por qué ser investigada a cualquier precio”, fue el argumento, seguramente polémico, expuesto por Margarida Alves.

Sobre los 68 delitos de acceso indebido a decenas de buzones de correo electrónico, la jueza señaló que este acceso se produjo en los sistemas de cinco entidades, entre ellas el fondo Doyen, el club Sporting de Lisboa y el despacho de abogados PLMJ. Y dictamina que debe ser absuelto de estos delitos en su versión agravada, beneficiándose de la amnistía por la visita del papa en la Jornada Mundial de la Juventud. La misma amnistía se aplica al delito de hurto simple de correspondencia. Sin embargo, se dictará una sentencia condenatoria por la violación de la correspondencia de los abogados de PLMJ, cuyos correos electrónicos fueron publicados en el blog Mercado del Benfica.

“Aunque Rui Pinto ha sido condenado, es un alivio que no se accediera a la petición de la fiscalía de sentenciarle a varios años de prisión”, ha declarado el abogado del informante portugués, William Bourdon, a EIC. El letrado aún no ha decidido si recurrirá la sentencia. “Lamentamos que el tribunal no haya atenuado su responsabilidad penal teniendo en cuenta el gran interés público de sus revelaciones”, ha explicado, “sin embargo, ha reconocido en su sentencia la contribución de Rui Pinto a la defensa del interés público, y es probable que esto influyera en el hecho de que no haya impuesto una pena privativa de libertad, al igual que el hecho de que Rui Pinto reconociera sus errores y aceptara sus responsabilidades”.

En un comunicado, Bourdon y los otros dos abogados que han defendido a Rui Pinto –Francisco Teixeira da Mota y Luisa Texeira da Mota– han elogiado la “independencia” del tribunal y que haya tenido en cuenta todas las explicaciones dadas por el portugués durante el juicio, además de los testimonios “muy convincentes”, recalcan, “de testigos eminentes”, confirmando el hecho de que es “uno de los mayores denunciantes [de corrupción] de los últimos años en Europa”.

Los abogados recuerdan, además, que Pinto “sigue siendo un testigo protegido”, debido a las amenazas que sufre, y “objeto de un insoportable acoso judicial ilustrado por las permanentes iniciativas legales emprendidas por los mayores clubes de fútbol de Portugal. Según destacan, ese acoso constituye “una prueba evidente de que existe en Portugal una comunidad de intereses que desea criminalizarlo ad vitam aeternam”.

Por ese motivo, no descartan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poner fin a esa “persecución judicial, que lesiona gravemente los principios fundamentales de un juicio justo”.

Ocho años después de sacudir el mundo del fútbol, Rui Pinto, el informante de Football Leaks, se prepara para conocer el veredicto del proceso que lo ha llevado varias veces en los últimos tres años desde la casa en la que vive bajo protección policial en una dirección secreta hasta el Campus de Justicia de Lisboa

Fue en 2015, entre pintas de cerveza en Praga (Checoslovaquia), cuando Rui Pinto y un grupo de amigos decidieron atacar el negocio del fútbol. En agosto de ese año, de vuelta a Budapest (Hungría), donde residía, Rui Pinto se puso “manos a la obra”, como diría ante el tribunal durante el juicio, dejando también una garantía: “El ataque inicial no fue perpetrado por mí”. El objetivo era sacar a la luz el lado oscuro del fútbol. “Mirabas los informes y las cuentas de los tres grandes, y veías cómo desaparecía el dinero”, declaró ante el tribunal en octubre del año pasado. Pinto también admitió la existencia de un “acceso ilegítimo” para obtener la enorme colección de documentos que poco después aparecieron en el blog Football Leaks.

Los primeros documentos, publicados a finales de septiembre de 2015, apuntaban al Sporting de Lisboa. Pocos días después, se compartieron documentos del fondo Doyen, lo que llevó al vehículo de inversión de la familia kazaja Arif, liderada por el portugués Nélio Lucas, a presentar una denuncia ante la Policía Judicial lusa. Doyen Sports Investments Limited, creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Con la denuncia de Lucas comenzaron las pesquisas que terminaron con la detención del informático portugués en Budapest en enero de 2019.

Entretanto, desde la capital húngara, Rui Pinto siguió la explosión del proyecto Football Leaks, los más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. La revista alemana los ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto infoLibre como Expresso. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desveló las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

A finales de ese mismo año, otro blog, Mercado de Benfica, volcó en internet documentos de este equipo lisboeta, pero las publicaciones terminaron al cabo de sólo unos meses, poco después de la detención de Rui Pinto. Por lo que crecieron las sospechas de que ese proyecto también era suyo –Rui Pinto lo negó ante el tribunal–.

Fue en octubre de 2020 cuando arrancó en Lisboa el juicio del caso Football Leaks, desencadenado por la denuncia de Doyen en 2015. Rui Pinto fue acusado de 90 delitos: 68 de acceso indebido, 14 de violación de correspondencia, seis de acceso ilegítimo, uno de sabotaje informático al Sporting y otro de intento de extorsión a Doyen. Otras víctimas del hackeo fueron el bufete de abogados PLMJ y la Federación Portuguesa de Fútbol.

Además, el pasado mes de julio, mientras esperaba sentencia en este caso, Rui Pinto volvió a ser acusado por el Ministerio Público en otra causa, esta vez por 377 delitos informáticos que incluían al Benfica entre los perjudicados. Lo que ocurra con él se hará previsiblemente público este lunes.

Este verano, la visita del papa Francisco a Portugal propició la aprobación de una amnistía, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, para algunos delitos cometidos por jóvenes. La pista de cómo la amnistía podría beneficiar a Rui Pinto está en el auto de la jueza que aplazó la sentencia del creador de Football Leaks hasta el 11 de septiembre.

Según Margarida Alves, el acusado podría acogerse al beneficio decretado con motivo de la visita papal “en relación con algunos de los delitos [...], a saber, el delito de violación de correspondencia y el delito de acceso indebido, que, en sus formas simples, se castigan precisamente con pena de prisión de hasta un año o multa". "Dada su edad en el momento de cometerse los delitos, el acusado entra en el ámbito de aplicación de dicha ley”, se lee en el escrito.

Cuando la magistrada aplazó la lectura de la decisión, la ley de amnistía aún no había entrado en vigor –lo hizo el 1 de septiembre–. Pero Margarida Alves entendió que no tenía sentido condenar al presunto hacker por delitos por los que más tarde podría ser amnistiado. 

Tal y como ha subrayado la jueza, si Rui Pinto es condenado –y todo apunta a que así será, ya que el acusado confesó algunos delitos y la jueza ha dado a entender que considera algunas de las pruebas de la acusación– los delitos castigados con un año de prisión serán amnistiados. Es decir, 14 delitos de violación de correspondencia y otros 68 de acceso indebido. Pero tampoco es inevitable. “Hay causas de exclusión relacionadas con la reincidencia, por ejemplo”, explica a Expresso un abogado que no quiere ser identificado: “Si la jueza considera que ha habido reincidencia, puede no aplicar la amnistía”. 

En cuanto al delito de extorsión en grado de tentativa –por sugerir a Doyen un pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones–, también fue imputado al abogado Aníbal Pinto, quien, al tener más de 30 años cuando tuvieron lugar los hechos, no podrá beneficiarse de ningún indulto. Según indica otro abogado, este delito, incluso en grado de tentativa, es uno de los que están “excluidos” de la ley de amnistía. Lo mismo ocurre con los delitos de sabotaje informático y acceso ilegítimo, que están contemplados en la ley de ciberdelincuencia y para los que no puede haber indulto. Pero, aunque el juez no se pronuncie en este sentido, el primer abogado señala que “la ley de amnistía establece que el indulto sólo puede aplicarse si se indemniza a las víctimas”.

A sus 34 años –cumple 35 en octubre–, Rui Pinto se enfrenta a uno de los juicios más sonados de la última década en Portugal. Ha vivido los últimos tres años bajo protección policial en un lugar desconocido, mientras colaboraba con la Policía Judicial lusa para procesar la información de los discos duros que le fueron incautados, en busca de pruebas de delitos con las que abrir nuevas investigaciones, tanto dentro como fuera del fútbol.

A pesar de su vida de reclusión, no ha dejado de aparecer ocasionalmente en Twitter –ahora X–, ante sus 125.000 seguidores. En una de sus últimas publicaciones, el 24 de agosto, volvió al fútbol. “El equipo especial creado en 2018 en el DCIAP [Departamento Central de Investigación y Acción Penal] para investigar los delitos de corrupción en el fútbol solo buscaba servir a los intereses de los clubes que cometieron los delitos, especialmente el Sport Lisboa e Benfica”, acusó.

Pero la detención y el juicio le han dejado un sabor amargo. “Sabiendo lo que sé hoy, no volvería a hacer lo que hice”, dijo ante el tribunal en octubre de 2022. Rui Pinto ya ha sido objeto de un documental y un libro. Su vida añadirá un nuevo capítulo ahora.

El Gobierno incluirá en el Plan Normativo –recoge las iniciativas legislativas que se prevé aprobar cada año– de 2021 la trasposición de la directiva de la Unión Europea que protegerá a los alertadores o informantes de corrupción, los conocidos en inglés como whistleblowers, para que sea aprobada antes de que acabe el año. La directiva 2019/1937, ratificada por el Parlamento Europeo en octubre de 2019, permitirá a cualquier ciudadano revelar o informar sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que amenacen el interés general sin temor a represalias. Ya se trate de irregularidades en una empresa o en una administración pública, deberá haber canales que le garanticen la seguridad, el anonimato y la confidencialidad.

De esta forma quedarán protegidos quienes imiten a Hervé Falciani, Rui Pinto Rui Pintoo Edward SnowdenEdward Snowden, que proporcionaron información fundamental sobre evasión fiscal, corrupción en el fútbol o malas prácticas gubernamentales, pero también a Ana Garrido o Azahara Peralta, que en España abrieron los casos Gürtel o Acuamed.

Los plazos marcados por la propia directiva europea obligan a los estados miembros a incorporar esta norma a sus respectivas legislaciones antes del 17 de diciembre de este año.

Según responde el Gobierno a una pregunta formulada por el diputado del PSOE Odón Elorza, entre el 7 y el 27 del pasado mes de enero el anteproyecto de ley ha sido sometido a consulta pública en la página web del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo asegura que ha recibido más de 40 documentos de particulares y organizaciones interesados en la materia.

Como la directiva ofrece a los Estados margen de maniobra en la trasposición, el Gobierno ha sometido a la opinión de las partes interesadas diferentes aspectos de la norma. Por ejemplo, si conviene extender la protección prevista en la directiva, qué entidades del sector público y privado deben quedar obligadas a establecer los canales de denuncia o si deben admitirse las denuncias anónimas. También cómo deben gestionarse los canales internos, si se pueden dejar en manos de un tercero o no, y si debe crearse una autoridad administrativa independiente, que será la encargada de recibir y responder a las denuncias.

El Gobierno también ha preguntado por el tipo de sanciones que deban aplicarse a quienes infrinjan la ley y si pueden darse premios o recompensas a los alertadores.

Las proposiciones de la izquierda y de Ciudadanos

Algunos grupos parlamentarios ya expresaron el año pasado su opinión sobre estas cuestiones. En diciembre de 2019 ERC, Compromís, BNG y Más País registraron la primera proposición de ley de la actual legislatura, para trasponer la directiva europea. En ella se establecía que la protección se extendiera también a los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores.

De acuerdo con ese texto, las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarían obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo sería obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Por el contrario, las empresas privadas no estarían obligadas: les bastaría con crear canales “externos” de alerta.

Las informaciones que se podrían desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no sería delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, explica el texto.

La proposición de ley establece igualmente que al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de una Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores. Y prevé sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

También Ciudadanos presentó, en enero de 2020, su propuestasu propuesta para crear sistema de protección de los alertadores, pero lo hizo como parte de una proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción. En su caso, limitaban los hechos que podían denunciarse a aquellos que son constitutivos de delito o infracción administrativa y restringía la aplicación de la ley en el sector privado a los hechos que “lesionen o menoscaben el interés público”.

Según la proposición de ley de ERC, Compromís, BNG y Más País, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.

Desde que se creó Doyen Sports Investments Limited en mayo de 2011 en Malta, muchas cosas han cambiado, pero no el accionista mayoritario, el ciudadano turco Malik Ali. Primero hubo modificaciones a través de la sociedad Benington Group Assets y, más recientemente, desde junio de este año, de forma directa e individual. Pero en una empresa que invierte decenas de millones de euros en el fútbol europeo, ¿quién es el verdadero propietario? ¿Quien figura formalmente como accionista mayoritario? ¿O quien financia realmente el negocio, sin que su nombre aparezca en los registros?

Doyen, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt, está siendo investigada en España por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, hasta ahora en manos de José de la Mata. Como resultado de la operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España. En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido. Entre 2013 y 2016, cuantifica el juez de la Mata, Doyen Sports facturó 22 millones de euros.

Además, mientras Mariano Aguilar aseguraba ser residente en Reino Unido, Juanma López afirmaba ante el fisco que vivía en Suiza. El primero no presentó declaraciones del IRPF entre 2013 y 2016. El segundo omitió en las suyas no sólo los ingresos que recibía de Doyen sino también las que le pagó el Real Madrid como agente del jugador Álvaro Morata.

Su negocio eran básicamente los llamados TPO (Third Party Ownership). El mecanismo consistía en que los clubes acudían a un tercero –como Doyen– para conseguir dinero con el que hacer fichajes, o bien ese tercero adquiría un porcentaje de los derechos económicos del jugador, que recibía al ser traspasado. Como resultado, el tercero tenía capacidad de influir en las decisiones de los clubes para vender a sus jugadores.

Ni un fondo ni un banco

El Parlamento Europeo decidió en 2015, en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que todos los Estados miembros de la UE pusieran en marcha registros que obligaran a las empresas a revelar quiénes son los UBO (Ultimate Beneficial Owners) los verdaderos propietarios. Para ser considerado tal no es necesario poseer más del 50% del capital de una sociedad, bastaba con el 25%. En el caso de Malta, que en 2018 adoptó una legislación sobre los beneficiarios efectivos, se estipuló que esta condición se aplique a las personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 25% de las acciones de una empresa o que ejerzan el control sobre ella por otros medios.

El portugués Nélio Lucas fue hasta principios de 2017 el presidente ejecutivo de Doyen y también su socio minoritario, con un 20%. Después dejó la empresa, pero fue obligado a testificar en el juicio de Rui Pinto, el informante que filtró los documentos de Football Leaks, sobre el ataque informático a Doyen en 2015. Tras declarar el pasado día 5, Nélio Lucas será escuchado de nuevo en el tribunal este martes, en una sesión que promete ser animada: en las primeras horas como testigo el empresario se irritó y se mostró impaciente por la cantidad de preguntas que se le hicieron sobre lo que era Doyen y cómo funcionaba.

