El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no quiere que el nuevo Gobierno toque ni la reforma laboral ni las reformas que cambiaron el sistema público de pensiones en 2011 y 2013. Coincide con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en que los cambios legales aprobados por el PP en 2012 fueron beneficiosos para el mercado de trabajo español. En una entrevista con el diario británico Financial Times, Hernández de Cos consideró la reforma laboral una de las herramientas para mantener la “competitividad” de la economía española en un “nivel alto”, después de que tras la crisis financiera proporcionara más flexibilidad a las empresas para recortar costes. También reiteró el ya conocido recelo del Banco de España ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional la subida del Salario Mínimo Interprofesional(SMI). El gobernador advierte de que puede desincentivar la contratación de los trabajadores menos productivos, como los jóvenes y los mayores de 50 años.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha tardado en pedir su dimisión. “Para defender sus posturas, váyase, abandone una institución pública y defienda sus teorías desde la política, la Academia o desde donde quiera”, escribió en su blog.

No es la primera vez que el Banco de España, a través del gobernador, de alguno de sus directivos o de sus informes, se manifiesta en la misma dirección sobre asuntos tan alejados del campo financiero. Y alimenta la polémica. Ni el rescate financiero, ni la reestructuración que hizo desaparecer las cajas de ahorro, ni la eliminación de miles de empleos y el cierre de cientos de sucursales, ni la resolución del Banco Popular, ni las preferentes, ni las cláusulas suelo parecen preocupar tanto al supervisor como el mercado laboral, los salarios y las pensiones. Al menos en sus manifestaciones públicas.

Sólo un poco antes de la subida del SMI para este año, era el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, quien se declaraba en contra de que se derogaran las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, poniendo en cuestión que vuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensionesvuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensiones, tal y como ha vuelto a hacerse desde 2018. También propuso elevar la edad de jubilación “ligándola a las expectativas de vida”. Y nada más aprobar el Gobierno la penúltima mejora del SMI a 900 euros, el Banco de España pronosticaba que ese alza del 22,3% iba a destruir 125.000 puestos de trabajo. Llegado el verano, los mejores meses para el muy estacional mercado de trabajo español, el Gobierno conminó al Banco de España a “pedir perdón” y “reconocer su error” a la luz de la cifras de creación de empleo.

En realidad, las manifestaciones del organismo supervisor en esa misma línea de pensamiento vienen de antiguo, no importa el gobernador. También las controversias y peticiones de dimisión de quien está al cargo de vigilar la estabilidad y solvencia del sistema financiero –además de asesorar al Gobierno–.

Despido barato, mochila austriaca, contrato único

Ya en el verano de 2007, aún en plena euforia económica, el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, clamaba contra los “elevados costes” de despido de los trabajadores indefinidos y contra los “rígidos mecanismos” de la negociación colectiva. Es más, pedía privatizar “sectores claves” como las industrias de red, el mercado de las telecomunicaciones, la energía y el transporte ferroviario. Fue en la presentación del informe anual del supervisor.

Cuando arreció la crisis, Fernández Ordóñez no sólo pedía abaratar el despido, sino también “una reforma laboral urgente” que cambiara el sistema de protección al desempleo. Aunque sin nombrarla, el gobernador ya puso sobre la mesa la conocida como mochila austriaca, el sistema implantado por el Gobierno de Viena en 2003 “que suprime la indemnización por desempleo” y la sustituye por un fondo individual, alimentado con las cotizaciones del trabajador y de la empresa. A su juicio, el subsidio de paro “desincentiva la movilidad de los trabajadores y el crecimiento de las empresas más productivas”.

Por entonces, corría 2009, surgieron las primeras voces que le reprochaban al gobernador del Banco de España su atención por las leyes laborales cuando acababa de pinchar la burbuja inmobiliaria, la morosidad se había disparado y las cajas de ahorroscajas de ahorros estaban a punto de implosionar víctimas de su empacho de ladrillo tóxico. Tampoco pasó inadvertido, cuando Fernández Ordóñez dejó el Banco de España, en 2012, que su finiquito había ascendido a casi 350.000 euros, una cantidad que más que duplica los 45 días por año trabajado de las indemnizaciones por despido improcedente que tan onerosas le parecían cuando estaba en el cargo.

Entonces también se adhirió el gobernador a la propuesta de contrato único lanzado por 100 economistas ese año y defendido desde entonces por los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país. Ese contrato, que debería sustituir a los actuales indefinidos y temporales, tiene una indemnización creciente en función de la antigüedad del trabajador. Sólo Ciudadanos lo ha llevado en su programa electoral, con algunos cambios sobre el modelo teórico original, puesto que ha suscitado el rechazo del resto de los partidos, la patronal y los sindicatos.

Un año más tarde, la reforma laboral no sólo era urgente sino también “imprescindible”, porque el sistema financiero depende de las políticas que se apliquen al mercado de trabajo, aseguró el gobernador en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Cuando mejore el empleo, bajará la morosidad y las entidades financieras sobrevivirán, explicó. Allí reclamó la suspensión de los convenios colectivos “durante dos o tres años” para que empresarios y trabajadores sean “libres” de pactar rebajas de salarios que salven a las compañías. Esos días se debatía en la Cámara Baja la reforma laboral que había elaborado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo “alcance y eficacia” Fernández Ordóñez veía “limitados” porque dejaba fuera la negociación colectiva.

El incendio: pensionistas con vivienda propia

Su sucesor, Luis María Linde, continuó criticando las reformas laborales por quedarse cortas. La de 2012, la misma que el ministro de Economía de entonces, Luis de Guindos, no dudó en vender en Bruselas como “muy agresiva”, no había sido eficaz a la hora de crear empleo, por lo que Linde reclamaba “medidas adicionales” para, entre otras cosas, flexibilizar aún más lo salarios. Es lo que dijo en la presentación del informe anual del Banco de España en 2013: contratos fuera de las condiciones salariales establecidas en los convenios y supresión del salario mínimo para “grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades” para conseguir un empleo. Y eso que el supervisor sí reconocía en sus informes que el único objetivo alcanzado por la reforma laboral de 2012 de entre los que el Gobierno había declarado como tales era precisamente la rebaja general de salarios. Pero ni había cambiado la “pauta de destrucción de puestos de trabajo” anterior ni había reducido el abuso de los contratos temporales.

Tampoco olvidó Linde las pensiones: invitó al Ejecutivo a adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que la reforma de 2011 había aprobado que se aplicara de forma paulatina hasta 2027. Además, ante la Comisión del Pacto de Toledo, que debate cada cinco años en el Congreso cómo actualizar el sistema público de pensiones, Luis María Linde defendió el fomento de los planes privados para “complementar” las prestaciones del sistema público.

Aunque las declaraciones que más encendieron los ánimos las pronunció en una conferencia organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y patrocinada por Caixabank, donde resaltó el alto porcentaje de jubilados que en España poseen una vivienda. Esa “renta en especie”, aseguró, no se tiene en cuenta cuando se analizan las pensiones. Ni cuando se compara la cuantía de las pensiones en España con las de otros países europeos. El porcentaje es en Alemania 20 puntos inferior, apuntó Linde. El alboroto provocado forzó al Banco de España a matizar enseguida las declaraciones de su gobernador. “En modo alguno puede entenderse que [el alto porcentaje de jubilados con vivienda propia] pueda ser argumento para determinar la revisión que se aplique [a sus pensiones]”.

Más tarde, el propio Linde pidió disculpas en el Congreso por “el conflicto creado” alrededor de sus manifestaciones: “Nunca dije que ese dato se tuviera en cuenta para no subir la pensión, o subirla menos a unos o a otros, o para hacerse hipotecas inversas o que la gente vendiera sus casas”.

Tampoco fue muy popular su reiterada defensa de la moderación salarial, que considera la base de la competitividad frente al resto de los países de la UE, mientras él se subía el sueldo un 5,8% en 2014. Según la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el INE, ese año el salario medio bruto de los españoles había crecido sólo un 0,7% respecto al año anterior.

Tres gobernadores del Banco de España pero un discurso que casi no ha variado en la última década, con crisis económica y con recuperación. Y que va a chocar con las políticas anunciadas por el nuevo Gobierno. No sólo por el salario mínimo, sino también por la prevista derogación de buena parte de la reforma laboral de 2012 y por la suspensión de las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones de 2013: el Índice de Revalorización (IRP) y el factor de sostenibilidadel factor de sostenibilidad. Ambas han sido defendidas con fruición por el Banco de España para garantizar la sostenibilidad del sistema recortando el gasto público en pensiones. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se compromete a eliminar definitivamente tanto el IRP como el factor de sostenibilidad.

El pasado 12 de diciembre se vio en el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid el juicio por el despido disciplinario de Jorge Pérez Ramírez, inspector del Banco de España, a quien el organismo supervisor acusa de filtrar documentos confidenciales y participar sin el permiso preceptivo en la redacción de informes periciales externos sobre cuestiones financieras, violando el régimen de incompatibilidades y usando para ello medios electrónicos de la institución durante el horario laboral. Toda una batería de acusaciones que quedaron plasmadas en una prolija carta de despido de 65 páginas con fecha del 30 de julio pasado.

También una situación casi inédita en la institución: Pérez Ramírez es el segundo inspector que el Banco de España ha despedido en las últimas décadas. El primero se quedó sin trabajo después de repartir octavillas contra el gobernador en un bar cuando aún no existían el correo electrónico ni las redes sociales. En cambio, Jorge Pérez, según expuso ante el juez, considera que ha sido víctima de una “causa general”, represaliado por denunciar el pasado mayo en la Audiencia Nacional la falsedad del folleto de la salida a Bolsa de Bankiala falsedad del folleto de la salida a Bolsa de Bankia. Y haber advertido de ello previamente al Banco de España, sin éxito.

En realidad, el despido constituye el último episodio de un largo y enconado enfrentamiento entre la cúpula del supervisor y el cuerpo de inspectores. Una lucha que se retrotrae a los tiempos –2000 a 2006– en los que Jaime Caruana era el gobernador y la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España (Aieca) envió primero cartas a todos los miembros del Consejo de Gobierno del organismo supervisor y después al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, alertándoles del estallido de la burbuja inmobiliaria que se estaba gestando en España. Entonces la asociación culpó a la “pasividad” y “complacencia” del gobernador del “crecimiento desordenado del crédito, especialmente en la parte dedicada a la financiación de la actividad inmobiliaria”, por su “falta de determinación” a la hora de requerir a los bancos y cajas “el rigor en la asunción de riesgos exigible a gestores de recursos ajenos”.

En 2011, cuando la crisis ya había dinamitado la economía mundial y Miguel Ángel Fernández Ordóñez dirigía el Banco de España, los inspectores volvieron a publicar una carta. En esta ocasión reclamaban “independencia profesional” frente a los órganos rectores del supervisor.

Pero la pugna se encarnizó en el momento en que la salida a Bolsa de Bankia llegó a los tribunales. La Audiencia Nacional encargó en 2014 a dos inspectores del Banco de España sendos informes periciales. Ambos coincidieron en que las cuentas de la entidad financiera, fruto de la fusión de Caja Madrid con Bancaja y otras cajas más pequeñas, no reflejaban, tal y como se mostraban en el folleto bursátil, la imagen fiel del banco. De hecho, esas cuentas deberían haber reducido los recursos propios en 2.043 millones de euros, no calificaban como dudosos créditos que sí lo eran, transformaban pérdidas del Banco de Valencia en beneficios… El perjuicio causado a los inversores que habían comprado acciones de Bankia a partir de julio de 2011 superaba los 3.000 millones de euros. En resumen, los inspectores habían asestado un directo a la mandíbula del Banco de España, que había dado el visto bueno a las cuentas de la Bankia de Rodrigo Rato.

El organismo no tardó en reaccionar. Aunque en todo momento negó que hubiera elaborado un contrainforme para rebatir las conclusiones de los peritos, sí que envió en enero de 2015 al FROB –personado en el caso Bankiacaso Bankia, de cuyo capital posee el 61,38%– una “contestación a una consulta” que le había planteado su comisión rectora “para aclarar y precisar la interpretación genérica de varias normas contables emitidas por el Banco de España”, relacionadas con el juicio de la Audiencia Nacional. Así lo explicaba el Banco de España en una nota de prensa un año más tarde, después de que los inspectores pidieran la dimisión del subgobernador y presidente del FROB, Fernando Restoy, al hacerse público que ese “informe” enmendaba la plana al de los peritos de Bankia, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets.

En cualquier caso, sólo unos días después ambos ratificaban ante el juez Fernando Andreu, el instructor de la causa, sus informes de 2014 e incluso refutaban la tesis oficial del Banco de España: que Bankia disponía de provisiones suficientes para cubrir posibles pérdidas en los dos años siguientes. Un argumento que ha defendido el entonces director general de Supervisión y hoy director general del Fondo de Garantía de Depósitos, Mariano Herrera, en sucesivas declaraciones ante la Audiencia Nacional. Para los peritos, por el contrario, esas provisiones para insolvencias, 6.913 millones de euros, incluidas en el folleto y procedentes de las siete entidades fusionadas, eran sencillamente “falsas”, “un caso claro de fraude contable”, sostenían.

  Comisión de investigación

La guerra ya era abierta. Pedro Luis Sánchez y José Antonio Delgado, presidente y secretario general de la Asociación de Inspectores –rebautizada como AIBE–, comparecieron en octubre y noviembre de 2017 en la comisión de investigación sobre la crisis financiera constituida en el Congreso de los Diputados. Delgado denunció la “captura del supervisor ante la influencia de las propias entidades supervisadas”. La “influencia” de los bancos en el Banco de España, “con un supuesto buen clima de diálogo entre supervisor y supervisado”, explicó el inspector, ha ido “relajando la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas por los inspectores y sustituyendo la emisión de actas de inspección por relaciones de hechos o meras recomendaciones cuyo seguimiento, además, ha presentado notables lagunas”.