La abogada del fondo, Sofía Ribeiro Branco, expuso ante los jueces que Doyen funcionaba como cualquier empresa comercial, sujeta a las mismas normas de información que cualquier empresa, sin opacidad. A partir de 2015 la FIFA prohibió los TPO y el negocio de la empresa se resintió. En cualquier caso, la forma en que Doyen operaba en sus primeros años era dudosa: una empresa comercial con sede en Malta que firmaba contratos que se referían a ella misma como un fondo.

“No era un fondo y nunca lo fue, pero podría serlo en el futuro”, dijo Nélio Lucas el 5 de noviembre, admitiendo que en muchos contratos se mencionaba a Doyen de hecho como un fondo, aunque legalmente no lo era. “La propia prensa nos llamó fondo”, añadió. “La prensa puede ser culpable de muchas cosas, pero las propias cláusulas de los contratos se referían a Doyen como fondo”, replicó enseguida la jueza Margarida Alves.

No, Doyen no era un fondo, a pesar de que tomaba participaciones relevantes en los derechos económicos de los jugadores. Tampoco era un banco, aunque había firmado acuerdos que financiaban y daban liquidez a varios clubes desesperados por conseguir dinero. ¿Y estaba realmente controlado por Malik Ali, según consta en el Registro Mercantil de Malta?

Los bancos españoles no hacen preguntas

Los documentos a los que tuvo acceso el consorcio EIC (European Investigative Collaborations), del que son miembros tanto Expresso como infoLibre, muestran que aunque Malik Ali era formalmente el mayor accionista de Doyen –a través de Benington Group Assets, con el 80%; el 20% restante pertenecía a Wood Gibbins & Partners, una sociedad de Nélio Lucas–, la empresa sólo existía gracias a Refik Arif, miembro de la rica familia Arif, que hizo una fortuna en Kazajstán y Turquía, primero con el negocio de las materias primas y los productos químicos, y luego en la construcción y la hostelería. Incluso entraron en Estados Unidos de la mano de Bayrock, asociándose con Donald Trump. El negocio resultó ser un fracaso.

La creación de Doyen Sports Investments en 2011 marcó la entrada de la familia Arif en el negocio del fútbol. Fue Malik Ali, sobrino de Refik Arif, quien dio la cara –y el nombre– en el negocio, y fue el portugués Nélio Lucas, que ya entonces actuaba como intermediario en transferencias de jugadores –tiene ficha en la Federación Española de Fútbol–, quien contribuyó con su experiencia en el sector. Pero fue Refik quien financió la apuesta.

Ese año la entrada de Doyen en el fútbol se financió con un préstamo de hasta 100 millones de euros que Refik Arif concedió a Malik Ali, quien a su vez utilizó esos fondos para financiar a Doyen Sports Investments, con un contrato por el que Doyen pagaba a Benington Group Assets un interés anual del 4,5%. En los informes anuales de Doyen en Malta se asume la existencia del préstamo de los accionistas –de Benington– pero la empresa nunca reveló que el verdadero financiador de la empresa fuera Refik Arif.

En su primer testimonio en el juicio de Rui Pinto, Nélio Lucas nunca mencionó a los Arif, se refirió siempre a Malik Ali. “Los ingresos de mi socio vinieron de su familia. Mi única preocupación era si ese dinero era legal. Hicimos una evaluación y el banco Barclays, en Inglaterra, se aseguró de que el dinero era limpio. Sabía que esos fondos provenían de las inversiones de su familia, pero no tenía que saber exactamente de dónde. Para transferir grandes sumas de dinero, los bancos hacían sus propias gestiones”, declaró el agente portugués, de acuerdo con la cita publicada por el diario luso Público.

Curiosamente, entre los documentos obtenidos por Football Leaks, se encuentra un correo de Lucas en el que se congratula de lo “rápido y fácil” que resulta hacer transferencias de fondos usando “bancos españoles” –en concreto, cita una sucursal de Barclays en España–, a diferencia de Credit Suisse, donde siempre les hacen “millones de preguntas” y les ponen millones de “dificultades”.

Poco después de que el blog Football Leaks publicara los primeros contratos de Doyen, en octubre de 2015, Refik Arif no estaba satisfecho con la forma en que la empresa llevaba a cabo sus negocios y quería más transparencia e información de Nélio Lucas y de la propia Doyen, donde hasta entonces Refik ya había inyectado 40 millones de euros –del total de hasta 100 millones de euros previstos en 2011–. Refik Arif quería un retorno de su inversión. Y quería un reembolso inmediato de 10 millones de euros. Como en muchos otros negocios, el dinero es el rey y quien financia manda. Aunque en el papel y en los registros oficiales Doyen nunca fuera propiedad de Refik Arif.

“Nada ilegal que ocultar”

En nombre de EIC y sus socios, la revista alemana Der Spiegel ha preguntado tanto a Doyen como a Nélio Lucas sobre el control efectivo de la empresa y la participación de Refik Arif en su financiación. “Doyen Sports Investments, sus accionistas e inversores siempre han actuado cumpliendo la ley y de acuerdo con asesoramiento especializado, con las normas y reglamentos de las diversas jurisdicciones en las que ha hecho negocios”, ha sido su respuesta, facilitada a través de la abogada Sofía Ribeiro Branco.

Doyen también dice que no tiene “nada ilegal que ocultar”. Y explica que, tras el ataque informático que sufrió en 2011, informó “inmediatamente a las autoridades competentes del intento de extorsión, que finalmente conduciría a la detención del hacker”. “Además, cabe destacar que la fuente de la información obtenida ilegalmente en la que se basan sus preguntas está siendo juzgada actualmente por múltiples delitos, entre ellos el acceso ilegítimo y la tentativa de extorsión”, concluye.

La posición de Nélio Lucas, que dejó Doyen a principios de 2017 y sigue viviendo en Londres, no es muy diferente. “La actividad de mi antigua empresa se realizó respetando la ley y las normas según los expertos que nos asesoraron”, respondió el agente portugués, negándose a confirmar las informaciones por la que le preguntó Der Spiegel, en nombre de EIC, pero repitiendo que “fueron obtenidas ilegalmente por un ciberdelincuente que está siendo juzgado por haber violado y expuesto la privacidad de varias partes”.

EIC pidió a Nélio Lucas que compartiera la evaluación que ante al tribunal dijo que se había hecho sobre el origen legítimo de los fondos que habían financiado a Doyen, y le preguntó si podía confirmar que el inversor era Refik Arif, mediante el préstamo de 100 millones de euros. Lucas rechazó hacer comentarios al respecto.

“El delito sólo puede combatirse denunciando las irregularidades a las autoridades competentes y, si es necesario, ayudándolas en las investigaciones. Tengo derecho a no hacer comentarios y debo abstenerme de hacerlo por respeto al tribunal. No comentaré ni compartiré las respuestas del testimonio dado en el contexto de un juicio en curso, especialmente cuando mi declaración aún no ha terminado”, argumentó Nélio Lucas a Der Spiegel.

Este martes el agente portugués se encontrará de nuevo con Rui Pinto en el Campus de la Justicia de Lisboa y con el tribunal que juzga a la fuente de Football Leaks desde septiembre. Portugal se halla en estado de emergencia, el fútbol necesita desesperadamente aficionados en los estadios y, cinco años después, las vidas de Lucas y Pinto son muy diferentes. El negocio de Doyen es una sombra de lo que fue.

La Justicia francesa quiere aprovechar el hecho de que Rui Pinto ya no se encuentra en prisión preventiva, y que las restricciones de movimiento de la pandemia se han suavizado, para interrogar al hombre detrás de Football Leaks y obtener las contraseñas que permitirán a las autoridades francesas acceder a los discos duros que Rui Pinto entregó antes de ser detenido en Budapest en enero de 2019.

Un fiscal de la Fiscalía Nacional Financiera gala (PNF, por sus siglas en francés), que investiga los delitos económicos y financieros, remitió esta semana una carta al Tribunal Central de Investigación Criminal en la que expresa su interés por escuchar a Rui Pinto y anuncia que pronto formalizará una solicitud de cooperación a las autoridades portuguesas.

En la carta, a la que Expresso ha tenido acceso, el fiscal francés indica que tiene la intención de solicitar a las autoridades portuguesas las contraseñas que ya han permitido al Ministerio Público comenzar a analizar los documentos de los discos duros incautados a Rui Pinto en Budapest. El objetivo es que la Fiscalía francesa pueda “llevar a cabo su propia investigación basada en los mismos ficheros electrónicos que estaban en posesión de Rui Pinto antes de su detención”. La PNF también formalizará una solicitud para interrogar a Rui Pinto, en Portugal o en París, por videoconferencia, para “tener un mejor conocimiento del contenido de los archivos”.

En el documento, que precede a la formalización de la solicitud de cooperación, la Fiscalía francesa también le pregunta a la Justicia portuguesa si se prevén obstáculos a dichas solicitudes, habida cuenta de que Rui Pinto está siendo juzgado en la actualidad, acusado de 90 delitos relacionados con Football Leaks.

No es la primera vez que París pretende tomar declaración a Rui Pinto desde que fue detenido. En febrero pasado, la PNF remitió una solicitud de cooperación para reunirse con el autor de Football Leaks en Francia. Entonces, se contactó con la jueza Claudia Pina, pero la pandemia del covid-19 terminó por hacer inviables las pretensiones de la Fiscalía francesa.

Se da la circunstancia de que a finales de 2018, antes de ser detenido en Budapest, Rui Pinto llegó a viajar a París para entregar a las autoridades francesas copias de la información que manejaba y a punto estuvo de formar parte de un programa de protección de testigos en ese país. Sin embargo, después regresó a Budapest y el 16 de enero de 2019 fue detenido para ser extraditado a Portugal el 21 de marzo.

Al margen del interés de la Justicia francesa, Portugal también ha recibido una solicitud de cooperación de Estados Unidos, cuando Rui Pinto todavía estaba en prisión.

Investigado desde 2015

La Justicia portuguesa juzga a Rui Pinto por 90 delitos: uno de intento de extorsión a Doyen, otro de pirateo informático al Sporting, seis de acceso ilegal, 14 de violación de la correspondencia y 68 de acceso indebido. Los hechos se remontan a septiembre y octubre de 2015, cuando el Sporting y Doyen presentaron sendas denuncias penales, pero la acusación terminó imputando a Rui Pinto decenas de delitos porque en sus discos duros se encontraron buzones de correo de otras entidades, entre ellas el bufete de abogados PLMJ.

El juicio comenzó el pasado día 4 y no se prevé que concluya antes del 10 de diciembre. Rui Pinto dejó de estar en prisión preventiva en agosto después de que los directores de la Policía Judicial y del Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) portugueses confirmaran la colaboración del responsable de Football Leaks. Colaboración ésta que se hizo extensiva a otros asuntos que no figuran en el proceso por el que está siendo juzgado, incluida una investigación en curso relativa al antiguo Banco Espírito Santo en Angola.

Rui Pinto, que vive bajo protección policial en una casa cuya ubicación se desconoce, ya ha visto cómo el Ministerio Público suspendía provisionalmente, por su cooperación, cinco causas en su contra. Según publicaba el Observer a finales de julio, el responsable de Football Leaks tendrá que seguir colaborando hasta 2022 para que se cierren definitivamente las investigaciones abiertas en el DCIAP (relativas al acceso a diversos sistemas informáticos).

La abogada de Doyen, empresa que en octubre de 2015 presentó una denuncia por extorsión lo que desencadenó la apertura del proceso de Rui Pinto, declaró, en la primera sesión del juicio, que el acusado “en este proceso no colaboró”. “Doyen ha estado atenta a las numerosas declaraciones públicas del acusado Rui Pinto”, afirmó Sofia Ribeiro Branco. Declaraciones usadas, según la abogada, “para victimizarse y presentarse como un supuesto héroe que puede acceder a todo”. Rui Pinto respondió que ha sido “objeto de una campaña de calumnia y difamación”. “Mi trabajo como whistleblower [denunciante] terminó. Nada de lo que hice fue por dinero”, añadió en su declaración inicial al comienzo del juicio.

Traducción: Mariola Moreno

Un supuesto hacker, ¿puede ser considerado un informante? ¿Debe la Justicia castigar a un hombre que ha descubierto delitos graves con información obtenida ilegalmente? Estas son las preguntas claves a las que deberá dar respuesta el tribunal de Lisboa, que juzga a Rui Pinto desde este viernes 4 de septiembre.

Este joven portugués está detrás de algunas de las revelaciones más llamativas de los últimos años: Football Leaks, que han documentado como nunca antes las infamias del negocio del fútbol; los Malta Files, sobre la evasión fiscal a Malta; y los Luanda Leaks, sobre el sistema orquestado por Isabel Dos Santos, hija del expresidente angoleño.

El juicio contra este exestudiante de historia de 31 años, que se prolongará durante más de dos meses, se refiere únicamente a los documentos de Football Leaks, la mayor filtración de la historia del periodismo (3,5 terabytes de datos), que Rui Pinto ha transmitido desde 2016 al semanario alemán Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart y sus socios de la red EIC, de la que infoLibre forma parte.

Su análisis ha permitido publicar más de un millar de artículos, que han provocado la apertura de investigaciones penales en varios países y demostrado hasta qué punto el mundo del fútbol se encuentra gangrenado por la corrupción y la impunidad. Sobre todo, las revelaciones de Rui Pinto han permitido la condena por fraude fiscal de Cristiano Ronaldo o la apertura de una investigación penal en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el exfiscal federal Michael Lauber.

A pesar de la gravedad de los hechos que ha revelado, Rui Pinto es el único protagonista del caso que ha pasado por la cárcel. Estuvo casi un año en prisión preventiva antes de ser puesto en libertad el mes pasado. Se enfrenta a 25 años de prisión.

Al joven se le imputan 90 delitos: un intento de extorsión, que niega formalmente, un intento de sabotaje informático (que también desmiente) y 88 supuestos actos de piratería informática y violación de correspondencia, que reconoce parcialmente, sin que a día de hoy haya especificado cuáles.

En el memorando de defensa dirigido al tribunal, su abogado portugués, Francisco Teixeira Da Mota, reconoce que Rui Pinto pirateó las bandejas de correo mediante la técnica del phishing, que consiste en enviar correos electrónicos engañosos a un objetivo para inducirlo a dar sus códigos de acceso. Rui Pinto “lamenta haber cometido actos ilegales para obtener información” y, en ese momento, “no había pensado lo suficiente en las consecuencias de sus actos”, escribió su abogado.

Como declaró en una entrevista concedida al consorcio EIC a finales de agosto, Rui Pinto quiere “ser absuelto”. Porque se ve a sí mismo como un informante cuya única motivación era denunciar las bajezas del negocio del fútbol, que en ese momento eran en gran parte ignoradas y muy poco perseguidas por los tribunales europeos.

“Es hora, por fin, de limpiar el fútbol. Los aficionados deben entender que cada vez que compran una entrada, una camiseta o una suscripción a un canal de televisión, están alimentando un sistema muy corrupto que sólo actúa por sí mismo”, declaraba en 2016, cuando se publicó la primera entrega de Football Leaks.

Pero la batalla de Rui Pinto está lejos de estar ganada. Como escribió un eminente profesor de derecho portugués el pasado mes de marzo en una revista especializada, el país se está quedando atrás en lo que respecta a la protección de los denunciantes de irregularidades, con una “legislación poco desarrollada y fragmentada”, aplicada por las autoridades de “manera débil y limitada”.

Sobre todo, la directiva europea de 2019, que mejoró los derechos de los denunciantes, sólo afecta a los empleados o subcontratistas de empresas o administraciones. No hay nada que proteja a los llamados denunciantes “externos”, que no trabajan para las organizaciones que denuncian.

De ahí la importancia crucial del juicio a Rui Pinto en defensa del derecho a saber y la libertad de expresión; es la primera vez que se juzgará a un informante externo por revelar hechos de interés público a través de información obtenida ilegalmente. Por consiguiente, el caso podría sentar un precedente y llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aún no ha abordado la cuestión.

La Justicia portuguesa ha demostrado ser particularmente esquizofrénica. Rastreó a Rui Pinto hasta Hungría, donde fue detenido en enero de 2019 y extraditado. Los fiscales lo mantuvieron en detención preventiva durante más de un año y le imputaron nada menos que 147 delitos, finalmente reducidos a 90 por el tribunal.

Rui Pinto ha denunciado repetidamente la proximidad de las autoridades portuguesas con el mundo del fútbol (dos de los magistrados que debían juzgarlo han sido apartados del caso por conflicto de intereses) y la parcialidad del Poder Judicial, al que acusa de haber hinchado artificialmente las acusaciones para hundirlo. “La investigación fue completamente sesgada y contiene importante errores de forma”, decía en diciembre pasado. “El acceso a los servidores informáticos del bufete de abogados PLMJ, por ejemplo, debe considerarse un delito único. En cambio, contaron cada dirección de correo electrónico por separado, para un total de más de 70 delitos”.

El informante también denunció la falta de entusiasmo de su país para investigar la corrupción en el fútbol. Pinto se había ofrecido a cooperar con la Justicia desencriptando los ocho discos duros codificados incautados en su casa de Hungría, siempre que los nuevos datos no se utilizaran para incriminarle más delitos. Pero los fiscales se negaron.

Los vientos finalmente cambiaron en enero de 2020, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó los Luanda Leaks, una investigación sobre el sistema empleado por Isabel dos Santos, la angoleña más rica de África, hija del expresidente José Eduardo dos Santos que niega los hechos. Una vez más, los documentos procedían de... Rui Pinto, quien ha asumido públicamente la paternidad. “Es descorazonador que Portugal [antigua potencia colonial] se haya convertido en el centro de lavado de la élite angoleña”, nos dijo.

"Mi vida está en peligro"

Después de haber sido calificado de hacker, pirata o espía cuando reveló el lado oscuro del fútbol, Rui Pinto ha sido presentado, gracias a estas revelaciones, como un valioso denunciante en varios medios de comunicación portugueses.

Con la apertura de una investigación sobre Isabel dos Santos en Portugal, los fiscales aceptaron finalmente la oferta de cooperación de Pinto en mayo, que descifró y entregó a la Justicia 17,5 terabytes de datos, la mayoría de ellos inéditos. Por esta razón, quedó en libertad. El 7 de agosto, la Justicia portuguesa incluso lo incluyó en su programa de protección de testigos y movilizó a dos agentes de policía para que lo vigilaran. “Mi vida está en peligro”, dijo.

En cuatro años, el denunciante ha hecho muchos enemigos, algunos de ellos extremadamente poderosos. Además de los líderes empresariales del fútbol, los estados de Abu Dhabi, Catar y Mónaco, y la multimillonaria Isabel dos Santos, también está detrás de los documentos de los Malta Files, que, entre otras cosas, revelaron la corrupción del presidente turco Recep Tayip Erdogan.

En los datos inéditos que aún no había facilitado a la prensa y que ahora están a disposición de la Justicia portuguesa, también hay una gran cantidad de información sobre las Islas Caimán, uno de los peores paraísos fiscales del mundo. “Mis datos tienen el mismo potencial que los de los Papeles de Panamá”, nos dijo Pinto después de su arresto a finales de enero de 2019.

“El tribunal tendrá ante sí a uno de los mayores denunciantes de comienzos de este siglo”, indica a Mediapart su abogado francés, William Bourdon. “Es bastante extraordinario constatar que Portugal, después de haberlo criminalizado y de haber rechazado la mano tendida, por un lado continúa su criminalización, y por otro lado lo trate y proteja como un testigo de primer orden. Es esta paradoja la que el tribunal tendrá que dirimir, en nuestra opinión, mediante la absolución”.

Apoyado por la fundación The Signals, especializada en la defensa de los denunciantes, Rui Pinto convenció a varias personalidades para que acudieran a testificar en su juicio sobre la importancia de sus revelaciones.

Un responsable de la Policía portuguesa testificará sobre la importancia de su cooperación. También subirán al estrado o estarán presentes por videoconferencia los conocidos denunciantes Edward Snowden (espionaje informático de los servicios secretos de EE.UU.) y Antoine Deltour (detrás de los Lux Leaks sobre evasión fiscal en Luxemburgo), el director de la ONG Tax Justice Network, la exjueza anticorrupción y eurodiputada francés Eva Joly, el periodista Gerard Ryle (director del consorcio ICIJ) y el director de Mediapart, Edwy Plenel.

Pinto también alegará que siempre ha querido cooperar con las autoridades judiciales. Antes de su arresto, había trabajado con la Fiscalía nacional francesa, que abrió un procedimiento de cooperación europea dirigida por Eurojust. También ha recibido solicitudes de cooperación con los tribunales belgas, suizos y estadounidenses, que no siempre ha podido atender debido a su detención preventiva. Por último, antes de su detención, había enviado varias denuncias anónimas pero sólidas, a la Justicia portuguesa, que no hizo nada al respecto.

El joven también tendrá que responder a los cargos que se le imputan. La más grave de estas acusaciones, que dio lugar a la apertura de la investigación, es el intento de extorsión de los fondos denunciados por el grupo Doyen, un fondo de inversión especializado en el comercio de acciones de futbolistas.

Se investiga si Pinto pirateó los sistemas informáticos de la empresa en 2015. En un correo electrónico, pidió a Nelio Lucas, el dirigente de Doyen, “entre 500.000 y 1 millón de euros” a cambio de no publicar los documentos. También se puso en contacto con un abogado que luego se reunió con Lucas y su asesor jurídico en una estación de servicio en Lisboa para discutir el acuerdo, que también incluía su contratación por parte de Doyen como especialista en informática.

Rui Pinto dijo que quería probar hasta dónde estaban dispuestos a llegar Lucas (que ha dejado la empresa) y Doyen Sports para evitar la publicación de documentos comprometedores. “Lamento el primer contacto que tuve en 2015 con Doyen. En ese momento era inocente y fue claramente un error haberlos contactado”, asegura.

Hace unos días, el diario portugués Público incluyó un artículo citando un nuevo correo electrónico que podría debilitar esta versión. En el artículo puede leerse que en el mensaje, Rui Pinto sugirió a su antiguo abogado que el dinero reclamado a Doyen Sports se pagara a través de paraísos fiscales como Malta o Chipre.

Rui Pinto sostiene que tomó la iniciativa de detener las negociaciones antes de que se efectuara ningún pago, lo que se confirma por los correos electrónicos incluidos en la causa. Por lo tanto, afirma que no ha cometido ningún delito. Por su parte, Doyen siguió insistiendo en comprar los documentos, a lo que Pinto se negó. “Guarda tu dinero, lo necesitarás”, respondió, refiriéndose a futuros procedimientos legales que podrían tener como objetivo al grupo.

El futuro le dio la razón. Los documentos de Football Leaks nos permitieron en 2016 demostrar el alcance de las intrigas de Doyen Sports, entre comisiones ocultas, montajes fiscales y conexiones mafiosas, prostitución y asuntos turbios con Donald Trump.

Gracias a Rui Pinto, Doyen está siendo investigada desde el año pasado por fraude fiscal y blanqueo de dinero en España y también en Portugal, donde las autoridades han congelado 8 millones de euros en una cuenta de Doyen Sports, intrigados por una transferencia prevista de varios millones al paraíso fiscal de Santa Lucía. “Es repugnante que el demandante Doyen Sports afirme estar dando lecciones de moral y ética al acusado, dados los importantes cargos [que pesan sobre el grupo]”, escribió el abogado portugués de Rui Pinto.

Los cargos de piratería informática se mantienen. Aunque admite haber cometido actos “ilegales”, Pinto dice que muchos documentos también le fueron enviados por “fuentes anónimas” y que, por lo tanto, no es responsable de ellos. Sus abogados también plantearán una serie de cuestiones técnicas y de procedimiento, como el número de delitos y la validez de la orden europea de detención que condujo a su detención.

Pero es la cuestión de si se reconoce o no el estatus de informante de Rui Pinto lo que estará en el centro del juicio. En la conclusión de su alegato de defensa, su abogado portugués sostiene que, habida cuenta del “interés público” de la información revelada por Rui Pinto, del hecho de que “nunca recibió dinero a cambio de sus revelaciones” y de su “cooperación” con las autoridades judiciales, se dan las condiciones legales para que Rui Pinto sea absuelto o exento de pena.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: 

En su alegato para el juicio que comienza este viernes, la defensa de Rui Pinto juega al ataque. “Es incluso repugnante que una entidad como Doyen Sports Investments se proponga dar al acusado lecciones morales y éticas sobre whistleblowers,  cuando se trata de una persona jurídica con un largo historial, como se demostrará más adelante”, puede leerse en el documento. Creada en 2011, la agencia deportiva Doyen participó en un sistema de traspaso de jugadores que la FIFA terminó prohibiendo, hizo enemigos, de los que Rui Pinto y el expresidente del club luso Sporting CP Bruno de Carvalho son sólo algunos ejemplos, y tuvo que reorganizarse obligada por las revelaciones de Football Leaks. En cualquier caso, ¿qué es Doyen?

En su última entrevista con la revista Der Spiegel, Rui Pinto resaltó la complejidad del universo Doyen cuando se le pidió su opinión sobre la empresa. “¿Qué Doyen? ¿Grupo Doyen, Doyen Capital, Doyen Sports? A día de hoy aún no sé de qué Doyen estamos hablando. Porque la denuncia era que se había producido un acceso ilegal a su sistema corporativo en Londres, y se refería al Grupo Doyen. ¿Pero qué es el Grupo Doyen? ¿Cuál es la conexión entre las empresas? No hay ninguna conexión. Y el denunciante, la víctima, es Doyen Sports. Pero esta empresa no tiene ninguna conexión con Doyen Capital, de Londres”, explicaba Rui Pinto.

Creada en 2011, Doyen fue la marca elegida por la familia Arif, de origen turco y kazajo, para entrar en el fútbol europeo, con dos negocios principales. Uno de ellos era la agencia de deportistas, un negocio gestionado en Londres por Doyen Global Limited, a su vez controlada por Doyen Marketing Limited de Malta, que tenía a Malik Ali como beneficiario final. Ali es uno de los sobrinos de Refik Arif, que dirigía las compañías mineras de la familia, y cuyo hermano mayor, Tevfik Arif, ganó notoriedad haciendo negocios inmobiliarios con Donald Trump entre 2005 y 2009.

Pero, además de representar a futbolistas y de dedicarse al marketing deportivo, la familia Arif quería entrar en un negocio financiero que renta grandes márgenes: la compra y venta de fichas de jugadores. Llevó a cabo esta actividad a través de Doyen Sports Investments Limited, registrada en mayo de 2011 en Malta. El objetivo era adquirir porcentajes de los derechos económicos de los futbolistas, lo que aliviaba las finanzas de los clubes. La propiedad de los derechos económicos de los jugadores por parte de terceros –Third Party Ownership, TPO– fue prohibida por la FIFA en 2015, pero varios fondos de inversión encontraron cómo eludir esa restricción diseñando nuevos modelos de contratos y soluciones de financiación para hacer frente a la enorme necesidad de liquidez de algunos clubes europeos.

Fue entonces cuando la familia Arif conoció a Nélio Lucas, un portugués que asumió la dirección de Doyen Global en marzo de 2013 en Londres, ciudad que abandonaron en febrero de 2017, pocos meses después de las revelaciones del consorcio periodístico European Investigative Collaborations (EIC), del que forma parte infoLibre, en Football Leaks. En diciembre de 2016, este proyecto destapó los esquemas que Cristiano Ronaldo y otras estrellas del fútbol europeo utilizaban para ocultar sus ingresos a Hacienda, pero también el negocio de Doyen. Un año antes, en septiembre de 2015, Doyen ya se había estremecido por las revelaciones que hizo un blog, también llamado Football Leaks, sobre los secretos de la industria del fútbol. Fue en ese momento cuando nació el proceso que a partir de este viernes sienta a Rui Pinto en el banquillo de los acusados.

El ataque informático tenía como objetivo los servidores que Doyen utilizaba en Londres, propiedad de Doyen Capital, pero el caso que investiga a Rui Pinto es el resultado de una denuncia por extorsión presentada por la maltesa Doyen Sports Investments. En el Registro Mercantil británico figuran inscritas dos sociedades de nombre similar, ambas de la familia Arif y ambas ya extinguidas: Doyen Capital LLP –a la que se hace referencia en el recurso de Rui Pinto– se creó en 2011 y se disolvió en noviembre de 2016; Doyen Capital Services Limited se creó en 2015 y se disolvió en diciembre de 2017.

Gerente y socio de los Arif

En sus primeros cuatro años, Doyen Sports Investments protagonizó algunas relevantes operaciones en el fútbol portugués. La empresa poseía la mayor parte de los derechos económicos del argentino Marcos Rojo, que el Sporting compró al Spartak de Moscú en 2012 por cuatro millones de euros, para venderlo después, en 2014, al Manchester United por 20 millones. Doyen también negoció en 2012 el traspaso del holandés Ola John desde el Twente al Benfica. Y participó, en 2014, en la adquisición por el Manchester City del francés Eliaquim Mangala, del FC Porto.

Nacido en Condeixa-a-Nova en 1979, Nélio Lucas comenzó a hacer negocios a los 18 años como organizador de eventos. Poco después, entró en la representación de jugadores de fútbol y en la organización de eventos deportivos a través de World Football Management, para unirse después a una empresa británica, Stellar Group, cuyo propietario pertenecía al círculo de uno de los más destacados intermediarios del fútbol europeo, el israelí Pini Zahavi. Lucas trabajó con Zahavi en las empresa Soccer Investments and Representations entre 2002 y 2011. Fue entonces cuando saltó a Doyen.