El secretario general de la asociación no sólo reveló que no se había realizado inspección alguna en la fusión entre Bankia y BMNfusión entre Bankia y BMN ni en el Banco Popular, sino que, además, citó como una de las consecuencias de esa “captura” el hecho de que el Banco de España “haya apartado de la inspección de determinadas entidades” a algunos inspectores tras “destapar deficiencias, irregularidades o déficit patrimoniales” en esos bancos, “que se tratan de ocultar o minimizar”. No dudó en hablar de “represalias” contra estos inspectores. Incluso mencionó su propio caso, como encargado de supervisar Liberbank. “No tienes cintura, no tienes flexibilidad”, le reprochó quien entonces era su jefa y desde octubre del año pasado es subgobernadora, Margarita Delgado. A continuación le apartó de la inspección, según relató a los diputados, porque no se encontraba “cómoda” con el informe que él había redactado. Lo mismo les ocurrió a los inspectores encargados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –intervenida y vendida al Banco de Sabadell en 2011– “cuando empezaron a transmitir conclusiones que no gustaron” y de Caja Castilla-La Mancha (CCM) –intervenida en 2009 y hoy parte de Liberbank–. También hubo problemas similares, aseguró, en el Banco Popular. Pedro Luis Sánchez, por su parte, añadió a la lista el Banco Santander, aunque apuntó que no eran las únicas entidades. “Y lo hemos manifestado a la Dirección General de Supervisión, al subgobernador y al gobernador”, abundó.

A preguntas de infoLibre, fuentes del Banco de España niegan “rotundamente” que hayan relegado, trasladado o silenciado” a ningún inspector. “No se ha presentado queja alguna ni a través de los cauces habituales ni a través de los cauces sindicales”, explican. Además, señalan que los trabajadores están representados en el Consejo de Gobierno. Y éste, en pleno, envió en su día una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que calificaba de “inaceptables” las declaraciones de José Antonio Delgado. La carta también defendía la “independencia” del Banco de España y rechazaba que esté “capturado” por las entidades financieras.

  Cinco represaliados

Sin embargo, los inspectores consultados por este periódico recalcan que los cinco inspectores críticos del caso Bankia han sido penalizados por sostener sus informes: además de lo relatado por José Antonio Delgado –que se encargó de Bankia a partir de septiembre de 2011, tras la salida a Bolsa–, Sánchez Nogueras ha abandonado la institución, Busquets continúa en ella pero “no tiene trabajo”, José Antonio Casaus –quien envió unos correos a sus superiores advirtiendo de la inviabilidad de Bankia– ha sido trasladado del departamento de entidades significativas a encargarse de las cooperativas de crédito y, finalmente, Jorge Pérez ha sido despedido. Este inspector dimitió como responsable de Regulación cuando le pidieron que apoyara los informes contra los peritos de Bankia, explican los inspectores con quienes se ha puesto en contacto infoLibre y que han pedido el anonimato. Pérez Ramírez siguió manteniendo el pasado mayo ante el juez que el folleto de la salida a Bolsa de Bankia no se sostenía, el descuento con el que se ofertaron las acciones era exagerado y los ajustes contra reservas suponían un riesgo reputacional para el Banco de España. Hay que recordar, además, que tras la aparición de los correos de Casaus, el juez Fernando Andreu imputó en la causa a Pedro Comín –exjefe de la inspección de Bankia y destinatario de los emails–, el citado Mariano Herrera, Pedro González –director de Inspección IV–, Jerónimo Martínez Tello –director de Supervisión–y Javier Aríztegui –subgobernador–. Los tres primeros presentaron su dimisión en el mismo momento en que fueron citados como investigados.

Por el contrario, el Banco de España niega cualquier tipo de represalia y, de hecho, desvincula la declaración de Jorge Pérez por el caso Bankia de su despido, pese a producirse sólo dos meses después. El supervisor investigó los correos electrónicos del inspector desde el 1 de enero de 2016 y se los entregó a una filial de la auditora Deloitte, a la que había contratado para que buscara aquéllos en los que aparecían determinadas palabras clave. Se da la circunstancia de que Deloitte fue también la auditora de Bankia y está imputada como persona jurídica en la causa –aunque el fiscal pidió en julio su desimputación–. Para su auditor en la entidad, Francisco Celma, la Fiscalía pide dos años de cárcel como cooperador necesario del delito de estafa a inversores. En esa investigación Deloitte descubrió cientos de correos que relacionan a Jorge Pérez con el periodista Ernesto Ekaizer y que desvelan los trabajos –colaboraciones en libros y artículos– que realizó para el exgobernador del Banco de España Aristóbulo de Juan. Su defensa alega que con el contrato con Deloitte el supervisor intentaba dar “apariencia de legalidad” a la intrusión “indiscriminada” –unos 47.000 correos– en el buzón de Pérez Ramírez que habían realizado previamente informáticos de la casa.

Las fuentes del organismo supervisor han declinado comentar cualquier aspecto del despido de Jorge Pérez alegando que se trata de “un proceso judicial en curso”.

Además de declarar en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera, los inspectores presentaron una propuesta de reforma de la supervisión, que ha quedado parada por las dos disoluciones de las Cortes en el último año. En cualquier caso, la citada comisión incluyó en su dictamen final “la necesidad de una reforma de los órganos supervisores financieros para evitar una nueva crisis”, pidió una mejora en los procedimientos y controles del Banco de España e instó a aplicar medidas que “aseguren la efectividad e independencia” de estos organismos –también de la CNMV y el FROB–. Además, aprobó desarrollar el estatuto de los inspectores del Banco de España, una reivindicación histórica de este cuerpo de más de 200 técnicos.

  Reorganización

De momento, la llegada de un nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos, y de una nueva subgobernadora, Margarita Delgado, se ha traducido en una reorganización de los departamentos de Regulación y Supervisión que, sin embargo, tampoco ha convencido a los inspectores. El supervisor la ha presentado como una forma de “reforzar la supervisión de las entidades menos significativas” y de “potenciar la coordinación” con el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) europeo y con otros supervisores nacionales. Pero los inspectores consultados creen que los cambios son “a peor”: “Siguen sin hacerse inspecciones, nos creemos todo lo que nos dicen las entidades y luego se pone en los informes”, critican.

Además, consideran que la reorganización –“es sólo cosmética, una operación de maquillaje europeo”–, desmiente las afirmaciones de Margarita Delgado en su primera reunión con los inspectores, en octubre de 2018, que fueron filtradas a la Cadena Ser: “Se acabó el defender a la banca; ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos”. El Banco de España abrió una investigación entonces “porque lo solicitaron todos los sindicatos por unanimidad, incluida la Asociación de Inspectores”, para averiguar el origen de la filtración, detallan las fuentes del supervisor. Pero no se hallaron “pruebas concluyentes para tomar acciones posteriores”, añaden. Por el contrario, según los inspectores con los que ha contactado este periódico, fue precisamente con esa investigación como se encontraron los correos que comprometieron a Jorge Pérez Ramírez. Su expediente se abrió el 7 de noviembre de 2018.

Los inspectores lamentan que en la actualidad no exista canal alguno de diálogo con la cúpula del Banco de España. Los responsables de la Asociación de Inspectores presentaron su dimisión en noviembre de 2018 y desde entonces no se ha recompuesto su ejecutiva. “La plantilla está asustada”, destacan a este periódico, “el despido de Jorge Pérez ha generado una psicosis tal que nadie se va a mover”. En cambio, las fuentes de la institución señalan a infoLibre que sus relaciones con el cuerpo de inspectores son “normales, al igual que con el resto de los colectivos profesionales del banco”.

  Informes “suavizados” desde 2000“”

Cuando José Antonio Delgado compareció en el Congreso, denunció que el Banco de España había sido demasiado “laxo” en la política de remuneraciones “estratosféricas” de los gestores, sobre todo de las cajas de ahorros, y de directivos que luego fueron condenados penalmente. Pedro Luis Sánchez se refirió al caso concreto de Bankia: el cargo contra reservas, y no contra pérdidas y ganancias, de los ajustes contables de 2010 –criticado por Jorge Pérez Ramírez– permitió a los directivos de la entidad repartirse bonus por importe superior a los 100 millones de eurosbonus. “Con las tarjetas black”, recordó a los diputados, “el escándalo fue sólo de entre 22 y 30 millones”.

Pero la “captura del supervisor” tiene mucho mayor alcance según explicaron los inspectores en la comisión de investigación. “En la fase de resolución de la crisis”, indicó Delgado, “se ha actuado de un modo excesivamente suave en relación con infracciones muy graves y que afectaban a la solvencia y a la gestión”. Pedro Luis Sánchez fue más allá y aseguró que la propia Intervención General del Estado (IGAE) ha constatado, “en respuesta a una solicitud de información de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Bankia”, que el Banco de España lleva desde 2000 “suavizando” los informes de inspección.

“En el Banco de España no hay un problema político, de PP o PSOE, sino que su cúpula está al servicio del lobby bancario”, resumen sin tapujos los inspectores a infoLibre.

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha considerado hoy que el riesgo de que España pueda sufrir nuevas crisis bancarias sigue siendo "muy alto", debido a que el incremento de capital que se ha exigido a las entidades ha sido "mínimo".

El que fuera máximo supervisor del sector financiero español entre 2006 y 2012, esto es, en los años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis, y durante los primeros años de la misma, se ha expresado así este martes en el Congreso ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, de la que ha lamentado que sea "tan tardía".

"A pesar del ingente número de requerimientos de todo tipo que la nueva regulación ha impuesto a los bancos", el riesgo de nuevas crisis "sigue siendo muy alto", entre otras razones porque el aumento de capital exigido en relación al volumen de activos "ha sido mínimo", ha reiterado.

Fernández Ordóñez ha justificado que la decisión de minimizar la utilización de recursos públicos para abordar la crisis financiera se debió al miedo de disparar el déficit público y a la "delicada situación de las finanzas públicas", pero que esta estrategia "multiplicó y dilató el trabajo de reestructuración".

"El impacto en los mercados de un intenso y súbito aumento del déficit público podría haber arrastrado al colapso a toda la economía", ha dicho Fernández Ordóñez que, en todo caso, ha subrayado que "es evidente que la estrategia de minimizar recursos públicos multiplicó y dilató el trabajo de reestructuación".

El exgobernador ha aseverado que "España no estaba preparada" para la crisis de su sistema financiero, pues las herramientas con las que contaba "no servían", ya que la normativa no estaba adaptada a las exigencias de resolución "ni contemplaba que las cajas iban a crear problemas".

En todo caso, el gobernador del Banco de España durante gran parte de la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido la labor regulatoria que se realizó para afrontar la crisis, aunque ha lamentado que no se llegaran a hacer antes, pues supuso "un doble trabajo". "Mientras el buque se hundía fue necesario fabricar barcas de salvamento", ha aseverado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación por el caso de la salida a Bolsa de Bankia que declaren en calidad de testigos en la vista oral el ministro de Economía, Luis de Guindos, el actual presidente del banco, Ignacio Goirigolzarri, y el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón pide la testifical de 43 personalidades del mundo financiero como el presidente del BBVA, Francisco González, o exconsejeros de Bankia como Ángel Acebes o Javier López Madrid, según consta en el escrito de acusación remitido al juez instructor, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

A diferencia de Andreu, que ha procesado a 32 personas por el debut bursátil de Bankia, el fiscal del caso solo considera responsables a la excúpula de la entidadexcúpula de la entidad: su expresidente Rodrigo Rato, para quien pide cinco años de cárcel; el exvicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años, y los exconsejeros José Manuel Norniella —tres años— y Francisco Verdú Pons —dos años y siete meses—. Igualmente, ha pedido el archivo de la causa para Banco Financiero de Ahorro (BFA) y Bankia, investigadas como personas jurídicas, informa Europa Press.

Y en la lista de testigos, Anticorrupción sí pide la declaración de todos los que han sido señalados por el juez Andreu en el escrito en el que concluye la instrucción del caso, la mayoría de los cuales son antiguos directivos y miembros del Consejo de Administración de Bankia.

Exdirectivos y exconsejeros

Así, por ejemplo, figuran en el listado de la Fiscalía Miguel Ángel Soria Navarro, exdirector general adjunto de auditoría interna del banco; Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general financiero y de riesgos; Sergio Durá Mañas, exdirector de intervención de contabilidad y control de riesgos.

El fiscal también pide que declaren como testigos los exconsejeros de Bankia Arturo Fernández, Javier López Madrid, Antonio Tirado, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, Alberto Ibáñez, José Antonio

Moral Santín y José Manuel Serra Peris.

Entre los exconsejeros de BFA figuran en la lista de Anticorrupción Pedro Bedía, Rafael Ferrando Giner, Jorge Gómez Moreno, Agustín González, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, José Manuel Suárez del Toro, Ángel Daniel Villanueva Pareja, José Rafael García Fuster.

Y dentro de la lista de exconsejeros de Caja Madrid, figuran Ángel Acebes, Francisco Baquero Noriega, Jesús Pedroche Nieto, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga.

Pero además de todos estos testigos, el fiscal propone llamar a declarar al presidente del BBVA Francisco González; al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; Matías Amat Roca, exdirector general de BFA y mano derecha de Miguel Blesa en Caja Madrid; el exdirectivo de Bankia Luis Maldonado García-Pertierra; el ex interventor general del BFA Antonio Román; y los inspectores del Banco de España Javier del Río y Pedro Bravo.