Pero el empresario portugués no sólo fue el gerente de la familia Arif. También se convirtió en su socio, al adquirir el 20% del capital de Doyen Sports Investments a través de otra compañía maltesa, Wood, Gibbins & Partners. En marzo de 2017, Nélio Lucas dejó Doyen, cuyo mando estaba en manos de Timucin Kaan, un chipriota que ya trabajaba con la agencia deportiva en 2012, tras abandonar Barclays Capital. Pero eso no es todo lo que cambió en Doyen.

Reorganización

Aunque Doyen Sports Investments sigue activa –pero con dificultades–, en los meses posteriores a la salida de Nélio Lucas el grupo de la familia Arif se reorganizó. En enero de 2018 Doyen Marketing Limited –controlada por el turco Malik Ali– entregó la empresa londinense Doyen Global Limited a Timucin Kaan, que pasó a controlarla a través de una sociedad llamada Studholme Limited. Y con esa operación en Londres supuso el cambio de nombre de Doyen a Kin Partners Ltd, aunque manteniendo en lo esencial las operaciones de la agencia deportiva. La compañía tiene ahora dos docenas de empleados, pero ha cambiado sus oficinas en el 78 de New Oxford Street, en el centro de Londres, a otro lugar a pocas calles de distancia.

Kin Partners –antes Doyen Global Limited– ha acumulado pérdidas de 3,7 millones de libras (4,1 millones de euros) en los últimos tres años, durante los cuales ha conseguido ingresos de 14,4 millones de libras (16 millones de euros). En 2019, con un volumen de negocios de 4,17 millones de libras, la empresa registró pérdidas de 1,8 millones, según las cuentas consultadas por el diario portugués Expresso, también miembro de la red EIC.

¿Y qué hay de Doyen Sports Investments? El caso en el que se acusa a Rui Pinto de 90 delitos surgió de una denuncia en la Policía Judicial presentada por Doyen Sports Investments y Nélio Lucas a principios de octubre de 2015, después de que el gerente de Doyen fuera contactado por un misterioso Artem Lobuzov, quien le sugirió entonces que el blog Football Leaks dejaría de publicar informaciones sobre la empresa a cambio de un pago de entre medio millón y un millón de euros.

Nélio Lucas recurrió entonces a su abogado Pedro Henriques para presentar una denuncia por extorsión en nombre de Doyen Sports. Semanas más tarde, la Policía Judicial organizó con Nélio Lucas y Pedro Henriques un encuentro en la gasolinera A5 de Oeiras con el abogado Aníbal Pinto, que representaba entonces al autor del blog. Esa reunión, grabada por la policía, convenció a las autoridades judiciales de que el hombre que estaba detrás de la identidad de Artem Lobuzov era Rui Pinto, ya que Aníbal Pinto dijo conocer a su representado por un litigio por malversación el año anterior, relacionado con una cuenta bancaria en las Islas Caimán.

La investigación llevó a las autoridades judiciales a Budapest, lo que culminó con la detención de Rui Pinto en enero de 2019 y su extradición a Lisboa en marzo de ese año. Allí se le mantuvo en prisión preventiva hasta el pasado agosto. Durante el proceso, Doyen ha sido asesorado legalmente por Vieira de Almeida, uno de los mayores bufetes de abogados de Portugal. Algunos de sus letrados habían trabajado antes para otro despacho de la competencia, PLMJ, cuyos buzones de correo electrónico fueron presuntamente hackeados por Rui Pinto.

Investigada por la Audiencia Nacional

Durante este proceso, no sólo Nélio Lucas se retiró del grupo de la familia Arif, sino que también la propia Doyen Sports Investments terminó involucrada en al menos dos investigaciones penales en España y Portugal.

El 4 de agosto, el Diário de Notícias reveló que la empresa maltesa tiene una cuenta bancaria en Portugal con ocho millones de euros que está congelada y está siendo investigada por el Ministerio Público por sospechas de fraude fiscal y blanqueo de dinero.

La información sobre esta investigación figura en una sentencia del Tribunal de Apelación de Oporto en la que se desestima un recurso de Doyen para tratar de anular la suspensión de su cuenta bancaria en Portugal, decretada el 24 de enero de este año. La investigación del Ministerio Público tiene su origen en la comunicación a las autoridades de una orden de transferencia de 530.000 libras que despertó sospechas, destinada a una empresa que prestaba servicios exclusivamente al grupo Doyen.

Posteriormente, otro intento de transferir cuatro millones de dólares al paraíso fiscal de Santa Lucía aumentó las sospechas de la Fiscalía. En la orden de enero se señalaba que la cuenta bancaria en Portugal había estado prácticamente inactiva entre junio de 2015 y enero de 2019, siguiendo después una serie de órdenes –incluido un depósito de 4,6 millones de euros procedente de una cuenta en Suiza–, que suscitaban la sospecha de que esa cuenta en Portugal podía estar siendo utilizada para operaciones de blanqueo de dinero.

Bloqueada desde 2015 por la prohibición de nuevas TPO según las normas aprobadas entonces por la FIFA, Doyen ya no podía seguir con estas operaciones, por lo que sólo gestionaba los derechos que ya poseía, además del negocio menos atractivo de preparar contratos de publicidad para deportistas y músicos. Pero no fue sólo la investigación en Portugal lo que convirtió la vida de Doyen en una pesadilla.

En España, los acuerdos sobre los derechos económicos de los futbolistas, los préstamos a los clubes y los contratos de derechos de imagen llevaron a las autoridades a abrir una investigación en la Audiencia Nacional contra Doyen Sports Investments por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero, que incluye la acusación contra dos de sus representantes en el país –Mariano Aguilar y Juan Manuel López, ex futbolistas del Atlético de Madrid–, pero también contra Nélio Lucas, que fue llamado para su interrogatorio hace poco más de un año. Contactado por Expresso, Lucas no quiso hacer ningún comentario. La Justicia española le reclama el pago de al menos cinco millones de euros en impuestos correspondientes al ejercicio de 2013.

Hoy Doyen parece ser una sombra del prometedor negocio de inversiones deportivas que emprendió hace casi una década. El pasado día 2 se publicó en el Registro Mercantil de Malta el acto de transferencia de las acciones de Doyen Sports Investments en el también maltés Benington Group Assets a la esfera directa de Malik Ali, que reside en Turquía. La familia Arif está poniendo en orden su casa. Pero lo que queda de su influencia en el fútbol europeo es todavía una nebulosa sin contornos definidos.

Cannabis medicinal sin licencia

¿Y Nélio Lucas? Desde que dejó Doyen, el empresario portugués ha mantenido un perfil bajo. Dueño de una pequeña empresa británica, D Ruption Ltd, que abrió en 2017, el antiguo socio de la familia Arif creó en diciembre de 2018 en Portugal una sociedad llamada Silver Decade, donde tiene como socio minoritario –con un 5%– al empresario João Rafael Koehler. La compañía pretendía producir cannabis con fines medicinales, pero ni siquiera pidió la preceptiva licencia a la Autoridad Nacional del Medicamento portuguesa, Infarmed. Koehler aseguró a Expresso que ya no es socio de Lucas.

A principios del año pasado, Nélio Lucas también se convirtió en director de la empresa suiza June Capital Partners, que Expresso encontró inactiva. Mientras tanto, el empresario portugués sigue siendo accionista de Vela Management Limited, una sociedad maltesa que, según ha revelado Football Leaks, tiene negocios con el FC Oporto y con Energy Soccer, vinculada a Alexandre Pinto da Costa, hijo del presidente de ese club.

Lucas es el número 24 de la lista de testigos llamados por la defensa de Rui Pinto a declarar en el juicio. En total serán 45 nombres, incluido el del whistleblower y exanalista de la NSA Edward Snowden. Pero también el de Bruno de Carvalho, el ex presidente del Sporting que en su mandato –2013 a 2018– declaró la guerra al fondo de la familia Arif, negándose a abonar la parte de Doyen en el traspaso de Marcos Rojo al Manchester United. Doyen ganó el litigio y el Sporting fue condenado a pagar.

En los próximos meses, Rui Pinto, Bruno de Carvalho y Nélio Lucas pasarán por los mismos pasillos del Juzgado Central de lo Penal de Lisboa, y tendrán la oportunidad de retroceder media docena de años. Contarán las historias de una Doyen bastante diferente de lo que es hoy en día.

El juicio en Portugal contra Rui Pinto comienza la próxima semana. El hombre detrás de las revelaciones de Football Leaks forma parte de un programa de protección de testigos tras llegar a un acuerdo para colaborar con las autoridades judiciales lusasporque necesitan la información que él posee.

Rui Pinto pasea entre vacas y cerdos en un lugar solitario no muy lejos de Lisboa. Dos policías siguen al joven de 31 años mientras camina con dos reporteros de la revista alemana Der Spiegel. Hay reglas estrictas sobre lo que se puede revelar de su ubicación actual: “Mi vida corre peligro”, dice. Sin embargo, parece estar de buen humor. Por primera vez en año y medio es un hombre libre. Y sus posibilidades de ser absuelto en el próximo juicio en Lisboa han aumentado recientemente.

Nuestro paseo junto con Pinto fuera de Lisboa tuvo lugar la víspera de la final de la Liga de Campeones del pasado domingo entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, que se jugó en la capital portuguesa. Iba a ser la primera de dos entrevistas. Como nadie antes que él, Pinto es el responsable de descubrir el lado oscuro del fútbol profesional. Mientras el mundo del fútbol celebra el culmen de la temporada en el estadio del Benfica de Lisboa, Pinto vive a pocos kilómetros de distancia bajo protección policial en una casa segura.

Pinto ha hecho muchos enemigos poderosos en los últimos años. Compartió más de 70 millones de documentos confidenciales –un total de 3,4 terabytes de datos– con Der Spiegel y sus socios del consorcio periodístico European Investigative Collaborations (EIC), en el que desde España participa infoLibre. Desde 2016, se han escrito más de 1.000 artículos basados en esos datos, algunos de los cuales han tenido importantes consecuencias legales. Cristiano Ronaldo fue condenado a 23 meses de prisión suspendida por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y tuvo que pagar unos 20 millones de euros. Algunos de los agentes deportivos más importantes del mundo siguen siendo investigados por delitos fiscales y blanqueo de dinero. Los documentos de Football Leaks han creado problemas incluso al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza.

Hasta ahora, sin embargo, sólo una persona ha pisado la cárcel como resultado de las filtraciones de Football Leaks. El propio Rui Pinto.

El portugués ja sido acusado de piratería informática y de intento de chantaje. El juicio comienza el próximo viernes. En diciembre, Pinto habló de sus perspectivas más bien sombrías en una entrevista con Der Spiegel, incluyendo una posible sentencia de hasta 25 años de prisión. Pero una de las razones que ahora justifican su mayor confianza es el acuerdo al que ha llegado con la Justicia portuguesa. Pinto le ha dado acceso a su mayor tesoro: ha abierto ocho discos duros encriptados que contenían 17,5 terabytes de información.

No es fácil encontrarse con Pinto en estos días. Der Spiegel le envió repetidas solicitudes de entrevista en los últimos meses, pero Pinto las rechazó todas sin dar ninguna explicación. Estaba en arresto domiciliario y no se le permitió decir a nadie que negociaba con la Justicia. Ahora puede estar oficialmente libre, pero debe consultar a la policía para discutir los posibles riesgos cada vez que quiere salir. Para su cita con la revista alemana, los guardianes de Pinto han impuesto estrictas medidas de seguridad. También han proporcionado la dirección de un apartamento de vacaciones, donde puede celebrarse nuestra reunión el día de la final de la Liga de Campeones.

A última hora de la tarde del día anterior a nuestro primer encuentro, Pinto envió una dirección a través de un servicio de mensajería encriptada. Conduce al aparcamiento de un supermercado situado lejos de Lisboa. “Envíeme el número de matrícula de su coche de alquiler”, pide, y señala una hora a la que deberíamos llegar.

Al día siguiente, un coche aparece en el aparcamiento unos minutos después de la hora que habíamos acordado. Dos hombres con mascarillas quirúrgicas bajan las ventanillas, asienten brevemente e indican que debemos seguirlos. En el camino, hacen varios giros repentinos, aparentemente para evitar que nos sigan. Cuando el coche finalmente se detiene en un área de descanso apartada, Pinto abre la puerta y salta del asiento trasero. Lleva una gorra de béisbol, gafas de sol y, por supuesto, una mascarilla.

“Algunos de mis actos pueden ser considerados ilegales”

Exestudiante de Historia que emigró a Budapest en 2015, Pinto ha sido acusado por los fiscales portugueses de piratear servidores y robar datos confidenciales de clubes de fútbol, bufetes de abogados, investigadores y agencias deportivas.

Desde el comienzo del proyecto Football Leaks, Pinto ha insistido en que no se ve a sí mismo como un hacker. Sin embargo, en diciembre pasado, le dijo a Der Spiegel: “Acepto plenamente que, desde el punto de vista de la ley portuguesa, algunos de mis actos pueden ser considerados ilegales”. En su escrito de defensa, presentado al tribunal a principios de esta semana, explica lo que eso significa. Pinto lamenta haber violado la ley para acceder a los datos. Dice que estaba convencido de que esa información le ayudaría a descubrir delitos graves y que no pensó adecuadamente en las consecuencias de sus actividades. “Puedes hacerme todas las preguntas que quieras”, dice Pinto. “Pero antes del juicio no podré responder a todo. El tribunal es el lugar adecuado para explicar mi posición”.

Al día siguiente, Pinto aparece en un apartamento secreto varias horas antes del comienzo de la final de la Liga de Campeones. Es una habitación escasamente amueblada con una cama doble, dos sillones reclinables y un pequeño televisor en el piso inferior de una casa de vacaciones. Pinto se sienta en uno de los sillones y recuerda el último año y medio. Habla del acoso y la “tortura psicológica” sufridos en una prisión de Budapest, donde fue encerrado tras su arresto en enero de 2019. Hungría lo extraditó a Portugal, donde fue puesto en aislamiento durante más de medio año.

Pinto está orgulloso de haber superado ese momento. “Después de salir del aislamiento, a veces tenía problemas de concentración”, recuerda. Sentía como si una gran puerta se hubiera abierto delante de él, añade, y le resultaba difícil tratar con grupos de personas.

En abril, Pinto fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario y es oficialmente un hombre libre desde el 7 de agosto. Una comisión formada por jueces, fiscales y funcionarios del Ministerio de Justicia sigue creyendo que corre peligro. Pinto no sólo ha levantado ampollas entre las estrellas y los clubes de fútbol, sino también entre los dirigentes políticos de Catar, Abu Dabi y Angola. Aun así, dice que puede “dormir bastante bien por la noche”. Puede vivir con el riesgo, asegura, ya que su principal objetivo era denunciar delitos.

Pinto elude las preguntas sobre cómo accedió a los datos. Afirma que su papel era sólo buscar, recoger y analizar la información sobre posibles delitos antes de pasársela a periodistas o investigadores privados. No se ve a sí mismo como un hacker, sino como un denunciante.

El problema de Doyen

También hay otra forma de verlo. La mayor debilidad de Pinto en el tribunal es la acusación de intento de extorsión, que pone en duda sus supuestas nobles intenciones. “Lamento sobre todo una cosa: haber tenido ese contacto con Nélio Lucas”, indica Pinto. De hecho, fue una denuncia presentada por la agencia de marketing deportivo Doyen y su gerente Lucas lo que llevó al actual juicio. Pinto supuestamente pirateó los sistemas informáticos de la empresa en 2015. En un correo electrónico, exigió una suma de “entre 500.000 euros y un millón” a cambio de no publicar los documentos. También se puso en contacto con un abogado que luego se reunió con Lucas y su asesor jurídico en una gasolinera de Lisboa para discutir el acuerdo. La policía grabó en secreto las conversaciones. Der Spiegel y la red EIC informaron de estas acusaciones en 2016.

“Yo era un ingenuo entonces”, continúa Pinto. Dice que quería probar hasta dónde llegarían Lucas y Doyen para evitar la publicación de documentos comprometedores.

Hace unos días, el diario portugués Público mostraba un correo electrónico que puede cuestionar la imagen de Pinto. El artículo afirma que en el correo sugirió a su antiguo abogado, que también se enfrenta ahora a un proceso judicial, que el dinero que se le pidió a Doyen fuera canalizado a través de paraísos fiscales como Malta o Chipre. ¿Realmente estaba Pinto considerando hacer uso de esos canales opacos? Esta es exactamente la misma acusación que él mismo ha hecho durante todo este tiempo a la industria del fútbol.

“Si es necesario, explicaré este correo en el tribunal”, recalca Pinto. Y aclara que, antes de que se hiciera cualquier pago, él ya había roto las negociaciones. Por eso no cometió un delito, añade.

En el mundo del fútbol, Doyen tenía fama de ser una compañía especialmente dudosa. La empresa de marketing deportivo compró participaciones en derechos de traspaso de futbolistas profesionales y luego obtuvo enormes beneficios de la posterior venta de esos jugadores. En algún momento, ese sistema, conocido como TPO (Third Party Ownership) o transmisión a terceros de los derechos económicos de los futbolistas, fue demasiado lejos incluso para la FIFA, y el organismo rector del fútbol mundial lo prohibió.  

En Malta, donde Doyen Sports está registrada, la Autoridad de Servicios Financieros multó a la empresa por conceder préstamos ilegales. Las autoridades españolas están investigando a Doyen Sports y a Lucas por sospechas de fraude fiscal basadas en la publicación de documentos de Football Leaks. Otros dos directivos de la agencia también han sido acusados de blanqueo de dinero. Las autoridades portuguesas congelaron ocho millones de euros de una cuenta de Doyen en la primavera de 2019, interesadas en una transferencia prevista de millones de euros al paraíso fiscal de Santa Lucía. La investigación aún está abierta. Hasta ahora Lucas y Doyen no han hecho ninguna declaración pública sobre estas acusaciones.

La policía tiene dudas sobre el origen de los millones que Doyen ha invertido en el mundo del fútbol. Los documentos de Pinto sugieren que el capital de la red de Doyen provenía de oligarcas kazajos que ganaron millones en el sector de las materias primas tras el colapso de la Unión Soviética. Tevfik Arif, el padre de uno de los antiguos jefes de Doyen, se dedicó al negocio inmobiliario con Donald Trump. Incluso el Comité de Inteligencia del Senado de EEUU destacó la semana pasada los contactos de Arif con Rusia y Turquía en un informe: “La información obtenida por el comité sugiere que estuvo involucrado en el crimen organizado ruso, en blanqueo de dinero y tráfico de personas que se remontan al menos al año 2000”. Arif negó todas las acusaciones al solicitársele un comentario.

Football Leaks reveló cómo al fútbol profesional no le importa en absoluto cuál sea la fuente de dinero que le sirve para pagar salarios, comisiones y traspasos de jugadores.

También Isabel dos Santos y los 'Luanda Leaks'

Pinto ha entregado estos datos a la Justicia portuguesa. Su generosa colaboración con los investigadores probablemente también fortalecerá su posición ante el tribunal. Pero, ¿cómo se materializó el acuerdo?

Pinto dice que siempre ha querido trabajar con los portugueses, pero sólo con la condición de que los documentos contenidos en sus discos duros no fueran usados en su contra. Durante mucho tiempo, la Fiscalía no quiso aceptar el trato. Pero la presión sobre los investigadores aumentó cuando, en enero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre cuyos miembros se encuentra el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, publicó los resultados de su investigación sobre Isabel dos Santos, la angoleña que es la mujer más rica de África. Las informaciones de los Luanda Leaks rastrearon todo un sistema cleptocrático de corrupción y blanqueo de dinero en Angola. Los documentos procedían de Rui Pinto. “Es repugnante que Portugal se haya convertido en la lavandería de las élites angoleñas”, subraya Pinto. Afirma que sus gobernantes se enriquecieron a pesar de que el país sufren una pobreza extrema.

Dos Santos niega las acusaciones. Sin embargo, su publicación ha dado al traste con el sistema de la angoleña y ahora los medios de comunicación portugueses consideran a Pinto un valioso informante, después de haberle tachado de hacker, pirata o espíahacker. También ha obligado a las autoridades lusas a admitir que los datos que posee Pinto pueden ser utilizados para destapar ilegalidades en muchos ámbitos diferentes.

Pero el problema que tenían las autoridades portuguesas era que no podían llegar a los documentos sin la ayuda de Rui Pinto. Los discos duros tienen contraseñas de más de 40 caracteres de longitud y cada disco ha sido encriptado individualmente. Pinto advirtió de que Dos Santos era sólo la punta del iceberg y que aún había muchas más irregularidades que podían revelar sus datos, también en Portugal.

Así que parece que a los investigadores les conviene más trabajar con Rui Pinto. El director de la Seguridad del Estado luso incluso ha elogiado a Pinto por su ayuda. Cuando se le pregunta si cree que podría ser enviado de nuevo a prisión, Rui Pinto responde: “No lo creo”. Su equipo de defensa está compuesto por tres abogados: el abogado portugués Francisco Teixeira da Mota y su hija Luísa, y el abogado francés y experto en casos de whistleblowers William Bourdon. Quieren llamar a 45 testigos, incluyendo al estadounidense Edward Snowden. Y ya han tenido éxito con sus alegaciones de posible parcialidad de dos de los tres jueces sorteados para el juicio. Después de mostrar en Facebook que es un ferviente seguidor del Benfica de Lisboa y de darle un Me gusta a un artículo crítico con Pinto, el juez que presidía el tribunal se retiró del caso, así como la segunda jueza, que había sido representada en otro caso por uno de los actuales abogados de los demandantes.

Menos fútbol, más investigación

La entrevista ya ha durado varias horas para cuando comienza la final de la Liga de Campeones. Pinto quiere salir a tomar un poco de aire fresco cuando los jugadores del Bayern de Múnich y del Paris Saint-Germain salen al campo. A su regreso, sigue con un ojo la final que enfrenta a los dos clubes patrocinados por Catar, mientras que al mismo tiempo charla con su novia. “El fútbol son los aficionados, el verdadero ambiente”, destaca Pinto, “no este evento de plástico donde el dinero lo domina todo”.

Ahora parece que el portugués se está alejando poco a poco del fútbol, el deporte por el que corrió todos estos riesgos. Hoy en día, le apasionan más otros temas como la investigación de la corrupción, el fraude y la evasión fiscal. Pinto relata que aprovechó el tiempo en la cárcel para leer numerosos libros de investigación, incluyendo algunos sobre el abuso de poder por parte de los Estados.

Tras el partido, Pinto desaparece en coche con sus guardaespaldas hacia un lugar no revelado, donde tiene previsto prepararse para el juicio. Dice que aún no le preocupa lo que pueda ocurrir después. “Quiero resolver mi situación legal primero”, concluye Pinto. “Quiero ser absuelto”.

El informante de Football Leaks, Rui Pinto, fue liberado este viernes por la justicia portuguesa. En prisión domiciliaria desde el pasado mes de abril, ahora esperará el juicio en libertad, según ha informado su abogado William Bourdon en Twitter. 

Rui Pinto estará obligado a presentarse de forma semanal ante la Policía Judicial hasta que se celebre el juicio. El denunciante ingresó en prisión en marzo de 2019 tras ser extraditado por Hungría. En abril de este año, tras un acuerdo de colaboración con la justicia y tras desencriptar varios discos duros, pasó a prisión domiciliaria en un apartamento proporcionado por la policía, en el centro de Lisboa, de una habitación, cocina y baño. El joven de 31 años no podía ni salir de la vivienda ni utilizar ningún dispositivo con conexión a Internet. 

El portugués es el rostro de Football Leaks, la gran filtración sobre el negocio del fútbol, y está acusado en su país de origen de delitos como intento de extorsión, sabotaje informático y violación de las leyes de secreto postal. La suma de condenas puede suponerle una pena total superior a los 25 años de cárcel, el máximo permitido en el país vecino.

Pinto niega las acusaciones. En una entrevista el pasado mes de diciembre desde la cárcel, denunció que "este caso terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque a Portugal le importa un bledo la protección de los alertadores". 

Desde 2016, Pinto ha proporcionado a Der Spiegel más de 70 millones de documentos, que la revista alemana ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Los documentos han sido la fuente que ha servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales.

Los preparativos se alargaron durante meses, pero finalmente las cosas fueron muy rápidas: Rui Pinto recibió el miércoles por la tarde la noticia de que cambiaba la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Alrededor de las seis de la tarde ya había entrado en su nueva casa: un apartamento proporcionado por la policía, en el centro de Lisboa, de una habitación, cocina y baño. El joven de 31 años no puede salir de su vivienda ni utilizar ningún dispositivo con conexión a Internet. Pero sus amigos y familiares cercanos pueden visitarlo en cualquier momento.

El portugués Rui Pinto llevaba en prisión más de un año, incluyendo seis meses en aislamiento. El portugués es el rostro de Football Leaks, la gran filtración sobre el negocio del fútbol, y está acusado en su país de origen de intento de extorsión, sabotaje informático y violación de la correspondencia. Pinto niega las acusaciones y se espera que su juicio comience en verano.

Sin duda, ha sido una sorpresa que la Justicia haya puesto fin a su prisión preventiva. Todavía en enero, la jueza de instrucción Cláudia Pina declaró que Pinto no era un filtrador a quien hubiera que proteger, entre otros motivos porque no era un empleado de la empresa cuyos datos salieron a la luz pública. Esa fue una de las razones por las que la jueza no consideró apropiado cambiar su situación penitenciaria. La misma jueza decidió ahora, tres meses después, que Pinto podía salir de la cárcel. En su resolución escrita, a la que ha tenido acceso Der Spiegel, Cláudia Pina sostiene que el riesgo de fuga de Pinto se ha reducido debido a las restricciones de viaje impuestas por la crisis del coronavirus y también que aprecia un cambio en su actitud.

Hay resoluciones que parecen más escritas por un político que por un magistrado independiente. Porque la verdad es que no es la actitud de Pinto la que parece haber cambiado, sino la de la justicia portuguesa.

En una entrevista con Der Spiegel [el semanario alemán que recibió la filitración y que la compartió con la red de medios europeos EIC, de la que forma parte infoLibre], el pasado mes de diciembre, Pinto aseguró que la fiscal le había confesado que "no quería utilizar los datos de Football Leaks, pese a que contienen muchas pruebas de delitos cometidos por jugadores poderosos en el mundo del fútbol". Hasta ahora, la fiscal se había negado categóricamente a aceptar su colaboración, "sólo quiere que me declare culpable", añadió Pinto. Las posiciones parecían muy alejadas.

Todo apunta a que altos funcionarios judiciales han intervenido en los últimos meses en la investigación y han tratado de acercar a ambas partes. Como resultado, parece que se han celebrado varias reuniones secretas entre Pinto y sus representantes y la Justicia portuguesa. El motivo de esos esfuerzos por lograr una cooperación son en teoría dos investigaciones a gran escala, que ocupan cada vez más a la Justicia portuguesa.

En primer lugar está el proceso contra la mujer más rica de África, Isabel dos Santos. Pinto ha compartido algunos de sus datos con los consorcios de investigación PPLAAF e ICIJ, que publicaron en enero los Luanda Leaks. En ese contexto, el fiscal general de Angola dijo que estaba investigando a Dos Santos por blanqueo de capitales y falsificación de documentos. La Justicia angoleña acusa a Dos Santos de enriquecerse ilegalmente y ahora exige la devolución de 1.100 millones de dólares. Muchos de los negocios de Dos Santos también tuvieron lugar en Portugal. Mientras tanto, algunas de sus cuentas ya han sido congeladas. Dos Santos niega las acusaciones, pero la investigación probablemente continuará durante cierto tiempo. Y los datos de Pinto podrían ayudar a los investigadores portugueses a descubrir los flujos de efectivo.

Pinto ofreció cooperar con la Justicia

La situación es similar en un segundo caso que acaparó grandes titulares en Portugal: hace aproximadamente un mes, las autoridades tributarias y aduaneras portuguesas hicieron una redada en varios clubes de fútbol. También se registraron las oficinas de agentes de jugadores, funcionarios y bufetes de abogados, incluidas las de dos personas muy cercanas a Cristiano Ronaldo: el agente Jorge Mendes y el asesor de la superestrella y abogado desde hace tiempo, Carlos Osório de Castro. La operación, llamada Fora de Jogo, se centra en los indicios de fraude fiscal y lavado de dinero. La investigación en Portugal comenzó después de las revelaciones publicadas en Der Spiegel y en la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) sobre irregularidades financieras en el fútbol profesional. Las informaciones de los medios de comunicación, a su vez, se basaron en los datos de Football Leaks que Pinto había entregado al semanario alemán.

Hay una gran presión política sobre las dos investigaciones judiciales. Si tienen éxito, podrían suponer varios millones de euros para el tesoro público portugués. Esta puede ser una de las razones por las que la justicia lusa ha iniciado conversaciones con Pinto y sus abogados. Cuando fue arrestado en Hungría a principios de 2019, también se incautaron doce discos duros en su apartamento, que contienen alrededor de 26 terabytes de datos, lo que significa cientos de millones de documentos. Hasta ahora, sin embargo, la justicia portuguesa no había sido capaz de descifrar los datos, que están encriptados.

Pinto se ha ofrecido a cooperar con las autoridades desde que fue arrestado. Al fin y al cabo, es él quien tiene las contraseñas de sus discos duros en la cabeza. Aparentemente, ahora ha desencriptado una pequeña parte de los documentos y los ha puesto a disposición de la justicia. Su abogado William Bourdon no quiso responder a la pregunta de qué documentos son, ni de si Pinto pactó algo a cambio de esta muestra de cooperación. Bourdon explicó que las conversaciones con los investigadores eran "confidenciales".