Asimismo, la Fiscalía quiere que declaren también algunas personas que fueron investigadas durante la instrucción pero cuya responsabilidad fue exonerada finalmente por el juez. Así, por ejemplo, figuran antiguos responsables del Banco de España como el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y los exdirectores de supervisión Mariano Herrera García-Canturri, Jerónimo Martínez Tello, Pedro Comín y Pedro González González.

Por último, el fiscal ve conveniente citar como testigo a José Antonio Casaus, el inspector del Banco de España autor de los correos electrónicos que cuestionaban la viabilidad de Bankia antes de su salida a Bolsa.

Ocultaron un "riesgo cierto y real"

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción constata que Rodrigo Rato y el resto de directivos del Consejo de Administración del año 2011 ocultaron un "riesgo cierto y real" a los inversores, el de "un negocio que iba a requerir de importantes ayudas económicas adicionales".

El Ministerio Público califica de "espectacular quebranto" el hundimiento de Bankia y recuerda que fue reconocido casi un año después de su salida a Bolsa por una situación que, según asegura, "los responsables de dicha salida se cuidaron de ocultar a los potenciales inversores para no frustrar la operación".

El fiscal ve en Rato, Olivas, Fernández Norniella y Verdú Pons "especial responsabilidad en que la salida a Bolsa se llevara a cabo sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial de Bankia y su inviabilidad".

Sobre Rato concretamente, Anticorrupción sostiene que, como presidente que era de la entidad, "aportaba el prestigio a ojos de buena parte de los inversores que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional (FMI)". "Rodrigo Rato encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad", remarca.

El exgobernador del Banco de España en la etapa socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha declarado ante el juez que instruye el caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que no conoció las advertencias realizadas por el inspector José Antonio Casaus sobre la inviabilidad de a fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorros de menor tamaño, según aseguraron a infoLibre fuentes presentes en la declaración.

“Nadie me dijo lo de la inviabilidad de Bankia, e hicieron bien, porque estaba equivocado”, ha asegurado Fernández Ordóñez.

Preguntado por el abogado en el caso de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, sobre si conocía el contenido de los correos electrónicos del funcionario, Mafo ha asegurado que no sabía "nada. E hicieron bien en no enviármelos porque estaban equivocados", ya que eran "erróneos".

Fernández Ordóñez, que llegó a asegurar que el funcionario se equivocó en sus predicciones, pese a que había anunciado que la fusión podría provocar un agujero de 16.000 millones que acabó siendo de 22.420 millones, ha justificado sus críticas por la situación de crisis económica que vivió España, y que llegó a calificar como "inesperada" y "repentina" que estuvo provocada por la burbuja inmobiliaria.

Por su parte, el inspector Casaus, que ha declarado como testigo tras finalizar la comparencia del exgobernador, ha ratificado ante el juez las conclusiones sobre la "inviabilidad" de la creación de Bankia y que envió a sus superiores por correo electrónico.

En este sentido, Casaus negó que estos mensajes fueran espontáneos, tal y como han declarado sus antiguos jefes en el Banco de España, sino que destacó que eran conclusiones "muy pensadas y meditadas". En este sentido, el inspector ha resaltado que nadie le discutió su diagnóstico de que el grupo "estaba muerto".

Asimismo, el funcionario recordó una anécdota que vivió con algunos compañeros que le reprochaban que llamara a la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) como "banco malo", a lo que él contestó: "Tienes razón, Bankia es el banco malo y BFA es muy malo", ya que el grupo "era una máquina de perder dinero".

El exgobernador del Banco de España durante los gobiernos socialistas de Zapatero, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, declara este jueves como imputado en el caso Bankia después de que se conocieran los correos electrónicos del inspector del organismo supervisor empotrado en Bankia José Antonio Casaus en los que alertaba a sus superiores de que la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño era inviable.

El juez Fernando Andreu, que en toda la semana no ha hecho ni una sola pregunta a los imputados del Banco de España, se resistió en dos ocasiones a citarles como investigados en su Juzgado, el Central de Instrucción número 4. Tuvo que ser la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, compuesta por los magistrados Antonio Díaz Delgado, Clara Eugenia Bayarri García y Ana María Rubio Encinas la que revocara su decisión, y acordara la imputación de Mafo, que es el acrónimo del nombre de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero también de otros exdirectivos del supervisor y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Y en esta comparecencia como imputado, Mafo previsiblemente será interpelado por el abogado de la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, sobre el grado de conocimiento de las alertas que realizó el inspector Casaús por correo electrónico a sus superiores sobre "la inviabilidad del grupo y de que la solución de la salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)". 

infoLibre ha accedido a la declaración que el propio Mafo realizó el 14 de febrero de 2013, en esta ocasión en calidad de testigo, ante el mismo juez Andreu, en las que el mismo letrado, Andrés Herzog, entonces en representación de UPyD, desarrolló un interrogatorio en el que el exgobernador del Banco de España defendió la creación de Bankia como la solución a los problemas de las cajas implicadas, entre las que destacaban por su tamaño Caja Madrid y Bancaja, encabezadas respectivamente por el exvicepresidente del Gobierno del PP Rodrigo Rato, y por el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, también del PP.

Deterioro de activos

"La función del Banco de España era facilitar todo lo más posible las integraciones, porque las integraciones son una oportunidad", aseguró en su declaración Mafo, que rechazó la idea de que fusionar cajas que estaban mal, como era el caso de Caja Madrid y Bankia, fuera negativo: "Una fusión nunca crea un problema, una fusión es una oportunidad de resolver problemas, el problema de las cajas es el deterioro de activos o la falta de margen, que eran los problemas de Bancaja en Bankia", especificó el entonces gobernador del organismo supervisor de la banca española.

Pero Mafo se extendió en su contestación a la pregunta del exlíder de UPyD, y aprovechó para realizar una encendida defensa de sus decisiones: "La integración es una oportunidad de ganar, reduciendo costes, mejorando o cambiando la gestión. Una oportunidad que luego puede ser perdida si no se hace bien, pero es una oportunidad que el Banco de España está obligado a promover".

En el interrogatorio Herzog leyó un párrafo de un informe de 3 de diciembre de 2010 del inspector José Antonio Casaus, que aseguraba de forma literal: "Resulta preocupante la tendencia de mejoría del riesgo trasladada al mercado, dónde además se jactan comparándose con el sector, y que es opuesta a la realidad y nuestras previsiones. Se está posponiendo buena parte de la morosidad dado el perfil de algunos deudores". Y por eso el letrado de UPyD preguntó a Mafo si estas conclusiones se correspondían con las cuentas que había presentado Bankia.

"A mí me gustaría saber el filtro que aplican los diferentes jefes de departamento, porque a veces un inspector dice: toda refinanciación es mala. Mire no, no, pues hay que mirarlo, hay que examinarlo. Lo tiene que examinar el departamento que examina las refinanciaciones, por tanto yo, sobre una cosa concreta, pues es difícil decirlo, pues seguramente será verdad o no será verdad, no lo sé, el tema insisto y a mí lo que me preocupa y lo que me importa es si los problemas de Caja Madrid son resolubles si hay cambio en la gestión, si hay una reconversión, si se gana en costes y si se da un dinero para poder llevar a frente eso. Sí o no, y esa es la decisión importante", respondió Mafo sobre las conclusiones del inspector Casaus.

Fernández Ordóñez también tuvo tiempo para rechazar las críticas a sus políticas: "Pero yo veo una leyenda urbana que dice que las fusiones tienen problemas, que considera que siete cajas malas hacen una mala y que no pueden hacer una buena. Pero perdone usted, si usted coge una caja, que no es que sea absolutamente un desastre sino que tiene problemas resolubles, usted pone dinero, cambia la gestión, hace una gestión profesional...y la prueba es que la cantidad de integraciones y los problemas que han salido ahí son enormes, nos estamos fijando fundamentalmente en Bankia, en Novacaixagalicia, que es otra que no ha podido salir o Catalunya Caixa, pero hay otra cantidad de fusiones que están funcionando", replicó a Herzog, que le contestó: "Discrepo en lo que dice que la fusión nunca crea un problema, pero no es este el momento de polemizar".

"Olivas no era un gestor profesional"

En su declaración, Fernández Ordóñez explicó que el Banco de España "no decide ni aprueba las fusiones, lo único que hace es informar favorablemente, y por tanto, no tiene capacidad, sí tiene capacidad de parar integraciones". Al mismo tiempo, atacó la gestión del expresidente de Bancaja José Luis Olivas, que se negó hasta el último momento a la fusión con Caja Madrid: "Por poco profesional que fuera sabría cómo estaba la caja. Lo que yo creo, y el señor Olivas, aunque evidentemente no era un gestor profesional, por poco que supiera sabía cómo estaba Bancaja, ¿Qué hubiera pasado con Bancaja sola?", se preguntó Mafo.

En ese punto del interrogatorio, Herzog recordó que Olivas había negado en su declaración que Bancaja tuviera problemas de liquidez: "Pues no ha visto usted los informes de los inspectores señalando los problemas que tenía Bancaja", contestó Mafo, que no obstante aseguró que Bankia podría haber salido adelante "si no hubiera habido una segunda recesión. El Fondo Monetario Internacional decía que íbamos a crecer un 1,7%, y si eso hubiera pasado, que es lo que creía la gente, pues probablemente Bankia no hubiera tenido problemas. Pero hay un deterioro impresionante, hay una segunda recesión que nadie ha previsto, nadie, profundísima, y lo que pasa en la economía se traslada inmediatamente al banco".

El actual abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) en el caso Bankia también se interesó en el motivo por el que el Banco de España eligió a Caja Madrid como socia de Bancaja, a lo que Fernández Ordóñez respondió: "Al principio Rato tiene unos meses que también tiene el sueño de que puede ir solo. Pero a diferencia de Olivas se da cuenta antes. Rato es consciente e intenta buscar cajas medianas y no consigue y solo consigue cinco cajas pequeñas. Y Rato lo que le dice al subgobernador es que no podía hablar con Olivas. Y le dice: esto está resuelto, lo tengo aquí, ¿quieres venir? Vente. Y hablas con el señor Olivas, y el subgobernador le dice, mira, tenéis el despacho para hablar todo lo que queráis y nos decís qué es lo que decidís".

Pero entonces Herzog replicó a Mafo, que había asegurado que Caja Madrid estaba en mejor situación que Bancaja, que los informes de inspección de Caja Madrid, de diciembre de 2010, aseguran que la situación "es desoladora. En los informes se indica que Caja Madrid presenta unos ratios de morosidad muy elevados", recuerda el letrado. 

"Se echa a un montón de gente"

Y el exgobernador del Banco de España, que aseguró desconocer esos informes, que firmó el inspector José Antonio Casaus, aunque dijo que sus conclusiones no le sonaban "nada raro". "La cuestión es", prosigue Mafo en su respuesta, que completa, "¿esto es resoluble o no?. ¿Si se mete dinero, si se cambia la gestión, si se hace un plan de cierre de oficinas, de cerrar 800 oficinas, se echa a un montón de gente, ¿se pueden generar recursos para hacer frente a los saneamientos y al capital que necesita la entidad? ¿Sí o no? esa es la pregunta. Que estaba mal, eso es evidente", replicó el testigo.

"¿Pero la solución es ir con Bancaja, que está peor? no lo entiendo...", volvió a preguntar el letrado Herzog, a lo que Fernández Ordóñez respondió: "La integración es la forma habitual de resolver las crisis bancarias, ha sido en el pasado, ahora y va a ser en el futuro. Si usted mira la mayoría de los grandes bancos, Santander Central Hispano y Bilbao Vizcaya Argentaria, es la única forma de resolver los problemas, y lo que sucede es que cuando no tienen capacidad suficiente para una integración,  como por ejemplo con el Banco de Valencia, ha habido que poner dinero", pero a cambio el Banco de España les obliga a "presentar un plan de reconversión, y si es posible que el gestor bueno se quede con ella, la integración es una oportunidad y no dá más que posibilidades de hacer las cosas". 

Y después, ante una nueva pregunta de Herzog sobre si tras las ayudas el Banco de España no tendría que haber impuesto un expediente de sanción, Mafo se mostró reacio a ello: "El problema no se resuelve simplemente imponiendo una sanción, sino diciéndole que necesita es integrarse, obtener margen y sanearse. La integración es una oportunidad, porque muchos de esos problemas vienen por la falta de profesionalidad en la gestión".

"Verdú no era capaz de gestionar" Bankia

En su declaración como testigo de febrero de 2013, Mafo destacó también que la falta de una gestión profesional fue una de las principales disputas que mantuvo con Rato: "El Banco de España no estaba satisfecho con que la cuarta entidad la llevara un gestor sin capacidad para gestionarla. Y en esto es en lo que estaba la dirección de Supervisión, el subgobernador y yo mismo. Tratando de convencerle de que era el momento de dar un paso. Se intentó algo con el señor [Francisco] Verdú, muy bien valorado, pero no era una persona que fuera capaz de gestionar una entidad de ese tamaño. Y el Banco de España dice no, aquí hace falta alguien, y tenía una lista encabezada por [José Ignacio] Goirigolzarri, pero había otras debajo, pero Goirigolzarri para el Banco de España era el mejor". 

Y entonces el letrado de UPyD y que ahora representa a la Confederación Intersindical de Crédito, preguntó en ese momento si las ayudas que recibió Bankia no deberían haber estado condicionadas a los cambios de directivos en las entidades: "El Banco de España lo único que puede hacer, y lo hizo, es presión moral,Banco de España y es tratar de decirlo y decirlo, pero no puede agarrar y decir: se va usted, la presión moral funciona".