El arresto domiciliario debería ser sólo el primer paso

William Bourdon, que anteriormente defendió a Edward Snowden y al denunciante de Lux Leaks, Antoin Deltour, destacó no obstante que "Luanda Leaks ha sido un terremoto en Portugal. Abrió los ojos de la gente. Sin filtradores importantes como Rui Pinto nunca nos hubiéramos enterado de cómo funcionan las organizaciones criminales a nivel mundial. Pinto ha demostrado con Football Leaks a dónde van los grandes capitales y a qué excesos de corrupción y fraude se puede llegar en un entorno así. Ambos casos deben ser investigados más a fondo, y Pinto dijo desde el principio que apoyaría al poder judicial".

La nueva situación de Pinto en arresto domiciliario es, desde la perspectiva de Bourdon, "sólo un primer paso en la dirección correcta. Esperamos que la confianza en Pinto siga creciendo y que pueda ayudar a descubrir delitos tan graves". Ahora se trata de no criminalizar sino de proteger a los filtradores, destacó Bourdon. "Seguiremos luchando para que Pinto vuelva a ser completamente libre. Él mismo hará lo que sea necesario".

La Autoridad Tributaria (AT) portuguesa tardará meses en analizar la información obtenida esta semana en los registros realizados en la denominada Operación Fuera de Juego, en la que se investigan operaciones sospechosas en el negocio del fútbol luso que pueden implicar fraude fiscal cualificado y blanqueo de dinero, informa este sábado la revista Expresso. Las autoridades fiscales sospechan que muchos documentos que serían relevantes han sido destruidos en las últimas semanas por algunos de los objetivos de la operación desplegada este miércoles.

La AT expresó esta semana a la Procuraduría General de la República su malestar por la violación del secreto judicial después de que la revista Sábadoadelantara el mismo miércoles detalles de los registros en domicilios de varios futbolistas, entre ellos el del jugador del Oporto Iker Casillas. La publicación, este 6 de febrero, se produjo poco después de que finalizara la operación sobre el terreno y pasara por las manos del Tribunal Central de Investigación Criminal, a pesar de que había comenzado mucho antes. 

Expresso ya había adelantado en noviembre de 2018, en el ámbito de las investigaciones periodísticas de Football Leaks, que se estaba investigando fraude fiscal en equipos como Benfica, Oporto y Sporting. Las investigaciones culminaron con los registros del miércoles pasado: se inspeccionaron 56 localizaciones, incluyendo sedes de clubes, bufetes de abogados (como Morais Leitão, del que Carlos Osório de Castro es socio y a la vez abogado de Jorge Mendes y Cristiano Ronaldo) y empresas intermediarias (como Gestifute, de Jorge Mendes). Hubo 47 imputaciones, entre ellas la de los presidentes de los tres grandes del futbol luso (Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa y Frederico Varandas) así como el agente Jorge Mendes, informa Expresso.

La investigación a partir de las revelaciones de FootballLeaks es llevada a cabo por la Agencia Tributaria desde 2014 fruto de una petición de ayuda procedente de Holanda y que involucraba a un club portugués. En 2015 las autoridades fiscales lusas comenzaron a realizar inspecciones en el negocio del fútbol y emitieron 65 solicitudes de cooperación a las autoridades tributarias de 16 jurisdicciones (entre ellas Irlanda, Países Bajos, Malta, España, Suiza, Chipre, Singapur, Brasil y Emiratos Árabes).

Tras las revelaciones de Football Leaks en 2015 y, al año siguiente, a través del consorcio EIC –European Collaborative Investigations, del que forman parte Expresso e infoLibre–, la Autoridad Tributaria pidió información a Rui Pinto, el filtrador de los documentos, pero no obtuvo respuesta. Rui Pinto sería arrestado en Budapest en enero de 2018 y extraditado a Lisboa en marzo de ese año. Posteriormente, su abogado francés, William Bourdon, ofreció la cooperación de Rui Pinto a AT, pero no obtuvo respuesta. Pinto fue imputado por 90 delitos en septiembre de 2019 y está a la espera de juicio.

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, ha anunciado este lunes que también es la fuente de los 715.000 documentos que han hecho posible los Luanda Leaks, la filtración sobre Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y la mujer más rica de África, dueña hasta ahora de un conglomerado de empresas e inversiones cuyo valor supera los 2.000 millones de dólares. La justicia angoleña la acusa de malversar 1.000 millones de euros de fondos públicos a través de la petrolera estatal, Sonangol, mientras que la Fiscalía portuguesa está a punto de abrir su propia investigación por el uso de un banco local, Eurobic, para desviar fondos de la petrolera angoleña. La CNMV lusa también ha comenzado a inspeccionar una empresa portuguesa propiedad de Dos Santos, la teleoperadora Nos, así como la petrolera Galp, donde la multimillonaria tiene participaciones.

A través de un comunicado hecho público por su abogado, William Bourdon, Rui Pinto explica que a finales de 2018 entregó a la Plataforma para Proteger a los Informantes de África (PPLAAF) un disco duro con todos los datos relacionados con “las últimas revelaciones sobre la fortuna de Dos Santos, la de su familia y todos los actores que pueden estar involucrados en las operaciones fraudulentas perpetradas a expensas del Estado angoleño y, en su caso, de otros Estados”. Las nuevas informaciones sobre el origen sospechoso del inmenso patrimonio de la hija del expresidente angoleño han levantado un gran escándalo en Portugal.

Según explica Bourdon, abogado francés que preside la PPLAAF y antes ha defendido a otros whistleblowers internacionales como Julian Assange, Edward Snowden, Hervé Falciani Hervé Falcianio Antoine Deltour, el objetivo de Rui Pinto es ayudar a desentrañar las “complejas operaciones desarrolladas [por Dos Santos] con la complicidad de bancos y abogados, que no sólo empobrecen a los ciudadanos de Angola sino que también pueden haber dañado gravemente el interés general de Portugal”. También destaca que ha entregado los documentos “sin contraprestación alguna” y porque lo considera “un deber ciudadano”,  y consciente de los objetivos perseguidos por la PPLAAF.

70 millones de documentos

Rui Pinto está siendo procesado en estos momentos en un tribunal de su país, tras haber sido extraditado desde Hungría en marzo de 2019. La Fiscalía portuguesa lo acusa de 90 delitos, desde intento de extorsión hasta acceso ilegal, violación de correspondencia y sabotaje informático por los más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. La revista alemana los ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos han servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desveló las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

La suma de condenas por todos esos delitos que él niega puede suponerle a Pinto una pena total superior a los 25 años de cárcel, el máximo permitido en el país vecino.

Rui Pinto también se encuentra tras los Malta Files, las filtraciones que desvelaron cómo la isla mediterránea funcionar como un paraíso fiscal dentro de la UE: acoge grandes compañías y clientes con grandes fortunas que eluden el pago de impuestos en sus países de origen. La información compartida por Pinto permitó igualmente la publicación de los dudosos negocios inmobiliarios de Donald Trump y sus acuerdos con empresarios de Europa del Este, así como los sospechosos negocios petroleros de la familia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Histórica cooperación con EIC”“”

“Sin las revelaciones de los Luanda Leaks, posibles gracias a nuestro cliente, las autoridades regulatorias, policiales y judiciales no habrían hecho nada”, advierte Bourdon en su comunicado, “gracias a él, y sólo gracias a él, los ciudadanos portugueses y el mundo han accedido a la verdad de un extraordinario sistema de rapiña y corrupción, que daña gravemente a Portugal, Angola y otros países”.

De forma que el abogado francés insta a las autoridades lusas a “actuar y abrir las investigaciones, ya iniciadas en Angola al tiempo que les reprocha que hasta el momento sólo hayan solicitado la colaboración de Rui Pinto para que se autoincrimine por las filtraciones de Football Leaks. El portugués ya se ha ofrecido a las autoridades europeas como testigo para ayudar en la investigación de conductas corruptas en el fútbol. De hecho, un grupo de Eurojust –la agencia de cooperación judicial europea– lleva casi un año trabajando con parte de los datos de Rui Pinto.

William Bourdon recuerda que la colaboración de Rui Pinto con la PPLAAF se refiere “exclusivamente” a la entrega de este disco duro pero no menoscaba la “histórica cooperación” que ha mantenido con EIC desde que se hicieran públicos los Football Leaks. Por ejemplo, EIC publicó en 2017 cómo Isabel dos Santos obtuvo sin licitación, a través de una empresa offshore de Hong Kong, casi el 40% de un contrato de 4.500 millones de dólares para la construcción de una presa, aprobado por un decreto firmado por su padre, entonces presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, en 2015.

En el largo pasillo que da acceso a la sala 1 del tercer piso del Campus de la Justicia de Lisboa, las paredes de cristal dejan pasar la luz del exterior, en un viernes importante para Rui Pinto, el informante de Football Leaks. Para unos, un simple hacker, un pirata informático. Para otros, el whistleblower que ha hecho posible la denuncia que ha sacudido los cimientos de la industria del fútbol europeo en los últimos años. Desde 2016, el joven portugués ha proporcionado a Der Spiegelmás de 70 millones de documentos, que la revista alemana ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Los documentos han sido la fuente que ha servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. La jueza de instrucción Cláudia Pina ha comenzado este viernes un partido en el que Pinto, de 31 años, se juega su futuro.

Son las 14:22 horas y Rui Pinto entra en la sala, esposado, vigilado y protegido por tres miembros del Grupo de Intervención de Seguridad Penitenciaria (GISP) y por otros cuatro hombres de la Policía de Seguridad Pública. En la sala, poco más de media docena de abogados que representan al fondo de inversión y agencia deportiva Doyen y a otros demandantes, además de dos abogados defensores de Pinto y una abogada de Aníbal Pinto, también acusado.

El joven portugués se presenta con la misma chaqueta de punto oscura de las sesiones anteriores de la instrucción, con el mismo pelo de punta y con la misma serenidad. Es probable que sepa que el Oporto, el club de su corazón, juega este viernes con el Braga, y que sus rivales, el Sporting y el Benfica, se enfrentarán en el estadio José Alvalade, en Lisboa. Una vez terminada la jornada en el Campus de la Justicia, volverá a la prisión de la Policía Judicial y a su pequeña celda. Será desde allí, por la radio, donde seguirá los dos partidos. ¿Le apetecerá aún hacerlo?

Pero lo que le ha llevado al juzgado no es un partido de fútbol. En un trámite que ha durado menos de una hora, Rui Pinto ha sido informado de por qué tendrá que responder ante la justicia. La jueza Pina ha decidido que será juzgado por un total de 90 delitos, no por los 147 de los que le acusaba en septiembre la Fiscalíalos 147 de los que le acusaba en septiembre la Fiscalía. Su abogado, Francisco Teixeira da Mota, aseguró al final de la vista preliminar que la decisión de la jueza tiene “aspectos positivos y negativos”.

Es cierto que la magistrada ha eliminado más de 50 delitos –sobre todo referidos a la violación de correspondencia–, en aquellos casos en que los afectados no presentaron una denuncia contra Pinto. También es cierto que 68 de los 74 delitos de acceso ilegítimo –que implican una pena máxima de hasta cinco años– se han convertido en delitos de acceso indebido –con una pena máxima de hasta dos años–.

Pero muchos de los cargos presentados por los fiscales han sido considerados válidos por la jueza. Así, Rui Pinto deberá ser juzgado por intento de extorsión a Doyen. Y por sabotaje informático al Sporting de Lisboa. También tendrá que responder por seis delitos de acceso ilegítimo –por entrar ilegalmente en los sistemas de Doyen, Sporting, el bufete PLMJ, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la Oficina del Fiscal General y la consultora Score–, 68 de acceso indebido –a otros tantos buzones de correo electrónico– y 14 de violación de la correspondencia, por haber leído o divulgado el contenido de otras tantas direcciones de correo electrónico.

Más condena que por asesinato o fraude fiscal

Ninguno de esos delitos, individualmente, le supondrá a Rui Pinto, si es condenado, más de cinco años de prisión. Sin embargo, la suma de varios de ellos puede traducirse fácilmente en una pena por el tiempo máximo de prisión en Portugal, 25 años. En teoría, Rui Pinto puede ser sentenciado a una condena de prisión mayor que la cumplida por muchos asesinos. Mayor incluso que los 15 años a los que ya ha sido condenado el exbanquero José Oliveira e Costa, fundador del Banco Portugués de Negocios (BPN), por los delitos de fraude fiscal, estafa y abuso de confianza. Salvando las distancias entre ambos casos, tanto por el tipo de delitos como por la situación de los acusados: Rui Pinto está en prisión preventiva, Oliveira e Costa está en su casa con un brazalete electrónico.

En la vista preliminar, la magistrada también ha decidido mantener en la cárcel a Pinto y dictaminado que los tribunales portugueses son competentes para juzgar a Rui Pinto por su supuesto intento de extorsión a Doyen, rechazando así la tesis de los abogados defensores.

Rui Pinto tiene la certeza de que después de un año en prisión –fue detenido el 16 de enero de 2019 en Budapest y extraditado a Lisboa en marzo– se enfrenta ahora a ocho meses decisivos. La Justicia portuguesa tiene hasta el 22 de septiembre para juzgarlo. Si el juicio no ha concluido para entonces, Rui Pinto tendrá que ser puesto en libertad y esperar el final del proceso fuera de la cárcel.

Y será en estos próximos ocho meses cuando Rui Pinto y sus abogados jueguen sus principales bazas, intentando rebatir las acusaciones del Ministerio Público y evitar la condena.

En cualquier caso, y  pese a haber reducido el número de delitos de 147 a 90, en el auto hecho público este viernes la jueza de instrucción Cláudia Pina asume buena parte de los términos de la acusación de la Fiscalía.

Niega que sea un ‘whistleblower’

La magistrada señala que “los hechos de la acusación están suficientemente probados”, rechaza la idea de que Rui Pinto pueda ser considerado un whistleblower –un informante, principalmente porque no formaba parte de ninguna de las empresas cuya información hizo pública– y asume que el acusado había obtenido información que no debía haber conseguido: “Al acceder a los buzones [de correo electrónico], accede a innumerables datos personales”, observa. La jueza Pina no deja de mencionar el pasado de Rui Pinto, incluyendo el desvío de dinero de un banco de las Islas Caimán, un caso que no llegó a los tribunales porque las partes llegaron a un acuerdo y el informático portugués devolvió el dinero.

En la lectura de su decisión, la instructora también afirmó que “no hay duda” de que, debido a los hechos descritos por el Ministerio Público, se cumplen los requisitos para ser acusado del delito de intento de extorsión. Cláudia Pina recordó los acontecimientos de septiembre y octubre de 2015, cuando Pinto, bajo la identidad virtual de Artem Lobuzov, invitó al fondo Doyen a hacer una “donación” de entre medio millón y un millón de euros para detener las revelaciones del blog Football Leaks.

La jueza Pina admiteque a Rui Pinto le “asiste la razón” cuando argumenta que no debe ser juzgado por violación de la correspondencia de personas que no han presentado una denuncia. Por eso han decaído más de medio centenar de cargos. Pero otras 14, que se presentaron como demandantes durante la investigación de la Fiscalía, llevarán a Rui Pinto ante el tribunal por lo que, según la Fiscalía, vio y no debería haber visto.

Entre los denunciantes de esos 14 delitos de violación de la correspondencia se encuentran el ex abogado del despacho PLMJ João Medeiros –ahora en Vieira de Almeida–, cuyos correos electrónicos y documentos fueron publicados, en diciembre de 2018, en el blog Mercado de Benfica, así como la abogada Inês Almeida Costa, que también ha cambiado PLMJ por Vieira de Almeida. El mismo Vieira de Almeida que, desde 2015, representa a Doyen en el caso contra Rui Pinto.

Al salir del tribunal, la abogada de Vieira de Almeida que defiende a Doyen, Sofia Ribeiro Branco, no quiso hacer comentarios. Parecía tranquila, como el resto de los abogados, incluyendo el de Rui Pinto. En las próximas semanas se sabrá cuándo comenzará el juicio. En sus nuevas salidas del establecimiento penitenciario de la Policía Judicial, Pinto tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones que pesan sobre él. Son 90. Tantas como minutos tiene un partido de fútbol.

Será allí, ante el tribunal, donde se jugará su futuro. Hace un año, Pinto confió en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel que su padre le había advertido, cuando era niño, que no podía ser un hincha de fútbol porque ese deporte podía destruirle la vida. Parece una profecía.

Desde hace unos nueve meses, esta prisión es el domicilio de Rui Pinto, el hombre que está detrás de Football Leaks. Desde 2016, Pinto ha proporcionado a Der Spiegel más de 70 millones de documentos, que la revista alemana ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Los documentos han sido la fuente que ha servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales.

Hasta ahora, sin embargo, Pinto es la única persona que ha sido encarcelada como resultado de las revelaciones. Las autoridades detuvieron al ciudadano portugués de 31 años en Budapest el pasado mes de enero y lo extraditaron a Lisboa en marzo. El fiscal portugués acusa a Pinto de 147 delitos, incluyendo intento de extorsión, crimen informático y violación de las leyes de secreto postal.

Después de negarse durante meses, la justicia portuguesa acaba de concederle permiso para realizar una entrevista. Pinto se pronuncia por primera vez sobre las acusaciones, su estancia en la cárcel y el próximo juicio.

Cuando entraron en la cárcel para realizar la entrevista, los periodistas de Der Spiegel tuvieron que pasar por una puerta de seguridad y guardar bajo llave cualquier objeto metálico, incluidos teléfonos móviles y aparatos de grabación, en una taquilla. Los funcionarios sólo les permitieron llevar cuadernos y bolígrafos. La entrevista con Pinto se desarrolló en una sala de conferencias. Las rejas de las ventanas quedaron cubiertas por cortinas. Pinto lleva una camiseta negra y unos vaqueros holgados. Parece mucho más delgado que cuando fue detenido y está mucho más pálido.

PREGUNTA: ¿Alguna vez imaginó que Football Leaks podría terminar para usted en una prisión de Lisboa?Football Leaks

RESPUESTA: Era consciente de que cualquier cosa podía pasar. Sabía que las autoridades portuguesas procesan a los whistleblowers [alertadores, denunciantes de corrupción], así que tenía que estar preparado para eso.

P: ¿Cómo le tratan los guardias?

R: Realmente no tengo ningún motivo para quejarme de ellos en absoluto. Son extremadamente educados. Hablamos mucho. Dicen que la cárcel no es el lugar adecuado para mí y que el país necesita más gente como yo, que esté dispuesta a luchar contra la corrupción y los conflictos de interés.

P: Permaneció en aislamiento durante más de seis meses. ¿Ahora tiene contacto con otros reclusos?

R: Sí, me trasladaron a principios de octubre y ahora estoy en un área con reclusos a los que se permite trabajar en prisión. Cocinan, lavan la ropa, incluso llevan una pequeña tienda. Puedo salir de mi celda y pasar tiempo con ellos, pero no se me permite trabajar. Tampoco puedo salir al patio grande. Ésa fue una orden específica del director de la prisión.

P: ¿Qué sabe de los otros reclusos?

R: La mayoría de ellos está en prisión preventiva, como yo, pero algunos ya han sido condenados. Hay muchos sudamericanos, algunos detenidos por tráfico de drogas.

P: Cuando lo entrevistamos en enero, expresó su temor a sufrir la violencia que es habitual en las cárceles. ¿Estaba justificada esa preocupación?

R: Hasta ahora, no he sido testigo de ningún comportamiento violento en absoluto. Pero los guardias también me dicen que esta prisión es como el cielo comparada con otras cárceles del país.

P: ¿Cómo pasó sus días en aislamiento?

R: Me movía entre mi celda y un patio muy pequeño. Caminaba en círculos y jugaba un poco al fútbol solo. En mi celda hacía ejercicio, leía mucho y escribía en mi cuaderno.

P: ¿Cómo le afectó mentalmente el aislamiento?

R: Al principio fue muy difícil. Todos somos seres humanos y necesitamos el contacto con otras personas. Pero tuve que aceptar la situación y adaptarme. Era muy importante para mí no perder la concentración.

P: ¿Centrarse en qué?

R: Las autoridades portuguesas tienen miedo de lo que sé y por eso es importante que no pierda la cabeza. Al principio escribía notas relacionadas con el caso en mi cuaderno, pero luego me lo quitaron. Mi abogado estaba presente cuando registraron mi celda y dijo que era ilegal quitarme las notas. No fueron los guardias de la prisión quienes lo hicieron, sino los fiscales portugueses. Hacen todo lo que quieren. Tardaron un mes en devolverme el cuaderno.

P: Mirando su situación ahora mismo, ¿cree que valió la pena?

R: Ha habido algunos resultados. Ahí están los casos de delito fiscal contra superestrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Radamel Falcao y Ángel Di María. Cristiano Ronaldo fue condenado por fraude fiscal. Hay un caso penal contra [el fondo de inversión] Doyen y [su gestor] Nélio Lucas en España. Hay investigaciones en Bélgica y Francia. En última instancia, habrá que tener paciencia para juzgar si todo valió la pena.

[Los documentos de Football Leaks destaparon el sistema de evasión fiscal que los grandes jugadores de fútbol utilizaban para trasladar parte de sus derechos de imagen a paraísos fiscales. Como consecuencia de las revelaciones, Cristiano Ronaldo tuvo que aceptar una sentencia de dos años de cárcel y pagar 19 millones de euros.

Football Leaks también reveló que el dinero sucio está generalizado en el negocio, además de descubrir los sistemas con los que oligarcas y jeques explotan el fútbol para su propio beneficio. La UEFA está investigando actualmente al Manchester City, un importante club inglés que ha recibido inyecciones de millones de dólares de Abu Dhabi. El club es sospechoso de haber violado las normas financieras internas de la asociación al firmar contratos de patrocinio falsos. Las sanciones penales podrían acarrearle incluso su expulsión de la Liga de Campeones.

Los documentos de Football Leaks también desvelaron cómo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo regalos a un fiscal suizo de alto rango, que le permitió acceder a un fiscal federal que estaba investigando al organismo internacional].

P: ¿Cree usted que sus revelaciones han logrado mejorar algo en el mundo del fútbol?

R: El año pasado, Der Spiegel y la red EIC destaparon cómo los principales clubes de Europa planeaban unir sus fuerzas en una Superliga exclusiva. Tras publicarse la noticia, todos la desmintieron. Pero mire las últimas noticias: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha creado una nueva asociación internacional de clubes que competirá con la UEFA y la ECA (European Club Association). Quieren hacer realidad la Superliga. Ha sido la misma mierda de siempre durante años. Simplemente sigue adelante.

P: ¿Cree usted que los clubes de fútbol trataron de esconderse y esperar a que pasara la tormenta de Football Leaks?Football Leaks

R: Mientras su equipo gane, nada más le importa a la gente, aunque se enteren de irregularidades, delitos y fallos sistémicos. No puedo luchar contra eso. El fútbol es intocable. Y las autoridades protegen el sector sólo porque es de alto interés público.

P: ¿Por qué cree que es así?

R: Si te fijas en el Benfica, el club más popular de Portugal, ves que es como un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación. El club está bien conectado con la policía, los fiscales y los políticos, a los que a menudo regala entradas VIP para los partidos del Benfica. Se produciría un enorme conflicto de interés si alguna vez tuvieran que investigar seriamente al Benfica.

P: Se espera que su juicio comience a principios del próximo año. ¿Por qué tiene que permanecer en la cárcel hasta entonces?

R: No tiene sentido. Es irrazonable e injusto. Le pedí al juez permiso para ir a casa hasta que comience el juicio, pero el fiscal insistió en que existe el riesgo de que yo interfiera en la investigación: que pueda participar en actividades ilícitas junto con potencias extranjeras. Es ridículo.

P: ¿A quién se refiere el fiscal?

R: Supongo que se refiere a los fiscales de otros países que están dispuestos a cooperar conmigo y a trabajar con los datos que he reunido para investigar delitos en el mundo del fútbol. ¿No es increíble? En Portugal no sólo se criminaliza a los alertadores, sino también a las personas que quieren proteger a los alertadores.

P: ¿Las autoridades portuguesas no tienen interés en cooperar con usted?

R: El fiscal me dijo que la única cooperación que espera de mí es que me incrimine voluntariamente. No quieren utilizar los datos que he reunido, que contienen muchas pruebas de delitos cometidos por personas poderosas del mundo del fútbol. Revelé irregularidades en interés del bien común. Pero el único que ha sido procesado soy yo, el denunciante. Me presentan como un peligro para la seguridad pública.

[La investigación contra Pinto también surge de una denuncia presentada por el fondo de inversión y agencia deportiva Doyen y por su director, Nélio Lucas. Pinto se puso en contacto con Lucas en 2015 y le exigió una gran suma de dinero a cambio de no publicar en internet documentos sensibles sobre los negocios de Doyen. Lucas habló con la policía y, al parecer, entabló negociaciones con el abogado de Pinto. Pero antes de alcanzar ningún acuerdo, Pinto y el abogado se retiraron sin recibir ningún dinero.

Dado que la agencia representa todas las cosas desdeñables de la industria del fútbol que Pinto quería combatir, parece una especie de broma pesada que sea Doyen, entre todos las partes implicadas, la que lleve ahora al hombre de Football Leaks a los tribunales. La familia que estuvo detrás de la empresa durante muchos años, los Arifs de Kazajstán, recibió el apoyo de dudosos oligarcas e hizo su fortuna con hoteles, inmobiliarias y el comercio de materias primas. Doyen firmaba acuerdos millonarios en el negocio del fútbol a través de una opaca red de empresas, presionaba a los clubes y vinculaba a los jugadores con contratos por los que podían ser comprados y vendidos como esclavos. La fiscalía española abrió este verano una investigación sobre Doyen y varios de sus directivos por fraude fiscal y blanqueo de dinero. Esas acusaciones se basan en Football Leaks].

P: ¿Se arrepiente de algo?

R: Me arrepiento del primer contacto que tuve con Doyen en 2015, fui ingenuo entonces y fue claramente un error acercarme a ellos. Las autoridades dicen que fue un intento de extorsión y lo están usando para mantenerme en la cárcel. En mi opinión, no cometí ningún delito. Me acerqué a ellos para probar el valor de la información que había reunido. Nunca tuve la intención de aceptar su dinero.

P: No sólo ha sido acusado de intento de extorsión. Los fiscales lo acusan de un total de 147 delitos, incluyendo piratería informática y violación de las leyes relativas al secreto de la correspondencia. ¿Cómo responde a esas acusaciones?

R: Sé que parecen muchos delitos y probablemente seré acusado de delitos que no he cometido. Pero necesito dejar claro que toda la investigación ha sido completamente parcial y contiene grandes fallos. El acceso a la infraestructura de servidores del bufete PLMJ, por ejemplo, debería contarse como un solo delito. Sin embargo, en lugar de eso, contaron cada dirección de correo electrónico para sumar un total de más de 70 delitos. Eso es extremadamente raro.

P: ¿Pero tienen razón al decir que fue usted quien accedió al servidor?

R: Eso es discutible. Lo discutiré en el tribunal. Es prematuro hablar de ello ahora.

P: Lo que dice suena como si finalmente admitiera el pirateo, después de decirnos siempre que no es un hacker.hacker

R: Acepto totalmente que, desde el punto de vista de la ley portuguesa, algunos de mis actos pueden ser considerados ilegales y me pronunciaré al respecto. Pero sostengo que muchas de las cosas que se mencionan no se hicieron ilegalmente. Y no me considero un hacker.

P: ¿Qué significa para usted pirateo entonces?pirateo

R: Para mí, hackear significa entrar en un sistema a base de fuerza bruta y aprovecharse de él. Nunca he hecho nada así.

P: Pero la acusación dice que se encontró software de hackeo en su portátil.hackeo

R: Es cierto, pero en primer lugar, ese ordenador no sólo fue utilizado por mí. Segundo, sólo porque el software esté ahí no significa que lo haya usado realmente. Y tercero, la acusación nunca dice que esos programas se utilizaran para acceder a los datos.

P: Usted no sólo insistió continuamente en que no era un hacker, sino también en que no estaba actuando solo. Sin embargo, desde su arresto, Football Leaks ha guardado silencio. ¿Qué pasó con sus supuestos compañeros?hackerFootball Leaks

R: Tiene que ser paciente. Es cierto que yo era la cara del proyecto, pero ya veremos qué pasa en un futuro próximo.

P: En su apartamento de Budapest, las autoridades incautaron más de una docena de dispositivos de almacenamiento de datos. Algunos discos duros ni siquiera estaban encriptados. ¿Eso no fue descuidado?

R: En realidad, uno de esos discos estaba roto. Y el otro fue creado por otra persona en Sarajevo. Por desgracia estaba en mi apartamento en ese momento, porque lo estaba usando para hacer copias.

P: ¿Ese disco duro contenía material que otra persona había obtenido?

R: Lo diré otra vez: las autoridades me atribuirán muchos delitos que no he cometido. Pero no delataré a nadie.

P: ¿Cuál cree que será el resultado de su procesamiento?

R: Dudo que tenga un juicio justo. Creo que este caso terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque a Portugal le importa un bledo la protección de los alertadores.

P: ¿Tiene miedo de algo?

R: No, no tengo miedo.