“Los organismos supervisores son perros que no pueden morder, porque están atados con una cadena, pero que sí deberían ladrar cuando llegan los ladrones”. Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, explica con esa metáfora la función del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargados de velar por la solvencia del sistema financiero y de garantizar la transparencia de los mercados de valores, respectivamente. El problema aparece cuando “no ladran, sino que además les hacen la ola a los ladrones”, como ocurrió con la salida a bolsa de Bankia y con el resto de los escándalos que han acompañado al estallido de la burbuja y la crisis financiera.

Ruiz Ojeda forma parte del servicio jurídico de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ha pedido una “depuración completa y plena de las responsabilidades” en que, a su juicio, han incurrido el Banco de España y la CNMV en el caso Bankia. Aemec no tiene dudas: las irregularidades descubiertas son “directamente achacables” a los organismos supervisores.

“Aquí no funcionó todo un régimen de controles y de criterios de buena gestión y transparencia”, resume Ruiz Ojeda. Y como no se cumplieron esas “condiciones de higiene” en el comportamiento de los supervisores, el único “resorte” que le quedó al Estado de Derecho fue el Derecho Penal: “Cuando acudes al Banco de España y a la CNMV solicitando la responsabilidad patrimonial del Estado y la respuesta que obtienes es el silencio administrativo, sólo te queda o la cacerolada o la vía penal”.

De forma que la imputación de los antiguos máximos responsables del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de la CNMV Julio Segura, dictada por la Audiencia Nacional, no ha hecho más que confirmar las sombras que ya se cernían sobre la gestión de ambos organismos desde que saltó el escándalo, apunta por su parte Ignacio López Domínguez, profesor de Economía Financiera de la Universidad Complutense.

Tanto Ruiz Ojeda como López Domínguez descartan que el mal funcionamiento de los supervisores se deba a la falta de competencias o instrumentos para llevar a cabo un control eficaz de bancos y mercados. Sus herramientas y funciones cumplen en España el estándar europeo. “Los inspectores del Banco de España son de los mejores, tienen una excelente formación y, de hecho, alertaron de la crisis hipotecaria y de la concentración de riesgos en las cajas de ahorro”, explica el profesor de la Complutense, “el problema es que sus informes se mantuvieron en secreto para seguir echando gasolina al que entonces era el motor de la economía, el sector inmobiliario”.

La CNMV, por su parte, tiene poderes suficientes “para suspender cotizaciones o expulsar a empresas del mercado, por ejemplo”. Aunque sí cree López Domínguez que, a diferencia del Banco de España, a la CNMV le faltan inspectores para supervisar a los múltiples agentes que operan en los mercados: entidades cotizadas, agencias de valores, los 3.000 fondos de inversión… “Se ven superados”, concede.

Figuras muy políticas

Ambos académicos coinciden en que, si los supervisores no cumplen, es sólo por motivos políticos. Su pecado capital es la falta de independencia. Los máximos responsables del Banco de España y la CNMV son nombrados por el Gobierno entre “personas de reconocida competencia” en sus respectivos campos. Pero Alberto Ruiz no cree que ni Fernández Ordóñez, ni Julio Segura ni Elvira Rodríguez cumplan ese requisito. Ni el primero de ellos era experto en el sistema financiero, ni los dos últimos tenían experiencia alguna en los mercados de valores, destaca. “Con esos perfiles, eran más sensibles a una operación política concertada para disimular el estado patrimonial lamentable de Bankia”.

López Domínguez también piensa que el gobernador del Banco de España y el presidente de la CNMV se han convertido en “figuras muy políticas”, por lo que echa de menos los tiempos de Luis Ángel Rojo o de Manuel Conthe, personas de reconocida valía profesional y con marchamo de independencia, según resalta.

Ruiz Ojeda no considera necesarias más competencias inspectoras, auditoras o sancionadoras. “En absoluto”, descarta, “los supervisores no pueden actuar manu militari, no son autoridad gubernativa, pero sí deberían haber advertido, para empezar a la propia entidad financiera, de que la salida a bolsa no era una operación ni económica ni jurídicamente correcta”. En cambio, lo que hicieron los organismos fue “alentar” la salida a bolsa de una entidad que era un “zombi financiero”zombi. Es decir, concluye, “la idea del perro guardián se deshizo por completo”.

A vueltas con las competencias

El Banco de España debe asegurarse de que las entidades financieras estén capitalizadas e incluso de que sean “prudentes en la gestión y control de sus riesgos”. También analiza la viabilidad futura de las entidades, para prevenir problemas y evitar las situaciones de crisis; es decir, debe trazar un “perfil de riesgo” de bancos y cajas. Además, elabora análisis especiales de sectores en crisis y mide de forma periódica la evolución del crédito y de la morosidad del sistema financiero. Finalmente, puede “limitar, prohibir o sancionar prácticas inadecuadas”sancionar prácticas inadecuadas, e intervenir entidades, como ya ocurrió, por ejemplo, con Banco Urquijo, Banesto, Banco Madrid o las cajas de ahorro durante la última crisis financiera.

Por su parte, la CNMV supervisa a todas las sociedades que emiten valores, a las que prestan servicios de inversión y a las instituciones de inversión colectiva –fondos, SICAV, Socimi–. Como debe también proteger a los inversores, tiene que garantizar la seguridad, transparencia y solvencia del sistema.

No obstante, tanto Julio Segura como su sucesora al frente de la CNMV, Elvira Rodríguez, se escudaron en la falta de competencias frente a las críticas que se les lanzaron por la venta de las participaciones preferentes a pequeños inversores sin formación financiera. La normativa, dijeron, no les facultaba para prohibir la comercialización de productos complejos entre minoristas “aunque sean claramente inconvenientes”. Ni para obligar a los bancos y cajas a restituir el daño infligido a los clientes.

Hace un año fue Fernando Restoy, entonces subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la CNMV cuando Bankia salió a bolsa y también imputado por la Audiencia Nacional, quien encendió la polémica al reclamar para el supervisor bancario competencias del supervisor bursátil y de la Dirección General de Seguros. Según planteó entonces, el Banco de España debería encargarse no sólo de supervisar a los bancos, sino también a los seguros y a los operadores de mercados, mientras la CNMV vigilaba la comercialización de productos financieros. De esa forma, sostenía, se garantizaría mejor la independencia y se evitarían conflictos de interés. Fue inmediatamente rebatido por el Ministerio de Economía: el Banco de España ya cuenta con más competencias que sus equivalentes europeos.

Macrosupervisor o cambiar la cultura de gestión

Para Ignacio López Domínguez, en cambio, la solución a la dependencia política de los organismos supervisores podría ser que sus máximos responsables fueran nombrados por “todos los actuantes de los sectores que vigilan”, aun reconociendo lo complicado del sistema: un voto ponderado de las empresas cotizadas, los fondos de inversión y las entidades financieras. O bien que fueran elegidos entre personas realmente de valía profesional.

También recuerda una propuesta que aparece cíclicamente: crear un supervisor único, un macroorganismo que asumiría las competencias tanto del Banco de España como de la CNMV y la Dirección General de Seguros. “Conceptualmente, la idea es muy buena, pero en la práctica plantea problemas”, objeta el profesor de la Complutense, quien teme que un macrosupervisor sea objeto de un control político aún mayor.

A Ruiz Ojeda no le disgusta el sistema actual para nombrar al gobernador del Banco de España y al presidente de la CNMV. Cree que la falta de independencia más bien tiene su origen en una cuestión “cultural, de cultura de la gestión”. Según explica, hay una regla de oro que los supervisores no han cumplido: “No hagas nada que no puedas explicar con un micrófono delante”. Ni el Banco de España ni la CNMV, sin embargo, se opusieron a la salida a bolsa de Bankia, pero tampoco “justificaron debidamente” por qué consideraban que esa operación, que hizo perder 15.000 millones de euros a preferentistas, accionistas y contribuyentes, era viable.

Los Servicios Jurídicos de la asociación de consumidores Adicae y el abogado Andrés Herzog colaborarán para extender la petición de responsabilidades de los gestores del Banco de España y la CNMV a los procesos judiciales de otras cajas de ahorros y no solo por la salida a bolsa de Bankia.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, explicó que "no se ha investigado la quiebra sistémica y liquidación de las cajas, sobre la que se construyeron fraudes como las preferentes y que provocó el rescate bancario de 60.000 millones a costa de los consumidores. Si no se esclarece uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España ni se depuran responsabilidades, corremos un alto riesgo de que de estos fraudes se repitan".

Para Adicae, única organización personada en las principales causas penales de las cajas (Bankia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Castilla-La Mancha o Novacaixagalicia), la investigación no puede reducirse a unas tarjetas black o las prejubilaciones de banqueros.

"En muchos casos, ni siquiera se ha querido investigar la manipulación de las cuentas que conocía perfectamente el Banco de España para que no aflorara la verdadera situación de las entidades. Además, hay que cuestionar el papel del FROB en estos juicios, pues su participación como acusación para defender a los culpables es lo más parecido al fraude procesal", según la asociación.

BdE Y CNMV replicaron en otras cajas su actuación en Bankia

"Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la cúpula del BdE y de la CNMV tienen que dar explicaciones en todas las causas judiciales abiertas, no solo en la de Bankia, que ha sido pionera", pues "su comportamiento fue idéntico en todos los casos", subrayó Herzog, abogado de la acusación particular en el caso Bankia. "Los supervisores no son cómplices o colaboradores, sino coautores de los mismos delitos que se están imputando a Rodrigo Rato y los exconsejeros de Bankia", apuntó.

Tanto Pardos como Herzog se mostraron "convencidos" de que los responsables del BdE y la CNMV que imputaron tendrán que sentarse a declarar. El presidente de Adicae les ha llamado a que expliquen el "interés general en el que se justifican para tomar unas decisiones que no pueden considerarse simples errores y por las cuales podrían ir a la cárcel".

A su vez, Adicae va a pedir la reactivación de la causa penal de las preferentes de Bankia, un fraude consentido por el Banco de España y la CNMV para tapar las cuentas, como ocurrió en otras cajas.

Comisión parlamentaria

Adicae y Herzog se mostraron cautos ante una posible comisión de investigación en el Parlamento. "Por la experiencia de este tipo de comisiones, esperemos que no se convierta en un circo mediático de partidos políticos", dijo Herzog; mientras, Pardos cree que "más vale tarde que nunca" y que puede ser "una posibilidad para dar una explicación global de la quiebra de las cajas de ahorros, que representaban más del 50% del sistema financiero español. Es una posibilidad que la ciudadanía no puede perderse y que debe exigir a los partidos, los viejos y los nuevos".

En el caso Bankia, Pardos anunció que tratará de iniciar contactos con las distintas y numerosas acusaciones personadas para coordinar una posición fuerte y aprovechar la oportunidad que se abre con las nuevas imputaciones.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados los días 13 y 16 de marzo al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Ángel Fernández Ordoñez, respectivamente, en el marco de la investigación de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. El primer día de declaraciones también comparecerá el exsubgobernador del BdE Fernando Restoy, según ha informado Europa Press.

Esta citación tiene lugar después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenase al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Bankia, que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y de la CNMV que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa.

Los magistrados de la sala tomaron esta decisión al admitir parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a Bolsa de la entidad financiera.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal analizó la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del Banco de España José Antonio Casaus y calificó de "razonable" y "razonada" la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados".

En el auto que se dio a conocer este lunes, los magistrados consideran que la declaración de los responsables de ambas entidades en el momento de la constitución de BFA-Bankia y su posterior salida a bolsa porque ellos la autorizaron "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".

La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a los antiguos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la salida a bolsa de Bankia ha activado de inmediato la investigación de las responsabilidades políticas, paralizada, cuando no paralizada, tanto en el Congreso de los Diputados como en algunos parlamentos autonómicos.

El Pleno del Congreso debatirá el miércoles de la semana que viene la solicitud de Unidos Podemos y Compromís de crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, incluida Bankia. La petición se suma a las iniciativas en la misma dirección presentadas por Ciudadanos –inadmitida el pasado 31 de enero–, ERC, Compromís –el pasado martes– y el PSOE, que acaba de registrar la suya sobre la salida a bolsa de Bankia. Aunque todavía falta por decidir hasta dónde llegará la investigación –sólo Bankia o el rescate financiero al completo–, el PP ya ha anunciado que no se opone a crear la comisión y el resto de los grupos han expresado su pleno apoyo. El Congreso, por tanto, investigará lo ocurrido en las cajas de ahorro desde el estallido de la crisis financiera, su posterior nacionalización y las irregularidades y fraudes descubiertos.

Así se pone fin al bloqueo que han sufrido todas y cada una de las iniciativas que sobre el asunto se presentaron en el Congreso desde 2012. La que presentó Joan Baldoví, de Compromís, para crear una comisión no permanente sobre Bankia ni siquiera fue admitida. Las dos del PSOE para investigar el rescate financiero fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Otra de la Izquierda Plural –IU, ICV y CHA– junto a PNV y el Grupo Mixto fue bloqueada por el PP en la Junta de Portavoces y terminó caducando.

En diciembre de 2013 los socialistas volvieron a intentarlo. En la Diputación Permanente –se discutió en enero de 2014, periodo de vacaciones en el Congreso–, consiguieron el apoyo de IU y UPyD, pero ni el PNV ni CiU los secundaron. Entonces prefirieron esperar a que se dilucidaran primero las responsabilidades judiciales. Los populares, por su parte, rechazaron la comisión asegurando que las decisiones en Caja Madrid las habían tomado por unanimidad representantes de los partidos políticos que ahora exigían una investigación.

En octubre de 2014 Izquierda Plural registró una nueva iniciativa junto al Grupo Mixto para investigar los fraudes y casos de corrupción cometidos en las cajas de ahorro. Tampoco pasó de la Junta de Portavoces.

Ni en la Asamblea de Madrid ni en las Cortes manchegas

La fusión de cajas que dio lugar a Bankia, su rescate, las tarjetas black y la salida a bolsa llegaron también a la Asamblea de Madrid. UPyD pidió que se creara una comisión de investigación en mayo de 2012. Contó con el respaldo del PSOE e IU, pero el PP rechazó la solicitud con el argumento de que Bankia es una entidad financiera de ámbito estatal, no madrileño –como si lo era Caja Madrid, su precursora– y, por tanto, la Asamblea carecía de competencias para investigarla.

En parecidos términos fundamentó el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, su negativa a crear un comisión sobre el rescate a Caja Castilla La Mancha (CCM), que costó 7.300 millones de euros. “Es al Banco de España al que le compete investigar”, aseguró en julio de 2010 en las Cortes manchegas. En este caso fue el PSOE el partido que se negaba a dirimir las responsabilidades políticas de la nefasta gestión de las cajas. Lo hizo “hasta ocho veces”, según repetía María Dolores de Cospedal, entonces en la oposición pero luego presidenta de la comunidad autónoma. Tras prometer una comisión durante la campaña electoral e incluso repetir su “compromiso” nada más llegar al poder, tampoco permitió, sin embargo, que las Cortes investigaran qué había pasado en CCM para terminar siendo intervenida por el Estado. En febrero de 2016, su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por manipular las cuentas de la entidad financiera.

Galicia, Cataluña y Valencia sí investigaron

Por el contrario, el PP sí accedió a crear comisiones de investigación en otras comunidades autónomas. El Parlamento gallego abrió la suya en 2012 sobre la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que dio lugar a Novacaixagalicia, finalmente nacionalizada. Tras vendérsela al venezolano Banesco, que la ha convertido en Abanca, el Estado ha dado por perdidos en su rescate 8.532 millones de euros. La convocatoria anticipada de elecciones en octubre de 2012 cerró la actividad de la comisión en falso. Hasta el pasado mes de enero. El ingreso en prisión de la cúpula de Novacaixagalicia, con Julio Fernández Gayoso al frente, fue la espoleta que resucitó la comisión parlamentaria.

El PP ya ha anunciado que admitirá nueva documentación, pero no nuevas comparecencias, justo lo que le pide el resto de los partidos. El BNG ha solicitado que acuda a dar explicaciones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entusiasta defensor de la fusión y de la venta a Banesco. También quiere que se investigue la indemnización de 18 millones de euros que se llevó el histórico exdirector de Caixa Galicia José Luis Méndez. Aunque fue denunciado al igual que el resto de los directivos de las cajas gallegas, se libró de la imputación al jubilarse justo antes de que se fusionaran.

Los populares gallegos, por su parte, quieren “cerrar” la comisión cuanto antes. “De una manera rápida, pero sin ansiedad, hay que hacer el informe que cierre esta cuestión”, ha declarado el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. A su juicio, “no es bueno andar siempre revisando, la cuestión está suficientemente clara”. Como en otras cajas, también en este caso el Gobierno autonómico implicado responsabiliza al Banco de España de las libertades que la cúpula de Novacaixagalicia se tomaron con sus retribuciones.

Las Cortes valencianas abrieron igualmente una comisión para investigar las irregularidades en sus cajas. En octubre de 2011 aprobaron la petición de Esquerra Unida de poner bajo la lupa la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que el Estado inyectó 11.064 millones. El PP apoyó la iniciativa, no sin antes achacar la responsabilidad de lo ocurrido al Banco de España. “La CAM es lo peor de lo peor”, declaró Miguel Ángel Fernández Ordóñez en septiembre de 2011.

Un dictamen a la Fiscalía

El Parlamento catalán comenzó a investigar la gestión de las cajas de ahorro en 2013, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendiera la primera subasta de CatalunyaCaixaCatalunyaCaixa, que quedó desierta. El Estado la recapitalizó con 12.676 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Casi un centenar de comparecencias, entre ellas las de los expresidentes de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó. Ambos están siendo juzgados en la Audiencia de Barcelona por administración desleal: se subieron los sueldos cuando la situación financiera de la caja era crítica y habían despedido a 1.600 trabajadores.

En junio de 2014 el Parlament emitió su dictamen, que trasladó a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Catalana del Consumo –por la responsabilidad de las cajas catalanas en la venta de preferentes y subordinadas– para que incorporaran su documentación y comparecencias a los procesos judiciales abiertos sobre las entidades financieras bajo sospecha.

Finalmente, en Castilla y León Podemos acaba de pedir en las Cortes que se indague en la fusión de Caja España con Caja Duero y su posterior integración en Unicaja, la entidad malagueña.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un vuelco al caso Bankia llamando a declarar como investigados –antiguos imputados– al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, así como a la cúpula de la Inspección del supervisor –Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri, Pedro González y Jerónimo Martínez Tello– y los exsubgobernadores Fernando Restoy y Javier Aríztegui.

Tres veces intentaron las acusaciones particulares que el juez instructor, Fernando Andreu, investigara la actuación del Banco de España en la salida a bolsa de Bankiala salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011. Pero Andreu siempre rechazó imputar a la cúpula del organismo supervisor, una petición que consideraba “impertinente e inútil”. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, fueron los consejos de administración de BFA [la matriz] y de Bankia los que decidieron qué alternativa adoptar”. Así, esa decisión era “perfectamente legítima” y, aunque errónea, no debía ser objeto de una investigación penal.

Por el contrario, la Sala de lo Penal encuentra “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” contra los responsables del Banco de España y de la CNMV “en cuanto garantes e indicativos de su corresponsabilidad” en la posible salida fraudulenta a bolsa.

La clave para que la sala estime parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), al que se adhirió la CGT, y ordene la declaración como investigados de las cúpulas de los dos organismos supervisores son los correos enviados por el responsable de la Inspección del Banco de España, José Antonio Casaus Lara, a sus jefes. Como los emailsno fueron aportados hasta octubre de 2016, la Sala de lo Penal rechazó la solicitud de investigación de los sindicatos en sus dos anteriores resoluciones, de julio y octubre de ese año. Pero una vez examinados los mensajes, dicen ahora los jueces, su “contenido explícito es altamente significativo del alcance, extensión y claridad” de las “reiteradas advertencias” hechas por el equipo de inspección a los directivos del Banco de España sobre la inviabilidad del banco.

“Una máquina de perder dinero”

Los correos confirman la declaración que el propio José Antonio Casaus hizo ante el juez el pasado septiembre. Entonces aseguró que los inspectores habían informado “hasta cuatro veces” a la dirección del supervisor bancario de que no debía aprobarse la salida a bolsa de Bankia, porque “no solucionaba los problemas del grupo”. A juicio de los inspectores, el banco que presidía Rodrigo Rato era “una máquina de perder dinero” que terminaría siendo nacionalizado “en pocos meses”, como de hecho ocurrió. Es más, reseña el auto judicial, la salida a bolsa supuso un “grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”, que las acusaciones particulares cifran en 15.000 millones de euros.

“A ver quién es el guapo (auditor externo, Banco de España) que le manda una carta al FROB diciendo que en BFA hay un agujero de 5.000 millones”, advertía José Antonio Casaus en un correo al jefe de grupo de la Inspección, José Antonio Gracia Sanz, el 2 de diciembre de 2011, cinco meses después de la salida a bolsa. “El panorama del grupo bueno cotizado [el malo era BFA], pese a ser sobre el papel, que todo lo soporta, sólo podemos calificarlo de desolador, pese al buenismo de las proyecciones”.

La interpretación que hace la sala de estos correos, por tanto, es opuesta a la que sirvió al juez Andreu para desechar la imputación de los directivos del Banco de España y la CNMV. En su último auto sobre el asunto, Fernando Andreu considera que los correos tienen carácter informal y espontáneo. Lo que realmente cuenta, argumenta, son los “informes de seguimiento de los inspectores, que constituyen el cauce oficial para que estos funcionarios expongan el resultado de su trabajo. De esos documentos, añade el juez, “no se desprende que los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento”.

Los informes revelan las irregularidades

Sin embargo, una vez más, la Sala de lo Penal contradice a Fernando Andreu. Y asegura que los indicios de criminalidad revelados por la declaración de Casaus Lara y ratificados por los correos electrónicos quedan “reforzados” precisamente por los informes de seguimiento emitidos por los inspectores.

Estos documentos, “aunque de modo suavizado en relación con los emails”, dan cuenta de “graves y reiteradas irregularidades” en Bankia. El de 21 de diciembre de 2011 denuncia que la dirección de BFA-Bankia anteponía sus propios intereses a los de la entidad, por ejemplo proporcionando “excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones”. También ponía en cuestión, según reproduce el auto de la sala, que el banco fuera a ser capaz de devolver los fondos aportados por del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El rescate de Bankia le costó a las arcas públicas 24.500 millones de euros.

Otro informe de marzo de 2012 revela que Bankia no reflejaba en sus cuentas la morosidad real de su cartera de créditos, “en particular la del sector promotor, que tiene 20.000 millones contabilizados como riesgo normal”. Los inspectores explicaban que esos créditos morosos se estaban refinanciando con carencia total de 24 y 36 meses, gracias a lo cual estas operaciones siguen devengando intereses”. “Bankia debe ser gestionada como una prensa en crisis y hasta ahora no está haciendo así”, concluía el informe.

La Sala de lo Penal también ve en los informes periciales indicios adicionales de que la salida a bolsa de Bankia fue fraudulenta. Todas las cuentas del ejercicio de 2011 contenían “errores contables” e incluso eran “falsas”, según explican las acusaciones particulares y el auto incluye. Así, los beneficios oficiales obtenidos en 2011, 305 millones de euros, resultaron ser 2.979 millones de pérdidas tras reformularse sus cuentas en mayo de 2012, ya con José Ignacio Goirigolzarri al mando. En ese “engaño contable continuado” fue parte activa el Banco de España, destacan las acusaciones. Que también califican de “sorprendente” la actuación de la CNMV.

Fernández Ordóñez presionó a Olivas

Finalmente, el auto de la Audiencia Nacional acepta igualmente como indicio de delito la reunión que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez mantuvo con el presidente de Bancaja, José Luis Olivas. Según declaró éste ante el juez, Fernández Ordóñez le “conminó” a fusionarse con Caja Madrid o se le intervendría la entidad. “En unas condiciones normales no habría aceptado la integración”, concluyó Olivas, también imputado en el caso Bankia. Además, asegura que recibió una llamada del entonces subgobernador, Javier Aríztegui: “El gobernador quiere que lleguéis a un acuerdo”. Además, le urgió a alcanzarlo en el plazo de una semana, por lo que tuvieron que “trabajar contrarreloj” para cumplir con lo que se les “estaba exigiendo”.

A juicio de las acusaciones, el Banco de España no sólo intervino “durante todo el proceso”, desde la misma fusión, sino que también lo “impulsó”.

Por todo ello, en definitiva, la Sala de lo Penal considera “razonable y razonada” la petición de las acusaciones particulares de que de declaren como investigados las cúpulas del Banco de España y de la CNMV. Aunque no entra a calificar el posible delito de sus actuaciones como estafa de inversores.

Horas después de conocerse su imputación, dimitieron de sus cargos los máximos responsables de la Inspección del Banco de España: Mariano Herrera García-Canturri, Pedro Comín y Pedro González. Al tiempo, la CNMV se mostraba “convencida” de que su actuación en la salida a bolsa de Bankia fue “correcta y se llevó a cabo con la debida profesionalidad y diligencia”.

El colectivo ciudadano 15MpaRato ha interpuesto una denuncia por los delitos de prevaricación y falso testimonio en los juzgados de la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona contra el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde de Castro, por "ocultar" pruebas al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Bankia, Fernando Andreu, según el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

Pero el colectivo dirige también su denuncia contra el predecesor en el cargo de Linde, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; contra el ex jefe de Supervisión Pedro Comín y su sucesor, Mariano Herrera García-Canturri; y contra el director general de Regulación y Estabilidad Financiera, Julio Durán Hernández.

En concreto, 15MpaRato acusa al gobernador del Banco de España de omitir entre los correos que envió por petición del magistrado Fernando Andreu cuatro emails a los que aludió "de forma expresa y exhaustiva" el inspector José Antonio Casaus, en los que manifestaba a su superior, Pedro Comín, que la salida a bolsa de Bankia "iba a resultar un perjuicio grave para los contribuyentes", especifica el documento. 

Entre la documentación aportada "no figuraban" cuatro correos electrónicos que "sin ningún género de dudas se encontraban incluidos en el requerimiento realizado por el Juzgado, y que fueron aportados solo a partir de un segundo requerimiento expreso, de fecha 3 de octubre de 2016, al detectarse que los mismos no se encontraban entre los efectivamente remitidos. A dichos cuatro correos electrónicos hizo expresa referencia el testigo José Antonio Casaus en su declaración ante el juzgado de fecha 5 de septiembre de 2016. Finalmente dichos correos se han aportado por el Banco de España en fecha 14 de octubre", resalta la denuncia.

"Decisión de Linde"

"Resulta extremadamente anómalo que el organismo requerido, el Banco de España, haya ocultado precisamente al Juzgado Central de Instrucción los cuatro correos electrónicos a que se hace referencia, correspondiendo tal decisión en última instancia, y sin duda de forma directa, por su entidad y trascendencia, a su gobernador, el denunciado Luis María Linde", completa el escrito remitido por 15MpaRato a los juzgados de Barcelona, y que muy probablemente acabarán en los de Madrid, localidad en la que está la sede del Banco de España.

Además, según la denuncia, del contenido de los mencionados correos "se desprenden indicios delictivos" en la actuación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri y Julio Durán Hernández, "pues que, de acuerdo con la documentación mencionada, los mismos tuvieron conocimiento directo de la situación y expectativas del Grupo Bankia y obviaron cualquier actuación que evitase la salida a Bolsa del mismo".