[El miércoles pasado, dos días después de esta entrevista, Rui Pinto se dio cuenta de cuál puede ser su futuro cuando se reunió en un tribunal por primera vez con los fiscales y las acusaciones. La cita en el palacio de justicia de Lisboa sirvió como una especie de audiencia previa al juicio, donde las partes tuvieron la primera oportunidad de convencer al juez con sus argumentos. Se abordaron buena parte de las formalidades legales; como, por ejemplo, si Lisboa tiene jurisdicción legal sobre el caso cuando un presunto ciberataque se ha llevado a cabo desde el extranjero.

En la mañana de la vista preliminar, la jueza Cláudia Pina tuvo que trasladar a toda prisa la sala de audiencias para dar cabida a todos los asistentes. Pinto entró el último en la sala, acompañado de cinco policías armados y protegidos con chalecos antibalas. Le quitaron las esposas y permanecieron todo el tiempo a su lado. Al otro lado de la sala se situaron los 14 abogados que representaban a las acusaciones, entre ellos la Federación Portuguesa de Fútbol, el bufete PLMJ, el club de fútbol Sporting de Lisboa, el Colegio de Abogados y Doyen. Las partes supuestamente perjudicadas y la Fiscalía nacional presentaron sus argumentos. Explicaron por qué el alcance de la acción está justificado y por qué consideran necesario abordar los 147 presuntos delitos en un juicio. Mientras las acusaciones hablaban, Pinto se acariciaba la cara repetidamente y se mordía las uñas. De vez en cuando, sacudía la cabeza con incredulidad.

Sus abogados defensores, Francisco Teixeira da Mota y su hija Luisa, se sentaban a pocos metros de él. Declararon que consideran inadmisible que la Fiscalía nacional haya ampliado la orden de detención europea emitida en enero de seis a 147 delitos.

La audiencia previa se prolongó durante varias horas. El abogado que representa a Doyen fue la única persona que pronunció la palabra whistleblower y sólo para negar a Pinto esa condición. Rui Pinto miraba en silencio mientras la sala se preparaba para ser escenario de procedimientos más complicados. La jueza Pina suspendió la vista al final de la tarde y dijo que el 13 de enero anunciará su decisión sobre si acusará a Pinto, dónde y por cuántos delitos].

P: Le consideramos un whistleblower por la relevancia de la información que reunió haciendo frente a un riesgo personal considerable. Otros, como los fiscales, por ejemplo, lo ven sólo como un delincuente. ¿Cuál es su respuesta a eso?whistleblower

R: Todos los debates son válidos. Si el director de un periódico escribe que soy un delincuente, no me voy a quejar de ello; es la libertad de prensa. Lo único que exijo es un debate honesto sobre lo que ha conseguido Football Leaks. Y hasta ahora no ha sido un debate justo, porque ahora mismo sólo se centra en mí como persona, y no en las irregularidades que he desvelado.

P: A finales de 2018, usted decidió dejar de vivir en el anonimato y cooperar con las autoridades francesas como alertador. Le ofrecieron la posibilidad de unirse a un programa de protección de testigos para que pudiera ayudar en sus investigaciones sobre delitos en el mundo del fútbol. ¿Sigue en pie esa oferta?cooperar con las autoridades francesas

R: Había planeado mudarme a París a finales de enero. Pero unos días antes fui arrestado. Después de eso, no he tenido ningún contacto con las autoridades francesas.

P: ¿Estaría dispuesto a seguir cooperando con los fiscales de otros países?

R: Sí, por supuesto. Siempre lo tendré en cuenta. Pero no mientras esté encerrado aquí. Eso no es justo.

P: A principios de este año, Eurojust, una agencia de la UE que facilita la cooperación entre fiscales, inició una investigación conjunta sobre el mundo del fútbol basada en sus datos. Fiscales de nueve países declararon su interés en trabajar juntos. ¿Esperaba usted más apoyo de ellos?

R: Sí, esperaba mucha más ayuda. Sé que Eurojust es una estructura muy burocrática, pero no me siento suficientemente respetado. Querían que cooperara plenamente sin darme nada a cambio. Si Portugal me condenara a 25 años de cárcel, Eurojust se limitaría a decir: “Ok, mala suerte. Pero todavía queremos tus datos”.

P: Los fiscales franceses tienen 27 terabytes de datos suyos. ¿Pueden acceder a ellos?

R: Todo está encriptado, y soy el único que tiene las contraseñas, memorizadas en mi cabeza.

P: ¿Esos datos sólo pertenecen al mundo del fútbol?

R: No, definitivamente no. Pero no debería hablar de personas o entidades específicas. De lo contrario, los fiscales podrían tratar de ir tras ellas e imputarme, por ejemplo, más violaciones del secreto de la correspondencia.

P: ¿Sigue sintiendo la necesidad de luchar personalmente contra la injusticia y el delito en el mundo del fútbol?

R: Sí, seguro. Un día saldré de la cárcel y entonces daré conferencias y escribiré artículos. Necesitamos más regulación, necesitamos que intervenga la Comisión Europea. Sólo este año, el negocio del fútbol se añadió a la lista de vigilancia de la UE en materia de blanqueo de dinero. Hay mucho que hacer.

P: ¿Sigue viendo partidos de fútbol en la cárcel?

R: Es difícil porque no tenemos muchos canales disponibles, así que no podemos ver muchos partidos. Normalmente los escucho en la radio.

P: Después de todo lo que le ha pasado, ¿sigue la actualidad del fútbol?

R: Sí, ¡claro! Es el mejor deporte del mundo. Sólo desprecio el turbio negocio que lo rodea.

P: En nuestra última entrevista, usted citó a su padre, quien le dijo cuando era más joven que el fútbol iba a arruinar su vida algún día. ¿Estaba en lo cierto?

R: Ya veremos. Esta lucha está lejos de terminar. En este momento, mi vida tiene menos que ver con el fútbol que con los desequilibrios del sistema político y judicial portugués y la forma en que protege la delincuencia.

P: ¿Cómo será la Navidad en la cárcel?

R: Difícil. No sólo para mí, sino para todos los que están aquí. Estoy seguro de que los presos y yo intentaremos pasarlo bien y olvidarnos de la triste realidad por un tiempo. Pero deberías pasar la Navidad con tus seres queridos. Aun así, a veces hay que hacer sacrificios.

P: Señor Pinto, muchas gracias por esta entrevista.

ERC, Compromís, BNG y Más País estrenan este miércoles la legislatura registrando la primera proposición de ley, que traspone la directiva de la UE de protección de los alertadoresla directiva de la UE de protección de los alertadores y ha sido redactada por la plataforma ciudadana Xnet. La iniciativa se presenta con el apoyo de 16 diputados, tal como exige el Reglamento del Congreso, y de aprobarse, España será el primer miembro de la Unión Europea en trasponer la mencionada directiva, aprobada el pasado mes de abril. A partir del 26 de noviembre los estados tienen un plazo de dos años para trasladarla a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Ya es la segunda vez que Xnet, a través de ERC y Compromís, presenta esta proposición de ley. La registraron el pasado junio, pero la iniciativa decayó al convocarse nuevas elecciones y disolverse las Cortes en septiembre. La norma pretende proporcionar una protección integral a los alertadores –conocidos como whistleblowers en inglés–, quienes revelan o informan sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que pueden amenazar o dañar el interés general. Hervé Falciani puso a las autoridades europeas en la pista de decenas de evasores fiscales del HSBC, Rui Pinto proporcionó los datos para destapar el fraude a Hacienda de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo o Mourinho, gracias a los Football Leaks; Antoine Deltour hizo otro tanto con los LuxLeaks, los acuerdos opacos de Luxemburgo con multinacionales; Edward Snowden desveló el espionaje masivo de la NSA, Ana Garrido denunció la corrupción del caso Gürtel, Azahara Peralta fue la alertadora del caso Acuamed. Son sólo algunos de los nombres detrás de las filtraciones más importantes de los últimos años.

“Es un trabajo de la sociedad civil”, destaca la fundadora de Xnet, Simona Levi, sobre la proposición de ley, que en estos seis meses ha sido “revisada y matizada” con la ayuda de Whistleblowing International Network (WIN) y de Blueprint for Free Speech a partir del Decálogo para la Protección de los Denunciantes y Alertadores del Grupo de Trabajo Ciudadano contra la Corrupción. Además, explica la proposición en su exposición de motivos, recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Europa y las disposiciones de la ONU y de la OCDE sobre la materia. Igualmente tiene como referencia la ley de la Generalitat valenciana que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Sus redactores pretenden que la futura ley no sólo proteja a los alertadores, sino también a los “facilitadores”, los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores. Además, quiere cubrir todos los ámbitos: las administraciones públicas –Estado, comunidades autónomas, Seguridad Social–, así como las agencias estatales y las autoridades independientes, el Defensor del Pueblo, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado deberán disponer de “canales de alerta anónimos y seguros”, tanto externos como internos. Las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarán obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo será obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Las empresas privadas no estarán obligadas: la nueva proposición de ley –a diferencia de su primera versión, que sí incluía en su ámbito de aplicación a aquéllas con más de 10 millones de euros de facturación– sólo establece que éstas “podrán” crear canales “externos” de alerta.

“Convicción razonable”

Si una persona tiene conocimiento de una irregularidad o un delito cuyas consecuencias “sean susceptibles de perjudicar el interés general”, podrá comunicarlo bien en un canal interno –dentro de la empresa o de la administración de la que forme parte– o en uno externo, a su elección. Pero ambos deberán garantizarle “la seguridad, el anonimato y la confidencialidad de su identidad” para protegerle de cualquier represalia o persecución.

Para ser considerado un alertador, basta con que un particular tenga una “convicción razonable” sobre la “verosimilitud y fiabilidad” de la información que suministre. Sea cual sea su motivación para hacer la denuncia. “El origen de la información no se tendrá en consideración para su calificación como información constitutiva de alerta”, subraya el texto. “A veces [ir más allá de la convicción razonable] se utiliza para hacer un maluso de la ley y engañar al alertador, que no tiene por qué saber si lo que denuncia es un delito o no”, explica Simona Levi. Como una alerta no es una denuncia, añade la proposición, deberá ser el órgano administrativo que la reciba quien deba comprobarla e investigarla.

Las informaciones que se pueden desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no será delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, reza el texto.

Asistencia jurídica gratuita y protección policial

Además, al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores que pretende crear la proposición de ley. Su misión será velar por que los filtradores y facilitadores no sufran “aislamiento, persecución o empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales”. También los representará legalmente en los procedimientos administrativos o judiciales que deban afrontar como consecuencia de sus revelaciones. El director de esta agencia permanecerá en su puesto durante siete años y será elegido por el Congreso de entre una lista elaborada tras celebrarse una consulta a la ciudadanía, explica el texto. Fue el método utilizado para nombrar al director de la Oficina Antifraude valenciana: Joan Linares, que había denunciado el caso Palau.

La proposición de ley prohíbe cualquier tipo de represalia contra los alertadores, ni discriminaciones, ni amenazas, lo mismo contra ellos que contra sus familias, compañeros, superiores o bienes. Por supuesto, les reconoce el derecho a no ser sancionados o despedidos por haber hecho una denuncia. De hecho, la futura norma prevé también protección policial si es necesario. Al igual que sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

Una protección integral que parte de la base de considerar la denuncia de irregularidades en el interés público como “una forma de libertad de expresión protegida”. Según resalta la proposición de ley, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.

Los abogados de Rui Pinto, el informático portugués que ha puesto en jaque al negocio del fútbol, consideran que no existe fundamento jurídico para que el ataque informático a la empresa Doyen, uno de los principales objetivos de Football Leaks, sea juzgado en Portugal. "La acusación debe ser considerada nula y sin efecto y rechazada en la medida en que imputa al acusado el delito de acceso ilegítimo al sistema informático de Doyen Sports Investments Ltd por falta de legitimidad del asistente y del Ministerio Público para procesar al acusado por el delito en cuestión", dice la defensa de Rui Pinto en su solicitud de apertura de la instrucción del caso, en el que se le acusa de 147 delitos.

En la demanda, a la que tuvo acceso el periódico portugués Expresso —miembro, al igual que infoLibre, de la red de medios europeos European Investigative Collaborations (EIC)—, los abogados Francisco Teixeira da Mota y Luísa Teixeira da Mota afirman que "debe declararse la competencia internacional de los tribunales portugueses en materia penal [...] para abrir una investigación sobre hechos cometidos por un ciudadano nacional en otro país contra una empresa extranjera". En esencia, la defensa de Rui Pinto considera que, según el Código Penal, en sus artículos 4 y 5, la ley portuguesa no es aplicable a Rui Pinto, porque cuando se produjo el ataque contra el sistema Doyen en septiembre de 2015, Rui Pinto estaba en Budapest. Y Doyen sólo tenía presencia en Malta e Inglaterra. Por lo tanto, Rui Pinto sólo podría ser procesado y juzgado de acuerdo con las leyes de Hungría, Malta o Inglaterra.

La legitimidad de la acusación

Los abogados del informático portugués acusado de haber atacado a Doyen, el Sporting, el bufete de abogados PLMJ, la Federación Portuguesa de Fútbol y la Fiscalía General, entre otras entidades, también defienden en su escrito que la acusación en relación con Doyen debe considerarse nula y sin efecto, puesto que el ataque se dirigió contra Doyen Capital (Londres) y no contra Doyen Sports Investments Ltd (Malta), autora de la denuncia penal en octubre de 2015.

Este hecho lleva a los representantes de Rui Pinto a sostener que “la entidad contra cuyo sistema informático existirían indicios de acceso ilegítimo es una entidad distinta a aquella que se presentó como acusación en los autos y en relación a la cual se acusará al imputado del delito de acceso ilegítimo".

Por otra parte, los abogados creen que el Tribunal de Investigación Criminal debería rechazar la acusación en la parte que excede a los seis delitos identificados en la orden de detención europea, ya que la detención de Rui Pinto por parte de las autoridades húngaras se realizó sobre la base de esos delitos, y sólo más tarde se prorrogó la orden. La acusación le imputa a Rui Pinto 147 delitos, la mayoría de los cuales se derivan de la información que el Ministerio Público obtuvo tras analizar los archivos incautados a Rui Pinto en Budapest.

Por último, la defensa considera que la acusación debe ser nula y sin efecto para los delitos de violación de la correspondencia que afecten a personas que no hayan manifestado su deseo de que se incoe un proceso penal contra Rui Pinto, que se encuentra en prisión preventiva en Lisboa desde marzo.

  Tras una primera entrega en 2016, 14 medios europeos de la red European Investigative Collaborations (EIC) publicaron en noviembre de 2018 la segunda entrega de Football Leaks, la mayor filtración en la historia del periodismo. Más de 70 millones de documentos obtenidos por Der Spiegel, o 3,4 terabytes de datos, fueron analizados durante ocho meses por cerca de 80 periodistas, diseñadores gráficos e informáticos.

Corrupción, fraude, dopaje, transferencias, agentes, evasión fiscal, explotación de menores, compra de juegos, influencia política: Football Leaks documenta el lado oscuro del fútbol de una manera nueva. 

infoLibre es el representante español en la red de medios EIC desde abril de este año.