Carácter "fraudulento"

Tales declaraciones, complementadas con los correos electrónicos, permiten suponer, indica el colectivo denunciante, que los responsables del Banco de España "tenían un conocimiento inmediato y directo" de la situación patrimonial del Grupo Bankia y que, por tanto, la salida a Bolsa podría tener carácter "fraudulento".

"Pese a los avisos y advertencias que constan, las mismas no tuvieron respuesta alguna a los efectos de fiscalizar, controlar y supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión se le ha atribuido legalmente", resalta la denuncia, que hace hincapié en el papel desempeñado en los hechos por el exgobernador del Banco de España y por Pedro Comín: "Tales correos electrónicos permiten fundamentar que, por activa o por pasiva, la supervisión del Banco de España no cumplió con sus funciones legales, y ello pese a disponer de suficientes elementos para conocer la situación real y de medios para corregirla".

El instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha vuelto a rechazar llamar como investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y otros siete directivos del organismo supervisor y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre los que se encuentran los que fueran presidente y vicepresidente del organismo Julio Segura y Fernando Restoy, este último actual subgobernador del Banco de España, según un auto difundido a los medios de comunicación.

Esta es la tercera vez que el juez Fernando Andreu niega la petición de las diferentes acusaciones de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez declare como imputado. Sin embargo, sí lo ha hecho como testigo.

La petición de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez declare como investigado había partido de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), cuyo abogado en el caso, Andrés Herzog, que considera que los correos electrónicos del entonces jefe de inspección de Bankia, Jose Casaus, en los que sostenía que BFA-Bankia no era viable y desaconsejaba la salida a bolsa, acreditaban la responsabilidad penal de los responsables del Banco de España.

En su auto, el juez Fernando Andreu, después de analizar los correos mencionados, recuerda que las decisiones de gestión son exclusiva responsabilidad de los órganos de administración y dirección de las entidades, y en este caso, explica el magistrado: "Fueron los consejos de administración de BFA y de Bankia quienes decidieron, entre las distintas alternativas posibles, cuál adoptar, y así,  hicieron en las reuniones de los consejos de administración de BFA y de Bankia celebradas, ambas en fecha de 28 de junio de 2011".

Es decir, el juez considera que la decisión final de la salida a bolsa de Bankia fue adoptada, en el marco de sus exclusivas competencias, por los órganos de administración y gestión, "decisión perfectamente legítima, y que no por errónea que finalmente hubiera podido ser, deba ser objeto de una investigación en sede penal".

El magistrado hace constar que en este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parqué de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba José Antonio Casaus, fue errónea. Tanto el instructor, como la Sala de lo Penal, han encuadrado las conductas en el Código Penal y la conducta básica consiste en dirimir si se ha falseado la información económica financiera contenida en los folletos de emisión o las informaciones que la sociedad deba publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores.

En su auto, Andreu añade también que, junto al carácter informal y espontáneo de los mencionados correos electrónicos, existen cauces oficiales y administrativos para que los inspectores puedan exponer sus apreciaciones en la labor de seguimiento y supervisión de la entidad, cauces que se traducen en los llamados "informes de seguimiento" en donde se expresa, "con el debido rigor, el resultado del trabajo de la Inspección del Banco de España desplazada a Bankia" informes que "ya obran en autos y de los que no se desprende, como tampoco se puede derivar de los correos electrónicos, que los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento".

El juez recuerda como en autos anteriores que no puede exigirse la garantía absoluta de que no se produzcan decisiones erróneas en los distintos sistemas. "Pero la mera existencia de disfunciones no constituye, per se, título de imputación suficiente para reclamar una responsabilidad de carácter penal", concluye en su auto el instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía se ha opuesto este martes a que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de investigar el caso Bankia, cite a declarar en calidad de investigado al que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al exvicepresidente de la CNMV y actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, entre otros, tal y como pidió la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), después de incorporarse a la causa cuatro correos que cuestionan la viabilidad en ese momento del del Grupo BFA-Bankia, según ha informado Europa Press.

La CIC, que ejerce la acusación popular, solicitó al magistrado de la Audiencia Nacional que citase también al jefe de grupo a cargo de la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa, Pedro Comín; al ex subgobernador del supervisor Javier Arístegui y al exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello.

También añadió a la lista de peticiones a Mariano Herrera García-Canturri, miembro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España, y al director del Departamento de Cajas de Ahorros en el Banco de España, Pedro González.

El fiscal Alejandro Luzón en un escrito remitido a Andreu, rechaza esta petición de "imputar" a personas que ya han declarado en la causa como testigos.

Recuerda que el Ministerio Público ya informó de los motivos por los que la CIC pide su comparecencia en su escrito de 15 de junio de 2016 y que el magistrado desestimó dicha citación, una decisión que fue aprobada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en un auto de 7 de octubre de 2016.

Fuentes de la CIC han asegurado a Europa Press que el criterio del fiscal resulta "confuso, contradictorio en algunas afirmaciones y carente de la necesaria valentía" y espera que el juez sí haga gala de ese valor al dictar su correspondiente resolución.

"Perfecto conocimiento" del Banco de España

La acusación afirmó en su escrito que los correos "demuestran el perfecto y cabal conocimiento" que la "jefatura" del Banco de España tenía "sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a Bolsa de la entidad".

Dichas comunicaciones vinieron a confirmar la versión expuesta ante el magistrado por parte del inspector del Banco de España José Antonio Casaus (quien prestó declaración en calidad de testigo el pasado 5 de septiembre), ya que afirmaban que "no solo desaconsejaba encarecidamente la OPS, sino que expresaban reiteradamente sobre la inviabilidad de la estructura diseñada para la salida a Bolsa y sobre el importantísimo quebranto patrimonial que se iba a causar a preferentistas".

Por otro lado, Luzón argumenta en su escrito, con fecha del pasado 10 de noviembre, que el contenido de los citados correos no "inciden en la existencia de falsedad alguna de las cuentas", pues en uno de ellos se hace mención a la existencia de "fondos genéricos y fondos específicos sin asignar por más de 3.000 millones de euros", algo que reconocieron y explicó Casaus ante el juez.

"No parece lícito convertir en sospechosos de la comisión de un delito a quienes discreparon" de la opinión de Casaus, que en su declaración aseguró que había otras opciones para evitar la nacionalización de Bankia, como su salida a Bolsa o la toma de control por parte de un tercero.

Un mensaje interno, que da cuenta de la "reunión de liquidez de Caja MadridCaja Madrid" mantenida el 13 de abril de 2011, relata que tras la decisión de traspasar los activos de las anteriores cajas de ahorros al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y a Bankia, en la nueva entidad se recibieron "llamadas de acreedores mayoristas interesándose por dónde quedan sus títulos, especialmente perjudicados en el caso de subordinadas y preferentes que van a BFA y que contarían con derecho de oposición en el plazo de un mes desde la inscripción".

Los inspectores del Banco de España que participaron en la mencionada reunión de abril de 2011, cuatro meses antes de la salida a bolsa de julio del mismo año, fueron José Carlos Molina Franquelo y Luisa Noelia Sánchez Saorín. Por parte de Bankia estuvieron Fernando Cuesta, Jaime Comunión, Fernando Álvarez e Íñigo Sáinz. Y según los funcionarios públicos, pese a las llamadas recibidas, los responsables de la entidad presidida por Rato "no han informado individualmente a los acreedores, sólo contestan las consultas que les llegan".

"Transmiten tranquilidad"

El informe del Banco de España sostiene además que en los casos en que los acreedores sí acudían a Bankia a reclamar información "les transmiten tranquilidad con el argumento de que esta estructura se ha montado para lograr una gestión más eficiente y garantizar mejor los pagos de todos los pasivos".

El conjunto de mensajes en los años 2011 y 2012 de los inspectores llegan a calificar a la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) como un banco malo, en el que los directivos tenían intención de aparcar los activos tóxicos de las cajas de ahorrosaparcar activos tóxicos, así como inmuebles con difícil salida comercial en plena crisis del ladrillo. Por el contrario, Bankia era la entidad que saldría a bolsa, por lo que en ella se concenttaron los activos más rentables.

De hecho, en un correo electrónico de 16 de diciembre de 2011, el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara explica que de la reunión que celebró esa semana con los directivos del banco pudo saber que "BFA individual probablemente cerrará 2011 en pérdidas. Mi impresión es que han tirado la toalla con BFA, pero se les ve tranquilos, lo que refuerza mi sensación de que está todo el pescado vendido: venta del 52% del capital social de Bankia en poder de BFA (por 2.000-3.000 millones de euros) y simultánea entrega de BFA (que quedaría en quiebra técnica pues sus fondos propios contables serían negativos tras esa venta) al FROB".

Rato negó que BFA fuera un 'banco malo'

Por el contrario, el 6 de abril de 2011 Rato había rechazado que BFA fuera un banco malo. Durante su intervención en el XVIII Encuentro del sector financiero, organizado por Deloitte y el diario ABC, Rato abordó la situación en la que quedaba Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la entidad que agrupaba a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas, que se quedó con todo el suelo mientras el negocio bancario se traspasaba a Bankia.

Según defendió Rato en ese foro económico, la denominación de banco malo para BFA era una "mala interpretación", porque era "una entidad no cotizada con beneficios, y no hay nada malo cuando gana dinero". Trece meses después Rato dimitía por sorpresa, provocando un terremoto financiero que acabó con la intervención de Bankia, que ha necesitado 22.400 millones para evitar su quiebra.

Una portavoz del colectivo ciudadano 15MpaRato, que ejerce la acusación particular en el caso Bankia, ha calificado de "grave" el contenido del informe adelantado por este periódico: "no se entiende que Bankia informe de que no van a atender a los que no se quejen, y que el Banco de España no haga nada".

La Audiencia Nacional investiga desde diciembre de 2012 la emisión de las preferentes por parte de Caja Madrid y Bancaja. Por ello está imputado el expresidente de la entidad financiera madrileña Miguel Blesa. Sin embargo, fuentes del caso explican que la investigación está paralizada y que muchos de los preferentistas han abandonado la acusación para tratar de recuperar su dinero en la vía civil.

No había pasado un año desde su llegada al Gobierno y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya presumía en diciembre de 2012 de que había ahorrado 9,7 millones de euros en sueldos de directivos del sector público gracias a las medidas de recorte, en número de altos cargos y en sus retribuciones, aprobadas por el Ejecutivo.

Cuatro años después, el Tribunal de Cuentas lo desmiente. El informe que fiscaliza las indemnizaciones y sueldos percibidos por los altos directivos del sector público entre 2012 y 2014 revela que, al menos en cinco de los 13 organismos que ha inspeccionado las retribuciones de los altos cargos aumentaron tras aplicarse los teóricos recortes que el Gobierno del PP incluyó en el decreto que aprobó la reforma laboral, en febrero de 2012.

Es lo que les ocurrió a los directivos del Instituto Cervantes, la CNMV, CNMVel ICEX y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una vez que sus contratos fueron adaptados a la nueva normativa: empezaron a cobrar más que antes. En el caso de la CNMV, tras adaptar sus contratos, tres directores de departamento cobraban entre 134.000 y 140.000 euros al año, cuando sus anteriores titulares ingresaban entre 120.000 y 130.000 euros. Por si fuera poco, seis directores de departamento que contaban con una relación laboral ordinaria –no tenían la condición de directivos– ingresaron en sus nóminas entre 132.000 y 135.000 anuales, por encima de los sueldos de los altos directivos, asegura el informe. Por establecer una comparación, Mariano Rajoy ingresa 78.996 euros al año.

Además, tanto en el Instituto Cervantes como en el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) las retribuciones de sus altos cargos, tras ser remodeladas, superaban los topes máximos fijados por esa nueva ley.

De hecho, el Tribunal de Cuentas asegura que “no se produjo un ahorro significativo de gasto público” en esos 13 organismos por la reducción de contratos de alta dirección impuesta por el cambio legal. El motivo: ese recorte se hizo transformando “los contratos de alta dirección en relaciones laborales ordinarias fuera de convenio que mantenían las mismas funciones, condiciones retributivas y titulares”.

Es más, sólo disminuyó el número de altos directivos en tres de las entidades investigadas: el Instituto Cervantes, la CNMV y el ICEX. La CNMC –resultado de la fusión de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP)– superó el número máximo de directivos permitido por la ley: sólo podía tener 10, pero en 2013 contaba con 19 y en 2014, con 22.

El informe también critica que la Agencia Tributaria hiciera un contrato de alta dirección a su director de Comunicación Externa y Prensa, cuando “no ocupaba ningún cargo con funciones directivas, ni ejercitaba poderes inherentes a la titularidad jurídica de la entidad, ni era titular de ningún órgano ni ejercía competencia administrativa alguna”. De hecho, éste era el único alto directivo de la Agencia: todos sus cargos directivos son funcionarios, por lo que no se les aplica esta normativa.

Máximo de 140.000 euros

La reforma laboral, un real decreto de abril de 2012 y dos órdenes del Ministerio de Hacienda de marzo y abril de ese año, fijaban un máximo para los salarios de los altos directivos de los organismos y empresas públicas. Así, según una nueva clasificación de estas entidades estatales, se establecía también el número de altos cargos que podían tener, se imponía un plazo para adaptar sus contratos que concluía el 13 de abril de 2012 y, finalmente, se prohibía que esos cambios en los contratos produjeran aumentos en las retribuciones. Todo ello para reducir el gasto público y cumplir con los objetivos de déficit impuestos por Bruselas.

A partir de entonces, los altos directivos no pueden percibir más que una retribución básica y dos complementos: uno variable –según cumplan objetivos– y otro de puesto. Dependiendo del tipo de organismo, la suma de esos tres conceptos no debe superar los 118.000 euros o los 140.000 euros anuales. No pueden cobrar ningún otro tipo de complemento o plus; por ejemplo, de antigüedad. La nueva normativa también topó las indemnizaciones por despido de estos altos cargos: un máximo de siete días por año de servicio hasta seis mensualidades.

Tardaron años en cambiar contratos y recortar sueldos

Pues bien, para empezar, todos los organismos y empresas públicas incumplieron el plazo para adaptar los contratos y sueldos de sus directivos. Fue fijado en sólo dos meses, terminaba el 13 de abril de 2012 y la última orden del Ministerio de Hacienda necesaria para aplicar los cambios se publicó sólo un día antes, el 12 de abril. “Era prácticamente imposible de cumplir”, reconoce el informe del Tribunal de Cuentas. Asunto bien distinto fue la diligencia de los organismos públicos en hacer los cambios a que les obligaba la ley. En algunos casos, tardaron un año o más; en el del Consorcio de Compensación de Seguros, dos años. En el de la CNMC, en 2015 aún no habían sido adaptados a la nueva normativa seis de los ocho contratos que provenían de la Comisión Nacional de la Energía.

La consecuencia de estos retrasos es obvia: los altos directivos seguían cobrando sus antiguos emolumentos, sin recorte alguno. Como cuatro de los seis altos cargos de la CNE mencionados más arriba: ocupaban puestos de director en la nueva CNMC, percibiendo sueldos anuales de 109.000 euros, aunque no ejercían funciones directivas.

También fue el caso de la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco –aunque el informe no lo cita porque la entidad no fue fiscalizada–, cuyo sueldo no fue recortado durante 10 meses. La investigadora sumaba 195.570 euros anuales, de los que 135.570 procedían de fondos públicos y 60.000 de fondos privados, pero no podía cobrar más de 105.000 de retribución básica. Entonces el Ministerio de Economía, del que depende el CNIO, aseguraba que Blasco no tendría que devolver las cantidades ingresadas de más.

Siguieron cobrando antigüedad y complementos suprimidos

El Tribunal de Cuentas descubre otra irregularidad: siguieron cobrando y devengando antigüedad los altos cargos de 10 de los 13 organismos inspeccionados, aunque la ley lo prohíbe: el Instituto Cervantes, el Reina Sofía, el Museo del Prado, la UNED, la CNMV, Red.es, el Consorcio de Compensación de Seguros, el ICEX, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y la CNMC. Además, los del Museo del Prado cobraban “gratificaciones por servicios extraordinarios”.

Y los directores de los centros del Instituto Cervantes en el extranjero percibieron entre 2012 y 2014 un complemento variable de poder adquisitivo y otro de desplazamiento que deberían haber sido suprimidos. El Instituto no los consideraba conceptos salariales sino “indemnizatorios”. Superaron así los 118.000 euros de retribución máxima que permite la ley los directores de los centros de Tokio, Moscú, Estambul, Pekín, Manchester y Brasilia.

Además, el informe menciona dos contratos suscritos un año y medio y dos años y medio después de que se aprobase la nueva normativa pero que tampoco la respetó: el del director del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos, Francisco Moreno, y el de Javier Rioyo al frente del centro del Cervantes en Lisboa.

Un problema de fechas

El problema con las indemnizaciones por despido que el Tribunal de Cuentas recoge se refiere a las fechas que se escogieron para los ceses. “El día anterior a la publicación del real decreto ley 3/2012 [la reforma laboral] y en otras fechas muy próximas cesaron directivos del ICO y Red.es, por lo que percibieron unas indemnizaciones muy superiores a las que les habrían correspondido con la nueva normativa si hubieran cesado al día siguiente”. En concreto, cobraron la compensación máxima establecida para los despidos improcedentes antes de la reforma laboral: 45 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Incluso, en algún caso, los organismos llegaron a indemnizar a directivos que no habían sido despedidos, sino que se marchaban por su propia voluntad. Por ejemplo, el director de Mercados de la Energía de la CNMC, en febrero de 2014.

Mención aparte merece el director de Programas de Red.es, una empresa dependiente del Ministerio de Industria. Fue despedido en 2009 y presentó una demanda en los tribunales, que ganó en 2011. Red.es tuvo que readmitirlo y en 2013 fue nombrado responsable de Programas. Así que la empresa tuvo que pagarle 325.495 euros en dos años sumando sueldo y salarios de tramitación por su despido.

Según el informe, entre 2012 y 2014 los 151 altos directivos de estos 13 organismos y empresas públicas percibieron retribuciones por un total de 37,92 millones de euros. De ellos, 15,76 millones corresponden a los 61 directores de los centros del Instituto Cervantes en el extranjero.

La Oficina de Conflictos de Intereses no verifica datos

El Tribunal de Cuentas también ha examinado las indemnizaciones que el Estado ha pagado en esos tres años a los altos cargos que han sido destituidos: 4,43 millones de euros a 45 de ellos. Para ello ha fiscalizado la actividad de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio de Hacienda. Y los resultados no son muy alentadores. Según el informe, la OCI se limita al “depósito y registro de las declaraciones y comunicaciones de los altos cargos” sobre sus actividades y bienes, derechos y obligaciones patrimoniales. Están obligados a ellos después de cesar en sus puestos. Pero en ningún caso verificó o investigó los datos contenidos en esas declaraciones. Ni las compara con otras presentadas con anterioridad –para comprobar si ha habido algún enriquecimiento sospechoso– ni comprueba la información con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para detectar posibles discrepancias.

Lo único que hace es acudir al Registro Mercantil para comprobar si los directivos ocupan cargos en empresas, hace consultas al BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), o busca en noticias de prensa o en el Registro Central de Personal, así como en la información sobre miembros de los consejos de administración que suministran las sociedades públicas.

Y sólo comprueba si se produce un conflicto de intereses cuando un alto directivo cambia su puesto público por otro en la empresa privada. No lo hace si va a otro puesto público o ingresa en un organismo internacional. Una exclusión que el Tribunal de Cuentas censura. Cuando Luis Berenguer, expresidente de la Comisión Nacional de la Competencia, ahora integrada en la CNMC, dejó el puesto, declaró a la OCI cuatro actividades distintas. Una era la abogacía. Se integró en un despacho, Broseta Abogados. Y la OCI, basándose sólo en un informe de la propia CNC, dictaminó que no existía conflicto de intereses porque en ese bufete no había un departamento de Competencia. Sin embargo, en la página web del citado despacho, advierte el informe, consta que ha contado con los servicios de Berenguer desde julio de 2013, en su área de Competencia y Derecho de la UE.

Además, declaró que iba a desempeñarse como asesor o consultor en asuntos de Competencia en Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Sistema de Integración Económica Centroamericana. Según el Tribunal de Cuentas, sí puede haber conflictos de intereses en esos ámbitos, pero la OCI ni lo investigó.

Banco de España

Finalmente, el informe hace públicas las indemnizaciones que el Banco de España pagó a su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a su ex secretario general José Antonio Alepuz cuando dejaron la institución. Una información que hasta el momento el órganos supervisor había ocultado. El primero cobró 348.751 euros. El segundo, 322.961.

Lo destacable es que Alepuz se fue a los seis meses a La Caixa, una entidad supervisada por el Banco de España. Las normas de funcionamiento del supervisor fijan un plazo de seis meses de carencia antes de que un ex alto cargo pueda trabajar en una entidad de crédito. Así que Alepuz siguió empleado medio año en el Banco de España mientras cobraba su indemnización como salario. Esa compensación equivalía a la máxima por despido improcedente, 45 días por año con un tope de 24 mensualidades. Pese a que no había sido despedido: renunció a su puesto voluntariamente para trabajar en el sector privado.

El periodismo merece ese nombre cuando no se deja embaucar por la palabrería de políticos y empresarios y, cual detective de novela negra, sigue la pista del dinero: de dónde viene y a quién va a parar. Si sale del bolsillo de los contribuyentes y acaba en el de Fulano o Mengano sin que se sepa muy bien a cambio de qué, hay tema, hay un pedazo de tema.

Jesús Maraña está insistiendo en este enfoque al hablar del fondo privado de pensiones del que disfrutan muchos de nuestros europarlamentarios. Amén de que su gestión a través de una sicav luxemburguesa apeste a hipocresía en el caso de políticos que se declaran contrarios a ese instrumento, diseñado explícitamente para que los ricos paguen un mínimo de impuestos, Maraña subraya que dos tercios de las aportaciones a ese fondo de pensiones –privado, recordemos- los pagamos usted y yo. Sí, con el dinero obtenido a través de nuestro trabajo que va a parar a las arcas públicas. ¿Qué otra actividad laboral o profesional disfruta de semejante privilegio? La mía, desde luego, no.

Permítanme recordar que el dinero público, cómo recaudarlo y cómo gastarlo, es uno de los cuatro pilares de la democracia, siendo los otros los derechos y libertades, la elección de los gobernantes y la separación de poderes. Aunque es verdad que en España se habla poco de este asunto en voz alta. Antes, quizá, por el pudor católico sobre estas cosas; ahora, sin duda, por el interés de los beneficiados, el establishment, la casta, el régimen.

Por eso me ha gustado que, en el debate entre los tres aspirantes a la secretaría general del PSOE, se haya hablado de dinero. Pedro Sánchez acertó al citar como uno de los grandes errores recientes de su partido el no haber efectuado durante la primera legislatura de Zapatero una reforma fiscal para que el peso de la recaudación no recaiga casi exclusivamente sobre las rentas del trabajo, mientras las del capital se van casi de rositas, y no haber puesto en pie una auténtica cruzada contra el fraude. (Sánchez también estuvo bien cuando consideró impresentables el indulto al banquero Sáenz y el nombramiento de MAFO, Miguel Ángel Fernández Ordónez, al frente del Banco de España). Eduardo Madina, por su parte, dio un paso en la buena dirección cuando propuso importar el sistema británico de transparencia sobre el gasto público: la posibilidad de saber en apenas dos o tres clics en qué se gasta cada euro que pagamos los contribuyentes. Y José Antonio Pérez Tapias fue el portavoz de la sabiduría al decir que no se puede mantener el Estado de bienestar ni, en general, hacer políticas progresistas de gasto sin hacer políticas económicas y fiscales progresistas.

“Sigan las huellas del dinero”, les decía Garganta Profunda a los reporteros Woodward y Berstein que investigaban Watergate. No hagan caso a las cortinas de humo politiqueras y vayan al grano: quién pagó, quién cobró y a cambio de qué. Mediapart está obteniendo ahora excelentes resultados periodísticos en Francia con esa fórmula: exclusivas que han forzado la dimisión de un ministro socialista de Hacienda y han llevado al arresto y la declaración en comisaría del ex presidente derechista Sarkozy.

El pasado año, charlé en París con Edwy Plenel, director de Mediapart. Recordamos que las revoluciones democráticas americana y francesa del siglo XVIII nacieron, precisamente, por una cuestión de dinero: cuando una mayoría de ciudadanos se negó a pagar más impuestos a la Corona si ésta no reconocía a cambio la preeminencia en la vida pública de los principios de libertad e igualdad.

En el caso americano, todo comenzó cuando la Corona británica quiso imponer un nuevo impuesto sobre el té a sus colonias y éstas exigieron a cambio representación política en el Parlamento de Londres (No taxation without representation). En el francés, cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales para que aprobaran nuevos impuestos con los que paliar el déficit de las finanzas públicas. El Tercer Estado (burguesía y clases populares) proclamó de partida que sólo hablaría de ello si los otros dos (aristocracia y clero) aflojaban también la bolsa y si se comenzaban a aplicar en Francia las ideas del Siglo de las Luces.

Tiene razón Pérez Tapias: uno de los errores capitales de la socialdemocracia en los últimos lustros ha sido creer que podía ser progresista en el gasto sin serlo en el ingreso. La socialdemocracia asumió la interesadísima idea neoliberal de que rebajar los impuestos a las grandes fortunas y empresas es mano de santo para el crecimiento y la creación de empleo, y así fue tirando hasta que llegó la crisis y puso las cosas en su sitio.

Zapatero hasta declaró que bajar los impuestos es “de izquierdas”, sin que tan clamorosa ausencia de matiz encontrara demasiada replica entre los suyos. Rebajar los impuestos a las clases populares y medias es, efectivamente, de izquierdas, es justo y necesario; hacerlo de oficio, gratis et amore, a los ricos puede ser un suicidio. Tal fue el caso, entre otros, de la eliminación del impuesto de Patrimonio: recortó los ingresos en la crisis y obligó a concentrar la lucha contra el déficit en el recorte de servicios y prestaciones sociales.

La adopción por el periodismo español de los eufemismos politiqueros y empresariales ha sido uno de los elementos que han dañado su credibilidad. Hablemos claro: el sistema tributario español es confiscatorio para las clases populares y medias, que deben trabajar la mitad del año para Hacienda, a la par que convierte este país en un semiparaíso fiscal para los que miden sus ingresos en cientos de miles o millones de euros.

Una reforma fiscal progresista, basada en el principio clásico de que proporcionalmente debe pagar más el que más gana, debería ser una de las propuestas básicas de la socialdemocracia para la regeneración democrática de España. Quiero suponer que los equipos de los aspirantes al liderazgo del PSOE ya están trabajando en ello. Con calculadoras, por supuesto. Difícilmente puede el PSOE reconciliarse con el pueblo de izquierdas si no hace bandera de este asunto, y difícilmente puede ser creíble como partido de Gobierno si no aquilata al céntimo las ventajas y los inconvenientes de cada supuesto.

Termino: en el lado del gasto, los escándalos confirman que cientos de millones de euros salidos del bolsillo de los contribuyentes españoles se destinan a corruptelas, mamandurrias, privilegios y obras faraónicas. El Estado está, ciertamente, hipertrofiado y una alternativa progresista debería insistir en la necesidad de hacerlo más pequeño, más eficaz y honesto, más centrado en lo esencial: la sanidad, la educación y la seguridad públicas. Pero también es llamativo que el PP, tan neoliberal a la hora de desproteger al común de los mortales, gaste a manos llenas cuando se trata de sus propios dirigentes, sus amigos banqueros y empresarios, sus eventos y obras fetiche. Gürtel y el apoyo a “empresarios” como Blesa y Díaz Ferrán desnudan la filosofía fiscal conservadora: sacarle el dinero a los de abajo para dárselo a los amiguetes de arriba.

El Gobierno y el Estado no tienen dinero: el que usan es siempre nuestro dinero, el de los ciudadanos que trabajamos y pagamos los impuestos honradamente. Estaría bien que la izquierda española lo asumiera: a la hora del ingreso y a la hora del gasto.

El ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez (68 años), que dirigió la entidad entre los años 2006 y 2012, ha cumplido los dos años de incompatibilidad previstos en la ley 13/1994  para la cúpula del supervisor bancario (gobernador y subgobernador). Fernández Ordóñez queda libre desde este mes para volver a trabajar en el sector financiero. Fuentes del entorno del exgobernador sostienen que no se ha comprometido "todavía" con ninguna oferta y que se dará un tiempo para decidir. Otras fuentes, sin embargo, sostienen que Fernández Ordóñez ya ha recibido al menos una oferta de trabajo de un fondo de inversión.

Con un sueldo de 170.000 euros anuales y siguiendo  una “norma interna” no escrita del Banco de España, el exgobernador ha tenido estos dos años a su disposición un despacho en la parte noble de la sede, frente a la fuente de la Cibeles en Madrid, y una secretaria.

Fernández Ordóñez fue muy criticado por lo que se consideró pasividad para frenar la espiral crediticia e inmobiliaria que acabó por estallar y estuvo a punto de acabar con el sistema financiero. Cumplido el periodo de incompatibilidad previsto, el posible paso de Fernández Ordóñez a la actividad privada será, si se produce, menos polémico que el reciente nombramiento de otro alto cargo del Banco de España, el ex director de supervisión José María Roldán para dirigir la patronal bancaria AEB.

Reglamento interno

El régimen de incompatibilidades aplicable a los directores generales del Banco de España está fijado en el Reglamento Interno del Banco de España desde 1996, cuando se estableció una incompatibilidad absoluta para incorporarse a entidades sujetas a la supervisión del Banco de España durante un período de seis meses posterior al cese en el cargo.

La patronal bancaria AEB anunció la elección de Roldán como sustituto de Miguel Martín antes incluso de que el directivo del Banco de España hubiera cumplido con los seis meses de incompatibilidad que la ley de autonomía de la entidad contempla para los altos cargos distintos del gobernador y el subgobernador.

El nombramiento de Roldán provocó un fuerte malestar en el Ministerio de Economía, que abogó por un endurecimiento en la normativa de incompatibilidades. El sustituto de Fernández Ordóñez al frente del supervisor bancario, Luis Linde, se adelantó incluso al ministro de Economía Luis de  Guindos y encargó a finales de 2013 a la secretaria general del Banco de España una revisión de las normas que aún no se ha concretado.

Fichajes polémicos

El fichaje de altos cargos y exministros por empresas y bancos privados es un asunto muy polémico. Lo es incluso cuando los políticos que han dado el paso cumplían formalmente con todos los requisitos, como sucedió con el nombramiento del ex presidente José María Aznar como asesor de Endesa o la incorporación del expresidente Felipe González al consejo Gas Natural.

"Es lógico que, cumplido el periodo legal, un alto cargo intente incorporarse al mercado laboral" sostienen fuentes de la Administración. En el caso de los gobernadores y/ o presidentes de bancos centrales, la reincorporación al trabajo es, por lo general, muy rentable. Un ejemplo: el expresidente de la Reserva Federal (Fed) de EE U, Ben Bernanke, cobró 250.000 dólares (182.481 euros) por su primera aparición pública, un discurso de 40 minutos en un acto celebrado en Abu Dabi tras su relevo por Janet Yellen en enero pasado. En 2013 había recibido una retribución anual de 199.700 dólares (145.765 euros).

Otro expresidente de banco central, en este caso Jean Claude Trichet, presidente del BCE hasta noviembre de 2011, tuvo poco tiempo para sentir incertidumbre. El consorcio aeronáutico EADS anunció su incorporación al consejo apenas unos meses después de su salida.EADS anunció

El principal accionista del Banco de Valencia era Bancaja, y posteriormente Bankia, que obtuvo en la salida a Bolsa de julio de 2011 un total de 3.092 millones de euros de 347.338 clientes. Apenas meses después el precio de las acciones se desplomó, por lo que todos los accionistas perdieron la mayor parte de su inversión. El Banco de España cifra en 22.424 millones de euros las ayudas que necesitó Bankia para evitar la bancarrota.

El presidente de la entidad era Rodrigo Rato. El que fuera hombre fuerte de los Gobiernos de José María Aznar fue elegido presidente de Caja Madrid el 28 de enero de 2010. Desde allí pilotó el proceso de creación del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, nacida en 2011. El nuevo banco fue el resultado de la fusión de siete cajas de ahorros (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja). Rato se vio forzado a dimitir como presidente de Bankia el 7 de mayo de 2012, y fue reemplazado por José Ignacio Goirigolzarri. 

Bankia era la propietaria de un tercio de las acciones de Banco de Valencia, y su sobreexposición al negocio del ladrillo podría haber alejado a miles de inversores. Las diferentes inspecciones del Banco de España pusieron de manifiesto la existencia de diferentes problemas en la viabilidad del banco. El propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, que el deterioro del Banco de Valencia se conocía desde 2009, año en el que sus directivos iniciaron la compra irregular de sus propias acciones para mantener de forma artificial su precio.

"Precios muy superiores"

Pero esta actividad supuestamente irregular que llevó a cabo la dirección del Banco de Valencia hizo que que la entidad financiera perdiera 23 millones de euros entre enero de 2009 y mayo de 2011. Y todo en un intento de sostener el precio de sus acciones, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que se basa en las inspecciones llevadas a cabo por el Banco de España en la entidad financiera valenciana durante los primeros siete meses de 2011. "La operatoria con acciones propias en los últimos ejercicios ha permitido que la cotización del valor se haya mantenido a precios muy superiores a los que hubiera tenido sin su actuación", concreta el organismo regulador tras la inspección llevada a cabo en julio de 2011.

Según el informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 2011, en el sector de la banca se produjeron caídas importantes en los precios de las acciones, "especialmente castigadas debido a las carteras de deuda soberana y la exposición al sector inmobiliario de estas entidades". Este era el caso de Banco de Valencia, entidad financiera que pertenecía en un 27% a Bankia.

23 millones de euros

En los casi dos años y medio durante los que el Banco de España detectó este tipo de actuaciones irregulares con las acciones del Banco de Valencia, en un 8% de los casos el banco valenciano protagonizó más del 20% de las transacciones de sus propios títulos. En el 28% de los casos, las autocompras por parte de la entidad financiera valenciana fueron superiores al 10% del total. "El quebranto por esta actividad en el periodo ha sido de 23 millones de euros", especifica un informe del Banco de España.

Tras detectar estas presuntas irregularidades, el departamento jurídico del Banco de España recomendó que se alertara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es el organismo que controla la legalidad en la compraventa de los títulos. infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz de la CNMV para tratar de conocer si este organismo fue informado de las presuntas irregularidades. "La CNMV no habla de los expedientes. Y mucho menos si estos están incluidos en casos investigados por los tribunales", especificaron fuentes del organismo presidido por la exministra de Medio Ambiente y expresidenta de la Asamblea de Madrid Elvira Rodríguez.

Imputado en dos casos

El expresidente del Banco de Valencia es José Luis Olivas, que también fue máximo responsable de Bancaja y el número dos de Rodrigo Rato en Bankia. Olivas está imputado en los casos Bankia y Banco de Valencia,casos BankiaBanco de Valencia, al igual que su sucesor, Aurelio Izquierdo. También está imputado el ex consejero delegado de la entidad valenciana Domingo Parra.

"¿Por qué ni Pedro Solbes ni El País hacen público ese 'documento-ultimátum' que supuestamente desembocó en la 'renuncia' del entonces vicepresidente del Gobierno?". Esta es la pregunta que desde el domingo pasado, 10 de noviembre, lanzan distintos miembros del equipo de confianza del expresidente Zapatero tras el anticipo que el citado diario hizo de "Recuerdos", libro de memorias del ex vicepresidente económico que sale a la venta este lunes y que supone una durísima crítica a las medidas tomadas por el Ejecutivo socialista en la primera fase de la crisis. La respuesta de esas mismas fuentes es rotunda: "ese documento nunca existió".

En el adelanto, titulado "Cuando decidí salir del Gobierno", Pedro Solbes narraba en primera persona sus crecientes discrepancias con Zapatero en otoño de 2008 sobre la situación de la economía, el control del déficit público y las medidas que convenía tomar. "Le señalé al presidente -escribe Solbes- que le presentaría unas propuestas después de las vacaciones (de Navidad) y que si estábamos de acuerdo con el diagnóstico y sobre todo con las medidas a adoptar estaba dispuesto a quedarme pero que en otro caso prefería marcharme. Al final -añade- le entregué a primeros de enero un documento titulado 'Una estrategia para la recuperación de la economía española'"Una estrategia para la recuperación de la economía española. Según el exvicepresidente, en ese documento analizaba los "desequilibrios" económicos de los últimos años y planteaba un "proceso de ajuste" que incluía una mayor "flexibilidad salarial", entre otras reformas en "un marco de finanzas públicas sostenibles a largo plazo".

Ni rastro en los archivos

El propio Zapatero, según han manifestado a infoLibre fuentes de su entorno, se ha declarado "sorprendido" por el fondo y la forma del episodio narrado por Pedro Solbes. Tal documento no figura en los archivos personales del expresidente, que en los últimos días ha preguntado también por el mismo al entonces Director de la Oficina Económica de Moncloa, Javier Vallés, al exjefe del Gabinete de Presidencia, José Enrique Serrano, y a otros inmediatos colaboradores de su última etapa de Gobierno. Nadie lo conserva ni lo recuerda, y Zapatero les ha manifestado que, de haber existido ese documento, Solbes tendría que haberle hablado o preguntado acerca del mismo, cosa que al parecer nunca ocurrió. Según el relato del exvicepresidente, a finales de enero Zapatero le habría dicho: "Pedro, este documento es inaceptable. Lo que propones lleva implícitas dos huelgas generales". 

En el libro que este lunes sale a la venta, el documento no aparece como tal, aunque sí las referencias a su contenido. Fuentes cercanas a Pedro Solbes han manifestado a infoLibre que "ese documento fue entregado a Zapatero, que es el único que lo conoce". 

"El PSOE ha vuelto"

La publicación del "resumen" de las memorias de Solbes por El País coincidió con el día de clausura de la Conferencia Política del PSOE, en cuyos pasillos no pasó inadvertida esa coincidencia ni la crudeza del tono utilizado por Pedro Solbes. Fue la misma mañana del discurso en el que Alfredo Pérez Rubalcaba proclamó que "el PSOE ha vuelto", un mensaje que en algunos sectores del partido se ha interpretado como reivindicación de etapas anteriores al zapaterismo. Fueron precisamente Rubalcaba y Felipe González quienes convencieron en 2008 a Pedro Solbes para que continuara en el Gobierno cuando tenía decidido retirarse pese a la petición que le hizo Zapatero para que se mantuviera al frente de la política económica para la segunda legislatura. De haberse apartado entonces, podría haber presumido de unos datos inmejorables: una deuda pública por debajo del 40% del PIB y tres ejercicios seguidos (de 2005 a 2007) de superávit presupuestario.

Nadie niega que las posiciones de Solbes en política económica se situaban en una línea cada día más alejada de las medidas socialdemócratas contracíclicas que Zapatero practicó hasta mayo de 2010. Incluso había sido empeño suyo en 2006 situar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) como Gobernador del Banco de España, desde donde hacía permanentemente recomendaciones neoliberales sobre reformas del mercado de trabajo y sobre las supuestas bondades de una mayor "flexibilidad salarial". No se tomaron, sin embargo, medidas para prevenir el estallido de la burbuja inmobiliaria, para frenar el saqueo de las cajas o para evitar la venta de preferentes a los ahorradores.

El propio Solbes recuerda en sus memorias que, en noviembre de 2008, el G-20 apoyó, a propuesta del Fondo Monetario Internacional, destinar 1,2 billones de dólares, el 2% del PIB mundial, "a poner en marcha acciones para reactivar la economía mediante la inyección de dinero público". De allí surgieron "medidas audaces" (en expresión de Solbes) como el llamado 'Plan E', dotado con 8.000 millones de euros para generar empleo en los municipios.

Lo cierto es que a principios de abril de 2009, tres meses después de la fecha en la que Solbes data su 'documento-ultimátum', Zapatero abordó una crisis de Gobierno en la que Elena Salgado pasó a ser vicepresidenta económica y Solbes salió del Ejecutivo. El exvicepresidente cuenta en sus memorias que ya en la primera legislatura barajó la posibilidad de dimitir "en un par o tres de ocasiones", aunque el único miembro de los Gobiernos de Zapatero que abandonó por voluntad propia fue José Bono.

Justo una semana después de la publicación de las memorias de Solbes aparecerá El dilema, libro en el que Zapatero da su versión sobre lo que denomina "600 días de vértigo" tras el estallido de la crisis de 2008.